PICRISISEdición 7

Órgano de información del Colegio Médico Colombiano

Marzo - Mayo 2018 ISSN: 2539-505X (en línea)

CO

LEGIO MÉDICO COLOMBIAN

OCMC

Historia del Servicio Social Obligatorio Pág. 13

Medicina: la mejor opción, verdadera vocación

COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO Pág. 14

ASSOSALUD Pág. 15

El acceso al químico farmacéutico:

una deuda con la sociedad Ágora

CRÓNICA Pág. 16

La Rebeca: un monumento a la hospitalidad de la capital Diccionario

Desafíos estructurales para la plena vigencia del derecho a la salud en Colombia pág. 7

ACTUALIDAD pág. 8

Las enfermeras se volvieron invisibles para

el sistema de salud: OCE Pág. 8

Soluciones para la crisis de la salud: Gran Junta Médica Nacional Pág. 9

Llamado para que los odontólogos se inscriban en el ReTHUS Pág. 10

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN pág. 11

¡A comer de verdad!

CONTROVERSIA pág. 12

Políticas del asbesto en Colombia: hacia una “prohibición blanca”

EDITORIAL pág. 2

Talento Humano en Salud: ¿Quiénes somos?Asbesto: la voz que el Congreso demora en apagar

ENTREVISTA pág. 3

Hay que comenzar a construir un nuevo sistema de salud

CITA CON pág. 4

Diez acuerdos para mejorar la educación médicaSe necesita una política integral y coherente en salud: Víctor Correa pág. 5

ANIR

OPINIÓN pág. 6

El 3 de diciembreACOME

Temas

Servicio Social Obligatorio

Reforma a La Educación Médica

Gran Junta Médica Nacional

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Especialistas que lleguen a ejercer deben pasar el examen

Una prueba de Estado, adicional a los requisitos de convalidación existentes en el país, buscaría garantizar la idoneidad en términos de conocimientos de los médicos especialistas que llegan a trabajar en Colombia.

A finales del año pasado, el Representante a la Cámara por Antioquia, Víctor Javier Correa, radicó un proyecto de ley para que quienes es-

tén o hayan realizado alguna especialización médica en el extranjero y regresen a Colombia para ejercer tengan que presentar un examen de conocimientos que garantice la idoneidad de estos profesionales.

La propuesta es un requisito adicional que sirve como complemento a la reglamentación del trámite

de convalidación de títulos expedida por el Ministe-rio de Educación y que está vigente en el país. Para el Representante Correa, quien además obtuvo el título de médico de la Universidad de Antioquia, la flexibilidad que existe actualmente para convalidar títulos y expedir licencias de trabajo a especialistas extranjeros o nacionales que efectúan la residencia por fuera ha comprometido la seguridad y la atención profesional de los pacientes. “Últimamente se han

detectado carencias en la formación acreditada para la obtención del título, en relación con la calidad en la formación de los especialistas nacionales. De ahí que hayan aumentado las denuncias de pacientes que han sufrido las consecuencias de una mala taxis médica, particularmente en cirugía plástica”.

La iniciativa surgió del descontento de los diferen-tes gremios médicos y su genuina preocupación por la entrada masiva de médicos especialistas extranjeros sin que ostenten las mejores condiciones para ejercer, situación que ha terminado afectando la calidad de la prestación de los servicios de salud en algunas partes del mapa regional.

Los requerimientos para convalidaciones en carre-ras que involucran las ciencias de la salud son las más exigentes, especialmente en el mundo desarrollado; cuando alguien foráneo pretende trabajar en esos territorios es necesario pasar uno o varios exámenes, señala el Representante. “Nosotros estamos igualando las obligaciones que cualquier especialista colombiano tiene que sortear al querer trabajar en otro país. La mayoría de los médicos que cursa sus estudios por fuera lo hace en instituciones reconocidas y de cali-dad. Esa colectividad no tendrá ningún inconveniente para aprobar el examen”.

El documento plantea que la prueba sea elaborada por los ministerios de Educación y Salud, y que se in-volucre a las facultades de medicina, los estudiantes, la Academia Nacional de Medicina y a las agremia-ciones médicas para nutrir el contenido que se debe evaluar. Además propone que se actualice cada año.

El proyecto de ley, que en últimas busca conver-tirse en un filtro adicional para asegurar la calidad de los médicos especialistas que llegan del exterior para trabajar en el país, debe comenzar su trámite en el Congreso en los próximos días. El Representante a la Cámara, miembro del Polo Democrático Alternativo y quien también perteneció a la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, espera que la iniciativa pase los cuatro debates para que el examen se pueda comenzar a implementar a comienzos de 2019.

La Gran Junta Médica Nacional (GJMN) elaboró un decálogo con las propuestas para darle un vuelco al sistema de salud y solucionar definitivamente una

de las mayores preocupaciones de los colombianos. Para

Propuestas para superar la crisis de la saludEl objetivo es transformar el sistema de salud hacia uno que sí garantice el goce efectivo del derecho, el cuidado integral de la población y la protección de los recursos.

la Gran Junta Médica, el primer paso es hacer cumplir la Ley Estatutaria que reconoce la salud como un dere-cho fundamental y eso implica separar el negocio de la salud de la práctica de la medicina. El doctor José Félix

Patiño Restrepo, miembro de la GJMN, afirma que el negocio de la salud desde el punto de vista adminis-trativo es una desgracia, desde el punto de vista ético es inaceptable y desde lo moral es maléfico. “Colombia debe tener un sistema nacional de salud dirigido por el Estado y acabar con el modelo que favorece el ánimo de lucro en la intermediación y la administración de los recursos, a la vez que eleva los gastos sin mejorar la calidad, alimenta la inequidad y no responde a las necesidades de la población. Un sistema público con administración pública resulta mucho más efectivo para alcanzar los objetivos de equidad, calidad y uni-versalidad en la prestación de los servicios de salud”.

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EPICRISIS2 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

ditorial

Contactogremial@colegiomedicocolombiano.org

COMITÉ DIRECTIVO

Dr. Roberto Baquero Haeberlin

Presidente CMC

Dr. Jorge Diego Acosta C.Vicepresidente CMC

Dr. Jorge Antonio MonteroRevisor Fiscal

Dr. Germán MárquesFiscal Médico

Dra. Ivonne Diaz YamalFiscal suplente

Dr. Javier Pérez Torres

Dr. Diego Mauricio Chaustre

Dra. Ángela María Gutiérrez

Dr. Oswaldo Alfonso Borraez

Dr. Jesús Chaustre

Dr. César Yamil Cure

COMITÉ EDITORIAL

DirectorDr. Roberto Baquero Haeberlin

Contenido EditorialMaricielo Acero Rodríguez

Asesores MédicosDr. Jorge Diego Acosta CorreaDra. Ivonne Díaz YamalDr. Oswaldo Alfonso Borraez Gaona

Diseño y DiagramaciónPrecolombi-David Reyes

ImpresiónPanamericana Formas e Impresos S.A.

Publicación trimestralBogotá

Es la pregunta con la que me levanto cada día. Tan solo somos unos humanos que decidi-mos aventurarnos a estudiar la profesión más

hermosa y consagrada que existe, ya que estamos llamados a ayudar a otros seres humanos a cuidar la salud, a recuperarla si la han perdido o a aliviar su dolor para que no abandonen las ganas de vivir.

Con vocación y convicción, salimos a enfrentar-nos a la realidad, y así antes de nuestra firma apa-rezca la sigla MD, no se nos puede ver como medio dioses o personas infalibles. Errar es de humanos y los médicos no somos inmunes a las equivocaciones. Sin negar la responsabilidad, no es justo que ante la más mínima falla, nos crucifiquen y nos impu-ten fallos judiciales absurdos que desconocen por completo el hacer médico. Un buen desarrollo de la “Lex Artis” no solo depende del médico, también entra en juego el paciente y otras variables que no siempre resultan predecibles.

Si bien tenemos una función social, somos per-sonas, ciudadanos con derechos y responsabilida-des. Sin embargo, si defendemos el derecho a una remuneración justa o el reconocimiento a nuestros esfuerzos, nos tildan de negociantes o mercaderes de la salud. ¿Acaso no es apenas coherente exi-gir una retribución merecida por tantos años de estudio, por las horas de turnos y la disposición para sacrificar la vida personal por cumplirle a los pacientes? Para muchos de nosotros no hay va-

Roberto Baquero HaeberlinPresidente CMC

Talento Humano en Salud: ¿Quiénes somos?

caciones, fechas especiales, reuniones familiares, celebraciones ni tenemos en nuestra memoria el nacimiento de un hijo.

Una vida de tropiezos y cansancio, pero una profesión llena de satisfacciones. Tal vez lo más desolador sea que actualmente los médicos no go-zan del reconocimiento que merecen por parte de la sociedad. Las dificultades del sistema de salud han suscitado criticas inmerecidas a nuestra labor, olvidando que la crisis del sector salud, más que un descalabro financiero, obedece a un problema social.

Los recursos son importantes, así como la forma de usarlos, pero no podemos asumir toda la res-ponsabilidad cuando estamos ante un modelo cuya prioridad es mantener el bienestar económico de unas empresas que, como compañías comerciales que son, continúan desconociendo la ley estatuta-ria que rige la prestación los servicios sanitarios y que reconoce la dignidad de los profesionales de la salud y nuestra autonomía con autorregulación.

Ser médico es una forma de vida y me siento orgulloso de que mi hija haya decidido seguir mis pasos. Veo con alegría como aprende algo nuevo e interesante cada día, adquiere retos frescos, ilusio-nes y florece su sensibilidad social. Me entristece ver cómo con el paso del tiempo ha desmejorado la medicina y sus quejas debido a que no cuenta con los insumos necesarios para tratar a los pacientes.

A mi otro costado están los residentes que se entregan por completo, en medio de grandes sacri-ficios económicos y personales, a aprender el arte de sanar y el compromiso con otros.

Empezar año es un buen momento para rei-vindicar la profesión delante de la sociedad y para recuperar la autoestima pérdida porque no pode-mos seguir sufriendo de la mano de los pacientes las consecuencias de un mercado mal repartido y que genera el desencanto de la medicina.

Es hora de que el Gobierno, órgano rector del sistema de salud, deje de privilegiar a los comer-ciantes y comience a instalar políticas que reconoz-can y beneficien al talento humano porque somos quienes sacamos la cara y le ponemos el pecho a las necesidades de la población. Urgimos una polí-tica del talento humano para dar salud a nuestros pacientes y recuperar la rectoría de un Estado que cada día vemos más lejos.

Asbesto: la voz que el Congreso demora en apagar

Hace unos días la Corte Suprema de Brasil anunció la prohibición de la producción, comercializa-ción y uso de asbesto, incluyendo el crisotilo.

No solo eso, sino que el máximo tribunal de ese país declaró que cualquier ley que se apruebe e incluya puntos a favor de esta fibra será catalogada como in-constitucional. Frente a la contundencia y carácter irreversible del fallo, la empresa Eternit con sede en Brasil ha anunciado que dejará de producir materiales con la tóxica sustancia.

En Colombia, sin embargo, la empresa Eternit se ha empeñado en justificar la producción de asbesto. Se trata, en todo caso, de una batalla cada vez más solitaria. Una voz que ahora comienza a apagarse en medio de eco potente y transversal que proviene desde distintos actores del quehacer nacional, quienes han entendido que resulta impresentable que se siga privilegiando el negocio y ganancias de una empresa en detrimento de la salud de todos los colombianos.

Las cifras de este verdadero tsunami de asbesto en nuestro país son alarmantes: Eternit en Colombia ha instalado más 40.000 kilómetros de tuberías, lo equi-valente a cruzar el país 23 veces de punta a punta con materiales cancerígenos. A su vez, la empresa ha cu-bierto más 300 millones de metros cuadrados con sus tejas, lo que equivale a la superficie total de la ciudad de Medellín. Así, de manera silenciosa y constante, el asbesto ha ido convirtiendo los hogares de muchos colombianos en verdaderas casas-cáncer.

En medio de este escenario, hace unos días se pre-senció una exhibición democrática y ciudadana ejem-plar en la Comisión Séptima del Senado, jornada de la cual los colombianos debieran sentirse orgullosos. En

efecto, en una audiencia pública que buscaba escuchar la opinión de diferentes actores en relación al asbesto, diversas organizaciones, desde el gobierno hasta fa-miliares de víctimas, coincidieron en la necesidad de liberar al país de esta sustancia que lleva demasiado tiempo enfermando a los colombianos.

Fue en esa misma audiencia donde la única voz disonante, la del representante de la Asociación Co-lombiana de Fibras (ASCOLFIBRAS), se escuchó como una defensa corporativa ya sin sustento ni apoyo. Fue el testimonio de una voz a solitaria y que, de manera irremediable, se va apagando.

El país vive un momento histórico. Ahora, en un octavo intento legislativo, correspondía al Congreso ubicarse del lado correcto de la historia, dar prioridad al tema, apurar la tramitación del proyecto y silenciar para siempre la voz tóxica del asbesto en Colombia.

Hace unas horas, sin embargo, en el Senado hemos visto, una vez más, el triste rostro que suele exhibir la política, ese que se queda empantanado en peque-ñeces sin destino. Uno en donde lo relevante –como salvaguardar la salud de los colombianos liberándolos del asbesto- quedó aplazado por las rencillas de la dis-puta eleccionaria. Así las cosas, el proyecto que busca liberar a Colombia del asbesto quedó aplazado en su discusión hasta marzo.

Son miles los colombianos decepcionados. Pero no importa: los ciudadanos y organizaciones que han batallado para liberar al país de la tóxica sustancia volverán con fuerza para exigir que los congresistas, por fin, silencien para siempre la voz del asbesto.

