MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

entre

LA COMUNIDAD EUROPEA

y

LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RELATIVO A LAS ORIENTACIONES PLURIANUALES PARA

LA PUESTA EN PRACTICA DE LA COOPERACION COMUNITARIA

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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA RELATIVO A LAS ORIENTACIONES

PLURIANUALES PARA LA PUESTA EN PRACTICA DE LA COOPERACIÓN COMUNITARIA

1. MARCO GENERAL La Comunidad Europea, en lo sucesivo denominada ¨la Comunidad”, representada por la Comisión de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominada ¨la Comisión ¨, ella misma representada por el Comisario de Relaciones Exteriores, Christopher Patten, Por una parte, y

El Gobierno de la República de Guatemala, en lo sucesivo denominado ¨Guatemala¨, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la persona del Ministro, Gabriel Orellana Rojas, Por otra parte,

en conjunto denominadas ¨ las partes ¨, Considerando que el Acuerdo Marco de Cooperación entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y la Comunidad Económica Europea, en lo sucesivo denominado ¨el Acuerdo¨, firmado en San Salvador el 23 de febrero de 1993, prevé, con el fin de contribuir a la realización de sus objetivos, la ejecución de una ayuda financiera y técnica y de una cooperación económica a favor de los países de la región. Considerando que el Reglamento (CE) No. 443/92 del Consejo de las Comunidades Europeas con fecha de 25 de febrero de 1992, denominado el Reglamento ¨ALA¨, establece las normas que deben aplicarse para la ejecución de los proyectos relativos a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica en los países en desarrollo de América Latina, Considerando que el mismo Reglamento, Artículo 9 recomienda el establecimiento, siempre que sea posible, de una programación plurianual indicativa por cada país, Considerando que el Convenio-marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación económica, firmado en Guatemala con fecha 18 de junio de 1999, establece las modalidades de gestión de los programas y/o proyectos financiados por la Comunidad a favor de Guatemala, Considerando que el penúltimo párrafo de la Declaración Solemne de Florencia relativa a la renovación del proceso de San José, firmada el día 21 de marzo de 1996, prevé ¨el principio de la inscripción de los proyectos a realizar en una programación plurianual, con el fin de

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llegar a largo plazo a una asignación indicativa de los recursos disponibles entre los distintos ejes y sectores de cooperación”.

Han convenido lo siguiente: 2. OBJETIVO Y CONTEXTO 1. Objetivo: El objetivo del presente Memorándum es definir las orientaciones plurianuales para el programa de cooperación de la CE con Guatemala para el período 2000-2006. 2. Contexto: Este programa cubrirá la ayuda financiera y técnica y la cooperación económica, cuyas modalidades de asignación se definen en el Reglamento (CE) No. 443/92 del Consejo y las Comunidades Europeas con fecha 25 de febrero de 1992. Otras acciones, financiadas por la Comunidad Europea y no contempladas en el presente Memorándum, podrán ser desarrolladas en paralelo a la ayuda programada mediante el presente Memorándum. Estas pueden ser de carácter descentralizado (como por ejemplo los programas ALFA, URB-AL, y AL-INVEST ), regional (acciones a favor de Guatemala y uno o varios otros países de la región), o nacional (proyectos desarrollados por ONG europeas con financiación comunitaria, programa de seguridad alimentaria, ayuda de emergencia a través de ECHO, etc.) Las partes han convenido que su cooperación durante el período indicado estará destinada a lograr mayores cuotas de justicia social, crecimiento económico y equidad de género, así como la participación democrática basada en la incorporación activa de la sociedad civil, con el objetivo general de apoyar la implementación de los Acuerdos de Paz. Las áreas de intervención de la cooperación comunitaria han sido seleccionadas tomando en consideración las prioridades definidas por la CE en:

• El documento ¨Declaración Conjunta relativa a la puesta en práctica de la contribución de la Comunidad Europea al proceso de paz en Guatemala”, firmado el 6 de junio de 1997

• El documento de la Comisión titulado ¨ Guatemala – Country Strategy Paper 1998 – 2000 ¨

• El documento de la Comisión titulado ¨ América Central - Regional Strategy Paper 1998 – 2000 ¨

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Y por el Gobierno de Guatemala en:

• El Plan de Gobierno 2000-2004 del Presidente Alfonso Portillo . El citado Plan de Gobierno está orientado a enfrentar, en el marco de los Acuerdos de Paz, la lucha contra la pobreza a través de una política de bienestar y justicia, y una política fiscal que asegure al Gobierno los ingresos necesarios para financiar las inversiones sociales. Guatemala ha concretado esta agenda en la presentación de diferentes matrices que conllevan varios ejes de orientación de la acción pública :

• La matriz de política social que busca la reducción de la pobreza y el logro de índices más elevados de desarrollo humano y por medio de la cuál se facilitará el acceso a la educación, la alimentación, la salud, la vivienda, el saneamiento, el empleo productivo y salarios justos, respetando la igualdad de oportunidades.

• La matriz de seguridad que contempla la modernización de los Cuerpos de Seguridad del Estado, con un incremento de sus Presupuestos, y la regulación de las empresas privadas de seguridad. Dicha matriz también contempla una mejora en la administración de justicia por medio de la profesionalización del Organismo Judicial, del Ministerio Público y de los funcionarios del Sistema Penitenciario, a la par de una mejor dotación presupuestaria de estas Instituciones.

• La matriz de política económica del Gobierno es impulsar un crecimiento económico estable y sostenible que se traduzca en un aumento en el nivel de desarrollo humano y asegure que la economía esté al servicio de los guatemaltecos, con especial atención a los sectores más pobres y excluidos, en el espíritu de los Acuerdos de Paz; la sostenibilidad de dicho crecimiento económico habrá de basarse en los principios de estabilidad, equidad y competitividad, que propicien la inserción exitosa de Guatemala dentro de la economía mundial.

• El pacto fiscal, el cual busca lograr la estabilidad, la reactivación y un crecimiento fundamentado en el desarrollo humano, incorporando la dimensión social con el propósito de colocar la economía al servicio de los guatemaltecos. El objetivo planteado es vigilar la calidad y la ejecución del gasto público, así como el avance en las metas sectoriales conforme al Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz.

• El pacto de gobernabilidad que implica la consolidación del sistema democrático, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la descentralización del ejercicio del poder público.

