Lucha contra el TTIP, el CETA y el ISDS: lecciones de Canadá

Lucha contra el TTIP, el CETA y el ISDS: lecciones de CanadPar Maude Barlow

Lucha contra TTIP, CETA y el ISDS: Lecciones de Canad se publica bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Acerca del autorMaude Barlow es la Presidenta Nacional de Council of Canadians. Barlow ha sido nombrada en doce ocasiones doctora Honoris Causa y ha recibido numerosos premios, incluyendo el Premio Right Livelihood 2005 (conocido como el Nobel Alternativo). Ha sido Asesora Snior del 63er Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cuestiones relativas al agua y lider la campaa para que el agua fuera reconocida como un derecho humano por las Naciones Unidas. Es adems autora de decenas de informes as como de 17 libros, incluyendo su ltima publicacin, Blue Future: Pro-tecting Water for People and the Planet Forever. Se ha mantenido muy activa durante dcadas en la lucha por acuerdos comerciales justos en Canad y en todo el mundo. Este informe ha sido posible gracias a la generosidad de JMG Foundation.

Crditos fotoPortada: Canadian Pride de Brandon Koger, recortada y modificada, CC by-nc-sa 2.0 Pgina 2: Foto Wolfgang Schmidt

Lucha contra el TTIP, el CETA y el ISDS: lecciones de Canad 3

Lucha contra el TTIP, el CETA y el ISDS: lecciones de CanadndiceIntroduccin ................................................................................................................................................................................... 4Qu son el TTIP y el CETA? .................................................................................................................................................... 4Cmo restringen el TTIP y el CETA el derecho a regular de los gobiernos? ..................................................... 5Qu es el ISDS? ............................................................................................................................................................................ 6Cul es la experiencia de Canad con el ISDS bajo el NAFTA? ................................................................................ 8Es tan importante el CETA como el TTIP? .................................................................................................................... 10Qu hay de los intentos de reformar el ISDS? .............................................................................................................. 12Qu tipo de colaboracin se puede establecer entre los pases para impedir estos acuerdos? ......................................................................................................................................................... 14Notas finales ................................................................................................................................................................................. 15


El objetivo de este informe es servir de advertencia a los europeos que se preocupan por la salud de sus ciudadanos, la resiliencia de sus comunidades, el destino de sus servicios pblicos y la proteccin de sus recursos naturales.Introduccin

En 1989, Canad y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Libre Comercio entre Canad y Es-tados Unidos (CUSTA). En 1994, ambos pases y Mxico firmaron el Acuerdo de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA). Ambos acuerdos marcan la pauta de la nueva generacin de acu-erdos comerciales bilaterales y regionales y han creado un modelo que sigue siendo aceptado con fuerza por la mayor parte de los gobiernos.Con el CUSTA, Canad perdi gran parte de sus plantas de fabricacin cuando las empresas es-tadounidenses cerraron sus fbricas en Canad para transferirlas a otros pases. Canad cedi tambin el control regulador de sus reservas energticas. El NAFTA introdujo una nueva dis-posicin, la resolucin de litigios inversor-Estado (ISDS), segn la cual las empresas de estos tres pases pueden demandar a sus gobiernos mutuos por cambios en la legislacin, polticas o prcticas que puedan daar los resultados financieros de las empresas. El legado del NAFTA est vivo y bien presente en la Asociacin Transatlntica de Comercio e In-versin (TTIP) entre la Unin Europea y Estados Unidos y en el Acuerdo Econmico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canad. Aunque am-bos acuerdos promueven el comercio de formas nuevas y diversas, ambos incluyen disposiciones para el ISDS que son especialmente polmicas en Europa. Como resultado del NAFTA, Canad es el pas del mundo desarrollado ms afectado por las dis-putas inversor-Estado y los canadienses tienen una historia importante que compartir con los europeos en su lucha contra el TTIP y el CETA. El

objetivo de este informe es servir de advertencia a los europeos que se preocupan por la salud de sus ciudadanos, la resiliencia de sus comuni-dades, el destino de sus servicios pblicos y la proteccin de sus recursos naturales. Qu son el TTIP y el CETA?El TTIP se propone como un acuerdo comercial y de inversin entre la UE y EE. UU. para abrir estos mercados a sus sectores corporativos mutuos, incluyendo los sectores farmacutico, energtico y agrcola. Las negociaciones han tenido lugar principalmente a puerta cerrada con informacin escasa y espordica al pblico. El CETA es el equivalente canadiense pero va mucho ms lejos en el proceso de negociacin. En septiembre de 2014, el Primer Ministro cana-diense, Stephen Harper, el Presidente de la Co-misin Europea, Jos Manuel Barroso, y el enton-ces Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, firmaron una declaracin conjunta para celebrar la conclusin de las conversaciones so-bre el CETA. Desde entonces, sigue habiendo una oposicin clara tanto en Canad como en Europa y el acuerdo est lejos de considerarse finalizado. Esta era la primera vez que se haca pblico de forma oficial el texto del acuerdo.

