Luchas socioambientales en México: construcción de

subjetividades y lenguajes de valoración anticapitalistas

Autor(es): Navarro, Mina L. - Pineda, Cesar Enrique Navarro, Mina L. . Estudiante del Doctorado en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Activista e integrante de Jóvenes

en Resistencia Alternativa (JRA) en México mina.navarro.t@gmail.com

Pineda, Cesar Enrique . Estudiante de la Maestría en Estudios Latinoamericanos por la

Universidad Nacional Autónoma de México. Activista e integrante de Jóvenes en Resistencia

Alternativa (JRA) en México. cebrion1@yahoo.com.mx

Resumen

En este trabajo proponemos algunas claves para comprender los modos en los que las

luchas socioambientales en México están enfrentando y obstaculizando el despojo de los

bienes comunes materiales e inmateriales como parte de la fase de acumulación capitalista

actual, al mismo tiempo que están habilitando un nuevo terreno y espacio de

emancipación en el que se construyen y reafirman subjetividades y lenguajes de

valoración más allá del Estado y del capitalismo.

Ante la emergencia de numerosos conflictos ambientales y la crisis ecológica que el mundo

vivo humano y no humano enfrenta en la actualidad, nos interesa proponer algunas claves

para comprender los modos en los que las luchas socio-ambientales en México están

enfrentando los efectos de la llamada ‚acumulación por desposesión‛, al mismo tiempo

que construyen y reafirman modos de relación y lenguajes de valoración anticapitalistas.

Es de resaltar que la emergencia de este nuevo ciclo de lucha contra el despojo de los

bienes colectivos y la mercantilización de la vida está representando un obstáculo para la

reproducción del capital.

Aunque en toda la historia de la humanidad han surgido diferentes respuestas sociales

para enfrentar la desposesión de los bienes colectivos, a partir de los últimos diez años en

todos los rincones del planeta se han multiplicado las formas de resistencia a la extracción,

utilización y explotación de bienes o contra sus efectos depredadores, contaminantes y de

desecho. Es probable que no exageremos cuando planteamos que estos movimientos

pueden ser tan importantes como lo fue el movimiento obrero en el siglo XIX, y para

muestra un botón.

En Nigeria el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger en confrontación con

las empresas extractivas de petróleo han logrado, a pesar de una feroz represión, que la

producción diaria baje de 2 millones y medio de barriles a menos de 1 millón y medio[i].

En México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra detuvo en Atenco un proyecto

aeroportuario que lo despojaría de sus tierras colectivas y hasta el momento de escribir

estas líneas el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota ha

obstruido un megaproyecto hidroeléctrico que los desplazaría del río Papagayo y de sus

tierras, en el Municipio de Acapulco, Guerrero. Cada uno de estos proyectos de inversión

rebasaría los 1.000 millones de dólares.[ii]

Estos tres ejemplos, entre muchos otros, nos llevan a reflexionar sobre las enormes luchas

que se están librando, la necesidad de su comprensión, análisis y visibilidad como actores

decisivos dentro de la crisis sistémica y civilizatoria, para imaginar y construir posibles

alternativas.

La acumulación por desposesión: un proceso histórico e inherente del capitalismo

Desde sus inicios en el siglo XVI, el modo de dominación capitalista se ha reproducido a

través de un proceso constante de acumulación. Este proceso se inició con la acumulación

originaria o primitiva, llamada así por Marx por configurar la prehistoria del capitalismo y

su modo de producción, impulsando la escisión entre productores y medios de

producción. Lo anterior implicó la separación súbita y violenta de grandes masas humanas

de sus medios de subsistencia de producción arrojándolas, en calidad de proletarios

totalmente libres, al mercado de trabajo (Marx 1867: 893).

En palabras de Karl Polanyi, este proceso de ‚gran transformación‛ implicó que ‚la tierra

y el trabajo quedaran súbitamente separados, mientras que tradicionalmente el trabajo

formaba parte de la vida, la tierra formaba parte de la naturaleza, vida y naturaleza

formaban un todo articulado‛. Separar a la tierra de los hombres y organizar a la sociedad

para satisfacer las necesidades de un mercado de tierras fue una parte vital del concepto

utópico de la economía de mercado (Polanyi s/d: 178).[iii]

Uno de los efectos más importantes de esta separación fue que la naturaleza, vinculada

por todas partes con la vida de la sociedad, fuera transformada apenas en tierra, con lo

cual se desarticularon equilibrios sociales constituidos antiguamente, que otorgaban

sentido a la vida y que eran el fundamento de los imaginarios sociales (Alimonda 2009:15).

Es así como la dominación capitalista a lo largo de la historia ha venido operando sobre

ciertos fundamentos en los que la naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las

ciencias y en materia prima del proceso productivo, desconociéndose así el orden

complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza. En este proceso la naturaleza se

fue desnaturalizando, para hacer de ella un recurso, una mercancía para insertarla en el

flujo unidimensional del valor y la productividad económica para beneficio del hombre

(Leff 2006: 25). La separación sujeto-objeto tuvo como consecuencia que el paradigma

antropocéntrico se instalara como uno de los fundamentos del desarrollo y el progreso de

la humanidad.

