Los retos socio económicos del envejecimiento en España

c/ Españoleto, 1928010 Madrid

Tlf.: 34-91-520 01 00Fax: 34-91-520 01 43

e-mail: [email protected]

Los retos socio-económicos del envejecimiento en España

Resumen y conclusiones

Analistas Financieros Internacionales

Equipo de trabajo: Directores José Luis Fernández Pérez José A. Herce San Miguel Coordinadores Enrique Martín Barragán Elisa Chuliá Rodrigo Otros colaboradores Paul MacManus Pablo Alonso Talon Fernando Azpeitia Rodríguez Juan Fernández David Fernández Fernández Carmen López Herrera Leslie Bravo Chew

Julio de 2009

Los retos socioeconómicos del envejecimiento en España

Índice 1. Resumen y conclusiones ............................................................................. 2

1.1. Introducción ......................................................................................... 2 1.2. Resumen del contenido del estudio ..................................................... 3 1.3. El envejecimiento y la crisis económica ............................................... 6 1.4. El envejecimiento como problema ..................................................... 77

2. ¿Qué es el envejecimiento?....................................................................... 10 2.1. La estructura por edades y las ratios demográficas........................... 12 2.2. La geografía del envejecimiento en España ...................................... 19 2.3. Escenarios de futuro .......................................................................... 22 2.4. Ciclo de vida individual, edad y comportamiento socioeconómico..... 26

3. Retos del envejecimiento........................................................................... 42

3.1. El sistema de pensiones .................................................................... 42 3.1.1 Sistema público de pensiones ............................................................ 43 3.1.2 Balance individual del sistema público de pensiones desde un enfoque financiero ...................................................................................................... 52 3.1.3 Proyecciones del Sistema de Seguridad Social en España ............... 63 3.1.4 Previsión Social Complementaria para la jubilación (Pilar II y III)....... 75 3.1.5 Sistemas de jubilación flexible y parcial: ¿están funcionando de forma efectiva?........................................................................................................ 82 Anexo 3.1.2. Análisis de las diferentes “palancas” del actual Sistema Público de Pensiones ................................................................................................ 85

3.2. La organización de la vida laboral.................................................... 118 3.2.1 El envejecimiento de la población activa .......................................... 119 3.2.2 La participación activa de la población de más de 50 años.............. 121 3.2.3 La salida de la actividad a edades maduras..................................... 123 3.2.4 El potencial de actividad de la población española y la sostenibilidad del sistema de pensiones ........................................................................... 128 3.2.5 Nuevas empresas, nuevos trabajadores, nuevas cualificaciones..... 132

3.3. El impacto del envejecimiento en el sistema sanitario............. 135 3.3.1 Variables del gasto sanitario............................................................. 135 3.3.2 Relación entre gasto sanitario y envejecimiento............................... 140 3.3.3 Proyecciones de gasto sanitario en España 2009-2059................... 152

3.4. La dependencia................................................................................ 158 3.4.1 Anatomía y geografía de la dependencia en España ....................... 158


3.4.2 Descripción del Sistema Nacional de Dependencia ......................... 162 3.4.3 Balance de la puesta en funcionamiento de la Ley .......................... 167 3.4.4 Proyecciones de la evolución de la dependencia ............................. 175

3.5. Los servicios sociales ...................................................................... 184 3.5.1 Definición y competencias en materia de servicios sociales ............ 184 3.5.2 Tipología e intensidad de los servicios sociales ............................... 186

3.6. La planificación financiera, el ahorro y el aseguramiento................. 194 3.6.1 Ciclo de Vida Individual y Planificación Financiera ........................... 200 3.6.2 Análisis del Patrimonio de las Hogares Españoles según el Ciclo Vital209 3.6.3 Inflación y planificación financiera .................................................... 218 3.6.4 Régimen Fiscal del Ahorro. Fiscalidad.............................................. 219 Anexo 3.6.2. Metodología de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF)223

4. La percepción social y el discurso político sobre el envejecimiento......... 226

4.1. La percepción social ........................................................................ 226 4.1.1 Introducción ...................................................................................... 227 4.1.2 ¿Reconoce la opinión pública el envejecimiento como un fenómeno con trascendencia colectiva?...................................................................... 228 4.1.3 ¿Apoya la ciudadanía medidas para atenuar las consecuencias del envejecimiento de la población?................................................................. 233 4.1.4 ¿Qué grupos de población son más proclives a aceptar cambios en los sistemas de bienestar? ............................................................................... 248 4.1.5 Conclusiones .................................................................................... 251

4.2. El discurso político ........................................................................... 254

Referencias bibliográficas .............................................................................. 262


2

1. Resumen y conclusiones

1.1. Introducción

La población española viene atravesando desde hace años un proceso de intenso cambio en su estructura de edades y en su entidad cuantitativa. Como consecuencia de la tendencia secular al aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad desde finales de los años setenta la edad media de la población aumenta y su tamaño está llamado a disminuir en algún momento futuro. Convencionalmente se denomina a este proceso “envejecimiento” de la población y, como consecuencia del mismo, se anticipa todo tipo de problemas asociados al mismo.

En este informe se adopta el punto de vista de que el envejecimiento es, en realidad, un fenómeno aparente en buena medida determinado por la rigidez con la que desde todas las instancias y ópticas abordamos el transito de las cohortes, que una vez fueron jóvenes, a las “grandes edades” a partir de la barrera etaria de los 65 años, fijada hace más de un siglo y que en absoluto significa hoy lo que entonces ni lo que significará dentro de unas décadas.

Este punto de vista sobre el envejecimiento se completa con otro adicional. El de que más que problemas, el envejecimiento representa retos, algunos de formidable entidad, eso sí, que hay que afrontar con determinación, con realismo, con la mejor información, a tiempo y dentro de un concierto de intereses inevitablemente diversos lo más estimulante posible.

Visto así, el análisis del envejecimiento puede depararnos muchas sorpresas, como mostramos en este informe. Pues no es el mero número de personas de edad más o menos avanzada, ni necesariamente su proporción en relación al número de personas de edades más jóvenes, lo que acaba protagonizando el análisis, sino la “mochila” de “derechos” y “obligaciones” asociada a cada edad, en ocasiones contra el sentido común, por simples convencionalismos o incapacidad para disociar lo que, en definitiva, es un problema de gestión de dicha mochila de un fenómeno bien natural, y en el fondo bien positivo, como es el tránsito de las generaciones hacia edades cada vez más avanzadas.

Este doble enfoque permeará todo el estudio, pero su contenido es muy variado y mientras fue posible se ha mantenido una coherencia conceptual y metodológica lo más ajustada posible en sus diferentes apartados.

Este primer capítulo del informe es, de hecho, el resumen ejecutivo del mismo.


3

1.2. Resumen del contenido del estudio

El estudio recoge el análisis y diagnóstico del proceso de envejecimiento de la población española y, especialmente, de sus implicaciones en una serie de áreas identificadas fundamentalmente con los grandes programas del Estado del Bienestar. Esta parte se compone de tres capítulos.

En el Capítulo 2 se caracteriza el proceso de tránsito etario de la población mediante el análisis de los ratios demográficos más característicos, se explora la variada geografía del envejecimiento en España y los escenarios de futuro que las proyecciones de población oficiales y otras tendencias de la población permiten vislumbrar. Este capítulo incluye también un análisis del ciclo de vida individual. Es este análisis el que en primer lugar desata la que creemos es la fundamental constatación del llamado “problema del envejecimiento”: los individuos viven cada vez más pero dedican cada vez menos tiempo a la actividad productiva, de forma que se está instaurando una incoherencia fundamental y creciente entre los recursos que son capaces de acumular durante esta etapa activa y las necesidades que deben cubrir en la etapa posterior. Hay muchas formas de matizar esta especie de álgebra vital, pero si la acumulación consistiese sólo en fracciones de esos años activos y la utilización de esos recursos también, entonces el balance sería cada vez menos favorable a medida que aumenta la esperanza de vida y se mantiene fija la divisoria de los 65 años (o menos).

En la consideración inadecuada de la línea vital individual (un solo individuo representativo, no el conjunto de la población), o en su mera ignorancia, radica, en nuestra opinión, buena parte de la confusión popular, y no tan popular, que hay sobre el fenómeno del envejecimiento y sus implicaciones, una especie de mitología miope que confunde a los mayores con los servicios que se les prestan como quien confundiera el termómetro con la temperatura.

No dejaremos de insistir en el estudio sobre este fenómeno que constatamos una y otra vez en la percepción de las implicaciones del envejecimiento. Pues si la sociedad entiende que en una carrera de fondo hay que distinguir correctamente entre el jinete y la montura a efectos de dilucidar qué es lo que causa una carrera desbocada de esta última, habremos avanzado considerablemente en la solución de muchos de los problemas que tendemos a asociar al envejecimiento.

En el Capítulo 3 se condensa el análisis de los diferentes frentes en los que se manifiestan los principales retos del envejecimiento. Estos frentes se han elegido para este estudio desde el punto de vista de los grandes programas del Estado del Bienestar y la previsión colectiva y su contrapartida financiera, dejando a un lado los no menos relevantes de la macroeconomía como son el consumo, la productividad y el crecimiento a los que el envejecimiento interpela de manera directa. En particular, se abordan las implicaciones del envejecimiento para el sistema de pensiones (Sección


4

3.1), el mercado de trabajo a edades laborales avanzadas (Sección 3.2), el sistema sanitario (Sección 3.3), la atención a la dependencia (Sección 3.4), los servicios sociales (Sección 3.5) o la planificación financiera, el ahorro y el aseguramiento (Sección 3.6).

En este capítulo, junto a detallados análisis de base, se contienen proyecciones y simulaciones expresamente realizadas para este estudio, sobre una base común, de los tres grandes programas sociales: las pensiones públicas, la sanidad y la dependencia.

En lo que se refiere a las pensiones, se han realizado proyecciones de gastos e ingresos del conjunto del sistema, analizando al mismo tiempo las condiciones básicas de sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema, y también de las cuentas individuales en diferentes casos tipo. En ambos casos el envejecimiento muestra muy elocuentemente cómo el beneficio que representa el sistema de pensiones para cada pensionista individual que vive cada vez más se traduce en cargas para el conjunto del sistema. Además, dentro del análisis del sistema de pensiones público se adjunta un anexo en el que, desde un enfoque individual, se ha analizado el impacto que tendría la modificación de alguno de los parámetros que definen el actual esquema de cálculo de las pensiones, en la rentabilidad que obtienen los individuos y en el balance individual entre aportaciones y prestaciones realizadas al sistema.

Respecto a la sanidad y la dependencia, se han analizado las consecuencias estrictas del envejecimiento (en su doble vertiente de volumen de población y estructura de edades) ya que por la naturaleza de sus prestaciones este análisis es el que corresponde.

Si para el sistema de pensiones el envejecimiento es una pesada carga (a legislación constante), para la sanidad y la dependencia, contra lo que comúnmente se cree, no lo es ni mucho menos. El truco radica en la naturaleza de las prestaciones. Las pensiones son prestaciones económicas que deben mantener su ritmo de crecimiento real con el de los salarios, pues de lo contrario los pensionistas, aunque recibiesen más poder adquisitivo cada año mediante su pensión, serían más pobres respecto a los trabajadores en activo. Mientras que las prestaciones sanitarias y las de dependencia en su mayoría debieran ser en especie, es decir, son servicios sanitarios y de atención a la dependencia prestados a los individuos elegibles entre los que predominan las personas mayores. En este caso, el envejecimiento, per se, no es un problema sea cual sea el horizonte temporal adoptado, el problema es nuestra incapacidad para controlar el coste de los servicios prestados, pero no el número ni la edad previsibles de los beneficiarios futuros. La confusión en este aspecto es enrome y no ayuda a orientar ni el debate ni la acción en materia de sostenibilidad de estos importantes programas del Estado del Bienestar. Recuérdese la evocación que se hacía anteriormente al termómetro y la temperatura.


5

En este capítulo se contiene también un análisis de las estrechas relaciones que guardan la trayectoria vital y la acumulación (o desacumulación) de activos financieros a lo largo del ciclo. El análisis revela la absoluta necesidad de una planificación financiera a largo plazo con vistas a la parte final del ciclo vital en un contexto de creciente insuficiencia financiera del sistema público de pensiones y las condiciones bajo las cuales dicha planificación es eficiente. Pero el punto de partida es claramente insuficiente según revela el análisis realizado sobre la base de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España.

El Capítulo 4 del estudio se refiere a dos aspectos cruciales del ámbito sociopolítico en el que el envejecimiento incide más directamente: la formación de la opinión pública sobre este fenómeno y sus consecuencias y la elaboración del discurso político acerca de las soluciones adecuadas.

Según se desprende de datos de encuestas internacionales, los españoles muestran un elevado grado de conciencia del envejecimiento de la población y de la necesidad de recursos crecientes para cubrir la protección social de la vejez. Los conocimientos específicos que poseen sobre estas cuestiones son, sin embargo, limitados, y la preocupación individual en muchos casos no se concreta en una inquietud activa (de demanda de información y soluciones) ni en comportamientos previsores. La sociedad pues percibe claramente el proceso de envejecimiento y comprende sus implicaciones más importantes, generalmente en clave de problemas, pero sigue confiando en que las instituciones tomarán las decisiones adecuadas sin llegar a la conclusión ineludible de que su implicación individual en esas soluciones puede afectar negativamente a sus expectativas. Es como si, en este punto, la opinión pública desviase su mirada a otro lado. De ello se desprende que la coalición social favorecedora de las reformas necesarias es más bien magra y fundamentalmente nutrida por personas adultas, con mayores niveles de ingreso o educación y de ideología de centro-derecha. Una mezcla de egoísmo y falta de información puede estar condicionando fuertemente este resultado.

Al mismo tiempo, sobre la base social recién caracterizada, la emergencia de un discurso político favorecedor de la toma de decisiones oportunas para la sostenibilidad de los diferentes programas sociales a los que el envejecimiento interpela más directamente no está en absoluto garantizada. En el discurso político sobre el envejecimiento y las pensiones, encauzado principalmente a través del Pacto de Toledo, predominan los mensajes tranquilizadores. Este discurso se ha articulado sobre la narrativa de unas reformas muy activamente consensuadas por los actores políticos e interlocutores sociales, pero de alcance muy moderado desde una perspectiva internacional. Divorciado del discurso político, el discurso experto presenta, por encima de diferencias internas sobre las mejores opciones de reforma, una notable coincidencia en cuanto a la necesidad de cambios a corto plazo que puedan evitar el desequilibrio financiero de la Seguridad Social.


6

Es más bien la inercia de las pequeñas reformas que buscan simultáneamente dos objetivos contrapuestos (asegurar la sostenibilidad y mejorar la protección), el cómodo marco del Pacto de Toledo y la aún más cómoda situación económica que ha prevalecido hasta 2007, lo que ha subrayado todo el proceso político en esta materia hasta hace poco.

