MANUAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE … · uno de los más pujantes en el desarrollo de la...

Asociación de Concesionarios de Automotores de la R.A. Página 1

Manual para la Prevención del Lavado de

Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Unidad de Información Financiera Resoluciones U.I.F. nº 489/13 y nº 262/15

MANUAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Asociación de concesionarios de Automotores de la R.A. Página 2

MANUAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1. INTRODUCCION.

El presente Manual de Prevención del Lavado de Activos ilícitos y de la Financiación del

Terrorismo tiende a constituirse en un instrumento idóneo para la efectiva implementación de

políticas preventivas tendientes a evitar que la compraventa de automóviles, camiones, motos,

ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial sea utilizada por inescrupulosos que

(sea con la intención de aplicar bienes provenientes de ilícitos, o con el fin de contribuir

financieramente al terrorismo), se aprovechen de la actividad comercial que desarrolla el sector -

uno de los más pujantes en el desarrollo de la economía nacional- y logren su fin espurio.

Por ello, este Manual será un instrumento indispensable para la efectiva implementación de

estas políticas, cuya aplicación deberá adecuarse permanentemente a las disposiciones legales y

reglamentarias vigentes en la materia. A través del mismo, a su vez se pretende promover en forma

permanente la cultura de la prevención

Por tal circunstancia todas disposiciones contenidas en el mismo, así como todos los

procedimientos institucionales necesarios para evitar los riesgos de Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo contenidos en él deben ser interpretados del modo más amplio

posible, siempre bajo la óptica de la cultura de la prevención.

1.1 Actualización y disponibilidad

El Manual será actualizado por el Oficial de Cumplimiento, ante cualquier modificación de la

normativa legal o reglamentaria, o ante la publicación por parte de la Unidad de Información

Financiera (UIF) de nuevas tipologías detectadas en la lucha contra el lavado de activos ilícitos y el

financiamiento del terrorismo.

Asimismo, será actualizado en la medida que se produzcan cambios en los mecanismos de

comercialización de parte del Sujeto Obligado, cuando las circunstancias así lo justifiquen.

El Manual estará siempre disponible en todas las dependencias en las que, por la naturaleza de

sus tareas, sea necesaria su consulta permanente. La lectura por sus destinatarios será

documentada por escrito. Quedará también a disposición de la UIF para el caso de que éste sea

requerido.



1.2 Definiciones

Lavado de activos.

Se entiende que comete el delito de lavado de activos quien convirtiere, transfiriere,

administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier modo pusiere en circulación

bienes provenientes de un ilícito penal (aunque éste se hubiere cometido en el extranjero),

con la consecuencia posible de que el origen de los bienes, originarios o subrogantes

adquieran la apariencia de un origen lícito).

Concretamente, constituye lavado de activos de origen ilícito cualquier acto de

administración o de disposición patrimonial, con relación a bienes que provienen de un

delito cometido por la misma persona que ejecuta el acto (autolavado), o por un tercero.

Financiación del terrorismo

En relación a la financiación del terrorismo, la ley indica (art. 41 quinquies del Código Penal) :

”Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de

aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o

agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se

incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten

tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro

derecho constitucional.”

Por otra parte, el artículo 306 del Código Penal expresa:

“1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces

del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o

dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en

parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41

quinquies; b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad

establecida en el Artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o

participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41

quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se

destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el dinero no fueran

utilizados para su comisión.



3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la

establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar

tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso

b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho

también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

Clientes

Son todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o

permanente, una relación contractual de carácter financiero, económica o comercial.

De acuerdo a la Resolución nº 489/13 Unidad de Información Financiera, se considerará clientes

a aquellas personas respecto de las cuales los Sujetos Obligados efectúen operaciones de

compraventa.

La calidad de cliente se adquiere a partir de la exteriorización material de la voluntad de la

persona de llevar a cabo una operación con el Sujeto Obligado (por ejemplo por la constitución de

una reserva, de una seña, etc,). En consecuencia, las meras consultas vinculadas con aspectos

técnicos y/o comerciales que terceros efectúen a los Sujetos Obligados (relativas a precios,

características, colores, etc.), no convierten a quienes las formulan en “clientes” en los términos de

la Resolución.

No son “clientes” de las fábricas, importadores y/o terminales automotrices, aquellos Sujetos

Obligados (intermediarios en la compraventa de estos bienes) que adquieren las unidades para ser

revendidas a terceras personas (titulares registrales de los vehículos).

Operaciones Inusuales

Son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación

económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero,

patrimonial o tributario del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de

mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características

particulares.

Operaciones Sospechosas

Son aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como

inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, las mismas no guardan

relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, o cuando se verifiquen dudas respecto

de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente,

ocasionando sospecha de lavado de activos; o aún cuando tratándose de operaciones relacionadas



con actividades lícitas, exista sospecha que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la

financiación de terrorismo.

Operaciones tentadas

Son aquellas operaciones no consumadas por el cliente, por razones extra comerciales,

vinculadas con el cumplimiento de alguna exigencia prevista en la normativa vigente en materia de

prevención de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.

Propietario/Beneficiario

Son aquellas personas físicas que tengan como mínimo el 20% del capital o de los derechos de

voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto

sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables.

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Son aquellas personas incluidas en la nómina aprobada por las Resoluciones UIF 11/11 y UIF

52/12.

Reportes Sistemáticos

Son aquellas informaciones que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados a la UIF

en forma mensual, mediante sistema "on line", conforme a las obligaciones establecidas en los

artículos 14 inciso 1. y 21 inciso a. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Sujetos Obligados

Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles,

camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial.

1.2 Alcance de las disposiciones del Manual

Las normas del Manual serán de cumplimiento obligatorio para todos los directivos y

empleados del Sujeto Obligado, para ser aplicadas desde el momento en que un cliente (persona o

empresa) solicita sus productos y/o servicios, en cualquiera de sus operaciones, durante la relación

comercial que se establezca y hasta su finalización (inclusive en lo referente a la guarda de la

documentación e información exigida a través de las disposiciones reglamentarias).