Sus defensores afirman que el TTIP y el CETA harn crecer las economas tanto de la UE como norteamericana, creando puestos de trabajo y riqueza para norteamericanos y europeos. La ex-periencia del NAFTA, sin embargo, muestra que las beneficiadas han sido casi exclusivamente las grandes empresas. Aunque los salarios de los Di-rectores Generales y los beneficios empresariales se han disparado en Canad desde 1994, los in-


gresos de las familias y de los trabajadores se han mantenido en el mismo nivel y la deuda de las familias ha ascendido a niveles histricos.1 El TTIP y el CETA, como casi todos los acuerdos comerciales modernos, tratan de acabar con las barreras comerciales no arancelarias. Entre el-las se incluyen normas y regulaciones que pueden diferir sustancialmente entre pases y referentes a aspectos como la seguridad alimentaria, los ser-vicios financieros, la legislacin medioambiental y la legislacin laboral. Las corporaciones transnacionales quieren igual-dad de condiciones al cruzar fronteras y luchan por competir con un mnimo comn denomina-dor. Las normas sobre seguridad alimentaria, seg-uridad social y medio ambiente en Canad fueron todas armonizadas desde arriba tras el NAFTA. Un importante informe concluy que el NAFTA facilitaba la expansin del cultivo a gran escala destinado a la exportacin que utiliza pesticidas y transgnicos, animaba el auge de minera daina para el medio ambiente en Mxico, debilitaba la capacidad de Canad de regular su propio sector energtico, obligaba a Canad al envo de grandes cantidades de combustibles fsiles a EE. UU. y debilitaba las protecciones medioambientales en Norteamrica poniendo a disposicin de las em-presas nuevas herramientas para hacer frente a las nuevas normas medioambientales.2 Con el CETA y el TTIP, por primera vez, los gobi-ernos subnacionales (municipios, provincias y es-tados) estarn sujetos a compromisos de abastec-imiento que les impiden favorecer a las empresas locales y contribuir al desarrollo econmico local. Segn un anlisis del Centro Canadiense para Polticas Alternativas, esto restringir sustancial-mente en la gran mayora de los gobiernos locales de Norteamrica y Europa el uso de fondos pbli-cos como catalizador de otros objetivos sociales, vase la creacin de puestos de trabajo, el apoyo a los agricultores locales y la solucin de la crisis medioambiental.3

Cmo restringen el TTIP y el CETA el derecho a regular de los gobiernos?El TTIP y el CETA imponen nuevos lmites al derecho de los gobiernos a regular en nombre de sus ciudadanos o para la proteccin del medio ambiente, estableciendo obligaciones que van ms all del requisito tradicional de los acuerdos comerciales de no discriminar entre empresas extranjeras y nacionales. Fijan restricciones en las normativas nacionales para servicios y otra actividad econmica, incluyendo la minera, el petrleo y el gas, los bosques, la agricultura y la pesca. Al ser acuerdos negociados en forma verti-cal, las exenciones a esta desregulacin deben ser enumeradas y discutidas. Como explica el Transnational Institute, la ar-monizacin desde arriba reduce los controles y disminuye los estndares establecidos sobre el capital y las empresas. Si la legislacin laboral de la UE ofrece ms proteccin a los trabajadores, todos los gobiernos recibirn presiones para adoptar normas estadounidenses que desregulen los derechos de los trabajadores.4 Si los controles financieros son ms fuertes en Canad, se reci-birn presiones, llegando incluso a la exigencia, para realizar una armonizacin con una norma ms desregulada. En realidad, Canad, que en gran parte ha sobre-vivido a la crisis financiera de 2008 porque man-tiene un estricto control de sus bancos, ya ha abi-erto su sector financiero a impugnaciones de las empresas de servicios financieros europeas que operan en Canad de un modo que ni siquiera se constat con el NAFTA. Si un banco europeo cree que est siendo discriminado porque las normas financieras canadienses son ms estrictas, puede demandar al gobierno canadiense.5 Adems, el TTIP y el CETA son los primeros acu-erdos comerciales en incluir la cooperacin regu-latoria obligatoria, a veces conocida como conver-gencia regulatoria, un proceso de armonizacin de normas y regulaciones entre todas las jurisdic-


ciones sobre bienes tan diversos como tuberas, productos qumicos y alimentos. El CETA se compromete con un proceso en el que cualquier diferencia en las regulaciones entre Europa y Canad, se refieran a los derechos labo-rales, las normas de proteccin medioambiental, las reglas sobre seguridad alimentaria o la legis-lacin fiscal, podra ser considerada un obstculo al comercio y suprimida. Ambas partes acuerdan compartir informacin sobre futuras regulaciones contempladas o propuestas incluso antes de que lleguen a sus propios parlamentos elegidos democrticamente, para evitar as su distorsin. Eso significa que la otra parte podra hacer cam-bios en un punto de la legislacin antes de que lo vean los propios representantes pblicos o ciu-dadanos del pas. En Canad, existe el requisito de que toda nueva ley o regulacin propuesta debe ser vetada por expertos en comercio para garantizar que no sea impugnada bajo el NAFTA. Bajo el CETA, se espera que toda nueva regulacin europea tenga que ser vetada y aprobada por Canad y viceversa. Canad y Europa tambin acordaron nombrar organismos externos para realizar evaluaciones sobre las normas de los productos, poniendo as en manos del sector privado decisiones impor-tantes sobre regulaciones y estndares. El CETA crea tambin un Foro de Cooperacin Regulatoria para facilitar la cooperacin regulatoria y el tra-bajo con las partes interesadas, incluyendo las empresas. El TTIP va incluso ms lejos. Como explica el Ob-servatorio Corporativo de Europa (CEO), el TTIP creara el Consejo de Cooperacin Regulatoria que, por primera vez en un acuerdo comercial, permitira a los lobbies corporativos de Nor-teamrica y Europa tener una influencia formal para corredactar las regulaciones y las normas de modo generalizado. Este nuevo rgano buro-crtico tendr un poder considerable para evitar que la Comisin Europea presente propuestas

