Escasa fiscalización a millonarios convenios:

Los secretos del Mineduc en la reubicación

de estudiantes de la Universidad del Mar

A partir de 2013, el Ministerio de Educación (Mineduc) reubicó a 3.500 estudiantes de los 14 mil

que dejaron inconclusos sus estudios en las 120 carreras de la Universidad del Mar (UDM). Tras la

orden de cierre por problemas de gestión y abandono del proyecto educativo, la cartera entregó

más de $18 mil millones a 26 planteles superiores para completar los estudios de los alumnos.

Pero la cartera no habría verificado la efectividad de estos convenios. En el caso de la Universidad

Finis Terrae se financió un plan que finalmente no recibió alumnos. En la de Playa Ancha acogieron

algunos profesores UDM y en la Silva Henríquez sumaron al proceso a un vicerrector de dicho

plantel. E incluso un grupo de alumnos regresó a la UDM acusando un bajo nivel académico en los

programas, mientras otro optó por demandar al Estado por los perjuicios del escándalo. Pese a lo

anterior, la cuestionada institución seguirá funcionado hasta 2018 y colocará el timbre en el título

de los estudiantes reubicados.

POR: JONATHAN FLORES BELMAR

El 11 de enero de 2013, por primera vez en la historia universitaria chilena, el Ministerio

de Educación (Mineduc) decidió revocar el reconocimiento oficial a una casa de estudio

autónoma: la Universidad del Mar (UDM). Una decisión tomada a raíz de los cuestionamientos que

paralizaron el funcionamiento del plantel a principios de 2012, cuando se conoció el irregular

proceso que le permitió acreditarse y el retiro de utilidades a través de una red de sociedades

inmobiliarias con fines de lucro. En consecuencia, cerca de 14 mil alumnos quedaron a la deriva en

15 sedes de Arica a Punta Arenas, en las que se dictaba un total de 120 carreras.

Por esta razón, a fines de ese año el Mineduc puso en marcha un plan de reubicación para

que parte de los estudiantes afectados pudieran continuar sus estudios en otros planteles. En este

proceso se involucraron 26 casas de estudio. Seis de ellas firmaron un acuerdo de movilidad

académica con la cartera donde se comprometían a recibir alumnos, mientras que las otras 20 sólo

suscribieron un acuerdo de intenciones, en el que estipularon bases de trabajo para ofrecer

alternativas a los alumnos. Con el fin de ayudar en su reinserción, algunas universidades

elaboraron diversos programas de nivelación para apoyar a los estudiantes antes y durante su

paso por sus aulas. Pero no ocurrió así en todos los casos.

A fines de 2013, un grupo de 24 alumnos que quedó a la deriva en la Escuela de Medicina

de la sede Iquique se acercó al Mineduc pidiendo una solución a su continuidad de estudios y, en

lo posible, retomar su carrera en la misma ciudad, pese a que no hay más casas de estudio que

impartan dicha disciplina en la capital de la región de Tarapacá.

Más de cinco meses después, en mayo de 2014, Magdalena Garretón, coordinadora del

Mineduc para el proceso de reubicación y cierre de la UDM, se reunió con los estudiantes y les

manifestó el interés del ministerio por elaborar un proyecto que permitiera reubicar a todos los

afectados. En noviembre de ese año volvió a Iquique para presentarles la propuesta.

Según Christian Salvatierra, uno de los estudiantes afectados, Garretón les explicó en una

reunión que la única alternativa era un proyecto realizado en conjunto con la Universidad Finis

Terrae (UFT) de Santiago, quienes les tomarían un examen que incluiría todo el contenido de

primero a quinto año. En rigor, tal como señaló el decano de Medicina UFT Alberto Dougnac, les

indicaron dos propuestas. Para quienes ya estaban en sexto año, se les planteó un examen con los

contenidos de primero a quinto. Mientras que a otro grupo, que recién comenzaba cuarto año, se

les ofreció una prueba que englobaba de primer a tercer año. Al mismo tiempo, les aclararon que

la reprobación de ese examen los privaría de cualquier eventual continuidad de estudios. Mientras

que al aprobar, la UFT se comprometía -en conjunto con la Asociación de Facultades de Medicina

de Chile (Asofamech)- a certificar que tenían los conocimientos demostrados en el examen. Pero

de todos modos aún no quedaba claro cuál sería la solución final. Eso dependería de la cantidad de

alumnos que aprobara la prueba, ya que luego de eso se definiría el programa que les permitiría

seguir con su carrera.

“Ellos querían saber si nosotros teníamos las competencias para seguir estudiando, pero a

la vez, si salíamos aprobados, nadie garantizaba una continuidad de estudios en ningún lugar”,

explicó Salvatierra. Una situación diferente a la que se aplicó en otros procesos de movilidad para

estudiantes UDM, tal como el caso de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez (UCSH) o la

Universidad de Playa Ancha (UPLA), donde las nivelaciones fueron una forma de reforzar

conocimientos, pero que en ningún momento consideró excluirlos de continuar sus estudios.

Dougnac explicó que en este caso fue distinto debido a que la “malla (de Medicina UDM)

era totalmente diferente a todas las otras mallas que existen en Chile” y además tenía ciertas

deficiencias que debían ser mejoradas. Por esa razón se pensó en crear un plan académico nuevo

en lugar de continuar con el mismo, tal como se hizo en los otros planteles superiores.

En enero de este año, catorce de ellos asistieron al proceso de nivelación y preparación

para el examen en la UFT de Santiago, el cual duró una semana. En esa instancia repasaron los

contenidos que se incluirían en el examen y les mostraron la modalidad bajo la cual serían

evaluados posteriormente. Pero la mayoría de ellos no estaba conforme con la propuesta ni sus

condiciones, por lo que el grupo –ya de regreso en Iquique– envió una carta a comienzos de abril

al secretario regional ministerial (seremi) de Educación de Tarapacá, Francisco Prieto; al jefe de la

División de Educación Superior (Divesup), Francisco Martínez; y a Magdalena Garretón, pero no

obtuvieron respuesta.

Finalmente, a mediados de abril, sólo seis aceptaron rendir la evaluación en la sede

Iquique de la Universidad del Mar y bajo los términos mencionados. Tenían que contestar 125

preguntas en tres horas. “Obviamente que quedamos cortos. Varios compañeros entregamos

vacías las últimas diez preguntas porque te quitaban la prueba”, relató Gonzalo Briceño, uno de

los estudiantes que rindió el examen. Terminaron a las 12:30. Esperaron cuarenta minutos por los

resultados. Y todos reprobaron. Ninguno cumplió con las 75 respuestas correctas que como

mínimo se pedía para aprobar.

