LEY DE VCTIMAS Y RESTITUCIN DE TIERRAS EN COLOMBIA EN CONTEXTOUn anlisis de las contradicciones entre el modelo agrario y la reparacin a las vctimas

Paula Martnez Corts

LEY DE VCTIMAS Y RESTITUCIN DE TIERRAS EN COLOMBIA EN CONTEXTOUn anlisis de las contradicciones entre el modelo agrario y la reparacin a las vctimasPaula Martnez Corts| FDCL, TNI| Diciembre 2013

Paula Martnez Corts

Integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Polticos y Sociales Theseus del Departamento de Ciencia Poltica de la Facultad de Derecho, Ciencias Polticas y Sociales de la Universidad Na-cional de Colombia. Actualmente estudiante de maestra en Desarrollo Rural Local, del programa AgrisMundus de la Unin Europea (2012-2014).

Editores:Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika FDCL e.V.Gneisenaustrae 2a, D-10961 BerlinFon: +49 30 693 40 29 Fax: +49 30 692 65 90eMail: info@fdcl.org Internet: http://www.fdcl.org

Autora: Paula Martnez CortsDiseo: Monika BrinkmllerImpresin: Copy HouseFoto: svenwerk / flickr.com

FDCL, Berlin, Diciembre de 2013

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Producido con el apoyo financiero de la Comisin Europea.Las opiniones expresadas son las de la autora y no de la CE.

Publicado por FDCL y TNI para la alianza Hands off the Land

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL), Transnational Institute (TNI) Diciembre de 2013

LEY DE VCTIMAS Y RESTITUCIN DE TIERRAS EN COLOMBIA EN CONTEXTOUn anlisis de las contradicciones entre el modelo agrario y la reparacin a las vctimas

Paula Martnez Corts

2NDICE

Introduccin

Introduccin 3

1. Contexto de conflicto socioeconmico, poltico y armado interno en Colombia 4

2. Serias violaciones de derechos humanos y negacin del conflicto por parte del gobierno anterior (2002-2010) 5

3. Gobierno de Juan Manuel Santos encargado de limpiar la imagen de Colombia para continuar con un modelo de desarrollo aperturista y extractivista 7

4. Muestras de buena voluntad: Ley de Vctimas y negociaciones de paz como retrica inconsistente 10

5. Debates en torno a la Ley 1448 de 2011 ms conocida como Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras en Colombia 11

5.1 Una Ley de posconflicto en medio del conflicto 115.2 Una Ley transicional que oscila entre los anhelos de paz y se enfrenta

a la persistencia de la guerra e impunidad 125.3 Trato discriminatorio de las vctimas por parte de la Ley

que pretende reconocerlas 135.4 Entendimiento parcializado del criterio de sostenibilidad fiscal

se impone sobre la reparacin a las vctimas 145.5 Restitucin de tierras: consenso entre defensores de modelos

de desarrollo opuestos 155.6 Recuperar la tierra para morir por ella? 16

6. Favorecimiento del acaparamiento de tierras: dos casos ejemplares 17

6.1 Caso de acaparamiento de tierras en la Altillanura colombiana o regin Orinoquia 18

6.2 Caso Montes de Mara en los departamentos de Bolvar y Sucre 20

7. Conclusiones 21

8. Bibliografa 23

Referencias 28

3NDICE

Introduccin

La Ley 1448 de 2011, ms conocida como la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras viene siendo promocionada oficialmente como una de las demostraciones de voluntad de paz del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Pensada como engranaje en la poltica transi-cional que facilite el paso hacia un escenario de posconflicto, esta ley enuncia como objetivo principal el reconocimiento de las vctimas del conflicto armado colombiano (despus de que el gobierno antecesor negara su existencia por dos periodos consecutivos de mandato) y de sus derechos a la verdad, la justicia y a la repara-cin, con garantas de no repeticin. Entonces, no slo se reconoce oficialmente la existencia del conflicto, y de sus vctimas, sino que se pre-tende hacer realidad su reparacin integral.

Esta demostracin de voluntad es represen-tativa por lo inusual, pero extraa y debatible en tanto existen una serie de factores que difi-cultan su implementacin integral; en otras pa-labras, la formulacin de una norma que de por s presenta varias inconsistencias a lo largo de las casi 80 pginas de su extensin1 no implica su exitosa puesta en prctica. Menos aun cuan-do pensada para una situacin transicional, en Colombia persiste el conflicto que no slo es armado, sino fundamentalmente poltico y so-cioeconmico.

Despus de un poco ms de un ao de ini-ciada su implementacin, ya son varios los in-formes que evaluan las potencialidades y desa-fos de la Ley 1448 de 2011. Desde las lecturas oficiales que suelen consistir en un compilado de cifras sin mayores referencias al contexto2, pasando por otros esfuerzos realizados por me-dios de comunicacin nacionales como el Infor-me Revista Semana que se enfocan hacia la ilus-tracin de las cifras con un despliegue meditico importante de hechos victimizantes ms no de los fondos de la victimizacin3, hasta informes realizados por ONGs y organizaciones sociales que trabajan por el respeto de los derechos hu-

manos y encaminan esfuerzos para presionar al Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones, la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras ha sido objeto de intenso debate por di-versos sectores nacionales e internacionales.

Este estudio pretende contextualizar la Ley 1448 de 2011, enmarcando las discusiones que sta ha suscitado en relacin con su mbito es-pacial de aplicacin: el campo colombiano. Y a partir de ello esbozar unas conclusiones que sir-van como referentes a la hora de evaluar unas intenciones a favor de las vctimas (fundamen-talmente rurales) cuya fuerza resulta ser ms re-trica que prctica, en tanto se ven limitadas por el modelo de desarrollo econmico imperante, que termina por impedir la reparacin integral de esas vctimas que se dice defender.

Particularmente es de inters profundizar en el proceso de restitucin de tierras y en sus posibilidades reales de alcanzar sus ob-jetivos, teniendo como referencia los recientes escndalos asociados al modelo desarrollista, extractivista y excluyente impulsado por el go-bierno de Juan Manuel Santos, a saber: i) el acaparamiento de tierras en la Altillanura co-lombiana y otras regiones del pas como Mon-tes de Mara, ii) los esfuerzos del gobierno por desmontar los pocos instrumentos jurdicos de defensa de los territorios indgenas, afro-colombianos y campesinos en el pas y iii) el manejo represivo del descontento social frente a la imposicin del mencionado modelo de-sarrollista, tomando como ejemplo el reciente Paro Nacional Agropecuario, lo que evidencia la incomprensin gubernamental de la com-plejidad del conflicto que no slo es armado y que es agravado por diversas medidas y deci-siones oficiales.

Este documento de discusin tambin preten-de llamar la atencin sobre el papel de la comu-nidad internacional que a travs de distintas ac-ciones ha ayudado a la defensa de los derechos humanos o por el contrario, a atizar el conflicto colombiano.

4Colombia se encuentra sumida en un conflicto socioeconmico, poltico y armado interno que se ha prolongado por ms de medio siglo y que aun hoy continua vigente. Sus causas han sido largamente discutidas, pero si existe un factor transversal al mismo ese es la disputa por la tierra y los territorios como fuente de poder poltico y econmico. Esta situacin hoy en da sigue sin ser resuelta, y aunada a la alt-sima concentracin de la riqueza (Colombia es el tercer pas ms desigual de Latinoam-rica4) el pas es escenario no slo de batallas armadas sino de profundas conflictividades sociales que se manifiestan de las formas ms diversas.

El informe Basta ya! realizado por el Gru-po de Memoria Histrica GMH- calcula que entre 1958 y 2012 la expresin armada del conflicto ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas5, generando una de cada tres muertes violentas en el pas, y en el que la poblacin civil ha sido la ms afec-tada: por cada combatiente cado han muerto cuatro civiles6.

La violencia del conflicto tiene tambin dimensiones no letales que son igualmente graves. Al 31 de marzo, el Registro nico de Vctimas (RUV) report 25.007 desaparecidos, 1.754 vctimas de violencia sexual, 6.421 ni-os, nias y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos para el GMH reporta 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atencin Inte-gral contra Minas Antipersonal (PAIMA) repor-ta 10.189 vctimas de minas antipersonal entre 1982 y 20127.

Sobre las cifras hay varias discusiones aso-ciadas con el subregistro, la debilidad insti-tucional para recolectar informacin que se une a la falta de voluntad poltica para reco-nocer y asumir responsabilidades en trminos de la obligacin estatal de garantizar de los

derechos humanos a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, respecto al desplaza-miento forzado el registro oficial inicia ape-nas en 1997 con el reconocimiento tardo del problema -a pesar que la Conferencia Epis-copal Colombiana alert en 1985 sobre las enormes magnitudes del fenmeno8- por lo que es necesario contrastar permanentemen-te los datos oficiales con otros recolectados por otras organizaciones. En este caso, la Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, estima que para el periodo 1985-1995 fueron desplazadas 819.510 como consecuencia del conflicto ar-mado. Esto quiere decir que la cifra de des-plazados podra acercarse (calculando por lo bajo) a 5.700.000 personas en su mayora campesinos, indgenas y afro descendientes, lo que equivaldra al 15% del total de la po-blacin colombiana9.

En este proceso se calcula que entre 6,6 y 8 millones de hectreas han sido despojadas de sus dueos a travs de diversos mecanismos, lo cual agudiz el histrico atesoramiento de la tierra en manos de terratenientes, trafican-tes de drogas ilegales, paramilitares y gran-des empresarios10.

El reloj de la violencia no letal registra, segn datos acumulados, que entre 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas 26 personas en el pas como consecuencia del conflicto ar-mado, mientras que cada doce horas fue se-cuestrada una persona. El periodo 1996-2005 fue ms crtico: una persona fue secuestrada cada ocho horas, y un civil o un militar cayeron cada da en una mina antipersonal. Estos da-tos convierten a Colombia en el segundo pas, despus de Afganistn, con mayor nmero de vctimas de minas antipersonal, y el primero a nivel mundial con la mayor cantidad de des-plazados internos11.

Tal como lo menciona el informe del GMH, esta ha sido una guerra sin lmites caracterizada por un aterrador despliegue de sevicia12 espe-

2. Serias violaciones de derechos humanos y negacin del conflicto por parte del gobierno anterior (2002-2010)

1. Contexto de conflicto socioeconmico, poltico y armado interno en Colombia

5nes las vctimas, son muchos quienes consideran el conflicto ajeno a sus realidades e intereses.

