Mecanismos de la actividad de la función publica

Juan Manuel Correa

Daniel Fernando Ballesteros

Responsabilidad cumplimiento y eficiencia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

FACULTAD DE ADMINISTRACION

MANIZALES-CALDAS

Introducción:

El estado en virtud del cumplimiento de sus funciones ha creado varios mecanismos de la actividad de la administración pública, que son las herramientas con que actúa el estado para cumplir sus funciones todas las herramientas o recursos que aquí llamaremos mecanismos, deben legarnos a todos nosotros los ciudadanos. Ese es el objetivo de la igualdad viéndolo desde la perspectiva de las herramientas de actuación gubernamental

Para adentrarnos un poco en los conceptos, resumiremos en forma breve los significados de los mecanismos de actuación gubernamental dispuestos en el código contencioso-administrativo.

Actos Administrativos: Son las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. Por ejemplo, un decreto del Presidente de la República o una resolución de un ministro.

Hecho administrativo: Son aquellos fenómenos, acontecimientos o situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos respecto de ella.

Operaciones administrativas: Son aquellos fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución práctica, en tal forma que constituyen en conjunto una sola actuación de la administración.

Las vías de hecho. Cuando en el incumplimiento de una actividad material de ejecución, la administración comete una irregularidad grosera, que atenta contra el derecho de propiedad o contra una libertad pública.

Omisiones Administrativas. Son las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ella. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo.

Acción de nulidad: Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionario u organismos incompetentes

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho.

Acción de reparación directa: La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.1

Aclaramos ante todo que no podemos generalizar los casos y sentencias por nosotros dictaminadas son las más frecuentes, pero ello no quiere decir que todo los organismos se comportan de la misma manera como nosotros las describimos. Primero iniciamos con un derecho constitucional y su posterior análisis. A continuación hacemos referencia al concepto de estado comunitario que se traduce en renovar la administración como herramienta para mejorar no solo el estado en si sino también sus actuaciones. Después hacemos un recuento de las responsabilidades de las ramas del poder respecto a las actuaciones públicas. Luego hacemos un critica a los mandatos anteriores al presente gobierno, haciendo referencia al porque no se cumplen plenamente los actos públicos. Finalmente para complementar un poco nuestra ponencia escribimos las causales de revocación de los actos públicos y la firmeza de los mismos.

Responsabilidad cumplimiento y eficiencia

1 Código contencioso administrativo y LEY 1437 DE 2011

“Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por la infracción que comentan en contra de la constitución y las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de sus funciones, o por omisión en el ejercicio de estas.”

Es un mandato constitucional que deja entrever un poco nuestra independencia del estado, pero la verdad es que cualquier ciudadano depende mucho más del gobierno que de su trabajo en si. Me explico, nuestros derechos los defina el gobierno, nuestros representantes y senadores, pero no los eligen por gusto o por beneficiarnos. Sino por que es su deber.

Colombia requiere un Estado comprometido con la construcción de ciudadanía, con vocación y acento social, y guiado por los principios de austeridad, probidad y eficiencia. El objetivo último de la Renovación de la Administración Pública será la construcción de una nación socialmente justa, geográficamente equilibrada y capaz de aprovechar sus recursos naturales y humanos. Pero hay problemas que retardan la construcción y el buen desarrollo del país, la corrupción es uno de los inconvenientes más graves del país. Entre sus efectos más serios está la pérdida de confianza en el gobierno y el surgimiento de un apreciable grado de apatía y disociación en la ciudadanía. Asimismo, esta erosiona la legitimidad del Estado, limita el proceso de desarrollo nacional y pervierte el ahorro público. En 2001, el costo de la corrupción ascendió a US$2,240 millones, equivalentes a 80% del déficit fiscal, o 2,6% del PIB de ese año. En sobornos por compras estatales y licitaciones, el costo de la corrupción fue de cerca de US$480 millones y por desviación de recursos de US$1,760 millones.

En países con niveles altos de corrupción, la tasa de inversión apenas llega al 12,3%, mientras que en países con baja corrupción la inversión alcanza el 21,3%. Esta brecha se traduce en escaso crecimiento y en altas tasas de desempleo. Los resultados del Estado colombiano en el cumplimiento de sus funciones esenciales son hoy, por decir lo menos, muy mediocres y, en todo caso, bastante incongruentes con los esfuerzos fiscales y administrativos realizados por el país: en la última década, se comprobó un crecimiento extraordinario del sector público no financiero, un importante incremento del gasto del gobierno central, un vertiginoso aumento de las transferencias territoriales, y una

impresionante proliferación de entidades. No obstante lo anterior, se ha hecho igualmente evidente una muy baja correlación entre el incremento del gasto y el mejoramiento de la provisión de bienes y servicios, bien sea en cuanto a su cobertura o en cuanto a su calidad.

