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SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2014

6.ª SESIÓN (Matinal)

JUEVES 9 DE ABRIL DE 2015

PRESIDENCIA DE LAS SEÑORAS ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES

Y

ESTHER CAPUÑAY QUISPE

SUMARIO

Se pasa lista.— Se abre la sesión.— La Representación Nacional, puesta de pie, guarda un minuto de silencio en memoria del señor Luis Delgado Aparicio Porta, exparlamentario, abogado e impulsor de la cultura musical en el país, fallecido el pasado 2 de abril.— Se inicia el debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en los proyectos de Ley 3858/2014-CR y 4024/2014-CR, por el que se propone crear la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral, ponencia que, a pedido del Presidente de la Comisión dictaminadora, ingresa a un cuarto intermedio.— Se aprueba el texto sustitutorio, contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, del proyecto de Resolución Legislativa 4345/2014-PE, por el que se autoriza el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y personal militar del Reino de España para visita de escala con la Marina de Guerra del Perú correspondiente al mes de abril de 2015.— Se aprueban las mociones de saludo a los valerosos comandos que participaron en la operación militar Chavín de Huántar, al conmemorarse el 22 de abril el décimo octavo aniversario de dicho

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acontecimiento; a la provincia de Azángaro (dos), región Puno, con motivo de celebrarse el 8 de abril del presente año un nuevo aniversario de la inmolación de Pedro Vilca Apaza Alarcón, prócer de la gesta libertaria; a la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de conmemorarse el próximo 18 de abril el 180 aniversario de su creación política; a la Provincia Constitucional del Callao, al conmemorarse el 22 de abril su 158 aniversario como provincia constitucional; al distrito de San Juan Bautista, con motivo de conmemorarse el 7 de abril el quincuagésimo quinto aniversario de su creación política; al distrito de Los Olivos (dos), con ocasión de celebrarse el vigésimo sexto aniversario de su creación política; a la población del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, por conmemorarse el 12 de mayo el quincuagésimo aniversario de creación de dicho distrito; a los señores magistrados Julio César Chucuya Zaga y Santos Poma Machaca, por su contribución a la construcción de una verdadera integración en respeto a la interculturalidad y cumplimiento de las normas jurídicas en el Perú; a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con ocasión de conmemorarse el 21 de mayo del presente año el quinto aniversario de su creación; al distrito de Punta Hermosa, con motivo de conmemorarse el 7 de abril el sexagésimo primer aniversario de su creación política; al Colegio de Economistas, con ocasión de conmemorarse el 8 de abril el Día del Economista; a la Universidad Nacional Federico Villarreal, con ocasión de conmemorarse el 12 de abril del presente año el cuadragésimo noveno aniversario de su creación; en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, a todas las personas y entidades que promueven espacios y crean iniciativas para generar hábitos de lectura; a todos los abogados, destacados profesionales letrados, defensores del derecho político y social, al conmemorarse el 2 de abril el Día del Abogado; a la Asociación Kontacto Empresarial, al conmemorarse este 23 de abril su 16 aniversario de vida institucional; a los pobladores del distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, por conmemorarse este 19 de abril el 453 aniversario de la creación de su distrito; a la exparlamentaria Teresa Flores Ochoa de Paliza, en el marco de los homenajes y reconocimientos que viene organizando la Municipalidad Provincial de Cusco por sus importantes aportes a la política nacional, su lucha por los derechos de las mujeres, y sus aportes a la educación de niños y jóvenes de las zonas rurales del sur peruano; a los habitantes del Convento de Santa Rosa de Ocopa, por celebrarse el 19 de abril del presente año los 290 años de fundación del mencionado convento; a la Academia Peruana de Salud, por conmemorarse el 7 de abril el Día Mundial de la Salud; a todos los economistas del Perú, con una mención especial a los que residen en la región Lima, con ocasión de celebrarse el 8 de abril el Día del Economista en el Perú; al distrito de San Isidro, al conmemorarse el 24 de abril su 84 aniversario de creación política; al distrito de Amantaní, provincia y departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 9 de abril del presente año un aniversario más de su creación política; al distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse el 23 de abril del presente año el 50 aniversario de su creación política; a los pobladores del distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, con motivo celebrarse este 22 de abril el quincuagésimo noveno aniversario de la creación política de su distrito; a la población de la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, por

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conmemorarse el próximo 21 de abril el 65 aniversario de la creación política de dicha provincia; al distrito de San Juan de Chacña, provincia de Aymaraes, región Apurímac, al conmemorarse el 17 de abril del presente año el 51 aniversario de su creación política; al Equipo de Inductores Especialistas del Ministerio Público, con ocasión de implementarse el 1 de abril la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el departamento de Huancavelica.— Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 3858 y 4024, por el que se crea la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral; seguidamente, a pedido del señor Llatas Altamirano, se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba el texto del Proyecto de Resolución Legislativa 4372/2014-PE, que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015, con el objeto de asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, República de Panamá.— Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3313/2013-CR, por el cual se restringe el ejercicio de la patria potestad por la comisión de delitos graves; seguidamente, a pedido del señor Eguren Neuenschwander, se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4291/2014-PE, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, por el que se crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental; seguidamente, a pedido del señor Condori Cusi, se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba las modificaciones al Cuadro de Comisiones, comisiones investigadoras y Comisión Permanente, correspondientes al período anual de sesiones 2014-2015.— Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 2 minutos, bajo la Presidencia de la señora Ana María Solórzano Flores e integrando la Mesa Directiva la señora Esther Capuñay Quispe, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Falconí Picardo, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Núñez de Acuña, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Velásquez Quesquén, Yovera Flores y Zamudio Briceño.

Con licencia oficial, los congresistas Chacón De Vettori y Zeballos Salinas.

Con licencia por enfermedad, el congresista Lewis del Alcázar.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado

Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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En función de representación, los congresistas Iberico Núñez y Jara Velásquez.

Ausentes, los congresistas Julca Jara, Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Carrillo Cavero, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Dammert Ego Aguirre, Delgado Zegarra, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Isla Rojas, León Rivera, León Romero, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Luna Gálvez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Omonte Durand, Otárola Peñaranda, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tapia Bernal, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 56 congresistas.

Señores congresistas, no hay quórum para la presente sesión.

La siguiente citación es para las diez y treinta de la mañana.

—Eran las 9 horas y 37 minutos.

—A las 11 horas y 37 minutos, bajo la Presidencia de la congresista Ana María Solórzano Flores e integrando la Mesa Directiva la señora Capuñay Quispe, se registra, mediante el sistema digital de asistencia de los siguientes parlamentarios Abugattás Majluf, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Núñez de Acuña, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Uribe Medina, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial, los congresistas Chacón De Vettori y Zeballos Salinas.

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Con licencia por enfermedad, los congresistas Lewis del Alcázar y Reynaga Soto.

En función de representación, los congresistas Galarreta Velarde, Iberico Núñez, Jara Velásquez, Monterola Abregu, Sarmiento Betancourt y Valqui Matos.

Ausentes, los congresistas Julca Jara, Acha Romaní, Acuña Núñez, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Ordóñez, Belaunde Moreyra, Cabrera Ganoza, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, Delgado Zegarra, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Falconí Picardo, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaúnde, Gutiérrez Cóndor, Inga Vásquez, León Rivera, Luna Gálvez, Mavila León, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Mora Zevallos, Omonte Durand de Dyer, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reggiardo Barreto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Urquizo Maggia, Velásquez Quesquén y Yovera Flores.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 68 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 64 representantes.

Con el quórum reglamentario, iniciamos la sesión.

Señores congresistas: El día jueves 2 de este mes, falleció el exdiputado, por el Movimiento Libertad, don Luis Delgado Aparicio, quien, además de prestigioso abogado, fue también impulsor de la cultura musical en nuestro país. Recordémoslo con un minuto de silencio.

—La Representación Nacional, puesta de pie, guarda un minuto de silencio en memoria del señor Luis Delgado Aparicio Porta, exparlamentario, abogado e impulsor de la cultura musical en el país, fallecido el pasado 2 de abril.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Muchas gracias, señores congresistas.

Se inicia el debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en los proyectos de Ley 3858/2014-CR y 4024/2014-CR, por el que se propone crear la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Primer punto de la agenda.

El RELATOR da lectura:

De las comisiones de Constitución y Justicia. Proyectos de Ley 3858/2014-CR y 4024/2014-CR. Se propone crear la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral.*

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en los proyectos de Ley 3858 y 4024, por el que se propone crear la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral.

La Junta de Portavoces, con fecha 5 de marzo de 2015, acordó la exoneración del plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución, la exoneración del dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de la agenda.

Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, congresistas Llatas Altamirano.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Buenos días, señora Presidenta; buenos días, señoras y señores congresistas.

La Comisión de Constitución y Reglamento, en la sesión efectuada el 3 de marzo de 2015, aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de Ley 3858/2014-CR y 4024/2014-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular y por la Bancada Nacionalista Gana Perú, respectivamente.

El dictamen que hoy pongo en consideración versa sobre la creación de la denominada Ventanilla única de antecedentes para uso electoral.

Esta iniciativa tiene como propósito contribuir a la transparencia de los procesos electorales a través de la centralización de la información sobre los antecedentes y trayectorias de los candidatos y pre-candidatos de las organizaciones políticas, la cual podrá ser solicitada al Jurado Nacional de Elecciones desde diez días hábiles antes de la convocatoria a elecciones hasta el final del período de inscripción de candidatos.

Entre la información que podrá ser solicitada ante la ventanilla única se encuentra lo siguiente:

—Antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso en el Perú, a ser solicitadas al Poder Judicial.

—Certificados sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes o pasadas, e información sobre notificaciones de Interpol, a ser solicitados a la Policía Nacional del Perú.

—Antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso existentes en el exterior, a ser solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores. La rehabilitación después de haber cumplido sentencia firme no impide que toda la información se haga de conocimiento a través de la ventanilla única.

—Información por deudas de arbitrios, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal, deudas a la Superintendencia Nacional de Administración

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Tributaria —Sunat—, y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos —Redam—, a ser solicitada a las entidades correspondientes.

—Información sobre bienes, a ser solicitada a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Sunarp. Esta información —es importante resaltarlo— deberá ser proporcionada por las entidades públicas al Jurado Nacional de Elecciones con carácter obligatorio y bajo responsabilidad.

Las organizaciones políticas, por su parte, deberán guardar la debida reserva sobre esta, por tratarse, en muchos casos, de información de aspectos que involucran ámbitos de la vida privada de los posibles candidatos, lo cual no debe ventilarse más allá de los linderos de la presente norma, pero que puede resultar relevante para las agrupaciones políticas en el proceso de seleccionar a sus mejores candidatos.

Considero que se trata de una iniciativa que va en la dirección correcta de contribuir a la transparencia y la renovación de la clase política en el Perú.

A través de esta iniciativa, las organizaciones políticas contarán con información más amplia y detallada sobre los antecedentes de sus posibles representantes, herramienta que les permitirá elegirlos con mayor solvencia y responsabilidad.

El Perú necesita autoridades que cuenten con una trayectoria limpia y honesta y que no posean intereses oscuros que más adelante pongan en cuestión las funciones que realicen.

Esta iniciativa, asimismo, se enmarca dentro de un grupo de propuestas más amplias que, como hemos visto, buscan fortalecer la institucionalidad de nuestra democracia política.

Estas reformas no tienen otro objetivo que devolver la confianza a los ciudadanos en sus autoridades, las que, gracias a medidas como esta, podrán ser fiscalizadas y controladas con mayor eficacia.

Cabe precisar que no se genera gastos al erario nacional, pues se trata simplemente de una medida que busca facilitar el acceso a la información pública que, de ordinario, ya posee el Estado, y centralizarla en la instancia del Jurado Nacional de Elecciones en su calidad de órgano encargado de velar por el cumplimiento de las normas electorales.

En ese sentido, señora Presidenta, quiero anunciar que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho llegar, a la Comisión de Constitución y Reglamento, un oficio en el que expresa su conformidad con la propuesta contenida en el dictamen y saluda el gesto de este Congreso de debatir, de una vez por todas, aquellas propuestas que, si la voluntad de todos ustedes así lo permite, significarían un punto de quiebre para la mejora de la política peruana.

Muchas gracias, Presidenta.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista.

Se ofrece la palabra para iniciar el debate respecto del presente proyecto.

Puede intervenir el congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

En realidad, este es un proyecto de ley que no es complejo pero sí sumamente importante, ya que se ha estado tratando mucho el tema de la reforma electoral.

Este proyecto de ley, señora Presidenta, lo ha presentado quien está en el uso de la palabra para poder ayudar, básicamente, a los partidos políticos —esto, en coordinación con instituciones como Transparencia— a poder tener acceso a información más que importante al momento de seleccionar a quienes van a presentar como candidatos.

Como ustedes saben —sobre todo, quienes tienen una formación jurídica—, una vez que una persona —y lo dice la Constitución— cumple su condena penal o, incluso, su condena de prisión efectiva, lo que sucede luego es una rehabilitación, según la cual se borran todos los antecedentes policiales y penales, lo que hace prácticamente imposible que los partidos políticos podamos detectar este pasado, cuando lo evidente es que no queremos este tipo de personas en la política peruana.

En este sentido, señora Presidenta, de lo que se trata es de permitir que los partidos políticos tengamos acceso a la información sobre antecedentes de sentencia condenatoria por delito doloso en el Perú.

Evidentemente, esto se solicita en el Poder Judicial, y no nos podrán decir en este caso que, si ha cumplido la condena, está rehabilitado y que, por lo tanto, se borran los antecedentes. En el caso de los partidos políticos, esta información tiene que ser entregada.

Igual es en el caso de las órdenes de captura a nivel nacional o internacional, que es una información más que trascendente a la hora de elegir a los cuadros que los partidos políticos presentan para que la población emita su voto.

También se considera la información de antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso ocurridas en el extranjero.

Y, finalmente, aunque no menos importante, señora Presidenta, está lo referido a la información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal, deudas ante la Sunat, entre otros.

Es decir, una persona que no cumple con pagar sus deudas, evidentemente, no tiene el perfil que deberíamos pedir los peruanos a la persona que entra a hacer política.

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Agradezco la votación en mayoría que esta propuesta ha merecido en la Comisión de Constitución, pero me gustaría proponer un pequeño agregado en el artículo 1, si lo toma en cuenta el Presidente de la Comisión de Constitución, que dice lo siguiente:

"El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil brindará el soporte tecnológico a la Ventanilla única de uso electoral y proveerá los certificados y firmas digitales correspondientes".

Lo que se busca con esta propuesta es potenciar todavía más esta ventanilla y agilizarla, tomando en cuenta además que ya Reniec ha implementado el mecanismo del DNI electrónico.

Entonces, la idea es utilizar esta misma tecnología para que mañana o más tarde no haya problemas burocráticos o administrativos al momento de implementar la ley, la cual —en esto hemos coincidido diferentes bancadas— va a ser importante y marcará un antes y un después respecto a la calidad de...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— …respecto a la calidad de candidatos que los partidos políticos presenten.

Entonces, ya no va a ser fácil que se pueda sorprender a las dirigencias de los partidos políticos con la presentación de certificados de antecedentes policiales, penales o judiciales en donde no figura ninguna condena, lo cual está amparado en una rehabilitación.

La rehabilitación es constitucional, pero también es constitucional proteger al pueblo peruano de este tipo de personas, que de ninguna manera deben estar en política.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Eguren Neuenschwander.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, Presidenta.

Como es por todos conocido, se trata de un proyecto que ha sido exonerado de dictámenes. En consecuencia, vamos a plantear al Presidente de la Comisión de Constitución que se pueda revisar el artículo 2, porque este proyecto tiene por objeto fundamental dotar de transparencia a la información que requieren los partidos en búsqueda de un objetivo fundamental: mejorar la calidad de la Representación Nacional, pero esto también rige para el caso de alcaldes, de consejeros, de regidores, de gobernadores regionales, etcétera.

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En consecuencia, en la medida que los partidos tengan acceso a una información consolidada sobre sus militantes o dirigentes que terminan siendo futuros candidatos, la representación política de los partidos terminará siendo de mejor calidad.

Siendo ese el objetivo, no tiene sentido que esta ventanilla única que se va a crear, que va a tener un recurso humano y que va a contar con un presupuesto tenga una vida útil tan corta, el periodo previo a las elecciones, y —aun más grave— que sea solo para candidatos.

Esta información debería estar abierta permanentemente, porque, desde que ingresa un militante que puede terminar siendo sospechoso, los partidos tienen derecho a saber si tiene una sentencia por narcotráfico, por ejemplo. No hay que esperar a que sea candidato.

Todo el tiempo los partidos políticos deben tener acceso a esta información valiosa para que puedan generar los filtros pertinentes, porque no solo hay penetración para ser candidatos, sino también para ser dirigentes, y los dirigentes son los que determinan finalmente quiénes son candidatos. Entonces, hay que filtrar también a los dirigentes, pues estos llegan a ser tales a través de procesos electorales internos.

Entonces, la propuesta al Presidente de la Comisión de Constitución va en ese sentido: no tiene por qué haber plazos ni estar única y exclusivamente orientada a esta información transparente para candidatos de elección popular, sino también para candidatos de procesos electorales internos.

Esta observación en el artículo 2 es a título personal, porque el proyecto ha sido exonerado de dictamen de la Comisión de Justicia, pero creo que se puede avanzar en ese sentido.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Se trata de una importante iniciativa convertida en un dictamen que proviene de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Debo resaltar que el Proyecto de Ley 4024, que se ha acumulado al otro proyecto, tiene como autor al congresista Llatas, presidente de la Comisión de Constitución.

No obstante la trascendencia de esta iniciativa, debo mencionar que ella es parte de la reforma electoral, y que no es sino la continuidad de una serie de proyectos que se han aprobado, como el de la silla vacía, que se refiere a la vacancia en el ejercicio de la función de aquellos congresistas que tuviesen procesos en curso por delitos de terrorismo, trata de personas y narcotráfico, que generan recursos ilícitos bajo la figura de lavado de activos.

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Sin embargo, debo señalar que esta norma se refiere solo a información sobre sentencias, lo cual no implica el derecho de las organizaciones políticas a recabar información sobre procesos en curso que podrían tener los candidatos.

El artículo 3 refiere:

“La información que se puede ser solicitada ante la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral es la siguiente:

a) Antecedentes de sentencias condenatorias […].

b) Certificados sobre órdenes de captura […].

c) Antecedentes de sentencias condenatorias […] en el exterior […].”

El inciso d) se refiere a la información por deudas en materia tributaria y morosidad en el tema de alimentación, pero en ningún momento se hace referencia —por más que exista la presunción de la inocencia— a la información de candidatos que podrían tener procesos en curso en el Ministerio Público.

Entonces, al no servir esta ventanilla única para tener información sobre procesos en curso, sino solamente sobre sentencias ya consentidas, ya ejecutoriadas, existe el peligro de que, finalmente, se filtren las candidaturas de gente que tenga procesos en curso en casos de pedofilia, acoso, hostigamiento, etcétera.

Estos son aspectos que, por su intermedio, Presidenta, traslado al Presidente de la Comisión de Constitución, toda vez que la información que se pretende recabar para su uso en procesos electorales es exclusivamente sobre antecedentes penales y judiciales.

Me pide una interrupción el congresista Chehade, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Urquizo.

Solamente quiero hacerle una consulta al presidente de la Comisión de Constitución, al amigo Llatas.

En aras de viabilizar esta importante ley, con la cual creo que todos o la mayoría estamos de acuerdos, quiero simplemente preguntarle cómo harían los partidos políticos para viabilizar la información en cuanto —según lo que menciona el proyecto— al artículo 3, inciso b), sobre los certificados de órdenes de captura nacional e internacional vigente o pasada; teniendo en cuenta que puede existir una serie de personas que estén procesadas no solamente en sede nacional, sino en sede extranjera. Quiero saber si esta información se va a pedir a la Interpol o se va a pedir a los consulados de todos los países. Esto no es fácil.

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En aras de que el proyecto de ley no sea letra muerta, queremos preguntarle al Presidente de la Comisión cómo se va a viabilizar esta información cuando haya condenas en sede internacional.

Muchas gracias, Presidenta; gracias, congresista Urquizo.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Me pide la segunda interrupción la distinguida colega Luisa María Cuculiza.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Cuculiza Torre.

La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Gracias, Presidenta.

Me parece excelente este proyecto. El objetivo de esta propuesta está orientado a centralizar en una sola entidad, el Jurado Nacional de Elecciones, el otorgamiento de los antecedentes judiciales, policiales.

Quiero que esto se destaque, pero que se destaque bien, poniendo drásticamente, en grande, que también entren los deudores alimentarios morosos, quienes jamás deben estar en este Congreso.

Usted es una persona muy correcta, señor Urquizo. El proyecto fue presentado por Juan José Díaz, de la bancada fujimorista, y después se acopló el señor Llatas.

Sería bueno que se reconozca que la primera presentación de este proyecto se hizo desde acá y que después se acopló el del señor Llatas, porque no podemos aceptar que solamente se nombre a una persona cuando acá se trabajó con la ONG Transparencia para hacer este proyecto.

Muchas gracias, congresista Urquizo.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Urquizo.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Gracias, Presidenta.

Efectivamente, la iniciativa 4024 es del congresista Llatas, pero también señalé que son dos proyectos de ley, y el 3858 es una iniciativa del congresista Juan José Díaz Dios.

Esta información no está orientada al tema de quienes tienen proceso en curso. Entonces, yo pediría que el Presidente de la Comisión evalúe este tema, toda vez que se refiere solo al tema de las sentencias.

Asimismo, que en el artículo 1, cuando se refiere a organizaciones políticas, el Presidente de la Comisión evalúe si es necesario hacer también la precisión de

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movimientos regionales; porque en la OROP hay un componente, que es el de los partidos políticos nacionales, y también hay otro registro de movimientos regionales. Entonces, sería bueno hacer esta aclaración.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Gracias, Presidenta.

Como se puede apreciar en el texto que se ha distribuido entre los señores congresistas, cuando este tema se votó en la Comisión de Constitución me abstuve, al igual que otros congresistas, y no acompañé con mi voto este dictamen.

Y la razón fundamental que esgrimí en el curso del debate dentro de la Comisión, señora Presidenta, es que debemos tener presente que el proyecto no puede colisionar con la Constitución.

La Constitución está orientada para que el Estado y la sociedad persigan el delito, de modo que cuando alguien comete un delito sea juzgado y condenado.

Pero la Constitución también establece en su artículo 139 —que enumera larga y extensamente cuáles son las características o funciones de la administración de justicia—, inciso 22), lo siguiente:

“Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[…]

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.”

En otras palabras, señora Presidenta, cuando alguien es condenado por la comisión de un delito y cumple con la sentencia que los tribunales le imponen, la carcelería que sufre tiene por finalidad pagar con esa detención por el delito cometido, pero también tiene la finalidad de reeducarlo y de rehabilitarlo para que pueda reinsertarse en la sociedad. Por lo menos ese es teóricamente el objetivo.

En la realidad de los hechos, nuestras cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, son más bien centros de corrupción y centros de perfeccionamiento en el delito. Pero, por lo menos, el texto constitucional prepara al sistema penitenciario como centro de reeducación y rehabilitación.

Por eso es que el condenado, una vez que ha cumplido su condena, ha satisfecho la deuda que tenía con la sociedad, puede pedir que los antecedentes penales le sean borrados, y que después de que le sean borrados, cuando alguien solicite antecedentes penales de esa persona, ya no aparezcan. Eso es lo que manda la Constitución y la legislación que desarrolla este principio constitucional.

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Sin embargo, el proyecto en debate, señora Presidenta, en su artículo 3 dice que la información que puede ser solicitada ante la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral es la de “antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso en el Perú, que serán solicitadas al Poder Judicial".

Claro, si ya han sido eliminadas, el Poder Judicial seguramente emitirá un informe en blanco o negativo, y hasta ahí la explicación es lógica.

Pero, cuando bajamos a dos incisos posteriores, encontramos que en el inciso c) del artículo 3 se dice que también se podrá solicitar “antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso existentes en el exterior, que serán solicitadas al Ministerio de Relaciones Exteriores". Y, añade: "La rehabilitación, después de haber cumplido sentencia firme, no impide que toda la información se haga de conocimiento de la ventanilla única".

Entonces, acá se nos está mostrando realmente la intención del legislador: aun cuando este añadido no aparece en el inciso a), cuando se pide al Poder Judicial peruano los antecedentes penales, en el inciso c), cuando se pida antecedentes de sentencias por delitos cometidos en el exterior, sí se consigna expresamente que el hecho de que en otros países, con legislación semejante a la nuestra, se haya borrado los antecedentes no impide que la información sí sea consignada cuando la solicitan los partidos.

Esa es una norma inconstitucional, señora. Estos argumentos los vertí en el debate en la Comisión de Constitución, y no fueron recogidos, no se me hizo caso. Están en el texto en debate.

Por eso es que yo me abstuve de votar; porque, aun cuando estoy de acuerdo en esencia con esta ventanilla única, pues considero que es útil, creo que estas observaciones que he formulado debían haber sido eliminadas.

Entonces, sugiero que eso se incorpore en el inciso a) o, si quieren, que este quede como está. No tengo inconveniente al respecto, porque ya será el Poder Judicial quien negará la información si es que se han borrado los antecedentes.

Pero sí propongo que en el inciso c) se elimine la parte en que se dice que “la rehabilitación, después de haber cumplido sentencia firme, no impide que toda la información se haga de conocimiento de la ventanilla única”.

No sé dónde está el Presidente de la Comisión de Constitución. Espero que por lo menos los asesores hayan tomado nota de las observaciones que formulo.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Cárdenas Cerrón.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

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Don Fernando Andrade me solicita una interrupción, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Andrade Carmona.

El señor ANDRADE CARMONA (PP).— Gracias, congresista Cárdenas; gracias, señora Presidenta.

El proyecto es bueno, pero el problema que veo es en los plazos, que son muy cortos, pues se establece diez días hábiles desde la convocatoria del proceso electoral.

Nosotros tenemos que en el mes de diciembre, por ejemplo, el Presidente puede convocar a las elecciones. En el mes de enero tienen que ya estar inscritos los candidatos a la presidencia, y la respuesta nos la van a dar diez días hábiles antes. Vale decir que, en buena cuenta, tendríamos quince días para presentar solicitudes.

Entonces, si encontráramos personas que no están capacitadas para ejercer el cargo, ya no tendríamos tiempo para pedir una nueva búsqueda de personas.

Aquí tendríamos que hacer la corrección en el artículo 2, cuando se dice "desde diez días hábiles antes de la convocatoria". Tendríamos que ampliar ese plazo de diez días a 90 días, por lo menos, para que podamos tener tiempo de buscar y que los datos nos lleguen a tiempo. De otra forma, el tiempo va a ser muy corto y esto no va a dar resultados.

Espero que haya tomado nota el Presidente de la Comisión, el señor Llatas.

Gracias, señora Presidenta; gracias, congresista Cárdenas.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Cárdenas.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Señora Presidenta: En realidad, no cabe duda de que nuestro Congreso de la República está muy comprometido en tratar de transparentar las acciones que desarrolla y las consecuencias que estas tienen en relación a los que son autoridades.

Ya se aprobaron algunas normas, como la curul vacía, que es importante para liberarnos de algunas personas que tienen rabo de paja —por decir lo menos— y que están involucradas en actos de terrorismo, en lavado de activos y otros.

Queremos además felicitar a la Bancada de Fuerza Popular y a los colegas que han presentado esta propuesta legislativa, que lo que busca —y lo han repetido aquí los colegas— es transparentar para que la población en general pueda tener confianza en sus autoridades. Creo que es importante recalcar esto.

Pero, señora Presidenta, este dictamen —que el día de hoy estamos tratando y que algunos colegas están fortaleciendo en algunos de sus artículos— es consecuencia

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de la serie de problemas que han enfrentado algunas autoridades; incluso, antes de ser autoridades, como candidatos.

Acá, en la exposición de motivos, nos dan unos datos importantes que cabe mencionar.

El señor periodista Marco Sifuentes menciona que ha encontrado, dentro de las investigaciones que habría desarrollado, 984 candidatos que tenían condena vigente por delito doloso; además, aproximadamente, 18 eran deudores alimentarios, 11 candidatos habían sido condenados por terrorismo y 10 eran candidatos golondrinos.

Entonces, es muy importante este dictamen que propone la creación de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, en lo cual se compromete al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía y a la Sunarp para que brinden información que transparente la hoja de vida de las personas que quieren ser candidatas.

Coincidimos, además, en algunas peticiones que habrían mencionado algunos de nuestros colegas.

Don Juan Carlos Eguren mencionaba dos aspectos, en el artículo 2, con respecto a que no solamente se puede solicitar la información de los antecedentes que tienen los candidatos, sino que también tendría que hacerse lo mismo en el caso de los militantes y los dirigentes, lo cual sería importante.

El otro caso es que en ese artículo no debería establecerse un tiempo, sino que más bien tendríamos que orientarnos a que esta medida tenga que ser libre.

Entonces, nosotros estamos, consecuentemente, con lo que habríamos dicho y...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Cárdenas.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Han mencionado algunos colegas, Presidenta, que se pueda considerar estos puntos, así como lo habrían dicho en este caso algunos otros colegas.

Ojalá consideren esas peticiones, Presidenta. Nosotros las estamos reforzando y estamos de acuerdo con ellas. Por ello, no nos vamos a cansar de felicitar al Grupo Parlamentario Fuerza Popular y a los colegas que han presentado esta propuesta.

Hay que dar el mensaje a la población de que este Congreso de la República está muy comprometido en transparentar la información sobre sus autoridades.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Guevara Amasifuen.

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El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, Presidenta.

El señor congresista Lescano Ancieta me solicita una interrupción. Si usted lo tiene a bien, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Solamente para decir, señora Presidenta, que una persona, si quiere ser presidente de la República o quiere ser congresista de la República, tiene que someterse a una revisión exhaustiva de lo que hizo en su vida para saber si va a cumplir con sus electores o no.

Una persona que esté rehabilitada y actúe adecuadamente en su vida privada irá al Poder Judicial, pedirá un certificado de antecedentes penales y este certificado de antecedentes penales saldrá sin ningún antecedente, y nadie le va a hacer problemas.

Pero la experiencia en nuestro país demuestra que han llegado al Congreso personas que han cometido delitos hace 15 años, 20 años, cinco años, cuatro años. Entonces, esa persona, si quiere entrar al Congreso o quiere dirigir los destinos del país, tiene que aparecer con todos sus antecedentes, porque de lo contrario vamos a tener los problemas de siempre.

Bueno, este señor fue sentenciado hace 15 años por tal delito...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es también para el congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— …llegó al Congreso, y su partido lo designó.

Entonces, si quitamos el hecho de que se tiene que informar a los partidos políticos —no a la ciudadanía, conforme el dictamen— de todos los precedentes de una persona que quiere ser autoridad, se tiene que hacer así, porque de otra forma el partido político no va a poder tener todos los antecedentes de esa persona.

No se está vulnerando la Constitución, no se está haciendo absolutamente nada. Esa persona va a saber que, si quiere ser candidato al Congreso o a un cargo de elección popular, tendrá que aparecer con todo su historial.

Si quitamos esto, como lo ha propuesto el congresista Bedoya, de modo que no aparezcan los antecedentes de una persona con rehabilitación, será lo mismo que nada, porque luego la prensa va a decir acá hay una persona que fue sentenciada por tal delito, los señores lo designaron como candidato y salió como congresista de la República.

Ya estará en manos del partido...

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, Presidenta.

Todo lo que signifique transparentar la vida pública de los políticos en general es muy bueno. Los que tenemos experiencia partidaria, políticamente hablando, incluso con cargos dirigenciales, somos conscientes de que tenemos que darnos las facilidades necesarias para poder, de esa manera, en el buen sentido de la palabra, rastrear la vida de aquellas personas que quieran candidatear.

Aproximadamente en 2009, en una reunión que tuvimos dirigentes de diversos partidos políticos con representantes de Devida, ellos también eran conscientes de que deberíamos haber establecido este tipo de propuestas.

Sin embargo, nosotros le decíamos a los de Devida que los partidos políticos, debido a nuestras propias limitaciones administrativas y logísticas, no teníamos la posibilidad de hacer un chequeo de la hoja de vida de todas aquellas personas que quieren ser candidatas.

Yo veo bien lo de la ventanilla única. Es una propuesta bastante positiva. Sin embargo, señora Presidenta, creo que debemos tener en cuenta que la iniciativa legislativa que hoy estamos debatiendo tiene una estrecha relación con otra iniciativa legislativa que tiene que ver con la hoja de vida.

La ventanilla única va a ser la que va a alimentar a la constatación de la información de la hoja de vida.

Entonces, en virtud de ello, es importante que aquí también pongamos, dentro de esta ventanilla única, la posibilidad de acceder a la información de los estudios que hayan tenido los posibles candidatos. ¿Para qué, señora Presidenta? Para evitar lo que hoy estamos viendo.

Muchos colegas congresistas han sido sancionados, incluso a través de la Comisión de Ética, por haber consignado cursos. Aunque, por supuesto, hay los casos de quienes tienen corona y a los que en su momento denunciaron por haber consignado cursos que nunca los habían estudiado. Pese a ello, estos no han sido ni siquiera citados por la Comisión de Ética y mucho menos han sido castigados.

Por lo tanto, señora Presidenta, existe una estrecha relación entre lo que es la ventanilla única y la hoja de vida.

Entonces, señora Presidenta, por intermedio de la Mesa, sugiero al señor presidente de la Comisión de Constitución, congresista Cristóbal Llatas Altamirano, que también consignemos que es obligatoria la información de los estudios que han realizado los candidatos para evitar que luego esa información esté mal dada o esté incompleta.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Guevara.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Por otro lado, señora Presidenta, es importante que el señor Presidente de la Comisión de Constitución tenga en cuenta que vamos a implementar la ventanilla única, pero para esto es necesario que demos un paso más allá. ¿En qué sentido? En el sentido de la parte de la implementación.

Acá vamos a necesitar el acceso de la interoperabilidad de diversas plataformas informáticas. Por lo tanto, es importante poner en este proyecto de ley que es necesario que se justifique, que se garantice la interoperabilidad de las plataformas informáticas de las diversas instituciones, de manera que el Jurado Nacional de Elecciones pueda tener la facilidad de acceder a esta información. Si no, señor Presidente de la Comisión de Constitución, por intermedio de la Mesa, esto no podría ser implementado y no tendría la rapidez ni la objetividad necesarias.

Por ejemplo, mi colega congresista Fernando Andrade está acotando muy bien que con diez días no es suficiente. Si no tenemos una plataforma informática, esto podría tomarnos hasta un año y nunca tendríamos la capacidad de implementar esta iniciativa legislativa.

Por otro lado, a través de la Mesa, señora Presidenta, hago el llamado acerca de la necesidad de implementar y poner en la agenda el tema del gobierno electrónico. Sigo insistiendo en que este proyecto de ley, que ya está en la agenda, le diga al nuevo Presidente del Consejo de Ministros que tenga esa posibilidad de generar el debate acerca de la implementación del gobierno electrónico. No habrá ventanilla única ni habrá interoperabilidad de plataformas informáticas si no hay gobierno electrónico.

Hago esta propuesta, señor Presidente de la Comisión de Constitución, con el ánimo de mejorar la propuesta y, sobre todo, para que esta se implemente.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Huaire Chuquichaico.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, colegas, muy buenos días.

Creo que estos proyectos de Ley 3858 y 4024, de crear una ventanilla única, son importantes, porque después de cada proceso electoral a nivel regional o municipal, cuando alguien ya es electo como autoridad, recién encontramos que estaba sentenciado, que ha tenido problemas, que estaba involucrado en asuntos de narcotráfico, etcétera.

Y esto no solo afecta a los partidos políticos, sino también hace que se resquebraje la política en el sistema democrático.

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En ese sentido, Presidenta, considero que esta ventanilla única, obviamente, es importante. Pero considero que debe precisarse qué órgano del partido político es el encargado de solicitar la información al Jurado Nacional de Elecciones. En ese caso, considero que el ente que solicite la información debe ser el órgano electoral del partido político, creado en el artículo 20 de la Ley 28094, el cual tiene a su cargo los procesos electorales internos y cuyos miembros están reconocidos en el Registro de Organizaciones Políticas.

Entonces, Presidenta, es razonable que la información la solicite este organismo partidario, de manera que también sea quien haga el filtro de la información de los precandidatos y sirva para admitir o rechazar las candidaturas.

Por ello, Presidenta, propongo que en el artículo 2 se diga lo siguiente:

"El órgano electoral del partido político podrá presentar solicitudes de información ante la Ventanilla única de antecedentes para uso electoral sobre sus posibles candidatos desde diez días hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción de candidatos".

Voy a alcanzar este texto por escrito, a fin de que el señor Presidente pueda tomar en cuenta esta opinión, porque aquí no estamos considerando quién es el que debe solicitar la información para que se pueda evaluar a estos candidatos.

Además, Presidenta, por intermedio usted, me quiero dirigir al Presidente de la Comisión con respecto al artículo 3, inciso d), donde se dice:

"Información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal, deudas ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria–Sunat y Registro de Deudores Alimentarios Morosos–Redam”.

Considero que aquí también debe estar Infocorp, quien tiene el historial de pago de deudas y de los servicios que se tiene. Espero, Presidenta, por su intermedio, que el Presidente de la Comisión lo tenga en cuenta, pues creo que esto sería necesario, a fin de que el candidato que va a representar al pueblo esté dentro de la idoneidad correspondiente.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, Presidenta.

Decididamente, esta es una norma que tiene que ser entendida en lo que atañe a su propósito. Entiendo que un congresista ha señalado que esto debería ser permanente. En su momento, quizás, podríamos aspirar a que esto sea permanente, pero hoy, tal como está planteado en la exposición de motivos y en el título, es una

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ventanilla única de uso electoral. Por eso es que se ha fijado plazos vinculados a los procesos electorales.

El tema es que los partidos políticos, al momento de hacer sus procesos internos para escoger a sus candidatos a puestos públicos sujetos a voto popular, tengan esta información.

Esta información está en manos de instituciones, donde existen los propios registros, que son permanentes. Esto no va a sustituir la existencia de los antecedentes que maneja el Poder Judicial, de los certificados de órdenes de captura que tiene Interpol, de las sentencias provenientes del exterior que pueda registrar el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los registros de la Sunarp, del Registro de Deudores Alimentarios. Estos siguen.

Lo que se está haciendo con esta norma es permitir legalmente una suerte de comunicación muy dinámica, muy oportuna, vinculada a la necesidad de que los partidos políticos tengan información.

Ya los partidos políticos definirán qué hacen con esa información. Pero lo que no se puede es argumentar que un partido político diga que no tuvo conocimiento, que hubo gente que no mostró los antecedentes, que hubo gente que no mostró sus condenas.

Lo que se busca con esto es contar con una herramienta útil para los partidos políticos al momento de seleccionar sus candidatos, por lo que también es una protección a la población, que en el momento de la elección va a saber que esas personas que están postulando como candidatos han pasado por una serie de filtros. De eso se trata. No se trata de sustituir los registros, que siguen existiendo, sino simplemente de establecer una suerte de comunicación —como digo— muy ágil, muy dinámica.

Ahora, señora Presidenta, tal como lo señaló nuestro vocero, aquí hay algunos aspectos que debemos complementar con respecto de este proyecto, y es el hecho del costo.

Yo creo que habría que definir que toda esta información que se va a proporcionar a los partidos políticos deba ser a título gratuito; y no solamente porque ya cada registro tiene su propio presupuesto y el sistema electoral también, sino porque creo que el propósito de esta norma es una necesidad para el propio Estado, y entonces esto debiera ser gratuito.

De otro lado, también nuestro vocero ha señalado que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Reniec, tiene ya un soporte tecnológico para que funcione esta ventanilla única de uso electoral, pero falta el soporte jurídico, la norma, para que ese soporte tecnológico pueda estar a disposición de esta ventanilla única.

Entonces, reitero la propuesta para que se añada en el artículo 1 un párrafo que diga:

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"El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil brindará el soporte tecnológico a la ventanilla única de uso electoral y proveerá los certificados y firmas digitales correspondientes".

De este modo se establece la previsión legal que autorizaría la utilización de ese soporte tecnológico.

Me pide una interrupción la señora congresista Luz Salgado, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Gracias, congresista Martha Chávez; gracias, Presidenta.

Lo que quisiera recalcar es que salen estas iniciativas con la finalidad de tener transparencia en cada uno de los precandidatos que están acercándose a los diferentes partidos políticos y para ahorrar esfuerzo, lo cual coincide también con los pedidos de Reniec y de la ONPE.

Esta propuesta ha merecido un apoyo casi unánime —solamente hubo tres abstenciones— porque coincidíamos en que el partido político hace todos los esfuerzos. Entonces, si centralizamos la información en una sola ventanilla, vamos a tener que los mecanismos electrónicos van a constituirse oficialmente, a través de las instituciones encargadas, en proveedores de esta información para los partidos políticos.

Reniec y ONPE están de acuerdo en este proyecto, que les va a demandar mayor trabajo, pero que también va a hacer que los partidos políticos...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es también para la congresista Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— …no tengan ningún pretexto, como dijo la congresista Martha Chávez, y asuman su decisión.

O sea, si se escucha al precandidato dar las explicaciones acerca de que, por ejemplo, no tuvo recursos para sostener durante un tiempo la pensión alimentaria, ya es el partido político el que decide. Entonces, dice este es un buen hombre, luego ha cumplido y lo tengo como candidato. Esa es una decisión del partido político. No es que sea ningún impedimento.

Gracias, señora Presidenta; gracias, congresista Chávez.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, Presidenta.

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En lo que atañe al tema tratado por el señor congresista Bedoya, que es un tema bastante interesante, en relación a la rehabilitación de las personas que cumplen su condena, es cierto que la Constitución establece que el propósito y la misión de la política penitenciaria de un país es que las personas se puedan rehabilitar y reinsertar.

Sin embargo, también sabemos que, por distintas razones, lamentablemente nuestros centros penitenciarios son todo menos rehabilitadores; además, muchas veces hay personas que tienen una propensión y una decisión personal de seguir delinquiendo.

Hace muy poco, nosotros hemos tomado una medida legislativa en relación a prohibir que las personas que han sido condenadas por delito de terrorismo, por delito de trata de personas, por delito de narcotráfico puedan tener determinados cargos e, incluso, puedan ser docentes, sobre todo aquellas personas que han sido condenadas por abuso sexual o por delito contra la libertad sexual.

Esas personas están, de por vida, más allá de que cumplan con sus condenas, prohibidas de poder aspirar a determinadas posiciones y cargos; y no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, en lo que atañe a determinadas áreas, como es la educativa.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Indudablemente, es necesario que podamos independizar la misión de una política penitenciaria de rehabilitar a personas del derecho que la sociedad tiene de protegerse de determinadas personas.

En este caso, no se está introduciendo ninguna prohibición. Lo único que se está introduciendo es la información, y entonces serán —repito— las organizaciones políticas las que tomarán una decisión al respecto.

Por eso, en esa línea, aprovechando la observación que hizo el congresista Bedoya, yo más bien pediría que este párrafo que está acompañando el inciso c) del artículo 3, en el sentido que la rehabilitación, después de haber cumplido sentencia firme, no impide que toda la información se haga de conocimiento de la ventanilla única, se ponga como una norma general para que sea aplicable no solamente a las condenas que vienen del exterior, sino a todos los casos.

Está bien: la persona tiene derechos, ya pagó su culpa, etcétera, etcétera; pero todos los demás tenemos derecho a saber. Yo creo que ya debemos abandonar ese proteccionismo que ha provocado que las sociedades estemos sujetas a gravísimos peligros.

Si alguien comete un delito y ya se rehabilitó, tiene derecho a hacer su vida; pero los demás tenemos derecho a saber con quién tratamos y a tomar nuestras decisiones. Si queremos contratar a alguien que fue condenado por delito de narcotráfico, será nuestra decisión; pero lo que no puede pasar es que no sepamos

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a quién tenemos al frente porque ya esa persona se rehabilitó. Creo que esto es fundamental.

Entonces, pido que este párrafo vaya para todos los casos, señora Presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Yo no sé si el artículo 79 de la Constitución sigue vigente o no. Dice:

"Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto".

Y acabamos de oír a una ilustre colega decir que este servicio debe ser gratuito.

Aquellos que tengan cierta experiencia de solicitar información, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores saben que ni el saludo es gratuito.