Silvia GómezCoordinadora de Greenpeace en Colombia

3EPICRISIS

Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

El Representante a la Cámara por el Partido Verde dice que ya tiene lista una reforma integral al sistema de salud que corrige los problemas más críticos de la atención y prestación, el talento humano en salud, la formación, el aseguramiento, los sistemas de información y de vigilancia y control.

ntrevista

Hay que comenzar a construir un nuevo sistema de salud

El Representante a la Cámara del Partido Verde, Oscar Ospina, asegura que el próximo Congreso elegido debe tramitar con carácter de urgencia

una reforma estructural al sistema de salud que se ciña al criterio consignado en la Ley Estatutaria, la cual reconoce que la salud es un derecho fundamental y autónomo. Para el Representante por el departamento del Cauca, es apremiante crear la nueva institucio-nalidad para la salud, por fuera del mercado. “La Ley 100 definió la salud como un servicio público, pero se convirtió en un negocio. La estatutaria aclaró que se trata de un derecho fundamental; ahí debemos parar-nos para poder avanzar”.

Luego del modelo implantado en 1993, surgió la implementación de reformas de flexibilidad laboral. Como consecuencia, señala el Representante, las con-diciones laborales de los trabajadores de la salud han sufrido un franco deterioro, lo cual afecta la calidad y el acceso a los servicios para el resto de los ciudada-nos. Según el representante Ospina, la reforma debe recoger las inquietudes de los colombianos en cuan-to al acceso, oportunidad y calidad de la atención; la problemática laboral de los profesionales, técnicos y trabajadores de la salud; la formación del talento humano, que incluye los programas académicos, el internado, las residencias médicas, el servicio social obligatorio, la convalidación de títulos; la reestructu-ración de la prestación del servicio, y el flujo de recur-sos que es uno de los principales inconvenientes. “La propuesta es que se conformen redes de prestadores en las regiones, ya sean públicas, privadas o mixtas, con capacidad de acción para agilizar la respuesta a las demandas en salud de la comunidad. Para ello es necesario descentralizar los recursos y que cada región los maneje de acuerdo con la densidad poblacional y el perfil epidemiológico. De lo que se trata es de cerrar el camino de la intermediación y que el dinero llegue directo a los prestadores”.

En su opinión, hay que instaurar un banco descen-tralizado de la salud adonde llegue la plata de quienes cotizan al sistema y pagan impuestos. Esos dineros se reparten a los territorios y los responsables de prestar los servicios de salud se entran a medir por metas y resultados cumplidos. “Pero en este punto es necesario contar con un organismo de seguimiento, vigilancia y control que haga bien su papel, pues hemos visto la incapacidad para actuar de la Superintendencia de Salud ante casos como los de Saludcoop, Cafesalud y ahora Medimas.

El gran debate, afirma, está en si las EPS se deben transformar o desaparecer. “Para muchos estas empre-sas no tienen razón de ser y no resultan indispensables. Además, porque han propiciado el desvío de recursos públicos y han llevado al sistema a serias dificultades financieras. Lo que debemos establecer es si se les asignan nuevas funciones como gestionadoras del riesgo, pero sin que puedan administrar capitales para que no sean las que definan a quién le pagan, cuánto y cuándo. Ante este hecho hipotético, las funciones de la Superintendencia también cambiarían.

En el corazón de la reforma que plantea está la promoción y prevención para enfocar el modelo hacia la salud y no a la curación de la enfermedad. Para el Representante, es indispensable volver a estar más cerca de las comunidades y de los hogares a través de equipos interdisciplinarios que vayan a ciertos sectores y que estén pendientes de la necesidades en salud de los habitantes antes de que surjan complicaciones que resultan más difíciles y costosas de tratar. Por eso, dice, hay que reforzar los servicios de atención primaria, el sentido de la salud pública y las estrategias de pre-vención, como el MIAS aplicado a la nueva tecnología y al trabajo descentralizado.

El estatuto del trabajador de la saludComo profesional de enfermería, con magíster en salud pública, especialista gerencia hospitalaria y Secretario de Salud del Cauca, considera que el mercado laboral del sector salud muestra un alto grado de desorga-nización y que es primordial tramitar el estatuto del trabajador de la salud para garantizar el trabajo digno y decente en el sector. “Pese a la importancia que el recurso humano de la salud tiene dentro del engranaje y la eficiencia del sistema, en la práctica las políticas en este campo tienden a deteriorar las condiciones laborales, lo que se refleja en el descontento de la po-blación con el servicio. Por tan razón, debemos hacer cumplir la Constitución y lo que quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para este cuatrienio con el fin de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, técnicos y auxiliares del sector salud”.

De la mano de las organizaciones colegiales, el Representante Ospina ha llamado la atención del Gobierno para que elabore un proyecto de ley con fa-cultades presidenciales que resuelva la problemática de la formalización laboral, la tercerización, la falta de estabilidad laboral y fije una escala salarial adecuada y justa con un piso para que ningún trabajador de la salud sea explotado.

Al mismo tiempo pretende constituir un sistema de carrera administrativa en el área de salud, ya que asegura que el recurso humano dedicado a preservar el bienestar de los colombianos debe tener un manejo especial. “Un profesional recién egresado no puede ganar lo mismo que alguien que lleve diez o más años de experiencia, así como un médico general no tiene el mismo salario que un especialista. Se debe establecer un escalafón que valore la ex-periencia, que asegure un ingreso digno para todos y que se pueda aplicar a quienes hacen la homologación del título”.

Otro tema polémico del que se debe encar-gar el nuevo Congreso es la edad de pensión y las semanas de cotización de los trabajadores de la salud, agrega Ospina. “El deterioro de la calidad de vida de un médico, enfermero, técnico o auxiliar que hace turnos nocturnos es mayor a cualquier trabajador que solo labora de día, sin olvidar que hay oficios que son más riesgosos que otros. No es lo mismo trabajar en el área administrativa que estar en un quirófano o en un laboratorio. Es necesario identificar los diferentes niveles de riesgo para que quede estipulado en el estatuto del tra-bajador de la salud”.

El tema del talento hu-mano en salud es tan importante y delicado, señala el Representan-te, que los problemas están bien diagnos-ticados y se sabe lo que hay que hacer. “El Gobierno Nacional ha reconocido que no hay garantías para el trabajo digno y decen-te de los trabajadores de la salud, que se pre-cisan más esfuerzos en la formalización laboral, pero que no están dadas las con-diciones fiscales y económicas para ha-cerlo; por lo tanto, mi llamado es para que

las diferentes organizaciones colegiales dirijan la unión de los profesionales de la salud para comenzar a presentas las propuestas de cambio al Gobierno y al poder legislativo. A través de la organización y de la movilización social se puede presentar una ley de iniciativa ciudadana, lo que asegura un gran respal-do político y comunitario para volverla realidad y de esa forma hacer que los trabajadores puedan mejorar las condiciones laborales y salariales. Hay que seguir trabajando junto a las organizaciones sociales para que los colombianos tengamos el sistema de salud que merecemos”.

EPICRISIS4 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

ita con:

Los diez acuerdos para mejorar la educación médica

Luego de la entrega formal del documento de Recomendaciones para la Transformación de la Educación Médica en Colombia a los Ministerios

de Educación y de Salud, en marzo del año pasado, los 40 decanos de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) decidieron tomar la bandera de la renovación en noviembre y crear el Consenso de Montería sobre Educación Médica. Varios sectores sociales han recomendado a las facultades de medicina que tengan en cuenta los nuevos desafíos de la salud para que los médicos puedan dar respuesta, ya que los profesionales de la medicina siguen ejerciendo posiciones claves en el delineamiento y la operación de los sistemas de salud.

¿Cuál es el objetivo del Consenso de Montería?

Aunque la calidad de la educación médica sigue siendo de muy buen nivel, ha dejado de ser pertinente. Una de las máximas de la calidad es la pertinencia y las facultades son las primeras llamadas a contribuir en la formación del médico y del sistema de salud del presente y del futuro. Con el análisis de las 104 recomendaciones hechas por la Comisión para la Transformación de la Educación Médica, los decanos llegamos a diez acuerdos para comenzar a preparar al médico que le ayude a la sociedad a alcanzar las metas en salud. De las 104 propuestas podemos empezar a implementar 54 de ellas por iniciativa propia. Del mis-mo modo, decidimos constituir el Consejo General de Educación Médica (CGEM) para desarrollar una hoja de ruta que conduzca a la transformación fundamental de la práctica médica. El Consejo está conformado por los decanos que hacen parte de Ascofame, un represen-tante de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), uno del minEducación; otro del minSalud y Protección Social y algunos invitados ocasionales de los diferentes estamentos sociales que estén vinculados con la educación médica.

¿Cómo empezar a reformar la educación médica?

Los cambios no se pueden inducir al mismo tiempo en todas las áreas. Por tal razón, el CGEM se dividió

El doctor Gustavo Quintero Hernández, decano de la facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), habló con el Colegio Médico Colombiano acerca de los diez acuerdos para reformar la educación médica.

en tres salas permanentes: la de pregrado, posgrado y desarrollo profesional permanente. La primera, por ejemplo, tiene la finalidad de perfeccionar los linea-mientos curriculares de pregrado, elaborar el perfil de ingreso del aspirante de medicina, de desplegar un plan académico basado en competencias y que integre los aprendizajes básicos, biomédicos, clínicos, socio humanísticas y de salud pública con las competencias científicas, profesionales, prácticas y de pensamiento crítico. El propósito es tener un currículo orientado hacia la comunidad y que contemple las necesidades de la población.

¿Cuál será el papel del médico general?

El país necesita un médico general más resolutivo. El plan de estudios se debe encaminar a darle mayor autonomía para que pueda resolver el 80 por ciento de las consultas. El enfoque de la educación médica se ha tergiversado, dado que las especializaciones médico quirúrgicas están sobredimensionadas y el concepto del médico general se ha subvalorado. Lo que pretendemos es que la formación académica tenga un impacto real en la sociedad y produzca cambios tanto en el individuo como en las comunidades; eso solo se consigue fortaleciendo las competencias y habilidades del médico general y capacitando más especialistas en medicina familiar.

¿Hicieron alguna propuesta para delimitar las especialidades?

La sala de posgrado va a trabajar en la depuración de las denominaciones de las especialidades médico quirúrgicas y en la conceptualización de la formación avanzada o “fellows” en las cuales puedan caber las segundas y terceras especialidades. Aceptamos la pro-puesta de denominación de primeras especialidades, trabajadas en conjunto entre Ascofame y los minEdu-cación y minSalud. Esta sala también debe plantear un currículo de posgrado que incluya un perfil de ingreso para cada especialidad, unas competencias genéricas, la delegación progresiva de responsabilidades supervisa-das, los diferentes roles que tiene el residente (educati-vo, investigativo, asistencial y administrativo), y unas

opciones de salida hacia otros niveles de formación. En este sentido, tenemos que fomentar la creación y difusión de programas enfocados a la comunidad; es decir, medicina familiar.

¿El CGEM apoya la Ley de Residencias que está en trámite en el Congreso?

Estamos completamente de acuerdo en que urge mejorar las condiciones del residente. Colombia ne-cesita dar el debate y avanzar hacia lo que hacen los demás países del mundo. En el Consenso de Montería planteamos una estrategia para privilegiar el trabajo del residente. La lucha actual de este grupo de médicos en proceso de especialización es para que se les reconozca un salario y no tengan que pagar la matrícula, pero somos conscientes de que la problemática involucra otros componentes que deben ser analizados. Nuestra propuesta es tramitar un estatuto del residente que lo considere como un estudiante en entrenamiento. De-bemos hacer un análisis de los costos de la formación y proponer un sistema de financiación para el pago al residente y matrícula del mismo. Pensamos que debe ser un becario del sistema con el fin de que incursione en las especialidades que el país necesita. Eso demanda crear un fondo que recoja recursos de las EPS, de las IPS y del Estado para poder garantizar la cobertura de la matrícula y el sostenimiento del estudiante durante la etapa de entrenamiento. Como contraprestación el residente adquiere la obligación de trabajar en el lugar donde la sociedad requiera de sus servicios por el doble de tiempo que empleó haciendo la especialidad. Si un médico escoge una especialidad que no esté dentro de las prioridades del sistema de salud, el Gobierno dede permitirle hacerla y pagarla con recursos propios. El otro aspecto a revisar es el sistema de admisión a las residencias porque la convocatoria hacia un nuevo desempeño médico es en realidad un llamado a una transformación fundamental de la práctica médica en todos los niveles de atención, lo que obviamente esta íntimamente ligada a la naturaleza de la educa-ción médica

¿Consideran que la recertificación debe ser obligatoria?

Dado que es indispensable dignificar la profesión médica y propender por los más altos estándares de calidad, el CGEM se debe convertir en garante del derecho fundamental de la salud. En consecuencia, estimamos conveniente que los médicos se recertifi-quen cada cinco o siete años de forma obligatoria para mantener sus competencias al día. A través de la Sala de Desarrollo Profesional Permanente del CGEM se puede implementar el sistema de certificación y re-certificación médica, en conjunto con las sociedades científicas, y otros actores pertinentes, considerando las necesidades de los galenos y que contemple, ade-más, los requerimientos de certificación en docencia de los médicos que se ocupen de ella. Los desarrollos presenciales o virtuales no pueden estar en manos de cualquiera. Ascofame y las facultades deberían ser las generadoras de contenidos. Existen 58 escuelas de medicina en el país para formar a los médicos que la sociedad precisa. Para asegurar la calidad también es apremiante endurecer los criterios de habilitación y registro calificado de las facultades y obligar a que todas estén acreditadas a los siete años de haber obtenido el registro. En ese mismo sentido, consideramos que los médicos extranjeros que vengan a ejercer deben res-petar y cumplir la regulación colombiana. No pueden existir excepciones, distinciones o consideraciones especiales.

¿Cuándo se comienzan a implementar los cambios?

Tenemos la obligación de presentar a los 46 decanos de las facultades de medicina del país las conclusiones a que llegue el CGEM en septiembre. Las nuevas dis-posiciones se podrían implementar a partir del primer semestre de 2019, pero los frutos se verán una vez que salgan las primeras cohortes de graduados en 2025.

5EPICRISIS

Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

Se necesita una política integral y coherente en salud

La reforma a la educación médica

Del mismo modo, asegura que el examen único de residencias no tiene sentido en este momento porque no existe una política nacional de formación del talento humano en el país. “Ese examen no resuelve el problema porque los cupos para las residencias siguen siendo los mismos, no abre más plazas, y tampoco contribuye a la estructuración de una política integral”.