que no se adhieran a una serie de principios fa-vorables a las empresas.6 Aunque los defensores afirman que la cooper-acin regulatoria eliminar trmites administra-tivos innecesarios, el CEO explica que se trata de una propuesta estratgica muy efectiva para re-solver algunas de las diferencias ms conflictivas una vez que los acuerdos hayan sido firmados y que el escrutinio pblico haya menguado. Los estndares medioambientales ya bajaron drsticamente en EE. UU. bajo el mandato del an-terior Presidente George Bush y en Canad bajo el Primer Ministro Harper.7,8,9 La desregulacin medioambiental ha avanzado considerablemente en Europa bajo la direccin del Presidente de la Comisin Europea, Jean-Claude Juncker. El CETA y el TTIP sern regalos para las empresas euro-peas y los grupos de presin sectoriales en sus esfuerzos por acelerar este proceso de regulacin medioambiental desde arriba. Qu es el ISDS?Las disposiciones de la resolucin de litigios in-versor-Estado (ISDS) garantizan a los inversores privados, en virtud del Derecho internacional, el derecho a utilizar procedimientos de resolucin de litigios contra un gobierno extranjero. Inicial-mente utilizada para proteger a las empresas privadas de los pases ricos frente a la amenaza de nacionalizacin en pases ms pobres, el ISDS se ha expandido de manera contundente en las ltimas dcadas.Ahora las empresas demandan para obtener una compensacin financiera si algn gobierno ex-tranjero introduce nuevas leyes o prcticas, sean medioambientales, sanitarias o sobre los dere-chos humanos, que afecten negativamente a sus resultados financieros. Muchas de las disputas se resuelven en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. La empresa ta-


bacalera Phillip Morris utiliz este proceso para impugnar las reglas australianas sobre el embala-je de los cigarrillos, cuya intencin era promover la salud pblica. Una empresa sueca, Vattenfall, est exigiendo a Alemania por 4700 millones ($6900 millones de CDN) por su decisin de elim-inar gradualmente la energa nuclear. Ms recientemente, el ISDS se ha incluido en acuerdos bilaterales y regionales de modo que permite a una empresa en un pas demandar di-rectamente a otra utilizando un proceso de arbi-traje privado. El ISDS garantiza bsicamente a las empresas el mismo estatus que los gobiernos en estas negociaciones y privatiza el sistema de reso-lucin de disputas entre naciones.Segn la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), actualmente existen ms de 3200 acuerdos de ISDS (mayori-tariamente bilaterales) en el mundo, firmndose uno cada dos semanas. Estos derechos corpora-tivos estn profundamente enraizados en el NAF-TA, as como en todos los nuevos acuerdos region-ales, incluyendo el CETA y el TTIP. Las empresas han recurrido a el ISDS en ms de 600 ocasiones para impugnar medidas gubernamentales.La mayor parte de los casos de ISDS han sido presentados por empresas del hemisferio norte contra medidas tomadas por pases del hemisfe-rio sur. Y las empresas siempre ganan. Un informe de 2015 presentado por la UNCTAD concluy que el 60 por ciento de los casos se decidieron a favor del inversor privado y solo el 40 por ciento a fa-vor del Estado, demostrndose que las empresas estn impugnando de forma constante y con xito las regulaciones gubernamentales y el control pblico.10 Frente a la afirmacin de sus defensores de que el ISDS es un sistema justo e independiente, una investigacin en profundidad realizada por el Observatorio Corporativo de Europa y por el Transnational Institute demostr que una lite de abogados, mediadores y especuladores financi-eros est ganando una fortuna proponindose y

siendo contratados por empresas para demandar a gobiernos de todo el mundo por sus nuevas leyes sanitarias, laborales o medioambientales. Solo 15 mediadores, casi todos de Europa, Canad y Estados Unidos y con minutas de hasta US$1 milln (1,5 millones) por caso, han decidido el 55 por ciento de todas las disputas sobre trata-dos. Han creado un sector de miles de millones de dlares que solo busca su inters propio, dom-inado por una pequea lite exclusiva de bufetes de abogados y abogados con mltiples intereses financieros interconectados que plantean serias dudas sobre su compromiso para ofrecer juicios justos e independientes, afirman los autores Pia Eberhardt y Cecilia Olivet.11

El silencioso ascenso de un poderoso rgimen de inversin internacional ha hecho caer en la tram-pa a cientos de pases y ha antepuesto los benefi-cios empresariales a los derechos humanos y al medio ambiente. Este auge del arbitraje sobre inversiones est costando a los contribuyentes miles de millones de dlares y evitando que se legisle en el inters pblico.12 El ISDS supone tambin una amenaza a los dere-chos humanos. En junio de 2015, diez ponentes de la ONU presentaron un informe sobre dere-chos humanos que llamaba la atencin sobre el posible impacto perjudicial que tratados como el CETA y el TTIP pueden tener sobre el disfrute de los derechos humanos consagrados en instru-mentos de la ONU legalmente vinculantes. Nues-tra preocupacin, dicen los expertos, se centra

