Memoria de ponencias en el marco del Foro Internacional de Análisis Político FIAP 2013

“Estado de la institucionalidad

democrática en la región centroamericana”

Abril de 2013

MEMORIA DE LAS PONENCIAS EN EL MARCO DEL FIAP 2013

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INTRODUCCIONDurante tres años consecutivos, el Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ha celebrado diferentes conversatorios con los miembros del Consejo Asesor Externo (CAE) sobre diversos aspectos del ámbito político latinoamericano. Esta contribución académica ha sido posible gracias al incondicional apoyo de los integrantes del CAE, todos distinguidos politólogos internacionalmente reconocidos y representantes de importantes universidades, centros de pensamiento y organizaciones de apoyo a la democracia de distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Desde su creación en 2009, el DEP se fijó tres objetivos estratégicos: elevar el nivel del debate político en El Salvador y la región centroamericana, fortalecer el sistema de democracia representativa establecido en la Constitución de la República y auditar el sistema político con el propósito de proponer las reformas necesarias para su institucionalización y normal funcionamiento. Para el logro de esas tareas, la Comisión del DEP acordó nombrar un Consejo Asesor Externo del más alto nivel que revisaría anualmente la agenda de investigación y las actividades del departamento y recomendaría temas de estudio, alianzas estratégicas con centros homólogos al DEP y conferencias que analizaran los hechos políticos más relevantes en la región.

Para tales efectos, en 2011, los profesores debatieron sobre el estado de la gobernabilidad en América Latina; mientras que en 2012 se trató el tema del “rally electoral” que inició en 2009 y que finalizó con las elecciones en México y Venezuela. En la edición de 2013, la Comisión acordó institucionalizar el denominado “Foro Internacional de Análisis Político” (FIAP) con el propósito de generar un espacio regional para la discusión de temas relevantes entre los expertos que forman parte del CAE, politólogos connotados y representantes de centros de pensamiento nacionales y del extranjero. En esta ocasión se abordó el estado de la institucionalidad en Centroamérica.

Durante los últimos veinte años, los resultados de la reforma política en Centroamérica nos revelan una región con sistemas políticos muy diferentes. Los procesos de paz en algunos de los Estados y la evolución propia de la democracia en otros, alentó una primera generación de reformas orientada al logro de cuatro objetivos: la creación de nuevas instituciones y el fortalecimiento de las ya existentes; la modificación del sistema electoral y del sistema de partidos; la subordinación de las fuerzas militares al poder civil; y la profundización de la independencia efectiva de los Órganos fundamentales del Estado.

Con esa ola inicial de modificaciones, la región celebró procesos electorales libres, periódicos, justos y transparentes, fortaleció en la mayoría de los casos a los partidos políticos y alentó la autonomía de los poderes públicos. No obstante los avances presentados, en la actualidad persiste la fragmentación del sistema de partidos en algunos de los países, el fenómeno del transfuguismo político en otros y una serie de atentados a la independencia judicial que amenaza con socavar el principio de separación de poderes.

Para ilustrar el debate se invitó al profesor pleno del INCAE, Dr. Arturo Cruz Sequeira y a reconocidos miembros de la Heritage Foundation, el Brookings Institution, el National Endowment for Democracy, el International Republican Institute y a los representantes de instituciones homólogas de FUSADES en Centroamérica: FUNDESA de Guatemala y FUNIDES de Nicaragua.

Los miembros del CAE son: Francis Fukuyama de Stanford University; Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca; Timothy Power y Laurence Whitehead, ambos de Oxford University; Peter Hakim de Interamerican Dialogue; Daniel Zovatto, de International IDEA; Jorge Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México y profesor de New York University; Jonathan Hartlyn de University of North Carolina at Chapel Hill; Kenneth Roberts de la Cornell University; y Abraham Lowenthal de University of Southern California. Esperamos que las intervenciones que se recogen de cada uno de ellos en esta memoria ilustren y fomenten temas de investigación orientados a fortalecer las instituciones y la democracia en la región centroamericana.


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Daniel ZovattoEs el Director Regional para América Latina y el Caribe de International IDEA. Desde 1985 ha asesorado a numerosos gobiernos latinoamericanos en programas de gobernabilidad democrática y reformas constitucionales, políticas y electorales. Fue Director Adjunto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Director Ejecutivo de CAPEL (Centro de Asesoría y Promoción Electoral). Tiene una maestría en Diplomacia de la Escuela Diplomática de España y una maestría en Gerencia Pública de la John F. Kennedy School of Goverment, Harvard University.

Manuel AlcántaraEs Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, ha dictado cursos en distintas universidades españolas: Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, entre otras; y en universidades extranjeras: Georgetown University, Universidad de Belgrano, Universidad Católica de Quito, Universidad de Costa Rica y Flacso-México. Se especializa en élites parlamentarias, partidos políticos y los poderes legislativos en América Latina.

Peter HakimEs Presidente Emérito y Senior Fellow de Inter-American Dialogue, organización de la cual fue presidente de 1993 hasta 2010. Fungió como vicepresidente de Inter-American Foundation y trabajó en Ford Foundation. Forma parte del Consejo de Asesores del Banco Mundial, del Council on Competitiveness, del Banco Inter-Americano de Desarrollo, de Partners for Democratic Change y de Human Rights Watch. También es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, tanque de pensamiento de Estados Unidos.

Abraham Lowenthal Es Profesor Emeritus de la University of Southern California y Presidente Emeritus del Pacific Council on International Policy. Fue el director fundador del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center (1977-1983) y del Inter-American Dialogue (1982-1992) y Vicepresidente y Director de Estudios del Council on Foreign Relations. Se especializa en Relaciones América Latina-Estados Unidos y en la construcción de gobernanza democrática en América Latina y otras regiones.

Timothy PowerEs Director del Latin American Centre and Brazilian Studies Programme, catedrático de Brazilian Studies y Fellow en el St. Cross College de la Oxford University. Se especializa en democratización, política comparada de instituciones (partidos políticos, elecciones, legislaturas, relaciones Ejecutivo-Legislativo), opinión pública y cultura política en América Latina.

Laurence WhiteheadEs Official Fellow en Política en Nuffield College, Oxford University y Senior Fellow de Nuffield College. Es Presidente de Conseil Scientifique del Institut des Ameriques en París y pertenece al comité de la Red Eurolatinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo. Se especializa en los aspectos internacionales de la democratización y en la relación entre democratización y la liberalización económica, con énfasis en América Latina.

Miembros del Consejo Asesor Externo participantes en el FIAP 2013


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La reforma política en Centroamérica:¿Está en riesgo la institucionalidad democrática?1

Arturo J. Cruz-Sequeira2

La democracia representativa y la distribución de “aquello” que es escaso

1.

Entre las contribuciones de D. Easton al estudio de la política, se destaca su caracterización de

1. Ensayo elaborado para el debate público del Consejo Asesor Externo del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES 2013.

2. El autor es Profesor Pleno del INCAE. Obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Johns Hopkins (SAIS) y su doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. El autor agradece la valiosa cooperación en la elaboración de este ensayo de Salvador Samayoa y Luis Mario Rodríguez de FUSADES, Mauricio Choussy, Norman Miranda C, y Andrey M. Elizondo de INCAE. Cumpliendo con el ritual requerido en estos casos, los mencionados no son responsables de los errores y omisiones del ensayo.

la misma, es decir, la política como el proceso por medio del cual se reparte “aquello” -- que por ser tan apetecido, es escaso --, y en el que por lo general, sólo participan los organizados. La figura que mejor representa lo “escaso”, es la cuestión fiscal en su sentido amplio, y el presupuesto de toda nación, en su sentido concreto. Los organizados tratarán de contribuir lo menos posible a los ingresos que lo conforman, pero a su vez, harán todo lo posible por recibir su porción (la más grande posible) de lo escaso.

Lo dicho, da pie a una discusión sobre la legitimidad de la autoridad del repartidor, sobre todo, en sociedades donde lo escaso se torna más escaso, y en las que sus miembros tienen un sentido militante de la igualdad ciudadana, con exigencias de consumo de todo tipo, y en las que los organizados son más numerosos que los no organizados. No es lo mismo repartir lo escaso en la Centroamérica tradicional de los años cincuenta del siglo pasado, con poca diferenciación social y pocas exigencias ciudadanas, que en la Centroamérica de hoy,

Arturo CruzLa reforma política en Centroamérica:¿Está en riesgo la institucionalidad democrática?


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en rápido tránsito a la modernidad tal como la clasificaría S. Huntington3.

Entre más compleja la sociedad, más engorroso es el proceso de repartir lo escaso, independientemente de la naturaleza de los sistemas políticos. Además, las presiones/tensiones prosaicas que según D. Easton todo sistema debe superar si pretende perpetuarse, son más frecuentes en las sociedades de hoy que en las de otrora; a las que hay que agregarles las presiones/tensiones mayúsculas, como pueden ser las consecuencias de decisiones que otros toman fuera del ámbito nacional4.

Continuando con las tensiones/presiones proferidas por D. Easton, es del caso acotar que la prosaicas se asemejan a las olas de los lagos, “pequeñas” pero frecuentes, mientras las mayúsculas, a tsunamis, cuyos orígenes son distantes y esparcidos en el transcurso del tiempo, pero inevitables y potencialmente catastróficas en la era de la globalización.

2.

Tal como ocurrió en una avalancha de países en distintas partes de la geografía mundial (la celebrada Tercera Ola de S. Huntington), en la Centroamérica de los últimos 25/30 años, grosso modo, ha prevalecido el ideal de la sociedad liberal, con economías de mercado y democracias representativas, como los modos económicos y políticos dominantes. Este ensayo pretende examinar la evolución de las democracias representativas y sus arreglos institucionales en cada uno de los países centroamericanos, lo que requiere, aunque sea esquemáticamente, un repaso de los tres subsistemas que la componen, tal como los

3. Véase Political Order in Changing Societies (New Haven and London: Yale University Press, 1968).

4 Para los argumentos elaborados de D. Easton, véase sus obras: The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, reprinted 1963); A Framework for Political Analysis (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1965).

elaboró D. Easton, y más recientemente A. Stepan5.

La sociedad civil, como el espacio donde espontáneamente los ciudadanos se agregan en grupos de interés, con el fin de promoverlos, ejerciendo presión sobre la sociedad política y los distintos órganos del Estado. La sociedad política, como la mediadora principal entre la sociedad civil y el Estado (algunos sostendrían que es la mediadora exclusiva), encargada, mientras dure el mandato de los votantes, de distribuir lo escaso entre los organizados/ciudadanos, con un mínimo de efectividad y justicia. Y el Estado propiamente, desempeñando su función de “caja negra”, encargado de procesar las exigencias ciudadanas, las que casi siempre son contradictorias entre si y, transformarlas en resultados/productos concretos. La caja negra requiere, además de eficiencia en los órganos procesadores y partidos políticos con fronteras adyacentes, que las exigencias ciudadanas no abrumen los tributos y otros ingresos del Estado.

Imaginémonos, un prototipo de sociedad en la que sus ciudadanos se reconocen como iguales, con expectativas de consumo que con el pasar de los años han incrementado, y cuyos ciudadanos se han agregado en una multitud de grupos de presión para la defensa/promoción de sus intereses particulares. Sin embargo, el contexto económico es de bajo crecimiento y de desigualdad en la distribución del ingreso, no tanto entre el quintil superior (el más rico) y los dos inferiores (los más pobres), sino que más bien entre el quintil superior y los dos quintiles de en medio. Todo lo cual se complica con la contracción prolongada de la economía mundial, amén del hecho de que la capacidad de esta sociedad de contraer deuda pública alcanzó su punto de saturación,

5. Véase Arguing Comparative Politics (Oxford: Oxford University Press, First Published 2001); de manera más particular, acerca de la distinción entre la sociedad civil y la política, véase su ensayo “Tunisia´s Transition and the Twin Tolerations”, Volume 23, Number 2, Journal of Democracy (April 2012).


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imposibilitándole a sus partidos políticos posponer decisiones difíciles.

¿Qué ocurre entonces en la percepción de sus ciudadanos que tienen la credibilidad de los distribuidores de aquello que es escaso? Sobre todo, si la alternancia de los partidos en la gerencia/tutela de los principales órganos del Estado resulta inconsecuente, de tal manera “que nada mejora” independientemente de los partidos que gobiernen. Obviamente, cuando esto último ocurre, la devaluación no sólo es de los partidos políticos individualmente, sino más bien de la sociedad política en su conjunto, inclusive, es la devaluación de la democracia representativa como sistema, incapaz de renovar la esperanza de los ciudadanos con el relevo periódico, cada 4, 5 o 6 años, de los partidos encargados de la mediación/distribución de aquello que es escaso.

3.

Podría afirmarse que en este nuevo siglo, la mayoría de las sociedades exhiben características del prototipo que acabamos de imaginarnos, lo que ha sometido a sus arquitecturas políticas a fuertes turbulencias. Inclusive, los Estados Unidos, el molde ideal de la democracia representativa, en ocasiones da la impresión de ser una caja negra congestionada, y de una sociedad política que ha perdido el vinculo con los ciudadanos. Obviamente, Estados Unidos tiene las ventajas de su peso todavía dominante en la economía mundial, para no decir nada de su capacidad de endeudarse en su propia moneda, y por supuesto, la fortaleza de sus instituciones que han resistido al desgaste del paso de los tiempos.

Independientemente de los niveles de desarrollo económico, la gobernanza democrática enfrenta retos mayúsculos, entre los cuales se destaca la búsqueda de ese equilibrio tan difícil de lograr entre expectativas/exigencias ciudadanas y posibilidades económicas.

Y las democracias centroamericanas, sin excepción, se ven expuesta a estos retos, con los agravantes de grandes rezagos sociales, de nuevas amenazas, y legados históricos que favorecen a las autocracias tradicionales; con la gran diferencia, en este nuevo siglo, que los Estados Unidos -- el Imperio de la democracia liberal --, por sus prioridades en otras partes del mundo y por sus desequilibrios internos, se encuentra ausente de la región, sin proveer recursos bilaterales como los ESF (para fines de apoyo presupuestario y de balanza de pagos), los que fueron distribuidos generosamente entre sus aliados durante la última década de la Guerra Fría, y que serían de gran ayuda a los gobierno actuales para sortear las numerosas olas de los lagos y mitigar los daños de los tsunamis.

Sin dudas, gobernar es una cuestión de recursos y de ejecución, lo que no es sinónimo de gobiernos democráticos tal como sostiene F. Fukuyama en uno de sus ensayos más recientes, al punto de sugerir circunstancias en las que un régimen patrimonial, sin ninguna restricción a su discrecionalidad en el uso de los fondos, puede ser más efectivo a la hora de gobernar que las burocracias de Max Weber propias de la racionalidad institucional6.

En el caso de Centroamérica como veremos detenidamente -- utilizando las categorías de T. Carothers7 --, sus democracias representativas, o han involucionado de un pluralismo enclenque, a una suerte de poder dominante, como es el caso de Nicaragua, donde la mediación no es democrática pero si es efectiva, a situaciones como la de Costa Rica, que corre el riesgo de pasar de una democracia consolidada a un pluralismo, si no enclenque, definitivamente débil. Con Honduras, debilitando aún más su pluralismo enclenque, y Guatemala, con la

6. Véase What is Governance? (Washington DC: Center for Global Development, Working Paper, January 2013).

7. Véase su ensayo “The End of the Transition Paradigm”, Volume 13, No 1, Journal of Democracy (January 2002).


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falla de siempre, la ausencia de una sociedad política estable y fuerte, que padece de un caso agudo de transfuguismo político. ¿Y qué de El Salvador?, donde lo escaso se torna más escaso, restándole legitimidad a un modelo económico que por mucho tiempo fue percibido como exitoso, y donde sus partidos políticos, dependiendo de si están en la oposición o en el gobierno, defienden, o pretenden anular las decisiones de su enclave institucional de mayor prestigio, las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Los nicaragüenses:¿Ciudadanos o clientes?

4.

En el 2006, el último año de la presidencia de E. Bolaños, su gestión de gobierno contó con 1.200 millones de USD para responder a las exigencias de los organizados y del resto de la “ciudadanía”. De ese monto, 35% se originaba en la cooperación externa, lo que tornaba obligatorio, para la realización de la mayoría de sus desembolsos, una negociación previa con el FMI, cuyo resultado, con el fin de mantener los equilibrios fiscales, fue la de un techo inamovible del gasto público.

Además de la modestia de los montos para distribuir aquello que es escaso, el gobierno de Bolaños debía primero cumplir con el pago de la deuda interna (abultada en gobiernos anteriores, ora para compensar a los nicaragüenses cuyos bienes fueron confiscados por la Revolución sandinista de los años ochenta, ora para suavizar los daños de quiebras de bancos privados), sumándose a estos pagos, los bonos del Banco Central, más el cumplimiento de mandatos constitucionales, como la asignación del 6% del presupuesto nacional a la educación universitaria, entre otras asignaciones impuestas.

El gobierno de E. Bolaños no gozó de márgenes fiscales para enfrentar las tensiones prosaicas de D. Easton, la de todos los días, para no decir nada, si se trataba de enfrentar presiones mayúsculas, como cuando el barril del crudo de petróleo superó en mayo del 2006 los 70 USD en el New York Mercantile Exchange. En ese año, la factura petrolera de Nicaragua cerró en 654 millones de USD, muy por encima de los 524 millones en el 2005, y de los 243 millones en el 2002, el primer año del gobierno de E. Bolaños. Para entonces, 32% del petróleo importado se utilizaba en la generación de energía eléctrica, el porcentaje más alto en la región (Costa Rica utilizaba solamente el 7%), lo que por supuesto encareció el costo del suministro de energía, mientras en las encuestas realizadas por CID-Gallup Latinoamérica, el 83% de la población expresaba “mucha preocupación” con el precio del transporte en general.

Entre 1979 y 1990, el país paso de una economía en la que el Estado no jugaba un papel relevante en la producción y distribución de bienes y servicios, a una, en la que además de ocupar sus Alturas Dominantes, el Estado generaba y distribuía la mayor parte de la producción nacional, para regresar al punto de partida, en la que el Estado se desprendió aceleradamente de casi todas sus actividades económicas. Estos vaivenes -- durante los cuales, las relaciones de propiedad fueron trastornadas --, ocurrieron en un periodo de solamente 12 años. Durante este periodo (1979-1990), el PIB p/h de los nicaragüenses en términos reales decreció en un promedio anual de -3,1%, en contraste al 3,0 % entre 1951 y 1960, 2,8 % entre 1961 y 1972, y 2,1% entre 1973 y 1978, a pesar que en este último año (1978) el PIB en términos absolutos cayó en -7.8%. Entre 1991 y 2000, el PIB p/h continuó decreciendo en un promedio anual de -0,3%, y no fue sino hasta el periodo 2001-2007, después de 21 años consecutivos de crecimiento negativo, que el PIB p/h creció a un ritmo positivo de 0,8%, aunque todavía muy


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por debajo del promedio de 1,4% entre 1920 y 19508.

E. Bolaños gobernó con responsabilidad fiscal, focalizando su gestión en el futuro, insistiendo en el crecimiento económico de largo plazo, sobre la base de la inversión privada y la generación de múltiples empleos formales por familia. Pero, por gobernar para el futuro, descuidó lo inmediato, en una sociedad cuyos miembros gozaban de un PIB p/h que ni siquiera llegaba a los 1,000 USD nominales, con una correlación de fuerzas política que nunca lo favoreció, y con una sociedad acostumbrada a que los gobiernos deben ser “cercanos” a la gente, que deben hacer “favores”, que están para resolver sus pequeñas grandes necesidades, y que el crecimiento económico es una promesa distante, que no produce la silla de rueda, la máquina de coser, o la consulta para el oculista, una suerte de práctica clientelar en la que A. Alemán demostró ser el maestro9.

El merito de E. Bolaño fue que gobernó teniendo como objetivo la Nicaragua deseada, cercana a la modernidad institucional, pero muy distante

8. Véase Mario De Franco, Causas del (de) crecimiento económico de largo plazo de Nicaragua (Managua: Publicación de FUNIDES, junio 2011).

9. Si bien es cierto la candidatura de E. Bolaños fue el resultado de la voluntad del dueño del Partido Liberal Constitucional (A. Alemán), sus contradicciones fatales con él, lo llevaron a aliarse en ocasiones con D. Ortega Saavedra, el dueño del FSLN, el otro gran partido político de la Nicaragua que resultó de las elecciones de 1990, para posteriormente, romper su arreglo con D. Ortega, procediendo a forjar una alianza con las organizaciones de una insípida y débil sociedad civil, en un esfuerzo por crear una nueva sociedad política que superase el oligopolio de los caudillos del PLC y el FSLN. E. Bolaños también entró en contradicciones con el Cardenal Obando y Bravo, el jerarca de la Iglesia Católica nicaragüense, quien terminaría aliándose con su némesis histórico, D. Ortega, dejando a E. Bolaños sin aliados en la realpolitik nicaragüense, con la salvedad de la mayoría de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y la buena voluntad (aunque no los recursos) del gobierno estadounidense, que se mantuvieron favorables a Bolaños. Para profundizar en el microcosmo de la política nicaragüense de esos años, véase Forrest D. Colburn and Arturo J. Cruz Sequeira, “Personalism and Populism in Nicaragua”, Volume 23, No 2, Journal of Democracy (April 2012).

de la Nicaragua tal como es, anclada en el presente y en las necesidades inmediatas de sus miembros. Una Nicaragua, para acudir a una de las categorías de D. Zovatto, sin “densidad ciudadana”10.

Tanto fue el apego de E. Bolaños (y de la diplomacia estadounidense) a la aspiración de una nueva sociedad política, que para las elecciones presidenciales del 2006, se rompió con la formula de anti-sandinismo/sandinismo, optando más bien por la nueva dicotomía de la modernidad versus la de los caudillo tradicionales. Ni A. Alemán vía su proxy, ni D. Ortega como el candidato de su partido, le cedieron sus espacios a los supuestos candidatos de la modernidad, ambos ex militantes del PLC y el FSLN. Los votos en las elecciones del 2006, favorecieron a los candidatos asociados a la Nicaragua tradicional (tradicional en la caracterización de M. Weber), con el 65,1% de los votos, mientras los candidatos de la modernidad, sumaron 34,6%.

La modificación de la Constitución durante el gobierno de A. Alemán, le permitía a D. Ortega ganar la presidencia en primera vuelta con el 40,0% de los votos válidos, y hasta con el 35,0%, siempre y cuando hubiese una distancia del 5,0% de los votos entre él y el candidato que lo siguiese. Sin esta modificación hecha para favorecer a D. Ortega como parte de un paquete de reformas conocido como el “Pacto”, negociado entre los principales de la sociedad política nicaragüense, aún con las fuerzas del anti-sandinismo fragmentadas, D. Ortega con el 38% de los votos que obtuvo en el 2006, nunca hubiese regresado a la presidencia de Nicaragua.

10. En mayo del 2006, CID-Gallup Latinoamérica reportaba que el 71,0% de los nicaragüenses consideraban que el país iba por el camino equivocado, mientras 13,0% no respondió, y solamente el 16,0% afirmaba que iba por el correcto. A finales de ese mismo año, los números de la gestión del Presidente Bolaños se desplomaron a un neto negativo de -38,0%.


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A partir de 1990, hasta las elecciones del 2006, D. Ortega logro conservar un voto duro que fluctuó entre 38,0% y 42,0% de los votos válidos, un logro notable pero no suficiente para regresar a la primera magistratura, a menos que modificase la Constitución y las otras fuerzas políticas se dividiesen, tal como lo hizo posteriormente. Su plan alternativo en caso de no lograr lo dicho, era cambiar el régimen presidencialista a favor de uno parlamentario, con la expectativa de ser el actor dominante en el nuevo régimen, aunque no el absoluto, tal como lo es hoy.

5.

Recientemente, los números del PIB nicaragüense fueron revisados con el aval técnico del FMI, y en vez de calcularlo sobre la base de los precios de 1994, se hizo sobre la base de los precios más recientes del 2006. Según los nuevos cálculos, en USD nominales, el PIB del 2011 fue de 9, 3 miles de millones, y el de 2012, rondó los 10 mil millones, con un PIB p/h de 1,654 UDS. Comparado con los números del 2010 y calculado sobre la base de precios de 1994, estos números son una mejoría significativa, puesto que el PIB en USD nominales estaba en 6.5 miles de millones, y el PIB p/h en 1.126 USD.

Pero aún con la revisión de los números, en comparación a Honduras, la segunda economía más débil en Centroamérica, el tamaño del nuevo PIB nicaragüense se ubica muy por debajo del hondureño, estimado para el 2012 en 18 mil millones de USD nominales, con un PIB p/h de 2,178 USD. Un PIB p/h tan bajo como el de Nicaragua, equivalente al 76,0 % del de Honduras y apenas 17,0 % del de Costa Rica, reafirma la pregunta con la que inicié esta parte del ensayo: los nicaragüenses -- ¿ciudadanos o clientes?. A mediado de la década de los años setenta del siglo pasado (la última de la autocracia de los Somoza), el PIB p/h de

Nicaragua representaba el 85,0% del de Costa Rica, lo que refleja la involución económica que registró el país, llevándome a argumentar, que en 1979, Nicaragua gozaba de una densidad ciudadana mucho más espesa que la de 1990, cuando se inició plenamente la transición nicaragüense a la democracia representativa.

Hoy, las expectativas de consumo de los nicaragüenses son indiscutiblemente modestas (lo que debería facilitar la repartición de aquello que es escaso), pero también son inmediatas, ancladas al presente, con poca consideración para el futuro, sin capacidad para un mínimo de abstracción. El cliente -- contrario al ciudadano, que espera mucho de su gobierno, pero no lo que él puede resolver con su ingreso familiar --, esta atento a lo más básico, a la libra de frijoles, a la lamina de zinc, convencido que la función principal del gobierno es servirle de muleta. En la encuesta nacional realizada por M & R Consultores entre el 9 y el 21 de octubre del 2011, se le preguntaba a los nicaragüenses, ¿qué es lo que más le agrada del gobierno del Presidente Ortega?, y las respuestas reflejaron expectativas de vida modestas. El 37,3% se refirió al plan techo, 26,4% casa para el pueblo, 18,6% bono productivo, y solamente 8,9% respondió que “nada le gustaba”.

¿Cuánto costaron estos programas?

Las dos millones de laminas de zinc para mejorar los techos de las viviendas de los nicaragüenses significaron 30 millones de USD; el bono productivo que consiste en dotar de animales domésticos a las familias campesinas, 20 millones de USD; mientras el bono solidario, que consiste en 60 USD mensuales adicionales al salario formal de 148 mil empleados estatales, incluyendo policías y soldados, 45 millones de USD. Y las casas para el pueblo si bien es cierto fueron muy pocas, se construyeron en lugares visibles y simbólicos. La suma de tres programas (plan techo, bono productivo, bono solidario) fue de 95 millones de USD, los que el


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gobierno de E. Bolaños, aún si hubiese tenido la imaginación para realizarlos, no hubiese tenido los recursos disponibles11.