Va a haber cerca de ocho mil candidatos, solamente a nivel congresal, que tienen que ser expurgados por las 70 embajadas —solamente son 70 países, porque en los demás no tenemos cómo— o por los consulados que también tenemos. ¿Quién va a pagar eso?

Nos están proponiendo que sea gratuito y nos están diciendo que nos olvidemos del artículo 79 de la Constitución. Yo no sé realmente hasta dónde queremos seguir cayendo en errores básicos, elementales, fundamentales, que un Congreso de la República no puede cometer.

Este proyecto, para comenzar, ha debido venir con un dictamen que analice si es que se está creado gasto o no. Evidentemente, todos los que hemos solicitado información de antecedentes sabemos que nos cuesta dinero, más o menos 250 soles, todo el paquete que está acá. Entonces, ahora decimos que eso sea gratuito, evidentemente, en una forma demagógica.

¿Qué sentido tiene que los partidos tengan esta información y que no la conozca el público?

Puede ser que a mí me resulte más interesante saber si el candidato tiene empresas vinculadas a adquisiciones al Estado, por ejemplo; a mí me gustaría saber las participaciones en empresas que contratan con el Estado, que formulan o que podrían eventualmente formular lobbies para determinados sectores económicos.

A mí me parece que sería fundamental solicitar información a la OSCE acerca de todos aquellos que han sido representantes o han trabajado en empresas que han tenido contratos con el Estado, porque puede generarse mucha suspicacia que esto venga ocurriendo así.

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Ahora, no se solicita información fundamental, básica. Señor, ¿usted paga impuestos? No. ¿Debe impuestos? El que nunca paga impuestos no debe nada. Tenemos 70% de informalidad en el país; por lo tanto, debemos asumir que el 70 % de los que se presentan al Congreso son informales y evidentemente la Sunat no va a registrar ninguna deuda ni la municipalidad te va a registrar ninguna deuda, porque simplemente no existen para el sistema, es gente que comienza a aparecer.

Entonces, ¿no debemos pedir información a la ONP?, ¿ese señor aporta? ¿No debemos pedir información a las AFP?, ¿ese señor aporta? ¿No debemos pedirle a la Sunat que nos dé copia de la planilla electrónica?, ¿ese señor sí tiene ingresos?

¿Cómo es que llega gente al Congreso que de repente tiene propiedades multimillonarias y nadie sabe cómo llegaron? Pero parece que tampoco nos interesa saberlo ni queremos que la población lo sepa, porque lo que estamos pidiendo, básicamente, es más de lo mismo.

Además, hay una agravante, porque a mí —hablo a nivel del congresista Daniel Abugattás— me da la impresión de que esto es una lavada de cara antes del papelón, pues van a decirle al Jurado Nacional de Elecciones no, tú me diste la información.

¿O qué pasa si el Jurado Nacional de Elecciones no nos dio la información? Ah, no sé, pues, ahí está la ley; el Jurado tenía que darme la información. Pero el señor ha cometido un delito en Indonesia y no tenemos embajada. Ah, no lo sé, señor. El responsable es el Jurado Nacional de Elecciones, porque dimos una ley que establece que el Jurado tiene que darme la información; y, si no me la dio, yo estoy libre.

Bueno, señores, si queremos seguir construyendo casinos o queremos seguir construyendo con esto, y no pedimos información real y no se exige la publicidad y no se establece quién va a pagar el costo de esto, ¿cómo vamos a pedirle información a nivel...?

Solamente a nivel congresal hay una evaluación de aproximadamente diez mil personas, porque no son solamente los candidatos. Para el Congreso, tú evalúas 400, 500, 600 currículums, pues cada partido que tiene inscripción al día de hoy va a enviar 600 solicitudes de información para el Congreso, y gratis.

Aquí no veo ninguna opinión del Jurado Nacional de Elecciones ni del Ministerio de Relaciones Exteriores ni del Ministerio Público con respecto a que pueden dar a los partidos políticos este servicio gratuitamente.

Además, yo no veo cómo podemos nosotros simplemente decir aquí no se aplica el artículo 79 de la Constitución porque acá hacemos lo que nos da la gana. Somos el Congreso de la República y nadie nos pisa el poncho, hacemos lo que nos da la gana.

Yo me voy a oponer a este proyecto porque me parece absurdo, señora Presidenta.

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Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vamos a saludar y felicitar a los funcionarios de los parlamentos de Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Venezuela y Argentina, que han ocupado los cinco primeros puestos en la segunda edición del curso online Internacional "El control político en América Latina", organizado por el Congreso de la República del Perú a través del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Ellos nos acompañan en las galerías. Les trasmitimos el saludo.

(Aplausos).

Tiene el uso de la palabra el congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Gracias, señora Presidenta.

He estado examinando este dispositivo legal, que puede tener muy buenas intenciones para sanear la política y la reputación de los partidos políticos por la selección que hace de sus candidatos; pero, tal como está redactado, tengo serias dudas acerca de su constitucionalidad. En ese sentido, recojo algunas observaciones que han expresado congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra.

Yo creo que este dispositivo merece algunas pequeñas correcciones de redacción para hacerlo más potable, constitucionalmente hablando.

En primer lugar, en el inciso a) del artículo 3 se habla de “antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso en el Perú, que serán solicitadas al Poder Judicial”.

Tienen que ser obviamente sentencias condenatorias firmes o ejecutoriadas o que han pasado en autoridad de cosa juzgada, porque hay sentencias que pueden ser posteriormente revocadas. Y, si son revocadas, entonces la condena queda sin efecto. Eso es algo que se tiene que, efectivamente, pedir.

Y esto mismo vale para el inciso c), sobre antecedentes de sentencias condenatorias del exterior. También tienen que ser sentencias condenatorias firmes, por la misma razón que se ha expresado.

Luego está el tema de la rehabilitación. ¿Por qué tiene que mencionarse una sentencia si ya la persona se ha rehabilitado? Yo creo que esto vulnera principios fundamentales —que los ha mencionado específicamente el congresista Bedoya— y, en general, vulnera conceptos de derechos humanos.

Si la persona cumple su condena y queda rehabilitada, conforme a las normas legales vigentes, ¿por qué se tiene que retrotraer esa situación?

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Eso hace que esta norma sea inconstitucional y violatoria de derechos humanos —valga la redundancia— esenciales y fundamentales para el respeto de la dignidad humana.

Ahora bien, en cuanto al tema de las deudas tributarias, pareciera, a primera vista, que esto tuviera algún fundamento: “información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal, deudas ante la Sunat y Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

¿Y qué pasa si se trata de deudas que han sido objeto de reclamación, que han sido impugnadas, y la impugnación no ha sido aún resuelta?

Puede considerarse una deuda por un monto muy abultado que quizás haya sido impugnada ante cualquiera de los organismos tributarios, como el SAT, la Sunat, etcétera, y exista luego una resolución revocatoria en el plano administrativo o, eventualmente, una resolución que deje sin efecto esta acotación tributaria en el plano judicial. Entonces, eso no lo prevé este dispositivo, y yo creo que sí se debe prever esa situación.

Por lo tanto, se debe incluir una redacción. Por ello, propongo a quienes han redactado este dispositivo que digan: “Información por deudas no reclamadas, no cuestionadas, o deudas cuya impugnación estuviere aún en curso en sede administrativa o judicial”. Esa debería ser la redacción para que este proyecto tenga visos de constitucionalidad.

Por lo tanto, por su intermedio, señora Presidenta, yo sugiero que el Presidente de la Comisión de Constitución, que ha presentado este proyecto, incorpore —espero que lo tenga a bien, por ser esto bastante elemental— las sugerencias que formulo por su intermedio en este preciso momento. Espero que el Presidente de la Comisión de Constitución me esté escuchando atentamente.

Muchas gracias.

—Asume la Presidencia la señora Esther Capuñay Quispe.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista Belaunde.

Tiene el uso de la palabra el congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidenta: Podemos apoyar todo lo que vaya en camino a que las organizaciones políticas tomen decisiones adecuadas con relación a los candidatos a las elecciones, pero me parece que, conforme está planteado el dictamen, la propuesta… a pesar que es facultativa, porque el artículo 2 dice que “las organizaciones políticas podrán”, no dice “deberán”; de tal manera que algunas si quieren lo piden, y otras si quieren no lo piden.

Pero lo que sí creo que es cuestionable —y creo que hay que corregirlo— es lo referido a que el Jurado Nacional de Elecciones pueda copiar resolución de

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sentencias firmes impuestas a personas que ya han sido rehabilitadas. Acá hay un absoluto desconocimiento de la institución de la rehabilitación.

Cuando una persona es rehabilitada, es rehabilitada por la sociedad luego de haber cumplido la sanción que la sociedad le ha impuesto por haber infringido el ordenamiento jurídico.

¿Quién tiene el derecho de sobreponer a ese interés de la sociedad y decir que las personas a las que se les ha impuesto sentencias y han sido rehabilitadas tienen que consignar esta información?

Actualmente, cuando alguien pide en el Poder Judicial una información de esta naturaleza, no se la entregan, porque se cumple con esta finalidad de la rehabilitación.

Cuando el Congreso dicta una ley de amnistía, el Congreso no solamente perdona el proceso, la condena, sino el hecho. O sea, eso, en el mundo jurídico, se llama el olvido, se olvida del hecho.

Pero resulta que ahora, por una especie de demagogia electoral, vamos a perforar la institución de la rehabilitación.

Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esta propuesta, porque no me vengan a decir tampoco que estamos de aliados de aquellos que han sido condenados. Por favor.

Esto estrictamente tiene que ver con derechos fundamentales de personas que por una u otra razón han infringido el ordenamiento jurídico, se les ha impuesto una sanción, han cumplido esta sanción, y han sido rehabilitadas. Sin embargo, por un tema electoral, como si con esto resolviéramos el problema de la calidad de la representación, vamos a quebrantar esa institución.

Hay otro tema que también colisiona con la Constitución. Si bien esta ventanilla única sirve como información que el Jurado Nacional le da a las organizaciones políticas, lo que no puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, por autorización de esta ley, es quebrantar un derecho que la Constitución consagra, que es el derecho al secreto tributario.

¿Qué dice la Constitución al respecto, señora Presidenta, a propósito de lo que se menciona en el artículo 3?

En el artículo 3 de la propuesta se habla de la información por deudas originadas en tributos y también de deudas ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

¿Qué dice la Constitución al respecto? La Constitución, señora Presidenta, garantiza a los ciudadanos el secreto bancario y la reserva tributaria, y solamente autoriza que se levante esta información a través de un juez y siempre que esta persona tenga la condición de investigada.

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Entonces, este derecho, que es constitucional, que es un derecho fundamental, queremos entregárselo al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda utilizar esta información. Y la única garantía que pone es una garantía ingenua.

Ahora la protección del secreto bancario ya no va a estar, el rango constitucional va a ser alterado. Entonces, ya no se va a necesitar acudir a un juez para levantar el secreto bancario, ya no lo va a hacer una comisión investigadora parlamentaria, ya no va a tener la persona la condición de investigada. ¿Saben quién va a cautelar este derecho?

"Las organizaciones políticas que accedan a la información señalada en el artículo 3 de la presente norma deberán guardar la debida reserva en los casos previstos por la ley, bajo responsabilidad".

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene tiempo adicional, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— O sea que ahora la protección de un derecho fundamental… porque esto no es una gracia, el derecho de una persona a la reserva tributaria es un derecho fundamental.

Pero ahora vamos a permitir que el Jurado Nacional pida información de las deudas que tiene cualquier ciudadano que va a postular, y la garantía de que eso sea reservado la va a tener la organización partidaria.

Todos sabemos que en las organizaciones partidarias no hay la mejor garantía para que esta información sea reservada. Y no me vengan algunos a decir yo no tengo deudas tributarias. No, este es un tema de principio, este es un derecho fundamental que está en la Constitución.

Me pide una interrupción el congresista Abugattás, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Yo quiero aclararle, a través suyo, señora Presidenta, al congresista Velásquez Quesquén que las deudas tributarias no entran dentro de la reserva tributaria; o sea, las deudas tributarias figuran además en la página web de la Sunat, así como los movimientos bancarios que realizamos todos y cada uno de los ciudadanos.

Es un poco difícil llegar a la información, pero es una información pública; o sea, uno puede saber exactamente cuánto ha movido porque se lleva el registro del pago del ITF.

Entonces, yo creo que esas dos informaciones sí deben ser incorporadas, porque además no están protegidas por la reserva tributaria.

Gracias.

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La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Quiero leer expresamente lo que dice la Constitución en el inciso 5) del artículo 2:

"El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado".

¿Dónde comienza la reserva tributaria? ¿A quién la va a solicitar el Jurado Nacional de Elecciones? Pero, bueno, dejo esto para la reflexión.

Pero además aquí hay otra barbaridad que consigna el dictamen y que hay que retirarla. El artículo 7 dice:

"Reglamentación

La presente ley será reglamentada por el Jurado Nacional de Elecciones en un plazo máximo de 90 días".

¿Desde cuándo el Jurado Nacional de Elecciones reglamenta las leyes? A ver, ¿dónde está el Presidente de la Comisión para que me diga desde cuándo el Jurado Nacional reglamenta las leyes que da el Congreso de la República?

Creo que con estas observaciones podemos avanzar en mejorar este dictamen, pero sigo diciendo que tiene aristas de carácter inconstitucional...

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Para terminar, quisiera responder... No está el congresista Abugattás.

Si esto es como él dice, que las deudas tributarias no están premunidas de este derecho de carácter constitucional, por qué en el dictamen se pone:

"Las organizaciones políticas que accedan a la información señalada en el artículo 3 de la presente norma deberán guardar la debida reserva en los casos previstos por ley, bajo responsabilidad".

Sería un contrasentido, un galimatías jurídico.

Además, este dictamen no lo podemos aprobar porque se declara que el Jurado Nacional de Elecciones puede, a partir de este dictamen, reglamentar las leyes. Me parece que esto es algo que se le ha escapado a la comisión que dictaminó este proyecto de ley.

Con estas correcciones, Presidenta, nosotros podemos apoyar este dictamen, pero hay que corregir todas las aristas de inconstitucionalidad que tiene.

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Gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene el uso de la palabra el congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señora Presidenta, me pide una interrupción el congresista Daniel Abugattás.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Simplemente para reiterar de que las deudas no son parte de la reserva tributaria.

Cualquier persona —ustedes tienen a la mano su iPod o iPhone o cualquier teléfono inteligente— entra con el RUC de cualquier otra persona y en la página de RUC, si tiene deudas en cobranza coactiva, va a salir la relación exacta de las deudas que tiene. Es una información que está en la página Web, a la cual todos tienen acceso.

Simplemente quiero reiterar eso.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, señora Presidenta.

Satisfecho de que estemos en un nivel de debate bastante importante, respecto a la constitucionalidad o no de este proyecto de ley, quiero aportar algunas ideas respetando, por supuesto, a los señores congresistas que tienen una posición diferente a la mía.

Comenzaré señalando que la Constitución Política tiene una doble naturaleza: una naturaleza política evidente, pero también una naturaleza jurídica; y, por ser una norma, las normas, como ustedes saben, se interpretan, no se lee una norma aisladamente o de manera literal solamente.

En este sentido, existen principios de interpretación constitucional —que, me imagino, también podrán ser desarrollados por el Presidente de la Comisión de Constitución dentro de este tema importante—, como el de la concordancia práctica, que está todavía mucho más relacionada con esta aparente tensión entre derechos fundamentales.

Y me refiero en específico a un artículo que ya ha sido leído, el artículo 139, que habla efectivamente de que el objeto de la pena sería la rehabilitación.

Pero, señora Presidenta, haciendo una rápida búsqueda, también tenemos el artículo 44 de la Constitución, que, de acuerdo a lo que dice el propio Tribunal

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Constitucional —intérprete supremo de la Constitución— en la sentencia 33-2007, proceso de inconstitucionalidad del TC, habla del fin preventivo de la pena, donde la pena clave, como bien lo desarrolló la congresista Martha Chávez, es la protección de la población, la cual puede ser entendida como un deber del Estado, pero también como un derecho fundamental si resaltamos, además, que estamos en un modelo de numerus apertus respecto a derechos fundamentales.

Entonces, repito, nos encontramos ante un supuesto o aparente conflicto —pues yo sostengo más la teoría de la armonización de los derechos fundamentales— de derechos constitucionales: por un lado, la rehabilitación de la pena y, por otro lado, el derecho que tenemos los ciudadanos a ser protegidos, en este caso, por el Estado.

Por eso, vamos a acortar la exposición con un caso práctico.

¿Qué pasa con aquellos condenados, por ejemplo, por violación que cumplieron su pena, que fueron rehabilitados, pero que es innegable que tienen una peligrosidad si es que permitimos que se desempeñen como profesores, por ejemplo, de nivel inicial?

Hace poco, efectivamente, se ha recordado una serie de normas que hemos venido aprobando al respecto.

Entonces, no se puede, repito, entender un solo artículo de la Constitución si es que no se entiende junto con los demás principios de unidad; en este caso, la concordancia práctica.

Le voy a pedir que me pueda ceder un par de minutos más, señora Presidenta, si es que usted lo tiene a bien.

Pero en la doctrina constitucional existe también una —esto lo he desarrollado en otras oportunidades en el Pleno— herramienta de interpretación constitucional, como es el test de proporcionalidad, que señala que esta norma debería, en todo caso, cumplir una triple exigencia, un triple juicio.

En principio, está la idoneidad. ¿Estamos frente a una norma que buscaría, adelantándonos a lo que podría hacer el Tribunal Constitucional más adelante, un fin válido? Por supuesto que sí, señora Presidenta. Lo que se busca es que estas personas, que tienen una peligrosidad porque han sido condenados en su momento por el Poder Judicial… No estamos hablando de aquellos que están todavía con presunción de inocencia, con procesos en trámite, sino de quienes ya han sido condenados.

¿Es un fin válido el que los partidos políticos puedan tener acceso a esta información? Creo que sí. Por lo tanto, podemos cumplir con el primer juicio.

El segundo juicio es el tema de la necesidad. ¿Podemos pensar entre los 130 señores congresistas en otra medida que cumpla igualmente la finalidad, pero que

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sea menos restrictiva del derecho fundamental, en este caso, de la rehabilitación del condenado? Yo creo que no existe otra medida.

Ya hemos tomado las precauciones, porque, en primer lugar, no es una medida permanente, solamente está restringida a la época electoral; en segundo lugar, es una información que la deben manejar los partidos políticos de manera reservada y, por supuesto, bajo responsabilidad; en tercer lugar, tampoco es que se está inhabilitando a todos los condenados e impidiéndoles participar en la vida política, ya que es una decisión que tomarán los partidos políticos.

En el caso de la bancada fujimorista, por ejemplo, a un condenado por ser partícipe de Sendero Luminoso jamás le vamos a permitir que participe en la vida política —por lo menos a través de Fuerza Popular—, por más que se haya rehabilitado. Si otro partido decide llevarlo en su lista, esa es ya otra historia.

De manera que, en la misma lógica, se cumple, por lo tanto, el tercer juicio de la proporcionalidad en el sentido estricto, en la medida que lo que se sacrifica y lo que se estaría protegiendo sí que guarda una lógica proporcional.

No quiero ya extenderme más, Presidenta, pero creo que por lo menos merecía ensayar algún tipo de respuesta a una observación por demás válida y que en su momento nos la hicimos cuando trabajamos este tema...

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Díaz.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Le decía, Presidenta, que en su momento nos planteamos, por supuesto, estos importantes temas constitucionales, cuando estudiábamos este asunto con la ONG Transparencia, que es una de las principales abanderadas en este tema. Y precisamente tuvimos esta respuesta, y es por eso que, finalmente, presentamos el proyecto de ley.

Repito: respetamos las dudas importantes que han señalado otros señores congresistas, pero, en la medida en que hemos presentado este proyecto de ley como autores, queremos dar esta respuesta para, en todo caso, plantearla en el debate y pueda ser considerada para su aprobación.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Gastañadui Ramírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Me pide una interrupción el congresista Cárdenas, Presidenta, con todo gusto.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista Cárdenas Cerrón.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Gracias, colega.

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Una reflexión, Presidenta. Creo que el dictamen que el día de hoy estamos tratando en el Pleno del Congreso tiene un objetivo claro: solicitar la información de los candidatos, y hay algunos colegas que están solicitando que se pueda esto ampliar a los militantes y a los dirigentes.

Yo creo que es importante que tengamos claro lo que queremos. Hay algunos colegas que están mencionando que puede ser hasta inconstitucional, y no puede ser.

Dicen que estamos tratando respecto a los rehabilitados, estamos viendo que tiene un costo. ¿Acaso no vale la pena, Presidenta, invertir para solicitar información y que las autoridades puedan tener los valores que corresponda para poder trabajar en beneficio de la población y que no se tenga gente inescrupulosa en el Estado?

Necesitamos que sea transparente la participación...

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Gastañadui.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Me pide la segunda interrupción el congresista Cárdenas, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista Cárdenas Cerrón.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Sí, Presidenta, yo creo que es importante que el día de hoy veamos puntualmente —como lo han hecho algunos colegas— qué artículos se pudieran modificar o se pudieran fortalecer.

Vuelvo a repetir que necesitamos que este Congreso dé el mensaje a la población de que las autoridades o personas que van a estar en el Estado cumplan con los requisitos que se establece, como la fortaleza en los valores; y no tener personas inescrupulosas que están trabajando en el Estado y que, lógicamente, perjudican la oferta de los servicios del Estado para satisfacer las necesidades de la población, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Inicie su intervención, congresista Gastañadui.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Definitivamente, este es un dictamen interesante, que crea la ventanilla única de antecedentes a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, que es una suerte de central de información, una central de antecedentes, que va a permitir que los partidos políticos, los movimientos regionales y las organizaciones políticas locales puedan acceder a esta información de los candidatos que ellos después puedan proponer en los procesos electorales.

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Y esto es importante, Presidenta, porque la información en una sociedad del conocimiento siempre es poder. Además, creo que, como organizaciones políticas, su finalidad debe ser la de proponer los mejores candidatos. Pero para eso necesitan información, para eso necesitan conocer los antecedentes de esos candidatos para que justamente la población electoral pueda realizar una adecuada elección.

Entonces, yo creo que no existe mayor cuestionamiento en ese sentido. Acá no se está suprimiendo algunos derechos fundamentales de contenido político, como el de elegir y ser elegido. Acá se trata de la posibilidad de que se dé información a la organización política local para que vea si propone o no a tal o cual candidato que registre estos antecedentes; porque, como bien se ha dicho, puede ser que el partido, el movimiento o la organización política local diga que sí lo propone a pesar de que cuente con esos antecedentes.

Entonces, yo creo que por ese lado no habría mayor discusión. Lo que sí habría que hacer es algunas precisiones para una mejor implementación de la norma.

Por ejemplo, Presidenta, un tema que para mí es importante es el de la gratuidad, como alguna parlamentaria lo ha mencionado. Es decir que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que va a administrar esta ventanilla única, proporcione la información de manera gratuita, porque, si le va a cobrar al partido, al movimiento o a la organización política local, poco o nada vamos a apoyar a estas organizaciones políticas locales para saber cuáles son los antecedentes de los candidatos que después va a proponer.

Entonces, ahí habría que precisar que la información que proporcione el Jurado a los partidos debe ser completamente gratuita.

En el mismo sentido, Presidenta, debería especificarse claramente que la información que entreguen las entidades del Estado al Jurado Nacional de Elecciones también tenga que ser de manera gratuita; porque, si el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas o cualquier municipio va a cobrar al Jurado Nacional de Elecciones —y sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene el presupuesto suficiente—, tampoco vamos a viabilizar esta central de información, que acá la hemos llamado ventanilla única. Es decir, debemos precisar que la entrega de información de estas entidades al Jurado Nacional de Elecciones también debe ser de manera gratuita, señora Presidenta.

Cuando uno legisla, también debe hacerlo con realismo político, de modo que permita que la norma se implemente, se pueda aplicar.

Por ello, nosotros tenemos una observación en el fondo sobre lo señalado en el literal c) del artículo 3, cuando se establece que la información que puede ser solicitada a esta ventanilla única también puede estar referida a antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso existentes en...

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La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, por favor, congresista Gastañadui.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Decíamos que también se puede solicitar a esta ventanilla única aquellos antecedentes de sentencias condenatorias por delito doloso existentes en el exterior, que serán solicitadas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vemos bastante difícil que este pedido de información se pueda implementar, porque sabemos que el procedimiento es que el partido le pide al Jurado Nacional de Elecciones que administre la ventanilla única; el Jurado Nacional de Elecciones, a su vez, le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores; este le pide al consulado, por ejemplo, en los Estados Unidos; y el Consulado del Perú en Estados Unidos tendrá que pedir la información a las instancias correspondientes del Estado, lo cual es demasiado engorroso, Presidenta. Además, eso no se condice con el plazo que se establece en la norma para entregar la información.

El artículo 5 de la propuesta señala que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que entregar a la organización política la información en el plazo de diez días, y en ese mismo plazo la entidad tiene que entregarle al Jurado Nacional de Elecciones la información para que este se la entregue al partido político. Es decir, todo se hace en el plazo de diez días, lo cual no sería posible en el caso de las sentencias condenatorias que se han impuesto en cualquier país extranjero.

Entonces, yo creo que aquí va a ser materialmente imposible que se pueda cumplir con estos plazos. Por eso, yo creo que, además de lo engorroso, quizás en ese caso sí se ocasionaría un costo, porque, al pedir información a otro Estado, ya se saldrían del aspecto territorial y no sabemos cómo funcionaría este mecanismo en otro Estado de América, de Europa, de Asia.

Por tanto, a través suyo, Presidenta, pido al Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento que retire este literal c) del artículo 3, porque no lo veo viable.

Yo creo que sería demasiado complicado el que pueda ejecutarse si se tiene en cuenta el plazo que establece la propia norma, que es diez días, para que el Jurado entregue la información, pues ese mismo plazo sirve para que la entidad entregue a su vez la información al Jurado Nacional de Elecciones.

Entonces, Presidenta, yo creo que va a ser de imposible cumplimiento este plazo.

Cuando legislamos, hay que legislar pensando en que la ley es viable, y yo creo que esto materialmente va a ser imposible de cumplir.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene el uso de la palabra la congresista Saavedra Vela.

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La señora SAAVEDRA VELA (GPDD).— Gracias, Presidenta, y muy buenas tardes. Un saludo a todos mis colegas.

Es algo importante lo que estamos viendo el día de hoy, ya que el pueblo peruano necesita ver este tipo de debates, este tipo de proyectos.

Quiero insistir en algo que vengo señalando desde hace varias sesiones. Me parece muy bien el proyecto, pero seguimos tocando temas accesorios y que no representan una reforma electoral de fondo.

El país no quiere retoques, no quiere maquillajes; quiere cambios de fondo, y eso, lamentablemente, no está en la agenda del Pleno y no quieren ser tocados.

Reforma de fondo es aprobar la alternancia, es democratizar la elección de los candidatos y de las autoridades partidarias, es regular la propaganda electoral. Espero que estos temas sean tratados con la misma prioridad con la que estamos tratando otros temas el día de hoy.

Con respecto a la iniciativa, manifiesto mi acuerdo con la creación de la ventanilla única de antecedentes para el uso electoral. Sin embargo, me parece que ella debe estar a cargo de Reniec, pues no solamente debemos escuchar a los grandes juristas, a los grandes profesionales, sino también a nuestros compatriotas, a los simpatizantes de los distintos partidos políticos. Por ello, traigo esta opinión mía como representante de una región y del país.

Digo esto, Presidenta, porque me parece que la creación de un instrumento como la ventanilla única electoral no debe ser argumento para crear burocracia o un complejo sistema paralelo y adicional.

Todos sabemos que Reniec es la institución que goza de mayor confianza en el país: tiene un sistema moderno de identificación ya existente y se podría agregar a este los datos solicitados al resto de las instituciones. El Reniec puede proporcionar esta información de manera eficiente porque tiene oficinas en línea en todo el país. El Jurado no las tiene, solo existe en Lima, y solo ocasionalmente a través de los jurados especiales, los que además son autónomos.

Por eso digo que el Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones tienen que articular ideas, tienen que unirse para poder solucionar este grave problema que tenemos en los partidos políticos del país.

Por ello, Presidenta, hago un llamado al jefe de Reniec y al del Jurado Nacional de Elecciones, porque es el momento de que el pueblo peruano vea a todas sus autoridades unidas, ya que hay muchas cosas que debemos ordenar en nuestro país, y en este primer poder del Estado debemos dar este ejemplo de unidad.

Por eso, vuelvo a felicitar esta iniciativa del día de hoy, aunque quizás no debemos felicitar la hora en que se empezó, pues nos citan a las 9 de la mañana, y casi al mediodía se inició la sesión. Esta es una crítica constructiva porque ello no debe volver a suceder.

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Por lo tanto, Presidenta, estando de acuerdo con lo señalado en el proyecto, pido por intermedio suyo al Presidente de la Comisión que se modifique en el proyecto los artículos 1, 6 y 7, señalando que la responsabilidad de la ventanilla única es de Reniec. De producirse esa modificación, voy a votar a favor de la presente propuesta normativa. Esa es mi opinión, y quisiera que sea respetada.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista Saavedra.

Tiene el uso de la palabra el congresista Mariano Portugal Catacora.

El señor PORTUGAL CATACORA (GPUR).— Presidenta: Este proyecto de ley tiene más de positivo que de negativo. Claro que hay algunas dudas, pero este proyecto de ley, de aprobarse, estaría incorporando un mecanismo para contribuir a la transparencia de la información respecto de quienes pretendan acceder a un cargo público de elección popular.

Hemos escuchado de los colegas congresistas diferentes argumentos en pro y en contra, pero me parece que deberíamos aprobar la propuesta.

Solamente quiero agregar a lo dicho que en este proyecto, en el artículo 3, especificación de la información, se dice claramente "información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal, deudas ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-Sunat y Registro de Deudores Alimentarios Morosos–Redam”, y propongo que también se considere el caso de aquellos que tienen sentencia por ser inquilinos morosos, tema que recientemente se ha aprobado en el Congreso.

Esa es la propuesta que yo quisiera que se recoja en este proyecto de ley y, lógicamente, esperamos que así sea.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Falconí Picardo.

El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— Gracias, señora Presidenta.

Realmente, en la Comisión de Constitución se discutió este proyecto con bastante amplitud, y ahí hubo tres abstenciones, de los señores congresistas Javier Bedoya, Rolando Reátegui y Marco Falconí.

Nosotros sí vemos con bastante preocupación este proyecto y creemos que de todas maneras debiera verse con mucho mayor cuidado, porque hay una serie de problemas que se pueden originar.

En el artículo 2 se dice que se podrá presentar las solicitudes de información desde diez días antes de la convocatoria al proceso electoral.

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¿Cuándo se realiza la convocatoria a elecciones? Se convoca a elecciones con 240 días de anticipación. Es decir, ocho meses antes. ¿Qué partido político puede decir quiénes son sus candidatos si recién se va a cerrar el padrón 120 días antes de las elecciones y se va a proceder a la inscripción 90 días antes? ¿Cómo se va a poder efectuar, en este caso, el pedido de información diez días antes de la convocatoria? Ese es un problema bastante delicado que hay que revisarlo con bastante detenimiento.

Los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra ya han mencionado un tema que fue materia de análisis en la Comisión de Constitución. Nosotros tenemos el artículo 139, inciso 22, que trata de la rehabilitación, y en el Código Penal, artículo 69, se establece que en los certificados de antecedentes no se puede hacer alusión a la pena que fue impuesta y tampoco a la condición de rehabilitación; es decir, el certificado va a salir sin ninguna información.

Entonces, ¿cómo nosotros queremos que aparezca la información que fue objeto de la sanción penal? Se estaría violando, evidentemente, un derecho humano fundamental.

También se debatió con bastante detenimiento en la Comisión de Constitución con respecto a estas obligaciones tributarias, y estas obligaciones tributarias necesariamente tendrán que haber quedado culminadas en procesos tributarios definitivos.

Se puede imponer una sanción de una acotación por 20 mil soles. Sin embargo, si esta deuda ha sido materia de reclamación, ¿cómo nosotros podríamos consignar esa información? Ese también es un hecho que hay que tomarlo en cuenta.

Se dice que esta información es reservada solo para los partidos políticos. ¿Los partidos políticos votan? Los partidos políticos no votan en las elecciones. Si tanto hablamos de transparencia, lo que tendríamos que hacer en este caso es que esta información forme parte de un registro que sea accesible para cualquier ciudadano, y lo que es materia de esta información ya debería estar excluido de la hoja de vida de los candidatos. ¿Para qué se duplica? Este es un tema que también hay que tomar en cuenta.

Adicionalmente se establece que todas las entidades públicas tienen que remitir con carácter obligatorio la información al Jurado Nacional de Elecciones. ¿En qué plazo? No se ha establecido plazo. Este debería establecerse aquí, en la ley, y no dejarlo al reglamento.

Y, por supuesto, también es importante lo que dijo el congresista Gastañadui: es imposible que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda pedir los antecedentes penales de los conciudadanos peruanos por los delitos que hubieran podido cometer en el extranjero.

Eso, en la mayoría de legislaciones, no se va a poder solicitar…

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Falconí.

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El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— Gracias, señora Presidenta, por su tolerancia.

Es muy importante que realmente se revise y se mejore sustancialmente este proyecto de ley, de tal manera que las disposiciones que consignemos y, finalmente, se aprueben puedan ser cumplidas sin ningún problema.

Estamos aquí tratando de regular para solucionar problemas, pero en la práctica estamos poniendo problemas a las soluciones que se puedan dar.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Rimarachín Cabrera.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Gracias, Presidenta.

Con la información que tiene la Dini, ya no debería haber ventanilla única. Habría que pedir la información allí y se tendría la respuesta inmediata tras un chequeo de los precandidatos para que se vea si pueden o no ser candidatos.

Pero, bueno, esta propuesta es interesante. Yo planteo que el Presidente de la Comisión de Constitución acoja la propuesta para que en el artículo 3 se agregue dos incisos más para que se pida información a la Procuraduría contra el Narcotráfico, porque hay que ver quiénes están comprometidos en el lavado de activos, por lo que tampoco deben ser candidatos. Hay que poner ese filtro porque de esa forma va a haber menos candidatos y algunos partidos que están vinculados al narcotráfico.

Además, propongo que se agregue otro inciso más para que tampoco se considere a quienes tienen deudas al Estado peruano, sobre todo por reparación civil al Estado.

Hay varios corruptos que pasaron por el gobierno, están presos y tienen deudas millonarias al Estado peruano. Estos pueden salir de la cárcel y van a inscribirse como candidatos. Por ello, propongo que acá también se consigne la información para que de esa forma limpiemos, al menos un poco, la política.

Entonces, yo espero que el Presidente de la Comisión de Constitución acoja estos dos incisos para que la ley sirva de una vez para transparentar algo. Veremos en el voto quiénes van a apoyar y quiénes no.

Luego, me acojo a la propuesta de que esta ley tenga una vida temporal solamente. ¿Por qué? Porque con un gobierno que quiere luchar contra la corrupción debería haber un gobierno electrónico ya.

Tú revisas la base de datos de la Sunat, de la Sunarp, de propiedades, de las deudas, de tus detenciones, etcétera, hasta de problemas con la policía, y entonces

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sabemos qué ciudadano es el que vamos a elegir y qué ciudadano es el que está impedido porque tiene una serie de arrugas.

Entonces, este proyecto es importante, pero hay que insistir como Congreso para que venga un gobierno electrónico. Si el gobierno de Ollanta no hace un gobierno electrónico, implica que está permitiendo que la corrupción continúe.

En 2016 inauguraremos otro gobierno, en donde tendremos un gobierno electrónico inmediato para cazar en el acto, automáticamente, a todos los corruptos y a todos los que ocultan sus datos verdaderos en las declaraciones juradas que escriben, y que son falsas.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Concluido el rol de oradores, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Llatas Altamirano.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Yo quiero agradecer, en verdad, los aportes de cada uno de los señores congresistas.

Este es un tema de mucho debate, y en verdad de eso se trata. La reforma electoral trata temas muy profundos, muy complejos; sin embargo, dada la calidad y la disposición de quienes forman este Parlamento, se está dando como corresponde.

Con el propósito de procesar las opiniones de cada uno de los señores parlamentarios, en esta oportunidad pido a la Presidencia un cuarto intermedio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— A pedido del Presidente de la Comisión de Constitución, se abre un cuarto intermedio en esta materia.

Se aprueba el texto sustitutorio, contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, del proyecto de Resolución Legislativa 4345/2014-PE, por el que se autoriza el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y personal militar del Reino de España para visita de escala con la Marina de Guerra del Perú correspondiente al mes de abril de 2015

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Siguiente punto.

El RELATOR da lectura:

De la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Proyecto de Resolución Legislativa 4345/2015-PE. Se propone autorizar el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y personal militar del Reino de España para visita de escala con la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al mes de abril de 2015.*

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La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional.

Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión, congresista Zerillo Bazalar.

El señor ZERILLO BAZALAR (NGP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Es para presentar la Resolución Legislativa que autoriza el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y su personal militar provenientes del Reino de España para visita de escala con la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al mes de abril del año 2015.

El objeto de la resolución legislativa es autorizar el ingreso al territorio de la República del Perú del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y personal militar del Reino de España, el cual se detalla en el Anexo 1.

El objetivo es una visita de escala; el lugar, el Puerto del Callao; su fecha de inicio, el 18 de abril del año 2015; su tiempo de permanencia, seis días; y la institución que se involucra es la Marina de Guerra del Perú. Asimismo, decimos que proviene del Reino de España, y el tipo de la unidad participante es un bergantín-goleta.

El Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano viene con 263 militares, y se especifica en el Anexo 1 que su armamento son dos cañones de salva de 37 milímetros, dos ametralladoras Browning de 12,7 milímetros y dos ametralladoras MG de 7,62 milímetros.

Por lo tanto, señores congresistas, señora Presidenta, habiendo especificado ya lo que viene en el Anexo 1, lo cual forma parte de esta resolución, que establece que “durante su LXXXVI Crucero de Instrucción, con la finalidad de efectuar una visita de escala con la Marina de Guerra del Perú, en el marco de lo establecido en el numeral 8) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, el artículo 3 y 4 de la Ley 27856, Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, modificado por el artículo único de la Ley 30209, y el artículo 17 del Decreto Supremo 013-209-DE, que aprueba el Reglamento de Visitas y Permanencias de Buques de Guerra Extranjeros a Puertos Nacionales y de Tránsito en Aguas bajo el Dominio Marítimo del Perú”, solicito a este Parlamento que autorice este ingreso del buque escuela, lo cual está refrendado con una resolución suprema del Ministerio de Defensa.

Pongo ello en conocimiento de este Pleno y pido que se vote.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate.

Tiene el uso de la palabra el congresista Dammert Ego Aguirre.

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El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señora Presidenta, señores congresistas: Yo quisiera una precisión por parte de la Comisión, porque no se detalla casi nada de lo que va a hacer esta misión, que viene con personal militar del Reino de España para una visita de escala de varios días, que pueden prolongarse, y con un destino, que puede también modificarse en cuanto a su actividad.

La propuesta tiene un párrafo que no se explica ni en los considerandos ni tampoco en el acuerdo, pues dice "estos ejercicios —no explica de qué ejercicios se trata— permiten mantener en constante entrenamiento, en diversas áreas —lo que tampoco se especifica—, al personal que conforma las Fuerzas Armadas, evidenciando así ante la comunidad hemisférica que su realización hace notable la capacidad de planear, organizar y conducir una operación multinacional de envergadura por parte de las mismas”.

¿De qué se trata, señora Presidenta? No vienen entonces a una vista de escuadra, no vienen a una visita de paseo, no vienen a una visita de intercambio. ¿Qué operación multinacional de envergadura puede comprometer por una semana a la Fuerza Armada del Perú en estas condiciones? ¿Qué actividades van a realizar? Si es un asunto de protocolo, no hay ninguna operación multinacional de envergadura.

Sería bueno que lo expliquen, para que sepamos cuál es el alcance exacto de lo que se está autorizando.

Me pide una interrupción el congresista Abugattás.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Muchas gracias, Manuel.

Se trata de un buque escuela. O sea, es un buque que está lleno de alumnos. No es una fragata militar, no es un crucero, sino es un buque escuela —un velero, además— que viene a hacer las prácticas que hacen todos los buques escuela.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Por eso mismo, no tiene sentido el que se incorpore eso de que va a servir para una operación de envergadura multinacional, como si esta ley estuviera autorizando al Poder Ejecutivo para que ahora o en cualquier otra circunstancia pueda, bajo ese título, comprometer a la fuerza armada de otro país en una operación multinacional de envergadura.

No olvidemos que hay una autorización para que vengan tres mil militares norteamericanos al Perú. Podrían participar también en una operación multinacional de envergadura. Sería bueno que el asunto esté explícito, esté claro.

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Yo planteo que se retire formalmente ese párrafo, que no tiene ningún sentido en la ley autoritativa, pues simplemente está ampliando en los considerandos un elemento que no está contenido en la autorización.

La Comisión dice que es un buque escuela que viene para lo que hace una escuela, no para una operación multinacional de envergadura, que tiene otro rango desde el punto de vista político, diplomático y militar.

Planteo formalmente que se retire ese párrafo que está en los considerandos y no en la resolución.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene el uso de la palabra el congresista Tubino Arias Schreiber.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Como lo ha dicho el congresista Abugattás, señora Presidenta, se trata de la visita de un buque escuela a vela. Es una visita de instrucción de los cadetes —en este caso— españoles, entre los que también hay cadetes invitados, incluso peruanos.

Es una visita que se hace por diferentes países del mundo y hay que darle la más cordial bienvenida, señora Presidenta. Lo pongo de esa manera.

En cuanto a ese párrafo que se acaba de mencionar, yo no tengo ningún problema con que se retire si es necesario, pero esto no afecta en lo más mínimo esa visita.

En ese sentido, que el congresista Dammert tenga la tranquilidad de que ahí no hay ninguna operación de otro tipo, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— No habiendo más oradores, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Defensa, congresista Zerillo Bazalar.

El señor ZERILLO BAZALAR (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Luego de este pequeño debate sobre el tema, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión, solicito que se ponga a votación la resolución legislativa.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Zerillo, ¿le otorga una interrupción al congresista Dammert? Correcto.

Proceda, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Agradezco la interrupción.

He planteado —y lo ha respaldado otro congresista— algo con respecto a una frase que no está en la resolución, sino en los considerandos, que es un asunto autoritativo desde el punto de vista legal.

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Se incluye una palabra que no tiene nada que ver con lo que está aprobándose, pues se dice que es una operación multinacional de envergadura, y se ha aceptado que ello se retire. No sé si el Presidente de la Comisión está de acuerdo o no con que se retire ese punto.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Zerillo.

El señor ZERILLO BAZALAR (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Como dice el Anexo 1, el objetivo es una visita de escala; incluso, habla de un tiempo de permanencia de seis días. Entonces, yo creo que en ese espacio de tiempo no hay gran cosa de envergadura, porque de repente solo van a alcanzar al saludo.

Estamos hablando de 263 militares que llegan a bordo de este buque escuela, y yo creo que va a ser de mucha importancia para la Marina de Guerra del Perú hacer esa recepción a este buque escuela, ya que próximamente el país también va a contar con un buque de esas características. Considero que va a ser muy importante esa visita para que, de esta manera, nuestros marinos estén a la altura del manejo de esa clase de embarcaciones.

Dicho esto, señora Presidenta, quiero que se entienda que más que todo es un saludo el que se van a dar. Lo de la envergadura puede ser por el barco que viene y por el barco que vamos a tener.

Por lo tanto, señora presidenta, pido a usted y al Pleno que se someta a votación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Finalizado el debate, los congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Han registrado su asistencia 89 congresistas.

Se está votando, señores congresistas, el proyecto de resolución legislativa por el cual se permite el ingreso de tropas extranjeras al país.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 76 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa mediante el cual se autoriza el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y personal militar del Reino de España para visita de escala con la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al mes de abril de 2015.

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La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Tait Villacorta y Lescano Ancieta, y del voto en contra de la congresista Mavila León.

Han votado a favor 78 congresistas, cuatro en contra y nueve abstenciones.

Ha sido aprobado el texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa 4345.