1.3. El envejecimiento y la crisis económica

Como se concluía en el resumen del estudio, las cosas iban muy bien hasta hace poco y ello había instalado el debate sobre las implicaciones del envejecimiento en una placentera inercia que no ha contribuido precisamente a avanzar en lo esencial. Pero, en la actualidad, la severa incidencia de la crisis crediticia y económica generalizada altera de manera decisiva todos los discursos y todas las actitudes. Es obvio que el fenómeno del envejecimiento no se va a detener como consecuencia de la coyuntura económica por severa y duradera que ésta sea. Pero lo cierto es que el hundimiento de los mercados financieros, los valores de las viviendas y el aumento del desempleo han sumido a los individuos en una profunda desconfianza hacia las soluciones de mercado y han vuelto todas las miradas hacia el papel del Estado.

Cierto es también que éste ha visto severamente recortadas su posibilidades de actuación frente a las obligaciones sociales sobrevenidas como consecuencia del hundimiento de los recursos fiscales. El aumento del paro está haciendo que la Seguridad Social registre menos ingresos por cotizaciones como consecuencia de la caída de la afiliación y de las bases de cotización de quienes pasan a ser perceptores de prestaciones de desempleo. Pero el número de pensionistas sigue acelerándose suavemente, el sistema sanitario mantiene una rutina ajena a la crisis, aunque puede verse negativamente afectado en alguna medida, la extensión del sistema nacional de dependencia seguirá reclamando recursos rápidamente crecientes hasta que todos los beneficiarios potenciales estén incluidos antes de que las variables demográficas propiamente dichas puedan ejercer su influencia.

La crisis pues complica doblemente la ya de por sí complicada ecuación entre el envejecimiento y la sostenibilidad de los programas sociales. En el plano económico limita los recursos y exacerba las necesidades, mientras que en el plano sociopolítico concentra el foco en la solución pública de los problemas de sostenibilidad. No es concebible que la crisis se enquiste hasta el momento en que el envejecimiento comenzará a afectar seriamente a la sostenibilidad de las pensiones, por ejemplo. Pero la percepción de que los mercados financieros son intrínsecamente inestables puede perdurar durante mucho más tiempo en el imaginario colectivo. La evidencia de muchos trabajadores americanos con edades cercanas a la jubilación que van a tener que postergar su retiro unos cuantos años a la espera de que se recuperen sus capitales de jubilación (que aportan más de la mitad de los ingresos durante esta etapa) pesará demasiado durante mucho tiempo.


7

La sostenibilidad del sistema de bienestar es un problema de naturaleza estructural, pero una recesión puede exponer transitoriamente sus debilidades más acusadas y, lo que es peor, atemorizar a los agentes económicos y apartarles de las estrategias a largo plazo. El punto de partida puede cambiar radicalmente tras dos años de recesión, así como la ruta para alcanzar los objetivos de cambio estructural. Pero los objetivos mismos no deberían cambiar.

1.4. El envejecimiento como problema

Pero los gobiernos tampoco pueden soportar indefinidamente cargas insoportables y sus recursos, en definitiva, siempre salen de los contribuyentes presentes o futuros, que son a su vez los destinatarios de las prestaciones. Por encima de la naturaleza pública o privada, de capitalización o reparto, de prestación definida o de contribución definida, de los esquemas de protección social, el hecho incontrovertible es que debe haber una coherencia estricta entre los esfuerzos contributivos o de ahorro realizados por cada individuo durante su vida activa y las prestaciones que reciba durante su jubilación o de los restantes esquemas de protección social.

Lograr dicha coherencia no es un asunto sencillo y las crisis económicas complican adicionalmente las cosas pues los recursos son más escasos, las necesidades se disparan y cunde la desconfianza hacia los mecanismos privados de previsión colectiva a favor de los mecanismos públicos de protección social.

El mercado no cubre eficazmente las necesidades de grandes capas de la población cuando la distribución de la renta es muy desigual o cuando ciertos riesgos no son compensables. En estos casos debe haber un aseguramiento público o un aseguramiento privado obligatorio eventualmente subvencionado para los individuos de menor renta. Son claros fallos de mercado y no toleraríamos que muchos individuos quedasen desprotegidos por su causa. Desgraciadamente, estos casos abundan.

Pero al mismo tiempo, la previsión individual o colectiva privada es ineficiente cuando los mercados financieros son muy inestables. Esta es la situación en la actualidad y sus consecuencias van mucho más allá de la mera situación de los mercados y las minusvalías transitorias de los capitales de jubilación acumulados, pues los individuos desconfían y el debate social y la acción política tienden a focalizar la solución pública exacerbando los problemas de sostenibilidad.

Independientemente de que las soluciones de futuro pasen por una mezcla adecuada de lo público y lo privado, la reforma radical de los mercados financieros y la aparición de productos e instituciones más adaptados para instrumentar la coherencia entre recursos presentes y necesidades futuras, la llave de dicha coherencia está, entiéndase de forma clara, en la adecuación del álgebra vital al hecho de que cada vez


8

vivimos más. En román paladino: trabajar más y durante más años. De no hacerlo, el envejecimiento se convertirá en un problema, como no, podría ser de otra manera.

Caben otras alternativas que la sociedad deberá sopesar, al margen siempre de su mayor o menor preferencia por una u otra ubicación dentro del espectro público-privado. Estas alternativas tienen que ver con la gama e intensidad de los servicios a los que aspiramos. Puede que debamos aceptar una rebaja en nuestras expectativas a cambio del regalo que, en general, supone la mayor longevidad. Puede que debamos esforzarnos más acumulando capitales o derechos a servicios futuros, lo que viene a ser los mismo, durante nuestra vida laboral activa, para mantener los servicios de los que disfrutamos actualmente. Puede que debamos profundizar mucho más en la tecnología (no cualquier tecnología) y gestión (no cualquier gestión) de ese paquete de servicios para que su coste no aumente sin que decaiga su calidad. Puede que, mientras nuestras pensiones nos permitan adquirir cada año más bienes y servicios, debamos aceptar que no aumenten tanto como los salarios reales.

Después de haber analizado a fondo en este estudio el fenómeno del envejecimiento y sus implicaciones para la protección social y la previsión colectiva, nos parece que el envejecimiento no debería constituir un problema en este ámbito y que los razonablemente buenos niveles que tienen en nuestro país las prestaciones económicas y en especie en sus diferentes grandes programas no deberían sufrir menoscabo en el futuro si sólo fuese por los factores estrictamente demográficos, en concreto, dada la evolución esperada del tamaño de la población en los próximos cincuenta años y dada la evolución de la estructura de edades de la misma.

Pare evitar que los factores demográficos provoquen una crisis de sostenibilidad generalizada de los grandes programas públicos de protección social y de los esquemas privados de previsión colectiva, pues ninguno está libre de riesgos frente al envejecimiento, nos parece que hay que adoptar decisiones firmes tendentes a: (i) dosificar adecuadamente los cimientos público y privado del bienestar, (ii) crear los instrumentos adecuados de conversión de rentas en capitales y de capitales en rentas y de su aseguramiento, (iii) introducir seguros (obligatorios cuando sea necesario) de pensiones, servicios sanitarios, servicios de atención a la dependencia y, especialmente, de longevidad, (iv) regular mejor los mercados financieros buscando el abaratamiento de las comisiones de gestión de los capitales para la previsión social y (v) profundizar en las tecnologías de producción y los modelos de gestión de las numerosas prestaciones en especie garantizadas por el sistema de bienestar para evitar aumentos desproporcionados de su coste y una extensión injustificada de las mismas.

No es sencillo. Pero lo más difícil, y a la vez más importante para evitar que el envejecimiento se convierta en un problema y afecte a la sostenibilidad del entramado de bienestar de la sociedad, es conseguir que los individuos se hagan a la idea de


9

que, frente al regalo de una vida más larga, su contrapartida debe ser una vida más equilibrada en el plano laboral de forma que se restablezca el álgebra vital que requiere la sostenibilidad. Este cambio, a su vez, exige un giro copernicano en la manera de crear talento y aplicarlo a las actividades productivas. La aparición de las empresas, los empleos, los trabajadores y las cualificaciones que facilitarán el que las tasas de participación activa a edades superiores a los 60 años se multipliquen varias veces respecto al nivel que tienen en la actualidad no debería demorarse, ni se debería confiar en que este proceso será espontáneo, al menos a la escala requerida.

Sin este desarrollo, nuestros sistemas laborales y productivos nunca estarán en condiciones de absorber el retraso de la edad de jubilación y la frustración sería aún mayor que la que causaría la no sostenibilidad del sistema de bienestar.

Retos socioeconómicos del envejecimiento en España

10

2. ¿Qué es el envejecimiento?

En 1987, España gozaba junto a Irlanda de la menor tasa de envejecimiento de Europa. En pocos años esta situación ha cambiado drásticamente, y hoy nuestro país se sitúa a la cabeza del envejecimiento. La transición demográfica española se ha producido con retraso respecto a Europa pero de forma más acelerada. En la próxima década el envejecimiento se va acelerar aún más, con la jubilación de las generaciones del baby boom nacidas durante los sesenta y setenta del siglo pasado. En términos demográficos este escenario parece difícil de corregir porque el comportamiento natural de la población nativa es muy restrictivo y en los próximos años la capacidad de entrada de población joven extranjera estará seriamente cuestionada por motivos económicos, barreras comunitarias y dificultades socio-políticas de integración. El aumento de la longevidad de la sociedad inducirá a un incremento de los costes sociales, especialmente por el aumento de la cuarta edad o mayores de ochenta años. Por todo ello, el mantenimiento del sistema de bienestar reclama drásticas innovaciones del mercado de trabajo, como la potenciación del empleo femenino y la prolongación de la vida laboral.

Tradicionalmente el envejecimiento es visto como un fenómeno negativo que desencadena un declive o crisis sociodemográfica. España, como el resto de los países desarrollados, teme los efectos demográficos ligados al envejecimiento, la inversión de la estructura por edades, la imposibilidad de reemplazo generacional, etc., y, más aún, las derivadas socioeconómicas, restricciones en el mercado laboral y aumento de la tasa de dependencia, incremento de las cargas sociales hasta el punto de poner en peligro el estado de bienestar, limitaciones al emprendimiento o decadencia económica, etc. Ante este panorama, las soluciones planteadas hasta el momento se centran en la inmigración exterior que renueve los huecos dejados por la falta de jóvenes o la jubilación de la población activa, y en las políticas de estímulo de la natalidad que recuperen el crecimiento vegetativo. Pero estas opciones no siempre son satisfactorias, la primera por las dificultades de integración de los efectivos extranjeros –agravadas en los momentos de incertidumbre económica-, y la segunda porque en el actual modelo socioeconómico el margen de maniobra es restrictivo.

Pero a menudo estas interpretaciones son demasiado simplistas y tremendistas, porque no saben valorar la esencia del envejecimiento: el proceso o resultado de una exitosa transición demográfica de las sociedades más avanzadas, donde el aumento de la longevidad es el primer indicador del desarrollo humano alcanzado. En esta línea, el envejecimiento es la revolución sociodemográfica más trascendental de la humanidad, sin precedentes históricos, a escala universal y destinada a perdurar en el siglo XXI.

Por ello, es prioritario reinterpretar los conceptos y asumir los nuevos retos sociales, económicos y políticos que reclama el envejecimiento. Entre estos, es necesario


11

superar las rígidas barreras establecidas en el ciclo vital. El límite de edad para considerar mayor a una persona son los 65 años -edad a la cual la mayoría de los países han fijado la jubilación- se ha quedado desfasado por el incremento de la longevidad y salud de la población mayor, que ha logrado superar el umbral de los ochenta años en las sociedades más avanzadas. La edad de jubilación se justificaba como una conquista social, o el merecido descanso -retribuido por el sistema de pensiones- de los extenuados trabajadores en sus últimos años de vida (que cuando se desplegaron los sistemas de bienestar universales tal y como los conocemos hoy, rara vez superaban los 70 años de esperanza de vida). En otras palabras, hoy en España, como en otras sociedades de nuestro entorno, afortunadamente vivimos más tiempo y con mayor calidad de vida, y la reestructuración económica y revolución tecnológica han cambiado las condiciones de trabajo. Ante estas nuevas circunstancias, no sólo resulta poco coherente mantener la edad de jubilación en 65 años, sino también contraproducente porque coarta las posibilidades de progreso social de nuestros mayores al dejarles en un prolongado limbo de inactividad, desaprovechando una gran fuente de recursos humanos y experiencia difícilmente recuperable a medio plazo.


12

2.1. La estructura por edades y las ratios demográficas

La intensidad del proceso de envejecimiento de la población al que hemos asistido en las últimas décadas carece de precedentes. En términos demográficos, el envejecimiento de la población consiste en un cambio en la estructura por edades derivada del aumento de la edad media de la población. En las últimas tres décadas se ha producido un intenso trasvase de efectivos jóvenes hacia edades adultas: en el periodo 1981 y 2008 la población joven entre 0 y 19 años ha descendido un 30,8% de 12,9 a 8,9 millones, frente a un incremento del 80,2% de los mayores de 65 y más años, cuya población ha pasado de 4,2 a 7,6 millones de personas.

Pirámide de población Española 1981 vs. 2008

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

% Varones 2008 % Mujeres 2008% Varones 1981 % Mujeres 1981

La variación acumulada durante el periodo 1981-2008 indica que el grupo de edad de 80 y más años –denominado habitualmente “cuarta edad”- muestra el incremento más elevado (193,4%) y ello es una prueba inequívoca del proceso de envejecimiento y de la alta longevidad de la sociedad española. Las generaciones nacidas durante la Guerra Civil, más reducidas, influyen en el hecho de que los mayores de entre 65-79 años crezcan a un ritmo menor, 56,8%, pero aun así este tramo de edad es el segundo más expansivo de los considerados. En este sentido el “crédito demográfico” inducido por dicha contienda y el período de posguerra, supone según diferentes estudios, una cifra del entorno de 570.000 personas no nacidas por causa directa de la


13

guerra que provocan, en la actualidad, el máximo impacto de dicho “crédito demográfico”, cuyo peso se irá reduciendo en los próximos años.