El Manual contempla los siguientes aspectos:

Políticas de Prevención para el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de parte de los

Sujetos Obligados.

Políticas coordinadas para el control y monitoreo.



Funciones de la auditoría y los procedimientos de control interno que se establezcan tendientes a

evitar el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento.

Plazos y términos en los cuales cada directivo o empleado debe cumplir, según las

responsabilidades propias de sus tareas, con cada uno de los mecanismos de control de prevención.

Programa de capacitación.

Políticas y procedimientos de conservación de documentos.

Procedimiento a seguir para atender a los requerimientos de información efectuados por la UIF.

Metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permitan detectar operaciones

inusuales y sospechosas y procedimiento para el reporte de las mismas.

Desarrollo y descripción de otros mecanismos conducentes para prevenir y detectar operaciones de

Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Procedimientos de segmentación del mercado de acuerdo con la naturaleza específica de las

operaciones, el perfil de los clientes, las características del mercado, las clases del producto o

servicio, y criterios adecuados para generar señales de alerta .

El régimen sancionatorio, en caso de incumplimiento de los procedimientos específicos contra el

Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a la legislación laboral vigente.

2. NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA

2.1 Leyes (*)

Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Dinero de Origen Delictivo, sancionada el 13 de Abril de

2000. Creó la UIF. En su art. 20 enumeró a los sujetos obligados a informar operaciones

“sospechosas”. Definió el delito de lavado de activos, previendo para el mismo pena de prisión y

creó un régimen penal administrativo, con pena de multa.

Ley 26.087 del 21 de abril de 2006. Modificó la Ley 25.246, estableciendo el levantamiento del

secreto bancario, bursátil o profesional ante la UIF en el marco de análisis de un reporte de

operación sospechosa.

Ley 26.683 modificatoria de la Ley 25.246, sancionada el 1º de junio de 2011, modificó el tipo penal

de lavado de activos, creando un nuevo bien jurídico protegido (el orden económico financiero)

Amplió la nómina de sujetos obligados, incluyendo a las personas físicas o jurídicas cuya actividad

habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores

maquinaria agraria y vial (art. 20, inc. 21) . Estableció un nuevo régimen penal para las personas

jurídicas, habilitó para la investigación del delito de lavado de activos técnicas especiales de

investigación y creo la figura del decomiso sin condena previa. Asimismo amplió los deberes de

información de los sujetos obligados ante la UIF y las facultades de contralor de esta Unidad.



Ley 26.734 sobre terrorismo y su financiación, sancionada el 22 de diciembre de 2011. Incorporó un

nuevo artículo en la parte General del Código Penal (art. 41 quinqués) que incrementa la escala

penal de todos los delitos -en el doble del mínimo y el máximo- cuando hubieren sido cometido con

la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos

extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

A su vez, instituye un nuevo tipo penal de FT, dentro del Titulo de los “Delitos contra el orden

económico financiero”, comprendiendo éste la financiación de los delitos que se cometan con la

finalidad prevista en el nuevo art. 41 quinqués y de la organización o individuo que los cometan o

intenten cometer. Finalmente, la ley autorizó a la UIF a disponer el congelamiento administrativo de

activos vinculados al FT.

2.2 Resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Resolución Nº 125/09, BO del 5 de mayo de 2009, mediante la cual se reguló el procedimiento

para identificar y reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.

Resolución 28/2012, BO del 22 de febrero de 2012, que modificó la Resolución UIF 125/09, sobre la

prevención de la financiación del terrorismo adecuándola a las Leyes 26.683 y 26.734.

Resolución 31/2012, BO del 14 de febrero de 2012, la cual estableció las medidas y procedimientos

que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones

que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas

físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos,

ómnibus y microómnibus, tractores maquinaria agraria y vial.

Nota interpretativa de la Resolución 31/2012 que definió para el sector el concepto de “cliente”, de

“operaciones tentadas” y en qué oportunidad los Sujetos Obligados deberán recabar la declaración

jurada de volumen de ingresos/ facturación anual requerida por el punto i del inciso 1 del artículo 12

y por el punto g del inciso 1 del artículo 13, de aquella Resolución.

Resolución Nº 104/2010, BO del 21 de julio de 2010, mediante la cual se regularon las facultades de

inspección de la UIF.

Resolución Nº 11/2011, BO del 14 de enero de 2011, por la cual se aprobó la nómina de Personas

Políticamente Expuestas (PEPs) y la declaración jurada a conformar por estas al inicio de la relación

comercial con los sujetos obligados, se establecieron las obligaciones de identificación de las PEPs a

cargo de estos últimos y las acciones especiales de control de sus operaciones.

Resolución Nº 52/2012, BO del 3 de abril de 2012, modificatoria de la Resolución Nº 11/2011 sobre

PEPs.

Resolución Nº 50/2011, BO del 1º de abril de 2011 la cual se impuso la registración informática de

todos los sujetos obligados y sus oficiales de cumplimiento en la página www.uif.gov.ar

http://www.uif.gov.ar/



Resolución Nº 51/2011, BO del 1º de abril de 2011 la cual aprobó el Sistema de Reporte de

Operaciones Sospechosas de LD-FT On Line, los que deben formularse en el sitio

http://www.uif.gov.ar.

Resolución Nº 165/2011, BO del 17 de octubre de 2011, la cual sustituyó los Anexos de la

Resolución UIF Nº 104/2010 relativa a las facultades de inspección de la Unidad, se aprobaron las

Actas y Notas de Requerimiento de información a los sujetos obligados y se creó el Comité de

Selectividad basada en Riesgo, el que tiene por función principal proponer al Presidente de la UIF los

Sujetos Obligados respecto de los cuales se sustanciará el procedimiento de supervisión,

fiscalización e inspección in situ.