Pero el mayor obstáculo, explica el Representante Correa, es que ese tipo de examen es incompatible con los principios que rigen la educación profesional en Colombia. “Por norma constitucional nadie puede obligar a una universidad a recibir a un estudiante por el hecho de aprobar un examen, cuando la institución goza de la potestad de definir sus propios mecanismos de ingreso. Además, la formación de talento humano en salud tiene que estar en cabeza de las universidades. No creo en los hospitales formadores; pienso que se debe respetar la autonomía del alma máter”.

Las EPS se deben acabarSi bien la cultura de la evaluación está calando en la educación médica, habría que extenderla a la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud para poder superar los evidentes problemas que tiene el actual sistema.

Para el Representante, el país necesita migrar hacia un modelo que elimine la intermediación financiera y el negocio de aquellos que se han lucrado con el sufri-miento de las personas, pues la forma como está concebido el sistema genera im-portantes incentivos para hacer las cosas mal. “Necesitamos pasar de un esquema que ha fortalecido los altos niveles de complejidad a uno que recupere el valor y la capacidad resolutiva de los médicos generales, que fortalezca los primeros niveles de atención y que estructure una red de prestación desde la lógica de unas redes integradas e integrales de servicios de salud. El racionamiento para operar esas re-des no debe ser la competencia sino la complementariedad, con el fin de aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud”.

De forma paralela, se debe recuperar la perspectiva valiosa de la atención pri-maria en salud, agrega el Congresista, e intervenir sobre los determinantes sociales involucrados en el proceso de salud y enfermedad para encaminar el sistema hacia la promoción y prevención de la salud y dejar de centrarnos en la cura de la enfer-medad. “Pero sin el fortalecimiento de una política nacional de talento humano, de formación de especialistas y de educación continuada, cualquier modelo está condenado al fracaso”.

En este sentido, prosigue, el país debería comenzar por reconocer el trabajo a los médicos residentes, como ocurre en el resto del mundo. “Hay que concebir un fondo con recursos del presupuesto general de la nación para pagarles a los resi-dentes. Necesitamos acabar con la intermediación financiera y el lucro de las EPS para que pueda existir una rectoría por parte del Estado”.

Propone eliminar las EPS en un periodo de transición, ya que en su opinión la intermediación financiera no aporta un valor significativo y, por el contrario, genera incentivos perversos. “Este Gobierno no ha permitido hacer una reforma estructural al sistema, ha negado la crisis por años y con ello, la salud ha entrado en estado crítico”. Concluye que al Gobierno lo que le importa es que siga existien-do como un sistema de lógica financiera y no como un sistema de lógica en salud, que cumpla con el mandato de garantizar el derecho a la salud, el cual no puede estar supeditado a las condiciones económicas de unos cuantos ni a las exigencias del mercado. “Seguir aplazando una reforma que termine con la intermediación financiera y los beneficios entorno al negocio de la salud, cada día le sale más caro a los colombianos”.

Doctora Rosa Barreto,miembro de la Junta directiva de Anir

Más allá de imponer pruebas para evaluar la competencia de los médicos, que han sido los únicos que han puesto el pecho para sacar el sistema de salud a flote, el país necesita instaurar la política de formación continuada y calidad de la atención en salud, pero hay que empezar por transformar el modelo.

La crisis de la salud en Colombia es innegable y suficientemente validada por los ciudadanos, que hoy perciben la salud como el segundo problema más importante de los Colombianos, los pacientes, que deben acudir a miles de

quejas y acciones de tutela, así como los trabajadores de la salud que presentan graves condiciones de trabajo. En medio de este panorama nos encontramos quienes nos estamos formando en las diferentes áreas de la salud. A diario ha-llamos horrores y tratamos de aprender de cada situación, sin normalizar lo que la ruina del sistema le hace a los colombianos. 

Este contexto nos lleva a ahondar en una palabra, la calidad. Como asociaciones del área de la salud y como profesionales en formación debemos preguntarnos hacia dónde va la educación médica en Co-lombia. Las recientes recomendaciones para la transformación de la educación médica abren el debate, necesario desde hace tiempo, pero que hasta ahora salta al escenario. Tenemos el deber de nutrir esta discusión desde todas las regiones del país, en universidades públicas y privadas, desde la experiencia de la educación básica y clínica. Las recientes reformas propuestas para otras áreas como humanidades o trabajo social, impulsadas por organismos multilaterales con el inte-rés de debilitar la calidad académica en las mismas, nos hacen pensar en la necesidad de tomar con pinzas estás recomendaciones y todas las medidas que se propongan para reformar la educación médica. 

Son preocupantes, por ejemplo, propuestas como la creación de un pro-grama de becas para estudiantes de medicina, cuando no se especifica si serán al mejor estilo del Gobierno, como becas-crédito, que terminan por endeudar aún

más a las familias colombianas. Debemos estudiar los cambios que se sugieren, desde la flexibilización de currículos, la educación por competencias, el exa-men al terminar la carrera, el año rural voluntario, hasta aquellas medidas que

consideramos urgentes como el pago a los residentes.Todos los cambios que se planteen para me-jorar la educación médica deben apuntar

a alcanzar los más altos estándares de calidad, pero a unos costos razonables

y con respeto por la autonomía de las facultades. Lo más importante es

que las reformas estén al servicio de la salud de los colombianos y de los pacientes, para evitar que la educación favorezca terribles modelos de salud y el negocio que tienen las EPS. Nuestro compro-miso es convertirnos en parte de activa del debate y de la construc-

ción de la reforma médica.

Aunque la evaluación de los médicos es uno de los mecanismos para garantizar la calidad de la atención en salud, el Representante a la Cámara, miembro del Polo Democrático Alternativo y médico de profesión, Víctor Javier Correa,

considera que no puede existir un examen de certificación y recertificación para los egresados de pregrado y posgrado si el país no cuenta con una política coherente de educación continuada.

Aclara que el proyecto de ley que radicó en la Cámara de Representantes con-siste en establecer un examen estatal para los médicos especialistas extranjeros o para los nacionales que estudien por fuera, con el fin de evaluar los conocimientos, pero en ningún caso es partidario de avanzar en los procesos de recertificación o de crear una prueba para evaluar a los médicos cada cinco años sin antes instaurar las condiciones que les permitan renovar los conocimientos. Para el Representante, hoy un médico no tiene el tiempo ni los recursos económicos para estudiar porque tiene que trabajar más de ocho horas diarias para pagar las deudas que adquirió durante la carrera. “Mantenerse actualizado cuesta una millonada y no se le puede exigir que siga sacando el dinero de su bolsillo”.

EPICRISIS6 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

El 3 de diciembre

pinión

Realidad del Servicio Social Obligatorio en Colombia

Lady Diana BermudezBryan Steven Urrea

Con el correr de los años, la medicina ha pasado de ser una profesión liberal y respetada a convertir a los médicos en obreros de la salud, pésimamente

remunerados, sin importar cuán calificados sean.Las dificultades de ser médico se inician desde el

momento en que se aspira a ingresar a la universidad. En Colombia existen más facultades de medicina (64) que en los Estados Unidos o Brasil. La mayoría son de índole privado, con valores de matrículas exorbitantes, algunas ni siquiera cuentan con centros adecuados de práctica ni hospitales universitarios, ya que además son muy escasos. Muchas de estas facultades carecen de docentes idóneos para la formación de sus alumnos por la falta de capacitación y estímulos tanto acadé-micos como económicos, pues reciben emolumentos irrisorios, no acordes con su formación, experiencia y experticia. La gran mayoría de quienes realizan tan magna labor lo hace como un apostolado, solo por el placer y la generosidad de compartir el conocimiento.

El año de internado es el tiempo de práctica, el cual realizan como trabajadores en adiestramiento y sin remuneración, en IPS públicas y privadas, Quien ejerce de docente es el residente, el asistencial o in-clusive el médico rural de turno, que pueden tener la buena voluntad pero no todos los conocimientos requeridos. Esto finalmente conlleva a un gran déficit en la formación de nuestros médicos con un silencio inexplicable de los ministerios de Educación y de Salud. El año rural o servicio social obligatorio ha dejado de tener su finalidad ante la proliferación de egresados y la poca disponibilidad de plazas para realizar dicha práctica, actualmente existen más médicos que cupos disponibles; egresan más de cinco mil médicos por año.

La Ley 100 aumentó la cobertura para el número, pero las condiciones de trabajo distan mucho de poder brindar servicios de calidad y seguridad, por carecer de lo más mínimo para su funcionamiento de manera adecuada para los más necesitados y en las zonas más pobres. Pero ello no es más que la punta del iceberg del año rural, pues se ha vuelto práctica cotidiana que los pocos que logran acceder a ese servicio social obligatorio son explotados de manera inmisericorde con jornadas extenuantes y llegando al colmo de no pagarles sus honorarios a cambio de entregarles el certificado del rural, lo que les obliga a renunciar a los pocos pesos ganados de manera ética y honesta.

El anhelo de todo médico es lograr especializarse, bien sea en una área clínica o quirúrgica, ilusión que se convierte en una pesadilla porque los cupos en las pocas universidades públicas son muy limitados y en las universidades privadas los costos de matrícula son elevadísimos, lo que convierte a la profesión en un sueño elitista.

Acerca de los residentes, que son trabajadores en adiestramiento (especialización), recae la mayor parte de la carga laboral. Al ingresar firman un acuerdo de tiempo completo y dedicación exclusiva, lo que implica asumir grandes deudas, ya que, a diferencia de las espe-cialidades en otras profesiones, los médicos no pueden trabajar para ayudarse económicamente a solventar sus gastos. Los residentes, además de cancelar matrículas exorbitantes y tener una gran carga laboral sobre sus hombros, reciben la mayor parte de su docencia de los compañeros residentes más avanzados o del médico asistencial de turno.

Al ingresar como fuerza laboral al mercado tanto los médicos generales como los especialistas nos en-contramos con un panorama sombrío, por carecer de estabilidad laboral y gozar de salarios indignos. Los médicos tenemos largas y agotadoras jornadas labo-rales, mientras que en el resto del mundo existe un régimen especial de seguridad social, pensional y de riesgos profesionales para la profesión médica.

A pesar de la promulgación de la Ley Estatutaria de la Salud, vemos como existe un constreñimiento per-manente para el ejercicio de la medicina. Nos limitan la capacidad de prescribir medicamentos, exámenes de ayuda diagnóstica y procedimientos, quitándole así la posibilidad a los pacientes de obtener servicios opor-tunos, seguros y de calidad. Los médicos requerimos de una jurisdicción especial, que permita y garantice procesos judiciales diáfanos y justos.

Todo esto ha conllevado a que los médicos comen-cemos a pensar en que tenemos derecho a ser tratados como miembros de una profesión digna, ética, con cali-dad y seguridad para brindar a nuestros compatriotas la garantía en la ejecución de nuestros servicios, acorde a las necesidades. Los médicos colombianos necesitamos un trabajo estable, con remuneración digna y justa y a comenzar a promover una reforma a la educación médica en Colombia.

El Servicio Social Obligatorio (SSO) se creó a través de la ley 50 de 1981 como un elemento necesario para que los médicos recién egresados adquieran experiencia en el ejercicio profesional. Además, ha sido la única herramienta para que poblaciones alejadas obtengan atención médica. Para ese momento, la ley preveía garantías a favor de los recién egresados como la con-tratación directa con las entidades, la igualdad salarial entre médicos de planta y rurales, y que el tiempo fuera de seis meses si se ejercía en poblaciones deprimidas y con difícil acceso a los servicios de salud. Sin embargo, la ley 1164 de 2007 o ley de talento humano en salud, en lugar de suponer situaciones más ventajosas, comenzó a desfavorecer a los médicos graduados.

Posteriormente, la resolución 1058 de 2010 reguló el SSO y aumentó el tiempo de prestación del servicio a un año para todas las plazas. De igual forma, esta-bleció sanciones para quienes renuncien a las plazas y permitió la contratación por prestación de servicios. Ordenó el sistema para proveer plazas a través de sorteo público y agravó las consecuencias para quien dimita sin justificación, pero no se ocupó de generar incenti-vos para quienes presten el SSO en zonas marginadas o con alteraciones de orden público.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución 1058 de 2010, la situación de los médicos no solo se hizo difícil como quiera que se enfrentan a una sa-lud agonizante y a la precariedad que es el elemento circundante de muchas entidades hospitalarias, sino que el contexto normativo ya no es el mismo. La po-sibilidad de que la contratación se haga por orden de prestación de servicios abrió la puerta para que el pago de los rurales sea bastante inferior a la de los médicos de planta. Para completar, la resolución 2358 de 2014

refrendó dicha brecha salarial. Pero, ¿es legal? No, claro que no. La ley laboral sentencia que a trabajo igual, salario igual. Entonces, ¿será que un rural trabaja menos que un médico de planta? De ninguna manera, casi siempre trabaja más que uno de planta.

Los comités de SSO, creados por el Ministerio, atienden problemas como la excesiva carga laboral, las agresiones que sufren por los pacientes y grupos ilegales, el incumplimiento en el pago y la falta de insumos, situaciones que han desencadenado incluso alteraciones mentales en los galenos. Desafortunada-mente, a la luz de la normatividad actual, estos comités no brindan respuestas eficaces y mucho menos solu-ciones definitivas.

La corte constitucional ha ordenado al Ministerio prever beneficios para incentivar a los médicos a hacer el año ru-ral, pero también ha dicho que frente a situaciones de peligro para la vida del profesional de-be haber exoneración y que en ningún caso pueden existir jornadas laborales excesivas.

Hace poco el Ministerio, con la resolución 6357 de 2017, ha-bilitó las plazas posconflicto por un periodo de seis meses y prohibió la contratación por prestación de servicios; man-datos que aún no se cumplen en varias instituciones del país. Por lo anterior, es necesario trazar lineamientos claros y

precisos para las exoneraciones. Las agresiones físicas no deberían ser las únicas causales de reasignación de plaza o de exoneración; a los rurales también se les deben proteger los derechos fundamentales: la vida, la salud, el mínimo vital, el trabajo y una vida digna. Se requiere que exista unanimidad y justicia. Es pre-ciso que las entidades territoriales y las instituciones prestadoras de servicios de salud respeten los derechos mínimos que se encuentran consagrados en la Consti-tución. El SSO tendría que ser un reto para los médicos recién egresados y no un requisito más al que muchos le huyen por las pésimas condiciones laborales y de atención en salud.