La violencia de la desaparicin forzada, la vio-lencia sobre el lder sindical perseguido, la vio-lencia del desplazamiento forzado, la del cam-pesino amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras suelen que-dar marginadas de la esfera pblica, se viven en medio de profundas y dolorosas soledades. En suma, la cotidianizacin de la violencia por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de la inmensa mayora de vctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud si no de pasividad, s de indiferencia, alimentada, ade-ms por una cmoda percepcin de estabilidad poltica y econmica14, vivida por supuesto en las ciudades principales, por las reducidas clase media y alta.

cialmente practicada por grupos paramilitares, pero en donde todos los actores armados del conflicto han incorporado el ataque a la pobla-cin civil. Las guerrillas, paramilitares (incluidas las mal llamadas Bandas Criminales Emergen-tes o BACRIM) y Fuerza Publica (Ejrcito Nacio-nal, Fuerza Area Colombiana, Armada Na-cional, Polica Nacional incluido el Escuadrn Mvil Antidisturbios ESMAD) participan en el conflicto de manera diferenciada desplegando diversas modalidades de violencia dependien-do de los objetivos que persiguen13.

Acertadamente el informe tambin ha apun-tado cmo la violencia armada no se vive de manera uniforme a lo largo del territorio nacio-nal ni es sufrida de igual manera por todos los sectores sociales. El campo ha sido el escenario de la guerra por excelencia y aunque son millo-

Sin ir tan lejos, el gobierno anterior a la cabe-za de lvaro Uribe Vlez (2002-2010) neg sistemticamente la existencia del conflicto ar-mado interno15, al tiempo que invisibilizaba a las vctimas del mismo. Segun ese gobierno, en el pas lo que haba eran unos terroristas dis-minuidos que deban ser suprimidos con toda la fuerza a disposicin del aparato estatal. Este diagnstico no slo se encauz hacia la polari-zacin de la sociedad, diluyendo el principio de distincin entre combatientes y no combatientes, juzgando cualquier expresin de disidencia so-cial como colaboradores o defensores de los terroristas16, sino que adems excus inconta-bles abusos cometidos por las Fuerzas Militares que en ocasiones actuaban en colaboracin con grupos paramilitares en contra de las po-blaciones, sindicalistas, defensores de derechos humanos, profesores, estudiantes, entre otros.

El gobierno de Uribe Vlez dej una Cons-titucin reformada para que l mismo pudie-se ser reelegido (el mismo Barak Obama en su momento tuvo que decirle a Uribe que no

2. Serias violaciones de derechos humanos y negacin del conflicto por parte del gobierno anterior (2002-2010)

consideraba pertinente una segunda reelec-cin en Colombia17) y fue protagonista de va-rios casos de graves violaciones de derechos humanos18.

Entre los ms sonados se encuentra el de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitra-rias19 cometidas por miembros del Ejrcito Na-cional quienes presentaban como guerrilleros muertos en combate a civiles que fueron enga-ados o raptados en su lugar de residencia, para luego ser ejecutados en regiones distantes con la intencin de que no fueran reclamados y aca-bar inhumados como NN en los cementerios20. Esto suceda en virtud de un sistema de incenti-vos mediante el cual se premiaba a los militares por el numero de muertos en combate con das libres, ascensos y recompensas, y por los cuales se calcula que murieron ms de 3000 vctimas21, en el marco de la llamada Poltica de Seguridad Democrtica.

Cabe recordar que en ese entonces Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa del

1. Contexto de conflicto socioeconmico, poltico y armado interno en Colombia

63. Gobierno de Juan Manuel Santos encargado de limpiar la imagen de Colombia para continuar con un modelo de desarrollo aperturista y extractivista

gobierno Uribe y Freddy Padilla De Len fun-ga como general del Ejrcito. Una vez pre-sidente, Santos nombr como embajador en Austria al ex general ya retirado quien se vio obligado a renunciar a su cargo en octubre de 2013 tras la denuncia hecha por el Cen-tro Europeo para la Constitucin y los Dere-chos Humanos, organizacin que recuerda el prontuario de serias sospechas que recaen sobre el ex general quien no ha podido ser investigado por la inmunidad que le ofreca su cargo diplomtico22.

El otro escndalo es el de las chuzadas del DAS o intimidacin, amedrentamiento y espionaje por parte del Departamento Admi-nistrativo de Seguridad del Estado23 en contra miembros de la oposicin, de ONGs defenso-res de derechos humanos, de periodistas, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hasta contra miembros del gabinete minis-terial del propio gobierno24. Este ultimo es-cndalo result en el desmantelamiento de la institucin y en la investigacin y/o condena de varios de sus funcionarios incluidos sus ex-directores Jorge Noguera25 (2002-2005), An-drs Peate26 (2005-2007), y Mara del Pilar Hurtado (2007-2008) quien encontr asilo en Panam para escapar del proceso penal que la justicia colombiana lleva en su contra27.

El mismo ex presidente Uribe est siendo investigado actualmente por su presunta par-ticipacin en la promocin, organizacin y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por ac-cin y omisin y concertarse con ellos, no slo como gobernador de Antioquia, sino despus como presidente28. Este proceso, que ya ha-ba sido abierto antes por la justicia ordinaria29 no slo ha sufrido de dilaciones denunciadas por ms de veinte diputados y diputadas del Parlamento Europeo30 y por magistrados del Tribunal Superior de Medelln, sino que estos mismos magistrados que ordenaron nueva-mente la investigacin de los hechos, han re-cibido amenazas contra su vida31.

Es tambin durante el gobierno Uribe que la Corte Constitucional expide la Sentencia

T-025 de 2004 mediante la cual denuncia un estado de cosas inconstitucional32 como consecuencia de la vulneracin multiple, ma-siva y continua de derechos fundamentales en contra de las poblaciones desplazadas vcti-mas del conflicto armado interno. La Corte denuncia no slo la falta de respuesta estatal encaminada hacia la atencin y proteccin efectiva de las vctimas, sino adems la exi-gencia de trmites burocrticos como requisito previo para que las autoridades encargadas de su atencin cumplieran con sus deberes de proteccin. En este sentido, se orden al Es-tado tomar acciones especficas para cumplir con sus mandatos constitucionales, entre los cuales se destaca la asignacin adecuada de recursos frente a la gravedad de la afectacin de los derechos y la necesaria colaboracin armnica entre las ramas del poder publico, entre otros.

Sin embargo, mediante el Auto de Segui-miento 219 de 2011 la Corte Constitucional ha constatado que persiste el estado de co-sas inconstitucional33 en tanto aun no existe garanta efectiva de los derechos de la pobla-cin desplazada34.

En pocas palabras, el anterior gobierno no slo estaba conformado por esos conciudada-nos para quienes las vctimas del conflicto ar-mado son un asunto ajeno a su entorno e intere-ses, sino que dej un historial de escndalos por causa del prontuario de violaciones de derechos humanos, el autoritarismo y actuaciones en con-tra de la ley (o modificaciones de la ley para hacer legales ciertas acciones) algunas de las cuales se encuentran hoy en investigacin.

A pesar de ello, el expresidente que hoy es investigado por nexos con el paramilita-rismo ha lanzado su candidatura al Senado, y encabeza una lista cerrada conformada entre otros por su exasesor presidencial Jose Obdulio Gaviria, primo hermano del famoso traficante de drogas ilegales y jefe del Cartel de Medelln, Pablo Escobar. Gaviria ha sido cuestionado por haber asesorado a los jefes de los bloques paramilitares de alias Don Berna en su proceso de desmovilizacin35.

7Despus de un gobierno como el anterior, en el que varios de los miembros ms cercanos al expresidente y del Congreso han sido investiga-dos y/o condenados por sus vnculos con grupos paramilitares, algunos de ellos prfugos de la justicia, el gobierno entrante de Juan Manuel Santos tena la tarea de mejorar la imagen de las instituciones estatales particularmente frente a la comunidad internacional, preocupada por las multiples, sistemticas y continuadas viola-ciones de derechos humanos y la impunidad frente a los mismos en el pas.

Esa mala imagen de Colombia en el ex-terior tuvo consecuencias econmicas concre-tas que obstaculizaron al menos moment-neamente- los intereses de poderosos sectores nacionales e internacionales en el pas: una de ellas fue el congelamiento de la ratificacin por parte del congreso de los Estados Unidos del tratado de libre comercio TLC- con Colombia, a causa de la persistencia de las violaciones de derechos humanos a sindicalistas36.

A pesar de las declaraciones del entonces candidato presidencial norteamericano Barak Obama en contra del Tratado, considerando que su firma sera una burla contra las pro-tecciones laborales que hemos insistido deben ser incluidas en este tipo de tratados37, dos aos despus de ser elegido como jefe de Es-tado, lo estaba promoviendo como doble ga-nancia38 para las dos naciones involucradas en el mismo.

Obama promulg en abril de 2012 un La-bour Action Plan instando al gobierno colombia-no a parar la violencia contra sindicalistas, ello con el fin de suavizar las reacciones del Congreso de Estados Unidos que no quera verse asociado con el pas responsable de las tasas ms altas de asesinatos de sindicalistas en el mundo39. El Tratado fue finalmente ratificado en octubre de 2011 para empezar a regir desde el 15 de mayo de 2012 a pesar de las denuncias y advertencias

3. Gobierno de Juan Manuel Santos encargado de limpiar la imagen de Colombia para continuar con un modelo de desarrollo aperturista y extractivista

sobre los efectos adversos que tendra para las poblaciones del pas suramericano40.

Entre las razones que explican por qu el con-greso norteamericano decidi ratificar el Trata-do41, se encuentra el reconocimiento del conflicto armado interno por parte del gobierno entrante de Juan Manuel Santos y su demostracin de buena voluntad y compromiso para con el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia, mediante la expedicin de la Ley 1448 de 2011 ms co-nocida como la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras. La expedicin de esta Ley, adems del ini-cio de las negociaciones de paz con la guerrilla Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejrcito del Pueblo FARC-EP-, fueron percibidas como mues-tra de voluntad poltica concreta del gobierno para empezar a pagar la deuda histrica del Estado co-lombiano con las vctimas del conflicto.