Así, para nadie es un secreto que es muy poco lo que el país ha avanzado en materia de reducción de la pobreza y, de hecho, en la última década se observa un retroceso; en educación, los importantes incrementos experimentados por el gasto de educación desde 1996 no han mejorado de manera significativa ni la cobertura ni la calidad educativa; y algo similar ocurre en el caso de los sectores de salud y justicia, en los cuales las asignaciones presupuestales desde 1992 han representado esfuerzos fiscales con pocos antecedentes previos en el país, pero de pobre impacto.

Con estos resultados, sorprendentemente sería no cuestionar la legitimidad de un Estado colombiano que, a pesar de sus desalentadores resultados, ha ido absorbiendo cada vez más recursos, privando de éstos a otros actores sociales que eventualmente podrían utilizarlos en una forma socialmente más productiva. Aunque no todo es malo (pero si la

mayor parte de las actividades del estado). El país se esfuerza cada vez mas en cultivar el buen gobierno, tomando como base la democracia. Se podría decir que están culturizando los funcionarios públicos, como consecuencia de la presión interna y la internacional y gracias al esfuerzo de varias organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos. Sus resultados no son los que se espera de un proyecto tan importante en materia de transparencia, pero algo es algo y apenas estamos empezando.

La renovación de la administración pública, es pues una tarea urgente y ambiciosa. Su propósito fundamental es la recuperación de la legitimidad del Estado para ejercer el liderazgo requerido con miras a que la sociedad colombiana pueda alcanzar las metas previstas en la Constitución Nacional y que justifican su existencia. Esta es la razón por la cual la renovación de la administración pública propuesta por el gobierno, no se entiende como un simple proceso de reestructuración organizacional que eventualmente lleve a reducir los costos de operación y a mejorar la eficiencia operativa de algunas entidades, sino más bien como un replanteamiento del aparato estatal dirigido a la materialización de una nueva concepción del Estado: el Estado Comunitario.

El Estado Comunitario puede definirse como un Estado al servicio del ciudadano, cuyos objetivos primordiales son un Estado gerencial (que administre lo público con eficiencia, honestidad, austeridad y por resultados), un Estado participativo (que tenga en cuenta las demandas de la gente) y un Estado descentralizado (que tenga en cuenta las necesidades locales sin perjuicio del interés nacional y de la solidaridad regional).

En efecto, el gobierno nacional se ha trazado como objetivo primordial fortalecer la participación ciudadana en la definición, la ejecución y la vigilancia de las tareas públicas, atendiendo a que el ciudadano no sólo puede ser receptor de los productos y usuario de los servicios del Estado, sino que además debe ser parte activa en la construcción social cumpliendo con la responsabilidad política de la participación. En este sentido, se está garantizando la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas de gobierno, en los que confluyen la ciudadanía, las autoridades locales y el gobierno nacional. Actualmente se está impulsando la integración de veedurías comunitarias en todas las actividades de la administración y, particularmente, en la contratación administrativa; y se expedirá el marco legal necesario para que exista la obligación de todas las entidades estatales de entregar información en tiempo real sobre el avance en la ejecución de los proyectos públicos, estableciendo consecuencias jurídicas claras en caso de incumplimiento.

Con la vigilancia, el seguimiento y la censura de la ciudadanía, se logrará que los recursos públicos sean destinados de forma transparente al cumplimiento de la misión esencial de la actividad pública: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La ciudadanía también está llamada a participar directamente en la ejecución de las políticas públicas. En este contexto, una dimensión fundamental de la renovación del Estado, es el afianzamiento de las relaciones entre el sector privado y el sector público, que se encuentran muy distantes. Con frecuencia estas relaciones se presentan como antagónicas, cuando en realidad son complementarias. Antes la principal relación comercial entre estos dos sectores se daba en asociaciones de grandes empresas publicas y privadas, la famosas

empresas de economía mixta, ahora ya existe la posibilidad para las pequeñas y medianas empresas de relacionarse con el estado, no en materia de fusiones o asociaciones, sino por concepto de créditos o subsidios que incentiven el crecimiento de la misma. No podrá haber un Estado Social de Derecho ni un Estado Comunitario, sin un sector privado vigoroso y dinámico. Tampoco podrá haber un sector privado próspero, sin un sector público que contribuya a la creación de capital social, que procure reglas ordenadas y que se cumplan para el funcionamiento de las empresas y de la economía en su conjunto, y que ofrezca una infraestructura social, económica y de seguridad democrática básica que estimule el desarrollo del país.