Las empresas han recurrido a el ISDS en ms de 600 ocasiones para impugnar medidas gubernamentales.


en el derecho a la vida, al alimento, al agua y a la higiene, a la salud, al alojamiento, a la educacin, a la ciencia y a la cultura, a mejores normas labo-rales, a un sistema judicial independiente, a un medio ambiente limpio y al derecho a no ser de-splazados a la fuerza.Los expertos han indicado que las reglas inversor-Estado protegen a los inversores pero no a los Estados ni a sus poblaciones. Si analizamos el his-torial de los acuerdos de compensacin del ISDS, los expertos en derechos humanos de la ONU han concluido que la funcin regulatoria de muchos Estados y su capacidad para legislar en inters pblico estn en peligro.13 Cul es la experiencia de Canad con el ISDS bajo el NAFTA?

El NAFTA fue el primer acuerdo comercial fir-mado por pases desarrollados que incluy una disposicin para la resolucin de litigios inversor-Estado. Garantiza a los inversores del continente el derecho a demandar a otro gobierno dentro del acuerdo sin necesidad de haber presentado previamente acciones legales a travs del sistema jurdico del propio pas. Antes del NAFTA, las dis-posiciones del ISDS solo se negociaban entre pas-es desarrollados y pases en vas de desarrollo. Como resultado de las impugnaciones del ISDS bajo el NAFTA, Canad es ahora el pas desarrol-lado ms demandado del mundo. Canad ha sido demandado ms veces que EE. UU. o Mxico. De las 77 demandas inversor-Estado del NAFTA con-ocidas, 35 han sido contra Canad, 22 han tenido como objetivo a Mxico y 20 han estado dirigidas a EE. UU. El gobierno estadounidense ha ganado 11 de sus casos y nunca ha perdido un caso inversor-Estado del NAFTA ni pagado ninguna compensacin a empresas canadienses ni mexicanas. Esto de-muestra que, aunque los acuerdos comerciales parecen amenazar a todas las partes de igual forma, los pases ms fuertes suelen ser ms in-

munes a las impugnaciones por motivos comer-ciales.14 Canad ha pagado a las empresas estadoun-idenses ms de $200 millones (aproximadamente 135 millones) en los siete casos que ha perdido y los inversores extranjeros pretenden obtener ahora ms de $2600 millones (aproximadamente 1750 millones) del gobierno canadiense en nuevos casos. La defensa es cara, incluso la de aquellos casos que se pierden. Canad ha gastado hasta la fecha ms de $65 millones (aproximada-mente 45 millones) en su propia defensa en im-pugnaciones del NAFTA. Los informes del Centro Canadiense para Polticas Alternativas indican que casi dos tercios de las demandas contra Canad fueron impugnaciones de medidas para la proteccin medioambiental o sobre la gestin de recursos que supuestamente interferan con el beneficio de empresas estadou-nidenses.Entre los casos se incluyen:

Ethyl, una empresa qumica estadounidense, gan la impugnacin de una prohibicin ca-nadiense a las importaciones de gasolina con MMT, un aditivo que se sospecha que es una neurotoxina. El gobierno canadiense derog la prohibicin y pag a la empresa $13 mil-lones (aproximadamente 8,8 millones) por su prdida de beneficios.


S.D. Myers, una empresa de retirada de re-siduos estadounidense, impugn una pro-hibicin de exportacin de residuos de PCB txicos similar. Canad pag a la empresa ms de $6 millones (aproximadamente 4 mil-lones). Un comit del NAFTA orden al gobierno ca-nadiense el pago a Exxon-Mobil, la empresa petrolera y de gas ms grande del mundo, de $17,3 millones (aproximadamente 11,6 millones) cuando la empresa impugn las normas gubernamentales que establecan que los inversores en exploraciones offshore en la provincia de Newfoundland y Labrador, donde la empresa mantiene un gran volumen de actividad, estaban obligados a invertir en investigacin y desarrollo local. La empresa Bilcon Construction, con sede en New Jersey, est solicitando $300 000 (aproximadamente 200 000) por daos al gobierno canadiense al ganar una impugn-acin del NAFTA tras el rechazo por parte de un comit de evaluacin medioambiental de

su plan de construccin de una gigantesca cantera y terminal marina en una zona medio-ambientalmente sensible de Nova Scotia y de enviar por barco agregado de basalto a travs de la baha de Fundy, el lugar con las mareas ms altas del mundo. El gigante qumico Dow AgroSciences utiliz el NAFTA para obligar a la provincia de Que-bec, tras la prohibicin del 2,4-D, un pesticida que el Consejo de Defensa de los Recursos

