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MAGISTRADO JULIO CÉSAR VÁZQUEZ MELLADO GARCÍA PONENTE (AISLADAS) Décima Época Registro: 2001359 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.22 C (10a.) Página: 1797 INTERÉS MORATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 BIS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. MECANISMO PARA SU CÁLCULO. El artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros hace referencia a dos sanciones para la aseguradora cuando ésta no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, a saber: el pago de una indemnización por mora, y, el pago de un interés moratorio. Conforme a las fracciones I y IV del citado precepto, el interés moratorio se determina siguiendo estos pasos: 1. Se toma como base la obligación principal asumida en el contrato, pero denominada en unidades de inversión, conforme a su valor en la fecha de su conversión (fracción I). 2. La tasa aplicable o tasa de referencia, conforme a la cual se determinarán los intereses, resultará de multiplicar por uno punto veinticinco el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista la mora (segunda parte de la fracción I). 3. Como los intereses moratorios se generan por día, desde aquel en que se hace exigible legalmente la obligación principal y hasta el día inmediato anterior a aquel en que se efectúe el pago, para determinar el interés deberá dividirse el resultado que se obtenga de la operación referida en el punto 2 (tasa de referencia) entre trescientos sesenta y cinco, esto será igual al interés moratorio diario. 4. Dicho resultado deberá multiplicarse por el número de días de cada mes de mora, obteniéndose así el interés moratorio de cada mes (fracción IV). 5. Aun cuando el citado artículo 135 Bis no refiere expresamente dentro del mecanismo para cuantificar los intereses moratorios, la división de lo obtenido como interés moratorio de cada mes entre cien, lo cierto es que tal operación aritmética se encuentra implícitamente considerada dentro del propio numeral, al referirse éste a la tasa conforme a la cual se determinarán los intereses, porque una tasa equivale a un porcentaje "X" de un cien por ciento; luego, para que el resultado de las operaciones descritas efectivamente se vea reflejado como un porcentaje o tasa, debe, conforme a las reglas matemáticas y a la fórmula para calcular el interés simple, dividirse entre el cien por ciento. 6. El interés moratorio de cada mes (una vez referido en porcentaje, o sea, dividido entre cien) se multiplicará por el monto de la suerte principal convertida en unidades de inversión (fracción I, segundo párrafo). 7. Al final, los resultados obtenidos deberán sumarse, para luego multiplicarse por el valor de las unidades de inversión al momento del pago, de acuerdo con lo previsto en la primera parte de la fracción I del artículo en comento y así obtener en pesos el monto total adeudado por intereses moratorios. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

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MAGISTRADO JULIO CÉSAR VÁZQUEZ MELLADO GARCÍA PONENTE (AISLADAS)  Décima Época Registro: 2001359 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.22 C (10a.) Página:  1797  INTERÉS MORATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 BIS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. MECANISMO PARA SU CÁLCULO.  El artículo 135 Bis de  la Ley General de  Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros hace referencia  a  dos  sanciones  para  la  aseguradora  cuando  ésta  no  cumple  con  las  obligaciones asumidas en el contrato de seguro, a saber: el pago de una indemnización por mora, y, el pago de un interés moratorio. Conforme a las fracciones I y IV del citado precepto, el interés moratorio se determina  siguiendo  estos  pasos:  1.  Se  toma  como  base  la  obligación  principal  asumida  en  el contrato,  pero  denominada  en  unidades  de  inversión,  conforme  a  su  valor  en  la  fecha  de  su conversión  (fracción  I).  2.  La  tasa  aplicable  o  tasa  de  referencia,  conforme  a  la  cual  se determinarán  los  intereses,  resultará  de  multiplicar  por  uno  punto  veinticinco  el  costo  de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple  del  país,  publicado  por  el  Banco  de  México  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista la mora (segunda parte de la fracción I). 3. Como los intereses moratorios se generan por día, desde aquel en que se hace exigible legalmente la obligación principal y hasta el día  inmediato anterior a aquel en que se efectúe el pago, para determinar el  interés deberá dividirse el resultado que se obtenga de  la operación referida en el punto 2 (tasa de referencia) entre trescientos sesenta y cinco, esto será igual al interés moratorio diario.  4.  Dicho  resultado  deberá multiplicarse  por  el  número  de  días  de  cada mes  de mora, obteniéndose así el  interés moratorio de cada mes (fracción  IV). 5. Aun cuando el citado artículo 135 Bis no refiere expresamente dentro del mecanismo para cuantificar los intereses moratorios, la división de  lo obtenido  como  interés moratorio de  cada mes entre  cien,  lo  cierto es que  tal operación  aritmética  se  encuentra  implícitamente  considerada  dentro  del  propio  numeral,  al referirse éste a la tasa conforme a la cual se determinarán los intereses, porque una tasa equivale a  un  porcentaje  "X"  de  un  cien  por  ciento;  luego,  para  que  el  resultado  de  las  operaciones descritas efectivamente se vea reflejado como un porcentaje o tasa, debe, conforme a  las reglas matemáticas y a la fórmula para calcular el interés simple, dividirse entre el cien por ciento. 6. El interés moratorio  de  cada mes  (una  vez  referido  en  porcentaje,  o  sea,  dividido  entre  cien)  se multiplicará por el monto de  la  suerte principal convertida en unidades de  inversión  (fracción  I, segundo párrafo). 7. Al final,  los resultados obtenidos deberán sumarse, para  luego multiplicarse por el valor de  las unidades de  inversión al momento del pago, de acuerdo con  lo previsto en  la primera  parte  de  la  fracción  I  del  artículo  en  comento  y  así  obtener  en  pesos  el monto  total adeudado por intereses moratorios.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

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Amparo en revisión 132/2012. Xóchitl Valdez Ojeda y otros. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Décima Época Registro: 2001394 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.23 C (10a.) Página:  1847  PAGO DE HONORARIOS. SU RECLAMO NO SE JUSTIFICA MEDIANTE LA ALEGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  VULNERADOS,  SINO  A  TRAVÉS  DE  LA  OBSERVANCIA  DE  LAS  NORMAS  DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).  Cuando se acude a  juicio reclamando el pago de honorarios bajo  la premisa de  la celebración de un  contrato  verbal  de  prestación  de  servicios  profesionales,  se  tiene  sólo  una  expectativa  de derecho que para ser capaz de engendrar consecuencias  legales, debe  justificarse a través de  los mecanismos  y  procedimientos  a  que  se  refiere  la  propia  Constitución  y  que  se  encuentran desarrollados en  las  leyes ordinarias. En este  supuesto,  conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el actor debe acreditar la celebración del contrato y los términos del mismo y si no cumple con tal carga probatoria, no es factible que bajo la bandera de la violación a sus derechos humanos, al transgredirse la prerrogativa a una justa retribución por su  trabajo,  se analice  la  acción, dado que  la  vigencia de  los derechos  fundamentales no puede sostenerse de  forma hegemónica y totalizadora sobre todas y cada una de  las relaciones que se suceden  de  conformidad  con  el  derecho  privado,  en  virtud  de  que  en  estas  relaciones normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca una colisión de los mismos y su necesaria ponderación por parte del juzgador, a través de las normas del procedimiento, pues sólo así, la estructura y contenido de cada pretensión permitirán determinar qué derechos deben prevalecer  sobre  otros,  estableciéndose  así  una  congruencia  y  correlación  entre  las  leyes procesales y  los derechos humanos. Luego, cuando  las pruebas aportadas son  insuficientes para demostrar  el  reclamo  de  los  honorarios,  es  antijurídico  que  alegando  violación  a  los  derechos humanos  laborales  previstos  en  el  artículo  5o.  del  Pacto  Federal  se  pretenda  justificar  su procedencia,  porque  ello  además  de  alterar  las  normas  adjetivas  en  perjuicio  de  terceros, quebrantaría el equilibrio que debe existir entre éstas y los derechos humanos.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 293/2012. Ortiz, Sosa, Ysusi y Cía., S.C. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Décima Época Registro: 2001099 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: I.7o.C.16 C (10a.) Página:  1832  DEMANDA  DE  AMPARO  PRESENTADA  ANTE  AUTORIDAD  DISTINTA  A  LA  RESPONSABLE  EN  EL PLAZO  DE  LEY.  RECIBIDA  EXTEMPORÁNEAMENTE  POR  LA  AUTORIDAD  CORRECTA,  DEBE ADMITIRSE SI ESTÁN DE POR MEDIO DERECHOS FUNDAMENTALES DE MENORES DE EDAD.  En virtud de  la  reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, los tribunales federales están obligados a interpretar  las  normas  relativas,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Carta Magna  y  a  los  tratados internacionales de  los que el Estado Mexicano sea parte, con el propósito tanto de garantizar su pleno goce y ejercicio, como de evitar su restricción en perjuicio de los individuos. Así, de acuerdo con el artículo 4o., octavo párrafo de  la Constitución Federal y  la Convención sobre  los Derechos del  Niño,  los  menores  deben  recibir  una  atención  especial  en  todas  las  instancias  judiciales, administrativas  o  de  bienestar  social;  para  lo  cual,  el  juzgador  debe  observar,  por  encima  de cualquier  situación  y/o  adulto  involucrado  en  la  controversia,  que  se  respeten  y  procuren  sus derechos. Por  lo  tanto,  si bien es  cierto que el artículo 165 de  la  Ley de Amparo,  indica que  la presentación de  la demanda en  la  vía directa, ante una autoridad distinta  a  la  responsable, no interrumpe  los  términos  establecidos  en  los  diversos  21  y  22  del mismo  ordenamiento  legal; también  lo  es  que  si  están  de  por  medio  derechos  fundamentales  de menores  de  edad,  en beneficio de  su  interés  superior, ésta debe  admitirse  cuando  aquélla  se haya presentado en  el plazo contemplado por los preceptos legales aludidos, por error, ante una autoridad distinta.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 296/2012. Iván Josué Flores Ángeles. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Rocío del Carmen Sánchez Benítez.   Décima Época Registro: 2001129 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.17 C (10a.) Página:  1877  LAUDO ARBITRAL. CIRCUNSTANCIAS QUE EL JUEZ DEBE ANALIZAR, CONFORME A LA FRACCIÓN  II DEL ARTÍCULO 1457 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CUANDO SE DEMANDA SU NULIDAD.  Cuando se demanda  la nulidad de un  laudo arbitral con fundamento en  la fracción  II del artículo 1457 del Código de Comercio,  ya  sea porque el objeto de  la  controversia no es  susceptible de 

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solución por vía del arbitraje; o, porque el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al  "orden  público",  el  Juez  debe  resolver  atendiendo  a  las  constancias  del  juicio  y  pruebas desahogadas, pero ello no significa que deba analizar y descartar todas y cada una de las hipótesis, sólo  que  advierta  que  se  actualiza  alguna,  a  pesar  de  que  sea  distinta  a  las  invocadas  por  las partes, la pueda invocar de oficio. Esto es así, pues los motivos o causas de nulidad previstos en la fracción I del artículo 1457 del Código de Comercio, deben ser acreditados por quien los invoque, pero en el caso de las dos hipótesis referidas en la fracción II de ese mismo precepto, el Juez debe pronunciarse  respecto  de  las  circunstancias  hechas  valer  por  las  partes,  y  sólo  si  advierte  que alguna de las hipótesis se actualiza, aun y cuando no haya sido invocada, puede de oficio invocarla para declarar nulo el laudo arbitral.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 6/2012. Bergesen Worldwide Limited. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Décima Época Registro: 2001130 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.18 C (10a.) Página:  1877  LAUDO ARBITRAL.  CUÁNDO NO  ES APLICABLE  LA  CONVENCIÓN  SOBRE  EL  RECONOCIMIENTO  Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS.  La Convención  sobre  el Reconocimiento  y  Ejecución de  las  Sentencias Arbitrales  Extranjeras no resulta aplicable cuando un laudo arbitral se emitió en el idioma español en la República Mexicana y se va a ejecutar dentro del propio país, sólo basta lo dispuesto en el artículo 1461 del Código de Comercio y la aludida convención tendrá un carácter análogo al principio de convencionalidad.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 6/2012. Bergesen Worldwide Limited. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Décima Época Registro: 2001131 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Civil 

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Tesis: I.7o.C.19 C (10a.) Página:  1878  LAUDO  ARBITRAL.  CUÁNDO,  POR  QUÉ  Y  EN  QUÉ  CONDICIONES  SE  DEBEN  ANALIZAR  LAS CONSIDERACIONES QUE LO SUSTENTAN.  Para  llegar  a  la  conclusión de que un  laudo  es  contrario o no  al  "orden público",  es necesario leerlo,  analizarlo  y  calificarlo,  pues  de  otra  forma  sería  imposible  resolver  la  disyuntiva.  Sin embargo,  se  debe  distinguir  entre  analizar  el  laudo  arbitral  para  resolver  si  su  contenido  es contrario al "orden público", para reconocerlo como resolución en el sistema jurídico mexicano y ordenar  su  ejecución;  distinto  es  analizarlo  para  resolver  si  las  consideraciones  vertidas  son correctas o no. Así es, pues mientras  lo primero busca sólo que el  laudo arbitral no contraríe el "orden público" para que pueda ser anulado o ejecutado, lo segundo sería tanto como analizar las consideraciones  que  sustentan  las  conclusiones  para  ordenar  variarlas,  lo  que  está  vedado  al juzgador ante quien se pide ya sea su nulidad o el reconocimiento y su ejecución.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 6/2012. Bergesen Worldwide Limited. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Décima Época Registro: 2001132 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro X,  Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.20 C (10a.) Página:  1878  LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ DETERMINADO POR EL  JUEZ CUANDO SE RECLAMA SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN.  Como el concepto de "orden público" no se encuentra definido en la Constitución ni en el Código de Comercio, ello deja claro que es preciso determinar su significado en cada caso concreto pues no basta con asimilarlo a  las normas  imperativas, sino que es necesario proteger nuestra cultura jurídica mexicana de  intromisiones que  la desvirtúen.  Esto  es  así, dado que una  interpretación conjunta  de  la  fracción  II  del  artículo  1457,  con  la  fracción  II  del  artículo  1462  del  Código  de Comercio,  incluso  con  el  precepto  V,  inciso  2,  de  la  Convención  sobre  el  Reconocimiento  y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, lleva a la conclusión de que son dos las hipótesis que pueden ocasionar que el juzgador de oficio declarare que un laudo arbitral es nulo o que no lo reconozca  como  una  resolución  acorde  al  sistema  jurídico mexicano  y  por  ende  deniegue  su ejecución,  y  es  cuando:  a)  Según  la  legislación mexicana,  el  objeto  de  la  controversia  no  sea susceptible de solución por vía del arbitraje; o, b) Cuando el laudo sea contrario al "orden público" mexicano. Así las cosas, la referencia a la legislación mexicana es para guiar al juzgador quien debe velar que el objeto de la controversia pueda ser objeto de arbitraje, es decir, que no exista alguna 

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disposición  legal mexicana  que  lo  impida; mientras  que  por  otra  parte,  el  concepto  de  "orden público" es más amplio, pues no basta con afirmar que en un  laudo arbitral se está dejando de aplicar  una  disposición  legal  que  se  autodefine  como  de  "orden  público"  para  que  se  tenga necesariamente que concluir que se  transgrede el mismo, sino que es necesario un estudio más profundo, caso por caso, que permita concluir que con su reconocimiento y ejecución es evidente que sí se transgrede nuestro orden jurídico. En conclusión, se reitera deberá ser el juzgador quien en cada caso concreto determine si se transgrede o no el "orden público".  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 6/2012. Bergesen Worldwide Limited. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Décima Época Registro: 2000742 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro VIII,  Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.10 C (10a.) Página:  1820  CONSUMIDORES. CRÉDITOS DE LOS, EN UN CONCURSO MERCANTIL Y SU PRELACIÓN; SE UBICAN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LOS TRABAJADORES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 217 A 222, 224, FRACCIÓN I, Y 225, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES).  Al analizar  los derechos de  los consumidores reconocidos como derechos humanos, tanto por  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos como por  los  tratados  internacionales, es obligatorio aplicar el principio pro homine para la obtención de su mayor beneficio posible; entre otras  razones,  por  su  desigualdad  en  la  relación  de  consumo  frente  al  comerciante  y  otros acreedores. En consecuencia, al interpretar los artículos 217 a 222, 224, fracción I, y 225, fracción I,  de  la  Ley  de  Concursos  Mercantiles,  los  créditos  de  los  consumidores  deben  ubicarse inmediatamente después de  los créditos de  los trabajadores, pues de ese modo el Estado estará haciendo  lo  posible  para  resarcir  a  aquéllos  en  la  satisfacción  de  sus  créditos.  Sin  que  esto signifique  desconocer  el  orden  preferente  de  pago  que  corresponde  a  los  créditos  de  los trabajadores en el concurso, porque derivan de su principal fuente de ingresos, lo que no sucede en esa magnitud respecto de los consumidores. Por otra parte, a diferencia de los créditos reales cuyo  pago  está  amparado  con  los  bienes  de  la  concursada mediante  hipoteca  o  prenda,  los consumidores  no  gozan  de  ninguna  garantía,  encontrándose  así  en  desventaja  frente  a  ellos. Asimismo deben estar por encima en el orden de pago de los créditos fiscales, que son satisfechos antes  que  los  privilegiados,  pues  no  estaría  justificado  que  el  Estado  cobrara  antes  que  los consumidores,  pues  al  hacerlo  estaría  anteponiendo  su  interés  al  de  aquellos  a  quienes  debe proteger contra actos que menoscaben sus derechos humanos. Además, una ubicación diferente no disminuiría ni permitiría equilibrar  la desigualdad entre  comerciante y  consumidor,  sino que enfrentaría  a  este  último  a  una  nueva  situación  de  desigualdad  frente  al  ente  público  y  otros 

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acreedores distintos de los créditos de los trabajadores.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 82/2012. Procuraduría Federal del Consumidor. 29 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: María Antonieta Castellanos Morales.    Décima Época Registro: 2000781 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro VIII,  Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.14 C (10a.) Página:  1914  DIVORCIO  SIN  EXPRESIÓN DE  CAUSA.  EL ARTÍCULO  283 DEL  CÓDIGO  CIVIL  COBRA APLICACIÓN SÓLO CUANDO HAY CONSENSO DE LOS DIVORCIANTES EN LA FIJACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).  El artículo 283 del Código Civil para el Distrito Federal establece que la sentencia de divorcio fijará la situación de  los hijos menores de edad conforme a  las hipótesis que el propio precepto prevé. Tal  disposición  es  aplicable  cuando  los  divorciantes  concilian  sus  intereses,  porque  al  haber consenso,  el  Juez  debe  aprobar  de  plano  el  convenio  a  que  se  refiere  el  artículo  267  del ordenamiento  en  cita  y  sentar  las  bases  para  que  éste  pueda  ejecutarse,  lo  que  debe  hacer observando  precisamente  lo  dispuesto  en  el  artículo  283;  sin  embargo,  este  precepto  pierde aplicación cuando  los contendientes no concilian sus posiciones, pues en ese caso,  lo que cobra vigencia es la segunda parte del artículo 287 de la legislación en trato, conforme a la cual, cuando no hay acuerdo de voluntades entre los divorciantes, el Juez sólo dictará la sentencia de divorcio, a fin  de  cumplir  con  el  objetivo  de  la  reforma  legal,  de  eficientar  el  sistema  para  obtener rápidamente el divorcio,  sin enfrascarse en  interminables discusiones que  sólo  lesionan más  las fibras familiares, y dejará para  la vía  incidental  las cuestiones que determinen  la situación de  los menores, como  serían  los derechos y deberes  inherentes a  la patria potestad,  los alimentos,  su guarda y custodia y el régimen de visitas y convivencias, entre otras.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  166/2012.  12  de  abril  de  2012.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Décima Época Registro: 2000940 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro VIII,  Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.11 C (10a.) Página:  2170  VÍA, IMPROCEDENCIA DE LA. OBLIGAR A TRAMITAR UNA MENOS PRIVILEGIADA A LA PROPUESTA ES,  POR  EXCEPCIÓN,  UN  ACTO  DE  IMPOSIBLE  REPARACIÓN  CONFORME  AL  DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LAS GARANTÍAS JUDICIALES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.  Teniendo  como  base  el  derecho  a  la  tutela  judicial  o  de  acceso  a  la  justicia  establecido  en  el segundo  párrafo  del  artículo  17  de  nuestra  Carta Magna,  y  definido  como  el  derecho  público subjetivo de  toda persona para que  los órganos  jurisdiccionales  atiendan en  forma expedita  su demanda, esto es sin que la sujeten a condiciones o requisitos limitativos, innecesarios, excesivos y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de  los  fines que  lícitamente persigue el legislador;  criterio que no pugna  sino  coincide  con  las  garantías  judiciales  a que  refiere  en  sus artículos  8.1  y  25.1,  la  Convención  Americana  sobre Derechos Humanos.  Es  posible  llegar  a  la conclusión de que, para no  incurrir en  restricciones  a dicha prerrogativa  constitucional, el  acto judicial que declara fundada la excepción de improcedencia de una vía sumaria o privilegiada para tramitar  el  proceso  en  la  ordinaria,  sí  es  un  acto  de  imposible  reparación  contra  el  cual  por excepción procede  el  juicio de  amparo  indirecto.  Lo  anterior, pues de esperar  la emisión de  la sentencia  definitiva  en  el  trámite  ordinario  del  procedimiento,  se  obligará  al  gobernado  a  la prosecución de una vía de mayor complejidad y demora; lo cual no es posible subsanar, ni a través de  la obtención de una resolución definitiva favorable a sus  intereses, ni por medio del  juicio de amparo  directo  donde  se  analice  como  violación  procesal,  porque  la  única  consecuencia,  de resultar  fundada  la excepción,  sería  reponer el  trámite para proseguirlo en  la  vía propuesta de inicio,  sometiendo  a  las  partes  a  un  doble  e  innecesario  trámite  judicial  y  al  retardo  en  la impartición de justicia.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  76/2012.  BBVA  Bancomer,  S.A.,  Institución  de  Banca  Múltiple,  Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria y otro. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: María Antonieta Castellanos Morales.   Nota:  Por  ejecutoria  del  26  de  septiembre  de  2012,  la  Primera  Sala  declaró  improcedente  la contradicción de tesis 330/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.   Décima Época Registro: 2000941 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro VIII,  Mayo de 2012, Tomo 2 

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Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.12 C (10a.) Página:  2171  VÍA JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS OTORGADAS MEDIANTE FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ENTABLADA POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL EXTERIOR.  Del análisis armónico de  los artículos 45‐A,  fracción  II, 45‐B y 45‐E de  la Ley de  Instituciones de Crédito,  relacionados  al  27‐A,  fracción  II,  de  Ley  para  Regular  las Agrupaciones  Financieras,  se tiene que la institución financiera del exterior es la entidad financiera constituida en un país con el que México  ha  celebrado  un  tratado  o  acuerdo  internacional  en  virtud  del  cual  se  permita  el establecimiento en  territorio nacional de  filiales;  la cual para  invertir en el capital  social de una filial debe realizar en el país en el que esté constituida, directa o indirectamente el mismo tipo de operaciones  que  la  filial  de  que  se  trate  esté  facultada  para  realizar  en México.  Por  tanto,  de actualizarse tales supuestos, la institución financiera del exterior que promueva en la privilegiada vía judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante fideicomiso de garantía, deberá exhibir conjuntamente con el contrato fundatorio de  la acción,  la certificación del saldo adeudado a que alude el artículo 1414 Bis 8, primer párrafo, del Código de Comercio,  cumpliendo  los  requisitos previstos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para conformar el título ejecutivo necesario para la procedencia de la vía planteada. Sin que ello implique infracción a los derechos humanos  reconocidos en  los preceptos 1o., 14, 16 y 17  constitucionales, al  constituir una  regla procesal proporcional y razonada que respeta el derecho de tutela jurisdiccional; pues tratándose de  la  materia  mercantil  los  requisitos  formales  son  más  rigurosos  al  involucrar  intereses particulares, que a su vez y en el mayor de  los casos, envuelven cuestiones pecuniarias respecto del acto jurídico en conflicto.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  76/2012.  BBVA  Bancomer,  S.A.,  Institución  de  Banca  Múltiple,  Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección Fiduciaria y otro. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: María Antonieta Castellanos Morales.   Décima Época Registro: 2000294 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro V,  Febrero de 2012, Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.1 C (10a.) Página:  2417  TÍTULOS  DE  CRÉDITO  ENDOSADOS  EN  FECHA  POSTERIOR  A  LA  DE  SU  VENCIMIENTO.  LA AUTONOMÍA  NO  OPERA  Y  LA  ABSTRACCIÓN  SE  ATENÚA  SI  EL  ENDOSANTE  ES  EL  PRIMER TOMADOR.  

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De la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene por rubro "TÍTULOS DE CRÉDITO. DIFERENCIAS ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA ABSTRACCIÓN."  (Registro  IUS número 193208), se desprende que  la autonomía de  los títulos de crédito protege al poseedor de buena fe de las excepciones personales oponibles a los anteriores poseedores.  Sin  embargo,  cuando  el  endoso  en  propiedad  de  un  título  de  crédito  es  de  fecha posterior a la de su vencimiento, atento a lo dispuesto por los artículos 27 y 37 de la Ley General de Títulos  y Operaciones de Crédito, el obligado  al pago puede oponer  al poseedor del mismo todas  las excepciones personales que hubiera podido oponer a quien se  lo transmitió, porque  la autonomía del título de crédito no opera. Pero además, si bien en razón de  la abstracción no se pueden oponer al tercer portador las excepciones derivadas de la relación causal, de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia invocada, se deriva una salvedad que es cuando se encuentran frente a frente el deudor y el "primer tomador" de un título de crédito, porque  la abstracción se atenúa, en donde el deudor puede referirse al negocio fundamental, por lo que puede alegar, para negarse al pago, entre otras defensas causales, por ejemplo, la falta o la ilicitud de la causa. Esto último es relevante cuando un título de crédito se endosa en propiedad con fecha posterior a la de su vencimiento, porque el deudor puede oponer al poseedor del mismo,  todas  las excepciones personales  que  hubiera  podido  oponer  a  quien  se  lo  transmitió,  dada  la  subrogación  a  que  se refiere el artículo 27 de  la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero si el endosante fue  el  "primer  tomador"  de  esos  documentos,  el  deudor  además  puede  referirse  al  negocio fundamental.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 724/2011. Diana Eilene García Martínez. 26 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Nota: La tesis de jurisprudencia citada aparece publicada con  la clave o número de  identificación 1a./J. 51/99 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 284.   Décima Época Registro: 160501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.67 K (9a.) Página:  3869  PRUEBAS EN EL  INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS QUE SE OFREZCAN EN EL PRINCIPAL, TAMBIÉN DEBEN  TOMARSE  EN  CONSIDERACIÓN  EN  AQUÉL  (INTERPRETACIÓN  DE  LA  JURISPRUDENCIA "PRUEBAS  EN  EL  JUICIO  DE  AMPARO  INDIRECTO  Y  EN  EL  INCIDENTE  DE  SUSPENSIÓN.  SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL  INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97])." 

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 El  criterio  interpretado  establece  que  cuando  con  la  demanda  de  garantías  se  ofrezca  como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que  se  solicite  expresamente  su  compulsa  o  certificación  para  que  obren  en  el  expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, ordenará su compulsa y al resolver sobre la suspensión definitiva les dará valor probatorio; no obstante, restringe su aplicación sólo a aquellos  casos  en  que  las  pruebas  documentales  se  hayan  acompañado  de  por  lo menos  dos copias, manteniendo así  la disfuncionalidad que se presenta con  los documentos que se ofrecen sólo  en  uno  de  los  cuadernos  del  juicio  de  amparo  indirecto  y  que  por  esa  razón,  no  pueden tomarse en cuenta en el otro. Ahora bien, en  la ejecutoria que dio  lugar a  la modificación de  la jurisprudencia  P./J.  92/97,  la  Corte  propugna  por  facilitar  el  acceso  a  la  tutela  jurisdiccional  al hacer  una  interpretación  extensiva  del  tercer  párrafo  del  artículo  78  de  la  Ley  de  Amparo  y considerar que la posibilidad de que el juzgador de oficio ordene la compulsa de las copias simples agregándolas  a  los  autos  principales  o  incidentales,  según  proceda,  busca  privilegiar  la  verdad material sobre  la  formal, para que éste pueda emitir un  fallo encaminado a alcanzar el  ideal de equidad y  justicia, de tal suerte que  la compulsa de  las pruebas ofrecidas en un cuaderno a otro simplemente  implica  reconocer  que  en  un  juicio  de  amparo  existe  una  prueba  ofrecida  por cualquiera de las partes que está dentro del mismo y que al momento de resolver en cualquiera de los expedientes, el Juez de Distrito deberá otorgarles el mismo valor probatorio que corresponde a los originales o copias certificadas que obran en un diverso cuaderno del mismo juicio (principal o incidental, según sea el caso). El acceso a la tutela judicial en materia de amparo se ha puesto de manifiesto también en criterios como: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL  JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR  EL NÚMERO  EXACTO DE  LAS  REQUERIDAS."  y  "DEMANDA DE  AMPARO.  CUANDO  SE OMITE  PRESENTAR  LAS  COPIAS  NECESARIAS  PARA  LA  FORMACIÓN  DEL  INCIDENTE  DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO  INTERPUESTA  AQUÉLLA,  SINO  EXCLUSIVAMENTE  A  POSTERGAR  LA  APERTURA  DE  DICHO INCIDENTE.", en los que se han matizado ciertos efectos que conforme a la Ley de Amparo podría tener  la  falta  de  exhibición  de  copias  de  la  demanda  en  el  juicio  constitucional,  a  través  de mecanismos  que  permiten  subsanar  las  omisiones  para  resolver  los  asuntos  de  fondo,  porque resulta  de mayor  entidad  atender  con  justicia  los  reclamos  de  los  quejosos,  que  soslayarlos  a virtud de tecnicismos y formalidades. Entonces, siendo congruentes con lo expuesto, la aplicación de  la  jurisprudencia  invocada no debe quedar supeditada a  la exhibición de  las copias por parte del  promovente  de  la  prueba,  menos  aún,  al  número  de  copias  que  presente,  sino  que  su interpretación debe ser más amplia y estar en función de los documentos que se ofrezcan ya sea en  el  cuaderno  principal  del  amparo  o  en  su  respectivo  incidente  de  suspensión,  es  decir,  la autoridad de amparo tiene la inexcusable obligación de considerar la documental de que se trate en ambos cuadernos, para lo cual podrá ordenar la compulsa de los documentos y que las copias respectivas se agreguen a los cuadernos que correspondan.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Incidente  de  suspensión  (revisión)  237/2011.  8  de  septiembre  de  2011.  Mayoría  de  votos. Disidente: Sara  Judith Montalvo Trejo. Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   

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Nota: Las jurisprudencias citadas aparecen publicadas,  la primera con  la clave P./J. 71/2010 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página  7;  la  segunda  con  el  rubro:  "PRUEBAS  EN  EL  JUICIO  DE  AMPARO  INDIRECTO  Y  EN  EL INCIDENTE  DE  SUSPENSIÓN.  SU  OFRECIMIENTO  Y  DESAHOGO.",  Tomo  VI,  diciembre  de  1997, página 20 y, la tercera y cuarta con las claves 1a./J. 106/2005 y 2a./J. 86/2002, Tomos XXII y XVI, octubre de 2005 y agosto de 2002, páginas 170 y 245, respectivamente.   Novena Época Registro: 162207 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXIII, Mayo de 2011 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.164 C         Página:  1043  CAMBIO  DE  SITUACIÓN  JURÍDICA.  LA  SENTENCIA  DE  RECONOCIMIENTO,  GRADUACIÓN  Y PRELACIÓN  DE  CRÉDITOS  DICTADA  CON  POSTERIORIDAD  A  LA  DECLARACIÓN  DE  CONCURSO MERCANTIL O  EL  DESECHAMIENTO  DE  RECURSOS  EN  SU  CONTRA  SÍ  ACTUALIZA  LA  CAUSA  DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.  Sí se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, cuando  el  acto  reclamado  es  la  sentencia  de  declaración  de  concurso  mercantil  o  el desechamiento  de  un  recurso  en  su  contra,  y  posteriormente  se  dicta  la  sentencia  de reconocimiento,  graduación  y  prelación  de  créditos,  porque  la  autonomía  a  que  se  refiere  de manera  específica  la  tesis  del  rubro:  "CAMBIO  DE  SITUACIÓN  JURÍDICA.  REGLA  GENERAL." (registro 199808), es que  la segunda resolución pueda subsistir, sin  importar que el acto materia del amparo  resulte o no  inconstitucional. Es decir, que entre el acto  reclamado  (declaración de quiebra)  y  el nuevo  acto    (sentencia  de  reconocimiento,  graduación  y prelación) no  exista una relación  de  causalidad  tal,  que  la  ilegalidad  del  primero  traiga  aparejada  la  irregularidad  del segundo. Esto es así, porque  la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos puede prevalecer  sin  importar  si  se  concede o no el amparo  contra  la declaración de  concurso mercantil o el desechamiento del recurso en su contra, ya que el carácter, grado y orden en que fueron  reconocidos  los  acreedores  de  la  concursada,  subsisten  sin  importar  la  declaración  del concurso mercantil o el desechamiento del recurso; de modo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en ese procedimiento. Además, si se llegare a revocar la declaración de concurso,  sobrevendrían consecuencias desfavorables ya que  todos  los demás acreedores cuyos créditos ya fueron reconocidos por virtud de  la sentencia respectiva, se verían afectados  y  tendrían que  instar nuevamente para el  reconocimiento,  grado  y prelación que  les confirió dicha sentencia.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 99/2011. Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación,  Servicios  y  Similares. 28 de abril de 2011. Unanimidad de  votos. Ponente:  Julio César 

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Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Notas:   La tesis citada aparece publicada con la clave 2a. CXI/96 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 219.   Por ejecutoria del 5 de octubre de 2011,  la Primera Sala declaró  inexistente  la contradicción de tesis 223/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.   Novena Época Registro: 162594 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.159 C         Página:  2325  EMPLAZAMIENTO  POR  CÉDULA.  SI  SE  ENTIENDE  CON  UNA  PERSONA  DIVERSA  A  LA  BUSCADA PORQUE ÉSTA NO SE ENCUENTRA.  El hecho de que en el acta levantada por el actuario con motivo de la diligencia de emplazamiento no se asentó lo referente a que el buscado no se encontraba en ese momento, o cómo es que el actuario se cercioró de ello, no hace que sea ilegal, pues de las disposiciones legales que rigen sus formalidades no contienen  la obligación de asentar esa circunstancia. Así es,  los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, precisan  los sucesos y hechos que  deben  asentarse  en  el  acta  o  razón  actuarial,  pero  ello  no  incluye  que  cuando  se  haga  la notificación por cédula por tratarse del emplazamiento y no se encuentra al demandado pero sí a una persona diversa quien la atiende, se deba asentar la forma en que el actuario se cercioró de la ausencia del buscado.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 39/2011. GE Consumo México, S.A. de C.V., S.F. de O.M., Entidad no Regulada. 24 de febrero de 2011. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis.  Disidente:  Manuel  Ernesto  Saloma  Vera.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 109/2011, de la que derivó  la  tesis  jurisprudencial  1a./J.  5/2011  (10a.)  de  rubro:  "EMPLAZAMIENTO.  EL  FEDATARIO 

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JUDICIAL EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEBE ASENTAR EXPRESAMENTE QUE EL DEMANDADO NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PUEDA PRACTICARLA CON PERSONA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."   Novena Época Registro: 162554 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.157 C Página:  2368  JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, APELACIÓN EN EL. DEBE ADMITIRSE EN EL EFECTO DEVOLUTIVO CONFORME  AL  ARTÍCULO  714  DEL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTOS  CIVILES  PARA  EL  DISTRITO FEDERAL.  Tanto el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles, ambas  legislaciones del Distrito Federal,  regulan  el  contrato  de  hipoteca  y  que  el  acreedor  elija  la  vía  para  intentar  ya  bien hipotecaria,  ejecutiva  u  ordinaria.  Así,  una  vez  elegida  la  vía,  el  proceso  debe  desarrollarse conforme a las normas que lo reglamentan. Ahora bien, el artículo 12 del código procesal civil, se refiere a  la acción hipotecaria,  la cual tiene una tramitación en un capítulo y título específico de donde se derivan tres fases fundamentales: I) La expedición y registro de la cédula hipotecaria; II) La  oposición;  y,  III)  El  remate  y  su  ejecución.  Así  también,  el  código  procesal  reglamenta  los recursos  ordinarios  entre  los  que  se  encuentran,  la  revocación  y  apelación  donde  se  ubica  el precepto  714.  Dicho  artículo,  señala  que  la  apelación  interpuesta  en  los  juicios  sumarios  y especiales,  contra  la  sentencia  definitiva  o  cualquier  otra  determinación,  sólo  procederá  en  el efecto devolutivo. Consecuentemente,  tal admisión en el  juicio especial hipotecario, que se  rige por el artículo  invocado, de ser procedente,  lo será en el efecto devolutivo. Así no es aplicable  la última parte del diverso 580 del mismo ordenamiento, pues regula la apelación y su admisión en ambos efectos contra la resolución que apruebe o desapruebe el remate y dicho artículo se ubica en  el  capítulo  "De  la  vía  de  apremio",  en  la  sección  III,  llamada  "De  los  remates",  donde  no distingue  el  tipo  de  juicio  en  que  se  intente,  ordinario  o  especial,  como  sí  sucede  de manera expresa para los juicios especiales en el artículo 714 ya citado.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 373/2010. José Luis García Espinosa y otros. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricardéz.   Novena Época Registro: 162513 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

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 XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.160 C         Página:  2395  PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. NO SE REQUIERE QUE EL ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO EN QUE SE FUNDE  SEA  DE  FECHA  CIERTA,  SI  QUIENES  LO  SUSCRIBIERON  SON  PARTE  EN  EL  JUICIO RESPECTIVO.  La jurisprudencia 1a./J. 9/2008, emitida por  la Primera Sala de  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, publicada en el  Semanario  Judicial de  la  Federación  y  su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 315, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE  LA  POSESIÓN,  DEBE  SER  DE  FECHA  CIERTA  (LEGISLACIÓN  DEL  ESTADO  DE NUEVO  LEÓN).", establece que en tratándose de la acción de prescripción positiva, para que un contrato traslativo de dominio pueda tener valor probatorio debe ser de fecha cierta; sin embargo, de  la ejecutoria respectiva se desprende que las consideraciones de la Corte en el sentido de la exigencia del justo título  de  fecha  cierta  son  para  que:  1)  Tenga  plena  eficacia  probatoria;  y,  2)  Pueda  surtir consecuencias contra terceros. Todo ello para proporcionar certidumbre respecto de  la buena fe del acto ahí contenido y evitar actos fraudulentos o dolosos cometidos por las partes en ese acto jurídico y en perjuicio de  terceros. En esas condiciones, el  supuesto de  la  fecha cierta a que  se refiere  tal criterio no es aplicable  cuando el contrato  traslativo de dominio que  se exhibe en el juicio de prescripción adquisitiva para acreditar la causa generadora de la posesión no proviene de un  tercero  extraño  al  juicio,  sino  de  los  propios  contendientes  pues,  en  esos  casos,  la  fecha  y demás elementos del contrato privado deben considerarse verdaderos, mientras no se demuestre su falsedad, ya que con el  llamamiento a  juicio del vendedor que haya suscrito el documento se permite  cumplir  la  razón  subyacente  tras  la  jurisprudencia  en  cuestión,  habida  cuenta  que  el demandado tendrá la oportunidad de objetar o impugnar cualquier simulación o acto doloso, con lo que se evitará la comisión de fraudes a través de ese acto jurídico.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 58/2011. Rocío Hernández  Ibarra. 17 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota:  Por  ejecutoria  del  16  de  noviembre  de  2011,  la  Primera  Sala  declaró  inexistente  la contradicción de tesis 221/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.   Novena Época Registro: 162512 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Civil 