Tal como lo seala Human Rights Watch, aunque EEUU continua siendo el actor extranje-ro con ms influencia en Colombia, (aportando en 2012 cerca de US$ 481 millones para asis-tencia, de los cuales aproximadamente el 58% se destin a las fuerzas armadas y a la polica) no ha exigido el cumplimento de las clausulas que supeditan la ayuda militar a requisitos en materia de derechos humanos. Ello a pesar que el Departamento de Estado de EEUU ha iden-tificado la persistencia de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, acti-vistas de la defensa de tierras, sindicalistas, pe-riodistas, entre otros42.

Es necesario interpretar estas demostraciones de supuesta buena voluntad en relacin con el modelo econmico extractivista, aperturista y ex-cluyente impulsado por el gobierno de Santos y que se constituye en una continuacin de lo que ya vena gestando el gobierno de Uribe Vlez. Un modelo que no tiene en cuenta a las poblaciones rurales del pas y que continua reproduciendo las condiciones que permiten las multiples violacio-nes que aun hoy se siguen cometiendo.

8No es casualidad que todas esas buenas vo-luntades facilitaran las ratificaciones de los tra-tados de libre comercio negociados durante el gobierno Uribe y otros nuevos por el jefe de Es-tado entrante. Segun la pgina web del gobierno, Colombia tiene 13 acuerdos comerciales vigentes entre los que se encuentra el TLC con EEUU, con la Unin Europea, Canad, los estados AELC (EFTA), entre otros. Tiene 2 acuerdos suscritos que aun no han concluido con el proceso de ratificacin con Corea y Costa Rica, y se estn negociando 6 acuerdos con Panam, Turqua, Japn, Israel, la Alianza del Pacfico43 y Republica Dominicana44.

Estos tratados han agravado el conflicto in-terno que aunque quiere mostrarse como una simple confrontacin de ndole blica, tiene un delicado trasfondo socioeconmico y poltico. La entrada en vigencia del TLC con EEUU desde el 15 de mayo de 2012, no ha hecho ms que ayudar a exacerbar los obscenos niveles de vio-lencia en las reas rurales45 fomentadas por la disputa sobre los territorios donde se encuentran las posibilidades productivas y materias primas de alto valor en los mercados internacionales.

Adems la reciente entrada en vigencia del TLC con la Unin Europea el 1 de agosto de 2013, fue uno de los ingredientes detonantes del Paro Nacional Agrario impulsado por campesi-nos de diferentes regiones del pas46, quienes se movilizaron en contra de las polticas aperturis-tas que los obligan a competir con productos altamente subsidiados provenientes de Europa y que ponen en grave peligro las posibilidades de proteccin de sus tierras y territorios campesi-nos, indgenas y/o afrodescendientes en un pas donde ya se enfrentan a condiciones excesiva-mente adversas por la marginalidad econmica histrica.

Por ejemplo, en el caso de los lecheros, este tratado implica que Colombia tendra que com-petir con una Unin Europea que produce el 30% de la produccin mundial de leche y en apenas 15 das produce los 6.500 millones de litros de la produccin anual colombiana, se-gun lo sostiene el presidente de Fedegn (gre-mio de ganaderos) Jos Felix Lafaurie47. Aunque Fedegn es el sector representante de los gran-des ganaderos, en su gran mayora los lecheros colombianos poseen menos de 50 vacas cada uno, y hay 236.000 con menos de 10 vacas, es decir, son minifundistas muy pobres, como lo mencionaba el senador Jorge Robledo en el ao 201048.

A estas movilizaciones protagonizadas por campesinos paperos, cafeteros, cacaoteros, arro-ceros, lecheros, se han unido camioneros, estu-diantes urbanos solidarizndose con las legtimas demandas campesinas, que recuerdan al gobier-no la existencia de amplios sectores populares que han sido permanentemente invisibilizados por los planes desarrollistas que se imponen en el pas.

Iniciado el 19 de agosto de 2013, el Paro Na-cional Agrario se levanta en la mayora de las re-giones el 10 de septiembre del mismo ao, tras el acuerdo de unas medidas que el gobierno deba implementar a favor de los campesinos. Sin em-bargo, a la fecha de cierre de este escrito, cam-pesinos han denunciado el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno una vez ms, contemplando la movilizacin nuevamente49.

Adicionalmente, la Minga Indgena, Social y Popular en defensa de la vida, el territorio, la au-tonoma y la soberana, ha iniciado manifesta-ciones y actos de protesta bloqueando 22 rutas en 17 departamentos del pas50 desde el 14 de octubre de 2013. Ellos tambin denuncian el in-cumplimiento de ms del 70% de los acuerdos pactados con el gobierno hace ms de tres aos, que deban encaminarse a empezar a resolver la situacin de marginalizacin y discriminacin histrica, la cual es agravada por las dinmicas de la expresin armada del conflicto51. As la Minga establece un pliego que reune exigencias en torno a cinco puntos (ver recuadro).

Las diferentes organizaciones indgenas que se concentran en la Minga denuncian una vez ms la violacin histrica de los derechos de los 102 pueblos indgenas existentes en el pas, de los cuales 35 estaran en riesgo de extincin tanto fsica como culturalmente, segun lo ha ex-presado la Corte Constitucional59.

La comunidad internacional no ha actuado de manera responsable con la crisis humanitaria que vive Colombia y tal como lo reflejaron las discusiones que se dieron en el Parlamento Eu-ropeo en el proceso de ratificacin del TLC con la Unin Europea, se maneja un discurso que de un lado insiste en el respeto de los derechos humanos pero a la hora de tomar las decisiones relevantes se privilegian intereses econmicos de sectores especficos sobre las consecuencias que estos tratados tienen en la vida de las perso-nas. Dadas estas situaciones, aun hoy algunos parlamentarios y partidos polticos europeos so-licitan la suspensin del Tratado60.

9Es en medio de las necesidades de legitima-cin de este modelo econmico excluyente y despojador que se impone a pesar y a travs de una profunda crisis de violacin de derechos hu-manos en Colombia, que puede comprenderse el sentido que adquiere la Ley 1448 de 2010 ms conocida como Ley de Vctimas y Restitu-cin de Tierras. Si bien el estilo diplomtico del presidente Santos ha contribuido a que la comu-nidad internacional sea optimista respecto del actual gobierno, lo cierto es que estamos ante un cambio de estilo respecto del gobierno de Uribe Vlez, pero no frente a cambios sustan-ciales en trminos del modelo econmico que se quiere imponer en el pas y que encuentra un correlato en la imposibilidad de generar unas condiciones que permitan la garanta efectiva de derechos en Colombia.

Hay que decir que la diplomacia del pre-sidente Santos aplica slo frente a los ojos de la comunidad internacional, porque puertas

hacia adentro el gobierno insiste en estigma-tizar la protesta social y legitimar la represin de la Fuerza Publica hacia quienes manifiestan su inconformismo. Esto se hace evidente con la aprobacin de la norma (Cdigo Penal, ar-tculo 353A) que establece penas entre 24 a 48 meses de prisin para quienes obstruyan las vas de transporte en el desarrollo de protestas que no hayan sido previamente autorizadas61, y no siendo suficiente el Ministerio de Defensa quiere volver a modificar ese artculo para fortalecer las penas y sancionar efectivamente a las personas que inciten, dirijan, proporcio-nen los medios y promuevan los actos de vio-lencia y vas de hecho que afectan el orden pu-blico y la normalidad de las actividades de los ciudadanos62. Junto a ello se incrementar el pie de fuerza de la Polica duplicando las uni-dades de Escuadrones Mviles Antidisturbios (Esmad) que ha sido protagonista de innume-rables abusos en el uso de la fuerza, filmados en algunas ocasiones63.

El pliego de la Minga Indgena, Social y Popular en defensa de la vida, el territorio, la autonoma y la soberana reune exigencias en torno a cinco puntos:

1) DERECHOS HUMANOS, CONFLICTO AR-MADO Y PAZ adopcin integral de los derechos recogidos en la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas (DNUDPI), desmilitariza-cin de los territorios indgenas, desmonte de los Planes de consolidacin y respeto al ejercicio de control territorial a travs de la guardia indgena52.

Esto para que cesen las violaciones de dere-chos humanos en el marco del conflicto ar-mado por parte de actores legales e ilegales las cuales ascienden a 78 homicidios contra indgenas y 10.515 desplazamientos forzo-sos slo en el ao 201253.

2) TERRITORIO garantas de proteccin a los resguardos indgenas, dado que se constata un incumplimiento de las normas nacionales sobre constitucin, ampliacin y saneamien-to de los resguardos54. Adicionalmente, la proteccin de semillas nativas55.

3) CONSULTA PREVIA SOBRE PROYECTOS MI-NEROS, ENERGTICOS E HIDROCARBUROS aunque la consulta previa est contempla-da por la Constitucin, es comun que dife-rentes proyectos de inversin se lleven a cabo

sin preguntar a las comunidades indgenas antes de hacerlo. Este es el unico mecanismo que permite la defensa de sus resguardos, pero el mismo presidente Santos ha sostenido publicamente que las consultas previas y las audiencias publicas son un dolor de cabeza en tanto estn sirviendo de excusa para de-tener el progreso del pas56. En este sentido, la Minga pide revocatoria directa de las con-cesiones o contratos de explotacin minera en territorios indgenas que seran contrarias a la Constitucin y a sus derechos.

4) EJERCICIO DE AUTONOMIA Y GOBIERNO PROPIO Se fundamenta en la autonoma territorial y en el ejercicio de gobierno propio y la cosmovisin indgena.

5) TLC Y POLITICA AGRARIA Promocin del referendo para la derogatoria de los TLC o la renegociacin de los mismos, de igual ma-nera, derogatoria de todas las normas que afecten la soberana alimentaria57, en tan-to representan intereses que favorecen a las trasnacionales sobre las culturas ancestrales, tal como lo expresa Luis Fernando Arias, con-sejero mayor de la Organizacin Nacional de Indgenas Colombianos (ONIC) 58.

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5. Debates en torno a la Ley 1448 de 2011 ms conocida como Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras en Colombia

Es teniendo como referencia la presin ejercida por la comunidad internacional que result en la afectacin de los intereses econmicos defen-didos por los gobiernos de lvaro Uribe Vlez y Juan Manuel Santos Caldern, que puede en-tenderse en gran parte el afn del gobierno en-trante por dar muestras de buena voluntad. La Ley 1448 del 10 de junio de 2010, al igual que el inicio de las negociaciones de paz en la Habana con la guerrilla Fuerzas Revolu-cionarias de Colombia FARC y las futuras conversaciones con el Ejrcito de Liberacin Nacional ELN, se han constituido en esas muestras.

