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Maestría en Relaciones Internacionales.

Seminario integrador.

Título: La responsabilidad de las empresas

internacionales como actores en el

conflicto social y armado en Colombia. Su

relación con los grupos paramilitares.

Autor: Jesús Rafael Mora González.

LA HABANA, EDICIÓN 201

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. ........................................................................ 3

DESARROLLO. ............................................................................ 4

CONCLUSIONES ....................................................................... 10

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................ 11

Resumen:

El capital transnacional, ha jugado en América Latina, un papel funesto y criminal,

durante el proceso de expansión del capitalismo, en el que Colombia ha sido un

botín, con la complicidad directa de la elitista clase dirigente. El presente trabajo

pretende demostrar, que durante el proceso de globalización neoliberal, que ha

vivido Colombia, con un conflicto social y armado, las empresas internacionales y la

oligarquía colombiana, con el empleo de los grupos paramilitares, han consolidado

la expansión del capitalismo, con consecuencias humanitarias y medioambientales

nefastas en las comunidades y territorios. El articulo concluye demostrando que la

relación directa entre las empresas internacionales y el paramilitarismo, ha sido un

pilar fundamental para mantener el Estado Colombiano, y garantizar la acumulación

irracional de capital, en la segunda fase de consolidación del modelo neoliberal en

América Latina.

Abstrac:

The transnational capital has played a deadly and criminal role in Latin America

during the process of expansion of capitalism, in which Colombia has been a booty,

with the direct complicity of the elitist ruling class. The present work tries to

demonstrate, that during the process of neoliberal globalization, that Colombia has

lived, with a social and armed conflict, the international companies and the

Colombian oligarchy, with the employment of the paramilitary groups, have

consolidated the expansion of capitalism, with harmful humanitarian and

environmental consequences in the communities and territories. The article

concludes to demonstrating that the direct relationship between international

companies and paramilitarism has been a fundamental pillar to maintain the

Colombian State, and guarantee the irrational accumulation of capital, in the second

phase of consolidation of the neoliberal model in Latin America.

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Introducción:

En la era de la globalización neoliberal, el capital transnacional, ha jugado en

América Latina, un papel funesto y criminal, durante el proceso de expansión del

capitalismo, en el que Colombia ha sido un botín, con la complicidad directa de la

elitista clase dirigente (Ortiz, 2016).

Este país se ubican dentro de los que tienen mayor biodiversidad, dada su riqueza

topográfica, con un alto valor en el mercado internacional y posición de relevante

importancia en términos geopolíticos. (Gutiérrez, 2015).

Como se observa, los altos índices de concentración de la tierra y de la riqueza, en

manos de la oligarquía colombiana, propició los conflictos violentos, entre la clase

dominante y la población, por la posesión de la tierra, dando origen a los actores

armados, los cuales persisten hoy.

Por tal motivo, ante el temor de perder su propiedades, la burguesía colombiana,

exigió al gobierno, la creación formal de grupos armados al margen del estado,

como organizaciones de defensa civil, para proteger su propiedad, dando

surgimiento al fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

Luego de las bonanzas cafeteras alcanzadas en la década del setenta, la clase

gobernante, se insertó en el proceso de globalización neoliberal, a través de su

industria minera, atrayendo el interés de las empresas internacionales.

Al mismo tiempo, el proceso de globalización neoliberal, ha situado las sociedades

transnacionales, como actores de primer orden en la toma de decisiones y como

responsables de las crisis políticas, económicas, sociales, ecológicas y culturales

que afecta actualmente a la humanidad. Estas se protegen por medio de normas

supranacionales, con las políticas de ajuste y préstamos, condicionados por la

Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Sistema

de Solución de Diferencias de la OMC1 y el Banco Mundial, que debilitando la

soberanía de los Estados receptores (Tietelbaum, 2011).

El objetivo de este trabajo es demostrar, que durante el proceso de globalización

neoliberal, que ha vivido Colombia, con un conflicto social y armado, las empresas

internacionales y la oligarquía colombiana, con el empleo de los grupos

paramilitares, han consolidado la expansión del capitalismo, con consecuencias

humanitarias y medioambientales nefastas en las comunidades y territorios.