En el marco de esta racionalidad contra natura, la última fase de acumulación capitalista

desplegada a partir de la crisis de sobreacumulación de los setenta ha estado conformada

de manera predominante por encima de la reproducción ampliada, por una estrategia

basada en la destrucción, robo, violencia, saqueo y despojo de los bienes colectivos y

recursos naturales. Para diversos autores[iv], entre los que se encuentra David Harvey, la

forma de acumulación actual está conformada por la mayor parte de los rasgos que se

presentaron en la ‚acumulación originaria‛, entendida no como la etapa que dio origen al

capitalismo, sino como un proceso continuo y permanente en la geografía histórica del

capitalismo. Algunos de estos rasgos son:

‚la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por fuerza de las

poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad

(comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad privada exclusivos; la

supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la

supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos

coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos

naturales)‛ (Harvey 2003: 116-117).

Durante los últimos treinta años, la acumulación por desposesión se ha materializado en

las políticas neoliberales y en una estrategia de ‚cercamiento de los bienes comunes‛

(Harvey 2003: 115). La expresión más visible y condensada de esto ha sido la oleada de

privatizaciones de bienes y servicios públicos producida en las dos últimas décadas en

todo el planeta; la mercantilización del agua y tierras; el desarrollo de medios de

comunicación y transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, túneles, ferrocarriles,

compañías de aviación); el desarrollo de telecomunicaciones (telefonía digital y sistemas

satelitales); banca y servicios financieros; petróleo y petroquímica; complejos siderúrgicos

y la privatización de sistema de seguridad social, fondos de pensión y retiro de los

trabajadores (Gilly y Roux 2009: 31).

Este cercamiento y privatización ha estado acompañado de la implementación de un

modelo de desarrollo, basado en el paradigma extractivo, donde destaca la minería a cielo

abierto, la instalación de confinamientos y basureros nucleares, corredores eólicos, presas

o hidroeléctricas, los monocultivos, la producción de biocombustibles, proyectos

inmobiliarios, de desarrollo, expansión urbana y de servicios.

Así, el despojo de pueblos y comunidades y la lógica productiva de crecimiento incesante

se presentan como rasgos inherentes al sistema de acumulación capitalista, trayendo como

consecuencia la contaminación del agua, del suelo, del aire, la emanación de gases tóxicos,

con su secuela de calentamiento global, el agotamiento de los recursos no renovables,

como es el caso de la crisis energética por el agotamiento de los hidrocarburos, la crisis

alimentaria y su relación con la producción de agrocombustibles, la crisis del agua, y las

enfermedades y muertes evitables en toda clase de seres vivos.

Para muchas voces de la academia y el campo popular, este diagnóstico ha colocado en el

centro de la mesa la necesidad de transformar la racionalidad productiva, a través de la

cual se ha destruido atrozmente la base de los bienes necesarios para la sustentación de la

vida. Todas estas voces han anunciado y advertido que si no se producen cambios

estructurales en los modos de producción de la vida en el capitalismo, la vida humana y

no humana corre el peligro de perecer en su propia reproducción.

Contradicción capital-trabajo y capital-naturaleza

Los mecanismos de acumulación a partir de la expoliación y de la externalización de

costos, especialmente a partir de la degradación de la tierra, el territorio y los recursos

naturales son parte indisociable del funcionamiento capitalista y no sólo efectos colaterales

incontrolados o externalidades. Rosa de Luxemburgo afirma que la acumulación

capitalista tendría un car{cter dual: ‚el otro aspecto de la acumulación de capital se da

entre el capital y las formas de producción no capitalistas (<) aparecen aquí, sin disimulo,

la violencia, el engaño, el pillaje‛[v]. El despojo violento de bienes estratégicos sería el otro

motor de la esencia de la acumulación debido a la incesante necesidad de externalizar tres

costos ocultos que los productores no necesariamente realizan: la eliminación de residuos

(especialmente los tóxicos), la renovación de materia prima (esencialmente los bienes

naturales) y los costos de infraestructura. (Wallerstein 2005: 111). Es decir, las formas

violentas de expoliación capitalista sobre la naturaleza significan una necesidad

estructural para externalizar los costos de la producción industrial y mantener el

crecimiento infinito sin importar sus efectos sociales y ambientales. Esta lógica es

inherente al capitalismo, pero se hace cada vez más evidente en el momento en que el

sistema de mercado ha invadido por completo el orbe.

El agotamiento gradual de espacios libres de residuos, la disputa geopolítica por recursos

estratégicos no renovables cada vez más escasos, así como la intensificación de inversiones

en el sector inmobiliario, ligado directamente a necesidades de infraestructura y

comunicación para el flujo de capitales, mercancías e inversiones, está haciendo evidente

el escalamiento de la conflictividad con poblaciones, comunidades y movimientos locales

afectados por las necesidades incontenibles de crecimiento. Pero aún más, el

enfrentamiento se polariza con los sujetos sociales que conservan, aunque sea

parcialmente, identidades y formas productivas que no están basadas en la máxima

ganancia debido a que ‚el capitalismo tiene una tendencia histórica a destruir y absorber

los modos de producción no capitalistas (<) los usa para crear nuevo espacio para la

acumulación de capital‛ (Harvey 2001: 270) ya que el imperativo de acumular, implica, en

consecuencia, el imperativo de superar obstáculos espaciales.

