30 de Mayo de 2016

Lunes, 30 de Mayo de 2016

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Soy vecina de Tigre y estoy muy preocupada y consternada por la contaminación del Reconquista. Mi hija practica remo y, como muchos vecinos, intentamos disfrutar del río, pero nos cruzamos con basura, bolsas y heladeras flotando, animales muertos y olores nauseabundos (...) Entonces, me pregunto...¿Hasta cuándo toleramos lo que evitamos? A lo largo del río viven millones de personas en asentamientos donde las enfermedades se ven todos los días. ¿Eso es vida? (...) Junto a los vecinos trabajamos hace más de un año para revertir la situación. (...) Vamos, paso a paso, por un río limpio, como tiene que ser. Carolina Casares, autora de la carta online y una de las principales impulsoras de ProyectAR Tigre, una ONG que busca sanear la segunda cuenca más contaminada de la Argentina después de la del Riachuelo, no esconde el propósito que la llevó a decir "basta" y pedir ayuda. "Con la firma de muchos lograremos generar conciencia para que el gobierno de la provincia declare la emergencia ambiental del Río Reconquista", enfatiza la propuesta difundida hace algunas semanas y que trae a la conversación con LA NACION cada vez que expone el drama actual de la cuenca, que recorre 167.000 hectáreas y 82 kilómetros, y atraviesa 18 municipios bonaerenses. Tanto para ella como para la mayoría de los afectados, la postal ribereña, lejos de limpiarse, acumula en demasía la basura que arrojan al río unas 12.000 industrias instaladas (algo que se agudizó cuando comenzó el saneamiento del Riachuelo), como si se tratara de un depósito natural de los desechos en un territorio habitado por el 13 % de los argentinos. Esta realidad, sumada a la falta de agua potable y de cloacas, a los riesgos que acarrea para la salud, y a la ausencia de control y monitoreo constantes, ponen sobre el tapete la urgencia de ocuparse.

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Una deuda ambiental de larga data Según informes técnicos y ambientales, los habitantes de la cuenca estuvieron desde siempre expuestos a las sorpresas climáticas: los registros de inundaciones datan desde el siglo XIX y siguen hasta el presente. Sin embargo, sería un error atribuirle a la naturaleza la responsabilidad entera de lo que ocurre en el Reconquista, cuando las malas acciones y decisiones tomadas en un pasado cercano la convirtieron en víctima. El crecimiento de viviendas fue explosivo y desordenado, especialmente en Tres de Febrero, General San Martín, Vicente López, San Isidro, Morón, Hurlingham y Tigre, los partidos más densamente poblados de la cuenca. En los primeros -que coinciden con el área crítica- las familias viven en asentamientos precarios, linderos a terrenos inundables o adyacentes a las márgenes del Reconquista y sus afluentes. El panorama se agrava al detectar que el 40% no tiene agua potable de red y el 63% no está conectado a la red de cloacas, lo que implica que el 90% de los efluentes no recibe tratamientos de depuración previo y se vuelca crudo al agua. Además, las obras en marcha alcanzan a cubrir sólo el 30% de las necesidades. Pero el mayor impacto ambiental viene dado por la acumulación descontrolada de basura. En la actualidad, 18 municipios bonaerenses y la ciudad autónoma de Buenos Aires entierran sus residuos en Campo de Mayo, lo que representa 11.000 toneladas por día y 340.000 toneladas al mes. Es decir, como la cancha de River cubierta de suciedad cada dos días. Se estima también la existencia de unos 25 depósitos de residuos a cielo abierto. Expresiones del estilo: «Le pegué a una vaca muerta»; «nos chocamos con un balde de pintura, con una mesa y una heladera» o «se me trabó el remo con un caballo hundido», por citar algunas, reflejan parte de los "obstáculos" que sortean los deportistas (muchos de ellos olímpicos) durante los entrenamientos. El grueso de los residentes se topa con eso los 365 días, las 24 horas, con calor y frío, lluvia y sol, y bajo condiciones inhóspitas. La combinación de estos factores conlleva riesgos para la salud, provocados por la alta presencia de metales pesados (cromo, cobre, zinc, cadmio y plomo) y el uso excesivo de pesticidas, y enfermedades de transmisión hídrica (hepatitis, diarreas y parasitosis), además de mordeduras de ratas y picaduras de víboras en aumento, de acuerdo con partes médicos de salas de primeros auxilios y centros sanitarios a los que este medio tuvo acceso. El plan piloto para salvar al río Hace unos meses, con drones, fotos y cámaras de video en mano, pero especialmente a partir de relatos de pobladores, empresarios de la zona norte y miembros de ProyectAR recorrieron a fondo la cuenca y diseñaron un plan de acción a medida para atacar los problemas de base. "Los testimonios de lo que está pasando son impresionantes. No se hizo nada en el gobierno anterior y el tema es prioritario", advierte Eduardo Regondi, presidente de la ONG, en diálogo con este medio. Enseguida, refuerza: "Hay chicos con mordeduras de ratas y adultos con picaduras de víboras. Tampoco faltan los camiones clandestinos que tiran la basura por las noches. Sin dudas, es una gran negocio". Se calcula que más de 3000 vehículos descargan sus residuos en el agua. "No nos podemos olvidar del entorno. Nadie habla de educación o de reciclado" En ese contexto, que arrastra una herencia de décadas, la iniciativa contempla un año de trabajo sostenido y una etapa de mantenimiento con "policías locales", o ciudadanos que supervisen y cuiden el lugar. "Nos metimos en las villas para conocer su realidad. Queremos involucrarlos, ver qué necesitan y escucharlos. Muchos viven como chanchos y quieren estar bien", relata Casares, al detallar que parte de la estrategia incluirá talleres organizados por el líder comunitario Daniel Cerezo, criado en La Cava y hoy director de Hacer Creer, una empresa B (una nueva clase de compañía que utiliza el poder del mercado para solucionar problemas sociales y ambientales). Regondi profundiza en la filosofía que hay detrás de la tarea: "No creemos en la palabra inclusión, sino en la integración social. A la gente

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no tenés que decirle: «Vení que te incluyo en lo mío». ¿Por qué? «¿Dónde está escrito que lo mío es tuyo?» No nos podemos olvidar del entorno. Nadie habla de educación o de reciclado como ejes". El proyecto se encuentra todavía en la antesala de lo que suele llamarse "prueba piloto", es decir, aplicable a una porción y a unidades medibles, para después extenderlo al resto del territorio. "Es apasionante lo que se puede llegar a lograr, pero aún no hay algo sinérgico", plantean ante el desafío integral (político, social, educativo y ambiental) que tienen por delante, y que costará esfuerzo, tiempo, dinero y coordinación con la provincia. ¿Vacío legal? Existieron numerosos intentos por ordenar el espacio y reducir los efectos de las inundaciones, incluso antes de la fundación de las ciudades: hubo ordenanzas reales de España que indicaban levantar las cuencas en sitios elevados. Sin ir más lejos, en noviembre de 2006, por Decreto 3002/06, el gobierno bonaerense aprobó un Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca, mediante el cual el Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec) se convertía en el encargado de planificar y ejecutar el proyecto. Ocho años después, un programa con el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), aprobado en julio de 2014 y firmado en diciembre de ese mismo año, permitiría saldar muchas de las deudas mencionadas. No obstante, los pocos avances, los bajos recursos y la falta de aplicación de normas existentes potenciaron las demandas de la cuenca, y la necesidad de implementar políticas adecuadas se exacerbó en los últimos años. "Con la convocatoria en Change, que entendemos como el primer paso, buscamos darle una herramienta a los funcionarios, que recibieron una provincia en llamas. Es un centro para que cabeceen y tomen nota, y así poder trabajar en conjunto", concluye Regondi. Qué dice la provincia Pese a no haberse definido en torno al pedido de declaración de emergencia reclamado por los vecinos, la administración de María Eugenia Vidal se muestra consciente de la realidad del Reconquista, que entiende como "un territorio complejo y fuertemente impactado por diversos problemas socioambientales". "Se aprecian altos niveles de contaminación del agua, originada principalmente por efluentes urbanos (cloacales sin tratamiento) e industriales, que cuentan en general con muy bajo nivel de tratamiento de efluentes líquidos. La generación de basurales en distintos sitios de la cuenca contribuye también a la contaminación del agua", confirmaron a LA NACION fuentes de la gobernación al describir la problemática. Como parte del paquete de soluciones, según recordaron, la provincia solicitó el apoyo al BID para recuperar al río, pero en ese sentido no hubo novedades recientes. En paralelo, retomaron y promueven un nuevo programa de saneamiento ambiental, ejecutado por el Comirec y el Ministerio de Infraestructura bonaerense, que en la actualidad se traduce en estudios y proyectos para obras piloto en las áreas más vulnerables de la cuenca.

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El anteproyecto que ingresó en las últimas semanas el ministro de Infraestructura bonaerense Edgardo Cenzón a la Cámara de Diputados para cambiar de raíz la ley de obra pública en la Provincia ya comenzó a generar las primeras polémicas, pese a que todavía tiene carácter de “borrador”. Concretamente, la controversia amenaza instalarse sobre la posibilidad de que la nueva norma deje sin efecto un adicional salarial que cobran los empleados de esa cartera, contemplado en la antigua legislación de 1959 y que ahora podría desaparecer o reducirse, según denuncian desde entidades gremiales. El tema ya fue eje de encuentros y movidas en la Legislatura, donde el gremio que nuclea a los trabajadores de Infraestructura ya llevó un reclamo ante la posibilidad de que se avance en la eliminación o recorte del adicional salarial, planteado originalmente como un incentivo para el personal profesional del viejo ministerio de Obras Públicas y que luego se hizo extensivo hacia todos los empleados de la cartera. Y podría complicar el avance de una norma que en el gobierno de María Eugenia Vidal consideran poco menos que indispensable para poner en marcha un plan maestro de obra pública cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses. El anteproyecto llevado a la Legislatura por el ministro Cenzón semanas atrás, fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para cualquier tipo de obras y propone acortar los plazos de licitación, adjudicación. El anteproyecto generó la alerta de las agrupaciones gremiales que nuclean a los empleados de Infraestructura por un artículo en particular que hace referencia al denominado “incentivo salarial” para los trabajadores de esa cartera. Se trata de un beneficio que había sido incluido en la vieja ley 6.021. Concretamente, estipula que el 3 por ciento del presupuesto ejecutado en obras “será utilizado para el pago de un incentivo no remunerativo, no bonificable del personal del ministerio de Infraestructura, comprendido únicamente en el régimen de la ley 10.430”. Es que según los gremios, un párrafo del proyecto deja abierta la posibilidad de que el incentivo salarial se elimine o retoque, por parte del ministerio de Economía. Los gremios ya elevaron un mensaje de preocupación y advertencia en este sentido. Representantes de Aemopba, la agrupación que nuclea a los empleados de Infraestructura, se reunieron con diputados provinciales del Frente para la Victoria a quienes llevaron el planteo por las disposiciones del anteproyecto de ley de obra pública.

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Después de varios meses de incertidumbre, versiones encontradas y reclamos de instituciones y funcionarios platenses, la cartera de Transporte nacional y la UNLP presentarán mañana en sociedad el proyecto para crear un paso bajo nivel en 1 y 32. El encuentro tendrá lugar a partir de las 18 en la sala de conferencias de la facultad de Ingeniería, situada en e1 primer piso del edificio de 1 y 47, con la presencia de profesionales y técnicos de la casa de altos estudios que tuvieron a su cargo la elaboración del diseño, y representantes del ministerio con sede en la capital federal. Según trascendió, si bien no se brindaron mayores detalles, los bosquejos contemplan la unificación de ambas manos de la avenida 32, con tres carriles cada una, en un único túnel que cruzaría bajo las vías y la traza de la avenida 1 por el eje de la actual rambla divisoria. Caracterizada como “jornada de diálogo ciudadano”, la reunión de mañana está planteada como una convocatoria abierta para que la comunidad se interiorice y exprese sus apoyos o reparos ante la obra, complementaria de la electrificación del ferrocarril Roca. Aún no se detallaron fechas sobre el inicio de los trabajos, cuyo proyecto ejecutivo fue asignado a Ingeniería tal como ocurriera dos años atrás con el viaducto de un kilometro de longitud que actualmente se erige entre las estaciones de Ringuelet y Tolosa.