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Tesis: I.7o.C.158 C Página:  2396  PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU CÓMPUTO SE DEBE PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EN DEFINITIVA SE RESUELVE LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL DERECHO QUE SE VA A EJERCITAR.  Si fue la propia deudora quien antes de que se venciera el plazo pactado demandó la nulidad de la escritura que contiene el convenio y su garantía; entonces, es evidente que estaba sub  júdice  la validez  del  mismo  y,  en  consecuencia  de  ello,  los  derechos  y  obligaciones  contenidos  en  el instrumento  siguen  su misma  suerte,  pues  no  pueden  reclamarse  en  tanto  no  se  resuelva  en definitiva  sobre  la validez del  instrumento notarial que  los  contiene. Por  lo  tanto, al analizar  lo referente a  la prescripción, se debe computar a partir de que se resolvió en definitiva ese  litigio pues es cuando se podían ejercer las acciones referentes a los derechos y obligaciones contenidos en los mismos.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 757/2010. Banco del Bajío,  S.A.,  Institución de Banca Múltiple. 27 de enero de 2011.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 162462 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.161 C Página:  2461  SOCIEDAD ANÓNIMA. CONTRATO SOCIAL, ACCIÓN RESCISORIA RESPECTO DE UNO DE SUS SOCIOS. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE FUNDA EN CAUSAS QUE SE CONTRAPONEN A SU NATURALEZA.  Aun cuando el artículo 78 del Código de Comercio privilegia el principio de libertad contractual en los actos comerciales, lo cierto es que conforme a los artículos 6o., 10, 11, 1796 y 1859 del Código Civil para  el Distrito  Federal, de  aplicación  supletoria  a  la  legislación mercantil  (conforme  a  las disposiciones  anteriores  a  las  reformas  publicadas  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis), tal principio encuentra freno cuando las convenciones pactadas van en contra de la naturaleza de los propios actos jurídicos. Así, las causas de  rescisión  individual  del  contrato  societario  que  establezcan  los  accionistas  de  una  sociedad anónima deben ser acordes a su propia esencia, de tal suerte que no es factible integrar al pacto social  alguna  disposición  prevista  para  otro  tipo  de  sociedad,  alegando  analogía  de  razones, porque dada  la naturaleza capitalista de  la anónima,  le resultan  incompatibles  las normas que se prevén  específicamente  para  las  sociedades  de  personas;  verbigracia,  el  artículo  50  de  la  Ley General de Sociedades Mercantiles que se refiere a las causas de rescisión del contrato social de la 

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denominada en nombre colectivo, porque tal reglamentación se contrapone al  interés común de la conservación de la empresa que opera en la sociedad anónima, que exige su continuidad sobre las  vicisitudes  personales  de  los  socios  y  reclama  la  íntegra  conservación  de  su  patrimonio mientras no estén cumplidos los fines sociales, además, va en contra de su naturaleza y objetivos al pretender sancionar de manera muy rígida a los socios de una sociedad de capitales, en la que su responsabilidad se  limita al monto de sus acciones y en  la que por  la propia estructura social, que  cuenta  con  órganos  de  administración  y  vigilancia  y  se  rige  bajo  el  principio  de  toma  de decisiones democráticas  existen mecanismos,  en principio, para  impedir que  los mismos  socios incurran  en  tales  violaciones  y  después,  para  castigarlos,  en  caso  de  haberlas  cometido,  sin necesidad de tener que llegar a la exclusión de los accionistas que para una sociedad de este tipo representa  parte  de  su  activo  social,  cuya  disminución  por  la  salida  forzosa  de  un  socio evidentemente traería repercusiones en su función y desempeño social. Entonces, aun cuando no existe  disposición que  prohíba  a  los  accionistas  de una  sociedad  anónima pactar  las  causas de rescisión del contrato social, lo cierto es que esas causas no deben contrariar la naturaleza y fines de  la  sociedad,    porque  si  ello  sucede,  entonces,  tales  convenciones  serán  infructuosas  al transgredir la ley.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  772/2010.  Javier Moreno  Valle  Suárez.  3  de  febrero  de  2011. Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 162968 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.156 C         Página:  3339  TARJETAS DE CRÉDITO. ES CONDUCENTE LA  JURISPRUDENCIA 1a./J. 67/2008 A LA SOLICITUD DE NULIDAD DE CARGOS POR CONSUMOS PREVIOS AL REPORTE DE ROBO O EXTRAVÍO, GENERADA BAJO LA VIGENCIA DE LAS REGLAS PARA SU EMISIÓN Y OPERACIÓN, PUBLICADAS EL 11 DE JULIO DE 2008.  En  la  ejecutoria  origen  de  la  jurisprudencia  de  rubro:  "TARJETAS  DE  CRÉDITO.  LOS  CARGOS HECHOS POR LOS CONSUMOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL AVISO DE ROBO O EXTRAVÍO SON  IMPUGNABLES  A  TRAVÉS  DE  LA  ACCIÓN  DE  NULIDAD  DEL  PAGARÉ  O  VOUCHER,  EN TÉRMINOS DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 11/2007.", la Primera Sala de la Suprema Corte de  Justicia  de  la Nación  realizó  un  estudio  comparativo  entre  las  "Reglas  a  las  que  habrán  de sujetarse  las  Instituciones  de Banca Múltiple  en  la  Emisión  y Operación  de  Tarjetas  de  Crédito Bancarias"  (publicadas  en  el Diario Oficial  de  la  Federación  el  18  de  diciembre  de  1995),  y  las "Reglas  a  las  que  habrán  de  sujetarse  las  Instituciones  de  Banca  Múltiple  y  las  Sociedades Financieras de Objeto Limitado en la Emisión y Operación de Tarjetas de Crédito." (publicadas en el Diario Oficial de  la Federación el 4 de agosto de 2004).  Sin embargo, ello no  impide que  las 

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conclusiones obtenidas de ese análisis, en específico la relativa a que debe atenderse al resultado de  la  pericial  practicada  en  el  original  del  pagaré‐voucher  cuestionado,  a  fin  de  determinar  la responsabilidad del cargo, minimizando  la  importancia del  factor correspondiente al pacto entre las partes sobre la extemporaneidad del aviso de robo o extravío en los juicios donde se demanda su  nulidad;  sea  aplicable  a  los  asuntos  donde  el  evento  se  verificó  durante  la  vigencia  de  las "Reglas a las que habrá de sujetarse la Emisión y Operación de Tarjetas de Crédito" (publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 11 de julio de 2008). Esto, porque lejos de modificar de modo sustancial o radical aquéllas a través de estas últimas, el Banco de México  las optimizó y orientó hacia  una  mayor  protección  de  los  derechos  del  tarjetahabiente,  conservando  disposiciones análogas y atendiendo incluso, a los requerimientos derivados de la ejecutoria de mérito. Además, es de explorado derecho que al reformarse o modificarse una  legislación específica, que a su vez es  interpretada  en  jurisprudencia,  ésta  no  deja  de  tener  aplicación  si  la  esencia  de  las disposiciones continúa siendo la misma.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 661/2010. Santander Consumo, S.A. de C.V., S.F. de O.M., E.R. 19 de noviembre de 2010.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  María Antonieta Castellanos Morales.   Nota: La tesis 1a./J. 67/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 161.   Novena Época Registro: 163414 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.151 C Página:  1733  ARBITRAJE  COMERCIAL.  LA  ACCIÓN  DE  NULIDAD  DEL  PROCEDIMIENTO  ARBITRAL  ES IMPROCEDENTE, PORQUE NO ESTÁ PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.  El  título cuarto, del  libro quinto del Código de Comercio contiene  las disposiciones aplicables al arbitraje  comercial  nacional  y  al  internacional,  cuando  el  lugar  del  arbitraje  se  encuentra  en territorio  nacional.  De  sus  capítulos  VIII  y  IX,  intitulados  "De  la  nulidad  del  laudo"  y "Reconocimiento  y  ejecución  de  laudos",  respectivamente,  se  colige  que  una  vez  dictados  los laudos  arbitrales,  éstos  sólo  pueden  ser  objeto  de  estudio  por  la  autoridad  judicial  cuando  se promueve el procedimiento o incidente de nulidad (a que se refieren los artículos 1457 a 1460 del Código de Comercio) y el  reconocimiento y/o  la ejecución del  laudo  (previstos   en  los artículos 1460  a  1462  del  ordenamiento  citado).  Es  decir,  sólo  la  decisión  final  del  arbitraje  (laudo)  es susceptible de cuestionarse o validarse a través de una acción judicial. Así las cosas, cuando lo que se  pretende  es  la  nulidad  de  todo  el  procedimiento  arbitral  y  no  sólo  la  del  laudo,  la  acción 

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intentada es improcedente porque el Código de Comercio no contempla ese supuesto y considerar su procedencia por analogía,  implicaría atribuir al  juzgador  facultades  legislativas para crear una acción no prevista por el  legislador,  lo que  transgrediría  la premisa  contenida en el  artículo 16 constitucional de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en  revisión 255/2010. Certificados  Integrales Funcionales, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 163413 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.150 C Página:  1734  ARBITRAJE  COMERCIAL.  SU  LEGISLACIÓN  ES  ESPECIALIZADA  Y  POR  ENDE,  EXCLUYENTE  DE NORMAS GENERALES.  La intención de la propuesta del Ejecutivo Federal de reformar el título cuarto, del libro quinto del Código de Comercio que  regula  el  arbitraje  comercial  en México,  adoptada  en mil novecientos noventa y tres por el legislador, fue la de tener un sistema jurídico que acogiera al arbitraje como medio preferido de solución de las disputas en el comercio internacional, que fuera acorde con lo que el derecho y los tratados internacionales ya preveían. A virtud de ello, se buscó que el derecho arbitral estuviera diseñado bajo el principio de la no intervención o de la mínima intervención de un órgano jurisdiccional, privilegiando  la voluntad de  los particulares a través de un proceso más flexible, eventualmente más rápido y sobre todo en el que se contara con la posibilidad de escoger a  las  personas más  preparadas  y  capacitadas  para  decidir  un  conflicto  de  intereses.  Sobre  esa cimentación,  las  normas  arbitrales  se  eligieron  herméticas,  restrictivas,  de  autocontenido, constituyen  un  cuerpo  que  contiene  todas  sus  piezas  sin  necesitar  apoyarse  en  otros ordenamientos, a través de  la supletoriedad, porque dentro del mismo están  los elementos para resolver  cualquier  eventualidad  que  surja  respecto  de  un  procedimiento  arbitral.  Son  en consecuencia, disposiciones creadas exclusivamente para regular esa forma de heterocomposición y por lo tanto, constituyen una legislación especializada, excluyente de toda regla general que, por ende,  inhibe cualquier posibilidad de  interpretación  integral de  las  leyes, de aplicación supletoria de otras normas, incluso de las de orden común y de los principios generales de derecho.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en  revisión 255/2010. Certificados  Integrales Funcionales, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  Alicia Ramírez Ricárdez. 

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  Novena Época Registro: 163411 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.152 C Página:  1735  ARRESTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO CIVIL, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO ENTRATÁNDOSE DEL.  El artículo 123 de la Ley de Amparo determina la procedencia de la suspensión de oficio cuando se trate  de  actos  que  importen  privación  de  la  vida,  deportación  o  destierro  o  alguno  de  los prohibidos por el artículo 22 de  la Constitución Federal, así como cuando se  trate de algún otro que de  llegar a consumarse haría físicamente  imposible  la restitución al quejoso en el goce de  la garantía  violada,  como  sucedería  en  el  caso  de  la  privación  de  la  vida  o  afectación  a  bienes fungibles;  tal medida no cobra aplicación cuando el acto que  se  reclama consiste en un arresto decretado por un Juez civil en un procedimiento de orden jurisdiccional, habida cuenta de que tal hipótesis no encuadra dentro de  los  requisitos que al efecto contempla el  referido artículo 123, puesto que la imposición de la pena restrictiva de la libertad deriva de un procedimiento seguido en forma de  juicio en el que generalmente a quien se  le apercibe con esa medida es parte en el mismo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Queja  53/2010.  Patricia Azucena García Cejudo.  21 de octubre de  2010. Unanimidad de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 163383 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.154 C Página:  1748  CONTRATO  DE  ADHESIÓN.  ANÁLISIS  DE  SUS  CLÁUSULAS  CONFORME  A  SU  NATURALEZA  PARA PREVENIR ABUSOS.  El contrato de adhesión contiene cláusulas esenciales establecidas previa y unilateralmente por un proveedor de bienes o servicios sin que la contraparte consumidora tenga oportunidad de discutir 

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su  contenido.  Indiscutiblemente  es  un  contrato  aun  cuando  no  contenga  todas  las  cláusulas ordinarias de uno tradicional. Consta en formatos uniformes en los términos y condiciones para la adquisición de productos o servicios. Entre sus elementos destacan que:  la oferta se hace a una colectividad; el convenio es obra exclusiva de una de las partes; la reglamentación del contrato es compleja;  la  situación  del  oferente  es  preponderante;  la  oferta  no  puede  ser  discutida;  y,  el contrato oculto es regularmente un servicio privado de utilidad pública. Por sus características las cláusulas que puede contener están sujetas a  los requisitos que  la  ley  impone para  la protección del consumidor; por ejemplo, contra prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de la ley  que  lo  regula.  Así,  constituye  un microsistema  en  el  que  no  priva  de  la misma manera  la autonomía  de  la  voluntad  que  rige  en  los  contratos  en  que  las  partes  pueden  pactar bilateralmente las cláusulas. En ese contexto, para analizar su validez o nulidad debe atenderse, en primer  lugar, a su naturaleza. Por  lo tanto, es un error  la declaración respectiva con base en  las normas  que  regulan  los  contratos  en  general,  cuando  éstas  son  incompatibles  con  las características  propias  del  contrato  de  adhesión.  Además,  en  segundo  lugar,  su  interpretación debe  ser  conforme  a  los  principios  protectores  como  el  favor  libertatis  (en  caso  de  duda,  una cláusula  debe  interpretarse  contra  quien  han  estipulado  algo  y  en  liberación  de  quien  ese  ha obligado), el  favor debilis  (protector de  la parte débil, deudor o  acreedor)  y  aquellos que  sean favorables al consumidor.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 513/2010.  Sistema Único de Autofinanciamiento,  S.A de C.V. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 163382 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.155 C Página:  1749  CONTRATO DE ADHESIÓN. CLÁUSULAS ABUSIVAS.  Dada  la  naturaleza  de  los  contratos  de  adhesión  el  estudio  sobre  la  validez  o  nulidad  de  sus cláusulas en sede judicial debe tener presente que  la falta de participación de quien adquiere un bien  o  servicio,  no  debe  significarle  la  suscripción  o  aceptación  de  cláusulas  abusivas  que menoscaben sus derechos básicos como consumidor, consistentes en: el derecho a la información, a  elegir,  a  no  ser  discriminado,  a  ser  protegido,  a  la  educación  sobre  los  derechos  de  los consumidores y el consumo inteligente, a la seguridad, a la calidad y a la compensación. De modo que  si por virtud de esas  cláusulas establecidas unilateralmente, pese a  las exigencias  legales y derivadas de  la buena fe, se causa un detrimento en esos derechos que origine un desequilibrio importante  entre  las  partes  para  hacer  efectivos  sus  derechos,  entonces,  debe  declararse  su nulidad,  con  las  consecuencias que de ello  se deriven  y que  sean  competencia de  la  autoridad 

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judicial.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 513/2010.  Sistema Único de Autofinanciamiento,  S.A de C.V. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 163370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.153 C Página:  1755  DERECHO DE LOS CONSUMIDORES. COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE BASE CONSTITUCIONAL TIENE UNA REGULACIÓN LEGAL, ESPECÍFICA Y PROTECTORA QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR AL  RESOLVER  LOS  CONFLICTOS  ENTRE  PROVEEDORES  Y  CONSUMIDORES  QUE  SEAN  DE  SU COMPETENCIA PARA EVITAR ABUSOS.  Los  actos de  comercio  se  rigen por el  código de  la materia,  las demás  leyes mercantiles;  y, de manera supletoria, el Código Civil Federal. Por su parte, el artículo 28 constitucional establece el principio de que la ley protegerá a los consumidores. Dicho precepto es la base de la Ley Federal de  Protección  al  Consumidor,  así  como  de  otros  ordenamientos,  cuyos  propósitos  son  dar contenido  y  hacer  efectivos  los  derechos  fundamentales  de  los  consumidores. Dicha  ley  es  de orden  público,  interés  social,  de  observancia  en  toda  la  República  y  cuyas  disposiciones  son irrenunciables;  por  lo  que  contra  su  observancia  no  puede  alegarse  costumbre,  práctica  o convenio en contrario. Dicho ordenamiento establece, entre otras,  las definiciones de proveedor al  igual que  la de consumidor,  los principios básicos de  las  relaciones de consumo, una serie de medidas cuya finalidad es tanto promover como proteger  los derechos y cultura del consumidor; procurando  la  equidad  y  seguridad  jurídica  en  las mencionadas  relaciones  de  consumo.  Por  lo tanto, se trata de un microsistema por sus reglas protectoras específicas donde no rige de manera absoluta el principio de autonomía de la voluntad que opera de manera general en materia civil y mercantil;  sino  que  está  sujeto  a  normas  imperativas  protectoras  de  los  derechos  de  los consumidores  cuyo  cumplimiento  debe  vigilar  el  Estado.  Por  lo  tanto,  cuando  surjan  conflictos entre  proveedores  y  consumidores  debe  privilegiarse  la  aplicación  de  las  normas  protectoras cuando  sean  incompatibles  con  las  normas  civiles  y mercantiles,  con  el  propósito  de  prevenir abusos  en  las  relaciones de  consumo  cuyos  conflictos deba  resolver  la  autoridad  judicial  en  su ámbito de competencia.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

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Amparo directo 513/2010. Sistema Único de Autofinanciamiento, S.A. de C.V. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 163331 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.65 K Página:  1771  INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN ÉL.  El  Tribunal  Colegiado  al  resolver  lo  relativo  a  los  recursos  que  proceden  respecto  a  las determinaciones  que  efectúa  el  Juez  de  Distrito  al  conocer  de  la  suspensión  de  los  actos reclamados  en  el  juicio  constitucional  está  facultado  para  que  de  advertir  error,  omisión  o incongruencia alguna cometida por el referido juzgador, la subsane o corrija, inclusive reponga en caso de ser necesario, el procedimiento en la tramitación de dicho incidente, ello con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, en sus fracciones III y IV de aplicación analógica, debiendo desde  luego atender a salvaguardar  la  tutela absoluta de  las garantías constitucionales de quien promueve el amparo y dictar las medidas que se estimen pertinentes para conservar el fondo del juicio constitucional.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Queja  53/2010.  Patricia Azucena García Cejudo.  21 de octubre de  2010. Unanimidad de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 163260 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 2010 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.64 K Página:  1832  SUSPENSIÓN DE OFICIO. NATURALEZA DE LA.  La suspensión de oficio se rige por el artículo 123 de  la Ley de Amparo y se concede cuando se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de  la Constitución General de  la República y, cuando se trate de 

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algún otro que de  llegar a consumarse haría físicamente  imposible  la restitución al quejoso en el goce de  la garantía violada; asimismo, en el auto en el que se decrete de plano dicha medida, el Juez Federal admitirá la demanda. Acorde con lo anterior, debe precisarse que esta suspensión de oficio no admite condición o restricción alguna que impida que surta sus efectos; es decir, que no cobran aplicación  los artículos 124, 124 bis y 125 de  la Ley Reglamentaria de  los Artículos 103 y 107 Constitucionales.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Queja  53/2010.  Patricia Azucena García Cejudo.  21 de octubre de  2010. Unanimidad de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 163523 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.149 C Página:  3224  VENTA JUDICIAL. LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES OCURRE CUANDO SE DICTA LA RESOLUCIÓN QUE FINCA EL REMATE, CONSIDERANDO QUE LA MISMA QUEDE FIRME.  Para  algunos  tratadistas  la  venta  judicial  constituye  una modalidad;  para  otros,  es  una  figura jurídica distinta que ni siquiera debe clasificarse dentro del régimen de los contratos. Rafael Rojina Villegas afirma que es un acto jurídico de autoridad que se presenta con características propias del mismo  que  se  realiza  sin  la  conformidad  del  dueño  de  la  cosa;  por  lo  tanto,  no  existe  el consentimiento  que  es  el  elemento  esencial  de  todo  contrato;  en  consecuencia,  no  podemos hablar de un acto de esa naturaleza no obstante que el Código Civil considere que, por  lo que se refiere a  las obligaciones de comprador y vendedor, se aplicarán  las reglas de  la venta ordinaria, pues ello quiere decir simplemente que se imponen al dueño de la cosa todas las obligaciones de un vendedor ordinario. Pero, tratándose del remate, la enajenación se realiza por un acto jurídico de  autoridad  donde  concurre  la  decisión  del  Juez  con  la  voluntad  del  adquirente  para  la enajenación de los bienes. Por ello se considera que si el dueño de la cosa firma voluntariamente la escritura que ordena el Juez existe el contrato; pero, si no  lo hace, en su rebeldía  la firmará el Juez.  Aunque  en  el  caso  el  dueño  de  los  bienes  o  ejecutado  no  esté  conforme  en  otorgar  la escritura  pública.  Así  no  existe  sino  una  apariencia  de  contrato,  porque  propiamente  el  acto jurídico  de  la  firma  es  consecuencia  del  remate  o  venta  judicial  de  la  cosa;  si  el  dueño  da  su conformidad  firmando,  no  significa  que  en  ese momento  se  traslade  la  propiedad,  ya  que  así, sustancialmente la enajenación se llevó a cabo en la subasta pública con o sin la conformidad del ejecutado.  Tales  conclusiones  se  fundan  en  la  interpretación  del  artículo  2323  del  Código  Civil donde no se exige el otorgamiento de  la escritura pública como requisito para  la transmisión del dominio del bien que, en todo caso, deberá firmar el ejecutado o el Juez en su rebeldía, de modo que  se  debe  acudir  a  las  reglas  generales  para  establecer  el momento  en  que  se  transfiere  la propiedad.  Entonces,  si  la  venta  judicial  es  perfecta  desde  que  el  Juez  aprueba  la  subasta,  la 

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transmisión  del  dominio  del  bien  se  da  en  ese momento,  considerando  que  dicha  resolución quede firme, sin importar que la escritura se otorgue posteriormente, porque esto último es una formalidad prescrita por la ley.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 239/2010. Luis Fernando Flores Ramírez. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 164158 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.62 K Página:  2245  BILLETE DE DEPÓSITO. EL AUTO QUE ORDENA SU ENTREGA AL EJECUTANTE, COMO PAGO TOTAL DE LA CONDENA, CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  Partiendo  de  la  base  de  que  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación  ha  considerado  que  la última  resolución  en  la  fase  ejecutiva  puede  consistir  en  el  reconocimiento  tácito  del cumplimiento total de la sentencia, entonces, el auto que ordena entregar al ejecutante el billete de depósito que consigna el pago  total de  lo condenado, sin mayor objeción por parte del  Juez natural, debe considerarse, para efectos de la procedencia del amparo, la última resolución a que se  refiere  el  segundo  párrafo  de  la  fracción  III  del  artículo  114  de  la  Ley  de  Amparo,  porque implícitamente acepta la observancia total del fallo definitivo; máxime que después de dicho auto, el juzgador no tiene que emitir algún otro, pues lo que resta es que el vencedor acuda a recibir el billete  de  depósito,  para  lo  cual  sólo  tiene  que  asentar  la  razón  de  entrega  correspondiente, actuación en la que incluso no interviene directamente el juzgador.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión (improcedencia) 187/2010. S.L. de los Activos de Gramercy, S. de R.L. de C.V. 1o.  de  julio  de  2010.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 164405 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Común 

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Tesis: I.7o.C.60 K Página:  1885  AMPARO.  EN UNO NUEVO,  LA AUTORIDAD  FEDERAL DEBE VIGILAR  EL  CUMPLIMIENTO DE  LOS PREVIOS.  La concesión del amparo obliga a las autoridades responsables a dictar una nueva resolución que cumpla con lo resuelto en la ejecutoria de amparo. Así tratándose de nuevos amparos en los casos que así proceda y se otorgue la protección constitucional, el estudio y resolución que se dicte debe armonizar  con  lo decidido en el amparo anterior. Ahora bien, dado que el  cumplimiento de  las sentencias  protectoras  es  una  cuestión  de  orden  público,  la  autoridad  federal  debe  vigilar  esa armonía, lo cual es posible con fundamento en la garantía constitucional de tutela judicial efectiva, prevista por  el  artículo  17 de  la  Ley  Fundamental,  en  tanto ordena una  impartición de  justicia completa; por  lo que  incluye desde  luego  la  ejecución de  la  sentencia. Además, dicha  garantía tiene reflejo en  los preceptos 80, 113 y 192 de  la Ley de Amparo, según  los cuales:  la sentencia que otorgue la protección constitucional será para que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de  la violación de garantías y obligar a  la autoridad  responsable a actuar en determinado sentido,  cuando  se  trata de actos negativos;  cuidar que ningún  juicio de amparo  sea archivado hasta quedar enteramente cumplida  la  sentencia protectora; y, acorde a  la  jurisprudencia de  la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  que  ha  definido  los  lineamientos  para  lograr  el cumplimiento, donde se señalan  los distintos supuestos y trámites en cada caso; sin que ello sea un  obstáculo  para  que  la  autoridad  federal  verifique  esa  armonía  con  lo  resuelto  en  amparos previos.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 236/2010. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal. 17  de  junio  de  2010.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 164312 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.147 C Página:  1953  INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. NO TENERLO POR DESIGNADO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.  En un juicio ejecutivo mercantil, el requerimiento, embargo y los pormenores que de ello derivan, como  lo  es  la  designación  de  depositario  o  de  interventor  con  cargo  a  la  caja,  no  pueden concebirse  jurídicamente  en  forma  independiente  y  ajena  a  su  notificación  pese  a  ser  actos 

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distintos, pues todo ello se lleva a cabo en una sola diligencia, lo que no significa que por el hecho de que el acto  reclamado  (lo  referente al  interventor con cargo a  la caja)  tenga  su origen en el incidente de nulidad de actuaciones implique que el juicio de amparo indirecto sea improcedente; así  es,  porque  la  designación  de  interventor  con  cargo  a  la  caja,  aun  cuando  sea  parte  y  esté relacionada  con  las  etapas  de  la  diligencia,  también  es  una  cuestión  distinta  que  puede  ser destacada y  combatida al  tener una ejecución de  imposible  reparación, pues  si en este  caso  se embargaron  diversas  "negociaciones",  al negársele  al  actor designar  interventor  con  cargo  a  la caja,  le  impide  que  se  vigile  su  buena  administración,  que  finalmente  garantiza  el  pago  de  lo reclamado. Además, el hecho de que sea el actor y no el demandado quien promueva la demanda de  garantías,  en  este  caso  en  particular  no  provoca  que  ésta  sea  improcedente,  pues  es precisamente  el  actor quien designó  al  interventor  con  cargo  a  la  caja  y  se  ve  afectado  por  la decisión de la responsable de tenerlo por no designado y, en ese sentido, sí tiene legitimación en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, asimismo, es intrascendente que el interventor con cargo a la caja no tenga las facultades de disposición o posesión de los bienes, como aquellas con las que cuenta un administrador, pues el objeto de ese interventor es que vigile la contabilidad, e incluso  tome  medidas  provisionales  que  impidan  abusos  o  malos  manejos  de  esos administradores, atento a  lo dispuesto por el artículo 460 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que hace evidente que la determinación de no tener por nombrado interventor causa un perjuicio  que  será  imposible  de  reparar  aun  cuando  el  actor  embargante  obtenga  sentencia favorable en el juicio natural, pues no podrá cerciorase o tener certeza de la buena administración de  la  negociación  aun  cuando  esté  embargada,  ya  que  no  se  trata  de  bienes materialmente tangibles, sino de la actitud que tenga el administrador de la empresa. En conclusión, la resolución de  la  responsable  de  tener  por  no  designado  al  interventor  con  cargo  a  la  caja,  sí  tiene  una ejecución  de  imposible  reparación  que  puede  ser  reclamada  en  amparo  indirecto,  atento  a  lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  113/2010.  Formación,  Educación  y  Cultura,  S.C.  29  de  abril  de  2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 164311 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.148 C Página:  1954  INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. PUEDE DESIGNARSE AUN CUANDO UNA SOCIEDAD CIVIL SEA EMBARGADA.  Aun cuando es cierto que el artículo 460 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que "Si  el  secuestro  se  verifica  en  una  finca  rústica  o  en  una  negociación mercantil  o  industrial,  el 

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depositario  será mero  interventor  con  cargo  de  la  caja,  vigilando  la  contabilidad,  y  tendrá  las siguientes atribuciones: ...", y no se refiere a su aplicación cuando se embargue una sociedad civil, también lo es que si una persona moral de esta clase celebró actos de comercio que dieron origen a  la  demanda  natural  de  donde  derivó  el  embargo  trabado  sobre  todo  lo  que  de  hecho  y  por derecho le corresponde, y entre ellas se encuentran "sus negociaciones"; ante ello, es procedente la designación de interventor con cargo a la caja por parte del actor, pues es aplicable lo dispuesto en el artículo citado.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  113/2010.  Formación,  Educación  y  Cultura,  S.C.  29  de  abril  de  2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 164622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.146 C Página:  1930  CHEQUE. COTEJO DE FIRMAS EN EL.  Cuando se alega que la firma contenida en un cheque no fue cotejada contra la de la persona que lo  firmó,  si  aquélla  no  se  encuentra  autorizada  en  el  registro  de  firmas  del  banco  emisor;  es irrelevante  llevarlo  a  cabo  sin  que  sea  violatorio  al  principio  de  legalidad,  pues  basta  que  la contenida en el documento de crédito difiera notoriamente de la de su legítimo autorizado ante la institución bancaria para que ésta cuestionara su procedencia y negara su pago.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  147/2010. HSBC México,  S.A.,  Institución  de  Banca Múltiple, Grupo  Financiero HSBC. 15 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 164570 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.145 C         

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Página:  1960  LITISCONSORCIO  PASIVO  NECESARIO.  SE  DEBE  LLAMAR  AL  LITISCONSORTE  MEDIANTE  UNA FIGURA PROCESAL DIVERSA A LA RECONVENCIÓN, PORQUE ÉSTA SÓLO PROCEDE EN CONTRA DEL ACTOR.  La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió jurisprudencialmente que: [la] "RECONVENCIÓN.  SÓLO  PUEDE HACERSE VALER  EN CONTRA DEL ACTOR, NO ASÍ DE  TERCERAS PERSONAS."  (IUS  185335).  Luego,  si  de  la  también  llamada  contrademanda  se  advierte  la existencia de un tercero distinto al actor cuya intervención como litisconsorte sea necesaria en el juicio para la debida integración de la relación jurídico procesal, su llamamiento deberá realizarse mediante el procedimiento específico para  tal efecto; pero a  través de una  figura distinta de  la reconvención. Lo anterior es congruente también con  la  jurisprudencia del rubro: "NULIDAD DEL TÍTULO  BASE  DE  LA  ACCIÓN.  CUANDO  SE  HACE  VALER  COMO  EXCEPCIÓN,  NO  SURGE LITISCONSORCIO NECESARIO EN RELACIÓN CON QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO RESPECTO DEL CUAL SE OPONE." (IUS 174411), según  la cual el  litisconsorcio pasivo necesario está sujeto a las reglas procesales de  la forma en que se haga valer: vía acción (donde sí es necesario  llamar a todos  los  litisconsortes) o vía excepción (donde no hay necesidad de  llamarlos al  juicio porque  la declaración respectiva sólo tendrá efectos en ese procedimiento, pues no es oponible a quienes no  intervinieron  en  él  porque  no  significa  ninguna  declaración  judicial  constitutiva  de  algún derecho). Además,  con  la  incorporación de  tercero,  se  cumple  con  la  garantía de  audiencia;  la autoridad  de  cosa  juzgada;  se  evita  la  promoción  de  futuras  demandas  con  motivo  de  las sentencias  emitidas  por  los  tribunales,  cuyas  consecuencias  sean  graves  o  desventajosas  para otros  intereses,  que  es  uno  de  los  objetivos  del  derecho  procesal  en  beneficio  de  los contendientes, para evitar mayores gastos,  la pérdida de tiempo y más trabajo, con motivo de  la promoción, tramitación, prueba y decisión de múltiples litigios. Por último, se respeta el principio de libertad del actor para intentar un juicio en contra de quien él decida, dentro del ámbito de la ley, sin que pueda ser constreñido a proponer una demanda contra quien no quiere.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  37/2010.  **********.  4  de marzo  de  2010. Mayoría  de  votos.  Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Notas:   Las  tesis  de  jurisprudencia  citadas  aparecen  publicadas  con  las  claves  1a./J.  59/2002  y  1a./J. 16/2006  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Novena  Época,  Tomos  XVI, diciembre de 2002, página 133 y XXIV, agosto de 2006, página 160, respectivamente.   Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 137/2010, de la que derivó la  tesis  jurisprudencial 1a./J. 71/2010 de  rubro: "RECONVENCIÓN. PUEDE HACERSE VALER SÓLO CONTRA  LA  PARTE  ACTORA,  NO  CONTRA  TERCERAS  PERSONAS,  PERO  CUANDO  EXISTEN SITUACIONES DE LITISCONSORCIO NECESARIO, AQUÉLLA INCLUYE A TODOS LOS LITISCONSORTES, 

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SIN QUE DEBA RECURRIRSE A LA VÍA ESPECÍFICA LEGALMENTE PREVISTA PARA LLAMAR A JUICIO A TERCEROS."   Novena Época Registro: 164859 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXI, Abril de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.144 C Página:  2699  ACCIONES  SUBSIDIARIAS.  POSIBILIDAD  DE  ESTUDIO  CUANDO  NO  SEAN  CONTRARIAS,  O CONTRADICTORIAS.  FORMA  DE  DETERMINARLAS  (INTERPRETACIÓN  DE  LA  ÚLTIMA  PARTE  DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  Las  acciones  subsidiarias  son  aquellas  que  se  hacen  valer  conjuntamente  para  que  el  tribunal estudie una o unas y, en  caso de  ser  improcedentes, examine otra u otras.  La última parte del artículo  31  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Distrito  Federal  abolió  la  práctica  de deducir  subsidiariamente  acciones  contrarias  o  contradictorias.  La  determinación  de  tales características es posible  con el auxilio de  la  lógica de  la  siguiente manera: 1)  Las prestaciones reclamadas  hay  que  reducirlas  a  la  formulación  de  proposiciones;  hecho  lo  cual,  2)  es indispensable  verificar  que  tengan  sujeto  y  predicado  comunes  para  que  sea  posible  su comparación;  luego, 3)  las acciones subsidiarias serán contrarias si, y sólo si, en una se afirma  lo que  en  la  otra  se  niega.  Por  ejemplo:  a)  el  contrato  es  inexistente;  y,  b)  el  contrato  no  es inexistente.  En  cambio,  4)  serán  contradictorias  si  las  proposiciones  difieren  en  cantidad  (de universal a particular) y en cualidad (de afirmativas a negativas). Por ejemplo, cuando las acciones, expresadas a manera de proposición  lógica, son del tipo: a) todo el contrato es  inexistente; y, b) una parte del  contrato no  es  inexistente.  En  tal  virtud,  si  en  una demanda  se  intentaron unas acciones como principales y otras acciones como subsidiarias procederá su estudio siempre que no sean contrarias o contradictorias, en cuyo caso  la  improcedencia de  las primeras no tiene por consecuencia necesaria  la  improcedencia de  las últimas, precisamente porque su ejercicio es en auxilio o para suplir a la acción principal.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  742/2009.  Carlos  Alberto  González  Guilbot  y  otro.  11  de  marzo  de  2010. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 165041 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

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 XXXI, Marzo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.141 C Página:  2972  DILIGENCIAS  PARA  MEJOR  PROVEER.  NO  PUEDEN  ESTAR  A  LA  DECISIÓN  ARBITRARIA  DEL JUZGADOR.  El  artículo  279  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Distrito  Federal  confiere  a  los tribunales, en  todo  tiempo,  la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria,  teniendo como únicos requisitos: a) que sea conducente para el conocimiento de  la verdad de  los puntos cuestionados; y, b) que no  lesione el derecho de  las partes procurando su  igualdad. Todo  lo cual tiene  sustento  en  la  garantía  de  imparcialidad  consagrada  en  el  artículo  17  constitucional.  En consecuencia,  al  dictarse  una  diligencia  para  mejor  proveer,  el  juzgador  deberá  respetar  los principios  de  igualdad  de  las  partes  y  de  preclusión;  en  aquél  (de  igualdad),  los  contendientes deberán tener las mismas oportunidades, eliminando situaciones de ventaja y privilegios, lo que se traduce en igualdad jurídica; en ese (de preclusión), impone a las partes la obligación de aportar al proceso  los medios probatorios dentro de  la etapa postulatoria,  y  sólo por excepción en etapa diversa cuando se  trata de hechos supervenientes. Por  tanto,  la  facultad de  los  juzgadores para mejor proveer, no puede estar a una decisión arbitraria; por el contrario,  se debe anteponer el cumplimiento  de  estos  principios  al  ordenar  el  desahogo  de  alguna  prueba.  Ello  no  puede entenderse de otra manera, pues  su  inobservancia, bajo el pretexto de allegarse elementos de convicción para mejor proveer, llevaría inevitablemente a subsanar la deficiencia de alguna de las partes  respecto  al  ofrecimiento  de  pruebas;  situación  que  sería  violatoria  del  artículo  281  del mismo código, según el cual establece la obligatoriedad de éstas para asumir la carga de la prueba en relación a los hechos constitutivos de sus pretensiones.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 757/2009. José Martínez Ruiz y otra. 18 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 164934 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXI, Marzo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.143 C Página:  3054  REMATE,  PROCEDIMIENTO  DE.  SI  EL  PERITO  NO  SE  CONSTITUYÓ  EN  EL  INTERIOR  DE  UN INMUEBLE, ELLO NO ES VIOLATORIO POR SÍ MISMO DEL.  Si  en  el  dictamen  pericial  no  hay  datos  de  que  el  perito  se  constituyera  en  el  interior  de  un inmueble para valuarlo, ello no puede servir de base por sí mismo para considerar que sea ilegal o 