Para que la dimensión de la fuerza laboral de la administración sea la adecuada, se está llevando a cabo un rediseño institucional al interior de las 302 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad de reducir el costo del aparato, de la burocracia y de los privilegios. El objetivo es aumentar la eficiencia y la gestión mediante una recomposición de las plantas de personal hacia las labores misionales y un ajuste de las estructuras hacia lo que verdaderamente se requiere, buscando generar ahorros. Ahorros, que sólo tienen como destino, luego del pago de las indemnizaciones a que haya lugar y de la implementación de un Plan de Protección Social, la creación de un millón y medio de cupos escolares, la instalación de 10.000 computadores en 1.000 escuelas, la ampliación del régimen subsidiado de salud a 289.000 nuevos beneficiarios, la creación de 1.950.000 nuevos cupos para los usuarios del Sena, por sólo citar algunos ejemplos de las metas sociales del Gobierno Nacional.

Pero la renovación de la administración pública no sólo busca una profunda reorganización de las estructuras administrativas del Estado colombiano, sino que también consiste en un análisis riguroso de los procesos básicos de la administración pública, que permita su replanteamiento y optimización, con miras a facilitar el logro de los objetivos sociales del Estado dentro de un marco de eficiencia económica. En este sentido, una de las características más importantes es que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, el proceso de renovación del Estado se concibe como un ejercicio integral, no exclusivamente centrado en los aspectos organizacionales. Se parte del principio de que el buen funcionamiento de la administración pública depende de una buena combinación de la "organización vertical" con los "procesos operativos básicos" a través de los cuales se materializa el contenido funcional de la gestión pública.

Es por esta razón que, con la finalidad de superar algunos problemas estructurales de la administración pública colombiana, el gobierno se encuentra adelantando unas reformas transversales que tienen un impacto en todos los niveles del Estado la reforma al sistema del empleo público, la reforma al sistema de contratación administrativa, la creación de una estrategia gubernamental, la unificación de los sistemas de información al interior del Estado y de éste con los ciudadanos, el fortalecimiento del gobierno electrónico son algunas de ellas.

Finalmente, el Estado Comunitario es un Estado administrativamente más cercano al ciudadano, lo cual implica, desde el punto de vista de su organización, un compromiso decidido de fortalecimiento y profundización de la descentralización a través del traslado de competencias nacionales hacia los entes territoriales. El programa de Renovación de la

Administración Pública, busca una mayor delegación de funciones y competencias en el orden territorial, la eliminación de las duplicidades entre el gobierno central y los entes territoriales, la recuperación de la fortaleza del nivel intermedio de gobierno, la promoción de la acción conjunta y articulada de los diferentes niveles de gobierno a través de alianzas, asociaciones y convenios de delegación, y el incentivo de la integración de regiones, nuevamente con un fin último, cual es la liberación de recursos con destino a actividades sociales, pues en la medida en que se eliminen duplicidades y se asegure la gerencia adecuada de las regiones y de sus instituciones, se logrará un ahorro significativo en los gastos gubernamentales.

Ramas del poder y algunas de sus responsabilidades respecto a la administración

El sistema administrativo de la nación, aunque lento y endeble, (en realidad no es el sistema, son sus funcionarios) esta muy bien divido. Y los servidores públicos saben muy bien que es lo que deben hacer respecto al funcionamiento de la administración del estado. El problema es el mismo del juego del azar: como ya se conocen muy bien al país ya conocen también la trampa. Las funciones administrativas o de actos públicos de las ramas son las siguientes

Legislativo: Es responsable de fijar las escalas de remuneración, régimen de prestaciones, determinar la estructura de la administración determinar el acceso al sector publico de los ciudadanos, entre otros.

Ejecutivo: implementa las bases legales por actos administrativos (decretos resoluciones, circulares) decreta que: todo empleo debe tener funciones detalladas en ley o reglamento, ningún empleo podrá ejercerse sin nombramiento, presupuesto, requisitos, juramento y planeación.