Grupos de edad Población % sb total Población % sb total

Incremento absoluto

habitantes

Var. % habitantes

Var. % del peso relativo

0 a 19 años 12.949.041 34,4% 8.961.525 19,5% -3.987.516 -30,8% -43,4%

20 a 39 años 10.180.726 27,0% 14.574.837 31,6% 4.394.111 43,2% 17,1%

40 a 64 años 10.316.870 27,4% 14.893.342 32,3% 4.576.472 44,4% 18,1%

65-79 años 3.511.593 9,3% 5.506.459 12,0% 1.994.866 56,8% 28,3%

80 y más años 725.131 1,9% 2.127.348 4,6% 1.402.217 193,4% 140,0%

65 y más años 4.236.724 11,2% 7.633.807 16,6% 3.397.083 80,2% 47,4%

Tabla 2.1.1.Evolución de los grupos de edad de la población española : 1981-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

1981 2008 Evolución 1981/2008

El descenso acusado de la natalidad es uno de los hitos demográficos más relevantes, junto al aumento de la esperanza de vida y la inmigración extranjera. Desde 1975 las tasas de natalidad (o número de hijos por mil habitantes) experimentan una brusca caída (véase gráfico adjunto), hasta alcanzar el mínimo histórico de 9,19 en 1998, es decir casi diez puntos menos que en 1975, que provocó un crecimiento natural casi cero (porque la diferencia con la tasa de mortalidad era mínima, 0,12). Los cambios socioculturales y la emancipación de la mujer, entre otros factores, explican ese descenso. Como es bien sabido, además del incremento de la esperanza de vida, la “desnatalización social” ha inducido el proceso de envejecimiento. Lógicamente, el declive de la natalidad es también consecuencia del envejecimiento, al reducirse las generaciones en edad reproductiva, y ambos factores interactúan en lo que se ha llamado modelo de inversión demográfica, colocando a España entre los países del mundo con la dinámica natural más regresiva.

A partir de 1999 se inicia una senda de tímida recuperación de la tasa de natalidad, alcanzando 10,96 en 2006 (para encontrar una cifra similar habría que remontarse hasta 1987). No cabe duda de que la población extranjera ha jugado un papel crucial en este incremento de la natalidad, por su mayor proporción de efectivos en edad reproductiva y un comportamiento más natalista. Paralelamente otros indicadores atestiguan un mayor dinamismo: el número medio de hijos alcanza la cifra de 1,4, y aunque todavía esté muy lejos del casi “mítico” 2,1 -que asegura el reemplazo generacional-, se aleja del 1,2 en el que parecía haberse instalado la demografía española durante los años noventa. También la edad media de las madres que tienen su primer hijo consigue bajar del umbral de los treinta años y situarse en torno a 29,3


14

años, mientras que la tasa de maternidad1 aumenta de 18 en 1996 a 19,7 en 2008. Pero esta recuperación no es ni profunda ni duradera. Desde 2006 la tasa de natalidad se ha estancado y si se confirman las previsiones va a descender en los próximos años convergiendo con la mortalidad, lo cual de nuevo nos acerca al crecimiento cero: en 2017 se espera un crecimiento natural de la población de 0,8 por mil habitantes, frente al 2,4 registrado en 2007. La natalidad parece tener un escaso margen de recuperación porque domina la tendencia a retrasar la edad de la primera maternidad y la maternidad en general. Los escollos de tipo económico (analizados en el sección 2.4), son un potente freno para la emancipación y formación de hogares de la población joven, como han puesto de manifiesto múltiples estudios. Otro factor en contra es la rápida asimilación por parte de la población extranjera de los roles demográficos del resto de la población, es decir, pocos hijos y a una edad más tardía. Además, también es muy probable que la actual crisis influya negativamente en la decisión de tener hijos. Por razones de índole biológica (al rebasar los umbrales reproductivos), si no se adoptan medidas de forma casi inmediata, se puede llegar a desaprovechar el potencial de reproducción demográfica de las generaciones del baby boom.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

Tasa Mortalidad, por 1000 habitantes Tasa Natalidad, por 1000 habitantes

Fuente:

Gráfico 2.1.2.Dinámica natural española: evolución 1975-2007 y estimación 2008-2017

Tasa de natalidad y mortalidad anual por mil habitantes

1 La tasa de maternidad se calcula a partir de la población de 0 a 4 años sobre las mujeres entre 15 y 49 años


15

Es evidente que la inmigración ha paliado y retardado los efectos del envejecimiento. La aportación exterior por el momento ha evitado el descenso de la proporción de población en edad activa (16-65 años), que incluso ha incrementado su relevancia: de 68,3% en 1996 a 69,1% en 2008. El proceso de envejecimiento también se ha ralentizado, ya que si entre 1981 y 1996 crecía a razón de 0,29% de media anual, para el periodo 1996-2008 éste ha sido sólo de 0,08%. Si analizamos la estructura de edades (véase siguiente pirámide) también es evidente la contribución de la inmigración exterior en cierto rejuvenecimiento de las generaciones en edad activa. Los datos son elocuentes: la tasa de envejecimiento de los extranjeros es del 4,9%, frente al 18,1% de los nativos, y los extranjeros representan el 17,1% de la población entre 20 y 44 años.

Pirámide de población en España 2008: nativos y extranjeros

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Fuente: Padrón Municipal, INE% Nativos% Extranjeros

Varones Mujeres

Gráfico 2.1.3.

La inmigración extranjera ha sido el motor del espectacular crecimiento de la población española en los últimos años (véase gráfico adjunto). Entre 1998 y 2008, el 72% del crecimiento de la población española tiene origen extranjero, lo cual supone 4,6 millones del total de los 6,3 millones ganados. En términos relativos, el incremento acumulado de la población extranjera fue del 730%, mientras que la población nacional en ese mismo periodo registró un discreto 4,2%. El futuro demográfico de España está muy condicionado por la capacidad socioeconómica a la hora de atraer


16

población extranjera, pero es inverosímil que se prolonguen por mucho tiempo los actuales flujos de entrada –España viene acumulando más de un tercio de todas las ganancias de los saldos migratorios del conjunto de la Unión Europea-.

Gráfico 2.1.4.Contribución de población extranjera al crecimiento demográfico

Variación interanual en miles habitantes (1998-2008)

238123 170 114

193110

215 187 116208

112175

447 607

686

370

696

414375

749

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Nativos Extranjeros

Fuente: INE

Es previsible que la actual crisis económica, combinada con políticas de contención de la inmigración, suponga una brusca caída del saldo migratorio exterior, al igual que ha sucedido en Alemania. La progresiva merma en la entrada de extranjeros y los procesos de retorno devolverán a España a la situación de partida, otorgando cada vez más protagonismo a la dinámica natural. Si se mantiene el comportamiento reproductivo actual (con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo) es fácil anticipar a corto plazo la regresión demográfica. Pero todavía existe margen para actuar y contrarrestar esta tendencia a través de las políticas a favor de la natalidad, como vienen aplicando con éxito los países nórdicos, o en nuestro entorno más próximo el caso de Francia.

A modo de síntesis, en el siguiente gráfico se puede comprobar cómo el crecimiento económico induce el crecimiento demográfico, aunque con algunos desfases temporales. Hasta principios de los años ochenta, el declive económico influyó en el descenso del ritmo de crecimiento demográfico. El hecho de que la expansión económica producida por la incorporación en el Mercado Común no se tradujera en un paralelo crecimiento demográfico se debió a que las necesidades del mercado laboral se cubrieron ampliamente con los recursos internos: los excedentes de población joven y la masiva incorporación de la población femenina. Por otro lado, la emancipación laboral de las mujeres aceleró el cambio hacia un modelo sociológico de reducida fecundidad. Remontada la crisis de 1993, el nuevo y prolongado ciclo expansivo (desde 1994 hasta 2008) sí que ha precisado de la entrada de población extranjera, atendiendo las demandas del mercado laboral no cubiertas con la


17

población nativa. La brusca desaceleración económica producida en 2008 no ha provocado un paralelo descenso de la inmigración extranjera, porque España sigue siendo uno de los principales focos de atracción migratoria internacional, aunque como ya se ha apuntado es previsible que a corto plazo sufra un ajuste considerable.

-1,3

-0,3

0,7

1,7

2,7

3,7

4,7

5,7

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

PIB (Esc. Izq) Población (Esc. Dcha.)

Gráfico 2.1.5.Crecimiento demográfico vs crecimiento económico

Variación interanual %


Por otra parte, la alta longevidad alcanzada por la población española es uno de los principales logros demográficos y socioeconómicos del país. Si nos remontamos a 1975, a pesar del diferencial en bienestar socioeconómico, la esperanza de vida ya se acercaba a los países europeos más avanzados gracias al periodo de desarrollo económico de los años sesenta y setenta, junto a otros factores extraeconómicos como los estilos de vida y nutricionales. Desde la transición democrática España ha incrementado su esperanza de vida en casi ocho años (véase gráfico), pasando de 73,3 años en 1975 a 81,1 años en 2006. Este ascenso –a razón de casi cuatro años por década- ha sido el resultado del intenso desarrollo socioeconómico y la cobertura universal sanitaria, que han producido una auténtica “democratización de la supervivencia”. El éxito logrado ha sido tal, que hoy los españoles por término medio viven 6 años más que la media de la Unión Europea.


18

73,3

76,2

70,4

81,1

76,9

83,7

80,5

77,2

73,3

69

71

73

75

77

79

81

83

1975 1980 1986 1991 1995 2000 2006

Ambos sexos Mujeres Varones

Fuente: Eurostat

Gráfico 2.1.6.Esperanza de vida al nacer en España: evolución 1970-2006

En las sociedades avanzadas la esperanza de vida es sensiblemente más alta en las mujeres que los varones. Efectivamente, uno de los principales logros del desarrollo es la mayor equidad de género, que ha mejorado las condiciones de vida de las mujeres y ha minimizado los factores de riesgo en la mortalidad femenina precoz. Todo ello, unido a la mayor resistencia biológica y seguramente también unos hábitos más saludables explican el diferencial de 6,5 años a favor de las mujeres españolas. Esta mayor esperanza de vida tiene un efecto directo en la feminización de la vejez: las mujeres de 65 y más años superan en un 35,7% a los varones de esa edad, cifra que se eleva al 84,6% si consideramos la población de 80 y más años. En 2008 uno de cada diez españoles correspondía a una mujer de más de 64 años, y se espera que esa proporción aumente a una de cada ocho en 2030. Las mujeres viven más, pero en general perciben peor su salud, ya que sufren antes y de forma más prolongada las discapacidades y enfermedades crónicas. El número de años que pasan las mujeres sin padecer una enfermedad crónica es de 38, mientras que en los hombres es de 412. Esas diferencias reflejan que todavía persisten desigualdades por razones de sexo, como la dependencia económica, la sobrecarga de trabajo, o el menor reconocimiento y las posibilidades más limitadas de ascenso social de las mujeres. Por lo demás, existen evidencias de que la esperanza de vida libre de discapacidad no sólo varía con la edad y el género, sino también con el lugar de residencia.

Cabe asimismo subrayar que la longevidad todavía tiene mucho recorrido para seguir aumentando. Las previsiones de Eurostat para España de un incremento de cuatro años de aquí al 2050, hasta alcanzar una media de 87,9 años en el caso de las

2 Según datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2007


19

mujeres y 81,4 en el de los hombres, parecen demasiado cortas: se compadecen mal con los ritmos de crecimiento de las últimas décadas e infravaloran las posibilidades que representan los avances científicos3, la adopción de hábitos de vida más saludables (entre ellos, las dietas menos calóricas que, hasta donde se sabe, reducen la oxidación celular), las condiciones de trabajo menos duras o la mayor difusión y eficiencia de la medicina preventiva. Por estos motivos, es muy probable que en los próximos años se tengan que corregir al alza dichas proyecciones oficiales. Algunos expertos4 señalan que la esperanza de vida en España aumentará aproximadamente en dos años por cada década transcurrida -a un ritmo parecido al que viene registrando desde 1975- (Guijarro y Pélaez, 2007). De esta forma la longevidad media de las mujeres se aproximará a los 92 años y los varones superarán los 85 años, es decir, nueve años más que al inicio del siglo XXI para ambos sexos.

2.2. La geografía del envejecimiento en España

La radiografía territorial del envejecimiento en España muestra una situación diferente según las comunidades autónomas. En el siguiente mapa se observa que la proporción de población de 65 y más años es muy alta en las comunidades del noroeste e interior del país. Por el contrario, las comunidades del arco mediterráneo, los dos archipiélagos y Madrid –la excepción del interior- presentan una estructura de población menos envejecida con valores por debajo de la media española (16,6%). La diferencia entre la comunidad más envejecida, Castilla y León, y la menos, Canarias, es de casi diez puntos porcentuales.

3 Por otro lado, la reducción de la oxidación celular a través de dietas nutricionales menos calóricas incrementarán sensiblemente la longevidad 4 Guijarro, M. y Peláez, O. (2007): La longevidad globalizada: un análisis de esperanza de vida en España. Vol. XII, núm. 260, 1 de marzo de 2008. Cuadernos Críticos de Geografía Humana


20

A escala provincial se agudizan aún más los contrastes territoriales. Los valores oscilan entre el 28,4% de Ourense y el 11,4% de Las Palmas, es decir 17 puntos. En las comunidades autónomas de mayor tamaño territorial se perciben claramente las diferencias internas interprovinciales: más de diez puntos en Castilla y León (28,2% en Zamora por 17,9% en Valladolid) y Galicia (28,4% en Ourense por 18,2% en Pontevedra); ocho puntos en Castilla-La Mancha (23,2% en Cuenca por 15,4% en Guadalajara); y cinco puntos en Aragón (23,9% en Teruel por 18,7% en Zaragoza) y Andalucía (17,8% en Jaén por 12,6% en Almería).

Las diferencias territoriales en el proceso de envejecimiento se explican por el desigual desarrollo socioeconómico de las últimas décadas. El mapa del envejecimiento está estrechamente ligado al fenómeno demográfico más relevante de la segunda mitad del siglo XX: el éxodo rural y su proyección en el tiempo a través del “envejecimiento por emigración”. Las migraciones campo-ciudad han provocado el envejecimiento de amplias zonas rurales del interior del país. Las pérdidas fueron muy acusadas en las provincias de interior, las más rurales y atrasadas: las dos Castillas, Extremadura, Aragón, pero también en las provincias de interior de Galicia (Lugo y Ourense) y Andalucía (especialmente, Jaén y Córdoba). En el interior, las excepciones se dieron


21

en los enclaves urbano-industriales de Zaragoza y Valladolid, y más recientemente Guadalajara y Toledo, que han conjugado las pérdidas gracias a la fuerte atracción demográfica derivada de la difusión metropolitana madrileña. Por el contrario, las mayores ganancias se concentran en las regiones urbano-industriales de Madrid, Cataluña y el País Vasco, así como en las provincias del litoral mediterráneo y del archipiélago canario, más beneficiadas por el desarrollo urbano-turístico. Así pues, el desigual desarrollo socioeconómico explica los flujos migratorios del interior y, en consecuencia, la desigual estructura demográfica actual.