Vemos que el crecimiento, aceleración y expansión de la acumulación requiere vencer al

espacio mediante el tiempo, permitiendo que los flujos de mercancías y capitales accedan a

cada vez más territorios, cada vez más rápido. Esta lógica infinita, sin embargo, choca

directamente con territorios y recursos ambientales finitos por un lado, y con culturas,

comunidades y colectividades situadas en los lugares de extracción, producción o desecho

que se defienden de los efectos de dicha lógica.

Es así que vemos que del carácter inherente del capitalismo, esto es, de su naturaleza

autodestructiva y del complejo metabolismo de las sociedades capitalistas, se originan por

lo menos dos grandes contradicciones: una de ellas es la tensión entre los ciclos de

reproducción del capital vs. los ciclos de reproducción de la vida. Tal y como lo plantea

Jorge Veraza: ‚Los ciclos de reproducción de la naturaleza no son tan r{pidos como el ciclo

de rotación del capital (<) estas diferencias suscitan necesariamente una contradicción

entre el dominio del capital industrial y los ciclos biológicos del planeta‛.

Otra contradicción se produce entre la lógica productiva que mercantiliza y cosifica la

vida, como una materia prima, un bien de consumo; y por otro lado, los lenguajes de

valoración de los pueblos que conciben a la tierra y a la naturaleza como su madre, como

un bien inconmensurable, que no tiene precio. La disputa de las luchas socioambientales

se concentra en sacar los bienes comunes de la esfera económica y su valorización.

Estas dos visiones son antagónicas entre sí: ‚Desde la perspectiva de los poderosos, el

cercamiento a los espacios comunales trae progreso, desarrollo y crecimiento. Desde la

perspectiva del pueblo llano, los cercamientos acarrean más pobreza e impotencia, hasta el

punto de convertir en prescindibles a muchas personas‛ (Shiva, 2006: 70). Para los

poderosos, esto es desarrollo; para los pueblos, es muerte y aniquilamiento.

En el marco de la mundialización financiera y de los mercados globales, sin embargo, la

necesidad de expoliación de los bienes naturales se acelera, ya que la capacidad

competitiva de los complejos y conglomerados multinacionales no sólo dependen de

fuerza de trabajo barata o materias primas a precios favorables sino de ‚un complejísimo

sistema de condiciones marco (<) se trata de sistemas de provisión de energía y

transportes, infraestructuras sociales y administrativas, fuerza de trabajo especialmente

calificada, además de las correspondientes condiciones habitacionales y de vida acordes

(<)‛ (Hirsch 2001:143). Ello explica la enorme presión sobre los bienes y territorios no sólo

por su cualidad dotadora de materias primas, sino por la necesidad de crecimiento de las

condiciones estructurales para la acumulación global.

Es así como los efectos de la sociedad industrial y las bases de la modernidad capitalista

han detonado en los últimos años en todo el planeta una crisis sin precedentes en

diferentes ámbitos de la vida, incluyendo el ambiental. Frente a los aparentes límites

absolutos del sistema de poder y dinero del capitalismo, el actual desastre ecológico es

leído por muchos como síntoma de una profunda crisis civilizatoria y de un modelo de

control tecnológico basado en la máxima ganancia a costa del dominio, desarticulación y

desprecio de los procesos agrícolas tradicionales, de las estrategias productivas de los

pueblos originarios y del patrimonio de los bienes comunes y culturales.

México: camino de resistencias y alternativas frente a la desposesión

En toda la historia de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta han surgido diferentes

respuestas sociales para enfrentar la desposesión, el despojo de bienes colectivos y la

mercantilización de la vida. No obstante, a partir de los últimos diez años es notoria la

emergencia de un nuevo ciclo de luchas socioambientales en América Latina, lo cual en

buena parte se debe al complejo metabolismo de las sociedades capitalistas y su

crecimiento de flujos de energía, materiales y salida de residuos (Martínez Allier, 2009: 2).

Estos movimientos han surgido como resistencias y protestas de afectados ambientales,

que muy pronto han traducido sus demandas en una lucha por el control colectivo de los

recursos, por el derecho a la autodeterminación de sus propias condiciones de existencia,

por el bloqueo de las formas depredadoras y contra el despojo de tierras, agua, bosques,

biodiversidad, saberes ambientales tradicionales, y otros bienes comunes. México se

encuentra también dentro de esta tendencia.

Con el auge e implementación de las políticas neoliberales se ha venido produciendo una

reconfiguración del andamiaje normativo e institucional para facilitar la desposesión. Uno

de los rubros más importantes de esta transformación ha sido el desmantelamiento del

campo. El entramado de unidades productivas campesinas enfrenta en la actualidad la

peor de las crisis. La alta migración de la población rural hacia las ciudades y hacia los

Estados Unidos, la dependencia alimentaria, la destrucción de las culturas y tejidos

comunitarios, el despojo de tierras a partir de la cesión de derechos a particulares, y en

general la pulverización de la producción agrícola campesina a nivel nacional, son algunos

de los componentes de esta crisis (Hernández/ Navarro: 2010).