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La construcción de pasos bajo nivel en varios nodos de alta densidad vehicular de la Ciudad es considerada indispensable en el marco de la electrificación, que acortaría a apenas siete minutos el tiempo entre convoyes, haciendo virtualmente imposible un cruce ágil de las vías. Desde Transporte se destacó que “el nuevo paso bajo nivel en la intersección de las avenidas 1 y 32 garantizará una conexión fluida entre ambos lados de las vías, asegurando una circulación segura tanto para los autos como para los peatones”. PASO A PASO Según se supo, el proyecto de 1 y 32 se encuentra “muy avanzado” y con su licitación “en trámite”. Será financiado con un préstamo oportunamente otorgado a tal fin por el Banco Interamericano de Desarrollo, que también previó la construcción de otro similar en 1 y 38 -hoy en “stand by”-. El que sí se realizó e inauguró, el 8 de marzo pasado, es el que conecta el camino Parque Centenario, a la altura de la calle 471, con los barrios Savoia e Hípico a metros de la estación City Bell. Ese túnel permite unir ambos sectores urbanos sin necesidad de desplazarse hasta la calle Güemes (476) para acceder al Centenario. Otro de los puntos en los que pueden generar problemas de conectividad y congestionamientos las futuras frecuencias del Roca es en 13 y 502, junto a la parada ferroviaria de Manuel B. Gonnet; sin embargo, el lugar no está incluido, de momento, entre aquellos que serán remodelados. AVANCES Y POSTERGACIONES Actualmente, los servicios eléctricos llegan desde la capital federal hasta Quilmes, tramo inaugurado el 13 de febrero pasado. Las estaciones intermedias entre esa ciudad y La Plata son cubiertas por un sistema de colectivos que para en todas, pero quienes desean abordar coches directos y obviar esas detenciones tienen la chance de hacerlo desde la estación Bernal. Anunciada para el mes pasado y luego dilatada por cuestiones climáticas, la apertura de la estación Berazategui al servicio de trenes eléctricos será el último hito antes de que los trabajos de modernización del ramal entre plaza Constitución y la estación de 1 y 44 -colocación de catenarias y tendidos de alimentación, renovación de rieles y remodelación de las estaciones- entren de lleno en su etapa local. En el ministerio de Transporte nacional subrayan que las primeras formaciones de fabricación china ya están siendo probadas entre Quilmes y Berazategui, y arribarán a esta última estación a fines de junio. “Las obras se están ejecutando y los cronogramas se van cumpliendo, en la medida en que lo permiten las condiciones climáticas” explicaron los voceros de la cartera: “se debe recordar que abril fue un mes virtualmente perdido en su totalidad por la recurrencia de las tormentas”. El plazo para que el tren eléctrico desembarque en La Plata sigue rondando los últimos días de 2016, se confirmó: “como se trabaja en varios frentes a la vez, una demora en un sector no implica automáticamente que todo el proyecto se detenga”. La inversión de 500 millones de dólares prevista en el “Proyecto de Modernización del Ferrocarril General Roca” -financiada por un crédito del BID y aportes del Tesoro Nacional- comprende también, se precisó, “el viaducto Ringuelet, la subestación de Quilmes y la instalación de dispositivos y redes de comunicación; la adecuación de las estaciones La Plata, Berazategui, Quilmes y Avellaneda, la renovación de vías y cercos, la remodelación de los talleres de Tolosa, obras hidráulicas y la adquisición de 300 nuevos vagones”.

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La licitación para el reasfaltado de la ruta provincial 67, en el tramo de 35 kilómetros entre las ciudades de Puan y Pigüé (en el distrito de Saavedra), se prevé realizar en el trancurso del mes de junio e insumirá una inversión de 150 millones de pesos. Así lo anunció el intendente del distrito de Puan, Facundo Castelli, quien también dijo que la apertura para la reparación de uno de los segmentos más deteriorados del sudoeste bonaerense, se producirá en julio próximo y que las obras, a más tardar, se iniciarán en tres o cuatro meses; es decir, antes de fin de año. Según el contador Castelli, la información le fue brindada por funcionarios de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. El propio intendente, antes y después de la apertura de sesiones, había hecho mención a la concreción de estos trabajos, aunque sin dar precisiones.

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La obra prevé, asimismo, el ensanche de la calzada que, hoy, ronda los 6 metros de promedio y la llevará hasta los 7 metros y 30 centímetros. También se ha contemplado un acceso de total recuperación para la localidad de Puan, tal como sucede en otras localidades del ámbito bonaerense. "Los trabajos que se van a realizar en la ruta provincial 67 serán el levantamiento de la carpeta, la base y, luego, se hará un nuevo pavimento para garantizar de que no vuelvan a aparecer baches", dijo el intendente Castelli. El reasfaltado de la ruta provincial 67 preocupa, y ocupa, a muchos vecinos y representantes de instituciones de una amplia región, quienes sufren a diario las consecuencias de un camino en pésimas condiciones de transitabilidad, por la falta de mantenimiento y de reparación de sitios estratégicos, que ya ha provocado numerosos accidentes. Más anuncios: la estación transformadora Proceso. La estación transformadora, que se construirá entre Puan y Azopardo, se encuentra en el presupuesto provincial y en este junio sería el proceso licitatorio. En julio se comenzaría la obra, según fuentes del ministerio de Infraestructura.Precios. La estación transformadora será de 132 KBA, lo que dará solución al problema energético en Puan. Sobre este tema se viene trabajando desde hace varios años y la última licitación que se hizo, hace dos años, se demoró en la apertura de los sobres, los precios se desactualizaron y huboque recomenzar el trámite.Plazos. "Esta es una obra que, en su momento, era de alrededor de dos años", dijo el intendente Castelli. Proceso. La estación transformadora, que se construirá entre Puan y Azopardo, se encuentra en el presupuesto provincial y en este junio sería el proceso licitatorio. En julio se comenzaría la obra, según fuentes del ministerio de Infraestructura. Precios. La estación transformadora será de 132 KBA, lo que dará solución al problema energético en Puan. Sobre este tema se viene trabajando desde hace varios años y la última licitación que se hizo, hace dos años, se demoró en la apertura de los sobres, los precios se desactualizaron y hubo que recomenzar el trámite. Plazos. "Esta es una obra que, en su momento, era de alrededor de dos años", dijo el intendente Castelli.

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Quince días le demandará aproximadamente a la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta el reemplazo de 1.300 metros de cable subterráneo en Villa del Mar La empresa cooperativa local manifestó, mediante un comunicado de prensa, que en la madrugada del 21 de junio pasado se produjo una falla en el cable de media tensión que abastece a la localidad rosaleña. "Ocasionó la interrupción en el suministro eléctrico. Y se instaló un grupo electrógeno hasta tanto se lleve a cabo el mencionado trabajo". La empresa expuso que espera el ingreso de la totalidad de los materiales e insumos. Estimó que arribarán a Punta Alta en la mañana martes venidero.

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Expuso que los trabajos de zanjeo y de movimiento de suelo, si las condiciones meteorológicas lo posibilitan, comenzarán mañana. "Se prevé concluir con las tareas de normalización el viernes venidero". "Pedimos las disculpas a nuestros asociados afectados a raíz de los inconvenientes que está ocasionando la situación". En otro orden, el personal de la comuna rosaleña trabajó en la víspera, en Humberto y Paul Harris, a raíz de la rotura de un caño de agua de ABSA. "Provocó la acumulación de una enorme cantidad del líquido y puso en riesgo a una vivienda donde reside una familia". "Ante la falta de una solución de la citada firma, los agentes comunales acudieron con bombas de achique, un camión desobstructor, palas mecánicas y motoniveladoras".

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El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, confirmó que utilizará el Fondo de Infraestructura que la Provincia enviará al municipio para pavimentar la costanera, obra que modificará el aspecto de una de las calles más transitadas del balneario en la temporada estival, y donde en los últimos 15 años se han efectuado inversiones inmobiliarias millonarias. Los trabajos -dijo a La Nueva- se extenderán desde la avenida Raúl Alfonsín (ex Piedrabuena) hasta Pedro de Mendoza. Son unas ocho cuadras, que cubren una distancia lineal de 1,4 kilómetros. “También haremos todos los desagües pluviales superficiales y entubados del sector, y pavimentaremos las calles perpendiculares a la costanera que aún son de tierra (la primera cuadra de la calle René Favaloro y la avenida Alfonsín )”, anticipó.

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Mediante el Fondo de Infraestructura, la Provincia enviará este año a la comuna unos $ 13 millones. Fernández aclaró que se utilizará ese dinero para financiar la obra, aunque el costo final será afrontado por los frentistas. “Ya nos enviaron el 20% de ese monto (unos 3,5 millones de pesos), así que en los próximos días vamos a arrancar con los trabajos. Ya estuve reunido con la gente del área de Obras Públicas y estamos haciendo todo para arrancar cuanto antes”, reveló. El proyecto -dijo- se ejecutará en su totalidad por administración municipal, salvo la pavimentación. “El asfaltado es un trabajo muy específico y que requiere especialización, así que vamos a licitarlo, pero la ejecución de cordones cuneta, badenes, cunetas sin cabeza y demás vamos a hacerla con mano de obra local y con materiales comprados en el distrito”, aseguró. El intendente mencionó que uno de los objetivos es mejorar las condiciones de escurrimiento del agua hacia la playa, así que se realizarán refuerzos especiales en las bocacalles tanto del lado del asfalto como en la playa. También mencionó que antes de construir la carpeta asfáltica se utilizarán las partidas del Fondo Sojero que recibe el municipio para ejecutar una nueva colectora cloacal en la costanera. “Será una cañería especial para los edificios del frente costero, dado que en esa zona la densidad de habitantes, en verano, es cada vez mayor”, explicó. La pavimentación de la costanera Presidente Juan Domingo Perón es una de las obras que siempre tuvo en carpeta el intendente Marcos Fernández, y que se fue postergando por falta de financiación. El frente costero es uno de los sectores de Monte que más ha crecido en los últimos 15 años. Actualmente cuenta con cerca de 40 edificios, la gran mayoría de ellos construidos en los últimos 15 años.

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El 21 de noviembre del 2014 la estación ferroautomotora fue una fiesta. El por entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, llegó arriba de los nuevos trenes “cero kilómetro” que iban a unir a Mar del Plata con Buenos Aires. El servicio prometía todos los lujos: aire acondicionado, iluminación LED, baños para personas con movilidad reducida y un sistema de frenos ABS que permitía que la formación tuviera un andar suave, silencioso y seguro. Es más: la intención era cambiar las vías y unir las dos ciudades en tiempo récord. Randazzo arriba de esos trenes depositaba su esperanza de ganarle la interna del Frente para la Victoria a Daniel Scioli y ser el candidato presidencial oficialista. La historia es conocida: sin el guiño de Cristina, el ex ministro del interior se bajó de la carrera electoral y sus proyectos quedaron en el olvido. Nadie sabe los motivos En la actualidad, la postal de la estación ferroautomotora lejos está de ese día de fiesta. En realidad, es desoladora: hace nueve meses que ningún tren llega a la ciudad y por ahora no se sabe cuándo volverán a hacerlo ni cuáles son los motivos concretos por los que no están funcionando. Los servicios ferroviarios que unen Constitución con Mar del Plata fueron suspendidos a fines de agosto del año pasado porque las inundaciones afectaron al puente Río Salado -ubicado a la altura de la localidad de Guerrero-. Hasta hoy, ni los trenes chinos que presentó Randazzo ni los de la empresa Ferrobaires volvieron a llegar a la ciudad. Si bien en un principio las inundaciones fueron el motivo principal para que dejaran de circular, ahora las autoridades explicaron que también el problema está en las vías. “Se aclaró que los durmientes que se colocaron en su momento estaban con defectos de construcción. Se quebraron muchos y tienen que cambiarlos. Eso lleva tiempo. Es el problema por el cual no corre el tren. No es el famoso Río Salado, porque ahí se habían arruinado dos bases que fueron reparadas. El problema ahora es el tendido de vías”, dijo el intendente Carlos Arroyo el 7 de abril luego de reunirse en La Plata con la gobernadora María Eugenia Vidal. El propio superintendente de Ferrobaires en Mar del Plata, Oscar Segura, se lo había confirmado a LA CAPITAL el 21 de marzo: “Para nosotros el puente está en condiciones para que los trenes vuelvan a pasar por él. Tan es así que no hace mucho tiempo lo hicieron algunos cargueros del Ferroexpreso Pampeano que estaban demorados en Cobo y que fueron autorizados a atravesarlo para llegar a destino. Desconozco si hay algún motivo por el cual no se rehabilita el servicio de pasajeros ya que, en principio, se dijo que iba a prestarse normalmente durante la reciente temporada estival”. Acerca del puente nuevo que se está haciendo al lado del que fue reparado, Segura por entonces manifestó: “Es responsabilidad de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF); Ferrobaires es concesionaria del servicio, pero la dueña de las vías es la Nación”.