La estrategia de cooperación con Guatemala adoptada en el documento de la Comisión “Guatemala – Country Strategy Paper” incorpora el enfoque de un principio horizontal y propone tres ejes de posible intervención, dentro de los cuales se han identificado áreas de acciones de apoyo:

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Eje 1: Consolidación / modernización del Estado de Derecho con posibles acciones de apoyo, entre otras a:

• La Policía Nacional Civil • Sistema de Administración de Justicia • Procesos de descentralización • Participación de la sociedad civil • Participación de las poblaciones indígenas

Eje 2: Lucha contra la pobreza y apoyo a las políticas sociales:

• Reinserción económica y social de la población afectada por el conflicto interno • Políticas sociales, con particular énfasis en educación y salud • Políticas de fomento del empleo y de formación profesional

Eje 3: Cooperación económica:

• Reforzar el apoyo a las exportaciones no tradicionales, en particular el sector artesanía

• Desarrollar la micro y la pequeña empresa • Promover el turismo

Cooperación anterior UE – Guatemala Después de haber contribuido, en el marco del Diálogo de San José, a la estabilización de la situación en el ámbito regional, la Unión Europea ha concentrado, en los últimos años, importantes medios para promover la Paz, la Democracia y un Desarrollo más equitativo en Guatemala, ejecutando, desde 1984, más de 100 proyectos o programas bilaterales a través de donaciones: El monto actual en ejecución se aproxima a los 200 millones de Euros;. Dichos proyectos son ejecutados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG´s) en los sectores que el gobierno de Guatemala y la Comunidad han identificado como prioritarios: consolidación del Estado democrático, cumplimiento de los Acuerdos de Paz, derechos humanos, seguridad ciudadana, lucha contra la pobreza con énfasis en educación básica y salud y recuperación económica. 3. PRINCIPIOS DE BASE Se reafirma que la Cooperación entre Guatemala y la Unión Europea se enmarca en los principios básicos de Democracia y respeto a los Derechos Humanos, dentro de un Estado de Derecho. Con el fin de aumentar la eficacia de la cooperación comunitaria, ésta se concentrará en un número, lo más reducido posible, de áreas de intervención. Estas áreas serán seleccionadas sobre la base de las experiencias desarrolladas por la Comisión en el marco de la cooperación con el país y deberán contar con políticas sectoriales adecuadas, aprobadas por las autoridades nacionales, así como con estructuras administrativas de ejecución y de control eficaces. Asimismo, se deberán prever, en su momento, en los presupuestos públicos de Guatemala, los recursos financieros adecuados para garantizar la financiación de los gastos corrientes relativos a acciones financiadas con recursos de la CE. Dichas

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áreas deberán ser coherentes y complementarias para lograr una sinergia entre los distintos proyectos en ejecución por la UE y así, consolidar la cooperación en curso. Se preverán los sistemas de control necesarios para asegurar un manejo financiero transparente de los fondos y el seguimiento de los resultados de las acciones. Las metodologías de trabajo, así como los objetivos, tendrán en cuenta particularmente la problemática de las poblaciones indígenas en una visión multiétnica y pluricultural, la protección del medio ambiente y el enfoque de género. Asimismo, las metodologías integrarán, de manera adecuada, el papel de las autoridades locales así como la intervención de los grupos organizados de la sociedad civil. El Gobierno de Guatemala se compromete a poner en marcha un mecanismo de coordinación eficiente entre los programas por financiar y entre los donantes presentes en los distintos ámbitos temáticos y geográficos. En este espíritu, la Unión Europea se esforzará en propiciar la más estrecha coordinación entre todos los donantes presentes en el país, en la preparación de sus programas. De la misma manera se concederá especial importancia a la preparación y aplicación de los programas a financiar, en permanente coordinación con los Estados Miembros de la Unión Europea. 4. SECTORES DE COOPERACIÓN

1. CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO. 1.1. Apoyo a la reforma de Justicia. La Reforma de la Justicia está consubstancialmente ligada a la construcción de un Estado de Derecho, garante del respeto de los derechos humanos y de la igual aplicación de la ley a todos sus ciudadanos. El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática de los Acuerdos de Paz plantea la necesidad de reformar el sistema de justicia como elemento fundamental para fortalecer y modernizar el Estado de Derecho. Este compromiso fue retomado por el presidente Portillo, quién presentó la reforma de justicia como uno de los tres objetivos fundamentales de su gobierno. Esta reforma se está implementando en el marco de la lucha contra la impunidad y de la necesidad de resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Alrededor de los ejes recomendados por la Comisión de Fortalecimiento de Justicia en 1998, intenta fortalecer la independencia e imparcialidad de la justicia, la capacidad del Estado a prevenir, investigar, procesar y sancionar, así como mejorar el acceso a la justicia, a través de una cobertura nacional mayor de los servicios de justicia, de una defensa pública gratuita, y la posibilidad de utilizar su propio idioma en los procesos judiciales. Para apoyar los esfuerzos nacionales hechos acerca de la reforma de justicia, para contribuir al establecimiento de un sistema de justicia independiente e imparcial en una sociedad

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multicultural, pluriétnica y multilingüe, en el marco de los Acuerdos de Paz, la cooperación de la CE con Guatemala se articulará alrededor de los tres ejes estratégicos siguientes:

- el fortalecimiento institucional - el mejoramiento del acceso a la justicia - el mejoramiento de la formación en derecho

En este marco, los proyectos desarrollados por la CE en Guatemala deberán cumplir con los objetivos siguientes:

• Fomentar el respeto del principio de independencia de la justicia. • Mejorar los servicios y acciones de las instituciones judiciales (Organismo Judicial,

Ministerio Público, Instituto de Defensa Pública, Sistema Penitenciario, y PNC) a través de:

- el apoyo a la profesionalización y capacitación permanente de los jueces, fiscales, defensores públicos, intérpretes judiciales, personal penitenciario, y policías

- el fomento del respeto del derecho a un debido proceso en todas las instituciones de justicia

- el fortalecimiento de la coordinación de las instituciones antes mencionadas • Promover y apoyar una mayor cobertura nacional de los servicios de justicia • Fortalecer y ampliar la cobertura del sistema de defensa pública gratuita • Asegurar un mejor acceso de los pueblos indígenas a la justicia a través de la

formación de intérpretes judiciales. • Apoyar la reforma de la enseñanza del derecho en las Universidades y de la

capacitación de los abogados Metodología En el sector justicia, tanto en los procesos judiciales como en la detención, la Comisión Europea considera fundamental centrar sus esfuerzos en los problemas específicos que enfrentan los grupos más vulnerables de la sociedad guatemalteca, es decir, las mujeres, los pueblos indígenas, y los menores. Desde su identificación hasta su ejecución las actividades tendrán un carácter altamente participativo, consultando e involucrando los organismos públicos, las municipalidades y las comunidades, las ONG’s, las Universidades, y la población en general. La intervención en uno o el otro sector de justicia dependerá de la voluntad de la institución nacional involucrada así como de la capacidad material y financiera que tiene para ejecutar el proyecto, y seguir ejecutándolo después del periodo de financiación de la CE. Con vistas a optimizar la ayuda financiera y para conseguir altos niveles de sinergia se realizará un esfuerzo particular para coordinar las acciones financiadas por la CE y las acciones financiadas tanto, por los diferentes Estados Miembros, por las grandes instituciones financieras, por las agencias de las Naciones Unidas, como por los organismos de cooperación de los demás países.