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violatorio del procedimiento de remate, pues el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal  permite  la  participación  del  ejecutado  en  la  asignación  del  precio,  según  el  valor  que alegue a su favor, mediante el dictamen que rinda el perito de su parte, acorde con las garantías de audiencia y  tutela  judicial. Por  lo  tanto, es  razonable considerar que  la venta  judicial  se  rige también por  las  leyes del mercado:  la oferta y  la demanda. Y, a diferencia del avalúo practicado para  cuantificar  las  prestaciones  reclamadas,  la  valuación  para  el  remate  tiene  por  objeto garantizar la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales y con ello cumplir con el tercer párrafo del artículo 17 constitucional. Razón por  la que el avalúo en el procedimiento de remate no puede estar supeditado a que el ejecutado permita o no al perito ingresar al inmueble materia de la venta judicial.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  41/2010.  Teresa Rodríguez Cortés.  25 de  febrero de  2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 164870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXI, Marzo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.142 C Página:  3089  VENTA JUDICIAL. SI EL PRECIO DE VENTA SE BASÓ EN UN VALOR APROXIMADO, SIN NECESIDAD DE QUE SEA EXACTO ES LEGAL.  La legislación procesal permite al ejecutado participar en el procedimiento de remate para fijar un precio lo más aproximado al valor del bien a rematar mediante el dictamen respectivo que rinda el perito de  su parte.  La  finalidad de ello no es  la de  cuantificar  las prestaciones en el  juicio o  la liquidación; sino la de establecer un precio aproximado para la venta. Es más, dicho precio podría no ser aquel en el que finalmente el bien sea vendido pues, de no verificarse la venta en primera almoneda,  el  precio  de  venta  y,  consecuentemente,  la  postura  legal  irá  disminuyendo  en  las ulteriores almonedas. Todo lo anterior muestra que no es indispensable fijar un precio exacto del bien a rematar, pues la venta judicial también se rige por las leyes del mercado, oferta y demanda, mismas que son consideradas explícita o implícitamente por el perito para la asignación del precio, y rigen también a los postores que acudan a la subasta.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  41/2010.  Teresa Rodríguez Cortés.  25 de  febrero de  2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época 

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Registro: 165896 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.138 C Página:  1439  ACCIÓN  CAUSAL.  EN  LA  EJERCIDA  POR HABERSE  EXTINGUIDO  LA ACCIÓN  CAMBIARIA,  PUEDEN RECLAMARSE SÓLO LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL TÍTULO DE CRÉDITO.  De una interpretación armónica de las disposiciones que forman la sección novena del capítulo II de  la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito  (pues no existe exposición de motivos al derivar su expedición y reformas de facultades extraordinarias del presidente de  la República en 1932  y 1933),  referente  a  las  letras de  cambio,  y en específico  a  las  "Acciones  y derechos que nacen de la falta de aceptación y de la falta de pago" (artículos 150 a 169), se concluye que en casi todo momento, salvo por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo 168 de la misma ley, esas acciones y derechos se refieren a las derivadas del título de crédito en particular. Ahora bien, en el artículo 168 de la citada  ley se prevén dos oportunidades más al tenedor de una letra de cambio para que pueda exigir sus derechos mediante  la acción causal, ya no en una vía privilegiada, sino en  la ordinaria mercantil, pero en ambos casos  se  tiene que  revelar  la  relación  jurídica que dio origen a la emisión del título de crédito, pues de ahí depende su vigencia. Así, los párrafos primero y segundo del artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se refieren a una primera hipótesis cuando subsisten acciones (por no existir novación) derivadas de la relación que dio origen a  la emisión o  trasmisión de  la  letra,  las cuales  se  intentarán  restituyendo  la  letra al demandado, y no procede sino después de que la letra hubiere sido presentada inútilmente para su aceptación o para su pago conforme a los artículos 91 al 94 y 126 al 128, respecto de los cuales, en el caso del pagaré se aplican sólo los preceptos del 126 al 128; y una segunda hipótesis prevista en el tercer párrafo que se refiere a cuando la acción cambiaria se extinguió y el tenedor ejecutó los  actos  necesarios  para  que  el  demandado  conserve  las  acciones  que  en  virtud  de  la  letra pudieren  corresponderle.  Por  lo  tanto,  si  la  acción  causal  es  derivada  de  la  prescripción  de  la acción  cambiara, es decir,  la prevista en el  tercer párrafo del artículo 168 de  la  Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, disposición que le es aplicable al pagaré conforme a lo dispuesto en  el  precepto  174  de  ese mismo  ordenamiento,  entonces  las  prestaciones  que  se  reclamen tienen que referirse a las obligaciones consignadas en el título de crédito y no a las que se deriven de  la relación  jurídica que  le dio origen, pues esto último se refiere a  la hipótesis prevista en  los dos primeros párrafos del precepto citado.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 601/2009. Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi). 29 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 166174 

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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.136 C         Página:  1524  DIVORCIO  INCAUSADO. LAS DETERMINACIONES QUE SE DICTEN EN ESE PROCEDIMIENTO Y QUE NO DECIDAN EN VÍA  INCIDENTAL SOBRE EL O LOS CONVENIOS PRESENTADOS POR LAS PARTES, SON IRRECURRIBLES, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE SE TRATE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.  Conforme  al  artículo  685  bis  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Distrito  Federal, adicionado mediante la reforma publicada el tres de octubre de dos mil ocho, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que  incorporó  la  figura del divorcio "sin expresión de causa" o "incausado", sólo las resoluciones que en vía incidental resuelvan sobre el o los convenios presentados por las partes serán  recurribles. En contraposición,  todas aquellas determinaciones dictadas en el  juicio que no cumplan con esa condición  son  irrecurribles, por ende, procede en  su contra el amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad, siempre y cuando se ajusten a  lo dispuesto en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, que tengan una ejecución que sea de imposible reparación.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión  (improcedencia) 215/2009. 4 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Notas:   Por ejecutoria del 3 de  febrero de 2010,  la Primera Sala declaró  inexistente  la contradicción de tesis 468/2009, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.   Esta  tesis  fue objeto de  la denuncia  relativa a  la contradicción de  tesis 63/2011,  resuelta por  la Primera Sala el 22 de agosto de 2012.   Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012,  la Primera Sala declaró  inexistente  la contradicción de tesis 342/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.   Novena Época Registro: 166173 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.135 C         Página:  1525  DIVORCIO  INCAUSADO.  SÓLO  LAS RESOLUCIONES QUE  EN VÍA  INCIDENTAL DECIDAN RESPECTO DEL O LOS CONVENIOS PRESENTADOS POR LAS PARTES SON RECURRIBLES.  Los artículos 685  y 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito  Federal  contienen reglas generales sobre la procedencia de los recursos de revocación y apelación contra las diversas decisiones tomadas en un juicio; sin embargo, dichos preceptos dejan de tener aplicación cuando se  trata  de  procedimientos  de  divorcio  "sin  expresión  de  causa"  o  "incausado",  porque  las reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal publicadas el tres de octubre de dos mil ocho  en  la Gaceta Oficial del Distrito  Federal, que  incorporaron  tal figura,  adicionaron  al  código  procesal  el  artículo  685  bis,  que  dispone  que  únicamente  las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados por las partes podrán  recurrirse,  y  que  la  sentencia  que  declare  la  disolución  del  vínculo  matrimonial  es inapelable. En esas condiciones, conforme al principio de especialización de la norma, por encima de las reglas contenidas en los artículos 685 y 691, debe subsistir la confeccionada para el divorcio "incausado", a virtud de la cual, únicamente son recurribles las determinaciones que resuelven en vía  incidental  el  o  los  convenios  presentados  por  las  partes,  lo  que  armoniza  incluso  con  la intención  del  legislador  de  crear  un  procedimiento  más  ágil  para  lograr  la  disolución  del matrimonio.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión  (improcedencia) 215/2009. 4 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Notas:   Por ejecutoria del 3 de  febrero de 2010,  la Primera Sala declaró  inexistente  la contradicción de tesis 468/2009, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.   Esta tesis fue objeto de  la denuncia relativa a  la contradicción de tesis 180/2011, resuelta por  la Primera Sala el 22 de agosto de 2012.   Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 374/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.   

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Novena Época Registro: 166117 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.137 C Página:  1595  NULIDAD  POR  ERROR  EN  EL  CONSENTIMIENTO.  FORMAS  PARA  DEMOSTRARLO  Y  EJERCER  LA ACCIÓN DE.  El artículo 1813 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el error de derecho o de hecho inválida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante en la voluntad de alguno de los contratantes, si se declara en el acto de celebración dicho motivo, o bien, si se prueba por las circunstancias en que se celebró, la existencia de un falso supuesto que lo motivó y no por diversa causa. Lo anterior permite afirmar que existen dos formas para demostrar el posible error como vicio en el consentimiento; la primera, mediante la declaración del motivo que induce al error en el momento mismo en que se celebra el acuerdo de voluntades, entendiendo como declaración la expresión oral o escrita, esta última contenida en el contrato y; la segunda, mediante las pruebas aportadas  durante  el  proceso  que  hagan  presumir  la  celebración  del  contrato  bajo  un motivo determinante de  la  voluntad que  sea equivocado o erróneo. Tales pruebas podrán  ser  tanto el contrato,  como  con  las  confesionales,  incluida  la  ficta,  y  las  testimoniales;  así  como  las  que válidamente generen esa presunción humana en el ánimo del juzgador. En consecuencia, se puede afirmar  que  el  precepto  jurídico  analizado  permite  probar  el  error,  no  solamente  a  partir  del momento de su suscripción, sino con la presunción de que fue motivado por un falso supuesto por las circunstancias en que se celebró, y no necesariamente en el mismo acto.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  495/2009.  María  Ernestina  Noriega  y  Medina.  24  de  septiembre  de  2009. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 166956 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Julio de 2009 Materia(s): Civil, Común Tesis: I.7o.C.57 K Página:  1920  ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN SI CON SU PRÁCTICA PUDIERA AFECTARSE SU INTERÉS SUPERIOR. 

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 Tratándose de menores, la ley impone atender en todo caso a su interés superior; por ello, la Ley de Amparo y la jurisprudencia conceden la suplencia de queja en toda su amplitud sin que obste la naturaleza  de  los  derechos  cuestionados  o  el  carácter  del  promovente;  por  lo  tanto,  dicho beneficio  se  extiende  al  incidente  de  suspensión.  Por  su  parte,  una  de  las  finalidades  de  la suspensión  es  preservar  los  derechos  del  quejoso  y  con  ello,  de  ser  procedente,  preservar  la materia del  juicio de  garantías. De  ahí que,  si  el  acto  reclamado  consiste  en practicar  estudios psicológicos a menores de edad sobre actos pasados de violencia  intrafamiliar o de abuso sexual cometidos en su contra, debe concederse  la suspensión definitiva  incluso en suplencia de queja para mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo dichos estudios hasta  en  tanto  se  resuelva  en  definitiva  su  pertinencia.  Lo  anterior,  en  función  del  grado  de afectación que pudiera sufrir el menor al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente  los  actos  con  el  consecuente  daño  que  pudiera  causarse  al  menor.  Tal suspensión no implica la paralización del procedimiento, pues éste puede continuar hasta antes de que se resuelva el fondo del asunto en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios  psicológicos.  Tampoco  significa  darle  efectos  restitutorios  a  la  resolución  incidental porque en ella no se ha analizado el fondo del asunto, sino únicamente el preservar los derechos de  los menores  y  conservar  la materia  del  amparo  en  aras  de  proteger  el  interés  superior  del menor.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Incidente de suspensión (revisión) 106/2009. 21 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 166942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Julio de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.133 C Página:  1938  INDEMNIZACIÓN.  A  LA  ASEGURADORA  LE  CORRESPONDE  ACREDITAR  SU  PAGO  O  PRECISAR  A CUÁNTO ASCENDERÍA, AUN CUANDO EL ASEGURADO PRECISE UNA CANTIDAD EN JUICIO.  En un juicio, la obligación de la empresa aseguradora de acreditar el pago o en su caso de precisar a cuánto ascendería la indemnización, no se pierde con el hecho de que el actor asegurado precise una cantidad, ya que ello en todo caso debe ser motivo de estudio por el juzgador, con base en las pruebas,  consideraciones  o  medios  de  defensa  que  al  respecto  haga  valer  la  aseguradora demandada. Llegar a la consideración contraria, de que al asegurado le corresponde demostrar el monto  de  la  indemnización  con  base  en  documentos  que  le  corresponden  exhibir  a  la aseguradora,  trastocaría  la esencia del  contrato de  seguro que es, el que una vez acreditada  la relación contractual y actualizado el siniestro protegido por el contrato de seguro, el asegurado reciba la indemnización correspondiente por parte de la empresa aseguradora, salvo que exista un 

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motivo que  la  libere de ello (que debe acreditar en  juicio), como se prevé en el artículo 78 de  la Ley sobre el Contrato de Seguro. Lo así considerado no trasgrede  las reglas de distribución de  la carga de la prueba prevista en el artículo 1194 del Código de Comercio, aun cuando el asegurado haya precisado  la  cantidad que  reclama por  concepto de  indemnización, pues el derecho  a  ser indemnizado  por  la  institución  aseguradora  nace  desde  el  momento  en  que  se  efectúa  la eventualidad prevista en el contrato de seguro suscrito y  la empresa tiene conocimiento de ello, por lo que le corresponde a la institución aseguradora responder del siniestro, y si no lo hace se le debe obligar. Así  las cosas, es  la aseguradora  la que debe aportar  los medios de convicción que sean  necesarios  para  acreditar  la  indemnización  procedente,  y  en  caso  de  omisión  ello  debe operar en  su perjuicio  y no en el de  su  asegurado, pues  si  se  reclama una  cantidad que en  su consideración (de la aseguradora) no es la correcta, está en aptitud de controvertirlo y oponer la excepción procedente.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  282/2009.  Enrique  Baca  Valencia.  18  de  junio  de  2009. Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 166930 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Julio de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.56 K Página:  1943  INTERNET.  ES  UNA  MEDIDA  PERTINENTE  PARA  INVESTIGAR  EL  DOMICILIO  DE  LA  TERCERA PERJUDICADA SI SE TRATA DE UNA EMPRESA CUYOS DATOS SE LOCALICEN POR ESE MEDIO.  Según  la  fracción  II del artículo 30 de  la  Ley de Amparo,  si no  consta en autos el domicilio del tercero  perjudicado,  la  autoridad  que  conozca  del  amparo  dictará  las  medidas  que  estime pertinentes para investigar su domicilio. En la actualidad, un número creciente de empresas utiliza medios  electrónicos  para  ofrecer  sus  productos  y  en  ocasiones  incluyen  sus  domicilios.  Por  su parte, el artículo 210‐A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, reconoce como prueba la información generada o comunicada a través de medios electrónicos;  y,  tanto  constitucional  como  jurisprudencialmente,  el  llamamiento  a  juicio  se reconoce como una  formalidad esencial del procedimiento de estudio oficioso y donde opera  la suplencia de la queja. Por lo tanto, una de las medidas pertinentes que puede dictar la autoridad federal para localizar el domicilio de la parte tercera perjudicada, si se trata de una empresa cuya localización no conste en autos, es la de efectuar su búsqueda por internet a través de las diversas páginas  que  ofrecen  dicho  servicio,  donde  basta  introducir  el  nombre  de  la  empresa  que  se pretende  localizar y en breve se despliega  información de  la que puede obtenerse  la forma para contactar con dichas empresas y en algunos casos también proporcionan sus domicilios.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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 Queja 19/2009. **********. 21 de mayo de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 166919 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Julio de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.58 K Página:  1957  LEGISLACIÓN  APLICABLE  EN  EL  PROCEDIMIENTO.  SI  NO  ESTÁ  DEFINIDA  PROCEDE  EL  AMPARO INDIRECTO.  Si bien la no admisión de recursos son cuestiones esencialmente procesales, respecto de las cuales por regla general no se actualiza una ejecución de imposible reparación para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, atento a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo;  si  lo  que  se  cuestiona  en  el  acto  reclamado  es  lo  referente  a  cuál  legislación  es  la aplicable  al  procedimiento,  esto  cobra  relevancia  ya  que  esa  incertidumbre  ocasiona  en  los contendientes  un  perjuicio  sobresaliente  difícil  de  reparar,  porque  va  a  generarles  inseguridad jurídica  durante  todo  el  proceso,  lo  cual  transgrede  las  garantías  individuales  previstas  en  los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al no conocer qué  formalidad hay que  seguir, porque  los juzgadores no pueden hacer más de lo que la ley les faculta, y debido a que de seguirse un juicio, viciado  por  la  incertidumbre  del  procedimiento  a  seguir,  podrá  dar  lugar  a  que  en  el  amparo directo se reponga todo el procedimiento para que éste se  lleve con  las reglas aplicables. Ello se puede evitar si desde el momento en que se actualiza  la  indefinición se determina  la  legislación que se debe aplicar.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 123/2009. Jesús Hernán Cabalceta Vara. 4 de  junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 166856 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXX, Julio de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.132 C Página:  2046  

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PRUEBA PERICIAL EN JUICIOS ORALES ANTE JUECES DE PAZ. SU OFRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA OBLIGA AL JUEZ A DAR VISTA A LA CONTRARIA.  El  título  especial De  la  justicia de paz  no prevé  expresamente que  la  ausencia del perito  en  la audiencia provoque el desechamiento de la prueba pericial. Por lo anterior, es necesario acudir a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, según el artículo 40 de dicho título. El artículo 347, fracción  IV, de dicho código hace referencia expresa a que en  los juicios  sumarios  especiales,  o  cualquier  otro  de  trámite  singular,  como  es  el  oral  civil  (por  su carácter  sumario),  las  partes  deben  presentar  a  sus  peritos  tres  días  después  de  tenerlos  por designados.  Por  lo  tanto,  en  aplicación  de  dicho  precepto,  el  solo  ofrecimiento  de  la  prueba pericial en un  juicio oral civil obliga al  juzgador a dar vista a  la parte contraria para manifestar  lo que a su derecho convenga, respetando así el principio de contradicción en materia probatoria y el carácter colegiado de dicha prueba y, una vez que el  Juez cuente con  los elementos suficientes, acordará  lo  conducente;  tomando  en  cuenta  que  el  perito  debe  presentarse  dentro  del  plazo señalado que siga al auto en el que se le tenga por designado. No es óbice a lo anterior el principio de oralidad y ausencia de  formalidades que  rige en el procedimiento ante  los  Juzgados de Paz, pues ninguno de dichos  principios permite  al  juzgador negar  a  los  litigantes  la oportunidad de formular observaciones, primero, sobre la pertinencia de la prueba y, en caso de ser conducente, a los dictámenes conforme a los cuales las partes puedan hacer preguntas pertinentes a los peritos en  la  audiencia.  Ello  es  así,  porque  aun  cuando  los  procedimientos  de  la  justicia  de  paz  están inspirados en una expedita administración de justicia, tales disposiciones no pueden interpretarse hasta  el  grado  de  olvidar  los  principios  fundamentales  del  procedimiento  judicial  establecidos constitucionalmente y definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  195/2009. Marco  Antonio  Uribe  Pérez.  14  de mayo  de  2009.  Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 167143 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Junio de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.131 C Página:  1046  ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN EN LA.  EMANA  DE  LA  LEY,  POR  LO  QUE  NO  ESTÁ  SUPEDITADA  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE LAS PARTES.  La  naturaleza  del  contrato  de  asociación  en  participación  ha  sido  discutida  en  la  doctrina,  la jurisprudencia  y  en  la  propia  Ley  General  de  Sociedades  Mercantiles  que  no  la  reconoce expresamente  como  una  sociedad  de  este  tipo;  incluso,  le  niega  los  atributos  de  personalidad jurídica y denominación social. No obstante, lo fundamental es que en el artículo 259 de la ley de 

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la  materia  se  establece  que  a  falta  de  estipulaciones  especiales,  para  su  funcionamiento, disolución  y  liquidación  regirán  en  lo  conducente  las  reglas  relativas  a  la  sociedad  en  nombre colectivo a la que sí se le reconoce la característica de ser una sociedad mercantil en cuanto no se opongan a  lo preceptuado en el capítulo relativo a  la asociación en participación. Así, a  falta de regulación para la administración y rendición de cuentas para la asociación en participación, deben aplicarse  las  reglas  generales  para  la  sociedad  en  nombre  colectivo  concernientes  a  la administración de la sociedad, que estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser  socios  o  personas  extrañas  (artículo  36  de  la  Ley General  de  Sociedades Mercantiles);  y  la cuenta de administración, que se rendirá semestralmente, si no hubiere pacto sobre el particular, y en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios (artículo 43 del mismo ordenamiento). Como se  ve,  la obligación de  rendir  cuentas  sobre  la  administración de  la  asociación en participación emana de  la  ley, y deja  libertad a  las partes sólo para establecer  la periodicidad con que deban llevarse a cabo, con la previsión de que pueda ocurrir en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios.  Consecuentemente,  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  recíprocas,  simultáneas  o  de otro tipo entre asociado y asociante, no admite servir de base para dejar de rendir  la cuenta de administración de la asociación en participación.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 156/2009. Terminales de Cargas Especializadas, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2009. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 167246 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Mayo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.130 C Página:  1062  INDEMNIZACIÓN  POR  REPARACIÓN DEL DAÑO.  EL  SALARIO MÍNIMO DIARIO  PREVISTO  POR  EL ARTÍCULO  1915  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  PARA  CALCULARLA,  ES  EL PROFESIONAL MÁS ALTO.  El  artículo  123  constitucional menciona  dos  tipos  de  salarios mínimos:  general,  según  el  área geográfica para el cual se establezca; y, profesional, en función de la actividad que se desempeñe. El artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal sólo se  refiere al "salario mínimo diario más  alto  que  esté  en  vigor  en  el Distrito  Federal",  sin  especificar  si  se  trata  del  general  o  del profesional en dicha entidad. Entonces, no tendría sentido que el legislador hubiera precisado que se trate del salario mínimo más alto, pues en el área geográfica del Distrito Federal rige tan sólo uno  de  esta  especie.  Consecuentemente,  es  incorrecto  sostener  que  dicho  salario  deba  ser  el general. En cambio, una interpretación congruente con la Constitución Federal lleva a concluir que la expresión del artículo sobre el salario "más alto",  tiene como presupuesto  lógico necesario  la existencia  de  al menos  dos  tipos  de  ellos  para  elegir  el  superior.  Por  lo  tanto,  para  calcular  la 

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indemnización  a  que  se  refiere  el  precepto  1915,  debe  considerarse  el  profesional,  que normalmente es más cuantioso en comparación con el general. Ahora, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es el órgano  constitucional para establecer  la aplicación de  los mismos,  tanto generales como profesionales; en consecuencia, del catálogo de profesiones y el salario mínimo que corresponde a cada una de ellas según esa comisión, el salario que debe considerarse para la indemnización en cuestión debe ser el profesional más alto, pues el artículo 1915 en comento no hace distinción alguna al respecto.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 84/2009. Autobuses de Oriente ADO y otra. 23 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.       

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Novena Época Registro: 167245 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Mayo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.129 C Página:  1062  INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE  HASTA  ANTES  DE  LA  REFORMA  PUBLICADA  EN  LA  GACETA  OFICIAL  DEL  DISTRITO FEDERAL  EL  TRES  DE  OCTUBRE  DE  DOS  MIL  OCHO),  DEBE  RECLAMARSE  COMO  PRESTACIÓN ACCESORIA EN LA DEMANDA DE DIVORCIO Y NO COMO ACCIÓN AUTÓNOMA POSTERIOR.  De la redacción del citado precepto se desprende que la acción indemnizatoria que ahí se prevé es un derecho subjetivo, pues establece para los divorciantes la facultad de pedirla o no, la cual sólo podrá  reclamarse  como  pretensión  accesoria  en  la  demanda  de  divorcio  y  no  como  acción principal y autónoma en un juicio posterior. Ello es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia por contradicción de tesis del  rubro:  "DIVORCIO.  LA  INDEMNIZACIÓN  ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  VIGENTE  A  PARTIR  DEL  1o.  DE  JUNIO  DE  2000,  PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN  VIGOR,  CON  INDEPENDENCIA  DE  QUE  EL  MATRIMONIO  SE  HUBIERA  CELEBRADO  CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA." (registro Ius 179,922), consideró que el artículo 289 Bis del Código Civil constituye una norma de  liquidación de un  régimen económico matrimonial; que  tiene por objeto  paliar  la  inequidad  que  en  esos  casos  se  da;  y,  que  tal  indemnización  se  solicita  en  el momento en que se presenta la demanda de divorcio. Además, el precepto en cuestión se incluyó en el capítulo "Del divorcio" del Código Civil, en él se precisó que es en  la demanda de divorcio donde se puede hacer valer tal derecho y que será en  la sentencia correspondiente en  la que se decidirá  sobre  su  procedencia.  La  interpretación  anterior  se  robustece  con  lo  dispuesto  en  el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues el ejercicio previo de la acción de divorcio extinguiría el de la indemnizatoria que no se hubiera intentado en la misma demanda,  entablada  contra  la misma  persona,  respecto  de  la misma  cosa  y  proveniente  de  la misma causa.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 149/2009. **********. 16 de abril de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Ernesto  Saloma  Vera.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  Alicia  Ramírez Ricárdez.   Nota:  La  tesis  de  jurisprudencia  citada,  aparece  publicada  con  la  clave  1a./J.  78/2004  en  el Semanario  Judicial de  la  Federación  y  su Gaceta, Novena  Época,  Tomo  XX, diciembre de  2004, página 107.   

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Novena Época Registro: 167460 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.127 C Página:  1921  LAUDO ADICIONAL. SU LEGALIDAD DEPENDE DE QUE SE HAYA DICTADO SEGÚN LAS REGLAS QUE LO  PREVÉN,  RESPECTO  DE  RECLAMACIONES  OMITIDAS  EN  EL  LAUDO  DEFINITIVO  Y  PARA  EL EFECTO ES NECESARIO CONOCER SU CONTENIDO, LO CUAL NO SIGNIFICA UN ESTUDIO DE FONDO.  El  artículo  1451  del  Código  de  Comercio  prevé  el  dictado  del  laudo  adicional  respecto  de reclamaciones  formuladas  en  las  actuaciones  arbitrales  pero  omitidas  en  el  laudo  definitivo. Entonces, para que el juzgador esté en aptitud de decretar su ejecución o nulidad es indispensable analizar  formalmente  su  contenido,  pues  sólo  de  esa  manera  se  estará  en  condiciones  de determinar  si  se  ajustó  al  supuesto  bajo  el  cual  se  puede  dictar  dentro  de  los  límites  legales previstos para ello. De otro modo no sería posible determinar si se ajusta o no a  las  reglas que prevén su dictado, lo cual no es un estudio de fondo, pues no incide en la legalidad de la decisión final  con base en el análisis  jurídico  sobre  la procedencia de  las prestaciones deducidas por  las partes.  Lo mismo  sucede en  los  laudos adicionales y/o aclaratorios en que  se  refiere el diverso artículo 1450 del citado código.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 23/2009. Leonel Pereznieto Castro y otra. 12 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 167458 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.128 C Página:  1923  LAUDO DEFINITIVO. CORRECCIÓN,  INTERPRETACIÓN Y ADICIONAL SON DISTINTOS Y NO PUEDEN REVOCAR LO RESUELTO EN EL PRIMERO.  La fracción  I del artículo 1450 del Código de Comercio establece  la posibilidad de que el tribunal arbitral corrija cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar cometida en el  laudo. La  fracción  II del mismo precepto prevé que si el  tribunal arbitral  lo estima  justificado, efectuará  la  interpretación que deba hacerse sobre un punto o una parte concreta de  laudo, en 

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ambos  casos  forman  parte  del  laudo.  El  artículo  1451  del mismo  ordenamiento  prevé  que  las partes podrán solicitar al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en  las actuaciones arbitrales pero omitidas en el  laudo que,  si el  tribunal arbitral  lo estima justificado, dictará el laudo adicional distinto del laudo definitivo. Lo anterior deja en claro que  la corrección del  laudo procede  sólo por errores menores;  la  interpretación es para aclarar algún punto oscuro del laudo y el laudo adicional procede respecto de reclamaciones formuladas en  las actuaciones arbitrales pero omitidas en el  laudo. En cualquiera de esos supuestos, bajo el principio de inmutabilidad del acto de decisión, no está permitido que revoque lo ya resuelto en el laudo definitivo, pues de  ser así, estaría excediendo aquello de  lo que puede ocuparse en cada caso.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 23/2009. Leonel Pereznieto Castro y otra. 12 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 167441 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.126 C Página:  1930  NULIDAD  DEL  LAUDO  ADICIONAL.  NO  IMPLICA  LA  NULIDAD  DEL  DEFINITIVO  AL  NO  GUARDAR UNIDAD CON ÉSTE.  El Código de Comercio establece el  supuesto en que el  laudo definitivo puede  ser aclarado por correcciones  menores;  también  prevé  la  posibilidad  de  que  sea  interpretado.  El  mismo ordenamiento  dispone  que  en  esos  casos,  aclaración  o  interpretación,  el  que  se  dicte  formará parte del  laudo definitivo. Por su parte, otra hipótesis que prevé el código en comento, es  la del laudo  adicional,  que  es  para  pronunciarse  respecto  de  reclamaciones  omitidas  en  el  laudo definitivo. Sin embargo (a diferencia del aclaratorio o su interpretación), no hay fundamento legal de que el laudo adicional sea parte del definitivo. Consecuentemente, el laudo adicional y el laudo definitivo no guardan unidad: 1) por  la materia de  la que se ocupa el  laudo adicional; y, 2) por  la falta de precepto  sobre  su unidad  con  el  laudo definitivo.  Esta  interpretación  es  acorde  con  el artículo 1457 fracción I, inciso c), del Código de Comercio, según el cual es posible anular un laudo en  las  disposiciones  no  previstas  o  que  excedan  el  acuerdo  de  arbitraje  y  dejar  subsistentes aquellas de las que pueda separarse. Consecuentemente, si no hay unidad entre ambos, la nulidad del laudo adicional no implica la del definitivo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 23/2009. Leonel Pereznieto Castro y otra. 12 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz. 

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  Novena Época Registro: 167403 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.125 C Página:  1946  QUEJA.  PROCEDE  EN  CONTRA  DEL  AUTO  QUE  DESECHA  UNA  DEMANDA,  AUN  CUANDO  SE RECLAME LA FALTA DE CONDENA EN COSTAS.  Si  el  Juez  natural  desechó  la  demanda,  pero  omitió  pronunciarse  respecto  de  cuestiones accesorias como  lo es  la condena en costas, es  indiscutible que  la resolución que rige el auto es ese desechamiento que, atento a lo dispuesto por los artículos 257 y 723, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es recurrible a través del recurso de queja, lo cual no está en pugna con lo dispuesto por el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito  Federal,  pues  ésta  es  una  hipótesis  general,  y  lo  referente  al  desechamiento  de  la demanda es una disposición específica.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 5/2009. 6 de marzo de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 167711 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.123 C Página:  2757  GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, CONDICIONES DEL LUGAR DONDE SE EJERZA.  Al decretar la guarda y custodia de menores a favor de alguno de los divorciantes, desvinculada de la patria potestad  en  razón del  interés  superior del menor o por  convenio,  el  juzgador deberá contar  con  los  elementos  que  le  permitan  advertir  que  el  lugar  donde  se  ejerza  sea  lo más favorable posible para el mejor desarrollo de  los derechos y obligaciones de cuidado, corrección, formación física y espiritual de los menores, debiendo procurar que se ejerza en un lugar donde la persona a quien  se decretó goce de  las atribuciones,  respeto y autoridad para  llevar a cabo  las acciones orientadas a  lograr mejor esos fines. En cambio, si de actuaciones no se advierten esos 

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elementos,  la  autoridad  judicial,  en  ejercicio  de  sus  facultades  para  intervenir  en  asuntos familiares, deberá recabar  las pruebas que estime pertinentes para  la mejor solución del asunto con audiencia de las partes.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 347/2008. 28 de enero de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 167985 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.122 C Página:  1820  ALIMENTOS. A  FIN DE OBSERVAR  LOS  PRINCIPIOS DE  PROPORCIONALIDAD  E  IGUALDAD  ENTRE DEUDOR Y ACREEDOR ALIMENTARIOS, ASÍ COMO LOGRAR EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN, LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE PUEDE HACERSE EN EFECTIVO, EN ESPECIE O INCLUSO, DE MANERA COMBINADA.  De  acuerdo  con  el  artículo  309  del  Código  Civil  para  el Distrito  Federal,  el  deudor  alimentario puede  cumplir  su obligación, asignando una pensión a  su acreedor o  integrándolo a  su  familia. Conforme  a  esta  premisa,  el  deber  alimentario  puede  satisfacerse  en  efectivo,  en  especie  e incluso, en forma combinada, ya que  lo trascendente es que  los aspectos alimentarios se cubran oportunamente sin importar la forma en que éstos se alleguen al acreedor. Así, cuando al decidir sobre  la  fijación de una pensión  alimenticia  se  advierta que el deudor ha  cumplido de manera voluntaria  y  continua  con  ciertos  aspectos  alimentarios  de  los  que  prevé  el  artículo    308  del ordenamiento citado, es correcto que el juzgador, considerando tal cumplimiento, establezca que aquél debe seguir cubriendo esos conceptos como  lo ha venido haciendo y sólo fije una pensión en efectivo para  solventar aquellos gastos cuyo cumplimiento no quedó  justificado. Ello porque por  un  lado,  no  existe  precepto  alguno  que  restrinja  al  alimentista  a  cumplir  su  obligación únicamente  a  través  del  pago  de  una  cantidad  en  efectivo  y  por  otro,  tal  medida  tiende  a preservar  los principios de proporcionalidad e  igualdad entre  las partes, al proteger no sólo a  los acreedores,  sino  también  los  derechos  de  decisión,  participación,  autoridad  y  consideraciones iguales del deudor, dado que la injerencia directa que tendrá, por lo menos sobre los aspectos que ha de pagar en especie, le permitirá intervenir en las decisiones familiares, mitigando así la imagen de  "simple  proveedor"  que  generalmente  recae  sobre  éste  y  favoreciendo  en  consecuencia,  el eficaz cumplimiento de la obligación.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  715/2008.  15  de  enero  de  2009.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez. 

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  Novena Época Registro: 167938 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.55 K Página:  1850  DERECHOS DEL CONSUMIDOR.  INCLUYE EL RECLAMO POR DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS  (INTERPRETACIÓN DE LA ÚLTIMA PARTE DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL).  Organismos  internacionales de  los que México es parte, han  señalado  las directrices para hacer efectiva  la protección de  los derechos de  los consumidores. Entre ellas, está el que  los gobiernos fortalezcan  e  implementen  una  política  enérgica  de  protección  al  consumidor  según  las circunstancias  económicas  y  sociales  de  cada  país,  principalmente,  frente  a  los  riesgos  para  la salud  y  seguridad  (resolución  39/284  de  la  ONU).  Por  su  parte,  la  Procuraduría  Federal  del Consumidor ha difundido el derecho a  la protección,  la  información,  la seguridad y calidad, y el derecho a  la compensación, como algunos de  los derechos de  los consumidores. De ahí que una interpretación amplia del artículo 28 constitucional es en sentido de que esos derechos que la ley debe proteger incluye el que cualquier persona que haya sufrido daños en su seguridad o salud, a causa de  la utilización de productos defectuosos, esté  legitimada para demandar al productor su resarcimiento o reparación y, durante el juicio, el afectado deberá demostrar el vínculo entre  los daños y el defecto, considerando además si el producto cumplió o no con las normas de seguridad, así como la información sobre los riesgos y condiciones normales de uso.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 671/2008. Fernando Spinola Contreras. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 168312 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.51 K          Página:  1052  JURISPRUDENCIA  INTERNACIONAL.  SU  UTILIDAD  ORIENTADORA  EN  MATERIA  DE  DERECHOS HUMANOS. 

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 Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales suscritos por México,  en  materia  de  derechos  humanos,  y  dado  el  reconocimiento  de  la  competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible invocar la jurisprudencia de dicho  tribunal  internacional  como  criterio orientador  cuando  se  trate de  la  interpretación  y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 623/2008. Procuraduría General de  la República y otras. 23 de octubre de 2008. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Nota: Esta tesis es objeto de  la denuncia relativa a  la contradicción de tesis 293/2011, pendiente de resolverse por el Pleno.   Novena Época Registro: 168274 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.119 C Página:  1079  RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y DIRECTA DEL ESTADO.  INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1927 DEL CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL  EN  ARMONÍA  CON  EL  ARTÍCULO  113,  SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  A  partir  de  la  reforma  constitucional  del  artículo  113  en  su  párrafo  segundo,  se  abandonó  el sistema de  responsabilidad  subjetiva y  subsidiaria del Estado, para  ser objetiva y directa. Por  lo tanto, ya no es necesario demostrar el dolo y la insolvencia del funcionario que causara los daños, sino que basta acreditar  la existencia de: un daño, su  imputación a  la administración pública por efecto  de  su  actividad  irregular,  y  el  nexo  causal  entre uno  y  otro.  Por  lo  tanto, no  tiene más aplicación el artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal sobre  la acreditación del dolo para  condenar  solidariamente  al  Estado.  Pues  de  interpretar  literalmente  dicho  precepto  se estaría  contrariando al ya  citado artículo 113  constitucional. Además,  representaría  también un retroceso en la intención legislativa progresista, con miras a hacer efectivo el reclamo del afectado y  significaría un obstáculo  al derecho  fundamental de  acceso efectivo  a  la  justicia,  infringiendo también el principio pro homine aplicable en materia de derechos humanos.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

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Amparo directo 623/2008. Procuraduría General de  la República y otras. 23 de octubre de 2008. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 168741 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.116 C Página:  2307  ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. SI CON LA DEMANDA RESPECTIVA SE EXHIBE EL SALDO DEL PRECIO, SE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, A PESAR DE QUE EXISTA MORA EN EL PAGO.  El artículo 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal faculta al perjudicado por falta de título legal para exigir que el obligado extienda el documento correspondiente, de lo que  se  infiere  que  para  la  procedencia  de  la  acción  proforma  el  precio  del  bien  debe  estar completamente  cubierto, de  tal  suerte que  sólo  falte  la  formalidad de  la operación. Ahora, de conformidad  con  las  tesis  aisladas  de  los  rubros:  "COMPRAVENTA  A  PLAZOS.  EFECTOS  DE  LA MORA EN EL PAGO." y "COMPRAVENTA. SI NO SE EXHIBE EL SALDO DEL PRECIO, NO PROCEDE LA ACCIÓN  RECONVENCIONAL  DE  ESCRITURACIÓN.",  emitidas  por  la  extinta  Tercera  Sala  de  la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,  tal  extremo  queda  satisfecho  cuando  el  comprador  a plazos está en posesión del inmueble materia de la operación, ha pagado parte del precio y antes de que se  le demande  la  rescisión por mora consigna  junto con su demanda de otorgamiento y firma de escritura el saldo de  la deuda; sin que obste que el actor hubiere  incurrido en mora al liquidar el remanente, porque ello sólo da  lugar, de conformidad con  la última parte del artículo 1949  del  Código  Civil  para  esta  ciudad  a  que  el  vendedor  reciba  los  intereses  moratorios correspondientes,  pero  no  hace  improcedente  la  acción  de  otorgamiento  y  firma  de  escrituras intentada ni  legitima al vendedor para rescindir  luego  la compraventa por virtud de dicha mora, porque al exhibirse el resto del precio, la causa de incumplimiento se desvanece.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 572/2008. Manuel de la Torre Rodríguez. 30 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota:  Las  tesis  de  rubros:  "COMPRAVENTA  A  PLAZOS.  EFECTOS  DE  LA MORA  EN  EL  PAGO."  y "COMPRAVENTA.  SI  NO  SE  EXHIBE  EL  SALDO  DEL  PRECIO,  NO  PROCEDE  LA  ACCIÓN RECONVENCIONAL DE ESCRITURACIÓN." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 4 y Volúmenes 217‐228, Cuarta Parte, páginas 23 y 70, respectivamente. 