Resolución Nº 489/13, BO del día 5 de noviembre de 2013, la cual establece medidas y

procedimientos en relación a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Derogación de la Resolución n º31/12..

Resolución n º 262/15 BO del día 5 de agosto de 2015, modificación de algunos artículos de la

Resolución nº 489/13..

2.3 Sanciones

2.3.1. Personas Físicas

A. Régimen penal

A.1 - Figura básica de Lavado de Activos (art. 303 Código Penal): La persona que convirtiere,

transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en

circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de

que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito,

y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o

por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

- Prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación.

- Prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si el valor de la transacción en cuestión fuera menor a

pesos trescientos mil ($300.000).

A.2 - Figura básica de FT (art. 306 Código Penal): El que directa o indirectamente recolectare o

proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados,

en todo o en parte, para alguno de los siguientes fines:

a) Financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinqués (aterrorizar

a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de

una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo);




b) Financiar una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el

artículo 41 quinqués;

c) Financiar un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de

delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinqués.

- Reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto

de la operación.

B. Régimen penal administrativo

B.1 - Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley en la Prevención de Lavado de

Activos y Financiamiento del Terrorismo (art. 24 Ley 25.246): la persona que actuando como

órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de

las obligaciones ante la UIF.

-Multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la

infracción, siempre que el hecho no constituya un delito más grave; o multa de pesos diez mil

($10.000) a pesos cien mil ($100.000), cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes.

2.3.2. Personas Jurídicas

A. Régimen penal

A.1 -Figura básica de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (art. 304 Código Penal):

Cuando los hechos delictivos previstos en el art. 41 quinqués, 303 y 306 del Código Penal de la

Nación hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de

existencia ideal.

- Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.

- Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.

- Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en

cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10)

años.

- Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o

esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.

- Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.

- Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.



B. Régimen penal administrativo

B.1 -Revelación de secreto (art. 23 Ley 25.246): El órgano o ejecutor de una persona jurídica que en

dicho carácter revelare información secreta.

- Multa de pesos cincuenta mil ($50.000) a pesos quinientos mil ($500.000).

B.2 -Incumplimiento amplio (art. 24 Ley 25.246): La persona jurídica cuyo órgano o ejecutor

incumpla alguna de las obligaciones ante la UIF.

-Multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la

infracción, siempre que el hecho no constituya un delito más grave; o multa de pesos diez mil

($10.000) a pesos cien mil ($100.000), cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes.

3. ORGANIZACIÓN INTERNA

3.1 DIRECTORIO

Es el órgano directivo de máxima jerarquía de la concesionaria, encargado de la aprobación de

las políticas institucionales cardinales en la materia (Manual de Procedimientos) y de la designación

de la máxima autoridad operativa (Oficial de Cumplimiento). El Directorio es el responsable final por

el cumplimiento de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera. Para

aquellos casos en que la figura societaria fuere distinta de la sociedad anónima, estas funciones y

responsabilidades estarán en cabeza del socio gerente de la sociedad de que se trate.

3.2 INSCRIPCIÓN EN LA U.I.F.

La página de internet mediante la cual debe realizarse la inscripción en la U.I.F. es

www.uif.gov.ar

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Es el integrante del Directorio, designado por éste como máximo responsable operativo de las

políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para cuyo ejercicio

debe contar con absoluta independencia, autonomía y acceso pleno a la información necesaria para

el desarrollo de sus funciones.

Deberá comunicarse a la UIF el nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad,

cargo en el órgano de administración, fecha de designación y número de C.U.I.T. (clave única de

identificación tributaria) o C.U.I.L. (código único identificación laboral), los números de teléfono, fax,

dirección de correo electrónico y lugar de trabajo de dicho Oficial de Cumplimiento. Esta

comunicación debe efectuarse de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 50/11 (o la que

en el futuro la complemente, modifique o sustituya) y además, por escrito en la sede de la UIF,

acompañándose toda la documentación de respaldo.




El Oficial de Cumplimiento deberá constituir domicilio, donde serán válidas todas las

notificaciones efectuadas. Una vez que haya cesado en el cargo deberá denunciar el domicilio real,

el que deberá mantenerse actualizado durante el plazo de CINCO (5) años contados desde el cese.

Cualquier sustitución que se realice del mismo deberá comunicarse fehacientemente a la UIF

dentro de los QUINCE (15) días de realizada, señalando las causas que dieron lugar al hecho,

continuando la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento hasta la notificación de su sucesor a la

UIF.

Es posible, si así lo decide el Directorio, designar un Oficial de Cumplimiento Suplente. En tal

caso, se deberá comunicar esa circunstancia a la UIF de acuerdo a las disposiciones contenidas en la

Resolución UIF nº 489/13.

Los Sujetos Obligados deberán comunicar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, dentro

de los CINCO (5) días de acaecidos los hechos mencionados en el párrafo precedente, la entrada en

funciones del Oficial de Cumplimiento suplente, los motivos que la justifican y el plazo durante el

cual se encontrará en funciones

El Oficial de Cumplimiento tiene a su cargo las siguientes funciones:

Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por el Directorio para prevenir, detectar y

reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo.

Diseñar e implementar los procedimientos y controles, necesarios para prevenir, detectar y reportar

las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo.

Diseñar e implementar políticas de capacitación para los funcionarios y empleados de la

concesionaria, considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas y elaborar el cronograma

anual de capacitación.

Actualizar el Manual y los Instructivos.

Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones sospechosas.

Formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas a la UIF y dar cumplimiento a los

requerimientos efectuados por esa Unidad.

Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas (que contenga

e identifique aquellas operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido

reportadas).

Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UIF en ejercicio de sus facultades legales.



Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo.

Asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación.

Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones

relacionadas con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las

Recomendaciones del FATF-GAFI (www.fatf-gafi.org), y con países o territorios calificados como de

baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus

modificatorios, respecto de las cuales deben aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.

Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo a los efectos de establecer medidas tendientes a prevenirlas, detectarlas y reportar toda

operación que pueda estar vinculada a las mismas, como asimismo a cualquier amenaza de Lavado

de Activos o de Financiamiento del Terrorismo que surja como resultado del desarrollo de nuevas

tecnologías que favorezcan el anonimato y de los riesgos asociados a las relaciones comerciales u

operaciones que no impliquen la presencia física de las partes.

4.- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

El conocimiento del cliente se erige como el principio esencial en materia de prevención del

lavado de activos y financiamiento del terrorismo; e implica que el Sujeto Obligado deberá recabar

de sus clientes ocasionales o habituales documentos que acrediten fehacientemente su identidad o

personería jurídica, su domicilio, su actividad, su solvencia económica y financiera, el origen de sus

fondos. Todo ello será lo que permita al Sujeto Obligado a definir el perfil de su cliente.

La política de “Conozca a su Cliente” será condición indispensable para iniciar o continuar la

relación comercial o contractual con el mismo. Dicha relación deberá basarse en el conocimiento de

sus clientes prestando especial atención a su funcionamiento o evolución -según corresponda- con

el propósito de evitar el Lavado de Activos o el Financiamiento del Terrorismo.

También deberá tenerse siempre presente que toda la documentación e información acopiada

para el conocimiento del cliente debe conservarse por el plazo establecido por la reglamentación

(10 años) y estar a disposición de la UIF para el caso de que esta Unidad se la requiera al Sujeto

Obligado.

Por tales circunstancias corresponde no mantener relaciones comerciales con clientes que no

han podido ser identificados de acuerdo a las disposiciones de este Manual, recomendándose en la

instancia considerar la pertinencia de formular un reporte de operación sospechosa cuando exista

negativa del cliente a identificarse.

Sobre esa base, se recomienda no aceptar como clientes a aquellos de los que se disponga de

información de la que se deduzca que pueden estar relacionadas con actividades de naturaleza

http://www.fatf-gafi.org/



delictiva; o que lleven adelante negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la

legitimidad de las actividades o la procedencia de los fondos; o que se nieguen a aportar la

documentación que se les requiera para justificar el origen legal de sus fondos.

4.1 Obligaciones básicas

Antes de iniciar la relación con los clientes, el Sujeto Obligado debe cumplir con las obligaciones

básicas de:

Identificarlo de acuerdo a las pautas que más adelante se indicarán

Cumplir con la verificación de “Persona Políticamente Expuesta”.

Verificar que no se encuentran enlistados como terroristas en las listas oficiales.

Solicitar información sobre los productos a que requiera y los motivos de su elección.

Adicionalmente, para el caso de los clientes que realicen operaciones de compraventa de

automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de pesos seiscientos mil ($600.000),

se deberá definir el perfil de cliente conforme lo previsto en el art. 3 de la resolución nº 262/15 UIF.

4.2 Obligaciones a cumplir para identificar a los clientes

Datos a requerir a Personas Físicas.

I. En el caso que el cliente sea una persona física, los Sujetos Obligados deberán recabar de

manera fehaciente por lo menos, la siguiente información:

a) Nombre y apellido completos.

b) Fecha y lugar de nacimiento.

c) Nacionalidad.

d) Sexo.

e) Número y tipo de documento de identidad, que deberá exhibir en original y al que deberá

extraérsele una copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el

Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad

otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte.

f) C.U.I.L. (código único de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación

tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito será exigible a extranjeros en caso de

corresponder.

g) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).



h) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.

i) Declaración jurada indicando estado civil; profesión, oficio, industria o actividad principal

que realice y volumen de ingresos/facturación anual.

j) Declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta

Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia.

II. En el caso de personas físicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el punto b)

del artículo 11 de la presente resolución, se deberá requerir la información consignada en el

apartado I precedente y la documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme

lo previsto en el artículo 19 de la presente.

Datos a requerir a Personas Jurídicas.

I.-En el caso que el cliente sea una persona jurídica, los Sujetos Obligados deberán recabar

de manera fehaciente por lo menos, la siguiente información:

a) Denominación o Razón social.

b) Fecha y número de inscripción registral.

c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este

requisito será exigible a Personas Jurídicas extranjeras en caso de corresponder.

d) Fecha del contrato o escritura de constitución.

e) Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio

Sujeto Obligado.

f) Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal). g) Número de teléfono

de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada y volumen de

ingresos/facturación anual.

h) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales,

apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el

propio Sujeto Obligado.

i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o

autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la

persona jurídica.

j) Titularidad del capital social (actualizada).

k) Identificación de los Propietarios/Beneficiarios y de las personas físicas que, directa o

indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica.



Datos a requerir a Organismos Públicos.

Los Sujetos Obligados deberán recabar de manera fehaciente, como mínimo en el caso de

organismos públicos:

a) Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.

b) Número y tipo de documento de identidad del funcionario que deberá exhibir en original.

Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de

Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica. Asimismo deberá informar su número de C.U.I.L.

(código único de identificación laboral).

c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria), domicilio legal (calle, número, localidad,

provincia y código postal) y teléfono de la dependencia en la que el funcionario se desempeña.

d) Domicilio real del funcionario (calle, número, localidad, provincia y código postal).

Datos a requerir de los Representantes.

Al apoderado, tutor, curador o representante legal deberá requerírsele toda la información

prescripta con relación a las personas físicas, el correspondiente poder del cual se desprenda el

carácter invocado, en copia debidamente certificada.

UTES, agrupaciones y otros entes.

Los mismos recaudos indicados para las personas jurídicas serán necesarios en los casos de

uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración empresaria, consorcios de

cooperación, asociaciones, fundaciones, fideicomisos y otros entes con o sin personería jurídica.