________________ 1El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del sistema multilateral de comercio y una contribución excepcional de la OMC a la estabilidad de la economía mundial, hace hincapié en el imperio de la ley y da mayor seguridad y previsibilidad al sistema de comercio. Se basa en normas claramente definidas y se establecen plazos para ultimar el procedimiento.

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Desarrollo:

El verdadero origen del Paramilitarismo [como una práctica sistemática],

comprobado documentalmente, se encuentra en la Misión Yarborough o visita a

Colombia, en febrero de 1962, de oficiales de la Escuela de Guerra Especial de Fort

Bragg (Carolina del Norte) quienes dejaron un documento secreto, acompañado de

un Anexo ultra-secreto en el cual orientaban a conformar grupos mixtos de civiles y

militares, entrenados clandestinamente y utilizables en caso de que la seguridad

nacional se deteriorara. (Edgar, 2018)

El Estado continúa negando la existencia de grupos paramilitares y desde 2006 los

bautiza con nombres que enmascaran su carácter político y los vínculos que estos

grupos tienen con la institucionalidad; Bandas Criminales (BACRIM) o Grupos

Armados Organizados (GAOs).

El Ministerio de Defensa Colombiano ha defendido reiteradamente que “En

Colombia no hay paramilitarismo”. Decir que en Colombia hay paramilitarismo

significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la

delincuencia común u organizada, desconociendo que la paternidad que el Estado

tiene en la creación y mantenimiento de las estructuras paramilitares, favoreciendo

su creación a través de distintos manuales de combate de contraguerrillas y de

doctrina contrainsurgente del Estado. (Edgar, 2018)

El paramilitarismo hace parte de una política de Estado, anclada en la doctrina de

seguridad nacional, la cual establece entre sus estrategias de lucha

contrainsurgente, la persecución al movimiento social, opositores, líderes y lideresas

sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes se les

denomina enemigo interno y se les equipara con la guerrilla, y con base en ese

fundamento se le estigmatiza y agrede. (Edgar, 2018)

Para la sociedad civil es preocupante que pese al Acuerdo de Paz, esta doctrina

esté vigente y no haya sido modificada, máxime que esta continua justificando y

naturalizando las agresiones contra el movimiento social y de derechos humanos.

La persistencia del fenómeno del paramilitarismo se puede explicar a partir de

cuatro elementos;

En primer lugar, no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron,

En segundo lugar, los efectos de las desmovilizaciones, no fueron efectivos debido

a que la desmovilización no fue simultánea.

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En tercer lugar, muchos mandos medios no se acogieron al acuerdo y siguieron

delinquiendo y por último, los financiadores y terceros beneficiados por el

paramilitarismo no fueron efectivamente investigados y sus estructuras se

mantuvieron intactas en las regiones tras la desmovilización, y siguen sin rendir

cuentas, aunque la legislación reciente para superar las atrocidades del conflicto les

da la opción de hacerlo de manera “voluntaria”, ya que la justicia ordinaria no lo ha

hecho y nada indica que lo hará. (Edgar, 2018)

Durante el año 2017 se responsabiliza a los grupos paramilitares de realizar 283

amenazas contra personas defensoras de DDHH lo que equivale al 76% de las

amenazas registradas el año pasado.

Los principales responsables de las amenazas son las “Águilas Negras” con el 36%

de las mismas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el 14%. (Edgar,

2018)

Esta información resulta llamativa, ya que según diversos informes elaborados por

organizaciones de DDHH el grupo de las ‘Águilas Negras’ tiene poca presencia

territorial y más parece obedecer a estrategias de acciones encubiertas de

entidades que deberían al contrario ocuparse de la seguridad ciudadana.”

En el arsenal doctrinario de la Seguridad Nacional de Colombia, compuesto

fundamentalmente por libros (Biblioteca del Ejército Nacional), editoriales y artículos

aparecidos en la Revista de las Fuerzas Armadas y en la Revista del Ejército,

discursos, exposiciones e informes de altos mandos militares y asesores suyos, así

como por una colección de Manuales de Contrainsurgencia editados con carácter

secreto o ‘de reserva’, allí el perfil del ‘comunista’ se identifica explícitamente con el

sindicalista, el campesino que no simpatiza o se muestra renuente ante las tropas

militares que penetran en su vereda o en su vivienda, el estudiante que participa en

protestas callejeras, el militante de fuerzas políticas no tradicionales y críticas, el

defensor de derechos humanos, el teólogo de la liberación y en general el poblador

inconforme con el Statu quo. (Edgar, 2018)