Naturales afirma estar relacionado en mu-chos estudios con el cncer y el dao celular, a reconocer pblicamente que el qumico no supone un riesgo inaceptable a la salud hu-mana, opinin que hasta entonces haba man-tenido el gobierno. El gobierno canadiense pag al gigantesco fabricante estadounidense de papel Abiti-biBowater $130 millones (aproximadamente 88 millones) despus de que la empresa uti-lizar con xito el NAFTA para exigir una com-pensacin por los derechos de agua y tala no disfrutados al abandonar sus operaciones en la provincia de Newfoundland y Labrador despus de 100 aos, dejando de pagar las pensiones de los trabajadores. Esta impugn-acin es especialmente alarmante porque da al inversor extranjero derecho a exigir una compensacin por recursos que utiliz mien-tras operaba en otra jurisdiccin. Mesa Power Group, una empresa energtica propiedad del multimillonario de Texas T. Boone Pickens, est reclamando $775 mil-lones (aproximadamente 523 millones) en una impugnacin de la ley de Energa Verde de la provincia de Ontario, que da acceso pref-erente a los operarios de las plantas elicas locales. Lone Pine, una empresa energtica cana-diense, est demandando al gobierno cana-

diense a travs de su filial estadounidense por $250 millones (aproximadamente 152 mil-lones) porque la provincia de Quebec aprob

AbitibiBowater: $130,000,000 Lone Pine: $250,000,000 Eli Lilly: $500,000,000 Mesa Power Group: $775,000,000


una moratoria temporal de todas las activi-dades de fracturacin hidrulica bajo el ro St. Lawrence hasta que se realicen ms estudios. Esta impugnacin es preocupante porque una empresa nacional est utilizando a una filial extranjera para demandar a su propio gobi-erno.

Eli Lilly, un gigante farmacutico estadou-nidense, est exigiendo a Canad $500 mil-lones (aproximadamente 337 millones) tras recurrir en tribunales canadienses de tres instancias, que le denegaron una extensin de la patente de uno de sus productos. Este caso es especialmente alarmante porque impugna las leyes canadienses segn la interpretacin que de ellas hacen los tribunales canadienses y representa una nueva frontera para las im-pugnaciones del ISDS. Estos y otros ejemplos demuestran que acuerdos comerciales y de inversin como el NAFTA dan a las empresas multinacionales nuevos e impensa-bles derechos para imponer su propia voluntad a los gobiernos. Pero probablemente solo son la punta de iceberg porque muchas de las leyes nue-vas o de las modificaciones de las leyes existentes nunca vern la luz debido al enfriamiento moti-vado por la contencin previa. Poco despus de la firma del NAFTA, el gobierno canadiense adopt una nueva poltica segn la cual todas las leyes nuevas y los cambios a las leyes existentes tienen que ser vetados por expertos comerciales para garantizar que no sean impugnados por la reglas del ISDS. Es tan importante el CETA como el TTIP? Muchos europeos conocen con bastante detalle el TTIP, el acuerdo con Estados Unidos, y estn muy preocupados. Pocos europeos han odo hablar del CETA. Muchos de los que s lo conocen, sin embargo, estn menos preocupados sobre el acu-erdo con Canad. No son los estndares, valores y normativas canadienses en reas como la salud,

el trabajo, los derechos humanos, la seguridad alimentaria y la proteccin medioambiental ms cercanos a los europeos que a los de Estados Uni-dos?Este es el argumento que se escucha en Canad. Muchos canadienses se opusieron a los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos por miedo a estar obligados a armonizar el nivel de proteccin social por abajo. Sin embargo, muchos canadiens-es estn mucho ms abiertos a un acuerdo con Europa porque no perciben una amenaza similar a su modo de vida.Pero esta forma de pensar presenta varios fallos. En primer lugar, no importa quin tenga el nivel de proteccin social ms elevado. Lo importante es que empresas a ambos lados del Atlntico utilizarn la cooperacin regulatoria y las dis-posiciones del ISDS del CETA para bajar los es-tndares de manera generalizada. Adems, tanto en Canad como en Europa, ya existen procesos internos muy comprometidos con la desregu-lacin de los estndares sobre medio ambiente, salud y condiciones laborales y sobre la privati-zacin de los servicios pblicos. El CETA acelerar este proceso tanto en Europa como en Canad.Pero quiz el punto ms importante que debe preocupar a los europeos sobre el CETA es que es una herramienta para que las empresas estadou-nidenses impugnen los estndares y regulaciones europeos a travs de sus subsidiarias en Canad. Para impugnar las leyes europeas utilizando el ISDS, lo nico que tendra que hacer cualquier empresa grande estadounidense de los sectores


de la agricultura, la energa o farmacutica es uti-lizar a sus subsidiarias en Canad, pas donde mu-chas ya estn presentes, o, si no lo estn, crearla.Si los europeos consiguen que no se incluya el ISDS en el TTIP pero se permite la implement-acin del CETA en su estado actual, las empresas estadounidenses podrn demandar a Europa como si se hubiera firmado el TTIP incluyendo el ISDS.Timoth Feodoroff del Transnational Institute afirma que el CETA permitir a las grandes em-presas petroleras y de gas estadounidenses im-pugnar las prohibiciones y regulaciones europeas sobre la fracturacin hidrulica por la puerta de atrs. Las empresas solo necesitaran tener una subsidiaria o una oficina en Canad, observa. Canad ya utiliz las negociaciones sobre el CETA, entonces en curso, para que Europa disminuyera las exigencias de su Directiva sobre la Calidad del Carburante, una pieza fundamental de la leg-islacin de la UE que permita distinguir entre varias formas de importaciones de carburante dependiendo de su emisin de CO2. Friends of the Earth Europe afirma que esto permitir el acceso sin restricciones a Europa de crudo de arenas bituminosas de Alberta, donde las emisiones de CO2 son un 23 por ciento ms elevadas que las del petrleo convencional. El gobierno canadiense est apoyando esta posibilidad.15 Mike Hudema de Greenpeace Canad lament que ms que tratar de remediar la crisis climtica en Canad, el gobierno canadiense est intimidando a otros gobiernos para que rebajen sus exigen-cias medioambientales y poder as vender ms petrleo sucio.A muchos europeos les preocupa tambin que el TTIP termine suponiendo una bajada de los es-tndares de seguridad alimentaria y del cuidado de los animales, que son generalmente ms eleva-dos en Europa que en EE. UU. Los amigos de Earth Europe y del Centro para la Seguridad Alimentar-ia estadounidense advierten de que las exigencias de la cooperacin regulatoria del TTIP conceden