Alberto Dougnac detalló que cuatro de ellos reprobaron el examen de primero a tercero,

por lo que quedaron fuera del programa. Y de los otros dos que se presentaron al de quinto año,

uno entregó la prueba en blanco. El otro, en tanto, estuvo cerca de aprobar. Pero a diferencia de

sus compañeros, se les dio la opción de comenzar desde cuarto año. Uno de ellos se reubicó por

su cuenta en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y el otro continuó desde cuarto

año en la UFT en Santiago, pese a que cursó 6 años en la UDM.

Según explicó Briceño, nunca tuvieron acceso a ver la corrección de sus exámenes. “La

Finis Terrae quería que nosotros quedáramos ok con lo que ellos nos pasaron en una semana.

Imposible”, remarcó. Por su parte, Dougnac precisó que dicho proceso nunca intentó ser una

nivelación, sino más bien un curso para refrescar los contenidos vistos por los estudiantes durante

sus años de estudio, sobre todo considerando que ya habían dejado las salas de clases tres años

atrás. Y también para explicarles a los alumnos el tipo de evaluación al que serían sometidos. Sea

como sea, la UFT recibió los $50 millones comprometidos por el ministerio y, tras dicho episodio,

la continuidad de estudios de la mayoría de ellos quedó sin resolver.

Dentro del programa de la Universidad Finis Terrae también se consideró un Diplomado en

Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud y Educación Médica, que se dictó entre el 11 de

marzo y el 20 de mayo de 2015. Pero no era para los alumnos, sino para profesores de Medicina

de Iquique, a los que era necesario formar pensando en la posibilidad de implementar el plan de

continuidad una vez que los estudiantes aprobaran el examen que se les aplicó.

Allí participaron quienes fueron docentes de la Universidad del Mar y algunos

profesionales de la red asistencial pública de Tarapacá. Con recursos del Mineduc, 16 académicos

cursaron el diplomado en Iquique. Pero como todos los estudiantes reprobaron la evaluación para

optar a la continuidad de estudios, los recursos gastados en capacitar a los profesores de la UDM

Iquique fueron inútiles; es decir, una vez que terminaron el curso, ya no había necesidad de sus

servicios ni tampoco obligación de elaborar un plan para los estudiantes mencionados.

- ¿Entonces el proceso de capacitar docentes no sirvió para acoger alumnos?

- No sirvió. Porque al final no hubo ningún alumno que entrara en el proceso.

- ¿Fue un fracaso?

- En cierta medida. Un fracaso del proyecto, en cierta medida, sí. Porque no pudo cumplir el

objetivo para el cual había sido diseñado, recalcó Dougnac.

Pero dicha situación no fue el único revés del Mineduc en la utilización de los fondos

públicos asignados en favor de los estudiantes de la UDM. También destaca la cuestionable

decisión de permitir que algunos ex profesores de la Universidad del Mar hagan clases a los

alumnos reubicados tanto en la UPLA como en la UCSH. Mientras que en esta última incluso se

dejó a cargo del proceso a un ex vicerrector de la UDM, que que forma parte del grupo de

acreedores que hoy reclama su inversión (el pago de los créditos) a los estudiantes, pese al

escandaloso cierre de la entidad.

Además de eso, los alumnos reciben el título de la Universidad del Mar cuando terminan

su proceso de reubicación, sin importar que finalicen su formación en otros planteles. Por su

parte, el ministerio tampoco habría fiscalizado la efectividad de la implementación de los

convenios, pese a los reclamos de algunos estudiantes sobre el bajo nivel académico de éstos,

quienes incluso optaron por regresar a la UDM a terminar sus estudios.

Los inconvenientes no sólo ocurren en la UFT, sino también en la UCSH y en la UPLA,

donde sus encargados y estudiantes reconocen que los procesos de nivelación tampoco han

obtenido los resultados esperados a la fecha. Lo anterior, pese a que el Mineduc entregó más de

$4 mil millones a 17 universidades sólo para financiar dichos planes.

Nivelaciones insuficientes

Los proyectos de nivelación han sido implementados desde 2013 hasta la fecha con la idea

de mejorar las competencias de los alumnos provenientes de la Universidad del Mar al momento

de integrarse a otras casas de estudio, ya que –según las instituciones en que fueron recibidos–

muchos de ellos llegaron con una preparación académica deficiente. Para remediar esas falencias

es que el ministerio decidió agregar este apoyo académico al proceso de reubicación.

Si bien cada convenio tuvo sus particularidades, las nivelaciones se desarrollaron en 3

etapas. Tras el diagnóstico, se consideró la entrega de contenidos que no fueron abordados en la

Universidad del Mar. Luego una etapa de reforzamiento en aquellas materias que los alumnos ya

habían cursado en la UDM, pero que eran insuficientes ante el nuevo nivel de exigencia que se les

impuso en la casa de estudios en la que fueron reubicados (ya que no todos los profesores

provenían de la U. del Mar). Y finalmente, una actividad de seguimiento para ver el grado de

avance de los estudiantes a medida que continuaban con su malla académica.

Dichas iniciativas se implementaron, además de la UFT, en las universidades de Tarapacá

(UTA), Arturo Prat (UNAP), de Antofagasta (UA), Católica del Norte (UCN), de Atacama (UDA),

Católica del Maule (UCM), Católica de Temuco (UCT), Austral de Chile (UACh), de Magallanes

(UMAG), de Los Andes (UANDES), Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Iberoamericana,

Santo Tomás (UST), Andrés Bello (UNAB), Católica Silva Henríquez (UCSH) y de Playa Ancha (UPLA).

Pero, aparentemente, los fracasos no sólo se remiten a la Universidad Finis Terrae. Si bien

los otros planteles universitarios con convenios no consideraron marginar a los alumnos por no

tener los conocimientos adecuados en el diagnóstico, en algunos casos los resultados de los

exámenes tras las nivelaciones también fueron deficientes, como en la Universidad Católica Silva

Henríquez, donde el coordinador de campos clínicos Rodrigo García reveló problemas en las siete

carreras que imparten.

Según explicó, los alumnos comenzaron a llegar al convenio a fines de 2013 e

inmediatamente a cada curso se le aplicó una prueba de diagnóstico para determinar su nivel

académico. Todos obtuvieron malos resultados, considerando que estuvieron mucho tiempo sin

clases. Con dichos antecedentes, fueron sometidos a tres sesiones de nivelación para reforzar las

áreas de peor desempeño en la evaluación. Pero García asegura que los conocimientos

demostrados siguieron siendo deficientes.