En ese perfil desmesurado del ‘comunista’, la acción militar se articula

perfectamente con el modelo de Estado que se fue configurando en Colombia a

través de los conflictos sociales y que tanto Paul Oquist como Juan Friede

definieron tan acertadamente como excluyente y elitista. (Edgar, 2018)

El ‘comunista’ tal como lo definen los manuales de estudio y entrenamiento de la

Escuela de Las Américas y el arsenal doctrinario del Ejército colombiano, es

justamente el que no se ajusta a los intereses elitistas y excluyentes de la clase

dirigente colombiana’.” (Edgar, 2018)

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Por otra parte, de acuerdo al Banco Mundial, el país se ha integrado a las dinámicas

internacionales de la globalización económica, financiera y comercial, con el mejor

clima para los negocios en América Latina “por simplificar los trámites de crédito,

protección de la inversión, y simplificación en el pago de impuestos” (Valbuena,

2012).

Fue el sector minero quien facilitó el ingreso del país en esas dinámicas

neoliberales, con la privatización de minas y refinerías. En este nuevo escenario, las

empresas internacionales, con la complicidad de las clases dominantes,

establecieron alianzas siniestras con los grupos paramilitares, obteniendo

importantes márgenes de utilidad, sin asumir su responsabilidad social

coorporativa2.

La Fiscalía General de Colombia, recibió centenares de denuncias que confirmaron

estas alianza, principalmente de las regiones de mayor concentración de riquezas

naturales: el Choco y su selva; el Putumayo y Arauca con el petróleo; Bolívar y su

oro; La Guajira por su carbón; o Antioquia por su contexto favorable a la generación

de energía eléctrica (Edgar, 2018).

Las declaraciones tomadas durante el proceso de Justicia y Paz3, a los

comandantes de estos grupos paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez (alias

“Santander Lozada”), Rodrigo Tovar Pupo (alias “Jorge 40”), Nodier Giraldo (alias “el

Cabezón o Jota”), y Éver Veloza García (alias “HH”), aportaron pruebas que

quedaron registradas en los sistemas judiciales de Colombia y Estados Unidos.

Confirmando la implicación de las empresas internacionales, en las acciones

cometidas en contra de la población, en especial; las empresas bananeras como

Chiquita Brands Inc, Dole, Banacol, Uniban, Proban y Multifruits, filial de Delmonte.

La decisión de extraditarlos a los Estados Unidos, dejó fuera del alcance del sistema

judicial colombiano, sus argumentos contra las élites políticas y económicas tanto

colombianas como extranjeras (Edgar, 2018).

Algunos ejemplos de estas relaciones son:

Multifruits, filial de Delmonte, reconoció su relación con los paramilitares a fin de

desplazar a 2.500 colombianos de raza negra, en la región del Choco,

permitiéndoles a esos grupos saquear casas y usarlas como centro de operaciones.

______________ 2La responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social empresarial (RSE) o inversión socialmente responsable, se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido

3 El proceso de Justicia y Paz está reglamentado por la Ley 975 de 2005, fue un procedimiento especial de carácter jurisdiccional, temporal, transicional y alternativo, que estableció una pena alternativa a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, a cambio de su colaboración en la obtención de la satisfacción de las víctimas de sus derechos a las verdad, la justicia y la reparación.

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Chiquita Brands, multinacional bananera antiguamente conocida como la United Fruits Company, fue uno de los importantes financiadores de los grupos paramilitares, que admitió en marzo 2007 haber pedido protección para sus actividades, lo que condujo a la masiva comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, en las regiones Uraba y Santa Marta, también fue identificada en facturas y otros documentos como el destinatario de envíos desde Nicaragua de 3.000 rifles de asalto AK-47 y 5 millones de cartuchos de munición, entregadas a estos grupos, testimonios registrados en documentos judiciales (Edgar, 2018).

Las pruebas del caso de Chiquita Brands quedaron protegidas después de un

acuerdo entre la empresa y los fiscales de los Estados Unidos, para no conseguir un

castigo penal. Los ejecutivos admitieron ante el tribunal que su filial en Colombia

(Banadex S.A.) pagó aproximadamente US$1.7 millones a los grupos paramilitares

entre 1997 y 2004, incluso después de que el gobierno de los Estados Unidos los

designó como organizaciones terroristas en 2001. El tribunal impuso una multa de

$25 millones de dólares, este dinero fue al Departamento de Justicia, ni un centavo

fue pagado a las víctimas en Colombia (Edgar, 2018).