claramente a un nuevo rgano formado por ex-pertos comerciales y regulatorios el derecho a filtrar todas las reglas de seguridad alimentaria nuevas, transfiriendo el poder de los gobiernos a representantes del sector.16

Ya hay seales de cumplimiento normativo. Euro-pea abandon su prohibicin de ternera baada en cido lctico para suavizar las conversaciones sobre el CETA y el TTIP, ya que ambos pases per-miten esta prctica y estn interesados en abrir el mercado europeo a sus exportaciones de ternera. Sin embargo, si en el futuro la UE decidiera recu-perar la prohibicin de esta prctica, las empre-sas agrcolas de EE. UU. podran demandarla y exigir una compensacin de acuerdo con el CETA. Food and Water Watch Europe (FWWE) advierte en este importante informe que el TTIP y el CETA se pueden utilizar para impugnar las leyes euro-peas sobre transgnicos, ms estrictas. Hoy en da, informa FWWE, Europa solo ha aprobado un cultivo transgnico y cultiva menos de 0,1% de los cultivos genticamente modificados del mun-do. Empresas biotecnolgicas estadounidenses como Monsanto y Dow podran oponerse a las aprobaciones en Europa en base a las disposi-ciones de ISDS del TTIP o del CETA y empresas biotecnolgicas europeas como BASF y Syngenta podran atacar los intentos estadounidenses de etiquetado de los productos alimentarios.17

El CETA es una forma encubierta que tienen las empresas estadounidenses para oponerse a las normas y regulaciones de Europa a travs de sus subsidiarias en Canad.


Las empresas sanitarias privadas estadoun-idenses podran tambin utilizar el CETA para oponerse a los servicios de salud pblica. John Hilary de la britnica War on Want seala que los servicios de salud, mdicos y dentales se incluyen todas en las negociaciones del TTIP. Hilary afirma que esto pone en peligro el Servicio de Salud Na-cional (NHS) de Inglaterra. Tras aos de privatiza-ciones, existe una demanda creciente para que el NHS vuelva a estar bajo control del Estado.19 Pero, como l indica, ningn gobierno futuro in-tentara hacerlo si estuviera amenazado por posi-bles disputas inversor-Estado bajo el TTIP o, si el TTIP no fuera ratificada o no incluyera el ISDS, bajo el CETA. Existen amenazas similares al movimiento de remunicipalizar los servicios de agua privados. Aunque el agua es un recurso excluido del CETA, los servicios privatizados no. Una vez que el municipio ha privatizado sus servicios de agua, cualquier inversor norteamericano con intereses en esos servicios puede presentar una impug-nacin y exigir una compensacin en base a el ISDS. Como seala Brent Patterson, Director Poltico de Council of Canadians, muchos fondos de pensiones pblicos norteamericanos estn in-vertidos en servicios privados de agua de todo el mundo. Qu ocurre si Inglaterra decidiera dejar de pa-gar tarifas de agua ms elevadas y volviera a in-cluir los servicios de agua privados bajo el control pblico?, pregunta. Los inversores canadienses podran oponerse. El Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario es propietario del 27 por ciento del Northumbrian Water Group (que sum-inistra sus servicios de agua a unos 4,4 millones de clientes en Inglaterra) y el Plan de Pensiones de Canad es propietario de un tercio de los Ser-vicios de Agua Anglian Water Services (que sum-inistra agua a unos seis millones de personas). Ambas empresas son muy rentables para estos fondos de pensiones canadienses y la punta del iceberg.19