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Se acuerda dedicar hasta el 10% de los recursos de la Cooperación Comunitaria previstos para el período 2000-2006 a la Reforma de la Justicia. Se evaluará durante la vigencia del presente Memorándum la posibilidad de revisar esta cantidad en función de la evolución del sector. 1.2 Apoyo a la Descentralización del Estado y al Fortalecimiento de la Sociedad Civil. A. APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO: La Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a la descentralización como una obligación del Estado. De la misma suerte, los Acuerdos de Paz mencionan, de manera explícita, la necesidad imprescindible de descentralizar y desconcentrar las Instituciones y Servicios del Estado. El Gobierno del Presidente Alfonso Portillo presentó, en su programa de Gobierno, el tema de la descentralización como uno de las tres prioridades de su gestión. Varios actores gubernamentales ya empezaron a diseñar estrategias de trabajo, las cuales tendrían que concretarse próximamente en la elaboración de una política unificada e integral. Los trabajos actuales sobre la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que están movilizando a sectores importantes de la Sociedad Civil, contemplan también una descentralización del poder político. El proceso de descentralización está estrechamente vinculado a la problemática del ordenamiento territorial, la seguridad jurídica de la posesión de la tierra, así como la capacidad de implementar una política fiscal a nivel local. El catastro es el instrumento idóneo para responder a estas tres problemáticas. Para apoyar el esfuerzo nacional de desconcentración y descentralización del Estado, reforzando los gobiernos municipales y asegurando una participación efectiva del poder local, entendido como las diferentes formas de organización (comités, asociaciones de vecinos, cofradías, autoridades indígenas...) respetando y promocionando sus diferentes formas de organización, se deberán buscar las siguientes metas: 1. Orientar y fortalecer prioritariamente las políticas públicas que contemplen, en el

marco de los procesos actuales de reforma y modernización, la desconcentración del Estado como un medio prioritario para alcanzar mayores grados de eficiencia en la prestación de servicios y mayores niveles de participación ciudadana.

2. Mejorar la capacidad de los Gobiernos municipales en la prestación de los servicios que

les competen en el marco de la descentralización, en definir estrategias de ordenamiento territorial, así como en su capacidad de recaudación fiscal a escala municipal a través de la implementación sistemática del catastro.

3. Fortalecer las capacidades de la Sociedad civil y del poder local para incidir sobre los

procesos de descentralización, tanto frente a las instituciones del Estado, del

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Departamento, como frente a los gobiernos municipales. En este marco, se hará especial énfasis a la participación de las poblaciones indígenas y de las mujeres.

4. Apoyar las iniciativas de coordinación inter-institucional y/o inter-sectorial en el marco

del proceso de descentralización, tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito departamental y municipal.

Se acuerda dedicar hasta el 22% de los recursos de cooperación comunitaria previsibles en el período 2000 – 2006 a programas que permitan asegurar el desarrollo económico local y consolidar el papel de los municipios en el desarrollo económico y social del país; Dentro de esta cantidad, un monto significativo será asignado a la implementación del catastro a nivel local. Metodología: La estrategia de apoyo a las iniciativas de descentralización del Estado debe enfocarse en actividades aptas para crear las condiciones técnicas, políticas e institucionales tanto en el ámbito central cómo en el ámbito territorial. Se pondrán en ejecución, a través de mecanismos sostenibles de coordinación inter-institucional, acciones que garanticen, simultáneamente y de manera coherente:

• el traslado de funciones y responsabilidades del Estado, a través de sus políticas públicas, al ámbito descentralizado;

• la capacidad de las instancias paritarias, conformadas con representación de las instituciones y sectores afines, a nivel departamental y regional y/o de los gobiernos municipales para gestionar con eficiencia las nuevas funciones que se verán atribuidas en el marco del proceso de descentralización;

• la participación efectiva del poder local y de la sociedad civil, especialmente a nivel municipal, departamental y regional, en la elaboración, ejecución ó prestación y fiscalización de los servicios, obras y otras iniciativas que les concierne;

• el impulso del tejido económico y productivo local mediante el apoyo a iniciativas de dotación de infraestructuras y de acceso a servicios tecnológicos y de gestión, dando prioridad a los grupos ya operativos.

Las acciones se concentrarán en áreas geográficas delimitadas para permitir la evaluación permanente del impacto de las mismas a escala local. La identificación de estas áreas, además de inscribirse en las estrategias del Gobierno, tomará en consideración las experiencias pilotos ya desarrolladas en el marco de la cooperación pasada o actual de la UE, con el fin de capitalizar y consolidar dichas experiencias. Las acciones emprendidas en el marco de este componente buscarán las sinergias óptimas con proyectos implementados en el marco de otros componentes del presente Memorándum y que contemplan también la descentralización o desconcentración de servicios públicos, así como con proyectos desarrollados bajo otras modalidades de cooperación UE (como el co-financiamiento a ONG´s), y también con los proyectos de cooperación bilateral de los Estados Miembros.

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B. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL: Los Acuerdos de Paz plantean la participación social, política y ciudadana de la población como un pilar del proceso de paz y del fortalecimiento de la democracia. La transformación de la sociedad en la fase actual de transición, así como el proceso de reconciliación nacional requieren de la participación activa de todos los sectores de la sociedad, tal como las asociaciones, los sindicatos, las cooperativas, los partidos políticos, las iglesias, gremiales y sector privado... Varios espacios institucionales de participación de la Sociedad Civil surgen a raíz de los Acuerdos de Paz (comisiones paritarias, foros, plataformas, Pacto Fiscal...). Sin embargo, estas experiencias siguen siendo marginales ya que se refieren a un número reducido de instituciones y de sectores. Por lo tanto, en el marco del apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz, la Unión Europea reafirma como un objetivo prioritario de su cooperación y de manera transversal a los diferentes proyectos de cooperación comunitaria, el apoyo, la orientación y el acompañamiento a la Sociedad Civil, con el objetivo de mejorar la capacidad de propuestas, alcanzar una mayor descentralización organizativa, y desarrollar su incidencia institucional y técnica. En este sentido, se perseguirán los siguientes objetivos: 1. Apoyar las iniciativas del Gobierno y/o de instancias del Estado para abrir espacios, así

como establecer mecanismos permanentes, de concertación y de negociación con los sectores y organizaciones de la Sociedad Civil.