Entre 2007 y 2011, el quinquenio de D. Ortega anterior al actual en curso, los flujos de cooperación externa entre donaciones y préstamos de fuentes bilaterales y multilaterales sumaron 2,192 millones de USD, pero paralelamente, sin ser parte del presupuesto formal del gobierno, y solamente incluyendo la cooperación petrolera dentro del marco del ALBA, los fondos venezolanos durante estos 5 años sumaron 1,632 millones de USD12. En el 2012, los gastos del gobierno central se acercaron a los 2 mil millones de USD, a los que había que sumarles la cooperación de PDVSA, que según el informe del Banco Central de Nicaragua cerro el año en 550.7 millones de USD13, un total, cuando se suman el presupuesto

11. Curiosamente, en la encuesta de M & R, solo el 0,1% de los encuestados menciono el subsidio al transporte público, lo que nos hace suponer que la tarifa de la carrera de bus en Managua, aproximadamente 10 centavos USD, tarifa que se ha mantenido congelada por años y que su revisión causo los disturbios mayores durante el gobierno de E. Bolaños, los usuarios de hoy la perciben como un derecho adquirido que no es sujeta a cambio.

12. La cooperación petrolera entre Venezuela y Nicaragua es muy peculiar, ya que formalmente no es una transacción entre gobiernos, sino que más bien entre PDVSA y ALBANISA, en la que ALBANISA le cancela a PDVSA el barril de petróleo a precio de mercado, con el entendimiento que la mitad del costo de barril será otorgado a ALBANISA en calidad de préstamo, con una tasa de interés del 2,0%, a 25 años, con 2 años de gracia. ALBANISA por su parte, le pertenece en un 51,0% a PDVSA y en representación de la parte nicaragüense, Petronic con el 49,0%.

13. Véase Banco Central de Nicaragua, Informe de Cooperación Oficial Externa, ICOE (Managua: Marzo 2013).

formal y la cooperación petrolera venezolana, que duplicó los 1,200 millones de USD con los que contó E. Bolaños durante su último año en la presidencia del país. Esta combinación de fondos venezolanos, con los programas del FMI y la cooperación tradicional de las multilaterales, es lo que ha permitido al gobierno de Ortega de practicar lo que he clasificado como “populismo responsable”, es decir, atender las necesidades inmediatas de sus clientes, pero sin perder la estabilidad macroeconómica (como se constata en el Cuadro 1), lo que le ha permitido a los privados invertir con un horizonte económico relativamente estable en el futuro14.

Después de la debacle del 2009, el ritmo de crecimiento de la economía nicaragüense ha sido en los años que siguieron de 3,6%, 5,4% y 5,2%, anticipándose para el 2013, una tasa del 4,5%. Los motores de este crecimiento han sido las exportaciones, estimulada en gran medida por Cafta y el mercado de Venezuela, las que pasaron de 1,946 millones de USD en 2006, a más de 5 mil millones de USD en 2012, de los cuales 2,778 fueron commodities y el resto maquilas, y los flujos de IED, cercanos a los mil millones de USD en el 2011 y en el 2012, con flujos proyectados en 1,500 millones de USD para el 2013.

14. Véase “Nicaragua y su dilema perenne”, comentarios de Arturo J. Cruz S al ensayo de José Luis Velásquez P., Instituciones para el desarrollo: Una visión de Nicaragua desde la economía política (Managua: FUNIDES, septiembre 2011).

Cuadro 1. NicaraguaDéficit del gobierno central %PIB

2008 2009 2010 2011 2012 Antes de donaciones

-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3

Después de donaciones

-1,0% -2,0% -1,0% Superávit Superávit

2002 - 2006 2012 Liberales 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%

Conservadores -- 0,1% Independientes 30,1% 36,6%

Quintil 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%

Partidos Cantidad de diputados Liberación Nacional (PLN) 24

Acción Ciudadana 11 Movimiento Libertario 9

Unidad Social Cristiana (PUSC) 6 Accesibilidad Sin Exclusión 4

Restauración Nacional / Frente Amplio / Renovación Costarricense

Cada uno de estos tres partidos cuentan con 1 diputado

PIB/h USD

Tasa crecimiento

2010-12

Tasa población

Tasa PIB/h Años

Guatemala 3,302 3,3% 2,4% 0,9% 79,2 El Salvador 3,799 1,4% 0,6% 0,8% 87,5

Honduras 2,178 3,6% 2,1% 1,5% 47,5 Nicaragua 1,671 4,4% 1,4% 3,0% 23,8 Costa Rica 9,641 4,8% 1,1% 3,7% 19,3

Panamá 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2

Partidos / Alianza Tipo 2012 2013

Patriota De gobierno 56 54 UNE + GANA Gobierno anterior 48 14

Líder M. Baldizón 14 40 Creo Universitarios 12 8 UCN Portillo 14 5 Viva Evangélicos 6 5 PAN Fundado por Arzú 2 2

Frente Amplio R. Menchú 2 2 Victoria Partido de familia 1 1

Unionista El nuevo de Arzú 2 3 FRG Ríos Montt 1 1

Todos Alejos-Cohen 15 Independientes 8


12

6.

Lo notable con los números económicos es su contraste con el deterioro de la normativa democrática que ha registrado Nicaragua durante el gobierno de D. Ortega. Ni siquiera se ha respetado la cortesía de aparentar independencia entre los Poderes del Estado, además de la remoción de la prohibición constitucional en el 2010 de su reelección presidencial a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de legalidad dudosa, para no decir nada de la legitimidad electoral, cuyos ejercicios han sido fuertemente reprochados por las misiones de la OEA, Unión Europea, y el Centro Carter15.

Independientemente de las encuestas consultadas en las vísperas de las elecciones del 2011, los números electorales de D. Ortega eran envidiables, como nunca antes, incluyendo su momento de gloria universal como el primus inter pares de la Direccion Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y a pesar de los números, tal vez por el trauma de la derrota electoral de 1990, D. Ortega no mostró ninguna inclinación de “legitimar” su presidencia con un ritual electoral impecable. A medida que ha avanzado en sus 6 años de gobierno, su insensibilidad -- ¿su desdén? -- a los temas de legalidad y legitimidad resulta más evidente, convencido tal vez, que lo que cuenta es una gestión efectiva, de atender el día a día de las necesidades de sus clientes, que incluyen una gran parte de los que fueron sus adversarios en las áreas rurales, sin descuidar los intereses más complejos de la sociedad económica, tanto nacional como extranjera.

15. En su comunicado del 9 de noviembre del 2011, el Centro Carter reconocía “un amplio respaldo electoral otorgado al Presidente Daniel Ortega Saavedra en las elecciones del domingo pasado”, pero expresaban su preocupación por “los informes sobre deficiencias significativas que afectaron el proceso electoral 2011 y sus implicaciones para la gobernabilidad democrática en Nicaragua”, concluyendo que “resulta desconcertante que el país que esta mostrando mejoras sociales y económicas haya permitido la erosión de la estabilidad democrática”.

Entre el 18 y el 25 de enero del 2012, después de unas elecciones presidenciales percibidas mayoritariamente como fraudulentas en el extranjero, CID-Gallup Latinoamérica le preguntó a los nicaragüenses como miraban a la democracia con Daniel Ortega en los últimos cinco años, y el 58,0% respondió fortalecida, 20,0% debilitada, igual 18,0%, y no sabe/no responde, 4,0%, con el 55,0% afirmando que el país transitaba por el camino correcto, comparado a 35,0% que afirmaba lo contrario. En septiembre del 2012, M & R Consultores preguntó: ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha vivir en democracia?, y la respuesta mayoritaria de los encuestado con el 28,1%, fue “vivir en paz tranquilamente”; mientras el respeto a la constitución, la justicia, el respeto a la ley, apenas sumaron 5,5% de las respuestas16.

En la Nicaragua de hoy, el mediador exclusivo entre Estado y sociedad es D. Ortega, encargado de distribuir esas rentas que se originan en los fondos venezolanos, pero también en la cooperación tradicional, sin la cual, los fondos venezolanos tendrían que ser incorporados obligatoriamente al presupuesto formal, lo que le restaría a D. Ortega la discrecionalidad fiscal, misma que le ha permitido resolver con agilidad los imprevistos de la mediación. Estas rentas son extraordinarias, no tanto en comparación a los montos fiscales que recolectan sus vecinos del sur como Costa Rica o Panamá, sino más bien debido a las expectativas de consumo tan modestas de la mayoría de los nicaragüenses,

16. Estos resultados coinciden con un estudio a profundidad realizado entre marzo y mayo del 2012 sobre La cultura política de la democracia en Nicaragua 2012, auspiciado por Vanderbilt University, LATOP, USAID, entre otros. En una escala de 0 a 100, el apoyo a Daniel Ortega según este estudio se ubico en 60, 9. Y cuando se pregunto sobre las “irregularidades observadas o experimentadas en las elecciones nacionales del 2011”, 73,5% afirmó ninguna. De cara al futuro sin embargo, al menos según CID-Gallup Latinoamérica, será muy difícil conducir encuestas creíbles, ya que como advirtió en enero del 2013,: “Por primera vez, CID-Gallup, formalmente quiere decir que cada vez es más difícil realizar encuestas de opinión pública en este país; la ciudadanía es cada vez más renuente de contestar ciertos tipos de pregunta, especialmente las de índole política”.


13

lo que le ha permitido a D. Ortega conservar su clientela tradicional, pero también aumentarla con los que solían ser los clientes de A. Alemán, su antiguo rival o aliado, dependiendo del momento. Como se puede apreciar en el cuadro 2, el liberalismo perdió a la mayor parte de sus seguidores, ya fuese porque se fueron a la fila de los independientes, o porque hoy son parte de los que se identifican con el FSLN.

Lo que T. Carothers tipificó en el 2002 como la “zona gris”, en la que se quedó estancada la mayoría de los países que se embarcaron en la transición democrática a mediado de los años setenta del siglo pasado, Nicaragua ha involucionado como lo expresé al inicio de este ensayo, de un pluralismo enclenque, en el cual los ciudadanos se sienten decepcionados de la política, aunque continúan creyendo en los ideales de la democracia, a un modo de poder dominante, en la que un solo líder/partido político controla el sistema, de tal manera, que no se vislumbran probabilidades de alternancia en el poder (véase pie de página 7).

Esta involución sin embargo, no ha provocado irritación en la mayoría de los nicaragüenses, condición que puede perdurar hasta que una vez más, como ocurrió en 1979, los ciudadanos sean más numerosos que los clientes.

Costa Rica:¿Una sociedad de iguales?

7.

En las encuestas de Unimer publicadas por La Nación el 4 de noviembre del 2012, cuando se le preguntó a los costarricenses si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el porcentaje que se identificó sin reserva con la democracia paso del 78,0% en el 2006, a 57,0% en el 2012. Y un 40,0%, afirmó en esa misma encuesta, que la democracia “no sirve para resolver los problemas del país”; con un 54,0% en desacuerdo con que los partidos políticos sean necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad democrática, en comparación a 71,0% en el 2006. Más aún, el gobierno de L. Chichilla cerró el 2012 con una evaluación positiva de solamente el 13,0% de los encuestados, el porcentaje más bajo de todos los mandatarios de América Latina

Lo paradójico de la evaluación del gobierno de L. Chinchilla es que no coinciden con los números económicos, puesto que el crecimiento promedio del PIB p/h en colones constantes del 2011 y 2012, ha sido de 3,61%, con una tasa inflacionaria de solamente 4,63%. Según el ex Presidente del Banco Central de Costa Rica, Francisco de Paula Gutiérrez, los números económicos de Chinchilla son los mejores de

Cuadro 2. Identificación partidaria

Fuente: M & R Consultores, Comportamiento político electoral de los nicaragüenses 1994-2012 (Managua: Noviembre 2012).


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3



2002 - 2006 2012 Liberales 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintil 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






PIB/h USD

Tasa crecimiento

2010-12

Tasa población

Tasa PIB/h Años



Panamá 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








14

Costa Rica, tomando como punto de partida el periodo entre 1978 y 1982, con la excepción del cuatrienio 2002-2006, cuando el PIB p/h en colones constantes creció a un promedio anual de 4,72%, precisamente el periodo que corresponde a la presidencia de A. Pacheco, otro de los mandatarios peor evaluados en la historia reciente de Costa Rica17.

Más aún, la evolución de los hogares costarricenses por debajo de la línea de la pobreza, pasó del 50,0% en 1960, a 19,0% en 1980, un porcentaje que aumentó significativamente en 1990, cuando llegó a 27,0%, disminuyendo de nuevo al 21,0% en el 2000, porcentaje que apenas fue reducido a 20,6% en el 201218. Para los costarricenses el estancamiento en este índice por 12 años es motivo de malestar nacional, aunque comparado al resto de sus vecinos, es un índice envidiable, particularmente, si se toma en cuenta que el 85,0% de los ciudadanos están cubiertos por la Caja Costarricense del Seguro Social y que la línea de la pobreza urbana en el 2012 fue establecida en 193 USD mensuales por persona, lo que significa que en el hogar promedio costarricense compuesto por 3,43 personas, el ingreso de una familia para ser clasificada como pobre en los centros urbanos debe estar por debajo de 662 USD mensualmente.

17. Francisco de Paula Gutiérrez elaboró sobre los números de la economía costarricense a partir de 1978, de tal manera que coincidiesen con los periodos presidenciales, aunque el promedio lo calculo a partir del segundo año de los mandatarios, incluyendo el primer año de los sucesores. Es por esto que el 2010 no fue incluido como parte de la gestión del gobierno de L. Chinchilla, ya que ella asumió en mayo de ese año, y las decisiones que condicionarían el desenvolvimiento económico de lo que quedaba de ese año eran responsabilidad del gobierno saliente. Su cuatrienio además del 2013, incluirá el 2014, los que se anticipan con tasas de crecimiento alrededor del 4,2% y 4,4%, respectivamente.

18. Véase Miguel Gutiérrez Saxe, Ética Cristiana y desarrollo humanos sostenible (San José: agosto 2006); INEC, Encuesta nacional de hogares: Resultados generales (San José: julio 2012).

8.

Si los números económicos de Costa Rica son tan prometedores, con un PIB p/h de 9,641 USD, el más alto del Istmo incluyendo Panamá ¿qué explica entonces la percepción de sus ciudadanos sobre la democracia, los partidos políticos, y el desempeño del gobierno de L. Chinchilla?

Entre las posibles explicaciones está la evolución en años recientes de la distribución del ingreso, de tal manera que en la misma encuesta de Unimer, 8 de cada 10 consultados, ven “baja” la posibilidad de una justa distribución de la riqueza, lo cual es notable en una sociedad como la costarricense, aferrada como ninguna otra en la región, al ideal de la igualdad ciudadana.

Como lo ilustra el cuadro 3, el porcentaje del ingreso que acaparó el quintil 5 en el 2004, fue mucho mayor que en 1988, mientras los otros 4 quintiles registraron sin excepción una disminución de la porción recibida del ingreso. En el 2012, los del quintil superior registraron una disminución del porcentaje del ingreso acaparado en comparación a 2004, pero siempre muy por encima del porcentaje correspondiente a 1988. Los quintiles 4 y 3, en el 2012 recibieron un porcentaje mayor al del 2004, pero por debajo de lo porcentajes recibidos en 1988, mientras los dos quintiles de menores ingresos, vieron su porción del ingreso total estancados entre 2004 y 2012.

La Costa Rica de los últimos 30 años, se ha caracterizado por una disminución gradual pero constante en el tamaño de la esfera pública. Los empleados del Estado, como porcentaje de la fuerza laboral, han pasado del 30,0 al 15,0/18,0 por ciento, dependiendo de los datos oficiales que se consulten, y si bien es cierto el Estado en el sentido amplio del término, continúa conservado espacios importantes en la producción y distribución de bienes y servicios, no es menos cierto que la iniciativa de los privados es la dominante, como debe ser el caso en una economía cada vez más liberal.


15

El impulsor de esta transformación, además de las realidades de la debacle económica que sufrió el país entre 1978 y 1982 (el PIB p/h decreció en un promedio anual de -3,94%), fue precisamente el liderazgo de Liberación Nacional (PLN), el partido político que en sus orígenes se identificó con el engrandecimiento de la esfera pública como la garantía de la igualdad ciudadana, pasando en el proceso de ser un partido social-demócrata, a ser una partido sin identidad clara, ya que tampoco se le puede clasificar como un partido de filosofía liberal clásica.

La preponderancia del mercado sobre el Estado, es lo que para analistas costarricenses como R. Cerda, lo que explica en gran medida la desigualdad en la distribución del ingreso, lo que para la identidad nacional pareciese ser más relevante, a que los costarricense de hoy, independientemente del quintil en que se ubiquen, gocen de estándares de vida superiores a los de sus abuelos, e inclusive a los de sus padres. En el sentir de la Costa Rica profunda, la prosperidad no compensa por la desigualdad, aún cuando una buena parte del quintil 5, esta allí, precisamente por los méritos de la educación pública, el principal catalizador de la movilidad social en Costa Rica. Para R. Cerda, la liberalización de la economía costarricense “proletarizó” a los maestros y profesionales, los “que antes fueron una extensa sección de nuestra clase media”, sumándosele a ellos los empleados públicos, periodistas, escritores, trabajadores sociales, abogados,

médicos de la Caja, todos ellos, según R. Cerda, “perdedores” en el nuevo modo económico, y por lo tanto, siendo obligados “a protegerse con las armas obreras: el sindicato y la huelga”19.

9.

Además de la desigualdad, la corrupción predomina en la percepción que tienen los costarricenses de los desafíos que enfrenta el país, de tal manera que en las encuestas de CID-Gallup Latinoamérica realizadas en febrero del 2013, en República Dominicana, Panamá y los otros cinco países centroamericanos de habla hispana, solamente en Costa Rica, con el 26,0% de los encuestados, la corrupción gubernamental fue identificada como el problema principal del país. Los casos de ex presidentes de Costa Rica -- “los Ángeles caídos”, entre otros -- acusados de corrupción, han contribuido sin duda alguna a esta percepción, todo lo cual, junto con el “viraje de timón” doctrinario del PLN, le han restado legitimidad social a lo que otrora fuese una sociedad política sustentada en un amplio respaldo de la ciudadanía.

En 1999, entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, sumaban el 67,0% de los costarricenses que se identificaban con un partido, de tal manera que en el cuatrienio 1998-2002, los dos partidos contaban con 50

19. Véase su ensayo publicado en La Nación. (San José: 25 de octubre 2009).

Cuadro 3. Distribución del ingreso por quintiles (hogares)

Fuentes: Miguel Gutiérrez Saxe, Ética Cristiana y desarrollo humanos sostenible (San José: agosto 2006); INEC, Encuesta nacional de hogares: Resultados generales (San José: julio 2012).


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3



2002 - 2006 2012 Liberales 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintil 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






PIB/h USD

Tasa crecimiento

2010-12

Tasa población

Tasa PIB/h Años



Panamá 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








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de los 57 diputados en la Asamblea Nacional. En las encuestas de Unimer (realizadas para La Nación entre el 24 de enero y el 4 de febrero del 2013), el único partido que conserva buena parte de sus seguidores es el PLN, con el 23,0% de los costarricenses señalándolo como el de su simpatía, aunque increíblemente, el resto de los partidos, entre los que está Unidad, apenas suman el 6,0% de los encuestados.

El debilitamiento de Liberación (cuyos seguidores representaban el 35,0% de los costarricenses en 1999) y el colapso de Unidad, ha producido un vacío en el que han prosperado nuevas organizaciones con pretensiones de partidos, de tal manera que no se puede descartar un escenario electoral en el 2014, en el que 14 partidos postulen candidatos. En el cuatrienio actual (2010-2014), el PLN y el PUSC cuentan con 30 diputados, y el resto como se puede apreciar en el cuadro 4, se distribuyen en 3 partidos con más de cuatro diputados por bancada, y en 3 partidos con un diputado cada uno. La dispersión de partidos, acentuada por las divisiones en lo interno de sus fracciones legislativas y las peculiaridades del Reglamento Legislativo, son la explicación de porque la última vez que se sumaron 38 votos para ajustar la mayoría calificada, fue en el segundo gobierno de O. Arias, lográndose concluir la agenda complementaria requerida por el Acuerdo de Cafta.

10.

Sin dos o tres partidos políticos anclas con los que se identifiquen los ciudadanos, la mediación entre Estado y sociedad es más tequiosa, toma más tiempo y es menos efectiva. Y a pesar que el país económicamente crece, lo escaso, expresado en lo fiscal, se torna más escaso, puesto que la sociedad política, el centro vital de la democracia representativa, no ha sido capaz de concluir exitosamente una reforma tributaria que satisfaga las expectativas de ciudadanos con un PIB p/h de 9,641 USD. Sin ingresos tributarios mayores no hay manera de compensar vía el gasto público la desigualdad en la distribución del ingreso, puesto que no habría garantías de que los recursos que se invierten en educación tendrán sustento fiscal, y sin educación pública de calidad, mejor o igual que la privada, la desigualdad en la distribución del ingreso no tendría justificación en una sociedad que se desarrolló convencida que todos están, “más o menos iguales”, con la misma educación y con la misma salud.

En el 2008, como porcentaje del PIB, los tributos del gobierno central costarricense se situaron en 15,3% (no incluyen las contribuciones al Seguro Social), cayendo en el 2009 a 13,4%, producto de la crisis en la economía mundial de ese año. En el 2012, sin embargo, los tributos continuaban por debajo, no solo de los del 2008, sino también, de los del 2009, con una carga tributaria como proporción del PIB de

Cuadro 4. Costa Rica: 2010-2014


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3



2002 - 2006 2012 Liberales 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintil 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






PIB/h USD

Tasa crecimiento

2010-12

Tasa población

Tasa PIB/h Años



Panamá 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








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13,3%. Mientras los déficits fiscales, han pasado de -0,3% en el 2008, a un promedio de -4,5% durante los últimos años, anticipándose -4,9% del PIB en el 2013.

¿Qué ocurrirá entonces si la dispersión de representantes en la Asamblea Legislativa en el próximo cuatrienio es mayor? ¿Tendrán la capacidad de concluir una reforma tributaria que mejore las finanzas pública, y las que según el FMI deberían representar un ingreso adicional en impuestos equivalente a 2½ del PIB, y recortes en el gasto de medio punto ? 20.

A finales de los años setenta y ochenta del siglo pasado, Costa Rica, pese a sus finanzas enredadas y a una economía que había sobredimensionado la esfera pública, superó la gran crisis que sacudió a Centroamérica sin los traumas de sus vecinos, en gran medida, gracias a la enorme fortaleza de su sociedad política. Hoy sin embargo, su fuerza es su economía, de manera que no han enviado a sus ciudadanos al “exilio económico” y más bien han absorbido a los nacionales de otras partes, con exportaciones de bienes con componentes de alta tecnología por encima de los 11 mil millones de USD y flujos de IED (sin incluir otros flujos de capital privado) de 2,300 millones de USD en el 2012. Y a pesar que la deuda del gobierno central ha aumentado en 10 puntos como proporción del PIB en 4 años, la misma no pasa del 35,0%, y su mayor parte ha sido adquirida internamente. ¿Pero por cuánto tiempo podrá el país continuar endeudándose, posponiendo decisiones difíciles por 4 o 5 años más, mientras la política se ordena, ya sea con los viejos o con nuevos partidos políticos, capaces de ejercer la mediación que le corresponde en las democracias representativas? Según el informe del FMI (véase pie de página 20), si no se toman medidas correctivas, en el 2018, el déficit fiscal del sector público consolidado será del 6,5% del PIB, y su deuda, incluyendo la del ICE, alcanzará 53,0% del PIB.

20 Véase IMF, Staff Report for the 2012 Article IV Consultation (Washington DC: 5 February 2013).

11.

Los costarricenses de hoy son menos pacientes con sus políticos y sus gobiernos. De todo, de lo “más pequeño” se quejan, viendo en un puente que Obras Públicas no ha podido reparar exitosamente como el símbolo de la ineptitud de lo público, y en la “trocha”, el camino que precipitadamente se construyó en la frontera con Nicaragua, ven el símbolo de la corrupción, por los millones de USD asignados a una construcción que no justifica lo gastado. Por su parte, los organizados en la sociedad civil, por años vienen cuestionando la potestad de la sociedad política de tomar decisiones “importantes para el país”, sin compartirlas con ellos, so pena de acudir “al referéndum de la calle”, pretendiendo crear condiciones de poder dual, en la mejor tradición de las enseñanzas de A. Gramsci, o bien, de arrebatarle concesiones a una sociedad política débil para favorecer sus intereses particulares como gremios o sindicatos.

¿Y qué de los no organizados?, el ciudadano de a pie, que resiente a los organizados, sin importarles si son de izquierda o de derecha, si pertenecen a sindicatos de empleados públicos, de maestros, de los médicos de la Caja, o del ICE, o si pertenecen a las gremiales del sector privado. Los no organizados saben que los organizados gozan de ventajas en la distribución de aquello que es escaso, ventajas que se expresan en mejores salarios, regímenes de jubilación, y seguros médicos.

El Informe Final de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática convocada por L. Chinchilla, reconoce que la “gobernabilidad democrática está en crisis”, que el Ejecutivo no gobierna, ni siquiera administra, que la Asamblea Legislativa “difícilmente puede tomar decisiones”, y que los medios de comunicación, los gremios, los grupos de presión tienen “poderes de veto”. Los miembros de la Comisión reconocieron 32 problemas y propusieron 97 recomendaciones en las que por supuesto hubo divergencia de criterios, tratando de


18

encontrar nuevos diseños institucionales que hagan eficaz la gestión de gobierno, pero sin perder la esencia democrática21. Mientras tanto, la democracia costarricense que por mas de 60 años ha funcionado sin interrupciones autoritarias, no es que necesariamente esté por caer en las manos de un mesiánico como ocurrió en Venezuela con el agotamiento de su sociedad política, pero sí, puede estar al borde de pasar, de una democracia consolidada a un pluralismo débil, tal como lo describe T. Carothers en su ensayo mencionado anteriormente, cuando hizo referencia a los países prensados en la zona gris.

Honduras: El Estado Maquina como “instrumentos de

algunos”

12.

Según las encuestas que fueron realizadas por el PNUD en América Latina a principios de la década pasada, en un esfuerzo por determinar la fortaleza de los partidos políticos en la región, cuando preguntaban sobre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones está más cerca de su situación?, 58,7% de los hondureños afirmaban “tienen partido y siempre votan por él”, mientras 15,9%, dijeron tener partido, aunque podían votar por otro. Las respuestas de los hondureños a las dos situaciones mencionadas estaban muy por encima del promedio latinoamericano del 27,2% y 12,2%, respectivamente, y en América Latina, solamente los nicaragüenses se asemejaban en lealtades partidarias a las de los hondureños.

21. Entre las recomendaciones esta la de un Ministro de la Presidencia que ejerza las funciones de una suerte de Primer Ministro, y que el Poder Ejecutivo cuente con la posibilidad de que la Asamblea Legislativa conozca con prioridad proyectos de su máximo interés y lo lleve hasta su aprobación o rechazo en plazos razonables. Véase Informe Final Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática (San José: enero 2013).