Judicial: vigilancia y judicialización mediante acciones públicas o contenciosas.2

La administración de personal tiene bases constitucionales, fundamento en las leyes y es formalizada (burocracia)

En nuestra administración pública se expiden muchos actos que contienen errores de forma, de motivación, erróneas interpretaciones, falta de fundamento en las leyes, que muchas veces afectan su validez y dan base para que sean anulados y condenada la administración a indemnizar en muchos casos por decisiones que no tiene sustentos factico muy claro y cuyos fines no tienden a conservar el orden público y a proteger los intereses sociales

Parece que en los países subdesarrollados el organismo destinado a la vigilancia y al servicio del pueblo se está convirtiendo en ente normativo y de superioridad frente a este, no se debe olvidar que la soberanía descansa es en el pueblo, los políticos son los

2 Cárdenas, Manuel José. Cárdenas Zorro, Fabio A. Manual de administración pública. Ed. Temis. Bogotá, Colombia. 1984

representantes de una comunidad no sus líderes ni sus autócratas. Cuando nos referimos a “pueblo” hacemos alusión al gobierno y a la ciudadanía particular como uno solo.

La mayoría de los funcionarios públicos (con excepción de los cargos de carrera) son abogados. Las oficinas jurídicas tienen demasiadas funciones de trámite y pocas de creación y por el alto volumen de trabajo deben dedicarse a tramitar con urgencia y mínimo detenimiento los negocios a su cargo. Lo cual disminuye el estudio de estos y aumenta las posibilidades de error.

La mayor parte de las entidades públicas manifiestan a los jefes de las oficinas del gobierno la imposibilidad de tomar una determinación en cierto sentido. Sin embargo, los jefes, (por lo regular por razones políticas) insiste en ello y se toma una determinación cuya eficacia jurídica es efímera y no corresponde a los criterios de una recta administración pública.

Como en los demás países subdesarrollados los arreglos a los problemas son transitorios, popularmente se les llama “sombrerazos” que dan un aire a la crisis pero dentro de poco aparece de nuevo lo mismo. Se requiere una verdadera política.

El secreto está en la educación, a partir de la educación se desencadenan los demás aspectos de la política

Se necesita modificar (sobre todo en materia de cultura) las oficinas gubernamentales mediante el establecimiento de divisiones que emitan conceptos legales acertados y otras que se dediquen a cuestiones de trámite con suficiente autonomía. Todo se traduce en simplificar los procesos, como se hace con el pasado judicial por parte del DAS o algunos procesos de certificados de la DIAN.

La constitución esta por encima de todo. Es la ley macro

El control político en nuestro país no se ejerce , ya que no se puede limitar a citar a los ministros y autoridades para que aclaren algunas de sus actuaciones, sino que debemos observar y vigilar la marcha general de la administración bajo unos criterios fijos y establecidos que solo pueden contenerse en un plan de desarrollo económico y social que no existe, el problema de la DNP (departamento nacional de planeación) que compromete presupuesto y los ingresos los consideran de manera especulativa, sin hacer un adecuado balance fiscal a los procesos, ni una buena distribución de los recursos, pues la mayor parte de los rubros los destina para el funcionamiento del estado y al servicio de la deuda, dejando cerca del 50% para la inversión estatal que aunque es mucho no alcanza para todo lo que se tiene que hacer en Colombia. Hoy en día destinamos gran parte de los recursos del estado a la deuda pública.

El problema es que cada vez que se cambia de jefe de estado también lo hace el director de DNP, que ingresa con uno intereses nuevos y en 4 años debe planear proyectos y comprometer recursos que seguramente cuando llegue un nuevo director no sabrá que hacer porqué ya todo el presupuesto está comprometido y con lo que le quede libre hará el mismo proceso para que se repita lo mismo. Se necesitan soluciones estructurales, planear

el futuro de un país para 4 años es muy poco. Los objetivos de Colombia son de largo plazo no de corto.

Los controles administrativos dependen en gran medida de la procuraduría general de la nación, de este oranismo9 depende en gran medida la transparencia de los procesos de actos públicos que realizan los funcionarios públicos. Una grave debilidad de este organismo es que solo puede denunciar las irregularidades más no judicializar. Función exclusiva de la rama judicial.

De que manera el estado no realiza sus funciones?