4.3 Obligaciones adicionales.

Los Sujetos Obligados deberán:

a) En todos los casos adoptar medidas adicionales razonables, a fin de identificar la

verdadera identidad de la persona (titular/cliente final o real) por cuenta de la cual actúa.

b) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas Políticamente y

verificar que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones

terroristas de conformidad con lo prescripto en la Resolución UIF vigente en la materia.

c) Prestar atención para evitar que las personas físicas utilicen personas de existencia ideal

como un método para realizar sus operaciones.

d) Evitar operar con personas de existencia ideal que simulen desarrollar una actividad

comercial o una actividad sin fines de lucro.



e) En los casos de fideicomisos identificar a los fiduciarios, fiduciantes, beneficiarios y

fideicomisarios, aplicándose los requisitos de identificación previstos en los artículos que anteceden.

Deberá adicionalmente determinarse el origen de los bienes fideicomitidos y de los fondos de los

beneficiarios.

f) Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones

relacionadas con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las

Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.

A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a

los catalogados por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL ( www.fatf-gafi.org ).

En igual sentido deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones

relacionadas con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”)

según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deben

aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.

g) Al operar con otros Sujetos Obligados solicitar a los mismos una declaración jurada sobre

el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la

Financiación del Terrorismo.

h) Prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones que se efectúen con

dinero en efectivo.

4.4 Personas Expuestas Políticamente

Mediante las Resolución UIF Nº 11/2011, y Nº 52/2012 la UIF aprobó la Nómina de

Funciones de Personas Expuestas Políticamente.

En la misma norma se aprobó –además- el modelo de Declaración Jurada que los sujetos

obligados deben hacer firmar a todos sus clientes conforme el siguiente procedimiento:

a) Al iniciar la relación comercial o contractual con el cliente, los Sujetos Obligados deberán

verificar si el mismo es Persona Expuesta Políticamente.

A tales efectos los Sujetos Obligados deberán requerir a todos sus clientes la suscripción de

la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, pudiendo adicionar

todo otro dato que considere necesario para la identificación de la condición de Persona Expuesta

Políticamente.

b) Durante el curso de la relación comercial o contractual con el cliente, los Sujetos

Obligados deberán efectuar consultas a sistemas de información u otras fuentes que provean

información sobre tales personas, a los efectos de verificar si los mismos reúnen la condición de

“Persona Expuesta Políticamente”.

http://www.fatf-gafi.org/



Respecto de los clientes que reúnan la condición de “Personas Expuestas Políticamente”, los

Sujetos Obligados deberán:

a) Reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los

fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y

jurídica y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la

actividad declarada y con su perfil como cliente;

b) Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de la relación.

En los Reportes de Operaciones Sospechosas que se encuentren involucradas Personas

Expuestas Políticamente, los Sujetos Obligados deberán dejar debida constancia de ello al efectuar

la descripción de la operatoria.

La misma constancia deberá dejarse en los Reportes de Actividad Sospechosa de

Financiación del Terrorismo (RFT1), efectuados conforme lo dispuesto en la Resolución UIF Nº

125/2009.

4.5 Perfil del Cliente.

El art. 3 de la Resolución 262/15 UIF sustituye el texto del inciso b) del artículo 11 de la

Resolución UIF nº 489/13 por el siguiente:

Adicionalmente, para el caso de los clientes que realicen operaciones de compraventa de

Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL

($600.000), se deberá definir el perfil de cliente conforme lo previsto en el art. 19 de la Resolución

489/13.

En el caso que el índice de Precios del Sector Automotor mensual acumulado en los

últimos seis (6) meses, publicado en la página web de la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE

AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ACARA), registre un alza superior al QUINCE POR

CIENTO (15%) esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA procederá a adecuar el monto

indicado en el párrafo precedente.

El artículo 4 de la Resolución nº 262/15 UIF sustituye el texto del artículo 19 de la

Resolución UIF nº 489/13 por el siguiente:

Art. 19 (Resolución 489/13) Perfil de Cliente. Los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del

cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica,

patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de

escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación

extendida por contador público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional,

indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la

vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos;



documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por

importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos

suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera

podido obtener el propio Sujeto Obligado, que justifique el origen de los fondos involucrados en las

operaciones que realiza.

También deberá tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones

que habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su

operatoria.

Los sujetos obligados quedarán exceptuados de definir el perfil de cliente cuando:

1-Las operaciones se realicen mediante transferencias bancarias, siempre que los fondos provengan

de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular, y/o cuando éstos tengan origen en

créditos prendarios o personales otorgados por entidades financieras sujetas al régimen de la Ley nº

21.526 y sus modificatorias.

En tales supuestos y a los fines de acreditar el origen lícito de los fondos, resultará suficiente la

acreditación de las constancias otorgadas por la entidad financiera correspondiente.

2-Las operaciones se efectúen mediante dación en pago o permuta de un bien, cuando la diferencia

entre el valor del bien aportado y el precio del que fuera objeto de adquisición no sea superior al

umbral establecido en el inciso b) del artículo 11 de la presente resolución.

4.6 Operaciones inusuales.

En caso de detectarse operaciones inusuales se deberá profundizar el análisis de las mismas con

el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/es, dejando

constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada,

conservando copia de la misma.

Cuando a juicio del Sujeto Obligado se hubieran realizado o tentado operaciones sospechosas,

deberá ser reportada a la UIF conforme se dispone en la reglamentación vigente.

4.7 Indelegabilidad de la responsabilidad.

Las obligaciones de los Sujetos Obligados desarrolladas precedentemente en relación del

Conocimiento del Cliente no podrán ser delegadas en terceras personas ajenas a los propios

Sujetos Obligados.

4.8 Conservación de los datos



Los Sujetos Obligados deberán mantener un legajo de cada uno de sus clientes, que contendrá

los datos y registros necesarios para la acreditación de la adecuada aplicación de las medidas de

debida diligencia. Cuando existan sistemas centralizados para llevar a cabo el control sobre la

idoneidad de la documentación e información que requieren las medidas de debida diligencia, los

legajos de los clientes podrán ser objeto de archivo centralizado.