Caupolicán Catrileo, director de Bachillerato de la UCSH y quien está a cargo del proceso

de nivelación, confirmó la compleja situación. Aseguró que en principio no se planeó que este

mecanismo de apoyo a los estudios durara tanto tiempo y se esperaba que continuaran sus

estudios en la UCSH con normalidad. A la fecha, más de 100 alumnos de un total de 400 siguen en

nivelación desde 2013, “porque todavía hay que ayudarlos a preparar los informes, los exámenes y

hasta las disertaciones”, confesó el académico. Según Catrileo, otro problema que detectaron fue

la forma de ejercer docencia de los profesores de la UDM, quienes dictaban sus clases como

charlas que no incluían retroalimentación con los estudiantes. “No había trabajos, ni discusión, ni

análisis crítico de nada”, cuestionó. Un método de enseñanza que claramente perjudicó la

formación de los alumnos en la UDM.

Pero los alumnos lo ven de otro modo y reclaman que los módulos de nivelación tenían un

nivel deficiente. Paulina Morales y un compañero, que pidió resguardar su identidad por temor a

represalias, explicaron que en el caso de la carrera de Enfermería los contenidos se veían en un

plazo de dos semanas y muchas veces no reforzaban los contenidos que necesitaban. “Nos

pusieron (materias como) matemáticas y física. Nosotros pedíamos más ramos de fisiopatología,

más farmacología”, reclaman.

Mientras que en el caso de la Universidad de Playa Ancha, el secretario académico del

convenio UPLA-Mineduc Alejandro Vásquez confesó que la nivelación en dicha casa de estudios no

se enfocó tanto en contenidos académicos, sino más bien en apoyarlos psicológicamente en la

reinserción a sus estudios “porque estaban bastante dañados por toda la situación que habían

vivido respecto a la incertidumbre de poder terminar sus carreras”.

Lo anterior, pese a que los proyectos presentados ante el Mineduc hablaban de reforzar

contenidos en lugar de centrarse sólo en apoyo anímico. De hecho, entre los planes presentados al

ministerio, el de la UPLA ofrecía una “nivelación académica y desarrollo integral para alumnos en

convenio de la Universidad del Mar”.

Millonario gasto estatal

Tras la crisis que se desató a propósito del caso de la Universidad del Mar, las dudas

cayeron sobre el sistema de acreditación universitario y el comportamiento de los planteles

privados respecto al lucro. En ese contexto, el ministerio debió tomar un rol protagónico para dar

una solución a los estudiantes afectados y se vio obligado a abrir la billetera para desembolsar más

de $18 mil millones de las arcas fiscales. Pero esta cifra no alcanzó para ayudarlos a todos.

Muchos de los 14 mil alumnos que quedaron a la deriva se reubicaron por su cuenta y

buscaron una nueva casa de estudio sin ayuda del Mineduc. Mientras que otros simplemente

abandonaron sus carreras tras quedar sin alternativas, explicó la ex dirigente estudiantil Susana

Giacaman, quien fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar y

egresada de Nutrición y Dietética de dicho plantel.

Si bien el Estado ha financiado a 26 instituciones de educación superior para que reciban a

alumnos de la UDM, la cantidad total de beneficiados no ha sido especificada, a excepción de los

considerados en los convenios de movilidad estudiantil firmados por el Mineduc con seis casas de

estudio. Se trata de la U. de Tarapacá (UTA), U. de Atacama (UDA), U. de Playa Ancha (UPLA), U.

Católica Silva Henríquez (UCSH), U. Católica del Maule (UCM) y U. de Magallanes (UMAG).

En dichos acuerdos, la UTA se comprometió a recibir 1.000 alumnos. Por su parte, la UDA

acogió a 17 y la UPLA a 600, mientras la UCSH firmó la llegada de 440. En tanto, la UCM aceptó a

1.300 y la UMAG a 150. Se trata de un grupo de 3.507 alumnos que sí recibió ayuda. Gracias al

ministerio fueron relocalizados en nuevas universidades para continuar sus carreras sin perder el

avance curricular que alcanzaron en la UDM.

Conforme a publicaciones de prensa, las primeras propuestas sobre este modelo de

reubicación surgieron en enero de 2013, cuando Harald Beyer estaba a cargo del Ministerio de

Educación. Eso hasta que fue destituido de su cargo el 17 de abril de ese año, tras una acusación

constitucional donde –tanto la Cámara de Diputados como el Senado– lo declararon culpable de

no fiscalizar debidamente el lucro en instituciones de educación superior, entre las que figuraba la

propia Universidad del Mar. Tras ser contactado, Beyer no contestó a los requerimientos para

referirse a los alcances de los convenios mencionados en este reportaje.

Fue su sucesora, la entonces ministra de Educación Carolina Schmidt, quien se encargó de

avanzar en dichas propuestas durante la administración de Sebastián Piñera. De esta forma, en

noviembre de 2013, detalló el financiamiento para los planteles con los cuales el Mineduc

concretó convenios. “Se desarrollan tres fuentes de recursos. Un Fondo de Desarrollo Institucional

(FDI) que se entrega a cada plantel de $400 millones, hay una beca de nivelación por cada uno de

los alumnos que es de $1 millón de pesos por persona y a los alumnos se les garantiza una beca de

arancel para que puedan completar sus estudios”, recalcó en esa ocasión al diario La Tercera.

Aunque, según un informe entregado por el Mineduc a la Cámara de Diputados en junio pasado,

en la práctica los fondos no se otorgaron exactamente de la forma señalada por la ministra en ese

momento. A fines de junio pasado, Schmidt renunció al directorio de Enersis y a la dirección

ejecutiva del Teatro del Lago de Frutillar para radicarse en Barcelona a partir del 1 de julio, por lo

que –pese a los intentos– no fue posible contactarla para pedirle más detalles sobre cómo se

fraguaron los convenios.

Según define un boletín del Mineduc de octubre de 2013, el FDI financia proyectos que

contribuyen al desarrollo de las instituciones superiores en dos líneas: emprendimiento estudiantil

(que no se relaciona con los alumnos de la UDM) y modernización de procesos. Ese mismo año,

dicho fondo abrió una tercera línea de Planes de Nivelación. Esta considera a planteles que

incorporen alumnos provenientes de instituciones a las que, necesariamente, les haya sido

revocado su reconocimiento oficial. Es decir, para estudiantes de la Universidad del Mar, ya que es

la única que cumple ese requisito en el país.

De este modo, el FDI 2013 entregó un total de $2.715 millones para la modernización de

procesos, que le permitió a las casas de estudio beneficiadas obtener recursos para mejorar,

principalmente, su infraestructura al momento de recibir alumnos de la UDM y también consideró

otros $500 millones para ejecutar Planes de Nivelación académica.

Ese mismo año también fueron asignados fondos por Planes de Nivelación, que son

distintos a los que considera el FDI, y que financiaron el funcionamiento operacional de las casas

de estudio (profesores, administrativos e insumos) donde continuaron sus estudios los alumnos de

la UDM. El Mineduc entregó $2.881 millones a 16 instituciones de educación superior por dicho

concepto.