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso, el presente proyecto de resolución legislativa no requiere de segunda votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y personal militar del Reino de España para visita de escala con la Marina de Guerra del Perú correspondiente al mes de abril de 2015

Artículo 1. Objeto de la Resolución Legislativa

Autorízase el ingreso al territorio de la República del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y personal militar del Reino de España, detallado en el Anexo 1 que forma parte de la presente Resolución Legislativa, durante su LXXXVI Crucero de Instrucción, con la finalidad de efectuar una visita de escala con la Marina de Guerra del Perú, en el marco de lo establecido en el inciso 8) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú; los artículos 3 y 4 de la Ley 27856, Ley de Requisitos para la Autorización y Consentimiento para el Ingreso de Tropas Extranjeras en el Territorio de la República, modificada por el artículo único de la Ley 30209; y el artículo 17 del Decreto Supremo 013-2009-DE, que aprueba el Reglamento de Visita y Permanencia de Buques de Guerra Extranjeros a Puertos Nacionales y Tránsito por Aguas bajo el Dominio Marítimo del Perú.

Artículo 2. Autorización para modificación de plazos

Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través de resolución suprema refrendada por el ministro de Defensa, pueda modificar, cuando existan causas imprevistas, el plazo de la actividad operacional a que hace referencia el artículo precedente, siempre que dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido.

El ministro de Defensa procederá a dar cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República en el plazo de cuarenta y ocho horas después de expedida la citada resolución suprema.

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Artículo 3. Vigencia de la Resolución Legislativa

La presente Resolución Legislativa entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Comuníquese, etc.”

ANEXO 1

ABRIL 2015

Visita del Buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano

Objetivo Visita de escala

Lugar Callao

Fecha de inicio 18 de abril de 2015

Tiempo de permanencia

6 días

Institución involucrada

Marina de Guerra del Perú

País participante Reino de España

Tipo de unidad participante

Bergantín-goleta

Número de casco A-71

Tipo de buque Buque escuela

Clase Juan Sebastián de Elcano

Cantidad de personal

263 militares

Desplazamiento 3714 toneladas

Eslora 113 metros

Manga 13,1 metros + 3M Verga Trinquete

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Calado 8,2 metros

Tipo y cantidad de armas

2 cañones de salva de 37 mm

2 ametralladoras browning de 12,7 mm

2 ametralladoras MG de 7,62 mm Altura máxima (Guinda)

51,4 metros

“Votación del texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa 4345

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Isla Rojas, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martínez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Núñez de Acuña, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yovera Flores, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Dammert Ego Aguirre, Rimarachín Cabrera y Tejada Galindo.

Señores congresistas que se abstuvieron: Angulo Álvarez, Apaza Ordóñez, Coari Mamani, Condori Jahuira, Guevara Amasifuen, Pari Choquecota, Romero Rodríguez, Saavedra Vela y Simon Munaro.”

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Cecilia Chacón.

Adelante, por favor.

La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Gracias, señora Presidenta.

Quiero comunicar a mis colegas que les están repartiendo un documento sobre la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que acogió el pedido que hicimos mi abogado y yo, por la que se determina que el proceso en el que yo estaba ha sido anulado después de catorce años.

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Después de catorce años, señora Presidenta, se reconoce lo que nosotros —mi familia y yo— veníamos diciendo durante todo este tiempo: que nunca debió haber existido este proceso. Ustedes tienen en sus manos ese documento.

Lamentablemente, hay personas que quisieran que este calvario continúe, a pesar de que no ha habido justicia ni para mí ni para mi familia por estos catorce años.

Yo lo único que quiero decirle, señora Presidenta, es que espero que esto no vuelva a sucederle a nadie más en nuestro país, porque no es posible que mi padre haya tenido que estar siete años preso, privado de su libertad, para que catorce años después nos digan que todo fue un error y que nunca debió haber sido iniciado el proceso.

Yo espero que mis colegas, más allá de sus posiciones políticas e ideológicas, tengan la valentía y la honorabilidad y el coraje de aceptar que estuvieron equivocados.

Yo espero e insisto, señora Presidenta, en que nosotros, como congresistas, legislemos para que esto nunca más le vuelva a suceder a ningún peruano.

Justicia que tarda, señora Presidenta, ya no es justicia; y a mí y a mi familia no se nos ha hecho justicia.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda tramitar los asuntos tratados hasta este momento sin esperar la aprobación del acta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Ha sido acordada.

“Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión matinal (13:45 h)

Presentes: Los congresistas Solórzano Flores, Julca Jara, Abugattás Majluf, Acha Romaní, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña,

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Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Isla Rojas, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Merino De Lama, Molina Martínez, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Núñez de Acuña, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yovera Flores, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial: El congresista Zeballos Salinas.

Con licencia por enfermedad: Los congresistas Lewis del Alcázar, Reynaga Soto, Rivas Teixeira y Uribe Medina.

En función de representación: Los congresistas Galarreta Velarde, Jara Velásquez, León Romero y Monterola Abregú.

Ausentes: Los congresistas Capuñay Quispe, Acuña Núñez, Cabrera Ganoza, Castagnino Lema, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Cordero Jon Tay, Delgado Zegarra, Espinoza Rosales, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, León Rivera, Lescano Ancieta, Luna Gálvez, Mavila León, Mendoza Frisch, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Omonte Durand, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Teves Quispe, Vacchelli Corbetto, Velásquez Quesquén y Zamudio Briceño.”

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

—Se suspende la sesión a las 13 horas y 51 minutos.

—Se reanuda la sesión a las 16 horas y 17 minutos.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Señores congresistas, continúa la sesión.

Se aprueban las mociones de saludo a los valerosos comandos que participaron en la operación militar Chavín de Huántar, al conmemorarse el 22 de abril el décimo octavo aniversario de dicho acontecimiento; a la provincia de Azángaro (dos), región Puno, con motivo de celebrarse el 8 de abril del presente año un nuevo aniversario de la inmolación de Pedro Vilca Apaza Alarcón, prócer de la gesta libertaria; a la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de conmemorarse el próximo 18 de abril el 180 aniversario de su creación política; a la Provincia Constitucional del Callao, al conmemorarse el 22 de abril su 158 aniversario como provincia constitucional; al distrito de San Juan Bautista, con motivo de conmemorarse el 7 de abril el quincuagésimo quinto aniversario de su creación política; al distrito de Los Olivos (dos), con ocasión de celebrarse el

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vigésimo sexto aniversario de su creación política; a la población del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, por conmemorarse el 12 de mayo el quincuagésimo aniversario de creación de dicho distrito; a los señores magistrados Julio César Chucuya Zaga y Santos Poma Machaca, por su contribución a la construcción de una verdadera integración en respeto a la interculturalidad y cumplimiento de las normas jurídicas en el Perú; a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con ocasión de conmemorarse el 21 de mayo del presente año el quinto aniversario de su creación; al distrito de Punta Hermosa, con motivo de conmemorarse el 7 de abril el sexagésimo primer aniversario de su creación política; al Colegio de Economistas, con ocasión de conmemorarse el 8 de abril el Día del Economista; a la Universidad Nacional Federico Villarreal, con ocasión de conmemorarse el 12 de abril del presente año el cuadragésimo noveno aniversario de su creación; en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, a todas las personas y entidades que promueven espacios y crean iniciativas para generar hábitos de lectura; a todos los abogados, destacados profesionales letrados, defensores del derecho político y social, al conmemorarse el 2 de abril el Día del Abogado; a la Asociación Kontacto Empresarial, al conmemorarse este 23 de abril su 16 aniversario de vida institucional; a los pobladores del distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, por conmemorarse este 19 de abril el 453 aniversario de la creación de su distrito; a la exparlamentaria Teresa Flores Ochoa de Paliza, en el marco de los homenajes y reconocimientos que viene organizando la Municipalidad Provincial de Cusco por sus importantes aportes a la política nacional, su lucha por los derechos de las mujeres, y sus aportes a la educación de niños y jóvenes de las zonas rurales del sur peruano; a los habitantes del Convento de Santa Rosa de Ocopa, por celebrarse el 19 de abril del presente año los 290 años de fundación del mencionado convento; a la Academia Peruana de Salud, por conmemorarse el 7 de abril el Día Mundial de la Salud; a todos los economistas del Perú, con una mención especial a los que residen en la región Lima, con ocasión de celebrarse el 8 de abril el Día del Economista en el Perú; al distrito de San Isidro, al conmemorarse el 24 de abril su 84 aniversario de creación política; al distrito de Amantaní, provincia y departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 9 de abril del presente año un aniversario más de su creación política; al distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse el 23 de abril del presente año el 50 aniversario de su creación política; a los pobladores del distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, con motivo celebrarse este 22 de abril el quincuagésimo noveno aniversario de la creación política de su distrito; a la población de la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, por conmemorarse el próximo 21 de abril el 65 aniversario de la creación política de dicha provincia; al distrito de San Juan de Chacña, provincia de Aymaraes, región Apurímac, al conmemorarse el 17 de abril del presente año el 51 aniversario de su creación política; al Equipo de Inductores Especialistas del Ministerio Público, con ocasión de implementarse el 1 de abril la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el departamento de Huancavelica

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Se va a dar lectura a unas mociones de saludo.

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El RELATOR da lectura:

Mociones de saludo

De la congresista Alcorta Suero. El Congreso de la República acuerda saludar a todos esos valerosos comandos que participaron en la operación militar Chavín de Huántar, al conmemorarse el 22 de abril el décimo octavo aniversario de dicho acontecimiento.

Del congresista Portugal Catacora. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación a la provincia de Azángaro, región Puno, con motivo de celebrarse el 8 de abril del presente año un nuevo aniversario de la inmolación de Pedro Vilca Apaza Alarcón, prócer de la gesta libertaria del heroico pueblo de Azángaro y del proceso de emancipación de nuestro país.

Del congresista Aguinaga Recuenco. El Congreso de la República acuerda saludar a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de conmemorarse el próximo 18 de abril el 180 aniversario de su creación política como provincia.

De la congresista Alcorta Suero. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación a la Provincia Constitucional del Callao, al conmemorarse el 22 de abril su 158 aniversario como provincia constitucional.

Del congresista Acha Romaní. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de San Juan Bautista, con motivo de conmemorarse el 7 de abril el quincuagésimo quinto aniversario de su creación política.

Del congresista Espinoza Rosales. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y emotivo saludo con ocasión de celebrarse el vigésimo sexto aniversario de la creación política del distrito de Los Olivos.

Del congresista Tapia Bernal. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la población del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, por conmemorarse el 12 de mayo el quincuagésimo aniversario de creación de dicho distrito.

Del congresista Portugal Catacora. El Congreso de la República acuerda expresar el saludo, felicitación y reconocimiento a los señores magistrados Julio César Chucuya Zaga, juez del Juzgado Penal Unipersonal de Collao - Ilave, y Santos Poma Machaca, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la sede judicial de la provincia de Azángaro, que con su ejercicio jurisdiccional contribuyen a la construcción de una verdadera integración en respeto a la interculturalidad y cumplimiento de las normas jurídicas en el Perú.

Del congresista Tapia Bernal. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con ocasión de conmemorarse el 21 de mayo del presente año el quinto aniversario de su creación.

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De la congresista Alcorta Suero. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de Punta Hermosa, con motivo de conmemorarse el 7 de abril el sexagésimo primer aniversario de su creación política.

Del congresista Huaire Chuquichaico. El Congreso de la República acuerda expresar el más cálido saludo y felicitación al Colegio de Economistas, por conmemorarse 50 años de celebración, cada 8 de abril, por el Día del Economista.

Del congresista Aguinaga Recuenco. El Congreso de la República acuerda expresar su felicitación a la Universidad Nacional Federico Villarreal, con ocasión de conmemorarse el 12 de abril del presente año el cuadragésimo noveno aniversario de su creación.

Del congresista Nayap Kinin. El Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación, en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, a todas las personas y entidades que promueven espacios y crean iniciativas para generar hábitos de lectura, principalmente en los niños y los jóvenes.

De la congresista Salgado Rubianes. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento a todos los abogados, destacados profesionales letrados, defensores del derecho político y social, al conmemorarse el 2 de abril el Día del Abogado.

Del congresista Rodríguez Zavaleta. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo a la Asociación Kontacto Empresarial, al conmemorarse este 23 de abril su 16 aniversario de vida institucional al servicio a la comunidad.

Del congresista Zeballos Salinas. El Congreso de la República acuerda expresar su más cordial saludo y felicitación a los pobladores del distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, por conmemorarse este 19 de abril el 453 aniversario de la creación de su distrito.

Del congresista Medina Ortiz. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a la ex parlamentaria doña Teresa Flores Ochoa de Paliza, en el marco de los homenajes y reconocimientos que viene organizando la Municipalidad Provincial de Cusco por sus importantes aportes a la política nacional, la lucha por los derechos de las mujeres y, fundamentalmente, por sus aportes a la educación de niños y jóvenes de las zonas rurales del sur peruano.

Del congresista Huaire Chuquichaico. El Congreso de la República acuerda expresar el más cálido saludo y felicitación a los habitantes del Convento de Santa Rosa de Ocopa, por celebrarse el 19 de abril del presente año los 290 años de fundación del mencionado convento.

Del congresista Tapia Bernal. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la Academia Peruana de Salud, por conmemorarse el 7 de abril el Día Mundial de la Salud.

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Del congresista Zerillo Bazalar. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente saludo a todos los economistas del Perú, con una mención especial a los que residen en la región Lima, con ocasión de celebrarse el 8 de abril el Día del Economista en el Perú.

De la congresista Alcorta Suero. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de San Isidro, al conmemorarse el 24 de abril su 84 aniversario de creación política.

De la congresista Coari Mamani. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente saludo al distrito de Amantaní, provincia y departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 9 de abril del presente año un aniversario más de su creación política.

Del congresista Monterola Abregú. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse el 23 de abril del presente año el 50 aniversario de su creación política.

Del congresista Zeballos Salinas. El Congreso de la República acuerda expresar su más cordial saludo y felicitación a los pobladores del distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, con motivo celebrarse este 22 de abril el quincuagésimo noveno aniversario de la creación política de su distrito.

Del congresista Tapia Bernal. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la población de la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, por conmemorarse el próximo 21 de abril el 65 aniversario de la creación política de dicha provincia.

De la congresista Alcorta Suero. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de Los Olivos, al conmemorarse el 7 de abril el 26 aniversario de su creación política.

Del congresista Reynaga Soto. El Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación al distrito de San Juan de Chacña, provincia de Aymaraes, región Apurímac, al conmemorarse el 17 de abril del presente año el 51 aniversario de su creación política.

Del congresista Condori Cusi. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y emotivo saludo a la provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de conmemorarse el 8 de abril el heroico sacrificio de Pedro Vilca Apaza.

Del congresista Monterola Abregú. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al Equipo de Inductores Especialistas del Ministerio Público, con ocasión de implementarse el 1 de abril la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el departamento de Huancavelica.

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La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueban las mociones de saludo.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Han sido aprobadas las mociones de saludo.

—Los textos aprobados son los siguientes:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar a todos esos valerosos comandos que participaron en la ‘Operación Militar Chavín de Huántar’, con motivo de conmemorarse el 22 de abril de 2015 su décimo octavo aniversario; asimismo, recordar a los fallecidos coronel EP Juan Valer Sandoval y al capitán EP Raúl Jiménez Chávez, por su heroica participación; y un especial reconocimiento al distinguido magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña, fallecido en el rescate.

Segundo.— Transcribir la presente moción a los señores almirante Jorge Ricardo Moscoso Flores, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; general de ejército Ronald Emilio Hurtado Jiménez, comandante general del Ejército del Perú; almirante Edmundo Deville del Carpio, comandante general de la Marina de Guerra del Perú; general del aire Dante Arévalo Abate, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú; y Carlos Shimomura, Presidente de la Asociación Civil Amigos de los Comandos Chavín de Huántar; y, por su intermedio hacer extensivo el saludo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a los familiares de los comandos, y a los familiares del magistrado, fallecidos durante la operación de rescate.

Lima, 6 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a la provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 8 de abril de 2015 el ducentésimo trigésimo tercer aniversario de la inmolación de Pedro Vilcapaza Alarcón, prócer de la gesta libertaria del heroico pueblo de Azángaro y del proceso de emancipación de nuestro país.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Isidro Solórzano Pinaya, alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro; y, por su intermedio al cuerpo de regidores, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales, a los descendientes y familiares de Pedro Vilcapaza Alarcón, así como a todos los

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pobladores de esta pujante y hermosa provincia.

Lima, 7 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar a la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el 18 de abril de 2015 el centésimo octogésimo aniversario de su creación política, y expresar el mejor de los éxitos en su solemne festividad.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor David Cornejo Chinguel, alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Lima, 9 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a la Provincia Constitucional del Callao, con motivo de celebrar el 22 de abril de 2015 su centésimo quincuagésimo octavo aniversario de creación como provincia constitucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan Ricardo Sotomayor García, alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao; y, por su intermedio hacer extensivo el saludo a todos los trabajadores de la municipalidad y vecinos de dicha comuna.

Lima, 6 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, con motivo de celebrarse el 7 de abril de 2015 el quincuagésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Mardonio Guillén Cancho, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; y, por su intermedio a los señores regidores y a los pobladores del referido distrito, deseándoles un feliz aniversario.

Lima, 7 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

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Primero.— Expresar el más ferviente y emotivo saludo al distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, con ocasión de celebrarse el 6 de abril de 2015 el vigésimo sexto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Pedro Moisés del Rosario Ramírez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos; y, por su intermedio hacer extensivo el saludo cordial al cuerpo de regidores, autoridades políticas, civiles, policiales, militares, eclesiásticas, instituciones educativas, organizaciones e instituciones sociales y a todos los pobladores del referido hermoso distrito.

Lima, 6 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusivo saludo a la población del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, con motivo de celebrar el 12 de mayo de 2015 su quincuagésimo aniversario de creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Osiel Silva Fernández, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huarango; y, por su intermedio a toda la población del referido distrito, manifestando su compromiso con el desarrollo político, económico y social que genere bienestar e igualdad de oportunidades a toda su población.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo, felicitación y reconocimiento a los señores magistrados, señor Julio César Chucuya Zaga, juez del Juzgado Penal Unipersonal de Collao-Ilave, y al señor Santos Poma Machaca, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sede Judicial Azángaro, que con su ejercicio jurisdiccional contribuyen con la construcción de una verdadera integración en respeto a la interculturalidad y cumplimiento de las normas jurídicas en el Perú.

Segundo.— Transcribir la presente moción a los señores Hernán Layme Yépez, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno; magistrados Santos Poma Machaca, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sede Judicial Azángaro y Julio César Chucuya Zaga, juez del Juzgado Penal Unipersonal de Collao-Ilave.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

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Primero.— Expresar el más ferviente y efusivo saludo a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con ocasión de celebrar el 11 de mayo de 2015 su quinto aniversario de creación, deseando la difusión de la investigación y conocimiento de esta universidad en la formación de grandes profesionales al servicio del país y del mundo.

Segundo.— Transcribir la presente moción a la señora Olinda Luzmila Vigo Vargas, presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota; y, por su intermedio la haga extensivo a los directores, docentes, alumnos y personal administrativo que forman parte de dicha casa de estudios.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de Punta Hermosa, provincia y departamento de Lima, con motivo de celebrar el 7 de abril de 2015 su sexagésimo primer aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Carlos Guillermo Fernández Otero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa; y, por su intermedio hacer extensivo el saludo a todos los trabajadores de la municipalidad y vecinos de dicha comuna.

Lima, 6 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cálido saludo y felicitación al Colegio de Economistas, con motivo de conmemorarse el 8 de abril de 2015 su quincuagésimo aniversario de celebración por el Día del Economista.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor José Ricardo Rasilla Rovegno, decano del Colegio de Economistas de Lima; y, por su intermedio a todos los componentes del referido colegio profesional.

Lima, 7 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su felicitación a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con motivo de celebrarse el 12 de abril de 2015 su cuadragésimo noveno aniversario de creación.

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Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Walter Mauricio Robles Rosales, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, para que extienda el contenido de la presente moción de saludo a las altas autoridades de la citada facultad, a los docentes, alumnos, egresados, graduados y personal administrativo, que conforman la comunidad universitaria de la citada facultad.

Lima, 31 de marzo de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar su más cálido saludo y felicitación a todos los gestores que a través de espacios como las bibliotecas, los centros escolares, las librerías, entre otras entidades, promueven espacios y crean iniciativas para generar hábitos de lectura sobre todo en los niños y en los jóvenes, con motivo de conmemorarse el 2 de abril de 2015 el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Lima, 1 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y reconocimiento a todos los abogados, destacados profesionales letrados, defensores del derecho político y social, con motivo de conmemorarse el 2 de abril de 2015 el Día del Abogado.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Mario Amoretti Pachas, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima; y, por su intermedio a todos los profesionales abogados de nuestro país.

Lima, 1 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar el saludo a la Asociación Kontacto Empresarial en la persona de su fundador el señor Luis Román Villanueva Esquén, por sus 46 años de invalorable labor en beneficio de los niños y jóvenes con habilidades diferentes en el departamento de La Libertad, con motivo de celebrar el 23 de abril de 2015 su décimo sexto aniversario de vida institucional al servicio de la comunidad.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

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Primero.— Expresar su más cordial saludo y felicitación a los pobladores del distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, con motivo de celebrar el 19 de abril de 2015 el cuadringentésimo quincuagésimo tercer aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan José Casilla Maldonado, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ichuña.

Lima, 7 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Saludar y felicitar a la exparlamentaria doña Teresa Flores Ochoa de Paliza, en el marco de los homenajes y reconocimientos que viene organizando la Municipalidad Provincial del Cusco, por sus importantes aportes a la política nacional, la lucha por los derechos de las mujeres y fundamentalmente por sus aportes a la educación de niños y jóvenes de las zonas rurales del sur peruano.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cálido saludo y felicitación a los habitantes del Convento de Santa Rosa de Ocopa, con motivo de celebrar el 19 de abril de 2015 su ducentésimo nonagésimo aniversario de fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al P. Fray Jorge Jolbert Cajo Rodríguez, guardián (superior) del Convento Santa Rosa de Ocopa; y, por su intermedio a todos los componentes del referido convento.

Lima, 7 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusivo saludo a la Academia Peruana de Salud (A.P.S.), con motivo de conmemorarse el 7 de abril de 2015 el Día Mundial de la Salud.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Christian Miranda Orrillo, Presidente de la Academia Peruana de Salud, y del mismo modo hacer extensivo el saludo a todos los médicos integrantes de esta importante institución.

Lima, 8 de abril de 2015.”

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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente saludo a todos los economistas del Perú, con una mención especial a los que residen en el departamento de Lima, con motivo de conmemorarse el 8 de abril de 2015 el Día del Economista en el Perú.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor José Ricardo Rasilla Rovegno, decano del Colegio de Economistas del Perú; y, por su intermedio hacer extensivo a los decanos de los colegios de economistas de cada departamento del Perú.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con motivo de celebrar el 24 de abril de 2015 su octogésimo cuarto aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Manuel Fernando Velarde Dellepiane, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro; y, por su intermedio hacer extensivo el saludo a todos los trabajadores de la municipalidad y vecinos de dicha comuna.

Lima, 6 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente saludo al distrito de Amantaní, provincia y departamento de Puno, con motivo de celebrar el 9 de abril de 2015 un aniversario más de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Teófilo Yucra Quispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Amantaní; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, autoridades políticas, eclesiásticas militares, policiales, organizaciones de la sociedad civil y a todos los pobladores del referido distrito.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación al distrito de Pachamarca, de la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrar

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el 23 de abril de 2015 su quincuagésimo aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Orlando Barros Marín, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachamarca; y, por su intermedio, a los regidores, trabajadores, autoridades políticas, policiales, religiosas y población en general del referido distrito.

Lima, 7 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cordial saludo y felicitación a los pobladores del distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, con motivo de celebrar el 22 de abril de 2015 el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Agusto Coaguila Ramos, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chojata.

Lima, 7 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusivo saludo a la población de la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, con motivo de celebrar el 21 de abril de 2015 el sexagésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Helmer Villoslada Montero, alcalde de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz; y, por su intermedio la haga extensiva a las autoridades, a todo el personal que labora en la citada municipalidad, y en especial a la población de la referida provincia, manifestando su compromiso con el desarrollo político, económico y social que genere bienestar e igualdad de oportunidades a toda su población.

Lima, 8 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, con motivo de celebrar el 7 de abril de 2015 su vigésimo sexto aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Pedro Moisés del Rosario Ramírez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos; y, por su intermedio

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hacer extensivo el saludo a todos los trabajadores de la municipalidad y vecinos de dicha comuna.

Lima, 6 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación al distrito de San Juan de Chacña, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, con motivo de celebrar el 17 de abril de 2015 el quincuagésimo primer aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Helmer Tomateo Ríos, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Chacña; y, por su intermedio a los regidores, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales y a todos los pobladores del referido distrito.

Lima, 9 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y emotivo saludo a la provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de recordar el 8 de abril de 2015, el heroico sacrificio de Pedro Vilcapaza, conocido como el ‘Puma Indomable’ y descendiente de los caciques de Azángaro quien fue descuartizado por ocho caballos en 1782.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Isidro Solórzano Pinaya, alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro; y, por su intermedio de sus autoridades hacer extensivo el saludo cordial al cuerpo de regidores, autoridades políticas, militares, policiales, instituciones educativas, organizaciones sociales y a todos los pobladores de la hermosa provincia de Azángaro, considerada ‘La tierra de Pedro Vilcapaza’.

Lima, 1 de abril de 2015.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación al Equipo de Inductores Especialistas de Ministerio Público, quienes capacitaron al personal fiscal, administrativo y médico legal de la Fiscalía Superior de Huancavelica, en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, con ocasión de implementar el 1 de abril de 2015 su aplicación en el departamento de Huancavelica.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Fiscal Superior Washington

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David Cruz Cervantes, coordinador del Equipo de Inductores de la Fiscalía de la Nación; y, por su intermedio a todo el personal de fiscales que integran el equipo de inductores especialistas del Ministerio Público.

Lima, 1 de abril de 2015.”

—Reasume la Presidencia la señora Ana María Solórzano Flores.

Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 3858 y 4024, por el que se crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral; seguidamente, a pedido del señor Llatas Altamirano, se acuerda exonerarlo de segunda votación

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas, continuamos con la agenda.

Relator, dé lectura.

El RELATOR da lectura:

De la Comisión de Constitución y Reglamento. Proyectos de Ley 3858 y 4024. Se propone crear la ventanilla única de antecedentes para uso electoral.*

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas: Vencido el cuarto intermedio, vamos a dar el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, congresista Llatas Altamirano, para que informe sobre el texto que se va a votar respecto de los proyectos de Ley 3858 y 4024, por el que se propone crear la ventanilla única de antecedentes para uso electoral.

Antes de dar el uso de la palabra al congresista Llatas, entiendo que faltaba la participación de algunos oradores.

Se ofrece el uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra la congresista Martha Chávez para que pueda dar sus aportes sobre el proyecto.

Gracias.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Sí, señora Presidenta, gracias.

Estaba esperando poder hacer una interrupción a fin de precisar mejor la propuesta que había hecho en relación a esta coordinación con el Reniec con respecto al soporte tecnológico que tiene esta entidad.

Pese a que los tres órganos del sistema electoral son autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones tiene facultades específicas, y muchas veces es la de fiscalización sobre el actuar de los otros órganos integrantes del sistema.

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Entonces, yo quisiera precisar que en el agregado que había propuesto con respecto al artículo 1 de la ley se señale que “el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones, podrá brindar —o brindará— el soporte tecnológico a la ventanilla única de uso electoral y proveerá los certificados y firmas digitales correspondientes”; porque de lo contrario queda como que el Jurado Nacional de Elecciones está fuera de la coordinación.

Creo que lo importante es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el responsable de la conducción y el funcionamiento de la ventanilla única para efectos de uso electoral, siga manteniendo esa capacidad, de modo que, a pedido del Jurado Nacional de Elecciones, se pueda utilizar el soporte tecnológico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Igualmente, señora Presidenta, propongo que la potestad de reglamentar la norma involucre al propio Jurado Nacional de Elecciones.

Eso es lo que quería señalar.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Yonhy Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta: Yo creo que es una buena oportunidad para aprobar una reforma electoral completa.

Se está tratando de aprobar una ley para la ventanilla única de las personas que van a candidatear a cargos de elección popular, y ahí estará el historial de cada persona que pretende ser autoridad elegida por el pueblo. Pero no hemos dicho nada, Presidenta, acerca del registro o de la ventanilla única de aportantes. Este es otro problema que no se está tocando.

Ha habido muchas denuncias acerca de que algunos partidos políticos han recibido dinero, pero no se sabe de dónde llegó el dinero, de dónde salió el dinero, si es de fuentes legítimas o de fuentes ilegítimas. Entonces, vemos que algunos candidatos llevan cocinas, llevan arroz, llevan azúcar, pretendiendo comprar el voto de la gente. ¿Con qué plata lo hacen, señora Presidenta?

En una campaña política debe estar prohibido tajantemente que los candidatos regalen cosas, porque eso es pretender comprar la conciencia o el voto de los peruanos.

Entonces, yo propongo al presidente de la Comisión de Constitución, Cristóbal Llatas, que por lo menos se incluya un registro de aportantes.

Yo tengo acá una fórmula, que la han preparado algunos técnicos de las instituciones que tienen que ver con estos temas. Me parece una inclusión sustantiva al dictamen pues podremos tener en una sola ley una ventanilla única de candidatos y una ventanilla única de aportantes a los partidos.

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Entonces, ahí se verá quién está aportando a los partidos y la gente verá con quiénes están comprometidos esos partidos, porque hay transnacionales que les dan plata. Bueno, tienen todo el derecho de recibir plata de las transnacionales, y la gente verá entonces a qué interés va a responder ese candidato. Algunos recibirán aportes de la gente más sencilla y el Perú entero va a ver a qué intereses va a responder ese candidato o ese congresista. Entonces, eso es muy valioso.

Yo le voy a alcanzar el texto al Presidente de la Comisión de Constitución a efectos de que, junto con la ventanilla única de candidatos o postulantes a cargos de elección popular, haya una ventanilla única acerca de quiénes dan plata a los partidos; porque —repito— a veces, en vez de ir a convencer con ideas, a convencer con propuestas, a convencer con el trabajo que se ha realizado a favor del pueblo, algunos partidos van con dinero, con cosas, con refrigeradoras, con televisores.

La democracia no se puede tratar de esa manera. Que demuestren de dónde están sacando la plata, Presidenta, porque eso es pretender comprar el voto de la población, eso pretende establecer reglas fenicias en materia democrática. La democracia no es un negocio, sino es convencer con propuestas y con planes de gobierno.

Yo voy a alcanzar la propuesta al Presidente de la Comisión de Constitución para que se sirva tener en consideración esta segunda propuesta, que se puede incluir tranquilamente en el dictamen.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Mavila León.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Lamentablemente, esta mañana no pude estar en el debate de este proyecto de ley.

Solo quiero dejar sentado mi aval a este proyecto normativo, ya que, en lo que venimos trabajando en la comisión sobre la narco política, señora Presidenta, colegas congresistas, hemos tomado conocimiento de una serie de hechos que hacen ver la indudable necesidad de que exista esta ventanilla única.

Como ejemplo, unos datos empíricos.

En la lista que envió el exministro Urresti al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre los candidatos en la última justa electoral municipal, había alrededor de mil candidatos que tenían procesos penales de distinta raigambre.

Había candidatos con procesos de alimentos, lo que, digamos, puede mirarse desde un prisma de género que tiene lesividad. ¿Cómo puede intentar ejercer representación política una persona que no tiene ni siguiera la más elemental equidad y responsabilidad sobre sus obligaciones personales?

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Pero había otras personas, señora Presidenta, que tenían problemas no solo de antecedentes, sino que tenían en ciernes procesos de investigación formalizada en el fuero policial o en el Ministerio Público o en el fuero judicial por delitos graves, como tráfico de drogas o como lavado de activos.

En este momento, señora Presidenta, colegas congresistas, hay autoridades regionales con procesos vigentes de lavado de activos, con desbalance patrimonial significativo; o hay autoridades que tienen antecedentes de delitos graves, como el tráfico de drogas.

Evidentemente, eso implica un serio riesgo para la salud de la República, porque es legítimo pensar que habrá motivaciones no de representación al servicio de los intereses del país, sino otras motivaciones detrás de estos afanes de representación.

De otro lado, señora Presidenta, en algunos lugares regionales, algunos candidatos han sido caracterizados con el apelativo de narco candidato.

Por ejemplo, en una revista de circulación nacional, ha aparecido en estos días una denuncia sobre una suerte de economía paralela en algunas regiones, como Ayacucho. Se trata de una gran cantidad de cooperativas que emergen probablemente, señora Presidenta, de una economía vinculada a los procesos de tráfico de drogas o de lavado de activos.

En Ayacucho, en algunas cooperativas, cuando una persona pide un préstamo —y esto lo ha corroborado el Jurado Electoral, el Sistema Electoral—, le otorgan el préstamo y además le regalan una laptop; y cuando saca un préstamo de mayor cuantía patrimonial, aparte del préstamo que le otorgan, le dan una motocicleta. Entonces, ¿qué motivación hay ahí sino la de lavar dinero procedente de oscuros orígenes?

De otro lado, el señor Mariano Cucho, jefe de la ONPE, informaba a nuestra comisión que presuntamente algunos aportantes a determinadas agrupaciones políticas no tienen condiciones patrimoniales elementales como para hacer esa cotización; es decir, ganan, por ejemplo, mil nuevos soles y cotizan cuatro mil 500 nuevos soles.

Entonces, obviamente, ahí hay la presunción de que, si personas que no tienen ningún patrimonio aparecen como donantes a agrupaciones, hay un filtro indirecto que intenta legalizar dinero sucio.

¿Por qué esta ventanilla es importante? Porque con esa ventanilla ninguna agrupación ni partido podrá decir ahora que no sabía.

Y no solo un partido, sino un elector no podrá decir que se equivocó sobre las condiciones jurídicas y, además, sobre el pasado legal y jurídico con respecto a determinados delitos, aunque estos hayan sido ya ejecutoriados; porque, evidentemente, cuando hay una orden de captura nacional o internacional o hay sentencia condenatoria por delitos dolosos, es obvio que esa información es necesaria para hacer un balance sobre las condiciones de la persona.

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Mi punto de vista, colegas, es que esto es necesario. Y si bien hay todo un debate sobre si la reforma debe ser en grueso y en total o si debe ser gradualmente y poco a poco, yo creo que experiencias como las de otros países —como Colombia— nos muestran que de alguna manera es progresiva y es evolutiva la aprobación de normas, como la que estamos planteando en este escenario, hacia la reforma política.

Es todo lo que quería decir, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Sugiero que en la ventanilla única también se recabe la información de la Sucamec, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, porque en esta Superintendencia, para dar alguna licencia para portar armas, se recaban también las sentencias por violencia doméstica, que son usadas para denegar o cancelar licencias de armas de fuego.

Pienso que así tendríamos una mayor información con respecto al candidato, pues el uso de armas significa que también tengan un comportamiento bastante favorable con su pareja.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Gustavo Rondón Fudinaga.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos los colegas.

Hay que felicitar a los autores. Creo que es una ley muy positiva, muy de ajuste a lo que queremos con relación a esta lucha anticorrupción, a este motivo de prevención. Yo, como médico, tengo que felicitar además que sea el camino preventivo que nos ahorre muchos de los sinsabores que a veces tenemos ya dentro de las instituciones y, especialmente, dentro de nuestro Congreso.

Yo solamente quería volver a remarcar a la Comisión, a los asesores, el pedido que hizo el congresista Andrade. En el fondo, diez días hábiles antes de la convocatoria al proceso electoral me parece poco tiempo. Miren todas las agrupaciones que hay, lo que indudablemente no va a permitir una buena selección.

Si ampliamos un poco más ese periodo, se va a permitir al propio partido ir descartando, porque muchas veces hay varios candidatos que podrían estar en la lista con la posibilidad de tener un cupo dentro de la agrupación.

Si tú descubres a tiempo que ese candidato no es el idóneo, que tiene problemas con la justicia, vas a poder tener un recambio mejor, una mayor disquisición.

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Entonces, antes de que se lea el texto sustitutorio, yo quisiera que pudiéramos acoger ese pedido de Fernando en cuanto a que no sean diez días. Él pidió noventa, pero por lo menos podemos hacer que sean unos 30 o 45 días antes, porque creo que la intención es dotar a los partidos de esta herramienta; pero ella debe darse con la mejor y mayor anticipación, porque el periodo de diez días va a ocasionar que la cosa sea apurada y que sobre la marcha hayas desechado otra gente dentro del partido.

Y el último pedido es que dentro del artículo 3 debe considerarse a la Superintendencia de Banca y Seguros, a la Unidad Financiera, para ver un reporte, por lo menos, de estas personas que podrían estar comprometidas en el lavado de activos, que es otra condición que a veces ingresa a la política y que condiciona campañas, tal como lo mencionó la congresista Rosa Mavila.

Me está pidiendo un minuto la congresista Mavila, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Mavila León.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, congresista; gracias, Presidenta.

Advirtiendo el último texto sustitutorio que se ha repartido para el voto, yo quiero dejar constancia de mi desacuerdo —tal como entiendo que se ha debatido esta mañana— con las adiciones que exige el estatuto de sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada para que se aplique el registro en la ventanilla única.

¿Qué pasa, colegas congresistas, con el proceso de tráfico de drogas o de lavado de activos? Duran cuatro años, cinco años, seis años, porque hay, evidentemente, una intermediación no santa en el Ministerio Público o en la etapa policial.

¿Qué pasa con los delitos graves de alta lesividad? No existen, no se registran en la ventanilla única. Esto me parece un error porque, corroborándose, en el caso de delitos graves, como lavado de activos, que no se han registrado, lo que ha llevado a autoridades regionales a que estén ejerciendo ahora el gobierno regional a pesar de que tienen proceso en ciernes por lavado de activos, yo creo que ahí hay un riesgo.

Además, desde mi punto de vista, el registro en la ventanilla no implica ninguna...

Yo estoy en una interrupción, señor.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Le decía que, desde mi punto de vista, estos antecedentes de sentencia con calidad de cosa juzgada por delito doloso, antecedentes de sentencia condenatoria con calidad de delito juzgado por delito doloso existente en el exterior, evidentemente, implican estar inscrito en la ventanilla.

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Pero creo que debería haber un inciso de formalización de investigación policial y/o del Ministerio Público por los siguientes delitos: tráfico de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro y extorsión; porque creo que la ciudadanía del país tiene derecho de saber que hay candidatos que, siendo investigados por delitos de alta lesividad, pretenden asumir el status en la representación nacional.

Es un punto de vista particular que, por principio, quiero dejar constancia, colegas, porque la circunstancia que estamos nosotros diagnosticando es que hay autoridades de altísimo nivel en el mando regional que tienen procesos antiguos de lavado de activos...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Prosiga, congresista Rondón.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Gracias, señora Presidenta.

En todo caso, el aporte es que no sean diez días hábiles, sino que por lo menos se tenga los treinta días…

Me está pidiendo la segunda interrupción el congresista Belaunde.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para el congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Muchas gracias, fraterno y solidario congresista Rondón.

Frente a los comentarios de la congresista Mavila, yo quisiera señalar que, precisamente, yo propuse —no sé si fui el único, pero lo propuse— este término de cosa juzgada o sentencia firme o, en fin, sentencia ejecutoriada, porque, mientras no haya una sentencia firme, no se ha roto la presunción de inocencia y, por lo tanto, la persona no puede ser considerada con antecedentes delictivos.

Y saco a colación el vía crucis que ha pasado nuestra distinguida colega Cecilia Chacón, que ha tenido no sé cuántos años de litigio y recién después de esos años se la ha excluido de ese litigio...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Bajo ese sistema, ella aparecería con antecedentes. Esta es la prueba objetiva de que es absolutamente indispensable que se incluya en una norma de este tipo la frase "con calidad de cosa juzgada” o algo por el estilo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias.

Continúe, congresista Rondón.

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El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— No tengo más que agregar, Presidenta. Solo espero que la Comisión recoja estos aportes para que fundamentalmente le den a la norma un contexto más completo y, aparte de ello, nos pueda dar esa etapa preventiva un tanto más prolongada que permita a los partidos políticos seleccionar bien a su gente y evitar probables conflictos, incluso al interior de una misma agrupación, y tener los lineamientos para seleccionar mejor.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, puede intervenir la congresista Mavila León.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Yo entiendo, señora Presidenta, colegas congresistas, que estos temas que estamos debatiendo son altamente dubitables.

Sin embargo, si funcionamos con el criterio del principio de primacía de la realidad y valoramos más o menos los plazos que duran los procesos penales en nuestro país, no hay en realidad un respeto por un plazo ajustado a reglas básicas de racionalidad en el juzgamiento de estos delitos de alta lesividad, como el narcotráfico, como el lavado de activos.

Hay familias, colegas congresistas, que se turnan en el ejercicio de la representación en determinadas zonas del país, y es de público conocimiento que tienen prácticas asociadas anteriormente al tráfico de drogas y, después, al lavado de activos.

Hay autoridades regionales cuyo balance patrimonial se ha incrementado significativamente en los últimos años, lo que no resulta explicable con la remuneración que perciben...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Permítame, por favor.

Entonces, el tema aquí es que esta norma no sea, pues, un saludo a la bandera, no sea simbólica.

Si aprobamos con el adicional de sentencia ejecutoriada, en el fondo no va a haber ventanilla única capaz de ser útil para que el elector pueda saber si una persona, por los antecedentes que presenta, va a ejercer con transparencia y con probidad su tarea de representación.

Yo entiendo que el tema es dubitable, pero mantengo con todo derecho mi punto de vista sobre la materia.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Iberico Núñez.

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El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Muchas gracias, Presidenta.

Estamos llegando ya al final de este debate, pero me parece que lo planteado aquí por la congresista Mavila es importante. Se trata —si mal no entiendo— de los procesos en giro y de las denuncias en giro.

Yo he presentado hace tiempo un proyecto de ley para que los candidatos coloquen en su hoja de vida si tienen estos procesos en giro, si están siendo objeto de un juicio, o si han sido denunciados por la Fiscalía. Esto, por una simple razón: los juicios son públicos. Si los juicios son públicos, ¿qué problema hay en que esto se incluya —yo planteaba que sea en la hoja de vida que los candidatos presentan voluntariamente— en la ventanilla única?

A mí, como partido, me interesa saber si la persona que postula está dentro de un juicio por narcotráfico. Eso no significa que sea culpable, pues hay presunción de inocencia; pero tendrá que explicarme a mí, como partido político, qué cosa ha sucedido, en qué etapa está este juicio, cuáles son sus alegatos, y yo decidiré si postula o no.

Pero —repito— los juicios son públicos, ahí no hay nada que ocultar. Más bien, lo que sí protege la ley es lo que se está aprobando ahora: si uno ya cumplió su sentencia, eso se borra de la vida de una persona. Pero estamos considerando que, para efectos de postular a un cargo público electoral, sí tengamos el derecho y la necesidad de conocer si esa persona ha purgado condena o no.

Los juicios son públicos. Por ello, creo que sí debería incluirse un artículo donde la ventanilla única dé a los partidos políticos juicios y denuncias que están en giro.

Me pide una interrupción la congresista Mavila, Presidenta. Con su venia.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, congresista Iberico.

En la norma que estamos debatiendo, la ventanilla está pensada para información de los partidos; pero si tuviéramos una percepción genuinamente democrática, yo creo que esta norma debería regir para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como bien dice el congresista Iberico, el derecho que tienen todos los ciudadanos de fiscalizar a quienes pretenden asumir potencialmente su representación es un derecho genuinamente democrático.

De otro lado, colegas congresistas, hay circunstancias ya escandalosas de campaña electoral en provincias. Se regala artefactos eléctricos, se regala 500 soles, se regala 50 soles. Hay una grosera manifestación de usufructo monetario en campaña electoral.

Yo lo he llamado algo así como “el dinero como doctrina”, colegas congresistas. Y eso es lavado de activos, pues. ¿De dónde puede provenir tanto dinero?

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Y si miramos —como vamos a mirar oportunamente— el enorme desbalance patrimonial que tienen algunos antiguos candidatos, hoy autoridades, lo que se revela es que ahí hay también una disfunción en materia de financiamientos...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es también para la congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Es curioso ver cómo los que tienen esos antecedentes no informan —porque ahora no es obligatorio— que están siendo investigados, cuando eso debería ser informado, porque evidentemente un partido con toda probidad podrá tener los criterios para sacarlo o mantenerlo cuando hay todo un raciocinio para fundamentar la existencia del patrimonio.