En la encuesta de enero del 2002 de CID-Gallup Latinoamérica, el presidente saliente, C. Flores, recibió una opinión favorable del 86,0% de sus compatriotas, mientras el presidente entrante, R. Maduro, gozaba de una aprobación del 77,0%, con una mayoría de los hondureños afirmando que el desempeño de R. Maduro sería todavía mejor que el de C. Flores.

Aunque ya para entonces, la seguridad ciudadana se destacaba como la “preocupación principal” de los encuestados, el optimismo de los hondureños reflejado en la encuesta de CID-Gallup era innegable, lo que no dejaba de ser notable, en un país donde en el 2001, el 71,6% de sus habitantes registraban ingresos insuficientes para superar la línea de la pobreza22.

Entre 1981 y 2001, Honduras registró 6 elecciones presidenciales consecutivas, con alternancias en el Ejecutivo entre Liberales y Nacionales, sus partidos históricos, sin trastornos mayúsculos, y con índices robustos de participación electoral. En las elecciones del 2005 sin embargo, en su séptima elección, la abstención llegó a 44,6% de los registrados, y en el 2008, según el Barómetro de las Américas, la afiliación de los hondureños a sus partidos políticos se había reducido a 44,2%, y solamente el 31,9% señalaban que su voto sería determinado por su simpatía partidaria.

¿Qué ocurrió para explicar lo dicho, sobre todo, en un lapso de menos de 10 años?

Parte de la explicación pudiese ser que la sociedad hondureña es más moderna, con una mayor concentración de sus pobladores en centros urbanos, en la que las lealtades heredadas tienden a disminuir. Pero también, pudiera sustentarse que en Honduras la distribución de lo escaso no se ha dado ni con

22. Programa Estado de la Nación-Región, Estado de la región en desarrollo humano sostenible (San José: 2008).


19

efectividad, ni con un mínimo de justicia. Y cuando la sociedad económica es pequeña y poderosa como en Honduras, la sociedad política corre el riesgo de sucumbir a estos intereses, puesto que no pueden tomar decisiones con algún margen de autonomía, como ocurre en sociedades donde hay densidad de intereses económicos y en las que, por rivalidades se equiparan entre si, permitiéndole a los partidos políticos presentarse como “neutros” a la hora de mediar entre los intereses de los ciudadanos y los del Estado.

La “manipulación institucional” a la que se refiere Andreas Schedler23, no es exclusividad del autócrata, también se aplica a situaciones en las que la sociedad económica es tan poderosa que ejerce control directo, más allá de la influencia, sobre órganos importantes del Estado. En Honduras, prevalece el Estado Maquina como “instrumento de algunos” de N. Maquiavelo, y no ha podido transformarse ese Estado en algo que, al menos, aparente neutralidad, cuando tiene que mediar entre los intereses en conflictos de sus ciudadanos, lo que es vital para el buen funcionamiento y la legitimidad social de la democracia representativa.

13.

En circunstancias como las descrita, se corre el riesgo de que entre los ciudadanos prevalezca la percepción de que la que la sociedad política esté subordinada a la sociedad económica, y que ni siquiera represente a los otros organizados, cuánto menos que pueda representar a los ciudadanos de a pie. En el estudio publicado por La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en enero del 2012, entre aquellos en que los encuestados expresaron ninguna o poca confianza, los empresarios hondureños

23. Véase su ensayo, “Authoritarianism´s Last Line of Defense”, Journal of Democracy, Volume 21, Number 1 (January 2010),

obtuvieron el porcentaje más alto con 83,5%, seguidos por los partidos políticos, con 82,8%24.

Esta percepción es la que precisamente aprovecho M. Zelaya cuando ejerció la presidencia del país, pretendiendo izarse como el nuevo y exclusivo mediador, distribuyendo lo escaso “justamente”, sin las restricciones que exigen la separación de los Poderes del Estado, restricciones que equiparó como trucos legales de la oligarquía hondureña para preservar sus privilegios. En este afán, M. Zelaya procedió con aumentos salariales sin preocuparse si éstos tendrían sustento fiscal en el futuro, de manera que cuando se toma el promedio entre el 2001 y el 2010, las remuneraciones en Honduras superan el 40,0% de los gastos del presupuesto del gobierno central, entre 10 y 12 puntos por encima del promedio de los gastos públicos en todos los países de la región, incluyendo a Panamá25. En términos políticos, M. Zelaya, con estas decisiones forjó lealtades, sobre todo entre los organizados de la sociedad civil que hoy perduran, trasladando los costos de estos regalos salariales a sus sucesores.

Si bien es cierto que los recursos y el ejemplo del chavismo en Venezuela fueron claves para explicar la ascendencia de M. Zelaya, no se puede negar que él fue también el resultado de la devaluación de la sociedad política hondureña (de la que él provenía), y que su justificación doctrinaria para anular la Constitución hondureña y descartar la separación de los Poderes del Estado, tiene asidero en la corriente del liberalismo revolucionario de la América Española de la segunda mitad del Siglo

24. Véase Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2011, Noviembre-Diciembre 2011 (El Progreso, Yoro, Honduras: enero 2012).

25. Véase Mauricio Choussy, presentación en la conferencia organizada por el Rockefeller Center e INCAE, El futuro de Centroamérica: Oportunidades y Retos (Managua: 21 marzo 2013).


20

XIX, sustento del Autócrata Reformador sin contrapesos constitucionales26.

14.

Después de la remoción, mano militar, de M. Zelaya de la presidencia de Honduras, en la que los castrenses cumplían con el mandato de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de los votantes en las elecciones presidenciales del 2009 fue conspicua. De un padrón de 4.6 millones de electores, los votos totales fueron 2.298.008, o sea, el 50,0% de los inscritos. Más aún, si a los votos totales se le restan los 61.086 votos en blanco y los 95.534 votos nulos, los votos válidos son 1.980.724, lo que arroja, entonces, que la abstención fue realmente de un 57,0% de los 4.6 millones de electores.

En el estudio publicado en noviembre del 2012, sobre la Cultura política de la democracia en Honduras, 50,6 % de los encuestados indicaron que no votaría en los comicios del 2013, 60,8% afirmó que no tienen simpatía por ningún partido político, y solamente el 52,6% expreso apoyo por la democracia27. Inclusive, en encuestas recientes como la de CID-Gallup Latinoamérica efectuada en la primera quincena de enero de enero de 2013, Xiomara Castro, la esposa de M. Zelaya, aventajaba en las intenciones de votos a los otros tres candidatos -- para la presidencia de Honduras -- en un 25,0%.

La pregunta de E. Torres-Rivas, de que ¿cuánta pobreza aguanta la actual vida democrática en Centroamérica?28, al menos

26. En el liberalismo de la América Española de la segunda mitad del Siglo XIX, surgió una corriente que justificaba la concentración del poder en el Ejecutivo, con el fin de llevar a cabo un programa revolucionario, alegando que la separación de los poderes, no era otra cosa que un truco de la oligarquía para dilatar/entorpecer los cambios profundos que las sociedades latinoamericanas requerían. Véase Arturo J. Cruz S, Nicaragua´s Conservative Republic, 1858-93 (New York: Palgrave in association with St Antony´s Oxford, 2002).

27. Este estudio fue auspiciado en Honduras por USAID, Vanderbilt University, FOPRIDEH, Hagamos Democracia, LAPOP, y Barómetro de las Américas.

28. Véase su ensayo “Centroamérica: ¿Estado débil y democrático?” (Guatemala: 25 de agosto 2012).

en el caso de Honduras, pareciese que no mucho, debilitándose aún más su pluralismo enclenque. El coeficiente de Gini del ingreso per cápita del hogar, como promedio simple entre 2005-2009, en Honduras fue de 0,570, muy por encima del promedio latinoamericano de 0,518; con el 10,0% de los hogares más pobres recibiendo como promedio en el mismo periodo, 0,6% del ingreso per cápita, mientras el 10,0% más rico, 45,0%, por encima del promedio latinoamericano de 1,2% y 40,2%, respectivamente29.

Por su parte, el índice de homicidios en el 2012 alcanzó 85,5 por 100 mil habitantes (en el 2010, fueron 77), lo que resalta “el desafío creciente y cada día más amenazante del crimen organizado internacionalmente”, de tal manera, que no sólo se encuentra en juego la gobernabilidad política del país, sino también, como advierte Víctor Meza en su ensayo “A propósito de Estados fallidos” (Tegucigalpa, diciembre 2011), “la esencia misma del Estado, su funcionamiento y utilidad”.

Y tomando en cuenta el lugar que ocupa Honduras en la logística del tránsito de drogas a los Estados Unidos, cabe la pregunta: ¿dónde está la nación indispensable, Where are thou?, al menos en lo concerniente a los montos oficiales de cooperación estadounidense para el combate del crimen organizado. Entre los AF 2008-2011, Estados Unidos asignó por medios de sus diferentes agencias, 350 millones de USD a los 7 países del Istmo centroamericano, desde Belice hasta Panamá, de los cuales según el informe de GAO, al 30 de septiembre del 2011, solamente se habían desembolsado 75 millones de USD (aunque estos montos no incluían los del Departamento de Defensa), tocándole a Honduras 7.1 millones de USD de los montos desembolsados30.

29. Véase M. Choussy, pie de pagina 25.30. Véase Informe de GAO, Senate Caucus on International

Narcotics Control (Washington DC: 30 January 2013).


21

El Salvador: Lo escaso se torna más escaso

15.

Si bien es cierto que entre las numerosas encuestas que se realizan en El Salvador uno encuentra lo que a uno le conviene argumentar, la mayoría de ellas sugieren que su sociedad política, como sucede en casi todos los países de la región, se ha devaluado en el aprecio de sus ciudadanos. En la encuesta de IUDOP publicada en diciembre del 2012, cuando ésta preguntó a los consultados sobre ¿cuánta confianza tuvo en el 2012 en los partidos políticos?, 50,3% aseguró que ninguna, 33,6% contestó que poca, y solamente el 16,0% expresó alguna o mucha confianza. Y cuando preguntó sobre el partido de su preferencia, 49,4% contestó ninguno, 26,4% el FMLN y 20,9% ARENA31.

En encuestas más recientes, el porcentaje de ciudadanos que se identifican con los principales partidos de El Salvador ha incrementado, aunque el 65,0% de los salvadoreños afirman que en las próximas elecciones presidenciales votarán motivados por el candidato (porcentaje que sube al 81,0% de los indecisos), mientras que 29,0% dice que su voto será motivado por el partido.

31. IUDOP, encuesta realizada entre el 16 y 22 de noviembre del 2012.

Otras encuestas señalan un malestar -- ¿profundo? -- de la mayoría de los salvadoreños con la situación del país. En el 2001, 54,2% de los encuestados consideraban que El Salvador se encontraba mejor que antes de “la firma de la paz”, en comparación a solamente 34,8% en el 2011, con 26,1% contestando que igual, y 35,9% afirmando que peor (respuestas para el 2011). Y cuando se les preguntó sobre ¿cuán satisfecho están con la forma en que la democracia ha funcionado en el país?, en el 2011, 10,4% contesto nada satisfecho, 46,8% poco satisfecho, 34,0% diciendo algo satisfecho y 8,8% muy satisfecho32.

Una posible explicación de estos números, es que lo escaso es cada vez más escaso, lo que deja a la sociedad política, aún si sus dirigentes fuesen Ángeles -- para parafrasear a J. Madison --, en condiciones de mediación muy difíciles. Se estima que el crecimiento económico del 2010, 2011, 2012, y los anticipados para el 2013 y 2014, alcancen un promedio por debajo del 2,1% entre 2000 y 2004. Lo dicho, se torna más dramático cuando se toman en cuenta los cálculos de Francisco de Paula Gutiérrez (mencionado anteriormente en la discusión de Costa Rica), para determinar cuantos años les tomarían a las economías del Istmo para duplicar

32. Véase Jeannette Aguilar, “Retos actuales de la democracia en El Salvador”, presentación en la conferencia organizada por el Rockefeller Center e INCAE, El futuro de Centroamérica: Oportunidades y Retos (Managua: 21 marzo 2013).

Cuadro 5. Años para duplicar el PIB real per cápita


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3



2002 - 2006 2012 Liberales 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintil 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






PIB/h USD

Tasa crecimiento

2010-12

Tasa población

Tasa PIB/h Años



Panamá 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








22

en términos reales su PIB p/h, suponiendo que se mantiene el comportamiento reciente.

Sobre el por qué de este crecimiento tan débil se han avanzado varias hipótesis, destacándose siempre la de la insuficiencia en las tasas de inversión, tal como argumentó Sebastián Edwards en 1999, proponiendo tasas de formación de capital entre el 21,0 y el 23,0 por ciento del PIB33, si es que El Salvador quería salir de lo que FUSADES clasificaría más tarde como la “larga fase de desaceleración”, refiriéndose al periodo 1996-2004. Posteriormente, en el 2005, R. Hausmann, D. Rodrik y A. Velasco, profirieron lo mismo que Edwards, insistiendo en que una tasa promedio de inversión del 17,4% del PIB entre 1990 y 2000, resultaba muy difícil que El Salvador creciese a ritmos satisfactorios34.

Inclusive, el autor de estas líneas llegó a proponer una explicación política del crecimiento insuficiente y las bajas tasas de inversión, argumentando que cuando la sociedad política se encuentra polarizada y los principales partidos políticos no tienen fronteras adyacentes (no comparten los aspectos fundamentales del modelo económico), las decisiones de los privados de proceder con sus inversiones, con elecciones cada 20 meses, se ven interrumpidas por la incertidumbre electoral. Para no decir nada de la inversión pública y lo engorroso de los procedimientos legislativos para la autorización de contraer prestamos en el exterior.

Más aún, desde la firma de los Acuerdos de Paz, las élites tradicionales a través de ARENA, le presentaron a los salvadoreños la promesa de una sociedad más prospera, a medida que se profundizaban las reformas a favor del mercado.

33. Véase, Crecimiento con participación: Una estrategia de desarrollo para el Siglo XXI (San Salvador: Estudio realizado para FUSADES, 1999).

34. Véase “Growth Diagnostics” (Cambridge: John F. Kennedy School of Government, Harvard University, March 2005).

La esfera pública cedió a las privatizaciones, incluyendo los fondos de retiro, para terminar dolarizando la economía del país, y se procedió con la negociación y la ratificación de Cafta, con la expectativa de que los flujos de IED finalmente llegarían a El Salvador, utilizando al país como plataforma exportadora a los Estados Unidos, aprovechando la cercanía geográfica y el acuerdo comercial con las ventajas de la regla de origen.

¿Qué otro conejo queda entonces en el sombrero del mago para mantener ilusionada a la audiencia? Sobre todo en un país, con un PIB p/h de 3,799 USD, más del doble del de Nicaragua, pero ni siquiera el 40,0% del de Costa Rica, con un gran número de sus ciudadanos que se perciben como clase media, no tanto por el lado de los ingresos, sino más bien por el lado de las aspiraciones. Me atrevo a adelantar que los salvadoreños en los centros urbanos, sin dudas en San Salvador, aspiran a pertenecer a esa clase media tal como la caracterizó Jorge Castañeda, pensando en la sociedad mexicana, que quiere: “una vivienda digna, aunque pequeña; un automóvil, acceso al crédito, el conjunto de bienes duraderos (televisión, refrigeradora, lavadora de ropa, computadora, teléfono fijo o celular), vacaciones anuales por modestas que sean; acceso a salud y educación pública o privada, buena o mediocre, pero que permitan cierta certeza de movilidad social”35

16.

La sociedad política de El Salvador, sin importar si los partidos son de izquierda o de derecha, se enfrentan a ciudadanos cuyas expectativas los desbordan, muchos de ellos frustrados, porque después de haber superado la línea de la pobreza, o volvieron a caer por debajo

35. Cita tomada de Arturo J. Cruz-Sequeira, “Socialismo, distribución y clase media”, Volumen 1, Numero 9, INCAE Business Review (San José: septiembre-diciembre 2009).


23

de esa línea o a estar cerca de ella. Tal como lo sustentan los investigadores de FUSADES, después de registrar la tasa de crecimiento económico más baja en toda América Latina durante 5 años consecutivos, es de esperarse que los empleos formales disminuyan y que el porcentaje de salvadoreños clasificados como pobres, aumente del 38,1% al 47,5% de la población en un quinquenio.

Sin crecimiento económico, los ingresos tributarios, aún cuando la carga como proporción del PIB aumente (15,5% en el 2012), son insuficientes para manejar déficits fiscales moderados y dotar al Estado de recursos para lidiar satisfactoriamente con las tensiones/presiones que todo gobierno debe enfrentar, y sobre las que elaboré en la primera parte de este ensayo. La factura petrolera en el 2012, superó en El Salvador los 2 mil millones de USD, y en ese mismo año, los subsidios estatales al GL, transporte público, y electricidad, sumaron 400 millones de USD, además de 119 millones de USD en paquetes escolares y los programas de Comunidad Solidaria, para un total de 519 millones de USD, el 10,0% de los ingreso del Estado salvadoreño en impuestos y donaciones36. Y El Salvador no tiene los márgenes de Costa Rica, con el espacio para adquirir deuda pública, sobre todo en el exterior. La deuda del gobierno central salvadoreño en el 2012 llegó al 57,1% del PIB, casi el mismo promedio del 59,1% en 1991.

En este escenario, en la de un país que da la impresión de estar “entrampado económicamente”, la probabilidad es alta que en los próximos comicios presidenciales un buen porcentaje de los salvadoreños se ausenten de las urnas. Entre 1978 y el 2000, los dos países con los porcentajes más bajos en participación electoral de 18 países latinoamericanos fueron

36. Véase Ministerio de Hacienda, Diagnostico de las Finanzas Públicas de El Salvador (San Salvador: 6 noviembre 2012).

El Salvador y Colombia37. Y fue hasta en las elecciones del 2004, cuando se reanimó el espíritu de los votantes (una combinación de temor y de esperanza), que la votación alcanzó el 66,0% de los registrados, con A. Saca, el candidato de ARENA, obteniendo un número superior de votos al total de los depositados en 1999. Las elecciones del 2009, también tuvieron un alto índice de participación electoral, resultado en parte de la candidatura de M. Funes por el FMLN, el candidato de la clase media aspiracional, tal como en su momento lo fue A. Saca.

Pero sin miedo y sin esperanza -- las grandes emociones de las contiendas electorales --, la indiferencia de los votantes puede ser el comportamiento dominante del futuro. Y en un contexto de indiferencia ciudadana a la política, ésta corre el riesgo de quedar reducida a las transacciones entre los organizados, con cada partido/grupo peleando por conservar su porción de la renta pública, la que por el estancamiento económico, no es lo suficientemente elástica para acomodar los intereses de “todos”. El acaparamiento de los cargos público se torna un objetivo primordial de dicha pelea, en parte, porque los cargos significan rentas para quienes los ocupan, pero también, para restarle independencia a los órganos del Estado, sobre todo, la de los órganos encargados de vigilar a los que distribuyen lo escaso38.

37. Según el estudio del BID, La política importa (Washington DC: 2003), en El Salvador, cuando se toma el promedio de las presidenciales de 1989, 1994 y 1999, solamente participaron el 47,9% de los empadronados y el 41,9% de la población en edad de votar. Inclusive, F. Flores, si bien es cierto gano en primera vuelta con 50,2% del total de votos válidos, el ausentismo en 1999 llegó a 54,0% de los inscritos y al 62,0% respecto a la población en edad de votar.

38. Véase FUSADES, Departamento de Estudios Legales, Número 40, “Oportunidades de cambio: Próximas Elecciones de Magistrados de la Corte de Cuentas de la Republica” (San Salvador: marzo 2011).


24

Por su parte, la Sala de lo Constitucional en El Salvador, con sus miembros electos impecablemente según los procedimientos formales para estos fines, ha dictado 10 sentencias de gran relevancia para la política salvadoreña entre julio del 2010 y julio del 2012, las que perjudican a los partidos más representativos de los sectores medios, de intereses económicos emergentes, y de “políticos profesionales” que viven de los ingresos que ofrecen los cargos públicos, los que han agregado fuerzas en una coalición heterogénea -- motivada exclusivamente por intereses --, con el fin de anular las sentencias de la Corte. Para los dirigentes de estos partidos, FMLN, GANA, PCN, PDC, la Corte representa los intereses de la sociedad económica y de esos organizados que no tienen acceso a las rentas públicas, y por lo tanto (tal como sustentarían los marxistas de antaño y los liberales revolucionarios de la segunda mitad del Siglo XIX), la formalidad legal no es otra cosa que una expresión de la correlación de fuerzas sociales.

Lo de El Salvador es complejo: con una sociedad política devaluada y votantes tentados a la indiferencia; con una economía que no se reanima y que continúa dependiendo de las remesas; con una pugna (desnuda de ideología) por el control de la política, entre el capital histórico, con mucha liquidez y pocas empresas, y los grupos emergentes, asociados a los sectores medios. Suponiendo que en el próximo quinquenio presidencial (sin importar quien gane las elecciones del 2014), la condición económica de los salvadoreños no mejora, sí los ciudadanos continúan viendo en la política transacciones que sólo benefician a los partidos y a los organizados, el gran perdedor sería entonces la credibilidad del sistema político en su totalidad, de la que no se podrá sustraer el FMLN, puesto que durante los últimos años, al menos su dirigencia, se ha transformado en “otro más” entre los acaparadores de rentas (incluyendo las rentas generadas por Alba Petróleos de El Salvador). Semejante vacío se asemejaría a la sociedad natural de T. Hobbes, más propensa a la violencia, sin ningún sentido

del bien común, y en la que los ciudadanos se verían tentados a encontrar alivio en el modo político del “poder dominante”, el círculo más caliente del infierno de la zona gris de T. Carothers (véase pie de página 7).

Guatemala:La democracia representativa y la sociedad

política

17.

Guatemala es el país de los contrastes, entre la magnífica ciudad Guatemala, donde reside el 22,0% de su población, y la pobreza de las cañadas del Altiplano, donde se encuentran dispersos más de la mitad de los habitantes del país. Estos últimos divididos en más de 20 etnias originarias, cada una con sus propios rasgos culturales, y con rivalidades ancestrales entre ellas, que imposibilitan un “movimiento indígena” que les dé coherencia a sus exigencias, y que los haga partícipes en la distribución de “aquello” que es escaso39.

Lo dicho puede ser una explicación del por qué la carga tributaria de Guatemala se destaque como una de las más bajas en América Latina, puesto que todavía los no organizados son la gran mayoría, lo que facilita la distribución de lo escaso entre las minorías urbanas.

En el primer gobierno electo de la Democracia Cristiana en 1985, la carga tributaria se ubicaba en 8,0% del PIB, la que en el 2001 llegó a su punto máximo del 12,0%, (tal como lo estipulaban los Acuerdos de Paz negociados entre 1987 y 1996), después bajó a 10,0% en el 2009, ubicándose en el 2011 en 11,0%, de los cuales, la mayor parte continúan proviniendo

39. De los 158 diputados electos en las elecciones del 2011, solamente 21 son indígenas, el 13,2% del total. Respecto a estos últimos datos véase A. L. Blas, “Contexto: La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en marcha”, en Actualidad Política: Revista de Análisis Político de Guatemala (Ciudad Guatemala: 2 septiembre 2012).


25

de los impuestos indirectos. En el gobierno de Álvaro Colom, su esposa, Sandra Torres, por medio del gasto público pretendió crearse una base de clientes en el Altiplano, y aún en sus momentos de exuberancia fiscal, los déficits apenas superaron 3,0% del producto (2009 y 2010), mientras la deuda del sector público no financiero, la que aumentó en 4 puntos durante los 4 años de la presidencia de Colom, no pasaba en el 2011 del 24,0% del PIB40.

Desde las elecciones de 1985, la democracia representativa guatemalteca se ha caracterizado por una sociedad política propensa a la volatilidad y a la fragmentación, sin partidos anclas que perduren como los mediadores entre el Estado y la sociedad, de manera que la Democracia Cristiana que ganó la presidencia del país en ese año con el 68,4% de los votos válidos, en el 2007, ni siquiera obtuvo el 1,0%. En la primera ronda de septiembre del 2011, por cuenta propia o por medio de coaliciones, participaron 12 partidos para obtener la presidencia del país, además de 17 partidos para obtener curules en el Congreso Nacional. En el 2011, según E. Stein, en Guatemala habían 27 partidos inscritos y 8 en proceso de legalización41. Semejante abundancia de partidos, J. Lemus la explica en parte por la ausencia de democracia al interior de los mismos, sin mecanismos de sucesión, con un mínimo de institucionalidad, lo que le permite a los fundadores cerrarle los espacios a los liderazgos/ambiciones de nuevas generaciones, los que optan por conformar sus propias corporaciones políticas, igual a las que abandonan, sin “definiciones ideológicas y plataformas programáticas” 42. Los partidos se vuelven entonces hechuras de quienes los organizan y financian, ya sea para transar favores, obstaculizar proyectos de ley,

40. Véase IMF, Country Report No 12/146 (Washington DC: June 2012).

41. Véase, E. Stein, ponencia preparada para el Dialogo Interamericano (San Salvador: 12 mayo 2011).

42. Véase Jonatán Lemus, “Teorías de la democracia interna: Causas, efectos y viabilidad en Guatemala”, en Actualidad Política: Revista de Análisis Político de Guatemala (Ciudad Guatemala: 2 septiembre 2012).

o para servir de vehículos electorales que se descartan una vez que los candidatos llegan a la presidencia del país o a otros cargos de elección popular.

¿Puede una democracia representativa funcionar si carece de una sociedad política compacta y estable?

Con algunos paréntesis, la democracia representativa guatemalteca tiene casi 30 años de funcionar con regularidad, con 14 procesos electorales llevados a buen fin, y de los cuales 7 fueron elecciones nacionales, sin que éstas y los órganos encargados de organizarlas, fuesen cuestionadas por actores relevantes como irregulares o fraudulentas. Inclusive, Ana Lucía Blas (véase pie de página 39), resaltó la participación de los guatemaltecos en las elecciones recién pasadas, en las que votaron casi el 70,0% de los 7,3 millones de empadronados.

Tanta fragmentación hace muy difícil que los proyectos de ley avancen en el Poder Legislativo, sobre todo en lo concerniente a lo fiscal, para no decir nada de la distribución de diputados en el Congreso, la que cambia significativamente de un año a otro, como se puede constatar en el cuadro 6. Lo dicho es lo que en ocasiones me ha llevado a suponer la existencia de un mediador “no formal” entre Estado y sociedad, y al que no le preocupa la falta de partidos fuertes y un Estado dotado de recursos para cumplir con sus funciones más “esenciales”. Paradójicamente, la sociedad económica tradicional y sus expresiones gremiales como el CACIF, surgieron como los hegemónicos de los Acuerdos de Paz, sin necesidad del apoyo de las Fuerzas Armadas de Guatemala, los aliados de otrora. Como empresarios, los 10 grupos principales de la sociedad económica guatemalteca son ejemplares, y han desarrollado sus actividades con eficacia y eficiencia, y son firmes creyentes, que es la iniciativa de los privados -- con “la política” haciendo el menor daño posible, incluyendo el cobro de impuestos -- lo que traerá desarrollo económico al país.


26

Recientemente sin embargo, ha surgido un nuevo interrogante en Guatemala: ¿Puede una sociedad política tan débil y fragmentada, y un Estado con tan poco que repartir, resistir la cooptación del crimen organizado?