Se conservará la siguiente documentación, manteniéndola siempre a disposición de las

autoridades competentes:

• Respecto de la identificación y conocimiento del cliente, el legajo y toda la información

complementaria que haya requerido, durante un período de diez (10) años, desde la finalización de

la relación con el cliente.

• Respecto de las transacciones u operaciones, los documentos originales o copias certificadas por

la entidad, durante un período de diez (10) años, desde la realización de las transacciones u

operaciones.

• El registro del análisis de las operaciones sospechosas reportadas deberá conservarse por un

plazo de diez (10) años.

• Los soportes informáticos relacionados con transacciones u operaciones deberán conservarse

por un plazo de diez (10) años.

4.9 Matriz de riesgo del cliente. (Recomendación a los Sujetos Obligados)

De acuerdo con las características particulares de cada cliente y de cada servicio que éste

requiera del concesionario, sería recomendable que los Sujetos Obligados elaboren un perfil de

riesgo de cada cliente, aplicándose medidas reforzadas para aquellos clientes clasificados como de

mayor riesgo, estableciendo una mayor frecuencia para la actualización y análisis de la información

respecto de su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, como así también de su

estructura societaria y de control.

El tener identificados por niveles de riesgo a los clientes y sus operaciones permitiría a los

Sujetos Obligados diseñar e implementar medidas y controles para mitigar dichos riesgos y les

permitiría centrarse en los clientes y operaciones que presenten mayor riesgo.

La asignación de los niveles de riesgo debería hacerse en base a una serie de factores, cuya

existencia, por sí mismos o por una combinación de varios, podría alertar al Sujeto Obligado en su

función de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Son factores a tener en cuenta para clasificar a los clientes en función de su riesgo (alto, medio o

bajo), de seguirse estas recomendaciones, los siguientes:

El tipo de cliente de que se trate



El tipo de actividad.

El tipo de ingresos (monto).

Los montos operados (por año y mes).

Los productos adquiridos.

La cantidad de transacciones anuales

Una vez valorados esos factores, se estaría en condiciones de clasificar a cada cliente en función

de su riesgo potencial de LAFT (alto, medio o bajo).

La calificación por riesgo de cada cliente debería ser objeto de actualización como consecuencia

del seguimiento continuo de la relación, incluido el monitoreo de sus operaciones, a fin de

comprobar que éstas coincidan con el conocimiento que se tiene del cliente y de su perfil de riesgo,

garantizando de esta manera que tanto la calificación de riesgo, como los documentos, datos e

información de que se dispusiere estén actualizados.

La actualización de la calificación del riesgo deberíaser revisada cuando el cliente contrate un

nuevo servicio o cuando las aplicaciones informáticas de análisis de clientes y operaciones

detectaren un cambio relevante que pudiera influir en su perfil de riesgo.

En todo momento la clasificación de riesgo de los clientes determinaría el grado de aplicación de

la debida diligencia, la frecuencia de los procesos de actualización de sus legajos y la necesidad, en

su caso, de aplicar medidas de seguimiento reforzado respecto a sus operaciones.

4.10 Debida diligencia en función del riesgo. (Recomendación)

De seguirse estas recomendaciones, los Sujetos Obligados estarían en condiciones de diseñar e

implementar medidas y controles adecuados para mitigar los riesgos potenciales de Lavado de

Activos y Financiamiento del Terrorismo con relación a los clientes que sean considerados de riesgo.

Dichas políticas de análisis de riesgo deberían ser graduales, aplicándose medidas reforzadas

para aquellos clientes clasificados como de mayor riesgo, estableciendo una mayor frecuencia para

la actualización y análisis de la información respecto de su situación económica, patrimonial,

financiera y tributaria, como así también de su estructura societaria y de control. Asimismo,

deberían definirse los parámetros para cada tipo de cliente basados en su perfil inicial y evolución

posterior y en función de las políticas de análisis de riesgo implementadas.

En consecuencia, los clientes podrían ser clasificados como de riesgo bajo, medio o alto, según

los casos; y según la clasificación de éstos como de riesgo bajo, medio o alto, se desarrollaría

respecto de ellos una debida diligencia simplificada, estándar o reforzada. Sin perjuicio claro está, de

aquellos casos de clientes cuya operatoria anual supere los SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000).



A.- Debida diligencia respecto a clientes de riesgo bajo. A los clientes de riesgo bajo se les

aplicaría una debida diligencia estándar, consistente en la identificación formal, la solicitud de

documentación utilizada para su identificación –la cual será agregada a su legajo- sin necesidad de

otras verificaciones o comprobaciones.

B.- Debida diligencia respecto a clientes de riesgo medio. A los clientes de riesgo medio se les

aplicaría una Debida Diligencia estándar, consistente en la identificación formal, identificación del

titular real, propósito e índole de la relación comercial y seguimiento continuo de la relación. A estos

efectos, se debería obtener copia de la documentación utilizada para la identificación. La

verificación de la actividad se basaría en la obtención directamente de los clientes de documentos

que guarden relación con tal circunstancia o en la obtención de información sobre la misma ajena al

propio cliente.

C.- Debida Diligencia respecto a clientes de alto riesgo. A los clientes de riesgo alto se les

aplicaría una Debida Diligencia reforzada, para lo cual, además de las medidas estándar recogidas en

el apartado anterior, se les debería verificar el domicilio y, en los casos que proceda, el origen de los

fondos, soportando documentalmente estas actuaciones. La verificación del domicilio y del origen

de los fondos debería baserse en la obtención de los clientes de información y/o documentación

que guarde relación con la circunstancia a verificar o en la obtención de información sobre tal

circunstancia ajena al propio cliente. A los clientes de riesgo alto, se les sometería, entonces, a un

seguimiento reforzado de su relación de negocios.

Estas medidas son recomendadas para reducir los riesgos de Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo sobre base de una matriz de riesgo.