En los últimos años el boom inmigratorio ha acentuado estos contrastes territoriales. El siguiente gráfico permite apreciar la existencia de una correlación entre una estructura demográfica más envejecida, por una parte, y un menor crecimiento demográfico y una más reducida atracción inmigratoria, por otra.


22

0

50

100

150

200

Cas

tilla

y L

eón

Ast

uria

s

Gal

icia

Ara

gón

Ext

rem

adur

a

Paí

s V

asco

Can

tabr

ia

La R

ioja

Cas

tilla

-La

Man

cha

Nav

arra

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

And

aluc

ía

Mad

rid

Mur

cia

Bal

eare

s

Can

aria

s

65y más años 2008 Extranjeros 2008 Variación pob. 1998-2007

Fuente: INE

Gráfico 2.2.1.Comparativa entre el envejecimiento, población extranjera y crecimiento demográfico

Índice por CCAA (España = 100)

2.3. Escenarios de futuro

El fenómeno de la inmigración extranjera, motor del crecimiento demográfico español, difícilmente se prolongará con la misma intensidad en los próximos años, por lo cual, la evolución demográfica va a verse cada vez más condicionada por la dinámica natural de la población. Ciertamente, el margen de error de las previsiones demográficas es muy alto, toda vez que las condiciones socioeconómicas –incluso políticas- son imprevisibles en un horizonte lejano. Un escenario de recuperación natural de la población tal vez fuera posible si las políticas a favor de la natalidad se aplicaran con rapidez y medios suficientes, de tal modo que se pudiera aprovechar la ventaja de contar con las generaciones del baby boom en edad reproductiva. El escenario alternativo es el de una población muy envejecida o “sobreenvejecimiento”, con escasas posibilidades de recuperación natural y, por ello, una evolución extremadamente dependiente de las aportaciones externas, que –como se ha apuntado están sujetas a los vaivenes cíclicos de las coyunturas socioeconómicas. La historia, en todo caso, nos muestra que los errores en las previsiones demográficas han puesto de manifiesto un sesgo a la baja, infravalorando generalmente la supervivencia.

Si atendemos a la proyección demográfica del INE para el año 2018 (véase siguiente gráfico), respecto a 2008 las generaciones de 65 y más años registrarán un


23

incremento absoluto de más de 1,3 millones, afianzando su protagonismo relativo (de un 16,6% a un 18,3%). Este incremento sería aún mayor de no haberse producido el fenómeno de las generaciones huecas (o los “no nacidos” durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra). Al ampliar el horizonte temporal la tasa de envejecimiento alcanzará el 23% en 2030.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-4

5-9

10-1

4

15-1

9

20-2

4

25-2

9

30-3

4

35-3

9

40-4

4

45-4

9

50-5

4

55-5

9

60-6

4

65-6

9

70-7

4

75-7

9

80-8

4

85 y

más

Censo 1981 Padrón 2008 Proyección 2018 Proyección 2030


Gráfico 2.3.1.Evolución de los grupos de edad: % sobre el conjunto de la población

El progresivo envejecimiento de la población también se reflejará en un preocupante menor reemplazo, es decir, la relación entre las generaciones en edad de incorporarse al mercado de trabajo (los jóvenes entre 20 y 29 años) frente a las que salen (entre 55 a 64 años), que evolucionará del actual 132% en 2008 a 85,5% en 2018 y 73,4% en 2030, lo que significa que pasaremos de tener 1,32 individuos entre 20 y 29 años por cada individuo entre 55 y 64 años, a tener sólo 0,73 en el 2030. Los datos permiten, por tanto, predecir plausiblemente que, en la próxima década, las generaciones del baby boom empezarán a jubilarse, sin contar con un reemplazo equivalente de generaciones jóvenes.


24

150,8159,6 165,0

132,0

85,573,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1981 1996 2001 2008 2018 2030

Gráfico 2.3.2.Razón de reemplazo generacional: evolución temporal

Relación entre 20-29 años y 55-64 años por cien habitantes


El envejecimiento de la población provoca asimismo un aumento de la población dependiente, especialmente protagonizado por el colectivo de 80 y más años, denominada “cuarta edad” cuyas previsiones de crecimiento, según el INE, son del 172% entre 2008 y 2030. Para este último año se cifra en 3,6 millones el número de quienes superen en España la edad de 79 años, que representarían un 7,2% de la población (en 1981 este colectivo apenas representaba el 1,9%). Teniendo en cuenta las actuales tasas de dependencia de los respectivos grupos de edad, se ha estimado para el horizonte 2030 un total aproximado de 3,5 millones de habitantes dependientes de 65 y más años, lo cual representa un incremento del 60,6% respecto a 2007.


25

Gráfico 2.3.3.Pirámide de población Española 2008 vs 2030

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

% Varones 2030 % Mujeres 2030% Varones 2008 % Mujeres 2008Fuente: INE


26

Como viene siendo una constante en todas las variables analizadas, las diferencias territoriales del fenómeno del envejecimiento se acentúan en las proyecciones de población de mayores de 65 años para el año 2018.

2.4. Ciclo de vida individual, edad y comportamiento socioeconómico

Para evidenciar el proceso de envejecimiento que vive España y relacionar este proceso con el retiro de los mayores, es importante analizar los principales hitos en un ciclo de vida, entendiéndose éste como las edades a las que suceden los eventos más importantes del individuo, como puede ser la formación, emancipación, entrada y salida del mercado laboral, inactividad, jubilación, etc. Los aspectos demográficos analizados en la sección anterior tienen un impacto elevado en la organización de las distintas fases del ciclo vital de los individuos y sirven como referente para analizar los patrones de comportamiento de las personas, sus tendencias y las condiciones socioeconómicas que influyen en sus decisiones de futuro.


27

Como comprobaremos a lo largo de esta sección, los últimos datos disponibles indican que los jóvenes terminan sus estudios a edades más tardías, se demoran en encontrar su primer trabajo, se emancipan de sus hogares de origen cada vez más tarde y se casan y tienen su primer hijo a edades más avanzadas. Este comportamiento ha retrasado la entrada a la actividad laboral, que junto a la salida anticipada de muchos trabajadores y empleados del mercado laboral, ya sea por jubilación anticipada o prejubilación, ha provocado el acortamiento del periodo efectivo de actividad frente a lo observado hace unos años. Esta situación indiscutiblemente tiene efectos directos sobre el retiro de los mayores.

Gráfico 2.4.1.Ciclo de vida en España (edad media)

30,7

26,3

26,829,3

50,654,9

29,327,4

60,3 62,0

81,282,9

85,2 87,0

20

30

40

50

60

70

80

90

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

(año

s)

Primer matrimonio Primer hijoInactividad EmancipaciónSalida del mercado laboral Esperanza de vida hombresEsperanza de vida mujeres

Fuente: Eurostat, INE e Injuve

La pirámide de población activa de 1987 frente a 2008 permite distinguir tres fenómenos que tienen una lectura clara en el ciclo vital de los individuos. El primero de ellos refleja la inactividad inducida o forzosa de los jóvenes, motivada por la prolongación de los estudios ante las dificultades de acceso al mercado laboral. La entrada de los más jóvenes (16-24 años) al mercado de trabajo es cada vez más tardía, tal y como lo refleja la reducción de la tasa de actividad de este grupo de edad de casi diez puntos, situándose en 2008 en el 29%. Además, la reducción de los activos varones se ha prolongado hasta las edades de 25 a 29 años, a diferencia de las mujeres de este grupo de edad que han aumentado considerablemente su tasa de actividad en los últimos tiempos, del 59,6% al 82,6%.


28

El segundo fenómeno se corresponde con el elevado incremento de la población activa femenina observado en ese periodo, que ha pasado de representar un 33% sobre el total de activos a un 43%, con 4,8 millones más que en 1987. En términos agregados, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha ayudado a atenuar la tendencia decreciente de la población activa observada en los últimos años. Cabe destacar que, a pesar de la incorporación masiva de las mujeres jóvenes al mercado de trabajo, las mayores salen antes que los varones: en nuestros días, la tasa de actividad de las mujeres desciende con intensidad a partir de los 50 años, mientras que en los hombres este fenómeno se observa a partir de los 55 años.

El último fenómeno destacable es la tendencia de la salida anticipada de los varones del mercado laboral. En los últimos años, los varones entre 50 y 64 años han perdido peso sobre el total de activos, de un 6,5% a un 5,5%, mientras que el porcentaje de las mujeres sobre el total de activos se ha incrementado en casi dos puntos hasta el 3,8%.

Gráfico 2.4.2.Pirámide de población activa: 1987 vs. 2008

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8

de 16 a 19

de 20 a 24

de 25 a 29

de 30 a 34

de 35 a 39

de 40 a 44

de 45 a 49

de 50 a 54

de 55 a 59

de 60 a 64

de 65 a 69

de 70 y más

% Varones 2008 % Mujeres 2008% Varones 1987 % Mujeres 1987Fuente: INE

A continuación se analizarán algunos aspectos relevantes en el cambio del ciclo vital de los individuos apuntado anteriormente.

Emancipación: transición a la vida adulta y primer empleo

España, junto a Italia, tiene el calendario más retrasado de toda la Unión Europea respecto a la transición a la vida adulta, entendiendo ésta como emancipación primero y formación y consolidación de la familia posteriormente. Dicho retraso es aún mayor si lo comparamos con los países nórdicos: en torno a cinco años. El 53,8% de los


29

jóvenes españoles entre 18 y 34 años sigue viviendo en el hogar paterno5. Sin dejar al margen otro tipo de factores de naturaleza sociocultural, la independencia tardía de los jóvenes españoles se explica en claves económicas: limitada capacidad para acceder al primer empleo, y mala calidad de éste (en términos de inestabilidad, temporalidad y bajos salarios), con las consiguientes dificultades para asumir los gastos -inflados durante años- del alquiler o de la adquisición de una vivienda. Para afrontar las restricciones del mercado laboral una opción habitual consiste en ampliar la duración de los estudios, especialmente entre los jóvenes de familias de rentas medias y altas. Por otro lado, al prolongarse la precariedad en los primeros años de actividad laboral, la inserción en el mercado de trabajo no garantiza siempre la deseada emancipación, sino que muchos jóvenes aplazan su salida del hogar familiar hasta alcanzar unos niveles de ahorro suficientes para afrontar la independencia, y otros que se emancipan nominalmente siguen dependiendo económicamente de las ayudas familiares. Todo ello incide en llamativos “atascos” en el ciclo vital, que se traducen con claridad en el restrictivo comportamiento natural de la población española: pocos hijos y en edad tardía, apurando los límites de la edad reproductiva. Para salir de este círculo vicioso los jóvenes españoles tampoco cuentan con muchos apoyos, a diferencia de otros países de nuestro contexto europeo donde las políticas a favor de la juventud y la familia estimulan el incremento de los hogares familiares y la recuperación de las tasas de fecundidad.

A pesar de estos obstáculos, en los últimos años el número de hogares jóvenes (alargando la “etapa de juventud” hasta los 34 años) ha crecido sensiblemente (un 107,8% entre 2002 y 2008), y la tasa de emancipación se ha incrementado en más de diez puntos (véase gráfico adjunto), acortándose la brecha con respecto a la UE. Esta progresión de los hogares y la emancipación está claramente determinada por el reciente ciclo económico expansivo que mejoró significativamente los niveles de empleo joven.

5 Según datos del III Trimestre de 2008 del Consejo de la Juventud de España


30

6,8%

7,3%

10,7

%

12,5

%

13,1

%

12,8

%

35,1

%

36,9

%

42,0

%

43,7

%

45,9

%

48,1

%

69,4

%

69,2

%

72,7

%

73,7

%

73,8

%

75,1

%

36,1

%

37,4

%

41,4

%

43,5

%

44,9

%

46,3

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2003 2004 2005 2006 2007 4T2008

18 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años Total

Gráfico 2.4.3.Tasa de emancipación de los jóvenes: grupos de edades (2003-2008)

% personas que viven fuera del hogar de origen respecto del total personas misma edad

Fuente: Observatorio Joven de la Vivienda

Ahora bien, las bases económicas de estos progresos en la emancipación parecen muy débiles ante la intensa crisis nacional e internacional que estamos sufriendo. Los jóvenes son uno de los colectivos más castigados por la falta de dinamismo del mercado laboral y la destrucción de empleo, y ante la dura restricción crediticia su capacidad adquisitiva y de ahorro son claramente insuficientes para poder acceder a una vivienda. En el peor de los escenarios, muchos jóvenes se ven forzados a regresar al hogar familiar por culpa del desempleo. Según datos del INE del primer trimestre de 2009, la tasa de paro de menores de 25 años ha alcanzado el 35,6%. En el caso de jóvenes entre 15 y 24 años que es el tramo de edad que Eurostat define como paro juvenil, la tasa ascendía al 31,8% en febrero de 2009, con previsiones nada halagüeñas para finales de año (pudiéndose elevar la tasa de paro hasta el 35%) resaltando la mayor tasa de paro de jóvenes en España respecto a la UE (17,5% en febrero de 2009). Ante este difícil panorama, es previsible una involución de las tasas de la emancipación del hogar de origen o, como poco en su estancamiento.

Periodo de actividad y transición a la inactividad

Como se ha mencionado anteriormente, son dos fenómenos importantes los que acontecen en la evolución de los activos en España: por un lado la ligera reducción de los activos varones que se ha registrado en el tramo de edad de 25 a 29 años, y por otro, el elevado incremento de la población activa femenina experimentado en los últimos años.

Tras la máxima tasa de actividad observada en el grupo de 30 a 34 años, con un 88%, la tasa de actividad se reduce a medida que avanza la edad, al crecer el número de jubilaciones anticipadas. Entre los 55 y 59 años, el porcentaje de los activos sobre la


31

población total es del 61%, siendo la tasa de los varones un 78,5% mientras que las mujeres presentan tan sólo una tasa significativamente más baja (44,2%). Bien es cierto que ese 61% es superior al observado en 1987, sobre todo por la mayor participación de la mujer en la población activa. La diferencia entre la curva de la tasa de actividad de las mujeres en 1987 y en 2008 expresa con claridad la incorporación de la mujer al mercado laboral, con un aumento considerable de la tasa de actividad, más notoria entre los 35 y 49 años.

En el siguiente grupo de edad (entre 60 y 64 años) la tasa se sitúa en el 36% y, al sobrepasar la edad legal de jubilación (65 años), el porcentaje de activos sobre el total de población disminuye drásticamente (6,1% entre 65 y 69 años y 0,8% de 70 años y más). Se aprecia asimismo que en aquel grupo, que en engloba a quienes cuentan entre 60 y 64 años, crece el número de inactivos y evidenciando que la gran alternativa a la ocupación en esas cohortes no es el desempleo sino la inactividad, gracias a la cobertura social de las prejubilaciones6. La participación de estos dos grupos de edad sobre la población activa es menos relevante que en 1987, dejando entrever la paulatina reducción del periodo de actividad experimentada en los últimos años.