18.

A partir de la culminación de los Acuerdos De Paz, el aparato coercitivo de Guatemala quedó disminuido, sobre todo cuando se compara con la magnitud del mismo en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Después de tantas interferencias de los militares en la vida política del país, y la guerra de “contra insurgencia” en la que las Fuerzas Armadas cometieron violaciones grotescas contra los derechos humanos de sus conciudadanos, la disminución del aparato coercitivo fue percibida con entusiasmo dentro y fuera de Guatemala.

¿Pero hoy, quién contiene la amenaza que representa el narcotráfico internacional para la integridad del Estado guatemalteco?. El presupuesto del Ejército ha representado en los últimos años un promedio de 0,3% del PIB, y la Policía Nacional Civil, si es cierto que cuenta -- según distintos estimados -- con 17 mil a 25,400 agentes (por encima de los 15,500 soldados), no goza de la confianza de la ciudadanía, la que exige además de la refundación de la Policía, la presencia de los militares en las calles y caminos del país43.

El éxito de A. Uribe en la lucha en contra del crimen organizado en Colombia, fue en gran medida el fortalecimiento de su aparato coercitivo, que pasó de 313 mil en el 2002 entre policías y soldados, a 436 mil en el 2010, lo que le devolvió al Estado colombiano la capacidad

43. La Iglesia Católica es la institución que goza de mayor confianza entre los guatemaltecos con 70,2%, seguida por las Evangélicas con 64,0%, y el Ejército con 59,5%. Entre los que menos gozan de la confianza de los guatemaltecos se destacan los partidos políticos con 36,1% y la Policía Civil Nacional con 34,9%. Véase Barómetro de las Américas (LAPOP), Guatemala: Informe de país (2012).

de ejercer su autoridad en todo el territorio nacional. Si bien es cierto que A. Uribe contó con el apoyo del Plan Colombia financiado por el gobierno de Estados Unidos, también es cierto que tomó medidas por el lado de los tributos, cobrando, entre otros, un impuesto al patrimonio de los ingresos superiores.

En las elecciones del 2011, O. Pérez como candidato de su partido Patriota, prometió aumentar la carga tributaria de Guatemala para cuando finalizase su mandato a 14,0% del PIB, con el fin continuar con distintos nombres los programas clientelares/sociales de S. Torres, pero también para reanimar la capacidad del Estado guatemalteco de ejercer su autoridad y resguardar la seguridad de sus ciudadanos. En su primer año de gobierno, O. Pérez logró lo imposible, la aprobación en la legislatura guatemalteca de una reforma tributaria que pretende para finales de este año (2013), además de elevar la carga tributaria a 12,5% del PIB, estimular la formalización de la actividad económica en Guatemala, donde predominan las transacciones informales. Sin embargo, la legalidad de la Ley de Autorización Presupuestaria está siendo cuestionada en las cortes del país, precisamente en el momento en que el Estado guatemalteco, a la defensiva, requiere de recursos para recuperar los espacios perdidos al narcotráfico internacional en Petén y Huehuetenango, y consolidar su presencia en el Oriente, en Zacapa, Chiquimula y Jutiapa44. En encuestas realizadas a finales del 2012, ante la solicitud de identificar a 3 líderes actuales en Guatemala, los más mencionados entre los guatemaltecos fueron Pérez-Molina, el Primer Mandatario del país con el 82,0% de las menciones, seguido, por M. Baldizón, con el 69,0%, y en un distante tercer lugar, E. Suger

44. No hay que olvidar que el 95,0% de la cocaína que ingresa en los Estados Unidos lo hace por las fronteras marítimas y territoriales de México, y de este porcentaje, cerca del 60,0% primero transita por el Istmo centroamericano, siendo Guatemala el eslabón principal de dicha cadena. Véase Congressional Research Service, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress (Washington DC: 30 March 2011).


27

con el 28,0% de las menciones. Lo que salta a la vista de estos resultados, es el porcentaje de M. Baldizón, el dueño del partido Líder, precisamente el partido que aumentó su caudal de diputados de 14 en el 2012, a 40 en el 2013 (véase cuadro 6), y cuyos resultados electorales como candidato presidencial fueron notables en la ronda de septiembre del 2011, con el 22,7% de los votos. El surgimiento de M. Baldizón en la política guatemalteca ha sido súbito e impactante, lo que sumado a sus orígenes políticos y empresariales en el Petén, ha dado pie en su país a todo tipo de especulaciones. Sin embargo, en una sociedad política sin partidos anclas y cuyas barreras de entrada son bajas, el surgimiento de alguien con el perfil de M. Baldizón no debería resultar extraño, puesto que cuenta con abundantes recursos y con un menú generoso de promesas electorales.

Conclusiones

19.

Mientras D. Ortega cuente con los flujos de la cooperación venezolana y las expectativas de

sus compatriotas continúen siendo modestas, su gestión de gobierno será percibida por la mayoría de los nicaragüenses como efectiva, independientemente de la legalidad y la legitimidad de su gobierno. Más aún, el FSLN de otrora, el partido de cuadros con formación ideológica, sucumbió a la tradición de la política nicaragüense, y terminó siendo el instrumento de una familia, tal como le ocurrió a los partidos históricos del país, asociados al liderazgo de familias con raíces en la Nicaragua colonial.

El hecho de que el FSLN haya perdido su esencia revolucionaria, no le resta a su sentido de organización y capacidad para “resolver” las necesidades más inmediatas de sus clientes. Esta capacidad de resolver del aparato sandinista, es todavía mayor por el control que ejercen sobre las alcaldías del país, llegando en ocasiones a ser tan eficientes en sus gestiones, que cuando hay un fallecimiento en un vecindario o comarca de pobladores pobres, son los sandinistas en representación de D. Ortega, los que facilitan “la caja” para el difunto, el café negro que le sirven a los dolientes que “velan” al muerto, y la camioneta de la alcaldía para acarrear al día siguiente, el cadáver al cementerio.


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3



2002 - 2006 2012 Liberales 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintil 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






PIB/h USD

Tasa crecimiento

2010-12

Tasa población

Tasa PIB/h Años



Panamá 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2







Cuadro 6. Distribución de 158 diputados en el Congreso 2012-2013


28

¿Qué ocurriría con el gobierno de D. Ortega sin embargo si la cooperación venezolana desapareciese, como ocurrió con la de la Unión Soviética a finales de la década de los ochenta del siglo pasado? Inclusive, ¿qué ocurriría si la cooperación tradicional de organismos como el BID, deja de fluir a los niveles de los últimos años? ¿Qué ocurriría con su modelo de populismo responsable?. Aún más, supongamos que el gobierno de D. Ortega perdura, y la economía continúa creciendo a ritmos satisfactorios y las expectativas de los nicaragüenses se tornan más exigentes, transformándose en el proceso en un cuerpo social con más sentido de ciudadanía que de clientelismo, ¿será entonces cuando su régimen se enfrente a una suerte de “brecha política”, tal como la elaboró S. Huntington en su clásico de 1968 (véase pie de página 3), la misma que enfrentó el régimen de los Somoza a finales de los años setenta del siglo pasado?.

Por su parte, la sociedad política costarricense dominada por 2 o 3 partidos anclas, y que por más de medio siglo fue capaz de mediar exitosamente entre el Estado y la sociedad, hoy, aceleradamente, pierde su legitimidad social. En el 2014 se vislumbra un escenario electoral con 14 partidos postulando candidatos, con resultados que pudiesen terminar de atomizar la distribución de diputados en la Asamblea

Legislativa, obstaculizando la aprobación de leyes como la reforma tributaria, tan necesaria en Costa Rica para ordenar las cuentas fiscales del país. Si este escenario se cumple, se asemejará al escenario electoral guatemalteco del 2011, en el que participaron, como vimos anteriormente, 12 partidos para la presidencia del país y 18 partidos para obtener diputaciones en el cuerpo legislativo. Mientras en Honduras, sus partidos históricos -- después de ejercer un dominio total --, se han venido quedando vacíos de seguidores. Y la figura mesiánica de M. Zelaya, a través de la candidatura de su esposa y un nuevo partido, ha regresado al centro de la política de su país. Y en El Salvador, afligidos por una economía que no crece, su sociedad política también se ha venido devaluando ante los ciudadanos, los que son cada vez más escépticos con el futuro del país.

Acudiendo una vez más a las categorías de T. Carothers, tal como lo hice a lo largo de este ensayo, las democracias representativas en Centroamérica, o han involucionado a un modo político de poder dominante, o corren el riesgo de pasar de democracias consolidadas a un pluralismo débil, o de un pluralismo débil, a un pluralismo, todavía más débil.


29

Political Reform in Central America:Are Democratic Institutions at Risk?

Arturo J. Cruz-Sequeira45

Representative Democracy and the Allocation of Scarce Resources

1.

Prominent among David Easton’s contributions to the study of politics is his characterization of politics itself as a process involving only organized sectors and resulting in the allocation of scarce, highly desired resources. Scarce resources are most evident in countries’ fiscal

45. The author is a full professor at INCAE. He received his Masters in International Relations at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) and his Doctorate in Modern History at the University of Oxford. For their valuable cooperation in the preparation of this essay, the author is grateful to Salvador Samayoa and Luis Mario Rodríguez of FUSADES, and Mauricio Choussy, Norman Miranda C. and Andrey M. Elizondo of INCAE. The aforementioned are not responsible for any errors or omissions in this study.

operations, in the broad sense, and in national budgets in the concrete sense. Those who are organized will try to contribute as little as possible to these scarce resources, but at the same time they will do everything possible to receive their share, the biggest possible share, of what is scarce.

From this springs a discussion about the legitimacy of the resource allocator’s authority, a legitimacy particularly questioned in societies in which resources are especially scarce, where there is a militant sense of citizen equality and a very wide range of consumption demands, and in which there are more organized groups. In the Central America of the 1950s, social differentiation was minimal and citizen demands were few. In contrast, today’s Central America is rapidly transitioning to modernity, using the classification developed by Samuel Huntington. Consequently, distributing scarce resources in this era is different from and more difficult than in the past46.

46. See Political Order in Changing Societies (New Haven and London: Yale University Press, 1968).

Arturo CruzPolitical Reform in Central America:Are Democratic Institutions at Risk?


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The more complex a society, the more difficult it is to distribute what is scarce, irrespective of the nature of the political system. Moreover, the prosaic pressures and tensions that every system (in Easton’s view) must overcome if it is to endure arise more often in today’s societies than in those of yesteryear. In addition, they are increasingly subject to other pressures and tensions, such as the decisions of external actors beyond a nation’s border47.

To continue with Easton’s notion of tensions and pressures, we can say that they are like ripples on a lake, small but frequent, while the more daunting tensions and pressures are like tsunamis whose origins are distant and scattered in time, but nonetheless inevitable and potentially catastrophic in the age of globalization.

2.

Like many other developing countries (Huntington’s “third wave”), the republics of Central America have experimented with the liberal society model for the last 25 to 30 years, with market economies and representative democracies serving as the region’s chief economic and political models. This essay seeks to examine the development of representative democracies and their institutional arrangements in five Central American countries. That task requires, albeit schematically, a look at the three subsystems that make up representative democracy as described by Easton, and more recently by Stepan48.

47. For Easton’s arguments, see his books: The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, reprinted 1963); and A Framework for Political Analysis (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1965).

48. See Arguing Comparative Politics (Oxford: Oxford University Press, first published 2001); on the distinction between civil society and political society, see his essay “Tunisia´s Transition and the Twin Tolerations”, Volume 23, Number 2, Journal of Democracy (April 2012).

The first is civil society, the space in which citizens gather spontaneously within interest groups to promote their own concerns and exert pressure on both political societyand the various branches of the state. The second is political society itself, the prime mediator between civil society and the state (some commentators argue that it is the only mediator), responsible—as long as the voters’ mandate persists—for allocating scarce resources among the organized sectors and citizens, and for doing so with at least some minimum level of effectiveness and justice. The third is the state itself, serving as a “black box,” entrusted with processing citizens’ often contradictory demands and converting them into concrete outcomes. This black box requires that citizen demands do not overwhelm state revenues and that administrative agencies and political parties act efficiently.

We can imagine an ideal society as one in which citizens see each other as equals, citizens with growing expectations of consumption, who have joined a multitude of pressure groups to protect and promote their particular interests. The current economic context, however, is one of low growth and inequality in income distribution—not so much between the upper quintile (the richest) and the two lower quintiles (the poorest), but between the upper quintile and the two in the middle. All this is made more complicated by the global economic downturn and the fact that the capacity of this society to assume public debt has reached a saturation point, making it impossible for its political parties to postpone difficult decisions.

What happens, then, to citizens’ perception of the credibility of those who allocate scarce resources? Above all, what happens if the rotation of the parties that oversee the main organs of state is inconsequential, such that “nothing gets better” regardless of which party is in power? Obviously, when this happens, it is not only the individual parties that are devalued but political society as a whole. Indeed, there is a devaluation of representative democracy as a system, since it is unable to renew citizens’


31

hopes with periodic changes—every four, five or six years—in the parties responsible for mediating and allocating scarce resources.

3.

In this century, most societies have exhibited characteristics of the prototype outlined above, a circumstance that has subjected their political architectures to severe turbulence. Moreover, the United States, the ideal of a representative democracy, sometimes gives the impression of being a clogged black box, and of a political society that has lost its link to the citizenry. Obviously, the United States has the advantages of its still-dominant weight in the world economy, its ability to acquire debt in its own currency, and its strong institutions that have withstood the decline generally associated with the passage of time.

Aside from economic development levels, democratic governance faces daunting challenges, chief among them the effort to strike a balance between citizens’ expectations and demands, on the one hand, and economic possibilities on the other. All of the Central American democracies are exposed to these challenges and have the aggravating difficulties of substantial social lags, new threats, and historical legacies that favor traditional autocracies. The big difference in this new century is that the United States—the empire of liberal democracy—has priorities in other parts of the world and is facing its own internal disequilibria. Thus, its presence in the region is largely diminished. For example, it only provides small amounts of bilateral resources such as the ESFs (Economic Support Funds) for budgetary and balance-of-payments support that were handed out generously to US allies during the last decade of the Cold War. Such resources would be of great help to current governments in their efforts to deal with the many ripples on the lake and to mitigate the damage wrought by the tsunamis.

Governing is certainly a matter of resources and implementation, though as Francis Fukuyama argues in one of his most recent essays, this is not synonymous with democratic governance. Indeed, he suggests that there might be circumstances in which a patrimonial system, with unrestricted discretion in the use of funds, could be more effective at governing than Max Weber’s bureaucracies of institutional rationality49.

As we shall discuss at length, in Central America (using Thomas Carothers’s categories)50, we see representative democracies that have regressed from a sickly pluralism to a kind of dominant-power system (as in Nicaragua, where mediation, though undemocratic, remains effective), as well as situations like that in Costa Rica, which runs the risk of changing from a consolidated democracy to a pluralism that, if not sickly, is certainly weak. In Honduras, this frail pluralism has weakened further. And in Guatemala, as throughout its recent history, there is an absence of a stable and strong political society and a severe tendency for political officials to defect from their parties. And El Salvador? There, the scarce is becoming even scarcer, eroding the legitimacy of an economic model that for a long time was regarded as successful, and where the political parties—depending on whether they are in opposition or in government—protect or try to revoke the decisions of the most prestigious institution, the Constitutional Chamber of the Supreme Court.

49. See What is Governance? (Washington DC: Center for Global Development, Working Paper, January 2013).

50. See his essay “The End of the Transition Paradigm”, Volume 13, No 1, Journal of Democracy (January 2002).


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Nicaraguans:Citizens or Clients?

4.

In 2006, the final year of the Enrique Bolaños presidency, the Nicaraguan government had US$1.2 billion to meet the expectations of the organized sectors and the rest of the “citizenry.” Some 35 percent of that amount came from foreign aid. Before most tranches of that aid were disbursed, the government was required to engage in negotiations with the International Monetary Fund (IMF). An immoveable ceiling on public spending was established to maintain fiscal balance.

Despite the scarcity of resources available, the Bolaños government first had to pay the country’s domestic debt, inflated during previous governments to compensate those Nicaraguans whose property had been confiscated by the Sandinista Revolution in the 1980s and to cushion the blow of private bank failures. In addition to these payments were the Central Bank bonds and the mandatory compliance with constitutional requirements, such as assigning 6 percent of the national budget to university education and other mandatory allocations.

The Bolaños government lacked the fiscal wiggle room it needed to tackle Easton’s everyday tensions, not to mention the more daunting pressures, such as when the price of a barrel of crude on the New York Mercantile Exchange surpassed US$70 in May 2006. In that year, Nicaragua’s oil bill was US$654 million, far above the US$524 million in 2005 and the US$243 million in 2002, the first year of the Bolaños administration. Then, during that period, some 32 percent of imported oil was used to generate electricity. This was the highest rate in the region (Costa Rica was using just 7 percent for that purpose), which of course raised the cost of the energy supply. As a result, surveys by CID-Gallup Latinoamérica, showed

that 83 percent of the population was “very worried” about the cost of transport in general.

Between 1979 and 1990, the Nicaraguan economy transitioned from one in which the state had no great role in the production and distribution of goods and services to one in which the state was generating and distributing most of the nation’s output. Afterwards, Nicaragua returned to its starting point and the state rapidly relinquished almost all of its economic activities. These swings—during which property relationships were severely disturbed—occurred over a period of just 12 years. In the period (1979–1990), per capita GDP contracted in real terms by an annual average of 3.1 percent, in contrast to 3.0 percent growth between 1951 and 1960, 2.8 percent growth between 1961 and 1972, and 2.1 percent growth between 1973 and 1978, even though GDP fell in absolute terms by 7.8 percent in 1978. Between 1991 and 2000, per capita GDP continued to fall at an annual average of 0.3 percent. It was not until 2001, after 21 consecutive years of negative growth, that the economy began to expand. From 2001–2007, growth averaged 0.8 percent, still far below the 1.4 percent average experienced between 1920 and 195051.

The Bolaños government was fiscally responsible. It focused on the future and insisted on long-term economic growth based on private investment and the creation of more formal-sector jobs. By looking forward to the future, however, the Bolaños administration neglected the present in a society whose members had a per capita GDP that barely reached a nominal US$1,000; where the political forces were correlated in such a way that they never favored the government; and where society was used to governments being “close” to people, such that they were expected to perform “favors” for citizens and perceived

51. See Mario De Franco, Causas del (de) crecimiento económico de largo plazo de Nicaragua (Managua: FUNIDES publication, (June 2011).


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as existing to meet citizens’ immediate needs. It was a society in which economic growth was a distant promise, and one that did not provide the sort of clientelist support the government of President Alemán had provided52.

The merit of Bolaños was that he governed with the goal of producing an institutionally modern Nicaragua; but his vision was far from Nicaragua as it actually is, anchored in the present and the immediate needs of its people. A Nicaragua, to borrow a term by D. Zovatto, lacking in “citizen density”53.

Bolaños (and US diplomacy) were so attached to the hope for a new political society that for the elections of 2006 the Sandinismo/anti-Sandinismo routine was broken. A new dichotomy of modernity versus traditional caudillos was installed instead. Neither Alemán through his proxy, nor Daniel Ortega as his party’s candidate, gave ground to the putative candidates of modernity, both former militants of the PLC (E. Montealgre) and the FSLN (M. Jarquin). The votes in the 2006 elections favored

52. While it is true that the candidacy of Bolaños arose from the will of the head of the Partido Liberal Constitucional (Arnoldo Alemán), his fatal disputes with the latter sometimes led him to ally himself with Daniel Ortega, head of the FSLN, the other leading political party of the Nicaragua that emerged from the 1990 elections. Later he broke his arrangement with Ortega and forged an alliance with the organizations of an insipid and weak civil society, in an effort to create a new political society that might overcome the oligopoly of the leaders of the PLC and the FSLN. Bolaños also had disputes with Cardinal Obando y Bravo, leader of the Catholic Church in Nicaragua, who came to ally himself with his historical nemesis Daniel Ortega. This left Bolaños without allies in Nicaraguan realpolitick, apart from most of the media, civil society organizations, and the goodwill (though not the resources) of the US government, all of which remained favorable to Bolaños. For more detail on the microcosm of Nicaraguan politics in those years, see Forrest D. Colburn and Arturo J. Cruz Sequeira, “Personalism and Populism in Nicaragua”, Volume 23, No 2, Journal of Democracy (April 2012).

53. In May 2006, CID-Gallup Latinoamérica reported that 71 percent of Nicaraguans thought that the country was on the wrong track, while 13 percent did not respond and only 16 percent though it was on the right track. At the end of that year, the ratings of the management of Bolaños plummeted to a net negative –38 percent.

the candidates associated with traditional Nicaragua (“traditional” in the Weberian sense), who won 65.1 percent of the vote against the 34.6 percent for the candidates of modernity.

Changes to the constitution during the Alemán government allowed Ortega to win the presidency in the first round of voting with 40 percent of the valid ballots. He could even win with 35 percent, as long as a 5-percent gap existed between him and the runner-up. Without this constitutional change (part of a package of reforms known as the “Pact” that was negotiated between the main players in Nicaragua’s political society), Ortega would never have regained the presidency in 2006 with the 38 percent of the vote he garnered, even with the anti-Sandinista forces fragmented.

From the 1990 to the 2006 elections, Ortega retained the core vote that fluctuated between 38 and 42 percent of the valid ballots. This is a notable achievement, but would not be enough to return to the presidency unless the constitution was changed and the other political forces divided, both of which did subsequently occur. His alternative plan, in the event that he did not win enough votes, was to change the presidential system to a parliamentary system, with the expectation that in the new system he would be the dominant actor, albeit not absolute as he is today.

5.

Recently, Nicaragua’s GDP numbers were revised with technical support from the IMF. Instead of being calculated on the basis of 1994 prices it was calculated using 2006 prices. According to the new figures, GDP in nominal US dollars was US$9.3 billion in 2011 and about US$10 billion in 2012, with per capita GDP at US$1,654. These numbers mark a significant improvement on the data for 2010 calculated on the basis of 1994 prices, which showed GDP to be a nominal US$6.5 billion and per capita GDP to be US$1,126.


34

Even with this change to the numbers, however, Nicaragua’s GDP is still far below that of Honduras, the second weakest economy in Central America, which was estimated at a meager US$18 billion in 2012 with per capita GDP of US$2,178. A per capita GDP as low as Nicaragua’s, equivalent to 76 percent that of Honduras and barely 17 percent that of Costa Rica, again raises the question that opened this part of the paper: are Nicaraguans citizens or clients? In the mid-1970s (the last decade of the Somoza autocracy), Nicaragua’s per capita GDP was 85 percent of Costa Rica’s. These figures reflect the country’s economic regression and prompt me to argue that in 1979 Nicaragua had a much greater citizen density than in 1990, when the country fully began its transition to representative democracy.

Today, Nicaraguans undeniably have modest expectations of consumption (which should facilitate the allocation of scarce resources). Their expectations, however, are immediate and anchored in the present; little thought is given to the future, and there is no capacity for even minimal abstract thinking. A client—unlike a citizen, who expects much from a government but does not expect that government to solve the problems he can solve with his own household income—is attentive to the most basic things (the pound of beans, the zinc sheets, convinced that the government’s main function is to act as a crutch. A survey by M&R Consultores between October 9-21, 2011 asked Nicaraguans: “what most appeals to you about President Ortega’s government?” The responses reflected expectations of modest lives. Some 37 percent referred to the Plan Techo (the “Roof Plan”), 26percent mentioned the Casa para el Pueblo program (“Houses for the People”), 19 percent the Bono Productivo (“Productive Voucher”), and only 9 percent answered that they “did not like anything about him”.

How much did these programs cost?

The 2 million zinc sheets used to improve the roofs of Nicaraguans’ houses cost US$30 million.

The “Productive Vouchers” program, which provided rural families with domestic animals, cost US$20 million. The “Solidarity Vouchers,” which give an extra US$60 a month to 148,000 state employees, including police and soldiers, cost US$45 million. The “Houses for the People” were few in number, and were built in visible and symbolic locations. In total the three programs (Plan Techo, Bono Productivo and Bono Solidario) cost US$95 million. The Bolaños government, even if it had had the imagination to carry out such programs, would not have had the resources for them54.

Between 2007 and 2011, Ortega’s second five-year mandate, foreign cooperation in the form of grants and loans from bilateral and multilateral sources totaled US$2.2 billion. Separate from the government’s formal budget and only including oil cooperation within ALBA, resources from Venezuela in those five years amounted to US$1.6 billion.55 In 2012, central government spending was close to US$2 billion, to which PDVSA cooperation must be added. According to the Nicaraguan Central Bank’s report, the latter cooperation totaled US$550.7 million by the end of that year.56 The total, adding together the formal budget and oil cooperation from Venezuela, is more than double the US$1.2 billion that Bolaños had in his final year as president. This

54. Curiously, in the M&R survey only 0.1 percent of respondents mentioned the subsidy to public transport, which suggests that the bus fare in Managua of about 10 US cents—a fare that was frozen for years and whose revision caused a big disturbance during the Bolaños administration—is perceived by today’s users as an acquired right that cannot be changed.

55. Oil cooperation between Venezuela and Nicaragua is very peculiar, because formally it is not a transaction between governments but between the PDVSA and ALBANISA, in which ALBANISA buys the barrel of oil from PDVSA at the market price, on the understanding that half the cost of the barrel will be granted to ALBANISA as a loan with an interest rate of 2 percent over 25 years and with a two-year grace period. ALBANISA is 51-percent owned by PDVSA and 49-percent owned by Petronic on the Nicaraguan side.

56. See Banco Central de Nicaragua, Informe de Cooperación Oficial Externa, ICOE (Managua: March 2013).


35

combination of Venezuelan resources with IMF programs and traditional cooperation from multilateral agencies is what has allowed the Ortega government to engage in what I term “responsible populism.” In other words, the government can meet the immediate needs of its clients without endangering macroeconomic stability (see Table 1), thereby allowing private actors to invest with a relatively stable economic outlook57.

Since the global financial debacle of 2009, the Nicaraguan economy has grown at 3.6 percent, 5.4 percent and 5.2 percent from 2010-2012. The rate is expected to reach 4.5 percent in 2013. This growth has been fuelled mainly by exports (largely stimulated by CAFTA and the Venezuelan market), which grew from US$1.9 billion in 2006 to more than US$5 billion in 2012, of which US$2.8billion were commodity exports and the rest were maquila output. Growth was also driven by FDI flows of close to US$1 billion in 2011 and 2012, with projected flows of US$1.5 billion in 2013.

6.

The economic numbers are in striking contrast to the deterioration of democratic rule experienced in Nicaragua during Ortega’s administration. In addition to removing a

57. See “Nicaragua y su dilema perenne”, comments by Arturo J. Cruz S on the essay by José Luis Velásquez P., Instituciones para el desarrollo: Una visión de Nicaragua desde la economía política (Managua: FUNIDES, September 2011).

constitutional ban on his reelection in 2010 by means of a legally dubious Supreme Court ruling, Ortega has not permitted the branches of government to act independently. Elections have also been strongly criticized by the electoral missions of the OAS, the European Union, and the Carter Center, raising questions regarding Ortega’s electoral legitimacy58.