Jorge Enrique Enciso SánchezMédico Gineco-Obstetra

7EPICRISIS

Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

ecno MED

Desafíos estructurales para la plena vigencia del derecho

a la salud en Colombia

1doc3: es una aplicación para encontrar en cualquier momento médicos que respondan a las preguntas o interrogantes de salud, esto de ma-nera anónima y gratuita, en ramas de la medicina que van desde la general, hasta especialidades como dermatología, pediatría, medicina interna, ginecología y obstetricia, urología, infectología, planificación, sexología, farmacología y ortopedia.

Salud 2.0: es una guía multimedia para vi-sualizar los contenidos del monográfico Salud 2.0 entre profesionales. Esta aplicación ayuda a conocer cómo la Web 2.0 está transformando la salud. En ella se puede encontrar artículos y vídeos relacionados con la Web 2.0 y la salud móvil, de la mano de expertos. El sitio aborda cuestiones como educación sanitaria 2.0, práctica de la medicina en la Web 2.0 y como afecta a hos-pitales, instituciones, administración sanitaria e industria farmacéutica.

My Headache Diary: con esta herramienta electrónica el usuario puede registrar la fre-cuencia e intensidad de las migrañas y dolores de cabeza que padece. En el teléfono queda grabada la fecha y los medicamentos que em-pleó para poderle enviar al médico tratante la información precisa. La aplicación es gra-tuita y está disponible para iOS y Android.

Cardiógrafo (Cardiograph): mide el ritmo cardíaco usando la cámara del iPhone e iPad. El paciente pone el dedo índice en la cámara del dispositivo y monitoriza el ritmo cardia-co. Permite guardar y acumular el historial.

El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la vida como inviolable y estipula que no habrá pena de muerte. No obstante,

diariamente en nuestro país se pone en riesgo la vida por razones burocráticas, administrativas, económi-cas y políticas; son las fallas del sistema de salud que presenta problemas de fondo, que no se resuelven con reformas puntuales sino por el contrario, demandan de un proceso colectivo que defina participativamente los horizontes de la nación para la plena satisfacción del derecho a la salud, reconocido por numerosas sen-tencias de la Corte Constitucional y elevado a rango de derecho fundamental mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015, norma de obligatoria lectura y aplicación en nuestras instituciones educativas, en las entidades prestadoras y promotoras de salud y en las entidades territoriales a lo largo y ancho de la geografía nacional.

La vida se pone en riesgo cuando se anteponen los intereses de la industria farmacéutica, de los interme-diarios y aseguradores, de los corruptos y politiqueros, al derecho a la salud de millones de niños, adolescentes y jóvenes, padres y madres gestantes, adultos mayo-res, personas con discapacidad, campesinos, indíge-nas, afrocolombianos y gitanos, colombianos todos, a quienes se les desconoce el principio de la dignidad humana, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948.

Es inconcebible que en un país que pierde 50 bi-llones de pesos anuales en corrupción, se nieguen tratamientos, medicamentos, exámenes, médicos espe-cialistas, con el argumento de la falta de recursos o por la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal; así como que se le corte el paso a las consultas populares, mecanismo de participación creado por la Constitución de 1991 para darle vigencia al principio de soberanía popular al someter a consideración de la población de un municipio, departamento o de la nación un asunto de interés público, con la misma explicación.

La nación colombiana debe redefinir sus priori-dades de desarrollo, y orientarlas al buen vivir de sus habitantes, pues de ello depende modificar los determinantes sociales de carácter es-tructural que impactan de forma directa las condiciones de salud y bienestar de los colombianos; desde las épocas de la Colonia el país arrastra un modelo ex-tractivista fundado en la producción y exportación de materias primas, en su mayoría minero energéticas, de las cuales el petróleo ya presenta fecha de vencimiento a cuatro años, razón por la cual los defensores de este modelo avanzan con la temida modalidad del fracking o fractura-miento hidráulico, cuyos efectos sobre la salud humana y ambiental son incalculables, y comprometen la disponibilidad y calidad de re-cursos naturales para las gene-raciones que están por nacer. “El Servicio Geológico de Esta-

dos Unidos, donde más de 15

millones de personas viven a

menos de un kilómetro de un

lugar donde se hace fracking,

encontró que el número de

temblores ha pasado de 20

a 100 desde octubre de

2013 en estados como

Oklahoma y Ohio, de-

bido a la reinyección del

agua no reciclable en la

tierra que se hace en es-

ta actividad.” (Semana Sostenible, 2014).

El Estado colombiano, propietario de los recursos del subsuelo, recibe en promedio tan solo el cuatro por ciento de las riquezas que le son extraídas, una paradoja obvia que amerita una profunda reflexión de nación, pues además en los pueblos mineros, la pobreza promedio es del 74 por ciento, en los petroleros del 65 por ciento, y en aquellos que no realizan actividades extractivas, del 43 por ciento (Contraloría, 2014).

Ello sin contar las graves problemáticas socio am-bientales generadas; para ejemplificar, los 83.000 nue-vos reportes de malaria en zonas mineras en el 2016, una enfermedad que se creía superada, de los cuales el departamento del Chocó aportó 54.000 casos, lo que representa el diez por ciento de su población (MinSalud). O los alarmantes hallazgos arrojados por la investiga-

ción del Tecnológico de Antioquia, en la que se detectaron altos niveles de

contaminación por mercurio en el agua, los peces, y la leche

materna que las mujeres de los municipios mineros de Segovia, Remedios, El Bagre y Zaragoza, brin-dan a sus pequeños hijos (Molina, 2017).

Ya es hora de avan-zar con decisión hacia un cambio estructural de modelo que brinde

La nación colombiana debe redefinir sus prioridades de desarrollo, y orientarlas al buen vivir de sus habitantes, pues de ello depende modificar los determinantes sociales de carácter estructural que impactan de forma directa las condiciones de salud y bienestar de los colombianos.

respuesta a condiciones de vida, salud y bienestar para todos, que transite de las economías extractivas a la economías vivas, el desarrollo de la vocación agrícola del territorio, que al día de hoy no supera los seis mi-llones de hectáreas, y cuyo potencial es de 21.5 millo-nes, el ecoturismo, que se ha convertido en el segundo renglón de la industria nacional, con la generación de 5.600 millones de dólares de divisas, el cuidado y la conservación de las fuentes hídricas, de las cuales Colombia es una potencia mundial, los ecosistemas y la protección de la Madre Tierra, todo ello construido sobre una base comunitaria, de la mano de quienes habitan el territorio.

Se avecinan las elecciones legislativas y presiden-ciales, sea esta una buena oportunidad para repensar las agendas de nación, identificar las verdaderas priori-dades del país, no de aquellos que se otorgan el derecho de opinar sobre aquello de lo que solo saben quienes sufren los resultados de un modelo que venimos pa-deciendo desde los 90’s. La política auténtica es un arte al que están llamados no sólo los más preparados, sino los más conscientes de su papel en la historia, de su deseo genuino de trascender en el servicio público, y de engrandecer la patria como demanda nuestra Carta Política.

El Servicio Geológico de

Estados Unidos, donde más de

15 millones de personas viven

a menos de un kilómetro de un

lugar donde se hace fracking,

encontró que el número de

temblores ha pasado de 20 a

100 desde octubre de 2013 en

estados como Oklahoma y Ohio,

debido a la reinyección del agua

no reciclable en la tierra que se

hace en esta actividad

Dionne Alexandra Cruz Arenas, Politóloga con énfasis en Gestión Pública, Magister en Administración de Empresas – MBA y Especialista

en Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Secretaria General de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Comentarios a politologadionnecruz@gmail.com

EPICRISIS8 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

ctualidad

Desde el 31 de agosto de 2015, la Organización Colegial de Enfermería (OCE) es la encargada de realizar la inscripción en el Registro Nacional de

Talento Humano en Salud (ReTHUS) y de expedir la tar-jeta profesional para los profesionales en enfermería.

Con la delegación de las funciones públicas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la OCE ha ampliado el horizonte de los profesionales para lograr una mayor visibilidad ante los diferentes estamentos del Estado. María Carolina Prada Moreno, expresidenta y actual directora general de la Organi-zación, asegura que debido a la gestión como gremio lograron detener la iniciativa de la reforma educativa para el sistema nacional de educación terciaria y el marco nacional de cualificaciones que se tramitaba en el Congreso de la República por considerar que perju-dicaba el ejercicio de la profesión. “Hemos promovido seis audiencias públicas en el Congreso para debatir los temas más álgidos del sector salud y su impacto en la profesión porque consideramos que nuestra misión es liderar procesos de cambio con la gestión oportuna y presentar alternativas acordes a las necesidades de salud de la población y las políticas nacionales”.

En este momento la OCE junto a los 14 entes cole-

giados de profesionales de la salud están trabajando para mantener el presupuesto que les permita seguir ejerciendo las funciones. A esa batalla se han sumado fuerzas representativas como la del congresista Oscar Ospina Quintero, Representante a la Cámara de la co-misión séptima y enfermero de profesión.

Según Blanca Cecilia Vargas Gonzáles, secretaria general de la OCE, los profesionales y técnicos del sector salud están afrontando los mismos problemas. “Existe un descontento general y hasta nacional porque el modelo no responde a las necesidades de la población. Nos impusieron un sistema centrado en la oferta, la demanda y el aseguramiento, en el cual la salud es una mercancía y por tanto, desconoce por completo las carencias de las personas”.

Las políticas públicas y procesos que se han deri-vado del modelo, asegura la enfermera Vargas, impac-tan directamente sobre la formación, el desarrollo y la calidad del talento humano y han desencadenado cambios en la práctica de la profesión y en la dinámica laboral. “Además de mostrar el valor que tiene la en-fermería dentro de la comunidad, estamos trabajando por reconstruir la dignidad del ejercicio profesional y por formalizar el trabajo para nuestros profesionales en el sector público y privado. Hace años venimos pi-diendo que el Gobierno siga las recomendaciones de

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero seguimos viendo como pauperizan las condiciones labo-rales a través de contratos por prestación de servicios, tercerización de mano de obra o salarios mínimos con bonificaciones que obligan a cotizar la seguridad social con base en un salario mínimo”.

La enfermera: un núcleo en los servicios de saludCon el actual panorama del sector, continúa Vargas, se requiere de profesionales de la salud que participen plenamente en la búsqueda de estrategias para diseñar un modelo de salud público que realmente responda a las necesidades de la población. Para la directora general de la OCE, Colombia debe eliminar la intermediación de las EPS y el Gobierno debe volver a ser el eje del fi-nanciamiento y de la prestación del servicio. “Hemos avanzado, pero aún persisten fuerzas poderosas que quieren mantener un modelo medicalizado, seguir en el esquema de la Ley 100 y desconocer la Ley Estatu-taria de la Salud. Después de tres años de aprobación de la estatutaria, el Gobierno sigue infringiendo el

derecho a la salud y a la asociación consagrados en los artículos 17 y 18 de la ley en mención”.

Las enfermeras ase-guran que es indispensa-ble comenzar a redefinir los roles institucionales y separar las funciones del asegurador y presta-dor. Las últimas reformas han hecho que la enfer-mera quede relegada de la sociedad, dice la direc-tora Cecilia. “En las rutas planteadas por el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) para la parte de promoción y preven-ción de la enfermedad, las enfermeras desaparecen de la comunidad y que-dan relegadas al centro de salud. Además, en el aspecto laboral, el pago es por producción; es decir, desapareció la contrata-ción laboral y surgió la

contratación comercial”.Desde la OCE, los profesio-

nales de enfermería, con una participación del 11 por cien-to hombres y 89 por cien-to mujeres, deben asumir un papel protagónico en el logro de la calidad, la de-fensa del derecho a la salud y el costo-efectividad de la atención. Según la enfermera Carolina, eso implica defi-nir desde la docencia y el servicio un nuevo modelo de atención acorde al perfil epidemiológico, y centra-do en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. “El Gobierno elaboró un proyecto para la formación interprofe-sional, pero no tuvo en cuenta a las organiza-ciones del servicio ni del mercado. Para una reforma efectiva hay

Las enfermeras se volvieron invisibles para el sistema de salud: OCELa Organización, que tiene como objetivo defender los intereses, las condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras, piden que el país respete el derecho al trabajo digno.

que considerar que las condiciones de la enfermería en el contexto actual son completamente diferentes”.

Para fortalecer el primer nivel de atención y reducir la demanda de los niveles 3 y 4, donde se concentra el mayor gasto, la enfermera Cecilia cree que se debe impulsar la enfermería hacia un liderazgo más asertivo e inventar estrategias de participación social y comu-nitaria. “Estamos trazando alianzas con las ligas y las asociaciones de usuarios, pero no ha sido fácil porque hay sectores de la población que nos ven con cierta reserva debido a que el sistema nos ha convertido en los muros de contención de gastos. Sin embargo, nuestro trabajo es facilitar el empoderamiento de las comunidades, escuchar la voz de los pacientes y ha-cerlos visibles para el sistema”.

Por último, con el desarrollo tecnológico, los dis-positivos médicos y la tele-enfermería las barreras profesionales son cada vez más débiles. Por eso la actualización es casi una obligación, señala Cecilia. “La OCE, con la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen) -que representa a las 68 facultades-, el Tribunal Superior de Ética de Enfermería y el Consejo Técnico Nacional de Enfer-mería, que es el órgano asesor del Gobierno, tenemos que hacer la lectura del entorno y trabajar en equipos de alto cumplimiento para acabar con el divorcio entre la formación, el servicio y el mercado. Es la hora de proponer alternativas basadas en las necesidades de los colombianos para generar políticas de salud que, a su vez, hagan que la enfermería se vuelva a posicionar en el mercado laboral”.