Si bien el pas necesita dar fin al conflic-to armado, social y poltico del pas y reparar integralmente a sus vctimas, el problema ra-dica en que el gobierno no parece reconocer sus dimensiones socioeconmicas y polticas, relegndolo a una mera cuestin de con-frontacin armada. Se podr decir que en la Habana ya se han llegado a unos acuerdos preliminares entorno al problema agrario en el pas, sin embargo, el modelo de desarro-llo que impulsa el gobierno va en clara con-trava con los intereses de las poblaciones agrarias, aquellas que han estado excluidas e invisibilizadas de las decisiones que afectan sus realidades y posibilidades de desarrollar sus territorios rurales de forma colectiva. Esas mismas poblaciones han sido desplazadas, asesinadas, torturadas porque se encuentran en tierras que interesan a multinacionales o empresas nacionales por sus recursos y poten-cial productivo.

El mismo gobierno ha dicho que ni el mo-delo de desarrollo econmico que tiene Colombia en la actualidad, ni el rgimen jurdico que ampa-ra la propiedad privada, ni el modelo de inversin extranjera vigente en el pas, ni la doctrina militar, sern parte de la negociacin de paz entre el Go-bierno y las FARC64. Pero son precisamente es-tas problemticas las que han sido pospuestas histricamente y que acentuan cada vez ms el conflicto socioeconmico y poltico en el pas.

4. Muestras de buena voluntad: Ley de Vctimas y negociaciones de paz como retrica inconsistente

Las mesas de negociacin sobre la paz no cuentan con la presencia de representantes de los sectores populares agrarios a pesar que s tienen asiento dos generales retirados del ejrcito y el presidente de la Asociacin Na-cional de Industriales ANDI. La unica forma de participacin indirecta es organizada por el PNUD y la Universidad Nacional de Colom-bia quienes en un esfuerzo conjunto vienen convocando a diversos sectores de la pobla-cin para discutir en Foros desde la sociedad civil los temas que se tratan en la Habana, para posteriormente enviar las recomenda-ciones a la mesa. Existen otros esfuerzos por parte de diferentes movimientos y organiza-ciones sociales como Congreso de los Pueblos y Marcha Patritica, encaminados a facilitar el empoderamiento social del proceso de paz que aun est por construir.

El inters del gobierno en la negociaciones parece enfocarse hacia la pacificacin del te-rritorio, mediante lo cual sea ms fcil ade-lantar los grandes proyectos de inversin, de ndole extractiva, enmarcados por ejemplo en los multiples Tratados de Libre Comercio. As, no se trata de facilitar la garanta efectiva de los derechos de las poblaciones, sino las ga-rantas a las inversiones.

Si bien las negociaciones con las guerrillas son procesos importantes para embarcarse en la construccin social de la paz, es slo una dimensin de la necesaria discusin y aplica-cin de justicias sociales, polticas y econmi-cas que ofrezcan bases slidas para la mis-ma.

Incluso bajo el supuesto de que los dilogos entre las guerrillas y el gobierno de Juan Ma-nuel Santos devengan en un acuerdo de paz, Colombia vive una situacin de multicrimina-lidad organizada con presencia de manos negras, de mal llamadas bandas criminales BACRIM (que son estructuras paramilitares re organizadas que siguen amenazando, asesi-nando, etc.) e instituciones estatales envueltas

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Mediante la Ley 1448 de 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos se propone a dictar medi-das de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno. Desde la etapa de diseo y formulacin de la Ley que se constituira en poltica publica, surgieron va-rios debates y tensiones entre diferentes sectores que no fueron resueltos del todo65 y que queda-ron evidenciados a lo largo de su inconsistente y extenso articulado. A esas tensiones se han sumado los desafos en la etapa de implemen-tacin que lleva apenas un ao.

A continuacin se recogern algunos de los debates y tensiones generados a propsito de la ley, enmarcados en su trasfondo poltico.

5.1 Una Ley de posconflicto en medio del conflicto

La Ley 1448 de 2011 intenta constituirse como un paso hacia la reconciliacin social, partiendo del reconocimiento y reparacin de las vctimas invisibilizadas histricamente y particularmente por el gobierno de Uribe Vlez. La posicin del gobierno defiende la Ley como una demostra-cin de paz y un paso concreto encaminado a la construccin de una situacin de posconflicto, a pesar que su aplicacin empieza cuando el conflicto aun no ha llegado a su fin.

Sin embargo, el desafo es enorme ya que a las vctimas del pasado se agregan las vctimas del presente y las del futuro situando serias du-das sobre el marco temporal fijado por la Ley.

5. Debates en torno a la Ley 1448 de 2011 ms conocida como Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras en Colombia

Nada ms en el ao 2012 se calcula que la ex-presin armada del conflicto ha dejado 200.000 nuevas vctimas66.

Adems, suponiendo que las negociaciones de paz con las guerrillas sean exitosas, continua el problema de los grupos narcoparamilitares reorganizados, mal llamados Bandas Crimi-nales Emergentes BACRIM como las guilas Negras, Los Rastrojos, Urabeos, Erpac, entre otros, que continuan cometiendo todo tipo de violaciones a los derechos humanos67. Incluso existen grupos enfocados especficamente a impedir el proceso de restitucin de tierras me-diante la persecucin y asesinato de campesinos que lideren los procesos de retorno y que se ha-cen llamar Ejrcitos anti-restitucin de tierras en los departamentos del Cesar68, Magdalena, Guajira69, Sucre y Bolvar70.

El persistente accionar de estos grupos, jun-to con la impunidad de sus crmenes, son un permanente recuerdo de la vigencia de la gue-rra sucia en el pas, bajo la cual han producido hechos como el genocidio poltico de la Unin Patritica71a finales de la dcada de los ochen-tas y principios de los noventas, y que a pesar de la restitucin de su personera jurdica en julio de 201372, parece haber revivido segun lo indi-can los asesinatos de Nancy Vargas y Milciades Cano exintegrantes de ese movimiento, el pasa-do 6 de octubre de 201373.

La Unin Patritica, fue un partido de izquier-da fundado en 1985 conformado principalmen-te por guerrilleros desmovilizados de las FARC

4. Muestras de buena voluntad: Ley de Vctimas y negociaciones de paz como retrica inconsistente

por accin u omisin en diferentes violaciones de derechos humanos, que ponen en entre-dicho la posibilidad de generar un ambiente propicio para la construccin colectiva de la paz y el cumplimiento efectivo de la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras. Esta violen-cia se ha manifestado por ejemplo, en varios

casos de campesinos reclamantes de tierras que han sido amenazados e incluso asesina-dos por adelantar los procesos de restitucin contemplados en la ley, al igual que las inti-midaciones sufridas por funcionarios publicos dedicados a implementarla, tal como se men-ciona en el captulo a continuacin.

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que dejaron las armas para participar en las di-nmicas de la poltica electoral. Dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece dipu-tados, setenta concejales, once alcaldes y cer-ca de cinco mil militantes fueron exterminados sistemticamente por la colaboracin conjunta entre fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares y narcotraficantes. Este caso no slo ha sido llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dado que a nivel interno no se ha hecho justicia por los hechos, sino que se ha constituido en una suerte de fantasma que hoy atormenta las negociaciones de paz que se llevan a cabo entre las FARC-EP y el gobierno nacional. Tendrn los combatientes desmo-vilizados garantas reales en el ejercicio de la poltica, teniendo en cuenta que durante el go-bierno actual de Juan Manuel Santos, el mismo que negocia en la Habana, han sido asesinados varios lderes de los procesos de reclamacin de tierras?

El mismo fiscal General de la Nacin Eduar-do Montealegre reconoce que, va a haber gue-rra sucia en Colombia, durante el posconflicto, y ese va a ser uno de los grandes desafos del Esta-do colombiano74. Desgraciadamente la guerra sucia no es algo que suceder sino que ya est sucediendo, viene sucediendo desde hace rato sin medidas efectivas encaminadas a ponerle fin.

5.2 Una Ley transicional que oscila entre los anhelos de paz y se enfrenta a la persistencia de la guerra e impunidad

La Ley de Vctimas tambin debe ser enmarcada en un proceso que empez durante el gobierno de Uribe Vlez con la expedicin de la Ley 975 de 2005 ms conocida como Ley de Justicia y Paz que se propona la desmovilizacin para-militar.

Esta ley haca parte de la intencin del go-bierno por negar la existencia del conflicto ar-mado, mostrando a la comunidad internacional que Colombia viva una situacin transicional en la que se estaba construyendo la paz, al tiem-po que se abra la puerta haca la impunidad de los crmenes paramilitares.

Voces provenientes de la comunidad nacio-nal e internacional criticaron fuertemente la pro-puesta del gobierno, provocando modificacio-nes sustanciales en la misma75. Finalmente fue aprobada con una serie de modificaciones que

no cubri persistentes falencias resaltadas en su momento por sus detractores, abriendo paso a lo que se conoce como una situacin de justicia transicional en el pas76. La Ley de Justicia y Paz, al igual que la Ley de Vctimas, son parte de ese proceso transicional.

Lo irnico del asunto es que, en comparacin con otras experiencias histricas, Colombia es el primer pas en hablar de justicia transicional cuando aun no es claro si el conflicto armado llegar a su fin. En teora, primero las partes en conflicto tendran que acordar la paz (o una de las partes le impone la paz a la otra), y luego se crea el marco de justicia transicional. Ante la ausencia de esos requisitos, la situacin ha sido vista por muchos como una especificidad contextual que hace muy interesante el caso co-lombiano por su originalidad.

Sin embargo, la originalidad del caso resul-ta en un panorama donde el gobierno continua brindando concesiones excesivas a los actores armados (y no armados) en detrimento de los derechos a la verdad, justicia, reparacin y ga-rantas de no repeticin de las vctimas, en nom-bre de una paz y una reconciliacin social que no llegan. A esta situacin se suma la acumula-cin de un historial de impunidad en el pas que hasta la fecha no ha sido resuelto.

La Ley de Justicia y Paz que abri la puerta a la justicia transicional en el pas hara parte de ese historial.