2. Acompañar los esfuerzos de las organizaciones y sectores de la sociedad civil en

elaborar estrategias de mediano y largo plazo. 3. Facilitar y apoyar los procesos de articulación entre la Sociedad Civil organizada a

nivel nacional y los sectores, grupos, organizaciones activos a nivel regional, departamental, municipal y local.

4. Apoyar las iniciativas de la Sociedad Civil que mejoren su incidencia en la elaboración,

seguimiento y fiscalización de las Políticas Públicas. 5. Facilitar la coordinación entre organizaciones de la Sociedad Civil tanto en el ámbito

sectorial, como territorial. Se hará particularmente énfasis en el apoyo a las organizaciones indígenas y de mujeres. Se acuerda dedicar hasta un 5% de los recursos de cooperación comunitaria previsibles en el período 2000 – 2006 a las acciones arriba indicadas.

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Metodología: La estrategia para fortalecer la Sociedad Civil debe enfocarse a actividades específicas de coordinación y acompañamiento aptas para crear las condiciones de una mejor articulación e incidencia entre los mismos actores de la sociedad civil, pero también entre ellos y las instituciones gubernamentales, lo que se materializará en: • Implementación de sistemas de información y diagnóstico local. • Impulso a actividades asociativas. • Nivel de participación en espacios paritarios • Entre otros... Bajo este componente, se hará también especial énfasis a ejecutar acciones específicas que favorezcan los contactos, la creación de redes, la coordinación territorial y/o sectorial entre los diferentes actores de la Sociedad Civil , beneficiarios o contrapartes de los diferentes proyectos de cooperación de la UE, tanto de la cooperación técnica, económica o de co-financiación con las organizaciones no-gubernamentales. Estas acciones tendrán que ser incluidas en las estrategias mismas de los diferentes proyectos en ejecución o en fase de identificación, incorporando metas, criterios de avance y recursos correspondientes. 1.3. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las condiciones de las mujeres guatemaltecas se caracterizan en una gran parte por ser excluyentes de los ámbitos de decisión y de control de sus propias vidas. Esta situación es, en gran parte, el resultado de procesos de exclusión social, política y económica en todos los niveles de la sociedad, agudizados por las diferencias en la educación. En los diferentes Acuerdos de Paz, se reiteraron los principios de igualdad de género y de derecho a la diferencia. Se creó el Foro de la Mujer, conformado por representantes de la sociedad civil y del Estado con el objeto de recopilar y dar seguimiento a los compromisos específicos sobre la mujer contenidos en los mismos. En el marco de este proceso, se creó la Defensoría de la Mujer Indígena. Retomando la problemática de las mujeres en Guatemala, y enfatizando su importancia como asunto de Estado, el Presidente Portillo anunció que un objetivo de su Gobierno es que el Estado garantice a las mujeres condiciones de igualdad en materia económica, política, social y cultural, para lo cual creó la Secretaría de la Mujer en mayo 2000. En diciembre del 2000, la Secretaría de la Mujer, con el Movimiento de Mujeres, escribieron la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad y de Oportunidades 2001-2006”. Este documento va más allá de un plan de gobierno e incorpora una visión del Estado.

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Para apoyar los esfuerzos nacionales para la promoción de la equidad de género, la cooperación de la CE con Guatemala se articulará alrededor de los tres ejes estratégicos siguientes:

• El fortalecimiento de las instituciones y estrategias nacionales, regionales y locales a favor de la equidad de género, que permita mejorar la ejecución de las políticas públicas.

• El apoyo a la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra la mujer y la niña.

• La promoción de una cultura basada en la igualdad entre mujeres y hombres. En este marco, se pretende:

a. Apoyar la implementación de la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad y de Oportunidades 2001-2006” sobre la base del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

b. Fortalecer las instituciones estatales, como la Secretaría de la Mujer, la ONAM, las instituciones de fiscalización y monitoreo, como la CONAPREVI, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Defensoría de la Mujer de la PDH, así como las ONGs, redes de ONGs, y asociaciones que trabajan para la promoción de la mujer.

c. Promover y divulgar, en todos los sectores de la sociedad, los derechos humanos de las mujeres, para obtener las condiciones de una participación plena en el ámbito económico, social, cultural y político, y para garantizar, entre otros, el acceso, en igualdad de condiciones, a la tierra, al crédito, a la vivienda propia, al trabajo remunerado, a la educación y a la vida política.

d. Asesorar en la revisión de la legislación nacional y sus reglamentaciones a fin de erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, así como eliminar toda forma de discriminación.

Se acuerda dedicar hasta el 6% de los recursos de cooperación comunitaria previsibles en el período 2000–2006 a las iniciativas mencionadas. Además, cada programa de la Unión Europea dedicará parte de sus recursos al beneficio de las mujeres, dentro del tratamiento transversal de la problemática de género.

Metodología:

1. Por su importancia, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres justifica, por una parte, la puesta en marcha de proyectos específicos y, por otra, el tratamiento transversal de esta problemática que debe ser integrada en todos los proyectos financiados por la CE.

2. En cuanto a los proyectos específicos, las actividades deberán dirigirse, tanto a

fortalecer las instituciones y estrategias nacionales ya existentes, como las organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En segunda instancia, se buscará impulsar la implementación del Plan de Equidad de Oportunidades en el marco de “Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres

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Guatemaltecas y Plan de Equidad y de Oportunidades 2001-2006” sobre la base del cumplimiento de los acuerdos de Paz.

En este contexto, se desarrollarán:

• proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad financiera de las mujeres, y que permitan la participación de las mismas en las micro-empresas, en las asociaciones y en las cooperativas.

• programas de alfabetización para niñas y mujeres. • la creación de becas dirigidas a mujeres y niñas que permitan su acceso a la

educación en todos los niveles. • Capacitación de las mujeres para que puedan asumir puestos de liderazgo. • Promoción y participación de las mujeres en igualdad de condiciones con el

hombre en los niveles de decisión del poder local, regional y nacional. • Apoyo a las diferentes instituciones que impulsan la Política de Género del

Estado, así como las instituciones que la fiscalizan. 1.4. Política fiscal. El 29 de diciembre de 1996, la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera – y concretamente el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria – pareció aportar los lineamientos destinados a solventar la difícil situación socio-económica del país. Dichos lineamientos eran como sigue: • La política tributaria deberá ser un sistema justo, equitativo, y globalmente progresivo,

universal y obligatorio, y deberá fomentar el ahorro y la inversión. Asimismo, el Estado deberá asegurar eficacia y transparencia en la recaudación tributaria y la administración fiscal.