Incluso en s mismo, el CETA supone una amenaza para los estndares medioambientales en Europa. Setenta y cinco por ciento de las empresas de minera del mundo estn basadas en Canad, ya que las reglas para cotizar en bolsa de dicho pas son muy laxas. Un informe del sector concluy que el sector minero de Canad tiene el peor his-torial medioambiental y de derechos humanos del mundo.20 Una empresa canadiense, Gabriel Resources, que-ra construir en Rumana la mayor mina de oro de Europa e invirti en una primera exploracin. Pero la oposicin local a una mina a cielo abierto en Rosia Montana termin en su cancelacin. La empresa ha informado de que tiene intencin de exigir una compensacin de $4000 millones (aproximadamente 2700 millones) y que en-cuentra en el CETA una importante herramienta para defender sus intereses. El CETA otorgara tambin a la empresa minera canadiense Eldo-rado Gold un poder similar para demandar a Gre-cia si el gobierno de Syriza sigue adelante con su promesa de cancelar la mina de Skouries, perju-dicial para el medio ambiente, en el norte del pas.Qu hay de los intentos de reformar el ISDS? Ha habido una amplia oposicin a estos y a otros acuerdos comerciales y de inversin propuestos en Europa pero especialmente a el ISDS. Millones de ciudadanos en toda Europa han expresado su preocupacin en los parlamentos de Francia, Ale-mania, Austria, Blgica, Hungra y Grecia.Como respuesta, la Comisin Europea ha anuncia-do un plan para reformar el ISDS estableciendo un nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones que a sustituira todas las negociaciones sobre inversin presentes y futuras, incluyendo el actual sistema de ISDS en el TTIP. La Comisin afirma que el nuevo sistema estar compuesto por jueces completamente cualificados, que los procesos judiciales sern completamente transparentes y que los casos se decidirn siguiendo un sistema


con reglas claras. La capacidad de los inversores de llevar un caso a los tribunales se definira de forma precisa y estara limitada a casos como la discriminacin por motivos de gnero, raza, na-cionalidad o religin, la denegacin de justicia o la expropiacin sin compensacin. Adems, el tribunal estar sujeto a revisin por parte de un Tribunal de Apelacin. La Comisin promete que estas reformas protegern el dere-cho de los gobiernos a regular y garantizar que las disputas sobre inversiones estn siempre sometidas al imperio de la ley. Ms lejos an, la Comisin propone colaborar con otros pases para establecer un Tribunal de Inversin In-ternacional permanente que sustituya a otros mecanismos de resolucin de disputas de inver-sin basados en principios similares. Estas propuestas representan sin duda una gran mejora del sistema actual e incluso un cierto avance en el cumplimiento de los objetivos de quienes han estado reclamando un tribunal de inversin internacional basado en diferentes principios a los existentes en el sistema actual. El experto canadiense en comercio Gus Van Harten se encuentra entre quienes piden un sistema de resolucin de disputas basado en la independen-cia, justicia, apertura, subsidiariedad (autoridad local) y equilibrio. Si bien Van Harten reconoce que las reformas propuestas por la Comisin Europea han ido ms all de las reformas bsicamente falsas de algo potencialmente ms importante, le sigue preocu-pando que estas reformas no lleguen a exigir a los inversores extranjeros, como a cualquier otro, in-cluyendo los inversores nacionales, que acudan a tribunales nacionales de un pas antes de recurrir por la va internacional. La Comisin parece resu-elta, afirma en un informe, a otorgar un estatus especial a las empresas extranjeras, permitindo-las oponerse a las leyes a las que estn sometidos todos los dems. Esto es especialmente inqui-etante, afirma, ya que Europa tiene, posiblemente, los tribunales ms consolidados del mundo.21

Tanto Greenpeace como Friends of the Earth Europe estn de acuerdo con esta valoracin, afirmando que el nuevo sistema sigue dando a los inversores extranjeros un sistema de justicia privilegiado. Otros han tenido reacciones ms fuertes. La britnica Global Justice Now nos re-cordaba que casi tres millones de europeos han firmado una peticin rechazando el TTIP y que el 97 por ciento de los participantes en una consulta rechazaron las disposiciones inversor-Estado en cualquiera de sus formas. Ellos, y muchos otros, aseveran que los tribunales de Europa son sufi-cientes para ocuparse de las disputas.Existen dos otros puntos preocupantes en las reformas propuestas. Uno es que no tocan todos los dems aspectos del CETA y del TTIP que son especialmente inquietantes, como la retirada de la autoridad local sobre el abastecimiento local, la liberalizacin de los servicios y, por supuesto, el proceso de cooperacin regulatoria. Pero el problema ms notorio es la exclusin del CETA del nuevo sistema. Al ser considerado un acuerdo concluido, pese a no haber sido an ratificado ni en Canad ni en Europa, la Comisin Europea ha dejado intactas las disposiciones del ISDS del CETA y, como se describe arriba, esto es como mantenerlas en el TTIP. De hecho, en septiembre de 2015, el bloque socialista del Parlamento Europeo declar claramente que no apoyara las reformas propuestas por la Comisin a menos que se apliquen tambin al CETA. Hay un ltimo problema con estas reformas. EE. UU. las ha rechazado completamente. Stefan Selig, Vicesecretario de Comercio de EE. UU., afirmaba el pasado mes de mayo que EE. UU. no ve la necesidad de un nuevo tribunal internacional para solucionar disputas del TTIP y declar la validez del actual sistema de ISDS.22