Este marco jurdico creado para promover la desmovilizacin paramilitar ha sido fuertemente criticado77 en primer lugar porque ha fracasado en su objetivo principal, ya que los paramilitares se han reorganizado en otros grupos para conti-nuar delinquiendo78. Y en segundo lugar, porque contempla laxas condenas frente a las masivas violaciones graves de derechos humanos e in-fracciones al derecho internacional humanitario a cambio de versiones libres dependientes de la voluntad de los criminales79, en las que slo se han revelado verdades a medias que muchas veces no aportan informacin nueva impidien-do el esclarecimiento del fenmeno paramilitar y de sus promotores.

Estas confesiones adems no han sido ade-lantadas con facilidad por la masiva extradicin de jefes paramilitares hacia Estados Unidos, en un intento por callar verdades inconvenientes para los sectores ms poderosos del pas, y tam-

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poco han gozado de la difusin necesaria para que la sociedad colombiana en su conjunto se entere de lo que est sucediendo.

Segun el propio ministro de Justicia Alfonso Gmez Mndez, la gran falla de esta ley que hoy en da continua vigente, es que no se ha exigido toda la verdad. Los desmovilizados que rinden sus versiones padecen de amnesia par-cial: slo se acuerdan de personas que ya no hacen parte de este mundo y el pas no ha po-dido saber hoy cmo surgi el paramilitarismo, quin lo financi, quines son sus cmplices80. Delitos contra las mujeres en razn de gnero tienden a ser particularmente invisibilizados, en-tre ellos la violencia sexual, lo cual se agrava con las dificultades que se les presentan para acceder a la justicia81.

La Ley de Vctimas se aprueba, entre otras razones, para responder a las crticas que re-saltaban cmo la Ley de Justicia y Paz haba servido de marco jurdico de impunidad para los paramilitares quienes de cualquier forma continuan delinquiendo, mientras que a las vc-timas se las tena en el olvido. Pero la nueva Ley de Vctimas no slo no ha corregido los errores de la anterior, sino que encuentra dificultades en la convivencia con esa que aun se encuentra vigente.

El problema aun no se ha superado: la flexi-bilizacin de la justicia no ha devenido en paz ni en el cumplimiento de los derechos de las vcti-mas a la verdad, justicia, reparacin y garantas de no repeticin.

La falta de justicia frente a las atrocidades que aun hoy en da se continuan cometiendo, enva un claro mensaje a todos aquellos que participan del conflicto colombiano, bien sea en sus dimensiones armadas, polticas o socioeco-nmicas: a pesar de los crmenes, la impunidad est garantizada en particular para los actores ms poderosos.

5.3 Trato discriminatorio de las vctimas por parte de la Ley que pretende reconocerlas

Aunque la Ley 1448 de 2011 dicta medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno, lo cier-to es que no todas las vctimas son tenidas en cuenta y las que lo son, no reciben el mismo

trato. Esto tiene como consecuencia el acceso condicionado en particular a medidas de repa-racin econmica y restitucin de tierras.

La delimitacin del universo de vctimas se ha hecho en virtud de tres distinciones concep-tuales: una temporal, otra en trminos del reco-nocimiento oficial o su ausencia del actor ar-mado como participante del conflicto y la ultima que refiere al involucramiento de las vctimas en las dinmicas del conflicto armado.

Retomando la argumentacin de Amnista Internacional82, la distincin de tipo temporal refiere a:

lLas vctimas de desplazamiento forzado y otros abusos contra los derechos humanos cometidos antes de 1985 slo podrn bene-ficiarse de una reparacin simblica, no de la restitucin de tierras ni de una compensa-cin econmica.

lLas vctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos entre 1985 y 1991 ten-drn derecho a una compensacin econmi-ca, pero no a la restitucin de tierras.

lnicamente las vctimas cuyas tierras fueron apropiadas indebidamente u ocupadas ile-galmente mediante abusos contra los dere-chos humanos despus de 1991 y antes del final de la vigencia de la ley tendrn acceso a la restitucin de tierras. Dado que la vigencia de la Ley es de 10 aos a partir de su apro-bacin, esto aplicara hasta antes del 10 de junio de 2021.

La segunda distincin refiere al reconoci-miento o no del actor armado como partici-pante del conflicto. Es decir, quienes hayan sido vctimas de la delincuencia comun no seran be-neficiaras de esta normativa.

Esto es un problema si se tiene en cuenta la insistencia del gobierno nacional en desconocer la continuidad del paramilitarismo en el pas83.Esto no slo representa una negativa a recono-cer el fracaso estruendoso de la Ley de Justicia y Paz (que se discuta en el apartado anterior), sino que adems implica la invisibilizacin de las vctimas del accionar paramilitar posterior al fallido proceso de desmovilizacin de 2006.

No es casualidad que el gobierno, en vez de llamar las cosas por su nombre, haya de-nominado a los grupos de paramilitares reor-ganizados como BACRIM bandas criminales

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emergentes incluyndolas dentro de la delin-cuencia comun. As, las vctimas del paramili-tarismo reorganizado quedaran excluidas del alcance de la Ley 1448 de 2011, pese a que en muchos casos parece existir una clara rela-cin entre la continuada actividad paramilitar y la apropiacin constante de tierras84.

Esto sin mencionar las dificultades que en-frentan las vctimas cuando se declaran vulnera-das por algun agente estatal.

La ultima delimitacin se construye en torno al nivel de involucramiento de las vctimas en las dinmicas del conflicto armado, desconociendo a todos aquellos que de una u otra forma hubie-sen participado como victimarios en el mismo:

lNo se reconocen como vctimas a los actores armados ilegales que hayan sufrido vulnera-ciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

lEsa medida es particularmente espinosa cuando se trata de personas que siendo me-nores de edad hayan sido vctimas del re-clutamiento forzado. En este caso slo se les reconoce como vctimas si al momento de su desmovilizacin aun continuan siendo meno-res de edad.

lAdicionalmente, en casos de homicidios ile-gtimos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en los que usualmente se sostiene que los asesinados pertenecan a un grupo armado ilegal, los familiares de es-tas vctimas slo seran reconocidos como ta-les hasta que una investigacin criminal con-firme que la persona fallecida no haca parte de uno de esas organizaciones. Dadas las dificultades de esclarecer este tipo de situa-ciones, esta disposicin puede impedir que los familiares obtuviesen reparacin en virtud de la Ley. En otras palabras, las vctimas de las fuerzas militares del Estado no han sido contempladas por esta Ley.

Bajo estas tres distinciones conceptuales es evi-dente que la Ley 1448 de 2011, aunque lo expre-se en su objeto, no contempla medidas de aten-cin, asistencia y reparacin integral a todas las vctimas del conflicto armado interno. Ms aun, a estas limitaciones se aaden otras de tipo prctico: mientras que los sobrevivientes a violaciones de los derechos humanos que permanecieron en las zonas donde estn ubicadas las tierras que seran reclamadas slo necesitan un reconocimiento for-mal de su condicin de vctimas, quienes huyeron

de las zonas en donde vivan pueden encontrar dificultades para que se las reconozca como vc-timas si no se las ha reconocido como personas desplazadas forzosamente85.

Es decir, las dificultades que pueden presen-tarse para adquirir el reconocimiento oficial del carcter de vctima supondra una traba buro-crtica (entre otras) que impide el acceso a los derechos de verdad, justicia, reparacin y ga-rantas de no repeticin.

5.4 Entendimiento parcializado del crite-rio de sostenibilidad fiscal se impone sobre la reparacin a las vctimas

Otro debate alrededor de la Ley 1448 de 2011 gir en torno al llamado criterio de sostenibili-dad fiscal pensado para limitar las reparacio-nes a las vctimas que califican para ello, para salvaguardar la estabilidad macroeconmica del Estado. En virtud de este argumento, esta ley no contempla la restitucin del patrimonio total de los desplazados ni tampoco medidas de reparacin complementarias como la indemni-zacin del lucro cesante86.

Varias voces han denunciado cmo el go-bierno es recurrente en encontrar formas que restringen el cumplimiento de los derechos so-ciales para las poblaciones ms vulnerables, en este caso las vctimas, en vez de cuestionar la corrupcin, el gigantesco gasto en defensa, las generosas gabelas y beneficios tributarios a los ms pudientes87nacionales y extranjeros.

Esta discusin estuvo muy relacionada con una reforma constitucional tramitada ese mismo ao por el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeve-rry, que termin en la modificacin del Artculo 334, insertando la sostenibilidad fiscal como instrumento para alcanzar de manera progresiva las finalidades del Estado Social y Democrtico de Derecho. Sin embargo esto ha sido visto por varios crticos como Csar Rodrguez, como inne-cesario e inconveniente, ya que por un lado, el gobierno ya cuenta con herramientas para lograr un manejo responsable y sostenible de las finan-zas publicas, y por el otro, esta insercin estara reflejando el entendimiento recortado de un obje-tivo que si bien es deseable, puede ser abordado de diferentes maneras y no a travs del recorte del gasto social, de la limitacin a las reparacio-nes de las vctimas o de la insercin del criterio como derecho colectivo en la constitucin88.

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Tal como lo recordaba el Representante a la Cmara Ivn Cepeda, bajo la Ley de Vctimas las violaciones masivas de derechos humanos cometidas a lo largo de dcadas intentan ser saldas con 40 billones de pesos distribuidos a lo largo de 10 aos, mientras que el pas entrega anualmente cerca de 20 billones de pesos hacia los gastos de defensa y seguridad democrtica sin que ello sea cuestionado por el gobierno89.

Es evidente el entendimiento recortado y par-cializado de este criterio cuando se tiene en cuenta que el gobierno nacional revirti a travs del de-creto presidencial 2170 del 7 de octubre de 2013, un fallo del Consejo de Estado que intentaba re-versar la implementacin abusiva de las primas de salud y localizacin y vivienda contempladas por la Ley 4 de 1992, normatividad que estaba siendo encaminada a inflar el monto de los ya generosos salarios de los congresistas en el pas90 injustifi-cadamente y que habra implicado un ahorro de ms de 2100 millones de pesos91 (ms de 800 mil euros) mensuales a la nacin92.

Estas situaciones muestran (entre otras co-sas) el entendimiento y utilizacin parcializada de la sostenibilidad fiscal, que aparece unica-mente cuando se trata de poner lmites a la garanta de derechos de las poblaciones vulne-rables del pas, pero se olvida cuando se trata de continuar beneficiando a los sectores ms poderosos.