• Dado que la meta de la carga tributaria prevista inicialmente no ha podido ser

alcanzada, se ha retomado el compromiso establecido en el Cronograma de Cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmado el 12 de diciembre del 2000.

• Se establecen principios bajo los cuales deberá regirse la política del gasto: “prioridad

hacia el gasto social, el financiamiento de la prestación de servicios públicos (.....); prioridad a la inversión social en salud, educación y vivienda, al desarrollo rural (...) y al cumplimiento de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz”.

• Finalmente, otro de los puntos mencionados por este Acuerdo estipula que para

profundizar una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y social debe abarcar la concertación y el diálogo entre los agentes y las instancias del Estado en la formulación y aplicación de las estrategias de desarrollo.

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Los avances logrados en materia tributaria desde la firma de los Acuerdos de Paz son:

• El establecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, entidad encargada de modernizar, transformar, y fortalecer el sistema tributario del país, que tendería a volver más eficaz y eficiente la recaudación;

• y el proceso de consulta y diálogo entre los diferentes actores de la Sociedad, proceso materializado en el Pacto Fiscal, que tendía a la concertación de leyes y paquetes tributarios destinados a mejorar la recaudación, modificando la estructura tributaria y contribuyendo a que el sistema se caracterice por una mayor equidad horizontal y un sistema tributario progresivo.

Sin embargo, tanto la SAT, como el Pacto Fiscal han encontrado obstáculos en su camino. La primera se enfrenta primordialmente a la dificultad de encontrar los recursos financieros necesarios para cumplir con su mandato. El segundo se enfrenta a las dificultades inherentes a todo proceso de diálogo y consenso, en donde empresarios, organizaciones civiles y sector público, deben ponerse de acuerdo en una reforma tributaria. De no lograrse ninguno de los dos objetivos –ágil y buen funcionamiento de la SAT, y respeto al Pacto Fiscal- se corre el riesgo de perder la oportunidad de que el Estado guatemalteco pueda disponer de los recursos financieros internos necesarios para cumplir con los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, compromisos que son los garantes de que no se repitan las circunstancias de extrema pobreza y exclusión social que provocaron el conflicto armado. Los objetivos que buscaría la cooperación de la UE a la Política Fiscal en Guatemala son los siguientes: • Apoyar las políticas públicas emprendidas por el Gobierno en materia fiscal, que se

encuentran enmarcadas en el Pacto Fiscal, y que buscan que Guatemala cuente con los recursos internos sostenibles suficientes para financiar los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz.

• Fortalecer y orientar a las instancias estatales involucradas en la recaudación, asignación, y fiscalización de los tributos (SAT, Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría de Cuentas), así como la entidad encargada de la aprobación y diseño de las leyes fiscales (Congreso de la República).

• Apoyar y fortalecer a la descentralización del proceso de recaudación y asignación tributaria (municipalidades).

• Contribuir al empoderamiento de la ciudadanía sobre el tema fiscal, tanto con relación a su deber cívico de cumplir con el pago de los tributos, como con relación a su función de fiscalizadora de los gastos públicos y del buen manejo de las finanzas públicas.

Metodología: 1. Con la finalidad de velar por que las políticas fiscales emprendidas por el Gobierno

sean congruentes con lo estipulado en los Acuerdos de Paz, deberá velarse por la correcta ejecución del gasto público. En este sentido, podrá colaborarse con la elaboración del Sistema de Indicadores de Gestión de la SAT.

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2. Dar asistencia técnica y capacitación a las entidades involucradas en la recaudación, administración y asignación de los recursos tributarios, primordialmente en lo relacionado a las funciones enunciadas en el Pacto Fiscal y en los Acuerdos de Paz.

3. Colaborar en la realización del conjunto de indicadores establecidos en el Pacto Fiscal, sobre el desempeño institucional, incluyendo la meta de recaudación. Además de la elaboración de métodos para cuantificar y evaluar la evasión y el costo de recaudación de cada impuesto, con el objeto de coadyuvar en la permanente mejora de la eficiencia del funcionamiento de la SAT. Asimismo se podrá colaborar en los estudios sobre el comportamiento de los contribuyentes, clasificados por grados de cumplimiento, dimensión económica, sector de actividad e incidencia de los impuestos pagados, tal y como lo estipula el Pacto Fiscal.

4. Apoyar campañas de educación masivas –en estrecha coordinación con la SAT, quien tiene esto último dentro de sus mandatos en el Pacto Fiscal- mediante la utilización de redes inter-institucionales, sobre el contenido de las leyes tributarias, así como sobre la importancia del respeto y cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la finalidad de evitar cualquier mala información futura.

5. Realizar vínculos con proyectos relacionados con la descentralización, ya sea de la CE y/o de los Países Miembros, en el sentido de involucrar a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el proceso de capacitación y asistencia técnica a las municipalidades sobre recaudación y utilización de tributos, así como de formación cívica sobre impuestos.

Se acuerda dedicar hasta un 16% de los recursos de cooperación comunitaria previsibles para el período 2000-2006 a estas actividades. 2. LUCHA CONTRA LA POBREZA. A la luz de la debilidad en las políticas actuales de lucha contra la pobreza emprendidas en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, y de manera tendente a consolidar las intervenciones ya realizadas en Guatemala en los sectores salud y educación por parte de la UE, se acuerda focalizar la atención de la cooperación de la Comisión Europea en cada uno de estos sectores de la siguiente manera: 2.1. Sector Educación. Con la firma de los Acuerdos de Paz, el Gobierno de Guatemala se comprometió a aumentar los recursos destinados a la educación, asegurando la sostenibilidad de dichos ingresos a largo plazo, y a iniciar el proceso de reforma del Sector Educativo Nacional. El Gobierno de Guatemala declaró, en varias oportunidades, que la política educativa a escala nacional representa la prioridad número 1 del Ejecutivo. Después de varios meses de re-evaluación de las políticas anteriores, se reorientaron las mismas, dando así continuidad a los programas y procesos anteriores; lo cual refleja las bases del reconocimiento por parte de los partidos políticos de que la educación tiene que convertirse en Política de Estado. Por otro lado se elaboraron nuevas estrategias y se presentó un Plan Nacional para la Educación.