Gráfico 2.4.4.Tasas de actividad por grupos de edad y sexo

0

20

40

60

80

100

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 +

varones 2008 mujeres 2008 varones 1987 mujeres 1987

Fuente: EPA (INE)

6 Hay que considerar que un porcentaje de inactivos entre 50 y 64 años, no conocido, se encuentra en una situación de incapacidad permanente recibiendo, por este motivo, una cuantía de pensiones, ya que la edad media de estos individuos es de 54 años.


32

Gráfico 2.4.5.Tasas de inactividad por grupos de edad y sexo

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50-54 55-59 60-64 65-69 70 +

varones 2008 mujeres 2008 varones 1987 mujeres 1987

Fuente: EPA (INE)

Salida del mercado laboral

La etapa postrera que describimos aquí se inicia con el retiro laboral del individuo, lo que supone una reducción de los ingresos procedentes de la actividad laboral, y aunque también se produce una reducción de los gastos de los hogares. Esta situación provoca que las familias y hogares empiecen a hacer uso de sus ahorros y del patrimonio acumulado hasta el momento, para emplearse como gasto.

La menor tasa de actividad observada en las cohortes a partir de los 60 años muestra que la edad real de salida del mercado laboral en España es sensiblemente inferior a los 65 años (edad legal de jubilación), como puede observarse en la mayoría de países de nuestro entorno. En España la edad ha pasado de 60,3 años en 2001 a 62,1 años en 2007 situándose ligeramente por encima de la media de la Unión Europea.

Si al retraso en la incorporación al mercado laboral, le sumamos una salida anticipada del mismo, podemos decir que en las últimas décadas se ha producido una significativa reducción de la vida laboral, y por lo tanto una reducción del período de ingresos procedentes de la principal fuente de recursos, el factor trabajo. Sin embargo, es cierto que en los últimos años se observa una tendencia del aumento en la edad media de salida del mercado laboral, que parece ir aproximándose paulatinamente a los 65 años.


33

Esperanza de vida

Los cambios demográficos que se han producido en los últimos años en España, y la tendencia al envejecimiento que se registra en las economías desarrolladas han provocado que aumente notablemente la esperanza de vida. Según los datos que publica Eurostat, la esperanza de vida para una persona que haya alcanzado los 65 años ha aumentado significativamente, casi 2 años entre 1995 y 2006, hasta alcanzar prácticamente los 83 años en hombres y los 87 en mujeres (manteniendo estables los niveles de mortalidad actuales), lo que supone que la cantidad de ahorro acumulado a esa fecha deberá ser mayor, si pretendemos que nuestros ahorros sobrevivan hasta la fecha de nuestro fallecimiento.


34

Gráfico 2.4.6.Esperanza de vida hombres. Año 2006

83,2

82,9

82,7

82,2

81,6

2,1% 2,1% 2,1%

3,0%

2,4%

80,5

81,0

81,5

82,0

82,5

83,0

83,5

Francia España Suiza Alemania Portugal0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%Esperanza de vida crecimiento acum. 1995-2006

Fuente: Eurostat

Gráfico 2.4.7.Esperanza de vida mujeres. Año 2006

87,6

87,0

85,9

85,5

85,2

1,9%2,1%

1,2%

2,2%

2,5%

84,0

84,5

85,0

85,5

86,0

86,5

87,0

87,5

88,0

Francia España Suiza Alemania Portugal0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Esperanza de vida crecimiento acum. 1995-2006

Fuente: Eurostat

Este incremento de la esperanza de vida a partir del momento de la salida definitiva del mercado de trabajo implica que la cantidad de ahorro acumulado a esa fecha deberá ser mayor si se pretende que los ahorros persistan hasta la fecha de fallecimiento. Además, no podemos obviar que es durante la vejez cuando tenemos más probabilidades de tener alguna limitación física o alguna discapacidad que exija la asistencia de terceras personas. En España la esperanza de vida sin limitaciones físicas y discapacidades se sitúa, de forma prácticamente constante durante los últimos años, en torno a los 74 años tanto para el sexo masculino como para el femenino.


35

Pensiones: grupos de edad y sexo

Atendiendo a los últimos datos de la Seguridad Social, el número de pensiones asciende a 5,9 millones, de las cuales el 84,5% son por jubilación y el resto por incapacidad permanente. El número de pensiones comienza a ser relevante entre la población de más de 60 años, un 10,4% de las pensiones las reciben personas entre 60 y 64 años. No obstante, el mayor peso se concentra en los grupos de edad de 65 a 69 años (un 19,7%), en concordancia con la edad legal de jubilación. En los siguientes grupos de edad el porcentaje disminuye ligeramente hasta registrar un 10,1% en los pensionistas de 85 y más años. Las diferencias más marcadas entre los varones y las mujeres que perciben pensiones se encuentran en el tramo de edad de los 65 a los 79 años, con una participación de los varones está alrededor del 12,5%, mientras que la participación de las mujeres representa la mitad (6,3%).

Gráfico 2.4.8.Distribución de las pensiones por edad y sexo: % sb total (ITR'09)

0,1%

0,3%

0,5%

0,8%

1,2%

1,7%

2,5%

7,4%

13,0%

12,6%

11,8%

7,7%

5,1%

0,1%

0,2%

0,4%

0,6%

0,9%

1,1%

3,0%

6,7%

6,3%

6,1%

4,9%

5,0%

0,04%

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8%

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

% Varones % Mujeres

Fuente: INSS

Por clase de régimen, el 57,1% del total de las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, etc.) en vigor corresponden al Régimen General, el 21,6% al Régimen de Autónomos y el 21,3% restante a otras clases (agrario, marítimo, minería, etc.). Si tomamos en cuenta el Régimen General y el de Autónomos observamos dos significativas diferencias por grupos de edad. La primera de ellas se identifica en el grupo de los 60 a 64 años, que registra una participación sustantivamente mayor de las pensiones del Régimen General, un 13,7% sobre el total


36

de pensiones del Régimen General frente a un 5,6% sobre el total de pensiones del Régimen de Autónomos. La segunda diferencia se registra en las edades más avanzadas, (80 años y más) en donde la distribución de pensiones del Régimen de Autónomos refleja una elevada participación.

Gráfico 2.4.9.Pensiones en vigor por edad y clase (marzo 2009)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30-3

4

35 -

39

40 -

44

45 -

49

50 -

54

55 -

59

60 -

64

65 -

69

70 -

74

75 -

79

80 -

84

≥ 8

5

Régimen General Autónomos

Fuente: INSS

Como se mencionó anteriormente las pensiones comienzan a ser frecuentes en los tramos de edad entre 60 y 64 años, debido a que los trabajadores acogidos al Régimen General de la Seguridad Social pueden, si cumplen una serie de requisitos, jubilarse de forma anticipada. A esta situación se añade el fenómeno de las prejubilaciones, que se ha hecho habitual en España, y que puede incrementarse por el efecto de la crisis económica, por iniciativa de la empresa para rejuvenecer o reducir la plantilla o directamente ahorrar costes. Ambos fenómenos se traducen en una salida anticipada del mercado laboral que, aunada al retraso en la edad del acceso al mercado de trabajo, ha marcado una tendencia al acortamiento de las carreras de cotización en las últimas décadas.

En este sentido, existen algunas alternativas para prolongar la vida activa de las personas como respuesta al reto del envejecimiento: el contrato de relevo y la jubilación gradual y flexible estimulan la permanencia en el empleo a partir de los 60 años y la prolongación de la vida laboral después de los 65. Según el Cuaderno del Consejo Económico Social publicado en otoño de 2007, casi una de cada cinco personas de las que han reducido su jornada ha adoptado un sistema de jubilación flexible o parcial (algo más de 44.000 personas de 50 a 59 años).


37

Condiciones socioeconómicas de los individuos

Las condiciones socioeconómicas de los individuos también cambian considerablemente según la etapa del ciclo vital en la que se encuentre el individuo. La caracterización de estas condiciones es relevante para entender el comportamiento de la población a lo largo de su vida y, sobre todo, la decisión de adelantar o no la fecha de jubilación. Un ejemplo de ello es la condición laboral que presenta la población ocupada, entendida por el tipo de contrato de los asalariados, temporal o indefinido. La importancia del contrato temporal se hace más notoria en los más jóvenes y, a medida que adquieren experiencia laboral, consolidan su posición en el mercado de trabajo con una contratación indefinida observada hasta los 69 años.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

16-19 20-24 25-29 30-39 49-49 50-55 60-69 70 +

indefinido temporal

Fuente: EPA (INE)

Gráfico 2.4.10.Distribución de asalariados por tipo de contrato y grupo de edad

Año 2008

Respecto al sector en el que se desempeña el trabajo, el sector público concentra tan sólo el 18% de los asalariados totales. No obstante, este porcentaje aumenta entre los asalariados de edades más avanzadas, con una participación media del 26%. A mayor edad, la participación en el sector privado va disminuyendo. Más del 80% de los asalariados entre 30 y 39 años trabajan en el sector privado, porcentaje que se reduce al 72,8% en el tramo de edad de 50 a 59 años.


38

Gráfico 2.4.11.Asalariados por sector y grupo de edad (2008)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +

% sector privado % sector público

Fuente: EPA (INE)

Por otro lado, cabe mencionar que más del 60% de los empleados públicos superan los 40 años, mientras que en el sector privado esta proporción se reduce al 41%. Los datos indican la edad es un obstáculo para ocupar determinados puestos de trabajo en el sector privado: además, por sus remuneraciones más altas, los trabajadores de más edad son considerados como un coste más elevado para las empresas, por lo que muchas optan por reemplazarlos a medio plazo por empleados más jóvenes para reducir sus costes. En muchos casos, trabajadores del sector público tienen, en tanto funcionarios, el máximo grado de estabilidad laboral y, por tanto afrontan menos obstáculos para alargar sus carreras profesionales.

2,1%

9,7%

16,5

%

33,8

%

24,0

%

14,1

%

3,1%

0,1%

0,5%

3,1% 8,

0%

24,4

%

33,4

%

23,1

%

5,1%

0,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +

Sector privado Sector público

Fuente: EPA (INE)

Gráfico 2.4.12.Asalariados por sector y grupo de edad (2008)


39

La distribución de ocupados por edad y tipo de ocupación muestra, por otra parte que la cualificación de los mayores ha ido aumentando con los años y, con ella, las expectativas de una mayor remuneración durante la jubilación. Tanto en términos absolutos como relativos, se ha incrementado significativamente el número de ocupados en Dirección de Empresas y de la Administración Pública, los técnicos y profesionales, y los científicos e intelectuales, disminuyendo, en contrapartida, la ocupación de menor nivel de cualificación, como son los trabajos relacionados con servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio y los relacionados con agricultura y pesca. Por otro lado, a pesar de que los trabajadores no cualificados siguen aumentando en todos los grupos de edad, su participación sobre el total de ocupados es menos relevante.

55-59 60-64 65-69 70 + 55-59 60-64 65-69 70 +Dir. de empresas y de la Admón Pública 1,4% 4,3% 10,9% 4,1% 11,5% 15,7% 27,8% 24,6%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 6,6% 5,6% 10,8% 10,9% 13,0% 11,6% 21,9% 25,3%

Técnicos y profesionales de apoyo 0,8% -0,9% 2,3% 6,8% 10,7% 9,2% 7,0% 10,7%

Empleados de tipo administrativo 7,0% 5,0% 3,7% 1,7% 7,0% 5,0% 3,7% 1,7%

Trabaj. de serv. de restauración, personales, protección y vendedores de comercio -5,2% -7,8% -11,2% -3,4% 12,3% 11,7% 10,8% 9,6%

Trabajadores cualificados en agricultura y pesca -20,1% -24,7% -26,4% -23,7% 4,0% 6,5% 9,3% 13,1%

Artesanos y trabaj.cualific.de indus. Manufact., construcc. y minería -4,9% 1,3% -1,1% -8,2% 16,7% 15,9% 6,5% 2,8%

Operadores de instalaciones y maquinaria montadores 4,7% 6,0% 2,9% 1,0% 10,3% 9,5% 4,6% 1,0%

Trabajadores no cualificados 9,9% 11,2% 8,1% 10,7% 14,4% 14,8% 8,4% 10,9%

Fuerzas Armadas 0,0% 0,0% - - 0,2% 0,2%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: EPA (INE)

Diferencia 1987/2008 Distribución % 2008Distribución de ocupados por grupos de edad y tipo de ocupación

Tabla 2.4.1.

Otra de las condiciones socioeconómicas que caracterizan al individuo según su edad es el régimen de tenencia de la vivienda familiar en la que residen. Los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 del INE muestran que a mayor edad de la población, es más común que resida en una vivienda en propiedad por compra totalmente pagada. El 68,6% de la población de 65 años y más presenta este régimen de tenencia, descendiendo ligeramente entre la población de 50 a 64 años (un 65%). Mientras que en régimen de alquiler hay una escasa participación de estos tramos de edad.


40

En el grupo de edad entre 40 y 49 años, el 76,3% tiene vivienda en propiedad por compra, (un 48,6% totalmente pagada y un 27,7% con pagos pendientes). Por otro lado, del total de población adulta entre 30 y 39 años, un 35,1% habita en viviendas en propiedad totalmente pagadas, siendo un porcentaje algo superior la población de estas edades que reside en viviendas en propiedad con pagos pendientes. Además, es importante mencionar que del total de viviendas en alquiler, más del 47% están ocupadas por personas de 16 a 39 años. Este comportamiento, sin duda, refleja que la mayor renta que perciben las personas adultas y las políticas fiscales a favor de la adquisición de vivienda han estimulando la demanda de viviendas en propiedad. Mientras que en los grupos de edad más jóvenes, o residen en la vivienda en propiedad de sus padres o alquilan por su cuenta.

En propiedad por compra, totalmente

pagada

En propiedad por compra, con pagos

pendientes (hipotecas...)

En propiedad por herencia o

donaciónEn alquiler

Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la

empresa...

Otra forma Suma

TOTAL 50,6% 24,1% 8,2% 10,9% 2,5% 3,8% 100,0%Menos de 16 36,6% 36,9% 6,0% 12,3% 3,5% 4,6% 100,0%16-29 49,1% 24,8% 6,8% 12,7% 2,6% 3,9% 100,0%30-39 35,1% 37,5% 6,6% 13,1% 3,3% 4,4% 100,0%40-49 48,6% 27,7% 7,1% 10,4% 2,4% 3,7% 100,0%50-64 65,0% 13,5% 9,2% 7,8% 1,5% 3,0% 100,0%65 o más 68,6% 5,4% 13,2% 8,2% 1,5% 3,1% 100,0%Fuente: INE (Censo 2001)

Distribución de la población en viviendas familiares según régimen de tenencia por edadTabla 2.4.2.