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Los durmientes a los que hoy se le apuntan desde la Municipalidad y desde Ferrobaires fueron construidos por una empresa marplatense. Randazzo le otorgó la licitación con rapidez en medio del apuro que generaba la campaña electoral para mostrar gestión. Lo cierto es que a poco de ser colocados, se rompieron. Las versiones de lo que ocurrió son de todo tipo. Fuentes cercanas a la empresa responsabilizan a los contratistas que cambiaron las vías por haberlos colocado mal al utilizar un sistema de sujeción de los rieles que no era el adecuado. Otros aseguran que los durmientes tenían graves fallas en su estructura. Pedidos de un diputado y un concejal Ante la falta de información oficial, el diputado provincial por la quinta sección electoral, Juan Manuel Cheppi, presentó un proyecto de declaración en la legislatura bonaerense solicitando que el gobierno de María Eugenia Vidal interceda ante el Ejecutivo nacional para exigir la reactivación de la línea ferroviaria entre Buenos Aires y Mar del Plata. En ese sentido, Cheppi explicó que “los trenes no llegan a Mar del Plata desde que las inundaciones del invierno pasado afectaron a la zona de Castelli y alrededores, y si bien se anunció que las obras del Puente Guerrero se habían finalizado, nunca se terminó el reemplazo de las vías dañadas”. Y agregó: “En el mes de diciembre el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Transporte de la Provincia anunció el aplazo para la reanudación del servicio, y desde ese momento no se ha brindado ninguna otra información”. Por su parte, el concejal Lucas Fiorini le pidió al Ejecutivo municipal que confirme si ha pedido informes a la administración provincial sobre el estado de situación del ramal de trenes y, además, planteó la conformación de una mesa de trabajo que analice la pérdida de conectividad que la ciudad padece en este y otros medios de transporte de pasajeros. “Mar del Plata necesita proteger su vínculo con las diferentes ciudades y el servicio de tren de pasajeros es una herramienta indispensable en este sentido”, destacó sobre un medio al que considera de relevancia para sostener el caudal turístico del distrito. Fiorini entiende que un medio como el tren, caracterizado por ser muy accesible desde lo económico para el usuario y de potencial incalculable como transporte de cargas, se “torna imprescindible”. “Más aún para una ciudad que en buena medida sustenta su economía desde el turismo y la producción que envía a otros puntos del país”, explicó el concejal. Fiorini lamenta que tras la inversión que primero se hizo para inaugurar la estación ferroautomotora marplatense y luego para sumar trenes más modernos y confortables se llegue a esta realidad de actividad nula en el ramal que vincula a la metropolitana terminal de Constitución. “Queremos saber qué informes pidió el gobierno municipal para saber sobre el avance de las obras que permitan reactivar este corredor ferroviario”, insistió. Expectativas incumplidas El servicio se suspendió tras una crecida del río Salado y se preveía normalizado para fines de diciembre último. “Nada de eso ocurrió hasta la fecha pese a que el puente afectado estaría en condiciones de ser transitado”, señaló el edil, aún cuando la Administración de Infraestructuras Ferroviarias dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación había anunciado obras de reparación y mantenimiento que incluia reemplazo de tramos de vías en mal estado. Desde el bloque del Frente Renovador, que también integran Alejandro Carrancio y Cristian Azcona, se exige una pronta respuesta de las autoridades municipales sobre datos requeridos a la provincia sobre ejecución y avance de las citadas obras. Por otra parte propone para el 2 de junio, en el recinto del Concejo Deliberante, una jornada de trabajo que reúna al intendente, presidente del Emtur, administrador de Ferrobaires, gremios vinculados a la actividad y concejales para buscar precisiones y soluciones sobre esta cuestión. Fiorini remarcó que “resulta imperiosa” una respuesta oficial porque la falta de trenes “desconecta turística y comercialmente a la ciudad, profundizando su postergación económica”. El futuro Aún no hay certeza sobre cuándo volverán a funcionar los trenes. Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado -a cargo del gobierno nacional- y Ferrobaires -a cargo del gobierno provincial- siguen teniendo responsabilidades en el servicio. Se espera que por poco: la intención de la gobernadora María Eugenia Vidal es que el Gobierno nacional quede a cargo de todos los trenes. Hasta el momento, desde el Ministerio de Transporte de la Nación no hubo pronunciamientos de cuándo se producirá el traspaso y tampoco precisiones del regreso del servicio.

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emergencias.

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En medio de los cuestionamientos de los intendentes del Conurbano, que reclaman mayor ayuda social por parte del gobierno provincial, ayer, la gobernadora María Eugenia Vidal recordó que “la pobreza no empezó el 10 de diciembre”, al tiempo que reprochó que los jefes comunales que ahora salen a plantear la situación pero que “no se los veía con el mismo nivel de preocupación el año pasado, que era un año electoral”. En medio del reclamo de los jefes comunales, hace una semana el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, había admitido que en algunos distritos del Conurbano, como José C. Paz, La Matanza y Merlo, y también grandes ciudades como Mar del Plata, hay “una demanda mayor de alimentos”, debido al “parate de la obra pública y de la construcción tiene un impacto fuerte; son actividades de mucha mano de obra y generan consumo”. La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, había observado también hace unos días que “los comedores escolares empezaron a duplicar los cupos” y que algunos de ellos pasaron de recibir 200 chicos a recibir 700. En este contexto es que Vidal decidió duplicar el cupo de alimento en los comedores, que pasó de $6,30 a $12,60. Sin embargo, ayer, la mandatario retomó la polémica al advertir que “ésta no es una situación que haya sucedido hoy”, y apuntó contra su antecesor, el ex gobernador Daniel Scioli al indicar que “el úlmo mes del año pasado que se pagó completo a los comedores escolares fue en marzo”.

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En ese sentido, Vidal afirmó que “la pobreza cero requiere de bases consistentes y no de mentira, y vivíamos en una mentira. Vivíamos en un gobierno que nos dijo que teníamos menos pobres que Alemania”, recordó en alusión a la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández. “Nosotros no negamos la situación”, remarcó. No obstante, la jefa de Estado provincial reconocíó que “sé que hay mucha gente que la está pasando mal en la Provincia” y agregó: “Les agradezco que así y todo nos sigan apoyando y les digo que estas medidas van a ayudar a que la Argentina vuelva a crecer y crear trabajo”. Ayer, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, volvió a expresar su preocupación por la situación socioeconómica en esa zona de la Provincia y, en consonancia con su par de La Matanza, afirmó que “hay una mayor demanda” de la gente, que “empieza a pedir guardapolvos y leche”. En ese sentido, el jefe comunal se quejó de que “la cantidad de leche que se repartía antes no es la misma que ahora”, al tiempo que también se refirió al incremento de la inseguridad en ese distrito. “Son altos los problemas de inseguridad que estamos viviendo en la Comuna”, describió el Intendente al relacionar las dos problemáticas como parte de una misma cosa. CRITICAS A LOS PIQUETES En tanto, en otro pasaje de una entrevista radial que dio ayer, la Gobernadora se refirió a las movilizaciones con piquetes que organizaciones sociales prevén para mañana, en reclamo de asistencia alimentaria. “El camino no es cortar las calles”, sentenció Vidal, quien reiteró su predisposición para “dialogar y trabajar donde haya hambre”, pero dijo que “ésta no es la manera” de hacer los reclamos. También destacó que en su viaje a Estados Unidos para captar inversores encontró “gente muy interesada en apostar a la Provincia y al país”. Y confirmó que “va habrá inversiones privadas por 1.500 millones de dólares”. 20 piquetes La organización Barrios de Pie prepara para mañana una movilización con más de 20 piquetes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de asistencia alimentaria.

30 de Mayo de 2016

LA PLATA.- "Portera, quiero repetir", grita un chico, después otro, y otro más, y ponen cada plato vacío frente a la cara de Sandra Jiménez, en el comedor de la Escuela N° 50 del barrio San José, en Temperley. "Es que no hay", responde ella. Esta escena se repite en los comedores del conurbano. Allí, en cada municipio, se quedan sin una ración unos 3000 chicos en promedio. Esto es: 55.000 nenes no tienen su plato de comida en la escuela, según datos del Suteba y de los consejos escolares de distintos partidos políticos. La cifra no es reconocida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que paga el comedor a 1,5 millones de niños. El recorte en los comedores -de hasta 1 millón de cupos- lo hizo el gobierno anterior, según el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano. No obstante, el funcionario de María Eugenia Vidal admitió que en esta nueva etapa "puede ser que haya chicos que no hayan llegado al plan escolar de comedores". El 14 de abril último, Vidal anunció un aumento de $ 1200 millones para reforzar los almuerzos de 1,5 millones de chicos que tiene actualmente el sistema. Cada almuerzo, que antes disponía de $ 6,30, ahora valdrá 12,60. Cada desayuno, que valía $ 2,90, pasó a 7,90. El aumento se hará efectivo en junio, pero en muchos comedores el menú aún es deficiente. En la escuela primaria de Temperley hay 202 chicos anotados y la cantidad de comida que llega es para 150. Por eso el deber de las auxiliares se convierte en intentar ser equitativas reduciendo la cantidad de comida por chico. Un cucharón, que correspondía a la ración individual, ahora se llena a la mitad. El martes, el menú fue arroz con pollo. Para cocinarlo, llegaron cinco pollos chicos para los 202 chicos que asisten a la escuela. "Lo que les llega al plato son hilitos de pollo", dice Gloria Ríos, que trabaja como administrativa en la escuela. Una maestra de 6° grado insiste: "A veces los alumnos están mareados por no haber comido en su casa". La auxiliar Sandra Jiménez cuenta que los sábados abrieron un taller de cocina para paliar el hambre. En medio de la clase, los chicos están atentos a la hora. "Seño, tenemos que ir al comedor", dicen. Las maestras explican que así se les complica dar clases. Muchas veces salen a comprar galletitas: "Ver a los pibes con hambre todos los días te desespera", dice Laura Navarro, la orientadora educacional de la Escuela N° 50. Según el Suteba faltan 55.000 cupos para nenes que quieren comer. Este gremio marchó a la Gobernación junto con padres y alumnos para pedir soluciones e hizo paro la semana última. Según un relevamiento hecho por LA NACION entre 20 consejos escolares del conurbano, en cada distrito se quedan sin comer un promedio de 3000 chicos. Según los consejos escolares, en La Matanza faltan 6000 cupos; 2000 en General Rodríguez, y 2600 en Moreno. Los relatos se repiten en todo el conurbano. El ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, dijo que la cifra de los cupos siempre se infló desde los consejos escolares. Y que éstos estuvieron plagados de irregularidades en años pasados. Por eso, pedirá listados con nombre y apellido de los nenes que quedan sin comer. Destacó el esfuerzo de $ 1200 millones extras para comedores, que en total recibirán $ 3600 millones en el año.

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En similar sentido, el ministro Alejandro Finocchiaro dijo: "No hemos bajado cupos", y coincidió con López Medrano en que, también desde la cartera educativa, deberán trabajar "en establecer la nominalidad de todos los que reciben el servicio alimentario escolar". Ayer, la gobernadora informó: "Hemos aumentado en 400.000 kilos la comida que se distribuye en la provincia", y recalcó que se duplicó el monto a comedores. "¿Cree que con 12 pesos come un chico?", preguntó LA NACION a López Medrano, que respondió: "Se puede hacer un menú interesante haciendo compras al por mayor. Nosotros pusimos al día los proveedores y las compras. Nosotros pagamos a los proveedores para que no falten los alimentos. Y diseñamos un menú con cinco opciones. Ahora los consejos deben licitar y hacer las compras con los aumentos que van a llegar a partir de junio". Los comedores esperan, entonces, que esta semana comience el cambio prometido por Vidal.

30 de Mayo de 2016

Un hombre que dió positivo a un cuadro de gripe A falleció en las últimas horas en el hospital San Juan de Dios de nuestra ciudad, tras agravarse su crisis respiratoria con una neumonía, y otro paciente con el mismo diagnóstico murió ayer tras permanecer internado en una céntrica clínica privada de nuestra ciudad, en un caso similar al anterior, es decir correspondiente a los grupos de riesgo y sin vacunación previa. Ambos casos fueron anoche confirmados por la dirección de Epidemiología del ministerio de Salud provincial. Los dos pacientes, según señalaron fuentes del ministerio de Salud bonaerense, pertenecían a los denominados grupos de riesgo y aún no se habían vacunado contra la gripe A. Los grupos de riesgo, como se sabe, comprenden a los niños de hasta dos años, las embarazadas, mayores de 65 años y personas con alguna enfermedad de base que comprometa su sistema de defensa. Mientras tanto, en el hospital San Juan de Dios permanecen internadas otras dos personas cuyos análisis también dieron positivo de gripe A, con un complejo cuadro respiratorio pero que hasta el momento han evolucionado favorablemente. Cabe destacar que en el resto de la Provincia se reportaron ya 97 casos confirmados y 9 decesos por Gripe A H1N1. CONVOCAN A VACUNARSE Frente a esta situación, las autoridades sanitarias locales remarcaron la importancia de la vacunación y convocaron a quienes todavía no lo hicieron a inmunizarse contra el virus de la gripe A, que este año adelantó su aparición y que además lo ha hecho con características más virulentas.

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En este sentido, el municipio platense, a través de la secretaría de Salud, destacó que continúa la campaña de prevención contra la gripe A, habiéndose vacunado ya más de 10 mil personas en toda la región, y se sigue vacunando por medio del consultorio móvil, en los 46 centros de Atención Primaria y también en la secretaría de Salud Municipal ubicada en diagonal 73 e/ 59 y plaza Rocha, de lunes a viernes. En cuanto al consultorio móvil de vacunación, ya estuvo en Villa Elvira, Villa Castells, Villa Elisa, San Carlos, Ringuelet, Altos de San Lorenzo, Romero, Los Hornos, y Olmos, y en las próximas semanas recorrerá las delegaciones de José Hernández (25 e/ 512 y 513) y Angel Etcheverry (229 y 53).