Otro ejemplo que evidencia la vinculación de las empresas con los paramilitares y la

represión al movimiento sindical colombiano es el caso del Sindicato Nacional de

Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL). Los datos aportados

recogen que más de 100 de sus miembros, fueron blancos de asesinatos selectivos,

por los paramilitares, cumpliendo órdenes de varias empresas, entre ellos 17 eran

empleados de la multinacional Nestlé y 7 empleados de Coca Cola (Edgar, 2018).

Con respecto a estos crímenes, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado,

José Nirio Sánchez, condenó a informantes del antiguo servicio de inteligencia del

Estado colombiano y paramilitares como autores materiales del asesinato de

sindicalistas y ex trabajadores de Nestlé, ordenando abrir una investigación contra

los directivos de la Empresa Cicolac–Nestlé, para demostrar la participación de la

multinacional en la sistemática persecución contra los dirigentes sindicales, este

magistrado terminó recibiendo amenazas y tuvo que exiliarse en Estados Unidos.

Allí, ante la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara, declaró que “quienes

ordenan y financian las ejecuciones, los autores intelectuales, son más culpables

que los autores materiales de la persistencia de la violencia, que no se detendrá

mientras los verdaderos perpetradores no sean enjuiciados” (Edgar, 2018).

También quedó demostrada la responsabilidad de las empresas que se dedican al

cultivo de la palma africana, como la transnacional italo-española Poligrow acusada

de ser responsable por el desplazamiento forzado de poblaciones, amenazando a

los opositores, con los grupos paramilitares para apoderarse de sus tierras. La

corrupción y debilidad de las instituciones estatales e internacionales y el temor

meterse con los paramilitares, fue aprovechado para evadir las investigaciones y

procesamientos judiciales por las empresas Drummond, British Petroleum, BHP

Billiton, Glencore-Xstrata, Anglo American y la empresa Cargill (Edgar, 2018).

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El muy documentado informe “El lado oscuro del carbón” (Mor, 2014), denuncia la

estremecedora ola de violencia desatada en el departamento del Cesar, en el

noreste del país, por grupos paramilitares que actuaban con el apoyo y complicidad

de las trasnacionales mineras Drummond y Prodeco.

Con base en cifras oficiales, dicha investigación que puede calificarse como el

informe del horror, realizado por solicitud explícita de las víctimas, hace un cálculo

conservador durante el periodo comprendido entre 1996 y 2002. Estableció que en

esta región carbonífera colombiana los paramilitares con la colaboración financiera y

logística de las citadas empresas transnacionales cometieron no menos de 2.600

asesinatos selectivos, ejecutaron masacres en las que murieron unas 500 personas,

e hicieron desaparecer a más de 240 habitantes de la zona, generando más de 59

mil desplazamientos forzados, con lo cual, además, se produjo un fenómeno de

apropiación ilegal de tierras (Ortiz, 2016).

El informe es además un relato de lo que constituye la acumulación por

desposesión. Colombia es el país paradigmático de este fenómeno de saqueo y

latrocinio. Se trata, como bien lo ha reseñado el sociólogo portugués Boaventura de

Sousa Santos, de la “apropiación, casi siempre ilegal, violenta, y siempre con

recurso a mecanismos extraeconómicos, políticos, coercitivos, de la tierra, de los

recursos naturales y de la fuerza de trabajo necesarios para sostener la

reproducción ampliada. Esos mecanismos han incluido históricamente el despojo

colonial, la esclavitud, la coerción política, la violencia paramilitar, la ocupación

extranjera para controlar los recursos naturales y las poblaciones”.

Con la firma del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto5 y la creación de una

Jurisdicción Especial para la Paz6, se ofrecen garantías jurídicas a quienes

participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, incluyendo a las

empresas internacionales, la expectativa radica en la posibilidad cierta o remota que

se abre con este proceso, si los terceros responsables en la comisión de delitos de

lesa humanidad van a responder a las víctimas.