El reordenamiento que el campo ha sufrido en buena medida ha sido provocado por la

creación de marcos legales como la firma del Tratado de Libre Comercio, y en particular lo

señalado en el capítulo agropecuario, que estipula la reducción o eliminación de los

aranceles en todos los productos agropecuarios con excepción del maíz, el frijol y la leche,

a los cuales se les dio un plazo de 15 años para eliminar a cero su arancel; así como la

modificación al artículo 27 constitucional, con lo que se ‚permitió rentar y vender las

tierras ejidales, se autorizó la inversión de sociedades mercantiles en terrenos rústicos y, lo

m{s importante, se canceló el reparto de tierras‛ (Rubio, 2009: 5).

Estas modificaciones legales y la política estatal en el tema agropecuario, las cuales

básicamente se han fundamentado en su abandono y en desestimular su producción

nacional, han generado las condiciones para el dominio de las grandes transnacionales

agroalimentarias, así como la exclusión masiva de los pequeños productores rurales

(Rubio, 2009: 6). Con todo ello, se ha transformado la forma de organización productiva

del campo mexicano, a través de nuevos modos de apropiación y concentración de las

tierras para la acumulación capitalista (Serna, 2009: 26, 27).

En el discurso de ‚desarrollo‛ el gobierno argumenta que ante la crisis del campo y el

abandono de las tierras lo mejor es la privatización y la generación de proyectos para su

mejor aprovechamiento. Como si los campesinos y productores rurales hubieran sido los

responsables del desmantelamiento del campo y su modo de relación con la tierra hubiera

generado la crisis actual. Lo cierto es que las estrategias discursivas del gobierno mexicano

y de los empresarios han venido desacreditando las formas de organización autóctonas y

comunitarias (Hernández/ Navarro: 2010).

Asimismo, con la aprobación de la Contrarreforma Indígena en 2001 a contracorriente del

enorme proceso de movilización social constituido a favor de los Acuerdos de San Andrés,

se abrió un nuevo ciclo de reformas ‚en materia de bosques, aguas, semillas, minería,

bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodiversidad, todas orientadas al despojo

capitalista de los territorios campesinos e indígenas, todas avaladas por el conjunto de la

clase política‛ (Serna 2009: 26).

Tal es el caso de la Ley Minera de 1992 que, conjuntamente con la Ley de Inversión

Extranjera, permitió que entes trasnacionales controlen el 100% de las actividades de

exploración y producción en el ramo. O la Ley de Biodiversidad de Organismos

Genéticamente Modificados en 2005, que pone en riesgo la diversidad biológica, la

soberanía alimentaria, los cultivos y plantas de los que México es centro de origen,

ofreciendo a cambio seguridad a las cinco empresas trasnacionales que controlan los

transgénicos a escala global, de los cuales Monsanto tiene el 90 por ciento (Ribeiro, 2005).

Del mismo modo, los megaproyectos de infraestructura que se han venido impulsando en

México en el marco de diferentes acuerdos y tratados comerciales, como es el caso del Plan

Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica, tienen como objetivo dominar una serie de

{reas para su valorización, dominación e integración al ‚sistema del mercado global‛. El

impulso de superautopistas, carreteras, megaproyectos turísticos, sistemas de transporte,

vialidades, represas hidroeléctricas, basureros comunes, basureros industriales y tóxicos

ha ido acompañado de las modificaciones al marco normativo, al relajamiento de leyes de

protección ambiental y de la salud, así como de fuertes procesos de despojo contra

comunidades poseedoras de la tierra.

Por otro lado, se han detonado numerosos intentos de privatización de manantiales, ríos y

ojos de agua en innumerables regiones del país, y elevado los costos por el suministro de

agua, en medio de una profunda crisis de escasez de agua, especialmente en las zonas

urbanas.

El reordenamiento de la forma productiva agropecuaria y alimentaria y la profundización

del modelo extractivo, como parte de los procesos de acumulación capitalista en México,

son algunos de los componentes del complejo escenario que enfrentan los pueblos y

comunidades en defensa de sus bienes comunes.

Frente a todo ello se ha venido constituyendo un incipiente pero creciente ciclo de luchas

socioambientales en todo el territorio nacional, identificando hasta el momento más de

sesenta expresiones de resistencia que han comenzado a organizarse para encontrar una

salida a los problemas de desposesión. Estas luchas están siendo protagonizadas

principalmente por comunidades indígenas y campesinas, aunque también por comités

vecinales, asambleas ciudadanas, organizaciones sociales y colectivos juveniles, quienes

enfrentan proyectos y políticas de privatización de bienes comunes, de desarrollo urbano,

inmobiliario, servicios e infraestructura carretera; tiraderos de basura; desarrollo de

complejos turísticos y náuticos; construcción de presas e hidroeléctricas; grandes

explotaciones de minería a cielo abierto; problemas de contaminación por el desarrollo

industrial y su relación con fuertes problemas de salud; siembra de monocultivos y

transgénicos; biopiratería y patentes sobre biodiversidad y saberes tradicionales.

En Chiapas, el Frente Regional Contra las Privatizaciones conformado por decenas de

comunidades de la región de la Sierra, enfrenta 56 proyectos de minería a cielo abierto. El

movimiento zapatista y otras organizaciones indígenas enfrentan los desalojos y las

reubicaciones del gobierno para la construcción de la carretera Ocosingo-San Quintin-

Margaritas y San Cristóbal-Palenque y contra el llamado ‚Centro Integralmente Planeado

Palenque-Agua Azul‛ (CIPP), así como contra la extracción de recursos naturales y

material genético de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.