Independent of the surveys conducted on the eve of the 2011 elections, Ortega’s electoral numbers were more enviable than ever, including his moment of universal glory as the primus inter pares in the National Directorate of the Sandinista National Liberation Front. Despite the numbers, Ortega showed no inclination to “legitimize” his presidency with clean elections, perhaps because of the traumatic electoral defeat he experienced in 1990. Throughout the course of his six years in office, his disdain for the niceties of legality and legitimacy has become more apparent. Perhaps he is convinced that what matters is effective management—to meet the daily needs of his clients, including a large number who were his adversaries in the countryside—without neglecting the more complex interests of economic society at the national and international levels.

58. In a press release on November 9, 2011, the Carter Center acknowledged the “strong electoral support given to President Daniel Ortega in Sunday’s elections” but expressed concern about “reports of significant deficiencies in the 2011 electoral process and their implications for democratic governance,” concluding that “it is perplexing that a country that is showing economic and social improvement has at the same time permitted an erosion of democratic institutions.”

Table 1. NicaraguaCentral Government Deficit (% of GDP)

2008 2009 2010 2011 2012 Beforedonations

-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3

Afterdonations

-1,0% -2,0% -1,0% Surplus Surplus

2002 - 2006 2012 Liberals 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%

Conservatives -- 0,1% Independents 30,1% 36,6%

Quintile 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%

Parties Number of deputies National Liberation (PLN) 24


Social Christian Unity (PUSC) 6 Accesibilidad Sin Exclusión 4


Each of these three parties has 1 deputy

Per capita

GDP$US

Growth rate2010-12

Populationrate

Per capitaGDP rate

Years



Panama 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2

Parties/Coalition Type 2012 2013

Patriota Government 56 54 UNE + GANA Previous government 48 14

Líder M. Baldizón 14 40 Creo Students 12 8 UCN Portillo 14 5 Viva Evangelicals 6 5 PAN Founded por Arzú 2 2

Frente Amplio R. Menchú 2 2 Victoria Family party 1 1

Unionista New Arzú party 2 3 FRG Ríos Montt 1 1

Todos Alejos-Cohen 15 Independents 8


36

In the aftermath of the 2011 elections, elections viewed by most abroad as fraudulent, CID-Gallup Latinoamérica asked Nicaraguans how they saw democracy under Ortega in the previous five years. Some 58 percent said democracy had been strengthened, 20 percent said it had been weakened, 18 percent said it was the same, and 4 percent did not know or did not respond. Some 55 percent said that the country was on the right path, compared to 35 percent who thought the opposite. In September 2012, M&R Consultores asked: “What comes to mind when you hear about living in a democracy?” The main response, at 28 percent, was “to live tranquilly in peace.” Just over 5 percent of respondents mentioned respect for the constitution, justice, and respect for the law59.

In today’s Nicaragua, Ortega is the sole mediator between the state and society, responsible for distributing the revenues that come from Venezuelan resources and also those from

59. These results coincide with an in-depth study conducted between March and May 2012, La cultura política de la democracia en Nicaragua 2012, sponsored by Vanderbilt University, LAPOP, USAID and others. On a scale of 0 to 100, according to this study, support for Ortega stood at 60.9. When respondents were asked about “irregularities observed or experienced in the 2011 national elections,” 73.5 percent said none. In the future, however, at least according to CID-Gallup Latinoamérica, it will be very difficult to conduct credible surveys, as it warned in January 2013: “For the first time, CID-Gallup, wishes to state formally that it is increasingly difficult to undertake public opinion surveys in the country; citizens are ever more reluctant to answer certain kinds of questions, especially those related to politics”.

traditional cooperation, without which the Venezuelan funds would have to be included in the formal budget. That would undermine Ortega’s fiscal discretion, which has allowed him to nimbly resolve any unforeseen matters of mediation. The revenues are extraordinary, not so much in comparison with that collected by neighbors to the south, such as Costa Rica and Panama, but in light of the very modest expectations of consumption displayed by the majority of Nicaraguans. This has allowed Ortega to serve his traditional client base and also to expand it by adding those who were formerly clients of Alemán, his old rival or ally depending on the moment. Table 2 shows that the Liberals lost most of their followers, either because they moved on the side of the independents or because they now identify with the FSLN.

In what Carothers termed the “gray zone,” the period during which most of the countries that embarked on a democratic transition in the mid-1970s were stalled, Nicaragua regressed, as mentioned at the start of this essay, from a sickly pluralism in which all citizens felt disappointed by politics (though they continue to believe in the ideals of a democracy), to a dominant-power system in which only one leader or political party has control to the extent that there is no alternation in power (see footnote 7).

This regression, however, has not spurred irritation among most Nicaraguans, a reality that could endure until citizens outnumber clients once more, as was the case in 1979.

Table 2. Political Party Identification (percent)

Source: M&R Consultores, Comportamiento político electoral de los nicaragüenses 1994–2012 (Managua: November 2012).


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3

Afterdonations


2002 - 2006 2012 Liberals 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintile 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






Per capita

GDP$US

Growth rate2010-12

Populationrate

Per capitaGDP rate

Years



Panama 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








37

Costa Rica:A Society of Equals?

7.

In the Unimer surveys published by La Nación on November 4, 2012, when Costa Ricans were asked if democracy is preferable to any other form of government, the percentage that identified wholeheartedly with democracy had fallen from 78 percent in 2006 to 57 percent in 2012. In the same survey, 40 percent said that democracy “does not help solve the country’s problems.” Some 54 percent agreed that political parties are necessary for the proper functioning of a democratic society, compared to 71 percent in 2006. Moreover, by the end of 2012 the Chinchilla government was rated favorably by only 13 percent of respondents, the lowest percentage among Latin American presidents.

What is paradoxical about this evaluation of the Chinchilla government is that it does not coincide with the economic figures. In constant colones, average growth in per capita GDP was 3.6 percent in 2011 and 2012, while inflation stood at only 4.6 percent. According to Francisco de Paula Gutiérrez, former president of Costa Rica’s Central Bank, Chinchilla’s economic performance is the best in Costa Rica since the period from 1978–1982, except for the period from 2002–2006, during which the unpopular Pacheco administration was in office and per capita GDP grew by an annual average of 4.7 percent60.

60. Francisco de Paula Gutiérrez has examined the numbers for the Costa Rican economy after 1978 in such a way as to make them coincide with presidential terms, though he calculated the average starting from the second year of the term and included the first year of the successor term. This explains the exclusion of 2010 in the assessment of the Chinchilla government. Because Chincillatook office in May of that year, the decisions that conditioned economic development for the 2010 were primarily taken b by the outgoing government. Her four-year term will include 2013 and also 2014, in which growth rates of about 4.2 percent and 4.4 percent, respectively, are expected.

Moreover, the share of Costa Rican households living below the poverty line fell from 50 percent in 1960 to 19 percent in 1980. It rose significantly in 1990 to 27 percent and fell again to 21 percent in 2000, dropping slightly to 20.6 percent in 201261. For Costa Ricans, the stalling of this indicator for 12 years is a cause of national unease, although it is enviable in comparison to Costa Rica’s neighbors. That is especially true considering that 85 percent of citizens are covered by social security and that the urban poverty line in 2012 was set at US$193 per person per month. That means that for the average Costa Rican household of 3.4 people, the family income that constitutes poverty in urban areas is below US$662 per month.

8.

If the economic numbers for Costa Rica are so promising (per capita GDP of US$9,641, the highest in Central America, including Panama), why do its citizens have such an unfavorable perception of democracy, political parties, and the performance of the Chinchilla government?

One of the possible explanations is the pattern of income distribution in recent years: in the same Unimer survey, 80 percent of respondents viewed the fair distribution of wealth as “low.” This is striking in a society like Costa Rica’s, which is attached like no other in the region to the ideal of citizen equality.

Table 3 shows that the share of income captured by the fifth quintile in 2004 was much greater than in 1988, while all the other four quintiles experienced a decline in their share. In 2012, the share of the wealth held by those in the highest quintile declined relative to 2004, but it remains far above the corresponding share for 1988. The share of the third and fourth quintiles was

61. See Miguel Gutiérrez Saxe, Ética Cristiana y desarrollo humanos sostenible (San José:August 2006); INEC, Encuesta nacional de hogares: Resultados generales (San José: July 2012).


38

greater than in 2004, but below the percentage for 1988. The two lowest-income quintiles’ share of total income was stagnant between 2004 and 2012.

In the past 30 years, Costa Rica has experienced a gradual but constant decline in the size of its public sector. Depending on the official data consulted, the share of state employees in the labor force has fallen from 30 percent to 15–18 percent. While it is true that the state in the broad sense reserves a significant presence in the production and distribution of goods and services, it is also true that private initiative dominates, as should be the case in an ever more liberal economy. What has driven this change, apart from the realities of the economic debacle that the country suffered between 1978 and 1982, when per capita GDP shrank at an annual average rate of 3.94 percent, was the leadership of the National Liberation Party (Partido Liberación Nacional, PLN), which has always identified with the enlargement of the public sector as the guarantee of citizen equality. In that process it changed from being a party of social democracy to one without a clear identity.

For Costa Rican analysts like Rodolfo Cerdas, the market’s preponderance over the state largely explains the inequality of income distribution, which seems more important to national identity given that Costa Ricans today, regardless of the quintile to which they belong, have higher standards of living than

both their grandparents, and parents. Deep down, prosperity does not compensate for inequality, even though many of those in the fifth quintile are there precisely because of the benefits of public education, which has been the main catalyst for social mobility in the country. For Cerdas, the liberalization of the Costa Rican economy “proletarianized” the teachers and professionals who “previously had been a large segment of the middle class.” To these he adds public servants, journalists, writers, social workers, lawyers, and doctors, all of them, according to Cerdas, “losers” in the new economic way of doing things and thus obliged “to defend themselves with the weapons of the workers: trade unions and strikes62.

9.

Apart from inequality, corruption is foremost in Costa Ricans’ perceptions of the challenges facing the country. In February 2013, CID-Gallup Latinoamérica surveyed the Dominican Republic, Panama and the other five Spanish-speaking countries of Central America. Only in Costa Rica (with 26 percent of respondents) was government corruption identified as the country’s main problem. The cases of former Costa Rican presidents accused of corruption—the “fallen angels,” among others—have certainly contributed to this perception. All of

62. See his essay in La Nación (San José: October 25, 2009).

Table 3. Income Distribution by Quintile (percent of households)

Sources: Miguel Gutiérrez Saxe, Ética Cristiana y desarrollo humanos sostenible (San José: August 2006; INEC, Encuesta nacional de hogares: Resultados generales (San José: July 2012).


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3

Afterdonations


2002 - 2006 2012 Liberals 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintile 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






Per capita

GDP$US

Growth rate2010-12

Populationrate

Per capitaGDP rate

Years



Panama 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








39

this, together with the shift in PLN doctrine, has undermined the social legitimacy of a political society once based on broad citizen support.

In 1999, among those Costa Ricans who identified with a political party, some 67 percent identified with the PLN and Social Christian Unity Party (Partido Unidad Social Christiana). In the period from 1998 to2002, the two parties accounted for 50 of the 57 deputies in the National Assembly. In the first Unimer surveys (undertaken by La Nación between January 24 and February 4, 2013), only the PLN retained a sizeable number of its followers. Some 23 percent of Costa Ricans identified themselves as PLN supporters. Incredibly, the other parties, including Unidad, were supported by barely 6 percent of respondents.

The weakening of the PLN (35 percent of Costa Ricans were supporters of the party in 1999) and the collapse of Unidad produced a vacuum in which new organizations with political party aspirations have prospered, to such an extent that 14 parties might present candidates in the 2014 elections. In the current term (2010–2014), the PLN and the PUSC have 30 deputies, while the rest are distributed among three parties with more than four deputies each and three parties with one deputy each (see Table 4). The dispersion of parties, aggravated by divisions within the legislative factions and the peculiarities of the parliamentary regulations, explains why the last time that 38 votes were added to adjust the qualified majority was in

the second government of Oscar Arias, allowing conclusion of the complementary agenda needed for the CAFTA agreement.

10.

Without two or three major, stable parties with which citizens can identify, mediation between the state and society is more burdensome, takes more time, and is less effective. Although Costa Rica is experiencing economic growth in fiscal terms, scarce resources are getting scarcer because political society—the lifeblood of representative democracy—has been unable to undertake a successful tax reform that meets the expectations of citizens with a per capita GDP of US$9,641. Without higher tax revenues, there is no way to use public spending to offset the inequality of income distribution, since there would be no guarantee that the resources invested in education would have any fiscal backing. And without high-quality public education that is better than or equal to private schooling, the inequality of income distribution would have no justification in a society that developed with the conviction that everybody is “more or less equal,” with the same education and healthcare.

In 2008, Costa Rica’s central government tax revenue stood at about 15.3 percent of GDP (excluding social security contributions). In 2009, the figure fell to 13.4 percent as a result of the world economic crisis. In 2012, however,

Table 4. Costa Rica: 2010–2014


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3

Afterdonations


2002 - 2006 2012 Liberals 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintile 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






Per capita

GDP$US

Growth rate2010-12

Populationrate

Per capitaGDP rate

Years



Panama 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








40

taxes continued to fall, below the figures for both 2008 and 2009, reaching 13.3 percent of GDP. The fiscal deficits have widened from 0.3 percent in 2008 to an average of 4.5 percent in recent years. A figure of 4.9 percent of GDP is expected for 2013.

What will happen, then, if the deputies in the Legislative Assembly are even more dispersed in the next four-year term? Will they be able to pass and implement a tax reform that improves public finances, which according to the IMF should bring additional tax revenue equivalent to 2.5 percent of GDP, and spending cuts of half a percentage point?63.

In the late 1970s and the 1980s, despite its tangled finances and an economy in which the public sector was oversized, Costa Rica withstood the widespread crisis that shook Central America and did not suffer the traumas its neighbors experienced, largely because of its political society’s great strength. Today, however, its strength is its economy: its citizens have not been forced into “economic exile” and indeed the country has absorbed immigrants from elsewhere; its exports of goods with high-technology components surpass US$11 billion; and it received FDI inflows of US$2.3 billion in 2012 (even excluding other flows of private capital). Although central government debt as a share of GDP has risen by 10 percentage points in four years, it does not exceed 35 percent and most of it is domestic debt. For how much longer, though, can the country continue to amass debt and postpone difficult decisions so politics can stabilize, either with the old parties or with new ones that can serve as the effective mediators necessary in a representative democracy? According to the IMF (see footnote 20), if corrective measures are not taken, in 2018 the consolidated public sector fiscal deficit will stand at 6.5 percent of GDP and the debt, including that of the Institute of Costa Rican Energy, will reach 53 percent of GDP.

63. See IMF, Staff Report for the 2012 Article IV Consultation (Washington DC: (February 5, 2013).

11.

Costa Ricans today are less patient with their politicians and governments. They complain about “the smallest thing,” seeing a bridge that the Ministry of Public Works has been unable to repair successfully as a symbol of the public sector’s ineptitude. The “Trocha,” a road that was hurriedly built on the border with Nicaragua serves as a symbol of corruption because of the unwarranted millions of US dollars assigned to its construction. The organized sectors of civil society for years have questioned the authority of political society to make decisions “of national importance” without sharing them with civil society; barring which, civil society has threatened to resort to a “street-level referendum,” one that would seek to create the conditions of dual power according to Gramsci’s teachings, or to snatch concessions from a weak political society.

And what about those who are not organized—the man on the street, who resents the organized sectors, without caring whether they are on the political left or right, whether they belong to unions for public officials, teachers, doctors or the ICE, or whether they belong to private sector associations? The unorganized know that the organized have advantages in the allocation of scarce resources, advantages apparent in better salaries, pensions systems, and health insurance.

The final report of the Presidential Commission on Democratic Governability, which was convened by Chinchilla, acknowledges that “democratic governability is in crisis,” the executive branch does not govern or even administer, the Legislative Assembly “can make decisions only with difficulty,” and the media, unions, and pressure groups have “veto power.” The members of the Commission identified 32 problems and made 97 recommendations, which of course included divergent criteria. They sought to find new institutional arrangements that would make government management effective without losing the essence of


41

democracy64. Costa Rica’s democracy, which has been uninterrupted by authoritarianism for more than 60 years, is not necessarily about to fall into the hands of a self-proclaimed messiah as happened in Venezuela, with a weakening of political society, but it could be on the edge of transitioning from a consolidated democracy to a state with weak pluralism, as Carothers described in his aforementioned essay on countries in the “gray zone.”

Honduras: The Machine State as “Instruments of Some”

12.

Surveys conducted by the UNDP in Latin America at the start of the past decade on the strength of the region’s political parties, asked: “Which of the following statements is closest to your situation?” Some 58.7 percent of Hondurans said that they “followed a party and always voted for it,” while 15.9 percent said that they had a party but they might vote for another. The percentages of the Honduran responses to these two questions were much higher than the Latin American average of 27.2 percent and 12.2 percent, respectively. In Latin America, only Nicaraguans had similar rates of party loyalty.

In a January 2002 survey conducted by CID-Gallup Latinoamérica, Honduras’ outgoing President Flores had an 86 percent approval rating, while incoming President Maduro had an approval rating of 77 percent. Additionally, a majority of Hondurans said that they believed Maduro would perform better than Flores.

64. The recommendations include the creation of a Minister of the Presidency, who would act as a kind of Prime Minister and that the Legislative Assembly be provided that executive’s priority projects and that these be approved or rejected within a reasonable period. See Informe Final Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática (San José: January 2013).

Even then, when citizen security was the “main concern” of the survey respondents, Hondurans evinced an undeniable optimism. This was striking in a country where, in 2001, some 71.6 percent of the population lived below the poverty line65.

Between 1981 and 2001, there were six consecutive presidential elections in Honduras in which the presidency alternated between the Liberal Party and the National Party (the historical groupings) without any serious disruption and with high rates of voter turnout. In the 2005 elections, however, the abstention rate reached 44.6 percent and by 2008, according to Barómetro de las Américas, Hondurans’ party loyalty had fallen to 44.2 percent, with only 31.9 percent of individuals surveyed indicating that their vote would be determined by party loyalty.

What might explain this sudden change in attitude?

Perhaps it could be that today, Honduran society is more modern and concentrated in urban areas, where inherited loyalties tend to be weaker. It could also be that in Honduras the allocation of scarce resources has been neither effectively nor justly carried out. When economic interests are as powerful and concentrated as in Honduras, political society runs the risk of succumbing to these interests. In contrast, in societies marked by a multiplicity of competing economic interests, political parties can act with more independence and present themselves as “neutrals” when mediating between the interests of citizens and those of the state.

The “institutional manipulation” to which Andreas Schedler refers is not the exclusive

65. Programa Estado de la Nación-Región, Estado de la región en desarrollo humano sostenible (San José: 2008).


42

preserve of the autocrat.66 It also applies to situations in which a small number of economic groups are so powerful that they exercise direct control (beyond influence) on important organs of the state. In Honduras, the machine state prevails as Machiavelli’s “instrument of some” and has been unable to transform itself into something that at least feigns neutrality when it mediates between the conflicting interests of its citizens—a function that is vital for the proper operation and social legitimacy of representative democracy.

13.

In such circumstances, there exists the danger that citizens will perceive political society as subordinate to economic society and as unrepresentative of even the organized sectors, much less the man on the street. In a January 2012 study published by the Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Honduran business people scored highest (83.5 percent) among those in whom respondents had no or little trust. Political parties followed at 82.8 percent67.

This perception is precisely what Manuel Zelaya exploited during his presidency. Seeking to serve as the sole mediator, Zelaya distributed scarce resources “fairly” without concern as to the constraints demanded by the separation of state powers—constraints he associated with the maintenance of the oligarchy’s privileges. Zelaya proceeded to raise salaries without first considering the fiscal implications of his actions. Taking the average between 2001 and 2010, Honduran salaries accounted for more than 40 percent of spending in the central government’s budget, some 10 to12 points above the public spending average in all the

66. See his essay, “Authoritarianism´s Last Line of Defense”, Journal of Democracy, Volume 21, Number 1 (January 2010).

67. See Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2011, Noviembre-Diciembre 2011 (El Progreso, Yoro, Honduras: January 2012).

countries of the region, including Panama.68 Zelaya’s decisions allowed him to forge political loyalties—especially with the organized sectors of civil society—that still endure today, and the costs of these wage increases were passed on to his successors.

It is true that the resources and example of chavismo in Venezuela were key to Zelaya’s ascendancy. But it is undeniable that Zelaya’s election was also the result of the devaluation of the country’s political society (from which he came), and that his justification for nullifying the constitution and disregarding the separation of powers has a basis in Spanish America’s trend towards revolutionary liberalism during the second half of the nineteenth century and in the reforming autocrat who faces no constitutional counterbalance69.

14.

After the armed forces removed Zelaya from the presidency, as mandated by the country’s Supreme Court, absenteeism in the presidential elections of 2009 was striking. Of the 4.6 million people on the electoral registers, only 2,298,008, or 50 percent, voted. Moreover, if we subtract from that total the 61,086 votes that were blank and the 95,534 that were null, the number of valid votes was 1,980,724 and thus the abstention rate actually was 57 percent.

In the November 2012 study Cultura política de la democracia en Honduras, 50.6 percent of

68. See Mauricio Choussy, presentation in a conference organized by the Rockefeller Center and INCAE, El futuro de Centroamérica: Oportunidades y Retos (Managua: (March 21, 2013).

69. In the liberalism of Spanish America in the second half of the nineteenth century, a trend emerged that justified the concentration of power in the executive branch. The aim was to undertake a revolutionary program on the grounds that the separation of powers was simply a trick by the oligarchy to prolong/obstruct the profound changes that Latin American societies needed. See Arturo J. Cruz S, Nicaragua´s Conservative Republic, 1858–93 (New York: Palgrave in association with St Antony´s Oxford, 2002).


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respondents said that they would not vote in the 2013 elections, 60.8 percent said that they are not loyal to any political party, and only 52.6 percent expressed support for democracy.70 Moreover, in recent surveys, including the aforementioned CID-Gallup Latinoamérica survey, Zelaya’s wife Xiomara Castro had a 25 percent advantage over the other three candidates for president.

The answer to the question posed by Edelberto Torres-Rivas—how much poverty can be borne by current democratic life in Central America?71—at least in the case of Honduras, seems to be not much, thereby further weakening its already frail pluralism. Between 2005 and 2009, Honduras’ Gini coefficient of per capita household income averaged 0.570, far above the Latin American average of 0.518. In the same period, some 10 percent of the poorest households received 0.6 percent of per capita income while the richest 10 percent received 45 percent, far above the Latin American averages of 1 percent and 40 percent, respectively72.

In 2012, the murder rate reached 86 per 100,000 inhabitants (in 2010 the rate was 77 per 100,000), highlighting “the growing and ever more threatening challenge of international organized crime.” Not only is the country’s political governability at risk but, as Víctor Meza warns in his essay “A propósito de Estados fallidos” (Tegucigalpa, December 2011), also in danger is “the very essence of the state, its operation, and usefulness.”

And given Honduras’ place in the trafficking of drugs into the United States, it is worth asking: “where is the indispensable nation?”—as least with regard to its cooperation in the fight against organized crime. Through its various agencies, the United States allocated US$350

70. This study was sponsored by USAID, Vanderbilt University, FOPRIDEH, Hagamos Democracia, LAPOP, and Barómetro de las Américas.

71. See his essay “Centroamérica: ¿Estado débil y democrático?” (Guatemala: August 25, 2012).

72. See M. Choussy, footnote 25.

million to the seven countries in the Central American isthmus, from Belize to Panama, between 2008 and 2011. According to a September 2011Government Accountability Office report only US$75 million of this amount has been disbursed (though these amounts do not include resources from the Department of Defense), of which US$7.1 million has gone to Honduras73.

El Salvador: The Scarce Becomes Scarcer

15.

It is true that the numerous surveys conducted in El Salvador offer evidence for whichever position one wants to argue, but most of them suggest that political society—as has happened in almost every country in the region—has been devalued in the eyes of Salvadorans. A survey by IUDOP published in December 2012 asked respondents: “How much trust did you have in political parties in 2012?” Some 50 percent said none; 34 percent said little; and only 16 percent had some or a lot of trust. Asked about their preferred party, 49 percent said they had none; 26 percent preferred the FMLN and 21 percent ARENA74.

In more recent surveys the percentage of citizens who identify with the main parties has increased, although 65 percent of Salvadorans say that in the next presidential elections they will vote on the basis of the candidate (this share goes up to 81 percent among undecided voters), while 29 percent say they will vote on the basis of party affiliation.

Other surveys suggest that most Salvadorans have a deep sense of unease about the country’s situation. In 2001, 54percent of survey respondents thought that El Salvador was better

73. See GAO report, SenateCaucus on International Narcotics Control (Washington DC: January 30, 2013).

74. IUDOP, survey conducted November 16–22, 2012.


44

off than before the peace agreement; however, in 2011, only 35 percent of respondents shared this view. Some 26 percent thought that the situation had not changed and 36 percent believed that it had worsened. When asked, “how satisfied are you with how democracy has worked in the country?” some 10 percent expressed dissatisfaction and some 47 percent said they were only a little satisfied. Only 34 percent and 8.8 percent indicated some or a high level of satisfaction, respectively75.

A possible explanation for these numbers is that scarce resources have today become ever scarcer. This leaves political society—even if its leaders were angels, to paraphrase James Madison—with very difficult problems of mediation. It is estimated that average economic growth in 2010, 2011, and 2012, and expected growth for 2013 and 2014, will be less than the 2.1 percent of the average from2000 to 2004. Such figures are even more striking given the estimates of Francisco de Paula Gutiérrez (mentioned above in the discussion of Costa Rica) in determining how many years it might take the Central American countries to double their per capita GDP in real terms if recent trends persist.

75. See Jeannette Aguilar, “Retos actuales de la democracia en El Salvador”, presentation in a conference organized by the Rockefeller Center and INCAE, El futuro de Centroamérica: Oportunidades y Retos (Managua: (March 21, 2013).

There are several hypotheses as to why growth is so weak. These always highlight the country’s deficient investment rates. As Sebastián Edwards argued in 1999 and as Hausmann, Rodrik, and Velasco later elaborated, rates of capital formation of 21–23 percent of GDP are necessary for El Salvador to escape from what FUSADES later termed “the long phase of deceleration” it began experiencing in 199676. From 1990 to 2005, the country’s average investment rate stood at 17.4 percent of GDP, a rate that makes satisfactory growth extremely difficult77.

I have proposed a political explanation for insufficient growth and low investment rates. When political society is polarized and the main political parties are unable to agree on the basic aspects of the economic model, private sector decisions about investments are interrupted by electoral uncertainty every 20 months, not to mention public infrastructure investment and the bothersome legislative procedures for authorizations of loans abroad.

Moreover, since the signing of the peace agreement, the traditional elites through ARENA presented to Salvadorans the promise of a more prosperous society as long as pro-market

76. See Crecimiento con participación: Una estrategia de desarrollo para el Siglo XXI (San Salvador: Study by FUSADES, 1999).