9EPICRISIS

Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

La Gran Junta Médica Nacional (GJMN), arqui-tecta de la Ley Estatutaria de la Salud, dice que el país precisa una reforma a la salud que plantee

un viraje a la crisis permanente que ha significado el diseño normativo y de política pública de la ley 100 de 1993 y sus reformas posteriores. Para este grupo de organizaciones gremiales, académicas y científicas que representan al cuerpo médico nacional, el modelo de salud que está vigente no es compatible con la Ley Estatutaria que fue sancionada por el Presidente de la República, el pasado 16 de febrero de 2015.

Después del análisis permanente del sector salud, la GJMN, integrada por la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Médica Sindical Colombiana, la Asocia-ción Nacional de Internos y Residentes, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil y el Colegio Médico Colombiano, concluyó que no es posible resolver el problema de salud si el país no se aboca a un cambio de modelo que desmonte los dos elementos estructurales que explican la ineficacia del modelo: la intermediación financiera y el lucro que genera la enfermedad. Esto supone, como lo plantea el artículo 2 del marco estatu-tario, que el Estado recupere la supervisión, regulación, coordinación, organización y el control del sistema nacional de salud, agrega el doctor Nelson Contreras, asesor de la GJMN.

La Ley 100 introdujo el concepto de salud como mercancía y quedó sujeta a las leyes del mercado. A partir de ahí se privatizó la salud y surgió la interme-diación financiera como un negocio perverso, que ha conllevado a una gran inequidad, aclara el cirujano José Félix Patino, exrector de la Universidad Nacional de Colombia y expresidente de la Academia Nacional de Medicina. “El negocio de la salud es incompatible con los principios éticos de la medicina. La intermediación financiera interfiere con la autonomía médica, cuesta mucho dinero y perjudica al paciente porque cambió un servicio social, cuya finalidad es atender un derecho humano, por un negocio”.

Según la doctora Carolina Corcho, vicepresidente de asuntos gremiales de la Federación Médica Colom-biana, el problema no está en que el mercado participe en la provisión de los servicios de salud, así como en la provisión de toda clase de insumos y activos necesarios para la misma. El dilema está en que el mercado tome el control de la asignación y distribución de los recursos del sector salud mientras el Estado se venda los ojos.

Lo que ocurre es que la manera como se estructu-ró el sistema intrínsecamente posibilita el desvío de recursos públicos, la desatención de la población y la emergencia de rentas extractivistas a costa de la en-fermedad y en menoscabo de las políticas que ponen énfasis en la prevención, señala el doctor José Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. “Y lo más grave es que actual-mente no existe un sistema de vigilancia y control eficaz que permita inspeccionar el funcionamiento financiero de todos los prestadores de servicios de salud. Si el país lograra implementar la Ley Estatutaria y no se saliera de ese marco legal, lograría superar la crisis del sector. Los problemas aparecen cuando se instauran políticas públicas por fuera de la estatutaria y se devuelven a lo que ha significado el modelo de la Ley 100”.

El problema no es de plataPara el doctor Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano y miembro de la GJMN, el problema de la salud en Colombia no es de plata. “Hay que eliminar ese imaginario del colectivo de la población. El origen de la crisis que estamos presenciando en muchos órdenes obedece a un problema social, que se agrava por la fal-ta de autoridad para hacer cumplir la ley. Los médicos somos solo un piñón en el engranaje, pero hemos sido testigos de la incapacidad de la Superintendencia de Sa-lud para sancionar a quienes infringen las normas. De otra parte, dice Baquero, el Instituto Nacional de Salud publicó las cifras que demuestran que la mejora de los indicadores de salud se debe al desarrollo y al progreso en las condiciones de vida; solo el 12 por ciento del au-mento en los números obedece a la intervención de los médicos o a la injerencia del sistema de salud. Cuando una población tiene agua potable y se urbaniza, tiene menos factores de riesgo para enfermar”.

El sistema cuenta con los recursos necesarios para garantizar el derecho a la salud de todo los colombianos, el inconveniente es cómo se gastan, continúa Baquero. “El verdadero lío está en vender los servicios de salud como una mercancía y en ese pacto institucional sui géneris basado en la premisa de que el mercado es

Soluciones para la crisis de la salud

capaz de decidir por sí solo sobre las necesidades de la población en salud”. Eso dio lugar al mayor obstáculo para la calidad en la atención de la salud: las EPS con la expectativa de ganancia que obtienen a expensas de la negación de la atención en salud a los usuarios, pun-tualiza. “Lo que hemos observado es que en cualquier lugar del mundo cuando los aseguradores privados o administradores con ánimo de lucro se hacen cargo de la salud, terminan por acrecentar los costos, restringir el acceso a la atención médica y generar más desigualdad”.

El gasto en salud mediado por el mercado acabó privilegiando el consumo de medicamentos, insumos y equipos de alta tecnología, en hospitales de alta complejidad, negocios que, por permitir márgenes de utilidad mucho mayores, presionan por todos los me-dios su inclusión, consumo y pago por los fondos de la seguridad social, agrega Contreras.

La GJMN insiste en que con la Ley Estatutaria se debe acabar con la segmentación de la población según su capacidad de pago en régimen contributivo y subsi-diado. De esta forma se garantiza la igualdad de trato. En este sentido, se debe establecer un sistema único e integral de salud, sin regímenes de uno u otra clase ni planes de beneficios. No puede existir una aplicación tecnológica para ver qué servicios se excluyen; además, porque dichas exclusiones dependen del criterio médico, el cual no puede estar supeditado a lo que determine la EPS, dice el profesor Patiño. “Hay que defender la au-tonomía profesional bajo esquemas de autorregulación, como requisito esencial para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud fundamental, autónomo e irre-nunciable, evitando cualquier tipo de constreñimiento”.

Decálogo: Política Pública de Salud

La Gran Junta Médica Nacional presenta un decálogo con las propuestas para dar un vuelco al sistema de sa-lud y solucionar una de las mayores preocupaciones de los colombianos, en obediencia a la implementación de la Ley Estatutaria de salud. El SGSSS nació mal y man-tiene un grave defecto estructural, la intermediación financiera, que ha llevado la salud a la más profunda crisis en la historia de Colombia.

1. Cumplir y hacer cumplir la Ley Estatutaria que reconoce la salud como un derecho fun-damental, lo cual implica separar el negocio de la salud de la atención integral, desmontando el fallido modelo de intermediación financie-ra creado por la Ley 100 de 1993 mediante la normatividad pertinente, revocando todo lo que le sea contrario.

2. Devolver al Estado la rectoría, dirección y coordinación de la política de salud, con una alta participación de la sociedad civil.

3. Garantizar atención integral a toda la pobla-ción residente en el país bajo el principio de equidad, para lo cual se debe organizar bajo criterio epidemiológico el territorio nacional en regiones saludables y restablecer los me-

canismos de referencia y contrarreferencia por las instituciones prestadoras de servicios de carácter público, privado o mixto, dando funciones de dirección y coordinación a los entes territoriales, dotándolas de personal de verdad representativo de la comunidad en sus órganos de dirección y de control.

4. Impulsar el fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los hospitales universitarios y docentes como centros y ejes del sistema de referencia y contrarreferencia.

5. Fortalecer el Fondo Financiero Único, con la responsabilidad del recaudo de todos los di-neros destinados a la salud, así como del pago de los gastos que demande el goce efectivo del derecho a la salud. Esto debe garantizar la financiación de los servicios de salud y de los hospitales públicos, incluyendo sus pasi-vos y la actualización de sus tecnologías e innovaciones y su normal funcionamiento, independiente de la venta de servicios, con subsidio a la oferta en las regiones apartadas y económicamente deprimidas del país.

6. Modificar la estructura de las juntas directivas de los hospitales públicos dando mayoría a ver-daderos representantes de la comunidad con el fin de que dejen de ser el botín politiquero que, en forma inaceptable, hoy son.

7. Promover la construcción de una clara y deci-dida política pública de desarrollo y fortaleci-miento del talento humano para la salud, que incluya un cambio estructural en la formación, priorizando el desarrollo intelectual, ético y cultural como fundamento de la educación profesional, complementado en las residencias clínicas, con la garantía del reconocimiento de la dignidad, estabilidad de los trabajadores de la salud, incluyendo a los internos y residen-tes en condiciones laborales justas dignas y socialmente equitativas, lo que se logrará in-tegralmente con las organizaciones gremiales.

8. Generar los mecanismos para que los entes de vigilancia y control público puedan sancionar y suspender a las entidades públicas y priva-das que no cumplan con su función. Para ello aparece indispensable que la Superintendencia Nacional de Salud sea un organismo indepen-diente del Ministerio de Salud, como lo son las demás superintendencias.

9. Implementar una fuerte y decidida política pública para el control del precio de los me-dicamentos.

10. Implementar un sistema integral de informa-ción electrónica en las entidades de salud con disponibilidad y acceso por parte de las perso-nas autorizadas, pero siempre garantizando la confidencialidad de la información.

La Gran Junta Médica Nacional decidió poner el dedo en la llaga y presentar las propuestas para garantizar el derecho a la salud de los colombianos porque la reforma al sector salud es una prioridad en la agenda política.

EPICRISIS10 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

Llamado para que los odontólogos se inscriban en el ReTHUSEl Ministerio de Salud y Protección Social delegó las funciones públicas al Colegio Colombiano de Odontólogos para realizar la inscripción en el ReTHUS de los profesionales en odontología y expedir la tarjeta profesional. Sin esa inscripción el odontólogo no podrá prescribir a través del aplicativo Mipres.

Desde el 21 de septiembre de 2017, el Colegio Colombiano de Odontó-logos está a cargo de las funciones

públicas; es decir que el Colegio es la en-tidad responsable de efectuar la inscrip-ción de los profesionales de odontología en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), de expedir las tarjetas profesionales y los permisos transitorios para los profesionales en odontología extranjeros que vengan al país en misiones científicas o para la prestación de servicios de salud con carácter de investigación o humanita-rio. Los profesionales que ya tengan autorización del ejercicio profesional expedida por la secretaria de salud dis-trital o departamental antes del 20 de septiembre de 2017, no están obligados a solicitar la nueva Tarjeta ante el Colegio Colombiano de Odontólogos, pero puede se tramitada voluntariamente.

Para el doctor Richard Furman, secretario general de la Federación Odontológica Colombiana (FOC), el trámite permitirá determinar el número real de odontólogos que tiene el país y la distribución de estos profesionales en todo el territorio nacional. “Con la adjudicación de las funciones públicas, el Colegio entra a jugar un papel fun-damental para promover la salud bucal como una verdadera política de salud pública en el país”.

Los odontólogos, al igual que los mé-dicos, están atravesando una situación muy difícil, explica el doctor Furman. En los más de 20 años de desarrollo del Sistema General de Seguridad Social la odontología se ha empobrecido y ha perdido su capacidad de acción, agrega. Hoy en día es muy poco probable que un colombiano tenga acceso a un tra-tamiento odontológico integral porque la alta demanda para la atención y los 20 minutos del tiempo de una consulta odontológica hacen imposible prestar un servicio con calidad. La duración de una consulta de odontología debe ser mucho ma-yor, pues además del diagnósti-co, se debe realizar el tratamiento de inmediato.

De otra parte, continúa Fur-man, en la consulta privada las condiciones para ejercer no son las mejores. La odontología está muy limitada por los costos, el precio de los insumos y el tiempo. “El profesional que decide abrir un consultorio no tiene un contrato laboral ni unos ingresos fijos, pe-ro sí debe cumplir con una serie de requisitos para la habilitación como baños públicos indepen-dientes, rampas para discapaci-tados, ascensores y muchas más exigencias para un consultorio de 30 metros, que llevan a que muchos odontólogos prefieran ser contratados por una IPS a trabajar como independientes”.

Según el secretario de la FOC, el gran inconveniente del actual sistema de salud está en que el usuario no ha sido el centro ni la finalidad del modelo, sino que prima la rentabilidad de los aseguradores y, en nuestro caso, de grandes clínicas odontológicas. Con

el pretexto de alcanzar la cobertura universal, se ha descuidado la calidad y el cuidado del recurso humano, dice Furman. “No comprendo el impacto que ha generado tener supuestamente el tercer mejor sistema de salud en el mundo si cada día agrupa a una pobla-ción más enferma y desatendida. La cantidad de carnés emitidos no puede ser un indicador de la eficiencia de la atención en salud. Si la población au-menta y es más longeva, el Gobierno tendría que disponer de más clínicas y hospitales con servicios de odontología incluidos para suplir la demanda. Creo que el Gobierno está en mora recupe-

rar la autoridad para orientar, vigilar y controlar la prestación de servicios de salud, retomando la función de garante de la salud que delegó en terceros”.

Sobreoferta de odontólogos pone en riesgo la calidadLos retos en la formación del talento hu-mano determinan la responsabilidad de los odontólogos para promover y cuidar la salud oral como uno de los derechos fundamentales de los colombianos. En la actualidad, con 36 facultades de odon-tología, es necesaria la regulación de la oferta de los programas, los cupos en las facultades y el control de la convalida-ción de títulos para quienes llegan del extranjero a ejercer en el país, puntua-liza. “Hoy en día la gran inversión que deben hacer los alumnos en el pago de matrículas, materiales, equipos, entre

otros gastos, no se ve retribuida; eso sin mencionar que la carrera de odontología es una de las más costosas”.

La responsabilidad que tiene un odontólogo no se pude dejar al capricho de la oferta y la demanda, dice Furman. “El Gobierno tiene que endurecer los controles para que los extranjeros cumplan con los requisitos y los estándares de calidad que no vayan a poner en riesgo la salud de los ciudadanos, como ya ha ocurrido. En países vecinos, como Panamá, todo pro-fesional extranjero que quiera tra-bajar debe hacer la práctica social obligatoria en lugares marginales. Por el contrario, en Colombia cual-quiera hace un curso o un diplo-mado y le conceden el título con permiso para ejercer”.

Ante ese exceso de odontólogos y facultades se ha desencadenado una progresiva precariedad labo-ral, así como evidentes problemas en la calidad de los profesionales en

salud oral. A lo anterior, según el secre-tario de la FOC, se suma que existen per-sonas que ofrecen cursos de educación continuada supuestamente avalados o

supervisados por reconocidas univer-sidades o profesores extranjeros, pero que al final resultan siendo una estafa.