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  Novena Época Registro: 168736 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.50 K          Página:  2309  ACTO RECLAMADO. SUSPENSIÓN DEL. LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007, EMITIDO POR EL CONSEJO DE  LA  JUDICATURA FEDERAL, PARA  LA EXHIBICIÓN DE  LA GARANTÍA  Y QUE  SURTA  EFECTOS  LA MEDIDA  PRECAUTORIA,   REBASAN  LO PREVISTO POR LA LEY DE AMPARO.  De  acuerdo  al  orden  jerárquico  de  las  leyes  que  establece  el  artículo  133    de  la  Constitución Federal, un acuerdo emitido por un órgano administrativo como lo es el Consejo de la Judicatura Federal no puede ni debe  rebasar en  su  contenido disposiciones de orden  federal,  sino que en todo  caso,  debe  adecuarse  a  lo  que  tales  ordenamientos  prevean.  Ahora,  la  Ley  de  Amparo, Reglamentaria  de  los  Artículos  103  y  107  Constitucionales,  es  el  ordenamiento  que  rige  la tramitación del juicio de garantías e incidente de suspensión que en su caso se promueva y de sus artículos 124, 125  y 128 únicamente  se desprende que  cuando proceda  la  suspensión del  acto reclamado y  se pudieran ocasionar daños o perjuicios al  tercero perjudicado, el quejoso deberá otorgar garantía suficiente para indemnizarlo si no obtuviere sentencia favorable y que cuando la afectación no pudiera  cuantificarse  en dinero,  se  fijará discrecionalmente  por  la  autoridad que conozca del amparo. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la  jurisprudencia por contradicción de tesis: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR  LA NATURALEZA DE  LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", ha restringido la facultad del juzgador de amparo para determinar la naturaleza de la garantía que el quejoso debe  exhibir  y que  surta  efectos  la  suspensión del  acto  reclamado, de manera  tal,  que  basta  con  que  se  determine  el monto  de  la misma  para  que  se  consigne  en cualquiera  de  las  formas  establecidas  por  la  ley,  es  decir,  la  garantía  que  se  otorgue  para  ese efecto  no debe  sujetarse  a más  requisitos que  los  que  la  propia  Ley de Amparo prevé.  Luego, aquellos elementos previstos en los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, relativos a que dicha garantía se exhiba sólo mediante póliza de fianza o billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional  y  Servicios  Financieros, Sociedad Nacional de Crédito a nombre del quejoso y a disposición del  Juzgado de Distrito que conozca  del  amparo,  con  la  precisión  cuando  menos  de  que  el  depósito  no  genera  interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante; así como  la autorización expresa del peticionario de garantías al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a  la Administración de Justicia, para solicitar y recibir de la institución financiera la información que le permita el control de tal depósito, no deben exigirse a los quejosos, porque al ir más allá de lo que dispone  la Ley de Amparo y nuestro más Alto Tribunal, transgreden el principio constitucional de jerarquización de leyes.  

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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en  revisión 255/2008. Miguel Osorio Trejo. 30 de  septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Notas:   La jurisprudencia citada aparece publicada con la clave 2a./J. 15/2006 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 419.   El Acuerdo General 17/2007 citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 2303.   Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 283/2010, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 193/2010 de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL  QUE  SE  REGULA  LA  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  FONDO  DE  APOYO  A  LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUÉLLA SURTA SUS EFECTOS."   Novena Época Registro: 168722 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.114 C         Página:  2314  AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO Y NO POR VIRTUD DE SU EJECUCIÓN, A TRAVÉS DEL EMBARGO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE  IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas tesis tanto sobre la procedencia como  la  improcedencia del amparo  indirecto  contra el auto de exequendo.  Los  criterios que  se refieren  a  la procedencia de éste parten de  la premisa de que es el embargo el que  genera  la afectación de  imposible  reparación en  los derechos del demandado, no así el auto de ejecución por sí mismo. Ahora, una interpretación armónica e integral del artículo 114, fracción IV de la Ley de  Amparo,  en  relación  con  las  tesis  sobre  la  procedencia  del  juicio  constitucional,  permite concluir que lo que causa una afectación de imposible reparación es la práctica de la diligencia de embargo  ordenada  en  el  auto  de  exequendo,  contra  la  que  procede  el  amparo,  porque efectivamente  se  trata  de  un  acto  que  de  modo  directo  e  inmediato  lesiona  el  interés  del 

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ejecutado, ya que restringirá su patrimonio por el tiempo que dure tal medida, sin que ello pueda restituirse  al  quejoso,  aun  cuando  éste  obtenga  sentencia  favorable.  En  cambio,  el  amparo  es improcedente cuando únicamente se reclama el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil,  ya  que  no  se  actualizan  las  circunstancias  anteriores  y  tampoco  alguna  situación relevante  para  el  procedimiento,  como  sería  asegurar  la  continuación  del  trámite  del  juicio  de origen  con  respeto  a  las  garantías  procesales  esenciales  del  peticionario  de  garantías  o  la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Además, frente al auto de  ejecución  el  demandado  tiene  varias  posibilidades  de  normar  su  conducta  sin  que necesariamente resulte afectado en sus bienes con la práctica del embargo que en dicho acuerdo se ordene, porque  incluso, podría pagar  lo  reclamado  en  tal diligencia.  Es más,  aun  cuando  se tratara de  impugnar  la constitucionalidad de una  ley  invocada en el auto de exequendo, el solo dictado  del  auto  no  genera  una  afectación,  pues  la medida  precautoria  puede  o  no  darse,  de manera que hasta que ésta se materialice es cuando se actualizaría la aplicación de las normas que pudieran considerarse  inconstitucionales y sólo hasta entonces se observaría verdaderamente  la imposible reparación del acto. Lo anterior se robustece si se considera que en el referido auto se toman diversas determinaciones como por ejemplo,  lo relativo a  la admisión de  la demanda o  la fijación  del  término  para  contestarla,  que  por  sí mismas  no  influyen  en  la  esfera  de  derechos sustantivos de  las partes. Así, no  es  el  auto de  exequendo  el que  genera por  sí una  imposible reparación impugnable en amparo indirecto, sino su ejecución, a través del embargo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en  revisión 244/2008. Elsa Palomino Chávez. 4 de  septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota: Esta  tesis contendió en  la contradicción 406/2009  resuelta por  la Primera Sala, de  la que derivó la tesis 1a./J. 6/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  XXXI,  mayo  de  2010,  página  114,  con  el  rubro:  "AUTO  DE EXEQUENDO  DICTADO  EN  UN  JUICIO  EJECUTIVO  MERCANTIL.  EN  SU  CONTRA  PROCEDE  EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO."   Novena Época Registro: 168678 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.115 C Página:  2361  EMPLAZAMIENTO.  CUANDO  SE  CONCEDE  EL  AMPARO  PORQUE  TAL  DILIGENCIA  SE  PRACTICÓ MEDIANTE  EDICTOS,  SIN  OBSERVARSE  LAS  FORMALIDADES  CORRESPONDIENTES  Y  EN  LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL QUEJOSO MANIFIESTA COMO SUYO ALGÚN DOMICILIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE EL  LLAMAMIENTO AL  JUICIO NATURAL SE HAGA EN ESE  LUGAR, ANTES DE INTENTARLO NUEVAMENTE POR EDICTOS. 

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 De conformidad con los artículos 114, fracción I y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el emplazamiento a  juicio debe  realizarse preferentemente en el domicilio que habita el demandado, esto es, en su domicilio real. En relación con el emplazamiento, la Suprema Corte  de  Justicia  de  la Nación  ha  sostenido  que  es  la  formalidad  del  procedimiento  de mayor envergadura,  cuya  realización  contraria  a  las  disposiciones  legales  correspondientes  deja  sin defensa  a  quien  se  le  practicó. Así,  el  juzgador  está  obligado  a  tomar  las medidas  que  estime pertinentes para  lograr que el emplazamiento se cumplimente con el mayor apego a  la  ley, por tanto,  cuando  en  un  juicio  de  amparo  promovido  por  quien  se  ostenta  tercero  extraño  al procedimiento por equiparación, se otorgue la protección constitucional porque el emplazamiento se  realizó mediante  edictos,  sin  observarse  las  formalidades  que  corresponden  al  caso,  y,  se advierta que en  la demanda de amparo el quejoso manifestó expresamente  la ubicación de  su domicilio, el Juez de Distrito, en aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, debe ordenar, como un efecto del fallo protector, que antes de que se subsane la irregularidad de la diligencia por edictos, se  intente  llamar a  juicio al buscado en el  lugar que éste precisó en el amparo, con apoyo en los artículos 114 y 116 del código adjetivo citado, porque se presume que es su domicilio real, al haberse señalado por el propio interesado ante una autoridad judicial.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  254/2008.  Banco Mercantil  del Norte,  S.A.,  Institución  de  Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 19 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 168522 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.113 C Página:  2465  VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE SE DEBEN ACREDITAR.  La  violencia  familiar,  puede  definirse  como  aquel  acto  u  omisión  intencional  de  una  o  varias conductas  dirigidas  a  dominar,  someter,  controlar  o  agredir  física,  verbal,  psicoemocional  o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, para causar daño. Dos de alguna de sus clases son: I. Física: consistente en todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar,  inmovilizar o causar daño  a  la  integridad  física  del  otro;  y,  II.  Psicoemocional:  todo  acto  u  omisión  consistente  en prohibiciones,  coacciones,  condicionamientos,  intimidaciones,  insultos,  amenazas,  celotipia, desdén,  abandono  o  actitudes  devaluatorias,  que  provoquen  en  quien  las  recibe  alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Es decir, es un fenómeno complejo que no puede tenerse por acreditado por un  solo acto o de  indicios no  corroborados  sobre  su existencia. De ahí que, 

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quien alega alguna de estas dos clases de violencia deberá acreditar: el daño físico o emocional y la  intención por parte del generador de violencia  familiar para causarlo; o bien, que  la conducta desplegada  es  susceptible  de  provocar  una  alteración  física  o  en  alguna  esfera  o  área  de  la estructura psíquica del receptor de la violencia.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 451/2008. 19 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 168521 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.112 C Página:  2466  VIOLENCIA  FAMILIAR.  NO  ES  NECESARIO  NARRAR  PORMENORIZADAMENTE  LOS  HECHOS  O ABSTENCIONES EN QUE CONSISTE CUANDO SE TRATA DE MENORES.  En los casos de violencia familiar, física o psicoemocional contra un menor, no es aplicable la regla general de que en la demanda deben exponerse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias  de  tiempo, modo  y  lugar  en  que  ocurrieron  porque  son  actos  u  omisiones  que generalmente  sólo  conocen  el  agresor  y  el menor;  lo  cual no  implica descartar que un  tercero pueda presenciar  ciertos  actos o percibir  ciertas omisiones que por  inferencias hagan presumir razonablemente  tal  estado  de  las  cosas.  Así,  el  menor  de  edad  no  está  en  condiciones  de proporcionar todos esos datos, por su grado de madurez, por temor, o precisamente porque quien intente la demanda en su nombre y representación no siempre está en condiciones de conocer y proporcionar  todas  las circunstancias de violencia  familiar que puedan  resultar. De ahí que, por excepción, en  los casos de violencia  familiar en que está  involucrado un menor, basta que en  la demanda  se  incluyan  los  hechos  u  omisiones  de  los  que  razonablemente  pueda  derivarse  la violencia  familiar,  sin  necesidad  de  precisar  pormenorizadamente  las  circunstancias  de  tiempo, modo y  lugar en que se den, pues  la autoridad  judicial, con  la  facultad que  tiene  tratándose de menores, podrá ordenar oficiosamente el desahogo de pruebas, de las que puedan aparecer actos u omisiones no mencionados en la demanda, que permitan determinar si el menor es o no objeto de violencia familiar. No obstante que la ausencia de datos precisos en la demanda pueda limitar al demandado en su contestación y defensa, o que  las pruebas se ofrezcan y  rindan en relación precisa con la litis establecida; pues la Constitución Federal, los tratados internacionales suscritos por México y  la  legislación nacional, están orientadas a que en  las medidas concernientes a  los menores se atenderá como una consideración primordial el interés superior del niño.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

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Amparo directo 451/2008. 19 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 168954 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.111 C Página:  1227  CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA O CONVENIO  JUDICIAL. QUIEN ALEGA HABERLO CUMPLIDO CON BASE EN UNA MODIFICACIÓN ENTRE LAS PARTES, DEBE ACOMPAÑAR DOCUMENTOS DOTADOS DE UNA FUERTE EFICACIA DEMOSTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).  Quien  alegue  haber  pagado  las  prestaciones  a  que  quedó  obligado  por  sentencia  o  convenio judicial, con base en alguna modificación entre las partes y solicite al tribunal hacer la declaración respectiva,  deberá  acompañar  el  o  los  documentos  en  que  funde  su  dicho,  que  consten  en: instrumento  público,  o  documento  privado  judicialmente  reconocido,  o  por  confesión  judicial como lo establece el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Tal requisito tiene como finalidad procurar el cumplimiento de las resoluciones definitivas, al limitar la posible  modificación  si  no  está  apoyada  en  documentos  dotados  de  una  fuerte  eficacia demostrativa.  De  lo  contrario,  se  permitirían  dilaciones  probatorias  con  cualquier  medio probatorio para alterar aspectos ya resueltos como cosa juzgada, obstruyendo así el interés de la sociedad en que se cumplan  las sentencias y el de  la parte  interesada en el cumplimiento de  la resolución firme que le beneficia.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 208/2008. Luis Vera Escamilla y otros. 4 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 168826 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.49 K Página:  1390  PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE LA GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.  

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El principio de buena fe procesal puede definirse, de manera general, como la conducta exigible a toda  persona  en  el  marco  de  un  proceso,  por  ser  socialmente  admitida  como  correcta. Generalmente dicho principio no se  incluye expresamente en  los ordenamientos procesales, sino que resulta por  inferencia de  las normas que sancionan actos concretos contrarios a  la buena fe. No obstante ello, el principio en comento tiene su origen en el derecho de tutela judicial efectiva y está  relacionada  con  los  derechos  de  defensa,  igualdad  y  expeditez  en  la  administración  de justicia, porque la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que declare el derecho que le asista a la parte que lo solicite es el medio por el cual el Estado dirime las controversias y, con ello, hacer efectivo el mandato de que ninguna persona pueda hacerse justicia por sí misma.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  526/2008. Genaro Quezada  Fernández.  28  de  agosto  de  2008. Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 169108 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Agosto de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.46 K          Página:  1083  DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS.  Los  artículos  1o.,  133,  103,  fracción  I,  y  107  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,  establecen  respectivamente:  que  todo  individuo  gozará  de  las  garantías  que  ella otorga; que  las  leyes del Congreso de  la Unión, que emanen de ella, y  los  tratados acordes a  la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión; que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; y, las bases, los procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de amparo. Por su parte, la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación ubicó a  los tratados  internacionales por encima de  las leyes  federales  y  por  debajo  de  la  Constitución,  según  la  tesis  del  rubro:  "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN  JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." (IUS 192867). De ahí que si en el amparo  es  posible  conocer  de  actos  o  leyes  violatorios  de  garantías  individuales  establecidas constitucionalmente,  también  pueden  analizarse  los  actos  y  leyes  contrarios  a  los  tratados internacionales suscritos por México, por formar parte de  la Ley Suprema de toda  la Unión en el nivel que  los ubicó  la Corte. Por  lo tanto, pueden ser  invocados al resolver sobre  la violación de garantías  individuales  que  involucren  la  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  tratados internacionales suscritos por México.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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 Amparo directo 344/2008. Jesús Alejandro Gutiérrez Olvera. 10 de  julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Notas:   La tesis de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS  LEYES  FEDERALES  Y  EN  UN  SEGUNDO  PLANO  RESPECTO  DE  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL." citada, aparece publicada con el número P. LXXVII/99 en el Semanario Judicial de  la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 46.   Esta  tesis  es objeto de  la denuncia  relativa  a  la  contradicción de  tesis 293/2011, pendiente de resolverse por el Pleno.   Novena Época Registro: 169032 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Agosto de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.47 K Página:  1204  SUPLENCIA  DE  LA  QUEJA  EN  EL  AMPARO.  PROCEDE  TRATÁNDOSE  DE  VIOLACIONES  A  LAS GARANTÍAS  INDIVIDUALES Y A  LOS TRATADOS  INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO QUE ATENTEN CONTRA LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS Y SUS SECUELAS.  Es posible aplicar la suplencia de la queja deficiente prevista por la fracción II, del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en un caso donde se reclame el pago del daño moral derivado de  la privación ilegal de la libertad personal pues, conforme al criterio del más Alto Tribunal de la Nación sobre la protección  superior,  jurídica y axiológicamente hablando de  la  libertad de  las personas, ésta es susceptible  de  salvaguardar,  con  fundamento  en  los  artículos  1o.,  14,  16,  103  y  107  y  demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo anterior, debe sumarse lo  previsto  por  los  tratados  internacionales,  en  términos  del  artículo  133  constitucional,  en  lo referente  a  las  medidas  que  deben  adoptar  los  Estados  para  la  protección  de  los  derechos humanos, pues el acto privativo tiene consecuencias que atentan contra el honor y la reputación de las personas que también es un derecho fundamental inherente a los seres humanos que debe ser protegido con la misma intensidad que la privación ilegal de libertad por derivar de ésta.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 344/2008. Jesús Alejandro Gutiérrez Olvera. 10 de  julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz. 

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  Novena Época Registro: 169328 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Julio de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.108 C Página:  1706  COSTAS.  INCIDENTE  DE  LIQUIDACIÓN  DE.  PARA  SU  PROCEDENCIA  EN  UN  JUICIO  CIVIL,  ES REQUISITO SINE QUA NON LA EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL ABOGADO PATRONO.  Conforme al párrafo segundo del artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito  Federal,  las  partes  tienen  derecho  al  cobro  de  costas,  sólo  si  acreditan  haber  sido asesoradas en juicio por licenciado en derecho con cédula profesional legalmente expedida; de tal suerte que,  la calidad de  licenciado en derecho del abogado patrono constituye un requisito sine qua non para  la procedencia del  incidente de  liquidación de costas, que atento el contenido del artículo  281  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Distrito  Federal,  obliga  al  actor incidentista a probarlo, ya sea exhibiendo  junto con  la planilla de  liquidación correspondiente,  la cédula profesional de  su abogado o  copia  certificada de  la misma, pues dicho documento es  la prueba  idónea para demostrar  la  calidad de  licenciado en derecho de  su  asesor, o en  su  caso, indicando  el  número  de  registro  de  la  cédula  ante  la  Primera  Secretaría  de  Acuerdos  a  la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en términos del tercer párrafo del citado artículo 127, ya que sólo así, el  juzgador estará en aptitud de constatar que el actor  incidentista tiene derecho al pago de  las costas que reclama. Máxime si se toma en cuenta que  la  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la  jurisprudencia  por contradicción de  tesis 1a./J. 16/2005, del rubro: "HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE  UN  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES,  REQUIERE  PARA  SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA  LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE  LA CALIDAD DE LICENCIADO  EN  DERECHO."  ha  considerado  que  para  la  procedencia  de  la  acción  de  pago  de honorarios derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, la parte actora debe acreditar  fehacientemente que tiene  la calidad de  licenciado en derecho, mediante  la exhibición de  la  cédula profesional, pues dicha determinación  resulta aplicable por analogía de  razones al caso, ya que finalmente, a través de la acción destacada o mediante el incidente de liquidación de costas,  lo que se busca es el pago de  los honorarios del experto en derecho que asesoró a una parte  en  juicio,  quien  por  seguridad  jurídica  debe  justificar  estar  autorizado  para  ejercer  la profesión de abogado.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 113/2008. Felipe Palma Rodríguez, por su propio derecho y en representación de  su menor hijo Felipe Palma Nogueda. 22 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   

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Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 290.   Novena Época Registro: 169182 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVIII, Julio de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.45 K Página:  1899  SUPUESTA FALSEDAD DE FIRMA, EL  JUEZ DE DISTRITO NO TIENE ELEMENTOS PARA ADVERTIRLA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.  El artículo 145 de la Ley de Amparo obliga al Juez de Distrito a desechar la demanda de amparo si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, la supuesta falsedad de  la  firma de  la demanda de  garantías no  es  causa  indudable  y manifiesta de  improcedencia, porque  el  Juez  Federal  carece  de  los  elementos  necesarios  para  advertirla,  ya  que  el  estudio específico  sobre  la autenticidad o no de  la misma, en  todo caso, deberá  ser materia de análisis ante el Juez de Distrito, donde  las partes podrán ofrecer  los medios de prueba  idóneos, como  la pericial en caligrafía y grafoscopía, para acreditar  la pretendida  falsedad. En consecuencia, debe declararse  infundada  la queja en donde el recurrente alegue  la supuesta falsedad de firma como causa de desechamiento.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Queja 25/2008. Benigno Torres Ubaldo. 5 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 169694 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVII, Mayo de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.106 C         Página:  1042  DESISTIMIENTO. DEBE DARSE VISTA AL DEMANDADO PARA QUE EXPRESE SU CONSENTIMIENTO CUANDO SE HAYA DECLARADO LA NULIDAD DE ACTUACIONES A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO.  El  artículo  34  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Distrito  Federal,  establece  que  el desistimiento  de  la  demanda,  posterior  al  emplazamiento,  requiere  del  consentimiento  del 

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demandado y obliga a quien  lo hizo a pagar costas, salvo convenio en contrario. Por su parte,  la teoría jurídica reconoce tres sistemas de regulación de las costas, a saber: 1) como pena, 2) como resarcimiento y 3) por el vencimiento. La primera ve a las costas como una sanción para el litigante que obró con dolo o mala fe; la segunda se funda en la culpa o negligencia de uno de los litigantes, quien  por  esa  causa  tiene  la  obligación  de  resarcir  los  gastos  y  perjuicios  ocasionados  a  su contrario; y,  la última atiende al hecho objetivo del  litigante que  fue vencido en  juicio. La teoría que adopta la condena en costas prevista por aquél es la del resarcimiento, pues con la promoción del juicio, una vez emplazado el demandado, y su posterior desistimiento, el actor por su culpa o negligencia ya causó gastos a su contrario, los cuales deben serle resarcidos. Ahora bien, si en un juicio se declaran nulas las actuaciones por virtud de una apelación extraordinaria interpuesta por el  demandado,  las  circunstancias  anormales  del  desistimiento  posterior  a  la  reposición  del procedimiento, obligan a dar vista al demandado, no obstante que se haya dejado  insubsistente todo  lo actuado,  incluyendo el emplazamiento, pues de  lo  contrario quedaría  sin  sanción quien desistió del  juicio  y generó gastos a  su  contrario; máxime que el demandado  se  vio obligado a interponer un recurso extraordinario para declarar nulas las actuaciones del mismo al que no fue debidamente llamado.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo  202/2008.  Eduardo  Lojero Barrera.  17 de  abril de  2008. Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Alejandro Enrique Mayén Espinosa.   Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 65/2008‐PS, resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 9/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 220, con el rubro: "DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. CUANDO SE PRESENTA DESPUÉS DE QUE EL EMPLAZAMIENTO ES DECLARADO NULO, SU VALIDEZ REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO QUE COMPARECIÓ AL JUICIO."   Novena Época Registro: 169680 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVII, Mayo de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.107 C Página:  1054  INTERÉS SUPERIOR DE  LOS MENORES. CUANDO EN UNA CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, ALGUNO  O  AMBOS  PROGENITORES  MANIFIESTEN  ACTITUDES  QUE  PUEDAN  AFECTAR  LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SEXUAL DE SUS MENORES HIJOS, EL  JUZGADOR DEBE ACTUAR, INCLUSO DE OFICIO, SOMETIÉNDOLOS A TERAPIA PSICOLÓGICA, A FIN DE CUMPLIR CON DICHO PRINCIPIO.  Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 2, fracción I y 4, fracción I de la Ley de 

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los  Derechos  de  las  Niñas  y  Niños  en  el  Distrito  Federal,  en  concordancia  con  los  diversos preceptos 3 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno),  establecen  el  interés  superior de  los menores  como principio  rector  en  las decisiones de carácter  judicial  que  repercutan  en  la  vida  de  aquéllos.  Dicho  principio  obliga  a  que  en  las controversias del orden familiar, el juzgador observe, por sobre todas las cosas, el bienestar de los infantes,  anteponiéndolo  al  interés  de  cualquier  adulto  involucrado  en  la  contienda,  incluso, supliendo en  su provecho  la queja deficiente. Así pues,  cuando  en un  juicio de esa naturaleza, alguno  o  ambos  progenitores manifiesten  actitudes  o  comportamientos  que  puedan  dañar  la integridad  física,  psíquica  o  sexual  de  sus  menores  hijos,  el  Juez,  en  aras  de  cumplir  con  el mandato  constitucional,  debe,  aun  de  oficio,  tomar  las medidas  necesarias  para  someter  a  los padres a terapia psicológica, a fin de que cese  la afectación, pues esa decisión tiende a  lograr el bienestar de los niños y en consecuencia, a satisfacer el principio de su interés superior.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  190/2008.  24  de  abril  de  2008.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 169621 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVII, Mayo de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.105 C Página:  1137  REPOSICIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO.  DEBE  ORDENARSE  POR  EL  TRIBUNAL  QUE  CONOZCA  DEL JUICIO  DE  AMPARO,  AUN  DE  OFICIO,  CUANDO  SE  ACTUALICE  UN  LITISCONSORCIO  PASIVO NECESARIO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RESUELTO SOBRE TAL REPOSICIÓN.  De conformidad con  la  jurisprudencia por contradicción de  tesis número 1a./J. 47/2006, emitida por  la  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,  del  rubro:  "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER  EL  PROCEDIMIENTO  OFICIOSAMENTE  CUANDO  ADVIERTA  QUE  NO  TODOS  LOS INTERESADOS  FUERON  LLAMADOS  AL  JUICIO NATURAL  (LEGISLACIÓN DEL  ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002)." (publicada en el Semanario Judicial de  la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 125), cuando el tribunal de alzada advierte que en el  juicio natural hubo  litisconsortes que no  fueron  llamados, aunque no medie petición  de  parte,  en  cualquier  etapa  del  procedimiento  está  obligado  a mandar  reponerlo  de oficio, para el efecto de que el Juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia completa y no a dejar a salvo los derechos de los litigantes. Así las cosas, cuando la citada autoridad no ordena esa  reposición, comete una violación manifiesta contra el quejoso que  lo deja sin defensa y por ello, con apoyo en la fracción VI, del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, corresponde al tribunal que conozca del juicio de garantías pronunciarse al respecto, aun ante la ausencia de conceptos de 

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violación en relación al tema, pues sólo así se logra cumplir con la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 17 constitucionales, consistente en que la administración de justicia se cumpla a través de la observancia de las formalidades del procedimiento, en los plazos y términos que fijen las leyes y mediante el dictado de resoluciones completas.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 188/2008. José Caballero Villagómez y otro. 10 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 170109 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVII, Marzo de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.101 C Página:  1747  CONFESIONAL,  SU  PREPARACIÓN.  SI  QUIEN  DEBE  ABSOLVER  LAS  POSICIONES  TIENE  SU RESIDENCIA O SE ENCUENTRA FUERA DEL LUGAR DEL JUICIO.  Si  los que deben absolver  las posiciones tienen su residencia o se encuentran fuera del  lugar del juicio, entonces, la prueba confesional debe prepararse y desahogarse atento a lo dispuesto por el artículo  1219  del  Código  de  Comercio,  librando  el  correspondiente  exhorto,  acompañando, cerrado  y  sellado, el pliego en que  consten  las posiciones, mismas que deben  ser previamente calificadas. Esto, aun cuando los absolventes hayan comparecido a juicio y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, pues a pesar de ello sigue rigiendo  lo dispuesto en el citado precepto legal.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 5/2008. Vicente Mukul Pech y otros. 11 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 170039 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVII, Marzo de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.103 C Página:  1804  

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QUEJA.  PROCEDE  SOLAMENTE  DICHO  RECURSO  EN  CONTRA  DE  LAS  SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DICTADAS EN VÍA DE APREMIO.  Tratándose de sentencias  interlocutorias dictadas en  la vía de apremio no procede el recurso de apelación, sino el de queja, pues en ese punto es claro y preciso  lo dispuesto por el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito  Federal, que dispone  "De  las  resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia  interlocutoria el de queja por (sic) ante el superior.". Como puede advertirse claramente, el precepto  transcrito prevé dos hipótesis: a) En contra de  las resoluciones dictadas para  la ejecución de una  sentencia, no procede más  recurso que el de  responsabilidad; y b) En contra de  las sentencias  interlocutorias procede el recurso de queja. En ese orden de  ideas, si  la resolución que dio origen al acto reclamado resulta ser una sentencia interlocutoria dictada en vía de apremio en el  juicio natural, en  la  cual  se  resolvió que  fue procedente esa vía, en donde  la tercera perjudicada acreditó parcialmente  la acción y, por ese motivo,  se  condenó al quejoso a pagar  pensiones  alimenticias  atrasadas,  para  lo  cual  se  libró  mandamiento  de  ejecución  y embargo.  Entonces,  atento  a  la  segunda hipótesis del  artículo  en  cita procedía  en  su  contra  el recurso de queja y no el de apelación, pues, como ya se dijo, en ese aspecto es claro el referido precepto.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 39/2008. 21 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 170551 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.100 C Página:  2759  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS.  EL  LEGISLADOR  SUPRIMIÓ  EXPRESAMENTE  QUE  LOS LIBROS Y CONTABILIDAD DE LA EMPRESA ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA OBJECIÓN DE LOS ACUERDOS FUNDADA EN ESA CAUSA.  De la exposición de motivos que precedió a la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y uno, se advierte que el  legislador suprimió  expresamente  la  posibilidad  que  tenían  los  accionistas  de  consultar  los  libros  y documentos  relacionados  con  los  puntos  de  acuerdo  de  la  asamblea,  como  disponía  la  última parte del artículo 186 de dicha ley, pues dicho sistema ya no era práctico dado el crecimiento de las  empresas;  los  modernos  sistemas  de  control  y  contabilidad;  la  magnitud,  complejidad  y extensión  de  las  operaciones  de  las  sociedades mercantiles.  En  su  lugar,  señaló  que  serían  el informe y documentos a que se refiere el artículo 172 del mismo ordenamiento  lo que estaría a disposición de los accionistas para hacer más eficaz su derecho a la información. En consecuencia, 

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es improcedente la objeción de los acuerdos tomados por la asamblea, basada en que los libros y contabilidad no estuvieron a disposición de los accionistas.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  760/2007.  Carlos  Javier  Alonso  Rodríguez  y  otros.  6  de  diciembre  de  2007. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 170482 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.99 C Página:  2799  MENORES. SU INSCRIPCIÓN EN EL SEGURO MÉDICO NO DEBE SER DISCRIMINATORIO.  La  inscripción  del  acreedor  alimentario  por  parte  de  quien  tiene  la  obligación  de  suministrar alimentos,  en  dos  seguros  médicos  oficiales  diferentes,  no  implica  que  el  deudor  por  esta circunstancia  pueda  darlo  de  baja  en  alguno  de  ellos, menos  si  en  la  especie  se  aduce  que  el acreedor es habido fuera del matrimonio, ya que de hacerse así, se contravendría el artículo 338 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, y el precepto 2,  inciso 2, de  la Convención sobre  los Derechos del Niño, ya que resulta discriminatorio.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 728/2007. 29 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 171555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.97 C Página:  2475  ACCIONES. ACREEDOR PRENDARIO. SU  INTERÉS PARA SOLICITAR, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, LA  SUSPENSIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  RESOLUCIONES  TOMADAS  EN  LA  ASAMBLEA  DE ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, DERIVA DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 111 

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DE  LA  LEY  GENERAL  DE  SOCIEDADES MERCANTILES  Y  338  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  TÍTULOS  Y OPERACIONES DE CRÉDITO.  Conforme a  los artículos 201 y 202 de  la Ley General de Sociedades Mercantiles,  los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones  de  las  asambleas  generales  y  solicitar,  precautoriamente,  la  suspensión  de  su ejecución.  Ahora,  las  medidas  provisionales  o  precautorias  tienen  como  objeto  primordial conservar la materia sobre la que se juzgará en juicio para así, asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte en  lo principal, por tanto, el juzgador,   para decidir sobre su procedencia, sólo debe partir  de  un  principio  de  prueba  que  justifique  el  interés  del  solicitante.  Luego,  un  acreedor prendario cuya garantía está constituida por acciones que representan por  lo menos el treinta y tres por ciento del capital social de una sociedad mercantil, demuestra su interés para solicitar la medida  suspensional,  con  la  tenencia material de  las  acciones, pues  ello presume derechos de socio en  su  favor, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 111 de  la mencionada Ley de Sociedades Mercantiles, así como con la obligación que a dicho acreedor le impone el artículo 338 de  la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el sentido de guardar y conservar  los bienes o títulos dados en prenda, pues es evidente que al tener el deber de preservar  los bienes pignorados,  tiene  presumiblemente  interés  en  evitar  la  ejecución  de  resoluciones  que  los menoscaben.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 197/2007. Javier Quijano Baz y otras. 15 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 171874 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.95 C Página:  1534  ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE UN CHEQUE. EL JUZGADOR DEBE ADVERTIR LA NOTORIEDAD DE  LA  FALSIFICACIÓN  DE  LA  FIRMA  EN  QUE  SE  FUNDA,  SIN  PERJUICIO  DE  APOYARSE  EN  LA PERICIAL EN GRAFOLOGÍA.  En  la  acción  de  objeción  de  pago  de  un  cheque  por  falsificación  de  firma,  es  fundamental  la notoriedad de dicha  falsificación,  lo que significa que para advertirla no son necesarios estudios periciales en grafología dado que, por definición, lo notorio es lo público, sabido por todos, claro, evidente, porque no requiere prueba especial para su demostración. Así, resulta que el  juzgador tiene  la  capacidad  y  la  obligación  de  resolver  por  sí mismo,  con  criterios  objetivos,  si  la  firma estampada en el cheque cuyo pago se objetó es notoriamente falsificada en comparación con  la que  tuvo  a  la  vista  el banco para  su  cotejo;  lo que no  se opone  a que pueda  robustecerse  su decisión con  las opiniones de  los expertos, pero sin que  las conclusiones de  los peritos sean más 

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allá de determinar la notoriedad de la falsificación.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 372/2007. Esteban Alberto Calderón Argomedo. 28 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Amparo directo 380/2007. Banco Nacional de México, S.A. 28 de  junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 171831 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.94 C Página:  1597  CHEQUE.  OBJECIÓN  DE  PAGO  FUNDADA  EN  LA  NOTORIA  FALSIFICACIÓN  DE  LA  FIRMA  DEL LIBRADOR, CONTRA LA SEMEJANZA DE LAS FIRMAS ALEGADA POR EL BANCO QUE LO PAGÓ.  Las  jurisprudencias de  la Suprema Corte de  la Nación, de  los  rubros:  "ACCIÓN DE OBJECIÓN AL PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES QUE PAGÓ EL LIBRADO, ALEGÁNDOSE QUE LA FIRMA FUE FALSIFICADA, Y NO ASÍ LA DE NULIDAD ABSOLUTA O DE  INEXISTENCIA DEL CHEQUE.",  "ACCIÓN DE OBJECIÓN AL PAGO DE CHEQUE PREVISTA  EN  EL ARTÍCULO 194 DE  LA  LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.  LA CARGA DE  LA PRUEBA CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO ALEGA LA NOTORIEDAD DE LA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA."  y  "CHEQUES, NOTORIEDAD  EN  LA  FALSIFICACIÓN DE  LA  FIRMA DE  LOS.  EL  ELEMENTO NOTORIEDAD  A  QUE  SE  REFIERE  EL  ARTÍCULO  194  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  TÍTULOS  Y OPERACIONES DE CRÉDITO SUPONE QUE LA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL LIBRADOR ES TAN BURDA  QUE  PUEDA  ADVERTIRSE  SIN  POSEER  CONOCIMIENTOS  ESPECIALES  EN  GRAFOLOGÍA." definieron las bases sobre las cuales debe analizarse la acción de objeción de pago a que se refiere el  artículo 194 de  la  Ley General de  Títulos  y Operaciones de Crédito, de modo que no puede alegarse  la nulidad o  inexistencia del cheque por  falsificación de  la  firma, sino objetarse el pago porque la firma sea notoriamente falsificada cuando pueda advertirse sin tener conocimientos en grafología, pues de  lo contrario se rompería con el sistema de responsabilidad previsto por la ley especial,  sustentado  en  la  culpa  del  librador  que  no  vigila  adecuadamente  los  esqueletos proporcionados por el banco para expedir cheques. De otro modo el banco quedaría en estado de indefensión al no poder alegar la falta de aviso por la pérdida o robo de los cheques que debió dar el  librador,  o  que  las  firmas  fueran  semejantes  o  extremadamente  parecidas.  Asimismo,  la posibilidad  de  objetar  el  pago  responde  a  la  intención  legislativa  de  generar  seguridad  a  los clientes de los bancos, sobre la base de que los servicios que prestan deben ser seguros, por lo que están obligados a cotejar las firmas del cheque en comparación con la que obre en los registros del 

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banco para advertir a  simple vista  si el documento está o no alterado, por  ser una  cuestión de capital importancia para evitar el pago indebido del cheque.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 372/2007. Esteban Alberto Calderón Argomedo. 28 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Amparo directo 380/2007. Banco Nacional de México, S.A. 28 de  junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Nota:  Las  tesis  citadas  aparecen  publicadas  con  las  claves  1a./J.  80/2006,  1a./J.  90/2006  y  el número 70, en el Semanario Judicial de  la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIV y XXV, diciembre de 2006 y febrero de 2007, páginas 5 y 19, y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  1917‐2000,  Tomo  IV,  Materia  Civil,  Precedentes  Relevantes,  página  51, respectivamente.   Novena Época Registro: 171704 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.96 C Página:  1731  NOTORIEDAD  DE  LA  FALSIFICACIÓN  DE  FIRMA  EN  UN  CHEQUE.  BASES  OBJETIVAS  PARA DETERMINARLA.  Las bases objetivas que debe tomar en cuenta el  juzgador para determinar  la notoriedad de una falsificación de  firma  impuesta en un  cheque,  cuyo pago  se objete por esa  causa,  son que ésta contiene rasgos característicos que permiten atribuirla al  titular de  la cuenta según  la  firma que tenga en sus registros el banco. Ello, porque lo notorio es sinónimo de público, sabido por todos, claro  y  evidente,  por  lo  que  en  la  especie  se  trataría  de  la  semejanza  o  no  de  las  firmas  en comento,  sin  necesidad  de  demostración,  ni  conocimientos  especializados.  Entonces  para determinar una falsificación de esa naturaleza debe considerarse  la presencia o no de  los rasgos gráficos que caractericen  la  firma de que se  trate, que permitan establecer  si son semejantes o notoriamente  divergentes  con  la  que  se  compara,  considerando  aspectos  como  un  tamaño desproporcionado,  diferencias  claras  de  longitud,  inclinación,  presencia  o  ausencia  de  líneas curvas o quebradas, puntos o rayas entre otros, que por sus características apreciadas de  forma conjunta  lleven a concluir de un modo  irrefutable que se trata de una  falsificación perceptible a simple vista y, en su caso, la prueba pericial que llegare a rendirse debe encaminarse en ese tenor.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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 Amparo directo 372/2007. Esteban Alberto Calderón Argomedo. 28 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Amparo directo 380/2007. Banco Nacional de México, S.A. 28 de  junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 171906 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXVI, Julio de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.93 C Página:  2714  SUMA ASEGURADA. EL SALARIO BÁSICO PREVISTO POR LA LEY DEL  INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ES INAPLICABLE PARA CALCULARLA.  De  la  interpretación del  artículo 4º de  la  Ley  sobre  el Contrato de  Seguro, que  establece:  "Los seguros sociales quedarán sujetos a  las  leyes y reglamentos sobre  la materia." en relación con el artículo 1º y demás disposiciones relativas de dicho ordenamiento, se deduce que el contrato de seguro se rige por un principio de especialidad de la ley y lo pactado en dicho contrato, de modo que  las  disposiciones  de  seguridad  social  no  son  aplicables  al  contrato  en  comento; consecuentemente, el artículo 15 de  la Ley del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de  los Trabajadores del Estado (abrogada en términos del artículo segundo transitorio de  la  ley vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de marzo de 2007), sobre la forma de integrar el  sueldo básico  (con el  sueldo presupuestal, el  sobresueldo y  la compensación) no es aplicable para  calcular  la  suma  asegurada  según  el  salario  pactado  en  la  póliza  respectiva,  porque  esa disposición  rige  únicamente  para  efectos  de  la  ley del  instituto  en  comento  según  el  precepto interpretado, en tanto que el contrato de seguro, se rige por lo pactado en la póliza y su regulación en la ley respectiva.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  317/2007.  Metlife  México,  S.A.  7  de  junio  de  2007.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 172553 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Mayo de 2007 

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Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.91 C          Página:  2079  COSTAS.  PROCEDE  LA  CONDENA  EN  AMBAS  INSTANCIAS  CONTRA  EL  DEMANDADO  APELANTE, CUANDO  POR  LA  APELACIÓN  DE  SU  CONTRAPARTE,  SE MODIFICA  LA  SENTENCIA  DE  PRIMER GRADO AGRAVANDO SU SITUACIÓN.  El  supuesto previsto en  la  fracción  IV del  artículo 1084 del Código de Comercio,  relativo  a que procede  la condena en costas en ambas  instancias, cuando existen dos sentencias conformes de toda  conformidad en  su parte  resolutiva,  se actualiza  cuando existe en  la  resolución de primer grado condena contra el demandado que no se modifica por virtud de la apelación que éste haga valer, sino que por el contrario, con el diverso recurso interpuesto por la actora, dicha condena se agrava en segunda instancia. Lo anterior en virtud de que en esos casos, el contexto ideológico de los puntos  resolutivos de uno y otro  fallos  coinciden, en  términos generales, en  la  condena del enjuiciado,  lo que  implica que respecto del vencimiento de dicha parte sí existan dos sentencias conformes de toda conformidad, que es  la condición sine qua non que prevé el precepto citado para la condena respectiva.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  163/2007.  Inaica,  S.A.  de  C.V.  29  de  marzo  de  2007.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota: Esta  tesis contendió en  la contradicción 257/2009  resuelta por  la Primera Sala, de  la que derivó la tesis 1a./J. 129/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su  Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  XXXI, mayo  de  2010,  página  289,  con  el  rubro:  "COSTAS  EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN EN PRIMERA INSTANCIA  SENTENCIA  PARCIALMENTE  FAVORABLE  Y  AL  APELARLA  POR  AMBOS  SE MODIFICA ÚNICAMENTE  POR  EL  RECURSO  DE  UNO,  AGRAVANDO  LA  SITUACIÓN  DEL  OTRO,  NO  SE ACTUALIZA  EL  SUPUESTO  PREVISTO  EN  LA  FRACCIÓN  IV DEL  ARTÍCULO  1,084 DEL  CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE HAYA ORIGINADO."   Novena Época Registro: 172826 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Abril de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.89 C Página:  1662  ASEGURADORA. PARA HACER USO DE LA CLÁUSULA QUE LA LIBERE DE SUS OBLIGACIONES, TIENE LA  CARGA  PROBATORIA  PARA  DEMOSTRAR  QUE  LA  OMISIÓN  DEL  ASEGURADO  SOBRE  LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO TUVO INFLUENCIA EN EL SINIESTRO. 