Además de dichos planteles universitarios, en julio de 2013 se sumó un convenio firmado

con el Consejo Nacional de Educación (CNED), entidad autónoma del Estado que cautela los

estándares de calidad del sistema educativo chileno. En dicho documento se le pide al organismo

coordinar un proceso de examinación alternativo para los alumnos de la U. del Mar.

Dicha situación se debe a que una vez egresados los alumnos de las universidades en

convenio, el proceso de titulación corre por cuenta de la UDM; es decir, terminan de cursar las

asignaturas en otra universidad, pero el título –a final de cuentas– seguirá llevando el sello de la

Universidad del Mar. Si ésta última no llegara a cumplir con eso, el CNED deberá hacerse cargo de

certificar a los afectados.

Por lo tanto, el Mineduc le entregó $143 millones al CNED por un examen que fue tomado

en diciembre de 2013 a alumnos de las carreras de Enfermería, Kinesiología, Fonoaudiología, tres

pedagogías y tres ingenierías de la UDM. En suma, sólo en 2013 el Mineduc desembolsó $6.239

millones en acuerdos y convenios en favor de los alumnos de la U. del Mar.

Para 2014 al CNED se le entregaron $400 millones adicionales a su presupuesto habitual

para continuar con este proceso. A eso se suman los planes de nivelación del FDI 2014, que

totalizaron $680 millones y fueron asignados a la U. de Atacama, por $90 millones; a la U. Católica

del Maule, por $190 millones; a la U. de Playa Ancha, por $180 millones; a la U. Finis Terrae, por

$50 millones; a la U. Católica de la Santísima Concepción, por $100 millones; y a la U. Austral de

Chile, por $70 millones.

Mientras que por cuenta de los fondos de nivelación no vinculados al FDI, en 2014 se sumó

a la Universidad de Playa Ancha, a la cual se le entregó un total de $3.012 millones. Asimismo, ese

año también se consideró presupuesto para “Becas de Reubicación para los Alumnos de la

Universidad del Mar”, que según el Mineduc totalizó un traspaso de $7.136 millones a las

instituciones receptoras de estudiantes de la UDM.

De este modo, en 2014 se gastaron $11.228 millones, sin considerar las becas de apoyo

que otorgó la Junaeb para los alumnos que fueron reubicados en una zona geográfica distante a la

de su ingreso a la UDM, que suman otros $1.289 millones. Así es como la suma final en gastos

relacionados a estudiantes de la Universidad del Mar llega a los $18.756 millones, una cifra

equivalente –por ejemplo– a la inversión del Mineduc en el Fondo de Fomento de Ciencia y

Tecnología (Fondef); o bien, la mitad del presupuesto para textos escolares de educación básica y

media estimado para 2015. Dicho monto no considera los $11.679 millones asignados como Beca

de Reubicación en el presupuesto 2015, cuyo gasto aún no ha sido rendido porque se trata de

fondos del año académico en curso.

Lo cierto es que la aprobación final de estos programas se realizó en su mayoría el 14 de

julio de 2014 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y quien aparece firmando dichos

documentos es la actual Subsecretaria de Educación Valentina Quiroga. Tras solicitarle una

entrevista para este reportaje, su asesora de prensa advirtió que no tenía espacio en su agenda

para referirse al tema -sobre todo tras el cambio de ministro en la cartera ocurrido el pasado 27 de

junio- y tampoco respondió un cuestionario enviado por mail. Igual situación ocurrió con Francisco

Martínez, jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc, quien –según consta en

los convenios firmados– es el encargado de fiscalizar las irregularidades existentes en los

programas de reubicación.

Y pese a toda la inversión, la UDM permanece abierta y ejerciendo docencia. En primera

instancia la fecha tope para terminar de funcionar fue en febrero de 2015, pero hasta ese

entonces aún quedaban 576 alumnos al interior de la casa de estudio. Por esa razón fue que el

ministerio autorizó que los estudiantes permanecieran cursando sus estudios en la UDM por un

año más; es decir, hasta febrero de 2016.

Por su parte, cerca de 3.500 alumnos permanecen en los convenios firmados entre el

Mineduc y otras universidades, quienes una vez egresados también deben recibir el título de parte

de la Universidad del Mar. Es por eso que el Ministerio de Educación prorrogó el cierre total del

plantel universitario hasta 2018, que permanece funcionando únicamente en la sede Recreo de

Viña del Mar. Así lo determinó la cartera a través de un decreto publicado en el Diario Oficial el 27

de noviembre de 2014.

En tanto, Magdalena Garretón, coordinadora del Mineduc en el proceso de reubicación

UDM, también se negó a dar declaraciones debido a que –según expresó– no estaría autorizada

para hablar públicamente sobre el tema. Tampoco respondió un cuestionario enviado por mail dos

meses antes del cierre de este reportaje y que, en su momento, se comprometió a contestar.

En ese contexto, el pasado lunes 7 de septiembre se reunió con un grupo de reporteros

para hablar off the record sobre el proceso de reubicación de estudiantes de la UDM, pero al autor

de este reportaje no se le permitió acceder a esa instancia. La encargada de prensa de la Divesup,

Carolina Araya, se excusó de la marginación diciendo que sólo se aceptó el ingreso de editores de

medios de comunicación.

Cambio de trinchera

La tarde del pasado 10 de marzo, los profesores Jessica Rivera, Sandra Kreisel, María

Celina Becerra, Patricio Saldívar, Maryelsa Rojas, Paulina Zavala y Gabriel Olate, conformaron las

comisiones examinadoras que le otorgaron el título a siete estudiantes de fonoaudiología de la

Universidad del Mar (UDM) reubicados en la sede Traslaviña de la Universidad de Playa Ancha

(UPLA) en Viña del Mar. También se sumó el secretario académico del convenio UPLA Mineduc,

Alejandro Vásquez, quien actuó como ministro de fe.

Todos aprobaron sus proyectos de tesis, lo que les permitió -tras una larga angustia-

finalizar sus estudios de pregrado. Para los alumnos Luis Opazo, María Rodríguez, Consuelo

Hinojosa, Nayaret Pizarro, Makarena Ramírez, Loreto Valenzuela y Jael Olguín fue un día

inolvidable.

A simple vista, fue una jornada sin mayores contratiempos. Excepto por un detalle: los

profesores guía Paulina Zavala y Gabriel Olate no son nombres nuevos para los alumnos. Maryelsa

Rojas tampoco. Los tres fueron, en su momento, docentes de Fonoaudiología de la UDM. Zavala,

quien además es egresada de la U. del Mar, cambió de trinchera de un mes a otro. Según consta

en su perfil de Linkedin, desde marzo de 2012 se desempeñó como coordinadora académica,

docente del área de voz y supervisora de prácticas de dicha carrera en la sede Reñaca de la

Universidad del Mar.