En cualquier sistema eficiente, odon-tólogos y médicos son la base de la pirá-mide en la prestación de los servicios de salud, afirma Furman. De ahí que el Go-bierno tenga que mejorar la planeación del recurso humano para acabar con la desigualdad entre la oferta y la demanda de servicios, lo que a su vez ha conducido a la concentración de profesionales en las principales ciudades, a la pérdida de condiciones laborales y al desamparo de la población en municipios y zonas rurales.

Para finalizar, el doctor Furman cree que los resultados futuros en la mejoría de la salud oral de la población dependen principalmente de la voluntad gubernamental y las políticas que ins-taure en salud y educación. “Hay mucho trabajo por hacer desde los Colegios, gremios y federaciones que represen-tan a los profesionales de la salud, pero el mayor impulso debe provenir desde el Gobierno para que la acción pública pueda trasformar la realidad de millones de colombianos”.

El profesional que decide abrir un consultorio no

tiene un contrato laboral ni unos ingresos fijos, pero sí debe cumplir con una serie de requisitos para la habilitación como baños públicos independientes, rampas para discapacitados, ascensores y muchas más exigencias para un consultorio de 30 metros, que llevan a que muchos odontólogos prefieran ser contratados por una IPS a trabajar como independientes

11EPICRISIS

Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

romoción y prevención

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 43 millones de menores de cinco años son obesos o están con

sobrepeso en el mundo. Lo que un niño es (fenotipo) es el resultado de la inte-racción entre los genes y el ambiente. Cada vez hay más obesidad, diabetes, en-fermedades cardiovasculares y cáncer, patologías que no pueden ser atribuidas únicamente a cambios genéticos, ya que según los estudios clínicos la posibilidad de que se produzcan cambios genéticos en dos mil años es del menos del uno por ciento, mientras que los cambios ambientales son más evidentes.

Con la revolución industrial, se pasó de una alimentación natural a base de granos integrales a productos indus-triales y comestibles ultraprocesados para los cuales no estaba preparada la carga genética. Por eso, dentro de los componentes implicados en el desarro-llo de la obesidad se citan la influencia ambiental, que es la más común; y otras dos, la hormonal y la genética, que son menos frecuentes.

Hoy en día existen numerosos estu-dios que vinculan los azúcares agrega-dos y las condiciones que conllevan a la enfermedad cardiovascular (la causa principal de muertes a nivel mundial) al tipo de alimentación. Las dietas altas en azúcares agregados se han vinculado a factores de riesgo cardíacos, como la obesidad, la diabetes, la presión alta y los niveles de colesterol y triglicéridos que no son saludables. Algunos alimen-tos y bebidas contienen azúcar natural, pero los azúcares agregados (que tienen muchos nombres y se encuentran en muchos productos) se introducen en el transcurso de procesamiento o pre-paración.

Precisamente, un informe científico de la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés), los niños y adolescentes deben consumir menos de seis cucharaditas de azúcares agre-gados al día, y no deben tomar más de ocho onzas de bebidas azucaradas

por semana, preferiblemente ninguna. El documento es el primer reporte cien-tífico de la AHA que recomienda límites específicos para el consumo de azúcar en los niños.

En el informe publicado en la revis-ta científica Circulation, un panel de investigadores hizo un estudio a fondo sobre cómo el azúcar impacta la salud cardiovascular entre los 2 y 18 años de edad. El informe también indicó que los niños de menos de dos años no deben consumir azúcares agregados, y en su lugar deben ingerir dietas altamente nu-tritivas para crecer de forma saludable.

Este informe ayuda a contestar la duda acerca de cuál es la cantidad acep-table para que los padres puedan escoger la combinación correcta de alimentos y bebidas para que los niños sean más saludables.

Etiquetas con advertencia sanitariaLos azúcares agregados pueden aparecer con diversos nombres en las etiquetas de ingredientes en comidas, como el jarabe de maíz de fructosa alta, la dextrosa, la fructosa, el jugo de fruta y otros. De hecho, son tan frecuentes en los alimentos infantiles que ya se habla de que la obesidad es una epidemia comercial y existen in-fluencias muy claras del mercado para el consumo de productos ri-cos en azúcar, grasas y sal, explica el doctor Iván Dario Escobar, mé-dico internista y endocrinólogo - director del Instituto de Diabetes y Endocrinología en Bogotá. “El riesgo de los alimentos ultrapro-cesados y la comida de paquete es que contienen sustancias quími-cas que no son producidas por el cuerpo y que promueven la obe-sidad al estimular la acumulación inapropiada de lípidos y la adi-

pogenesis. Además alteran el metabolismo, rompen

¡A comer de verdad!El aumento del sobrepeso, diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares, enfermedades no transmisibles, se pueden desarrollar por la alta ingesta de productos industriales y ultraprocesados.

el balance energético, perturban los centros naturales que tiene el organis-mo para regular el apetito y también pueden modificar los niveles relativos de andrógenos y estrógenos”.

Para el doctor Escobar los pro-ductos de paquete, como las papas fritas, son hipercalóricas. Casi la mitad de las calorías que aporta un producto de estos se derivan de la grasa que contiene. Eso sumado a otras características, como el exceso de sal, puede resultar perjudicial pa-ra desarrollar enfermedades como diabetes e hipertensión arte-rial. “Ahora bien, más del 90 por ciento de los anuncios televisivos en los horarios más vistos corresponde a productos de paquete y ultraprocesados, lo

cual ha tendido una clara in-fluencia en los hábitos ali-menticios de la población. Los datos que tenemos in-dican que el consumo de productos ultraprocesados

aumentó en Colombia un 25 por ciento en los últimos años”.

A raíz de la evidencia científica disponible de los efectos negativos de este tipo de comida y de los resulta-dos positivos que se han recogido en otras investigaciones al restringir los azúcares agregados en niños obesos con marcadores de cardiopatía, las au-toridades sanitarias han comenzado a actuar. Por ejemplo, la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA por sus siglas en inglés) ordena que los fa-bricantes no solamente indiquen todo tipo de azúcares en las etiquetas sino también las que se agregaron para su conservación, así como las cantidades.

En Colombia existe un proyecto de ley que busca ponerle normas al etique-tado de bebidas y alimentos azucarados con alto contenido calórico y bajo valor nutricional. La iniciativa parlamenta-ria propone acciones puntuales como regular la publicidad, promoción y patrocinio de productos comestibles y bebibles; ámbito que involucra a los empaques, en los cuales deberá ser obli-gatorio hacer énfasis en los contenidos nutricionales de los productos y no en

las virtudes subjetivas de éstos.El documento también establece

unos valores máximos en ingredientes considerados perjudiciales en exceso, como sodio, azúcares, azúcares libres, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y/o edulcorantes, los cuales fue-ron determinados con base en los cri-terios presentados por la Organización Panamericana de la Salud( (OPS). En el caso de aquellos productos comestibles o bebibles que excedan dichos valores, se deberá implementar una advertencia

sanitaria con un mensaje que alerte del exceso del ingrediente en el

producto. Como ocurre con los cigarrillos, la advertencia de-be ir en el etiquetado frontal, en la cara principal y con

una ocupación del 50 por ciento de la etiqueta, con un rótulo que especifique el nombre del ingrediente que se encuentre por en-cima de los valores máxi-mos establecidos.

Ahora bien, más del 90 por ciento de los anuncios televisivos en los horarios más vistos corresponde a productos de paquete y ultraprocesados, lo cual ha tendido una clara influencia en los hábitos alimenticios de la población. Los datos que tenemos indican que el consumo de productos ultraprocesados aumentó en Colombia un 25 por ciento en los últimos años

SUGAR

EPICRISIS12 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

Políticas del asbesto en Colombia: hacia una “prohibición blanca”

Guillermo Villamizar, presidente la Fundación Colombia

Libre de Asbesto (FundClas)

Avanza en el Congreso el proyecto de prohibición del asbesto en Colombia, liderado por la sena-dora Nadia Blel. En esta ocasión el proyecto se

aprobó en la comisión séptima del Senado y se prepara su presentación ante la plenaria para que la misma exprese su voluntad.

Resulta imposible que un proyecto de esta natu-raleza sea ajeno al debate científico, a pesar del alto contenido político que maneja, y aunque se sabe que el sector que emplea el asbesto en Colombia hace gala permanente de un fuerte lobby ante las instancias correspondientes, las estrategias de la prohibición del asbesto tampoco son ajenas al movimiento de intereses que trascienden la noble iniciativa de la prohibición.

En una acción popular que cursa en el juzgado administrativo No. 39 de Bogotá, el abogado Ramiro Bejarano (en representación de Eternit) reveló la po-sible participación de la oficina de abogados represen-tada por el doctor Humberto de la Calle, en acciones encaminadas a prohibir el asbesto en Colombia. Esta oficina de abogados representa los intereses del grupo Etex en Colombia, quienes operan actualmente bajo el nombre de Skinco – Colombit, empresa que utilizó asbesto hasta el 2002 en su planta de Manizales.

Cuando se revisa el historial del debate sobre el asbesto en Colombia, los cacaos de la política y la eco-nomía salen a relucir, jugando cada uno, desde dife-rentes escenarios, sus propios intereses con respecto al complejo tema de la interdicción de este mineral en Colombia. El actual dueño de Eternit es el grupo Ele-mentia, de México, que tiene en su lista de accionistas nada más ni nada menos que a Carlos Slim, y cuenta para su defensa con el abogado –ya mencionado- Ra-miro Bejarano. Incolbestos tiene en su nómina a la oficina de abogados DLA Piper Martínez Neira, del actual fiscal general de la nación, y su propietario es el reconocido empresario Nayib Neme. Por su parte,

Skinco-Colombit pertenece a la multinacional Etex con presencia en más de 40 países alrededor del mundo, y propiedad de la familia Emsens de Bélgica.

Todas estas empresas estuvieron agremiadas en Ascolfibras, el lobby del asbesto en Colombia, pero cuando Colombit dejó de utilizarlo para migrar a tec-nologías limpias, empezó una guerra silenciosa entre aquellos que ya no utilizan el asbesto y aquellos que afirman que el asbesto, empleado en condiciones de “uso seguro” garantiza la salud de los trabajadores.

El proyecto de ley tuvo modificaciones después de su tránsito por la comisión séptima, y algunas propo-siciones introducidas por el senador Jesús Alberto Castilla sin duda lo fortalecen.

Hace pocos días se dio cumplimiento a una audien-cia pública donde se discutieron –de nuevo- diferentes

puntos de vista alrededor del tema. Quiero aclarar que la senadora Nadia Blel, quien preside la comisión, no me permitió hacer uso de la palabra pese a que le manifesté mi intención de hacerlo.

Por parte de la industria intervinieron Jorge Her-nán Estrada y Javier Parga, y un representante de la ANDI, quien a todas luces dejó entrever su apoyo al sector empresarial que utiliza el asbesto en Colombia. Del sector que respalda la prohibición intervinieron Greenpeace, Juan Pablo Ramos de la Universidad de los Andes y sectores del Gobierno y los Ministerios, es-

pecialmente Salud, encabezado por la doctora Adriana Estrada, quien exhibió una defensa con argumentos de peso en favor del proyecto de ley. Del mismo modo, la doctora Gianna Henríquez, del Instituto Nacional de Cancerología (INC), hizo una exposición lúcida y con autoridad en pro de su interdicción, lo que le aporta un piso sólido, desde una institución tan seria e importante para los colombianos al debate sobre la prohibición del asbesto en Colombia.

En un trabajo conjunto entre la Fundación Colombia Libre de Asbesto, la Universidad Nacional, la Funda-ción Universitaria Juan N. Corpas y la Universidad de Drexel (EE.UU.) hicimos un acercamiento con 102 trabajadores de la industria del asbesto en Colombia, y gracias al apoyo y experiencia de los doctores Arthur Frank y Gabriel Bustillo, detectamos a 14 trabajadores

positivos por exposición al asbesto. Una cifra bastante preocupante, especialmente cuando en nuestro país el conocimiento de las enfermedades relacionadas con el asbesto es poco claro para las autoridades y el cuerpo médico colombiano.

La ruta diagnóstica de este tipo de enfermedades no aparece concentrada en una institución que ofrezca suficientes garantías a la hora de identificarlas y en la mayoría de casos, son los médicos generales quie-nes en principio entran en contacto con los pacientes eventualmente afectados. La tos, la disnea, los roncus y las sibilancias pueden estar asociados como síntomas a diferentes tipos de enfermedades pulmonares, sin que en la mayoría de los casos se establezca algún tipo de relación con los antecedentes laborales de exposición a sustancias peligrosas, como lo es el asbesto. El paso dos del médico general consiste en ordenar la valoración por neumología y ahí se inicia un transcurso impreciso para la determinación del diagnóstico.

Las gatiso neumo para enfermedades pulmonares recomiendan que aquellos que efectúen diagnósticos a partir de placas de rayos x, estén debidamente entre-nados en la guía desarrollada por la OIT como lectores B. Y aquí surge la pregunta ¿Cuántos expertos tenemos en el país con tal nivel de experiencia? No más de tres a lo sumo, y si existieran tan siquiera 10, no son ellos precisamente quienes leen e interpretan las imágenes de este tipo, sino radiólogos y neumólogos con poca experiencia en el tema, especialmente para estadios tempranos que van de lo normal a lo anormal y que la guía clasifica de 0 a 1.

De nada vale que mañana prohibamos el asbesto, si no se amplía el horizonte de la discusión a niveles críticos como el tema del diagnóstico, y si a esto le agregamos que quienes lideran el debate en el Senado ejercen sutiles formas de control al discurso, poco será el espacio para enriquecer el debate.

Es por ello que el país necesita avanzar en la prohibi-ción, pero esta ley debe tener unos principios integrales que logren dar cuenta de los diferentes enfoques que hacen parte del problema. La identificación de una ruta diagnóstica sólida y su aplicación deben ser parte fundamental de esta iniciativa. El proyecto pretende dejar en manos de una comisión de transición muchos de estos temas, pero personalmente dudo bastante de que contemos con el interés y conocimientos necesarios para entender todo el espectro de esta problemática, especialmente desde las instancias oficiales que se mueven con los vientos coyunturales que traen los ministros de turno.