Es ms, algunas organizaciones han denun-ciado cmo el gobierno nacional estara con-fundiendo entre acceso a servicios sociales b-sicos y medidas de reparacin, ofreciendo a las vctimas acceso preferencial a servicios sociales con los que debera contar toda la poblacin.

5.5 Restitucin de tierras: consenso entre defensores de modelos de desarrollo opuestos

Despus de elaborar una reconstruccin sobre los debates institucionales que antecedieron a la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras, Ro-drigo Uprimny y Camilo Snchez93 recapitulan con un interrogante que para efectos de este trabajo interesa retomar: cmo se alcan-z un consenso sobre un tema que la socie-dad y el Estado haban tenido abandonado por dcadas y respecto del cual hay intere-ses econmicos, polticos y hasta militares tan enfrentados?94.

Aunque a lo largo de este texto se han men-cionado varios antecedentes que de alguna ma-nera influyeron a la expedicin de la Ley, estos autores han argumentado cmo desde distintas orillas polticas se vena identificando la necesi-dad de implementar medidas de restitucin de tierras en el pas, pero con propsitos y alcances diferentes. Ellos identificaron dos posturas.

La primera postura contempla la restitucin como instrumento para el desarrollo agrario y el co-mercio libre de bienes, es decir, se necesitan unos derechos de propiedad claros y protegidos para que existan suficientes incentivos para la inversin y la acumulacin de riqueza. Esta posicin sentada en el pensamiento neoliberal, identifica como obstculos la informalidad de los ttulos de propiedad y las de-bilidades institucionales en torno a su proteccin.

Pero la realidad colombiana se caracteriza preci-samente por los altos niveles de informalidad de la propiedad rural, y por un atraso en el sistema oficial de notariado y registro de predios que se refleja en la falta de informacin actualizada y adecuadamen-te sistematizada. Incluso hay reas del pas que no cuentan con ninguna formacin catastral. La infor-macin de aquellas reas que s tienen formacin catastral fue actualizada por ultima vez a nivel nacio-nal en 1994, y para 2007, un 54% de los registros prediales no haban sido actualizados95. Pero ade-ms, la informacin del catastro no es congruente frente a otras fuentes oficiales y no contempla otros derechos diferentes a la propiedad de la tierra, tales como la posesin, la ocupacin y la tenencia sobre la misma.

La informalidad, combinada con la violencia armada y los circuitos de las economas ilegales, resultan en un mercado de tierras poco transpa-rente que responde a dinmicas que no slo son difciles de detectar sino que valorizan la tierra en funcin de variables que no necesariamente estn relacionadas con los precios reales del mercado.

Entonces, para esta primera postura una polti-ca masiva de restitucin, titulacin y actualizacin del sistema de registro e informacin sera conve-niente para organizar los ttulos de propiedad rural y vestirlos de legitimidad, superando las sospechas de haberse constituido sobre el despojo.

La segunda postura concibe la restitucin no slo como una medida de justicia para las vcti-mas, sino tambin como una forma de reconoci-miento del campesinado como actor social, cul-tural, econmico y poltico fundamental para la

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construccin de un modelo agrario incluyente, que avance en la discusin sobre el problema histrico de distribucin inequitativa de la tierra, el cual se encuentra en la raz misma del conflicto.

En resumen, mientras que la primera postura intentara limpiar y organizar los ttulos de pro-piedad sobre la tierra para ofrecer legitimidad y seguridad jurdica a las inversiones, la segunda postura estara viendo la restitucin de tierras como paso fundamental para empezar a construir solu-ciones a las diversas dimensiones del conflicto.

Aunque ambas estaran de acuerdo con el proceso de restitucin, manejan perspectivas de desarrollo agrario que seran mutuamente ex-cluyentes: la primera postura preocupada por la acumulacin de riqueza no est interesada en garantizar el desarrollo de territorialidades cam-pesinas, en vez de ello se inclinara hacia la pro-duccin intensiva a gran escala o la extraccin de materias primas de alto valor en los mercados internacionales, en donde los campesinos quizs podran articularse como mano de obra barata o como arrendatarios o vendedores de los predios en donde se realizaran las inversiones.

La segunda postura en cambio estara enca-minada a empoderar al campesinado invisibi-lizado histricamente de tal forma que pueda vivir, construir y disfrutar sus tierras y territorios colectivamente, en vez de padecerlos.

5.6 Recuperar la tierra para morir por ella?

El ttulo de este sub apartado remite a una de las columnas de Aura Patricia Bolivar investigadora de Dejusticia, quien se ha dedicado a hacer se-guimiento de la implementacin del proceso de restitucin de tierras96. Segun ella es necesario que el Estado encamine todos sus esfuerzos a proteger la vida e integridad de los reclamantes de tierras, de los funcionarios publicos, defen-sores de derechos de las vctimas y periodistas, dado que han sufrido amenazas sistemticas con el propsito de minar el proceso.

Pero ello no se ha quedado en amedrenta-mientos: durante el periodo comprendido entre 2006 y 2011 la Defensora del Pueblo inform al menos 71 asesinatos de lderes de restitucin ocurridos en 14 departamentos del pas97.Lo que quizs resulta ms grave, es que para 2011 haba slo una condena frente a esos crmenes.

Tal como lo destaca Bolvar, difcilmente la Ley de Victimas y Restitucin de Tierras tendr xito mientras los victimarios puedan continuar delin-quiendo sin mayores consecuencias, mientras los sistemas de prevencin y proteccin no se ajusten hacia el amparo efectivo de los recla-mantes y mientras que no se desmonten las es-tructuras de poder de los despojadores.

Human Rights Watch concuerda con los ar-gumentos de la investigadora, resaltando la importancia de que el gobierno empiece por reconocer la persistencia del fenmeno parami-litar para enfrentarlo adecuadamente. El ultimo informe de esta organizacin ha sido objeto de duro debate, en tanto sostena que hasta el mo-mento slo haba un hogar que favorecido con un fallo de restitucin, haba podido regresar al predio restituido. Ante estas aseveraciones, la Unidad de Restitucin de Tierras sostuvo que hasta el momento existen 233 sentencias que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hec-treas de tierras; sin embargo los datos sobre cuntas familias estn viviendo en sus predios restituidos no son respondidos con certeza98.

Frente a todo este debate, Juanita Len de la Silla Vaca encontr que si bien existe ms de un caso de personas que estn viviendo en su tie-rra restituida, lo hacen en condiciones precarias, muy inferiores a los estndares establecidos por la Ley 1448. Y no slo eso: son tan pocos los casos de personas que han podido retornar a habitar y trabajar sus tierras que el argumento de Human Rights Watch sobre la precariedad de los avances de la Ley se mantiene vigente: no basta con que un juez falle a favor de la vctima y expida una sentencia judicial que le restituya la tierra, la dificultad se encuentra en lograr que las familias puedan regresar a vivir y mantenerse en ella. Ha habido casos en los que los campesinos se encuentran con gente armada cuando llegan a la tierra que les ha sido restituida o insistentes amenazas en las que se les hace saber a los campesinos que es mejor no volver99.

Pero la situacin de violencia no es la unica razn que amenaza el regreso. Len menciona cmo aunque la Unidad de Restitucin ha con-cedido subsidios mediante el Banco Agrario a los campesinos para construir las casas que en algun momento fueron destruidas por los acto-res armados, stos no han podido ser efectivos porque las aseguradoras se niegan a expedir las plizas necesarias a las constructoras de vivien-da rural para hacer obras en esos predios con

6. Favorecimiento del acaparamiento de tierras: dos casos ejemplares

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historial de violencia. Es principalmente por esto que las pocas personas que han decidido regre-sar a vivir en sus tierras restituidas se encuentran en condiciones de precariedad, viviendo bajo cambuches improvisados.

Bolvar ya haba resaltado en otra de sus co-lumnas, cmo la situacin de pobreza extrema en la que se encuentran las familias desplazadas, in-cluso con un fallo de restitucin a su favor, encuen-tran muy difcil pagar las deudas adquiridas con las entidades financieras antes de su desplazamiento. A pesar que la Corte Constitucional dict medidas para aliviar los crditos de las vctimas (condo-nacin de intereses de mora generados despus del desplazamiento y plazos prudentes de pago teniendo en cuenta su situacin econmica) algu-nas de ellas han terminado por vender sus tierras a bajos precios para poder cumplir con el pago de los crditos que a pesar de haber sido renegocia-dos, no pueden ser cancelados tras la perdida del patrimonio despus del desplazamiento100.

Aunque los campesinos reciban subsidios para poner a producir nuevamente su tierra, su estabilizacin socioeconmica est en entredi-cho, cuando los campesinos tendrn que entrar a competir bajo los trminos de los tratados de libre comercio ratificados por el Estado.

Al repasar algunos de los debates en torno a la Ley 1448 de 2011, que de ninguna mane-ra agotan todo lo que se ha dicho al respecto,

es muy difcil creer en expresiones de buena voluntad cuando mientras se mantienen di-logos de paz y se expide una ley en nombre de las vctimas, el gobierno est favoreciendo las dinmicas de acaparamiento de tierras en el pas a costa de las comunidades agrarias que son despojadas de sus tierras en regiones como Montes de Mara y la altillanura colom-biana; cuando est encaminando esfuerzos para desmontar los pocos instrumentos jur-dicos de defensa de los territorios indgenas, afrodescendientes y campesinos; cuando frente al reciente Paro Nacional Agrario de amplios sectores campesinos y populares que se mo-vilizaron en contra de las polticas de desarro-llo excluyente, el manejo represivo y delictivo por parte de la Fuerza Publica, es la norma; y cuando se continua invisibilizando a las co-munidades agrarias como importantes actores sociales y polticos en la construccin del agro y de la paz en Colombia.

A continuacin se explicar con ms deta-lle estas medidas del gobierno de Juan Manuel Santos, que contrario a lo que han dicho algu-nos analistas, ms que expresar una suerte de esquizofrenia frente al manejo de los proble-mas que aquejan al pas, son decisiones muy congruentes con la profundizacin del modelo neoliberal en el pas y el cual se encuentra clara-mente expresado en el Plan Nacional de Desa-rrollo Prosperidad para Todos (2010-2014)101. El ttulo mismo resulta ser una irona.