La coordinadora académica, quien intermedia ante los alumnos respecto del

funcionamiento del plan de estudios, salió abruptamente del plantel en mayo de 2014. Decidió

continuar con sus labores de docencia para los alumnos de la UDM reubicados en la UPLA. Tal

como lo hizo hasta ese entonces, continuó dictando asignaturas relacionadas con el área de voz y

supervisión de prácticas. Según el registro de la U. de Playa Ancha, se encargó de enseñar

Intervención Fonoaudiológica en Voz, Eufonía, Práctica Profesional I y Práctica Profesional II.

Misma alternativa que tomó Gabriel Olate, quien también se desempeñó como docente

en la U. del Mar e incluso aparece como representante del plantel universitario en un congreso de

fonoaudiología realizado por la Universidad de Chile en noviembre de 2009.

También sucede con la fonoaudióloga Maryelsa Rojas. Anteriormente fue parte de los

docentes de esa carrera en la Universidad del Mar. En 2012 representó a la UDM en el XXI

Encuentro Nacional y VII Internacional de Investigadores en Educación, organizado por la

Universidad Mayor. Según consta en los registros del convenio UPLA Mineduc –el programa

encargado de acoger a ex alumnos UDM–, hoy es la coordinadora académica de Fonoaudiología

de los reubicados en esa casa de estudio, donde también ha participado en las comisiones

evaluadoras para otorgar los títulos de dicha profesión.

Pero su caso da cuenta de una práctica aún más cuestionable. Además de lo anterior

también se desempeña en la formulación y evaluación de proyectos de investigación de otra

carrera: Kinesiología. Asimismo, dentro de sus labores administrativas al interior del convenio,

trabaja como coordinadora de la carrera de Nutrición y Dietética. Es decir, esta ex docente de la

Universidad del Mar interviene en tres carreras diferentes en las que la UPLA recibe

exclusivamente a estudiantes de esa casa de estudios.

Por su parte, el secretario académico del convenio, Alejandro Vásquez, también tiene un

pasado vinculado a la UDM. Pese a ser profesor de matemáticas, se desempeñó como director de

la carrera de Nutrición y Dietética de la sede Reñaca de la Universidad del Mar. Aunque existe una

aparente incompatibilidad entre ambas áreas, el aludido explica que sólo se dedicó “a la gestión

administrativa y financiera, mientras que la parte académica la manejaba una persona que era

nutricionista”.

Su actual función en la UPLA tiene una importancia preponderante en el proceso de

egreso de los estudiantes reubicados en la Universidad de Playa Ancha. Desde que comenzaron a

egresar los primeros estudiantes del plan en enero de 2015, Vásquez ejerce como ministro de fe

en las instancias de titulación de distintas carreras, tales como Fonoaudiología, Nutrición y

Dietética, Kinesiología, Enfermería, donde su rol es corroborar que se cumpla con los estándares

académicos establecidos por el convenio de la UPLA.

Según se puede corroborar en los registros de la planta docente, la escena anterior no es

un caso aislado, pues también ocurre en carreras como Enfermería y Kinesiología. La profesora

María Eugenia Cárcamo realizó clases de salud mental a los alumnos de enfermería en la UDM.

Luego continuó sus labores dictando la misma asignatura durante el segundo semestre de 2014 en

la UPLA, aunque en 2015 se retiró de la universidad. También ocurrió con la docente Marcela

Mondaca, quien fue parte del grupo de profesores guía de tesis en la Universidad del Mar y que

ahora se mantiene en las mismas funciones en el cuerpo académico del convenio que recibe a los

alumnos en la Universidad de Playa Ancha.

En la misma carrera de Enfermería también destaca el caso de Luis Vergara. En octubre de

2014, fue parte de una de las comisiones que permitieron el egreso de doce nuevos enfermeros

que continuaron estudiando en la Universidad del Mar, más de un año y medio después de haber

perdido el reconocimiento del Estado en enero de 2013. El primer semestre de 2014 dio cátedra

en la asignatura de Enfermería de Adulto y de la Mujer en el convenio de la UPLA. Y

aparentemente se mantuvo vinculado a ambas instituciones, ya que en los registros de la

Universidad del Mar aparece dictando los cursos de Salud Oftalmológica, Salud Familiar y Salud

Adulto Mayor para la carrera de Técnico en Enfermería.

Lo cierto es que los convenios, en particular el de la UPLA -firmado apenas seis meses

antes de que empezaran las clases- permite este traspaso de personal sin mayores contratiempos.

“Si la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación decidiere contratar personal que

antes prestó servicios para la Universidad del Mar, lo hará mediante contratación nueva e

independiente, bajo sus propias políticas institucionales de personal, sin que exista ningún tipo de

vínculo de continuidad”, dice el documento.

Pero aun así es cuestionable el hecho de que los profesores hayan sido elegidos en una

convocatoria que duró cinco días. Esta particular migración se dio “porque no teníamos docentes,

ya que nadie quería trabajar en ese momento ya que no les pagaban”, explicó Violeta Parra,

estudiante de enfermería reubicada por el convenio UPLA-Mineduc. Incluso, señaló que en

algunos casos los mismos alumnos contactaron a sus ex profesores de la Universidad del Mar para

avisarles sobre las vacantes disponibles.

Por su parte, Alejandro Vásquez confirmó que en muchos casos los estudiantes

recomendaron a sus alumnos antiguos docentes para cubrir los cupos libres. De hecho, explicó

que en la convocatoria inicial (primer semestre 2014) se invitó, principalmente, a profesores UDM

y UPLA para ser parte del proceso. Eso sí, aseguró que esta situación ocurrió debido a que dicho

periodo académico comenzó muy tarde; es decir, en junio de 2014.

Pero siguió pasando lo mismo el segundo semestre, pese a que había más tiempo. La

prorrectoría de la UPLA abrió un llamado para captar nuevos profesores el miércoles 1 de octubre

de 2014. Fue un proceso relámpago. La convocatoria duró cinco días, hasta el día domingo. Los

resultados de las postulaciones fueron anunciados el lunes. En los dos días siguientes, los

académicos seleccionados debieron presentar su fotocopia de carnet, título profesional y

Currículum Vitae con detalles de su disponibilidad horaria.

De esta forma, debido a que el primer semestre comenzó en junio, las clases del segundo

semestre también se retrasaron. Por lo mismo, comenzaron tardíamente el 15 de octubre de

2014, cuando éstas regularmente se inician en agosto.

Por su parte, la coordinadora académica del convenio UPLA-Mineduc, Alda Reyno, decidió

no referirse al tema. Tras concertar una entrevista, la canceló al día siguiente señalando que no

tenía autorización para dar declaraciones y que cualquier tipo de información debía ser requerida

mediante Ley de Transparencia o a través del Ministerio de Educación.