5. ALERTAS

5.1 Generalidades sobre las alertas

Ante cualquier dato que revele la existencia de una operación que no pueda justificarse

económica o jurídica, o tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, no guarden relación con

el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente, o se desvíen de los usos y

costumbres en las prácticas de mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad,

naturaleza y/o características particulares; es imprescindible que el Sujeto Obligado ponga en

marcha todos los mecanismos a su alcance para discernir la verdadera naturaleza de la operación,

en atención que se podría tratar de una operación sospechosa de Lavado de Activos.

Ante ello, especialmente deberá:

Recurrir al legajo del cliente a fin de verificar si el motivo de alerta es fundado de acuerdo con

las actividades declaradas oportunamente, y/o con el historial, conocimiento de la cuenta/ servicio y

documentación aportada. Tener también presente el historial de operaciones mantenidas con él.



Analizar la información obtenida dentro de las características del perfil del cliente y a partir de la

misma determinar los pasos a seguir.

Solicitar al cliente, si lo considera oportuno, datos y/o documentación adicional a la que ya

dispone el Sujeto Obligado (DDJJ impositivas, balances, escrituras, etc.) que justifiquen el origen de

los fondos involucrados en la operación.

Analizar la misma verificando la correspondencia de los datos de la documentación presentada

con el tipo y monto de la operación detectada.

En el caso de que, habiendo efectuado las verificaciones, la inusualidad de la operación no se

hubiera diluido totalmente el Oficial de Cumplimiento evaluará la pertinencia de realizar un Reporte

de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF. En caso contrario, es decir cuando la operación se

encuentre justificada, se procederá al archivo de la misma.

5.2 Circunstancias especiales a tener en cuenta

A los fines de identificar las alertas posibles, deberán ser especialmente valoradas las siguientes

circunstancias que se describen a mero título enunciativo:

Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no

guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos.

Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las

operaciones que realicen los clientes.

Cuando transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultaneidad, hagan

presumir que se trata de una operación fraccionada a los efectos de evitar la aplicación de los

procedimientos de detección y/o reporte de las operaciones.

Cuando los clientes se nieguen a proporcionar datos o documentos requeridos por los Sujetos

Obligados o bien cuando se detecte que la información y/o documentación suministrada por los

mismos o se encuentre alterada.

Cuando se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos utilizados en

las operaciones, respecto de los cuales el Sujeto Obligado no cuente con una explicación.

Cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o

costos de las transacciones, incompatible con el perfil económico del mismo.

Cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados “paraísos fiscales” o

identificados como no cooperativos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.

Cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las

mismas personas físicas revistieren el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes

personas de existencia ideal, y no existiere razón económica o legal para ello, teniendo especial

consideración cuando alguna de las personas jurídicas estén ubicadas en paraísos fiscales y su

actividad principal sea la operatoria “off shore”.



Cuando las partes intervinientes en la operatoria exhiban una inusual despreocupación sobre las

características de la propiedad (por ejemplo, calidad, ubicación, fecha en la que se entregará, etc)

y/o muestren un fuerte interés en la realización de la transacción con rapidez sin que exista causa

justificada.

Cuando la compraventa se realice con una diferencia igual o superior al TREINTA (30) por ciento

del valor de ofrecimiento de venta.

Cuando el Sujeto Obligado tenga conocimiento de que las operaciones son realizadas por

personas implicadas en investigaciones o procesos judiciales por hechos que guardan relación con

los delitos de enriquecimiento ilícito y/o Lavado de Activos.

Cuando se abonen grandes sumas de dinero en cláusulas de penalización sin que exista un

justificación lógica del incumplimiento contractual.

Cuando se efectúen habitualmente transacciones que involucran fundaciones, asociaciones o

cualquier otra entidad sin fines de lucro, que no se ajustan a su objeto social.

Precios excepcionalmente bajos o altos, con relación a los bienes objeto de la transacción.

La tentativa de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas cuyos datos de

identificación, Documento Nacional de Identidad, C.U.I.L (código único de identificación laboral) o

C.U.I.T (clave única de identificación tributaria) no hayan podido ser validados, o no se correspondan

con el nombre y apellido o razón social de la persona involucrada en la operatoria.

Cuando las operaciones se instrumenten únicamente bajo la forma de un contrato privado y no

existan manifestaciones de las partes tendientes a cumplir con los trámites de inscripción y/o

registración correspondiente.

La cancelación anticipada de gravámenes en un período inferior a los SEIS (6) meses y su

reinscripción sobre el mismo bien, sin razón que lo justifique.

La inscripción, transferencia, cesión o constitución de derechos sobre bienes a nombre de

personas físicas o jurídicas con residencia en el extranjero, sin justificación.

Las operaciones de compraventa sucesivas sobre un mismo automotor, en un plazo de UN (1)

año, cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea igual o superior

al TREINTA (30) por ciento del importe declarado.

Los endosos de prendas realizados en un período inferior a los SEIS (6) meses de la respectiva

inscripción originaria de la prenda, sin razón que lo justifique.

La baja o alta de inscripciones por la exportación e importación de bienes, sin justificación

económica o jurídica o sin razón aparente.

6.- REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

6.1 Reportes sistemáticos.

Son aquellas informaciones que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados a la UIF

en forma mensual, mediante sistema "on line", conforme a las obligaciones establecidas en los

artículos 14 inciso 1. y 21 inciso a. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.



En el supuesto de que una operación de reporte sistemático, sea considerada por el Sujeto

Obligado como una operación sospechosa, éste deberá formular los reportes en forma

independiente.

6.2 Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

De acuerdo a la normativa legal y reglamentaria los Sujetos Obligados deben comunicar a la UIF

cualquier hecho u operación, tentada o realizada, que habiéndose identificado previamente como

inusual, luego de su análisis y evaluación, no guarde relación con las actividades lícitas declaradas

por el cliente, o cuando se verifiquen dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de

la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado de Activos; o aún

cuando tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, exista sospecha de que estén

vinculadas o que vayan a ser utilizadas para el Financiamiento del Terrorismo.