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Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, aún quedan problemas importantes sin resolver, dado que la Educación y la Reforma de la Educación son procesos de mediano y largo plazo. Los principales problemas persistentes en el Sector Educativo son: a) La insuficiente disponibilidad y sostenibilidad de los recursos presupuestarios limitan la

ampliación de cobertura en todo el territorio nacional, la necesaria renovación del equipamiento, la elaboración y difusión masiva de nuevos materiales pedagógicos, y la construcción de nuevas infraestructuras.

b) En el nivel departamental siguen haciendo falta recursos humanos capacitados, e

instrumentos de coordinación, así como un claro reparto de tareas entre los niveles central, regional, departamental y municipal.

c) El profesorado es insuficiente, carece del debido reconocimiento social por su trabajo,

recibe unas remuneraciones muy bajas, debe desarrollar su trabajo en condiciones precarias, y cuenta con escasos y deficientes mecanismos de actualización permanente y de fortalecimiento de la calidad educativa.

d) Las diferentes estrategias y programas enfocados a varios grupos de población

prioritarios (mujeres y niñas, población indígena, población desarraigada, población rural, analfabeta... ) y/o sectores específicos (educación vocacional, educación no formal, pre-primaria, educación superior, primaria bilingüe...) carecen de articulación entre sí, y por ende no se coordinan adecuadamente en el ámbito regional y local.

Estos elementos siguen generando una situación educativa caracterizada por: • Un porcentaje importante de analfabetismo en la población, especialmente población

femenina, tanto adulta como infantil. Los niveles de analfabetismo aumentan también en la población rural e indígena.

• Una escasa oferta a la población en general, y a la población indígena en particular, de educación bilingüe, que respete los valores de la cultura local, y promueva el respeto hacia las demás culturas y valores existentes en el territorio guatemalteco.

• Un alto nivel de repetición de cursos y deserción del sistema educativo. • Un importante centralismo de los estudios de nivel medio y universitario, cuya oferta se

concentra en la capital y en las ciudades importantes, lo que reduce las posibilidades de formación de cuadros medios y técnicos, que respondan a las necesidades de las áreas rurales.

• La inadecuación de los contenidos del pensum con la realidad del país, con los principios y valores plasmados en los Acuerdos de Paz, y con los retos de la globalización económica.

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Para apoyar el esfuerzo nacional de reforma del Sector Educativo, se deberán alcanzar los siguientes objetivos:

1) Colaborar en la actualización y elaboración de materiales educativos adecuados a la realidad multilingüe y pluricultural de Guatemala, en conformidad a los valores de equidad, igualdad de género, de respeto a los DD.HH, de interculturalidad y de democracia participativa.

2) Apoyar a las instituciones responsables de la readecuación curricular, y de la

modernización de la formación de docentes.

3) Apoyar proyectos específicos de educación vocacional enfocados a mejorar el acceso de la población rural, acorde a sus características educativas y culturales, a servicios de capacitación profesional de calidad.

4) Acompañar a las instituciones de educación superior en sus iniciativas de

descentralización física y curricular en el interior del país.

5) Fortalecer en el ámbito regional y/o municipal las instituciones o plataformas descentralizadas que permitan una mayor eficiencia en la prestación de servicios educativos, y que favorezcan la participación y coordinación de los diferentes miembros y sectores de la comunidad educativa.

Metodología. En el sector educativo, la Comisión Europea considera fundamental centrar los esfuerzos en los grupos más vulnerables de la sociedad guatemalteca. Estos grupos son la infancia (en particular las niñas), las mujeres, los indígenas, la población rural, y las poblaciones desarraigadas. Las actividades de formación de docentes y de personal técnico, así como de los padres de familia organizados en comités educativos deberán ser consideradas como punto de partida para lograr mayores niveles cualitativos, así como para alcanzar la sostenibilidad de los procesos educativos. En materia de educación vocacional, se buscará vincular, desde la identificación de las acciones, las estrategias con instituciones y organizaciones (privadas, gubernamentales o no-gubernamentales) que acompañen los alumnos en la fase de inserción económica o en la creación y acompañamiento de micro-empresas, para asegurar la continuidad entre la capacitación y el ejercicio de una actividad productiva. En educación bilingüe, se hará especial énfasis en el nivel pre-primario, considerando esta etapa como indispensable para disminuir los índices de deserción y repetición en la primaria. A escala institucional, la cooperación de la UE en el sector educativo deberá plantear mecanismos permanentes de coordinación con las autoridades gubernamentales para asegurar la sostenibilidad de las acciones a través de convenios formales, incluyendo

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compromisos relativos a creación de plazas docentes, mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos, reconocimiento oficial de pensum e idiomas. El importe destinado a este sector podrá alcanzar hasta el 11% del presupuesto indicativo cubierto por el presente Memorándum. 2.2. Sector Salud. En la firma de los Acuerdos de Paz se decidió, entre otros compromisos, apoyar la reforma del Sector Salud. Dicho proceso está siendo desarrollado actualmente por el MSPAS, con el apoyo de la Comisión Europea, así como de otras cooperaciones e instituciones internacionales. Entre los retos pendientes del MSPAS, pero que competen igualmente a otros ministerios se encuentran: • La descentralización administrativa y financiera, que permita una mayor eficacia en el

uso de los recursos, de por sí insuficientes. • El aumento presupuestario del MSPAS, que permita una mejora a corto y mediano

plazo en las metas de extensión de la cobertura y de calidad del servicio. El esfuerzo de consenso que están realizando las diferentes fuerzas sociales y gubernamentales para alcanzar un Pacto Fiscal que permita al Estado un aumento de los ingresos, es un paso a favor de la cobertura de estas necesidades.

Además de estas problemáticas, el MSPAS se enfrenta a otras más específicas, como son: • El aumento poblacional: Guatemala sigue siendo uno de los países de América Latina

con mayor crecimiento de la población. Los embarazos juveniles, la tradición, los matrimonios tempranos, la falta de conocimiento de métodos de prevención y/o la dificultad de acceder a ellos, son las causas más importantes.

• Las enfermedades de transmisión sexual –ETS- y SIDA-VIH: su propagación,

especialmente entre la población joven, encuentra sustento en la falta de información y de educación sexual.

El modelo que el MSPAS está promoviendo, y que da cobertura a la mayor parte de la población guatemalteca, el denominado “Sistema Integral de Atención en Salud” (SIAS). Este sistema tiene encomendadas un importante número de funciones fundamentales, que muchas veces no alcanza a cumplir, principalmente en los temas de prevención de enfermedades y métodos de distanciamiento de embarazos. El Gobierno del Presidente Portillo publicó recientemente el decreto Legislativo 27-2000, donde se indica que se tiene previsto incluir en el pensum escolar a partir de 5º Grado de Primaria, la educación sobre las ETS y el SIDA-VIH. Esto significa sin duda un paso firme para enfrentar parte de las problemáticas mencionadas.

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La Comisión Europea, reconoce como prioritarios los siguientes objetivos: • Apoyar el proceso de descentralización de los servicios de salud, con la finalidad de

mejorar el uso de los recursos, y mejorar asimismo tanto la calidad de los servicios ofertados, como su cobertura.