30 de Mayo de 2016

De 135 intendentes solamente firmaron 13, y falta menos de dos meses para el 14 de julio, cuando la nueva Ley 14.656 tiene que entrar en vigencia en forma completa", dijo el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses Rubén García. El dirigente explicó ayer que la norma "empezó a regir el 7 de julio de 2015 y los intendentes tuvieron 180 días hasta el 6 de enero de este año para armar convenios colectivos, aunque para esa fecha no había firmado casi nadie." "Los intendentes de todos los colores políticos pretendían que la ley se suspenda y como no se pudo por la movilización de los trabajadores se extendió seis meses hasta el próximo 14 de julio a pedido de los nuevos, pero favoreció a los viejos también", comentó. El titular de la Fesimubo manifestó su preocupación en este sentido, al señalar que "nos preocupa que haya intendentes con dos reelecciones y todavía no han querido sentarse a armar los convenios colectivos" y advirtió que "el 14 de julio va a entrar en vigencia y muchos ni siquiera convocaron a los paritarios". De los 13 jefes municipales que firmaron los convenios hasta hoy, ocho pertenecen a Cambiemos, cinco al Frente para la Victoria (FpV) y ninguno al Frente Renovador (FR) del diputado Sergio Massa. Por la alianza radical macrista lo hicieron los intendentes de Campana, Coronel Rosales, General Rodríguez, Junín, Mar Chiquita, Quilmes, San Isidro y Suipacha. En tanto por el FpV rubricaron el acuerdo con sus empleados, los jefes municipales de Azul, Guaminí, Merlo, Moreno y Saavedra. Para García, que entre en vigencia en forma completa la nueva ley, "significa que se terminó el tiempo de la flexibilización laboral en los municipios bonaerenses". "Los trabajadores municipales vivíamos en una flexibilización laboral permanente porque en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires la media de los contratos basura andaba entre el 62 y el 70 por ciento", precisó. Dijo también que "había compañeros con falta de estabilidad con hasta 20 años de antigüedad, trabajando en un municipio en condiciones precarias". "La 14.656, que ya está en vigencia en su mayor parte y sólo falta completarla en su tercer párrafo, establece que los empleados

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públicos de los municipios bonaerenses obtendrán la estabilidad laboral al cumplir 12 meses en sus puestos de trabajo", detalló. Otros de los puntos fundamentales de la nueva norma fija que las municipalidades tengan como máximo un 20 por ciento de empleados contratados, las obliga a respetar el Salario Mínimo, Vital y Mínimo y a tener paritarias por ley. "Esto cambia el paradigma de las relaciones laborales entre los municipios bonaerenses y los trabajadores, para siempre," consideró. Al respecto, García sostuvo que "hasta ahora, nunca los municipales tuvimos paritarias y convenios colectivos por ley" y remarcó que "esta ley obligará ahora al intendente, cuando se sienta en la paritaria, a mostrar cómo se compone la masa salarial en el presupuesto". Según el titular de la Fesimubo, "antes de esta ley, los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires estábamos atados a la voluntad de cada intendente". "La 14.656 es la ley que no querían los barones del Conurbano", aludió y añadió que "lo que también es importante es que los trabajadores que ya ingresaron y tienen más de 20 años quedan efectivos". "De todos modos, nosotros estamos haciendo respetar a los compañeros que tienen más de un año de trabajo", puntualizó. Finalmente, García explicó que las relaciones laborales de los empleados municipales bonaerenses a partir de 1983 se establecían con ordenanzas locales. "Pero -dijo- que en la década de los noventa la Ley 11.757 borró todas las ordenanzas y la Suprema Corte de Justicia bonaerense determinó después de 18 años que esa ley fuera anticonstitucional". "La 11.757 era la ley de flexibilización laboral a la enésima potencia y era pura y exclusivamente para favorecer a los intendentes de todos los colores políticos", completó.

30 de Mayo de 2016

Los gremios del Estado presentarán esta semana una acción judicial por considerar que la norma impulsada por Vidal violenta la constitución provincial y precariza el trabajo del empleado público. El recurso será presentado ante la Suprema Corte de Justicia La Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica aprobada el pasado 19 de mayo por la Legislatura bonaerense, sigue trayendo fuerte polémica en el seno político provincial, lo que ha llevado a que diferentes gremios del Estado, presenten esta semana una acción originaria de inconstitucionalidad de la normativa ante la Suprema Corte de Justicia. Con este recurso, se busca atacar los flancos débiles de una iniciativa que ha generado el rechazo unánime del ámbito trabajador, por representar la misma una mayor precarización laboral y por ser un retroceso en materia sindical, ya que se modifica la ley 10.430 de Régimen para el Personal de la Administración Pública, facilitando la contratación de empresas privadas para realizar tareas en organismos públicos. La presentación, que será hecha ante el máximo tribunal entre mañana y pasado, consistirá en una acción originaria de inconstitucionalidad, ya que así lo determina el Código de Procedimientos, que dice que luego de dictarse una ley, hay 30 días para plantear directamente a la Suprema Corte de Justicia provincial un recurso extraordinario para que sea tratado en forma acelerada y sea de rápida resolución. Severas críticas Para los gremios que realizarán el recurso, entre ellos el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, ATE que dirige Oscar De Isasi o el Suteba al mando de Roberto Baradel, entre otros, la ley impuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal, tiende a la “precarización laboral” y a la “discriminación” del empleado público. Una de las críticas está dada por el régimen de contrataciones del Estado, que antes existía todo un procedimiento que cumplir pasando por diferentes organismos, garantizando la transparencia de los contratos, y que la ley de Cambiemos estipula que a los 10 días de presentado en el organismo, si no hay una respuesta positiva, se presume que dicho organismo dio el visto bueno, acabando así con el sistema republicano de gobierno, que es el control administrativo y constitucional. La desproporcionalidad de la ley, hace que se eliminen los controles, y al realizar esto, el Ejecutivo podría imponer como le plazca una modalidad de contratación totalmente alejada a los convenios establecidos, pudiendo así emplear personal amigo para la realización de diversas tareas, pagándole por su servicio un sueldo altamente superior al que cobra un empleado estatal, que la norma indica

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en hasta 160.000 pesos por mes, unas quince veces más de lo que cobra un trabajador bonaerense promedio. Para los gremios, todas estas formas de contratación, son precarizadas e inconstitucionales, y sirven solamente para disciplinar a los trabajadores. La ley para hacer contrataciones fuera de la planta permanente del Estado, dice que son tareas limitadas en el tiempo y que no puedan ser hechas por el personal de planta permanente del Estado, quitando así el principio de estabilidad que regía al empleo público en la provincia, y la introducción de empresas privadas en el ámbito estatal.. Además, se considera a la normativa discriminatoria, porque solo se puede contratar personal profesional y técnico, excluyendo así al resto del universo de los trabajadores, que es el personal obrero que cubre diversas tareas en los organismos públicos. Un nuevo golpe para la administración de Vidal, que ve como una ley que ella misma había declarado como “vital” para la supervivencia de su gobierno, se ve sumergida en una severa polémica en la Justicia, que deberá ahora decidir si la normativa es constitucional o no, poniendo al gobierno de Cambiemos contra la espada y la pared. Una pelea en varios frentes No solo desde lo judicial la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica impuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal está siendo atacada, sino que la presentación hecha por los legisladores del peronismo en la Cámara baja para pedir la nulidad de la misma, sigue su curso. Desde la oposición, los diputados sostienen que al momento de sancionarse la iniciativa en el recinto, el mismo estaba sumergido en un caos, que incluyó golpes, empujones, gritos e insultos, lo que hizo que no pudiera existir un registro claro de los legisladores presentes al momento de emitir su voto. Además, el PJ destaca que al haberse realizado una votación a libre cerrado, sin ningún clase de discusión por haber prohibido el debate, no se permitió el sufragio en forma particular, así como tampoco el recuento nominal de los votos. Quien encabeza este levantamiento contra la norma, fue el diputado Walter Abarca, quien se ha encargado de sostener públicamente que este proyecto “es una fiel copia de la flexibilización laboral ejecutada por el gobierno de Fernando de la Rúa, que tantas desgracias trajo para el país”. Con esta acción, el PJ busca atacar a la iniciativa del PRO desde todos los ángulos posibles en el ámbito legislativo, tratando así de frenar una ley que genera el rechazo de todo el universo sindical. “Esta normativa flexibiliza los controles del Estado” Por Roberto Baradel (Titular de Suteba) Especial para Hoy Nosotros, en conjunto con otros gremios del arco estatal de la provincia de Buenos Aires, estamos terminando de armar la presentación judicial que presentaremos en los próximos días buscando la inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. Con esta iniciativa, el gobierno lo que intenta es desconocer lisa y llanamente los alcances de la Ley 10.430 de Régimen para el Personal de la Administración Pública, en cuanto al tema del nombramiento de personal y despido de personal, pudiendo hacer las autoridades prácticamente lo que se les antoje respecto a este tema, precarizando aún más la situación de los trabajadores del Estado. Además, esta normativa flexibiliza el tema de los controles del Estado, donde no existe el procedimiento mínimo y adecuado que deberían tener todas las convocatorias que se lanzan desde el Ejecutivo para diferentes procesos de licitación y demás. “Es una ley antidemocrática” Por Susana Mariño (Secretaria Adjunta del SOEME) Especial para Hoy

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Hacemos esta presentación legal, simplemente porque esta ley es antidemocrática, era innecesaria y no cubre para nada las necesidades de la modernización del Estado, sino todo lo contrario, porque a lo único que apunta es que se hagan contrataciones directas de personal pasando por encima de la Ley 10.430. Se busca acabar con el principio de estabilidad de los trabajadores del Estado, contratando por 2 o 3 meses. Se finalizan los contratos hoy existentes, renovándolos como les dé la gana, contratando a otro personal por 3 o 6 meses, y a todo eso lo hacen sin ningún control del Estado. Los funcionarios van a tener la facultad de nombrar por fuera de las leyes, asesores con altísimos sueldos, saliendo de las paritarias y sin control alguno, o sea, que un funcionario contratará por 1 o 3 meses o lo que quieran, a asesores que pueden cobrar altísimas subas por fuera de cualquier convenio. “Se violenta la legislación laboral” Por Oscar De Isasi (Titular de ATE provincia de Buenos Aires) Especial para Hoy El gobierno de María Eugenia Vidal está dispuesto a avanzar con el ajuste en la provincia de Buenos Aires a cualquier precio, y para ello no escatima en propuestas escandalosas como la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica en todo el territorio provincial. Nosotros vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta Ley, principalmente porque se violenta la legislación laboral y la Constitución Provincial. Con lo impuesto por la gobernadora, lo que se hace es precarizar aún más las relaciones laborales, generando contratos basura que quitan los escasos derechos laborales que todavía tienen los trabajadores, rompiendo con la posibilidad de poder pasar a planta permanente a quienes están contratados por el Estado bonaerense. Lo que está claro con esto, es que se busca disciplinar a los trabajadores para que acaten medidas y decisiones injustas como esta ley. “Es una iniciativa violatoria del principio constitucional” Por Pablo Abramovich (Titular de la Asociación Judicial Bonaerense) Especial para Hoy La constitución es muy clara, y la misma se establece que en el empleo público, uno de los principios es la estabilidad, con lo cual os mecanismos que buscan implementar son los mismos que tuvimos en los años ’90, afectando las condiciones de estabilidad a través de contratos de locación de servicios o de contratos de locaciones de obras. Es una iniciativa violatoria del principio constitucional, lo único que hace es perjudicar el proceso de jerarquización que es necesario en la función pública. Necesitamos trabajadores con estabilidad, que se formen y con buenos salarios, para poder garantizar un Estado que sea capaz de dar respuesta a los ciudadanos, con lo cual, estamos absolutamente en contra de lo que dice esta ley, que habilita al Estado a contratar mediante locaciones de servicios, personal que debería ser personal estable del Estado provincial. “Se abre el camino a privatizaciones” Por Fernando Corsiglia (Presidente de la CICOP) Especial para Hoy Somos críticos de esta ley, porque por un lado promueve la precarización, habilitando al Ejecutivo a avanzar rápidamente en condiciones de contratación que están por fuera de la ley, y por otro lado, favorece la posibilidad de negocios al establecer plazos muy pequeños para generar los procesos de licitación correspondientes. Vemos que hay una alta probabilidad de que se generen negocios fuera de lo que deberían ser los cánones habituales.

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Se abre el camino a privatizaciones y mayores precarizaciones. Esas posibilidades están reñidas con lo que planteó la población en su decisión electoral y lo que planteamos nosotros como trabajadores. En lo que respecta a la Salud, nosotros lo vemos como preocupante y como un avance contra los derechos y estabilidad de los trabajadores. Nosotros estamos en pleno plan de lucha con el gobierno respecto de nuestra situación salarial y laboral.