Nota: Mientras terminaba este artículo, recibo la extraordinaria noticia de que Brasil se une al grupo de países que han prohibido el asbesto en el mundo. ¡¡Parabéns!!

ontroversia

13EPICRISIS

Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

La particularidad de lo que hacemos como médicos es relacionar evidencia sobre el universo de la ciencia y no desde las letras. Nos movemos en un

entorno con características muy particulares, que no todos los lectores tienen la oportunidad de percibir. Escribir un artículo para un periódico sin la riguro-sidad que demanda una publicación científica es un verdadero reto. Sin destruir por completo el proceso metodológico, en las siguientes líneas quiero refres-car la historia del servicio social obligatorio, dada la importancia que alcanza hoy la propuesta hecha por la Comisión para la Transformación de la Educación Médica para hacer que el servicio social obligatorio (mejor conocido como año rural) pase a ser voluntario y que quienes lo cumplan obtengan ciertos beneficios para ingresar a los programas de especialización.

El origen del año rural se remonta al 27 de diciembre de 1949, cuando el presidente Mariano Ospina Pérez, en medio de un fuerte enfrentamiento entre liberales y conservadores, expide un decreto de estado de sitio (el 3842) para buscar la protección de la comunidad y la conservación de la salud a través de un plan metó-

dico diseñado por el Ministerio de Higiene. En medio de la censura a la prensa y medios de comunicación de aquel momento, dicho decreto creó el Servicio de Salubridad Rural en reemplazo del año de internado rotatorio. Entonces, para solucionar la falta de ser-vicios de salud en las regiones rurales se establecen equipos de salud acordes al tamaño de los municipios y se empiezan a organizar los puestos de salud, los centros de salud (conformados por médico, odontólogo, auxiliar de enfermería, visitadora de higiene pública e inspector de higiene) y las direcciones municipales o departamentales.

En los años siguientes el servicio se convirtió en un requisito para obtener el título y la tarjeta profesio-nal. Sin embargo, en 1957 se vuelve a implementar el internado para completar los seis años de formación

de pregrado y el tiempo del servicio se vuelve una formalidad para la expedición de la tarjeta profesional.

En 1981, por medio de la ley 50, expedida por el Ministro de Salud Pública, doctor Alfonso Jaramillo Salazar, y promovida por el doctor Héctor Abad Gó-mez, surge el Servicio Social Obligatorio (SSO) y desa-parece la denominación de Año rural. La Ley también nombró al Consejo Nacional Coordinador del Servicio Social Obligatorio, adscrito al Icfes, el cual asignaba las plazas para los profesionales de salud, la duración, la clase de establecimiento para ejecutarlo (tipo de SSO), la vigilancia a las tasas remunerativas y de igualdad para todos los profesionales de salud (nacionales y extranjeros), incluso para posgrado siempre y cuando el Gobierno lo considerara pertinente.

Ese mismo año se expide el decreto 2369 para que el SSO se extienda a otras profesiones de la salud como odontología, bacteriología y enfermería (tecnológica o universitaria), con una duración no inferior a un año, en entidades tanto públicas como privadas, para re-giones rurales o urbanas marginadas y en programas docentes de tipo científico e investigativo.

En 2007, mediante la ley 1164 de Talento Humano en Salud, sancionada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, se estipula que el Servicio Social Obligatorio no sería inferior a seis meses ni mayor a un año. A su vez, se determina que el mecanismo para asignar las plazas debe ser el sorteo y que quienes lo presten tendrán prioridad para acceder a los beneficios de las becas crédito. Como complemento, la Ley hace la reglamentación de los colegios profesionales, la dele-gación de funciones públicas, crea el consejo nacional de talento humano en salud, detalla las características de la formación (pertinencia de programas de salud), el ejercicio profesional y la prestación ética y bioética de los servicios, que ha sido materia de discusión y polémica en diferentes espacios y escenarios en el país.

Con la resolución 1058 se implanta el sorteo na-cional, en 2010; entre otras cosas, permitió la contra-

Historia del Servicio Social Obligatorio

Antonio Jose Serna Ramírez Estudiante de medicina III semestre

tación por orden de prestación de servicios (OPS), lo que desencadenó el detrimento laboral y la pérdida de las prestaciones sociales que han afectado a los profesionales de la salud desde ese entonces y los ha llevado a sufrir la explotación laboral. En 2014, la re-solución 2358 ordena realizar cuatro sorteos anuales que incluyan variables de prioridad (madres y padres cabezas de familia, madre lactante, raizal o indíge-na, discapacidad y víctima del conflicto) y selección de preferencias de los profesionales por locación y remuneración. En los últimos tiempos, ya posterior a la firma del acuerdo de paz en 2016, el SSO quedó constituido para las zonas veredales y transitorias del posconflicto con la resolución 6357. Si bien hoy en día se está replanteando la finalidad del SSO, no se puede subestimar que ha sido el único mecanismo efectivo para propiciar la llegada de profesionales de la salud a regiones apartadas para cumplir con el ejercicio de soberanía del Estado en materia de salud. En ausencia de las condiciones necesarias para que los médicos encuentren una oportunidad laboral en aquellas po-blaciones rurales, se ha convertido en una estrategia

para regular el mercado laboral en regiones con sufi-ciente oferta de servicios de salud, circunstancias que ha reforzado la explotación laboral.

En síntesis, el SSO a lo largo de la historia ha sido una estrategia en política pública y los profesionales de la salud, inmersos en ella, han sido protagonistas de hechos trascendentales de la nación para estar a la altura de las circunstancias.

El país ha cambiado y las condiciones para ejercer la medicina también; Por lo tanto, es indispensable abrir el debate para analizar las virtudes y las falencias de esta política estatal que está próxima a cumplir 70 años. El Colegio Médico Colombiano (CMC) y el minSalud crearon la Mesa de Servicio Social Obligatorio para proponer reformas y alternativas a este acto de sobe-ranía del Estado o de vocación misionera.

Desde una perspectiva aún sin muchos funda-mentos, aporto una visión de cómo se proyecta la formación médica. Es común oír que la medicina

es una carrera que demanda y exige el compromiso de aquel que se planea ejercerla. Las personas no se dan cuenta que la medicina sí reclama, pero también aporta una nueva visión de la existencia. Ser médico es un verdadero compromiso; se trata de un ser hu-mano que pone su vida y su integridad en juego para obtener esa fe que le permite creer que todo puede tener solución.

Todas las carreras son complejas. Cada una de-manda destrezas y trabajos extenuantes. La realidad es que todas requieren de pasión e iniciativa, y sin lugar a dudas la medicina pide paciencia, amor y so-lidaridad. Pero, sobre todo, la medicina es una carrera impredecible.

Para quienes optamos por afrontarla, nos damos cuenta de que siempre se puede disfrutar más allá de largas lecturas y de aprender un nuevo lenguaje. Las experiencias siempre se quedan, las memorias que se construyen son invaluables, las amistades permiten formar un gran grupo de trabajo, y el tiempo y el trabajo duro apremian; es un motivo de lucha y de esperanza.

Medicina: la mejor opción, verdadera vocación

La carrera en sí tiene situaciones arduas y con-gestivas. La medicina es tan cambiante, tan atípica y fuera de los conocimientos básicos, que uno no puede percibir que el choque es fuerte y aprender los con-ceptos específicos se torna en un reto que solo puede superarse con el “repetir y aplicar” día a día.

Aunque suene a “ensayo y error”, esa idea debe reducirse al mínimo. No se puede ir e improvisar con los pacientes, por ende, la práctica se convierte en un punto álgido de la formación, incluso desde semestres básicos, todo con el fin de estimular el roce y volver duchos a aquellos que de verdad tienen la famosa “vocación médica”.

Samuel Barbosa MD, MSP - Coordinador Mesa Servicio Social Obligatorio – CMC MinSalud.

Contacto: samuelbarbosatrabajo@gmail.com

Un problema recurrente tiñe la carrera médica: no todos aprendemos al mismo tiempo, y no todos tenemos aún la disposición real por querer llevar el ritmo que desde el primer semestre se le impone al estudiante de medicina. Esto implica que haya alumnos a quienes se les va frustrando un sueño, cuando lo único que requieren es tiempo para madurarlo.

Lo más importante de un médico son las buenas bases y el poder desarrollar todas las facultades, es decir, tener la capacidad y la seguridad de mencionar que, pese a la experiencia, uno está preparado para las situaciones que se presenten.

Por esta razón, ninguna entidad de formación debe escatimar en el proceso. Pese a sonar algo frío y desalmado, forjar a un médico exige poner a prueba a cada aspirante y ver cómo se sobrepone de modo suficiente y sobresaliente a cada una de las situacio-nes. Un médico debe ser diestro e integral, para no conseguir el título de mediocre.

La medicina es una profesión demandante porque somos “magos” con la facultad para sanar o aliviar el sufrimiento desde diversos puntos de vista, a base de acciones que aprendemos y la experiencia que vamos ganando durante la formación. No podemos dejar que las personas pierdan la confianza; que se ensombrezca la honra de un título que en ningún caso nos hace su-periores o nos da el permiso para sentirnos especiales. Somos solo conocedores de algunas fórmulas que en muchos casos nos permiten ayudar de forma intima al prójimo. Ese debe ser el fin y el enfoque de una ca-rrera en constante evolución desde lo que se descubre, pero que en lo intemporal mantiene su concepción y su finalidad intactas.

EPICRISIS14 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

EPICRISIS14

La nueva dinámica a la hora de consumir infor-mación y la inclusión de las nuevas tecnologías hizo que el Colegio Médico Colombiano (CMC)

complementara la forma de informar a los médicos y presentar el panorama del ejercicio de la profesión dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por tal razón, el CMC decidió sumarse a la re-volución informática de los contenidos e incursionar en la implementación de las redes sociales.

La Resolución 1395 de 2015, expedida por el Mi-nisterio de Salud y Protección Social, delegó al CMC la responsabilidad de hacer la inscripción de los médicos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), de expedir la tarjeta de identificación única del talento humano en salud y de otorgar los permisos transitorios para los médicos extranjeros que ingresen al país en misiones científicas o para la pres-tación de servicios de salud con carácter humanitario, social o investigativo. Desde ese momento, las redes sociales se han convertido en la mejor herramienta para acercar a los médicos, iniciar una comunicación si barreras, compartir información, ganar credibilidad y mantener una interacción más fluida en aras de comenzar a construir una identidad colectiva.

Con la gran revolución digital y el desarrollo de los teléfonos inteligentes, el CMC ha dis-puesto diferentes canales para llegar a todos los médicos, en todo momento y en cualquier lugar del planeta. Hoy con un computador, una tableta, un teléfono inteligente Andoid o con un iPhone es posible navegar dentro de una infi-nidad de páginas, tomar y pu-blicar fotos o videos de manera inmediata, interactuar en redes sociales, intercambiar información,

opinar o contarle al mundo lo que está ocurriendo, y todo de forma simultánea.

El impacto del entorno virtual en la sociedad ha sido de tal magnitud que no se puede minimizar. Con la actualización de la página web y la exploración en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, el CMC ha comenzado a expandir sus horizontes y a crear ex-periencias satisfactorias para los consumidores. Esto, a su vez, le ha permitido multiplicar el número de visualizaciones, incrementar el reconocimiento del ente colegiado y fortalecer la relación con el gremio y demás actores dentro del sistema de salud.

En los próximos meses aparecerá la aplicación móvil, diseñada para ser descargada en teléfonos in-teligentes, tabletas y otros tipos de dispositivos móvi-les. El principal objetivo es generar un acceso directo para los usuarios a la información del Colegio Médico Colombiano. Se trata de una innovación digital, con una plataforma virtual, que se concentra en entregar

a los estudiantes de medicina o profesio-nales de la salud un espacio para la

actualización de competencias y educación continuada. La

aplicación permite des-cargar cursos, charlas

educativas, foros, artículos científi-cos, semilleros, hacer diplomados de las facultades de medicina del país, acceder a recomendacio-nes de médico a estudiante y man-tenerse al día en

hechos noticiosos en el ámbito de la

medicina. En vista de que la imagen y la

El Colegio Médico Colombiano, en alianza con algunas sociedades científicas, ofrece a sus afiliados conferencias magistrales de aproximadamente 20 a 25 minutos de duración, las cuales tratan temas de interés para médicos generales con énfasis en las diferentes especialidades médicas.

• El CMC ofrece a los afiliados el código promocional para que tengan la oportunidad de aumentar los ingresos mensuales y lleven asistencia médica al conectarse con los pacientes de manera vir-tual en horarios flexibles que se ajusten al tiempo disponible, a través de la plataforma virtual MI DOCTOR ICARE.

• En la plataforma también tienen acceso de manera virtual al VADEMÉCUM  - PLM.

• Los afiliados al CMC obtienen un descuento del (5%) sobre los aportes a la afiliación a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE).

COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO

CMC

Siga al Colegio Médico Colombiano en redesDesde que el CMC renovó la página web y comenzó a tener presencia en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube ha multiplicado la difusión de contenidos informativos y educativos, lo que le ha permitido empezar a construir una nueva comunidad digital.

Los interesados pueden encontrar al Colegio Médico Colombiano en:

Facebook:

Colegio Médico ColombianoLa página brinda la oportunidad de infor-mar, interactuar y dar a conocer conteni-dos pedagógicos. Mediante piezas gráficas, fotos, videos, noticas del periódico Epicri-sis, el CMC Informativo y médicos naciona-les, el Colegio Médico ha mejorado la efica-cia de la comunicación con los seguidores.

Instagram: Colegio médicoLa aplicación, que actúa como red social, per-mite visualizar fotos y videos para generar una interacción dinámica y atractiva con el públi-co. El CMC se ha esforzado en hacer piezas gráficas que contengan información muy pun-tual, pero que también resulten interesantes.

Twitter: Colegio Médico ColEl público objetivo de Twitter es un poco más selectivo; se trata de funcionarios públicos y médicos con un interés político y académico. El CMC se centra en información muy espe-cífica y directa en este canal de información.