Qu tipo de colaboracin se puede establecer entre los pases para im-pedir estos acuerdos?Este informe se ha redactado en un intento de mostrar a los europeos porqu el CETA es tan im-portante como el TTIP y para ayudar a formar un movimiento entre los activistas y organizaciones canadienses, europeos y estadounidenses que luchan contra estos perniciosos acuerdos comer-ciales y de inversin. Es crucial que los activistas y grupos europeos consideren el CETA prioritario, porque nos queda poco tiempo para rechazarlo. Esto significa, como escribi recientemente la Seattle to Brussels Network en una carta abierta a los gobiernos eu-ropeos y a los miembros del Parlamento Europeo (MEP), que la Comisin Europea debera realizar un anlisis completo del texto del CETA, incluyen-do las repercusiones sobre los derechos humanos, la salud, el empleo, el medio ambiente y el espacio democrtico para que los cargos electos protejan el bien pblico. La Comisin y las autoridad elec-tas han podido responder a la creciente preocu-pacin sobre el CETA y organizar foros pblicos sobre este asunto.The Network pide tambin a los MEP que no fir-men el CETA, al menos hasta que tengamos respu-estas crebles a todas estas preguntas. En nuestra opinin, afirma The Network, el hipottico cre-cimiento del 0,09% previsto en el estudio de las prenegociaciones de 2008 no justifica la firma a ciegas de un tratado pensado principalmente para que los lobbies corporativos aumenten la presin sobre la democracia y nuestros derechos.23 Adems, es importante trabajar dentro de los go-biernos para que se comprometan a someter el CETA a la ratificacin de los rganos legislativos de cada uno de los 28 estados europeos y del Parlamento Europeo. Muchos gobiernos han ex-presado suficientes dudas sobre el CETA y el ISDS y todos ellos deberan poder votar este polmico acuerdo.

Nosotros en Canad haremos lo que nos cor-responde trabajando tras la eleccin federal con (esperamos) un nuevo gobierno que estar ms abierto que el gobierno actual a escuchar nuestras inquietudes sobre el CETA. Al final, quiz la formacin de movimientos de jus-ticia transnacionales, como hemos estado hacien-do en una gran variedad de asuntos, es lo ms im-portante que podemos hacer. Claramente tenemos que oponernos a la agenda econmica y poltica y al poder corporativo que se esconde tras un con-cepto como el ISDS. La mundializacin econmica, el crecimiento ilimitado, la desregulacin de las protecciones medioambiental, de salud y de segu-ridad, la privatizacin de los servicios pblicos y la dominacin del mercado son todos ellos sellos dis-tintivos del TTIP, del CETA y del ISDS y debemos sustituir estas prioridades por otras si queremos sobrevivir, nosotros y el planeta.

Es crucial que los activistas y grupos europeos consideren el CETA prioritario, porque nos queda poco tiempo para rechazarlo.


Notas finales

1.Campbell, Bruce. FTA at 25, NAFTA at 20. Centro Canadiense para Polticas Alternativas (CCPA). Diciembre de 2013.2. Sierra Club of Canada, Sierra Club US, Council of Canadians, Mexican Action Network on Free Trade and Institute for Policy Studies. NAFTA: 20 Years of Costs to Communities and the environment. Marzo de 2014.3. CCPA. Making Sense of the CETA: An Analysis of the final text of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement. Septiembre de 2014.4. Transnational Institute. State of Power, 2015, An annual anthology on global power and resistance. 2015.5. Whittington, Les. EU trade pact could weaken Ottawas power to regulate banks. Toronto Star. 7 de septiembre de 2015.6. Corporate Europe Observatory. TTIP: Regulations Handcuffed. 28 de enero de 2015. 7. Kennedy Jr., Robert F. Crimes Against Nature, How George W. Bush and His Corporate Pals Are Plundering the Country and Highjacking Our Democracy. HarperCollins. 2005. 8. Barlow, Maude. Blue Betrayal, The Harper Governments Assault on Canadas Freshwater. Council of Canadians. 2015. 9. Barlow, Maude. Broken Covenant: How Stephen Harper Set Out To Silence Dissent and Curtain Democratic Participation in Canada. Council of Canadians. 2015.10. Mann, Howard. ISDS: Who Wins More, Investors or States? IISD for UNCTAD. 24 de junio de 2015.11. Eberhardt, Pia y Olivet, Cecilia. Profiting from injustice: How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an invest-ment arbitration boom. Corporate Europe Observatory y Transnational Institute. Noviembre de 2012.12. Ib.13. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. UN experts voice concern over ad-verse impact of free trade and investment agreements on human rights. 2 de junio de 2015.14. CCPA. NAFTA Chapter 11 Investor-State Disputes to January 1, 2015. Enero de 2015.15. Friends of the Earth Europe. Dirty deals: How trade talks threaten to undermine EU climate policies and bring tar sands to Europe. Julio de 2014.16. Centre for Food Safety, GRAIN, IATP. How TTIP undermines food safety and animal welfare. Febrero de 2015.17. Food and Water Watch Europe. TTIP and Genetically Engineered Foods. Abril de 2015.18. Hilary, John. On TTIP and the NHS, they are trying to bamboozle us. 14 de julio de 2014.19. Patterson, Brent. Europeans face investor-state challenges with CETA. Council of Canadians. martes, 12 de noviembre de 2013. 20. Whittington, Les. Canadian mining firms worst for the environment, rights: Report. Toronto Star. martes, 19 de octu-bre de 2010.21. Van Harten, Gus. A Parade of Reforms: The European Commissions latest proposal for ISDS. Facultad de Derecho Os-goode. mircoles, 6 de mayo de 2015.22. EU Observer. US rejects EU proposal on free trade tribunal. lunes, 11 de mayo de 2015.23. Seattle to Brussels Network. CETA Open letter. Julio de 2015.

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Lucha contra el TTIP, el CETA y el ISDS: lecciones de Canadá

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