El Movimiento Mazahua encabezado por mujeres indígenas del Estado de México lucha

por el derecho al agua, debido a que sufren la escasez de este líquido vital por el sistema

de presas Cutzamala que abastece de agua a la Ciudad de México, despojando de ese

recurso a las zonas aledañas a este sistema acuífero. Las amenazas de acción directa y

boicot al suministro de agua de la Ciudad de México causaron revuelo nacional.

Los ciudadanos de Jilotzingo en el Estado de México enfrentan la construcción de un

tiradero de basura industrial y tóxica de la empresa Confinam, el cual afectará con 1,800

toneladas diarias de basura a una importante zona boscosa y contaminará el acuífero

Cuautitlán-Pachuca en el Estado de México e Hidalgo, uno de los mantos freáticos más

grandes del país. En un caso similar, la Empresa BEFESA ha debido detener la

construcción y operación de un basurero tóxico cercano a la población de Zimapán, en el

estado de Hidalgo, debido a la formación de un importante movimiento reunido en

‚Todos somos Zimap{n‛, que ha impulsado un fuerte proceso de resistencia y

movilización contra el proyecto. En ese mismo sentido, pero contra un relleno sanitario, en

la ciudad de Cuernavaca se constituyó el Frente de Afectados por el basurero en Loma de

Mejía.

Diversas comunidades y organizaciones resisten a la construcción de una carretera que

atravesará el Bosque de Agua en el Estado de México, Morelos y el sur del Distrito Federal,

destruyendo una de las regiones de mayor importancia biológica e hidrológica,

incluyendo dos áreas naturales protegidas federales: Ciénegas de Lerma y el Corredor

Biológico Chichinautzin.

En el Estado de Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La

Parota resisten a la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico de enormes

magnitudes en el río Papagayo, el cual afectaría directamente a 25 mil campesinos y

desertificaría las tierras de 75 mil más que siembran río abajo. El CECOP ha impulsado

una resistencia exitosa desde el año 2003, que ha detenido las obras con resistencia civil,

recursos jurídicos, movilización masiva de sus comunidades y visibilidad nacional e

internacional, lo que lo ha convertido en un emblema nacional de defensa de la tierra y el

agua (CECOP 2009: 49).

En el estado de Morelos se conformó el Consejo de los 13 Pueblos, en conflicto con el

Gobierno Estatal por el control de los recursos naturales, especialmente el agua. El Consejo

se ha organizado de manera inédita (en realidad ha logrado aglutinar a cerca de 40

comunidades) para salvaguardar sus territorios ancestrales y agrícolas del Plan Nacional

de Desarrollo que pretende construir 100 mil casas en sus regiones, en defensa del agua y

la tierra.

La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán lucha contra la tala

depredadora de bosques de la Sierra de Petatlán y en Coyuca de Catalán a cargo de la

empresa maderera estadounidense ‚Boise Cascade‛. Cabe resaltar el encarcelamiento de

algunos de sus integrantes por varios años.

En Huejuquilla el Alto, Jalisco, los indígenas wixárika mantienen la defensa de los bosques

y el rechazo a la construcción de una autopista que cercenaría su territorio, destruyendo

centros ceremoniales y biodiversidad. De igual manera, en Jalisco un conjunto de

organizaciones se ha opuesto a la construcción de la Presa de Arcediano al norte de

Guadalajara sobre una zona de conservación ecológica, así como las comunidades de

Temacapulín, Palmarejo y Acasico enfrentan las obras de la Presa El Zapotillo; una gran

cantidad de vecinos del Municipio de Juanacatlán y el Salto sufren desde hace más de

treinta años la contaminación de las descargas tóxicas vertidas sobre el río Santiago.

En Oaxaca, la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y de Nuestra Madre

Tierra del Valle de Ocotlán-Ejutla lucha contra un proyecto de minería a cielo abierto que

los despojará de sus comunidades y contaminará sus tierras y cuerpos de agua. Resalta la

toma directa de la mina por las comunidades para su cierre y el posterior operativo de

desalojo con fuerte brutalidad policíaca. De igual manera, el Consejo Autónomo Cuicateco

resiste al despojo de sus tierras para la instalación de una minera a cielo abierto. El

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde lucha contra el proyecto de la

presa de ‚Aprovechamiento Hidr{ulico de Usos Múltiples Paso de la Reina‛ sobre el cauce

principal del río Verde, inundando terrenos de poblaciones enteras y afectando las

especies de flora y fauna de la región.

En Puebla y Tlaxcala algunas comunidades enfrentan la contaminación del Río Atoyac, y

el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla y Tlaxacala defiende sus

tierras y luchan contra el despojo para la construcción de dos megaproyectos carreteros

‚Arco Norte‛ y ‚Arco Sur Poniente‛.