La grúa de la UCSH

En la sede Carmen de la UCSH en Santiago Centro los traslados no se efectuaron sólo en la

planta docente, sino que a todo nivel. Quien encendió las alarmas fue la dirigente estudiantil

Susana Giacaman, tras presentar un escrito ante Contraloría General de la República (CGR) el 13

de abril de 2015, donde se denuncia una serie de malas prácticas en los convenios.

Al ser consultada para este reportaje, advirtió que el vicerrector académico de la

Universidad del Mar ahora ejerce exactamente en el mismo cargo en la Universidad Católica Silva

Henríquez. Se trata de Manuel Pérez Pastén, quien tras desempeñarse como rector de la sede

centro sur (que incluye San Fernando, Curicó y Talca), fue nombrado en la vicerrectoría de la UDM

en 2009.

En 2013, cuatro años más tarde, cambió de vereda y se integró a la UCSH en el mismo

cargo. Los cuestionamientos al respecto no tardaron en aparecer. Aunque no fue la única

autoridad académica con un polémico aterrizaje en esa casa de estudios (ver recuadro).

El 7 de noviembre de ese año, el Mineduc firmó un convenio con la Silva Henríquez para

reubicar a los estudiantes que dejó a la deriva el anterior empleador de Pérez, la Universidad del

Mar. En dicho documento se estableció la creación de una Comisión de Convenio, donde se

encuentra un representante del Mineduc, la Universidad del Mar y tres altos cargos de la UCSH: el

rector, vicerrector académico y el vicerrector de administración y finanzas. En ese grupo se

encuentra Manuel Pérez, quien –tras haber sido parte del problema– en ese momento quedó a

cargo de fiscalizar el convenio por parte de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Pero no sólo eso. El actual vicerrector de la UCSH es uno de los 115 acreedores que

reclama más de $40 mil millones a la Corporación Educacional Universidad del Mar. Según consta

en el acta de la primera junta de acreedores del 8 de julio de 2014 –asamblea donde los

accionistas se reúnen para resolver asuntos relacionados a la quiebra–, Pérez reclama el 0,06% de

su participación en el proyecto educativo, lo cual equivale a $24 millones.

Al respecto, desde la UCSH explicaron que en la actualidad el vicerrector Manuel Pérez ya

no es quien se encuentra a cargo de velar por el cumplimiento del convenio. Según señalaron,

dichas funciones ahora recaen en Patricio Rosende, secretario general de dicha casa de estudios,

quien fuera Subsecretario del Interior del primer gobierno de Michelle Bachelet. Tras solicitarles

una entrevista para este reportaje, ambos se negaron señalando problemas de agenda. Pérez,

pese a ser consultado también por correo electrónico, tampoco quiso referirse a su situación en

particular.

Por otra parte, los nombres de algunos profesores también se repiten en el registro de la

planta docente de los alumnos reubicados. En julio de 2012, un total de once alumnos de la UDM

Maipú aprobaron su tesis de título de la carrera de Trabajo Social. Según consta en una

publicación en el sitio web de la UDM, la comisión evaluadora estuvo constituida por Patricia

Guevara, jefa de la carrera; la abogada Gloria Pérez, quien participó como docente invitada; Gilda

Gatica, profesor tutor; y Carola Ahumada, ministro de fe.

A excepción de la primera, todas se integraron al año siguiente al grupo de profesores que

continuó formando a los estudiantes provenientes de la Universidad del Mar en la UCSH. La

abogada Gloria Pérez, quien fue coordinadora de la carrera de Derecho, dictó las asignaturas de

Derecho Público y Derecho Privado durante el segundo semestre de 2013.

Por su parte, Gilda Gatica, quien se desempeñó como jefa de la carrera de Educación

General Básica en la Universidad del Mar, dictó Metodología de la Investigación a los alumnos de

Enfermería vespertina durante el primer semestre de 2014. Mientras que Carola Ahumada, quien

fue jefa de la carrera de Pedagogía en Inglés, tiene una participación aún más trasversal. Aparece

en los registros oficiales de la UCSH dictando cursos de inglés en Kinesiología, Enfermería, y

Nutrición y Dietética entre 2013 y 2015.

Héctor Concha, director del convenio con la UCSH, reconoció la situación. A su vez, precisó

también que no todos los académicos de la UDM son malos, pero que tampoco todos son buenos.

“Ahora deben quedar uno o dos, que son personas bastante buenas que son de la U. del Mar”,

aseguró.

- ¿No le parece a usted cuestionable incorporar a los mismos profesores que tenían en la

Universidad del Mar?

- Sí y no. Porque depende de la situación. Por ejemplo en el caso de Enfermería, que era el caso

más complicado, puede ser más complejo -su directora fue condenada en 2014 por ejercer con un

título falso- (ver recuadro). Pero no con la profesora de inglés o un sociólogo. En Derecho no había

problema en la UDM.

Aunque también explicó que han destituido muchos docentes porque no han tenido el

nivel necesario. Pese a que se negó a dar nombres, sostuvo que debieron despedir profesores en

Enfermería y en Derecho.

Por su parte, Jorge Baeza, rector de la UCSH, decidió no responder a los requerimientos

donde se le consultaba sobre el caso del vicerrector Manuel Pérez y los despidos de algunos

miembros de la planta docente del convenio de su plantel universitario.

Vuelta atrás

Existe otro suceso que ocurrió en la UCSH y que fue permitido sin problemas por el

Mineduc. Algunos estudiantes desistieron del convenio y volvieron a terminar sus estudios en la

Universidad del Mar. Esta situación fue posible porque el ministerio estableció un proceso de

cierre gradual de la UDM, que permite a los estudiantes de penúltimo y último año terminar sus

estudios sin necesidad de ser reubicados. Por eso es que un grupo de once alumnos de

Enfermería, de los 118 que cursaban la carrera en el convenio de la UCSH, comenzaron a

abandonar dicho programa en abril pasado para volver a terminar sus estudios en la U. del Mar.

Myrna Landerer, coordinadora académica de la carrera de Enfermería, apuntó al perfil de

los estudiantes que han llegado reubicados a la UCSH. “Yo creo que la Universidad del Mar ha sido

muy laxa en la exigencia a los alumnos. En realidad, el alumno UDM no está acostumbrado al rigor

académico (…) ni a reprobar”, recalcó.

En ese contexto, Landerer aseguró que han aumentado el nivel de exigencia en la

formación. Lo anterior, considerando la importancia de los enfermeros como pilar del cuidado de

los pacientes y el hecho de “que la malla curricular de la Universidad del Mar tenía algunas

falencias, ya que estaba orientada más hacia la Atención Primaria de Salud (APS) que a la atención

secundaria”, la cual es de mayor complejidad, aseguró Landerer. Por lo mismo, para remediar

dicha situación, se dictó un curso de Médico Quirúrgico para los alumnos de Enfermería, el cual

duró dos meses y terminó a fines de mayo.