La competencia de dicha Jurisdicción alcanza a quienes han financiado grupos

paramilitares, como es el caso concreto de varias transnacionales que operan en

territorio colombiano, teniendo en cuenta también “las vulneraciones que en razón

del conflicto hubieran tenido los derechos económicos”. (Ortiz, 2016) _______________ 5 El contenido del Acuerdo sobre Víctimas firmado entre las FARC y el Gobierno Colombiano hace referencia al reconocimiento y el compromiso con sus derechos, con la no impunidad, y las garantías de no repetición que sean compatibles con sus derechos. 6 Jurisdicción Especial de Paz es una circunscripción al que habrán de concurrir responsables de graves violaciones desde todos los actores, armados y no armados, comprometidos en el conflicto; una fórmula de amnistía e indulto para los acogidos al acuerdo de paz, siempre y cuando no tengan responsabilidades con graves violaciones.

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La responsabilidad corporativa de varias transnacionales que tienen rentables negocios en el territorio colombiano deben ser materia de investigación, habida cuenta que hay suficiente material probatorio en el sentido de que han sido cómplices y articuladores de delitos de lesa humanidad, se han aprovechado de la confrontación armada y del histórico debilitamiento institucional de este país para consolidar sus inversiones vía fractura social y territorial.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional debe esperar hasta que salga algún

resultado definitivo de la justicia transicional y la justicia convencional colombianas

antes de asumir jurisdicción para procesar la demanda (y posiblemente otras

similares, por ejemplo en contra de los ejecutivos de Nestlé). En este momento

parece muy poco probable que el Congreso o el Ejecutivo colombianos permitirán

las medidas necesarias para investigar y enjuiciar a los ‘terceros partidos’ que

establecieron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares y que más han

beneficiado de sus actividades.

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Conclusiones: El proceso de investigación nos permitió llegar a las siguientes conclusiones:

La presencia de las empresas internacionales en territorio colombiano, se enmarca

en la segunda fase del modelo neoliberal en América Latina, denominada “el

Consenso de los Commodities7”, que fue llamada “la locomotora minera8” durante el

gobierno de Juan Manuel Santo, como continuación al Consenso de Washington9.

El papel desempeñado por el paramilitarismo, ha sido un pilar fundamental para

mantener el Estado Colombiano, y garantizar, con la consolidación de la

globalización neoliberal, por todos los medios posibles, la acumulación irracional de

capital, por las empresas transnacionales, subordinando la soberanía de Colombia y

sus políticas económicas, al poder financiero trasnacional, en esta fase de

desarrollo del capitalismo neoliberal.

Las víctimas de los asesinatos selectivos, han respondido a una estrategia de los

victimarios, las empresas internacionales, empleando el mismo patrón de exterminio

aplicado durante décadas, enmarcado en la doctrina de seguridad nacional

colombiana10: el anticomunismo.

El modelo económico neoliberal del Estado Colombiano, que ha protegido los

intereses de la clase dominante, lo hace responsable de la pobreza, la exclusión, la

impunidad, la violación de derechos humanos, el deterioro del medio ambiente y la

tragedia humana vivida por el pueblo de Colombia.

________________ 7El Consenso de los Commodities subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. 8La locomotora minera fue una de las apuestas para la prosperidad del gobierno de Juan Manuel Santos en su primer mandato quien propuso convertir a Colombia en uno de los principales destinos latinoamericanos de la inversión privada, interna y externa, destinada a la exploración minera; y alcanzar un crecimiento del PIB minero por encima del promedio latinoamericano. 9El Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. 10La doctrina de seguridad nacional en Colombia ha sido una herramienta para la continuación y deshumanización del conflicto social y armado que vive el país hace 60 años. La seguridad del Estado colombiano ha sido la premisa para darle un sentido militarista a las estrategias de seguridad nacional, buscando darle una solución militar a las causas sociales, económicas y políticas que han desencadenado el conflicto armado. Las políticas de seguridad nacional han generado una militarización de lo civil y la creación de un enemigo interno, lo que ha llevado a que la población civil se vea inmersa en las dinámicas de guerra. La inclusión de la población civil en el conflicto colombiano ha generado innumerables violaciones al Derecho Internacional Humanitario- DIH y los Derechos Humanos-DD.HH, sobre todo la no distinción entre combatientes y no combatientes por parte de todos los actores armados.

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