En el caso de la Ciudad de México, se ha constituido el Frente de Pueblos de la Anáhuac

contra la línea 12 del metro con terminal en Tláhuac y una serie de espacios vecinales

contra la construcción de vialidades en toda la ciudad. Estos desarrollos de infraestructura

tienen el objetivo de profundizar la urbanización del Valle de México, detonando con ello

la expansión de la mancha urbana hacia tierras forestales, de cultivo, áreas de vida

silvestre, chinampas, barrancas y, por otro lado, destruyendo y pavimentando las pocas

áreas verdes que quedan dentro de la ciudad, tales como jardines, parques y camellones.

Por otro lado, existen diversos esfuerzos de coordinación y articulación entre resistencias,

tal es el caso de la Asamblea de Afectados Ambientales que se creó en 2008 por

comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales de decenas de localidades,

como espacio de encuentro autónomo y de coordinación conjunta para enfrentar las

problemáticas ambientales. Los diferentes movimientos que integran esta Asamblea

enfrentan conflictos sobre agua, basura, vivienda, urbanización ‚salvaje‛, construcción de

carreteras, destrucción de bosques, políticas agrarias, avance de la agricultura transgénica,

desarrollos hoteleros, despojo de playas y daños a la salud. También hay otras redes como

la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) que nació en el 2008 constituida por

organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos

humanos, de educación, de comunicación, movimientos, colectivos de estudiantes,

académicos, entre otros, para integrar un movimiento en contra de la minería y fortalecer

las luchas y movimientos locales de resistencia.

También se encuentra el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa

de los Ríos (Mapder) el cual se conformó en el año del 2004 con la finalidad de aglutinar

frentes estatales, organizaciones sociales y civiles y a comunidades de todo el país

afectadas por la construcción de presas hidroeléctricas, de irrigación, de abastecimiento y

de usos múltiples. Y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap)

la cual ha fungido como espacio de coordinación, intercambio de información, análisis,

discusión y movilización de las organizaciones sociales y civiles frente al Plan Puebla

Panamá y otros proyectos que amenazan la autonomía e identidad de las comunidades.

Ahora bien, a pesar de las enormes diferencias entre cada una de las luchas mencionadas

anteriormente, hemos encontrado elementos comunes en las formas en las que los

afectados ambientales están enfrentando los modos concretos de la desposesión. A

continuación trazamos algunos de ellos a partir de la observación directa de algunas de las

experiencias de resistencia en México.

Subjetividades anticapitalistas en defensa de la tierra, el territorio, la vida y los bienes

comunes

Nos referirnos a estas luchas como socioambientales debido a que desde nuestra perspectiva

son movimientos que pelean contra la escisión ambiente-sociedad, enfrentando con ello,

entre otras cosas, el discurso del conservacionismo por parte de los estados y las empresas,

quienes niegan que los pueblos puedan tener formas sostenibles para gestionar la

naturaleza.

Las luchas socioambientales son concebidas como parte de un movimiento global de

ecologismo popular o de justicia ambiental (Martínez Allier, 2009: 4) que pelea por su

propia subsistencia a partir de la defensa de sus bienes comunes. ‚En el Tercer Mundo, los

movimientos ecologistas no son un lujo de los ricos, sino un imperativo para la

supervivencia de la mayoría de la población, cuya vida corre peligro y se ve amenazada

por la economía de mercado y por la expansión de ésta‛ (Shiva, 2006: 65, 79).

Este movimiento de justicia ambiental está siendo protagonizado por comunidades y

culturas que en medio del desgarramiento que han producido las relaciones capitalistas

veneran la vida. La disputa que estas luchas libran es por la producción y reproducción de

la vida, la lucha es contra el capitalismo y su lógica de ‚anti-vida‛ (Shiva, 22: 2006),

centrada en la ocupación y captura infinita de los procesos vivos.

Estas colectividades surgen generalmente como esfuerzos autoconvocados por los propios

afectados para deliberar y reflexionar sobre qué hacer juntos, sin que ninguna instancia

externa convoque para formar y dirigir un formato específico de organización. La

autoconvocatoria de los afectados se da principalmente ante la reacción espontánea que

generan los procedimientos antidemocráticos, irregularidades e ilegalidades presentados,

en la mayoría de los casos, por los gobiernos que buscan apresurar decisiones

fundamentales para la implementación de los proyectos de desposesión. Este sentimiento

de afectación que se irá traduciendo en expresiones de resistencia se produce por la

exclusión de las comunidades y los pueblos que ven cómo de un día a otro, sin que ellos

hayan sido consultados, sin que ellos lo hayan decidido, su vida y entorno pueden

cambiar para siempre.

Una dimensión de estos conflictos se centra en los procedimientos que se emplean para la

aprobación de los proyectos, que son cuestionados por la gente en sus formas, mecanismos

y actores involucrados. Los movimientos que surgen en reacción a los proyectos de

desarrollo o explotación cuestionan cómo se decide y quién decide sobre su vida, sobre la

tierra y los bienes comunitarios.

En muchas ocasiones, estos esfuerzos autoconvocados de movilización social se presentan

como los primeros intentos de organización frente a problemas de este tipo o como las

primeras experiencias políticas. Esto les imprime un carácter particular con respecto a los

formatos organizativos que la izquierda clásica ha conformado.

Cabe mencionar que muchos de estos movimientos de resistencia, especialmente los

comunitarios, indígenas o campesinos, se construyen sobre lazos comunitarios y formas de

organización social preexistentes. En estas luchas los modos de organización tradicional

funcionan como redes para tejer la resistencia y la movilización.