Especialmente el Sujeto Obligado reportará las operaciones que, en relación con las actividades

antes mencionadas, muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen

de actividad o antecedentes del o los clientes de que se trate, siempre que en el examen especial no

se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de la operación.

Una vez detectados hechos u operaciones que el Sujeto Obligado considere susceptibles de ser

reportados, de acuerdo con el análisis que realice, debe informarse a la Unidad de Información

Financiera, conforme a lo reglamentado en la Resolución UIF N º51/11, bajo la modalidad

electrónica a través de la página web www.uif.gov.ar y de acuerdo al procedimiento establecido en

el Manual del Usuario aprobado por dicha norma.

Ello, sin perjuicio del deber de conservar la documentación respaldatoria de las operaciones

informadas en los términos que lo exige el presente Manual, la que permanecerá a disposición de la

UIF y será remitida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser solicitada.

El ROS debe estar debidamente fundado y contener una descripción de las circunstancias por las

cuales se considera que la operación detenta tal carácter.

El plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas será de ciento cincuenta (150)

días para operaciones de LA, y cuarenta y ocho (48) horas para operaciones de FT. En Ambos casos,

el plazo se computa en días corridos, a partir de la operación realizada o tentada.

6.3 Exención de responsabilidad

Los ROS fundados y de buena fe realizadas por los Sujetos Obligados, no constituirán violación

de las restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier

disposición legal o reglamentaria, y no implicarán para el Sujeto Obligado, sus directivos o

empleados ningún tipo de responsabilidad.




6.4 Prohibición de revelación

Está terminantemente prohibido poner en conocimiento del cliente o de terceros, salvo a las

personas y órganos especialmente designados internamente, el hecho de que se ha comunicado una

información a la UIF, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera

estar relacionada con el LAFT.

El incumplimiento de esta norma constituye un delito y acarrea sanciones penales y

administrativas.

6.5 Requerimientos de la UIF

Los requerimientos de información sobre la política de los Sujetos Obligados para la Prevención

del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que formule la Unidad de Información

Financiera, serán atendidos por el Oficial de Cumplimiento. Eventualmente, y cuando la gravedad

del caso lo requiera, podrán ser discutidos en el seno del Directorio del Sujeto Obligado. Tales

requerimientos deberán ser atendidos con la celeridad del caso y en el plazo en que la autoridad

competente indique en su requerimiento. En caso de no existir plazo, se contestarán dentro de los

10 días hábiles.

7.- REGIMEN DISCIPLINARIO Y CAPACITACION DEL PERSONAL

7.1 Evaluación del desempeño del personal y sanciones

La debida diligencia en el cumplimiento de la normativa de Prevención de Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo será un elemento de importancia a la hora de analizar el

desenvolvimiento laboral de cada empleado del Sujeto Obligado (en tanto, por cierto, la actividad

que le compete al empleado en la concesionaria tenga vinculación con la actividad preventiva de la

que se trata).

El incumplimiento de las Políticas de este Manual perjudica al Sujeto Obligado, a sus directivos,

funcionarios y empleados. Como la reputación del personal se encuentra directamente vinculada a

la del Sujeto Obligado, todo incumplimiento tendrá un doble impacto. Asimismo, el incumplimiento

formal y puntual de la normativa vigente (Ver Punto 2 del Manual) podría acarrear sanciones legales

para el Sujeto Obligado y su Oficial de Cumplimiento; de modo que también deberían existir

sanciones internas para aquél dependiente que hubiere incumplido sus obligaciones, en tanto

colocan en riesgo al propio Sujeto Obligado.

Las sanciones internas aplicables a los empleados, de acuerdo a la escala de gravedad, deberían

ser:

Llamado de atención.

Apercibimiento con anotación en el legajo.



Suspensión sin goce de sueldo.

Despido con justa causa.

7.2. Capacitación

Los Sujetos Obligados organizarán mecanismos de capacitación de sus dependientes en orden a

la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de generar

concientización y capacitación, y de lograr:

Generar en todas las áreas del Sujeto Obligado una real conciencia del Riesgo de Lavado de

Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y de la necesidad de actuar dentro del marco de una

“Cultura de Prevención”.

Mejorar el conocimiento por parte de los empleados en la Política de Prevención y del contenido

de la normativa vigente, incluido este Manual.

Lograr que el personal crítico del Sujeto Obligado cuente con conocimiento adecuado en

materia de Prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Comprender que “Conozca a su Cliente” es la forma más adecuada con que cuenta el Sujeto

Obligado, poniendo a salvo su reputación.

Transmitir el hecho de que todo empleado es responsable de identificar y conocer a sus clientes

y de cumplir las normas de prevención.

Incorporar técnicas y procedimientos que permitan conocer mejor a sus clientes.

Conocer las normas internas y difundir la necesidad de lectura del Manual.

Las actividades a desarrollar consistirán en:

Capacitación brindada al personal al momento de ingreso.

Capacitación presencial con capacitadores internos y/o externos.

Envío de cuestionarios para poder evaluar el conocimiento por parte del personal.

Capacitación a distancia a través de la intranet u otros elementos como videos, CD etc.

El Oficial de Cumplimiento llevará un registro de las distintas capacitaciones realizadas.

7.3 Auditoría Interna

La Auditoría Interna del Sujeto Obligado deberá incluir en su planificación la evaluación del

Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo implementado por el



Sujeto Obligado y los controles relacionados con la materia, tanto en lo relativo a su

desenvolvimiento en el mercado, cuanto en el conocimiento y aplicación de esas normas

preventivas por parte del personal, de los directivos y del Oficial de Cumplimiento.

Como resultado de su evaluación, deberá emitir un informe sobre la existencia y funcionamiento

de los procedimientos de control interno que aplica el Sujeto Obligado para cumplir con las normas

de la UIF en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al menos

una vez al año.

MANUAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE … · uno de los más pujantes en el desarrollo de la...

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