6. Favorecimiento del acaparamiento de tierras: dos casos ejemplares

El acaparamiento de tierras es un fenmeno en Colombia cuyas proporciones no han podido ser establecidas con claridad, principalmente porque el mismo Estado no tiene un registro actualizado sobre la propiedad agraria en el pas y ni tampoco conoce cules tierras le pertenecen y le han perte-necido al Estado (baldos). Esta situacin es ms grave aun en el campo, en donde el ultimo censo agropecuario fue realizado en 1971102.

Tal como lo describe el informe de Oxfam res-pecto al problema, cerca del 80% de la tierra est

en manos del 14% de los propietarios, aguda concentracin que ha venido agudizndose. Son diversos los clculos sobre el Coeficiente de Gini en el pas, pero segun el Atlas de la Distribucin de la Propiedad Rural, en Colombia empeor de 0,841 en 1960 a 0,885 en 2009, ubicando al pas en el puesto once entre que peor distribucin de la tierra tienen en el mundo y el segundo en Amrica Latina despus de Paraguay103.

En trminos del uso de la tierra, histrica-mente se ha dado un uso antieconmico de la

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misma, es decir hay regiones del pas donde est excesivamente fraccionada en minifundios -e in-cluso microfundios- al tiempo que es sobreutili-zada como en los departamentos de Cundina-marca, Boyac y Tolima. Esta situacin convive con latifundios en otras regiones del pas donde generalmente la vocacin agrcola es desapro-vechada y en cambio las tierras son destinadas a la ganadera extensiva, una de las actividades que por excelencia ha servido para mantener la concentracin de la tierra.

Del total de 114 millones de hectreas que conforman su territorio, el 37% se considera con aptitud agropecuaria (42 millones de hect-reas), del cual 10 millones de hectreas poseen vocacin agrcola, otros 10 millones ganadera y los restantes 22 millones agro-silvo-pastoril. Sin embargo la ganadera extensiva, uno de los aprovechamientos ms ineficientes, en 2009 ocupaba 40 millones de hectreas mientras que a la agricultura apenas se destinaban 5 mi-llones. Este reparto podra estar cambiando, ya que la demanda creciente de biocombustibles ha estimulado la conversin de grandes explo-taciones ganaderas en plantaciones de caa de azcar y palma de aceite.104

A pesar de las dificultades con respecto a las cifras, algunos investigadores y miembros de la oposicin vienen documentando casos pun-tuales de acaparamiento de tierras en el pas, entre los cuales se destaca el de la altillanura colombiana, tambin conocida como la regin Orinoquia, y el de los Montes de Mara. Ambos ofrecen una idea de la magnitud del problema y de cmo el gobierno actual prefiere reformar la ley para legalizar actuaciones ilegales en fun-cin de favorecer intereses econmicos de fun-cionarios publicos, empresas nacionales y mul-tinacionales implicadas en los escndalos. Y en nombre del desarrollo.

6.1 Caso de acaparamiento de tierras en la Altillanura colombiana o regin Orinoquia

El ms reciente caso sobre el acaparamiento de tierras en el pas sucede en la Altillanura. Situa-cin investigada y denunciada publicamente en junio de 2013 por el Representante a la Cmara Wilson Arias105 y el congresista Jorge Robledo106 (ambos pertenecientes al Polo Democrtico Al-ternativo, uno de los pocos partidos polticos de oposicin existentes en el pas) desat un es-

cndalo nacional de incidencia internacional, por la apropiacin ilegal de tierras por parte de grandes empresas nacionales como Ingenio Riopaila, e internacionales como la multinacio-nal norteamericana Cargill, la brasilera Mnica Semillas y la italoespaola Poligrow. Este debate aun no se ha resuelto.

La razn de la ilegalidad de la apropiacin de tierras radica en la violacin del artculo 72 de la Ley 160 de 1994107 que prohbe expresa-mente la apropiacin de terrenos inicialmente adjudicados como baldos en extensiones su-periores a una Unidad Agrcola Familiar, y por parte de personas naturales o jurdicas que sean propietarias de otros predios rurales. Es decir, los baldos deben ser asignados a campesi-nos pobres (no a empresarios) en mximo una Unidad Agrcola Familiar UAF, esto es, una unidad de medida que determina el numero de hectreas necesarias para que en una regin especfica (teniendo en cuenta las caractersti-cas de las tierras y sus niveles de fertilidad) una familia campesina pueda producir lo suficien-te para sostenerse y contar con un margen de ganancia susceptible de ser capitalizado. As, la Unidad Agrcola Familiar vara a lo largo del pas dependiendo de la calidad de las tierras108 y est definida por la ley para cada regin. En caso de asignarse baldos a personas que po-sean propiedad rural o en cantidades superiores a la UAF, el INCODER tiene la potestad para declarar la nulidad del procedimiento.

Las empresas mencionadas violaron la Ley 10 de 1994 mediante diferentes artimaas jurdicas combinadas, tambin denunciadas por el infor-me de Oxfam Divide y comprars109, que con-sistieron en: i) la compra de predios contiguos que eran fraccionados con el fin de no superar 1 UAF por propiedad; ii) la creacin de diferen-tes sociedades de acciones simplificadas (SAS) que aunque son del mismo dueo, dan la ima-gen de ser diferentes compradoras en tanto no son llamadas de la misma manera iii) la compra de cada una de las propiedades fraccionadas que son vecinas entre s por parte de una de las multiples SAS creadas.

Segun las declaraciones del senador Roble-do, entre las empresas involucradas se encuen-tran las colombianas Riopaila Castilla que com-pr en el Vichada a travs de 27 SAS un total de 35.500 hectreas divididas en 42 predios por un valor de 41.000 millones de pesos (cerca de 16.000 millones de euros); Corficolombiana

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que pertenece al Grupo Aval de Luis Carlos Sar-miento Angulo crea 7 SAS para comprar 14 pre-dios que suman 6.000 hectreas; y La Fazenda, que crea 16 SAS para comprar 16 predios que suman 22.700 hectreas. Esta ultima empresa consorcio de empresarios de Antioquia y Santan-der, compr tierras que en su momento fueron adquiridas ilegalmente por allegados de Vctor Carranza conocido zar de las esmeraldas por su enorme riqueza consolidada a travs de sus nexos con el narcotrfico, el paramilitarismo, la expoliacin de tierras y mtodos violentos, y quien nunca fue procesado por ninguno de sus crmenes, convirtindose as en smbolo de la impunidad en Colombia110. Esas tierras donde ahora se desarrollan megaproyectos agroindus-triales habran servido cmo escenario de entre-namientos, torturas, desapariciones y asesinatos por parte de los paramilitares111.

Entre las multinacionales se destaca el caso de Cargill, empresa que segun la labor investi-gativa del concejal Arias, crea 40 SAS que com-pran 43 predios que suman 61.000 hectreas por un valor de 61.000 millones de pesos. Las cifras expuestas en el informe realizado por Oxfam arrojan resultados similares:

La investigacin permiti descubrir que entre los aos 2010 y 2012 Cargill adquiri a travs de 36 SAS subsidiarias 39 predios en los muni-cipios de Santa Rosala, Cumaribo y La Primave-ra (todos ellos en el departamento de Vichada) por una extensin total de al menos 52.575,51 hectreas (equivalente aproximadamente a seis veces la isla de Manhattan).112

En este mismo informe se presenta una re-lacin de los 13 casos de indebida concentra-cin de UAF que estaban siendo investigados por el Incoder durante la administracin del exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo 2010-2013113, entre los que se destaca el aca-paramiento de 5.577 hectreas de tierra en la finca Macondo (Mapiripn, Meta) por parte de la italoespaola Poligrow, que al mismo tiempo estara tras la finca Santa Ana de 70.000 hect-reas de baldos en el mismo municipio que aun no han sido adjudicados por el Estado, segun es denunciado en medios de comunicacin no oficiales que se han dedicado a investigar ms a profundidad varios de los casos de apropiacin indebida de tierras114.

La brasilera Mnica Semillas por su parte ha-bra creado 6 SAS para comprar 9 predios que

suman 8.866 hectreas en el Meta y Vichada. Las empresas Wood y Timberland tambin se han visto envueltas en sospechosas compras de tierras en La Primavera en Vichada, pero ha sido ms difcil seguirles la pista dado que se encuentran constituidas en el paraso fiscal de las Islas Vrgenes Britnicas115.

Estos casos han resultado en escndalo publico no slo por las abrumadoras cifras y fragrantes violaciones de la Ley por parte de reconocidos empresarios a nivel nacional e in-ternacional, sino adems porque personajes de las altas esferas del gobierno se han visto impli-cadas de diferentes formas en la participacin de estos hechos ilegales. Ejemplo de ello es el exembajador de Colombia en Washington Car-los Urrutia quien era socio y director del bufet de abogados Brigard & Urrutia, firma que aconsej y acompa a empresas como Cargill y Riopaila Castilla en la utilizacin de los artilugios jurdi-cos en contrava de la ley. En el caso de Riopaila Castilla incluso uno de los abogados de la firma presta su nombre para comprar las tierras que despus seran cedidas a la empresa de manera gratuita sirviendo as de testaferro116. Este epi-sodio result en la dimisin del ex embajador Urrutia quien afirm querer evitarle problemas polticos al poder Ejecutivo117.

Toda esta situacin agravada por el Paro Na-cional Agropecuario gener un ambiente de di-fcil gestin poltica que desbord al ministro de agricultura del momento Francisco Estupin, quien no cont con argumentos slidos para contrarrestar las denuncias de la oposicin por la apropiacin ilegal de baldos, ni expuso una postura clara del Ministerio frente al problema, ni tampoco supo lidiar con los reclamos de los campesinos movilizados en protesta por los TLC firmados por Colombia.

Siendo ministro, Estupin declar en medios de comunicacin que las empresas envueltas en el escndalo sobre la apropiacin y acumulacin de baldos haban actuado de forma claramen-te ilegal, para defender a rengln seguido un modelo agrario incluyente en donde tuviesen cabida tanto los empresarios como los campe-sinos. En este sentido, contemplaba la distincin entre la propiedad de la tierra, de las mejoras que se haban hecho sobre ella, y la necesidad de implementar una figura que contemplara el arrendamiento de las tierras que legalmente deben pertenecer a campesinos para que a su vez los empresarios acaparadores pudiesen ex-

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plotarlas118 ya que no consideraba conveniente para el Estado perder las inversiones y el desa-rrollo trado por los inversionistas119.