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 Los  artículos  55  y  58,  fracción  I,  de  la  Ley  sobre  el  Contrato  de  Seguro  preceptúan  que  si  el asegurado no cumple con esas obligaciones (entre ellas la de avisar de la agravación del riesgo), la aseguradora  no  podrá  hacer  uso  de  la  cláusula  que  la  libere  de  sus  obligaciones,  cuando  el incumplimiento no tenga  influencia sobre el siniestro o sobre  la extensión de sus prestaciones, y que la agravación del riesgo no producirá sus efectos si no ejerció influencia en el siniestro o sobre la extensión de las prestaciones de la aseguradora. Entonces, conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba, la aseguradora debe demostrar que la agravación influyó en el siniestro, pues de lo contrario no podrá hacer uso de la cláusula en comento.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 115/2007. Aba Seguros, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 172793 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Abril de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.88 C Página:  1682  CONTRATO DE SEGURO.  LA ASEGURADORA SÓLO PODRÁ HACER USO DE  LA CLÁUSULA QUE  LA LIBERE DE SUS OBLIGACIONES, CUANDO EL  INCUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO POR NO AVISAR DE LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO, TENGA INFLUENCIA EN EL SINIESTRO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 52, 55 Y 58, FRACCIÓN I DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO).  De la interpretación armónica de los artículos 52, 55 y 58, fracción I, de la Ley sobre el Contrato de Seguro,  se obtiene que  la aseguradora  sólo podrá hacer uso de  la  cláusula que  la  libere de  sus obligaciones, cuando el  incumplimiento del asegurado por no avisar de  la agravación del  riesgo, tenga influencia en el siniestro, pues de otro modo, la agravación no producirá efecto.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 115/2007. Aba Seguros, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 173069 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Marzo de 2007 

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Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.86 C Página:  1654  CONTRATOS.  PARA  DETERMINAR  LA  VERDADERA  INTENCIÓN  DE  LOS  CONTRATANTES  ES NECESARIO ANALIZAR CONJUNTAMENTE EL SENTIDO DE SUS CLÁUSULAS,  LA NATURALEZA Y EL OBJETO DEL CONSENSO DE VOLUNTADES AL CELEBRAR EL ACTO JURÍDICO.  Con base en las reglas de interpretación de los contratos, previstas en los artículos 1851 a 1857 del Código Civil Federal y especialmente en  lo establecido en  los dispositivos 1851, segundo párrafo, 1852, 1853 y 1855, de  los que se desprende que  la  intención de  los contratantes es  la que debe prevalecer en un pacto por sobre cualquier cosa; se concluye que cuando existen cláusulas que aparentemente establecen una  situación determinada, pero en  realidad  se  refieren  a otra muy distinta,  resulta  necesario,  para  desentrañar  la  verdadera  intención  de  los  contratantes, considerar, además del sentido que resulte del análisis conjunto de las cláusulas, la naturaleza y el objeto  del  consenso  de  voluntades  al  celebrar  el  acto  jurídico,  pues  ello  proporcionará mayor claridad sobre  la finalidad del acuerdo y por consecuencia, de  la forma en que  los  interesados se propusieron contratar.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 796/2006. Pemex Exploración y Producción. 25 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 173410 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Febrero de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.85 C Página:  1600  ACCIONES.  EL  PLAZO  PREVISTO  PARA  SU  EXPEDICIÓN,  IMPLICA  TAMBIÉN  SU  ENTREGA  A  LOS SOCIOS  (INTERPRETACIÓN  DE  LOS  DOS  PRIMEROS  PÁRRAFOS  DEL  ARTÍCULO  124  DE  LA  LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).  El primer párrafo del artículo 124 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que los títulos representativos de  las acciones deben expedirse dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de su modificación, en cuanto al aumento de capital, y, el segundo párrafo del mismo precepto, dispone que mientras se entregan  los  títulos pueden  expedirse  certificados  provisionales  que  deberán  canjearse,  en  su  oportunidad  por aquéllos. Luego, si  la expedición de  las acciones dentro de un plazo que no exceda de un año, se colocó como primer premisa del supuesto normativo y, como segunda, se previó la posibilidad de emitir  certificados  provisionales,  mientras  se  preparan  las  acciones,  debe  concluirse  que  la interpretación  sistemática  del  precepto  aludido  es  la  de  establecer  un  plazo  no  sólo  para  la 

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elaboración  de  las  acciones,    sino  también  para  la  entrega  de  las  mismas  a  los  socios.  Esta interpretación se robustece con el significado que, conforme al Diccionario de la Lengua Española, tiene  el  término  "expedir",  en  el  sentido  de  "extender  por  escrito,  con  las  formalidades acostumbradas;  despachar  y  dar  lo  necesario  para  que  uno  se  vaya",  que  atento  al  texto  del artículo en análisis, se traduciría en dar o entregar las acciones al socio, a fin de que éste tenga lo necesario para representar su aportación social.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 729/2006.  Joaquín  Jiménez Flores y otra. 18 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Amparo directo 730/2006. Construcciones Conarte, S.A. de C.V. 18 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 173616 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Enero de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.42 K Página:  2194  ARRESTO ORDEN DE, CUANDO EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PREVIO SE NIEGA EL AMPARO EN SU CONTRA, AL HABER SIDO MATERIA DE EXAMEN CONSTITUCIONAL, DEBE IMPONERSE MULTA POR LOS POSTERIORES QUE SE INTENTEN CONTRA LA MISMA ORDEN, CONFORME AL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE LA MATERIA.  No puede  sostenerse que  la promoción de  juicios de amparo contra  la orden de arresto sea en defensa de la libertad personal del quejoso si ellos sólo son promovidos para evadir y obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de las órdenes judiciales decretadas en su contra y que, por ello, no deba imponérsele multa, ya que si en el caso existe un juicio constitucional previo en el que se le negó el amparo contra la misma orden de arresto, siendo ésta materia de examen constitucional;  ello  evidencia  que  los  amparos  posteriores  se  intentaron  para  obstaculizar  el cumplimiento de una resolución judicial. Por tanto, debe imponerse multa con base en el artículo 81 de la Ley de Amparo ya que se estaría permitiendo el abuso del juicio de garantías sin sanción alguna,  en  perjuicio  del  interés  social  para  que  se  cumplan  las  resoluciones  judiciales  cuya constitucionalidad ya fue analizada.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en  revisión 310/2006.  José Luis Aceves Nelson. 19 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.  

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 Novena Época Registro: 173743 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.41 K Página:  1358  LITISCONSORCIO  ACTIVO  NECESARIO.  DEBE  ANALIZARSE  DE  OFICIO  EN  CUALQUIER  ETAPA  DEL JUICIO,  PARA  QUE  LOS  INTERESADOS  COMPAREZCAN  AL  PROCEDIMIENTO  A  DEDUCIR  SUS DERECHOS Y LA SENTENCIA QUE SE DICTE SEA VÁLIDA PARA TODOS ELLOS.  El litisconsorcio significa la existencia de un litigio en el que participan de una misma suerte varias personas, el cual se denomina necesario cuando debe llamarse a todos los interesados (actores o demandados)  sea  por  disposición  expresa  de  la  ley  o  por  la  comunidad  jurídica  de  intereses existentes entre varias personas respecto al mismo objeto litigioso, sobre el que tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa (de hecho o de derecho) como en el caso de la copropiedad.  Se  denomina  pasivo  cuando  recae  en  los  demandados,  en  cuyo  caso  la jurisprudencia ha definido que debe llamárseles para emitir una sentencia válida para todos ellos. Entonces, por identidad jurídica cuando se trata de litisconsorcio activo necesario debe aplicarse la misma  disposición,  pues  al  igual  que  en  el  pasivo,  es  preciso  que  todos  los  interesados comparezcan al juicio a deducir el derecho que les asista respecto del bien litigioso; por lo tanto, la posible existencia de un litisconsorcio activo necesario debe analizarse oficiosamente en cualquier etapa del juicio para que, al igual que en el pasivo, los interesados comparezcan al procedimiento a deducir sus derechos y la sentencia que se dicte sea válida para todos ellos.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 637/2006. Jarmila Josefina Torres Hernández. 19 de octubre de 2006. Mayoría de votos.  Disidente: Manuel  Ernesto  Saloma  Vera.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 173637 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.83 C Página:  1411  VISITAS  Y CONVIVENCIAS, RÉGIMEN DE. CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN  SER  PONDERADAS  PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA. 

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 Cuando se fije el régimen de visitas y convivencias con menores hijos, se debe ponderar el interés superior de  los mismos, pues así  se desprende del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, y de los preceptos 3, apartado 1, 9, apartado 3 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de donde se deduce que independientemente de los derechos de los padres, es también un  derecho  fundamental  del  niño  el  conocerlos  y  convivir  con  ellos,  pues  de  ello  deriva  la identidad del menor, y por eso, cuando sea privado de ese derecho al niño, el Estado debe prestar asistencia y protección para que sea restituido, como así se previene en los numerales 7, 8 y 9 de la convención citada.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  573/2006.  5  de  octubre  de  2006.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 174262 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.80 C Página:  1434  DIVORCIO.  EL  PORCENTAJE  DE  "HASTA  EL  CINCUENTA  POR  CIENTO"  A  QUE  SE  REFIERE  EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE JUNIO  DE  DOS MIL,  ES  SÓLO  UN  PARÁMETRO  PARA  CALCULAR  LA  INDEMNIZACIÓN  QUE  TAL PRECEPTO PREVÉ.  La  intención del  legislador, al disponer en el primer párrafo del artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, que: "En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una  indemnización  de  hasta  el  50%  del  valor  de  los  bienes  que  hubiere  adquirido,  durante  el matrimonio  ...", no  fue  la de establecer un porcentaje  fijo para  tratar de  indemnizar al cónyuge demandante del costo de oportunidad asociado a no haber podido desarrollar la misma actividad que  su  contraparte  en  el  mercado  de  trabajo  convencional,  en  donde  habría  obtenido  la compensación económica correspondiente, sino que al emplear la palabra "hasta", es claro que lo que  se buscó  fue proponer un porcentaje máximo del  cincuenta por  ciento, que  sirviera  como parámetro  para  el  cálculo  de  esa  compensación;  de  manera  que  este  porcentaje  no  debe considerarse  como  el  único  que  puede  demandarse  y menos  aún,  como  el  único  que  puede otorgarse por ese concepto, pues  suponer  lo contrario, en principio, anularía  la  facultad que  se otorgó  al  Juez  familiar  en  el  último  párrafo  del  precepto  en  cita,  de  resolver  en  cada  caso  lo conducente, de acuerdo a las circunstancias especiales del mismo, además de que haría nugatorio ese  derecho,  en  caso  de  que  existiera  controversia  en  cuanto  a  qué  tan  preponderante  fue  el desempeño del  trabajo en el hogar y el cuidado de  los hijos del demandante o en cuanto a  los bienes adquiridos por  los cónyuges, porque entonces el  juzgador no podría mediar el porcentaje 

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de la indemnización, sino que tendría que declarar improcedente el reclamo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  407/2006.  4  de  agosto  de  2006.  Mayoría  de  votos.  Disidente:  Sara  Judith Montalvo Trejo. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 174261 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.82 C          Página:  1455  DIVORCIO.  INDEMNIZACIÓN  PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  289  BIS  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL. CUÁNDO SE ACTUALIZA LA NOTORIA MINORÍA DE BIENES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DE DICHO PRECEPTO.  La desproporción patrimonial que según la fracción III del artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal vigente, debe haber entre demandante y demandado para que sea procedente la indemnización a que se refiere ese precepto ha de ser clara y evidente a la vista del juzgador, pues de  lo contrario, cuando  la diferencia entre  los patrimonios de  los divorciantes no es manifiesta, sino  que  se  necesita  de mecanismos  técnicos  o  científicos  para  determinarla,  es  obvio  que  el supuesto en  cuestión no puede actualizarse, porque  se pierde el aspecto de notoriedad que  se requiere y ello hace improcedente la indemnización solicitada, ya que la intención del legislador al crear esta disposición fue buscar que  los bienes adquiridos durante el matrimonio se distribuyan entre los cónyuges de manera sencilla y equitativa, en aras de compensar a quien no pudo formar un patrimonio propio, por haberse ocupado preponderantemente de las labores domésticas y en su caso, de  los hijos y no proporcionar a  las partes elementos que  causen más conflictos entre ellos y eventualmente dilaten innecesariamente los procesos.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  407/2006.  4  de  agosto  de  2006.  Mayoría  de  votos.  Disidente:  Sara  Judith Montalvo Trejo. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 174260 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Civil 

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Tesis: I.7o.C.81 C          Página:  1456  DIVORCIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO  FEDERAL,  VIGENTE  A  PARTIR  DEL  UNO  DE  JUNIO  DE  DOS  MIL,  QUE  PREVÉ  UNA INDEMNIZACIÓN  AL  CÓNYUGE  QUE  SE  DEDICÓ  DURANTE  EL  MATRIMONIO PREPONDERANTEMENTE AL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DEL HOGAR Y EN SU CASO, AL CUIDADO DE LOS HIJOS.  Quien  pretenda  la  indemnización  a  que  se  refiere  el  artículo  289  Bis  del  Código  Civil,  deberá cumplir con el requisito previsto en su fracción II, que establece que el demandante debió haberse dedicado en el lapso que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, lo que conforme al significado literal de las palabras ahí empleadas  por  el  legislador,  ha  de  entenderse  como  el  hecho  de  que  el  reclamante  se  haya ocupado durante el matrimonio, de manera destacada o superior de las cosas relativas a la casa y a  la  familia.  Lo  anterior  no  quiere  decir,  que  el  reclamante  sólo  haya  desempeñado  esas actividades, pues el  término  "preponderante"  refiere  superioridad o  ventaja de una  cosa  sobre otra, mas  no  implica  que  aquélla  sea  la  única.  Por  tanto,  a  efecto  de  cumplir  con  el  requisito cuestionado, bastará con que se acredite que durante  la vigencia del matrimonio,  las actividades de mayor peso o  las más destacadas del demandante fueron  las  labores domésticas y el cuidado de la familia, para que quede justificado tal extremo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  407/2006.  4  de  agosto  de  2006.  Mayoría  de  votos.  Disidente:  Sara  Judith Montalvo Trejo. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 174259 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.79 C          Página:  1457  DIVORCIO. PARA FIJAR LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  VIGENTE  A  PARTIR  DEL  UNO  DE  JUNIO  DE  DOS  MIL,  DEBE OBSERVARSE  UN  PRINCIPIO  DE  PROPORCIONALIDAD  SIMILAR  AL  QUE  SE  APLICA  PARA  LOS ALIMENTOS.  El artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal en vigor, prevé para  los cónyuges que pretenden entablar una demanda de divorcio, el derecho a reclamar de su contraparte el pago de una  indemnización de hasta el  cincuenta por  ciento del valor de  los bienes que haya adquirido durante el matrimonio; sin embargo, ese derecho no debe decidirse de manera dogmática, sino que  dadas  las  características  especiales  bajo  las  cuales  puede  actualizarse,  tales  como  que  se 

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reclame en la demanda de divorcio y que tal  indemnización sea de hasta el cincuenta por ciento del  valor  de  los  bienes,  así  como  los  elementos  sui  generis  que  deben  cumplirse  para  su procedencia,  la determinación que  al  respecto  emita  el  juzgador, debe  estar  sustentada  en  las circunstancias especiales del caso y apoyada en una adecuada motivación y fundamentación que lo  lleven a establecer en primer  lugar, el derecho a  la  indemnización y en segundo, el monto del porcentaje  que  en  particular  corresponda,  tomando  como  parangón  el  principio  de proporcionalidad que prevé el artículo 311 del ordenamiento en cita, para  los alimentos, por ser una  forma  legalmente  establecida  para  regular  un  derecho  patrimonial  de  características semejantes al que aquí se trata.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  407/2006.  4  de  agosto  de  2006.  Mayoría  de  votos.  Disidente:  Sara  Judith Montalvo Trejo. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota:  Esta  tesis  contendió  en  la  contradicción  39/2009  resuelta  por  la  Primera  Sala,  de  la  que derivó la tesis 1a./J. 110/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 212, con el rubro: "DIVORCIO. PARA FIJAR EL MONTO DE LA  INDEMNIZACIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, NO ES  JURÍDICAMENTE VÁLIDO APLICAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE ALIMENTOS."   Novena Época Registro: 174245 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIV, Septiembre de 2006 Materia(s): Civil, Común Tesis: I.7o.C.40 K          Página:  1487  INCIDENTE DE  EXCEPCIÓN DE  PAGO,  TRAMITADO  EN  LA  ETAPA DE  EJECUCIÓN DE  SENTENCIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL FALLO QUE LO RESUELVE EN DEFINITIVA, DADA SU AUTONOMÍA FRENTE A DICHA ETAPA.  De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia sólo son susceptibles de reclamarse  en  amparo  indirecto  hasta  que  se  dicte  la  última  resolución  en  el  procedimiento respectivo;  sin  embargo,  la  hipótesis  en  comento  admite  excepciones,  cuando  los  actos reclamados no tienen por objeto la ejecución inmediata y directa de la sentencia, pues al no ser su objetivo  primordial  el  cumplimiento  del  fallo  definitivo,  esos  actos  adquieren  autonomía  e independencia  respecto  del  procedimiento  de  ejecución.  Así,  la  resolución  que  confirma  la interlocutoria que declara  improcedente el  incidente de excepción de pago, aun cuando se haya tramitado en  la etapa de ejecución, no tiene como finalidad directa e  inmediata cumplimentar  la sentencia definitiva, por el contrario, a través de tal  incidencia  lo que se pretende es  impedir su 

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ejecución por quien estima que ya cumplió con la condena que ahí se le impuso, pues de resultar procedente  la excepción opuesta, se extinguiría dicho procedimiento; de ahí que si  la resolución reclamada  constituye  la  última  resolución  dictada  dentro  de  ese  incidente,  es  obvio  que  se encuentra en un caso de excepción y por tanto, resulta procedente el amparo en su contra.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión (improcedencia) 231/2006. Hugo Francisco Jaime Bravo Malpica. 15 de agosto de  2006. Unanimidad de  votos.  Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García.  Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 131/2008‐PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 53/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  XXX,  julio  de  2009,  página  198,  con  el  rubro:  "EJECUCIÓN  DE SENTENCIA.  LA  INTERLOCUTORIA  FIRME  QUE  DESESTIMA  LA  EXCEPCIÓN  SUSTANCIAL  Y PERENTORIA  QUE  OPONE  EL  EJECUTADO,  CONSTITUYE  UNA  VIOLACIÓN  QUE  DEBE  HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN."   Novena Época Registro: 174843 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Junio de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.70 C Página:  1214  REPOSICIÓN.  PROCEDE  ESTE  RECURSO  CONTRA  LA  RESOLUCIÓN QUE  EN  SEGUNDA  INSTANCIA DESECHA LA APELACIÓN PREVIAMENTE ADMITIDA POR EL MAGISTRADO SEMANERO.  De  conformidad  con  la  fracción  III del  artículo  79 del Código de  Procedimientos Civiles para  el Distrito Federal, los autos definitivos son decisiones que impiden la prosecución del juicio, es decir, la  definitividad  a  que  se  refiere  dicho  precepto  depende  del  efecto  paralizante  que  por  su contenido  tenga  la  decisión  en  el  proceso  y  no  de  la  forma  en  que  la  determinación  se  haya emitido. En esas  condiciones,  la  resolución por  la que el  tribunal de alzada decide desechar un recurso  de  apelación  que  previamente  había  admitido  el  Magistrado  semanero  no  puede considerarse una  sentencia, porque no está  resolviendo el  juicio en  lo principal,  tampoco es un auto  que  pone  fin  al  juicio  y  no  está  decidiendo  un  incidente,  sino  que  se  trata  de  un  auto definitivo, en términos de la citada fracción III del artículo 79 del código adjetivo civil, puesto que impide la prosecución de la apelación y, por ende, del proceso impugnativo. Así, de acuerdo con el artículo 686 del ordenamiento en cita, según el cual, de  todos  los decretos y autos del Tribunal Superior,  aun  de  aquellos  que  dictados  en  primera  instancia  fueran  apelables,  puede  pedirse reposición,  resulta  que  una  resolución  con  las  características  descritas,  es  susceptible  de impugnarse a  través del  recurso de  reposición, en virtud de que  finalmente se  trata de un auto definitivo, por su efecto paralizante en el juicio. Esta consideración encuentra apoyo, incluso, en la 

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jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 45/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  del  rubro:  "REPOSICIÓN.  ES  PROCEDENTE  EN  CONTRA  DE  LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.", porque el segundo párrafo del artículo 1334 del Código de Comercio, que analiza dicha jurisprudencia, es de contenido idéntico al artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  72/2006. Aurelia  Peñaloza Ramírez.  16  de marzo  de  2006. Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota:  La  jurisprudencia 1a./J. 45/2005  citada,  aparece publicada  en  el  Semanario  Judicial de  la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 106.   Novena Época Registro: 175091 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.67 C Página:  1738  ENDOSO EN PROCURACIÓN POR PERSONA MORAL. LA OMISIÓN DEL NOMBRE DE QUIEN FIRMA EN SU REPRESENTACIÓN NO LO  INVALIDA, SIEMPRE Y CUANDO CONSTE EL CARÁCTER O TÍTULO CON EL CUAL LO SUSCRIBIÓ.  La fracción II del artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sólo establece como requisito del endoso:  la  firma del endosante, o de  la persona que suscriba el endoso a su ruego o en  su nombre; por  su parte,  la Corte ha definido que en el endoso efectuado por una persona moral, es necesario asentar el carácter de quien suscribe en nombre de su representada; por lo tanto, basta cumplir tales requisitos para que un endoso de esa naturaleza sea válido. En tal virtud,  la  omisión  del  nombre  y  apellido  de  la  persona  física  que  suscribió  un  endoso  en procuración  en  nombre  de  una  persona moral  no  lo  hace  inválido  pues,  en  primer  lugar,  el firmante no actúa en nombre propio, sino con el carácter con el que lo haga para actuar en el de su representada, que es  la persona moral endosante cuyo nombre se asiente; en segundo  lugar, gramaticalmente  la  firma,  según  la  definición  del Diccionario  de  la  Lengua  Española  de  la Real Academia  Española, puede  contener disyuntivamente el nombre  y  apellido o el  título de quien suscriba,  lo  cual  está  satisfecho  si  consta  a  título  de  qué  suscribió  su  representante,  que  sirve además para advertir la continuidad en los endosos; y, en tercer lugar, la Ley General de Títulos y Operaciones  de  Crédito  dotó  a  los  títulos  de  crédito  de  características  propias  a  efecto  de conferirles  las  mayores  facilidades  de  transmisión,  rapidez  y  ejecutividad  de  las  acciones concedidas al tenedor, para dar mayor agilidad a la circulación de dichos documentos, por lo que en  términos  del  artículo  39  de  la  propia  ley,  el  que  paga  no  está  obligado  a  cerciorarse  de  la 

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autenticidad de los endosos, ni tiene facultad para exigir que ésta se le compruebe, sin que dicho precepto  haga  distinción  alguna,  por  lo  que  quien  paga  no  puede  exigir  que  se  le  acredite  la existencia de  la persona moral endosante ni por mayoría de  razón,  la de quienes actúan en  su nombre.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  24/2006.  Conagra  DBA  KBC  Trading  and  Processing.  23  de  febrero  de  2006. Mayoría de votos. Disidente: Sara  Judith Montalvo Trejo. Ponente:  Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 175086 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.38 K          Página:  1758  FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN CUANDO ÉSTA SE IMPUGNA DE FALSA.  La  ratificación  de  la  firma  que  calza  una  demanda  de  amparo  directo,  por  quien  dice  haberla estampado,  sólo puede  surtir plenos efectos  cuando no es objetada de  falsa, pues  cuando ello sucede,  lo  procedente  es  determinar  si  la  impugnación  es  fundada  o  infundada,  con independencia de su ratificación, ya que de resultar falsa la firma, aquella ratificación perderá toda eficacia  porque  sólo  quien  suscribe  un  documento  puede  ratificarlo;  suponer  lo  contrario, implicaría aceptar como válido el proceder de quien se presenta a ratificar una demanda que no firmó, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, subsanar la omisión de la voluntad de quien no la signó.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  711/2005  (incidente  de  nulidad  de  actuaciones  por  falsedad  de  firma). Ramón Espínola Toraya. 9 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 105/2007‐PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 93/2008, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 476, con el rubro: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A  TRAVÉS DEL  INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON  LA  SENTENCIA DEFINITIVA,  TANTO 

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AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."     

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Novena Época Registro: 175372 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.69 C Página:   978  ARRENDATARIO.  CARECE  DE  LEGITIMACIÓN  PARA  EJERCER  COMO  ACCIÓN  O  EXCEPCIÓN  LA NULIDAD DEL TÍTULO DEL NUEVO PROPIETARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO.  El contrato de arrendamiento es  traslativo de uso, en  los  términos del artículo 2398 del Código Civil para el Distrito Federal, por  lo que el arrendatario sólo puede ejercer una posesión precaria sobre el  inmueble para  retenerlo  temporalmente y ejercer  las acciones personales derivadas de dicho contrato, para defender esa posesión; pero esa circunstancia no lo legitima para hacer valer como acción o excepción la nulidad del título de propiedad del nuevo dueño que se subrogue en los  derechos  del  arrendador,  pues  con  ello  estaría  intentando  una  acción  real  que  no  le corresponde,  ya  que  únicamente  le  ha  sido  otorgado  el  derecho  de  uso,  y  no  el  derecho  de vindicar  la cosa  frente a  terceros; máxime que, en  términos del artículo 2409 del ordenamiento legal  en  cita,  únicamente  debe  verificarse  la  transmisión  de  la  propiedad  para  acreditar  tal subrogación sin que pueda abrirse discusión para probar la certeza y validez de la adquisición.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 120/2006.  Jesús Gaspar Nava Mendoza. 16 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.   Novena Época Registro: 175480 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.36 K Página:  2081  QUEJA  ADMINISTRATIVA.  EL  INFORME  QUE  SE  RINDA  CON  MOTIVO  DE  ELLA,  NO  PUEDE DECLARAR O RECONOCER UN DERECHO A FAVOR DE PERSONA DETERMINADA.  El Pleno de  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, en  la  jurisprudencia P./J. 15/91, del rubro: "QUEJA  ADMINISTRATIVA.  VERSA  SOBRE  IRREGULARIDADES  ATRIBUIDAS  A  FUNCIONARIOS  DEL PODER  JUDICIAL  FEDERAL  Y  NO  SOBRE  CRITERIOS  JURÍDICOS.",  ha  sostenido  que  las  quejas administrativas  sólo  tienen por efecto examinar  las conductas que  revelen  ineptitud manifiesta, mala  fe,  deshonestidad  o  alguna  otra  seria  irregularidad  atribuida  a  los  funcionarios  judiciales, 

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pero no pueden precisar  criterios  jurídicos o  alcances de una  sentencia que,  la mayoría de  las veces, tiene el carácter de ejecutoria. En ese tenor, el informe que con motivo de una queja de esa naturaleza  rinda el o  los servidores a quienes  se atribuya  la conducta anómala,  tampoco puede declarar o reconocer un derecho o en todo caso, una obligación, a favor de determinada persona, porque no se trata de una resolución  jurisdiccional con  imperio que válidamente pueda hacerlo, sino  que  sólo  está  encaminado  a  desvirtuar  la  responsabilidad  administrativa  que  se  haya imputado al o a los funcionarios.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 419/2005. 31 de enero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota:  La  jurisprudencia  P./J.  15/91  citada,  aparece  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 26.   Novena Época Registro: 175465 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.65 C Página:  2096  REMATE.  GOZAN  DE  AUTONOMÍA  Y  POR  TANTO,  SON  IMPUGNABLES  A  TRAVÉS  DE  AMPARO INDIRECTO, LOS ACTOS QUE SE DICTEN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE.  Conforme al último párrafo, de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; sin embargo, dicha regla carece de aplicación, cuando lo que se reclama es un acto dictado con posterioridad a  la aprobación o desaprobación de aquél, pues es claro que para ese entonces, el procedimiento respectivo quedó totalmente culminado y ya no es posible esperar el dictado de  la última  resolución, por  tanto, el acto  tildado de  inconstitucional adquiere autonomía frente a la ejecución, lo que hace procedente en su contra el juicio de amparo indirecto, si en su contra se agotó el principio de definitividad.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 442/2005. Myrna Elizabeth Olivera Negrete. 25 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 176049 

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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.33 K          Página:  1767  ACTOS  CONSUMADOS.  LA  MANIFESTACIÓN  QUE  EN  ESTE  SENTIDO  HAGA  LA  AUTORIDAD RESPONSABLE,  DEBE  PROBARSE  AUNQUE  SEA  PRESUNTIVAMENTE,  PARA  QUE  RESULTE IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN.  Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido diversos criterios en el sentido de que el  informe previo goza de presunción de veracidad, tal regla admite excepciones. Una de ellas se presenta cuando la autoridad que rinde el informe previo señala que los actos reclamados se han consumado, porque en esos casos, dado que conforme a la jurisprudencia número 12, de la Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,  del  rubro:  "ACTOS  CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.", la consumación de los actos hace improcedente la suspensión, es indispensable  que  la  autoridad  responsable  robustezca  su  manifestación  aunque  sea  con elementos indiciarios de prueba, a fin de que la resolución de la suspensión que se dicte no cause perjuicio al peticionario de garantías. Tal exigencia adquiere  justificación en el artículo 132 de  la Ley  de  Amparo,  que  dispone  que  el  informe  previo  debe  expresar  en  todo  caso,  las  razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, así como en el hecho de que dejar  al  quejoso  la  carga  de  desvirtuar  dicho  informe,  implicaría  obligarlo  a  demostrar  hechos negativos, en contravención a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; máxime que para exigir tal cuestión tendría invariablemente que darse  vista  con  el  informe,  lo  que  no  siempre  es  posible  dada  la  inmediatez  con  que  debe resolverse la suspensión en definitiva.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Incidente  de  suspensión  (revisión)  409/2005. Donaciano Bobadilla García.  5  de  enero  de  2006. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota:  La  jurisprudencia 12  citada, aparece publicada en el Apéndice al Semanario  Judicial de  la Federación 1917‐2000, Tomo VI, Materia Común, página 13.   Novena Época Registro: 175935 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.62 C          

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Página:  1813  FIDEICOMISO BANCARIO.  SÓLO  EL  PERSONAL QUE REALIZA  LAS OPERACIONES DE  ÉSTE,  PUEDE REPRESENTARLO EN JUICIO.  Del contenido del artículo 82 de  la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que el personal que  las  instituciones  de  crédito  utilicen  directa  o  exclusivamente  para  la  realización  de fideicomisos  no  formará  parte  del  que  corresponde  a  la  institución  de  crédito,  sino  que  se considerarán al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Así, si una persona física comparece a juicio en representación de una  institución de banca múltiple y  lo hace en ejercicio de un poder general para pleitos y cobranzas que le fue conferido por la asamblea ordinaria de accionistas de dicha  institución, es patente que por disposición de  la  ley, no puede  formar parte del personal empleado para la realización de los fideicomisos y, por tanto, tampoco puede ser designado por el delegado  fiduciario del  fideicomiso en cuestión para que  lo  represente pues, de  lo contrario, se transgredería  el  precepto  citado,  lo  que  causaría  que  la  institución  bancaria  correspondiente respondiera civilmente por los daños y perjuicios que se causaran por la falta de cumplimiento en las  condiciones  señaladas  por  la  ley,  según  lo  dispuesto  en  la  segunda  parte  del mencionado artículo 82, en relación con el segundo párrafo del artículo 80 de ese mismo ordenamiento.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  750/2005. HSBC México,  S.A.,  Institución  de  Banca Múltiple, Grupo  Financiero HSBC.  8  de  diciembre  de  2005.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 128/2006‐PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 12/2007, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena  Época,  Tomo  XXV,  abril  de  2007,  página  95,  con  el  rubro:  "FIDUCIARIA.  ES  LA ÚNICA  LEGITIMADA  PARA  ACUDIR  A  JUICIO,  A  TRAVÉS  DE  SUS  DELEGADOS,  CUANDO  EL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO ESTÁ COMPROMETIDO EN UN ASUNTO LITIGIOSO."   Novena Época Registro: 175934 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.63 C Página:  1814  FIDEICOMISO, CRÉDITO HIPOTECARIO AFECTADO EN. QUIEN DEBE RECLAMAR SU VENCIMIENTO ANTICIPADO ES LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, POR CONDUCTO DE SU DELEGADO FIDUCIARIO.  Si bien es cierto que conforme al artículo 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones de banca múltiple pueden realizar operaciones de fideicomiso, así como mandatos y 

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comisiones inherentes a esas operaciones, también lo es que el artículo 80 de la misma ley precisa que  las  instituciones bancarias desempeñarán  su cometido y ejercitarán  las  facultades a que  se refiere  el  primero  de  los  preceptos  invocados,  a  través  de  sus  delegados  fiduciarios.  La interpretación  armónica  de  ambas  disposiciones  lleva  a  concluir  que  cuando  se  intenta  el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, que por virtud de un convenio modificatorio resultó afectado a un fideicomiso determinado a cargo de  la propia institución bancaria; quien tiene la legitimación activa en la causa para acudir a deducir tal derecho, es  la  fiduciaria a  través de su delegado  fiduciario, suponer  lo contrario, esto es, que  la institución de banca múltiple acreditante, como tal, puede ejercer  la acción, contrariaría no sólo los dispositivos citados, sino también al artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que dispone que la fiduciaria es quien tiene a su cargo el ejercicio de todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  750/2005. HSBC México,  S.A.,  Institución  de  Banca Múltiple, Grupo  Financiero HSBC.  8  de  diciembre  de  2005.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 175925 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.64 C Página:  1821  HEREDAD. CONFORME AL ARTÍCULO 846 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DICHO VOCABLO COMPRENDE TANTO PREDIOS RÚSTICOS COMO URBANOS.  Conforme al Diccionario de la Lengua Española, el término "heredad" significa "porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño. Hacienda de campo, bienes raíces o posesiones.". Así, si el artículo 846 del Código Civil para el Distrito Federal se refiere a  la "heredad ajena", no cabe duda de que el legislador empleó la primera de esas palabras en sus dos últimas acepciones, para aplicarse de manera  indistinta, tanto a predios rústicos, como a urbanos. En esas condiciones,  la hipótesis normativa contenida en el precepto mencionado, no se limita sólo a terrenos cultivados o de campo, sino que en términos generales, implica la prohibición de plantar árboles cerca de un bien raíz o posesión ajena de cualquier naturaleza, si no se hace conforme a  lo dispuesto en ese artículo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 862/2005. Mario Arenas Somera y otras. 19 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.  