Gracias, congresista.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Iberico.

El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Para concluir, pido que tome especial atención el señor Presidente de la Comisión de Constitución para incluir esto, que es necesario, es importante; porque a veces un candidato puede sorprender a la organización política ocultando esta información, que es tan importante, y el candidato o candidata está en pleno juicio por un tema que de repente es sumamente grave.

Por tanto, los partidos tienen derecho a saber para tomar su propia decisión, pues finalmente su partido será el que decida si avala o no esa candidatura.

Y finalmente una pequeña aclaración de redacción en el artículo 3, inciso c). Que revisen ahí la redacción porque en la primera línea dice:

“Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada es por delito doloso”.

Yo creo que ese verbo “es” está de más.

Ojalá se considere esto, Presidenta.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Yo creo que esta ventanilla única para antecedentes es lo que se llama la ley de la desconfianza: todos son sospechosos mientras no superan las sospechas. Creo que hubo un congresista, en un debate pasado, que dijo que el Estado tiene el derecho de sospechar de todos.

Bueno, esto es más o menos una suerte de aplicación práctica del así llamado principio de la sospecha general.

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Esta es una ley de antecedentes, y de los antecedentes básicamente penales. Los antecedentes penales solo existen con sentencias firmes. Este es un principio constitucional, y aquí se quiere quebrar ese principio constitucional.

Puede haber muchos procesos de narcotráfico o de cualquier otra cosa, y muchos de esos procesos —como creo que ha dicho el congresista Iberico— son públicos.

Dicho sea de paso, la instrucción, la fase inicial del proceso penal, siempre es reservada. Los procesos son públicos cuando ya se ven en audiencia y muchos de ellos tienen publicidad. La página judicial y la página policial, sobre todo en determinado tipo de delitos, reciben muchísima atención. Mejor dicho, ese tipo de procesos recibe muchísima atención de la prensa, y lo vemos en páginas policiales y en páginas judiciales.

De manera que, salvo algunos casos —que hemos tenido por aquí— de narcotraficantes mexicanos o cosas por el estilo, respecto de los cuales no me voy a pronunciar en estos momentos, normalmente ya se tiene una idea.

Pero yo insisto: el antecedente penal solo puede darse con arreglo a la Constitución cuando el principio de presunción de la inocencia está totalmente roto, está quebrado. Mientras haya un juicio, está resquebrajado. Es un cristal resquebrajado, pero no es un cristal destrozado. Y esto, sin esa atingencia, en mi opinión, viola elementales principios constitucionales y sería inconstitucional.

Además de eso, yo veo que desgraciadamente, en el nuevo proyecto de ley, en el texto sustitutorio sobre el tema de las deudas, no se ha tomado en cuenta que estas deudas tributarias pueden ser impugnadas, y de hecho muchas veces lo son. La impugnación puede darse en sede administrativa ante la Sunat, la SAT y cualquiera de las otras entidades o reparticiones públicas que acotan y fijan tributos.

Entonces, si hubiera una reclamación en sede administrativa, que en la mayoría de los casos —por lo menos en los tributos— y en general en casi todos los tributos termina en el Tribunal Fiscal o si la parte disconforme con la resolución del Tribunal Fiscal la impugna en sede judicial, entonces todavía no puede hablarse de deuda; porque esa deuda que hubiere sido —digamos— convalidada o ratificada por el Tribunal Fiscal puede ser impugnada ante el Poder Judicial, y solo con la terminación del proceso judicial la obligación tributaria queda plenamente configurada.

Entonces, yo rogaría a quienes han redactado este proyecto que incluyan ese aspecto de deudas que no estén sujetas a impugnación en sede administrativa o en sede judicial.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No habiendo más oradores, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Llatas.

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Previamente, tiene el uso de la palabra el congresista Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

A través suyo, quiero reiterarle mi pedido al Presidente de la Comisión para que, en la misma línea de las solicitudes que se están planteando, en el punto e), información sobre bienes, que se refiere a la solicitud de información a la Sunarp, se pida participaciones en acciones —que tiene que ver con el registro de personas jurídicas—, poderes, registro vehicular y registro de bienes inmuebles. Hay que ser preciso en estos cuatro registros, que son importantes para saber la posición y la situación de cualquier persona.

Insisto también en el tema de la planilla electrónica del último sueldo o del último empleo que haya tenido el candidato, así como la ficha de inscripción o el número de inscripción en la AFP o en la ONP, según sea el caso, y solicitar a la Sunat una copia de la ficha de inscripción del RUC, a efectos de poder tener toda la información en un solo paquete.

Un comentario final: para no caer en la inconstitucionalidad que contiene tal cual está redactado, tiene que incorporarse un artículo que diga, aunque no sea verdad, que el presente proyecto de ley no genera gasto alguno y que será asumido por los presupuestos propios de cada una de las instituciones.

Se tiene que hacer una referencia; si no, vamos a esperar que en quince días lo devuelva observado el Presidente de la República.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Gracias, señora Presidenta.

A través suyo, para que el Presidente de la Comisión pueda agregar algo que es importante para los partidos políticos: se debe autorizar al Jurado Nacional de Elecciones a contar, primero, con los medios informáticos, porque si no no va a poder hacer ese trabajo, y a los partidos, a contar con personas acreditadas para acceder inmediatamente a la información; o sea, no siempre va a estar a disposición a través de un mecanismo regular de memorándums u oficios, sino que el personero pueda acceder a través de claves, como hay en los accesos a otras instituciones.

El personero de cada partido tendría el acceso a la información mediante claves, y las organizaciones políticas tendrían entonces que acreditar a un personero a efectos de acceder a la información referida en el artículo 3 de la presente ley.

Tengo acá el texto, que le voy a hacer llegar al congresista Llatas, señora Presidenta, si lo tiene a bien. Creo que con esto ayudamos mucho para que los

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partidos políticos puedan cumplir su función y no recargar mucho la tarea a las instituciones pertinentes.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Gracias, señora Presidenta.

Solamente para decir lo siguiente.

Si usted lee la fundamentación del dictamen, incluso del proyecto que da lugar al dictamen, verá que se hace mención a sentencias del Tribunal Constitucional. Y en esas sentencias del Tribunal Constitucional no solamente se otorga la facultad a los partidos políticos de solicitar esta información de los candidatos, sino también a los ciudadanos. Y lo está diciendo el propio Tribunal Constitucional del Perú en razón de la transparencia.

Esos candidatos, señora Presidenta, no van a estar impedidos de candidatear por sus partidos, pero sí va a haber la información mínima para que los partidos y la ciudadanía se informe.

Entonces, en el dictamen debería establecerse no solamente el derecho de los partidos políticos de pedir la información, sino también el de los ciudadanos.

Repito: en la fundamentación del dictamen se hace mención a resoluciones del Tribunal Constitucional del Perú, que establecen como derecho de la persona el solicitar este tipo de información sobre los candidatos.

Me pide una interrupción, señora Presidenta, la congresista Rosa Mavila.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Mavila León.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, señora Presidenta; gracias, congresista Lescano.

En la forma como se está ejecutando la ventanilla única en otros países, colegas congresistas, también hay una utilidad para los partidos del funcionamiento de esta ventanilla única, porque tiene que ver con la actuación de los partidos frente a un eventual filtro, porque no todo puede ser exacto, por más acuciosidad que se ponga en los partidos.

La fragilidad del sistema de partidos en nuestro país hace que a veces no pueda haber un control pleno y absoluto de los antecedentes de los candidatos.

Entonces, la existencia de esta ventanilla única pone en un escenario al partido al enterarse de que esta persona, por ejemplo, tiene formalizada por el Ministerio Público una investigación por lavado de activos, una investigación por tráfico de

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drogas o por extorsión o por narcolavado de activos, y evidentemente el partido se plantea un dilema: o lo mantiene como candidato, o lo saca y lo sustituye por otro candidato.

Cómo queda ese partido que saca a ese candidato, que eminentemente omitió declarar ante su partido...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Termino, entonces.

Queda bien el partido, señores congresistas, porque reajusta y corrige lo que no pudo corregir porque desconocía determinada información.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para la congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Lescano.

Me parece que lo que está planteando el congresista Lescano es que los ciudadanos van a tener esa información cuando ya el partido haya designado a los candidatos y tengan el derecho a tacha, pero esto es para que el partido haga una depuración previa.

Tampoco puede estar toda la información a vista y paciencia del público, porque puede prestarse a muchas cosas. Tan es así que hay un artículo para guardar la reserva.

Pero, cuando el partido haya asumido su responsabilidad y lo ponga como candidato, existe la tacha. Y si el partido ha obviado alguna información acerca de alguien y lo coloca, entonces ya el ciudadano tiene también que actuar, señora Presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta: El ciudadano puede ayudar al partido político a corregir algo que se le ha pasado. Consecuentemente, con eso el partido se rectifica saludablemente en beneficio de la democracia y en beneficio también del sistema político del país.

Y por eso repito: esto no lo digo yo, lo dice el mismo dictamen. El sustento del dictamen no solamente va para el derecho de los partidos, sino se hace mención a una sentencia del Tribunal Constitucional que también otorga este derecho a los

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ciudadanos. Entonces, lo dice la misma propuesta que nos trae la Comisión de Constitución.

Finalmente, Presidenta, insisto en que los antecedentes de las personas deben estar completos: con calidad de cosa juzgada, sin calidad de cosa juzgada. El ciudadano ya decidirá, el partido decidirá. No se va a impedir al ciudadano candidato que postule por su partido ni se va a impedir con eso que el partido decida en un sentido o en otro. Solo es transparencia mínima, y es la ciudadanía la que va a decidir.

Pero no sería de mucho beneficio para el Perú poner solamente sentencias con calidad de cosa juzgada, porque después se van a presentar dos o tres sentencias que estaban en calidad de cosa juzgada, o una sentencia que tenía un determinado congresista ya electo.

Es decir, mire a quién eligieron, estaba en cosa juzgada, sí, pero cometió un delito de violación; que estaba en cosa juzgada, sí, pero era narcotráfico.

No sé si eso podrá resistir algún tipo de explicación cuando se impute al Congreso que un congresista tenía en su historial la comisión de delitos, aun cuando hayan pasado en calidad de cosa juzgada y aun cuando estén en condición de rehabilitados.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No habiendo más oradores, tiene el uso de la palabra el congresista Cristóbal Llatas, presidente de la Comisión de Constitución.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Una vez desarrollado el debate sobre el dictamen que propone la creación de la denominada Ventanilla única de antecedentes para uso electoral, en mi condición de presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, propongo un texto sustitutorio con los cambios que a continuación se menciona y que, incluso, ya han sido distribuidos a cada uno de ustedes, señores congresistas.

Primero, se ha considerado oportuno agregar, en los incisos a) y c) del artículo 3 de la fórmula legal, la precisión de que se trata de sentencias que poseen la calidad de cosa juzgada.

Segundo, se ha considerado también agregar, a solicitud del congresista Jorge Rimarachín, de la bancada Dignidad y Democracia, al artículo 3 de la fórmula legal el siguiente inciso:

“Información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijadas por sentencia judicial”.

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Tercero, se ha considerado que la reglamentación de esta norma correrá a cargo del Poder Ejecutivo en el plazo de 90 días calendario.

No se ha considerado la propuesta para que la información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones a las organizaciones políticas sea a título gratuito, por considerar que ello contraviene lo dispuesto por los artículos 74 y 79 de la Constitución, que impiden al Congreso de la República tener iniciativa de gasto y aprobar exoneraciones de tributos sin previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Solo con la finalidad de mejorar la redacción del texto legal, reiteramos la frase con carácter obligatorio en el artículo 6 del texto sustitutorio, quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 6. Obligatoriedad de remitir la información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Las entidades públicas están obligadas a remitir la información requerida por el Jurado Nacional de Elecciones para la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, bajo responsabilidad”.

Finalmente, se ha agregado al artículo 1 de la fórmula legal que se les ha repartido hace un momento la siguiente redacción:

“El Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al Reniec soporte tecnológico para el funcionamiento de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral.”

Ello, con la finalidad de que quede clara la colaboración del Reniec con el Jurado Nacional de Elecciones para la implementación de la ventanilla única.

Además, se ha retirado del inciso a) del artículo 3 de la fórmula legal del texto sustitutorio lo siguiente:

“La rehabilitación después de haber cumplido sentencia firme no impide que toda la información se haga de conocimiento de la ventanilla única, con el propósito de evitar que se incurra en una vulneración de los derechos fundamentales de los potenciales candidatos que participan en los procesos electorales.”

Y finalmente, a solicitud de la congresista Salgado, se agrega una primera disposición complementaria, la cual contiene lo siguiente:

“Primera.

El Jurado Nacional de Elecciones implementará mecanismos informáticos a fin de contar con información en tiempo real.

Las organizaciones políticas podrán acreditar un personero a efectos de acceder a la información referida en el artículo 3 de la presente ley en tiempo real a través de un mecanismo de acceso directo a la ventanilla única.”

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Con estos argumentos, señora Presidenta, solicitamos se someta al voto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Pedimos al congresista Llatas que se sirva alcanzar el texto para poder tener claro qué se va a votar.

Tiene el uso de la palabra el congresista Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Yo tengo entendido que se mantiene el artículo 2: “Las organizaciones políticas presentan las solicitudes de información (…) sobre sus posibles candidatos”.

¿Cómo se verifica que van a ser o no van a ser sus candidatos y no se utilice esta información con otros fines? ¿Cómo confirmas tú que se trata de tu candidato si no hay un instrumento que lo pruebe de esa manera?

Entonces, puede ser que mi personero o el personero de cualquier otro partido se dedique a indagar información de miles de personas utilizando este mecanismo del Jurado Nacional de Elecciones.

Creo que aquí hay una ventana abierta muy peligrosa. Estamos en un escándalo nacional por la Dini, y acá estamos creando un mecanismo mucho peor.

Me pide una interrupción el congresista Eguren.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Eguren Neuenschwander.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Abugattás.

Dos precisiones sobre esta válida preocupación. La primera de ellas es que entiendo —y por lo menos así lo interpreto— que no es que cualquier partido puede pedir información de otro, sino es la información que pide el mismo partido sobre sus militantes, dirigentes o posibles candidatos; o sea, es el mismo partido.

Y el segundo elemento fundamental es que no lo pide cualquiera del partido, sino aquellas personas que están acreditadas para pedir información o inscribir información del partido, llámese los personeros legales.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para la congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Gracias, Presidenta.

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Ya lo ha aclarado el congresista Eguren, pero yo quería abonar más. O sea, el acreditado por mi partido va a revisar lo que mi partido ha solicitado, pero no tiene por qué meterse en la información de los otros partidos.

Entonces, es para averiguar de estos, que son mis precandidatos, toda la información pertinente, no de los otros partidos. Por eso, digo que la clave va a permitir acceder solamente a la información de la lista que yo estoy dando.

Nada más, congresista Abugattás.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Para culminar, si es que me puede prestar un poquito de atención el Presidente de la Comisión.

Sí, yo creo que es necesario, por lo menos, incorporar en el artículo 2 si van a ser aquellos candidatos inscritos en el partido.

Estamos hablando de candidatos que tienen inscripción partidaria o lo que los requisitos que establezca el reglamento.

Yo le pediría al Presidente de la Comisión que se incorpore en el artículo 2 lo referido a candidatos inscritos en el partido político y/o lo que establezca en el reglamento del presente proyecto de ley, porque de lo contrario yo puedo presentar como candidato a cualquier tercera persona.

¿Está bien? Me ha dado permiso la congresista Salgado. Creo que he recibido la bendición. Gracias, Luz.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— El congresista Cristóbal Llatas tiene el uso de la palabra.

Entonces, vamos a esperar que el Presidente de la Comisión de Constitución nos haga llegar el texto a fin de que se distribuya a los congresistas.

Puede interrumpir la congresista Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Lástima que se fue el congresista Abugattás, Presidenta, que ya recibió mi bendición... Ahí está.

Solamente quisiera que se precise que estamos dejando para el reglamento varias cosas que tiene que hacer el Jurado. El Jurado tiene que reglamentar, porque es el especialista y es el ente autónomo. ¿No es cierto? No sé si le entendí mal o le entendí bien.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Abugattás.

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El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— El pedido era que se incorpore “de los candidatos inscritos en su partido y/o lo que establezca el reglamento”, porque en teoría, de acuerdo a la ley, solamente hay un 20% de invitados hasta el día de hoy.

Entonces, ¿cómo tú discriminas quién es candidato mío y quién no es candidato mío si yo tengo una ventana abierta para presentar y ahí puedo mal utilizarlo? Entonces, quien debe reglamentarlo es el Poder Ejecutivo…

No, es imposible así. Cada uno está en la suya. Hagan lo que quieran.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— A ver, pido un poco de silencio a los asesores que están en el hemiciclo.

Tiene el uso de la palabra el congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Hay un tema que me preocupa. Por ejemplo, ¿qué pasa con las tasas?, ¿la información va a ser gratuita o va a ser pagada?

Se dice, por ejemplo, que Registros Públicos debe brindar información. La información que brinda Registros son tasas, que —como todos sabemos— es una modalidad de tributo, y el tributo solo se exonera por ley.

La pregunta es: ¿debemos consignar que esta información debe darse a título gratuito?, pues de lo contrario las entidades que cobran tasas van a decir yo no doy la información si es que no me pagan el importe por tal información.

Entonces, yo sí creo, Presidenta, que habría que poner en una cláusula final la exoneración del pago de tributos, cualquiera fuese su modalidad o cualquier tipo de pago.

No, es que la tasa es una modalidad de tributo.

Entonces, eso va a ser clave, porque de lo contrario el registrador que brinda información sin una ley de exoneración estaría simplemente infringiendo la ley y es pasible de ser destituido, porque la exoneración de pago de tasas solo se da por ley.

Consiguientemente y sintetizando el tema, pido que se ponga una norma que exonere el pago de esas tasas.

El congresista Abugattás me pide una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Abugattás.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Gracias.

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Yo creo que aquí hay un problema, un error conceptual: la tasa no es un tributo, la tasa es un cobro por un servicio efectivamente prestado.

El tributo es genérico; o sea, la tasa no entra como tributo. Tiene que ser una exoneración específica de las tasas que originan estas solicitudes. Un aporte.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Pero con una ligera aclaración: los impuestos —que son ciegos—, las contribuciones, las tasas —está detallado en el Código Tributario y en la doctrina también— son modalidades de tributos.

Entonces, sí hay que precisar que se exonera de tasas, porque la exoneración tiene que ser expresa; y no sé qué otras formas de pago también hay, que habría que verlas, porque de lo contrario no se va a poder cumplir con el objetivo de esta norma.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ya todos tenemos el texto en nuestras manos.

Finalmente, puede intervenir el congresista Cristóbal Llatas.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Presidenta: Finalmente, hemos distribuido el texto sustitutorio. Solicitamos la lectura respectiva para que se someta al voto.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA.— Relator, dé lectura.

El RELATOR da lectura:

Texto sustitutorio presentado a las 17 horas con 26 minutos del día 9 de abril de 2015 por el señor Llatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución.

“Ley que crea la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral.

Artículo 1. Objeto de la ley.

Créase la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral con el propósito de suministrar información a las organizaciones políticas debidamente inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus posibles candidatos en los procesos electorales en los que participen.

La Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, en concordancia con el numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política del Perú.

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El Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al Reniec soporte tecnológico para el funcionamiento de la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral.

Artículo 2. Oportunidad para la presentación de solicitudes de información ante la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral.

Las organizaciones políticas presentan las solicitudes de información en la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral sobre sus posibles candidatos desde los diez días hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción de candidatos.

Artículo 3. Especificación de la información.

La información que puede ser solicitada en la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral es la siguiente:

a) Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso en el Perú, que son solicitados al Poder Judicial.

b) Certificados sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes o pasadas e información sobre notificaciones de la Organización Internacional de Policía -Interpol, que son solicitados a la Policía Nacional del Perú.

c) Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada es por delito doloso existentes en el exterior, que son solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores.

d) Información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal, deudas a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat y al Registro de Deudores Alimentarios Morosos - Redam, que es solicitada a las entidades correspondientes.

e) Información sobre bienes, que es solicitada a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp.

f) Información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijadas por sentencia judicial.

Artículo 4. Medidas de reserva.

Las organizaciones políticas que accedan a la información señalada en el artículo 3 de la presente norma deben guardar la debida reserva en los casos previstos por ley, bajo responsabilidad.

Artículo 5. Respuesta a las solicitudes de información ante la Ventanilla Única de antecedes para uso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones debe responder a las solicitudes de información presentadas por las organizaciones políticas sobre sus posibles candidatos en la Ventanilla Única de antecedes para uso electoral en un plazo máximo de diez días

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hábiles, por lo que debe realizar las coordinaciones y gestiones necesarias con las entidades correspondientes para que la información solicitada le sea remitida dentro del plazo mencionado, sin perjuicio de que pueda implementar otros mecanismos que permitan el acceso a dicha información, de conformidad con los fines y objetivos de la presente ley.

Artículo 6. Obligatoriedad de remitir la información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Las entidades públicas están obligadas a remitir la información requerida por el Jurado Nacional de Elecciones para la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral, bajo responsabilidad.

Disposiciones complementarias.

Primera.

El Jurado Nacional de Elecciones implementará mecanismos informáticos a fin de contar con información en tiempo real.

Las organizaciones políticas podrán acreditar un personero a efectos de acceder a la información referida en el artículo 3 de la presente ley en tiempo real a través de un mecanismo de acceso directo a la Ventanilla Única.

Segunda.

La presente ley se reglamenta por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de noventa días calendario, a partir de su entrada en vigencia.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Sí, Presidenta, dos cambios.

En la primera disposición complementaria se dice “las organizaciones políticas podrán acreditar un personero”. Y en la segunda, “la presente ley se reglamenta por el Poder Ejecutivo”, a lo que se debería agregar “en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones”, que es el ente técnico.

Esto también lo estamos coordinando con la gente del Jurado, señora Presidenta, para que el Presidente lo tenga a bien incorporar, pues solamente se aclara: "en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones".

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para que se pronuncie el Presidente de la Comisión.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Efectivamente, hacemos nuestra la sugerencia que hace la congresista Salgado.

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Además de ello, Presidenta, del artículo 3, inciso c), quiero retirar la palabra "es", pues se dice "con calidad de cosa juzgada es". Entonces, debe quedar "con calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en el exterior".

Con estas modificaciones, pido que se someta a voto.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— ¿Puede remitir por escrito las modificaciones, congresista Llatas, por favor?

Tiene el uso de la palabra el congresista Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidenta: Yo he hecho una observación acerca de algo grave que va a hacer que la norma no se cumpla.

¿Cuántos candidatos son en un proceso electoral municipal? Son más o menos diez mil, y se está planteando informes sobre certificados de antecedentes, los cuales tienen un costo; se está hablando sobre certificados registrales, que tienen un costo.

Ni el registrador ni el jefe de registros están capacitados para exonerar del pago si no hay una ley que los exonere, porque son tasas: una modalidad de tributos que solo se exoneran por ley. Por lo tanto, esta ley sería un saludo a la bandera, no se cumpliría.

Consiguientemente, yo planteo que en una disposición final o en cualquier tipo de disposición se incorpore la exoneración de todo pago de tributos, de tasas o qué sé yo, para que esto pueda ser realmente efectivo.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La Mesa Directiva se complace en expresar el saludo de la Representación Nacional a los miembros del Club de Leones de Huaraz, quienes se encuentran en las galerías del Congreso acompañados de la congresista Aurelia Tan de Inafuko.

Tiene el uso de la palabra el congresista Mariano Portugal Catacora.

El señor PORTUGAL CATACORA (GPUR).— Brevemente, Presidenta.

El artículo 6 habla sobre la obligatoriedad de remitir la información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones, y luego se dice que esta ley debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Ahí habría una contradicción, porque en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en su artículo 5, literal i), se dice que “el Jurado Nacional de Elecciones dicta las resoluciones y reglamentaciones necesarias para su funcionamiento".

Siendo este un tema de carácter eminentemente electoral, creo que no es el Ejecutivo el que debe reglamentar, sino el Jurado Nacional de Elecciones. Eso, por una parte.

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Y, por la otra, he pedido que se agregue el tema del registro de los inquilinos morosos, que no ha sido considerado.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Humberto Lay Sun.

El señor LAY SUN (GPUR).— Gracias, Presidenta.

En la primera disposición complementaria, segundo párrafo, se dice que “las organizaciones políticas podrán acreditar un personero a efectos de acceder a la información referida”.

Entiendo que el espíritu de esa disposición es que deben acreditar o, de lo contrario, que sea el personero legal del partido, y no cualquier otra persona.

Así que yo sugeriría que sea el personero legal o que, en todo caso, se acredite un personero para efectos de esta información.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Andrade Carmona.

El señor ANDRADE CARMONA (PP).— Gracias, Presidenta.

Si el Presidente de la Comisión de Constitución tiene a bien escuchar.

En el artículo 1 se dice:

"El Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al Reniec soporte tecnológico para el funcionamiento de la Ventanilla Única de antecedentes para uso electoral".

El Reniec es el que tiene el soporte tecnológico. Por ello, en lugar de que se diga "podrá solicitar", sería mejor el término "solicitará al Reniec"; porque "podrá" significa que lo puede hacer o no lo puede hacer, pero "solicitará" es para que lo haga la persona o la entidad que tiene el recurso tecnológico, como es el caso del Reniec.

A mí me parece que ahí hay una imprecisión en esa palabra que deja abierto el concepto, por lo que debería modificarse por "solicitará".

Me pide una interrupción el congresista Abugattás.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Sí, Presidenta, gracias.

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Sí, tiene mucha razón el congresista Lay, porque, de acuerdo a la normatividad, los partidos políticos tenemos dos personeros: el personero legal y el personero técnico. Aquí se estaría creando la figura de un tercer personero, que no está contemplado en la legislación electoral actualmente.

Yo creo que tiene que ser "el personero" y punto; o sea, no es que se designará un personero.

Los partidos políticos estamos representados ante el Jurado Nacional de Elecciones a través de personeros; o es el presidente del partido, que tiene la representatividad del partido, o son los personeros designados, que son el legal y el técnico.

Creo que debe simplemente manifestarse que es "el personero". Ya el partido determinará si es el legal o el técnico. No podemos crear un tercer personero, salvo que modifiquemos la Ley Orgánica del poder electoral.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Andrade.

¿Culminó?

El señor ANDRADE CARMONA (PP).— Sí, muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— ¿Algún otro orador?

Tiene el uso de la palabra el congresista Llatas, para que se pronuncie.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Gracias, Presidenta.

Yo quiero finalmente precisar algunas opiniones que han dado los colegas parlamentarios con respecto, por ejemplo, al caso del Reniec y sus atribuciones como tal.

Es el Jurado Nacional de Elecciones el ente rector que coordina cualquier acción propia de un proceso; por lo tanto, consideremos pertinente el extremo planteado, en el cual se dice “podrá solicitar al Reniec”.

Cuando se habla de los costos y costas que pueden generar las solicitudes de información, existen los convenios interinstitucionales que permiten en este caso regular ello, tratándose de un tema eminentemente neutral.

Por otro lado, Presidenta, quien finalmente reglamenta la ley es el Ejecutivo. Sin embargo, también hemos hecho el agregado, a petición de la congresista Salgado, para que esta reglamentación se haga en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones.

Siendo así, Presidenta, solicito que se someta a votación.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Otárola Peñaranda.

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El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Creo que hay un error, Presidenta, y le hablo por experiencia.

Uno de los requisitos para que el PETT pueda otorgar títulos era el certificado de Registros Públicos. Cuando el PETT pidió gratuitamente a Registros Públicos los certificados —que eran 100 mil o 200 mil—, se hizo las consultas legales, y Registros Públicos dijo: perfecto, les otorgamos certificados, pero ustedes nos pagan la tasa.

No hay cómo exonerarla. La tasa de exonera solo por ley, y eso nos genera un problema de gasto, porque en todo caso este proyecto debió venir del Ejecutivo. Pero estamos creando un dispositivo que no va a servir.

Pónganse en el caso de un proceso electoral municipal, donde son más de diez mil candidatos, y póngale el costo del certificado: 200 soles por candidato, cinco certificados. ¿De dónde va a salir el dinero si es que no existe una ley que exonere de ese pago?

No es cierto que esto pueda obligar a los entes públicos a otorgar certificados sin previo pago, porque ellos están obligados por ley a cobrar por el certificado, por ejemplo, de antecedentes penales o por el certificado único de varias propiedades de Registros Públicos. Entonces, el problema de fondo es ese, Presidenta.

Ya ha habido experiencias en el Estado en las que, después de tanto bolondrón, líos y denuncias, tuvo que venir al Congreso una propuesta para sacar la ley exoneratoria.

La ley ya no existe, y por eso es que Cofopri ya no puede titular ahora.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Precise, congresista Otárola, cuál sería su aporte para que lo pueda ver el Presidente de la Comisión.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Que se determine quién va a pagar las tasas registrales y las tasas por los certificados de antecedentes del Poder Judicial.

En todo caso, acá podría ponerse que esto sea gratuito; aunque hay inconvenientes, porque un proyecto de este tipo requiere ser presentado por el Ejecutivo, y no hay otra forma. De lo contrario, la ley no va a cumplir su objetivo.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Teófilo Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, colegas congresistas: En efecto, para poder solicitar un certificado o realizar una búsqueda, las instituciones correspondientes tienen que realizar el cobro de una tasa, y la tasa no es otra cosa

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que un tributo. Los tributos, de acuerdo al Código Tributario, son las contribuciones, las tasas y los derechos.

En este caso, en la norma no se contempla expresamente quién asumiría el pago por los certificados, las búsquedas, las sentencias que van a dar a los partidos.

Entonces, lo que se tendría que hacer es, primero, establecer si en este caso va a producirse una exoneración con relación al cobro de las tasas por parte de las instituciones.

Sin embargo, de acuerdo al Código Tributario, toda exoneración, toda modificación, toda regulación en materia tributaria tiene que ser expuesta por el Ministerio de Economía. En ese contexto, acá nos vamos a entrampar con una norma que hasta cierto punto no tiene el sustento legal para poder darle viabilidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Habiendo culminado el debate, finalmente tiene el uso de la palabra el congresista Llatas Altamirano.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Señora Presidenta: En lo que concierne a lo planteado por el congresista Otárola, yo respeto su preocupación, pero ya hay antecedentes de convenios interinstitucionales realizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

Dicho sea de paso, el Jurado Nacional de Elecciones expresa su conformidad con respecto a esta iniciativa legislativa y no ha habido observación alguna.

Consecuentemente, nosotros estamos ante una situación que ya existe. Por tanto, en este caso tendrá que ser el Reniec o tendrá que ser la ONPE la que tenga que suscribir convenios interinstitucionales a fin de facilitar este proceso para la implementación de la norma como corresponde, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Una última intervención, Presidenta.

Si quieren lo toman o si no lo dejan. Los tributos se exoneran solo por ley, no se exoneran por convenio, congresista Llatas. Ahí están los antecedentes.

Este Congreso tuvo que aprobar leyes que exoneraban del pago de las tasas registrales para Cofopri, para el PETT, porque Registros Públicos no podía dar la información en forma gratuita. Ya existen esos antecedentes. Pero, en todo caso, pues, asuman la responsabilidad.

Gracias, Presidenta.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vamos a marcar la asistencia para proceder a votar el nuevo texto sustitutorio, presentado por el Presidente de la Comisión de Constitución a las 17 horas y 26 minutos.

El Relator va a dar lectura a las últimas modificaciones.

El RELATOR da lectura:

Modificaciones.

Artículo 3, inciso c).

“Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en el exterior, que son solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La segunda disposición complementaria queda redactada de la siguiente manera:

"La presente ley se reglamenta por el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, en un plazo máximo de 90 días calendario, a partir de su entrada en vigencia".

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas, vamos a marcar la asistencia para proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 91 señores congresistas.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 76 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 3858 y 4024.

Se deja constancia del voto favorable de la congresista Chacón.

Resultado final: 77 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

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Ha dado la Ley siguiente:

Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral

Artículo 1. Objeto de la Ley

Créase la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral con el propósito de suministrar información a las organizaciones políticas debidamente inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus posibles candidatos en los procesos electorales en los que participen.

La Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, en concordancia con el inciso 3 del artículo 178 de la Constitución Política del Perú.

El Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) soporte tecnológico para el funcionamiento de la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral.

Artículo 2. Oportunidad para la presentación de solicitudes de información ante la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral

Las organizaciones políticas presentan las solicitudes de información en la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral sobre sus posibles candidatos desde los diez días hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción de candidatos.

Artículo 3. Especificación de la información

La información que puede ser solicitada en la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral es la siguiente:

a) Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso en el Perú, que son solicitados al Poder Judicial.

b) Certificados sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes o no vigentes e información sobre notificaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que son solicitados a la Policía Nacional del Perú.

c) Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en el exterior, que son solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores.

d) Información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal; deudas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y al Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam), que es solicitada a las entidades correspondientes.

e) Información sobre bienes, que es solicitada a la Superintendencia Nacional de los

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Registros Públicos (Sunarp).

f) Información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijadas por sentencia judicial.

Artículo 4. Medidas de reserva

Las organizaciones políticas que accedan a la información señalada en el artículo 3 de la presente norma deben guardar la debida reserva en los casos previstos por ley, bajo responsabilidad.

Artículo 5. Respuesta a las solicitudes de información ante la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral

El Jurado Nacional de Elecciones debe responder a las solicitudes de información presentadas por las organizaciones políticas sobre sus posibles candidatos en la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral en un plazo máximo de diez días hábiles, por lo que debe realizar las coordinaciones y gestiones necesarias con las entidades correspondientes para que la información solicitada le sea remitida dentro del plazo mencionado, sin perjuicio de que pueda implementar otros mecanismos que permitan el acceso a dicha información, de conformidad con los fines y objetivos de la presente Ley.

Artículo 6. Obligatoriedad de remitir la información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones

Las entidades públicas están obligadas a remitir la información requerida por el Jurado Nacional de Elecciones para la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, bajo responsabilidad.

Disposiciones complementarias finales

Primera. El Jurado Nacional de Elecciones implementará mecanismos informáticos a fin de contar con información en tiempo real.

Las organizaciones políticas podrán acreditar un personero a efectos de acceder a la información referida en el artículo 3 de la presente Ley en tiempo real a través de un mecanismo de acceso directo a la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral.

Segunda. La presente Ley se reglamenta por el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, en un plazo máximo de noventa días calendario, a partir de su entrada en vigencia.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del nuevo texto sustitutorio de los Proyectos 3858 y 4024

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález

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Cochagne, Becerril Rodríguez, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Cusi, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Espinoza Cruz, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Abugattás Majluf, Angulo Álvarez, Bedoya de Vivanco, Benítez Rivas, Carrillo Cavero, Coari Mamani, Condori Jahuira, Dammert Ego Aguirre, Mavila León, Mendoza Frisch, Pari Choquecota, Saavedra Vela y Yovera Flores.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Cristóbal Llatas, titular de la Comisión de Constitución.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Solicito la exoneración de la segunda votación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Con la misma asistencia, vamos a votar la exoneración de la segunda votación.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se acuerda, por 57 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido exonerado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Wong Pujada, Ruiz Loayza y Rivas Teixeira, del voto en contra de la congresista Chacón De Vettori y de la abstención del congresista Simon Munaro.

Han votado a favor 60 congresistas, 21 en contra y 13 abstenciones.

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Ha sido acordada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de Ley 3858 y 4024.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio de los proyectos 3858 y 4024

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Alcorta Suero, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chehade Moya, Coa Aguilar, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Espinoza Cruz, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Vacchelli Corbetto, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Abugattás Majluf, Aguinaga Recuenco, Angulo Álvarez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Carrillo Cavero, Chávez Cossío, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Iberico Núñez, Lay Sun, León Romero, Otárola Peñaranda, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores y Tapia Bernal.

Señores congresistas que se abstuvieron: Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Coari Mamani, Condori Jahuira, Dammert Ego Aguirre, García Belaúnde, Mavila León, Mendoza Frisch, Pari Choquecota, Saavedra Vela, Tejada Galindo y Valencia Quiroz.”

Se aprueba el texto del Proyecto de Resolución Legislativa 4372/2014-PE, que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015, con el objeto de asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, República de Panamá

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Siguiente punto de la agenda.

El RELATOR da lectura:

Del señor Presidente de la República, mediante el cual solicita autorización del Congreso de la República para salir del territorio nacional, del 10 al 13 de abril de 2015, con el objeto de asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, República de Panamá.*

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Lay, la palabra o su voto. Por favor, precise.

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El señor LAY SUN (GPUR).— Gracias, señora Presidenta.

A nombre de la Comisión de Ética Parlamentaria, quiero reiterar lo expresado en el Oficio 1049, del 23 de marzo, enviado a su despacho, en el cual hacíamos referencia a cinco informes de la Comisión de Ética que no han sido todavía debatidos, no han sido agendados. El primero es de septiembre del año pasado, el segundo es de octubre del año pasado, el tercero es de diciembre del año pasado y dos son de marzo de este año.

Entendemos el número de proyectos que existen, el receso parlamentario y todo lo demás, pero creo que ya es demasiado tiempo para ver estos temas, porque la demora sigue afectando la imagen del Congreso y no podemos tener en esta incertidumbre a los congresistas involucrados.

Así que solicitamos oficialmente, por favor, que se priorice la agenda de estos temas.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— El próximo martes, en reunión de Consejo Directivo, se verán estos temas a fin de que puedan pasar a la agenda del Pleno. Como usted sabe, todo proyecto de ley y todo informe, de cualquier comisión, pasan al Consejo Directivo. El martes está pasando ello, congresista.

Además, informo que tengo también un oficio reiterativo del congresista Reynaga, por el cual solicita desde hace tiempo que su caso sea tratado. Así que vamos a ver este asunto y los demás también.

El Relator va a dar lectura al oficio.

El RELATOR da lectura:

Lima, 6 de abril de 2015.

Oficio N.° 040-2015-PR

Señora

Ana María Solórzano

Presidenta del Congreso de la República

Ciudad.

Señora Presidenta:

Tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna Presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102.° de la Constitución Política del Perú, autorice al suscrito, en su calidad de Presidente de la República, la salida temporal del territorio

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nacional del 10 al 13 de abril de 2015, con el objeto de asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

En esta oportunidad, la participación del Presidente de la República en la VII Cumbre de las Américas constituye una importante oportunidad para la promoción de los intereses nacionales inscritos dentro de los objetivos de desarrollo, cooperación, paz y seguridad de la política exterior del Estado peruano.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima.

Atentamente,

OLLANTA HUMALA TASSO,

Presidente Constitucional de la República,

PEDRO CATERIANO BELLIDO,

Presidente del Consejo de Ministros.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha pedido el uso de la palabra el congresista Nayap Kinin.

El señor NAYAP KININ (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Mi saludo a toda la Representación Nacional.

Estoy pidiendo la palabra porque quiero, con dolor, comunicar a toda la Representación Nacional que no solamente en Chosica, Tumbes y Piura ha habido desastres naturales, sino también en Amazonas, y en grandes proporciones.

Acabo de recibir una información fidedigna de Indeci, y mi región, principalmente las provincias de Bagua y Utcubamba, está siendo muy fuertemente azotada por los desastres naturales.

Ha llovido intensamente por varios días y, al haber ríos muy caudalosos, ello está haciendo mucho daño a las poblaciones de estas dos provincias. Se han desbordado últimamente dos quebradas de Bagua Grande, que se llaman Cachimayo y Alenya.

Han sido afectadas viviendas de varios distritos; y no solamente las casas, sino también colegios, iglesias, mercados. Mucha gente está durmiendo en las calles. Los niños no están asistiendo a las escuelas, no tienen alimentos, no tienen ropa. Esto no puede pasar desapercibido.

La provincia de Bagua, señora Presidenta, también está siendo afectada por desbordes del gran río Marañón, que ya ha salido de su cauce normal, ha inundado muchas localidades, y está causando la pérdida de cultivos de arroz y, también, afectando muchas viviendas.

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Esta situación, señora Presidenta, viene ocurriendo desde los primeros días del mes de marzo. Si bien es cierto que se ha recibido apoyo de la Región y también de Indeci, este resulta siendo insuficiente por las grandes proporciones del daño, que ha hecho que colapse realmente toda la vida normal de estas dos provincias.

No hay agua potable para estas dos provincias y la proliferación de zancudos está afectando en niveles que pueden provocar una epidemia.

Señora Presidenta...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Nayap.

El señor NAYAP KININ (NGP).— La carretera Fernando Belaunde Terry, que es la carretera que nos comunica con el resto del país, ha sido afectada por grandes derrumbes. Entonces, al no tener Amazonas una conexión aérea, estamos incomunicados en este momento.

Por todo esto, señora Presidenta, yo le solicito que el Pleno del Congreso apruebe que se dé una ayuda que pueda mitigar en algo lo que están padeciendo estas dos provincias, tal como se ha enviado ayuda a otras provincias del país.

Tomando en consideración todo lo dicho, señora Presidenta, también me gustaría tener el respaldo para solicitar al Ejecutivo que declare en emergencia a las provincias de Bagua y Utcubamba, a fin de llevar a cabo las acciones que rehabiliten todas las cosas y servicios esenciales para estas dos provincias.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a dar cuenta del Proyecto de Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015, con el objeto de asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en el ciudad de Panamá, República de Panamá.

Señor Relator.

El RELATOR da lectura:

Proyecto de Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015.

El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102 inciso 9) y 113 inciso 4) de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76 inciso j) del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley 28344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República del Perú y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015, con el objeto de asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

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La presente Resolución Legislativa entrará en vigencia el día de su publicación.

OLLANTA HUMALA TASSO,

Presidente Constitucional de la República.

PEDRO CATERIANO BELLIDO,

Presidente del Consejo de Ministros.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se pone en debate el proyecto de resolución legislativa.

Tiene el uso de la palabra el congresista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Gracias, Presidenta.

El Presidente de la República, como corresponde según la Constitución, está pidiendo el permiso del Congreso de la República para ausentarse del territorio nacional.

Yo estaba leyendo el oficio. Quería ver en qué parte decía jauría de cobardes o decía señores congresistas. Yo creo que un presidente que quiere ir a representar al pueblo peruano debe, primero, estar a la altura en cuanto al respeto al pueblo peruano y sus autoridades políticas o sus representantes políticos.

La Cumbre en la que el Presidente de la República busca participar tiene, entre otros, un tema fundamental, que es el de Venezuela; ese tema al que el presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tasso, le viene corriendo hace tiempo, cada vez que se ha solicitado una reunión.

Todas las bancadas de este Congreso, salvo la bancada de gobierno y salvo Perú Posible, han solicitado a usted ene veces, siendo mayoría los miembros del Congreso, que ponga a debate las mociones para que el Congreso de la República tome un acuerdo.

¿Qué representación quiere llevar a la Cumbre de las Américas quien insulta de esa manera y quien baja a niveles incalificables, como lo ha hecho el Presidente de la República con esos insultos? ¿Cuál va a ser la posición que el Presidente de la República quiere llevar a la Cumbre de las Américas? ¿Acaso sea la misma que tuvo acá con Unasur y que fuimos una vergüenza para la democracia latinoamericana? Si no recibió a las esposas de líderes políticos de Venezuela, ¿qué va a ir a hacer a la Cumbre con ese tema?

Yo quisiera saber del gobierno si este realmente va a marcar una posición de defensa de la democracia, de defensa de los principios y los valores democráticos en la región, o va a ir a hacerle el compás al presidente Maduro, a la dictadura de Maduro en Venezuela; porque mayoritariamente el Congreso ya ha marcado una

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posición en una Junta de Portavoces, y solamente el señor Mora y usted se opusieron a que se debata una moción firmada por la gran mayoría.

Entonces, si la gran mayoría del Parlamento tiene una clara posición a favor de solicitar a la dictadura de Maduro que pare esta situación de violación a los derechos humanos, ¿cuál va a ser la posición que lleve el Presidente de la República, el que habla de jauría de cobardes?

¿Cómo le vamos a dar permiso si ni siquiera sabemos si va a seguir con la misma posición que tuvo con el chavista Hugo Chávez, si acá, cuando estaba en la Presidencia pro tempore de Unasur, convalidó ese fraude electoral?