• Apoyar procesos de educación en temáticas relacionadas con la salud reproductiva,

principalmente las relacionadas con la planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual –ETS y el SIDA-VIH.

• Promover la sensibilización social sobre la problemática de ETS y SIDA-VIH a través

de organizaciones de la Sociedad Civil y del Estado. • Apoyar la capacitación de personal a diferentes niveles de los servicios de salud, sobre

prevención, tratamiento y cuidado de las personas afectadas por las ETS y SIDA-VIH. • Apoyar la formación de personal docente que apoye en la educación de los grupos meta

en la temática de la salud reproductiva. • Reducir el impacto de las ETS, especialmente del SIDA-VIH, a través de la educación y

puesta a disposición de la población de tratamientos accesibles para prevención y tratamiento.

• Prevenir y reducir el número de embarazos no deseados, especialmente en la población

joven. Metodología.

1. Por un lado se impulsará o apoyará, según sea la situación del proceso, la descentralización de los servicios de salud.

2. Por otro lado se trabajará en la temática de la salud reproductiva:

• Apoyando las iniciativas tendentes a incluir en la educación formal y no formal las

temáticas relacionadas con la salud reproductiva. • Desarrollando procesos de sensibilización de la sociedad civil sobre la problemática de

las ETS y el SIDA-VIH. • Trabajando con las instituciones gubernamentales, MSPAS y MINEDUC, y de la

Sociedad Civil, buscando la concentración de materiales y contenidos. • Formando personal docente que apoye en la educación de los grupos meta en la

temática de la salud reproductiva.

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• Teniendo en cuenta la diversidad cultural, étnica y de género en el análisis de la problemática, la elaboración de materiales, la divulgación, y la sensibilización sobre salud reproductiva.

El importe estimado para este sector corresponde hasta el 9% del presupuesto indicativo cubierto por el presente Memorándum. 2.3. Desarrollo Sostenible en áreas costeras del Pacífico. Consciente de la necesidad de consolidar acciones en áreas marginales del país, donde la población vive en extrema pobreza, y cuyas prácticas socio-económicas producen un impacto negativo sobre el medio ambiente, la Comisión Europea considera pertinente apoyar los esfuerzos nacionales para fortalecer el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas de las zonas de Manglares, y otras en las que los recursos renovables costeros se encuentren en peligro o bajo presión de la población humana. A pesar de que la costa presenta los más altos ingresos per capita, sin embargo la realidad para la población localizada en el litoral del Pacífico, en áreas de Manglares y otras de ecosistemas sensibles, como las lagunas, etc, es bien diferente,. Con servicios básicos al límite de la subsistencia o carentes de ellos, con las tasas más bajas de inversión pública del país, y con escasas oportunidades de empleo, esta población vive al margen del desarrollo, con la permanente tentación de compensar su bajo nivel de vida, depredando el medio, o incorporándose a actividades delictivas. En esta zona existe un antecedente de intervención con financiación de la Unión Europea, con el INAB y la UICN, que ha llevado a cabo un proyecto piloto de manejo sostenible del ecosistema manglar, terminado el pasado 31 de diciembre del 2000. La evaluación de la experiencia ha demostrado que existe una necesidad de continuar el trabajo con las comunidades que la intervención ha ayudado a organizar para garantizar la continuidad del impacto obtenido. Cabe mencionar que en esta área del país no existen actividades cofinanciadas por otros donantes. En materia de políticas, la zona del manglar del Pacífico presenta algunas características que hacen que el problema sea complejo. De hecho se puede hablar de políticas inapropiadas, en tanto que se presentan vacíos y superposición legal, arreglos institucionales poco coherentes, ausencia de instrumentos de políticas en lo económico, y en general carencia de un hilo conductor que oriente las decisiones de mediano y largo plazo. Asimismo, se presenta una insuficiente y débil organización social por debajo de la media nacional. Este hecho se explica por la poca presencia del Estado a través de proyectos de desarrollo, como los que desde hace un buen tiempo se vienen ejecutando en otras regiones del país.

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Por ultimo pero no por eso menos importante, se debe citar la impunidad ambiental. Esta puede tener sus causas en procesos estructurales de pobreza y deterioro de principios y valores. Por todo lo anterior, se acuerda contribuir de forma rápida y duradera a que las poblaciones de las áreas de Manglar, puedan experimentar un desarrollo sostenible, mediante los siguientes objetivos: • Estimular el Desarrollo Humano en las Áreas relacionadas con los manglares y con

otros recursos renovables costeros (lagunas, esteros, etc); • Incrementar la presencia institucional, el desarrollo y la aplicación del derecho en esas

áreas, • Fortalecer los mecanismos de auto gestión y auto desarrollo, basados en las propias

comunidades que habitan las zonas cubiertas implicadas • Estimular las actividades productivas compatibles con el ecosistema Manglar • Fortalecer la coordinación entre los actores gubernamentales, internacionales y no

gubernamentales que presentan coincidencia total o parcial en sus objetivos de desarrollo.

Metodología. Se apoyarán los esfuerzos nacionales para resolver las problemáticas enunciadas, mediante las actividades que se acuerden en los siguientes ejes: • Fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la revisión y el perfeccionamiento de

todas las leyes que tengan relación con la Explotación de Recursos Naturales Renovables, de la Planificación del Territorio, y del Manejo de Cuencas, así como el estímulo de su aplicación, y la persecución de los delitos contra ellas.

• Estimulación del Desarrollo Humano, a través de la educación, la salud, la consecución de servicios básicos, el estímulo de las actividades productivas, y la información sobre los diferentes temas de los que depende la calidad de vida de las poblaciones, como natalidad, impacto medioambiental de las actividades humanas, etc.

• Fortalecimiento de las capacidades de auto desarrollo, mediante la organización de las comunidades, productores, etc, facultándoles para ser contrapartes elegibles por los diferentes actores nacionales e internacionales, gubernamentales o no, para el desarrollo de proyectos de inversión, empresariales, etc.,

• Asimismo, se deberá explorar y explotar todas las reservas de sinergia entre los diferentes proyectos cofinanciados por la Unión Europea, por el Gobierno de Guatemala, o por otras organizaciones con coincidencia de objetivos.

• La construcción de algunos equipamientos, con participación comunitaria, para la prestación de servicios básicos y productivos, así como pequeñas obras de oportunidad estratégica, como protecciones puntuales contra inundaciones, consolidación de playas, accesos, cuartos fríos.

• Mejorar las técnicas de cría de las especies menores domésticas. • La producción asociada a la economía doméstica (verduras, panadería a pequeña escala)

que mejoren la dieta y permitan en lo posible la producción de excedentes.