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 Novena Época Registro: 175815 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.32 K Página:  1893  RECLAMACIÓN.  EN  CONTRA  DE  LA  SENTENCIA  QUE  LA  RESUELVE,  ES  IMPROCEDENTE  LA PROMOCIÓN DE OTRO RECURSO.  El artículo 103 de la Ley de Amparo y los diversos 83 y 95 de dicho ordenamiento, no prevén que contra  la resolución que resuelve el recurso de reclamación se pueda  interponer recurso alguno, además, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de  la Federación tampoco contempla hipótesis distinta a la expuesta, por tanto, debe concluirse que las sentencias que resuelven tales recursos son  irrecurribles. Suponer  lo contrario provocaría una cadena  interminable de  recursos que impediría la firmeza de las resoluciones emitidas en primer lugar y habría la posibilidad de que nunca se dictara la determinación final del medio de defensa impugnado. En esas condiciones, de conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  356,  fracción  I  y  357  del  Código  Federal  de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la determinación que resuelve una reclamación adquiere el carácter de definitiva y posee  la calidad de cosa  juzgada, por tanto, cualquier recurso impuesto en contra resulta improcedente.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Reclamación  1/2006.  Ramón  Espínola  Toraya.  10  de  enero  de  2006.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 176756 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXII, Noviembre de 2005 Materia(s): Civil, Común Tesis: I.7o.C.30 K Página:   839  AMPARO  INDIRECTO.  PROCEDENCIA  DEL.  EXCEPCIÓN  A  LA  HIPÓTESIS  QUE  CONTEMPLA  EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE REQUIERE A UNA SOCIEDAD DE SEGUROS QUE CONSTITUYA UNA RESERVA TÉCNICA POR UN MONTO DETERMINADO.  Si bien conforme al artículo 73, fracción XVIII, en relación al 114, fracción  III, ambos de  la Ley de Amparo, el  juicio de garantías es  improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, 

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en  el  caso  particular  del  requerimiento  a  una  sociedad  de  seguros,  para  que  constituya  una reserva  técnica por un monto determinado,  esto  es un  acto de  imposible  reparación que hace procedente el juicio de amparo indirecto, porque significa que no va a poder disponer de esa parte de  su  patrimonio  con  las  consecuencias  inherentes  a  ello,  como  puede  ser  que  no  pueda invertirlos para obtener ganancias que  sirvan para  responder a  sus diversos asegurados,  lo que sería  imposible  restituir  aun  cuando  al  concluir  el  procedimiento  de  ejecución  de  sentencia  se promoviera  la  demanda  de  amparo  indirecto  y  se  ordenara  reparar  alguna  violación  cometida durante el mismo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo en revisión 316/2005. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 29 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Carlos Manríquez García.   Novena Época Registro: 177437 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.29 K Página:  2038  SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE (ALCANCE INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO).  La  tesis  de  jurisprudencia  de  rubro:  "SUPLENCIA  DE  LA  QUEJA  DEFICIENTE.  DEBE  HACERSE  A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES  ILIMITADA.", emitida por  la Primera Sala de  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, en donde se establece que la suplencia de la deficiencia de la queja sólo procede a partir de lo expresado en los conceptos de violación o, en su caso, en los agravios, de manera que sin la existencia de un mínimo razonamiento expresado en  la demanda, esto es, sin  la elemental causa de pedir, el Tribunal de Control Constitucional no se encuentra en aptitud de  resolver si el acto reclamado es o no violatorio de garantías, debe entenderse en el sentido de que en los casos que el tema verse sobre la inconstitucionalidad de algún precepto, debe contener el concepto o, en su caso,  el  agravio,  un mínimo  razonamiento  para  poder  suplir  la  queja.  Sin  embargo,  cuando  se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, acorde con lo que establece el artículo 76 bis, fracción VI, de  la  Ley de Amparo,  cuya  interpretación  y  alcance  fue determinada por el propio Pleno de  la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, al emitir  la tesis de  jurisprudencia por contradicción, de rubro:  "SUPLENCIA  DE  LA  DEFICIENCIA  DE  LA  QUEJA  EN  LAS MATERIAS  CIVIL,   MERCANTIL  Y ADMINISTRATIVA.  PROCEDE  RESPECTO  DE  LA  FALTA  O  DEL  ILEGAL  EMPLAZAMIENTO  DEL DEMANDADO  AL  JUICIO  NATURAL.",  cuya  interpretación  no  ha  sido  superada,  dado  el  orden jerárquico de ambos órganos jurisdiccionales, en esos casos es procedente tal suplencia.  

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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 432/2005. Antonio de  Jesús Camacho Serna. 7 de  julio de 2005. Unanimidad de votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  Rocío  del  Carmen  Sánchez Benítez.   Nota: Las  tesis de  jurisprudencia citadas, aparecen publicadas con  los números 1a./J. 35/2005 y P./J. 149/2000, en el Semanario  Judicial de  la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 686 y Tomo XII, diciembre de 2000, página 22, respectivamente.   Novena Época Registro: 179406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXI, Febrero de 2005 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C.28 K Página:  1621  ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LO CONSTITUYE  EL  DESAHOGO  DE  LA  PRUEBA  PERICIAL  EN  MATERIA  DE  INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA QUE DEBA DESARROLLARSE EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO, HACIENDO "CALAS" Y "TESTIGOS".  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Pacto Federal, en relación con la fracción IV del  artículo  114  de  la  Ley  de  Amparo,  el  juicio  constitucional  en  la  vía  biinstancial  resulta procedente  cuando  lo  que  se  reclama  es  el  desahogo  de  la  prueba  pericial  en  materia  de ingeniería  y  arquitectura  ofrecida  por  el  tercero  perjudicado,  que  deba  llevarse  a  cabo  en  el domicilio del quejoso y en la que deban realizarse "calas" y "testigos", porque ello evidentemente constituye  un  acto  en  el  juicio  que  tiene  sobre  el  peticionario  de  garantías  una  ejecución  de imposible  reparación, ya que a  través del proveído  reclamado, se  le obliga no sólo a permitir el acceso al interior de su casa a personas extrañas (perito de la parte contraria y sus auxiliares), con la consecuencia de que se afecten sus derechos a la privacidad, intimidad y tranquilidad del hogar sino  que,  además,  el  peticionario  del  amparo  resentirá  los  daños  ("calas"  y  "testigos")  que  se causen  al  inmueble  de  su  propiedad  con motivo  del  desahogo  de  la  prueba  de mérito,  lo  que implica  actos  de molestia  en  derechos  sustantivos  del  gobernado,  como  lo  son  el  derecho  de propiedad  y  la  inviolabilidad  del  domicilio,  que  se  encuentran  protegidos  por  el  precepto constitucional invocado.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  (improcedencia)  501/2004.  Emma Alamilla Martínez  y  otra.  7  de  enero  de 2005.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  Alicia Ramírez Ricárdez.  

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 Novena Época Registro: 180031 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XX, Noviembre de 2004 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.57 C          Página:  2051  VIOLACIONES  PROCESALES  EN  MATERIA  MERCANTIL.  DEBE  AGOTARSE  EL  PRINCIPIO  DE DEFINITIVIDAD, AUN EN AQUELLAS COMETIDAS EN SEGUNDA INSTANCIA.  En  tratándose de  violaciones procesales, el principio de definitividad que prevé el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 161 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria e impone al quejoso el deber de cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa que estén a su alcance para revocar, modificar o nulificar la violación reclamada antes de acudir a los tribunales federales. Ahora bien,  tal principio debe  regir de  igual manera en aquellas violaciones que  se cometan en segunda  instancia,  respecto  de  las  que,  en  negocios  de  naturaleza mercantil,  debe  agotarse  el recurso de reposición que dispone el artículo 1334 del Código de Comercio, conforme a su texto vigente a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de  la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis o, en su caso, el de revocación, que preveía dicho artículo antes de  las  indicadas reformas, aun cuando ya se hayan formulado  los agravios en contra de  la sentencia definitiva de primer grado, pues ello no es obstáculo para la interposición del recurso de mérito y, por el contrario, de no  impugnarse oportunamente  la violación no se cumpliría con el principio  de  definitividad,  lo  que  impediría  su  estudio  en  el  juicio  de  amparo  uniinstancial,  de conformidad con la disposición constitucional citada.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 608/2004. Alfredo Ortega Rivera. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Nota:  Por  ejecutoria  de  fecha  2  de  febrero  de  2005,  la  Primera  Sala  declaró  inexistente  la contradicción de tesis 131/2004‐PS en que participó el presente criterio.   Novena Época Registro: 180381 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XX, Octubre de 2004 Materia(s): Civil, Común Tesis: I.7o.C.54 C 

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Página:  2322  CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE FUERON MATERIA DE UN DIVERSO AMPARO. CUÁNDO NO SON INOPERANTES.  Por  regla  general,  los  conceptos de  violación que  fueron materia de un diverso  fallo protector resultan  inoperantes  en  el  nuevo  juicio  constitucional  que  se  plantee  contra  el  acto  que  en cumplimiento a aquella ejecutoria se dicte, sin embargo, dicha regla no opera cuando en materia familiar  se  deja  a  la  autoridad  responsable  en  plenitud  de  jurisdicción  para  que  resuelva  lo conducente y ésta sustenta el acto de molestia en  los mismos razonamientos en que se fundó el acto por virtud del cual se le concedió el amparo a la parte quejosa, porque ello obliga al Tribunal Colegiado que conozca del asunto a analizar de nueva cuenta  los motivos de queja que se hagan valer  en  su  contra,  con  independencia de  que  ya  se haya pronunciado  al  respecto, pues de  lo contrario se dejaría al peticionario de garantías en estado de  indefensión  frente a  las reiteradas consideraciones  de  la  responsable,  que  ya  no  podrían  ser  combatidas;  amén  de  que,  en  esos casos, procede suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con la fracción V del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  448/2004.  26  de  agosto  de  2004.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 180421 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XX, Septiembre de 2004 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.55 C Página:  1902  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR. CUÁNDO NO EXISTE APLICACIÓN RETROACTIVA DE  LA  FRACCIÓN  III DEL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA DECRETAR LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR ESA CAUSA.  No puede alegarse aplicación retroactiva de la fracción III del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del primero de junio de dos mil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones del cuerpo  legal en cuestión, publicado en  la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco  de mayo  de  ese mismo  año,  que  prevé  la  posibilidad  de  que  se  pierda  la  patria potestad por resolución  judicial, en caso de violencia  familiar en contra del menor, siempre que ésta  constituya  causa  suficiente para ello,  cuando  la violencia  familiar generada por uno de  los progenitores hacia un menor haya iniciado con antelación a la entrada en vigor de dicha reforma, si el estado de violencia a que ha estado sujeto el menor se continúa dando aun después de esa fecha  y  su pérdida  se  reclama  también  en  fecha posterior  a  ella, pues  es  evidente que  en  esa 

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circunstancia, los componentes del supuesto jurídico (violencia familiar) se han estado ejecutando incluso  durante  el  ámbito  temporal  de  vigencia  de  la  disposición  en  cita,  lo  que  hace  que  se actualice  la hipótesis normativa ahí contenida, porque son  los actos o supuestos que se generen bajo el imperio de la ley actual los que rigen la aplicación del derecho.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  448/2004.  26  de  agosto  de  2004.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.   Novena Época Registro: 180420 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XX, Septiembre de 2004 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.53 C Página:  1903  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR.  INTERPRETACIÓN  DEL  ARTÍCULO  323  QUÁTER  DEL  CÓDIGO  CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  La  interpretación del artículo 323 quáter del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del primero junio de dos mil, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto por el  que  se  derogan,  adicionan  y  reforman  diversas  disposiciones  del  citado  ordenamiento, publicado en  la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de mayo de ese mismo año, que establece que "por violencia familiar se considerará el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a  cabo  y  que  pueda  producir  o  no  lesiones.",  no  debe  limitarse  a  conceptuar  como  tal  sólo aquellos hechos a través de los cuales se materializan las agresiones físicas o verbales hacia uno o varios miembros de la familia, pues la intención del legislador al referirse al uso de la fuerza moral o a  la omisión grave que  se ejerza  sobre uno de ellos, propone una connotación más profunda sobre el tema, que válidamente lleva a concluir que la violencia familiar es todo un estado de vida constituido por un continuo sometimiento, dominio, control o agresión física, verbal, emocional o sexual dirigido por un miembro de  la  familia  a otro u otros,  a  través de  actos  concatenados  y sucesivos que se van dando en el seno familiar y que con el transcurso del tiempo van mermando tanto  la salud física como mental del o de  los receptores de esos actos, que si bien tiene puntos álgidos durante su desarrollo (hechos agresivos), no son únicamente esos actos los que ocasionan afectación, sino también el ambiente hostil y de inseguridad que ellos provocan, lo que lesiona la psique de los sometidos, cuya integridad también está protegida por el precepto legal en cita.  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo  directo  448/2004.  26  de  agosto  de  2004.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez. 

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  Novena Época Registro: 194772 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  IX, Enero de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: XXII.1o.26 A         Página:   836  CIUDAD DE QUERÉTARO, CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE LA.  El  término  "ciudad",  a  que  alude  el  artículo  35  de  la  Ley  del  Tribunal  de  lo  Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para  los efectos de  la presentación de  la demanda de nulidad, conforme al numeral 48 del Código Urbano para la entidad federativa antes mencionada y la declaratoria del Ayuntamiento de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga",  el  veinte  de  febrero  de  mil  novecientos  noventa  y  dos,  debe  entenderse  como  el territorio que se compone de una zona urbana, que se ubica en el centro del Municipio, así como por un centro de población, que encuentra sus  límites más allá de  la zona urbana donde existen asentamientos humanos, que también corresponde a esta ciudad y por una zona conurbada, que es el punto de  intersección de  la  línea  fronteriza  entre  los Municipios que  resulten de unir  los centros de población correspondientes, que queda conformada por  la totalidad del Municipio de Querétaro  y  los  centros  de  población  de  los  Municipios  de  Villa  Corregidora,  el  Marqués  y Huimilpan,  que  por  sus  características  forman  o  tienden  a  formar  una  unidad  geográfica, económica y social.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 901/98. Salvador Pérez Guzmán. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Elías Valdez Salvador.   Novena Época Registro: 194724 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  IX, Enero de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: XXII.1o.28 A         Página:   918  SENTENCIA QUE ORDENA  LA SUBASTA PÚBLICA DE DERECHOS AGRARIOS ENTRE EJIDATARIOS Y AVECINDADOS, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL EJIDO.  

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Una  interpretación  armónica  de  los  artículos  18  y  19  de  la  Ley  Agraria,  llevan  a  concluir  que cuando  se deban vender  los derechos  correspondientes de un ejidatario, en  subasta pública, al mejor postor, ya sea que se trate de herederos que no se hayan puesto de acuerdo o bien, que no existan  sucesores,  dicha  venta  en  subasta  pública,  debe  efectuarse  entre  los  ejidatarios  y avecindados del núcleo de población ejidal de que se trate, por tanto, el ejido no es privado de la propiedad de esos derechos, por  lo que el acto reclamado no tiene, ni puede tener como efecto privarlo de  la propiedad, posesión o disfrute de  sus derechos agrarios, precisamente porque  la subasta se debe efectuar sólo entre ejidatarios y avecindados del mismo y conforme al artículo 9o. de  la Ley Agraria,  los ejidos son propietarios de  las tierras que  les han sido dotadas o de  las que hubieren adquirido por  cualquier otro  título. En  tales  condiciones,  si  la  sentencia  reclamada no afecta  los derechos y el régimen  jurídico del núcleo de población ejidal, es evidente que tal acto reclamado  no  afecta  el  interés  jurídico  del  ejido  para  promover  amparo,  motivo  por  el  que procede  decretar  el  sobreseimiento  en  el  juicio  de  garantías,  al  actualizarse  la  causa  de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  440/98.  Comisariado  Ejidal  de  Mompani,  Municipio  de  Querétaro.  3  de diciembre  de  1998.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 195347 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  VIII, Octubre de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: XXII.1o.25 A         Página:  1134  DERECHO DE PETICIÓN. AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).  Si  bien  los  artículos  36  y  37  del  Código  de  Procedimientos  Penales  para  el  Estado  de Hidalgo, otorgan al indiciado y a su defensor el derecho de que se les faciliten todos los datos que soliciten y  consten  en  la  averiguación,  pudiendo  consultar  el  expediente  e  incluso  obtener  las  copias  y certificaciones que soliciten sobre constancias que obren en el mismo; y que no existe disposición que  obligue  al Ministerio  Público  a  notificar  al  indiciado  y  a  su  defensor  de  las  actuaciones practicadas en una  indagatoria,  también  lo es que cuando  se ejercita el derecho de petición,  la autoridad debe satisfacer  los  requisitos exigidos por el artículo 8o. de  la Constitución Federal, a saber: a) Acreditar que se dio respuesta por escrito  a la petición formulada; y, b) Demostrar que se  hizo  del  conocimiento  del  peticionario  la  respuesta.  Por  tanto,  de  no  satisfacerse  ambos requisitos, no obstante que se trate de actuaciones practicadas en una averiguación previa, resulta evidente  la violación a  la garantía del derecho de petición, ya que el artículo que  la consagra no hace  distingo  respecto  a  la  naturaleza  del  acto.  Además,  se  trata  del  ejercicio  del  derecho  de petición y no del reclamo de  la omisión de notificar al  indiciado y a su defensor de todas y cada una de  las actuaciones practicadas en  la  indagatoria, ya que se trata de supuestos de naturaleza 

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distinta.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo en revisión 278/98. Adiss Arriaga Juárez. 10 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 196397 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  VII, Mayo de 1998 Materia(s): Laboral Tesis: XXII.1o.11 L         Página:  1078  SINDICATOS,  PARA  EL  REGISTRO  DE  LOS,  DEBE  ACREDITARSE  FEHACIENTEMENTE  EL  VÍNCULO LABORAL  CON  LA  FUENTE  DE  TRABAJO  (ARTÍCULO  66  DE  LA  LEY  DE  LOS  TRABAJADORES  AL SERVICIO  DE  LOS  GOBIERNOS  ESTATAL  Y  MUNICIPALES,  ASÍ  COMO  DE  LOS  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE HIDALGO).  De una correcta interpretación del artículo 66, en relación con los diversos 7o. y 62 de la Ley de los Trabajadores  al  Servicio  de  los  Gobiernos  Estatal  y Municipales,  así  como  de  los  Organismos Descentralizados  del  Estado  de  Hidalgo,  se  infiere  que  para  el  registro  de  un  sindicato  de trabajadores al servicio de los gobiernos estatal, municipales o de los organismos descentralizados de esa entidad federativa, se requiere, entre otros requisitos, acreditar fehacientemente el vínculo laboral con la fuente de trabajo, esto es, que los trabajadores agremiados presten sus servicios en virtud  de  nombramiento  expedido  por  el  funcionario  facultado  para  ello,  o  bien  que  estén incluidos en  las  listas de  raya de  trabajadores eventuales, para obra determinada o por  tiempo fijo.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.   Amparo en  revisión 68/98. Sindicato del Ayuntamiento de Zacualtipan, Hidalgo. 19 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo en revisión 65/98. Sindicato Único de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.  12  de marzo  de  1998. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   

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Amparo en revisión 360/97. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital. 19 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretaria: Leticia Morales García.   Novena Época Registro: 199283 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  V, Febrero de 1997 Materia(s): Administrativa Tesis: XXII.23 A Página:   717  CONCUBINAS, CONCURRENCIA DE, EN EL JUICIO AGRARIO SUCESORIO.  Cuando concurren a un juicio agrario sucesorio dos personas, ostentándose como concubinas del ejidatario  titular  de  derechos  agrarios,  a  efecto  de  transmitir  esos  derechos,  debe  preferirse  a aquella que acredite que hizo vida en común con el de cujus, como si fueran cónyuges, durante los últimos  cinco  años  que  precedieron  inmediatamente  a  su  muerte,  así  como  su  dependencia económica; pero no así a  la que demostró que hizo vida en común con el ejidatario tiempo atrás aunque hubiere procreado hijos con él, porque esa situación de hecho fue anterior a  los últimos cinco años que precedieron al fallecimiento del titular de los derechos agrarios.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  directo  922/96.  Sofía  Reséndiz  Morales.  30  enero  de  1997.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 200942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  IV, Noviembre de 1996 Materia(s): Laboral Tesis: XXII.8 L Página:   457  LAUDO, AUDIENCIA DE DISCUSION Y VOTACION DEL. FORMALIDADES.  Conforme a  lo ordenado en  la  fracción  III del artículo 620 de  la Ley Federal del Trabajo, para  la audiencia de discusión y  votación del  laudo,  resulta necesaria  la presencia del presidente de  la Junta, y de cuando menos el cincuenta por ciento de  los representantes de  los trabajadores y de los patrones; de tal suerte que, si del acta respectiva, no aparece que se hubieran observado tales formalidades, por no reunirse cuando menos el cincuenta por ciento requerido por el precepto en 

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cita, ya sea de los representantes de los trabajadores o de los patrones, es de considerarse que no se celebró tal audiencia, y como ello constituye una formalidad esencial del procedimiento, cuya omisión produce  indefensión  a  la parte quejosa, porque es en ella donde  los  integrantes de  la Junta expresan el fundamento de la resolución correspondiente, debe concederse el amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento y se cumpla con el numeral en cita.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  directo  699/96.  Caja  Popular Huichapan,  A.C.  17  de  octubre  de  1996. Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 201158 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  IV, Octubre de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XXII.25 C Página:   536  EMPLAZAMIENTO  POR  EXHORTO  EN  MATERIA  MERCANTIL.  APLICACION  DE  LAS  NORMAS  DE DERECHO COMUN DEL LUGAR EN QUE SE REALIZA.  En  el  emplazamiento  ordenado  en  un  juicio  ejecutivo mercantil, mediante  exhorto,  que  debe diligenciar un  Juez común de diverso Estado al en que se substancia el  juicio, el  Juez exhortado debe observar  las normas del derecho  local de  su entidad  federativa, ya que no está  facultado para ceñir sus actos a las disposiciones relativas a otra legislación, de acuerdo con el principio de soberanía  estatal  previsto  por  la  fracción  I,  del  artículo  121,  de  la  Constitución  General  de  la República.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo en revisión 396/96. Leonel Manzano Rodríguez. 19 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 201930 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  IV, Julio de 1996 Materia(s): Administrativa Tesis: XXII.17 A            Página:   422  

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REVISION,  RECURSO DE.  EL  TRIBUNAL UNITARIO  AGRARIO  TIENE  FACULTADES  EXPRESAS  PARA DECIDIR SOBRE LA ADMISION O DESECHAMIENTO DEL.  El artículo 200 de  la Ley Agraria establece en  forma clara y precisa  la  forma y  términos en que debe tramitarse, por parte del Tribunal Unitario Agrario, el recurso de revisión a que se refiere el numeral  198  de  ese mismo  ordenamiento  legal, motivo  por  el  que  resulta  innecesario  aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y además, porque el precepto y Ley en  consulta,  establecen  como  presupuesto  fundamental  para  la  procedencia  del  recurso  de revisión, que éste se refiera a cualquiera de los supuestos del numeral 198 de dicha Ley y que sea presentado en tiempo, de ahí que se estime que el Tribunal Unitario Agrario, sí tiene  facultades expresas para decidir sobre la admisión o el desechamiento del recurso de revisión.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo en revisión 166/96. Juan Germán Caltzonzin González. 6 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Véase: Semanario  Judicial de  la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997,  página  257,  tesis  por  contradicción  2a./J.  41/97  de  rubro  "RECURSO  DE  REVISIÓN  EN MATERIA  AGRARIA.  EL  TRIBUNAL  SUPERIOR  AGRARIO  ES  LA  AUTORIDAD  FACULTADA  PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA.".   Novena Época Registro: 202048 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Junio de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XXII.22 C            Página:   811  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y COBRO DE PENA CONVENCIONAL.  La acción de cumplimiento del contrato y la de cobro de pena convencional estipulada en materia mercantil, pueden deducirse simultáneamente, dado que, como el texto del artículo 88 del Código de  Comercio  es  incompleto,  lo  cual  significa  que  en  dicho  ordenamiento  hay  una  laguna,  en consecuencia,  es  procedente  subsanarla mediante  la  aplicación  supletoria  del  derecho  común, conforme a  los numerales 2o. y 81 de dicho Código,  siendo aplicable en  la especie, el precepto 1846 del Código Civil  Federal  y, por  tanto, es de  concluirse que no es  incorrecta  la  admisión  y tramitación de una demanda en que  se ejercitan  conjuntamente  la acción de  cumplimiento del contrato y la de pago de la pena convencional y, por ende, tampoco la condena correspondiente.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  

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Amparo directo 283/96. Gilberto  Sánchez Cázarez. 23 de mayo de 1996. Unanimidad de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 128/2007‐PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 29/2008, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  XXVIII,  julio  de  2008,  página  236,  con  el  rubro:  "CONTRATOS MERCANTILES. EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ELLOS, ES APLICABLE EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y NO EL 1846 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA MATERIA."   Novena Época Registro: 202206 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Junio de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XXII.23 C            Página:   919  PRUEBAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. PERFECCIONAMIENTO DE LAS.  De  una  armónica  interpretación  de  los  artículos  1201  y  1386  del  Código  de  Comercio,  puede concluirse que el primero de los citados numerales, no impide el que puedan complementarse las pruebas ofrecidas en  tiempo y que no  se hayan perfeccionado por causas  independientes de  la voluntad de  la parte que  las propuso,  aun  y  cuando para  ello no  sea de dictarse  la  resolución fundada de que habla el aludido precepto 1201; pues debe tenerse en cuenta que éste sólo tiene el objeto de procurar la mayor brevedad en los negocios mercantiles, pero no veda o impide que se perfeccione una prueba que, ofrecida durante el término, no haya podido recibirse sin causa del solicitante de ella, a más de que esta interpretación satisface un fin de justicia.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 283/96. Gilberto  Sánchez Cázarez. 23 de mayo de 1996. Unanimidad de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Novena Época Registro: 202378 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Mayo de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XXII.16 C            Página:   605 

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 COMPRAVENTA DE INMUEBLES. ES IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO DE EXIGIR EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA RESPECTIVA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO).  En  tanto  exista  el  derecho  de  propiedad  derivado  de  una  compraventa,  se  entiende  que  debe subsistir también el derecho de reclamar el otorgamiento de la escritura correspondiente, derecho que  se  considera  accesorio  por  ser  potestativo  y  extinguible  con  el  derecho  principal  del  cual emana; y si bien el derecho de escriturar se pudiera perder al perderse el derecho de propiedad correspondiente, esto  sólo  sería posible por  la prescripción positiva  (usucapión), pero no por  la prescripción negativa, esto es, como consecuencia de la falta de ejercicio del derecho de pedir su cumplimiento, por lo que éste y otros derechos se pueden entender como un caso de excepción a la regla establecida en el artículo 1234 del Código Civil para el Estado de Hidalgo que señala que fuera de  los  casos de  excepción,  se necesitará un  lapso de diez  años  contados desde  que una obligación  pueda  exigirse,  para  que  se  extinga  el  derecho  de  pedir  su  cumplimiento.  En  su generalidad  absoluta,  el  contenido  de  la  disposición  legal  invocada  podría  comprender  la prescripción negativa de todos los derechos, por su inactividad procesal, durante el plazo de diez años,  sin embargo, el derecho de exigir el otorgamiento de  la escritura de  compraventa de un inmueble es imprescriptible.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 113/96. Delfina Islas Baños. 28 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte‐1, Enero a Junio de  1988,  página  178,  tesis  de  rubro  "COMPRAVENTA  DE  INMUEBLES.  ES  IMPRESCRIPTIBLE  EL DERECHO DE EXIGIR EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA RESPECTIVA.".   Novena Época Registro: 202488 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Mayo de 1996 Materia(s): Administrativa Tesis: XXII.16 A Página:   682  PRUEBAS  EN  EL  PROCEDIMIENTO  AGRARIO,  POR  REGLA  GENERAL,  DEBEN  OFRECERSE  Y DESAHOGARSE EN LA AUDIENCIA DE LEY.  El artículo 185 de  la Ley Agraria obliga a  las partes a ofrecer, presentar y desahogar  las pruebas que  estimen  convenientes  en  la  audiencia de  ley,  por  lo que,  por  regla  general,  los  Tribunales Agrarios no están obligados para  señalar diversa  fecha a efecto de que  se presenten  testigos o peritos; ello no obstante que los artículos 186 y 187 de la Ley en consulta den a dichos Tribunales potestad  para  que,  en  cualquier  momento,  practiquen,  amplíen  o  perfeccionen  cualquier 

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diligencia probatoria,  incluso  citando a  testigos o girando oficios a  las autoridades, entre otras, siempre  y  cuando  lo  estimen  conveniente  para  el  conocimiento  de  la  verdad  sobre  los puntos cuestionados, dado que, se trata de una facultad exclusiva de  los Tribunales Agrarios para mejor proveer, pero no para practicar pruebas respecto de las cuales las partes tienen la carga procesal de ofrecerlas y desahogarlas en audiencia de  ley, excepto por  lo que hace a  las pruebas que, por su  propia  naturaleza,  pueden  ser  ofrecidas  y  desahogadas  en  cualquier  momento  del procedimiento agrario o bien, por existir una causa suficiente que justifique su desahogo en fecha distinta a la celebración de la mencionada audiencia.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  directo  164/96.  José Melquiades  Calva Martínez.  18  de  abril  de  1996. Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 202693 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Abril de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XXII.15 C Página:   413  LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA, DERIVA DE LA CAPACIDAD DE ACTUAR EN  JUICIO Y NO DE LA CIRCUNSTANCIA DE FIRMAR LAS COPIAS DE TRASLADO.  Si  la  legitimación procesal deriva de  las normas que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso mercantil, por  lo mismo,  los sujetos  legitimados activamente son aquellos que en dicho proceso  pueden  asumir  la  figura  de  actores,  como  titulares  del  derecho  de  contradicción. Legitimación  activa que no emana del hecho de  firmar  las  copias de  traslado, dado que, dicho requisito  no  se  dispone  en  el  artículo  1061  del  Código  de  Comercio,  sino,  en  todo  caso,  de  la capacidad de actuar en un juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado, como por su  legítimo  representante  o  por  quien  puede  hacerlo  como  substituto  procesal;  capacidad  de actuar  en  juicio  que,  en  el  caso,  deriva  del  endoso  en  procuración  asentado  en  el  documento fundatorio de la acción, el cual no fue materia de excepción.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  directo  39/96.  Banco Nacional  de México,  S.A.  14  de marzo  de  1996. Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Novena Época Registro: 202984 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Marzo de 1996 Materia(s): Común Tesis: XXII.6 K Página:   954  INFORMES JUSTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISION DEL JUEZ DE DISTRITO DE DAR VISTA A LAS PARTES, NECESARIA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.  Es  criterio  de  la  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la  tesis  de jurisprudencia 3/91, publicada en la página número 13 de la Gaceta 44 del Semanario Judicial de la Federación, que el texto del artículo 149 de la Ley de Amparo, vigente a partir de las reformas de 15 de enero de 1988, prevé como  requisitos necesarios para el diferimiento o  suspensión de  la audiencia constitucional, los siguientes: 1.‐ Que el informe justificado se rinda cuando menos con ocho días de anticipación a  la celebración de  la audiencia constitucional; 2.‐ Que el quejoso o el tercero perjudicado soliciten se difiera o se suspenda la audiencia, y 3.‐ Que el Juez ejerciendo su potestad  decisoria,  acuerde  diferirla  o  suspenderla,  caso  en  el  cual,  las  partes,  deberán  estar atentas  al  arribo  de  tales  informes,  para  tener  oportunidad  de  solicitar  el  diferimiento  o suspensión  de  la  audiencia  constitucional,  pues  de  no  solicitarlo,  el  Juez  oficiosamente  puede válidamente tomarlos en cuenta, aun cuando se hayan recibido con menos de ocho días anteriores a la celebración de la citada audiencia, como se dispone por la tesis jurisprudencial de mérito. Ese criterio no es aplicable para el caso de que el Juez de Distrito, reciba los informes justificados, con anterioridad a la celebración de la audiencia, pues en tal caso, debe acordarlos y dar vista con ellos a  las partes, pues de  lo contrario, si  lo reserva hasta el día señalado para  la celebración de dicha audiencia,  tal proceder,  coloca a  los  interesados en  la  imposibilidad de  conocer  su  contenido  y poder hacer uso de los derechos que la Ley de Amparo les concede, y de actualizarse esa hipótesis, lo procedente es ordenar que se  reponga el procedimiento del  juicio constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo en revisión 12/96. Grupo Hytt, S.A. de C.V. 9 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo en  revisión 65/93.  José Héctor Buenrostro Díaz. 15 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Mauricio Torres Martínez.   Novena Época Registro: 203238 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Febrero de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XXII.11 C            Página:   435 

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 INTERES JURIDICO, FALTA DE. CAUSAHABIENTE, POSESION DERIVADA DEL.  La causahabiencia implica la sustitución de una persona por otra, respecto de un mismo derecho, por  lo que en un  supuesto caso,  si el quejoso obtiene  la posesión del  inmueble en disputa con posterioridad al  inicio de un  juicio plenario de posesión  instaurado en contra de su causante, es evidente que el quejoso ya fue oído y vencido en  juicio, a través de dicho causante, de donde  le deriva  el  carácter  de  causahabiente;  por  tanto,  acreditada  la  causahabiencia  que  le  resulta  al quejoso, es manifiesto que carece de  interés jurídico para promover el juicio de garantías, por  lo que no puede ostentarse como tercero extraño a dicho juicio, en tales condiciones lo procedente, es sobreseer en el mismo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse  la causal de  improcedencia prevista en  la fracción V, del numeral 73 de  la Ley antes mencionada.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo en revisión 507/95. María Teresa Cruz Clemente de López y coagraviados. 5 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 76/2002‐SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 34/2003, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 189, con el  rubro: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO."   Novena Época Registro: 203359 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  III, Enero de 1996 Materia(s): Común Tesis: XXII.4 K Página:   255  AGRAVIO REAL, INEXISTENCIA DEL.  Cuando se emite un auto por un juez de Distrito, durante la tramitación de un juicio de garantías, en el que se reserva el acuerdo sobre alguna petición de una de  las partes, para ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno; no se puede estimar que exista agravio real en contra de  la parte que  formuló  la petición, por  lo que  resulta  indebido que a  través del  recurso que  se  interponga,  el  Tribunal  Colegiado  sea  quien  haga  dicho  pronunciamiento.  Bajo  estas circunstancias no existe agravio real en contra del recurrente, por lo que deberá esperarse a que el a quo  resuelva el  fondo de  la petición  formulada, ya  sea en algún auto de  trámite o  incluso al resolverse en definitiva, cuando en todo caso pudiera existir algún agravio real.  