Por eso, Presidenta, yo preferiría que algún vocero del gobierno nos diga, primero, si en este oficio se dirige a la jauría de cobardes o se dirige al Parlamento con respeto. Y, segundo, ¿cuál va a ser la posición que va a llevar a la Cumbre? Porque a mí me daría vergüenza darle permiso al Presidente para que convalide otra vez la dictadura de Venezuela, donde está ocurriendo la violación de derechos humanos...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Galarreta.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Mientras tanto, Presidenta, yo creo que hay dos aspectos por resolver: el respeto que tiene que tener el Presidente de la República…

Me parece válido —yo creo que Marisol Pérez lo dijo en su momento en la Junta de Portavoces— que un esposo quiera hacer respetar a su esposa, pero estamos hablando del Presidente de la República.

Si el Presidente de la República quiere regresar al nivel de Presidente de la República, bueno, que regrese al nivel y que presente con respeto su solicitud.

Pero lo más importante es saber a qué va a la Cumbre de las Américas, para qué va. ¿Va para lo que quiere la mayoría de este Congreso —salvo usted y Perú Posible—, o va para hacer lo que la representación minoritaria de hoy quiere? Porque, si va a representar a la minoría del pueblo peruano, entonces no corresponde autorizar ese viaje, Presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Martha Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, Presidenta.

Tengo también una preocupación, señora Presidenta, en relación a este pedido.

Si bien, de acuerdo a la Constitución, el Presidente de la República es quien dirige la política exterior —y vaya que este tipo de actividades y cumbres son importantes

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para la presencia del Perú—, pero en el país hay problemas muy graves en relación a la seguridad ciudadana con respecto a las inversiones.

Además, tenemos un presidente que cada vez que viaja lleva de una manera poco decorosa el mensaje les traigo un abrazo de Nadine, les traigo el saludo de la Primera Dama; y encima se manda peroratas rodeado de ministros, haciendo apología de una señora que, si bien es su consorte, si bien es la Primera Dama, lamentablemente ha sido ungida como presidenta del Partido Nacionalista.

Entonces, es evidente que las autoridades del sistema electoral —concretamente, el Jurado Nacional de Elecciones— ya tendrían que poner los ojos en las actividades del señor presidente Humala cuando, rodeado de ministros y viajando con dinero del Estado, hace proselitismo en favor de su cónyuge, que es además la presidenta de su partido.

En ese contexto es que el presidente Humala llega a insultar a los políticos refiriéndose a ellos como jauría de cobardes porque atacan a una mujer, sin darse cuenta de que esa mujer es la que ellos han puesto en esa situación al elegirla a dedo presidenta de un partido, y confunde su situación con la condición de Primera Dama.

Además, como también señalaba el congresista Galarreta, está lo referente a cuál es la posición que va a llevar el Presidente de la República en un contexto internacional en el que van a presentarse las personas que se consideran perseguidas por el régimen venezolano, pues concretamente van a estar presentes las esposas de los señores Leopoldo López y Ledezma. ¿Cuál va a ser la posición? Además, ¿va a ir acompañado de la Primera Dama?, ¿existe esa posibilidad?

Y otro tema...

Antes quiero darle las dos interrupciones, señora Presidenta, al congresista Becerril, si usted lo permite.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de las interrupciones, congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Gracias, Presidenta.

En primer lugar, para rechazar tajantemente el término de jauría de cobardes que emitiera el presidente Ollanta Humala.

Debo decir que cobarde, más bien, fue su actitud de inducir a su hermano Antauro Humala a dar el andahuaylazo e inmediatamente salir a avalarlo; pero cuando vio que las papas quemaban, retrocedió —ahí sí cobardemente— dejando solo en el asador a Antauro Humala, quien hasta ahora sigue pagando pena de cárcel por un hecho inducido por el actual Presidente de la República.

También quiero manifestar que no puede ser posible que, en momentos en que Pedro Cateriano, supuestamente, está tratando de buscar consensos para el voto de

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confianza, él salga y, una vez más, irresponsablemente, torpedee este diálogo, Presidenta.

Por lo tanto, yo solicito que el señor Ollanta Humala dé disculpas públicas a este Parlamento antes de pedir permiso para ausentarse del país.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Le piden una interrupción, congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Encantada, pero ya concedí las dos al congresista Becerril.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Martha Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, Presidenta.

Y quiero señalar otra preocupación ya bastante formal y de fondo, señora Presidenta, como es el hecho de que en este proyecto de resolución legislativa se dice que “la presente resolución legislativa entrará en vigencia el día de su publicación".

La resolución legislativa es una norma con rango de ley. El Tribunal Constitucional ha mencionado que la resolución legislativa es una norma con rango de ley y que el artículo 200, inciso 4), es un artículo abierto, donde se detalla cuáles son las normas con rango de ley.

Además, el artículo 109 de la Constitución dice que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que postergue —no que adelante— su vigencia.

Entonces, aquí estaríamos incumpliendo el artículo 109 de la Constitución, señora Presidenta, al pretender que esta norma entre en vigencia el mismo día de su publicación...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Para terminar, señora Presidenta.

Si a esto le agregamos que el inciso 4) del artículo 113 de la Constitución dice que la Presidencia de la República vaca por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado…

O el presidente Humala viaja a partir del día 11 o, si viaja el día 10, se arriesga a ser vacado, a menos que saquen en estos momentos una edición especial del diario El Peruano para que entre en vigencia a partir del día de mañana.

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Entonces, el presidente Humala no se puede arriesgar —ni el Congreso ni la Presidencia del Consejo de Ministros— al proponer que esta norma rija, como acá se dice, el mismo día de su publicación, porque se violaría normas constitucionales expresas y se arriesgaría a que el Presidente incurra en causal de vacancia.

No sé si eso es lo que se quiere dentro de este contexto tan extraño, en el que se pretende generar situaciones de inestabilidad. Pero cumplo con mi obligación de señalar esta situación.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Teófilo Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Primero, para rechazar las tendenciosas afirmaciones del congresista Becerril, que, dicho sea de paso, no se han dado en el contexto del tema que estamos discutiendo.

Si hay cosas que señalar, que declarar, están los medios de comunicación. Ahora estamos ante una discusión seria, que merece que tratemos la agenda; y el tema de la agenda, concretamente, es el viaje del señor Presidente de la República entre los días 10 al 13. Entonces, es válido que en este momento el Congreso de la República discuta con relación al viaje del señor Presidente.

Creo que no existe en ningún otro país vecino este tema, donde permanentemente hay algunos sectores de la oposición que tratan de obstaculizar la política que dirige el Presidente de la República a nivel internacional.

Creo que el hecho de que el Presidente vaya a la Cumbre de las Américas va a exponer la imagen del Perú en esta Cumbre de presidentes de distintos países; y, por ello, Presidenta, creo que es válido que en este momento el Congreso de la República otorgue esta autorización para que el Presidente pueda ausentarse entre los días 10 y 13 del presente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Spadaro Philipps.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Presidenta: Estoy escuchando al congresista Gamarra atentamente. Dice que pongamos seriedad en el caso. Yo no he escuchado a ninguno de los oradores anteriores mofarse o hacer algún chiste acerca del Presidente de la República.

Como lo han señalado muy bien los antecesores, en este Oficio 040 se dirige muy atentamente a la señora Ana Solórzano, presidenta del Congreso de la República, y dice:

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“Tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República…”

Entonces, acá sí somos Congreso de la República, alto honor, y afuera somos una jauría de cobardes. Entonces, pongámonos de acuerdo, pues. ¿Quién es el que está bajando el nivel del debate? ¿Es el Presidente de la República como institución, como Presidente de todos los peruanos, o es el propio Congreso?

Claro, hoy se acuerda de que tiene que pedirle permiso para salir al exterior para asistir a esta Cumbre de las Américas.

Voy a tener también una interrupción del congresista Galarreta, que me ha solicitado el uso de la palabra, porque también es bueno que podamos ver cuál es la agenda del Presidente de la República, para qué va a ir y con qué discurso va a ir, justamente, a la Cumbre de las Américas, cuál va a ser su posición en el tema de Venezuela.

Me piden una interrupción el congresista Galarreta y, luego, el congresista Días Dios.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La primera interrupción es para el congresista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Gracias, congresista Spadaro.

Presidenta: Antes de que empiece este debate, el congresista Nayap nos daba más de cinco argumentos por los que el Presidente, más bien, debería estar en la zona que señalaba el congresista Nayap y que no solamente es Chosica. Debería estar viendo acá, en el Perú, las zonas donde todavía hay desastres naturales, que es en casi todo el país.

Además, yo pensé que iba a contestar el congresista Gamarra, o si alguien más del oficialismo está en la capacidad de responder cuál es la posición que va a llevar a esa reunión el Presidente de la República en el tema Venezuela.

Y, para terminar, Presidenta, vuelvo a insistir en que usted es la Presidenta del Congreso, no del Partido Nacionalista, y existen mociones firmadas por más de 90 parlamentarios. El que su partido y sus aliados de Perú Posible no estén de acuerdo no quiere decir que usted entrampe una moción que es urgente y cuyo debate exige la mayoría del Parlamento.

Gracias, congresista Spadaro.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para el congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Gracias, señora Presidenta; gracias, congresista Spadaro.

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En efecto, esta es la razón por la cual se conoce al gobierno el Presidente de la República como un gobierno esquizofrénico.

¿Frente a qué versión del señor Presidente estamos ahora? ¿La del Presidente de la República polo blanco, que se dirige al Congreso en alto honor, según sus propias palabras?, o luego vamos a tener nuevamente al Presidente de la República polo rojo, que agrede a la oposición del Congreso, agrede a periodistas de investigación, agrede al Ministerio Público, todo porque se atreven a criticar o a investigar a su señora esposa, que resulta que es la presidenta del partido de gobierno. Entonces, señora Presidenta, no hay coherencia.

Queremos, efectivamente, las explicaciones y las disculpas del caso para que esto no se vuelva a repetir.

Y, por supuesto, tomo yo la palabra del congresistas Nayap, porque el Presidente de la República tiene mucho trabajo que hacer ahora en el país como para estar pensando en estos momentos en salir de viaje con su esposa, porque lo que no se ha dicho es que dentro de la agenda el tema central es la labor de las primeras damas.

Creo que hay temas más importantes en el país que requieren la presencia del Presidente de la República, y más todavía si ni siquiera tenemos claro cuál es la posición que va a llevar el Presidente de la República ante la crisis internacional, por ejemplo, en el hermana República de Venezuela.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para culminar, congresista Spadaro.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Además de todo lo que ya se ha dicho, Presidente, de los fenómenos naturales que están afectando al país y que requieren necesariamente la presencia del Presidente de la República, hay un grave problema con la minería en el Perú.

Seis mil millones de dólares se podrían perder en estas semanas; y es necesaria la actuación del Presidente de la República, porque así nomás no puede perderse una inversión tan importante.

Necesitamos que el Presidente de la República pueda tener un dialogo franco con la población para solucionar el problema, ya que por la falta de diálogo es que efectivamente está reclamando la propia población.

Por tanto, Presidenta, no creemos que sea urgente que el Presidente de la República tenga que ir a la Cumbre de las América. Bien podría ir una delegación conformada por la Primera Vicepresidenta. En todo caso, si también se ha invitado a la Primera Dama, que vaya la Primera Dama, pero no se necesita la figura del Presidente de la República en esa cumbre, quien más bien se debe quedarse acá a

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atender los asuntos de interés nacional, que sí le compete resolver hasta el 28 de julio del próximo año.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, puede intervenir el congresista Eduardo Nayap Kinin.

El señor NAYAP KININ (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Solamente para hacer una aclaración delante de toda la Representación Nacional.

No acostumbro usar palabras que no tengan fundamentación. Hace menos de media hora recibí una llamada con información fidedigna de Indeci de Amazonas, que me está diciendo que no hay paso. La única carretera que tenemos, Fernando Belaunde Terry, que une Chiclayo con Amazonas, está con derrumbes. No hay paso. Por eso no estoy allá.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Daniel Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Me alegra que el día de hoy se acuerde la oposición de que estamos en una crisis por efectos naturales. La semana pasada se olvidaron, y esta semana ya se acuerdan. La verdad, yo los felicito por que hayan recapacitado y comiencen a pensar en algo importante para el país.

Pero lo que sí resulta insostenible es que personas aparentemente educadas y que hoy fungen de congresistas desconozcan el contenido de la Constitución.

El artículo 118 dice:

"Corresponde al Presidente de la República:

[…]

11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados".

¿Qué es lo que nos quieren dar a entender acá? No nos ha dicho cuál es la agenda, no ha venido a darnos explicaciones acerca de qué va a decir. Definitivamente, no se va a escapar con maletas llenas de dólares, eso no; ni con el avión cargado de cocaína, tampoco; ni va a renunciar por fax, tampoco.

Entonces, no estamos ante la situación de un presidente que mande electrocutar, violar, asesinar. Estamos en un país democrático, con respeto de las formas democráticas, salvo algunos salvajes que no se saben comportar; pero en fin.

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Quieren hacer cuestión de Estado y mostrar la aparente coherencia mayoritaria que han conseguido; se sienten envalentonados por haber censurado un gabinete, y eso lo van a demostrar negando la autorización.

Pero lo que nos están diciendo en realidad es que se quedan sin discurso aquellos que son ya no sé si antichavistas y pro qué.

O sea, no sé qué cosa son y si lo que defienden es la corrupción que había antes en Venezuela o qué. No sé si son congresistas venezolanos o si son congresistas peruanos, no lo sé.

Ya honestamente habrá que revisar los viajes y ver quién les paga los pasajes para saber de dónde vienen los recursos que manejan algunos congresistas que, creo, están un poco confundidos: no saben si son peruanos o son venezolanos.

Lo que se quiere ocultar es que en la Cumbre de las Américas todo este sector demagógico y dogmático, de extrema derecha fascista, se queda sin discurso ahora que Estados Unidos se sienta a negociar en la mesa no solamente con Cuba, sino también con Venezuela.

Resulta que el día de hoy los fascistas peruanos son más radicales que los propios republicanos en Estados Unidos. Bien por ustedes. Quieren ser fascistas, nacistas. Sean lo que les venga en gana, pero no pretendan ustedes asumir roles que no les competen.

Nosotros respetamos el orden democrático. La bancada de enfrente nunca respetó el orden democrático.

El Presidente pide, de acuerdo a ley, la autorización de viaje. El Congreso tiene la facultad de otorgarlo o no otorgarlo, pero el Congreso no tiene ningún derecho a violentar la Constitución y pretender exigirle al Presidente de la República cosas que son absolutamente inconstitucionales y fuera de lugar.

Si no tienen discurso, si no tienen capacidad de elaborar propuestas, es un problema de ustedes. Si no pueden leer la Constitución, les falta lentes, les falta capacidad, pueden pedir que se la lea. Pueden, si quieren, pedir que el Relator lea el artículo 118, inciso 11).

Por favor, señores, no hagamos de esto un volver atrás, que creo que a nadie le produce otra sensación más que náuseas y asco. No volvamos la vista atrás, con lo que ha existido: presidentes que se han escapado del país con maletas llenas de oro, dejando atrás de ellos una ola de delincuentes que el día de hoy fungen de demócratas.

En vista de que este es un tema que se está adoptando demagógicamente, señora Presidenta, y se está distorsionando una facultad del Congreso de la República, yo le solicito, como cuestión previa, que se someta al voto el agotamiento del debate y que vayamos al voto de una vez.

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Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Freddy Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Me piden una interrupción el congresista Rivas y el congresista Gamarra.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Rivas Teixeira.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Gracias, señora Presidenta; gracias, congresista Otárola.

Ciertamente, a veces se pretende crear alguna situación para colgarse de las faldas de una dama. Eso sí merece la atención del pueblo peruano.

O sea, ¿quién es cobarde? ¿Quien insulta en forma reiterativa a una dama, sea cual sea la condición? ¿Quién es cobarde? Bueno, la respuesta está dada por sí sola.

Se habla aquí de una situación de respeto a la democracia. Vivimos en absoluta democracia, en plena independencia de poderes.

Hace poco, el Poder Judicial y la Corte Suprema han resuelto una situación compleja de un miembro de este Congreso por más de catorce años. No había, pues, una comisión ejecutiva interventora que cambiaba los fallos judiciales. Eso hay que recordarlo.

Tampoco había un quiebre de la democracia. Entonces, no hay que tirar piedras…

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción, al congresista Teófilo Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Lamento —acá lo vamos a señalar específicamente— que el fujimorismo esté generando permanentemente un clima de confrontación, un clima de conflictividad, un clima de insulto. Creo que eso no lo podemos permitir, señora Presidenta.

Por eso es que los medios de comunicación han señalado que ya el fujimorismo o la oposición no tiene creatividad, no tiene iniciativa, y entonces hace cuestiones de Estado en una situación tan rutinaria, de gestión de gobierno, donde el Presidente tiene que viajar a Panamá para la Cumbre de las Américas. No puede ser que hasta en esto nos pongamos a discutir y perdamos valioso tiempo, señores de la prensa.

Esa es la oposición. Ese es el fujimorismo con sus ideas, con sus escasas iniciativas. Ahí tienen, señores de la prensa.

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Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

De verdad, a veces se mira la paja en el ojo ajeno y no la tremenda viga que se tiene.

Son los insultos reiterados de gente que no ha tenido otra forma de hacerse conocida que mediante las diatribas. Y hoy mismo han vuelto a insultar.

Yo creo que debemos elevar la política a su nivel.

Pero no me voy a referir a esos insultos, sino al argumento de la congresista Chávez, que decía que la ley, en estos casos, rige a partir del día siguiente y lo que solamente se puede hacer por mandato constitucional es postergarla en su vigencia para fechas futuras.

La Ley 28344, Ley que regula la autorización de salida del territorio nacional del Presidente de la República, entendiendo que la autorización es un acto administrativo, dice en su artículo 2:

“El procedimiento de autorización de salida, a que se contrae el inciso 9) del artículo 102 de la Constitución Política, se inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo y concluye con la autorización de salida que aprueba el Congreso de la República”.

Más claro, ni el agua.

Pero, en cumplimiento de este dispositivo legal, el Congreso siempre ha actuado así. Y este Congreso, también con el voto de la bancada fujimorista, aprobó varias resoluciones legislativas.

Por ejemplo, tengo acá la Resolución Legislativa 30257, tengo la Resolución Legislativa 30166; y les garantizo que, si nos ponemos a buscar en todos los periodos del anterior gobierno, vamos a encontrar lo mismo.

¿Y qué dicen en estas resoluciones legislativas aprobadas por el Congreso de la República?

“La presente resolución legislativa entra en vigencia el día de su publicación”.

Y esa es una práctica del Congreso desde hace mucho tiempo, pues la Ley 28344 fue dada a los 16 días del mes de setiembre del año...

Congresista Chávez, le pido también mantener la serenidad, evitar los agravios y dejar conversar. No es bueno que esto parezca competencia deportiva, con barras bravas que gritan, insultan e interrumpen. Nosotros no interrumpimos.

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Esta ley está vigente desde 2004. Pueden decirme que la ley no va contra la Constitución. Sin embargo, desde 2004 el accionar del Congreso de la República ha sido unánime...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Sin embargo, es claro que, como fue unánime, no se trata de una ley, sino es un acto administrativo de autorización, y finalmente firmado por Cesar Zumaeta, Alda Lazo.

Cuando se autorizó al señor Alán García Pérez a viajar a la República Argentina por el tema de Unasur, en la Resolución Legislativa 29590 se dice: “La presente resolución legislativa entra en vigencia el día de su publicación”.

Esta es una práctica unánime, consecuente, no es inconstitucional, y es acorde con lo previsto en la Ley 28344.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, puede intervenir la congresista Martha Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— En verdad, el señor congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra no ha leído con adecuado entendimiento esta ley.

Primero, con esta Ley 28344, dada en el gobierno garante de este régimen, en el gobierno del señor Toledo, se pusieron la soga al cuello. ¿Por qué? Porque nosotros, señora Presidenta, habíamos dictado la Ley 26656, que permitía darle autorización al Presidente de la República para que, por periodos, en los cuales él pudiera dar cuenta al Congreso, no necesitara pedir autorización cada vez que saliera del país. Pero la derogaron y la sustituyeron por una norma que no tiene pies ni cabeza, y menos en la interpretación que señala el congresista Otárola, porque dice:

“El procedimiento de autorización de salida —según el artículo 2— inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo y concluye con la autorización de salida”.

No menciona la publicación. O sea que en ese contexto tampoco, según la...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— …teoría de esta norma ineficaz, y hay que aplicar el control difuso y preferir —de acuerdo al segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución— la Constitución en lugar de la ley que la violenta.

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Entonces, señora Presidenta, aquí no se menciona la publicación. O sea que en esta interpretación tan creativa ya no necesitaría que se publique. ¿Para qué lo ponen entonces?

Más allá de lo que puede decir imperfectamente esta norma, señora Presidenta, lo cierto es que existe el artículo 109 de la Constitución y existe el inciso 4) del artículo 112 de la Constitución. Por lo tanto, no puede haber ninguna norma con rango de ley por la cual se adelante la publicación y ya no sea al día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano. Se puede postergar, pero no se puede adelantar.

Y, aun cuando hubiera precedentes que no hayamos advertido, señora Presidenta, ahora sí los estamos advirtiendo y pedimos que se elimine esta parte que dice algo que es manifiestamente inconstitucional. Esto no tiene fundamento en la Constitución. Esta parte, que dice “la presente resolución legislativa entra en vigencia el día de su publicación”, viola el artículo 109 de la Constitución porque ninguna ley puede tener...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Ninguna ley puede tener una vigencia adelantada, porque el artículo 109 de la Constitución dice concretamente que la ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, salvo disposición en contrario que postergue la entrada en vigencia.

Aquí están poniendo una disposición que adelanta la entrada en vigencia.

Entonces, señora Presidenta, yo he señalado que, primero, no podemos nosotros aprobar este contenido; segundo, si el Presidente de la República desea viajar a Panamá, tendrán que hacer una publicación extraordinaria —que cuesta— de El Peruano hoy día, antes de que termine el día, con la resolución legislativa —si es que se logra aprobar— o si no el Presidente tendrá que salir del país a partir del día 11 para evitar que incurra en causal de vacancia. Eso es lo que he señalado.

Reitero: las normas hay que interpretarlas con sentido común. Aquí no puede ser que sea válido decir que esto termina con la autorización, porque acá no se menciona la publicación...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La intervención por alusión es de un minuto. Culmine, por favor, congresista Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— …y toda ley del Estado tiene que ser publicada en el Diario Oficial. Y esa publicación permite que entre en vigencia la norma a partir del día siguiente, no el mismo día de la publicación, reitero, a menos que se postergue.

Entonces, señora Presidenta, los antecedentes en contra del texto de la norma no valen.

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Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas: Quiero aclarar que pensar diferente o tener diferentes puntos de vista en el debate no son alusiones; de lo contrario, vamos a estar pasándonos todo el debate en alusiones porque otro parlamentario piensa diferente. Entonces, no vamos a poder enfocarnos al punto del debate y tampoco vamos a dejar hablar al resto de oradores.

Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaunde Moreyra.

Para una primera interrupción, tiene el uso de la palabra el congresista Spadaro Philipps.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Belaunde.

Hemos escuchado hace un momento a una persona —voy a señalarla así— que funge de congresista —y lo malo es que ha fungido también de presidente del Congreso— hablar de maletas.

Yo le recomendaría que no hable tanto de maletas, que su propio garante ya los echó; así que no miren, porque tienen ropa tendidaza.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para la segunda interrupción, tiene el uso de la palabra el congresista Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Le pido cuidar el micrófono del Congreso. No hay que golpearlo.

Voy a leer la resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional los días 30 se setiembre y 1 de octubre de 2010.

“El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en el artículo 102, inciso b), y 103 […] autoriza la salida…”

Y dice:

“La presente resolución legislativa entra en vigencia el día de su publicación”.

Esta decisión fue tomada por unanimidad por la bancada aprista y la bancada fujimorista. Creo que estaba el voto de varios congresistas que hoy están presentes. ¿Por qué? Porque entendían lo que nosotros entendemos, que es como la ley lo dispone.

Entonces, por ahí no viene el tema. Este es un tema totalmente técnico que está solucionado por la ley.

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Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Muchas gracias, señora Presidenta.

El tema que estamos discutiendo tiene importancia, que es esencialmente política, y obviamente tiene implicancias jurídicas en determinados aspectos formales.

Pero ¿qué es lo que estamos tratando en estos momentos? La salida o no salida del país del Presidente de la República para que asista a esta cumbre de mandatarios de América, que creo que es la sétima.

Quizás este es un momento político particularmente crucial por dos razones: por la evidente crisis de Venezuela, donde hay un régimen dictatorial que viola y pisotea los derechos humanos, y por la suerte de incorporación de Cuba al foro americano luego de estos entendimientos, que están a medio negociar, entre Washington y La Habana.

Es evidente que el Presidente de la República dirige la política en el exterior, y no creo que en una cumbre de mandatarios la Primera Vicepresidenta —con todo el respeto y la simpatía que me merece— sea políticamente la persona adecuada para reemplazarlo.

Podría ir la Ministra de Relaciones Exteriores, una muy respetable embajadora de cuyo nombre casi ni me acuerdo en este instante, pero —con todo el respeto a su designación— políticamente hablando es NN, cero de experiencia: solo ha ocupado cargos subordinados. Es una lástima que así sea, pero así es.

De otro lado, pienso yo que el público espera de nosotros, el Parlamento, el primer poder del Estado —como decía Víctor Raúl Haya de la Torre, y creo haberlo leído también en algún escrito de Víctor Andrés Belaunde—, una resolución alturada; alturada a las circunstancias, alturada a la tradición internacional del Perú.

Entonces, yo creo que no podemos perdernos en un diálogo de insultos y de dimes y diretes.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— O permitimos que el Presidente vaya o no lo permitimos. Estamos en esa disyuntiva.

El Presidente ha tenido frases, en mi opinión, altamente inconvenientes hacia los miembros de la oposición en este Congreso.

Yo creo que esto es algo que merece una solución. Yo propondría un cuarto intermedio…

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Un momento. Si no quieren mi solución, no la tomen. Yo estoy hablando no solo para aquí, sino para quienes puedan escucharnos fuera de aquí, porque lo que se requiere es una solución constructiva. Y la solución constructiva pasa por alguna forma adecuada de retiro de palabra, diciendo que no se dijo lo que se quiso decir…

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— …y que el Presidente vaya, pues, a la Cumbre; porque de lo contrario el Perú estará sub-representado, porque en este caso ni la Vicepresidenta ni la Canciller pueden representar adecuadamente a nuestra gran nación. Ese sería mi aporte.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Presidenta: Iniciamos el día de hoy este importante tema, de la resolución legislativa, dada la condición y el orden legal, como tiene que ser un presidente de la República.

Entonces, nadie se puede dar por aludido, Presidenta. Yo solicitaría, más bien, que se muestre, si existe, un audio del Presidente de la República en el que se haya referido a los congresistas.

Creo que no hay que tergiversar los términos, porque aquellos que se den por aludidos se darán por aludidos. En ningún momento el Presidente se refiere a los congresistas, y esto es lo que los titulares de los periódicos dicen y todos se refieren a la expresión de cobardes.

¿Quiénes son cobardes, a quiénes se ha referido? Creo que en el Presidente no ha habido ninguna intención.

Lo que nosotros queremos, Presidenta, es actuar con mucha calma, porque en esta cumbre internacional los objetivos están definidos para tratar los temas de los 34 mandatarios que van a representar a sus países en Panamá.

Yo creo que los mandatarios en los diferentes países estarán haciendo lo propio para poder fortalecer el trabajo diplomático, como corresponde a un presidente de la República. Entonces, no puede ir a contar sus problemas.

En todos los eventos internacionales en los que ha participado, el Presidente ha mostrado mucha solvencia y ha dicho lo que ha tenido que decir como presidente de la República, y entonces no podemos sostener bajezas. Esto jamás lo ha hecho el Presidente en un evento internacional.

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Creo que la presentación del Presidente siempre ha sido positiva cuando ha expuesto ante todos los países.

Por ello, solicito que vayamos al voto, porque se trata de expresar la participación de 34 países. Incluso, Presidenta, van a estar presentes los rectores de todo el hemisferio para exponer lo que corresponde a educación, al igual que otros foros, como el de la juventud.

Entonces, señora Presidenta, yo solicito que se someta a votación la propuesta para que trabajemos ya el tema de fondo de la representación y poder defender el eje programático que se tiene en el trabajo diplomático.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Gracias, Presidenta.

Lamentablemente, no podemos hacernos los sordos ni hacernos los desentendidos y decir que esto no fue dirigido al Congreso; porque no solamente fueron los insultos, sino también trató de enfrentar a todo el Congreso con la población al manifestar que la Primera Dama trabaja arduamente y no cobra como los congresistas. Este es un abierto enfrentamiento que el Presidente pretende hacer entre el Congreso y el pueblo.

¿Y cuál fue el agravio finalmente? El único agravio fue que un colega pidió que se levante el secreto bancario a una persona que está investigada por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Ese fue el único agravio.

Entendemos que lo que los tiene nerviosos es la disyuntiva que ha puesto el Gobierno de Bolivia, que les ha dicho que dejen el camino de la extradición y vayan por el camino de la expulsión. Eso los pone nerviosos, porque, obviamente, si es expulsado, vendrá a responder no solamente por el caso que les conviene, que es el de “la centralita", sino vendrá a responder por el caso de Antalsis, caso en el que —repito— está implicado.

Yo quisiera recordar, Presidenta, colegas, que acá le faltó liderazgo y valentía al Presidente desde que asumió la Presidencia. Si no, recordemos el tema de Conga. Ahí faltó valentía, faltó tener pantalones, y por eso es que hasta ahora los antimineros terroristas no permiten que el Perú crezca en minería. Ese hecho, Presidenta, ha tenido sus consecuencias subsiguientes, y hasta ahora el Perú sigue pagando esa falta de liderazgo.

Así que yo sí creo que este agravio al Congreso, a todos nosotros, merece unas disculpas antes del viaje del Presidente de la República, Presidenta.

Gracias.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Mavila León.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Me pide una interrupción el congresista Coa.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Coa Aguilar.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidenta: Lo que se está recomendando es que este tema no sea ventilado con las suspicacias y los resquemores de la política coyuntural, pasajera, de que me dijo o no me dijo. Hay otros espacios.

La Comisión de Fiscalización, de un tiempo a esta parte, se ha vuelto una suerte de sala de quejas permanente de lo que se manifiesta en la política cotidiana de nuestro Congreso.

Ahora, señora Presidenta, de lo que se trata es de un asunto de Estado, y muchos de los congresistas experimentados y políticos serios seguramente así lo están apreciando en este momento. Entonces, invocamos a que nuestro Congreso se ponga, pues, a la altura.

Hay una agenda internacional que tiene que ver con asuntos bilaterales y multilaterales que tienen que ser atendidos…

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es también para el congresista Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Se trata de temas como el del freno del crecimiento que América Latina en general está sufriendo por factores externos.

Hemos dejado el crecimiento promedio de 5%, que por un buen tiempo había mantenido América Latina en general, para ahora pasar a un promedio de entre 1% a 2%; esto, como producto de la contracción del petróleo o de la menor venta de la materia prima, de minerales en este caso. Son situaciones y aspectos que competen y preocupan al alto interés nacional.

Por esta razón, el Presidente de la República, señora Presidenta, está obligado a participar, y es responsabilidad de nuestro Parlamento, mirando esta agenda internacional, darle el permiso correspondiente.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Mavila León.

Ya dio sus dos interrupciones, congresista.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, Presidenta.

Por seriedad política y por una visión que trasciende lo que podríamos llamar la política criolla nuestra, habría que revisar cuál es la agenda de la VII Cumbre de las Américas.

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Y la agenda, señora Presidenta, tiene que ver con el triángulo Norte Centroamericano, con la integración de América Latina y de América en general con los países asiáticos, con la desaceleración de la economía de Brasil y —como último punto, que a mi juicio es trascendente— con las inversiones en infraestructura para la integración vial de la región.

Eso es lo que se va a ver en esta Cumbre de las Américas. No se va a ver el contexto político venezolano.

En ese tema, sin embargo, por principios, yo debo decir, estimados colegas, que, desde mi punto de vista, los problemas de Venezuela los deben resolver los venezolanos y que nosotros no avalamos ninguna intervención, provenga de donde proviniere.

En segundo lugar, también es importante dejar sentado nuestro punto de vista en el sentido de que yo no creo que sea una política adecuada de un mandatario —en un contexto, además, de crisis política y en un contexto en que el Premier está buscando un diálogo para dar salida a esa crisis política— tener alusiones que no conciernen y formas de tratamiento que no revelan una alternativa ni una calidad ni un nivel de un mandatario.

Sin embargo, creo que la política no puede ser, pues, la teoría del estímulo-reflejo, ¿no? Como declaras eso, ergo yo te niego la participación en un evento en que de por medio están políticas de Estado.

Con esas aseveraciones, señores congresistas, nuestro punto de vista y, además, en la orientación de no profundizar la crisis política ni enfrentamientos que no tengan el nivel que corresponde entre los poderes del Estado, nosotros vamos a votar por otorgar el permiso para que el mandatario viaje.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Simon Munaro.

El señor SIMON MUNARO (PP).— Gracias, Presidenta.

Saludo a los señores congresistas.

Usted recordará, Presidenta, y también los señores congresistas, que yo voté en contra de la censura, pero eso no es motivo para caer en los constantes insultos que nos van a terminar devorando a todos.

Creo yo que, en efecto, el Presidente de la República tiene que ser un estadista y tiene que estar encima de todo. El Presidente de la República no puede insultar a la institución del Congreso y tampoco puede insultar a ningún congresista, porque eso le quita calidad humana.

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Por lo tanto, como partido y como miembro del Congreso, rechazo las palabras dadas por el señor Presidente de la República.

No pido, Presidenta, que él aparezca pidiendo disculpas públicas, pero que por lo menos haya un documento del Congreso de la República, firmado por usted, en el que se le pida más calma, más tranquilidad, y que se le diga que no se puede ofender a las instituciones. Creo que con eso cerramos el problema.

Pero también me invoco yo y nos invocamos todos para bajar un poco el tono de los calificativos, que no ayudan absolutamente en nada.

Aquí se ha dicho que el Perú necesita tranquilidad. En efecto, el Perú necesita tranquilidad. Estamos hablando de que la crisis económica nos está afectando y que este año no vamos a crecer más allá del 4%. Esto le va a afectar al pueblo, no a nosotros.

Se requiere tranquilidad, y todos tenemos que dar tranquilidad. A nadie le conviene que el Presidente de la República salga en 2016 y entre un gobierno en crisis, con una situación económica en crisis. Si vamos a heredar un problema económico que afecte a este gobierno, afectará al próximo, y final y principalmente afectará al pueblo.

Por lo tanto, Presidenta, creo que sí es bueno que no cerremos los ojos, no cerremos los oídos, y le hagamos llegar al Presidente de la República nuestro sentimiento de rechazo a sus palabras y llamarlo a la reflexión para que todos entremos en un mejor ambiente.

Lo segundo, Presidenta, es que yo creo que esto no puede confundirse con lo que significa la Cumbre de las Américas.

Si no va el Presidente de la República porque el Congreso no quiere que vaya, entramos a una crisis institucional terrible. La noticia no va a ser que no va porque lo insultaron o no lo insultaron, sino va a ser que el Perú está en crisis.

La Cumbre de las Américas no es una reunión para ver —como bien se ha dicho acá— el problema de Venezuela. Lo van a ver, evidentemente, y tienen que verlo, pero no es exclusivo. El tema es mucho más profundo y se tiene una agenda que ha sido leída por la congresista Rosa Mavila.

Pero ¿qué hacer, cómo no participar en un evento donde va a participar el propio Estados Unidos? O sea, no se trata de países amigos de Venezuela.

Cómo no participar en un evento tan histórico, donde va a haber el reencuentro entre Cuba y los Estados Unidos, que es el fin del bloqueo, lo que todo el mundo ha felicitado. Por ello, me parece gravísimo que no esté presente el Perú.

¿Nos preocupa Venezuela? Sí, Presidenta, nos preocupa Venezuela. Dios quiera que haya tranquilidad, derechos humanos y democracia, y que ese pueblo no termine en una guerra civil.

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No estamos de acuerdo con...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Simon.

El señor SIMON MUNARO (PP).— No estamos de acuerdo con la prisión de los rivales ideológicos del presidente Maduro. No aceptamos que se meta a la cárcel a la gente porque piensa diferente, ni de izquierda ni de derecha. Pero tampoco aceptamos que el Gobierno americano se meta o injiera en la vida de Venezuela, porque eso no ayuda a nada, sino nos hace recordar tiempos viejos.

Si hay un papel que tiene que jugar el Perú, si hay un papel que tiene que jugar el presidente Humala y los países de América Latina, ese es el de poner los puentes para que este problema de Venezuela se termine lo más pronto posible.

En el caso del Partido Humanista, en el caso de la bancada de Somos Perú y Perú Posible, votaremos a favor del viaje del presidente Humala a Panamá.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Gastañadui Ramírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Yo creo que en este Parlamento, en este espacio, por más político que sea, no se debe caer nunca en los dimes y diretes.

Yo creo que este Parlamento siempre tiene que ser un poco de enseñanza, de enseñanza a la población.

Creo que acá, Presidenta, debemos elevar justamente el nivel, el intercambio de ideas; y no caer en los insultos, en las diatribas, sino que los debates signifiquen una confrontación de ideas.

Nos traen la autorización del viaje del Presidente a Panamá para que participe en la VII Cumbre de las Américas, un foro internacional importante, donde justamente nuestro Presidente de la República va a representar al Estado peruano y va a promover los intereses del país.

Creo que el Perú no puede estar ajeno a este foro internacional, que es tan importante y que justamente se va a realizar en Panamá.

Acá también se nos ha traído a colación que esta resolución legislativa sería inconstitucional si se establece en ella que entra en vigencia el día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Al respecto, Presidenta, yo creo que hay que hacer una reflexión y hay que hacer un análisis jurídico.

Se ha manifestado que el artículo 109 de la Constitución del Estado señala que “la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo

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disposición contraria de la misma ley”. Es decir, la norma se publica hoy y entra en vigencia el día siguiente.

Las leyes, Presidenta, tienen una característica: son normas generales y abstractas. Cuando uno analiza la resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a realizar un viaje al exterior, encuentra que no es una norma legal, no es una ley. ¿Por qué? Porque no tiene esos dos requisitos que decíamos: la generalidad y el ser abstracta. Entonces, no se le podría aplicar el artículo 109.

Las resoluciones legislativas que este Congreso emite y aprueba no solo se refieren a las autorizaciones de viaje del Presidente de la República. Tenemos varias resoluciones legislativas que este Parlamento aprueba; por ejemplo, cuando se designa a los miembros del Tribunal Constitucional, cuando se designa al Defensor del Pueblo, cuando se designa a los representantes del Congreso ante el Bando Central de Reserva, cuando se ratifica al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, cuando se designa al Contralor General de la República.

Entonces, son varios los actos que son aprobados a través de ese instrumento que se llama resolución legislativa y que decididamente no tiene el carácter de ley o norma general porque justamente no cumple con la característica...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresistas Gastañadui.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Gracias, Presidenta.

La resolución legislativa no cumple con la característica de ser general y abstracta. Entonces, Presidenta, si buscamos en el ordenamiento jurídico a qué se parece la resolución legislativa, veremos que en realidad se parece más a un acto administrativo, que es por el cual se decide sobre una situación que tiene efectos particulares en un administrado.

Y cuando uno revisa en la Ley del Procedimiento Administrativo General los afectos del acto administrativo, encuentra justamente, en el artículo 16, sobre los efectos del acto administrativo, tres situaciones, tres posibilidades sobre sus efectos.

El primer supuesto es el supuesto general de que entra en vigencia al día siguiente de su notificación al administrado; el segundo supuesto es, justamente, cuando entra en vigencia a partir de su fecha de emisión; y el tercer supuesto es la eficacia anticipada del acto administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos del acto administrativo se retrotraen a antes de la fecha de su emisión.

Entonces, como decimos...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Gastañadui.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Entonces, como decíamos, esta resolución administrativa en realidad no es una ley. Por lo tanto, no es de aplicación

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el artículo 109 de la Constitución, pues se parece más a un acto administrativo. Entonces, podríamos aplicar la regla del acto administrativo, con lo cual es perfectamente válido que esta resolución legislativa entre en vigencia el día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Para concluir lo que hemos señalado y en ratificación de lo que hemos venido diciendo, cuando uno comienza a analizar el artículo 200 de la Constitución, donde se establecen los procesos constitucionales o las garantías constitucionales, ve que en el numeral 4) se establece un proceso constitucional de acción de inconstitucionalidad, y ahí se señala justamente que procede contra las normas que tengan rango de ley...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Gastañadui.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— ¿Y cuáles son esas normas que tienen rango de ley, Presidenta? Las leyes ordinarias, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, los reglamentos del Congreso, que en sí serían una excepción de la resolución legislativa, porque es una norma que se aplica al Congreso y no sería propiamente un acto administrativo.

A renglón seguido menciona “normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo”.

Como se ve, la resolución legislativa que autoriza al Presidente a salir del país no es en esencia una ley porque no tiene las características de ser general y abstracta. Por lo tanto, no le sería de aplicación el artículo 109, que dice que entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, sino más bien sería un acto administrativo, con lo cual es perfectamente válido que entre en vigencia el día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Me pide una interrupción el congresista Martín Belaunde, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Muchas gracias, congresista Gastañadui.

Este es un tema de la distinción entre resolución legislativa y ley, y otras normas con rango de ley: decretos legislativos, decretos de urgencia, etcétera.

En realidad, un poco complementando lo que el congresista Gastañadui ha dicho, el concepto de resolución legislativa no es automáticamente asimilable a una ley. ¿Qué cosa es una resolución legislativa? Es una decisión del Congreso al más alto nivel, que tiene fuerza de ley, pero la tiene, en efecto, para determinadas situaciones específicas.

Por ejemplo, los tratados se aprueban por el Congreso...

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es también para el congresista Belaunde.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— ...mediante resolución legislativa, y no nos hemos puesto en el caso de si la resolución legislativa puede entrar en vigencia el mismo día de la publicación o al día siguiente.

Yo creo que esta es una discusión accesoria y menor, pero la decisión del Congreso de que el Presidente vaya no es, en realidad, una ley en el sentido propio, riguroso y estricto de la palabra, sino es una decisión del Congreso con rango de ley.

Eso es lo que yo quisiera de alguna forma redondear o agregar a lo doctamente dicho por mi colega Gastañadui.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Reátegui Flores.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Me ha pedido una interrupción el congresista Elard Melgar, Presidenta, si fuera tan amable.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Melgar Valdez.

El señor MELGAR VALDEZ (GPFP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Reátegui.

Yo creo que el momento emocional que vive nuestro Presidente de la República no es el más adecuado para darle la autorización para que viaje. Antes yo sugeriría una reunión con la bancada de Gana Perú para que le recuerden que es el Presidente de la República y que debe comportarse como el Presidente de la República.

Sería lamentable que esos exabruptos que viene cometiendo en cada intervención o en cada entrevista que tiene acá, en nuestro país, los cometa en el extranjero, pues vemos que estos exabruptos vienen en forma ascendente día a día.

Entonces, Presidenta, creo que el momento no es el adecuado para autorizar el viaje del Presidente de la República.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Por favor, Presidenta, el congresista Chehade me ha pedido otra interrupción.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda interrupción, congresista Chehade Moya.

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El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Reátegui.

Solamente para decir que yo creo que es el momento adecuado para que el Presidente de la República asista a la cumbre presidencial en Panamá, que es la cumbre sobre democracia.

Yo creo que es importante que el día de hoy se dé el voto a favor, pues yo no creo que sea un tema de ver si está en un momento emocional positivo o en un momento emocional negativo.

Si precisamente la oposición está diciendo que se va a ver temas relacionados a la integración latinoamericana, a la democracia, a la lucha contra la pobreza y a Venezuela —que a todos nos preocupa—, yo creo que es el momento de que el Perú —que este año, además, va a presidir pro tempore la Alianza del Pacífico— participe a través de quien justamente dirige la política exterior.

Por tanto, el jefe de Estado, el presidente Ollanta Humala, debe asistir a una cumbre tan importante como es la que se va a realizar en Panamá.

Así que, Presidenta, más allá del debate, hay que pasar al voto y hay que aprobar esta autorización de viaje al señor Presidente de la República.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Gracias, Presidenta.