Todas estas consideraciones llevan a concluir que la situación socioeconómica de las personas mayores ha mejorado con el tiempo: sus condiciones laborales se caracterizan en la actualidad por contratos indefinidos, con una elevada participación en el sector público, en calidad de funcionarios, y una cualificación profesional mayor que la observada hace algunos años. Pero es muy probable que el cambio de la situación socioeconómica de las personas mayores haya inducido también el cambio de sus necesidades, volviéndose probablemente más exigentes que las generaciones precedentes.

Conclusión: Álgebra vital que no funciona

El cuadro demográfico adquiere trazos bastante nítidos: se vive cada vez más, se empieza a trabajar más tarde, se sale antes del mercado laboral y, con matices, se mantiene la edad de jubilación y, por tanto la rigidez del sistema que ordena el ciclo vital. El incremento de la productividad durante el periodo de ocupación no puede ser la única respuesta a esta evolución, toda vez que las jubilaciones de generaciones cada vez más cualificadas implicarán paralelamente remuneraciones por pensiones más elevadas.


41

Como se ha mencionado anteriormente, los españoles han incrementado los años dedicados a la formación académica y, en consecuencia, han retrasado cada vez más la búsqueda del primer empleo. Ello también ha implicado un retraso en la edad de emancipación de los jóvenes y la formación de un hogar propio, lo cual a su vez se ha traducido en un incremento de la edad a la hora de tener el primer hijo: si en 1987 esta edad se situaba en 26 años en 2008 ascendía a 29 años.

Por término medio, la vida laboral de las personas está lejos de seguir un ciclo completo, porque a menudo surgen diversas interrupciones, producidas, entre otras razones: por el desempleo y la salida puntual o permanente del mercado laboral para cuidar a los hijos, y a medida que nos acercamos a la jubilación, la invalidez o la retirada anticipada por prejubilación.

En estas circunstancias, la rigidez derivada de una edad de jubilación fijada en los 65 años es incoherente con la mayor longevidad y calidad de vida de la población mayor. Se desperdicia un capital humano cada vez más formado y valioso al expulsar del mercado de trabajo a quienes cumplen 65 años, reduciéndose de ese modo los efectivos de la población activa por el acelerado proceso de envejecimiento del país.

En definitiva, la entrada tardía al trabajo, el mantenimiento de la edad de jubilación en el nivel fijado hace casi medio siglo y la precoz jubilación (anticipada y forzosa) contrastan con el nuevo escenario demográfico, con una alta esperanza de vida y una reducida esperanza de vida sin discapacidad (a los 65 años). Por todo ello, la promoción del envejecimiento activo –frente al tradicional corsé de la jubilación- es la estrategia más efectiva para adaptarnos a una sociedad cada vez más envejecida.


42

3. Retos del envejecimiento

3.1. El sistema de pensiones

En esta sección definiremos tanto de una manera cualitativa como cuantitativa los aspectos más importantes del sistema de pensiones en España, haciendo especial hincapié en su vertiente pública, que es tanto en volumen como en usuarios, el sistema más importante. Además, pondremos de manifiesto las diferentes figuras de transición entre la actividad y la jubilación existentes en España.

Contribuyentes (media anual) 19.005.600 985.413 8.000.000 (4)Pensionistas (media anual) 7.700.749 522.434 167.197 (6)Nuevas altas 114.175 34.564 n.d.Cotización anual media (euros) 5.066,05 1.103 (9) 745,50Pensión media anual (euros) 8.987,76 18.060 6.832,83 (6)Pensión media mensual (euros) 748,98 (5) 1.290 569,40 (4)(5)(6)Ingresos totales en contribuciones (millones de euros) 96.283,3 1.087 (10) 5.964,0 (4)Gastos totales en pensiones (millones de euros) 93.777,8 9.060 1.142,4 (4)Gastos operacionales (millones de euros) 2.813,3 (4) n.d. 782,6 (4)

Patrimonio (31diciembre, millones de euros) 57.223,2 (7) n.d. 78.407,6Gastos administrativos como % de los gastos en pensiones 3,00 0,093 n.d.Gastos de gestión como % de los activos medios totales n.d. n.d. 1,03 (8)

Gastos totales como % del PIB 8,73 0,86 0,10Ingresos totales en contribuciones como % del PIB 9,16 0,10 n.d.Patrimonio como % del PIB 5,17 n.d. 7,09

Tabla 3.1.1.

(3) Fondos y Planes de pensiones voluntarios y complementarios a la Seguridad Social, individuales y de empresa(4) Datos Estimados a 31/12/2008(5) Por todas las contingencias y para todos los regímenes, equivalentes para 12 pagas al año.(6) Beneficiarios de prestaciones en forma de renta (el 50,85% en 2007)

Fuentes: Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, Mº de Economía y Hacienda, INVERCO, DGSFP y elaboración propia.

(10)Cifra obtenida a través de los datos de las mutualidades de funcionarios sobre su número de mutualistas. En las pensiones del Régimen de Clases Pasivas no hay "cotización empresarial". Se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado

(1) Trabajadores del sector privado por cuenta propia y por cuenta ajena y funcionarios de las Administraciones Autonómicas, Locales y funcionarios no de carrera de la A. Central

Los esquemas de pensiones en España 2008Pensiones públicas

Pensiones Privadas (3) Seguridad

Social (1)Clases Pasivas

(2)

(2) Pensiones y Régimen de Clases pasivas del Estado

(7) Fondo de reserva(8) Comisión Global Media de los Fondos de Pensiones (tanto de empleo como personales, 2007)(9) Cotización anual media por derechos pasivos (3,86% del haber regulador según el grupo de pertenencia del funcionario). No incluye la cuota que los funcionarios de los Regímenes Especiales abonan la cuota del mutualismo administrativo.


43

3.1.1 Sistema público de pensiones

El sistema público de pensiones en España, pieza sobre la que pivota gran parte del debate sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar tal y como lo conocemos hoy, es un sistema contributivo, obligatorio y de reparto.

Desde 1985, el debate político y social en torno a este tema se ha centrado en la disyuntiva de mantener el sistema tal y como lo conocemos actualmente o migrar hacia un sistema de capitalización bien público, bien privado o hacia un sistema mixto.

Hasta hoy en día, la sociedad española ha rechazado de plano la privatización del sistema de pensiones, si bien, hay que decir que en esta última década se ha producido cierta concienciación global sobre la problemática del envejecimiento y el sistema de pensiones7.

Figura 3.1.1.Sistema de público de pensiones

Sistema contributivo

Sistema no contributivo

Sistema contributivo

de la Seguridad

Social

Sistema de Clases Pasivas

-El más importante

-Financiado con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios

-Sistema para los funcionarios públicos

-Residual

-Financiado con impuestos generales

-Control de la S. Social pero gestionado por las CC.AA

-Cubre a población > de 16 años incapacitada para trabajar, enfermos crónicos o personas que no han cubierto a los 65 años el periodo mínimo de cotización

- Jubilación

- Viudedad

- Orfandad

- Incapacidad permanente

- Favor familiares

-Jubilación

- Invalidez

Como se observa en el cuadro anterior, el sistema público de pensiones se divide en dos subsistemas, el sistema contributivo y el sistema no contributivo o asistencial. El sistema contributivo es el principal sistema en España, aglutinando la mayor parte de los recursos y de las prestaciones. Se financia a través de las cotizaciones sociales de

7 Contrastaremos en la siguiente fase del estudio diferentes alternativas de reforma del sistema de pensiones


44

trabajadores y empresas, cubriendo las contingencias de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y prestaciones a favor de familiares.

Por su parte el sistema no contributivo es el destinado a cubrir las contingencias de jubilación e invalidez de aquellas personas que teniendo más de dieciséis años se encuentran incapacitadas para trabajar, o bien son enfermos crónicos o personas que no han cubierto el periodo mínimo de cotización al alcanzar los sesenta y cinco años de edad. Este sistema se financia con cargo a los impuestos generales y se gestiona en el seno de cada Comunidad Autónoma, si bien, el control lo ejerce la Seguridad Social a nivel estatal.

El Sistema Contributivo

El sistema contributivo de pensiones cuenta, además, con dos subsistemas: el sistema contributivo de la Seguridad Social (el más importante por volumen y el que centra el grueso del debate) y el sistema de Clases Pasivas, que es el correspondiente al sistema de pensiones de los funcionarios públicos8. Este sistema es residual y no ha entrado, al menos hasta hoy, en el debate público en torno al sistema de pensiones público.

Como es de prever, las dos principales variables que han condicionado la evolución del número de pensiones contributivas han sido el envejecimiento poblacional y el avance del Estado del Bienestar (con un aumento de la ratio de cotizantes/trabajadores).

No obstante, hay que decir que los crecimientos observados en este último periodo (1999-2008) no son elevados, (con un crecimiento medio anual del 1,2%), ya que las mayores aportaciones al crecimiento del total de pensiones contributivas es el generado por las pensiones por jubilación, que coinciden, en casi todo el periodo, con la jubilación de los nacidos durante la Guerra Civil y la posguerra.

8 A lo largo del texto nos referiremos a ambos sistemas, no obstante nos centraremos en el sistema contributivo de la Seguridad Social.


45

Gráfico 3.1.1.Evolución del nº de pensiones contributivas

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mile

s

Incapacidad permanente Jubilación Viudedad Orfandad Favor familiar

Con datos a cierre de 2008 el número total de pensiones contributivas ascendía a 8.390.800, de las cuáles la mayor parte (un 59%) eran pensiones por jubilación. Esta estructura se viene manteniendo prácticamente inalterable a lo largo de los últimos años, aunque es de prever que aumente a medida que el envejecimiento poblacional se vaya haciendo más patente, ya que al ser la esperanza de vida mayor los individuos permanecerán un mayor número de años recibiendo la pensión por jubilación.

Gráfico 3.1.2.Peso de los distintos tipos de pensiones. 2008

Incapacidad permanente

10,8%

Orfandad; 3,1%Favor familiar;

0,4%

dedad; 26,7%

Jubilación; 59,0%

Fuente: Seguridad Social

Consecuencia de la estructura de las pensiones contributivas, el gasto asociado a ellas está íntimamente ligado a la evolución de las pensiones por jubilación. Del total de 90.472,63 millones de euros al que ascendió el gasto en prestaciones contributivas


46

a cierre de 20089 casi el 94%, 84.738,9 millones de euros, correspondían a este tipo de prestación.

Millones € %Pensiones 84.738,9 93,7%Incapacidad temporal 3.335,6 3,7%Recargos falta med. Seguridad e higiene 55,1 0,1%Prestación por maternidad 2.031,2 2,2%Otras 311,9 0,3%PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS 90.472,6 100,0%Fuente: Intervención General de la Seguridad Social

Gasto en pensiones contributivas. Ejercicio 2008Tabla 3.1.2.

Por lo que respecta a la ratio de concurrencia, número de pensiones recibidas por cada pensionista, durante los últimos ejercicios se mantiene estable en torno a 1,1 prestaciones por cada pensionista.

Gráfico 3.1.3.Evolución del número de pensionistas y pensiones

0

1.000

2.000

3.0004.000

5.000

6.0007.000

8.0009.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mile

s

1,07

1,08

1,08

1,09

1,09

1,10

1,10

1,11

%

Pensionistas Pensiones Ratio de concurrencia


Si analizamos la evolución de las pensiones en función del territorio en el que son causadas, vemos cómo existe una elevada disparidad territorial relacionada de forma directa con el envejecimiento en el territorio de una parte, y de otra con el dinamismo económico de éste. Para comprobarlo, en el siguiente mapa mostramos la relación entre el número de afiliados de cada provincia con el número de pensiones recibidas

9 Datos recogidos en “Información Financiera de la Seguridad Social” de la Intervención General de la Seguridad Social. Cierre provisional a 31 de diciembre de 2008.


47

en ese mismo territorio. Así, mientras que Madrid o Murcia poseen una ratio de más de 2,5 afiliados por cada pensión, existen un gran número de provincias como Ourense, León o Lugo con una ratio cercana al 1.

Como ya hemos visto, y pese a existir otro tipo de pensiones, el grueso del gasto, y por tanto de la discusión sobre el sistema de pensiones y el envejecimiento se centra en las pensiones por jubilación.

Entendemos por pensión de jubilación en su modalidad contributiva, la prestación que cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos.


48

Gráfico 3.1.4.Evolución del número de pensiones por jubilación

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

4.800

4.900

5.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mile

s

Fuente: Ministerio de Trabajo

Si analizamos el comportamiento de las pensiones por jubilación en el periodo 1999-2008 vemos que no han parado de crecer, si bien y como ya hemos comentado anteriormente al hilo de la evolución del conjunto de pensiones contributivas, estos crecimientos han sido moderados (1,5% en 2008) debido a la coincidencia de la edad de jubilación en este periodo con los nacidos durante la Guerra Civil y la posguerra. No obstante, si ponemos en comparación las tasas de variación interanual del número de pensiones con el de la pensión media en el periodo, vemos como sistemáticamente el crecimiento de la pensión media es ampliamente superior. La indexación de las pensiones al IPC y las bases reguladoras de los jubilados cada vez más elevadas explican esta situación y adelantan un elevado incremento en las próximas décadas.

Gráfico 3.1.5.Crecimiento de las pensiones por jubilación (% variación ia)

5,4%

4,6%

5,8%5,2%

7,2%

0,4%

1,3%

2,8%

1,1%1,5%

5,0% 5,3%

4,1%

5,5%

0,6%1,0% 1,2%

0,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importe medio Número de pensiones

Fuente: Ministerio de Trabajo


49

Para cubrir este gasto creciente, el Sistema de la Seguridad Social obtiene ingresos a través de las cuotas satisfechas por las empresas y por los propios trabajadores afiliados al sistema.

Analizando la evolución del número de afiliados hasta 2007 vemos cómo éste no han dejado de crecer, registrando crecimientos anuales en torno al 3-4%. Sin embargo, en 2008 y debido a la adversa situación en la que nos encontramos, se ha producido un cambio de tendencia y el número de afiliados registró una caída del 0,8%, dejando el número de afiliados en 19.005.600.

Gráfico 3.1.6.Evolución del nº de afiliados

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mile

s

-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%

Afiliados Var ia

Fuente: Ministerio de Trabajo, febrero de 2009

Por lo tanto, al riesgo que supone contar cada vez con una esperanza de vida mayor y consiguientemente con pensionistas que disfrutan durante un periodo más largo del periodo de jubilación, se añade el importante deterioro cíclico que sin duda van a sufrir los ingresos en los próximos ejercicios. No obstante, y como hemos dicho, este segundo factor de riesgo será cíclico, por lo que no ha de ser tenido en cuenta a la hora de realizar un análisis de las posibles vías de reforma del Sistema. Éstas deben focalizarse en el problema estructural del que adolece: hemos llegado a un modelo de álgebra vital que no funciona, ya que pese a que la esperanza de vida es mayor, se empieza a trabajar más tarde y se deja de hacerlo antes. Esto se traduce, de una parte, en una reducción del número de años de cotización y de otra en un aumento de los años de percepción de prestaciones, por lo que necesitamos un cambio estructural que posibilite el funcionamiento a largo plazo del sistema.