Las funciones del estado, se reflejan en sus mecanismos de actuación (actos públicos, hechos administrativos, etc.). Algunos políticos no toman en cuenta sus deberes y se dedican más bien a aprovechar el cuarto de hora que tienen en el estado, dedicándose a acumular capital, característica propia de la sociedad en que vivimos. En el mundo occidental nos intentaron vender una imagen falsa del gobierno colombiano de Uribe, hablan de un país prospero, responsable y democrático. Pero la realidad es muy distinta a como nos la pintan. Uribe no es más que un agente del imperialismo estadounidense y de la corrupta oligarquía colombiana. Sobran razones para decir que el estado colombiano utiliza la represión y el terrorismo de estado contra todo opositor político.

9 de cada 10 asesinatos de sindicalistas que ocurren en el mundo se producen en Colombia, con un 100% de impunidad. Según cálculos de la Central Unitaria de Trabajadores (principal sindicato de Colombia) desde la llegada de Uribe al poder unos 170 sindicalistas han sido asesinados impunemente. A estas atrocidades hay que sumar las continuas desapariciones, amenazas, torturas, secuestros y despidos de destacados sindicalistas de izquierda. En el año 2002 hubo 1.974 desaparecidos, en el 2003 fueron 4.800 civiles los arrestados falsamente acusados de rebelión civil y más tarde han tenido que ser puestos en libertad por falta de pruebas. Todo vale a la oligarquía colombiana para facilitar las privatizaciones, reducir el tiempo en la negociación de los convenios e impedir las huelgas. Según la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) Colombia es el país más peligroso del mundo para un sindicalista.

Desde diciembre de 2003 casi 2.000 personas han sido asesinadas por grupos paramilitares. Existe complicidad entre el estado y los grupos de extrema derecha. Existen denuncias de que el gobierno gasta millones en pagar a personas para que hagan de falsos testigos y acusen sin pruebas a líderes sindicales de ser terroristas. Hay informes de la ONU que hablan de decenas de grupos paramilitares que operan conjuntamente con el ejército y la policía para asesinar a sindicalistas. El gobierno no tiene como explicar los falsos positivos ni las falsas desmovilizaciones.

Cada dos días muere un colombiano de hambre. En el departamento del choco los recursos de alimentación por parte del bienestar familiar de desvían hacia los políticos, que absorben como esponjas los rubros que le pertenecen a los niños. El país no esta completamente descentralizado, aun hay zonas alejadas en donde ni siquiera llegan las ayudas del estado.

Conociendo el carácter terrorista del estado colombiano uno se pregunta: ¿Qué hace EEUU, la UE, la comunidad internacional ante todo esto? La respuesta es simple: apoyar al gobierno y culpar de la violencia a “grupos narcoterroristas de extrema izquierda”. EEUU, durante los últimos coletazos de la administración Clinton, inventó el plan Colombia y la guerra contra las drogas y el narcotráfico. EEUU ha suministrado más de 4.000 millones de dólares al gobierno colombiano en los últimos 5 años. En teoría, el gobierno estadounidense gasta una cantidad ingente de esfuerzos en erradicar la droga del continente americano y a ello va todo el esfuerzo y la ayuda a Colombia, pero la realidad demuestra que esto no es así. EEUU, bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, intensifica su poder económico en Colombia y defiende con todo tipo de métodos los intereses de sus multinacionales.

Las fumigaciones que se realizan en el putumayo no acaban con la coca, los campesinos al no tener otra alternativa para sobrevivir, intentan volver a sembrar coca en los campos fumigados. Por otra parte, las fumigaciones masivas son un negocio muy jugoso para las empresas norteamericanas que se dedican a ciertos productos químicos, es el caso de Monsanto, una multinacional americana que se hizo de oro en Vietnam vendiendo cantidades incalculables de sustancias toxicas y que ahora esta ganando mucho dinero el Colombia. Monsanto es la mayor productora de Glifosato, que es el producto que se utiliza en las fumigaciones y que Colombia compra a esa empresa. La fumigación con glifosato tiene un efecto secundario: afecta a las plantaciones de comida, pastizales y fuentes de agua. Según estudios de la Acción Ecológica de Ecuador, el 100% de la población que vive ubicada a 5 km de las zonas fumigadas se han visto afectadas por fiebre, cefalea, diarrea y otras enfermedades.