Dicha circunstancia ha generado conflictos entre Landerer y algunos alumnos que no están

de acuerdo con dichas medidas. Por ese motivo, según la académica, es que varios de ellos

buscaron la alternativa de retornar a la Universidad del Mar a terminar sus estudios. “La mayoría

de los alumnos que ven que se les pone muy difícil la parte del internado quieren hacer APS

solamente. Y en algún momento les permitieron eso (en la UDM) por no tener campos clínicos”,

acusó. No opina lo mismo Paola Zapata, una de las estudiantes que decidió cambiarse. Ella

asegura que retornó a la UDM sede Recreo para someterse a un examen final de mayor

rigurosidad en comparación al nivel que tenía la sede Maipú de la Universidad del Mar y el actual

convenio de la UCSH. Afirmación que fue compartida por Paulina Morales y otro compañero más

(que pidió el anonimato), quienes acusaron que en la U. Silva Henríquez los exámenes eran casi

como disertaciones, donde se exponía sobre un caso clínico preparado con anticipación. Algo que,

según explicaron, no ocurrió en la UDM, ya que el caso clínico a exponer lo obtuvieron al azar

entre 20 opciones diferentes, el cual debieron preparar apenas 30 minutos antes de presentar.

Eso sí, la UDM les exigió que consiguieran por su cuenta las prácticas en campos clínicos.

Una situación contradictoria considerando que el Mineduc prohíbe a los alumnos en convenio

autogestionar sus prácticas en los centros de salud y determinó que debían ser asignados por los

académicos que guían el proceso en la UCSH. “Yo creo que el ministerio debería tutelar cómo van

a terminar estos alumnos la carrera. En el sentido de tener una persona externa a la universidad

que audite los procesos en la UDM”, señaló Landerer.

La académica lo grafica de la siguiente forma. “Cuando entras a estudiar una carrera

empiezas a formar un cimiento con tus conocimientos. Como una pared que se transforma en un

bloque de conocimiento. Y cuando vas a hacer tu práctica profesional ocupas esa pared como un

soporte. Los alumnos de la UDM tienen huecos en ese bloque”, recalcó.

- Considerando los problemas de calidad que menciona ¿usted cree que el ministerio se

equivocó al permitir que regresen a la UDM?

- No sé, yo te puedo hablar como enfermera. Y creo que sí.

- ¿Y se retiraron sólo por el aumento de la exigencia académica?

- Creo que es una de las razones por la que algunos alumnos están tratando de irse ¿Por qué no se

fueron a otra universidad? Yo puedo abandonar al proyecto e irme a otra universidad, pero los van

a hacer convalidar, los van a hacer retroceder.

- Pero eso los haría atrasarse aún más…

- Tengo mi propia impresión: ellos van a comprar el título.

Lo cierto es que al regresar a la UDM tuvieron que pagar un arancel, el cual fue cercano a

los $600 mil pesos en el caso de quienes se cambiaron para rendir el examen final, mientras que

en el convenio los estudiantes se mantienen de forma gratuita.

Por su parte, la secretaria académica de la Universidad del Mar, Vanessa Rincón, declinó

referirse a este tema. Ella es quien está cargo de coordinar las carreras que permanecen abiertas

en la UDM, pero sólo se limitó a decir que se trata de “procesos académicos internos”.

En cambio, Héctor Concha, director del convenio UCSH, le bajó el perfil a la polémica.

Explicó que efectivamente los alumnos se han acercado a la UDM y al Mineduc, pero que ninguno

de ellos (hasta el 19 de junio) ha renunciado formalmente al convenio. “Y yo le aseguro que no se

van a ir todos (…) se lo doy firmado que de aquí a diez días más vamos a tener de vuelta a dos o

tres personas”, aseguró confiado, ya que –según explicó– existe una dificultad operativa debido a

que la Universidad del Mar tiene una fecha de cierre para dictar docencia: febrero de 2016.

Lo cierto es que un total de once estudiantes ya abandonaron el convenio. Y el pasado 7

de julio, tres de ellos obtuvieron el título de Enfermería tras rendir su examen final en las

dependencias de la sede Recreo de la UDM en Viña del Mar. Mientras que los demás siguen

preparándose para terminar en la misma casa de estudios.

Último recurso

Ante las irregularidades ocurridas, primero en la administración de la Universidad del Mar

y luego en el proceso de reubicación encabezado por el Mineduc, un grupo de 200 ex estudiantes

de la UDM, liderados por Susana Giacaman, presentaron una demanda civil contra el Estado de

Chile el 19 de junio pasado.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Civil de Santiago por la abogada Valeska

Concha, quien representa a los alumnos afectados y busca una indemnización monetaria para

cada querellante. De esta forma, los estudiantes buscan una contribución económica del Estado

para recuperar, entre otras peticiones, el dinero perdido durante los años de estudio. Situación a

lo que se suma el hecho de que –según Susana Giacaman– el 80% de los titulados de la

Universidad del Mar se encuentra desempleado.

Pero gran parte de las preocupaciones se centran en otro problema. Los acreedores de la

UDM esperan recuperar los cerca de $40 mil millones que adeudan los alumnos, según se acordó

en la junta de acreedores de abril de 2015. Para frenar la medida, Giacaman explica que

anteriormente interpusieron otra demanda –esta vez contra la UDM– pidiendo la nulidad de las

deudas de arancel de los ex estudiantes de la casa de estudios, ante la amenaza de sus accionistas

de que a partir del 30 de junio de 2015 éstas pasen a manos de empresas de cobranza.

Por eso el Ministerio decidió intervenir en este aspecto. Pese a que no accedió a dar una

entrevista para este reportaje, Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del

Mineduc, explicó a través de la prensa que se solicitó a la Superintendencia de Insolvencia y

Reemprendimiento que instruya al Síndico de Quiebras para acordar “prorrogar la política de

cobranzas extrajudicial nacional e incentivo de pago y que informe un detalle de los documentos

de crédito, ya que a la fecha se desconoce si aquellos documentos de crédito son susceptibles o no

de cobro”.

Pero en cambio, su respuesta en torno a problemas en la reubicación de alumnos UDM ha

sido escasa. El ex dirigente estudiantil y diputado Giorgio Jackson (IND) exigió mediante oficio al

Mineduc, el pasado 20 de mayo, un informe con detalles de la efectividad del proceso de

movilidad estudiantil y de los convenios firmados por la cartera con diversos planteles

universitarios. También pidió claridad de cuánto dinero se ha entregado a dichas instituciones y si

se ha recibido efectivamente a los estudiantes.