Hasta ahora no ha sido contestada la cuestión de forma que ha planteado la congresista Martha Chávez, porque acá hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo.

En la cuestión de forma, como ustedes habrán visto, han dado una serie de razonamientos de acuerdo a la Constitución, pero hasta ahora no encaja la parte formal para dar salida al Presidente de la República.

Si bien es cierto que el Presidente de la República encarna la política exterior del país, como lo dice la Constitución en la parte de fondo, el Presidente confunde mucho la parte de políticas públicas con la parte de la defensa personal de su familia. Cuando uno comienza a defender así a su mujer, ya sea por virtud o por defecto, está confundiendo clarísimamente las cuestiones de Estado, de políticas públicas.

Ahora están hablando Keiko Fujimori y el premier Cateriano, y el Presidente, en un discurso de plazuela, insulta a la Representación Nacional diciendo que es una jauría de cobardes, una jauría de perros.

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Yo digo ni de perros ni de lobos, porque acá creo que este insulto se hace a la Representación Nacional. Le guste o no le guste, esta representación ha sido elegida por el pueblo. Por tanto, él tiene que moderar su lenguaje, tiene que pedir perdón a la Representación Nacional o dar unas disculpas públicas, porque de lo contrario no puede venir acá a decir sabes qué, me voy a ir de viaje porque tengo esta reunión en Panamá, y al mismo tiempo insultar a la Representación Nacional.

Yo no creo que la Representación Nacional tenga poca autoestima. No es un perrito al que se le dice ya, perro, muerde o ven para acá, y va a tener que votar lo que dice el Presidente de la República.

Yo creo, señora Presidenta, que esto no puede pasar. El Presidente tiene que pedir disculpas y también tiene que ir a Panamá a no cometer exabruptos. No les vaya a decir a los otros presidentes que también son una jauría de perros. De ninguna manera.

Cuando él sale al extranjero, está representando a la nación, y también nosotros representamos a todo el pueblo o a la mayoría del pueblo que votó por la Representación Nacional, y eso lo debe respetar.

Yo creo que hace muy mal el Presidente en petardear el diálogo, en petardear todo aquello que se quiere llevar en paz y tranquilidad. Y es falso lo que dice la bancada de enfrente: que nosotros siempre petardeamos al gobierno. Eso no es cierto: son sus propias contradicciones las que lo hacen.

Un año y tres meses le queda a este presidente agonizante, y debemos ver cómo no nos lleva a la ruina.

Por eso, es muy importante decir que acá la cuestión de fondo es que el Presidente no ha logrado realmente el consenso de todos los peruanos, no ha logrado realmente tener ecuanimidad y equilibrio emocional para dirigir al Perú.

Creo que ahora está en una situación difícil y complicada: no tiene una mayoría parlamentaria, no sabe cómo pedir los consensos, ya no tiene operadores políticos, ya no tiene gente que diga que llega a acuerdos mínimos, ya no es un presidente, un estadista. Es realmente un presidente de plazuela.

Por eso, si alguna dignidad tiene el Congreso de la República, no podemos permitir que el Presidente insulte a la Representación Nacional.

Por eso, sería bueno que el Presidente pida disculpas para que el Perú pueda realmente tener la capacidad de seguir avanzando y seguir creciendo para el beneficio de todos los peruanos.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dammert Ego Aguirre.

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El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señora Presidenta, señores congresistas: Existe en este debate, como en varios que se han dado en temas similares, una confusión, una mezcla entre lo que son problemas de Estado, que tienen que ser vistos desde esa óptica de la relaciones del estado-nación con el conjunto del sistema mundo, con los problemas internos de la nación.

Ciertamente, si uno mira la reunión a la que vamos a asistir, verá que es una reunión interesantísima y debe estar ahí el Presidente de la República representando a la nación peruana; porque en este momento el conjunto de países de América Latina, de la CELAC, donde no estaba Estados Unidos, tomó una resolución rechazando el intento injerencista de Estados Unidos en Venezuela. Y toda la prensa está diciendo ayer y hoy que el presidente Obama ha enviado a representantes a Venezuela para rectificar su acción injerencista de declarar a Venezuela como enemigo de los Estados Unidos.

Entonces, estamos en un momento interesantísimo en América Latina. Debería ser ese un tema de discusión. Pero no está planteado. Lo que está planteado aquí es que vaya el Presidente de la República como representante de todos los peruanos.

Pero hay problemas internos, ciertamente, y hay problemas que llevan a estas discusiones. Entonces, el Presidente de la República agudiza esos problemas internos y genera situaciones como esta debido a un calificativo dicho por ahí, que puede llevar a una situación de crisis política, a un momento de entrampe.

Pero también hay otros temas, en los que nosotros no hacemos cuestión de Estado, pero queremos mencionarlos.

A las seis del a tarde el día de hoy, dieciséis parlamentarios hemos presentado el pedido para que vengan al Congreso el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Energía y Minas, que son los que dirigen la Junta de Accionistas de Petroperú y que han cometido una de las acciones más terribles contra el patrimonio público al haber impedido que Petroperú concrete el contrato, que ya tenía pre escrito con Graña y Montero a través de una licitación, para los lotes 3 y 4 en el noroeste.

Estamos comprobando en esta documentación cómo hay 300 millones de dólares regalados a dedo al grupo Graña y Montero por acción de esos dos ministros, que son miembros de la junta de accionistas.

No estamos diciendo que el Presidente no viaje por este tema, pero sí estamos pidiendo que esto se vea urgentemente, que se vote y que todos los representantes del Congreso hagamos que vengan aquí —al Pleno, no a la comisión— a responder estos gravísimos señalamientos y pruebas del acto que ha sido cometido, que es un latrocinio contra el patrimonio público.

Pero ese tema lo veremos en su momento. Por eso es que en esta oportunidad, en que estamos viendo los temas internacionales, votaremos a favor de que el Presidente de la República, como jefe de Estado, viaje.

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Me pide una interrupción la congresista Martha Chávez.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, congresista Dammert.

Se ha querido acá mencionar, señora Presidenta, una diferenciación y decir que las resoluciones legislativas no son leyes.

Las resoluciones legislativas son leyes de la República. Es más, la resolución legislativa del 25 de febrero del año 2015, que autoriza el viaje del Presidente de la República a Uruguay, tiene la misma numeración de las leyes. Aquí, señora Presidenta, esta resolución publicada el 25 de febrero, donde hemos dicho: “La presente resolución legislativa entra en vigencia al día siguiente de su publicación”.

De otro lado, hay otra diferencia. Hay una resolución legislativa que promulga el propio Congreso, que es la de su Reglamento, porque el artículo 94 de la Constitución dice que el Congreso aprueba su reglamento, que tiene fuerza de ley, y entonces las modificaciones al Reglamento se aprueban mediante resoluciones legislativas.

Y quiero decirle, señora Presidenta, que...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción ha sido concedida al congresista Abugattás Majluf.

El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Realmente, es loable la preocupación de la congresista Chávez por la salud jurídica de una solicitud presidencial que ella va a rechazar. O sea, es realmente histérica esta posición.

Y otra cosa que quería decir es que yo solicité una cuestión previa, la que, de acuerdo al artículo 60 del Reglamento, se vota de inmediato. Esta ya no tiene sentido cuando el debate ha continuado durante más de una hora. Por tanto, retiro mi cuestión previa.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Para terminar, quisiera insistir en que nosotros distinguimos nítidamente lo que son temas de Estado, que hay que discutirlos como políticas de Estado, y no mezclarlos necesariamente con los incidentes de la coyuntura política o temas internos.

Y en cuanto a lo interno decimos que para nosotros, además de los calificativos que van de un lado y de otro, hay ahora un tema en el Perú que es gravísimo, porque no solamente son los 300 millones de dólares dados a dedo y regalados a Graña y Montero, sino que con esto también se descapitaliza la inversión de la refinería de

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Talara y se prepara la subvaluación de activos de la empresa Petroperú para ser privatizada, en este año o en el próximo, a precio de huevo.

Podría elevarse más de 600 veces el valor de la refinería, el valor de Petroperú, para ganar posibilidades de vender acciones. Pero lo que se está haciendo es vender la compañía a un grupo que ya tiene prácticamente el control de Petroperú a través de los terminales y de su crecimiento en los lotes, que es el grupo Graña y Montero, asociado también al gran grupo que maneja la exportación del gas de Camisea en el Perú.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— En esas condiciones, pedimos que en el momento correspondiente se vea la moción que hemos presentado para que vengan al Pleno el Ministro de Economía y la Ministra de Energía y Minas a responder estos cuestionamientos fundamentales, y que todo el Congreso pueda votar a favor para que vengan a discutirse estos temas que son claves en la historia del Perú.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Condori Jahuira.

La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Muchísimas gracias, Presidenta.

Es lamentable que, siendo ya prácticamente las siete y media de la noche, estemos en un largo debate en el cual ni siquiera nos hemos centrado de manera responsable en el tema de fondo. Es lamentable que se haya traído a este Parlamento las lamentables y desafortunadas declaraciones del Presidente de la República.

¿Cuándo ha hecho el Presidente de la República estas declaraciones? ¿Vamos a priorizar en la agenda del país estas desafortunadas declaraciones? ¿Vamos a caer en el mismo nivel de respuesta?

¿Por qué el Congreso y cada uno de los congresistas no han dado muestras de que sabemos anteponer las situaciones que realmente nos preocupan de nuestro país a estas desafortunadas declaraciones? El pueblo peruano será el que finalmente las juzgará. Pero ¿caer en el mismo nivel, perder la objetividad del trabajo que debemos realizar en este Parlamento? En todo el día, ¿cuán productivos hemos sido?

Veamos nuestro país: tenemos muchísimos conflictos sociales en estos momentos, tenemos zonas de emergencia, y perdemos la objetividad en un viaje al traer acá las declaraciones del Presidente de la República. ¿Hasta cuándo vamos a continuar?

Pedimos e invocamos tolerancia, respeto para nosotros mismos, pero sobre todo para el pueblo que nos está viendo. Demostremos, pues, nuestra actuación con madurez política.

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Si somos tan firmes en rechazar las declaraciones del Presidente de la República, entonces también demostremos esa firmeza con nuestras acciones, con hechos, y no caigamos al mismo nivel. Es el pueblo peruano el que va a juzgar.

Me pide una interrupción, si lo permite, señora Presidenta, la congresista Martha Chávez.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Gracias, congresista Condori.

Quiero abundar sobre este tema de la legalidad, señora Presidenta, pues en nuestro propio Reglamento, donde además no hay muchas cosas que sean administrativas, cuando se aprobó, se dijo, en la disposición final primera, “el presente Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano”.

Es más, señora Presidenta, el Tribunal Constitucional tiene sentencias muy claras, como aquella recaída en el expediente 2050, acción de amparo, TC, en que se señala que el artículo 109 de la Constitución es aplicable a toda norma jurídica.

Entonces, no puede haber una ley, una resolución legislativa, un decreto supremo o una resolución ministerial que tenga vigencia anterior al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Así que, si quieren soslayar este tema, si quieren insistir por comodidad en violar la Constitución, allá ustedes. Yo cumplo con el deber...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Condori.

La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidenta, me pide una segunda interrupción el congresista Hernán De la Torre.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista De la Torre Dueñas.

El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

Creo que estamos confundiendo el tema de las precisiones de la ley sobre autorización de viaje al Presidente o el Reglamento. Si queremos hacer alguna precisión o modificación, la podemos ver en otro momento.

Yo creo que acá el pedido es concreto: la autorización de salida del Presidente al extranjero.

Por lo tanto, señora Presidenta, aboquémonos a ese tema. Y creo que ya es oportuno votarlo.

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Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Condori.

La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Gracias, señora Presidenta.

Definitivamente, observemos, colegas. Les invoco a demostrar tolerancia y madurez política. Hay que superar algunas situaciones y hay que saber tolerar.

Nosotros no estamos para perder el tiempo, más aun cuando en estos momentos tenemos muchísimos conflictos sociales que, quiérase o no, por distintos motivos, algunos con mucha justificación, nuestros pueblos están saliendo en movilizaciones, están protestando. Por lo tanto, lo que habría que hacer es entablar un proceso de diálogo para ayudar a resolver estos conflictos sociales.

En cuanto al viaje del señor Presidente de la República, lo que a nosotros nos motiva es que en esta VII Cumbre de las Américas se va a abordar la promoción de los intereses nacionales, y hay un importante tema que ha tratado aquí el congresista...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Condori.

La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— ¿Cuál va a ser la posición del país con respecto a nuestras empresas estratégicas nacionales, sobre todo de nuestras empresas públicas? ¿Cuál va a ser la posición con respecto al tema de paz y seguridad de la política exterior del Estado peruano? Tenemos un problema latente con Chile por el tema del espionaje.

Esos son los reales problemas de fondo que debemos abordar con mucha madurez.

Yo vuelvo a invocar al Parlamento a no caer nuevamente en ninguna provocación y rechazarla definitivamente. Pero la mejor forma de rechazarla es trabajando, anteponiendo nuestro trabajo, nuestra preocupación por los reales problemas de Perú e ignorar cualquier ofensa, venga de donde venga.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— El último orador es el congresista Pari Choquecota.

El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Muchas gracias, Presidenta.

El congresista Roberto Angulo me pide una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, congresista Pari.

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Creo que ya se discutió bastante con respecto al viaje del señor Presidente. Es indudable que tenemos que autorizar que vaya a Panamá, que esté los cuatros días, que nos represente.

Nuestro país no puede ser representado por la Vicepresidenta o por la Canciller. Necesitamos que el más alto dignatario del Estado represente al Perú.

Es por eso que le pido, señora Presidenta, que se vote de una vez y que pasemos a otro tema.

Muchas gracias, congresista.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Muchas gracias, Presidenta.

Si el Presidente de la República no hubiese solicitado viajar, sí me preocuparía, porque es su deber de Estado estar presente en esta VII Cumbre, porque ahí se tiene que discutir cómo construimos las relaciones en nuestra América. ¿Acaso queremos estar excluidos de ese debate?

Ahí tiene que discutirse cómo es que se entablan los nuevos mecanismos de relación entre los países latinoamericanos y el país del norte. Ese es el tema principal. En estas reuniones, el desafío es el de la cooperación en las Américas. ¿O es que queremos estar fuera de ese desafío?

O sea, la cosa tiene que estar clara. Yo entiendo que hay temas internos, que hay temas muy debatibles. Nosotros mismos discrepamos en muchos temas con el gobierno.

Sin embargo, hay temas de deber de Estado, hay temas en que el Presidente tiene que estar presente y tiene que dar la cara a nombre del país, y eso lo tenemos que asumir con suma responsabilidad.

En este foro, hay que decirlo claro, Barack Obama será advertido sobre el nuevo papel que ha de comenzar a ocupar la propia América. Por otro lado, también se discutirá los temas de inclusión social, la reducción de las asimetrías y de la pobreza ofrecida por el propio país del norte.

O sea, ¿queremos excluirnos de cómo entablamos las relaciones en América? A mí me parece que eso sería sumamente irresponsable.

Yo estaría muy preocupado más bien de que el Presidente no vaya, porque estaría incumpliendo su deber como presidente de gobierno, porque él representa al Estado, al margen de las discrepancias.

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Discrepamos en muchas cosas —por algo estamos fuera de la bancada—, y lo decimos abiertamente, pero hay temas de Estado que se tienen que asumir y se tienen que afrontar.

Yo creo que este tema ya se ha debatido y tenemos que llevarlo al voto, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha concluido el debate.

Señores congresistas, sírvanse marcar asistencia para proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia por medio del sistema digital para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Lay Sun.

El señor LAY SUN (GPUR).— Gracias, Presidenta.

En los últimos meses ha habido tres ocasiones en las cuales yo he sentido vergüenza ajena y propia por causa del Presidente de la República.

La primera fue cuando el Presidente calificó de nacido de la cloaca a un partido político, con el cual podemos estar de acuerdo o no, al cual podemos elogiar o criticar, pero es un partido político que representa a un sector de la población.

La segunda oportunidad fue cuando el Presidente se negó a recibir a dos luchadoras por la democracia del país hermano de Venezuela, de lo cual yo me he sentido muy avergonzado.

Perdón. Yo había solicitado la palabra, pero parece que hubo un descuido.

Y la tercera ocasión ha sido con esta última calificación de jauría de cobardes a todos los que han criticado a la Primera Dama.

En esta ocasión me he sentido aludido, porque yo también he criticado, pero lo he hecho alturadamente. No he criticado las cosas buenas que ella hace, pero sí critiqué su omnipresencia en los actos de gobierno; y he pedido que se aclaren los temas en los cuales hay sombras, hay penumbras, como los aportes, como los contratos por asesorías de la Primera Dama, lo que es perfectamente democrático.

Sin embargo, cuando el Presidente dice que son una jauría de cobardes los que critican lo que ella hace, tengo que sentirme aludido.

Como cristiano, yo lo he perdonado, no tengo nada en mi corazón contra el Presidente, pero como representante del pueblo, elegido por el pueblo y congresista de la República, no puedo perdonarle.

Por eso, en esta ocasión, en la cual él solicita el permiso del Congreso para viajar representando a nuestro país a un evento tan importante como esta Cumbre, yo me

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pregunto: ¿cómo me puede representar a mí un presidente que me llama cobarde porque cuestiono las acciones de la Primera Dama?

Por eso, yo pido...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Orden, congresistas.

Continúe, congresista Lay.

El señor LAY SUN (GPUR).— Por eso, yo hago una exhortación al Presidente para que tenga la grandeza y la hombría de pedir disculpas de la forma que él crea conveniente. Puede hacerlo por escrito, con una carta a este Congreso, o que lo haga por twitter, que lo haga por medio del Primer Ministro…

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresistas, por favor, orden para poder escuchar.

Culmine, congresista Lay.

El señor LAY SUN (GPUR).— Pero creo, señora Presidenta...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Lay.

El señor LAY SUN (GPUR).— Creo, señora Presidenta, que es algo indispensable...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Lay, culmine su intervención.

El señor LAY SUN (GPUR).— Entonces, simplemente pido que tenga la grandeza de pedir disculpas, porque de lo contrario no puedo votar a favor de esta autorización al Presidente de la República.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 87 congresistas.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 58 votos a favor, 28 en contra y ninguna abstención, el texto del Proyecto de Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Ruiz Loayza y Huayama Neira, y del voto en contra de los congresistas Pérez Tello de Rodríguez y Lay Sun.

Han votado a favor 60 congresistas, 30 en contra y ninguna abstención.

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El Proyecto de Resolución Legislativa ha sido aprobado.

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, la Resolución Legislativa aprobada no requiere de segunda votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015

El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9), y 113, inciso 4), de la Constitución Política del Perú; en el artículo 76, inciso 1), literal j), del Reglamento del Congreso de la República; y en la Ley 28344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República del Perú y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 10 al 13 de abril de 2015, con el objeto de asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

La presente Resolución Legislativa entra en vigencia el día de su publicación.

Comuníquese, etc.”

“Votación del proyecto de resolución legislativa 4372

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bedoya de Vivanco, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Espinoza Cruz, Falconí Picardo, Gamarra Saldívar, García Belaúnde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, León Romero, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Luna Gálvez, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Simon Munaro, Tejada Galindo, Teves Quispe, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Aguinaga Recuenco, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Beingolea Delgado, Ccama Layme, Chávez Cossío, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Galarreta Velarde, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Salgado

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Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Vacchelli Corbetto y Valqui Matos.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Solicitamos la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda tramitar los asuntos tratados hasta este momento sin esperar la aprobación del acta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido acordado.

Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3313/2013-CR, por el cual se restringe el ejercicio de la patria potestad por la comisión de delitos graves; seguidamente, a pedido del señor Eguren Neuenschwander, se acuerda exonerarlo de segunda votación

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Siguiente punto.

El RELATOR da lectura:

De las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de la Mujer y Familia. Proyecto de Ley 3313/2013-CR, por el cual se propone establecer causales que limitan la patria potestad por la comisión del delito de feminicidio, tipificado en el artículo 108-B del Código Penal.*

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vencido el cuarto intermedio, tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, para que informe sobre el texto que se va a votar con respecto al Proyecto de Ley 3313, por el que se propone establecer causales que limitan la patria potestad por la comisión del delito de feminicidio, tipificado en el artículo 108-B del Código Penal.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, Presidenta.

Se trata del Proyecto de Ley 3313, que ya fue largamente debatido en sesión de Pleno anterior y pasó a un cuarto intermedio para poder incorporar en el texto sustitutorio, que se plantea el día de hoy, los aportes de los señores congresistas.

A efectos de hacer memoria al respecto, debo decir muy brevemente que el proyecto planteaba la suspensión y el retiro de la patria potestad cuando se cometía delito de feminicidio. En consecuencia, el actor del delito perdía la patria potestad, tema con el cual todos estuvieron de acuerdo, sin excepción alguna, hasta donde recuerdo.

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Sin embargo, tomando en consideración el interés superior del niño, resultó que había una serie de otros delitos graves que deberían implicar la misma sanción de suspensión o retiro de la patria potestad, porque hay, efectivamente, como se ha incorporado en el nuevo texto, otros delitos que guardan enorme gravedad; por ejemplo, el parricidio, el infanticidio, la trata de personas, la violencia sexual, la explotación sexual, el proxenetismo, el delito de terrorismo, la pornografía infantil, etcétera, que implicarían un gravísimo riesgo si se mantiene la patria potestad en estas personas que han cometido ese tipo de delitos.

En consecuencia, a solicitud de la inmensa mayoría de congresistas que intervinieron, se está planteando la ampliación de causales, lo que se resume en dos cosas: se suspende la patria potestad cuando se acepta la denuncia por este tipo de delitos graves dolosos; es decir, esa suspensión no se da cuando se presenta la denuncia, sino cuando el fiscal ya ha hecho una investigación preparatoria o una investigación preliminar y denuncia el hecho para proteger al niño.

Así, si al final del proceso se da una sentencia condenatoria firme, se pierde la patria potestad.

Ese es el fondo, señora Presidenta, del texto sustitutorio que se está planteando, que espero que goce de la aprobación del Pleno.

No sé si es momento de conceder una interrupción o, más bien, de que se produzcan intervenciones de los señores parlamentarios.

Creo que el congresista Díaz Dios debería tener una intervención al respecto.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se ofrece la palabra al congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

En efecto, este es un tema ampliamente discutido. Saludo que el Presidente de la Comisión de Justicia haya tomado en cuenta las sugerencias de ampliar los supuestos, precisamente, pensando en la peligrosidad de otros tipos penales respecto a los menores que queremos proteger.

Yo simplemente quería, a modo de interrupción, solicitarle al Presidente de la Comisión de Justicia que tenga a bien acumular el Proyecto 4226/2014-CR, que fue presentado el 4 de marzo de 2015, a efectos de que también pueda ser sometido a votación.

Muchas gracias, señora Presidenta; gracias, señor Presidente de la Comisión de Justicia.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaunde Moreyra.

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El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— La verdad, señora Presidenta, este proyecto, que constituye una modificación más de las 600 o 700 modificaciones al Código Penal, yo lo encuentro absolutamente innecesario, más aun cuando vamos a tener —se supone— otro Código Penal.

Pero, además de eso —con toda cordialidad y con la mayor simpatía por mi distinguidísimo y sapiente colega don Juan Carlos Eguren—, aquí se habla de una serie de guarismos y de números de artículos. Yo me pregunto si el ponente de este proyecto de ley los tiene a todos en su cabeza. Si los tuviere, me quedaría asombrado.

Yo debo decir con toda honestidad que no los tengo, y estoy seguro de que ninguno los tiene en la cabeza. Tendríamos que tener los códigos aludidos a la mano.

Entonces, yo me pregunto: ¿cuál es la necesidad de aprobar esto? Para mí, absolutamente ninguna. Por esa razón, la verdad es que yo no votaría a favor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra?

No habiendo más oradores, tiene el uso de la palabra el congresista Eguren.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Gracias, Presidenta.

En relación al pedido del congresista Díaz Dios, efectivamente, es pertinente la incorporación del Proyecto de Ley 4226.

En relación a lo señalado por el congresista Belaunde, con la misma cordialidad y respeto que sabe que le tengo, debo decir que, efectivamente, sabemos que tenemos un Código con innumerables modificaciones.

Hemos quedado con la Presidenta en que, al inicio del debate del nuevo Código Penal, la próxima semana, si se aprueba, esto estará incorporado ya en el siguiente dictamen.

Además, el día de hoy hemos presentado —justamente porque tiene razón el congresista Belaunde acerca de la cantidad de modificaciones que tiene nuestro Código Penal, aunque no solo el Código Penal— un proyecto de ley —que se lo anuncio—, por inspiración del congresista Belaunde, para que cualquier modificación futura del nuevo Código Penal requiera votación calificada; es decir, que cualquier modificación implique necesariamente una votación como si fuese ley orgánica; esto, para dar una mayor estabilidad jurídica, por las razones manifestadas por el congresista Belaunde.

Eso es todo, señora Presidenta. Puede someter la propuesta a votación cuando lo vea por conveniente.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha finalizado el debate.

Vamos a marcar asistencia para proceder a votar el proyecto de ley.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Eguren, para una precisión.

Estaríamos votando entonces el texto que se ha alcanzado a la Mesa, ingresado a las 13 horas y 23 minutos. ¿Ese es el texto? Pero usted ha hecho algunas modificaciones a este texto.

Hay que precisar para saber si estamos votando el texto que ha ingresado a las 13 horas y 23 minutos o se suman las últimas aclaraciones que usted ha hecho.

Queda claro, entonces, que se está votando el texto que tienen a la mano, que tiene como hora de recepción las 13 horas y 23 minutos.

Han registrado su asistencia 84 congresistas.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 77 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que restringe el ejercicio de la patria potestad por la comisión de delitos graves.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Solórzano Flores, Beingolea Delgado, Becerril Rodríguez, Omonte Durand, Apaza Ordóñez, Lescano Ancieta, Canches Guzmán, Pariona Galindo, García Belaunde y Condori Cusi.

Han votado a favor 87 congresistas, ninguno en contra y una abstención.

Ha sido aprobado en primera votación el Proyecto de Ley 3313.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

Ley que restringe el ejercicio de la patria potestad por la comisión de delitos graves

Artículo 1. Modificación de los artículos 107 y 108-B del Código Penal

Modifícanse los artículos 107 y 108-B del Código Penal en los siguientes términos:

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‘Artículo 107.- Parricidio

[...]

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36.

Artículo 108-B.- Feminicidio

[...]

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36’.

Artículo 2. Modificación de los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes

Modifícanse los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes en los siguientes términos:

‘Artículo 75.- Suspensión de la Patria Potestad

La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos:

[...]

h) Por haberse abierto proceso penal al padre o a la madre por delito en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos o por cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 183-B del Código Penal o, por cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

Artículo 77.- Extinción o pérdida de la Patria Potestad

La Patria Potestad se extingue o pierde:

[...]

d) Por haber sido condenado por delito doloso cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos o por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 183-B del Código Penal o, por cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio;

[...].’

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Artículo 3. Modificación del artículo 471 del Código Civil

Modifícase el tercer párrafo del artículo 471 del Código Civil en los términos siguientes:

‘Artículo 471. Restitución de patria potestad

[...]

En los casos de pérdida y suspensión, los padres volverán a ejercer la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que los motivaron; salvo la declaración de pérdida de la patria potestad por sentencia condenatoria por la comisión de delito doloso en agravio del hijo o en perjuicio del mismo o por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 183-B del Código Penal o, por cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio’.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del nuevo texto sustitutorio del proyecto 3313

Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Bedoya de Vivanco, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Espinoza Cruz, Falconí Picardo, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Romero, Llatas Altamirano, Luna Gálvez, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que se abstuvo: Belaunde Moreyra.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Eguren.

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El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidenta, ponga a consideración, por favor, la exoneración de la segunda votación.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Con la misma asistencia, vamos a votar la exoneración de la segunda votación.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se acuerda, por 69 votos a favor, nueve en contra y una abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que restringe el ejercicio de la patria potestad por la comisión de delitos graves.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido acordado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Solórzano Flores, Beingolea Delgado, Omonte Durand, García Belaunde, Becerril Rodríguez, Apaza Ordóñez y Pariona Galindo.

Han votado a favor 76 congresistas, nueve en contra y una abstención.

Ha sido acordada la exoneración de la segunda votación del Proyecto de Ley 3313.

“Votación de la exoneración de segunda votación del proyecto 3313

Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bardález Cochagne, Bedoya de Vivanco, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Eguren Neuenschwander, Espinoza Cruz, Falconí Picardo, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Iberico Núñez, Lay Sun, León Romero, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Luna Gálvez, Mavila León, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Vacchelli Corbetto, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Aguinaga Recuenco, Ccama Layme, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Medina Ortiz, Reátegui Flores y Tapia Bernal.

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Señor congresista que se abstuvo: Belaunde Moreyra.”

Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4291/2014-PE, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, por el que se crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental; seguidamente, a pedido del señor Condori Cusi, se acuerda exonerarlo de segunda votación

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Siguiente punto.

El RELATOR da lectura:

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Proyecto de Ley 4291/2014-PE, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.*

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto, recaído en el Proyecto de Ley 4291, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental.

La Junta de Portavoces, con fecha 9 de abril de 2015, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el Portal del Congreso y la ampliación de la agenda.

Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Rubén Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Ha llegado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, para su estudio y dictamen, el Proyecto de Ley 4291/2014, presentado por el Poder Ejecutivo con Oficio 33/2015-PR, por el que se propone crear el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.

En el año 2012, se declaró en emergencia ambiental la cuenca del río Pastaza, en los distritos Andoas y Pastaza, provincia de Marañón; la cuenca del río Corrientes, que involucra once comunidades nativas; y la parte alta de la cuenca del río Tigre, que involucra también a otras comunidades en la provincia y el departamento de Loreto.

En abril de 2014, se crea la Comisión Multisectorial de carácter temporal, denominada “Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del departamento de Loreto”, para promover medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las cuencas de los ríos Pastaza, Andoas, Tigre, Trompeteros, Urarinas y Parinari, favoreciendo el desarrollo integral y apoyando la implementación de los proyectos de desarrollo públicos y privados, y la

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ejecución de obras que presenten las autoridades distritales, provinciales o regionales.

Hay urgencias, como las presentadas en esas cuencas, que pueden afectar gravemente la salud de las personas. Por ello, resulta imperativa una actuación inmediata y excepcional por parte del Estado, en aplicación del principio de prevención.

Se propone la creación del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, el cual se conformará con los aportes del Ministerio de Energía y Minas, y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA.

Sin embargo, el agente contaminador no se libera de su obligación de soportar los costos de las medidas de remediación ambiental ejecutadas por el Estado; pues sería injusto que el Estado asuma los costos de la remediación y que la empresa responsable no lo haga, más aun si se tiene en cuenta que quien asume los costos externos de la contaminación producida es la población que la padece, lo que dificulta la relación de confianza de la ciudadanía con respecto a la capacidad del Estado para proteger su entorno vital.

Las empresas responsables de los sitios impactados con hidrocarburos en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en el departamento de Loreto, deben cumplir con remediar o mitigar su ocurrencia, en aplicación de los principios de responsabilidad ambiental, de internacionalización de los costos y de contaminador-pagador.

El principio de responsabilidad ambiental, previsto en el artículo IX del Título Preliminar de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, sostiene que el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes —sea una persona natural o jurídica, pública o privada— está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación, según corresponda, o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

Por otro lado, el principio de internacionalización de costos, recogido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 28611, señala que toda persona, natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente.

El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas, debe ser asumido por los causantes.

Por el principio contaminador-pagador, el contaminador debe soportar los costos de las medidas necesarias para reparar los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta alcanzar los niveles aceptables establecidos por las autoridades correspondientes.

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El deber jurídico de remediación ambiental se encuentra vinculado con el principio de internalización de costos y el principio de responsabilidad ambiental.

Por ello, la iniciativa propone que, una vez que se emita una resolución firme en la vía administrativa que identifique a la empresa responsable, tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, como el Ministerio de Energía y Minas puedan iniciar el procedimiento de cobranza coactiva para lograr la devolución de los recursos transferidos al Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.

La Ley 29325, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se encontraba sujeta al régimen general previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva —régimen que permitía que a la sola presentación de una demanda de revisión judicial o contencioso administrativa generara la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva hasta que el juez emita pronunciamiento final—, lo cual ocasionó que el cobro del 85,91% del monto total de las multas impuestas por el OEFA en el periodo comprendido entre los años 2012-2013 se encuentren suspendidas por demandas presentadas ante la vía judicial, lo que no permite disuadir la comisión de infracciones ambientales.

Por ello, en abril de 2013, se modificó la Ley 29325, Ley de Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, incorporándose el artículo 20-A, que establece un régimen especial para ejecutar las resoluciones emitidas por el OEFA.

Es así que para suspender la eficacia de un acto administrativo emitido por el OEFA se requiere obtener necesariamente una medida cautelar judicial, previo ofrecimiento de una contracautela personal o real, mecanismo que permitirá garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental.

Debe tenerse presente que existe un vínculo estrecho entre el interés ambiental y el derecho a la salud y la vida de las personas. La afectación del ambiente genera un impacto negativo en el bienestar del ser humano al afectar su esfera vital. En la mayoría de los casos, los daños causados son irreversibles.

Desde la vigencia de este régimen especial, solo se ha suspendido el 7,76% del monto total de las multas impuestas por el OEFA durante el periodo que va de mayo de 2013 a abril de 2014, lo que pone en evidencia que la mayoría de demandas interpuestas carecía de un fundamento jurídico.

Sin embargo, el artículo 20-A no es aplicable a los casos que se encontraban en trámite antes de su incorporación en la ley, por lo que dichos procesos continúan suspendidos hasta que el Poder Judicial emita una decisión final.

Por ello, la disposición complementaria final del proyecto de ley propone la aplicación inmediata del artículo 20-A de la Ley 29325 a los procesos judiciales en trámite, máxime si se tiene en cuenta que el 97% de los casos tramitados ante el Poder Judicial han sido favorables para el OEFA; asimismo, se faculta al OEFA para reiniciar el procedimiento de ejecución coactiva correspondiente cuando el

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administrado obligado al pago de la multa no acredite el otorgamiento de una medida cautelar en los términos previstos en el artículo 20-A.

El régimen especial de ejecución de los actos administrativos del OEFA no representa un privilegio a favor del Estado carente de una justificación objetiva y razonable. Por el contrario, constituye un régimen tuitivo que equilibra adecuadamente el derecho de los administrados con el interés público tutelado, lo que justifica la necesidad de ampliar los alcances en el tiempo del artículo 20-A de la Ley 29325.

El fondo de contingencia propuesto permitirá contar con los recursos necesarios para financiar las actividades de remediación ambiental en los sitios impactados por las actividades de hidrocarburos que impliquen riesgos para la salud y el ambiente, y que ameriten una inmediata atención por parte del Estado.

Por las consideraciones expuestas, corresponde recomendar que se apruebe el Proyecto de Ley 4091/2014-PE con el texto que ha sido distribuido.

Muchas gracias.

—Reasume la Presidencia la señora Esther Capuñay Quispe.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Concluida la sustentación, se da inicio al debate.

Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Muchas gracias, señora Presidenta.

De la explicación que nos acaba de hacer el Presidente de la Comisión de Presupuesto, no me parece haber escuchado nada con respecto de la disposición complementaria final, que dice:

“Primera. Ejecutoriedad de las resoluciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA.

El artículo 20-A de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, incorporado mediante la Ley 30011, es aplicable a todos los procesos judiciales que a la fecha se encuentren en trámite, en los que se haya impugnado una resolución de sanción de multa del OEFA”.

Luego dice:

“En aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, si el administrado obligado al pago de la multa no acredita el otorgamiento de una medida cautelar, en los términos previstos en el artículo 20-A de la Ley 29325, incorporado mediante la Ley 30011 —esto es un ejercicio de confusión legal—, el OEFA reinicia el procedimiento de ejecución coactiva correspondiente”.

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Señora Presidenta, distinguidos colegas: Esta norma es absolutamente inconstitucional, pues está interviniendo directamente sobre procesos judiciales en marcha.

O sea, el Poder Legislativo, a petición de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, está interfiriendo en la marcha de un proceso judicial. Y aquí vale la pena que se recuerde el inciso 2) del artículo 139.

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[…]

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.”

Aquí se está dando una orden a los tribunales que están viendo estos procesos, y aquí el Poder Legislativo se está abocando a un aspecto, si se quiere, colateral, pero importante, que es el pago de una multa que está siendo cuestionada judicialmente.

Además, tiene un defecto gravísimo de redacción cuando se dice “si el administrado obligado al pago de la multa no acredita el otorgamiento de una medida cautelar”, porque “el administrado obligado al pago de la multa” no está obligado mientras no tenga un sentencia que así lo diga. Esto es lo que se denomina, en procedimientos lógicos, una petición de principio, que se trata de probar utilizando el argumento que precisamente es materia de prueba.

Señora Presidenta: Tanto hablamos de la necesidad de estimular la inversión, pero esto es algo que va directamente contra las inversiones, porque está incumpliendo, alterando, interfiriendo e interviniendo en un proceso jurisdiccional, y esto implica una gravísima violación de derechos.

El OEFA es una entidad, a la luz de sus resoluciones y de sus abundantísimas multas, casi adicta a la sanción. Y ahora se quiere premiar esa adicción —casi drogadicción, diría yo, en un sentido figurado por cierto— interfiriendo en un proceso judicial.

Esta es una norma flagrantemente inconstitucional. Yo sugeriría que simplemente esta disposición complementaria final se elimine para respetar el ordenamiento y la estructura Constitucional del Perú.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista Belaunde.

Tiene el uso de la palabra el congresista Reátegui Flores.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Gracias, Presidenta.

Estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de exponer el congresista Martín Belaunde Moreyra. Pero adicionalmente debo decir que en el Perú ya tenemos 40

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fondos, y la ley de presupuesto te dice claramente que está prohibido crear fondos. Asimismo, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal también lo dice.

Al existir ya un fondo desde 1997, la norma solamente se debería, en todo caso, adecuar a una transferencia de partida de fondos.

Si ya existe este fondo, creado en 1997 y que rige bajo los argumentos del ambiente, creo que no hay necesidad de aprobar este proyecto de ley, sino de solamente decir, con un simple decreto supremo, que se hace una transferencia de partidas. Entonces, al hacer una transferencia de partidas, simplemente nos olvidamos de este proyecto de ley, que además es inconstitucional si se toma en cuenta la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la primera disposición complementaria final del proyecto.

Pero no solamente es lo que ha explicado el congresista Belaunde Moreyra, sino también tenemos lo que se dice en el último párrafo del artículo 6:

“En aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, la existencia de resolución firme en vía administrativa que identifique a la empresa responsable habilita al Minem y al OEFA la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva correspondiente”.

O sea, para ellos simplemente la vía administrativa termina y no hay la posibilidad de que cualquier empresa pueda ir a la vía judicial para poder ver si ha sido violado algún derecho o cualquier otro detalle.

Por eso, considero que este proyecto de ley no debe pasar, porque, primero, la propia Ley de Presupuesto y la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal te dicen que no puedes crear más fondos, no los puedes hacer; y lo segundo es que la disposición final también es totalmente contradictoria y, sobre todo, inconstitucional.

En la Comisión de Presupuesto, el Presidente no nos dio tiempo de explicar esta materia, porque simplemente dijo al voto, al voto, y todo el mundo votó porque quería irse.

Pero acá hay vicios clarísimos de inconstitucionalidad y, por lo tanto, creemos que esta norma no puede pasar. Basta solamente con un decreto supremo para que hagan la transferencia del fondo. El Ejecutivo está autorizado para poder hacerlo, pero no bajo este pretexto de la ley.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene el uso de la palabra la congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Muchas gracias, Presidenta.

Yo pediría que discutamos este proyecto en dos aspectos. El primero es el aspecto del fondo de contingencia como tal, que lo quiero explicar, y el segundo es lo

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planteado, desde distintas perspectivas pero con el mismo destino, por los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra.

Primero quiero explicar un poco en qué se justifica la creación de este fondo, que podríamos señalar que es discriminatorio, en tanto se dirige solamente a los pueblos de Loreto y no a otros pueblos que también están en una situación de contaminación.

Sin embargo, ¿qué tienen de particular cuatro cuencas a donde el congresista Nayap y la congresista Verónika, así como varios congresistas de la Comisión de Pueblos Indígenas, me han acompañado por mucho tiempo?

En agosto de este año —ya me han escuchado decir esto antes—, vence el plazo para licitar el Lote 192, que está en la zona de Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre, y que es el que por años ha significado cerca del 50% de ingresos por canon en el Perú.

Ha habido 40 años de actividades extractivas en la zona y hace tres años y medio que empezamos a acompañar este proceso.

En conversaciones, en todos los casos, con todos los ministros de Energía y Minas y con todos los premieres —y con todas las mujeres que también ejercieron este cargo—, se ha buscado soluciones en las cinco demandas que los pueblos indígenas planteaban para ir a un proceso de consulta y para dar una licitación de un lote que por 40 años ha producido petróleo, pero que a ellos no les ha generado ningún tipo de mejora en términos de servicios.

Ellos pedían que se les titule, pedían que se remedie, pedían que se indemnice por aquello que no se podía remediar y que iba a generar un daño permanente a su territorio, pedían que se haga saneamiento —se les dé agua, se les dé servicios—, en función de lo que se supone que es el crecimiento que crea esta inversión, con la que por supuesto estoy de acuerdo.

Estas cinco demandas de los pueblos —remediación, titulación, indemnización, pago por el uso de tierra en las zonas que correspondía— han venido acompañadas de sendas resoluciones y de la creación de mesas multisectoriales, mesas de desarrollo.

En paralelo, también es verdad que ha habido tomas de instalaciones a cargo de los distintos pueblos que forman parte de estas cuencas.

La realidad, Presidenta, es que, después de mucho esfuerzo y de muchos errores de parte del Ejecutivo, por fin, a casi cinco meses de que esta fecha termine y que con eso se compliquen más las inversiones —al estilo de Tía María— por incapacidad de gestión, se logró avanzar en la resolución de estos temas.

Se creó una mesa de desarrollo y se ha ido atendiendo las demandas. Se ha creado un fondo para titulación a partir de un aporte del Gobierno Regional de Loreto y se está intentando llegar con saneamiento.

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Al respecto debo decir que todas estas comunidades han sido declaradas por el gobierno, después de los exámenes de agua que correspondían, en emergencia sanitaria y en emergencia ambiental, y se ha determinado niveles de contaminación que afectan la vida de los pobladores de la zona.

Una de las condiciones que plantearon los pueblos indígenas —cosa que no está en la ley, pero que aceptaron porque contra el tiempo no hay leyes que valgan— era que se llevaran en paralelo la consulta previa y la licitación, atendiendo a que la realidad es que no va a ser posible que se hagan como debieran hacerse, de manera previa.

Otra condición era la existencia de un fondo de contingencia, de manera que, si no se solucionaban los problemas, el Estado pueda asumir esa remediación. Es decir, pase lo que pase, se licite o no se licite, ellos necesitan tener la garantía de que, independientemente de las gestiones legales que el Estado pueda hacer para repetir después contra la empresa, los pueblos encontrarán satisfacción en que el agua que nuestros pequeños tomen no sea agua contaminada.

Acá había dos principios que se oponían: el principio de internalización y el principio de que el que contamina paga. Esto es lo que se ha tomado en cuenta en esta norma.

Esta norma es una iniciativa del Ejecutivo después de tres años y medio de gestión organizada de los pueblos indígenas; que creen en la inversión privada, pero que no creen que esta inversión privada pueda justificar, bajo ningún punto de vista, la violación de sus derechos.

Por años —y durante estos tres años y medio lo hemos visto con congresistas de distintas bancadas—, han sido ellos los que han identificado los lugares contaminados y son ellos los que han aprendido a hacer georreferenciación para decirle al OEFA…

Por supuesto, el OEFA no llega, porque llegar ahí te cuesta 31 mil soles alquilar una avioneta, salvo que vayas con la avioneta de la propia empresa. OEFA llegaba allá a partir de denuncias, fotos, imágenes y georreferenciación que los pueblos, con sus propios recursos, habían conseguido para cuidar su territorio, Presidenta.

En ese contexto es que se crea este fondo de contingencia, primero, para facilitar el proceso de licitación y de consulta acerca de uno de los lotes más importantes para el país, para la inversión y para el desarrollo, de modo que se respete la zona que recibe un impacto directo y que, aun cuando no se opone per se a la actividad extractiva, sí se opone a que el Estado no se haga cargo del daño que ella genera a la zona.