77. See “Growth Diagnostics” (Cambridge: John F. Kennedy School of Government, Harvard University, March 2005).

Table 5. Years to Double Per Capita GDP


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3

Afterdonations


2002 - 2006 2012 Liberals 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintile 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






Per capita

GDP$US

Growth rate2010-12

Populationrate

Per capitaGDP rate

Years



Panama 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








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reforms were deepened. The public sector gave in to privatizations, including the privatization of pension funds, and ended up dollarizing the economy. El Salvador then proceeded with the negotiation and ratification of CAFTA, with the expectation that FDI flows would finally come to the country and that El Salvador would be able to use the accord as an export platform to the United States, taking advantage of the country’s geographic proximity and the rule of origin advantages connected to CAFTA.

So what other rabbit does the magician still have in his hat to keep the audience distracted? The question is important in a country with a per capita GDP of US$3,799 (more than double that of Nicaragua but not even 40 percent that of Costa Rica), and with a large number of citizens who see themselves as middle class—not so much because of their income but because of their aspirations. I dare to suggest that Salvadorans in urban areas, without question in San Salvador, aspire to belong to the middle class Jorge Castañeda describes in his work on Mexico—a middle class that wants “a small but decent home; a car; access to credit; the usual set of durable goods (television, refrigerator, washing machine, computer, fixed or cellular phone); yearly vacations, however modest; [and] access to healthcare and public or private education that might be good or mediocre but that allows some assurance of social mobility”78.

16.

El Salvador’s political society, whether the parties are on the left or right, confronts a citizenry whose expectations are beyond their capacity to deliver. Many in the country remain frustrated after having moved above the poverty line, only to fall back below it or remain merely within the margins of the middle class.

78. Quotation taken from Arturo J. Cruz-Sequeira, “Socialismo, distribución y clase media”, Volume 1, Number 9, INCAE Business Review (San José: September–December 2009).

As FUSADES researchers have argued, since El Salvador has posted the lowest economic growth rate in the whole of Latin America for five consecutive years, it can be expected that the number of formal sector jobs will decline and that the percentage of Salvadorans classified as poor will increase from 38 percent to 48 percent of the population within five years.

Without economic growth, tax revenues (even though the tax intake has increased as a share of GDP to 15.5 percent in 2012) are insufficient to manage the country’s moderate fiscal deficits and give the state the resources needed to tackle the tensions and pressures that every government has to face, and which I discussed in the first part of this essay. El Salvador’s oil bill in 2012 was more than US$2 billion. In the same year, state subsidies for gas propane, public transport and electricity amounted to US$400 million, almost 10 percent of the state’s revenue from taxes and donations79. Moreover, unlike Costa Rica, El Salvador does not have the space to acquire public debt, especially abroad. In 2012 El Salvador’s central government debt reached 57 percent of GDP, only two percentage points less than the rate it experienced in 1991.

In this context, in which a country appears to be “economically trapped,” it is very likely that in the next presidential elections a high percentage of Salvadorans will abstain from voting. Between 1978 and 2000, the two countries with the highest rates of abstention among 18 Latin American nations were El Salvador and Colombia80. It was not until 2004 that the voters’ spirit was reanimated, a consequence

79. See Ministerio de Hacienda, Diagnostico de las Finanzas Públicas de El Salvador (San Salvador: November 6, 2012).

80. According to the IDB study Politics Matters (Washington DC: 2003), in El Salvador, taking the average of the presidential elections of 1989, 1994 and 1999, only 47.9 percent of registered voters cast a ballot and only 41.9 percent of those of voting age. Moreover, while it is true that Francisco Flores won in the first round with 50.2 percent of the valid votes, in 1999 the rate of abstention was 54 percent of registered voters and 62 percent of those of voting age.


46

of both fear and hope. In elections that year, 66 percent of registered voters cast a ballot, with ARENA candidate Antonio Saca winning a higher number of votes than all those cast in 1999. The 2009 elections, though, were marked by a low abstention rate, partly because of the candidacy of Mauricio Funes for the FMLN, the candidate of the aspirational middle class, just as Saca had been in his day.

Without fear and hope—the great emotions of electoral contests—voter indifference could be the predominant form of conduct in the future. In a context of citizen indifference to politics, there is a danger that politics will be reduced to transactions among the organized sectors, with each party or group struggling to preserve its share of public income—and economic stagnation has made that income insufficiently elastic to accommodate the interests of “everybody.” The capture of public office becomes a basic goal in such a struggle, partly because those positions bring income to the people who hold them, but also in an effort to weaken the independence of state organs, especially the bodies responsible for overseeing those who allocate the scarce resources available81.

The Constitutional Chamber of the Supreme Court, whose members are elected impeccably in line with the formal procedures instituted for that purpose, issued 10 rulings of great importance for Salvadorean politics between July 2010 and July 2012. These are detrimental to the parties that are most representative of the middle sectors, of emerging economic interests, and of “professional politicians” who live on income from public office. These groups have joined forces in a diverse coalition, one motivated solely by interests, to bring about the revocation of the Court’s rulings. To the leaders of these parties—the FMLN, GANA, PCN

81. See FUSADES, Department of Legal Studies, Number 40, “Oportunidades de cambio: Próximas Elecciones de Magistrados de la Corte de Cuentas de la Republica” (San Salvador: March 2011).

and PDC—the Court represents the interests of economic society and the organized sectors that have no access to public income, and therefore, as the Marxists of yesteryear and the revolutionary liberals of the second half of the nineteenth century would argue, legal formalism is nothing more than an expression of the correlation of social forces.

The situation in El Salvador is complex: with a devalued political society and voters tempted by indifference; an economy that is not reviving and that remains dependent on remittances; with an ideology-free struggle for control of politics between historical capital (with a lot of liquidity and few businesses) and emerging groups linked to the middle sectors. Assuming that in the next five-year presidential term (irrespective of who wins the 2014 elections) the economic situation of Salvadorans fails to improve, if citizens keep seeing in politics those transactions that only benefit the parties and the organized sectors, the big loser will be the credibility of the entire political system. The FMLN cannot be seen as separate from this, because in recent years its leadership at least has become “one more” of those capturing state income. Such a vacuum would be akin to the natural society of Hobbes, more prone to violence, lacking any sense of the common good, and in which citizens would be tempted to find relief in the political model of the “dominant power,” the hottest circle of the gray-zone hell posited by Carothers (see footnote 7).

Guatemala:Representative Democracy and Political

Society

17.

Guatemala is a country of contrasts, between the magnificent Guatemala City, home to 22 percent of the country’s population, and the poverty of the highlands, where more than half the population resides. The latter are divided


47

into more than 20 indigenous language groups, each with its own cultural features and ancestral rivalries that hinder the birth of a broad “indigenous movement” that would give coherence to their demands and allow them to beparticipants in the allocation of scarce resources82.

This might explain why the tax intake in Guatemala is one of the lowest in Latin America. Because the majority of the population is comprised of the unorganized, the allocation of resources is carried out by the urban minorities.

In the first elected government of the Christian Democrats in 1985, tax revenue stood at 8 percent of GDP. In 2001, it peaked at 12 percent (as stipulated in the peace accords negotiated between 1987 and 1996), and then fell to 10 percent in 2009. In 2011, it was 11 percent, most of which still comes from indirect taxes. During the government of Álvaro Colom, his wife Sandra Torres sought to use public spending to create a base of clients in the highlands. Even in moments of fiscal exuberance the deficits barely exceeded 3 percent of GDP (2009 and 2010), while the debt of the non-financial public sector—which rose by four percentage points during the four years of the Colom government—did not surpass 24 percent of GDP in 201183.

Since the 1985 elections, Guatemala’s representative democracy has been characterized by a political society prone to volatility and fragmentation, lacking stable parties that endure as mediators between the state and society. Hence the Christian Democrats that won the presidency in 1985 with 68.4 percent of valid votes failed to win even 1 percent in 2007. In the first round of

82. Of the 158 deputies elected in 2011, only 21 are indigenous, 13.2 percent of the total. For these figures see A. L. Blas, “Contexto: La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en marcha”, in Actualidad Política: Revista de Análisis Político de Guatemala (Guatemala City: September 2, 2012).

83. See IMF, Country Report No 12/146 (Washington DC: June 2012).

the September 2011 elections, 12 parties contested the presidency either alone or in coalitions, while 17 parties sought to win seats in the National Congress. In 2011, according to Eduardo Stein, there were 27 registered parties in Guatemala and another eight going through the process of legalization84. Jonatán Lemus explains such an abundance of parties partly by the absence of internal party democracy, a lack of succession mechanisms, and minimal institutional consolidation. These circumstances allow the traditional political elites to block the leadership and ambition of younger generations. The latter then choose to form their own political groups that, like those they abandon, have no “ideological definitions and programmatic platforms”85. The parties thus become creatures of those who organize and finance them, either to trade favors, impede proposed laws, or serve as electoral vehicles that are abandoned as soon as candidates win the presidency or other elected offices.

Can a representative democracy work if it lacks a compact and stable political society?

With some parentheses, Guatemala’s representative democracy has enjoyed almost 30 years of regular operation: 17 elections have been held successfully, seven of them national polls, and those elections and the institutions responsible for organizing them were not questioned as irregular or fraudulent by relevant actors. Ana Lucía Blas (see footnote 39) has highlighted the strong participation of Guatemalan voters in the recent elections, in which more than 70 percent of the 7.3 million registered voters cast a ballot.

But such fragmentation makes it very difficult for legislative projects to advance, especially on

84. See E. Stein, presentation for the Inter-American Dialogue, Central America Working Group (San Salvador: May 12, 2011).

85. See Jonatán Lemus, “Teorías de la democracia interna: Causas, efectos y viabilidad en Guatemala”, in Actualidad Política: Revista de Análisis Político de Guatemala (Guatemala City: September 2, 2012).


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fiscal matters. Not to mention, the distribution of deputies in Congress changes significantly from one year to the next (see Table 6). This reality suggests that there exists an “informal” mediator between the state and society, one that is not concerned by the lack of strong parties and a state with sufficient resources to carry out its most “essential” functions. Paradoxically, traditional economic society and its associations such as CACIF (Coordinating Committee of Agricultural, Commercial, Industrial, and Financial Associations) emerged dominant from the peace agreements without the need for support from the armed forces, its ally during earlier periods. As entrepreneurs, the 10 main groups of Guatemala’s economic society are exemplary. They have carried out their activities effectively and efficiently, and are firm believers in the idea that private initiative—with “politics” doing the least damage possible, including levying taxes—is what will bring about the economic development of the country.

Recently, however, a new question has arisen in Guatemala: can a political society so weak and fragmented, and a state with so little to distribute, resist cooptation by organized crime?

18.

After the conclusion of the peace agreements, Guatemala’s coercive apparatus shrank, especially compared to its scale in the 1970s and 1980s. After so many military interventions in the country’s political life and a “counterinsurgent” war in which the armed forces brutally violated the human rights of their fellow citizens, the dwindling of the coercive apparatus of the state was received with enthusiasm inside and outside of Guatemala.

Today, though, who can downplay the threat international drug trafficking poses to the integrity of the Guatemalan state? In recent years the army’s budget has averaged 0.3

percent of GDP, and though the National Police—according to various estimates—has between 17,000–25,400 officers (more than the 15,500 soldiers), citizens do not trust it. This distrust has generated demands for the reconstruction of the police force and calls for the presence of soldiers on the streets and highways86.

Álvaro Uribe’s success in the fight against organized crime in Colombia owed much to the strengthening of the state’s coercive apparatus. The number of police officers and soldiers rose from 313,000 in 2002 to 436,000 in 2010, thereby reviving the state’s capacity to exercise its authority throughout Colombian national territory. It is true that Uribe had the support of Plan Colombia, financed by the US government, but it is also true that he took tax-related measures, such as taxing the assets of those with higher incomes.

In the 2011 elections, as the candidate of the Partido Patriota, Otto Pérez promised to increase Guatemala’s tax revenue to 14 percent of GDP by the end of his term. The aim was to continue, using new names, the clientelist social programs of Sandra Torres. But it was also to revive the state’s capacity to exercise its authority and safeguard citizen security. In his first year as president, Pérez achieved the impossible: congressional approval of a tax reform that seeks to raise the tax intake to 12.5 percent of GDP by the end of 2013, and to foster the creation of more formal sector activity in a country where informal transactions prevail. But the legality of the Budgetary Authorization Law is being questioned in the courts, precisely at a time when the Guatemalan state is on the defensive and needs resources to regain the ground lost to international drug trafficking in

86. The Catholic Church is the institution most trusted by Guatemalans (with 70.2 percent), followed by Evangelicals (64 percent) and the army (59.5 percent). Prominent among the least trusted are political parties (36.1 percent) and the National Police (34.9 percent). See Barómetro de las Américas (LAPOP), Guatemala: Informe de país (2012).


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Petén and Huehuetenango, and to strengthen its presence in its eastern provinces, including, Zacapa, Chiquimula, and Jutiapa87.

In surveys from late 2012, when respondents were asked to identify three current leaders in Guatemala, those most mentioned were President Otto Pérez Molina (82 percent), Manual Baldizón (69 percent), and in a distant third place Eduardo Suger (28 percent). One of the striking things about these results is the percentage for Baldizón, head of the Líder party— whose number of deputies rose from 14 in 2012 to 40 in 2013 (see Table 6). As a presidential candidate in the first round of elections in September 2011, he won a notable 22.7 percent of the vote. Baldizón’s emergence on the Guatemalan political scene has been sudden and strong. That, coupled with his political and business origins in Petén,

87. It should be noted that 95 percent of the cocaine entering the United States crosses the maritime and land borders with Mexico. Of that, about 60 percent first transits the Central American isthmus. Guatemala is the main link in the chain. See Congressional Research Service, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress (Washington DC: March 30, 2011).

has prompted high levels of speculation in Guatemala. Nonetheless, in a political society lacking major, stable parties and with low barriers to entry, the emergence of someone with Baldizón’s profile should not come as strange, since he has plentiful resources and a generous menu of electoral promises.

Conclusion

19.

While Daniel Ortega enjoys inflows of Venezuelan cooperation and the expectations of his compatriots remain modest, most Nicaraguans will see his management of the government as effective, regardless of his government’s legality and legitimacy. Moreover, the FSLN of yesteryear, the party of cadres with an ideological background, succumbed to Nicaraguan political tradition and became the instrument of one family—as happened to the country’s historical parties, which have their roots in the prominent families of colonial Nicaragua.

Table 6. Distribution of the 158 Deputies in Congress2012–2013


-4,1% -4,0% -3,0% -1,1% -0,3

Afterdonations


2002 - 2006 2012 Liberals 35,4% 8,6%

FSLN 30,5% 54,4% MRS 4,0% 0,2%


Quintile 1988 2004 2012 1 6,0% 4,0% 4,2% 2 12,0% 9,0% 9,0% 3 16,0% 13,0% 14,3% 4 23,0% 20,0% 21,5% 5 43,0% 54,0% 51,0%






Per capita

GDP$US

Growth rate2010-12

Populationrate

Per capitaGDP rate

Years



Panama 9,572 9,7% 1,7% 8,0% 9,2








50

The fact that the FSLN has lost its revolutionary essence does not detract from its sense of organization and capacity to “resolve” the most immediate needs of its clients. This capacity to resolve matters has been enhanced by the Sandinista party’s control over the country’s local administrations. At times, party management is so efficient that when there is a death in a poor neighborhood or district, it is the Sandinistas representing Daniel Ortega who provide the coffin for the deceased, the black coffee served to mourners who keep vigil over the body, and the local administration’s pickup truck to take the deceased to the cemetery the following day.

But what would happen to the Ortega government if Venezuelan cooperation were to disappear, as happened with aid from the Soviet Union at the end of the 1980s? Moreover, what would happen if traditional cooperation from institutions such as the Inter-American Development Bank ceased to flow at the levels of recent years? What would happen to the model of “responsible populism”? Furthermore, suppose that the Ortega government endures, the economy continues to grow at satisfactory rates, and Nicaraguans’ expectations become higher, giving Nicaraguans a greater sense of citizenship over clientelism. Will it be then that his government faces a kind of “political gap,” as outlined by Huntington in his 1968 classic (see footnote 3), the same as that which confronted Somoza at the end of the 1970s?

For its part, Costa Rica’s political society—dominated by two or three major parties—which was able to mediate successfully between the state and society, is now fast losing social legitimacy. In 2014, the electoral scene will feature 14 parties presenting candidates. The results could atomize the distribution of deputies in the Legislative Assembly, thereby hampering the passage of laws such as tax reform that are necessary if Costa Rica’s fiscal accounts are to be put in order. If that electoral scenario materializes, it will be like the Guatemalan election of 2011 in which, as we saw earlier, there were 12 parties contesting the presidency and 18 seeking congressional seats. In Honduras, the historical parties—after enjoying total domination—have been losing loyalists at a dramatic rate. The messianic figure of Zelaya, through his wife’s candidacy and a new party, has returned to the center of Honduran politics. In El Salvador, beset by an economy that is not growing, political society has also been devalued in the eyes of the citizenry, which is increasingly skeptical about the country’s future.

To return again to Carothers’s categories, as I have done throughout this essay, Central America’s representative democracies have either regressed to a political model of dominant power, or run the risk of transforming from a consolidated democracy into a weak form of pluralism, or could transform from weak to even weaker forms of pluralism.


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Muy buenos días, también yo me sumo al agradecimiento por la invitación que recibí como miembro del Consejo Asesor Externo del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES y los felicito por este esfuerzo.

Hoy más que nunca el triangulo economía, política y sociedad es un escenario imprescindible para entender cualquier realidad y esto lo dice alguien que sabe poco o casi nada de economía, un poquito de sociedad y algo de política. Es un escenario clásico, si se quiere, que además hoy se ve muy complicado con una realidad incuestionable que es la consolidación de esto que llamamos globalización.

Yo creo que no es posible hablar hoy de la política en la región sin tener en cuenta lo que está sucediendo en Venezuela. Lo interesante de la política, de la politología, es que se tiene que pensar sobre lo que va a pasar mañana y a veces hay poco tiempo para la reflexión. Pero creo que de lo acontecido en Venezuela, es un punto

de inflexión extremadamente importantísimo y me pongo a pensar cómo sería nuestro análisis si ojalá nos pudiéramos reunir dentro de 20 años y reflexionáramos sobre lo acontecido estos días y lo acontecido en los últimos tres lustros en el continente. Considero que estamos ante lo que llamaríamos una “fractura histórica” y esto me permite compartir con Ustedes una reflexión que he venido escribiendo en algunas notas en las últimas jornadas.

Finales del año 1998 y finales del año 2012 generan un espacio, un lapso extremadamente importante para Venezuela y también para la región y hace que lo que voy a señalar, probablemente tendría más impacto si lo que estuviéramos debatiendo fuera sobre los problemas de la institucionalidad en América Latina, no en Centroamérica. En este punto me estoy saliendo un poco del guión, porque claro voy a hablar de América Latina y voy a poner el problema centroamericano en el contexto de América Latina.

“Estado de la institucionalidad democrática en la región centroamericana” 18 de abril de 2013, El Salvador

Manuel AlcántaraUniversidad de Salamanca


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Comienzo en este sentido señalando algo que también creo que con una dimensión temporal, quizás no de hoy, quizás hoy no la veamos, pero quizás sí con una dimensión de 20 a 30 años, es la idea, y para un estudioso de fuera es muy evidente, de que la región ya no existe. Existe América del Sur y América del Norte. Ésta es una cosa muy evidente que se pone de relieve, si me permiten, en dos elementos, no digo que sean anexóticos, pero que son muy claros.

En primer lugar, el ITAMARATY el potente Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, nunca habla en sus documentos de América Latina. Segundo, el papel de China en América del Sur es absolutamente preponderante. En términos de primer socio comercial ya en varios países y segundo socio inversor en la mayoría de los países; segundo socio inversor desplazando a la Unión Europea. Estos datos no son tan evidentes, ni de lejos, en la parte norte de la región y donde todavía hay muchos países, éste es uno de ellos (El Salvador), que no tienen reconocida a China diplomáticamente aunque eso sea solo una cuestión, si se quiere meramente formal porque, tiene su importancia lógicamente.

Entonces, esta ruptura del continente nos permite plantear este escenario y lo que supone el escenario de esto que llamamos “Chavismo” o la época del gobierno del Presidente Hugo Chávez, estamos hablando de 13 años de gobierno con un legado muy evidente. Este legado tiene que ver con un concepto muy difuso, un concepto muy poco claro que se llama “Socialismo del Siglo XXI” como Ustedes conocen, muy débilmente articulado en términos teóricos, tampoco hay un texto nacional. Los discursos que pueden argumentar lo supuesto por esta ideología, son en mi opinión bastante banales; pero es claro que ha generado un modelo de ejercicio de la política.

Y este modelo se basa en algunos elementos que son clásicos en la tradición política de la región como es la existencia de un líder,

de un caudillo; de una personalización de la presidencia; un populismo rentista a través del instrumento del Estado, esto es algo bastante viejo; una oposición política tremendamente fragmentada, sin liderazgo y sin capacidad de articular una respuesta mínimamente homogénea, salvo la respuesta del “anti”; una unidad subregional que se está dando y que es bastante insólita en la región, donde la región siempre funcionó a través de países que cada uno iba por su lado y esto está funcionando; y finalmente la utilización de mecanismos de la democracia liberal frente a una retórica de democracia participativa como son las elecciones que han venido funcionando de manera bastante normal hasta el domingo88.

En este escenario, la región está absolutamente dividida. Sobre todo si me refiero a América del Sur e incorporamos el peso de los países en términos demográficos, vemos que la región está muy dividida. Y es un legado que va a ser, y es mi hipótesis para ser testada dentro de 20 años, que va a ser muy duradero precisamente por el modelo, el nuevo modelo de engrase económico de la región, de la subregión, del que no tenemos experiencia, no tenemos experiencia de cuál va a ser el papel de China como jugador global y esta parte de la subregión ha apostado todo su negocio para el éxito de la economía china.

Cierto es que debo glosar algunas ideas del excelente trabajo y de la brillante ponencia de Arturo Cruz. Los datos de calidad de la democracia usando distintos indicadores, desde el más conocido y más genérico de Freedom House a los índices de The Economist, Intelligence Unit o al de la sociedad alemana Bertelsmann, o incluso al que hace la gente de la Fundación Adenauer en Buenos Aires del Índice de Desarrollo Democrático, nos dan una región, sin centrarnos solamente en América Central,

88. El Profesor Manuel Alcántara hace referencia al domingo 14 de abril de 2013 cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela tras el fallecimiento de Hugo Chávez el 6 de marzo del mismo año.


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en la que en las cuatro categorías de países que podríamos encontrar, es decir calidad de la democracia alta, calidad de la democracia media alta, media baja y baja, los países de la región se sitúan en los cuatro terrenos pero inclinándose más hacia el ámbito de la calidad de la democracia baja. En concreto, Costa Rica estaría situada en calidad de la democracia alta, Panamá en media alta, El Salvador media baja y los otros tres países, Honduras, Nicaragua y Guatemala directamente en la categoría de democracias de baja calidad.

Esto supone retos institucionales muy importantes y dentro de estos, me centro solamente en el ámbito de la institucionalidad, digamos de la política institucional. Este tema lo planteo de manera más extensa en mi presentación por escrito, en la que expongo ocho retos de los que me gustaría compartirles tres cuestiones del ámbito político institucional e incluirlas en la discusión.

La primera cuestión, que pertenece a los países con peor calidad de la democracia, es el papel de los partidos políticos. Quienes me conocen y saben mi trayectoria como investigador y lo que he defendido siempre en público, a propósito de la importancia de las instituciones es que es evidente que el elemento malévolo, institucionalmente hablando en estos países, aparece ahí. En segundo lugar, y dando un salto a otro ámbito distinto pero que es muy novedoso es el activismo político de las cortes. Éste es un tema nuevo, para la región, para América Central, ya en la América del Sur este es un tema que está siendo debatido de manera muy importante por ejemplo en Colombia, y esto me parece que es un fenómeno nuevo. Ayer en la rueda de prensa que planteábamos para este evento, señalaba que había dos elementos un poco perniciosos que se juntaban: uno era la intromisión de la política y del nombramiento de estos altos funcionarios por parte de los partidos políticos y por consiguiente lo que se podría denominar la politización de la justicia o la partidización de la misma. En segundo lugar, otro tema muy perverso, aunque de

naturaleza distinta, es la deficiente preparación de los magistrados, técnica y profesionalmente hablando. El tercer y último elemento es algo de lo que no se habla casi nunca en la región y es la puesta en marcha de un servicio civil de carrera. Es decir, lo que podríamos denominar el ámbito de la reforma de la administración pública.

Tres muy breves apuntes a cuestiones de la región de América Central de cara a los próximos meses porque estamos recomenzando un nuevo ciclo electoral. Entonces tendremos tres elecciones presidenciales y congresuales, digamos en menos de un año en la región que son realmente elecciones que van a suponer un momento claro de cambio.

Se ha señalado y estoy muy de acuerdo con la interpretación de Arturo sobre Costa Rica, pero disentiría con él en una cuestión. Es cierto que la sociedad política es débil, es cierto que la economía es fuerte pero lo que también es cierto y es lo que va a permitir a Costa Rica seguir manteniendo su nivel de democracia con cierta calidad, es que tiene una sociedad civil fuerte. Esa sociedad civil que se señalaba para la época de los años ‘70, la gran crisis de la región de finales de los ‘70 y principios de los ‘80 sigue estando ahí y creo que es el gran capital que tiene el sistema político costarricense. Costa Rica desde hace mucho está acostumbrada a lidiar con un Congreso tremendamente fragmentado y que, por otra parte, todos los estudios nos indican que el Congreso de Costa Rica es el más fuerte de toda la región, o dicho de otra manera, el presidente o la presidenta de Costa Rica es la más débil de toda la región, institucionalmente hablando, con independencia de la persona que ocupe la presidencia.

Segunda cuestión, es evidentemente, bueno debía haber empezado porque es por orden cronológico, Honduras. Todo parece indicar que el partido liberal está destruido, está tremendamente debilitado y que va a aparecer una nueva fuerza política liderada ahora mismo por una intención de voto, si mis datos son buenos, de aproximadamente el 20%, que es


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la esposa de Manuel Zelaya. Bueno, esto en el país que mantiene el sistema de partidos más viejo, más constante de América Latina y esto no lo digo como que es algo virtuoso de este país porque es un sistema de partidos bastante deteriorado internamente, pero esto va a suponer un cambio de consecuencias bastante insólitas.

Y el último caso es El Salvador e igualmente la campaña electoral que Ustedes saben perfectamente, ya ha comenzado y tenemos la insólita situación, que podríamos denominar una situación “a la mexicana”. Es decir, la situación de tres candidaturas bastante parejas, digamos con una intención de voto que puede oscilar entre el 20% y el 30%, las que se irán consolidando a medida se acerquen las elecciones. Ésta es una situación que es la peor posible, en un escenario de segunda vuelta porque digamos, y esa es la diferencia con México, México no tiene segunda vuelta y probablemente este elemento sea el diferenciador y que introduzca un grado de mayor optimismo para el caso salvadoreño, en la medida en que las fuerzas contendientes deban establecer algún tipo de pacto.