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Entre mañana y el viernes, los Tribunales bonaerenses se paralizarán nuevamente en reclamo de una mejora salarial del 40%. Hoy, el gremio se reunirá con el Ejecutivo provincial en un encuentro convocado por la Suprema Corte para intentar destrabar el conflicto que ya lleva tres meses y medio A la dura medida de fuerza realizada la semana pasada, cuando la Asociación Judicial Bonaerense realizó un paro de 96 horas que mantuvo cerradas las puertas de los Tribunales durante toda la semana (si se incluye el feriado del 25 de mayo), el gremio resolvió repetir el paro por el mismo lapso de tiempo, desde mañana y hasta el viernes, dada la negativa del gobierno de María Eugenia Vidal a atender sus reclamos. La medida de fuerza fue decidida el sábado, en el marco de las asambleas convocadas por la AJB y se realizará sin perjuicio de la participación de los Judiciales hoy, desde las 9, en la negociación con el Ejecutivo provincial y el Colegio de Magistrados convocada por la Suprema Corte. Habrá que ver si allí la Provincia expresa voluntad para resolver un conflicto que ya lleva tres meses y medio y que, entre sus reclamos, incluye un aumento salarial del 40%, contra el 17,3% ofrecido en la última reunión paritaria. “Mantenemos las medidas porque la semana pasada nos reunimos con el gobierno bonaerense y la oferta fue totalmente insuficiente. Creemos que no se expresó la voluntad de las autoridades de encontrarle una solución al problema”, indicaron desde el gremio a Hoy. Respecto al encuentro de esta mañana, aseguraron que las expectativas “son las mismas de estos tres meses y medio: empezar a encaminar una solución, pero la decisión tiene que venir del Estado, con una oferta superadora”. Al mismo tiempo, afirmaron que si hoy “el gobierno plantea una buena oferta”, podrían rever las medidas en la asamblea de mañana, en la que será la primera jornada de esta nueva huelga: “Allí pondremos a consideración el resultado del encuentro y decidiremos la aceptación o no de las propuestas y el posible levantamiento de las movilizaciones dispuestas para toda la semana”. En tanto, el miércoles 1º el sindicato realizará acciones locales e interdepartamentales en todas las ciudades de la Provincia, en el marco de la unidad sindical con los gremios estatales provinciales que participaron de la movilización del pasado 19 de mayo: SOEME, ATE, SUTEBA, CICOP, UDOCBA, entre otros). En tanto, el jueves 2 la AJB participará de la jornada de movilización a Plaza de Mayo convocada por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y otras organizaciones sindicales y sociales que reclaman contra el ajuste y el atropello a los derechos de los trabajadores por parte de la gestión de una gobernadora que se fue de shopping a Nueva York, mientras su distrito estalla. Finalmente, el viernes 3 la AJB culminará las 96 horas de paro invitando a movilizar en el marco de la convocatoria #NI UNA MENOS / #VIVAS NOS QUEREMOS, en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y en las demás localidades de la Provincia. Con la Corte de por medio

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Tras más de tres meses sin respuestas por parte del gobierno de María Eugenia Vidal hacia el reclamo salarial que llevan adelante los trabajadores judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Suprema Corte de Justicia de la provincia, presidida por Luis Genoud, convocó al gremio y a la administración de Cambiemos a dialogar para superar el conflicto. A pesar de que el gobierno pregona el diálogo como una de sus virtudes centrales, de los últimos 100 días, ha usado solo 11 para instaurar una conversación con los trabajadores, es decir, ha ido en contra de sus propias palabras. La Corte pidió como condición para el encuentro acabar con las medidas de fuerza, lo que llevó a que la semana se inicie normalmente en la Justicia, aunque conociendo que extraoficialmente el gobierno insistiría con la propuesta que ya fue rechazada por la AJB. Por eso, desde el gremio salieron con todo su cargamento, propiciando un paro de 96 horas. Vale recordar que la última reunión paritaria, incluyó una irrisoria mejora de solo el 0,8% con el anterior encuentro, lo que despertó la bronca del gremio. Los médicos también profundizan medidas de fuerza Los profesionales de la salud de los 80 hospitales públicos bonaerenses resolvieron continuar con las medidas de fuerza y anticiparon un paro de 72 horas, que se realizará a partir del miércoles en demanda de un incremento salarial superior al ofrecido por el gobierno provincial. Así lo decidieron los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) durante el congreso de delegados realizado el sábado, donde volvieron a rechazar el incremento salarial del 17,8% para el primer semestre, a pagarse en dos cuotas retroactivas a enero y marzo. En este marco, los médicos de Cicop que reclaman un aumento salarial sin escalonamiento de 40%, mejoras en las condiciones de trabajo y la modificación al decreto de “Desgaste Laboral”, se reunirán mañana en una nueva discusión paritaria convocada por el gobierno provincial, a espera de una propuesta superadora. Cabe destacar que la semana pasada el gremio culminó otra medida de fuerza de 72 horas instalando una “carpa sanitaria” en el Obelisco porteño. Allí, coincidieron también con la marcha encabezada por los Judiciales bonaerenses.

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La apelación a la historia bíblica luce tan obvia que es casi imperdonable apelar a ella, pero la potencia de la alegoría es insuperable: después de casi dos meses preso, Lázaro se levantó y comenzó a andar. Su primer paso, el viernes, fue el pedido a la Cámara Federal para que lo escuche en una audiencia pública con motivo del análisis de su procesamiento. Hoy, aquel tranco se convertirá en trote. Según supo Clarín, el zar de la obra pública K firmaría y entregaría al juez Casanello un escrito con detalles sobre el reparto de la obra pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los nombres de los funcionarios que participaban de la operación y ciertas martingalas que cargaban los dados en distintos momentos del proceso. De concretarse como está prevista, la presentación "por derecho propio" de Báez aumentará en unas cuántas libras la presión que el juez comenzó a sentir la semana pasada para subir en la investigación por encima del empresario, hacia los funcionarios públicos que repartieron los millonarios recursos del Estado para realizar obras que en demasiados casos sólo se ejecutaron en la contabilidad de sus adjudicatarios. O quizás no sólo en la de ellos. "Es la segunda jugada de una nueva estrategia", dice a este diario uno de sus autores, que aún no figura en los escritos judiciales. "Antes de que la Cámara defina la fecha de la audiencia pública que Báez pidió para hablar de su procesamiento, este escrito va a explicar con precisión cómo era la forma de ejecutar la obra pública en la era kirchnerista. Es un anticipo de las cosas que piensa contar y mostrar en la audiencia", cerró el misterioso abogado. La recusación de Casanello que Leandro Báez -hijo menor de Lázaro- presentó el jueves pasado y que el juez rechazó casi de inmediato, contenía el germen de una idea que sería reforzada por su padre en los próximos días, y que en resumen seguiría la siguiente secuencia: el magistrado es parcial, intenta "direccionar" y delimitar el caso a una aislada operación de lavado de dinero realizada por Báez y sus colaboradores (como el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, por ejemplo), y ya tiene decidido no investigar a los funcionarios públicos que participaron de la entrega

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de los fondos que habrían dado origen a toda la operación, o mejor dicho al sistema en el que se desarrollaban múltiples operaciones. Por supuesto, Casanello rechaza esta argumentación y niega con énfasis y sin resquicios que en algún momento se hubiera reunido, conversado y mucho menos trapicheado el destino de la causa con Cristina Fernández o sus funcionarios de más confianza, como Eduardo "Wado" De Pedro, Julián Alvarez y Juan Martín Mena. En los últimos días se multiplicaron las versiones hasta supuestos detalles de esas hipotéticas negociaciones que dejarían al juez en posición de knock out. En Tribunales, a su vez, las miradas también se dirigen hacia la fiscalía general ante la Cámara Federal, cuyo titular Germán Moldes está de liciencia temporaria. Su reemplazante ocasional, Diego Velazco, es escrutado bajo una lupa: su paso por Tucumán, enviado por la procuradora Alejandra Gils Carbó, le dio una inesperada bocanada de aire al ex jefe del Ejército César Milani en la causa que investiga la desaparición del conscripto Agapito Ledo en 1976, en la que el general retirado está muy seriamente comprometido.

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La ex presidente Cristina Fernández salió a desmentir esta tarde supuestas "reuniones secretas", en la Quinta de Olivos, con el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa conocida como "ruta del dinero k". Esas presuntas vinculaciones habían sido realizadas, días atrás, por Leandro Báez, uno de los hijos del empresario beneficiado por la obra pública durante el kirchnerismo. Mirá también: Un hijo de Lázaro Báez denunció a Casanello por proteger a Cristina y Máximo Aquella fue una presentación judicial que hizo el hijo del empresario preso contra el juez Casanello, a quien acusó de direccionar la investigación para proteger a Cristina y Máximo Kirchner. Mirá también: Casanello procesaría otra vez a Báez y a su hijo Martín antes de viajar a Roma "Nunca hubo 'reuniones secretas' durante mi gestión con miembros del Poder Judicial, ni en la residencia de Olivos, ni en ninguna otra parte", escribió Cristina en el texto difundido a través de su cuenta de Twitter. Lo tituló: "No acostumbro a estar desmintiendo cada una de las barbaridades que cotidianamente se publican…". Cristina, directamente, negó conocer al juez federal y lo cuestionó por su rol en la causa de los Panamá Papers, al afirmar que protegió a Mauricio Macri. "El Dr. Casanello a quien no conozco, ni nunca vi en mi vida, es el juez que tiene a su cargo la investigación del mayor escándalo de corrupción internacional de los últimos tiempos: los mundialmente conocidos como 'Panamá Papers'. Que tiene como protagonista principal en la Argentina al Presidente de la República Mauricio Macri, sus familiares, sus funcionarios y sus amigos. Este escándalo que a nivel internacional ha provocado la renuncia de primeros Ministros y distintos

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funcionarios en otros Países, no ha movido en la Argentina el amperímetro judicial, ni tampoco el del Parlamento". Cristina volvió a criticar en otro tramo a Casanello por los Panamá Papers y buscó comparar el caso con la investigación de la ruta del dinero K. También calificó de "inversomil" la denuncia de que no tiene el título de abogada. "Ni que hablar de cómo se está desarrollando la causa 'Panamá Papers' en el otro Poder: el Judicial. Si cualquier ciudadano compara la actividad, literalmente espectacular y cinematográfica del Dr. Casanello, en alguna otra causa: con centenares de allanamientos televisados, casas fotografiadas y hasta perforaciones 'en tiempo real' en medio de la estepa Patagónica, le resultara muy difícil entender la opacidad y secretismo en la causa 'Panamá Papers'”. La ex presidenta añadió sobre la denuncia que la vinculó con Casanello: "Las únicas reuniones que mantuve en la Jefatura de Gabinete de Olivos, con miembros del Poder Judicial no fueron secretas (por otra parte algo casi imposible en la Argentina), y se realizaron, únicamente, con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con los Dres. Sesin y Sarrabayrouse". En ese sentido, la ex mandataria aseguró que "es absolutamente inaceptable que alguien o algunos letrados, como estrategia de defensa judicial, pretendan vincularme con un juez de Comodoro Py". Y volvió a pegarle a Casanello: "Sobre todo cuando el juez es, nada menos que el Dr Casanello. Sí, el mismo que absolvió a Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, al día siguiente que asumiera como Presidente, sin que a nadie se le moviera un pelo. Francamente tragicómico, si no estuviéramos hablando de las principales instituciones de la Republica, de las que tanto les gusta hablar a algunos, para después aporrearlas". Finalmente, CFK afirmó que es "objeto de la más feroz campaña de persecución política mediática y judicial". "He sido, soy y seguiré siendo objeto de la más feroz campaña de persecución política mediática y judicial, de la que se tenga memoria en las últimas décadas. Solo comparable a la que sufrieron otros Presidentes, comprometidos con el bienestar del pueblo y los intereses de la Nación. Que, desafortunadamente, fueron muy pocos. No me quejo. Sé que es el precio que tenemos que pagar 'los que le hicimos creer' a la gran mayoría de los argentinos que tenían derecho a vivir mejor.", concluyó.

30 de Mayo de 2016

La fecha es el próximo 15 de junio. Ése es el deadline que manejan en Cambiemos para aprobar en el Senado los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y así completar una Corte Suprema de Justicia que funciona al límite de la legalidad, con tres de sus cinco miembros, desde que, en diciembre pasado, se hizo efectiva la renuncia de Carlos Fayt. En el oficialismo, sobre todo en Pro, se muestran optimistas y creen que tendrán los votos suficientes para nombrar a ambos candidatos, cuyos pliegos cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos desde hace dos meses. Por esa razón, el bloque de Cambiemos pidió una sesión especial para el miércoles 15 de junio, con el tratamiento de los pliegos de los dos aspirantes a la Corte como único asunto en el temario. Los números que hacen los referentes de Pro en la Cámara alta rondan los 50 votos. La Constitución establece una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para designar a un juez de la Corte. Por lo tanto, con 48 senadores sobre un total de 72, Rosatti y Rosenkrantz tendrían asegurado su ingreso al tribunal. Sin embargo, el terreno que pisa Cambiemos es inestable. Sobre todo porque depende de manera inexorable del voto de una porción importante de los 42 senadores del Frente para la Victoria (FPV) para lograr su objetivo. En ese conglomerado habita el principal núcleo de resistencia a las nominaciones: una quincena de legisladores, cuatro de ellos de La Cámpora, que todavía se reivindican como kirchneristas, más precisamente en su variante "cristinista".