Los campos fumigados son literalmente destruidos y desaparece toda posible actividad de vida, los campesinos se arruinan, no sólo se destrozan los cultivos de coca, sino también todo tipo de cultivos legales, no pueden cultivar nada salvo semillas transgénicas de Monsanto, que son las únicas que resisten el glifosato3. Pero la embajada americana en Colombia continúa justificando no cambiar de herbicida diciendo que al día de hoy: “las fumigaciones son efectivas en un 99%”. En realidad a veces se utilizan otros herbicidas como el Fusarium y Roundup (que también combaten a la coca) pero que en territorio de EEUU están prohibidos por el gobierno ya que destruye las cosechas y toda la zona de paliación.

Hay muchas conexiones entre altos funcionarios colombianos y el tráfico de drogas. Hay varias empresas norteamericanas de armas y seguridad que invierten en Colombia y que están acusadas de tráfico de drogas. La revista colombiana Semana publicó en 2008un artículo donde decía que: “Los gringos que fumigan en el Plan Colombia son una banda de Rambos sin ley que incluso se han visto involucradas en un escándalo de trafico de

3 http://188.165.131.72/noticia.php?id=23224 “parece que los millones y millones de dólares que invierte EEUU en las fumigaciones de la selva colombiana sólo sirven para despoblar de maleza los cultivos de los varones de la droga”

drogas”4.

Una vez más el petróleo es el causante de que se desvíen nuestro funcionarios e incumplen sus mandatos. Las empresas norteamericanas ganan mucho dinero en Colombia, Uribe había autorizado en varias ocasiones a Exxomobil y Chevron Texaco a que aumenten su presencia en Colombia. Los generales y las empresas estadounidenses realizan operaciones militares a diario al igual que la policía o el ejército colombiano. EEUU reconoce que tiene 500 militares en Colombia. En todo este tipo de atrocidades para ganar dinero consiste el Plan Colombia y el nuevo “Plan patriota”. Por eso, compañías petroleras, militares y de seguridad invirtieron millones de dólares para forzar la aprobación del Plan Colombia en el Congreso. De los 1.300 millones de dólares iniciales destinado al Plan Colombia. . Uno de los numerosos escándalos del gobierno de Uribe es que el gobierno colombiano sobornó a funcionarios venezolanos para que secuestraran en Venezuela al líder de las FARC Rodrigo Granda. Chávez, el 17 de diciembre, dijo que: “Sabemos que hay gente que viaja a Bogotá para conspirar, entre ellos militares retirados golpistas, civiles y hasta algún representante de la iglesia”. Ese mismo día Chávez aseguró que su gobierno tiene pruebas contundentes de que en esas reuniones conspirativas participan altos funcionarios del gobierno de Uribe.

Otro grupo paramilitar, las Águilas Negras, se dedica en varios municipios a asesinar a líderes izquierdistas y obligan a la población a punta de pistola a recoger firmas en apoyo de Uribe, además inundan los barrios de panfletos en los que se amenaza de muerte a candidatos para las elecciones de mayo. Estos grupos también se dedican a amenazar de muerte a abogados o jueces que realizan acciones legales a favor de los sindicalistas encarcelados. Pero no solo se persiguen a sindicalistas, en septiembre la policía entró por la fuerza en la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, para neutralizar a grupos de estudiantes que están realizando una investigación sobre la educación pública en Colombia,

El gobierno quiere lavar la imagen de esta ley diciendo que “si un paramilitar se niega a colaborar y a acogerse a los beneficios de esta ley, tendrá que responder ante la justicia colombiana”. Esta es la trágica situación de la realidad colombiana, mientras la izquierda está asediada, la comunidad internacional alababa al presidente Uribe, uno de los más significativos ejemplos de la actitud hipócrita de la burguesía y el imperialismo. Hay que despertar y oler el café, en el mundo no se regala nada y si no trabajamos no tendremos nada, con pedir y robar no sacamos nada justo. Con la renovación de la administración pública que esta imponiendo el estado se lograra mucho sobretodo en materia de que los funcionarios cumplan en verdad sus deberes y se dediquen a realizar con eficiencia los actos administrativos de sus respectivas competencias.

4 http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=18937

Finalmente para complementar un poco nuestra ponencia escribimos las causales de revocación de los actos públicos y su firmeza para recordar que estos mecanismos de acción de la administración pública no son un simple cuento chino, sino que hacen parte de la manera de funcionar del estado y los ciudadanos debemos conocerlos para no dejarnos engañar por nuestros representantes.

Firmeza de los actos administrativos

Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo

Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 5

5 Código contencioso administrativo y LEY 1437 DE 2011