Esta posicin es un reflejo de un gobierno que dice querer defender a los campesinos pero que los termina incluyendo en sus planes slo cuando los escndalos estallan y de forma tal que representen el menor obstculo posible para los intereses de los grandes inversionistas. De llegarse a concretar una posicin como la expuesta por el ministro de entonces, los cam-pesinos perderan sus derechos de decidir sobre el uso que se les da a las tierras que en principio deberan ser utilizadas al desarrollo de econo-mas campesinas.

Al fin y al cabo, toda esta coyuntura y la pro-longacin del Paro Nacional Agrario le cost el puesto a Estupin quien permaneci en el car-go durante slo tres meses.

6.2 Caso Montes de Mara en los departamentos de Bolvar y Sucre

En complemento al empleo de herramientas jurdicas para evadir la ley, el uso de la violencia armada ha sido otro de los instrumentos utili-zados por excelencia para despojar a las co-munidades rurales de sus tierras. El caso de los Montes de Mara en el departamento de Bolvar ilustra claramente esta situacin.

Segun el informe publicado por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un De-recho Alternativo ILSA120 la regin ha sufrido un fenmeno llamado la empresarizacin del mundo rural de la mano de la concentracin de las tierras, que casualmente se ha insta-lado rengln seguido al desplazamiento de las comunidades. Esta situacin ha devenido en el despojo de miles de campesinos que no cuentan con informacin privilegiada, ni con contactos en el alto gobierno, ni con amigos notarios ni abogados que les ayuden en la utilizacin de pintorescos artilugios y malabares jurdicos para que finalmente la ley pueda acomodarse a sus propios intereses.

Este caso se caracteriza porque fue el mismo Estado que en 2007 vendi a la cobradora Co-vinoc, viejas deudas contradas por campesinos

de Montes de Mara con la Caja Agraria y que en su momento fueron respaldadas con sus tie-rras. La cobradora y su ejrcito de abogados, termin siendo duea de las tierras de los cam-pesinos, algunas de ellas adjudicadas por el Es-tado, y que posteriormente terminaron en ma-nos de empresarios, algunos de ellos cercanos al gobierno de turno de Uribe Vlez. La Agrope-cuaria Vlez Arango, lvaro Ignacio Echeverra y Luis Esteban Echavarra (con su firma Tierras de Promisin) son algunos de los inversionistas involucrados en las compras masivas de cerca de 75.000 hectreas de tierras121. Empresarios paisas como Cementos Argos por su parte, hoy tiene 11 mil 200 hectreas en un proyecto de re-forestacin como parte de su programa de res-ponsabilidad social, por medio de su empresa Reforestadora del Caribe S.A.122.

Segun un informe entregado por la Super-intendencia de Notariado y Registro al Ministe-rio de Agricultura en 2011, 41% de los predios acaparados eran Unidades Agrcolas Familiares adjudicadas por el Incoder durante los aos no-venta a campesinos sin tierra. Los nuevos em-presarios que llegaron hacia 2008 compraron la hectrea de tierra a 300 mil pesos en prome-dio y para 2011 vala ms de dos millones, y la de un milln para 2011 vala ms de tres123. Ellos se defienden diciendo que nadie presion a los parcelarios que decidieron vender las tie-rras, a pesar de las consabidas situaciones de violencia vividas en la regin.

Por su parte, la Ley de Vctimas y de Resti-tucin de Tierras contempla en su artculo 99 que cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio despojado y se haya probado la buena fe de quien figure como propietario, el magistrado podra autorizar un acuerdo entre el desplazado y el empresario con el propsito de no interrumpir el proyecto. De no probarse la buena fe, el predio pasara a la Unidad Administrativa de Restitucin para que sea explotado a travs de terceros y se des-tine lo producido al programa de reparacin de vctimas y al beneficiario124. Sern declarados de buena f los empresarios? Es la pregunta que el representante a la Cmara Ivn Cpeda -quien destap todas estas irregularidades- for-mula. Cmo se resolvern las ms de mil so-licitudes de restitucin de tierras en los Montes de Mara?125.

7. CONCLUSIONES

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Despus de repasar parte del historial reciente de violaciones multiples de derechos humanos, de las cules han sido vctimas las poblaciones rurales colombianas durante el gobierno ante-rior y actual, es fcil comprender por qu se pro-pone una lectura escptica frente a las buenas intenciones del gobierno encabezado por Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del go-bierno Uribe Vlez.

No se trata de negar que la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras se constituye en un avance en trminos del reconocimiento de las vctimas invisibilizadas por mucho tiempo, y que existen valiosos esfuerzos por parte de jueces, un par de congresistas, funcionarios honestos y orga-nizaciones acompaantes que ponen todo su esfuerzo para que la Ley sea ejecutada lo me-jor posible. El pas continua siendo un lugar de marcados contrastes: no slo conviven las ms agudas desigualdades econmicas sino tambin esfuerzos sobrehumanos por construir una paz efectiva, que se enfrentan a una arena poltica profundamente corrupta en donde los intere-ses de los sectores econmicos ms poderosos tanto nacionales como internacionales son defendidos como si fueran asunto de beneficio publico.

Se trata de ubicar la retrica en su contexto y de traer a la superficie intereses que subyacen intenciones aparentemente nobles: la sospecha tendra que ser el primer criterio para interpretar las acciones de los gobiernos colombianos, ya que el peso de la historia no permite hacerlo de otra manera.

El problema de la Ley 1448 de 2011, aparte de ser el resultado de un acuerdo entre sectores contrapuestos que buscan diferentes propsitos, radica en que difcilmente puede ofrecer una re-paracin integral con garantas de no repeticin a las vctimas en su mayora rurales. Esto se ex-plica por la prevalencia del conflicto socioeco-nmico, poltico y armado, en medio de un modelo agrario puramente extractivo en el que parece no haber cabida para que las comunida-des campesinas, indgenas y afrodescendientes puedan desenvolver sus vidas bajo sus propios

7. CONCLUSIONES

referentes y en sus territorios. La unica opcin que el gobierno parece dejarles es mediante su incorporacin como mano de obra barata en los diversos enclaves extractivos.

Por si fuera poco, el gobierno nacional con-tinua estigmatizando y reprimiendo la protesta social aludiendo al mismo argumento de siem-pre: supuestamente las movilizaciones estaran infiltradas por las FARC. Es en este punto que la construccin de la paz en Colombia resulta ser tan importante para las comunidades, ya que una vez desmovilizadas las guerrillas, el gobierno no podra continuar deslegitimando la protesta social y sus iniciativas colectivas bajo el mismo pretexto. Probablemente encontrarn uno nuevo.

La utilizacin por parte de empresarios de fi-guras jurdicas como las SAS para evadir la pro-hibicin de acumulacin de Unidades Agrcolas Familiares en baldos del Estado, y la evasin del asunto por parte del gobierno, reflejan cla-ramente cmo mientras en el pas se criminaliza la legtima protesta, al mismo tiempo se buscan salidas para legalizar el despojo. Esto al mismo tiempo que se promueve una ley mediante la que supuestamente se pretende redignificar a las vctimas.

El papel de la comunidad internacional en el pas ha tenido impactos importantes, tan-to positivos como negativos: por un lado las presiones para que el gobierno respete los derechos humanos han sido quizs uno de los pocos alicientes que aun funcionan. Sin embargo, la firma de Tratados de Libre Co-mercio y las dinmicas de acaparamiento de tierras en las que varias empresas extranjeras se han visto envueltas, revelan claramente cmo los problemas internos en Colombia se ven agravados y limitados en soluciones por este tipo de intervenciones extranjeras en el pas.

Frente a este difcil panorama cabe resaltar algunos asuntos fundamentales a los cuales debe hacerse seguimiento en Colombia tanto a nivel nacional como internacional:

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aYacen serias amenazas sobre los pocos meca-nismos jurdicos de defensa de los territorios colectivos de indgenas y afrodescendientes y de aquellos que impiden la concentracin de tierra en baldos del Estado. Especficamente es fundamental centrar la atencin en las po-sibles acciones gubernamentales enfocadas al desmantelamiento de la consulta previa, las audiencias publicas y las restricciones que impiden la acumulacin de baldos en canti-dades mayores a una Unidad Agrcola Fami-liar UAF-.

aLas estrategias de deslegitimacin y estigma-tizacin de procesos sociales y herramientas de defensa de los territorios, conducidas por el gobierno y apoyadas en los medios de co-municacin oficiales descansan en aludir a la sospecha de infiltracin, influencia, inte-rs, etc. por parte de las FARC-EP.. Tambin ha cobrado fuerza sostener que las manifes-taciones de inconformismo social estn po-niendo en riesgo, o limitando, el desarrollo del pas.

Este tipo de aseveraciones no slo impactan las percepciones de la opinin publica frente a las diversas manifestaciones del movimien-to social, sino que generalmente despus que el gobierno levanta estos mantos de duda llueven las amenazas y hostigamientos por parte de grupos paramilitares reorganizados en contra de las personas que protestan o se defienden.

aEl gobierno colombiano tiene que avanzar en reconocer la persistencia de grupos para-militares reorganizados que ponen en riesgo las posibilidades de participacin poltica de los guerrilleros, con las garantas necesarias para que no se repita el caso del genocidio poltico de la Unin Patritica. Pero ms aun, mientras el gobierno no reconozca las di-mensiones polticas y socioeconmicas del conflicto, difcilmente tomar medidas que debiliten las estructuras econmicas que han soportado a los grupos armados ilegales que continuan actuando en funcin de mantener y agudizar la concentracin de la propiedad en Colombia y un modelo de desarrollo ex-cluyente.

aEn Colombia es necesaria la construccin de una poltica de desarrollo agrario incluyen-te, concertada con las diversas comunidades rurales existentes en el pas, en donde se reivindique su condicin de actores polticos esenciales que tienen mucho para aportar en qu se entiende por desarrollo y cules sern las medidas para promoverlo. Esto es cada vez ms urgente en tanto estas comunidades no han recibido ms que indiferencia, dis-criminacin y represin por parte de la insti-tucionalidad estatal. Esto no slo acrecienta el descontento sino que hace cada vez ms difcil la construccin de espacios de dilogo porque entre las partes reina la desconfianza sustentada en dcadas de violencia.

8. BIBLIOGRAFA

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Entrevi