30 de Mayo de 2016

Este sector ya blanqueó su postura: rechazarán los pliegos. El argumento "técnico" para el voto en contra es que Rosatti y Rosenkrantz tienen el defecto de origen de haber aceptado jurar el cargo por decreto presidencial en diciembre último, algo que finalmente no ocurrió porque Mauricio Macri puso el freno de mano a tiempo. La realidad es que para el kirchnerismo el fracaso de al menos un candidato, y ni hablar de los dos, sería el cachetazo político que viene deseando propinarle al Gobierno desde que pasó a la oposición. Por lo tanto, la apuesta del Poder Ejecutivo está centrada en el resto de la bancada del FPV. Y allí radica gran parte de la incertidumbre que sobrevuela el Senado cada vez que se habla de los pliegos para la Corte. Si bien hay una porción importante de senadores predispuesta a reconocerle al Poder Ejecutivo su derecho a completar las vacantes en la Corte, liderada por el jefe de la bancada, Miguel Pichetto (Río Negro), y por el presidente de la Comisión de Acuerdos, Rodolfo Urtubey (Salta), todavía quedan varios casilleros sin tildar. Es en este momento cuando entra a tallar el papel de los gobernadores peronistas, sobre los que recae gran parte de la responsabilidad de aportar los votos que necesitan Rosatti y Rosenkrantz para convertirse en magistrados. En el oficialismo se muestran confiados en que -tras el acuerdo de Córdoba, por el que el Poder Ejecutivo fijó la hoja de ruta para restituir del 15% de la coparticipación que reclamaban las provincias- los votos del FPV están asegurados. Sin embargo, la falta de una conducción nacional con verdadera autoridad hace del peronismo un auténtico río revuelto en el que algunos "pescadores" pueden salir ganando. "Hay gobernadores que levantan la mano y no pueden parar ni un colectivo", confió un legislador del FPV a LA NACION para graficar la supuesta falta de respuesta de muchos senadores a sus caciques provinciales. Los nombres apuntados en esta lista están encabezados por el sanjuanino Sergio Uñac y el entrerriano Gustavo Bordet. Por otra parte, hay mandatarios, como Carlos Verna (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), que suelen comportarse como auténticos jugadores de póquer y, por lo tanto, no mostrarán su juego hasta último momento. "Pedían el 3% [del 15% que reclaman] para este año y les vamos a dar el 9%, así que no tienen de qué quejarse", razonó un senador oficialista ante LA NACION para mostrar su confianza en que el sector no kirchnerista del FPV debería aportar sus votos para la Corte. Posibles complicaciones Sin embargo, todavía hay temas que pueden hacer ruido y complicarles las cuentas a la Casa Rosada y a los referentes de Cambiemos en el Senado. Uno de ellos es el reclamo del peronista Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) de una ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros. El Gobierno rechazó de manera oficial esa pretensión, pero en la Cámara alta no cierran las puertas a que en un futuro el tema pueda debatirse. Otro ítem, que con seguridad explotará el kirchnerismo, es el pedido de un supuesto cupo femenino en la Corte, que las nominaciones del Poder Ejecutivo no respetarían. Lo llamativo del caso es que quienes hoy agitan ese argumento nada dijeron cuando Cristina Kirchner postuló a dos hombres para completar el tribunal. Por último, una de las variantes más volátiles que Cambiemos deberá tener en cuenta es la relación entre la Nación y las provincias peronistas. El tarifazo en los servicios públicos y su impacto en el interior del país podrían complicar la votación.

30 de Mayo de 2016

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no descartó hoy que el presidente Mauricio Macritraiga de regreso al país el dinero que, según su declaración jurada, tiene depositado en Bahamas, al sostener que "los funcionarios deben ser los primeros en tener el gesto" de repatriar los dólares que mantienen en el exterior, en el marco del blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno. "Estamos haciendo un llamado para que todos los ahorros de los argentinos que se fueron al exterior por desconfianza (sean repatriados) y los funcionarios deben ser los primeros en tener ese gesto", sostuvo Frigerio en diálogo con Canal 9 acerca del proyecto de ley de blanqueo de capitales y los cerca de 18 millones de pesos depositado en Bahamas por Macri, que fueron declarados, según consta en su presentación de esta semana ante la Oficina Anticorrupción. Asimismo, dijo que el Presidente "no ha cambiado su declaración jurada", la última de las cuales presentó esta semana, y recordó que "la viene presentando desde siempre", cuando hace diez años inició su actividad política. El blanqueo, cuyo proyecto enviará el Gobierno en los próximos días al Congreso, es necesario "para pagar a los jubilados" los juicios por diferencias de haberes, tal como anunció el Ejecutivo. Pero aclaró que "no es un jubileo" para quienes no han pagado impuestos, como el blanqueo lanzado por el kirchnerismo que "era algo gratis", en cambio el proyecto actual "tiene una penalidad, va a contribuir tributariamente", dijo. Por otra parte, Frigerio garantizó que, tras los fuertes aumentos de tarifas de los servicios públicos "no hay pensado en este año ningún ajuste más".

30 de Mayo de 2016

En la maratónica sesión de Diputados del pasado miércoles 18 en la que se votaron la ley antidespidos y la de acceso a la información, también se le dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que reintegra un porcentaje del IVA a jubilados y a beneficiarios de planes sociales. El articulado de esta última iniciativa se voto sobre tablas y sufrió numerosas modificaciones. Una fue en su artículo 10. A la mañana siguiente cuando vieron la versión taquigráfica de lo aprobado, en el oficialismo se avivaron de que había un par de puntos que no estaban del todo claros y que sería necesario modificarlos. El proyecto ya ingresó a la Cámara de Senadores y está previsto que sea tratado mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Por lo charlado entre el oficialismo y el FpV, mañana se le harían los cambios necesarios a la iniciativa y se le daría despacho favorable. El plan es que el proyecto, ya con ese cambio, vuelva entonces a Diputados para su sanción definitiva. Lo único que podría modificar el curso de acción sería que Alberto Abad, titular de la AFIP, encuentre la forma de salvar en la reglamentación de la ley los puntos en cuestión. En el macrismo eran pesimistas sobre esta opción: "Casi seguro que va a haber que hacer el cambio en el texto de la ley", dijeron a Clarín. El problema está en el artículo 10. Textualmente en un párrafo dice: "Queda prohibido la aplicación de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en el estipulado en la presente ley realizadas con tarjeta de débito". El espíritu era que a los pequeños comerciantes se les subsidien los posnet y que no deban pagar en comisión el 1,5% del total de sus operaciones. Pero como quedó redactado también se verían beneficiados hasta los hipermercados. El otro punto que se cambiaría es que se le subsidie la instalación de los posnet a todos los comercios chicos (en lo aprobado en Diputados se incluye sólo a los monotributistas). La cuestión fue discutida y consensuada en una reunión que tuvieron la semana pasada los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras, el diputado macrista Luciano Laspina y el senador K Juan Manuel Abal Medina. "Fue una reunión muy positiva y hubo consenso en hacer unos pequeños cambios para mejorar la redacción de la ley, En lo de fondo no habría modificaciones", dijo a Clarín Laspina. El proyecto establece que para percibir el reintegro del IVA a las compras de canasta básica hechas con tarjetas de débito o crédito. Beneficiará en su arranque con la devolución de hasta $300 mensuales a los jubilados que cobran la mínima y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo. El Senado podría votarlo el 8 de junio y Diputados a finales de mes.

30 de Mayo de 2016

El paquete de leyes económicas anunciadas por Mauricio Macri para relanzar la economía comenzará a ser debatido el próximo jueves en la Cámara de Diputados con la presencia del titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, el jefe de la AFIP, Alberto Abad, y con el viceministro de Economía, Pedro Lacoste. El pago de sentencias a jubilados, atado al blanqueo de capitales, más las reformas fiscales en los impuestos a bienes personales, Ganancias y hasta la devolución a las provincias del primer tramo del 15% de la coparticipación, ingresarían entre hoy y mañana por mesa de entradas al Congreso y el jueves comenzarán a ser debatidas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social donde recibirán modificaciones. El tratamiento de estas iniciativas tendrá prioridad incluso por sobre el texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para otorgar beneficios impositivos y de generación de empleo en las pymes, que el Frente Renovador de Sergio Massa ya había intentado debatir en las sesión donde se aprobó la ley antidespidos, luego vetada por Macri. Una cláusula del blanqueo funcionaría como artículo "cazabobos". Es la que autorizaría a funcionarios públicos a ingresar a acogerse al blanqueo siempre y cuando los fondos declarados provengan de un origen lícito. El fin de semana, el Frente para la Victoria de Héctor Recalde se pronunció en contra y el massismo también está cerca de rechazarla. "Ese artículo, de existir, porque todavía no vimos el proyecto, es una locura. Estarían blanqueando fondos que vienen de la evasión", explicó Héctor Daer, diputado massista y presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social donde recaerá la iniciativa de la Casa Rosada. El vínculo Cambiemos-Frente Renovador quedó dañado desde que los diputados oficialistas se abstuvieron en la última sesión para permitir que se apruebe la versión kirchnerista de la ley antidespidos y evitar así el tratamiento del proyecto de Massa que incluía a las pymes y tenía un costo fiscal de entre 27 mil y 100 mil millones de pesos. El economista y diputado Luciano Laspina (PRO), que preside Presupuesto y Hacienda, salió ayer a bajarle la espuma a la cláusula que incluiría a los funcionarios públicos a ingresar al blanqueo. "Primero hay que ver la letra chica y después veremos si se logra consensos con los demás bloques de la oposición". Sin embargo, ese no sería el único artículo modificable. La venta de acciones de empresas privadas en poder de la ANSES, a partir de la estatización de los fondos de las AFJP, también será materia de debate. La volatilidad de los mercados, sumada a la baja de dividendos de algunos de esos títulos, no convertiría la venta de esas acciones en una urgencia para el Gobierno nacional. El oficialismo contempla incluso la venta parcial de algunos títulos de esa cartera de acciones. La Casa Rosada confía en el éxito del blanqueo para el pago de las sentencias a jubilados para no depender directamente de la venta de acciones de ANSES. Incluso en el Ministerio de Hacienda de Alfonso Prat Gay evalúan que los 700 mil milllones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanzarían para hacer frente a parte de esas erogaciones. El jueves será un día extenso en el plenario de comisiones de Diputados. El dictamen podría firmarse la semana próxima, el martes 7 de junio. Mañana será un día clave, en Diputados y también en el Poder Ejecutivo Nacional. El interbloque Cambiemos se reunirá para analizar el texto del proyecto y hará catarsis con los diputados de la UCR, encabezados por Mario Negri, y también con Elisa Carrió, primera en disparar fuego amigo sobre el blanqueo. Macri mudará la reunión de gabinete a Santiago del Estero donde se mostrará con la

30 de Mayo de 2016

gobernadora, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. El viernes, Macri viajará a Salta para particpar de la apertura del precoloquio de IDEA junto al peronista Juan Manuel Urtubey. El oficialismo también activó la antena política de cara al primer test electoral del próximo domingo en Río Cuarto, Córdoba. Hasta allí volará hoy Rogelio Frigerio para respaldar a Eduardo Yuni, el candidato de Cambiemos. El miércoles, y junto a Diego Santilli, el jefe de la cartera económica encabezará la apertura de una nueva sucursal del Banco Ciudad en Mendoza, junto a Javier Ortiz Batalla. El Gobierno espera que, en el mejor escenario, unos 20.000 millones de dólares ingresen al blanqueo de capitales, según proyecciones que maneja el macrismo, mientras que también se elevará el piso de Bienes Personales de $ 305 mil a $ 800 mil. Quienes blanqueen más de $ 800.000 este año pagarían 10%, mientras que los ingresos desde $ 305.000 hasta $ 800.000 durante 2016 pagarán 5% de alícuota, lo mismo que quienes registren propiedades inmuebles no declaradas ante la AFIP. El proyecto incluye, además, la suba del piso no imponible de Bienes Personales, a $ 800 mil. Irá subiendo anualmente hasta desaparecer y -eventualmente- ser reemplazado por un impuesto a la herencia, hacia 2019. Junto al blanqueo se presentará una moratoria y un plan de pagos para deudores ante la AFIP. El blanqueo se podrá hacer dejando la plata en el exterior o registrándola en una entidad financiera local. Será por medio de dos vías: - Un depósito en efectivo en una cuenta, con dinero que quedará inmovilizado hasta que termine el plan. - Por la suscripción de dos bonos: uno a 3 años que no devengará interés u otro a seis años, con uno que otorgará un rendimiento del 5% anual a partir del cuarto año. Quedarán excluidas las personas procesadas o condenadas por evasión y lavado de dinero, entre otros delitos.

30 de Mayo de 2016

Tras anunciar un paquete de medidas, entre ellas el pago de juicios a los jubilados, el presidente Mauricio Macri cumplirá su promesa al senador Gerardo Zamora y viajará esta miércoles a Santiago del Estero, donde reunirá a su gabinete, mientras busca reforzar la relación con un distrito que puede aportarle votos en el Congreso. También encabezará bajadas al Conurbano, junto con la mandataria María Eugenia Vidal, quien mantiene una buena imagen según los encuestadores. La agenda del Presidente abrirá hoy con el acto por el Día del Ejército, que se celebrará a las 11 en el Colegio Militar de la Nación, ubicado El Palomar, para encabezar el acto alusivo a la conmemoración del aniversario número 206 de la creación de esa fuerza. Durante su discurso, el mandatario volverá a insistir con el proyecto que enviará al Congreso para el pago de juicios a jubilados y mejoras en sus haberes. En el Gobierno quieren capitalizar estos anuncios para revertir el cambio de humor social por la suba de tarifas e inflación y el leve camibo de imagen (según marcan las encuestas aunque sigue en 50% de imagen positiva). En esa línea, el viernes Macri volvió a usar un escenario circular (como en campaña) y hasta invitó a jubilados a hablar frente al público. En ese marco mañana viaja a Santiago del Estero, tal como le prometió en la Quinta de Olivos al senador Zamora, marido de la actual gobernadora Claudia Ledesma Abdala. Allí busca afianzar la relación con los jefes provinciales con anunciar de obras en la provincia. El Gobierno busca así el apoyo de gobernadores en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría propia. El esquema que quiere mantener Cambiemos es el que logró durante la sanción de la ley que cerró el acuerdo con los holdouts. En esa ocasión varios legisladores de la oposición votaron el proyecto de Cambiemos, en sintonía con lo que expresaron desde sus provincias, tal como hicieron los seis diputados oficialistas de Santiago del Estero. La agenda de Macri incluye visitas al interior al menos una vez por semana, empujado también por el acuerdo con los mandatarios provinciales que exigían el 15% de la coparticipación que Nación detraía para la Anses. El Gobierno necesita apoyo de gobernadores para tratar el próximo 15 de junio los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte Suprema (ver página 6), así como el proyecto de ley de blanqueo de capitales que desde el oficialismo tratan de vincular con los beneficios para los jubilados. El otro interés de Macri es la penetración del oficialismo en el Conurbano. Es por eso que prevé dos bajadas esta semana. El mismo día de la marcha de las dos CTA a Plaza de Mayo el Presidente arribará al partido bonaerense de Moreno para realizar un acto por el Día del Bombero Voluntario. Macri busca esmerilar al kirchnerismo en su territorio e irá justamente al distrito que dirige Walter Festa, cercano a La Cámpora. La estrategia de la Casa Rosada es recorrer dos veces por semana al Conurbano, y mostrar al Presidente junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien goza de la más alta imagen de los dirigentes. Lo más probable es que el viernes regrese a otro distrito bonaerense, pero que alguno que esté en manos de un intendente propio de Cambiemos. El Presidente bajó línea para que cuiden entre algodones la gestión de alrededor de 22 mu nicipios, entre ellos, los que responden directamente al PRO como Pilar, Lanús, Quilmes y Tres de Febrero, entre otros.