Asimismo, pidió individualizar a los alumnos beneficiados y un detalle “de las medidas

tomadas para fiscalizar que las universidades estén cumpliendo con los convenios suscritos y las

eventuales denuncias de incumplimientos”, sustuvo en ese entonces el integrante de la Comisión

de Educación. La respuesta llegó el 5 de junio, pero el ministerio sólo ahondó en cómo se

distribuyeron los recursos públicos entre las distintas universidades que recibieron alumnos.

Respecto de la fiscalización, el Mineduc sólo mencionó la existencia de una investigación

de Contraloría General de la República, que efectuó una auditoría a los recursos transferidos

desde el ministerio a las instituciones de educación superior durante 2014, relacionados con la

Beca de Reubicación Universidad del Mar. La información requerida por el ente contralor sobre

este punto fue entregada por dicha cartera el pasado 22 de mayo de 2015, pero la Contraloría aún

no ha emitido un dictamen sobre la mencionada indagatoria.

Misma situación ocurre con la solicitud presentada por Susana Giacaman el 13 de abril

ante dicho organismo. Al cierre de este reportaje, la causa se encontraba en el departamento

jurídico de la CGR, a un paso de que la institución emita un dictamen sobre lo ocurrido con los

convenios.

A la luz de los antecedentes, Giorgio Jackson cuestionó las condiciones en que se

implementaron los convenios, además de las falencias y problemas que presentan actualmente.

“(A los afectados) yo les daría la posibilidad de estudiar en otra universidad y financiarles el

programa completo, porque nosotros fuimos negligentes como Estado. Y además darle una beca

de alimentación y mantención para que compense de alguna manera el costo de oportunidad de

no estar trabajando”, recalcó.

Pero la realidad es que un número indeterminado de estudiantes continúa sin solución a

su continuidad de estudios. Tal como Christian Salvatierra, Gonzalo Briceño y sus compañeros de

Medicina UDM en Iquique, quienes ya quedaron sin opciones tras las fallidas pruebas que

rindieron en abril.

La misma situación ocurre con estudiantes de todas las carreras de ese plantel

universitario. Un ejemplo dramático es el caso de la propia ex presidenta de la Federación de

Estudiantes de la Universidad del Mar, Susana Giacaman, quien tras estudiar Psicología en la

Usach debió abandonar por problemas en su crédito Corfo. En 2007 intentó con Nutrición y

Dietética en la UDM hasta que en 2012 estalló el escándalo. Si bien ya había egresado, aún le

faltaba su examen final. Como última chance, en 2014 decidió darse una nueva oportunidad

estudiando Administración Pública en la Universidad Arcis. Y lamentablemente, el fantasma del

cierre apareció una vez más.

Recuadro 1

Caras conocidas

Durante las movilizaciones de 2011 y 2012, los estudiantes de la Universidad Católica Silva

Henríquez cuestionaron públicamente la idoneidad de varias de sus autoridades académicas,

algunas de ellas vinculadas a la Concertación. El primero en la lista fue Patricio Rosende, ex

subsecretario del Interior del primer gobierno de Michelle Bachelet y que fue formalizado en el

Caso Tsunami. Tras ese episodio ejerce como secretario general de la UCSH y presidente de la

Comisión de Ética Estudiantil de esa casa de estudio. Actualmente es el encargado de velar por el

cumplimiento del convenio de reubicación.

También figura la ex ministra de Educación Mónica Jiménez, quien en ese entonces fue parte del

directorio de la UCSH al mismo tiempo que tenía otro asiento en la rectoría de la Universidad

Alberto Hurtado.

Otros rostros criticados por la comunidad estudiantil, además de su vicerrector con pasado en la

UDM, fueron Verónica Abbott y el empresario Matko Koljatic. La primera fue directora de la

Escuela de Humanidades y Ciencias hasta 2013. Luego fue reacomodada en la dirección de la

Escuela de Educación en Inglés, donde permanece en la actualidad. En 2011, Abbott se vio forzada

a renunciar como directora regional de la Universidad Central de La Serena, sindicada como

responsable de hostigamientos a estudiantes movilizados.

Por su parte, Koljatic, participó de la junta directiva de la UCSH hasta 2011. Desde 2003, Koljatic

comparte el directorio de la empresa Quiñenco junto a Hernán Büchi y Andrónico Luksic Craig. En

2013, a solicitud del Presidente Sebastián Piñera –quien poseía acciones en ese holding– fue

llamado a presidir el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en reemplazo de Luis Eugenio Díaz,

quien fue acusado de aceptar sobornos para favorecer la acreditación de las universidades del Mar

y Pedro de Valdivia.

Recuadro 2

Títulos falsos

Tras el estallido del escándalo, los casos que tuvieron más repercusión pública fueron los de falsos

médicos que impartían docencia en la Universidad del Mar. Una de ellas fue Tania González

Correa, quien se presentaba como médico cirujano y enfermera de la Universidad de Chile.

Fue contratada como jefa de la carrera de Enfermería en 2007. Dos años más tarde también era

jefa del Área de Salud de la UDM sede Maipú, que incluía Enfermería, Fonoaudiología,

Kinesiología, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, y Técnico en Enfermería. Pero en

concreto ella es profesora básica y licenciada en educación de la Universidad de las Américas.

También obtuvo un título exprés de enfermera en un programa especial de titulación de la UDM,

que fue anulado en 2013 tras hacerse pública su situación.

El otro caso lo protagonizó su ex pareja, el falso doctor Héctor Letelier Pantoja, quien tiene un

título de tecnólogo médico de la Universidad de Chile y trabajó en el servicio de rescate médico

Help, donde realizó más de siete mil atenciones a domicilio.

Ambos fueron condenados a ocho años de cárcel y el pago de 17 UTM por el ejercicio ilegal de la

profesión de médico, obtener remuneraciones fiscales de forma fraudulenta (tras haber trabajado

en hospitales públicos), entrega de licencias médicas falsas y uso malicioso de instrumento

público, según dictaminó el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Destacado 1

- ¿Entonces el proceso de capacitar docentes no sirvió para acoger alumnos?

- No sirvió. Porque al final no hubo ningún alumno que entrara en el proceso.

- ¿Fue un fracaso?

- En cierta medida. Un fracaso del proyecto, en cierta medida, sí. Porque no pudo cumplir el

objetivo para el cual había sido diseñado, recalcó el decano de Medicina UFT Alberto Dougnac.

Destacado 2

Un grupo de ex profesores UDM se trasladó al convenio UPLA-Mineduc, en medio de un proceso

exprés de selección de docentes, que se realizó en cinco días.

Destacado 3

“(A los afectados) yo les daría la posibilidad de estudiar en otra universidad y financiarles el

programa completo, porque nosotros fuimos negligentes como Estado. Y además darle una beca

de alimentación y mantención para que compense de alguna manera el costo de oportunidad de

estar trabajando”, planteó el diputado (IND) Giorgio Jackson.