En este sentido y como miembro del Consejo Asesor Externo de FUSADES y ya que estamos hablando de la política de este país, me atrevo a sugerir que un trabajo de la sociedad civil salvadoreña frente a estas elecciones, sería encontrar un acuerdo de mínimos en temas fundamentales y estratégicos para el país que los tres candidatos aceptaran. De tal manera que, luego ya la alianza de dos candidatos frente a uno para la segunda vuelta, sería cuestión más de matiz político, si se quiere de matiz más coyuntural, programático de cada uno o de las personalidades de los líderes como también de las sensibilidades de los partidos. Pero la posibilidad que la sociedad civil plantee a los candidatos un programa de mínimos fundamentales en la línea que señalaba Arturo Cruz para asegurar una viabilidad del país en el próximo quinquenio, creo que sería una de las tareas más interesantes que podríamos llevar a cabo entre todos.

Muchas gracias.


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Gracias por la invitación. Es mi segunda vez que estoy aquí en FUSADES y en El Salvador. Quiero agradecer la invitación y la hospitalidad del grupo de FUSADES y quiero agradecer también a nuestro colega Arturo Cruz por el trabajo que realizó, sobre el que quiero comentar algunos aspectos.

Dos puntos importantes y creativos de este trabajo y de la ponencia que me gustaría comentar es la virtud de enfocar en las relaciones entre Estado y sociedad de manera emergente y no simplemente en la esfera de las instituciones políticas propiamente dichas. Los desafíos de la consolidación democrática en Centroamérica van mucho más allá del propio diseño institucional. Lo que más me agrada del trabajo de Arturo Cruz es la recuperación del concepto de “mediación”, mediación entre Estado y sociedad. Es verdad que la mediación puede realizarse únicamente con mecanismos constitucionales o institucionales que es la especialización de Manuel Alcántara y de varios de nosotros, como elecciones, partidos y asambleas legislativas pero también hay otros recursos de mediación como medios de comunicación, sindicatos, asociaciones profesionales, movimientos sociales, iglesias,

ONGs entre muchos otros que no representan a la esfera de la sociedad política ni al Estado, sino que representan a la tercera esfera que no debemos olvidar que es la sociedad civil.

Hoy en día los mecanismos de representación son múltiples, si no innumerables; son una mezcla de lo viejo con lo nuevo y a veces con lo experimental, que es lo que vemos en los países que forman parte de la ALBA, por ejemplo. Como insisten varios autores citados en el texto de Arturo por ejemplo el propio Alfred Stepan, Philippe Schmitter, Andrew Arato, Leonardo Avritzer, entre otros.

Cuando los ciudadanos buscan su vida política o su democracia, su régimen político, lo hacen con respecto a la totalidad de los distintos mecanismos de representación y no sólo con respecto a las mediaciones más genéricas o más universalistas, como son los partidos y los parlamentos. Esto no quiere decir que todos los mecanismos de mediación tienen el mismo peso, porque claramente no es así. En una democracia, la única manera de constituir un gobierno, es a través de las elecciones. Sin embargo, considero que una evaluación más global de la mediación debe tomar en cuenta

Timothy PowerOxford University


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las diversas modalidades de mediación y esa es una virtud del trabajo de Arturo, lo que le permite hacer unas observaciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando plantea que en Nicaragua la mediación no es democrática pero es efectiva, mientras que en Costa Rica la mediación es todavía democrática pero es crecientemente inefectiva.

El segundo punto crucial del trabajo de Arturo es que la mediación política puede llevarse a cabo por personas y no por instituciones. No es la mediación que preferimos nosotros, pero es una forma que existe en nuestro mundo. Me recuerda un poco a los trabajos de mi profesor, el fallecido Profesor Politólogo Argentino Guillermo O’Donnell que fue colaborador de Abraham Lowenthal y de Laurence Whitehead, entre otros y con su concepto de la “democracia delegativa”, es una democracia no mediada por instituciones, sino por liderazgos, por líderes normalmente carismáticos y populistas. Ésta es una mediación sin rendición de cuentas. Quiero citar una frase de O’Donnell, que creo que es muy cercana al trabajo de Arturo: “la democracia delegativa es más democrática pero menos liberal que la democracia representativa”89. O’Donnell basó su modelo en experimentos del inicio de la década de los ’90 como por ejemplo el caso de Fernando Collor de Mello en Brasil, de Carlos Menen y Fujimori, quienes tuvieron sus tentativas de institucionalización. Sólo Fujimori tuvo cierto grado de éxito, mientras que los otros mencionados lo lograron. Pero O’Donnell no había contemplado la constitucionalización posterior de la democracia delegativa en algunos casos que conocemos, como los mencionados por Manuel Alcántara en sus comentarios, principalmente en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente, copiado en Bolivia y en Ecuador. Es básicamente una mezcla entre el modelo genérico sobre la democracia delegativa planteado por

89 O’Donnell, G. (1994), “Democracia delegativa”, artículo publicado originalmente como “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1: 55-69 1994 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, enero de 1994.

O’Donnell pero con el contenido especificado por el Profesor Alcántara, que es el llamado Socialismo del Siglo XXI y del que obtenemos este nuevo modelo.

En mi opinión, Venezuela es el primer caso de democracia delegativa que se observa en América Latina, o mejor dicho, intenta ocurrir a través de una transferencia carismática al estilo weberiano90 como fue el fenómeno mencionado por Manuel Alcántara sobre las elecciones del domingo pasado. Venezuela sería el primer caso si no contamos el caso de Argentina de los Kirchner, que fue otra transferencia matrimonial, pero no carismática.

Venezuela es un experimento interesante porque a partir de ahora, el Presidente Nicolás Maduro goza de toda la institucionalidad de una democracia delegativa pero no goza de la delegación; o sea, tiene la Constitución formada para preservar el modelo descrito por el Profesor Alcántara pero no tiene la transferencia carismática, porque seguramente para él, los resultados electorales del domingo fueron un fracaso.

Considero que la situación en Venezuela debe analizarse en un debate posterior, ya que tiene algunas implicaciones para el caso nicaragüense mencionado por Arturo en su trabajo, en el que hace referencia al modelo del partido oficial, del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega, el que Arturo denomina como “populismo responsable”. Creo más bien que es “populismo subsidiado”, y si el modelo establecido en Venezuela el domingo no funciona, a lo mejor disminuirá el subsidio y el definido como “populismo responsable”.

Muchas gracias.

90. El Profesor Timothy Power hace referencia al sociólogo alemán Max Weber y su definición de la “autoridad carismática”.


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Dos observaciones. Primero que todo, el Profesor Power tiene toda la razón. Me voy a enmendar y le voy a comenzar a llamar “populismo subsidiado”. Por eso es que yo siempre he insistido que si la cooperación venezolana o la tradicional desapareciese, la gran pregunta es entonces si puede tener un inmediato y un futuro, que ese es el trade off que él (Daniel Ortega) no ha tenido que enfrentar y por lo tanto le ha podido dar esperanza a la sociedad económica tradicional de que en Nicaragua hay futuro, porque pueden tener un ambiente macroeconómico estable y pueden invertir y crecer a estas tasas del 5% al menos en los últimos dos o tres años, al mismo tiempo que maneja la “inmediatez de sus clientes”, por ponerlo así.

En cuanto a lo que Usted decía, Profesor Alcántara, sobre la sociedad civil costarricense yo me siento muy a gusto con su comentario. Creo que la ciudadanía costarricense sigue teniendo emociones y sentimientos ejemplares, aunque debo decir lo siguiente. En ocasiones la

sociedad civil organizada costarricense me da la impresión de la sociedad civil de Gramsci91, creando condiciones de poder dual para dejarle a la sociedad política su capacidad de poder tomar decisiones con las potestades que tienen en una democracia representativa de no estar haciendo consultas de manera permanente. También creo que muchas veces la sociedad civil organizada en Costa Rica, aprovechándose de la debilidad de la sociedad política a grupos particulares, le ha sacado una serie de concesiones inaceptables, para la mayoría de ciudadanos que no están organizados. Entonces, la sociedad civil costarricense tiene muchas virtudes, pero también no podemos perder de vista que se ha vuelto, en algunos momentos, una sociedad civil que chantajea y que le arranca al Estado concesiones que fiscalmente después se vuelven muy difíciles de sostener.

91. El Profesor Arturo Cruz hace referencia al siguiente trabajo de Antonio Gramsci: Cuadernos Políticos, número 21, México, D.F., editorial Era, julio-septiembre de 1979.

Arturo CruzPrimera reacción


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Abraham LowenthalUniversity of Southern California

Mis primeras palabras son de agradecimiento a FUSADES por la organización de este evento y por la invitación a participar y de felicitaciones a Arturo Cruz por su excelente ensayo que está muy bien organizado y argumentado, y por su interesante presentación.

En términos generales, lo que Arturo deja muy claro en su exposición es que hace 25 años era muy común que invitados de los países que se auto consideraban exitosos en todo sentidos como por ejemplo, Estados Unidos, los países de Europa, Japón, etc., venían a países como El Salvador y otros, para decir básicamente que con la democracia representativa y con el sistema de economía basado en el mercado se resuelve todo, y que vamos en el camino correcto cuando hay democracia, elecciones libres y regulares, y cuando hay un sistema de economía de mercado.

Lo que señala el trabajo de Arturo, claramente, es que en Centroamérica no ha sucedido así. Sí hay elecciones regulares, más o menos justas y libres, más en algunos casos, menos en otros, pero en ningún país está funcionando la democracia con mucho éxito y la economía de

mercado tampoco ha rendido los frutos que se esperaba. Lo fascinante del ensayo de Arturo Cruz es como él muestra que en Nicaragua donde hay elecciones regulares, algunas justas y algunas no, así como el hecho que en Nicaragua donde el sistema político es “personalista”, sin instituciones, sin checks and balances, etc., y que la economía es un cronic capitalism del viejo tipo, él muestra que el país está siendo más o menos manejado y que algunos otros países que están un poco más ajustados al modelo no están funcionando tan bien.

Entonces creo que lo que él ha planteado sobre Centroamérica es muy convincente, deprimente y nos hace reflexionar. Entonces, que ahora mis demás colegas y yo que venimos del exterior queramos aportar ideas sobre la situación de Centroamérica, después de la brillante exposición de Arturo Cruz, me parece que es “llover sobre mojado”, ya que él nos ha compartido todo lo que necesitamos saber sobre la región. Ahora bien, sí tiene sentido invitar a gente de otros países, de Europa, de Estados Unidos, etc., para tener una perspectiva desde el exterior.


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El Profesor Cruz nos ha comentado que la democracia no está funcionando bien y que el sistema de mercado no está rindiendo de la manera esperada. Ahora bien, pensemos en diferentes países, pensemos en Italia, España o Grecia, Japón, Sudáfrica, pensemos en Argentina y porque no decirlo en voz alta, pensemos en Estados Unidos y preguntémonos, ¿dónde está funcionando bien la democracia? ¿dónde está funcionando bien el mercado?.

Acabo de leer un artículo escrito por Nathan Gardels, quien es gran amigo mío, en el que etiquetó el caso de Estados Unidos como una “Diet-coke culture of consumer democracy”92. Él plantea que la situación que se está dando en Estados Unidos ha llegado al punto en que lo que se busca es “sweetness without calories, growth without investments, debt without costs and immediate gratification without thinking about the long term”, reflexiones que son muy ciertas y a la vez preocupantes.

Creo que una recomendación interesante que hago a Arturo Cruz, tras haber escrito este excelente y detallado trabajo, sería hacer una pausa y reflexionar, leer un poco, tomar distancia y pensar ¿cuál es la relación entre lo que tú dices, los antecedentes nacionales y regionales de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica y lo que está pasando en todo el mundo? ¿cómo están relacionados?.

Si me permiten una última observación, el otro elemento que me fascina del trabajo escrito del Profesor Cruz son las dos referencias que hace a mi país, a los Estados Unidos, en las que él habla del “gran ausente”, él habla del país que se consideraba “the indispensable nation” pero que no está presente. Aunque Arturo no cita las cifras, durante esta visita a El Salvador alguien me comentaba que la presencia del sector público norteamericano en la economía de El

92. El Profesor Lowenthal hace referencia al siguiente artículo escrito por Nathan Gardels: “Italian Elections: A Test of Democracy” publicado en The BLOG: The Huffington Post U.S. Edition el 22 de enero de 2013.

Salvador y en las economías de otros países de la región es mínima, frente a la participación venezolana en la región, lo que es un verdadero cambio.

He estado pensado en el papel de los Estados Unidos en la región en un período en el que se han dado tantos cambios, tanto en el contexto internacional como lo señala el Profesor Alcántara en relación a China, obviamente el fin de la Guerra Fría, etc. así como en Centroamérica, América del Sur, México y el Caribe, cambios que no han sido por el bien de Estados Unidos o Norteamérica en general. Todas las premisas de la política norteamericana frente a la región, han sido descartadas una tras otra. Estamos en el año 2013 y es evidente que los hermanos Castro están en las etapas finales de su papel histórico, el Señor Hugo Chávez ya murió y las elecciones recientes indican lo que ya era evidente desde hace cinco años, que el Chavismo está en declive. Entonces, ¿cuál es la importancia de la región para Estados Unidos, después de la Guerra Fría, después del fin del experimento cubano y del experimento de Chávez?, y ¿cuál es la importancia de Estados Unidos para esta región? Lo que es evidente es que aunque la presencia del sector público norteamericano en la región es aparentemente mínima, la importancia de Estados Unidos para esta región es más grande que nunca, y la importancia de esta región para Estados Unidos es más grande que nunca, en términos demográficos, comerciales, de intercambio de todo tipo y de problemas compartidos.

Con relación a este punto, le dejo un reto a FUSADES y a otras entidades de la región. Creo que sería muy oportuno, tratar de fomentar y diseñar intercambios de ideas entre la región y los Estados Unidos. El Inter-american Dialogue, institución donde Peter Hakim tiene tanta experiencia, es una de las entidades que podría ayudar mucho en este sentido y así discutir en términos de largo plazo la siguiente reflexión: ¿cómo se puede cambiar la relación entre un Estados Unidos que va a ser cada vez más


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modesto y humilde frente a sus problemas y los países de esta región, que al fin y al cabo, siempre van a tener un fuerte vínculo con esta nación norteamericana? ¿cómo se puede diseñar estrategias para resolver problemas comunes, buscar oportunidades recíprocas y complementarias para salir del ciclo de crisis

recurrentes que hemos tenido en las últimas décadas y ver un futuro más prometedor? Ojalá que FUSADES tome la iniciativa de pensar en esta relación.

Muchas gracias.


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Para empezar, me gustó mucho la ponencia tan rica del Profesor Cruz ya que nos ayuda a entender, tanto las diferencias de los países de América Central, la relación entre estos casos y la teoría comparativa, así como también ofrece algunas ideas muy prometedoras para pensar en las tendencias hacia el futuro.

Quiero empezar sin embargo, siguiendo una de las cosas mencionadas por el Profesor Lowenthal. Acabo de pasar un mes en Italia. Si estamos pensando en democracias consolidadas, en el caso de Italia, todas las instituciones están ahí y el presidente Berlusconi juega su juego de acuerdo con una lógica totalmente personalista y sin respeto de las instituciones. La oposición de izquierda, es el expartido comunista que ha perdido su visión ideológica pero sigue con su aparato de control y su estilo y técnicas de partido militante. Ustedes tal vez pueden identificar algunos paralelos más cercanos y que en consecuencia, el partido comunista se envejece, no puede atraer a los jóvenes, no utiliza por ejemplo las técnicas de comunicación masiva, no ofrece espacios para la movilidad social y para la renovación, tanto material como ideológica, sino que están defendiendo su pasado, las creencias y los intereses de su

época. La consecuencia en Italia fue que el 25% de todos los electores, sobre todo los jóvenes, que no querían apoyar la corrupción de la derecha y no querían estar controlados por el aparato ideológico de la izquierda, votó por Beppe Grillo que a pesar de sus características personales, votó sobre todo por un rechazo de todas las reglas del juego prevalecientes en Italia; era como un rechazo frontal a la consolidación democrática en este país.

Cito en detalle el caso de Italia porque es muy fresco como también el de Venezuela, aunque no es excepcional. Lo que vemos pasando en Grecia, en Portugal, etc. indica que no sólo en América Central, sino también en términos mucho más comparativos, hay que cuestionar los presupuestos de la consolidación irrevocable de los regímenes democráticos. Parece que los regímenes democráticos tienen que buscar nuevas fuentes de inspiración, nuevas maneras de orientarse para atraer nuevas generaciones, o si no, van a entrar en decadencia y a la larga, no van a lograr consolidarse.

La ponencia de Arturo Cruz, habla un poco del caso costarricense que a mi manera de ver es el caso más parecido dentro de este enfoque.

Laurence WhiteheadOxford University


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Hay tradiciones institucionales. Si definimos un régimen democrático como un régimen donde hay una estructura de reglas del juego y todos los actores relevantes están jugando según estas reglas, vemos que eso ha existido y ha funcionado más o menos bien por 50 años en Costa Rica. Es un ejemplo, incluso en la zona centroamericana que no era la zona más favorecida para la democracia, ya que los costarricenses lograron defender este sistema y ofrecer un modelo. Pero como menciona el Profesor Cruz en su ponencia, este modelo ya no tiene la capacidad de inspirar a la nueva generación. Está también el factor de la corrupción y el desprecio de las élites políticas hacia sus electores, situación que se da en la sociedad costarricense que tiene un estándar de vida mucho mejor en relación a los demás países de la región y una sociedad civil mucho más avanzada. Así que ni el nivel de ingreso per cápita, ni la existencia de una tradición fuerte de instituciones aceptada por todos, ni la de una sociedad civil basta para garantizar, incluso en el caso de Costa Rica, que este modelo funciona de la mejor manera.

Uno de los motivos, que Arturo Cruz menciona es que la capacidad impositiva es baja y hay una desconexión entre los recursos disponibles para el gasto político y las expectativas legítimas de los ciudadanos. Si eso existe en Costa Rica, es evidente que en los otros países de América Central, va a ser muy difícil satisfacer todas las condiciones mínimas para construir una democracia totalmente legítima, consolidada que va a durar; no es imposible pero se requiere pensar más en lo que hay que hacer para avanzar. Es más probable que un modelo un poco menos exigente sea más factible. Habría que adaptarse un poco más a las realidades de cada país y buscar la manera de, por lo menos, evitar los peores errores. Yo diría que una de las cosas más importantes sería buscar

la manera de movilizar las energías políticas y sociales de los jóvenes, de los no organizados, de las mujeres, de los sectores que no se sienten identificados y eso tiene que ver con otro concepto que aparece en la ponencia de Arturo Cruz y que vale la pena pensar un poco más que es, ciudadanía por un lado y clientelismo por el otro.

Yo diría que el clientelismo no es totalmente contrario a la ciudadanía. Los ciudadanos tienen derecho a buscar beneficios materiales como parte de su participación política; el estado de bienestar en Europa se basa en eso. La diferencia sería un clientelismo en el cual el individuo se sienta objeto y no sujeto de la política pública, es decir, no tiene derecho a más que recibir su beneficio y ofrecer su apoyo incondicional. Eso sería lo malo del clientelismo y eso se puede encontrar fuera de América Central, fuera de América Latina y en todos los países de América Central por razones obvias, habrá mucha gente pobre y marginada que va a decir “bueno, por lo menos algo en este momento es lo único que espero del sistema político”. El problema entonces es cómo visualizar una evolución de ser objeto a ser sujeto y eso requiere la ampliación de oportunidades para la participación, requiere dignidad y respeto de las diferentes opiniones, incluso si éstas no son muy sofisticadas. Hemos visto en Venezuela, por ejemplo, muchos chavistas con opiniones que a la gente educada no le parecen muy inteligentes y no muy bien informadas pero son, en cierto sentido, un reflejo de sus creencias, de sus tradiciones y de su deseo de participar en la política. Podemos por supuesto, criticar excesos y errores en eso pero hay que reconocer el aspecto positivo que implica la generalización del sujeto que puede participar y que piensa que tiene por primera vez, posiblemente, un espacio.


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Con respecto al tema de cómo consolidar la ciudadanía, yo diría que en sociedades no es sólo el hecho de que puede haber fuentes impositivas inadecuadas, es más que eso, son sociedades donde tradicionalmente había una capa minoritaria que no sólo tenía derechos ciudadanos, sino que tenía privilegios excesivos y no tenía ninguna obligación de pagar los costos de la ciudadanía. Asimismo, había grandes masas por un lado para quienes la ciudadanía era una promesa totalmente ilusoria. Entre estos dos grupos había otra capa, que sería la clase media, que se vio fortalecida mediante la democratización y que piensa que ahora hay más libertad y más posibilidades como en los años ‘60 y ‘70, pero que sigue siendo una clase muy insegura que no puede decir “tenemos todo arreglado, hay un régimen consolidado, tengo mis derechos, me puedo quedar en casa”. Por el contrario, van a sentir que si no participan activamente, si no luchan por su reconocimiento con la inestabilidad política y económica que viven, pueden perder los espacios que han podido abrirse dentro de la sociedad. Entonces, yo creo más bien que pensando dónde enfatizar el análisis para el desarrollo futuro, no habría que pensar únicamente en los beneficios materiales, porque bien puede no ser posible distribuir mucho en términos de ingresos.

El caso nicaragüense me parece, en el análisis de Arturo Cruz, muy interesante en ese sentido. Es el país más pobre, funciona en parte por este mecanismo que Arturo explica de rentista, pero también funciona porque han disminuido tanto las expectativas de los ciudadanos mientras que

en Costa Rica siguen con expectativas excesivas de lo que ofrece el sistema. La fuerza pueda ser que no dure, pero la ventaja relativa de Nicaragua es que con todos los desastres que hay ahí, están sintiendo que es mejor que antes y que hay un poco de espacio y yo sospecho que no es exclusivamente un tema material sino también, ese tipo de clientelismo no es del todo negativo, porque hay espacio para ser sujeto. Para citar un ejemplo, que tal vez habría que enfatizar, no para alabar a los nicaragüenses sino para buscar lecciones que pueden ser pertinentes para otros países, probablemente la policía funciona un poco mejor que en el resto de países de la región, hay más seguridad ciudadana o por lo menos, menos terror de falta de protección por parte de las autoridades, en parte por todo el legado de su lucha.

Entonces, no estoy diciendo que eso es suficiente, claro que hay que criticar y hay que fortalecer esta tendencia pero en otros países de América Central lo que estamos viendo es un Estado que no ofrece la protección mínima para la vida, para la seguridad física de una proporción importante, tal vez incluso mayoritaria de los ciudadanos y me parece que no hay que subestimar la importancia de eso como fuente de desestabilización y como base legítima para decir que la democracia en la práctica no está haciendo lo que debe de hacer por mí.

Muchas gracias.


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Arturo CruzSegunda intervención

Muy agradecido por los comentarios de los Profesores Lowenthal y Whitehead. En la introducción, pensando en el tema italiano y en el tema de los Estados Unidos, traté de hacer lo que yo he llamado un prototipo de sociedad que más o menos incorpora no solamente a los países en desarrollo sino países inclusive desarrollados porque creo que la gobernanza democrática en el Siglo XXI es mucho más difícil que nunca porque lo escaso se ha vuelto más escaso, los niveles de endeudamiento para posponer decisiones difíciles en muchos países ya llegaron a su punto de saturación, entonces la sociedad política no se puede endeudar más para posponer decisiones. Además de eso, la densidad de organizaciones es muy alta y cada uno puede defender su interés concreto con mucha efectividad y todos somos iguales, porque antes la desigualdad era más aceptable, ahora hay un sentido de militancia que todos somos iguales y por lo tanto a la hora de distribuir aquello que es escaso, la primera pregunta que la sociedad se hace es “¿es justa la distribución?”. Cuando nadie se pregunta si es justa la distribución, es muy fácil distribuir.

El gran problema es que en el Siglo XXI estamos muy organizados, creemos que somos iguales, todo el mundo está cuestionando si la distribución tiene ese sentido de justicia y a la vez, con economías que por algún motivo no terminan de reanimarse en el mundo entero, a menos que seas la autocracia china, donde los ciudadanos todavía no tienen “entitlements“ por eso los números fiscales de China son tan sólidos. Pero tener números fiscales sólidos con “entitlements” es sumamente difícil. Entonces yo veo que la gobernanza democrática en su conjunto, como Italia, como el caso mismo de los Estados Unidos, tiene dificultades muy grandes en el Siglo XXI por estos elementos que acabo de mencionar, ahora no digamos en sociedades como las nuestras.

Como decía el Profesor Lowenthal, aquí venían básicamente a decirnos de que si tenemos una democracia representativa, cerramos la brecha política de Huntington, conformamos instituciones y ponemos a los partidos políticos en una democracia liberal a mediar entre Estado y sociedad, ya nos desarrollábamos. Y yo, obviamente he estado


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cada día volviéndome más escéptico con el gran temor de que independientemente de quién elijamos en Centroamérica al menos, y no resolvamos, que lo aquí van a empezar a clamar en algún momento es por la figura redentora, que fue lo que ocurrió en Venezuela. La sociedad política venezolana, tradicional, del “Pacto de Punto Fijo”, que yo creo que fue un arreglo muy inteligente y tenía partidos de una fortaleza como los copellanos y los adeco, en un momento dado se agotó ante la ciudadanía y, ¿cuál fue la oferta que le hizo Chávez a la sociedad venezolana? “yo voy a repartir con mayor efectividad y mayor justicia la parte de la renta que no te ha tocado a vos” y ahí está el famoso silogismo de Moisés Naím que me parece muy aplicable al caso de Venezuela.

Ahora bien, es cierto que en el caso de Venezuela ocurrió algo muy peculiar y es que a la democracia liberal le tocó ingresos petroleros de diez mil millones de dólares y al Chavismo le tocó un piso de treinta mil millones y un techo

de cincuenta mil millones de dólares, entonces no es lo mismo mediar con diez mil que mediar con treinta o cincuenta mil millones. Además de eso, está ese problema de que en un momento dado la sociedad política se agota.

¿Cuál es el temor que yo tengo para este país? Sinceramente, quiero volver a insistir que si en cinco años este país de alguna manera no da esperanza, aquí te surge un mesiánico. Ahora, si va a ser un mesiánico de derecha o de izquierda ese es otro tema, porque el único mesiánico no es solamente el que ha sido Chávez, Uribe fue un mesiánico en Colombia, no nos enredemos, lo que pasa es que es el mesiánico que nos gusta a muchos de nosotros, pero la sociedad política se agotó totalmente en Colombia también. Entonces, el problema es que también le temo a que cuando la sociedad política se devalúa, es que surgen estas fuerzas. Tal vez soy demasiado conservador en ese sentido, pero estoy muy agradecido con esos dos comentarios.


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Peter HakimInter-american Dialogue

Quiero agradecer mucho a FUSADES, a su Presidente y directores. Es un honor tener un grupo así y una audiencia de esta calidad. La primera cosa que diré es que realmente deben de leer el trabajo de Arturo, porque el trabajo es brillante, integrando la política económica, histórica, datos de encuestas y en pocas páginas, es interesante. Aunque a mí me gustó mucho el trabajo, no estoy de acuerdo con el trabajo y eso es un poco diferente. A mí me gustó el análisis, pero no me gustó el marco teórico ni las conclusiones, pero el análisis es brillante.