30 de Mayo de 2016

La producción de las PyMES industriales bajó 4,7% interanual en abril debido a que los incrementos en los costos de producción "fueron muy agresivos", informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "La producción de las PyMES industriales continúa la caída en abril y acumula un retroceso anual de 3,9% en el primer cuatrimestre del año. En la comparación mensual (abril 2016 vs. marzo 2016) tuvo un incremento de 0,2%", afirmaron desde la Confederación. Tal como expresa la CAME, la producción en el 54% de empresas está en baja y sólo 22,4% en alza. Los sectores que registraron mayor caída de la producción en abril fueron Material de Transporte (-18,0%), Minerales no Metálicos (-12,5%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-10,4%), Productos de Caucho y Plástico (-8,5%), Textiles (-8,2%), y Productos Químicos (-8,1%). "Hubo tres sectores en recuperación: Alimentos y Bebidas (3,9%), Papel, Cartón, Edición e Impresión (8,4%), y Maderas y Muebles (0%), aunque con mucha heterogeneidad entre empresas del mismo sector", aclararon. El impacto negativo en la producción industrial se debe a que "los incrementos en los costos de producción fueron muy agresivos en abril, en parte por los ajustes de luz y gas, aunque también hubo alzas en las materias primas", aseveraron. "Los costos de producción tuvieron un fuerte aumento en abril (+7,8%), pero los precios de venta sólo subieron 2,3% ya que la mayoría de las empresas decidieron no trasladarlos o traspasar sólo una parte", detalló CAME. En ese contexto, la inversión de la industria PyME sigue retraída, con un 88% de las PyMES industriales que no tiene planeadas nuevas inversiones en 2016.

30 de Mayo de 2016

Tras casi cinco meses de trabajo en su redacción, el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso su proyecto de reforma política. De la ambiciosa idea original llegará al Congreso un texto más moderado, con un modificación central: el paso de la boleta partidaria en papel a la boleta única electrónica (BUE). En el camino quedó la creación de una autoridad electoral independiente, rechazada por la corporación judicial, y también el ordenamiento del calendario electoral, resistido por distintos gobernadores. En cambio, se incorporarán otras cuestiones como una restricción de las listas colectoras y las candidaturas múltiples; la obligatoriedad del debate presidencial y el fortalecimiento de herramientas de control por parte del Poder Judicial. Sigue en discusión la inclusión o no de un punto sorpresa: convertir las primarias en elecciones optativas, algo que tanto la UCR como la Coalición Cívica rechazan. En el despacho del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, continúan afinando los detalles de la iniciativa en la que se empezó a trabajar en enero. Organizaciones y especialistas en materia electoral, apoderados de partidos políticos, diputados, senadores y jueces con competencia electoral leyeron y trabajaron sobre los borradores que se distribuyeron desde el Ejecutivo hace más de un mes. El paquete de reforma iba a anunciarse y enviarse hoy, pero fue postergado en busca de mayores consensos y, sobre todo, de avanzar primero en el Congreso con otros anuncios, como el blanqueo de capitales y el pago a jubilados. La cantidad de actores políticos involucrados y los requisitos que la Constitución establece para modificar la legislación electoral significan un desafío para la alianza oficialista. Para la aprobación se necesitan los votos de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, es decir 129 diputados y 37 senadores. Globo de ensayo En los últimos días el macrismo puso sobre la mesa la modificación de las PASO, algo que generó diferencias con sus socios. Tanto Elisa Carrió como los radicales dijeron que no quieren primarias optativas. “El radicalismo no puede apoyar una reforma que cercene derechos en vez de ampliarlos. Las PASO obligatorias le dan poder al elector para elegir los candidatos en vez de a las camarillas políticas”, aseguró a Página/12 la diputada Carla Carrizo, quien encabeza el análisis de estos temas en la UCR. Politóloga y docente, Carrizo advirtió que la iniciativa debería llegar al Congreso con un acuerdo “sólido” entre los partidos de la alianza oficialista para encarar luego las negociaciones con los otros espacios. La diputada por Capital Federal cuestionó dos de los principales argumentos a favor de la optatividad. Por un lado, el supuesto “agotamiento ciudadano” de votar muchas veces en un mismo año y por el otro, la “complejidad” de implementar la BUE si las primarias son obligatorias. Según relató, en 2015 los dos distritos donde se votó mayor cantidad de veces, Capital Federal y Mendoza, no registraron un descenso de la participación electoral sino, por el contrario, un aumento. “Si se usan bien, la participación se intensifica con las PASO”, aseguró Carrizo. Respecto de la complejidad, señaló que la boleta única electrónica puede no aplicarse en todas las instancias de una sola vez, sino que debería hacerse de manera progresiva, como se hizo en CABA. Así, en las primarias se podría votar con la boleta en papel, ya sea con boleta única o con boletas partidarias, y en las generales, cuando la oferta de candidatos es más reducida, aplicar el sistema electrónico. Si bien no lo reconocen abiertamente, fuentes del oficialismo deslizaron que eliminar la obligatoriedad de las primarias fue un reclamo de algunos gobernadores para aceptar la implementación de la BUE.

30 de Mayo de 2016

Es que las dos medidas debilitan el poder de quienes dominan los grandes aparatos partidarios y/o los gobiernos locales. Su aplicación implica disminuir la importancia de la capacidad de movilización el día de la votación y la necesidad de una gran estructura de fiscalización una vez cerradas las mesas. “Está bien que el debate se dé un año no electoral. El hecho de que la Constitución plantee una mayoría especial requiere que salga por consenso, que sea conversado entre las distintas fuerzas políticas. Hay que analizarlo muy bien porque cada artículo que se modifica tiene incidencia en otras leyes. Hay que ser muy cuidadoso”, sostuvo Jorge Landau, apoderado del PJ. El ex diputado adelantó que iniciará una ronda de consulta con los mandatarios provinciales una vez que esté definida la letra chica del proyecto. La posición del peronismo será clave, sobre todo en el Senado, donde cuenta con mayoría propia y podría bloquear cualquier intento de reforma. En el camino La creación de una autoridad electoral independiente del Poder Ejecutivo, en reemplazo de la actual Dirección Nacional Electoral (DINE), fue uno de los puntos que la reforma perdió con el paso del tiempo (y las presiones). El objetivo era evitar incompatibilidades como la que obligó el año pasado a mover la DINE de la órbita del Ministerio del Interior, ya que su titular, Florencio Randazzo, era precandidato y al mismo tiempo participaba de la organización del proceso electoral. Sin embargo, el esquema propuesto avanzaba también sobre la otra pata que interviene en el proceso electoral: la Justicia. Según fuentes del oficialismo, la Cámara Nacional Electoral y los jueces electorales rechazaron un recorte en sus atribuciones y ese punto quedó así fuera de la agenda. De hecho, se incorporó en el proyecto otorgarle mayores herramientas de control y castigo a la CNE. El segundo punto abortado fue la unificación del cronograma electoral. Por la autonomía de los estados subnacionales establecida en la Constitución, la Nación no puede obligar a provincias y municipios a realizar elecciones en una fecha determinada. Además, algunas constituciones provinciales fijan específicamente un desdoblamiento respecto de la elección nacional. En ese contexto, la alternativa que barajaban en el oficialismo era establecer un acuerdo político bajo el nombre de “Pacto Federal”, con la idea de fijar dos o tres fechas en el año para realizar los comicios “por tandas”. Voces como la del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rechazaron esa idea. También varios gobernadores peronistas e incluso radicales. Ninguno quiere ver debilitadas sus chances de ganar sus distritos por la dificultad de disponer del momento en que se realizará la elección. Incluso Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, había especulado con el día de votación en la Ciudad. Para el ex jefe de Gabinete, senador y politólogo Juan Manuel Abal Medina, un cronograma de elecciones tan extenso como el actual provoca una distracción para los partidos políticos, que concentran su atención en ganar la elección antes que en gobernar. Esta problemática se acentúa en países como Argentina, con elecciones cada dos años por la renovación parcial de sus cámaras legislativas. Cambio en el método La implementación de la boleta única electrónica será entonces el cambio más relevante de todo el paquete inicial de reforma. El sistema, ya utilizado en Salta y en Capital Federal, consiste en la impresión, en una misma papeleta, de un comprobante físico del voto y de un chip que se utiliza para agilizar el escrutinio. Partidos políticos y especialistas en informática advierten sobre la necesidad de que tanto el software como el hardware puedan auditarse para evitar cualquier tipo de manipulación. “La BUE es mejor que el sistema actual. No es un sistema perfecto pero mejora las condiciones de competitividad y permite un control partidario más efectivo. Hay menos manipulación de documentos electorales y se elimina la participación problemática del Correo”, resume Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral. Abal Medina advirtió que debe mantenerse la administración estatal del proceso y que no se debe “privatizar el acto ciudadano” al derivarlo en una sola empresa. Si bien no hay unanimidad entre la dirigencia política, abandonar el sistema de boleta partidaria parece contar con mayoría suficiente como para pasar por el Parlamento sin mayores conflictos. Debates

30 de Mayo de 2016

El proyecto incluye los debates obligatorios de candidatos, algo discutido el año pasado de cara a las presidenciales. Se retomó el dictamen consensuado entre siete fuerzas políticas en una subcomisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. “La información electoral es un derecho de la ciudadanía. Así se evita un síndrome de la silla vacía y queda claro que es un bien público y no un negocio de canales privados”, señaló Carrizo. Aunque con destino incierto, quedaron planteadas otras cuestiones que podrían ser abordadas más adelante. Se trata de una ley para ordenar los cambios de gobierno para evitar transiciones traumáticas, como la de 2015. También quedó en el tintero un pedido de la UCR para mejorar la regulación sobre financiamiento y cuestiones planteadas por el Frente Renovador respecto de la publicidad de las campañas políticas. En este contexto, el envío al Congreso de la iniciativa significará el fin de la primera instancia del proceso de reforma en el marco del Ejecutivo. Una vez en el Parlamento comenzará otra dinámica, en donde tallarán los intereses de los distintos bloques, los dirigentes, gobernadores e intendentes.

30 de Mayo de 2016

Las empresas recuperadas, que emplean a más de 15 mil personas, se enfrentan a incrementos tarifarios que llegan hasta el 800 por ciento, lo que pone en duda su continuidad. Página/12 accedió a datos actualizados del sector y presenta casos concretos de cooperativas que sufren el tarifazo en un contexto de caída de las ventas, encarecimiento del crédito y de otros insumos y aumento de las importaciones. Muchas presentaron recursos de amparo para frenar el tarifazo y piden ser reconocidas para la tarifa social, aunque el Gobierno se niega. Hasta ahora, el gesto del macrismo luego de que prácticamente fuera tomada la Secretaría de Energía por el movimiento de recuperadas fue permitir que las empresas anotadas en un registro nacional específico paguen el 50 por ciento de la boleta mientras la cartera de Juan José Aranguren se toma 90 días para evaluar la situación. Según el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que funciona dentro del programa Facultad Abierta, en Filosofía y Letras de la UBA, hay 362 empresas recuperadas en el país, que ocupan 15.321 trabajadores. El último informe está actualizado hasta el mes pasado y todavía no fue publicado. El anterior registraba datos hasta diciembre de 2013, momento desde el cual se recuperaron un total de 41 empresas autogestionadas por trabajadores. Del total de empresas y de trabajadores, poco más de la mitad se ubica en el Gran Buenos Aires (114) y en la Ciudad de Buenos Aires (71). La mayoría de las empresas se dedican al rubro metalúrgico (70), seguido por alimentación (49), gráficas (38), textiles (28), gastronomía (25), industria de la carne (25) y construcción (18), seguidas por salud, madera/aserradero, educación, químicas, medios de comunicación, transporte, industria del cuero, vidrio, comercio, combustible, hotelería, entre otros. “En estos meses del gobierno de Mauricio Macri los impactos más evidentes sobre el sector están relacionados con el aumento generalizado de los insumos, el descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación que encareció insumos importados y arrastró a los nacionales y, principalmente, los enormes aumentos tarifarios, especialmente en electricidad y gas”, explicó a Página/12 Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta, del que depende el Centro de Documentación. El especialista agrega que “el mayor impacto, que provocó la reacción de los trabajadores, es el aumento tarifario”. Varios ejemplos relevados por el informe refuerzan esa descripción. En la Ciudad de Buenos Aires, a la recuperada gráfica Chilavert le subió la tarifa eléctrica de 3 mil a 15 mil pesos entre una factura y otra, un incremento del 400 por ciento, mientras que al restaurant Alé Alé, de 7500 a 22 mil pesos (193 por ciento). La tarifa para el Hotel Bauen subió de 24 mil a 100 mil pesos (317 por ciento) y a la pizzería La Casona, de 8 mil a 42 mil pesos (425 por ciento). En la provincia de Buenos Aires, la metalúrgica 19 de diciembre pasó de 6 mil a 24 mil pesos (300 por ciento), la gráfica Madygraf de Pilar, de 38 mil a 230 mil pesos (500 por ciento); el frigorífico Subpga, de 100 mil a 850 mil pesos (750 por ciento) y en Neuquén la fábrica de cerámicas Fasinpat pasó de 360 mil pesos a 1.600.000 pesos en concepto de electricidad (344 por ciento). En Tandil, a la metalúrgica Ronicevi, que cuenta con 42 asociados que recuperaron la empresa hace cuatro años, la factura de luz les subió de 32.565 pesos en diciembre a 62.166 pesos en abril. Otro caso es el de la gráfica Idelgraff, ubicada en Munro, recuperada en 2008 y conformada como cooperativa en 2009. Los 12 operarios gráficos mantuvieron abierta la imprenta pero el tarifazo puso