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TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Queja 47/95. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al  Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Querétaro. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 204070 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, Octubre de 1995 Materia(s): Laboral Tesis: XXII.1 L             Página:   584  OFRECIMIENTO  DEL  TRABAJO,  SU  NOTIFICACION  PERSONAL.  CUANDO  NO  CONCURRE  EL TRABAJADOR A LA AUDIENCIA DE LEY.  Cuando  el  trabajador  no  comparece  al  desahogo  de  la  audiencia  de  conciliación,  demanda  y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, no obstante que de autos se desprende que fue debidamente notificado de  la fecha y hora en que tendría verificativo, y en dicha audiencia se  le ofreció  el  trabajo,  aun  cuando  haya  sido  en  el  escrito  de  contestación  de  demanda,  debe concluirse que el trabajador no estuvo de acuerdo con ningún tipo de conciliación, por  lo que es ilógico pretender que la Junta le notifique personalmente un ofrecimiento, ante su manifiesta falta de interés en cualquier convenio, dada su inasistencia a la audiencia respectiva, por lo que la Junta responsable estuvo ajustada a derecho al  revertir  la carga de  la prueba al  trabajador, pues si el patrón  ratificó  su  escrito  de  contestación  de  demanda,  y  en  él  aparece  dicho  ofrecimiento, entonces también fue ratificado y así debe considerarse el escrito inicial de demanda, esto es, que como las partes no llegaron a un convenio, se tuvo por ratificada la demanda ante la ausencia del trabajador.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 682/95. Gustavo Occelli Larrea. 14 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Notas:   Por ejecutoria de fecha 8 de febrero de 2002, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 116/2001 en que participó el presente criterio.   Esta tesis contendió en la contradicción 180/2003‐SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la  tesis  2a./J.  43/2004,  que  aparece  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su 

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Gaceta, Novena Época, Tomo XIX,  abril de 2004, página 431,  con el  rubro:  "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE ACORDARLO O DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE  SI  LO  ACEPTA  O  LO  RECHAZA,  INCLUSO  CUANDO  ÉSTE  NO  COMPARECE  A  LA AUDIENCIA DE LEY, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE LLEVA A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO."   Novena Época Registro: 204352 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, Septiembre de 1995 Materia(s): Administrativa Tesis: XXII.4 A Página:   620  TRIBUNALES AGRARIOS. DEBE OCURRIRSE ANTE ELLOS, PREVIAMENTE A  LA  INSTAURACION DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. (CONDICIONES).  Los  actos  derivados  de  autoridades  agrarias  deben  ser  atacados  ante  los  Tribunales  Agrarios existentes, a partir del día en que entró en vigor  la nueva  legislación agraria, de acuerdo con  lo dispuesto  por  el  artículo  18  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Tribunales  Agrarios,  previamente  a  la instauración  del  juicio  de  garantías,  en  acatamiento  al  principio  de  definitividad  que  prevé  el numeral 73,  fracción XV de  la Ley de Amparo, siempre y cuando, además de que conforme a  la aludida  Ley  Agraria  se  suspendan  los  efectos  de  dichos  actos  reclamados,  a  través  de  la interposición  del  recurso  o medio  de  defensa  legal  que  hagan  valer  los  agraviados,  sin  exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva, con  independencia  de  que  el  acto  en  sí  mismo  considerado,  sea  o  no  susceptible  de  ser suspendido de acuerdo con la citada Ley, concurran las circunstancias siguientes, a saber: a). Que los actos reclamados actualicen alguna de  las hipótesis  legales estatuidas en el referido precepto 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; y, b). Que los agraviados no hayan agotado, activa o  pasivamente,  una  instancia  (procedimiento mixto  administrativo‐judicial)  al  tenor  de  la  Ley Federal  de  Reforma Agraria  derogada,  pues  la  nueva  Ley Agraria  no  creó  ningún  recurso  para combatir  los actos dictados, en dichos procedimientos, por  las autoridades agrarias anteriores, a las cuales substituyeron los actuales Tribunales Agrarios.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo en revisión 35/95. Liborio Ambrocio Cortez y otros. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Novena Época Registro: 204391 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

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 II, Agosto de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXII.7 C Página:   454  ACUERDO QUE  PONE  A  LA  VISTA  DEL  APELANTE  LOS  AUTOS  ORIGINALES  PARA QUE  EXPRESE AGRAVIOS, NO CONSTITUYE UN REQUERIMIENTO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE QUERETARO).  El  auto  dictado  por  el  Tribunal  de  alzada,  donde  se  ponen  los  autos  originales  a  la  vista  del apelante, para que exprese  los agravios que en su concepto  le cause  la  resolución  recurrida, no puede  calificarse  como  el  requerimiento  de  un  acto,  por  lo  cual  dicho  auto  no  requiere  ser notificado  de  conformidad  a  lo  establecido  por  el  artículo  113,  fracción  V  del  Código  de Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  de  Querétaro,  dado  que  un  requerimiento  implica  una conminación  o  intimidación  que  hace  una  autoridad  judicial,  exigiendo  de  alguna  persona determinada conducta, teniendo el carácter de obligación; mientras que la expresión de agravios en la apelación es una carga procesal, cuyo cumplimiento queda a cargo de la parte interesada, de donde  se  sigue  que  procede  la  notificación  por  lista  del  auto  de  referencia,  al  no  encontrarse comprendido en ninguna de las fracciones del artículo 113 del ordenamiento legal en cita.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 346/95. Rómulo Arroyo González. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de  votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Mauricio Torres Martínez.   Amparo  directo  950/94.  Jorge  Ducoing  Sánchez.  2  de  febrero  de  1995.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Amparo directo 162/94.  José Luis Luján Solís y otro. 28 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez.   Novena Época Registro: 204398 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, Agosto de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXII.2 C             Página:   459  ALIMENTOS.  CONVENIO  CELEBRADO  ENTRE  DEUDORES  ALIMENTARIOS.  (LEGISLACION  DEL ESTADO DE HIDALGO).  Es cierto que de conformidad con el artículo 139 del Código Familiar para el Estado de Hidalgo, no es renunciable ni puede ser objeto de transacción el derecho a recibir alimentos, pero también lo 

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es que ello debe entenderse en el  sentido de que no  se permite  la  transacción entre deudor y acreedor, pero nada refiere dicho ordenamiento en consulta sobre el convenio que celebren  los deudores alimentarios para cubrir tal obligación en favor de sus hijos, por tanto, es válido que los deudores alimentistas puedan transigir sobre la forma en que habrán de proporcionar alimentos a sus hijos, por lo que si en el caso la madre del quejoso y el tercero perjudicado decidieron cumplir con esa obligación a través de un convenio, mismo que el demandado cumplió en sus términos, no puede sostenerse que se haya violado algún precepto del código en mención, ya que el derecho a recibir  alimentos  por  parte  del  quejoso  se  encuentra  satisfecho.  En  tales  condiciones,  de conformidad con el artículo del ordenamiento  legal en comento, es permisible que  los deudores alimentarios  puedan  convenir  sobre  la  forma  en  que  deban  cumplir  con  su  obligación  de proporcionar  alimentos  a  sus hijos,  ya que dicho precepto  impide  la  transacción del derecho  a recibir alimentos entre acreedor y deudor alimentario, no así entre deudores solamente.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 419/95.  Juan Carlos López Molinero. 8 de  junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Novena Época Registro: 204399 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, Agosto de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXII.3 C Página:   459  ALIMENTOS.  CONVENIO  CELEBRADO  ENTRE  DEUDORES  ALIMENTARIOS.  (LEGISLACION  DEL ESTADO DE QUERETARO).  Es cierto que de conformidad con el artículo 308 del Código Civil para el Estado de Querétaro, no es renunciable ni puede ser objeto de transacción el derecho a recibir alimentos, pero también lo es que ello debe entenderse en el  sentido de que no  se permite  la  transacción entre deudor y acreedor, pero nada refiere dicho ordenamiento en consulta sobre el convenio que celebren  los deudores alimentarios para cubrir tal obligación en favor de sus hijos, por tanto, es válido que los deudores alimentistas, puedan transigir sobre la forma en que habrán de proporcionar alimentos a sus hijos, por lo que si en el caso la madre del quejoso y el tercero perjudicado decidieron cumplir con esa obligación a través de un convenio, mismo que el demandado cumplió en sus términos, no puede sostenerse que se haya violado algún precepto del código en mención, ya que el derecho a recibir  alimentos  por  parte  del  quejoso  se  encuentra  satisfecho.  En  tales  condiciones,  de conformidad con el artículo del ordenamiento  legal en comento, es permisible que  los deudores alimentarios  puedan  convenir  sobre  la  forma  en  que  deban  cumplir  con  su  obligación  de proporcionar  alimentos  a  sus hijos,  ya que dicho precepto  impide  la  transacción del derecho  a recibir alimentos entre acreedor y deudor alimentario, no así entre deudores solamente.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

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 Amparo directo 332/95. Mirna Basurto Bravo Mejía. 8 de  junio de 1995. Unanimidad de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Novena Época Registro: 204407 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, Agosto de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXII.4 C             Página:   463  APELACION ADHESIVA. ALCANCE DE LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE QUERETARO).  Si el actor erróneamente interpuso apelación adhesiva con fundamento en los artículos 729 y 730 del  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado  de Querétaro,  en  lugar  de  haber  interpuesto apelación  principal,  pues  indudablemente  el  fallo  de  primer  grado  le  causaba  agravio  al  haber fijado como indemnización un porcentaje del valor total del terreno del deudor que el inconforme considera  insuficiente, respecto del cual pretendía  la modificación de su monto fijado por el  juez de primer grado, es incuestionable que tal pretensión del recurrente no podía lograrse con sólo la apelación adhesiva, porque el objeto de ésta es exponer al Tribunal de alzada razonamientos que refuerzen la sentencia de primer grado para que subsistan los resolutivos en sus términos, cuando se  considera  que  dicha  sentencia  se  funda  en  argumentos  débiles  o  en  razonamientos  poco convincentes,  habiendo  otros  más  sólidos  y  de  mayor  fuerza  persuasiva;  o  sea,  el  fin  de  la apelación  adhesiva  es  lograr  que  el  fallo  de  primer  grado  subsista  en  sus  términos,  que  no  se modifique en ninguna de  sus partes;  y  como el  inconforme no pretendía que el  fallo  recurrido subsistiera en sus términos sino se modificara, aumentándose el monto del citado porcentaje, el quejoso debió haber interpuesto apelación principal, porque con ésta sí podía haber obtenido una modificación favorable a sus intereses en dicho monto, que era el objetivo que pretendía cuando apeló  adhesivamente;  por  lo  que  al  no  apelar  en  forma  autónoma  o  principal  la  autoridad responsable  no  estuvo  obligada  necesariamente  a  estudiar  sus  agravios,  porque  el  fin  de  la apelación  adhesiva,  aun  sin  estudiarla,  se había  logrado;  la no modificación de  la  sentencia de primer grado.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 411/95. Mario Calvillo Amaya. 8 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Novena Época Registro: 204469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

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 II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: XXII.2 K Página:   500  DEMANDA DE AMPARO, APRECIACION DE LA. (SUSPENSION).  Es  evidente  que  todo  escrito  de  demanda  constituye  un  todo  unitario,  lo  que  hace  que forzosamente tenga que apreciársele en su conjunto, sin sujetarse al rigorismo que ni la lógica ni el derecho pueden autorizar, pues sería contrario a los más elementales principios de éstos, de que precisa y solamente sean tomados como actos reclamados los que como tales se expresen en un capítulo  especial  de  la  demanda, máxime  si  de  esa  apreciación  depende,  como  en  el  caso  a estudio, la concesión o no de la suspensión, cuyo objeto es mantener viva la materia del amparo.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Incidente  en  revisión  13/95.  Servicios Urbanos  Conurbados,  S.A.  de  C.V.  15  de  junio  de  1995. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Arturo  Rafael Segura Madueño.   Novena Época Registro: 204515 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, Agosto de 1995 Materia(s): Laboral Tesis: V.2o.14 L Página:   530  HORAS EXTRAORDINARIAS. LA CONDENA AL PAGO DE. DEBE ESTAR MOTIVADA CORRECTAMENTE, AUNQUE EL PATRON OMITA PROBAR LA DURACION DE LA JORNADA.  El artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo establece una regla general que obliga a las Juntas a expresar los motivos y fundamentos legales en que se apoyan sus laudos. Por otra parte, es cierto que el artículo 784, fracción VIII, de  la propia  ley, dispone que al patrón corresponderá, en todo caso, probar su dicho cuando exista controversia sobre la duración de la jornada de trabajo. Pero aun en el caso de que el patrón no cumpla con  tal carga procesal,  las  Juntas deben ceñirse a  la exigencia  genérica  antes  señalada,  mediante  el  examen  de  las  pretensiones  deducidas oportunamente en el juicio, por lo cual, un correcto planteamiento y solución de la demanda por servicios en tiempo extraordinario, implica la necesidad de analizar, entre otros datos, la duración de  la  jornada ordinaria;  los días en que  se hubiere prestado  trabajo extraordinario, así como  la duración de éste;  la cuantificación de  las horas extras  trabajadas y  la cantidad que corresponda cubrir por hora, conforme a  la proporción relativa al salario de  la  jornada ordinaria, mediante  la aplicación de las reglas del Capítulo II, Título Tercero, de la ley en cita.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

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 Amparo directo 225/95.  Lucila  López Rubio y otros. 20 de abril de 1995. Unanimidad de  votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Ramón Parra López.   Amparo  directo  280/94.  Roberto  Osuna  Palacios.  12  de  julio  de  1994.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Ramón Parra López.   Amparo directo 55/91. Manuel Aguirre Barrera y otro. 20 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo directo 11/91. Francisca Arnold de Arzate. 31 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Novena Época Registro: 204631 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, Agosto de 1995 Materia(s): Laboral Tesis: V.2o.13 L Página:   604  REINSTALACION. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE CUANDO LA  JUNTA NO LOGRA LA REINSTALACION DEL TRABAJADOR Y EL OFRECIMIENTO FUE DE BUENA FE.  La Junta responsable, al dictar el  laudo reclamado, viola  las garantías  individuales del quejoso, si durante todo el procedimiento laboral fue voluntad de ambas partes el reinstalar en su trabajo al actor en  los mismos  términos y condiciones en que  lo venía desempeñando y no se  logra dicha reinstalación por causas imputables a la Junta del conocimiento, en consecuencia, procede otorgar la protección  constitucional para que  se  reponga el procedimiento a efecto de que  la  Junta de Conciliación y Arbitraje  logre  la  reinstalación del quejoso en su  trabajo y en el supuesto de que existiere  negativa  del  patrón  a  reinstalarlo  en  los  términos  por  ella  ofrecidos,  estime  dicho ofrecimiento de mala fe.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 304/95. Jesús García Santos. 4 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: José Luis Hernández Ochoa.   Amparo  directo  188/91.  Reyna  Iliana  Quintero Moreno.  19  de  junio  de  1991.  Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.  

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 Novena Época Registro: 205248 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  I, Mayo de 1995 Materia(s): Laboral Tesis: XXII.6 L Página:   393  PROYECTO DE RESOLUCION EN FORMA DE LAUDO, FORMULADO POR SECRETARIO AUXILIAR DE LA JUNTA. NO ES VIOLATORIO DE GARANTIAS.  Ninguna trascendencia tiene al resultado del laudo reclamado, el hecho de que haya sido el mismo secretario auxiliar que tramitó el juicio laboral, quien formuló el proyecto de laudo, toda vez que en  términos del numeral 885 de  la  ley  laboral, sólo se  trata de  la  formulación por escrito de un proyecto de resolución en forma de  laudo, no del  laudo en sí, pues dicha resolución adquiere tal carácter,  de  conformidad  con  el  numeral  889  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  una  vez  que  es aprobado por cada uno de los miembros de la Junta, por tanto, son los miembros de la Junta del conocimiento  quienes  deciden  en  definitiva  el  juicio  laboral  y  no  el  secretario  que  formuló  el proyecto de resolución, por lo que no puede estimarse que sea el proyecto de resolución emitido por el secretario auxiliar de  la  Junta el que pueda violar  las garantías  individuales de  la quejosa, pues sólo lo es cuando dicha resolución adquiere el carácter de laudo.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 207/95. Gabriela Labra Pérez. 12 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 209055 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  XV‐I, Febrero de 1995 Materia(s): Común Tesis: XXII. 16 K           Página:   167  DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA.  El desechar  la demanda de amparo  implica que el juicio de garantías no se  inició y por tanto hay una  imposibilidad  jurídica para analizar  la  constitucionalidad o  inconstitucionalidad de  los actos reclamados. Más aun,  si existe el  criterio  firme en el  sentido de que  cuando  se  sobresee en el juicio,  esto  impide  abordar  los  aspectos  de  fondo  planteados;  a  mayoría  de  razón,  debe entenderse  que  cuando  la  demanda  es  desechada,  el  juez  constitucional  se  encuentra 

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imposibilitado,  legalmente,  para  pronunciarse  en  relación  a  los  actos  reclamados,  los  cuales quedan incólumes, independiente de su constitucionalidad, ya que ésta no fue abordada a virtud de la causa de desechamiento que operó en la especie.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo en revisión 76/94.  (Improcedencia).  Jorge Alberto Turrubiate Delgadillo. 26 de enero de 1995.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Hugo  Sahuer  Hernández.  Secretario:  Mauricio  Torres Martínez.   Amparo en revisión 74/94. (Improcedencia). Banco Nacional de México. S. A. 6 de enero de 1995. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García.  Secretario: Rafael  Sánchez Acosta.   Octava Época Registro: 209726 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Civil Tesis: XXII. 12 C           Página:   371  DOCUMENTOS PRIVADOS EN  MATERIA  MERCANTIL. RECONOCIMIENTO TACITO.  En el Código de Comercio, antes de la reforma y adición de su artículo 1296, publicada en el Diario Oficial de  la  Federación  el día  cuatro de  enero de mil novecientos ochenta  y nueve, no existía disposición que  fijara  la condición de  los documentos privados, presentados en  juicio por vía de prueba y no objetados por  la parte  contraria, por  lo que  tenía aplicación  supletoria  la  ley  local respectiva, en cuanto al reconocimiento tácito, equivalente al expreso; sin embargo, de acuerdo con las aludidas reforma y adición al numeral en comento, ahora el Código de Comercio contiene dos nuevas reglas:  la primera, que da por reconocidos tácitamente  los documentos privados y  la correspondencia provenientes de una de  las partes,  cuando ésta no  los objeta  al  ser exhibidos como  prueba  en  juicio  y,  la  segunda,  que  faculta  al  oferente  para  solicitar,  si  así  lo  desea,  el reconocimiento expreso de dicho documento o correspondencia por  la parte de quien proceden; hipótesis, esta última, en la que son aplicables las normas atinentes al reconocimiento expreso, es decir, los preceptos del 1241 al 1245 del código en consulta.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  directo  513/94.  Multidistribuciones  V.  T.,  S.A.  de  C.V.  8  de  septiembre  de  1994. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Arturo  Rafael Segura Madueño.   

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Octava Época Registro: 209845 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Civil Tesis: XXII.14 C            Página:   452  TITULOS DE CREDITO. AUTONOMIA. EXCEPCIONES A LA CARACTERISTICA DE LOS.  Si bien es cierto que una de  las características de  los títulos de crédito es  la autonomía; es decir, que  tienen valor  independientemente del acto  jurídico que  les haya dado origen,  también  lo es que  tal  autonomía  no  es  absoluta,  sino  que  tiene  sus  limitantes,  según  las  circunstancias especiales de cada caso, así por ejemplo, si se aprecia notoriamente o se acredita en juicio, que el documento base de la acción fue alterado en alguno de sus renglones y existe constancia de que derivan de un acto  jurídico celebrado entre  las partes, en el que aparece que no se pactó  lo que consta en los títulos de crédito, objeto de la alteración, corroborada además tal circunstancia con otro  elemento  de  prueba,  es  lógico  arribar  a  la  conclusión  de  que  la  autonomía  de  dichos documentos no es tan amplia como se supone, sino que está limitada y por tanto puede depender del acto  jurídico que  le dio origen; es decir, existen excepciones a  la autonomía que revisten  los títulos de crédito.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 492/94. Antonio Peláez Alvarado. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 213917 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  XIII, Enero de 1994 Materia(s): Común Tesis: V.2o.190 K           Página:   318  SUSPENSION, FIANZA CUANDO EXISTE ASEGURAMIENTO DE BIENES.  Cuando hay bienes secuestrados que alcancen a cubrir la suerte principal en un negocio, la fianza que se fije al otorgar  la suspensión sólo debe responder de  los perjuicios que ésta pueda causar, los que deben calcularse por  los  intereses respectivos al tipo  legal y durante el tiempo probable dentro del cual se ha supuesto que debe resolverse el fondo del principal.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

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 Queja  52/93.  Amelia  Puentes Ham  de  Becerra.  26  de  octubre  de  1993. Unanimidad  de  votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza.   Precedente:   Queja 6/91. Carlos Orci Domínguez y otro. 13 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez.   Octava Época Registro: 214636 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  XII, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis:  Página:   396  AUDIENCIA  CONSTITUCIONAL,  DIFERIMIENTO  DE  LA.  POR  OMISION  DEL  JUEZ  DE  DISTRITO  DE NOTIFICACION OPORTUNA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA RENDIR SU  INFORME CON JUSTIFICACION.  El  juez de Distrito, acorde a  lo dispuesto por el artículo 149 de  la Ley de Amparo, debe notificar con  la  oportunidad  debida  a  las  autoridades  citadas  como  responsables,  para  que  emitan  su informe  con  justificación,  tomando  en  cuenta  el  término  de  cinco  días  a  partir  de  que  son notificadas para rendirlo, la fecha señalada para la verificación de la audiencia constitucional, y el diverso de cuando menos ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia, para dar vista a  las partes con ese  informe; ya que de no hacerlo así, deja a  los sujetos procesales sin defensa alguna  para  hacer  valer  sus  derechos  en  la  audiencia  constitucional,  lo  cual  constituye  una violación a las formalidades del juicio, acorde a lo señalado por el artículo 91, fracción IV, de la ley en  consulta,  por  lo  que  lo  procedente  es  ordenar  la  reposición  del  procedimiento  en  el  juicio constitucional, a efecto de regularizar el mismo.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  175/93.  Marco  Antonio  Morales  Arcuate  y  otra.  3  de  junio  de  1993. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio César Vázquez Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez.   Octava Época Registro: 215382 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  XII, Agosto de 1993 Materia(s): Civil Tesis: XXII. 5 C            Página:   402  DAÑOS Y PERJUICIOS. PRUEBA IDONEA PARA ACREDITARLOS.  No  es  suficiente  que  en  una  sentencia  judicial,  se  condene  al  saneamiento,  para  que automáticamente opere el pago de daños y perjuicios, sino que es necesario que la parte afectada demuestre por los medios de prueba establecidos por la ley, que efectivamente sufrió los daños y perjuicios cuyo valor reclama, ya que esta última prestación no es consecuencia natural que la ley derive, como sanción para el responsable de saneamiento en caso de evicción, sino que se trata de una hipótesis normativa que debe ser probada en el  juicio, dado que no se trata únicamente de acreditar  que  el  enajenante  procedió  de mala  fe,  sino  que  se  requiere  demostrar  los  daños  y perjuicios mediante prueba  idónea,  como  sería  la pericial, a efecto de acreditar el aumento de plusvalía que se reclama por concepto de daños y perjuicios.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo  directo  65/91.  Inmobiliaria  del  Valle  de  San  Juan,  S.A.  de  C.V.  16  de  enero  de  1992. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez Mellado  García.  Secretario:  Arturo  Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 217758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  X, Diciembre de 1992 Materia(s): Civil Tesis:  Página:   322  INTERDICTOS  DE  RETENER  O  RECUPERAR  LA  POSESION  DE  TERRENOS  EJIDALES.  COMPETE CONOCER DE ELLOS AL FUERO FEDERAL.  Cuando  se  ejercita  una  acción  respecto  de  un  inmueble  perteneciente  a  un  núcleo  ejidal  o comunal, el competente para conocer del conflicto es un  juez de Distrito, por radicar en el fuero federal la jurisdicción, en virtud de que la controversia no es ajena al interés de la Federación, ya que ésta, como órgano de  la Nación,  tiene constantemente a  su cargo  la defensa de  los bienes ejidales y comunales, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 27 constitucional y de acuerdo también con la ley de la materia, interpretada en forma sistemática.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

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Amparo  directo  257/90.  Comisariado  Ejidal  del  Ejido  San  Luis  del  Municipio  de  San  Luis  Río Colorado.  27  de mayo  de  1991.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García. Secretaria: María del Carmen Gabriela Herrera Martínez.   Octava Época Registro: 217772 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  X, Diciembre de 1992 Materia(s): Administrativa, Civil Tesis:  Página:   335  MATERIA AGRARIA. SU NATURALEZA.  Independientemente de que el  juicio de amparo como en el  juicio natural del que deriva, fueron tramitados  como  asuntos de naturaleza  civil,  cuando  en  el  fondo  subyace una  cuestión  agraria que,  indudablemente  tiene  repercusiones  jurídicas que afectan  a un núcleo de población ejidal debe derivarse la naturaleza agraria del asunto y de ella la competencia del fuero federal.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  257/90.  Comisariado  Ejidal  del  Ejido  San  Luis  del  Municipio  de  San  Luis  Río Colorado.  27  de mayo  de  1991.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García. Secretaria: María del Carmen Gabriela Herrera Martínez.   Octava Época Registro: 218019 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  X, Noviembre de 1992 Materia(s): Común Tesis:  Página:   315  SENTENCIAS  DE  SEGUNDA  INSTANCIA, QUE  ORDENAN  REPONER  EL  PROCEDIMIENTO,  NO  SON RECURRIBLES EN AMPARO DIRECTO.  Atendiendo  a  lo preceptuado por el último párrafo del  artículo 46 de  la  Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo; por sentencias definitivas que ponen fin a un juicio, deben entenderse aquellas que dan por concluido el procedimiento, resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones y de  las excepciones, en forma tal, que ya no sea factible seguir actuando en el mismo, con  el  objeto  de  obtener  una  determinación  que  dilucide  la  cuestión  principal  controvertida, situación que no ocurre tratándose de una resolución que ordena la reposición del procedimiento 

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de origen, puesto que en ella se devuelve la jurisdicción al juez de instancia, para que subsanada la omisión en que incurrió, dicte nueva sentencia en cuanto al fondo del asunto, por lo tanto, al no resolver la cuestión principal del juicio, ni darlo por concluido, no puede ser materia de un amparo directo.  TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.  Amparo directo 63/92. Gregorio Granados Granados. 26 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio  César  Vázquez  Mellado‐García.  Secretaria:  María  del  Carmen  Gabriela  Herrera Martínez.   Amparo  directo  86/92.  Leticia  Escamilla Millán.  26  de marzo  de  1992.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: María de la Luz Orozco Baltazar.   Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXII. J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación  y  su  Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  III,  marzo  de  1996,  página  833,  de  rubro: "SENTENCIAS DE  SEGUNDA  INSTANCIA, QUE ORDENAN REPONER  EL PROCEDIMIENTO, NO  SON RECURRIBLES EN AMPARO DIRECTO."       

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Octava Época Registro: 218548 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  X, Septiembre de 1992 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   283  HORAS EXTRAORDINARIAS. OBSCURIDAD DE LA DEMANDA EN CASO DE RECLAMARSE.  Si  el  trabajador que  reclama  el pago de horas  extras no precisa  el número de  las que hubiere laborado, de momento a momento, opera la excepción de obscuridad de la demanda que oponga su patrón,  y debe absolverse a éste, aunque dentro del  juicio  se aporten pruebas  tendientes a demostrar que el reclamante laboró tiempo extraordinario.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 164/91. Francisco Madrid Plaza. 5 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo directo 58/92. Mario Cañedo Guerrero y otros. 30 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.   Octava Época Registro: 219277 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Mayo de 1992 Materia(s): Común Tesis: V.2o.66 K            Página:   403  AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS.  Si  el  juez  de  amparo  sobreseyó  en  el  juicio,  porque  los  quejosos  señalaron  a  la  autoridad responsable en  los antecedentes y conceptos de violación de  la demanda de garantías y no en el capítulo  respectivo  de  la  misma,  viola  las  reglas  que  rigen  el  procedimiento  del  juicio constitucional,  ya  que,  siendo  la  demanda  de  amparo  un  todo  que  debe  considerarse  en  su conjunto, basta el señalamiento de tal autoridad en alguna parte de la misma, como responsable de uno o más de  los actos  reclamados, para que el  juez de Distrito esté obligado a  llamarla al juicio,  para  que  por  medio  de  su  informe  justificado,  tenga  oportunidad  de  defender  la constitucionalidad de los actos que se le atribuyen, de tal suerte que si no fue emplazada, procede revocar  la resolución  impugnada, con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de  la Ley de Amparo y 

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ordenar  la  reposición  del  procedimiento  para  el  efecto  de  que  se  tome  la  demanda  en  sus términos,  tal como  fue admitida, se emplace a dicha autoridad, se continúe el  juicio de amparo por todos sus trámites y se dicte sentencia en los términos de ley, de no existir otra diversa causal de sobreseimiento.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  18/92.  Fianzas Monterrey,  S.A.  29  de  enero  de  1992.  Unanimidad  de  votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio Ignacio Cruz Carmona.   Amparo en revisión 86/91. Eduardo Salido Encinas y Ana Julissa Villarreal Solís. 19 de julio de 1991. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Arturo  Rafael Segura Madueño. (Octava Epoca, Tomo VIII‐Octubre, pág. 296).   Octava Época Registro: 219591 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Abril de 1992 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   423  ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, INTRODUCCION ILEGAL DE, EN GRADO DE TENTATIVA.  Para que se constituya el ilícito de introducción clandestina al país de armas de fuego y explosivos, es necesario que el activo introduzca precisamente al país, en forma oculta, las armas y explosivos, de donde se desprende que aun cuando el quejoso manifieste su intención de llevar dichas armas y municiones  hasta  un  punto  determinado  del  territorio mexicano,  tal  conducta  no  se  tipifica como tal, si el amparista  fue detenido en el recinto  fiscal de una ciudad  fronteriza, por tanto,  la conducta así desplegada no puede considerarse como delito consumado, sino como tentativa, ya que  el  activo  no  logró  alcanzar  su  cometido  por  causas  ajenas  a  su  voluntad  como  lo  fue  la localización de  las armas y municiones y  la detención del quejoso por elementos del  resguardo aduanal.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 473/91. Pedro Villanueva Guerrero. 23 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.   Amparo directo 373/91. Juan Alfaro Ortiz. 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.   

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Octava Epoca, Tomo IX‐Marzo, página 140.   Amparo directo 280/91.  Juan Manuel Guerra García. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Epoca, Tomo VIII‐Noviembre, página 153.   Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 8/92 resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis  1a./J.  4/93,  que  aparece  publicada  en  la Gaceta  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación, Octava  Época,  número  71,  noviembre  1993,  página  13,  con  el  rubro:  "ARMAS  DE  FUEGO  Y EXPLOSIVOS. LEY FEDERAL DE."   Octava Época Registro: 220121 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Marzo de 1992 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   177  DEMANDA LABORAL, DEBE PRECISAR CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR DEL DESPIDO.  Los trabajadores están obligados a manifestar en su demanda las circunstancias de lugar, tiempo y modo  de  ejecución  de  los  hechos  que  estimen  constitutivos  de  un  despido,  para  que  la demandada conozca con plenitud los hechos que se le imputan, el lugar preciso en que se afirme acontecieron y el momento en que ocurrieron, así como  la persona o personas que  intervinieron en  ellos,  a  fin  de  que  dicha  demandada  tenga  posibilidad  legal  de  preparar  debidamente  su defensa, y  las pruebas que  rindan ambos  contendientes puedan  ser  tomadas en  cuenta por  las Juntas de trabajo, dado que dichas pruebas tienen por objeto demostrar los hechos expuestos en la demanda o en su contestación y si el actor o el demandado son omisos en narrar  los hechos relativos en que descansa su acción o defensa, falta la materia misma de la prueba.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  310/91. Manuel Acuña Ruiz.  27  de  noviembre  de  1991. Unanimidad  de  votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández.   Amparo  directo  128/91.  Juan  Canizales  Beltrán.  22  de mayo  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente:  Julio  César  Vázquez‐ Mellado  García.  Secretaria: María  del  Carmen  Gabriela  Herrera Martínez.  

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 Octava Epoca, Tomo VIII‐Julio, página 151.   Octava Época Registro: 220206 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Marzo de 1992 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   237  LITIS,  INVARIABILIDAD  DE  LA,  UNA  VEZ  QUE  FUE  FIJADA  AL  CELEBRARSE  LA  AUDIENCIA  DE DEMANDA Y EXCEPCIONES.  Cuando se reclama el despido injustificado y el patrón lo niega y alega que el trabajador renunció a su empleo y esto fue planteado al celebrarse la audiencia en su etapa de demanda y excepciones, el  determinar  si  el  trabajador  fue  despedido  injustificadamente,  o  bien  que  éste  se  retiró voluntariamente de su empleo, corresponde realizarlo a la Junta responsable, una vez que efectúe el análisis de  las pruebas que, en su oportunidad, ofreciera cada una de  las partes, por  lo que, el sentido de la litis no podrá variar, ya que ésta ha quedado determinada en una etapa anterior y, lo que trasciende, en todo caso, será el resultado que obtenga la responsable, una vez que realice el análisis de las pruebas aportadas durante el procedimiento, pero no la litis planteada.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 332/91. Ignacio Cifuentes Flores. 6 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Ramón Parra López.   Amparo  directo  256/91. Mario Morgan  Salvador.  7  de  agosto  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Epoca, Tomo VIII‐Octubre, página 214.   Octava Época Registro: 220262 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Marzo de 1992 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   271 

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 PRUEBA  TESTIMONIAL.  TESTIGOS  CONTESTES,  CARACTERISTICAS  QUE  DEBEN  DE  REUNIR  SUS TESTIMONIOS.  Son  las personas que expresan en forma concordante  las circunstancias de modo, tiempo y  lugar del despido  de que  fue objeto  el  trabajador,  relatan  en  términos  similares  los diálogos que  se realizaron entre el patrón y el trabajador, coinciden en la fecha y lugar en que ocurrió el despido (la negociación demandada), por  lo que sus testimonios deben de ser tomados en cuenta por  la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 17/91. Automotriz del Cobre,  S.A. de C.V. 10 de  abril de 1991. Unanimidad de votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  María  del  Carmen  Gabriela Herrera Martínez.   Amparo  directo  75/91.  Leopoldo  García  Flores.  20  de marzo  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: José Juan García Barrera.   Octava Epoca, Tomo VII‐Junio, página 380.   Octava Época Registro: 220313 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Marzo de 1992 Materia(s): Común Tesis:  Página:   303  SENTENCIA EJECUTORIADA, NOTIFICACION DE.  Cuando se ordena notificar personalmente una sentencia y la publicación por lista no se refiere a ella, sino a  las demás partes en el  juicio de amparo, el  juez constitucional no debe de  tomar en cuenta la fecha de notificación por lista para declarar ejecutoriada la sentencia, sino aquella en la que se notificó personalmente a la peticionaria de garantías.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Queja 9/91. Francisca Montaño Esquer. 3 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época 

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Registro: 220505 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis:  Página:   173  DEMANDA  DE  AMPARO,  COMPUTO  DEL  TERMINO  PARA QUE  EL  TERCERO  EXTRAÑO  A  JUICIO PRESENTE LA.  El sólo hecho de haber solicitado copias, ante la responsable ordenadora en determinada fecha, es motivo suficiente para que se inicie el cómputo del término contenido en el artículo 21 de  la Ley de Amparo, que establece, para la interposición de la demanda de amparo, quince días contados al día siguiente en que el quejoso se manifieste sabedor de los actos reclamados. Así pues, no es necesario que  el  amparista  conozca detalladamente  la prosecución  judicial de donde  emana  el acto reclamado, es decir, no era preciso que el recurrente obtuviera de la responsable ordenadora las copias certificadas que  le solicitó, para que, a partir del momento de recibirlas se empezara a computar el término de interposición de la demanda de garantías.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en revisión 155/91. Alfonso Navarro Lauterio. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  María  del  Carmen  Gabriela Herrera Martínez.   Amparo  en  revisión  155/90.  Miguel  Leonardo  Bórquez  Pablos.  15  de  noviembre  de  1990. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Arturo  Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 220544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis:  Página:   197  IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AL NO HABERSE ACREDITADO LA POSESION, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO Y NO NEGARSE EL AMPARO.  Si  el  quejoso  no  demuestra  la  posesión  del  bien  que  afirma  lo  pretenden  desposeer  las autoridades  responsables,  es  evidente  que  los  actos  desposesorios  reclamados  no  afectan  su 

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interés  jurídico, de ahí que  lo procedente en tal caso, sea sobreseer en el  juicio de garantías, en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo y no negar al quejoso el amparo y protección que solicita.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  151/91. María  Concepción  Cabrera  Romero  de  Armenta  y María  Estéfani Sánchez Avila. 12 de  septiembre de 1991. Unanimidad de  votos. Ponente:  Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretaria: María del Carmen Gabriela Herrera Martínez.   Amparo en revisión 174/91. Filiberto Hernández Sosa y otros. 16 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretaria: Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado.   Octava Época Registro: 220983 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   145  ABANDONO DE TRABAJO. CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN DEMOSTRARSE CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE DESPIDO INJUSTIFICADO Y EL PATRON LO NIEGA.  Cuando el  trabajador alega el despido  injustificado y ante ello el patrón aduce que el empleado abandonó el trabajo, la carga de la prueba le corresponde a la demandada; por tanto, lo que debe probar  no  es  la  ausencia  del  empleado  del  lugar  habitual  de  trabajo,  que  puede  obedecer  a diversas  causas,  por  ejemplo  el  despido  alegado,  sino  lo  importante  es  demostrar  que  el trabajador tuviera  la  intención de no continuar en sus  labores; es decir, el deseo del actor de no volver a su trabajo, ya sea mediante la expresión que para tal efecto haya realizado el amparista, como  lo  sea  el  hecho  de  que  se  encontrara  laborando  en  otra  fuente  de  trabajo,  o  bien,  por circunstancias evidentes que hagan presumir  la  terminación voluntaria de  la  relación de  trabajo por parte del actor.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  323/91.  Asociación  Rural  de  Interés  Colectivo  "Maximiliano  R.  López"  del  Sur Sonora,  C.N.C.  de  R.I.  11  de  septiembre  de  1991.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo directo 159/91. Raúl Ariel Leyva López. 12 de junio de 1991. Mayoría de votos. Ponente: Julio  César  Vázquez‐ Mellado García. Disidente: Guillermo  Antonio Muñoz  Jiménez.  Secretario: 

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Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Epoca, Tomo VIII‐Octubre, página 123.   Amparo  directo  206/88.  Rubén  Monroy  Rivera  y  Restaurant  Elvira.  22  de  febrero  de  1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Raymundo Garcés Yépez.   Octava Epoca, Tomo VIII‐Octubre, página 123.   Octava Época Registro: 220985 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   147  ACTOS DE TRIBUNALES  JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO EJECUTADOS FUERA DEL JUICIO.  INAPLICABILIDAD  DEL  ARTICULO  114,  FRACCION  IV,  DE  LA  LEY  DE  AMPARO,  PARA CONSIDERAR IMPROCEDENTE EL AMPARO EN QUE SE RECLAMAN.  La fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos en el  juicio que tengan sobre  las personas o  las cosas una ejecución que sea de  imposible  reparación;  esto  es,  tiene  como  supuesto primario, que  los  actos  reclamados estén dictados dentro de un  juicio, de manera que no es dable  interpretarlo a  contrario  sensu, para establecer  la  improcedencia respecto de actos ejecutados fuera de  juicio, ya que, para esta hipótesis,  existe  regla  específica  en  la  fracción  III  del  referido  precepto,  conforme  a  la  cual,  el amparo  procede  contra  actos  de  tribunales  judiciales,  administrativos  o  del  trabajo  ejecutados fuera del juicio.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en revisión 25/91. Mónica Quijada Castillo. 20 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Secundino López Dueñas.   Amparo en revisión 31/91. Rosendo Ancheta Sánchez. 17 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 221018 

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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   169  CONCEPTOS DE  VIOLACION  INOPERANTES.  LO  SON AQUELLOS  EN  LOS QUE NO  SE  COMBATEN CONCRETAMENTE LOS RAZONAMIENTOS QUE APOYAN LA SENTENCIA RECLAMADA.  Las argumentaciones vertidas por  la quejosa, no ponen de manifiesto  las  incorrecciones que  se atribuyen a  la sentencia reclamada, puesto que sólo se transcriben  los razonamientos en que se apoyó  la  responsable  y  se  insiste  en  lo  alegado  ante  ésta,  sin  combatir,  concretamente,  los razonamientos que dieron respuesta a los motivos de inconformidad planteados.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  233/91. Minera  Sanex,  S.A.  de  C.V.  3  de  julio  de  1991. Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Amparo directo 73/91. Afianzadora Insurgentes, S. A. 20 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Secundino López Dueñas.   Octava Epoca, Tomo VII‐Junio, Pág. 232.   Octava Época Registro: 221021 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   170  CONCEPTOS  DE  VIOLACION  POR  VICIOS  DE  FORMA  DEL  ACTO  RECLAMADO.  SU  PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE REFIEREN AL FONDO.  Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado,  y  tales  conceptos  de  violación  resultan  fundados,  no  deben  estudiarse  las  demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto, que emita la autoridad; a quien no se le puede  impedir  que  lo  dicte,  purgando  los  vicios  formales  del  interior  aunque  tampoco  puede 

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constreñírsele a reiterarlos.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 283/91. Roberto Fleischer Salcido. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Amparo directo 294/90. Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, S.A. de C.V. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Pablo  Antonio  Ibarra  Fernández.  Secretario:  Abdón  Ruiz Miranda.   Octava Época Registro: 221122 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   265  PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO LA  INCONFORMIDAD ALEGADA NO FUE OBJETO DE ESTUDIO EN LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE GARANTIAS.  Si la conclusión a la que arribó la Junta de Conciliación y Arbitraje en el nuevo laudo que emitió la consideró  ilegal el quejoso, procedía  impugnarla mediante otro  juicio de amparo y no por medio de recurso de queja, porque no pudo haber exceso o defecto en los puntos que no fueron objeto de estudio en  la ejecutoria de amparo,  sino  inconformidad con  la apreciación que hizo  la  Junta responsable en ejercicio de su íntegra potestad.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Queja 32/91. Mario Francisco Macías Buelna. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 221207 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Diciembre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   317  

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TESIS  DE  LOS  TRIBUNALES  COLEGIADOS  DE  CIRCUITO  QUE  NO  INTEGRAN  JURISPRUDENCIA, APLICACION DE LAS, POR LOS TRIBUNALES INFERIORES.  Aunque el criterio del Tribunal Colegiado en que apoyó su determinación el a quo no constituye jurisprudencia obligatoria, bien puede servir de sustentación a  las sentencias de otros tribunales, ya  que  no  existe  ningún  precepto  legal  que  impida  a  los  jueces  normar  su  criterio  con  los precedentes de un Tribunal Colegiado, además de que es un principio generalmente aceptado el de que los tribunales deben adecuar su criterio al de los de mayor jerarquía.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Incidente en  revisión 113/91. Rosa Elena Rodríguez Campa. 10 de  julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros.   Amparo  en  revisión  59/91.  Alberto  Tirado  Collar.  30  de  abril  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Ardón Ruiz Miranda.   Octava Época, Tomo VIII‐Julio, página 227.   Amparo en revisión 162/90. Compañía Distribución y Venta, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 1990. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Pablo  Antonio  Ibarra  Fernández.  Secretario:  Secundino  López Dueñas.   Octava Epoca: Tomo VII‐Enero, página 504.    Octava Época Registro: 221306 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   162  AUTORIDADES RESPONSABLES. QUIENES LO SON, EN EL AMPARO DIRECTO.  El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, mientras que el artículo 158 de  la misma  ley, dispone que el  juicio de  amparo directo, en  los  términos establecidos por  las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, procede contra  sentencias definitivas,  laudos y resoluciones,  dictados  por  tribunales  judiciales,  administrativos  o  del  trabajo,  respecto  de  los 

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cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. En tal virtud, cuando  la autoridad señalada en  la demanda de amparo directo, no sea un tribunal, sólo puede considerársele autoridad responsable si tiene el carácter de ejecutora de la sentencia, laudo o resolución, que se reclame del tribunal respectivo, de acuerdo con la ley o con los términos del acto ordenador. Pero, si una autoridad es señalada como responsable y no  tiene, conforme a  la ley, funciones de ejecutora y los actos que se le atribuyen, no están ordenados en el mandato del tribunal responsable, debe considerarse que no obró en cumplimiento de éste, sino que lo hizo de propia autoridad; de ahí que no  tenga el  carácter de autoridad  responsable ejecutora, para  los efectos del juicio de amparo directo.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 186/91. Francisco Fernando  Jiménez. 3 de  julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  María  del  Carmen  Gabriela  Herrera Martínez.   Amparo directo 34/91. Francisco Fernando  Jiménez Aguilar. 27 de  febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Octava Epoca, Tomo VII‐Mayo, página 157.   Octava Época Registro: 221325 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis:  Página:   177  CONCEPTOS DE ANULACION. EL TRIBUNAL FISCAL ESTA OBLIGADO A ESTUDIARLOS, AUN CUANDO NO SE HAYAN PROPUESTO EN EL RECURSO ORDINARIO.  El Tribunal Fiscal no puede abstenerse de estudiar conceptos de anulación que no se hicieron valer en el  recurso administrativo, porque, de conformidad con el artículo 237 del Código Fiscal de  la Federación,  las  sentencias  de  dicho  tribunal  examinarán  todos  y  cada  uno  de  los  puntos controvertidos  del  acto  impugnado  y  en  ninguna  parte  dispone  que  en  el  juicio  fiscal  sean improcedentes  los  argumentos  jurídicos  no  aducidos  en  el  recurso  administrativo.  El  precepto autoriza, pues, a afirmar que con el  juicio de anulación se  inaugura una nueva  litis en  la cual  las partes pueden desplegar su defensa plenamente, sin que la demandada en el juicio fiscal quede en estado  de  indefensión,  pues  en  la  contestación  puede  refutar  todos  los  conceptos  de  nulidad hechos valer en  la demanda, cualesquiera que estos sean, a diferencia del  juicio de amparo, en donde la litis se integra con los actos reclamados y los conceptos de violación.  