Si analizamos la estructura de edades de los afiliados a la Seguridad Social, vemos cómo el grupo más numeroso es el formado por los afiliados con edades comprendidas entre los 30 y 39 años, con un peso sobre el total del 30,5%. No obstante, a partir de los 50 años, edad que podríamos llamar de riesgo por estar cercana a la jubilación, se concentra un importante grupo de afiliados (más del 20%).


50

En un horizonte de 15 años contaremos aproximadamente con casi cuatro millones de nuevas altas10.

Gráfico 3.1.7.Estructura de edades de la afiliación 2007

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

De 16 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 y más años

No consta

% s

obre

el t

otal

varones mujeres

Fuente: Boletín anual de estadísticas del Mº de Trabajo e Inmigración, 2007. A día de hoy no se ha publicado correspondiente a 2008

A esta presión al alza en el número de pensionistas, hay que añadirle el efecto producido por la mayor cualificación de los trabajadores, que si bien, aumenta la productividad, ejerce como acelerador del incremento salarial, las bases reguladoras y por lo tanto, de la pensión futura a percibir.

Gráfico 3.1.8.Evolución de la pensión media

582 612 647 681 72

0

655 689 72

9 771 81

4

0100200300400500600700800900

2004 2005 2006 2007 2008

Pensión media total regimenes Pensión media jubilación


10 Nuevas altas compensadas en parte por las bajas por defunción que se produzcan.


51

Sistema no contributivo

Las prestaciones no contributivas supusieron en 2008 un gasto de 3.305,15 millones de euros11, tan sólo el 3,5% del total del gasto en prestaciones. Del total del gasto no contributivo, más de la mitad (el 61,4% del total), se destinó a pensiones.

Millones € %PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS 90.472,6 96,5%Pensiones 84.738,9 90,4%Incapacidad temporal 3.335,6 3,6%Recargos falta med. Seguridad e higiene 55,1 0,1%Prestación por maternidad 2.031,2 2,2%Otras 311,9 0,3%PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 3.305,2 3,5%Pensiones 2.030,6 2,2%Prestaciones familiares 1.219,0 1,3%Prestación por maternidad 0,6 0,0%Otras 54,9 0,1%TOTAL GASTO EN PENSIONES 93.777,8 100,0%Fuente: Intervención General de la Seguridad Social

Gasto en pensiones. Ejercicio 2008Tabla 3.1.3.

Las prestaciones no contributivas se financian a través de aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el Presupuesto de gastos y dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Son abonadas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco12.

La evolución del número de pensiones no contributivas nos muestra un paulatino descenso desde 2004 ya que, si bien, se puede acceder a una pensión no contributiva por diferentes causas (personas con más de dieciséis años incapacitadas para trabajar, enfermos crónicos, etc.) una parte muy importante de éstas es la que se destina a personas que no han cubierto el periodo mínimo de cotización al alcanzar los sesenta y cinco años de edad, en clara disminución a medida que se generalizan las carreras completas de cotización.

11 Datos recogidos en “Información Financiera de la Seguridad Social” de la Intervención General de la Seguridad Social. Cierre provisional a 31 de diciembre de 2008. 12 Que se rigen por el sistema foral.


52

Gráfico 3.1.9.Evolución del nº de pensiones no contributivas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%Jubilación Invalidez Var ia


3.1.2 Balance individual del sistema público de pensiones desde un enfoque financiero

El análisis del balance individual del sistema público de pensiones realizado, tiene como objetivo comprobar si en el sistema público de pensiones tal y como está definido en la actualidad, existe equilibrio entre las aportaciones que realiza cada individuo y las prestaciones que percibe del sistema.

Si el sistema se encuentra en equilibrio a nivel individual, entonces la suma de muchos individuos en equilibrio debiera dar lugar a un sistema que a nivel agregado se encuentre en equilibrio de forma estructural. Lo cuál no significa que el sistema no pueda encontrarse con dificultades o con problemas puntuales de liquidez en el medio plazo, como consecuencia de la evolución demográfica de España en los últimos años, aumento de la esperanza de vida y reducción de las tasas de natalidad, como se ha descrito en las diferentes secciones del capítulo 2.

Dicha evolución demográfica puede provocar que en el medio plazo la tasa de dependencia aumente significativamente, es decir, que al tratarse de un sistema de reparto, el número de cotizantes y sus aportaciones no sean suficientes para hacer frente a las prestaciones que debe pagar el sistema durante un período de tiempo determinado.

Por tanto, en este primer análisis no se pretende realizar un análisis intergeneracional del actual sistema de reparto, sino que el objetivo es comprobar si existe o no déficit entre las aportaciones y las prestaciones de un individuo.


53

Para ello siguiendo la metodología recogida con mayor detalle en el Anexo I, se ha modelizado, proyectando en el futuro sus aportaciones y las prestaciones recibidas del sistema, el comportamiento de una cohorte cerrada de individuos (clasificada en función del sexo y nivel de estudios de sus individuos), que en la actualidad tendría 35 años, considerando que entraron en el sistema a una edad establecida según su nivel de estudios, y que por tanto a su jubilación habrán completado una vida laboral completa, de al menos 35 años. El resultado nos permite comparar el valor actual de las aportaciones de un individuo tipo de cada grupo con el valor de las prestaciones procedentes del sistema público de pensiones que recibiría ese mismo individuo.

Para recoger las particularidades del sistema público de pensiones español y de sus diferentes regimenes se ha diferenciado entre los trabajadores por cuenta ajena o trabajadores acogidos al Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores por cuenta propia acogidos al Régimen Especial de Autónomos13.

Los individuos de la cohorte bajo estudio se han clasificado en seis grupos de panel atendiendo a su sexo y nivel de estudios, con el objeto de comprobar si existen diferencias en función del nivel de estudios (mayor salario) o del sexo de los trabajadores.

Régimen General de la Seguridad Social

Para analizar el balance individual de los trabajadores acogidos al Régimen General, suponemos que la cohorte cerrada de individuos que en la actualidad tiene 35 años, considerando que entraron en el sistema a una edad establecida según su nivel de estudios, y que por tanto a su jubilación habrán completado una vida laboral completa, de al menos 35 años. Aunque la edad legal de jubilación está fijada en 65 años, los trabajadores adscritos a este sistema pueden jubilarse de forma anticipada si cumplen determinados requisitos, así que la edad de jubilación real considerada es la edad de salida del mercado laboral en España, que según Eurostat se sitúa en los 62,1 años para el año 2007.

El análisis para este régimen muestra que el sistema público de pensiones presenta para el sistema un balance negativo entre las aportaciones (cotizaciones) que recibe del individuo y las prestaciones (pensiones) que paga, es decir, que debido a que cada vez vivimos más años por encima de la edad legal de jubilación los individuos reciben más de lo que aportan al sistema público de pensiones.

Desde un punto de vista financiero, este balance negativo entre lo aportado y lo recibido del sistema, se traduce en que el sistema proporciona a todas las categorías en las que se ha dividido la cohorte bajo estudio un exceso de rentabilidad sobre la

13 Con el análisis del Régimen General y el Régimen Especial de Autónomos el estudio abarca al 92% de los afiliados a la Seguridad Social (enero 2009).


54

rentabilidad a largo plazo que ofrecen los activos financieros sin riesgo. Lo que nos permite afirmar que el sistema de reparto actual desde un punto de vista individual y estrictamente financiero parece generoso.

Dicho balance negativo entre aportaciones y prestaciones se acentúa a medida que aumenta el nivel de estudios de los individuos y por tanto los niveles salariales, y que además, es ligeramente superior para las mujeres que para los hombres.

El análisis realizado también nos permite estimar la tasa de sustitución o de reemplazo promedio de cada grupo de individuos de la cohorte, definida como el porcentaje que supone la primera pensión de entrada al sistema como beneficiario del mismo, respecto del promedio de los últimos 15 años de salario. En este caso, las diferencias son significativas entre los diferentes grupos de población, desde una tasa ligeramente superior al 80% para los grupos de menor nivel de estudios, a una tasa entorno al 50% para los grupos de mayor nivel de estudios y con mayores salarios al final de su vida laboral.

Estas diferencias se justifican en parte porque las pensiones públicas de jubilación tienen un tope máximo que afecta lógicamente de forma más intensa a los grupos con mayor nivel de estudios y mayor nivel salarial.


55

Modelización con el actual esquema de funcionamiento del Sistema Público de Pensiones

NIVEL ESTUDIOS SEXO EDAD REAL

JUBILACIÓNEDAD LEGAL JUBILACIÓN

AÑOS CÁLCULO (1)

TASA SUSTITUCIÓN (2)

APORTACIONES AL SISTEMA (3)

PRESTACIONES DEL SISTEMA (3)

EXCESO RENTABILIDAD

ANUAL (4)

BALANCE: (Aport - Prest) /

PrestBásico Hombre 62 65 15 75,9% 855 1.075 0,60% -20,4%Básico Mujer 62 65 15 78,3% 632 909 0,93% -30,5%Medio Hombre 62 65 15 53,0% 1.133 1.482 0,76% -23,5%Medio Mujer 62 65 15 66,8% 983 1.604 1,39% -38,7%

Superior Hombre 62 65 15 34,2% 1.190 1.575 0,85% -24,4%Superior Mujer 62 65 15 51,5% 1.086 1.770 1,47% -38,6%

(1) Años utilizados para el cálculo de la base reguladora, actualmente son los últimos 15 años de cotización (vida laboral)(2) Tasa de Sustitución promedio para cada grupo, calculada como el importe que supone la pensión de jubilación sobre la media del salario de los últimos 15 años de vida laboral(3) En base 100, como referencia del salario medio anual nacional a 2007 (20.120€) actualizado(4) Exceso de Rentabilidad Anual, sobre la rentabilidad real de los activos financieros sin riesgo a largo plazo


56

Los resultados del análisis son sustancialmente diferentes si en vez de considerar que el individuo se jubila de forma anticipada, 3 años antes de la fecha de jubilación real, como sucede en la práctica a pesar de los desincentivos que existen en el sistema a las jubilaciones anticipadas (un 7% anual de media), se considera que la jubilación efectiva es la edad de jubilación legal, 65 años.

Así cotizar hasta los 65 años supone un aumento de la pensión de jubilación en todos los grupos de individuos de la cohorte, dicha pensión ya no se ve afectada por las penalizaciones establecidas para la jubilación anticipada, y a pesar de que se cotizan más años se acentúa el balance negativo del sistema, aumentando los excesos de rentabilidad que proporciona el sistema a los individuos.

De hecho, trabajar hasta cumplir la edad legal de jubilación supone un fuerte aumento de la tasa de sustitución o de reemplazo en todos los grupos, muy significativo en los grupos de menor nivel de estudios, donde dicha tasa se acerca al 100%.

En cambio, si el individuo trabaja más allá de la edad de jubilación, por ejemplo hasta los 68 años, por situarnos en la situación contraria, pero análoga (3 años más de la edad legal de jubilación) a la que se da en la práctica, el balance negativo entre aportaciones y prestaciones se reduce significativamente, y por tanto también se reduce el exceso de rentabilidad anual que obtiene el individuo del sistema. Pero hay que destacar que la tasa de sustitución no aumenta en la misma medida que se reduce en el caso de la jubilación anticipada (3 años antes), este efecto se debe a que los incentivos establecidos para trabajar más años –incremento de la pensión del 2% anual– son inferiores a la penalización a jubilarse de forma anticipada.


57

Retraso en la edad real de jubilación hasta 65 años, es decir la gente se jubila realmente a los 65 años, edad legal de jubilaciónManteniendo el actual sistema de incentivos y desincentivos



AÑOS CÁLCULO (1)




EXCESO RENTABILIDAD

ANUAL (4)


PrestBásico Hombre 65 65 15 96,0% 893 1.186 0,74% -24,7%Básico Mujer 65 65 15 99,2% 662 1.022 1,11% -35,2%Medio Hombre 65 65 15 66,6% 1.193 1.633 0,88% -26,9%Medio Mujer 65 65 15 84,3% 1.036 1.800 1,55% -42,4%


Retraso en la edad real de jubilación hasta 68 años, es decir la gente se jubila realmente a los 68 años. Aunque la edad legal de jubilación se mantiene en 65 añosManteniendo el actual sistema de incentivos y desincentivos



AÑOS CÁLCULO (1)




EXCESO RENTABILIDAD

ANUAL (4)


PrestBásico Hombre 68 65 15 101,6% 928 1.084 0,38% -14,4%Básico Mujer 68 65 15 105,1% 690 950 0,79% -27,3%Medio Hombre 68 65 15 70,2% 1.247 1.488 0,47% -16,2%Medio Mujer 68 65 15 89,4% 1.086 1.673 1,19% -35,1%


(1) Años utilizados para el cálculo de la base reguladora, actualmente son los últimos 15 años de cotización (vida laboral)(2) Tasa de Sustitución promedio para cada grupo, calculada como el importe que supone la pensión de jubilación sobre la media del salario de los últimos 15 años de vida laboral(3) En base 100, como referencia del salario medio anual nacional a 2007 (20.120€) actualizado(4) Exceso de Rentabilidad Anual, sobre la rentabilidad real de los activos financieros sin riesgo a largo plazo


58

Cuadro Resumen - Régimen General Efecto de la Edad de Jubilación sobre el Balance del Sistema

NIVEL ESTUDIOS SEXO 62 63 64 65 66 67 68

Básico Hombre -20,4% -22,4% -23,8% -24,7% -21,5% -18,1% -14,4%Básico Mujer -30,5% -32,6% -34,1% -35,2% -32,8% -30,1% -27,3%Medio Hombre -23,5% -25,2% -26,3% -26,9% -23,6% -20,1% -16,2%Medio Mujer -38,7% -40,3% -41,6% -42,4% -40,1% -37,7% -35,1%

Superior Hombre -24,4% -25,7% -26,6% -27,0% -23,4% -19,5% -15,3%Superior Mujer -38,6% -40,0% -41,1% -41,7% -39,2% -36,5% -33,6%

EDAD DE JUBILACIÓN REAL

Efecto de la Edad de Jubilación sobre el Exceso de Rentabilidad que genera el Sistema

NIVEL ESTUDIOS SEXO 62 63 64 65 66 67 68

Básico Hombre 0,60% 0,67% 0,71% 0,74% 0,62% 0,50% 0,38%Básico Mujer 0,93% 1,01% 1,07% 1,11% 1,00% 0,90% 0,79%Medio Hombre 0,76% 0,82% 0,86% 0,88% 0,74% 0,61% 0,47%Medio Mujer 1,39% 1,46% 1,52% 1,55% 1,43% 1,31% 1,19%

Superior Hombre 0,85% 0,89% 0,92% 0,93% 0,78% 0,62% 0,47%Superior Mujer 1,47% 1,53% 1,57% 1,59% 1,45% 1,32% 1,18%


Efecto de la Edad de Jubilación sobre la Tasa de Sustitución

NIVEL ESTUDIOS

SEXO 62 63 64 65 66 67 68

Básico Hombre 75,9% 82,6% 89,3% 96,0% 97,9% 99,8% 101,6%Básico Mujer 78,3% 85,3% 92,2% 99,2% 101,1% 103,1% 105,1%Medio Hombre 53,0% 57,6% 62,1% 66,6% 67,8% 69,0% 70,2%Medio Mujer 66,8% 72,6% 78,5% 84,3% 86,0% 87,7% 89,4%

Superior Hombre 34,2% 37,1% 40,1% 43,0% 43,7% 44,5% 45,2%Superior Mujer 51,5% 56,0% 60,4% 64,9% 66,1% 67,3% 68,6%


En el Cuadro Resumen anterior se puede ver el efecto que tiene la edad de jubilación real sobre el balance del sistema en el Régimen General, considerando el esquema actual de desincentivos a la jubilación anticipada y de incentivos a permanecer en el sistema después de los 65 años. Es importante destacar que el balance negativo del sistema aumenta según la fecha de jubilación se va acercando a los 65 años, edad de jubilación legal, edad a partir de la cuál dicho balance negativo empieza a reducirse.