Los rasgos más característicos en las formas de organización y de funcionamiento son la

reivindicación de la democracia directa, la horizontalidad y la asamblea, apareciendo esta

última como el espacio de deliberación, de pensamiento colectivo, de circulación de

información y toma de decisiones más importante. Estos mecanismos y modos de

regulación han buscado sostenerse en procesos democráticos de diálogo, para construir

acuerdos, soluciones y decisiones, que ayuden a involucrar a todos los afectados.

Hemos percibido que en estos esfuerzos de movilización se carece generalmente de

estructuras organizativas rígidas o formales, la separación dirigentes-bases tan marcada en

los movimientos sociales tradicionales tiende a disolverse o relativizarse en mecanismos

asamblearios y se presenta una incipiente distancia de la idea de representación. Esto

último se ha podido detectar en el rechazo que muchas de estas luchas han presentado

frente a políticos profesionales, partidos políticos u organizaciones formales que se han

acercado para intentar incidir, dirigir o encabezar los esfuerzos de

oposición.

Entonces, en su primera fase de actuación estos movimientos de resistencia emergen como

respuestas autoconvocadas de afectados, como movimientos opositores, como

movimientos del NO. Aunque muy rápidamente estos movimientos del NO, de cuestionar

sólo el procedimiento y exclusión de las decisiones, pasan a cuestionar el porqué y para

qué de estos proyectos de desarrollo y explotación de recursos.

Percibimos que en medio del riesgo que viven las comunidades de perder absolutamente

todo, se abre el campo de la autoafirmación, en el que las comunidades comienzan a

valorar, imaginar y a decidir cómo desean vivir su presente y futuro. Es en este momento

que se presenta un punto de quiebre en los procesos de subjetivación colectivos,

atravesados por la emergencia de nuevos horizontes de sentido donde la autoafirmación

de los pueblos habilita una dimensión utópica y un porvenir distinto al impuesto por la

normalidad capitalista.

Es en este punto de quiebre donde aparecen como dimensiones esenciales de la

insubordinación –en palabras de John Holloway– el contra,como proceso en el que la

confrontación hacia el orden dominante es explícita, y el más allá, como la construcción de

un modo de regulación social distinto. Los movimientos ya no sólo pelean, se organizan e

interpelan al poder para rechazar la desposesión, sino que reconocen y afirman el

despliegue de valores de uso para enfrentar la vida colectivamente de otra manera.

Ahora bien, es posible que si los conflictos mantuvieran su campo de disputa en la

dimensión procedimental que hemos expuesto, pudieran buscarse herramientas político-

jurídicas que las trasladaran a un proceso menos polarizado y tenso. Sin embargo, los

movimientos comunitarios buscan respuestas a sus principales interrogantes que se hacen

urgentes a medida que avanza la agresividad con que se impulsan estos proyectos y

decisiones desde el Estado y las empresas en cuestión. Los movimientos se preguntan a

quiénes benefician estos proyectos, cuál es el impacto sobre la tierra y los ecosistemas y su

utilidad colectiva o popular. La mayoría de las veces concluyen cuestionando todo el

modelo de desarrollo sistémico, sus bases, su discurso, su forma, sus beneficiarios y sus

impactos, lo que radicaliza por completo sus estrategias, actitudes y acciones. Con ello, las

luchas logran situarse frente al problema de otra manera, desbordando con sus preguntas

e interrogantes los marcos institucionales.

Es así como se enfrentan dos proyectos basados en premisas diametralmente opuestas. Los

movimientos valoran las culturas y tradiciones comunitarias ligadas al arraigo sobre la

tierra y el trabajo que deriva de ellas como identidad de sus pueblos; valoran el usufructo

de los recursos sólo para la reproducción y no para la acumulación; valoran también algo

que surge en numerosos conflictos que ellos mismos nombran con la palabra dignidad,

que identifica numerosos sentimientos colectivos sobre el no sometimiento, la identidad

comunitaria, el respeto y la determinación propia –a pesar del obvio desequilibrio de

fuerzas a favor del Estado y las empresas–; y, en especial, un profundo sentimiento

colectivo de la justicia que no está a discusión a pesar de que cualquier balance objetivo

sobre la fuerza del Estado les sea adverso. En suma, priorizan valores y posiciones no

mercantiles, sobre su identidad, su historia y los ecosistemas. Son de alguna forma

racionalidades distintas a la dominante. Como plantea Enrique Leff , ‚lo que subyace a los

conflictos de distribución ecológica son estrategias de poder en torno a paradigmas

sociales y racionalidades productivas alternativas‛.

Es por ello que de esta racionalidad alternativa surge todo un cúmulo de sentidos, saberes,

construcciones colectivas que incluso podemos considerar paradigmas alternos a los

dominantes, basados en una perspectiva de nuevos derechos de uso y apropiación de la

naturaleza, derechos a elegir, decidir y construir formas de desarrollo ambiental-territorial

y el derecho a controlar procesos productivos en sus localidades.