Esto, atendiendo a que además el Estado tiene claramente dos obligaciones como tal: respetar los derechos, no violarlos; y también garantizar los derechos, es decir, no permitir que otros los violen.

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En ese contexto es que se recoge acá la obligación del Estado de asignar recursos para remediar y luego repetir contra la empresa en aquello que, evidentemente, se compruebe que es responsabilidad de la empresa.

Esa es la redacción que tienen estos artículos, Presidenta, y que están explicados. Son solamente ocho artículos y dos disposiciones complementarias finales. No voy a explicar los ocho artículos, porque ya los explicó el Presidente de la Comisión.

Solamente quiero decir brevemente que se crea un fondo de contingencia para remediación, que no se va a usar en cualquier hecho: solamente se va a usar cuando esté de por medio el riesgo de la salud de los peruanos y peruanas que viven ahí y del ambiente que tenemos que proteger —y no solamente hacer COPs para hacer como que protegemos—, y además que requieran atención prioritaria y excepcional de parte del Estado.

Los sitios que reconoce como impactados son los que ya conocemos: pozos, instalaciones en abandono mal abandonadas, suelos contaminados, derrames, fugas.

Se habla de suelos mal abandonados porque la legislación anterior en el Perú, la de hace 40 años, permitía que los lugares se sellaran o se remediaran mal. La empresa hoy dice: oye, yo remedié como tú me pediste; si me pediste mal, esa no es mi responsabilidad. Voy terminando, Presidenta.

Se asigna para esto 50 millones de nuevos soles, que no significan ni se pueden confundir con la garantía financiera que pone la empresa, y se reconoce que el responsable es la empresa y que le da el derecho al Estado, que no tiene por qué asumir esto, cuando corresponda repetir contra la empresa.

Se crea después, en la lógica que señaló —bien señalado además— el congresista Reátegui, la transferencia de recursos al fondo de Fonam, pero se garantiza que estos 50 millones se van a usar en ese lote, lo que va a permitir la inversión.

La inversión no la podemos imponer por ley, Presidenta. La aceptación social de un proyecto tiene que construirse caminando la zona y construyendo los interlocutores. En este Congreso ya hemos cometido errores que le ha costado sangre al Perú.

Sería bueno que escucháramos lo que se dice. Esta es una salida planteada en mesas de desarrollo por miembros del Poder Ejecutivo, con vigilancia de la Comisión de Pueblos Indígenas durante tres años y medio, con comisiones formadas por miembros de todas las bancadas que quisieron participar, y ha estado representado el fujimorismo.

De hecho, nacen con el primer presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que fue Antonio Medina, que nos acompañó en el viaje. Ha estado representada por casi todos los partidos aquí presentes que han querido ir. Así que en esa primera etapa no hay duda.

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Para aclarar la duda al congresista Reátegui: la repetición a cargo del Estado —es decir, el segundo párrafo que leyó: “en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, la existencia de resolución firme en la vía administrativa que identifique a la empresa responsable habilita al Minem y al OEFA”— no se refiere a lo que señala el congresista Belaunde, sino se refiere a —una vez que se ha aplicado este monto— un monto concreto para remediar un daño, no a las multas del OEFA. Son temas distintos.

El Estado puso plata y arregló, y entonces le dice ahora sí paga, y repite. Por supuesto, están habilitados los derechos de todas las empresas de ir a la vía judicial.

Aclarado ese tema, Presidenta, yo creo que ninguna de las bancadas aquí presentes tendría razón para oponerse a que el Estado cumpla con su deber de garantizar y de respetar derechos, y de permitir, con esa decisión, que pueda fluir el proceso en tranquilidad para que lleguemos a licitar un lote que necesita el Perú.

Este lote necesita ser explotado para generar riqueza, pero sin que eso signifique generar injusticia, levantamientos sociales y demás.

La preocupación, Presidenta, es en el extremo del congresista Belaunde sobre la inconstitucionalidad de la disposición complementaria final primera.

Esa disposición se explica, Presidenta, en que por años —y voy a dar las cifras que están en el mismo proyecto— las empresas que recibían una multa inmediatamente la judicializaban.

El 85,91% de las multas del OEFA han sido judicializadas. Entonces, después de cinco, seis u ocho años —o lo que demorara según el proceso, los jueces y demás—, recién remediaban si perdían. Y en esos años, ¿qué pasaba con el pueblo que había seguido tomando el agua contaminada, qué pasaba con la zona que había sido impactada, Presidenta? Eso habría que preguntar.

Desde que se crea la norma, el artículo 20-A de la Ley 29325, se establece una contracautela. Entonces, se le dice a la empresa por supuesto que tienes derecho a apelar, pero me vas a dejar una contracautela; de manera que, si te gano, yo tengo de dónde cobrarme.

Es una contracautela, y nada más; no limita su derecho, no destruye ninguna de las garantías del debido proceso. Le dice a la empresa oye, el que contamina paga; yo te voy a dar derecho, pero dame una contracautela. Es eso.

En todo caso, yo no creo que eso sea inconstitucional. Creo que, por supuesto, no le gusta al sector empresarial, porque es mucho más fácil plantear una medida —que no te cuesta ni un centavo— y ganar cinco años, que plantear una medida con una contracautela que diga mira, si me equivoqué, acá está, te cobras esto. Pero, bueno pues, queremos empresas serias, que hagan trabajos serios.

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Desde que se pusieron las contracautelas, Presidenta, del 80 y tantos por ciento del que le hablé, las multas impugnadas se han reducido al 7%. Eso significa que la decisión ha sido buena.

Lo que plantea la disposición complementaria final es que lo que está en marcha adquiera o reciba hoy una contracautela. No se crea, pues ella ya está creada. Solamente se señala que se aplicará para lo que ya está en marcha, ya que la mayoría —o muchas de ellas— está referida a cuatro cuencas, Presidenta.

En ese sentido, Presidenta, planteo una cuestión de orden para que se vote por separado.

Aprobemos el Fondo de contingencia para que se vea la voluntad del Congreso de dar a los pueblos el reconocimiento que...

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Para que culmine, congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— ...por separado el tema, que no creo que sea inconstitucional.

Por ello, adelanto que votaremos a favor —yo, por lo menos, votaré a favor—, y que se haga un debate sobre ese tema.

Yo no voy a garantizar el derecho de las empresas. Yo me debo acá a los peruanos y peruanas que necesitan protección. Las empresas, si hacen bien su trabajo, no tienen por qué preocuparse, Presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene el uso de la palabra la congresista Verónika Mendoza Frisch.

La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Gracias, Presidenta.

Saludo por su intermedio a los colegas congresistas.

Efectivamente, Presidenta, este proyecto de ley hace efectivo un compromiso entre el Ejecutivo y los pueblos indígenas de las cuatro cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en la región Loreto.

En estos territorios se llevó a cabo explotación petrolera durante 40 años, la que ciertamente dejó una importante renta —recursos de canon para el gobierno regional—, pero también dejó como secuela un grave problema de contaminación ambiental en la tierra, en el aire y, sobre todo, en el agua —en el agua de las lagunas, de los ríos, de los manantes de estos pueblos indígenas—, que no afecta solamente el paisaje, como quizás podrían pensar algunos, sino que afecta directamente la alimentación, la subsistencia, la salud de estos pueblos indígenas.

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Indígenas que tuvieron que movilizarse repetidamente para exigir atención a sucesivos gobiernos y que sus demandas empezaran a ser escuchadas; indígenas que lograron la suscripción de múltiples actas de compromiso con distintos gobiernos, las que siempre quedaron incumplidas; indígenas que tuvieron que sacrificar su tiempo y hacer esfuerzos para por fin poder empezar a ser escuchados y atendidos por el Estado; indígenas que lograron que este gobierno —y se lo reconocemos— realizara un monitoreo ambiental integral con las distintas entidades competentes.

Dicho monitoreo confirmó aquello que los pueblos indígenas conocían y vivían: el grave problema de contaminación por metales pesados, por hidrocarburos, como consecuencia lamentable de la explotación petrolera, lo cual —repito una vez más— afectaba gravemente su salud y su medio ambiente.

Y ante esta situación y estando ad portas de una licitación para la continuidad de la explotación del lote, habría que precisar, frente al temor de algunos que creen que aquí hay un problema con la inversión, que los pueblos indígenas están de acuerdo con que se continúe la explotación petrolera; pero exigen legítimamente que sea sobre la base de la responsabilidad ambiental y social y que sea con la condición de que se remedie su territorio, se remedie su medio ambiente, se remedie su bosque y sus aguas, para que en adelante se pueda continuar con la explotación de manera —esta vez sí— sostenible.

Es por eso que, ante esta emergencia ambiental y de salud y, por otro lado, ante la inminencia de la nueva licitación, el Estado se compromete con este fondo para poder realizar la remediación.

Ciertamente, a quien le corresponde la responsabilidad de remediar es a la empresa. Lamentablemente, como ya se ha explicado aquí, se ha judicializado los distintos informes y planes que exigen esta remediación.

Pluspetrol no quiere cumplir con lo que el OEFA ha dicho que le corresponde descontaminar en un plan de descontaminación de suelo, que luego fue incluido en el plan de abandono. Sin embargo, Pluspetrol ha judicializado esto para no tener que cumplir.

Eso no significa que el Estado no deba exigir vía judicial que la empresa se encargue de la remediación y que finalmente asuma su responsabilidad, pero —repito—, ante la urgencia ambiental y de salud y ante la inminencia de la licitación, es el Estado el que se compromete con este fondo para poder iniciar la descontaminación.

Saludamos también que, como corresponde, se haya decidido que en la junta de administración de este fondo estén presentes representantes de las federaciones indígenas, como debiera ocurrir siempre en toda entidad estatal o empresarial que tenga que ver con derechos de pueblos indígenas. Siempre debiera haber participación plena de estos y de sus representantes.

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Sin embargo, Presidenta, tenemos una preocupación: se ha establecido que ese fondo tendría 50 millones de soles para este proceso de remediación, y está claro que esto es absolutamente insuficiente. Lo han establecido así los cálculos hechos por las propias federaciones indígenas, y el Estado peruano sabe que este fondo es absolutamente insuficiente.

Por eso planteamos al Presidente de la Comisión competente que se pueda incluir en este proyecto de ley un artículo en el que se señale que, si se agotara el fondo y en tanto no se haga efectiva la obligación de remediar de la empresa, como corresponde, se pueda autorizar al Ministerio de Energía y Minas y al OEFA para que hagan transferencias financieras al Fondo Nacional del Ambiente para que pueda continuar con la remediación.

Esto, porque los pueblos indígenas no tienen por qué esperar a que concluya un proceso judicial para ver atendida su problemática de contaminación ambiental y, sobre todo, de su salud.

Esperemos que esto pueda ser considerado como un artículo adicional, cuyo texto vamos a alcanzar al Presidente de la comisión correspondiente.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene el uso de la palabra el congresista Carrillo Cavero.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señora Presidenta: Ya hubiéramos querido que los huancavelicanos tuviéramos la ocasión de discutir siquiera la posibilidad de la creación de este Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, porque, efectivamente, desde el año 1972 Huancavelica ha aportado al erario nacional aproximadamente 36 mil millones de soles, señora Presidenta, solo por concepto de electricidad.

El doble de ese monto ha sido aportado por concepto de intervención minera, y no había un solo centavo para remediación ambiental. Por ello, Huancavelica ha quedado absolutamente destruida por las intervenciones mineras, y ahí no hemos tenido inversión.

Así que esa historia de que toda inversión es buena tampoco es cierta. Bienvenida la inversión, pero en el caso huancavelicano no hubo inversión, hubo saqueo.

Entonces, hubiéramos querido tener ese fondo de contingencia para que, a partir, por ejemplo, de la destrucción del relave minero del río Escalera y del Opamayo en el año 2010, hubiéramos podido, con ese fondo de contingencia, desarrollar acciones en los pueblos de Totora, Palca, Yanatutu, Rumichaca, Lircay, Ocopa, Huayllay, Huanca Huanca, Congalla y otros.

Hasta el día de hoy no se resuelve ese tema de la rotura del muro de relave de la empresa minera que estaba instalada en esa zona, y no hemos tenido un fondo.

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En primer lugar, quisiera preguntar si este fondo también incluye remediación de pasivos ambientales en otras zonas, en los altos Andes.

¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que se resuelva este tema del Pastaza y Corrientes? Pero tendremos que estar también de acuerdo con que se resuelvan los problemas que se han generado históricamente en regiones olvidadas, como la de Huancavelica.

No solamente hay una deuda histórica con esas regiones que aportaron al país, hay también una deuda actual con los temas ambientales. So pretexto de la inclusión, so pretexto de las inversiones, estamos dejando que las cosas pasen.

Claro, si hay un problema, se judicializa inmediatamente. Peor aun: ¿alguien recuerda lo que pasó hace poco con Yanacocha en Cajamarca? Una empresa absolutamente seria terminó derramando nada menos que mercurio, y judicializó el tema. Pero, además de judicializarlo, fueron y les rompieron la mano a los productores, les dieron mil soles, y los productores no sabían que estaban entregando sus vidas por esos mil soles.

La empresa, después de haber judicializado ese tema, después de haber cometido esa desgracia en Cajamarca, encima va y rompe la mano, porque eso es lo que acostumbra hacer.

Entonces, lo que tiene que haber no solamente es que haya este instrumento del remedio de los pasivos ambientales, no solo este fondo, sino que efectivamente los inversionistas hagan sus cálculos y apliquen estrategias limpias, porque desde hace mucho tiempo algunos expertos dicen que ya hay estrategias limpias. ¿Cuáles son? Que traigan, pues, algunas de esas estrategias para que cada vez vayan eliminando estos pasivos, estos problemas ambientales.

En ese sentido, solo quisiera proponer que este proyecto sea ampliado a los espacios que tienen problemas, que tienen pasivos y que tienen estos mismos elementos que han sido detectados en los casos del Pastaza y el Tigre.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, Presidenta.

Leyendo este proyecto de ley, encontramos que existe la pretensión de crear otro organismo más. Se habla de un fondo y se habla de una organización que administra ese fondo. Eso me da la idea de que, de los 50 millones de soles, ya hemos perdido 25 en la administración del fondo.

Nosotros tenemos un organismo que se llama precisamente OEFA, que un organismo que fiscaliza. Además, si hablamos de prevención, cuando alguien

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quiere poner una mina, cuando alguien quiere poner una fábrica de harina de pescado, se dice que la exigencia primera es hacer un estudio de impacto ambiental.

El estudio de impacto ambiental, indudablemente garantiza que esa fábrica o que esa mina no va a contaminar, que va a actuar de acuerdo a los estándares ambientales normales, lo que significa cero contaminación o muy poquito de contaminación.

Ahora, ¿qué sucede cuando la mina contamina? Es fácilmente detectada. Tenemos alcaldes, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, gobiernos regionales, gerencias de administración de minas dentro de gobiernos regionales; además, tenemos un sinfín de organismos que tienen que prevenir, que tienen que detectar rápidamente qué es lo que está pasando en la mina, qué es lo que está pasando en la fábrica de harina de pescado, cómo está ensuciando el mar. Pero no funcionan, no resulta nada de ahí. Y, si funcionan, si ponen multas, el OEFA pone una multa…

Nosotros hemos aligerado la carga al OEFA, ya no tiene tanta exigencia como tenía antes. Entonces, si pone una multa, esa multa es judicializada y, por consiguiente, la fábrica o la mina continúa ensuciando, continúa contaminando, continúa afectando el medio ambiente, el entorno, que no solamente es el natural, sino también el entorno personal.

Entonces, ¿qué hacemos con eso, qué es lo que debemos hacer? De acuerdo a lo que dice aquí, al OEFA le estamos retirando…

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Angulo.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— …aproximadamente 20 millones de soles.

O sea, en lugar de darle más fuerza, en lugar de darle más potencia al OEFA, estamos quitándole 20 millones de soles para dárselos a otros burócratas que van a remediar —escuchen— los daños ambientales.

¿Ustedes creen, señores congresistas, que con 50 millones de soles vamos a remediar los daños ambientales? Necesitaríamos 50 mil millones de soles. Aquí solamente estamos creando un ente burocrático.

Además, señores, le quitamos 30 millones de soles a la Dirección General de Electrificación Rural.

Necesitamos en el campo más electricidad.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Angulo.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

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Tenemos pueblos que no tiene luz eléctrica; o, si la tienen, tienen monofásica, no tienen trifásica. Necesitamos mucho más dinero para esos pueblos. Pero ¿qué es lo que pasa con esta ley? Que mediante esta ley les quitamos 30 millones de soles.

Lo que se requiere no es crear otro organismo, crear otro fondo. Lo que se requiere es un Estado más fuerte, lo que se requiere es un Estado que haga cumplir las leyes, un Estado que ponga multas más fuertes, como pasa en otros países.

¿Ustedes creen que si en Europa o si en Estados Unidos una mina o una fábrica ensucia, contamina, no le ponen una multa fuerte, ustedes creen que no paralizan inmediatamente esa mina o esa fábrica?

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Para que culmine, congresista Angulo.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Esto lo acaban de hacer en la frontera entre Chile y Argentina con la Barrick. Le pusieron una multa fuertísima, tres mil 500 millones de dólares. La Barrick tuvo que parar, tuvo que suspender, ¿Pero nosotros qué hacemos? Le ponemos una multa de 30 mil soles o de 300 mil soles o, máximo, de tres millones de soles.

Es por eso que pienso que esta ley no debería aprobarse. Al contrario, deberíamos fortalecer el OEFA, deberíamos poner multas mucho más fuertes a los que depredan, a los que contaminan, a los que ensucian. Y deberíamos hacer efectivas esas multas y deberíamos paralizar a la mina inmediatamente y, si no paraliza sus actividades, ponerle una multa más fuerte.

Yo pienso, señores congresistas, señora Presidenta, que no debería prosperar esta ley. Estamos creando otro organismo burocrático, otro organismo insuficiente, otro organismo que no va a solucionar ninguno de los problemas que aquejan a nuestro país en cuanto a la contaminación.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista De la Torre Dueñas.

El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Muchas gracias, Presidenta.

En principio, quien les habla viene de la provincia de La Convención. Es una provincia amazónica del Cusco, donde está el gas de Camisea. Y debo manifestar que en los diez años de operación del consorcio Camisea, donde la principal empresa de este consorcio es Pluspetrol, se ha producido aproximadamente siete derrames de gas, afectando las comunidades nativas.

Lamentablemente, las multas que se le ha aplicado por estos derrames de gas las han judicializado, lo que obviamente genera malestar en la población y en la provincia de La Convención.

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En ese sentido, Presidenta, considero que el proyecto que se está planteando sobre la creación de este Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental es muy importante. Ya era hora de que el Estado dé el ejemplo. Es cierto que 50 millones son pocos, pero para empezar creo que es importante la participación del Estado, y sería importante que las empresas también aporten a este fondo de manera obligatoria.

En la administración de este fondo también van a participar representantes de las cuencas. Es cierto, se empieza por la región amazónica de Loreto, pero sería importante que se haga extensivo a toda la Amazonía, porque justamente —como han dicho muchos colegas— en la Amazonía están asentadas muchas comunidades nativas —machiguengas, shipibos, ashánincas—, que toda la vida han sido afectadas en su salud, en su medio ambiente y en todo aspecto.

Por eso, yo felicito esta propuesta del Ejecutivo, que seguramente también se ha dado gracias a las luchas que han realizado las comunidades nativas.

Felizmente, ya llegó la hora de que realmente el Estado asuma esta responsabilidad. Y espero que las empresas privadas, como el Consorcio Camisea, Pluspetrol, que tienen actuación en otros lotes, también participen de este fondo que va a beneficiar a toda la Amazonía peruana.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.

Tiene el uso de la palabra el congresista Pari Choquecota.

El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Muchas gracias, Presidenta.

La congresista Rosa Mavila me está pidiendo una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir la congresista Mavila León.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Colegas congresistas: Hay un principio del derecho ambiental, que se llama el principio de remediación, que establece que aquel agente económico que crea daños ambientales tiene la obligación de restituir a la comunidad a la que ha generado daños en su entorno natural el mismo habitad de circunstancia fáctica que era previo al daño ambiental.

Y a mí me parece que, en la literatura de este fondo, lo que se está planteando es que el dinero público —es decir, el dinero que aportamos todos los peruanos— constituye el resarcimiento del daño ambiental creado por instituciones de naturaleza privada.

Aquí se estaría yendo contra la lógica del principio de resarcimiento del daño, que implica que el agente económico que hizo la explotación de hidrocarburos tiene que

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tener para restablecer, al culminar su explotación, el contexto y el hábitat originario que tenía ese ambiente.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Pari, ¿le da la segunda interrupción?

Culmine, congresista Mavila.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— A mi juicio, ese acto de trasladar al Estado peruano y al erario público la capacidad de implementación de un fondo con la intención de proponer alternativas ambientales necesarias, como Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, está, en el fondo, en el presupuesto de que el obligado al resarcimiento de la remediación ambiental se escude en los fondos públicos del Estado, para que el Estado sea el que remedie, y no aquel que hizo la explotación y generó el contexto del daño ambiental.

Esto va contra el principio establecido de resarcimiento para aquel privado que generó el daño y que es el que debe sustituir las condiciones originarias ambientales en el lugar donde se verificó el daño.

Gracias, Presidenta; gracias, congresista Pari.

La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Muchas gracias, Presidenta.

Lo cierto es que existen más de cinco mil pasivos ambientales no asumidos y no abordados en el país. Son más de cinco mil pasivos ambientales los que irresponsablemente se dejaron ahí abandonados, y son las comunidades las que están pagando las consecuencias de estos pasivos.

Sin embargo, yo creo que hay que mirar las cosas con claridad. Por un lado se pretende formar un fondo, y por otro lado se trabaja con un doble estándar; porque se dice vamos a dar un fondo para favorecer a las comunidades campesinas que han sido dañadas, pero por otro lado le quitamos 30 millones a electrificación rural, le quitamos 20 millones al OEFA.

O sea, debilitamos el organismo de fiscalización en 20 millones y debilitamos el organismo que debería estar controlando y revisando que estos pasivos ambientales no se amplíen y no se generen.

Yo creo que no hay que trabajar con un doble estándar, sino hay que trabajar coherentemente. Si queremos superar el tema, tenemos que fortalecer los mecanismos de fiscalización y tenemos que fortalecer también los elementos que tienen que estar ligados a lo que implica la responsabilidad ambiental de las empresas, porque de lo contrario simplemente relajamos y las empresas aprovechan este tema para no asumir con responsabilidad ambiental los espacios territoriales donde están haciendo sus operaciones.

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Hay un principio básico: el que contamina paga. Esto no lo podemos dejar de lado. Las empresas de hidrocarburos que generaron pozos mal abandonados, suelos contaminados, afluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones y otros residuos están obligadas a pagar por estos pasivos.

¿O simplemente vamos a cerrar los ojos, de modo que estas empresas no tengan que pagar los pasivos, y va a ser el Estado el que siempre tenga que estar cargando con el problema?

El Estado no puede ni debe asumir las externalidades generadas por la inversión negligente, que en algunos casos es hasta dolosa e, incluso, intencional. El Estado no puede prestarse a eso.

Ciertamente, hay niveles de contaminación que son graves y son realmente protestados por las poblaciones nativas, y hay que abordarlos. Pero el MEF no puede estar planteando que esa plata tenga que salir de recursos que deberían ser dirigidos a las propias comunidades rurales.

Le van a quitar plata a Electrificación Rural. Así está en el artículo 4. Y en el párrafo 4.2 se autoriza al pliego del OEFA que, de manera excepcional, en el año fiscal transfiera a este fondo 20 millones. Estamos debilitando al OEFA. ¿Eso queremos? Entonces, yo creo que hay que manejar el tema con claridad.

Estamos de acuerdo con la creación del fondo. Sin embargo, consideramos que esto debe manejarse con mucha más inteligencia y que no sea el Estado el que termine pagando las irresponsabilidades de las empresas.

El Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental es diferente a las garantías financieras, y proponemos aquí que se respalde el cumplimiento de los instrumentos ambientales correspondientes.

En caso que el operador no cumpla la obligación de remediación, los gastos utilizados del fondo de contingencia serán cargados a la garantía otorgada por el operador, porque de lo contrario el operador simplemente se desaparece y el Estado va a tener que asumir. No. Eso tiene que estar cargado a la garantía financiera otorgada por el operador.

Creo que ese es un tema que tenemos que exigir, porque no podemos estar simplemente desvistiendo un santo para vestir a otro. Yo creo que tenemos que ser coherentes y manejar un solo estándar.

Yo creo, Presidenta, que estas normas, si bien tratan de resarcir algunos elementos que son fundamentales…

Me está pidiendo una interrupción la congresista Mavila.

—Reasume la Presidencia la señora Ana María Solórzano Flores.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista Mavila León.

La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Gracias, congresista Pari.

Parece ser que las empresas, cuando interponen medidas cautelares, lo que evidentemente logran es tiempo —¿no es cierto?— y oportunidad para retirarse sin resarcir los daños. Por tanto, una salida es la que plantea el congresista; es decir, que haya un fondo de garantía del que se eche mano para resarcir.

Pero creo que de fondo también está el tema de que las empresas tienen que resarcir el daño, y el Estado peruano tiene que tener una política de obligación automática de resarcimiento del daño, porque este es un fondo que siempre va a ser diminuto y se va a gastar. El resarcimiento es grande en explotaciones de larga duración.

Por eso, creo que aquí hay una política de resarcimiento de daños que debe imponerse a las empresas, y esta tiene que ir paralela a la explotación que hacen, porque las empresas no pueden depredar el ambiente e irse lavándose las manos, judicializar el tema…

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Pari.

El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Por eso es importante no debilitar al OEFA, por eso le decía que esta norma tiene un doble estándar: por un lado, tiene una intención que podemos decir que es buena, pues busca la remediación; y, por otro lado, debilitamos al OEFA y los organismos de fiscalización para que no se cumpla con las obligaciones de remediación.

¿Quiénes quieren que se debilite el OEFA? ¿Serán las empresas responsables, las empresas que trabajan con suma madurez y responsabilidad ambiental? Estas no, porque estas no tienen ningún problema.

Son precisamente las empresas que tienen mayores problemas en el manejo de los estándares ambientales las que están preocupadas, precisamente, en debilitar al OEFA. Este es un asunto en el que tenemos que tener claridad, porque los que trabajan responsablemente no se hacen ningún problema y asumen sus operaciones como lo deben hacer.

Creo que el Estado tiene que obligar a que el que contamina paga. Así tiene que ser, y tiene que obligar a cumplir con la remediación ambiental. Y si la empresa no asume la remediación, que se le eche mano, pues, a la garantía financiera, porque tiene que asumir su responsabilidad.

Yo creo que este es un tema muy interesante y debe profundizarse su debate. Más bien, yo pediría, como cuestión previa, que el proyecto pase a la Comisión del Ambiente, porque tiene que ver con el OEFA, tiene que ver con los mecanismos de fiscalización, y creo que eso ayudaría a pronunciarnos sobre el tema.

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Me parece que la idea, en términos de concepto, es muy interesante, pero hay que ver algunos elementos acerca de cómo se financia o cómo se gestiona este fondo. Hay que manejarlo con sumo cuidado.

Creo que las comunidades sí necesitan una respuesta, pero tampoco hay que estar desvistiendo un santo para vestir otro. No tenemos que estar quitándole plata a la electrificación rural, que es de las propias comunidades, para solucionar los problemas ambientales.

Yo pido, como cuestión previa, que esto regrese a comisión, porque no queremos que el tema se archive, sino que más bien se profundice el debate y se trate en otro momento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Me ha pedido las dos interrupciones el congresista Rolando Reátegui, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de las dos interrupciones, congresista Reátegui Flores.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Gracias, Presidenta; gracias, congresista Luz Salgado.

No se trata acá de que no se va a cumplir con los nativos de estas cuencas. Definitivamente, de eso no se trata, porque la Ley de Presupuesto y la Ley de Equilibrio dicen que no se puede crear este fondo, pero sí se puede transferir partidas, porque lo que se está haciendo es crear algo sacando de dos unidades ejecutoras y llevar la plata hacia un fondo que ya existe.

Se tiene que transferir. Lo otro es mentir incluso a las propias comunidades que están siendo afectadas por estos derrames petroleros que vienen desde el año 1970, cuando estaba el presidente Juan Velasco Alvarado.

Simplemente ha venido inversión petrolera y ha contaminado tremendamente la Amazonía peruana, donde hay unos pasivos ambientales tremendos.

Entonces, ¿voy a crear un fondo para no gastar? ¿Y por qué no utilizan la misma Ley marco de financiamiento de la Ley 28808, Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental y modificatorias? Ahí se dice con claridad meridiana el procedimiento para crear emergencias y cómo se debe hacer para remediar estos pasivos ambientales.

Por tanto, no necesitas una ley, no necesitas esto. Lo que estamos diciendo es que no es necesaria esta ley, ya que con un simple decreto supremo se puede transferir

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las partidas para los fondos que ya existen; y al crear este fondo que ya existe, ya pueden gastar el dinero.

Eso es simple, porque no se trata de que las empresas quieran cumplir o no quieran cumplir. No es nada de esto, sino es, simplemente, que el Estado puede cumplir con las transferencias de fondos y se acabó el problema.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Sí, Presidenta, definitivamente estamos preocupados por los pueblos que ha mencionado la congresista Marisol Pérez Tello, que están tomando agua contaminada, que están propensos a diferentes enfermedades y que han venido reclamando durante varias gestiones, y no se han tomado acciones. Les han prometido, y no han cumplido.

Entonces, la única esperanza que encuentran es que se saque a través de una ley, pero no podemos sacar una ley a la loca, porque no se ve que realmente hay diferentes artículos que traen consecuencias.

Lo han manifestado diferentes congresistas, y yo no voy a redundar sobre el hecho de que, ciertamente, se está sacando 30 millones de la Dirección de Electrificación Rural y 20 millones del OEFA.

Esto quiere decir que reducen los recursos para la electrificación rural, que casualmente tiene que resolver los problemas de electrificación en los lugares de extrema pobreza, y dejan al OEFA sin recursos para poder fiscalizar.

Entonces, señora Presidenta, creo que la responsabilidad del Estado está allí, ya que, definitivamente, si se toma la decisión política de destinar los 50 millones o más para poder paliar todos los problemas que tienen estas poblaciones en la zona del oriente, bastaría —como ha dicho el congresista Rolando Reátegui— con un decreto supremo.

Si ya existen los fondos, ¿para qué crear otro fondo adicional? Esto sería más burocracia, que luego se va a empantanar en nombrar asesores, en nombrar secretarías; y lo que debería ir para ejecutarse en proyectos se va en administración.

Si existe ya el fondo, señora Presidenta, debería utilizarse este, y bastaría con la decisión política de decir aquí están los 50 millones, yo los entrego al fondo para que puedan ejecutarse de una vez los proyectos en búsqueda de solucionar los cientos de problemas que va a tener esa población y que tienen otras poblaciones.

Es por eso que esto tiene que ser estudiado como parte de una política pública integral, que se pueda ver también en un presupuesto, lo que espero que sea debatido en el Congreso, señora Presidenta.

Gracias.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Coa Aguilar.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidenta: Estamos de acuerdo en varias de las observaciones y varias de las apreciaciones que se están haciendo, con mucho criterio, en torno a este tema, el cual tiene que atender un problema concreto, un problema urgente, un problema que está presente en este momento en nuestra Amazonía y, particularmente, en las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

Como han señalado ya algunos colegas congresistas, se ha convenido con las comunidades nativas a efectos de ver cómo hacemos para atenderlas y qué es los que el Estado debe hacer para atender esos pasivos ambientales que los viejos mecanismos y estrategias de explotación de hidrocarburos han dejado en nuestra Amazonía.

Como consecuencia de esta vieja actividad del petróleo, Pluspetrol, que ha sido la que ha entrado en operaciones a partir de 2002-2003, viene asumiendo con estas comunidades nativas una confrontación que lo que está haciendo es llevarlos a un callejón sin salida.

Entonces, señora Presidenta, los gobiernos estamos también comprometidos a asumir y evaluar alternativas de solución inmediatas. Por ello, estamos de acuerdo con esa perspectiva de que quien contamina paga. Pero este es un problema estructural, este es un problema que viene de atrás.

Hay propuestas ideales, como aquella que se está mencionando en la cuenca del Tambo, en la que se exige que la operadora minera haga todos los esfuerzos a efectos de reducir en todo lo posible su impacto negativo en una cuenta agrícola de cientos de años, desalinizando las aguas del mar mediante una tecnología que hace diez o quince años atrás era bastante difícil que se implemente en nuestro país.

También las tecnologías de explotación de los hidrocarburos van cambiando, van mejorando. Antes se permitía que el agua y la lava sean expulsadas al contorno de las operaciones, contaminando ríos, bosques, etcétera. Ese es el pasivo que hemos heredado, ese es el pasivo ambiental que en este momento tenemos y al cual el gobierno tiene que prestar atención, señora Presidenta.

Seguramente, mañana las nuevas operadoras en estos pozos implementarán tecnologías de reinyección, etcétera, lo que con seguridad tendrá menos impacto.

Por ello, estamos en que acá hay un poco de objetividad, un poco de criterio y de sentido común, por lo que invocamos a escuchar lo que han ido proponiendo los apus de las comunidades nativas para dar solución a estos problemas.

El Estado tiene que atender y tiene que tener un fondo en este momento para empezar con la remediación ambiental, por ejemplo, en el tema de los problemas presentes en Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

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Este fondo de 50 millones será una suerte de capital inicial para activar un primer impulso en el tratamiento y la remediación de estos pasivos.

El congresista Angulo me está solicitando una interrupción, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, congresista Coa.

Yo creo que en este caso deberíamos emplear una lógica elemental. Los gobiernos locales, distritales, provinciales, el gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas, el de Salud, el de Educación, el del Ambiente ¿han sido capaces hasta ahora en prevenir los desastres ambientales? No han sido capaces.

Un desastre ambiental no se presenta —como decía el congresista Reátegui cuando contaba acerca del mercurio en Cajamarca—, sino se va generando poco a poco, y después de diez o quince años se ve el problema.

O sea, hay que detectar antes, hay que prevenir, y no va a ser posible ello creando un nuevo organismo. Tenemos cinco mil pasivos ambientales. Se gasta 25 millones en administración, en ir a ver qué es lo que va a pasar y todo lo demás. Con 25 millones...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— ¿Le otorga la segunda interrupción, congresista Coa? ¿A quién la otorga usted, congresista?

El señor COA AGUILAR (NGP).— Disculpe, colega Angulo, pero me la ha solicitado la congresista Coari.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para la congresista Coari Mamani.

La señora COARI MAMANI (GPDD).— Gracias, congresista Rubén Coa.

Para nosotros, este proyecto es importante y es lo que los pueblos esperan, ya que realmente podría darles al menos alguna facilidad. Esto ya lo hemos discutido en la Comisión de Pueblos Andinos.

Sin embargo, creo que se debe tomar en cuenta no solamente el pasivo ambiental en la zona amazónica, sino también en la sierra peruana, donde se necesita ver este problema del pasivo ambiental.

Por lo tanto, pido que se tome en cuenta que en la región de Puno también tenemos pasivo ambiental y, por lo tanto, no se debe dejar de lado, porque a todos tenemos que abarcar y tomar en cuenta a los distintos pueblos en este Pleno.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— Gracias, Presidenta.

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Efectivamente, cuando se discute y debate en los foros, en los espacios correspondientes y en el propio Congreso estos temas de cómo hacer unas industrias extractivas más amigables con el medio ambiente, que no se contrapongan de manera totalmente irreconciliable con la agricultura, etcétera, hay la necesidad de evaluar todas las posibilidades, todas las estrategias y mecanismos que permitan el fortalecimiento de una industria extractiva sostenible, con enfoques de sostenibilidad.

Y, efectivamente, estamos de acuerdo con lo que han ido proponiendo varios colegas, y ya llegará el momento en el que también estos enfoques y estas perspectivas tengan que ser incorporadas en las actividades mineras. Pero ahora estamos hablando concretamente de una estrategia que tiene que atender un problema concreto en el sector de hidrocarburos...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— ...para remediación ambiental que se propone crear, señora Presidenta, solo será utilizado como capital inicial.

Esto es importante resaltarlo, a fin de implementar acciones de remediación ambiental en los casos en que los titulares de las actividades de hidrocarburos responsables no cumplan con su obligación de remediar los impactos ambientales. Eso está clarísimo.

La primera responsabilidad de llevar adelante la remediación de los pasivos es de los titulares. Eso es clarísimo. Y, por tratarse de asuntos de contingencias urgentes, señora Presidenta, este fondo de 50 millones —que son fondos públicos, como ha sido señalado— va a correr a cuenta del Ministerio de Energía y Minas y del OEFA, con saldos de balance...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para culminar, congresista Coa.

El señor COA AGUILAR (NGP).— En consecuencia, señora Presidenta, invocamos que, haciendo un esfuerzo de entender estas urgencias que se presentan en la gestión del desarrollo y haciendo eco de lo que se ha ido acordando con estas cuencas de Loreto en actas suscritas el 1 de abril de 2014, la Representación Nacional respalde la iniciativa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dammert Ego Aguirre.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señora Presidenta: Yo he sentido que este debate está con algunas ausencias serias en el planteamiento.

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Si bien es parte de una necesidad, se reconoce —lo que no está mal, sino está muy bien— la exigencia de los pueblos amazónicos que durante los últimos años han sido realmente saqueados.

Esa zona particular es la del Lote 1AB-192, donde está Pluspetrol, donde estuvo la Occidental, donde está el 25% de la reserva del petróleo del Perú.

Ahí hay riqueza, y en medio de esa riqueza han contaminado los ríos, les han quitado la comida de la pesca a los habitantes del área, y los han empobrecido. En medio de esa riqueza dada a todo el Perú, han generado mayor pobreza.

Pero no se está hablando de que creó la riqueza, no se está hablando de la empresa. Se está hablando exclusivamente de remediar a los pobres. ¿Y qué Estado es este que, para hacer un fondo de remediación, le quita electricidad rural a las zonas más pobres del Perú? Falta poco para que le quite recursos a los programas de tuberculosis para hacer la remediación ambiental.

¡Qué vergüenza da esta propuesta, señora Presidenta! Es presentada por el Poder Ejecutivo, que tiene 30 mil millones de dólares guardados en la caja, ¿y no puede poner para una remediación ambiental sin tener que quitar a la electrificación rural? La electrificación rural es uno de los puntos más sensibles y débiles en el desarrollo de las poblaciones agrarias del Perú.

Qué vergüenza da el que se plantee así, y qué vergüenza da el tratar de poner el tema del fondo para desviarlo del problema real, para desviar a la población de lo que es el problema real.

Yo creo que está bien el tema del fondo, pero está mal planteado, porque el tema del fondo no es de la población, el tema del fondo es de la empresa que se ha enriquecido y que ahora quiere prorrogar ese contrato.

El tema del fondo es que en este momento está en debate en el país si es que el regreso del lote 192 es para ser adjudicado directamente a Petroperú, y que este convoque a socios internacionales, o es para prorrogarle a la empresa Pluspetrol. Y le quieren limpiar la carga financiera a la empresa Pluspetrol para que pueda prorrogarse.

Eso está visto en el país, eso es lo que está hablándose, eso es lo que se está diciendo, eso es lo que está ocurriendo.

Me van a decir que el Estado se hace cargo de los fondos para remediar, y sacan platita de un lado y de otro, y tratan de ver cómo neutralizan a la población para que el resto del Perú se olvide del tema.

Pero el tema está claro: Pluspetrol no puede seguir con ese lote, porque ¿qué hacía Pluspetrol cuando malograba toda una cocha y tenía que pagar la multa? Decía que no había problema. ¿Y cómo remediaba la contaminación? Secaba lagos, secaba la laguna, la desaparecía. Eso es lo que ha estado haciendo Pluspetrol.

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Pluspetrol, con estas condiciones, debe ser sancionada con que de ninguna manera pueda seguir en ese lote por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha dejado de pagar, por todas estas ignominias de decir vamos a ir al Poder Judicial eternamente y nunca pagamos nada; y no va a pagar eso que está debiendo porque no hay mecanismo para que lo pague.

Entonces, el Estado va a sacar la plata para hacer una remediación trucha, chiquita, pequeña; y Pluspetrol va a seguir porque va a decir que nos vamos a quedar sin petróleo.

Cuando estuve, por los años 80, en la Cámara de Diputados, recuerdo que la Occidental vino a hacernos un truco similar, y nos dijo: necesitamos inversión, vamos a invertir en la Amazonía, pero requerimos un crédito tributario para explotación y exploración. Y los diputados estábamos contentos. Muy bien, que se invierta.

Pero un especialista nos dijo: ¿ustedes están locos o son zonzos? La exploración es una inversión de riesgo porque no se sabe si hay petróleo; pero en la explotación no hay inversión de riesgo; y el crédito tributario es para el riesgo, no para donde no hay riesgo.

Y me lo explicaron, como a muchos, y yo le dije a un ministro que le estaba dando granjerías a la empresa petrolera. Entonces, me sancionaron y me votaron 15 días del Congreso, pero yo no retiré la palabra granjería porque realmente era una granjería.

Y esto, señora Presidenta, es una granjería mal hecha, mal planteada, a favor de una empresa, que es la empresa Pluspetrol.

Yo no digo que sea mal tener el fondo para remediación ambiental, yo no digo que esté mal lo que ha planteado el Ministerio del Ambiente, sino creo que está mal planteado porque la propuesta es incompleta, porque es como el caso de dar beneficios para explotación y exploración. Para explotación no corresponde dar beneficios; para exploración, sí.

En este caso, lo que debe hacerse es plantear medidas concretas. ¿Qué medidas? Por ejemplo, que el Lote 192 retorne a Petroperú de una vez y que todas las deudas de esa empresa tienen que ser canceladas como tales; asimismo, plantear que para la remediación ambiental se va a poner, en la inversión que viene, un derecho al...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo para que concluya, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— …se va a poner un derecho que va a ser dado a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a las poblaciones indígenas a lo largo del periodo de explotación, y que el inversionista

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va a tener que aportar para ese fondo, al igual que el Estado, que también va a tener que aportar a ese fondo.

¿Qué están pidiendo las poblaciones indígenas del área? Eso es lo que están pidiendo. ¿Y por qué eso no está puesto, por qué eso no está incorporado? Ese es un planteamiento central de las poblaciones indígenas amazónicas del área porque saben que el resto es truco, es fufuya, para después decir que ya pasó a la historia, ya se hizo el contrato nuevamente por 20 años, y después veremos qué pasa en los diversos reclamos que se pierden.

También se debería plantear que haya un fondo permanente del Estado, y que ese fondo permanente sea un porcentaje de canon o un porcentaje de un impuesto y que esté destinado a garantizar las permanentemente actividades de manejo sostenible del ambiente.

Debe plantearse también mecanismos de sanción a las empresas, sea el propio Estado, vía Petroperú, o sea una empresa privada. Las sanciones no son simplemente para ver cómo las van negociando, las sanciones son porque comprometen recursos desde la inversión.

Acaso no es cierto, señora Presidenta...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— ...los créditos bancarios otorgados a empresas que invierten en operaciones extractivas. Todos los bancos tienen garantías obligatorias al que pide el crédito, de modo que, si la empresa comete acciones contra el medio ambiente, el banco mismo la obliga a pagar del crédito que le da. Los financistas vienen con plata de otro, vienen con plata de los bancos.

Entonces, hay que poner una cláusula por la cual esas acciones de remediación ambiental salgan de la inversión que obtienen del propio financiamiento, y así está garantizado.

Así ocurre en todas partes del mundo, porque los propios bancos obligan a sus clientes a tener que pagar. Esa es una norma del Banco Mundial, es una norma actual del sistema internacional del crédito. ¿Y por qué no se pone en el Perú? ¿Por qué no se plantea para este caso?

Hay medidas concretas y prácticas muy efectivas y muy adecuadas que permitirían solucionar este problema a través de este proyecto de ley, que tiene un buen punto de partida para solucionar un problema real.

Por eso, yo concuerdo con la propuesta que ha hecho el congresista Pari: que esto regrese a la comisión y que, más bien, sea una oportunidad, ante el pedido de los pueblos amazónicos, ante el planteamiento del propio Ministerio del Ambiente y la propuesta que se hace del fondo...