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el jaque las cuentas: la boleta de Edenor pasó de 1998 pesos el 15 de enero a 3061 el 16 de febrero y luego a 8794 pesos el 15 de abril (ver foto), en un contexto de fuerte caída de las ventas. Gisela Bustos es abogada de empresas recuperadas y presentó dos amparos colectivos de seis empresas de San Martín y siete de la Ciudad de Buenos Aires. “También hicimos presentaciones en el Ministerio de Energía y estamos haciendo circular un petitorio. La situación es gravísima. En algunos casos tenemos subas del 900 por ciento. Mientras la Justicia se demora, las empresas pueden llegar a cerrar. La solución de fondo es que las empresas recuperadas tengan acceso a una tarifa social. Es lo que corresponde. Se trata de entidades sin fines de lucro, que además cumplen funciones como ser bibliotecas y bachilleratos populares. La tarifa social exige que la persona no tenga ingresos superiores a los 12 mil pesos y esa es exactamente nuestra situación, porque ningún trabajador retira mensualmente, ni cerca, esa cifra. Lo que corresponde es la tarifa social, pero el Gobierno nos pone peros y trabas”, explicó Bustos a Página/12. “Para el sector de empresas recuperadas, la contracción del mercado junto al aumento de tarifas y un notable cambio de relación con el Estado ha derivado en un fuerte cuello de botella que impide el crecimiento y complica su lugar dentro del mercado como opción al capitalismo y al sector productivo cartelizado”, indicó a este diario Santiago Luis Hernández, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES) de la provincia de Buenos Aires. La situación es muy comprometida tanto para las recuperadas de tamaño mediano que ya están estabilizadas en el mercado como para las micropymes. Una de las empresas más importantes del sector, la fábrica de tractores Pauny, ubicada en Las Varillas, Córdoba, pasó de recibir una factura de luz de 820 mil pesos a 1.800.000 pesos, con una incidencia en el precio final del 9 por ciento. “Además, por la devaluación subió el hierro y la chapa no podemos trasladar eso a los precios porque nos quedamos afuera del mercado. El resultado es que perdemos rentabilidad y no podemos invertir, porque el canal del crédito, con las tasas actuales, está vedado”, indicaron desde la empresa, que tiene 650 trabajadores. Antonia forma parte de la Cooperativa 10 de Noviembre, ubicada en Lomas del Mirador, La Matanza. Es una hilandería recuperada por sus trabajadoras en 2007, cuando la empresa, a pesar de tener mucho trabajo, cerró por un problema entre los socios. “Trabajamos a fasón, el cliente pone la materia prima y nosotros la mano de obra. Pagábamos 7500 pesos de luz, en marzo nos vino 15 mil, después 35 mil, 37 mil y la última fue de 45 mil pesos, con el mismo consumo, incluso un poco menos. Veníamos bien, en el último tiempo tomamos dos pibes pero esto nos mató, no podemos incorporar a nadie porque todo se lo lleva la luz. Somos 18 familias y si seguimos así vamos a tener que dejar gente afuera”. Antonia y las demás asociadas venían retirando 1600 pesos por semana pero luego del tarifazo bajaron sus ingresos a 1400 pesos por semana, a pesar de la inflación. Cueroflex está formada por 80 trabajadores que trabajan con cuero reciclado. Las ventas a los zapateros y a los fabricantes de cinturones les bajó entre un 30 y un 40 por ciento. En ese contexto, pasaron de pagar 59.452 pesos el 4 de febrero a 321.757 el 5 de mayo, un 441 por ciento (ver foto). “Si nosotros pudiéramos trasladar los costos a los precios la situación sería manejable. Pero no hay forma de hacer eso en este contexto de caída de las ventas. Nos bajó el trabajo y automáticamente nos baja el sueldo. Si esto sigue así terminamos todos en la calle. Pagamos la luz entre todos y no le podemos dar un mango más a la gente”, contó Jorge a este diario. La fábrica está ubicada en San Martín y fue recuperada por sus trabajadores hace cuatro años. La textil recuperada Acetato Argentino, que emplea a 80 personas en Quilmes, enfrenta una caída de las ventas del 60 por ciento, a raíz de la depresión del mercado interno y la apertura de importaciones, que llevaron a las marcas a dejar de comprarle. En consecuencia, su consumo eléctrico bajó de 117.840 kw en abril de 2015 a sólo 46.560 kw en abril de este año. Sin embargo, la factura eléctrica de Edesur le subió de 33.619 a 110.522 pesos. “Las tarifas son parte de un problema mayor. Hay caída de la actividad, suba de la tasa de interés, incremento de precio de materia prima y servicios. El panorama es mucho más complejo”, explicó a Página/12 José Abelli, referente del movimiento de empresas recuperadas, actual integrante de Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (Actra). Mencionó el ejemplo de la recuperada Cristalería Vitrofin, que tiene 90 trabajadores y está ubicada en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Su principal insumo es el gas, que incide en el 38 por ciento de sus costos, porque utilizan hornos a altísima temperatura. La producción les bajó más del 35 por ciento mientras que la boleta de gas les subió de 70 mil a 280 mil pesos. “La perspectiva es el cierre. No se puede trasladar de ninguna

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manera a precios ese aumento de costos. Encima está entrando cristal de Checoslovaquia y de Rusia a precio de dumping”, detalló Abelli. También mencionó el caso de la fábrica de pastas frescas y tapas de empanada Mil Hojas, que emplea a 90 trabajadores. “El kilo de harina les subió de 2,20 a 3,90 pesos, la producción les cayó un 35 por ciento y la factura de luz subió de 50 mil a 150 mil pesos”. Abelli citó además la situación de Pauny y la de la recuperada La Cabaña, una fábrica de manteca y crema con 46 trabajadores en Rosario, cuyo alquiler les subió de 90 mil a 170 mil pesos y la factura de luz, de 40 mil a 120 mil pesos”. “Son empresas que no reciben ningún tipo de subsidio estatal y que están totalmente en poder de sus trabajadores”, agregó Abelli. También está el caso de la Cooperativa Textiles Pigüé, fábrica recuperada por los trabajadores de la ex Gatic, que pasó de pagar 29 mil pesos por mes a Camuzzi Gas Pampeana a 202 mil pesos, un aumento de 600 por ciento. Tienen 150 asociados directos y también empleos indirectos vinculados. “Yo no sé si esto es lo que vale el gas o no. El tema es que de un mes a otro el aumento fue muy abrupto en un contexto económico malo, porque estamos produciendo entre un 25 y un 30 por ciento menos de tela que en diciembre, porque se enfrió totalmente la demanda”, explicó a este diario Marcos Santicchia, presidente de la cooperativa. La cooperativa El Palmar, ubicada en Laferrere, fue recuperada en 2001 y fabrica ladrillos huecos para la construcción. “En febrero empezamos a notar una caída de las ventas del 30 por ciento junto a la fuerte suba de costos porque nosotros usamos mucho gasoil, líquidos hidráulicos y aceites. En ese contexto, el tarifazo nos puso en una situación casi insostenible. Pagábamos 40 mil pesos por mes, luego vino 350 mil y después 370 mil pesos. La situación es desesperante porque eso implicó inmediatamente una fuerte caída del ingreso de los asociados”, explicó el asociado Alberto Fernández a este diario. La Fundidora La Matanza, empresa recuperada en 2002 que cuenta con 70 asociados, subió su gasto de luz de unos 25 mil a 80 mil pesos, mientras que el gas aumentó de 30 mil a 130 mil pesos. “¿Cómo hacemos para aguantar? Si tenés laburo se puede solventar, pero si encima no hay trabajo es imposible”, dijo un integrante de la cooperativa a este diario. Otro caso que tuvo difusión el del frigorífico Bragado, recuperado en 2006. “En electricidad pagábamos entre 28 y 30 mil pesos mensuales y ahora está viniendo 70 mil. De agua pagábamos entre 18 y 19 mil mensuales y se va a ir a 50 mil pesos. Se nos está poniendo imposible”, explicó Carlos Alietti, presidente de la Cooperativa.

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La presidente suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que el polémico jefe de Diputados, Eduardo Cunha, también separado de su cargo, es el personaje "central" del Gobierno del presidente interino, Michel Temer, quien deberá "arrodillarse" ante el titular de Congreso, publicó la prensa. "Pueden hablar lo que quieran. Eduardo Cunha es la persona central del Gobierno de Temer. Eso quedó clarísimo ahora con la indicación de André Moura", diputado amigo del titular de la Cámara, como líder de la nueva bancada oficialista en el Congreso, declaró Rousseff en entrevista dada al diario Folha de Sao Paulo. Para Rousseff: "Cunha no sólo manda. Él es el Gobierno Temer y no hay Gobierno posible en los términos de Eduardo Cunha" y, en ese caso, el jefe de Estado interino "tendrá que arrodillarse" ante el titular suspendido de la Cámara baja. El jefe de Diputados de Brasil es uno de los cincuenta políticos investigados en el caso de corrupción descubierto en la estatal Petrobras, petrolera que sobrevaloraba contratos con grandes constructoras para repartir los sobornos entre ex altos cargos de la compañía, congresistas y ejecutivos de esas empresas. Cunha, quien como presidente de la Cámara de Diputados dio inicio al proceso de apertura de juicio político contra Rousseff, fue separado temporalmente del cargo el pasado 5 de mayo por sospechas de corrupción. Rousseff se mostró confiada en "revertir" su situación en el Senado, que deberá juzgarla por la acusación de maquillaje de las cuentas públicas en 2014 y 2015. Para separar a Rousseff definitivamente del cargo se necesita la aprobación por parte de dos tercios (54 votos) del Senado, órgano legislativo que para abrir el juicio requería una mayoría simple de 41, pero el pasado 12 de mayo consiguió obtener 55 votos -uno más de las tres partes- para iniciar formalmente el proceso.

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A juicio de Rousseff, el proceso en su contra fue para "frenar" las investigaciones de la operación 'Lava Jato', como se conoce el caso de Petrobras, y en la que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer y Cunha, es el más implicado. La filtración de grabaciones en los últimos días realizadas por uno de los acusados, el exsenador del PMDB y expresidente de la subsidiaria Transpetro, Sergio Machado, "dejaron claro eso", afirmó Rousseff. Las grabaciones provocaron la salida del nuevo ministro de Planificación, Romero Jucá, y salpicaron al expresidente José Sarney y al titular del Senado, Renán Calheiros, todos del PMDB. La apertura del juicio, resaltó también Rousseff, es un escudo para implantar en el país una política "ultraliberal en economía y conservadora en todo el resto" y, en ese sentido, Temer debe pensar en una mejor estrategia de recaudación fiscal para evitar disminuir los recursos destinados a programas sociales.

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Las encuestas le dan a la candidata a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, el triunfo en el ballotage que se llevará a cabo en una semana. Según la encuestadora GfK obtiene 52,2% frente a 47,8 % de su rival, Pedro Pablo Kuczynski, con lo que ya no se registra empate técnico. Para Datum, en tanto, la hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori obtendría un 45,6% de las preferencias contra el 40,7% de su rival. El sondeo señala que un 13,7% anularía su voto o está indeciso. Estas mediciones están en línea con los estudios realizados por las firmas CPI e Ipsos, en los que Fujimori elevó su ventaja frente a Kuczynski. Según GfK, el mayor apoyo de Kuczysnki, de 77 años, se encuentra en el centro y el sur del país con el 62,4% y el 56,6% de los votos, respectivamente. En tanto que Keiko se impone con mayor claridad en el norte, con el 61,5 % y en el oriente, con el 56,9 %. Kuczynski es el preferido entre las clases altas y media de la sociedad peruana, con un 58,1% y 47,3% de los votos, mientras que Fujimori es la favorita entre las clases más humildes, con un apoyo del 51,6%. El gerente de GfK, Hernán Chaparro, indicó que “se observa un cambio en la tendencia de intención de voto en favor de Keiko Fujimori” y aseguró que las denuncias por un presunto delito de lavado activos del retirado secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, “no han impacto en su imagen”. La segunda vuelta de las presidenciales de Perú se celebrará el domingo de 5 de junio después de que Fujimori y Kuczysnki fueran los dos candidatos más votados en la primera ronda del domingo 10 de abril, con un 39,85 % y un 21,01 % de los votos, respectivamente