Frente a todo ello, el Estado surge como principal impulsor de los proyectos de desarrollo

y explotación de la mano de las empresas e inversores que son menos visibles, pero puede,

en varias fases del conflicto, apreciarse su influencia y poder sobre el procedimiento de

aprobación y decisión. El Estado, a diferencia de los movimientos, apela a la necesidad

nacional o el interés común como principal eje de interés para el impulso de los proyectos,

acompañado del objetivo del crecimiento económico, la inversión, la creación de empleos

y en general la idea de desarrollo entendido como aumento de infraestructura, explotación

de recursos y acumulación.

Es en este momento donde puede apreciarse el choque de proyectos. El Estado prioriza

una racionalidad económica basada en la máxima ganancia y el desarrollo entendido como

las condiciones necesarias para la acumulación capitalista. Los movimientos priorizan una

racionalidad no económica cuyo eje es la preservación de sus comunidades, culturas y

ecosistemas. La tierra, el agua, los bienes comunitarios, la cultura, las tradiciones se

presentan como bienes inconmensurables, sobre los cuales los pueblos no están dispuestos

a negociar, rechazando contundentemente que éstos tengan precio. La lucha a librar

transita entonces entre la vida o la muerte.

El interés por el desarrollo económico se vuelve una urgencia del Estado, presionado por

intereses de acumulación e inversión ‚nacionales‛ o ‚trasnacionales‛ que implican una

enorme fuerza política, mediática, represiva y en muchas ocasiones jurídica. El interés

local por la preservación de pueblos y ecosistemas es en comparación una fuerza mucho

más pequeña, que sin embargo sostiene en ocasiones una resistencia anclada en la

movilización y participación de los pueblos que puede ser desbordante y, a veces,

sorprendente.

En los trayectos de la lucha, muchos movimientos comienzan optando por recurrir a las

instancias y canales institucionales; frente a la negativa y limitación de éstas, se ha

presentado una orientación cada vez más tendiente a que la auto-organización y la

movilización social sean las fuentes de resistencia y lucha privilegiadas. De este modo, las

luchas pueden desplegar una serie de estrategias: el trabajo territorial-local y la

organización de base de las comunidades afectadas; la resistencia, acción directa y la

movilización social; la articulación y coordinación con otras luchas y ONG’s; el empleo de

recursos legales y jurídicos.

Así, el agotamiento de los canales institucionales ha traído consigo la emergencia de una

crítica sobre las prácticas de los partidos políticos y de la clase política. La maquinaria

institucional no sólo se presenta como insuficiente para la resolución de las demandas

sociales, sino que ésta y lo poderes económicos mantienen una relación de complicidad

cada vez más cínica para la implementación de los proyectos de desposesión.

Por otro lado, la oposición de las luchas ambientales contra la racionalidad económica de

los poderosos muestra el desarrollo de una sociabilidad alternativa y lenguajes de

valoración basados en una nueva ética con la naturaleza. Existe una tendencia a cuestionar

y poner en entredicho los fundamentos de la sociedad industrial y de la modernidad,

presentándose una sensibilidad con el medio ambiente y reivindicándose las formas

tradicionales que los pueblos y comunidades han mantenido con su entorno para la

reproducción de la vida.

En el carácter emergente de estas luchas se va configurando el antagonismo contra el

Estado y el capital, el cual encuentra su anclaje a un tejido comunitario territorial que en

los momentos de confrontación se activa como un sujeto comunitario. La construcción de

los horizontes de sentido del sujeto comunitario se articulan históricamente con el pasado,

siendo la memoria uno de los terrenos desde donde imaginar y rastrear modos de relación

con la naturaleza no mercantiles, mediados por valores de uso que hacen posible pensar

en alternativas más allá capitalismo.

De este modo, la emergencia de múltiples respuestas desde lo social para enfrentar la

catástrofe capitalista bajo la clave de la violencia, despojo y destrucción, constituye una de

las luchas más importantes a favor de la vida, como camino de resistencia ante los efectos

de la crisis ambiental. Al mismo tiempo que en medio del conflicto contra la desposesión

se vislumbra en ellas –como horizonte de sentido– la prefiguración de una nueva

subjetividad y modos de relación anticapitalistas de los hombres y mujeres con la

naturaleza.

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[i] Velloso Agustín, Guinea Ecuatorial 2009, en revista Pueblos, agosto de 2009.

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[ii] Según distintas fuentes periodísticas el proyecto de un nuevo aeropuerto en la periferia

de la Ciudad de México alcanzaba los 18 mil millones de pesos mexicanos, es decir unos

1.300 millones de dólares. En el caso de la Parota, según las propias autoridades del

gobierno del Estado de Guerrero y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Tlachinollan, la inversión rondaría entre 850 y 1,000 millones de dólares.

[iii] Citado en: Alimonda, Héctor, ‚Una introducción a la Ecología Política

latinoamericana‛ *CLASE+, en el curso: Ecología política en el capitalismo contemporáneo

(Programa Latinoamericano de Educación a distancia), Centro Cultural de la Cooperación

Floreal Gorini, Buenos Aires, Junio 2009, págs. 15-16.

[iv] Algunos de los autores que comparten esta tesis son: Michael Perelman, Massimo De

Angelis, John Holloway y Werner Bonefeld.

[v] Citado en: Harvey, David, Espacios del capital: hacia una geografía crítica, Ediciones Akal,

Madrid, pág.11.

Fuente:www.herramienta.com.ar – Diciembre de 2010.