Yo discrepo en el sentido que creo que hay más fluidez en el mundo que él permite. A veces se muestra propio pero parece que cree que el mañana va a ser igual al presente y probablemente está en lo correcto en la mayoría de casos, pero va a impedir todo lo importante. Aunque mañana pudiera ser igual que el presente, en un porcentaje es diferente y es que también cambian las cosas importantes y se pierde y yo creo que hay como yo decía más fluidez y decir que con la misma receta, se puede hacer una torta completamente distinta. Puede ser peor o mejor, pero la misma receta no va a dar siempre el mismo resultado.

Lo que yo creo que necesita más énfasis es el seno nicaragüense. No sé por qué no veo más énfasis y el liderazgo de los países. En ese sentido, no es la capacidad del líder o su ideología, son su inteligencia y su ética las que se ponen a prueba. Pasando a Nicaragua, yo habría usado la palabra “manipulación” cuando hablo de Nicaragua. Yo confirmo un poco la manipulación cuando Arturo menciona que el pueblo nicaragüense espera poco y yo me pregunto ¿cómo ha hecho? y es un poco el resultado del líder, quien era, yo diría, un político muy ágil, uno de los más ágiles que he visto. Arturo Cruz lo describe un poco pero no da la importancia que esto tiene.

Cuando compara por ejemplo con Honduras, que tenía todas las características y tiene razón de tener un presidente Chavista, como dicta el ensayo, se han dado los criterios y las precondiciones y llegó un presidente Chavista, Manuel Zelaya. Pero era un presidente medio incompetente. Imagínense que en Honduras hubiera habido un Daniel Ortega en vez de Manuel Zelaya, imagínense si hubiera habido un Rafael Correa en vez de Zelaya; el resultado, me imagino pudiera ser distinto. Incluso Arturo Cruz mencionó, cómo Nicaragua tenía la peor


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economía durante la época de 1975 hasta el año 2000, más o menos, la peor en toda América Latina. ¿Cuántos saben qué economía era la segunda peor? Era Venezuela. Venezuela siendo una isla flotando en un lago de petróleo, en un mar de petróleo, su economía fracasó totalmente. Como resultado entonces hay algo predecible, pero hay un Chávez distinto que Maduro y distinto que Zelaya.

En Guatemala no se ve en su marco teórico, no se da una batalla por algo escaso. En Guatemala ha existido una responsabilidad total de gobierno tras gobierno, o por lo menos se pudiera analizar así. En Guatemala, no había gobierno fuera de la ciudad principal, cuando los empresarios pagan tan pocos impuestos y pelean, entonces no puede ser simplemente una batalla por lo escaso. Es una batalla de un elefante contra una mosca; eso es anti ético, eso es más que simplemente el contexto.

Sobre El Salvador no voy a comentar; para mí es el gran misterio, para muchos lo es. Yo creo que se tiene que analizar cómo fue posible que teniendo una gran clase empresarial tan innovadora, que fue una de las primeras en tener relaciones comerciales con China y recibiendo la inmensa cantidad de remesas que venían de los Estados Unidos, El Salvador no logró darle mayor dinamismo a su economía. Costa Rica para mi más que estudiarlo, es analizar si se dio una falla política, al tener un presidente que no realizó una buena gestión

presidencial ya que tal vez no era la persona más recomendable, parecía calificado pero no lo estaba, terminando con un pésimo resultado en las encuestas, lo que no es, necesariamente, una falla del sistema.

Un aspecto que no se menciona en el trabajo es el tema de la integración centroamericana, sino que se refiere a la región país por país, a lo que yo estoy acostumbrado, pero en Washington se habla siempre de América Central y yo creo que se tiene que explorar el por qué, así como también plantearse la pregunta si la falta de los Estados Unidos es inevitable o no. Esa es una pregunta que Abraham Lowenthal también planteaba y yo no sé la respuesta. Yo me inclino a decir que es inevitable; que el gobierno de Estados Unidos ya se fue, aunque puedo estar equivocado. Pero el Profesor Lowenthal tenía razón cuando habla de China como predominante, cuando habla de la ayuda que viene de Venezuela. ¿Cuántos vuelos directos hay de El Salvador a Venezuela? ¿Cuántos vuelos directos hay de El Salvador a China? Yo me imagino que muy pocos. Esa es la influencia de los Estados Unidos que un quinto de la población de Washington D.C. ya es salvadoreña, un tercio de los niños en los colegios en Washington D.C. son salvadoreños. Por esta realidad, no me pueden decir a mí que la importancia de China o de Venezuela es más que la de los Estados Unidos en este momento.

Déjenme quedarme hasta acá, muchas gracias.


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Arturo CruzTercera intervención

Primero que todo, estoy totalmente de acuerdo en el sentido del liderazgo que no lo destaqué. Lo destaco en un pie de página pero la razón por la que no lo hice, es en cierta forma porque es un tema hiper sensible y no quiero, como se me ha dicho en otras ocasiones, que yo soy el apologista de las dictaduras, porque no lo soy. Ahora, objetivamente hablando, Ortega en un momento dado se quedó sin fichas con qué jugar porque siempre lo han presentado como si tuviera todas las fichas en sus manos. En un momento dado estaba en la llanura con su base electoral y demostró una impresionante capacidad para conservarla. Ahora bien, yo entiendo ese punto y tal vez no lo he destacado lo suficiente aunque lo destaqué en un artículo con Forrest Colburn para el Journal of Democracy donde hablé bastante de eso93.

93. El Profesor Arturo Cruz hace referencia al ensayo “Personalism and Populism in Nicaragua” publicado en el Journal of Democracy Volume 23, No. 2 en abril de 2012.

En cuanto a lo de Guatemala, Peter como tú sabes, el fetichismo de los académicos con sus marcos teóricos es enorme. Lo que sin embargo planteé en el ensayo es que es una sociedad, como tú bien dices, que funciona para los organizados en la ciudad, la cañada en el altiplano no importa. Entonces, con una base tributaria insuficiente, si tú la distribuís entre el 22% que vive en la Ciudad de Guatemala y los otros urbanos, entonces sí puedes mediar entre Estado y sociedad. Pero sí coincido plenamente contigo.

En el tema de la integración tienes toda la razón. No lo toco porque nunca he creído en la integración. Cuando nosotros negociamos CAFTA se dio una enorme paradoja: el que jugaba más limpio era el americano (Estados Unidos), no los centroamericanos y aprendí una gran lección en esa negociación y es que yo tenía que comparar a los americanos con mis vecinos. Entonces aunque no crea en la integración, debería destacarla en mi ensayo.


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Muchas gracias a FUSADES por esta invitación y por esta oportunidad y felicito, como lo han hecho mis colegas que han hablado con anterioridad, a Arturo Cruz por este excelente trabajo.

Yendo a lo que vinimos, a lo de Centroamérica, primero, decía el querido Guillermo O’Donnell, tan citado, a mí me gusta su frase de tres palabras, “la realidad obliga”, me gusta cuando uno puede decir mucho con tan pocas palabras y la realidad nos obliga, más que nunca, a afinar nuestro diagnóstico y nuestra mirada.Tratar de entender la realidad con gafas y con paradigmas de hace 25 ó 30 años, creo que es un desperdicio de tiempo. La mayoría de los que estamos sentados acá estamos con anteojos, usar anteojos con una graduación grado uno, cuando necesitamos para leer una de tres, realmente nos ayuda muy poco, nos da la pretensión de qué estamos entendiendo cuando en realidad estamos más confundidos que nunca. Eso me parece que es un punto de partida importante.

Segundo, a mí siempre me gustó el mito de la caverna de Platón, porque marca claramente

como uno a veces cree que lo que está viendo son los objetos reales cuando lo que está viendo es la sombra de esos objetos, y creo también que en el análisis tendríamos que afinar este diagnóstico.

Tercero, en relación al contexto, coincido plenamente con el Profesor Lowenthal. No vivimos una época de cambio, vivimos un cambio de época, no podemos hacer análisis y desconocer lo que está pasando. Niall Ferguson un gran historiador inglés acaba de publicar un fantástico libro “Civilización” se los recomiendo, donde señala que precisamente estamos concluyendo la etapa de los 500 años de dominación de occidente: “en 1913 hace tan solo 100 años”, cito a Ferguson, “Estados Unidos y Europa Occidental, en su concepción reducida, controlaban tres quintas partes de la población, 80% del territorio mundial y prácticamente más del 70% de todo el output que se producía en esa época, hoy la emergencia del Sur, como acaba de testimoniarlo el reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, implica que vivimos en un mundo completamente diferente. Si no tomamos nota de ese tema, de la profundidad del cambio de

Daniel ZovattoInternational IDEA


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lo que ello implica, creo que nuestro análisis no va a dar debida cuenta del desafío que tenemos por delante”94.

América Latina, coincido con el Profesor Alcántara, no existe, tenemos que tomar nota de la heterogeneidad brutal que existe en la región cuando queremos atraparla en un concepto. Me parecería bueno si analizáramos a América Latina en ocho dimensiones, que tampoco podemos hablar sin dar cuenta de la heterogeneidad estructural cuando hablamos de Centroamérica. Si la medimos por el tema del índice de democracia de The Economist y el de Freedom House; si lo medimos en términos de apoyo y satisfacción de democracia, de participación electoral; si lo medimos desde el punto de vista de la calidad de esas elecciones, si lo medimos desde el punto de vista del tema de la presencia y la participación de las mujeres en la política, que para una sociedad verdaderamente democrática es un tema que tenemos que incorporar, no podemos seguir hablando de una sociedad en la que únicamente ve el 50% de hombres y tiene invisibilidad respecto del papel protagónico que la mujer tiene que tener, si queremos tener una sociedad democrática.

Por cierto, cuando el Profesor Lowenthal se preguntaba dónde está funcionando la democracia, en muy pocos lugares pero yo le citaría por ejemplo Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, entre otros países chiquitos escondidos en ese extremo norte, son los que constantemente en todos los índices que revisemos, están en los primeros lugares.

Es decir, estamos viendo que éste es un momento donde los grandes países están dominando la escena geopolítica pero es un momento donde los pequeños países son los que están calificando siempre en los mejores

94. Ferguson, N. “Civilization: The West and the Rest” publicado en 2011.

índices. Si lo viéramos desde el punto de vista, incluso de la heterogeneidad económica, el Banco Mundial acaba de publicar las cifras de cómo va a crecer la región, y pasa desde el 9% de Panamá al 1.8% en El Salvador. El Salvador sigue de nuevo en la peor situación de toda la región. También si lo miráramos desde el punto de vista del Índice del Desarrollo Humano, como una sugerencia respetuosa, me parece que tu trabajo se enriquecería mucho si le dieras este contexto; me parece que es importante incluirle estos indicadores para ver, cuando estamos hablando de Centroamérica, este grado de heterogeneidad. De igual manera, creo que ganarías si también hicieras un balance entre lo económico y lo institucional.

Próximo comentario, creo que hay que fortalecer más el tema del Estado. Si Centroamérica en su mayoría está pasando por las crisis que está pasando, es porque no tiene un Estado eficaz, es más, muchos países no tienen Estado y aquí entramos inmediatamente en un debate. Por eso es bueno citar a (Francis) Fukuyama95, porque prácticamente terminó diciendo que el elemento fundamental para garantizar gobernabilidad y democracia es el Estado; claro, después tenemos que hablar de qué tipo de Estado. Cuando hablamos de Estado, no podemos hablar de Estado sin fiscalidad. Acá nos tenemos que poner de acuerdo, si queremos un BMW tenemos que pagar el mantenimiento de un BMW, el cual cuesta mucho más caro que el mantenimiento de un TOYOTA. ¿Qué tipo de interés queremos? No podemos tener un estado de bienestar social pagando 12% o 13% de impuestos respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y esa discusión se ha esquivado permanentemente en América Latina y en Centroamérica. En el tema de la fiscalidad, siempre se ha dicho que no podemos pagar más impuestos porque

95. El Profesor Francis Fukuyama forma parte del Consejo Asesor Externo del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES.


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perdemos competitividad, mentira. Vuelvo a citar a los países nórdicos, que son los países donde más se pagan impuestos y son los más competitivos. Segundo, es cierto que no podemos pagar más impuestos porque hay corrupción, opacidad y falta de transparencia pero entonces busquemos formas innovadoras para que los niveles de corrupción no sirvan de excusa para no pagar impuestos.

Tercero, decimos que queremos educación de calidad, ¿con estos presupuestos? Decimos, “¿queremos una sociedad que pueda competir en la sociedad global del conocimiento, invirtiendo el 0.3% del PIB en investigación y desarrollo? ¿Queremos ser una sociedad competitiva en términos económicos, reprimarizando economías y únicamente exportando materias primas? Tenemos que tener un nivel de coherencia y escapar de la esquizofrenia que nos afecta. Lo que no podemos es decir, queremos todo esto y no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. En esto es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo; no vamos a poder además hacer todo esto, y coincido plenamente con el Profesor Alcántara, si no tenemos partidos políticos debidamente institucionalizados y modernos.

De acuerdo al nivel de política que tenemos será el nivel de políticas públicas que obtendremos. Si tenemos malos partidos políticos, funcionarios deficientes y baja fiscalidad, ¿cómo podemos pretender que saquemos de la galera un conejo gordo, blanco y con largas orejas?, es imposible, es un wishful thinking. Entonces, hay que buscar los niveles de coherencia. A los latinoamericanos nos gustan los shortcuts, o sea, ¿cómo podemos seguir comiendo, no hacer ejercicio y bajar de peso?, si nos dicen “cómprese una pastillita de esas que están en la televisión permanentemente, y usted sin hacer ejercicio, va a perder peso” es mentira. El camino del desarrollo y la democracia implica un esfuerzo; hay que dotarse de las instituciones, pero también hay que dotarse de la calidad de los

liderazgos. Muchas veces no tenemos la calidad de liderazgos, no solamente en el terreno político, no seamos injustos, muchas veces no tenemos la calidad de liderazgo suficiente en los empresarios.

Daniel Ortega está en Nicaragua porque ha habido convivencia entre otros, del expresidente Arnoldo Alemán que le bajó el techo con un balotage. De verdad, al 50%, Daniel Ortega no hubiera llegado nunca, como no le alcanzaba el 40% y como había llegado al 38% se lo bajaron al 35%, y por si las dudas dijeron pero también puede ganar si tiene una diferencia del 5% respecto al segundo. ¿Es culpable únicamente Daniel Ortega? No, y en este momento muchos empresarios están diciendo, lo que se decía con el expresidente Anastasio Somoza, “yo no me meto en política mientras hago mi business”. Esa lectura corto placista es la que está generando las consecuencias de mediano y largo plazo; es como el colesterol, no te mata hoy pero en el mediano y largo plazo te termina matando.

Entonces el tema fundamental es cómo comenzamos a hablar de una manera diferente, y creo que Centroamérica está en un momento de coyuntura fundamental por varias razones. Número uno, ahora se cumplen 26 años de los Acuerdos de Esquipulas, es un buen período de tiempo para tomarle el pulso a la región. No solamente para verlo en retrospectiva, sino para ver dónde queremos estar dentro de 20 años, porque si vamos a demorar 80 años en este país para duplicar un Producto Interno Bruto, claramente ese no es el camino del desarrollo que se quiere. Con ese mecanismo van a seguir exportando gente de manera indefinida, porque la gente se va, no sabe la estadística del INCAE, pero tiene el olfato, la intuición de decir esto no va por ningún lado, por eso la gente se va. Ese es un tema importante, para analizarlo de una manera diferente.

Ahora, ¿por qué no funcionó lo que decía Arturo, que le vendieron la receta de que si se tiene


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democracia representativa y se juntan varios factores te va a hacer la magia? porque lo que se hizo fue, y por eso cito el mito de la caverna de Platón, una aproximación a la democracia sin entrar a los temas fundamentales de democratizar la sociedad. ¿Y cuál es el elemento fundamental de democratizar la sociedad? Vuelvo a lo mismo, impuesto y fiscalidad. Thomas Hobbes96 nos decía que los ciudadanos estuvieron dispuestos a renunciar a su libertad, por conseguir seguridad, pero después había que dotarse de un cierto bienestar, para eso tenía que haber cierta fiscalidad. Miren lo que pasa con los países de América latina y los países de la OCD que se ve que siempre eran los que miramos y decimos “en esos niveles quisiéramos estar”. El coeficiente Gini que mide desigualdad, indica que el promedio de América Latina es de 0.51-0.52%, contra los países de la OCD está entre el 0.47-0.48% antes de impuestos, después de impuestos, los países de la OCD bajan al 0.31-0.32%, o sea los impuestos cumplen un papel importante de redistribución y de búsqueda de una sociedad más igual, con mayor nivel de cohesión social. ¿Qué pasa en América Latina en general después de impuestos? Exactamente lo mismo, porque cada vez que se presenta una reforma fiscal, se acepta, siempre y cuando sean impuestos indirectos, no impuestos a las ganancias, ni impuestos al patrimonio, y en un país muy cercano con una democracia muy consolidada, el ministro de Hacienda que lideraba la reforma fiscal no pagaba impuestos, ni su esposa. Entonces ese es un desafío que yo pienso que tenemos.

96. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés del Siglo XVII quien influyó grandemente en el desarrollo de la filosofía política occidental y es reconocido como el teórico del absolutismo político.

En el tema de integración, yo creo que hay un tema central respecto del cual América del Sur frente a América Central vemos cambios significativos. Ahora quiero cerrar con esto, en América del Sur, de las nueve elecciones presidenciales que ha habido en los últimos años en siete ganó la continuidad, vía reelección de presidentes o reelección de partidos, solamente hubo dos excepciones donde hubo alternancia, quiere decir que los presidentes con billeteras grandes producto de los altos precios de los comodities están logrando reinsertarse, reelegirse.

En Centroamérica de las seis elecciones que hubo en el mismo período, en cuatro hubo alternancia en dos solamente hubo continuidad, en Nicaragua y en Costa Rica, y en las tres venideras, en dos es probable que vuelva a haber alternancia y que en una halla continuidad, que sería Costa Rica. Creo que es un buen momento para ver en Centroamérica lo que está pasando en Suramérica y ver cuáles son las correcciones que se le pueden hacer a la democracia sin ir por la ruta que va a llevar a hiperpresidencialismos, reelecciones consecutivas, reelecciones indefinidas y el intento de concentrar todos los poderes que es quizás el mayor desafío.

Me parece muy significativo que no busquemos el viejo autoritarismo, si no el autoritarismo que se va adaptando a las circunstancias y en eso creo que Centroamérica debe estar alerta. Creo que seguir manejando estas sociedades durante los próximos 20 años como se ha venido haciendo, será insostenible porque es una democracia electoral que ya está dando problemas en algunos lugares, con elevados niveles de pobreza, con altos niveles


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de desigualdad y con los niveles de violencia quizás más altos a nivel mundial. Ese coctel, claramente no le va a dar una democracia de calidad y ustedes no tienen que elegir si quieren vivir en democracia o no, o qué calidad de democracia, tienen que preguntarse en qué calidad de sociedad quieren vivir y para eso qué tipo de Estado, qué tipo de fiscalidad, que tipo de partidos necesitan tener.

Cierro con el tema de la cultura política. Es necesario avanzar en paralelo y hacer un esfuerzo en los temas de cultura política, que incluye a la democracia delegativa, porque es fácil hacer reformas institucionales o reformas electorales pero el problema es cuando no tenemos sociedades cuyos valores comparten. ¿Qué piensan los centroamericanos? solamente el 20% de todo Centroamérica considera que la distribución de la riqueza es justa y solamente

el 26% de todos los centroamericanos y las centroamericanas, promedio regional, considera que se gobierna para el bien de todo el pueblo.

Cuando uno de cada cuatro ciudadanos considera que la distribución es injusta y solamente uno de cuatro considera de que se está gobernando únicamente para el beneficio de ellos pero tres cuartos de los ciudadanos consideran que se está gobernando para unos pocos y la distribución de riquezas es injusta, ahí comienzan los conflictos tan importantes que van a permear esta sociedad y que serán muy difíciles de mantener en el mediano y largo plazo, si no se hacen los ajustes necesarios.

Gracias.


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Arturo CruzCuarta intervención

Bueno primero que todo, un pequeño comentario antes de proceder con lo del Profesor Zovatto, en cuanto a un ensayo del Profesor Lowenthal en la revista Foreing Affairs sobre la política exterior norteamericana hacia América Latina en los temas que estuvimos comentando anteriormente, que tiene que ver con factores que aparentan ser pequeños pero que son muy relevantes. Lo que me impactó de ese ensayo fue el análisis segmentado del paradigma de la gran geopolítica, que creo que resalta el argumento del Profesor Hakim de la fuerte incidencia de los Estados Unidos en la región.

Referente a los comentarios de Daniel Zovatto, primero quiero hablar sobre el tema fiscal y los bienes esenciales del Estado. Yo soy un gran admirador de la obra del Profesor Fukuyama, en la que diferencia claramente entre bienes esenciales, intermedios e invasores, siendo su argumento que independientemente de la naturaleza del modelo económico, los bienes esenciales no son renunciables. Ese es un punto central, porque muchas veces en la euforia neoliberal de desmantelar los excesos

del “Cepalismo”, nos detenemos en un punto donde hablar de Estado es pecado capital. Fukuyama plantea que el tema de la seguridad ciudadana, para lo cual se inventa el Estado, es fundamental, así como la educación, la salud, etc. y como nos comentaba el Profesor Zovatto, ¿cuánto cuesta eso?

Una buena reflexión que deberíamos hacer en América Latina es preguntarnos, si queremos un BMW o un TOYOTA, y en términos de esto, la capacidad de la sociedad de poder pagarlo. Por otro lado, hay una serie de bienes esenciales que deberíamos destacar y por eso es que la cuestión fiscal en todas partes siempre es el tema central.

En temas de la sociedad económica nicaragüense salgo a su defensa porque es una sociedad económica que se tomó riesgos, como ninguna otra, en la lucha contra el Somocismo. El empresariado enfrentó al Somocismo, tal vez porque el Somocismo se había agotado por un problema de cálculo económico, pero lo desafiaron y mira lo que les pasó. Es la década de los ‘80, lo avasallaron, de tal suerte que


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para finales de los años ’70, la proporción de la presencia del Estado en la economía andaba en 70% a 75% del PIB, entonces considero que eso creó un trauma entre los empresarios.

Por otro lado también, la sociedad económica le advirtió a los norteamericanos y le advirtió al expresidente Bolaños, que si insistían en la dicotomía de modernidad versus tradición, perdían. Ahí está la famosa expresión de Carlos Pelas cuando se atreve a decir, en mi opinión correctamente al señor Selic, que llegó como un enviado imperial como si fuese Stimson en los años ‘20, con una agenda de 24 horas a decirnos cómo nos íbamos a comportar, en mi opinión con el ideal correcto, y le dice “do your math”, eso fue categórico, entonces ahora que we didn’t do the math, no le pidamos a ellos, considerando que los años ’80 fueron afectados tremendamente, que entren en un desafío catastrófico que les puede costar muchísimo.

Por eso es que creo debemos darle el beneficio de la duda a la sociedad económica, por todo lo que han pasado. En ese sentido, tampoco ellos piensan que se pueden presentar como una oposición que no tiene sustancia social por las razones que sean y con la que no se sienten a gusto, porque hay muchos miembros de la oposición que fueron los radicales de los años ’80 y que ahora son parte de la democracia liberal, mientras que en esa época los “Ortegas” eran los pragmáticos, por lo que le veo temor a la sociedad económica en ese sentido.

En cuanto a las reglas del juego, tienes toda la razón. Sin embargo, yo tengo claro que lo del pacto fue terrible para la sociedad nicaragüense, pero también hay que reconocer que antes las reglas del juego estaban hechas de tal manera en que yo podía ganar en la primera ronda con un voto de diferencia y esas reglas se cambiaron precisamente con un nombre y apellido que era también golpear a Daniel Ortega y a Antonio Lacayo. Entonces,

¿qué es lo que ocurre? Y ahí es donde yo veo un problema en sociedades como las nuestras. Las escalas son muy pequeñas, porque cuando las cosas salen bien, es por accidente, porque la intención siempre es mezquina.

El problema que yo veo es que a mí, Nicaragua, me recuerda a Florencia de Nicolás Maquiavelo: pugnas entre familias, recelo, diferencias entre quién es más relevante que quién, modificaciones legales malintencionadas, etc. Ese es el otro gran problema, muchas veces no tenemos la escala para que una iniciativa legal trascienda porque siempre alguien va a pensar que fue realizada para afectar negativamente a su persona y ese es uno de los problemas más grandes que veo en mi país, como lo veo también en otros países de Centroamérica. Aunque una decisión tiene nobleza o buena intención, siempre va a haber alguien que piense que saldrá afectado. La escala es muy complicada y, aunque obviamente el pacto y sus reglas, en el mediano y largo plazo en términos de institucionalidad, son de consecuencias que todavía no sabemos cómo las vamos a administrar.

Para concluir, ¿qué espero yo, por lo menos en mi país? que en el momento en que la sucesión se vuelva problemática, que las lecciones de la historia de alguna manera tengan un impacto en las decisiones del presidente Ortega, que éste sepa salir del Gobierno. El problema histórico es que nadie se sabe ir y se crean unas crisis de sucesión terribles y todo lo bueno que se acumuló en ese período, porque no todo es malo, porque ahora no me pueden decir que el Somocismo no modernizó a Nicaragua económica y socialmente. Sin embargo, ¿cuál fue el pecado mortal del Somocismo? No se supo ir. ¿Qué fue lo que le salvó al Sandinismo en los años ’90, ya sea por virtud o por accidente? Que, aparentemente se fueron y eso es lo que ha facilitado que estén de vuelta en el poder.


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Ojalá que cuando estos momentos empiecen a perfilarse en un futuro, la sucesión no provoque los traumas que provocó en los años ‘70 y es por esto que debemos tener un marco electoral creíble y creo que es lo mejor que puede hacer Ortega por él mismo, porque si él no se deja salir legítimamente del poder, su familia y su descendencia no podrán vivir en Nicaragua. La lógica detrás de esto sería:

“goberné relativamente bien, cometí errores, pero me supe ir en el momento apropiado y en consecuencia, ahora tengo derecho de ser parte de esta sociedad”. Si esto llegara a ocurrir, sólo espero que la sabiduría histórica nos asista en ese momento.

Muchas gracias.

Coordinador de Comisión

Carlos Quintanilla Schmidt

Miembros de Comisión

Francisco de Sola

Roberto Llach

Elena María de Alfaro

Patricia de Parras

Claudia Umaña Araujo

Marcos Llach

Francisco Escobar Thompson

Juan Daniel Alemán

Gerardo Steiner

Juan Valiente

José Ángel Quirós

Asesor:

Salvador Samayoa

Director:

Luis Mario Rodríguez R.

Investigadores:

Sofía Flores Cristales

Guillermo Miranda Cuestas

Luisa Solano

Personal de apoyo:

Sara Morales

“Estado de la institucionalidad democrática en la región centroamericana”

Abril de 2013

Memoria de ponencias en el marco del Foro Internacional de Análisis Político FIAP 2013

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