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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresistas Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Me piden una interrupción, antes de terminar.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vaya culminando, congresista Dammert.

Tiene un minuto, congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, Presidenta.

Yo quiero decirles que comprendemos lo que pasa en las comunidades. Por ejemplo, en La Libertad tenemos el río Moche contaminado; el río Santa también está contaminado; el río Chicama, contaminado; la laguna El Toro, contaminada; arriba, en Pataz, Piás, contaminado; el río Marañón está contaminado también.

O sea, no es un asunto de decir bueno, no hagamos las cosas, sino hagámoslas bien. Con 50 millones y con otro organismo no vamos a hacer absolutamente nada. Pongamos más multas, evitemos que sigan contaminando.

En el puerto de Chichama, por ejemplo, hay doce fábricas de harina de pescado que botan toda su basura y todos sus excrementos al mar. Entonces, una playa hermosísima, una playa que tenía la ola más grande del mundo para que los tablistas puedan correrla y podamos atraer a más turistas, está contaminada.

Ahora hay que parar esa contaminación...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Para terminar, señora Presidenta.

Disculpe, se acabó el tiempo.

Yo quisiera señalar que este tema está vinculado con un tema que hemos planteado hace unos momentos: que es que, justamente, el Lote 3 y el Lote 4 de Talara significaban la posibilidad de que Petroperú entre a participar activamente con un 25%, y eso le abría la puerta para el Lote 192.

Lo que está ocurriendo con los lotes de Talara es que se impide que Petroperú participe en el Lote 192 para solucionar parte de este problema; y no con el dinero de uno u otro de los ciudadanos, sino con una política distinta, una política que suponga plantear otra manera de entender los derechos de los pueblos amazónicos, de entender la responsabilidad de las empresas públicas y privadas que están en la explotación de un recurso como el petróleo.

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Se tiene una inmensa posibilidad de financiamiento para tener el 25% del petróleo nacional, que en la Amazonía va a crecer, pues toda el área la extracción de petróleo va a tener un boom en los próximos diez años.

Eso es conocido, porque ahora se maneja mejor el crudo y ahora va a haber la posibilidad de que se pueda actualizar mejor la realización del oleoducto y la refinería…

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— …y pueda tener viabilidad.

Planteo que la propuesta regrese a la Comisión para que, con los criterios y los esfuerzos que están haciendo todos los congresistas, se atienda al buen sentido de responder a la exigencia de los pueblos amazónicos y a la necesidad del Perú en cuanto a su petróleo.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Pariona Galindo, como último orador.

El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Gracias, señora Presidenta.

Recién estoy escuchando a todos mis colegas que han hecho uso de la palabra, y hay una preocupación con respecto a que este tema hubiera tenido que ser mejor trabajado, mejor estudiado. Eso lo lamento, de verdad…

Me pide una interrupción la congresista Verónika Mendoza, señora Presidenta, si usted lo permite.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Está en el rol de oradores la congresista Verónika Mendoza.

Prosiga, congresista Pariona.

El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Gracias, señora Presidenta.

Lo que yo quería señalar es que eso hubiera sido trabajado, tal vez, en la Comisión de Pueblos Andinos. Yo lo lamento, porque lo que viene pasando también ocurrió con otros proyectos que se han dictaminado en otra comisión, la que realmente no es para discutir los temas ambientales.

Los que hemos ido a provincias y nos hemos constituido en Tarapoto, al igual que los colegas miembros de la Comisión, hemos encontrado a las familias preocupadas por el tema de la salud cuando se dio el derrame. Por ello, es evidente que hay contaminación.

Nadie está en contra del fondo, nadie está contradiciendo el tema del fondo. Lo que sí tiene que ser mejor trabajado es el procedimiento.

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Considero que, al margen de la preocupación de todos, señora Presidenta, realmente aquí sí se tiene que ver muchas cosas.

Espero que mis colegas puedan, en todo caso, ayudar a que realmente esto sea mejor trabajado. Yo estoy muy preocupado. Soy uno de los miembros y, esta vez, Presidente de la Comisión de Pueblos Amazónicos.

Cuando visité Tarapoto, encontré que este pedido de remediar es el pedido y la iniciativa de los mismos comuneros o de las mismas comunidades indígenas como producto del paro, de la manifestación que hubo.

Entonces, ni siquiera es iniciativa del gobierno, sino es una preocupación de la misma población. Por lo tanto, aquí no se puede decir que esta es una iniciativa del gobierno.

Pero sí hay que ver de qué forma nosotros podemos aprobar esta propuesta.

No veo algunas cosas, señora Presidenta, referidas a la garantía ni en cuanto al fondo específico que se quiere precisar. Estoy de acuerdo con que se quiera remediar, pero no estoy de acuerdo en el tema procedimental.

Si a nosotros, como comisión, nos hubieran encargado hacer este trabajo, creo que no estaríamos discutiendo así ahora.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra la congresista Verónika Mendoza Frisch.

La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Gracias, señora Presidenta.

Para empezar, quisiera suscribir lo que ha planteado el congresista Dammert aquí, en el sentido de que una empresa que está demostrando que no tiene voluntad de respetar las normas ambientales y que judicializa las sanciones y las multas que le impone —legítima y justamente— el organismo de fiscalización ambiental no merece continuar explotando este lote tan importante para el desarrollo del país.

Y ojalá que este gobierno realmente cumpla con su ofrecimiento de fortalecer Petroperú y permita que esta empresa pública, que es de todos los peruanos, pueda ingresar a la explotación de ese lote.

Sin embargo, yo quisiera centrarme, señora Presidenta, en lo que está causando preocupación a algunos colegas congresistas, creo yo, de manera legítima.

Pareciera que el Estado está asumiendo una responsabilidad que claramente le compete a la empresa, porque han sido sucesivas empresas las que han contaminado y no han remediado oportunamente.

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El actual operador tiene que asumir su propia responsabilidad y las responsabilidades de empresas que explotaron anteriormente, porque así lo asumió en su contrato, señora Presidenta.

Sin embargo, es importante precisar que en este proyecto de ley de ninguna manera se exime de responsabilidad a la empresa, pues está claramente establecido que le corresponde a la empresa la remediación.

Ante este escenario —en el cual la empresa ha judicializado los informes del OEFA, ha judicializado los planes en los cuales se le exige que remedie integralmente—, ante la urgencia por el hecho de que ya concluye el contrato de concesión de este lote y de que hay una licitación que está prácticamente en curso para que se cambie de operador en agosto de 2016, ante esa situación de emergencia —que incluye además el hecho de que los pueblos indígenas están en un ambiente contaminado—, el Estado está planteando de manera excepcional este fondo de contingencia para la remediación, lo que, repito, no exime de responsabilidad a la empresa.

Además, se plantea clarísimamente que el Estado va a cobrarle a la empresa lo que corresponde y que con lo que pueda recuperar se va a retribuir a quienes pusieron el dinero para este fondo.

Esto lo dice claramente el artículo 6, donde se señala que la transferencia de recursos al Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental autoriza al Minem y al OEFA a cobrar a la empresa responsable, a través de cobranza coactiva, para recuperar ese dinero, para que sea devuelto al Estado. Entonces, no se exime de responsabilidad a la empresa ni se regala el dinero de los peruanos. Este tiene que recuperarse.

Finalmente, estamos preocupados por el debilitamiento del OEFA, tanto en términos normativos como presupuestales, debido a empresas que no quieren pagar las multas y las judicializa, debido a empresas que no quieren pagar el aporte por regulación y lo judicializan y lo llevan al Indecopi, lo cual pone en riesgo el 80% de su presupuesto...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Mendoza.

La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Me pide una interrupción el congresista Angulo, Presidenta, si usted lo permite.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, congresista Verónika Mendoza.

Si el Estado no tiene la capacidad de evitar que ensucie, de evitar que contamine, ni tiene la capacidad de cobrarle una multa, ¿va a tener la capacidad de cobrarle cuando la empresa ya terminó, cuando la empresa ya se fue? Eso es absurdo.

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Jamás va a hacer eso. Lo que va a pasar es que la empresa se irá y nosotros somos los que vamos a pagar.

Hay que prevenir. Lo importante es la prevención, no la restitución por el daño causado.

Gracias, congresista.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Mendoza.

La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Sí, Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el congresista Angulo.

En adelante, nunca más el Estado peruano debe permitir que lleguemos a situaciones como esta. Por eso, es importante el fortalecimiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Y en esa línea va también lo que se está planteado en la disposición complementaria final de este proyecto, para que —dice aquí— pueda aplicarse a todos los procesos judiciales que se encuentren en trámite el hecho de que OEFA pueda ejercer una ejecución coactiva con la finalidad de recuperar los fondos de esas multas.

Justamente, Presidenta, este proyecto también tiene este complemento, el de fortalecer al OEFA para garantizar su adecuado funcionamiento y evitar que en adelante hechos como estos se sigan produciendo.

Finalmente, quiero hacer recordar que este proyecto de ley es resultado de un acuerdo entre la Presidencia del Consejo de Ministro, todos los ministros, y los pueblos indígenas de las cuatro federaciones: Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

El no implementarlo lo más rápidamente posible nos pone en el riesgo de una convulsión social en medio de un proceso de licitación que tiene que hacerse lo más pronto posible...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Como última participación, tiene el uso de la palabra la congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Muy puntual, Presidenta.

Solamente para solicitarle al Presidente de la Comisión que revise la redacción del artículo 3.1, porque lamentablemente se está hablando del titular de la actividad de hidrocarburos dentro del texto del artículo, pero después se habla del operador responsable.

Yo le plantearía, en todo caso, un texto en el cual se hable siempre del operador responsable, lo que no cambia la finalidad del artículo, pero sí uniformiza el tema de la técnica legislativa, simplemente.

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Lo siguiente, Presidenta, es sumarme a lo que ha dicho la congresista Verónika Mendoza. Acá no se está eludiendo la responsabilidad de la empresa. Acá lo que se está diciendo es que el pueblo sigue contaminado mientras la empresa y el Estado discuten quién es el responsable. Entonces, se propone que esa situación se remedie, se aplique el fondo y después síguete peleando; resuélveme el problema de los niños que toman el agua contaminada y demás, y después síguete peleando.

Por otro lado, Presidenta, sí coincido con la preocupación con respecto a de dónde provienen los fondos, pero es algo que podemos subsanar con la asignación de presupuestos. Se refiere a saldo de balance. No hay proyectos en ejecución en estos momentos, y sí hay que comprometernos todos a que no se perjudique a las miles de poblaciones que necesitan terminar con el tema de la electrificación rural. Yo coincido absolutamente con esa preocupación. Pero no se oponen, sino atienden las mismas necesidades.

Asimismo, Presidenta, quiero plantear una cuestión previa para que se vote por separado el proyecto de ley en su conjunto y el aspecto que no tiene que ver con el proyecto de ley, que no tiene que ver con la creación del fondo, sino que tiene que ver con el tema del artículo 20-A y de la contracautela.

Esto puede discutirse, en todo caso, en un proyecto por separado o en un momento distinto, y no poner en riesgo —por las posiciones que hemos escuchado, que podemos o no compartir, en cuanto a la seguridad jurídica de los procesos en marcha o a la inconstitucionalidad de la norma— la aprobación de una ley que necesitamos para que el lote 1AB pueda ir a una licitación y para que los pueblos encuentren respuestas a sus demandas.

Entonces, planteo la cuestión de orden en ese sentido. Y planteo una modificación adicional.

Tiene razón el congresista Reátegui cuando dice que hay prohibición de que se creen fondos. Esto lo dice el artículo 62 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: “62-1, queda prohibida la creación o existencia de fondos y otros”.

Además, la Ley 30099, de Fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, dice que está expresamente prohibida la creación o existencia de fondos u otros.

Sin embargo, como una ley puede ser modificada por otra, planteo que se incorpore una disposición complementaria final —cuyo texto, conjuntamente con el de técnica legislativa, voy a hacerle llegar— que señale que la creación del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental está exceptuado de lo dispuesto en el párrafo 62.1 del artículo 62 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y del artículo 22 de la Ley 30099, Ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, con lo cual se superaría el impase que correctamente señaló el congresista.

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Y también podríamos animar a los congresistas —como el congresista Belaunde, que está defendiendo la seguridad jurídica con razón— a que respalden este fondo de contingencia que, es verdad...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Sí, continúe, congresista Pérez Tello.

La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— ...la voluntad del Estado para que se asigne y se remedie. Pero ya esa voluntad no tiene la confianza de los pueblos, porque viene siendo señalada en el discurso desde hace muchos años, pero que no tiene una concreción material, que es lo que esta ley representa.

Por eso es que adelanto nuestra posición a favor de la norma y que, en todo caso, el voto sea libre en el tema de la disposición final. Haré llegar ambas sugerencias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Bueno, no habiendo más oradores...

Como último orador, el congresista Guevara Amasifuen tiene el uso de la palabra.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Gracias, Presidenta.

En primer lugar, quiero empezar mi participación expresando mi más sincera solidaridad con los pueblos de la selva y de la sierra peruanas, que han sido impactados de manera negativa por diversas actividades extractivas.

Asimismo, quiero dar a conocer al pueblo peruano mi profunda preocupación no solamente por ese tema de manera específica, sino también por lo que significan aquellos impactos negativos que vienen sufriendo los pueblos y nuestra madre naturaleza en la costa, en la sierra y en la selva.

En ese contexto, señora Presidenta, considero que este tipo de fondos con el objetivo de hacer una remediación ambiental constituye un parche dentro de un cuerpo esquilmado, dentro de un cuerpo que ha sido vapuleado, dentro de un cuerpo que sigue siendo dramáticamente saqueado.

Hay diversas actividades extractivas que lamentablemente han herido y siguen hiriendo a lo que es nuestra madre tierra.

En mi región, Cajamarca, señora Presidenta, específicamente en la provincia de Hualgayoc, desde la época colonial hasta hoy tenemos pasivos ambientales, hasta hoy somos testigos de cómo el río Llaucano ha sido contaminado, ante la indiferencia y la indolencia de ciertas actividades y personas, fundamentalmente, que no han tenido el más mínimo reparo de contaminarlo.

Y ahora se pretende crear este fondo para el Alto Amazonas o la región Loreto para remediar diversas zonas que han sido impactadas por la explotación de hidrocarburos.

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Entonces, señora Presidenta, la primera pregunta que de manera seria y responsable nos debemos hacer es por qué esto no se carga a los activos y a los inventarios de la empresa que ha generado toda esta contaminación, todo este pasivo; por qué no se carga como una responsabilidad social que ella debe manejar.

Se dice acá que el fondo se va a crear a través de multas. Sin embargo, no nos dice si esas multas van a hacerse efectivas de manera concreta y de manera real, y cuál sería el mecanismo para canalizar esas multas.

Por otro lado, se dice que van a crear el fondo con 50 millones de soles. ¿Y por qué no 100 millones, por qué no 200 millones? ¿Cómo se ha determinado que sea esa cantidad? Esta es otra pregunta que el señor Presidente de la Comisión de Presupuesto debería de respondernos, señora Presidenta.

Por eso, es importante que hoy lleguemos a un consenso y a una reflexión, y que en ese consenso y esa reflexión se diga que debemos manejar de manera integral la reforma de la actividad extractiva en nuestro país.

No estoy de acuerdo con aquellas posiciones que son antis, pero sí es necesario que busquemos los mecanismos necesarios para regular de manera efectiva la actividad minera y la actividad de hidrocarburos.

Lamentablemente, en estos tres años y pico que tenemos como congresistas, si alguna autocrítica tenemos que hacernos, es la que nos dice que no hemos sido capaces de ponerle el cascabel al gato; es decir, de reformular el modelo de la actividad de los hidrocarburos y de la actividad minera, en la que tenga que verse desde la exploración hasta la explotación, y también lo que significan las remediaciones ambientales.

Asimismo, debe ser un enfoque que tenga que ver con el cierre de minas, que tenga que ver con el cierre de los pozos petroleros, que tenga que ver con el impacto negativo, que tenga que ver con una evaluación social que, desde el punto de vista de un proyecto de inversión, se conoce como externalidades.

Es decir, se debe analizar si se ha hecho o no el análisis de la externalidad para saber si es negativa a través de los precios de cuenca o precios sociales, como se conoce, señora Presidenta, desde el punto de vista de la rentabilidad social.

Lamentablemente, estas propuestas, que solamente sirven para darles un pequeño caramelo a nuestros hermanos indígenas que han sido impactados, no van a ser la gran solución para bloquear, de una vez por todas, a aquellas personas codiciosas que únicamente ven al Perú como un botín.

Mi solidaridad con los hermanos la Amazonía, señora Presidenta.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No habiendo más oradores...

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Primero, el congresista Justiniano Apaza; luego, el congresista Sarmiento.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (GPDD).— Gracias, señora Presidenta.

Indudablemente, este es un tema muy importante y trascendental para la Amazonía, fundamentalmente.

Estamos sumamente preocupados por esta situación. Y a veces me pregunto por qué el Estado o el pueblo peruano tiene que tener estos fondos, por qué no se ejecutan las cartas de garantía que deben hacer las empresas, por qué no se hace un fidecomiso. Pero siempre apuntamos a que el pueblo y el Estado tienen que pagar.

Son 50 millones, y supongamos que haya 50 empresas que en un momento dado colapsen todas. Sería un millón de soles para cada caso. ¿Con un millón de soles se va a reparar los daños y perjuicios que tienen esas comunidades? Yo no creo.

En esa misma línea, debo denunciar ante el país que en este momento Arequipa viene atravesando un problema muy grave, que es el de Tía María. Se viene sosteniendo continuos diálogos en forma lírica, en forma de promesa.

El día de hoy hemos sido informados de que mañana van a hacer una exposición, señora Presidenta, sobre las bondades que va a dar la minería, olvidándonos de las bondades que puede dar la agricultura; pero no lo van a hacer en el lugar donde debería hacerse, donde hay el conflicto, con la participación directa de los actores, de los que tienen que ver con la solución de los problemas, que son los alcaldes últimamente elegidos y respaldados por casi un 80%.

Sin embargo, se va a hacer la exposición en el Cerro Juli, donde nadie va a participar. Entonces, ¿dónde se va a solucionar el problema? ¿Por qué no confrontamos, de una vez por todas, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, este debate?

En este sentido, invocamos a vuestra Presidencia para que interponga sus buenos oficios para que esta comisión vaya a solucionar el problema in situ, en Cocachacra, en Tambo, en Islay, y no vaya a la ciudad de Arequipa, donde no hay conflicto.

Entonces, en esa línea, señora Presidenta y colegas, debemos insistir en que el país quiere estabilidad, pero no estabilidad con conflictos, donde se quiere imponer verticalmente una mina donde la población no la acepta.

Por otra parte, de la horizontalidad con que se ha pregonado antes, de decir la mina no y la agricultura sí, hoy día estamos llegando a una controversia que el pueblo no entiende.

Entonces, la única manera de recuperar algo es que esta mesa de trabajo vaya al lugar donde está el conflicto, y no se reúna en un sitio donde nada tiene que hacer.

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Se propuso que sea en una universidad, pero el problema no es de universitarios. Ahora dicen que se haga la reunión en el cerro Juli, que es un sitio lejano...

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para finalizar, tiene el uso de la palabra el congresista Sarmiento Betancourt.

El señor SARMIENTO BETANCOURT (GPFP).— Gracias, Presidenta.

En la misma línea, también vemos con preocupación el tema de la remediación del medio ambiente; es decir, el problema que hay entre el medio ambiente y las empresas de hidrocarburos y las empresas mineras.

Además, como lo ha dicho el congresista Angulo, también tenemos el caso del sector pesquero, pero en el sector pesquero ya está regulado, y no se hace la cobranza.

Considero que debería eliminarse la disposición complementaria final, que dice:

“Ejecutoriedad de las resoluciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

El artículo 20-A de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, incorporado mediante Ley 30011, es aplicable a todos los procesos judiciales que a la fecha se encuentren en trámite, en los que se haya impugnado una resolución de sanción de multa del OEFA.”

Aquí hay la presunción de inocencia, y ya se le está dando una sentencia; o sea, se le está diciendo que ya no hay la presunción de inocencia, sino se le está diciendo que ya es culpable a la hora de cobrarle la multa. Entonces, yo creo que estamos en esta disposición complementaria vulnerando la Constitución.

Además, no se puede en estos momentos hacer la transferencia del dinero que se le va a quitar a la Dirección General de Electrificación Rural. Se dice “que dicho pliego previamente incorpora en su presupuesto institucional”.

En estos momentos estamos en un porcentaje muy bajo de electrificación rural. Nosotros, que hemos estado en la Comisión de Energía y Minas, recibimos el reclamo de los pueblos alejados, donde hay que llevar la energía eléctrica 20 o 30 kilómetros.

Ahí, donde la tarifa se triplica o cuadruplica, debemos usar este fondo para abaratar la tarifa de aquellos pueblos que necesitan de la energía eléctrica y de aquellos a los que se les viene cobrando esta tarifa tan elevada. Es un sitio muy pobre, y se le cobra mucho más, diez veces más que a un asentamiento humano en cualquier provincia.

Esos 30 millones que se está quitando a este programa de electrificación rural deberían pasar a cubrir ese gasto que nos cobran todas las empresas eléctricas para

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llevar los cables eléctricos y los transformadores a cada uno de los pueblos alejados de las ciudades.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Sarmiento.

El señor SARMIENTO BETANCOURT (GPFP).— Por eso, señora Presidenta, propongo como cuestión previa que este proyecto regrese a la Comisión de Presupuesto y también pase a la Comisión de Pueblos Andinos.

Agradezco por adelantado que esta solicitud sea considerada en el Pleno.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Cárdenas Cerrón.

El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Gracias, Presidenta.

Nosotros queremos hacer llegar nuestra opinión, Presidenta, porque creo que el Presidente de la República y los ministros están muy comprometidos y se sienten responsables de resolver aquellos problemas que se han suscitado muchísimos años atrás, y que varias gestiones no habrían hecho absolutamente nada por resolver.

Entonces, hemos visto algunas políticas en el mundo —como la Agenda 21, esta reunión que se desarrolló en Río—, donde incentivaron el que exista el desarrollo sostenible, teniendo en consideración el ambiente, el cambio climático.

Esto mismo se plasma en el Eje Estratégico 6 del Plan Bicentenario. La COP20, que se desarrolló hace unos meses atrás, también representa la voluntad que tiene el gobierno para poder enfrentar aquellos problemas que se habrían suscitado por la contaminación de las empresas de hidrocarburos y las empresas mineras.

Nos parece digno de halagar la creación de este fondo de contingencia, independientemente de la discusión que pueda existir con respecto a de dónde salen los recursos o de que la responsabilidad debería ser de las empresas.

Esto, definitivamente, podríamos discutirlo, Presidenta, pero no se puede discutir la voluntad que tiene este gobierno para resolver estos problemas y el hecho de que está asumiendo su responsabilidad como debe ser.

Si bien existe un órgano fiscalizador, que es el OEFA, que a través de sus procedimientos establece las multas que corresponden a estas malas empresas, que no tienen responsabilidad social, dichas empresas judicializan las multas, lo cual ya se ha dicho acá.

Entonces, ¿quién debería enfrentar estos problemas que se están judicializando y que se demoran y se demoran? El Poder Judicial, Presidenta.

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Creo que se debe hacer algo en algún momento para establecer una política y que este poder tan importante, que administra justicia, también sea responsable de estos hechos con respecto a la conservación de nuestro medio ambiente para, como corresponde, poder vivir en armonía con nuestra naturaleza.

En algún momento se ha dicho por qué no se utilizan las reservas internacionales. Estas reservas tienen sus objetivos claros y precisos con respecto a los ciclos económicos en nuestro país, y así se está utilizando.

También existen otros fondos, como las reservas secundarias de liquidez y los fondos de estabilización fiscal. Pero, Presidenta, cada uno de ellos tiene los objetivos claros y precisos, y deben enfrentar de repente la problemática en relación a una política fiscal que se debe establecer.

Es irresponsable decir que vamos a coger esos recursos. Esto no es posible. Yo creo que no podemos ser demagogos ante la población y mencionar que podemos coger estos recursos.

Estamos viviendo un proceso de crisis, y se están estableciendo políticas fiscales agresivas, las cuales tendrían que ser contracíclicas, no contracíclicas.

Pero, Presidenta, en realidad, hay muchas cosas que en estos momentos pudieran discutirse. La corrupción es otro de los puntos.

El congresista Angulo me solicita una interrupción Presidenta, antes de poder continuar con la idea que estamos desarrollando.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Gracias, congresista.

No sé si saben que desde 2013 hasta 2015 hemos perdido diez mil millones de dólares de reservas internacionales netas debido a la compra de securities. Hemos perdido diez mil millones de dólares.

He pedido informes al BCR. Sus funcionarios me dicen que no son diez mil millones, y que se ha utilizado seis mil millones en la compra de dólares. Entonces, hemos perdido cuatro mil millones.

¿No sería mejor utilizar ese dinero…?

Y eso lo pruebo. Pregúntenle al Banco Central de Reserva o vean su página web. Hemos perdido ese dinero, y nadie lo sabe, nadie lo dice.

¿No podíamos utilizar esos cuatro mil millones de dólares en reparar los pasivos ambientales?

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Cárdenas.

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El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidenta: Hemos mencionado que en realidad existe una responsabilidad que debería, en todo caso, enfrentar el Poder Judicial, que es con respecto a los procedimientos y a cómo administra la justicia en relación, justamente, a las multas y sanciones que ha establecido el OEFA, el órgano fundamentalmente fiscalizador en este sector.

Bueno, ese es un tema que es muy discutible. Pero también existe el problema de la corrupción.

En Junín nosotros tenemos, en la selva central, un distrito que se llama Victoc, y tenemos un río que pasa por la mitad de este distrito. Ahí vemos que dos ríos se unen, y el río que sale de la empresa minera tiene un color distinto al del otro río, que es el que proviene de los ojos de agua que nacen en las montañas.

Entonces, cuando a una de las instituciones le decimos pero esta agua debe estar contaminada, nos sacan todo un estudio en el cual demuestran que no existe contaminación y que los límites permisibles son los que se han establecido en la norma. Pero es falso.

Para la empresa es más fácil corromper a un funcionario o a un laboratorio —lo que le puede costar diez mil, 20 mil o 30 mil soles, yo no sé— que comprometerse a pagar la multa que corresponde a los hechos justamente relacionados a la institución fiscalizadora, que es el OEFA.

Entonces, son dos actos importantes que en algún momento se deben trabajar: la función del Poder Judicial y la manera como se debe luchar contra el problema de la corrupción.

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, Presidenta, es importante. Espero que en algún momento este tema se pueda tratar en este Pleno de una vez por todas. No hay otra forma de poder solucionar esto.

Queremos felicitar, en todo caso, al gobierno y a los responsables de presentar esta propuesta legislativa, pero también tendríamos que decir que un paso más adelante podría ser que la norma se oriente también a otras regiones.

En nuestra región, Junín, el lago Chinchaycocha, uno de los lagos más importantes y más altos del mundo, está contaminado por más de 70 años, pues sufre los pasivos que tienen que ver justamente con las empresas de hidrocarburos. En esto se tiene que responsabilizar de algún modo el Estado, porque este lago ha sido contaminado por empresas del Estado, como Centromin Perú, que después ha pasado a manos de empresas privadas.

Entonces, Presidenta, nosotros felicitamos el que, en todo caso, se pueda aprobar el día de hoy esta propuesta. Yo creo que no sería necesario que pase nuevamente a las otras comisiones, como se está solicitando. Creo que acá hemos debatido bastante y todos han dado sus puntos de vista. Pero, bueno, es una opinión particular.

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Esperemos que alguna vez también se pueda considerar a la región Junín.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista.

Ahora sí vamos a dar el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Gracias, señora Presidenta.

Las observaciones han estado, tal vez, más por el lado de la no comprensión de la real magnitud y de la importancia de este proyecto de ley.

En realidad, coincidimos en que, efectivamente, el contaminador es el que tiene que pagar. El asunto está en que en el país existen, tal como lo ha dicho el congresista Pari, múltiples pasivos ambientales e históricos, de siglos atrás. El asunto está en a quién responsabilizamos.

Este es un proceso gradual, y el proyecto de ley en debate da inicio justamente a esta etapa de remediación.

Lo que ocurre está clarísimo cuando la congresista Pérez Tello manifiesta: mientras se contamina, ¿quién asume la responsabilidad?, porque la empresa judicializa el tema. Entonces, van a pasar años, y nadie asume ese gasto.

Por ello, acá se crea un fondo de 50 millones. Con este fondo se puede asumir inmediatamente la remediación ambiental. Esto no exonera a la empresa del pago que debe hacer.

El Estado tiene que asumir la defensa para identificar y sancionar al responsable, y luego, si gana, va a recuperar ese dinero, el cual va a servir para la remediación ambiental. Eso está claro

Se dice que con la transferencia de partidas se debilitaría la electrificación rural, pero está quedando claro que el fondo se crea con saldos de balance, o sea, con lo que no ha ejecutado Energía y Minas.

Podríamos agarrar, como decía el congresista Angulo, las reservas internacionales netas; o de repente a alguien se le ocurre agarrar este fondo del seguro social, pero no corresponde. Entonces, alguien tiene que ver la forma.

Acá queda identificado que ahí hay dinerito, 30 millones, y también hay dinero disponible de multas ya logradas, que son 20 millones. Con eso se da inicio a este fondo de remediación ambiental.

El fondo, efectivamente, es poco, es un parche, pero es un gran avance, porque el Estado tiene que asumir las cobranzas coactivas. Entonces, acá necesitamos un buen Poder Judicial, pero eso ya es motivo de otro proyecto de ley.

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Alguien manifestó que se está creando un organismo burocrático. No. Simplemente se está constituyendo un comité adicional para que los indígenas, efectivamente, participen en la administración de ese fondo. Esto no podría suceder si fueran los sectores los que efectuaran la remediación.

A veces el sector correspondiente está imposibilitado de ejecutar una acción de remediación ambiental, porque la propia ley lo restringe. Pero con este fondo la entidad podría asumir la remediación. Ese es el mecanismo propuesto para que haya una ejecución más ágil del presupuesto en temas de remediación.

En ese sentido, señora Presidenta, yo sugiero que podamos someter a votación esta propuesta. Yo pido a la Representación Nacional que apoye este proyecto, cuya aprobación demanda con bastante urgencia la zona de la Amazonía, que ha tenido un problema ya clarísimamente identificado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a consultar, señores congresistas, la cuestión previa planteada por los congresistas Pari Choquecota y Sarmiento Betancourt, para que el Proyecto de Ley 4291 pase a la Comisión de Pueblos Andinos y retorne a la Comisión de Presupuesto.

Marcar asistencia para proceder a votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 68 congresistas.

Vamos a ir al voto de la cuestión previa, congresistas.

Al voto la cuestión previa planteada para que el proyecto de ley pase a la Comisión de Pueblos Andinos y regrese a la Comisión de Presupuesto.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la consulta, se rechaza, por 37 votos en contra, 29 votos a favor y una abstención, la cuestión previa planteada por los congresistas Pari Choquecota y Sarmiento Betancourt, para que el Proyecto de Ley 4291 pase a la Comisión de Pueblos Andinos y retorne a la Comisión de Presupuesto.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido rechazada.

Se deja constancia del voto a favor de la congresista Tan de Inafuko y del voto en contra de los congresistas Luna Gálvez, Mendoza Frisch y Molina Martínez.

Han votado a favor 30 señores congresistas, 40 en contra y una abstención.

“Votación de la cuestión previa de los congresistas Pari Choquecota y Sarmiento

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Betancourt para que el Proyecto 4291 pase a la Comisión de Pueblos Andinos y regrese a la Comisión de Presupuesto

Señores congresistas que votaron en contra: Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Iberico Núñez, Lay Sun, Llatas Altamirano, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Tejada Galindo, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Angulo Álvarez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Canches Guzmán, Ccama Layme, Coari Mamani, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Dammert Ego Aguirre, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Lescano Ancieta, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Pari Choquecota, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tapia Bernal y Valqui Matos.

Señor congresista que se abstuvo: Guevara Amasifuen.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La cuestión previa ha sido rechazada.

Con la misma asistencia, vamos a votar la siguiente cuestión previa, planteada por la congresista Pérez Tello, para que se vote por separado la primera disposición complementaria final del texto sustitutorio contenido en el dictamen.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se rechaza, por 38 votos en contra, 26 a favor y dos abstenciones, la cuestión previa planteada por la congresista Pérez Tello de Rodríguez.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido rechazada.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Tan de Inafuko, Luna Gálvez y Mulder Bedoya, y del voto en contra de los congresistas Molina Martínez y Mendoza Frisch.

Han votado a favor 29 congresistas, en contra 40 y dos abstenciones.

La cuestión previa ha sido rechazada.

“Votación de la cuestión previa de la congresista Pérez Tello de Rodríguez para votar por separado la disposición complementaria final primera del Proyecto 4291

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Señores congresistas que votaron en contra: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Mavila León, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Tejada Galindo, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a favor: Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Canches Guzmán, Ccama Layme, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tapia Bernal y Valqui Matos.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas y Dammert Ego Aguirre.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vamos a votar, con la misma asistencia, el proyecto de ley.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 44 a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Molina Martínez, Mendoza Frisch y Canches Guzmán, y del voto en contra de la congresista Tan de Inafuko.

En suma, tenemos 47 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones.

Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4291.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto crear el Fondo de Contingencia para Remediación

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Ambiental para el financiamiento de las acciones de remediación ambiental de sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado.

Artículo 2. Creación del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental y su ámbito de aplicación

2.1 Créase un Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental para el financiamiento de las acciones de remediación ambiental de sitios impactados por las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos para la salud y el ambiente, que ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado, entendiéndose para los efectos de la presente Ley como sitio impactado, los pozos e instalaciones mal abandonadas, suelos contaminados, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos o depósitos de residuos.

2.2 El Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental tiene como ámbito de aplicación los sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos que impliquen riesgos para la salud y el ambiente que ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado.

2.3 Dispónese que el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental destine la suma de S/. 50 000 000,00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), como capital inicial, para el financiamiento de las acciones de remediación ambiental en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto.

Artículo 3. Responsabilidad de los titulares de las actividades de hidrocarburos

3.1 La responsabilidad de la remediación ambiental corresponde al operador responsable, en base al principio de internalización de costos, la que se exige a través de los mecanismos correspondientes; por consiguiente, los titulares de las actividades de hidrocarburos deben garantizar que al cese o abandono de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les correspondan, de conformidad con el marco legal vigente.

3.2 En tanto no se haga efectiva la obligación de remediación correspondiente al operador responsable, de acuerdo a la legislación vigente, los recursos del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental se utilizan como capital inicial a fin de implementar acciones de remediación ambiental en el ámbito de aplicación de la Ley.

3.3 En los casos que no se cumpla con lo previsto en el párrafo precedente, el Ministerio de Energía y Minas, en base a los riesgos identificados, dispone la remediación con cargo al Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.

3.4 El Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental es diferente a las

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garantías financieras que respaldan el cumplimiento de los instrumentos ambientales correspondientes.

3.5 La utilización del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental no libera de las responsabilidades administrativa, civil o penal que correspondan al operador responsable, conforme a la legislación vigente.

Artículo 4. Transferencias de recursos al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)

4.1 Autorízase al pliego Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a realizar transferencias financieras a favor del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), creado mediante la Ley 26793, hasta por la suma de S/. 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), con cargo a los saldos de balance de la Unidad Ejecutora 005 Dirección General de Electrificación Rural (DGER), que dicho pliego previamente incorpora en su presupuesto institucional, para los fines a que se refiere la presente Ley.

4.2 Autorízase al pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de manera excepcional durante el Año Fiscal 2015, a realizar transferencias financieras a favor del FONAM, hasta por la suma de S/. 20 000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), con cargo a los recursos provenientes de la imposición de multas administrativas, para los fines a que se refiere la presente Ley.

4.3 Dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego, previo informe favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego, la cual se publica en el diario oficial El Peruano.

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, se autoriza al MINEM y al OEFA, a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que resulten necesarias, para cuyo efecto quedan exonerados de lo establecido en el artículo 80 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo 304-2012-EF.

El Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental puede recibir cualquier otro aporte o asignación proveniente de cualquier persona o entidad privada, nacional o extranjera, incluyendo organismos multilaterales.

Artículo 5. Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental

Los recursos del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental se ejecutan conforme a los procedimientos establecidos por el FONAM, conforme a la Ley 26793, Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente.

Para los efectos de la implementación del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, la Junta de Administración a que se refiere la Ley 26793 se conforma por un máximo de nueve (9) integrantes que incluye la participación de un representante de cada una de las cuatro cuencas correspondientes, así como un

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representante del Ministerio de Ambiente; uno del Ministerio de Energía y Minas; uno del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; uno del Ministerio de Salud; y uno del Ministerio de Agricultura y Riego.

Artículo 6. Repetición a cargo del Estado

La sola transferencia de recursos al Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental autoriza al MINEM y al OEFA a cobrar a la empresa responsable a través del procedimiento de cobranza coactiva de obligación de dar suma de dinero, para efectos de que los recursos invertidos en la remediación ambiental sean devueltos al Estado, sin perjuicio de los intereses que resulten pertinentes y de las responsabilidades administrativa, civil o penal que correspondan.

En aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, la existencia de resolución firme en la vía administrativa que identifique a la empresa responsable habilita al MINEM y al OEFA para la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva correspondiente.

Artículo 7. Coordinación y seguimiento

La Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental es responsable de hacer seguimiento, reportar y difundir de forma periódica los resultados de las medidas de remediación implementadas a que se refiere la presente Ley, para lo cual diseña un sistema de monitoreo de las intervenciones.

Asimismo, desarrolla un sistema de indicadores a través de los cuales se verifica el cumplimiento de las acciones de remediación ambiental a que se refiere la presente Ley.

Artículo 8. Control

La Contraloría General de la República, en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

Disposiciones complementarias finales

Primera. Ejecutoriedad de las resoluciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

El artículo 20-A de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, incorporado mediante la Ley 30011, es aplicable a todos los procesos judiciales que a la fecha se encuentren en trámite, en los que se haya impugnado una resolución de sanción de multa del OEFA.

En aplicación de lo establecido en el párrafo anterior si el administrado obligado al pago de la multa no acredita el otorgamiento de una medida cautelar, en los términos previstos en el artículo 20-A de la Ley 29325, incorporado mediante la Ley 30011, el OEFA reinicia el procedimiento de ejecución coactiva correspondiente.

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Segunda. Disposiciones normativas

El Ministerio de Energía y Minas emite las disposiciones normativas que resulten necesarias para la implementación de la presente Ley.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del nuevo texto sustitutorio del Proyecto 4291

Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Iberico Núñez, Lay Sun, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Mavila León, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Tejada Galindo, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde Moreyra, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashigawa, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tapia Bernal y Valqui Matos.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas, Ccama Layme, Dammert Ego Aguirre y Rimarachín Cabrera.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Condori.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Muchas gracias por esta primera votación.

Solicito, señora Presidenta, la exoneración de segunda votación.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Con la misma asistencia, a pedido del Presidente de la Comisión, se va a proceder a votar la exoneración de la segunda votación.

Congresistas, permanezcan en sus sitios. Luego de este tema vamos a votar unos cambios en el Cuadro de Comisiones.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se acuerda, por 37 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido exonerado.

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Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Mendoza Frisch y Molina Martínez, y del voto en contra de los congresistas Tan de Inafuko y Ramírez Gamarra.

Han votado a favor 39 congresistas, 22 en contra y cinco abstenciones.

Ha sido acordada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4291.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio del Proyecto 4291

Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Mavila León, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Portugal Catacora, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Tejada Galindo, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Bardález Cochagne, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Ccama Layme, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Reátegui Flores, Rondón Fudinaga, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tapia Bernal y Valqui Matos.

Señores congresistas que se abstuvieron: Benítez Rivas, Canches Guzmán, Coari Mamani, Dammert Ego Aguirre y Rimarachín Cabrera.”

Se aprueba las modificaciones al Cuadro de Comisiones, comisiones investigadoras y Comisión Permanente, correspondientes al período anual de sesiones 2014-2015

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a dar cuenta de algunas modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias, comisiones investigadoras y Comisión Permanente.

El RELATOR da lectura:

Modificaciones al Cuadro de Comisiones, comisiones investigadoras y Comisión Permanente, correspondiente al periodo anual de sesiones 2014-2015.

Comisión de Ciencia, ingresa como accesitaria la congresista Schaefer Cuculiza.

Comisión de Defensa del Consumidor, sale como titular la congresista Tait Villacorta; ingresa como titular el congresista Canches Guzmán.

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Comisión de Producción, sale como titular la congresista Teves Quispe; ingresa como titular el congresista Zerillo Bazalar.

Comisión de Transportes, ingresa como accesitario el congresista Luna Gálvez.

Comisión de Constitución, ingresa como accesitario el congresista Otárola Peñaranda.

Comisión de Inclusión Social, sale como titular la congresista Anicama Ñañez; sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Zamudio Briceño.

Comisión de Fiscalización, sale como accesitario e ingresa como titular la congresista Teves Quispe; sale como titular el congresista Apaza Condori.

Comisión de Educación, ingresa como accesitario el congresista Yrupailla Montes.

Comisión Permanente, ingresa como suplente el congresista Coa Aguilar.

Comisión Investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupción en la región Áncash, sale el congresista Gamarra Saldívar; ingresa el congresista Llatas Altamirano.

Comisión Investigadora de las denuncias periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas del prófugo Martín Belaunde Lossio, sale el congresista Llatas Altamirano; ingresa el congresista Gamarra Saldívar.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a votar a mano alzada.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueba las modificaciones al Cuadro de Comisiones, comisiones investigadoras y Comisión Permanente, correspondientes al periodo anual de sesiones 2014-2015.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado.

—Las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias, la Comisión Permanente del Congreso y dos comisiones investigadoras son los siguientes:

-Ciencia: Ingresó como accesitaria la congresista Schaefer Cuculiza.

―Defensa del Consumidor: Sale de titular la congresista Tait Villacorta .Ingresa como titular el congresista Canches Guzmán.

―Producción: Sale de titular la congresista Teves Quispe. Ingresa como titular el congresista Zerillo Bazalar.

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―Transportes: Ingresa como accesitario el congresista Luna Gálvez.

―Constitución: Ingresa como accesitario el congresista Otárola Peñaranda.

―Inclusión Social: Sale de titular la congresista Anicama Náñez. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Zamudio Briceño.

―Fiscalización: Sale de accesitaria e ingresa como titular la congresista Teves Quispe. Sale de titular el congresista Apaza Condori.

―Educación: Ingresa como accesitario el congresista Yrupailla Montes.

―Comisión Permanente: Ingresa como suplente el congresista Coa Aguilar.

―Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en la Región Áncash y su relación con la existencia de mafias y crimen organizado infiltrados en los órganos de gobierno e instancias del Estado : Sale el congresista Gamarra Saldívar. Ingresa el congresista Llatas Altamirano.

―Comisión Investigadora de las denuncias periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas del prófugo Martín Belaúnde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a él, y la posible vinculación con ellas de altos funcionarios del Estado: Sale el congresista Llatas Altamirano. Ingresa el congresista Gamarra Saldívar.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido acordada.

“Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión (22:19 h)

Presentes: Los congresistas Solórzano Flores, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Mavila León, Medina Ortiz, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Otárola Peñaranda,

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Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial: El congresista Zeballos Salinas.

Con licencia por enfermedad: Los congresistas Lewis del Alcázar, Reynaga Soto y Uribe Medina.

En función de representación: Los congresistas Acuña Núñez, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Chacón De Vettori, Chávez Cossío, Falconí Picardo, Galarreta Velarde, Inga Vásquez, Jara Velásquez, León Romero, López Córdova, Merino De Lama, Monterola Abregú, Neyra Huamaní, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Tan de Inafuko, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia y Yovera Flores.

Ausentes: Los congresistas Julca Jara, Capuñay Quispe, Abugattás Majluf, Acha Romaní, Aguinaga Recuenco, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Castagnino Lema, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Cuculiza Torre, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Gagó Pérez, García Belaúnde, Grandez Saldaña, Huaire Chuquichaico, Isla Rojas, León Rivera, Luna Gálvez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Neyra Olaychea, Núñez de Acuña, Pariona Galindo, Rosas Huaranga, Salazar Miranda, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Vacchelli Corbetto, Velásquez Quesquén, Wong Pujada y Zamudio Briceño.”

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se levanta la sesión.

—A las 22 horas y 36 minutos, se levanta la sesión.