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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Revisión fiscal 12/91. Jefe Delegacional de los Servicios Jurídicos y de Seguridad en el Trabajo de la Delegación Regional del  Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California. 21 de agosto de 1991.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Ramón Parra López.   Véase:  La  tesis  de  jurisprudencia  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Octava Epoca, Tomo I, Segunda parte‐2, página 820.   Octava Época Registro: 221436 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Civil Tesis:   Página:   257  PAGARE.  LUGAR  DE  EXPEDICION.  IRRELEVANCIA  DE  LA  PARTE  DEL  DOCUMENTO  EN  QUE  SE ASIENTA.  La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 170, fracción V, dispone que el pagaré debe contener fecha y lugar en que se suscriba el documento, pero no fija la obligación de precisarlo  en  determinado  lugar  del  documento,  por  lo  que  si de  la  lectura  íntegra  de  todo  el contenido,  se desprende el  lugar en que  se  suscribió, debe  concluirse que  satisface el  requisito formal que establece el citado numeral, por lo que el documento no carece de efectos cambiarios.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  206/91. Manuel  Corral Mendoza.  12  de  junio  de  1991. Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Amparo directo 274/89. Banco Internacional, S. N. C. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo Hernández Cervantes.   Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 271/2011, de la que derivó  la  tesis  jurisprudencial  1a./J.  11/2011  (10a.)  de  rubro:  "PAGARÉ.  CUANDO  EN  EL DOCUMENTO  EXISTE  EL  SEÑALAMIENTO  DE  UN  LUGAR  QUE    RAZONABLEMENTE  PUEDE CONSIDERARSE  EL  DE  SUSCRIPCIÓN,  DEBE  TENERSE  POR  SATISFECHO  EL  REQUISITO  FORMAL RESPECTIVO, AUNQUE ESA REFERENCIA SE ENCUENTRE DESPUÉS DE LA FIRMA DEL SUSCRIPTOR.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 114. 

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  Octava Época Registro: 221440 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   259  PENA,  CUANTIFICACION  DE  LA.  DEBE  SER  CONGRUENTE  CON  EL  GRADO  DE  PELIGROSIDAD DETERMINADO.  Si  la  autoridad  responsable,  al  cumplimentar  una  ejecutoria  de  amparo  deja  la  sanción  en  un punto prácticamente equidistante entre  la mínima y  la media, a pesar de que  consideró que  la peligrosidad  del  inculpado  se  ubica  entre  la mínima  y  la media, más  cerca  a  la  primera;  esta situación es  incongruente  y  violatoria de  garantías,  y procede  conceder el  amparo para que  se concrete la pena en forma congruente con la peligrosidad que se le determinó.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 262/91. Enrique Durán Elías. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Ramón Parra López.   Octava Época Registro: 221457 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   268  PRESCRIPCION,  COMPUTO  DEL  TERMINO  PARA  LA,  TRATANDOSE  DE  INVESTIGACION ADMINISTRATIVA.  Si de conformidad con  las disposiciones del contrato colectivo de  trabajo  se debe practicar una investigación  administrativa  para  comprobar  los  hechos  que  se  imputan  a  un  trabajador  como constitutivos de una  causal de  rescisión de  su  relación  individual de  trabajo, el  término para  la prescripción de la acción a que se refiere el artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, debe computarse a partir de la conclusión de dicha investigación.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

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Amparo directo 110/91. Instituto del Fondo Nacional de  la Vivienda para  los Trabajadores. 24 de abril  de  1991. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García.  Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo directo 345/90. Teléfonos de México, S. A. de C. V. 27 de febrero de 1991. Unanimidad de votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  María  del  Carmen  Gabriela Herrera Martínez.   Octava Época Registro: 221478 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   279  PRUEBAS EN EL AMPARO, CUANDO DEBEN RENDIRSE.  Deben  rendirse  ante  el  juez de Distrito  y no durante  la  revisión,  ante  el  Tribunal Colegiado,  al expresar agravios contra la sentencia pronunciada en primera instancia.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en  revisión 103/91. Ramón Gordillo Reyes. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Ramón Parra López.   Véase: Apéndice al Semanario  Judicial de  la Federación 1917‐ 1988, Segunda Parte, Tesis 1514, página 2408.   Octava Época Registro: 221515 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   302  RIESGOS  DE  TRABAJO.  EXCEPCION  DE  PRESCRIPCION  DE  LA  ACCION  PARA  RECLAMAR  LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE. DEBE ACREDITARSE  LA  FECHA  EN QUE  SE DETERMINO  EL GRADO DE INCAPACIDAD. 

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 De una interpretación correcta del artículo 519, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se llega al convencimiento de que para considerar operante  la excepción de prescripción hecha valer por  la patronal, es necesario que se acredite  la fecha en que se determinó el grado de  incapacidad del trabajador, por ser éste un elemento esencial de dicha excepción; por consiguiente, mientras no se determine el grado de incapacidad del trabajador, no puede comenzar a correr el término que a éste  le  concede  la  ley  para  ejercer  la  acción  en  la  que  reclame  el  pago  de  indemnización  por riesgos de trabajo, o de otro modo dicho, el término de dos años para que opere la prescripción en favor del patrón, respecto a  la acción  indemnizatoria por riesgo de trabajo, debe contarse desde que se determina la naturaleza de la incapacidad.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 123/91. Financiera Nacional Azucarera, S. N. C. Síndico de la Quiebra de Compañía Minera de Cananea, S. A. de C. V. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo  directo  124/91.  Rafael Morales Morales.  24  de  abril  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Octava Época Registro: 221603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   126  ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO EJECUTADOS DESPUES DE CONCLUIDO EL JUICIO. CUALES LO SON PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO.  Conforme a una recta inteligencia de la hipótesis legal prevista en el artículo 114, fracción III, de la Ley  de  Amparo,  en  el  sentido  de  que  son  combatibles  ante  el  juez  de  Distrito  los  actos  de tribunales  judiciales  ejecutados después de  concluido  el  juicio,  deben  considerarse  como  tales, para  los  efectos  del  amparo,  aquellos  actos  que  son  realizados  después  de  pronunciada  la sentencia definitiva en el juicio natural de donde emanan, mismos que deben reunir, si se trata de actos  de  ejecución  de  sentencia,  la  característica  de  ser  la  última  resolución  dictada  en  el procedimiento respectivo, pues de conformidad con el segundo párrafo del artículo en comento, pueden  reclamarse  en  la misma  demanda,  además  del  último  acto  de  ejecución  de  sentencia, todas  las  violaciones  cometidas  durante  el  procedimiento  relativo,  que  hubieren  dejado  sin defensa al quejoso.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

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Amparo en revisión 102/91. Simón Pedro Mendoza Acuña y Bertha Elena Ortiz de Mendoza. 10 de julio  de  1991.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García.  Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 221604 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis:  Página:   126  ACTOS ADMINISTRATIVOS. ORDENES VERBALES, DESALOJO Y DEMOLICION, SON VIOLATORIAS DE LA GARANTIA DE LEGALIDAD.  Encontrándose  plenamente  acreditado  que  la  orden  para  que  la  quejosa  sea  desalojada  y  se destruya su casa, así como el cerco que la circunda, fue emitida en forma verbal, con omisión del requisito establecido en el artículo 16 constitucional en el sentido de que  los actos de autoridad que causen molestias a los particulares deben constar por escrito, en el que se funde y motive la causa  legal  del  procedimiento,  debe  concluirse  que  esa  orden  y  su  ejecución  conculcan  en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad consagrada en el citado precepto constitucional.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en  revisión 114/91. Evangelina Valenzuela Rábago. 10 de  julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Ramón Parra López.   Octava Época Registro: 221654 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   162  DEMANDA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE EN SU TOTALIDAD.  Si se expresa en el cuerpo de la demanda de garantías que el acto que se reclama emanó de otra autoridad, tal circunstancia es suficiente para que le devenga el carácter de autoridad responsable y sea llamada a juicio, toda vez que la demanda de amparo, por ser un todo, debe examinarse en su  integridad  para  determinar  qué  autoridades  tienen  el  carácter  de  responsables  y  lo  que realmente  constituyen  los  actos  reclamados,  no  debiéndose,  en  consecuencia,  ceñirse 

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exclusivamente  a  los  capítulos  "autoridades  responsables"  y  "actos  reclamados",  ya  que  no solamente  deben  reputarse  o  tenerse  como  tales  los  que  se  comprenden  en  las  secciones respectivas del  libelo de amparo que  lleven  tal rubro, sino  también  las que se determinen en el cuerpo de la demanda, sin que influya el que lo sea en el capítulo de antecedentes, conceptos de violación o cualquier otro del escrito del caso.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  en  revisión 86/91.  Eduardo  Salido  Encinas  y Ana  Julissa Villarreal  Solís. 19 de  junio de 1991.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Arturo Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 221707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   199  INCIDENTE DE LIQUIDACION. CUANDO NO ES VIOLATORIO DE GARANTIAS SU APERTURA.  Cuando se reclama  la reinstalación y el pago de  los salarios vencidos con sus aumentos  legales o contractuales y el patrón no acredita  la  justificación de  la rescisión  laboral,  la relación de trabajo debe continuar en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido, de ahí que cuando  se  trate de aumentos que  surjan durante  la  tramitación del  juicio  laboral, debe considerarse que se está en presencia del caso de excepción a que se refiere  la última parte del artículo 843 de  la Ley Federal del Trabajo. Por  lo  tanto,  la  junta  responsable debe cuantificar  la condena de los salarios vencidos, en el incidente de liquidación, que ordene abrir, en el que, en su caso,  los  trabajadores  demostraron  si  hubo  aumentos  al  salario  desde  la  fecha  en  que  se interrumpió su relación de trabajo hasta aquella en que sean materialmente reinstalados, sin que implique  violación  de  garantías,  por  actualizarse  el  supuesto  que  establece  la  última  parte  del artículo 843 de la ley laboral.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  248/91.  Juan Manuel Hernández  y  otros.  10  de  julio  de  1991. Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 221721 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

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 VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   208  JUICIO DE AMPARO E  INCIDENTE DE SUSPENSION. LAS CONSTANCIAS QUE SE ALLEGUEN A UNO DEBEN APORTARSE MATERIALMENTE AL OTRO.  El juicio de amparo en  lo principal y el incidente de suspensión se tramitan por cuerda separada; las  constancias que  se alleguen para el efecto de que  sean  tomadas en  cuenta al  resolverse el amparo  en  definitiva  deben  aportarse  materialmente  a  las  actuaciones  correspondientes  al expediente principal, sin que baste para que se tome en cuenta  la simple referencia que  la parte interesada haga de ellas, aun cuando formen parte del cuaderno incidental.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en  revisión 113/91. Rosa Elena Rodríguez Campa. 10 de  julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros.   Octava Época Registro: 221780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   247  PRUEBA  TESTIMONIAL.  TESTIGO  SINGULAR.  DEBE  SER  OFRECIDO  COMO  EL  UNICO  QUE  SE PERCATO  DE  LOS  HECHOS  PARA  OTORGARLE  VALOR  PROBATORIO  Y  PUEDA  FORMAR CONVICCION.  En términos del artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo un solo testigo podrá formar convicción, si  en  el  mismo  concurren  circunstancias  que  sean  garantía  de  veracidad  que  lo  hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, si "I.‐ Fue el único que se percató de los hechos". Por  lo  tanto  si  se ofrecieron  tres  testigos, desistiéndose el oferente de uno de ellos y negándole la Junta valor probatorio a otro, es  indebido valorar al restante como testigo singular, porque  no  fue  ofrecido  como  el  único  que  se  percató  del  hecho  que  se  pretende  probar,  en consecuencia no puede formar convicción por no satisfacer el requisito que señala la fracción I, del artículo y ley antes mencionados.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  217/91.  Alejandro  Oroz  Haros.  26  de  junio  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.  

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 Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 86/2005‐SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 110/2005, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII,  septiembre de 2005, página 528,  con el  rubro:  "TESTIGO SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU DECLARACIÓN DEBE VALORARSE ATENDIENDO A LOS ARTÍCULOS 820, 841 Y 842 DE  LA  LEY  FEDERAL DEL TRABAJO, CON  INDEPENDENCIA DE  LA FORMA EN QUE FUE OFRECIDA LA PRUEBA."   Octava Época Registro: 221827 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   280  SUPLENCIA  DE  LA  DEFICIENCIA  DE  LA  QUEJA  EN  MATERIA  AGRARIA.  PROCEDE  CUANDO  EL AMPARO  ES  SOLICITADO  POR  EL  PRESIDENTE,  SECRETARIO  Y  TESORERO DE UN  COMISARIADO EJIDAL A NOMBRE DEL EJIDO.  Conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de la queja,  cuando  los  promoventes  del  juicio  de  garantías  lo  son  el  presidente,  el  secretario  y  el tesorero de un comisariado ejidal, solicitando la protección constitucional a nombre del ejido y esa personalidad  la  tiene  reconocida  en  el  juicio  del  que  emana  el  acto  reclamado,  aun  cuando  el procedimiento de origen no sea formalmente agrario.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 257/90. Comisariado Ejidal del Ejido San Luis. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretaria:  María  del  Carmen  Gabriela Herrera Martínez.   Nota:  Por  ejecutoria  de  fecha  3  de  febrero  de  2010,  la  Segunda  Sala  declaró  inexistente  la contradicción de tesis 381/2009 en que participó el presente criterio.   Octava Época Registro: 221946 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Civil Tesis:  

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Página:   133  EMBARGO. NO ES NECESARIO QUE EL ACTUARIO IDENTIFIQUE PLENAMENTE A LA PERSONA CON QUIEN LO ENTIENDE.  Tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, cuando el demandado no aguarde al emplazamiento, se procederá a practicar el embargo con cualquiera persona que se encuentre en la casa o con el vecino  más  inmediato,  en  consecuencia,  los  actuarios  no  tienen  la  obligación  de  identificar plenamente a  las personas con quien entienden  la diligencia, sino que sólo deben cerciorarse de que es el domicilio correcto del deudor, por lo tanto, si la recurrente fue quien dijo que ese era el domicilio correcto del demandado y permitió  la entrada al mismo,  llevándose a cabo el embargo sobre el bien que ahora reclama de su propiedad, debe tenerse por cierto que la recurrente tuvo conocimiento de dicho embargo, pues con ella se entendió la diligencia.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en revisión 72/91. Silvia Mar Encinas. 19 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 221948 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Civil Tesis:  Página:   134  EMBARGOS. LA DILIGENCIA PRACTICADA POR EL ACTUARIO MERECE CREDITO, MIENTRAS NO SE PRUEBE LO CONTRARIO.  La  diligencia  de  embargo  practicada  por  el  actuario  designado  por  la  autoridad  responsable, merece crédito pleno, mientras no sea probado lo contrario.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en revisión 72/91. Silvia Mar Encinas. 19 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 221972 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Septiembre de 1991 

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Materia(s): Penal Tesis:  Página:   151  LESIONES  GRAVES,  APRECIACION  DE  LAS,  POR  EL  JUEZ  A  TRAVES  DE  LOS  DICTAMENES (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA).  Con  apoyo  en  el  artículo  275  del  Código  Procesal  Penal,  los  tribunales  pueden  valorar  los dictámenes periciales y en virtud de ellos estimar como grave una lesión, a pesar de la redacción deficiente  de  los  dictámenes  que  contienen  la  opinión  pericial,  si  las  circunstancias  del  caso, derivadas  de  otros  indicios,  conducen  al  convencimiento  de  que  el  pasivo  estuvo  en  riesgo  de perder  la vida, como ocurre, generalmente, cuando se  trata de  lesiones penetrantes de cavidad abdominal  y  órganos,  que  ponen  en  acción  dispositivos médicos  de  urgencia  para  preservar  la existencia.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  232/91.  Pablo  Robles  Munguía.  26  de  junio  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente:  Julio  César  Vázquez‐ Mellado  García.  Secretaria: María  del  Carmen  Gabriela  Herrera Martínez.   Amparo  directo  150/91.  Rosario  Espinoza  Urías.  12  de  junio  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente:  Pablo  Antonio  Ibarra  Fernández.  Secretaria:  María  del  Carmen  Gabriela  Herrera Martínez.   Amparo  directo  69/91.  Rafael  Lagarda  Lagarda.  20  de marzo  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Octava Época Registro: 222007 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Civil Tesis:  Página:   177  PRUEBAS. DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA Y NO A LA DENOMINACION QUE EL OFERENTE LES DE.  La  calificación que el  juzgador hace de  los medios de  convicción ofrecidos por  las partes, debe entender a su naturaleza, es decir, a su contenido material y objetivo y no a  la denominación o título que los oferentes les den.  

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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Queja 22/91. Banco Mexicano Somex, S.N.C. 19 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 222102 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Agosto de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   160  CAREOS, OMISION DE. CUANDO NO ES VIOLATORIA DE GARANTIAS.  Si bien es cierto que de acuerdo a  la fracción  IV, del artículo 20 constitucional, el ahora quejoso tiene derecho a ser careado con  los testigos que hayan depuesto en su contra, y también que  la omisión  de  esto  no  constituye  violación  de  garantías  cuando  de  las  constancias  de  autos  se observa  que  el  acusado  admitió  los  hechos,  mismos  que  coinciden  con  lo  declarado  por  el ofendido y testigos que depusieron en su contra.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  232/91.  Pablo  Robles  Munguía.  26  de  junio  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente:  Julio  Cesar  Vázquez‐ Mellado  García.  Secretaria: María  del  Carmen  Gabriela  Herrera Martínez.   Amparo directo 155/91. Francisco Antonio Monreal Flores. 12 de  junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Secundino López Dueñas.   Octava Época Registro: 222141 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Agosto de 1991 Materia(s): Laboral Tesis: V.2o.32 L            Página:   191  LAUDOS, DEBEN ANALIZAR TODAS LAS EXCEPCIONES ADUCIDAS, A FIN DE SER CONGRUENTES.  

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La Junta de Conciliación y Arbitraje al estudiar únicamente la excepción de prescripción y omitir el análisis de las demás excepciones que se hicieron valer en el escrito de contestación a la demanda, incumplió con  la obligación que  le  impone el artículo 842 de  la Ley Federal del Trabajo, violando en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  217/91.  Alejandro  Oroz  Haros.  26  de  junio  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Precedente:   Octava Epoca, Tomo VII‐Junio, pág. 315.  (Amparo directo 64/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.  y  otra.  6  de marzo  de  1991. Unanimidad  de  votos.  Ponente: Guillermo  Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: José Juan García Barrera.)   Octava Época Registro: 222281 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Julio de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   177  LESIONES. SU CALIFICACION POR EL JUEZ. (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA).  Con  apoyo  en  el  artículo  475  del  Código  Procesal  Penal  del  Estado  de  Sonora,  los  tribunales pueden calificar como grave una lesión, a pesar de la redacción deficiente de los dictámenes que contienen la opinión pericial, si las circunstancias del caso, derivadas de otros indicios, conducen al convencimiento de que el pasivo estuvo en riesgo de perder la vida, como ocurre, generalmente, cuando  se  trata de  lesiones penetrantes de cavidad abdominal y órganos, que ponen en acción dispositivos médicos de urgencia para preservar la existencia.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  150/91.  Rosario  Espinoza  Urías.  12  de  junio  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente:  Julio  César  Vázquez‐ Mellado  García.  Secretaria: María  del  Carmen  Gabriela  Herrera Martínez.   Amparo  directo  69/91.  Rafael  Lagarda  Lagarda.  20  de marzo  de  1991.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.  

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 Octava Época Registro: 222311 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, Julio de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   201  QUERELLA,  COMO  REQUISITO  DE  PROCEDIBILIDAD  EN  LOS  DELITOS  QUE  SE  PERSIGUEN  A PETICION DE PARTE OFENDIDA, TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES.  Cuando  la  parte  ofendida  por  la  comisión  de  un  delito  que  se  persigue  por  querella  sea  una persona moral, resulta incuestionable que sólo pueden querellarse en su nombre, el apoderado o su representante a quien se le haya otorgado poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial  (artículo 120 del Código Federal de Procedimientos Penales). Por  tanto si en autos sólo existe la denuncia de que los hechos sucedidos realizaron los tripulantes de la navegación de que se trata, es lógico concluir que no se cumplió con el mencionado requisito de procedibilidad.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 80/91. Ramiro Villafaña Valenzuela. 24 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 222355 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   386  PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE FALSEDAD, DESECHAMIENTO DE, DEBE IMPUGNARSE EN REVISION, NO EN QUEJA.  Es procedente que en el  recurso de  revisión  intentado en contra de  la sentencia de amparo, se impugne el acuerdo que admita una prueba, su desahogo o cualquier otro que tienda al referido desahogo  de  una  probanza  ofrecida  en  el  incidente  de  objeción  de  falsedad  de  documento, planteado  en  la  audiencia  constitucional  del  juicio  de  amparo,  pues  si  bien  es  cierto  que anteriormente existía duda sobre si debía ser combatido dicho acuerdo en queja o en revisión, tal laguna fue resuelta en el decreto que contiene las reformas a la Ley de Amparo de fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día  cinco  de  enero  de mil  novecientos  ochenta  y  ocho,  por  virtud  de  la  cual  se  adicionó  a  la 

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fracción  IV  del  artículo  83  del  ordenamiento  legal  en  comento,  una  última  parte,  para  quedar como  sigue:  "Al  recurrirse  tales  sentencias  deberán,  en  su  caso,  impugnarse  los  acuerdos pronunciados  en  la  citada  audiencia".  En  este  orden  de  ideas,  debe  decirse  que  el medio  de impugnación  correcto  contra  decisiones  emitidas  en  el  incidente  de  objeción  de  falsedad,  que regula el artículo 153 de la Ley de Amparo, es el recurso de revisión, pues conforme a las reglas del artículo 83, fracción IV, última parte, 153 y 155 de la Ley de la Materia, el susodicho incidente se ventila en  la audiencia constitucional y  se decide conjuntamente con  la materia del amparo, ya que de acuerdo con  lo ordenado en el tercero de  los dispositivos  legales citados,  la audiencia de derecho donde se instrumenta el referido incidente, es de pruebas, alegatos y sentencia.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Queja 7/9l. Jorge Luis Lara Elías. 13 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 222673 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Junio de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   396  REINCIDENCIA,  IMPROCEDENTE  AUMENTO  DE  LA  PENA  POR.  SI  LA DEL DELITO  ANTERIOR  FUE CONMUTADA POR MULTA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA).  La  Sala  Penal  responsable  omitió  cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  309  del  Código  de Procedimientos  Penales  para  el  Estado  de  Sonora,  al  no  suplir  la  deficiencia  de  los  agravios expresados por  los defensores de oficio asignados al hoy quejoso, en relación con el  incremento de la pena impuesta por la reincidencia, supuesto que para que sea procedente tal incremento, en los  términos del artículo 65 del Código Penal para el Estado de Sonora, se requiere que  la pena impuesta  por  el  delito  anterior  sea  también  privativa  de  libertad.  Así,  no  es  dable  aplicar  los aumentos  previstos  en  el  referido  precepto,  si  la  pena  impuesta  por  el  anterior  delito  es  de carácter  económico,  como  en  el  caso  en que,  aun  cuando  inicialmente  se  fijó una privativa de libertad, ésta fue conmutada por multa y el reo se acogió a dicho beneficio, tal y como se advierte de las constancias que obran a fojas 50 y 60 del proceso.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  196/90.  Trinidad  Esquer  Cota.  29  de  agosto  de  1990.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretaria: Lidia Amanda Castañón Reyes.   

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Amparo directo 62/89. Ariel Reyes Parra. 7 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Secundino López Dueñas.   Octava Epoca, Tomo III, Segunda Parte‐2, página 657.   Octava Época Registro: 222754 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Junio de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis:  Página:   461  VISITA DOMICILIARIA, ACTAS  LEVANTADAS CON MOTIVO DE  LA,  SIN CUMPLIR  LOS REQUISITOS LEGALES. SE DEBE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.  Cuando  se  levantan  actas  con motivo  de  una  visita  domiciliaria  y  no  se  da  cumplimiento  a  lo previsto por el artículo 46 del Código  Fiscal de  la Federación, acorde  con el diverso artículo 16 constitucional,  es  preciso  declarar  en  forma  absoluta  la  nulidad  respectiva,  siendo  ilegal  y violatorio de garantías el decretar una nulidad para efecto de reponer el procedimiento a partir de que se actualizó  la violación, toda vez que se está en presencia de una violación substancial y no meramente  formal. Esto es,  si el artículo 16 constitucional  señala  la  facultad de  las autoridades administrativas para practicar visitas domiciliarias, mismas que se deben de efectuar sujetándose a las leyes respectivas y con las formalidades prescritas para los cateos, entre ellas, las de que se deben de entender con el visitado, y  la  ley  respectiva, que es el Código Fiscal de  la Federación, señala en su artículo 46, la forma en que se deben desarrollar las visitas domiciliarias, recogiendo las formalidades señaladas en el artículo 16 constitucional, que en su fracción VI establece como requisito  esencial  de  validez  de  la  visita,  el  que  al  visitado  se  le haya  requerido para que  esté presente en el momento del cierre de la visita. Por lo que, si no se cumplió con esa formalidad, se incumplió el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación y se transgredió de forma substancial la garantía  señalada  que  establece  el  artículo  16  constitucional,  por  lo  que  se  debe  conceder  el amparo  para  que  la  Sala  declare  la  nulidad  lisa  y  llana  de  la  resolución  impugnada  y  no  para efectos, toda vez que es requisito esencial para la validez de una visita el que se practique ante la presencia del sujeto visitado, por lo que si la visita se practica sin su presencia, no se cumple con este requisito, y tal irregularidad, no es posible reponerla.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 346/90. José Guadalupe Ríos Beltrán. 8 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 223032 

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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Mayo de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis:  Página:   282  REVISION CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACION DEL RECURSO DE, CUANDO NO EXISTE CONSTANCIA DE NOTIFICACION.  Cuando  no  obra  en  el  expediente  constancia  alguna  de  la  fecha  en  que  fue  notificada  a  la autoridad  recurrente  la  sentencia  recurrida y, por  tanto, no hay una base  fija para computar el término de ley, sino en todo caso existe duda respecto de si ha transcurrido o no el plazo para la interpretación de la revisión, debe admitirse y tramitarse el recurso respectivo.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Revisión fiscal 1/91. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede  en  Mexicali,  Baja  California,  por  conducto  de  la  Jefatura  Delegacional  de  los  Servicios Jurídicos y de Seguridad en el Trabajo de la Delegación Regional en Baja California. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Seguro Madueño.   Octava Época Registro: 223037 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Mayo de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   285  ROBO COMETIDO EN EL EXTRANJERO. DETERMINACION DE LA PENA.  De  acuerdo  con  lo  previsto  por  el  artículo  369  bis  del  Código  Penal  Federal,  la  cuantía  que corresponde al delito de  robo cometido en el extranjero  se debe determinar en  relación con el salario mínimo diario vigente en el momento y en el lugar en que se cometió el ilícito, por lo que en  caso de que no  se pueda determinar el  valor, por haberse  cometido en el extranjero, debe estarse a lo más favorable al reo.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 243/90. Mauricio Macías Acosta.  3 de octubre de 1990. Unanimidad de  votos. Ponente: Julio César Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdez.  

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 Amparo  directo  165/90.  Angel  García Mendoza.  20  de  junio  de  1990.  Unanimidad  de  votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Amparo directo 54/89. Francisco Javier Molina Alvarez. 21 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Octava Época Registro: 223448 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Marzo de 1991 Materia(s): Común Tesis:  Página:   208  REVISION. CASO EN QUE PROCEDE SU INTERPOSICION POR EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.  El  juicio  de  amparo  y  la  naturaleza  de  la  función  que  en  él  desempeña  el Ministerio  Público Federal, por su carácter de parte, confiere a éste el derecho de interponer el recurso de revisión, pero  sólo  cuando  tiene  por  fin  el  superar  un  agravio  que  se  haya  causado  en  la  resolución impugnada; entendiéndose como agravio,  la afectación del  interés  jurídicamente protegido, por ende, la existencia de un agravio implica, necesariamente, la existencia de este interés, el cual en el caso del Ministerio Público no se presenta cuando la sentencia que impugna concedió el amparo al quejoso en contra de un auto de formal prisión, al considerarlo violatorio de garantías, pues al Ministerio Público le interesa, de manera fundamental, la reparación de la violación de garantía en contra de los particulares. Ahora bien, no basta ser parte en el juicio de amparo para que se surta la  procedencia  del  recurso  de  revisión,  sino  que  además  debe  existir  un  interés  jurídicamente tutelado en favor de esa parte y que el mismo haya sido vulnerado por la sentencia recurrida.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  en  revisión  143/90.  Eleazar  Ibarra  Gutiérrez  y  coagraviados.  24  de  enero  de  1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Amparo en revisión 138/90. Juan Manuel Valenzuela Martínez. 24 de enero de 1991. Unanimidad de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado García.  Secretaria: María  del  Carmen Gabriela Herrera Martínez.   Octava Época Registro: 223467 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Marzo de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   224  VIOLACION, DELITO DE. CONCEPTO DE COPULA.  Para que exista  cópula en el delito de violación no es necesario  la plena  consumación del acto fisiológico, pues para que ésta se dé, basta cualquier forma de ayuntamiento, normal o anormal, con eyaculación o sin ella.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  8/91.  Juan  Ramón  Sesma  López.  6  de  febrero  de  1991.  Mayoría  de  votos. Disidente:  Pablo  Antonio  Ibarra  Fernández.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 223806 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Enero de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   208  DECOMISO DEL VEHICULO QUE SIRVIO DE MEDIO PARA COMETER EL DELITO. SU IMPROCEDENCIA EN  SEGUNDA  INSTANCIA  SI  FUE  EL  SENTENCIADO  QUIEN  APELO  Y  LA  SENTENCIA  DE  PRIMER GRADO FUE OMISA AL RESPECTO.  Es violatorio de garantías ordenar el decomiso del vehículo que sirvió de medio al quejoso para cometer la conducta delictuosa que se le reprocha, si es el tribunal de alzada quien lo ordena, sin existir agravio al respecto del Ministerio Público, dado que la sentencia de primer grado fue omisa en ese aspecto no obstante que  tal órgano  técnico, sí solicitó, en sus conclusiones,  tal pena, sin embargo, al no impugnar dicho fallo se conformó con el mismo, por lo tanto, si solamente fueron el quejoso y su defensor quienes  impugnaron  la resolución de primera  instancia, el ad quem no puede agravar la situación del sentenciado.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 308/90.  Isaías Gómez Ortuño. 28 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Cesar Vázquez‐ Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época 

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Registro: 223970 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Enero de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis:  Página:   317  MULTAS FISCALES EXCESIVAS, SON INCONSTITUCIONALES.  Al establecer el legislador en el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos ochenta y seis, un porcentaje único como multa por  la comisión de cualquier infracción que haya dado origen a la omisión total o parcial en el pago de contribuciones, incurrió en  violación  al  artículo  22  constitucional,  en  virtud  de  que,  al  no  tomar  en  cuenta  las circunstancias especiales del  infractor, que permitan  la  individualización de  la sanción, se abre  la posibilidad de la aplicación de multas excesivas. En efecto para que una multa no sea contraria al texto constitucional, al establecerse el monto pecuniario de la misma, se debe tener en cuenta la correspondencia entre  la cuantía de  la multa y  las condiciones económicas del  infractor, que  la sanción pecuniaria esté en proporción con el valor del negocio en que se cometió la infracción que se castiga, y las finalidades que se persiguen con la imposición de la multa, entre las que se hallan la  prevención  y  represión  de  la  evasión  ilegal  tributaria,  la multa,  debe  también  atender  a  la gravedad de  la  infracción  y  a  la  actitud del  infractor,  lo que no  sucede  cuando  el monto de  la sanción es un porcentaje fijo establecido en la ley.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  232/90.  Papelería  y  Máquinas  Modernas,  S.A.  26  de  septiembre  de  1990. Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Julio  César  Vázquez‐Mellado  García.  Secretario:  Arturo  Rafael Segura Madueño.   Amparo directo 233/90. Central S.A. de C.V. 29 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.   Octava Época Registro: 223977 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Enero de 1991 Materia(s): Laboral Tesis:  Página:   322  

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NOTIFICACION DEL AUTO DE RADICACION DEL  JUICIO LABORAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 742,  FRACCION  II,  DE  LA  LEY  FEDERAL  DEL  TRABAJO,  REQUIERE  DE  LAS  FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LA PRIMERA NOTIFICACION PERSONAL.  La notificación del auto de radicación del juicio a que se refiere la fracción II del artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo, debe hacerse conforme a las normas establecidas en el artículo 743 de la propia  ley, pues  se  trata de una primera notificación personal,  sin que obste para ello que  con anterioridad  se  haya  dado  otra  notificación  personal,  ordenada  por  autoridad  diversa  y  en  un domicilio y plaza distintos, pues debe atenderse a la naturaleza del acto a notificar.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo en revisión 123/90. Rodolfo Alfredo Vidal Sánchez. 10 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño.   Octava Época Registro: 224212 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VII, Enero de 1991 Materia(s): Penal Tesis:  Página:   463  SALUD,  DELITO  CONTRA  LA,  EN  SU  MODALIDAD  DE  POSESION.  REQUISITO  PARA  SU CONFIGURACION.  Para  que  se  compruebe  plenamente  la  responsabilidad  penal  del  quejoso  revisionista  en  la comisión  del  delito  contra  la  salud,  en  la  modalidad  de  posesión  de  un  estupefaciente,  es indispensable que  tenga conocimiento de que  la  substancia a que  se contrae  la detentación, es droga,  pues  si  de  autos  se  desprende  que  se  ignoraba  su  naturaleza,  no  se  comprueba  dicha responsabilidad penal, aun cuando el estupefaciente afecto, se encuentre bajo el radio de acción y a disposición del activo.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo  directo  297/90.  Aurelio  Valenzuela  Jiménez.  4  de  diciembre  de  1990.  Unanimidad  de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Octava Época Registro: 800116 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  X, Agosto de 1992 

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Materia(s): Civil, Común Tesis: V.2o.130 C           Página:   629  SUSPENSION PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.  Los extraños a un  juicio deben probar, aun cuando sea de una manera presuntiva, el  interés que tienen en que se suspenda el acto reclamado, y si no lo hacen así, la suspensión debe negarse.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Incidente en  revisión 81/92. Enrique Oceguera Caballero. 13 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Ramón Parra López.   Incidente en  revisión 124/91. Raymundo Pérez  Salgeiro. 21 de  agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros.   Queja 18/91. José Guadalupe Sergio Galván Fernández. 6 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: José Juan García Barrera.   Octava Época Registro: 804774 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  IX, Marzo de 1992 Materia(s): Laboral Tesis: V.2o.20 L            Página:   319  TIEMPO EXTRAORDINARIO, LA CONDENA AL PAGO DE, DEBE ESTAR MOTIVADA CORRECTAMENTE, AUNQUE EL PATRON OMITA PROBAR LA DURACION DE LA JORNADA.  El artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo establece una regla general que obliga a las Juntas a expresar los motivos y fundamentos legales en que se apoyan sus laudos. Por otra parte, es cierto que el artículo 784, fracción VIII, de  la propia  ley, dispone que al patrón corresponderá, en todo caso, probar su dicho cuando exista controversia sobre la duración de la jornada de trabajo. Pero aun en el caso de que el patrón no cumpla con  tal carga procesal,  las  Juntas deben ceñirse a  la exigencia  genérica  antes  señalada,  mediante  el  examen  de  las  pretensiones  deducidas oportunamente en el juicio, por lo cual, un correcto planteamiento y solución de la demanda por servicios en tiempo extraordinario, implica la necesidad de analizar, entre otros datos, la duración de  la  jornada ordinaria;  los días en que  se hubiere prestado  trabajo extraordinario, así como  la duración de éste;  la cuantificación de  las horas extras  trabajadas y  la cantidad que corresponda cubrir por hora, conforme a  la proporción relativa al salario de  la  jornada ordinaria, mediante  la 

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aplicación de las reglas del capítulo II, título tercero, de la ley en cita.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  Amparo directo 55/91. Manuel Aguirre Barrera y otro. 20 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez‐Mellado García. Secretario: Isidro Pedro Alcántara Valdés.   Amparo directo 11/91. Francisca Arnold de Arzate. 31 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda.   Octava Epoca, Tomo VII‐Mayo, página 318.