Youtube: Colegio Médico Colombiano

El canal de YouTube es la estrategia per-fecta para divulgar contenidos informati-vos, educativos y de entretenimiento, ca-paces de atraer a los diferentes perfiles de cibernautas. El sitio web cuenta con una gran variedad de temas y desde allí se pue-de visualizar el noticiero CMC Informativo.Desde que inició el canal ha tenido un alcance inesperado y el reconocimiento del CMC en las redes sociales ha superado las expectativas. En los pocos meses que lleva en uso la imple-mentación de las plataformas, el Colegio ya ha traspasado las fronteras; es así como hoy cuenta con cientos de seguidores en España, Inglaterra, Chile, Argentina y Ecuador.

Beneficios para los afiliados

interactividad son indispensables en este momento, el CMC, de manera fresca y llamativa, aborda los di-versos temas de interés para lograr así una conexión amigable con el usuario en la nube.

15EPICRISIS

Edición 5 • Septiembre - Noviembre 2017

Son muy pocos los pacientes y profesionales de la salud que han oído hablar de los químicos far-

macéuticos, y aquellos que reconocen la figura del profesional lo relacionan como el responsable de producir y en-tregar los medicamentos que a diario utiliza más de un 60 por ciento de los colombianos. Y si bien es cierto que entre las funciones del químico far-macéutico se encuentra la provisión de medicamentos, hay muchas otras actividades que este profesional, el cual es conocido a nivel mundial con la denominación de “farmacéutico”, puede realizar con el fin de generar un impacto positivo en la salud de los individuos, de la comunidad y del país.

El aliado en el entendimiento de los medicamentosLos medicamentos, al igual que mu-chos de los otros elementos utilizados para la atención de los pacientes y el tratamiento de las enfermedades, son una herramienta con un nivel de complejidad que no debería tomarse a la ligera. Si bien el uso primordial sobre el que se diseñan y producen es el terapéutico, hay que entender que, en todo caso, este uso se equilibra sobre la balanza de un posible efecto tóxico (como lo explicó Paracelso en una de sus célebres frases hace más de 500 años), y que también están involucrados factores propios de la persona que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro de los lados (entre otros, el uso de otros medi-camentos, la alimentación, los hábitos de vida, otras enfermedades como la falla renal), y que requiere de un entendimiento, que no solo va de saber qué prin-cipio activo estoy utilizando, sino que involucra un compendio de conocimientos técnicos y asistenciales que se encuentran claramente en el perfil del químico farmacéutico. Es por esto que la invitación a todos los

El acceso al químico farmacéutico: una deuda

con la sociedadÁlvaro León Torres

- Químico Farmacéutico- Miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia

profesionales de la salud es a aprovechar este conoci-miento y compartir las dudas a la hora de administrar, o incluso de prescribir un medicamento, con el quími-co farmacéutico; de este se puede obtener suficiente información para tomar decisiones claras que apoyen el uso racional, y que puedan evitar una complicación, o incluso salvar la vida de un paciente.

El primero en la línea de batalla de la saludDurante siglos, el farmacéutico ha sido considerado como un profesional de la salud con conocimientos sobre medicamentos, ubicado tradicionalmente en un establecimiento que a menudo se denomina “farmacia”

(así como también se denomina “farmacia” a la ciencia que engloba el quehacer del farmacéutico). En muchos países este profesional es el primero al que los pacientes acuden, porque se puede consultar sin cita, es el más cercano a su lugar de residencia, y porque históricamente ha construi-do confianza en los pacientes de una comunidad. Esta, la práctica en la que el farmacéutico trabaja de la mano con la comunidad, no solo para pro-veer medicamentos, sino para garantizar su uso racional (el cual en muchos casos significa no usar ningún medicamento), así como el consejo sobre hábitos de vida y prevención de enfermedades, se conoce como farmacia comunitaria, y requie-re del farmacéutico una formación específica y avanzada en el tema de medicamentos, así como del aprendizaje permanente basado en la expe-riencia y en la formación continuada.

Sin embargo, este campo es precisamente la deuda primordial que el químico farmacéutico tiene con Colombia. Desde hace más de 60 años los farmacéuticos comenzaron un éxodo de su quehacer en las farmacias hacia la industria, que para esa época era bastante prometedora, y dejaron este sector descubierto, el cual fue abordado por mercaderes, y transformado en lo que actualmente se conoce como droguerías.

Precisamente, esa deuda histórica con la so-ciedad propone un reto para los químicos farma-céuticos del presente y del futuro. Su compromiso es recuperar el espacio en la comunidad, como la primera línea de contacto de los pacientes, y el

apoyo a todo el personal de la salud en todas las cuestio-nes relacionadas con uso adecuado de medicamentos. Para esto, es necesario aumentar el número de profe-sionales a nivel país, e incluso su cobertura dentro del territorio nacional, pasos fundamentales para poder garantizar una suficiencia de talento humano que per-mita acceder a la población a un verdadero servicio de salud. Por último, esta también es una invitación a los demás profesionales de la salud a aceptar al químico farmacéutico como parte de sus equipos interprofesio-nales, y a confiar en aquellos que están disponibles en la institución donde se trabaja.

ÁGORASociedades, asociaciones, colegios y sindicatos

Existe variedad en las formas de organización gremial, la cual, si no se maneja adecuadamente, puede entorpecer y debilitar las acciones ten-

dientes a mejorar las condiciones y calidad del ejercicio profesional y a sus posibilidades de

influir en la marcha del sistema de salud.La no diferenciación clara de los distin-

tos roles de estas formas organizativas conduce a la competencia y enfrenta-miento entre ellas, impidiendo que compartan objetivos y desarrollen acciones conjuntas.

Los sindicatos están concebidos como herramientas organizativas propias para el manejo de los asun-tos laborales: defender el trabajo, las condiciones laborales y de contrata-ción de sus afiliados. Pueden firmar contratos sindicales, pero, además, logran desarrollar otras activida-

des que podrían llevarlos a competir con las demás formas organizativas

gremiales.Los colegios, apoyados en la Consti-

tución Nacional, son las organizaciones democráticas propias de las diferentes pro-

fesiones, encargadas de representar a cada uno de sus miembros. Están capacitadas para

desempeñar funciones públicas delegadas y actuar en asuntos laborales, pero sin hacer parte del trián-gulo empleadores- Estado - sindicatos, reconocido por la OIT para negociar acerca políticas del trabajo y sus condiciones.

Las sociedades y asociaciones son organizaciones civiles, que agrupan a ciudadanos quienes comparten intereses y objetivos comunes. Pueden limitar el in-greso de afiliados y no tienen injerencia en los asuntos laborales. Por ley alcanzan a ser asesoras, consultoras o a adelantar funciones públicas delegadas.

En un medio de pobre cultura gregaria y asociativa como el enmarcado por los profesionales de la salud, solo un liderazgo serio, respetuoso y consciente de la necesidad de unidad consigue superar la dispersión de formas organizativas y la debilidad resultante, para concertar objetivos comunes y formular planes de acción conjunta que sean exitosos en el logro de los resultados deseados.

Jorge Diego Acosta Correajdiegoacostac@gmail.com

EPICRISIS16 Edición 7 • Marzo - Mayo 2018

La Rebeca: un monumento a la hospitalidad de la capital

Por: Giovanni Medina Albawww.cronicasylibros.com

La historia de los pueblos y de las civilizaciones se ha escrito siempre con base en los relatos del diario vivir de sus habitantes. Todo aconteci-

miento, personaje, hazaña o situación se comenta y se transmite de una generación a otra, y a pesar de que a veces se tergiversan los hechos y se cambian las versiones, los protagonistas permanecen intactos para la posteridad.

Dentro de los innumerables personajes que ha tenido la ciudad de Bogotá, está una mujer muy her-mosa, esculpida en mármol y de carácter hospitalario y humilde. Ha sido testigo del florecimiento, crecimiento y la modernización de la ciudad y testigo de muchas citas románticas y encuentros inolvidables. Esta mu-jer maravillosa que muchos han visto o la visitan a diario sin tener idea de como se llama, es la estatua de La Rebeca, símbolo clásico de la Capital colombiana.

En 1925, el escultor caldense Roberto Henao se encontraba en Paris, cuando por encargo del entonces presidente Miguel Abadía Méndez, esculpió en mármol la estatua de La Rebeca para decorar el Parque Cen-tenario de Bogotá. La mujer encajaba perfectamente con el aire europeo que poseía la capital de la república considerada la” Atenas de Suramérica”.

La falta de una tela o cobertor que tapara la zona púbica de la estatua hizo que en principio fuera recha-zada por el comité de aprobaciones del Ministerio de Obras Públicas con Mariano Ospina Pérez a la cabeza. Pese a la polémica y los discursos que se referían a la moral del pueblo, a lo que se sumó la protesta por parte de los sacerdotes de la iglesia de San Diego, ubicada a escasos metros del Parque, la estatua finalmente fue erguida por mandato presidencial. El Parque Centenario fue creado en 1883 para conmemorar, precisamente, los cien años del natalicio del Libertador Simón Bolí-var y se restauró en 1926, cuando se colocó La Rebeca. La escultura fue presentada a la ciudad el 24 de julio y con ella se inauguró la primera fuente natural de agua en pleno centro de la ciudad para admiración de los transeúntes.

¿Quién fue La Rebeca? Rebeca era la esposa de Isaac, hijo de Abraham. Cuenta la historia que el Patriarca Abraham envió

emisarios y buscó entre muchísimas mujeres a una esposa para su hijo; tenía que ser inteligente, generosa, atenta, amable y con cien condiciones más. Después de muchas búsquedas resultó ser Rebeca, quien se convirtió en símbolo de mujer generosa y amable con el peregrino. Rebeca siempre está dando agua de su pozo al caminante sediento porque ella representa la generosidad y el desprendimiento. La mujer demues-tra que Bogotá es una ciudad amable y generosa con todo aquel que la visita.

Durante años, La Rebeca sirvió de punto de en-cuentro y de ícono para la ciudad. En su pileta nadaban gansos y patos; al fondo le hacían compañía Monserrate

y el templete del Libertador, hoy ubicado en el Parque de los Periodistas. Cerca a ella se podían apreciar los bustos de Juan José Rondón, Atanasio Girardot y José María Córdoba, elaborados por Francisco Antonio Cano, en 1926, y dos esculturas de un niño con un delfín o un cisne, más 16 sapos que botaban agua por la boca.

Con el paso del tiempo llegaron los mandatarios políticos con muchas ideas de cambio, progreso y de-magogia. La Rebeca, así como otros monumentos de la ciudad, fue trasladada de un sitio a otro, quedando poco a poco marginada. El Parque Centenario desapa-reció en 1958, cuando se amplió la calle 26 y el sector se convirtió en lo que hoy se conoce como el Centro Internacional. Como consecuencia de la desaparición del parque, La Rebeca se trasladó 20 metros de su lu-gar original, en donde la escultura empezó a caer en el olvido y el deterioro.

Para la última década del siglo XX, La Rebeca fue rescatada y restaurada por iniciativa de los alcaldes Enrique Peñalosa y Antanas Mockus como parte del plan de recuperación del centro de la ciudad. Con la contratación de diseñadores italianos, se construyó una nueva fuente en la calle 25 con carrera 13, fren-te al Hotel Tequendama, y La Rebeca resucitó para fortuna de los capitalinos admiradores del arte y la historia. Pero esa resurrección fue temporal, ya que hoy en día el deterioro de la escultura es aún mayor.

Así como los capitalinos se deleitan al encontrar habitantes hospitalarios, amplios y amables en las provincias que visitan, Bogotá alguna vez fue un pequeño poblado en donde el acogimiento y el calor humano hacían parte de la cultura. Una de las prue-bas contundentes de la existencia de esos valores ya perdidos durante el desarrollo urbano es La Rebeca. Esta mujer hermosa, escultural y humilde, símbolo de fertilidad por el agua cristalina que la rodeaba, aparte de haber sido la primera mujer desnuda en ocupar un espacio público, fue también la primera escultura que no pertenecía a ningún héroe de la patria. Para los bo-gotanos amantes de la historia, con solo mencionar el nombre de Rebeca reviven todo el amor, la lealtad y la generosidad que como valores colectivos representó en aquella época tan bella escultura.

DICCIONARIO

Estatización:

concepto que se usa en economía y finanzas públi-cas. Es el acto por el cual una Industria o servicio pasa a manos del Estado. El proceso de estatización

o nacionalización significa que los poderes públicos asumen la propiedad, y por lo general el control, de actividades que antes se hallaban el poder de particu-lares. En algunos casos el Estado se considera dueño -en representación de la nación- de ciertos bienes o recursos necesarios para la prestación de un servicio, pero los arrienda o concede a particulares, así sucede con las frecuencias de ondas electromagnéticas usadas en radio o televisión. Otras veces el Estado asume tanto la propiedad como la gestión concreta de empresas o instituciones.

Extractivismo:

es el término con el que se denomina a una forma de organizar la economía de un país, basado en una alta dependencia de la extracción intensiva

(en grandes volúmenes) de Recursos Naturales (RR-NN), con muy bajo procesamiento (valor agregado) y destinado para su venta en el exterior (exportación).

Fundamental”, al mismo tiempo es la “Ley primaria”. Este atributo, además, implica que el ordenamiento constitucional expresa las decisiones fundamenta-les, siendo al mismo tiempo la fuente creativa de los órganos primarios del Estado, la demarcación de su competencia y la normatividad básica de su integra-ción humana.

Integralidad:

cada vez que se plantea cómo tiene que ser un producto determinado, es importante concebirlo de una forma integral, ya que deberá actuar como

un todo sistémico y no como la suma aislada de las partes que lo componen. En salud, es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud de la población atendida. En atención primaria se considera que la integralidad es una de las características bási-cas de la atención primaria de salud. Con el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), en el caso de Colombia, lo que busca el Gobierno es poner al pa-ciente como el centro del sistema y alinear a todos los actores.

En otros términos es aprovechar la materia prima, a partir de los recursos de la naturaleza, para venderlos luego al mejor postor.

Fundamentalidad:

este concepto equivale al de primariedad. Es la base, el cimiento o el principio en que todo des-cansa. Por ejemplo, si la Constitución es la “Ley