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Se acuerda dedicar hasta el 11% de los recursos de cooperación comunitaria previsibles en el período 2000 – 2006 a la actividad arriba mencionada. 3. COOPERACIÓN ECONÓMICA. Las partes convienen concentrar hasta el 11% de los recursos previsibles en el período 2000 – 2006 en temas relativos a la cooperación económica. 3.1. Entorno empresarial y desarrollo económico: Existe un amplio abanico de dificultades, tanto de orden legislativo, como estructural, que aquejan al entorno empresarial guatemalteco y limitan la inversión extranjera en el país. Por otro lado, se constata una subutilización de los recursos de cooperación empresarial brindados por la Unión Europea y sus Estados Miembros. Aunque se pueden constatar en la actualidad ciertos esfuerzos para responder a las necesidades de las empresas en general y de las Micro y PYMES en particular, se hace necesario un apoyo de cooperación esencialmente técnica, a estos esfuerzos, que faciliten la inserción de las empresas guatemaltecas en el comercio regional y mundial. Las acciones de cooperación económica serán financiadas generalmente en el marco de programas horizontales de alcance regional. Sin embargo, algunas acciones complementarias, gestionadas a través de instituciones relacionadas con el sector privado, podrán ser desarrolladas en un marco bilateral para reforzar los vínculos en las áreas de la inversión y del comercio. Las iniciativas en esta materia deben corresponder al interés mutuo de la CE y de Guatemala, y podrán cubrir los temas siguientes:

1. La mejora del entorno empresarial para el desarrollo del comercio y las inversiones entre la CE y Guatemala, incluyendo temas de política empresarial, marco legal y regulador, procedimientos y prácticas administrativas, barreras no arancelarias, certificación, normas y estándares, difusión del Sistema de Preferencias Generalizadas, etc... Se podrán considerar también acciones de formación profesional, y acceso a las nuevas tecnologías de la información y e-business.

2. Identificación de sectores de interés mutuo, indicando acciones de promoción de los

flujos comerciales y de transferencia tecnológica.

3. Inversiones, priorizando las PYMES, con el objetivo de promover las inversiones europeas en sectores específicos de interés.

3.2. Protección del Consumidor. Guatemala, tanto en las áreas rurales como urbanas, carece de una política nacional de protección del consumidor. En este contexto la prensa nacional y los demás medios de comunicación generalistas se erigen, de manera puntual y aislada, en defensores de los

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derechos del consumidor, la mayoría del tiempo de manera reactiva y muy pocas veces preventiva. Esa situación se debe principalmente a la falta de un marco jurídico adecuado, la ausencia de un sistema nacional de análisis y recopilación de información, de canales institucionales de recepción y seguimiento a quejas y denuncias, así como a una escasa experiencia en campañas de prevención y sensibilización de la población. Otro fenómeno que reduce el impacto de las iniciativas en favor del consumidor es el alto nivel de productos y mercancías que ingresan o circulan en el país de manera ilegal a través del contrabando, lo cual reduce fuertemente la capacidad del Gobierno de controlar la calidad de los mismos. Por otro lado, el tema de la confianza de los actores económicos y de los consumidores en el sistema económico nacional aparece como prioritario al querer consolidar la inversión nacional y extranjera, así como fomentar el aumento del consumo en el mercado interno. En este marco, objeto de preocupación del Gobierno de Guatemala pero también de los sectores privado, financiero y social, la definición de una estrategia nacional de protección al consumidor, contribuiría a insertar la economía guatemalteca en la globalización. El Gobierno actual ha apuntado hacia este problema, reactivando el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor e interviniendo directamente y, puntualmente, retirando productos de la venta o prohibiendo la comercialización de algunos productos considerados dañinos para la salud pública. Estas manifestaciones reflejan una voluntad política de atacar el problema al nivel de una estrategia gubernamental. Esta intervención se enmarcará en los principios de transparencia, respeto a las reglas de la competencia, así como a la eliminación de todo tipo de restricciones del mercado, reconociendo el papel rector del Estado también en esta materia. Los objetivos se enfocarán especialmente hacia: • Apoyar los esfuerzos del Gobierno en la concertación con sectores de la Sociedad Civil

afines, en la elaboración de una Política Pública Nacional de Defensa del Consumidor. • Contribuir en la concepción y puesta en marcha de un sistema nacional de análisis e

información sobre "calidad de productos y servicios". • Apoyar campañas de sensibilización de la opinión pública iniciadas tanto por entidades

gubernamentales, como por sectores de la Sociedad Civil. • Apoyar iniciativas de información y concertación con el Sector Privado. • Apoyar la creación de un sistema nacional de canalización de denuncias y su difusión

respectiva. • Impulsar o apoyar la creación de un instituto inter-sectorial de protección del

consumidor, incluyendo competencias en normas de calidad, etiquetas, etc… Metodología: Como eje transversal de las actividades implementadas se afirmará como concepto director el principio de precaución en el cual prevalecen las medidas preventivas y no solo correctivas.

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La metodología se enfocará principalmente en apoyar iniciativas y/o espacios ya existentes o en creación. Se buscará también un equilibrio entre los gastos destinados a reforzar la capacidad operacional de los entes competentes y los gastos destinados a acciones de sensibilización, información y capacitación al público en general y a los actores involucrados en la problemática. 4. MODALIDADES DE CONSULTA. Las partes mantendrán un diálogo permanente a través de sus correspondientes representantes, sobre el seguimiento del contenido del presente Memorándum. Procederán a la definición de los programas y/o proyectos específicos correspondiendo a las prioridades establecidas. 5. RECURSOS PREVISTOS. El monto indicativo previsto para cubrir los compromisos presupuestarios necesarios para desarrollar las acciones previstas por este Memorándum es de 93 millones de Euro por parte de la CE (línea nº B7-3100 del presupuesto de la CE: 87 millones de Euros, línea nº B7-3110 del presupuesto de la CE: 6 millones de Euros) Este monto es puramente indicativo, y podrá ser sujeto a eventuales adaptaciones en función de las disponibilidades presupuestarias efectivas de la CE. Además, la asignación será función de la eficiencia en materia de ejecución de gastos, demostrada por los receptores de la cooperación. 6. DURACIÓN El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción, y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del 2006.

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7. DISPOSICIONES FINALES (Cláusula evolutiva) En el caso de una evolución sustancial de la situación, y a petición de una de las dos partes, estas podrán ampliar o completar las disposiciones tomadas en el marco del presente Memorándum de Entendimiento. En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Memorándum,

En Guatemala,

el 26 de marzo 2001 POR LA COMUNIDAD EUROPEA POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Christopher PATTEN Gabriel ORELLANA ROJAS

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