De forma análoga, el exceso de rentabilidad que genera el sistema a los trabajadores aumenta hasta los 65 años, para después empezar a caer cuando los trabajadores se jubilan después de los 65 años. En términos generales, se aprecia que las mujeres obtienen un exceso de rentabilidad del sistema superior al de los hombres, sin duda debido a su mayor esperanza de vida, lo que hace que vivan más años como jubiladas y por tanto reciban más prestaciones que los hombres.


59

Por otro lado, el aumento de la edad de jubilación supone a su vez un aumento de las tasas de sustitución en todos los grupos de trabajadores analizados, si bien son más significativas en los grupos de menor nivel de estudios.

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

Al igual que en el análisis del Régimen General suponemos que la cohorte de individuos que en la actualidad tiene 35 años, considerando que entraron en el sistema a una edad establecida según su nivel de estudios, y que por tanto a su jubilación habrán completado una vida laboral completa, de al menos 35 años. Pero en este caso consideramos una particularidad que se deriva del análisis de los datos de las bases de cotización relativas a los trabajadores autónomos14. En ellas se observan dos patrones de comportamiento diferenciados, debido a que los trabajadores autónomos tienen la posibilidad de definir sus bases de cotización independientemente de sus ingresos, siempre que se encuentren dentro del rango máximo y mínimo de cotización:

Aquellos que cotizan por la base mínima durante toda su vida laboral, hasta su jubilación a los 65 años.

Aquellos que cotizan por la base mínima hasta los 50 años, para después, cotizar al máximo establecido hasta su jubilación a los 65 años.

Los datos reflejan que se producen otras situaciones, se trata de situaciones marginales y difíciles de replicar de forma agregada, ya que se trata de individuos que han cotizado a otros regímenes de la Seguridad Social durante más de 5 años, y por tanto se pueden jubilar de forma anticipada, y en algunos casos a partir de los 50 años sus bases de cotización máxima pueden ser mayores que las establecidas de forma genérica para los trabajadores autónomos.

Los resultados del análisis realizado reflejan que en el primero de los casos, el balance entre aportaciones y prestaciones no es tan negativo como en el caso de los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, en especial en el caso de los autónomos con menor nivel de estudios.

En cambio, en el segundo de los patrones de comportamiento analizados el balance negativo del sistema es notablemente superior al que se produce en el escenario de jubilación anticipada del Régimen General, sin duda este resultado se debe a que en este segundo caso se produce una optimización clara de las aportaciones al sistema público de pensiones desde el punto de vista del individuo: como el autónomo puede elegir su base de cotización, decide cotizar al mínimo hasta que sus aportaciones se

14 Como se puede comprobar en el apartado 2 del Anexo I.


60

empiezan a tener en cuenta para el cálculo de la pensión que percibirá, momento que coincide con los 50 años.

Así, desde el punto de vista financiero el individuo percibe un rentabilidad adicional anual más elevada que en el primer caso de los trabajadores autónomos y que en el escenario de jubilación anticipada del Régimen General.


61



AÑOS CÁLCULO (1)



EXCESO RENTABILIDAD

ANUAL (2)

BALANCE: (Aport - Prest) / Prest

Básico Hombre 65 65 15 608 619 0,00% -1,9%Básico Mujer 65 65 15 614 762 0,50% -19,4%Medio Hombre 65 65 15 535 619 0,33% -13,7%Medio Mujer 65 65 15 542 762 0,84% -29,0%

Superior Hombre 65 65 15 461 619 0,84% -25,6%Superior Mujer 65 65 15 468 762 1,38% -38,6%



AÑOS CÁLCULO (1)



EXCESO RENTABILIDAD

ANUAL (2)

BALANCE: (Aport - Prest) / Prest

Básico Hombre 63 65 15 718 1066 1,07% -32,6%Básico Mujer 63 65 15 728 1295 1,54% -43,8%Medio Hombre 63 63 15 645 1066 1,45% -39,4%Medio Mujer 63 63 15 655 1295 1,93% -49,4%

Superior Hombre 63 63 15 572 1066 2,02% -46,4%Superior Mujer 63 63 15 581 1295 2,54% -55,1%

(1) Años utilizados para el cálculo de la base reguladora, actualmente son los últimos 15 años de cotización (vida laboral)(2) Exceso de Rentabilidad Anual, sobre la rentabilidad real de los activos financieros sin riesgo a largo plazo(3) En base 100, como referencia del salario medio anual nacional a 2007 (20.120€) actualizado

Autónomo que cotiza al sistema de pensiones por la base mínima durante toda su vida laboral

Autónomo que cotiza al sistema de pensiones por la base mínima hasta 50 años, para cotizar al máximo durante los últimos años, hasta su jubilación a los 63 años


62

Conclusiones del Balance Individual del Sistema Público de Pensiones

Desde un punto de vista individual y estrictamente financiero, los resultados del análisis muestran que para la cohorte cerrada de individuos proyectada el sistema presentaría un balance negativo entre las aportaciones que recibe de esa cohorte y las prestaciones que tendrá que pagarles en el futuro.

El balance negativo del sistema se traduce en que los individuos de la cohorte obtendrían una rentabilidad extra del sistema frente a la alternativa de invertir sus aportaciones en instrumentos financieros sin riesgo a largo plazo. Desde este punto de vista los trabajadores más beneficiados por el sistema actual de pensiones públicas son aquellos trabajadores de mayor nivel de estudios, más en el caso de las mujeres que los hombres, a pesar de que su primera pensión pública sea sustancialmente inferior que el salario promedio de los últimos años antes de su jubilación.


63

3.1.3 Proyecciones del Sistema de Seguridad Social en España

Es claro, pues, que la dinámica poblacional está fuertemente influida por el fenómeno del alargamiento de la esperanza de vida hasta el punto de que los aportes significativos que representan la inmigración (o una natalidad vigorosa, en su defecto) no logran evitar el fuerte avance de los indicadores más habituales de lo que hemos dado en llamar “envejecimiento”. Las tasas de dependencia de las personas de edad (población de 65 y más años sobre población de 15 a 64 años) pasarán del 25,1% en 2009 al 55,1% en 2050 a pesar de un aporte neto estimado total en el periodo de casi 11,6 millones de inmigrantes y otros 18,5 millones de nacimientos en las proyecciones de población del INE hasta 2060. La edad media de la población pasará de casi 41 años en la actualidad hasta casi 48 años en 2059.

Desde un punto de vista agregado, el sistema público de pensiones español depende críticamente de la renovación de efectivos en la base activa de la población para poder allegar los recursos necesarios para financiar las pensiones. Ya hemos visto en las secciones precedentes que el balance individual de las pensiones públicas arroja un saldo positivo para cotizantes tipo que puede variar en función del género o el nivel educativo, pero que, en general, implica que el sistema es rentable para sus participantes. En otras palabras, que el sistema les da unas prestaciones cuyo valor presente es mayor que el de las cotizaciones que recibe de ellos. Esto, que es positivo desde el punto de vista individual, en un sistema de reparto, tiene un correlato agregado que sólo puede traducirse en una insuficiencia financiera estructural.

Con sus actuales fórmulas de cotizaciones y prestaciones y sus parámetros de elegibilidad, entre los que se incluyen los que regulan el paso a la jubilación, el sistema español de pensiones públicas está abocado a un déficit estructural creciente en el medio plazo. Este déficit estructural creciente es la contrapartida de los superávit individuales ya mencionados anteriormente que se verán ampliados a medida que los individuos viven más tiempo.

Las actuales condiciones del mercado de trabajo pueden causar un déficit transitorio en los próximos años si la afiliación y el empleo continúan descendiendo en 2011, pero este déficit se corregirá si se produce una recuperación del empleo. Ahora bien, más allá de 2020 el sistema español de pensiones contributivas tendrá déficit si se mantiene la normativa actual del sistema y salvo que se produzca una creación de empleo tan espectacular como la que se ha dado entre los años 1998 y 2007.

En esta sección se describe una proyección de gastos e ingresos del sistema español de pensiones contributivas al horizonte 2059 que detalla los comentarios anteriores. Esta proyección es ilustrativa, se ha realizado expresamente para este ejercicio actualizando proyecciones previas de Herce (2007) y está en línea con las que


64

regularmente realiza el Gobierno español para sus comunicaciones con el grupo de política económica de la Comisión de la UE y las que han realizado otros expertos.15

El escenario macroeconómico

Para realizar esta proyección ha sido necesario combinar un escenario macroeconómico de actividad (PIB) y empleo con una proyección de población, ambos para los años 2009-2059. De esta forma se establece la dinámica de los afiliados y pensionistas del sistema, lo que junto a las fórmulas de pensiones y cotizaciones existentes en el año de base (2009), y las hipótesis de variación de las mismas, permite hacer proyecciones de gastos e ingresos suficientemente robustas como para estudiar las consecuencias de cambios en los parámetros del modelo o las condiciones de elegibilidad.

El escenario macroeconómico se muestra en el cuadro y el gráfico siguientes. Su objeto es el de trazar las coordenadas por las que derivará la creación de empleo y, por tanto, la afiliación de trabajadores al sistema de pensiones. La tasa de empleo que se refleja en el cuadro es, en realidad la ratio entre el número de afiliados y la población de entre 16 y 64 años (población en edad de trabajar). Junto a la creación de empleo, se contempla la evolución de la productividad. De ambas dinámicas se desprende la evolución del PIB. Este escenario es coherente con las perspectivas de actividad y empleo que se mantienen para la economía española hasta 2012, mientras que el curso del empleo, la productividad y el PIB es meramente hipotético a partir de entonces.

2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2059Tasa de empleo (escala derecha) 57,4% 55,5% 55,3% 55,5% 57,8% 62,7% 65,5% 66,6% 66,9% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0%Crecimiento i.a. del PIB 0,0% -0,8% 1,5% 2,1% 3,2% 3,2% 2,7% 2,1% 1,7% 1,4% 1,4% 1,9% 2,1% 2,2%Crecimiento i.a. del empleo 0,0% -2,9% 0,0% 0,7% 2,1% 1,8% 0,8% 0,1% -0,3% -0,6% -0,6% -0,1% 0,1% 0,2%Crecimiento i.a. de la productividad 3,0% 2,1% 1,5% 1,4% 1,1% 1,4% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%Fuente: elaboración propia

Escenario macroeconómico de las proyeccionesTabla 3.1.4.

Dada la evolución de la población las hipótesis adoptadas sobre la tasa de empleo y el crecimiento de la productividad determinan el crecimiento del empleo y del PIB. De forma que este escenario es coherente en su conjunto. Algunos rasgos de la evolución temporal de los indicadores contemplados en el cuadro anterior merecen una explicación, especialmente la relativa al peculiar desempeño de la afiliación a partir de 2025.

15 Una de estas últimas proyecciones se debe a de la Fuente y Doménech (2009). Véase también Ministerio de Trabajo e Inmigración, MTIN, (2008) y Herce (2007)


65

La evolución temporal para el conjunto del periodo, año a año, puede apreciarse en el gráfico siguiente en el que es más fácil llevar a cabo la interpretación del escenario adoptado.

Aparte de la dinámica macroeconómica para el corto plazo, es decir, para el periodo 2009-2012, las hipótesis adoptadas contemplan una progresiva vuelta a un ciclo económico normalizado hasta 2015, y para los años inmediatamente posteriores, en los que el PIB estaría creciendo alrededor del 3%, el empleo alrededor del 2% y la productividad habría vuelto a crecer a niveles del 1% tras el elevado crecimiento de la misma en los años anteriores como consecuencia de la destrucción de empleo.

Este proceso de la productividad se prolonga a partir de 2015 mediante un progresivo impulso a este crucial indicador macroeconómico debido a eso que hemos llamado “cambio de modelo”. Sin querer prejuzgar en este informe cómo se dará este cambio, se ha supuesto que merced al mismo la productividad acabará creciendo al 2% y que el crecimiento del PIB se beneficiará de este impulso en la misma medida. El crecimiento de la productividad, en el modelo de proyección, no tiene efectos sobre la sostenibilidad de las pensiones, ya que afecta por igual a los salarios y a las pensiones que se calculan sobre los salarios; por lo que tanto ingresos como gastos del sistema resultan impulsados en la misma medida (Alonso y Herce, 2003).

Gráfico 3.1.10.Escenario macroeconómico de las proyecciones

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

Crecimiento i.a. del PIB Crecimiento i.a. del empleoCrecimiento i.a. de la productividad Tasa de empleo (escala derecha)

Fuente:

No obstante, puede observarse en el gráfico anterior que el crecimiento del PIB registra un proceso muy peculiar paralelo al del empleo (la afiliación). En realidad es


66

este último desarrollo el que está dominando el proceso del PIB, dado el crecimiento de la productividad.

En un contexto de aumento de la población, las caídas del empleo que se contemplan en el escenario entre 2030 y 2050 serían extraordinariamente preocupantes, pues el paro no dejaría de aumentar. Sin embargo, la población en edad de trabajar está llamada a disminuir apreciablemente a partir de 2028 y no mostrará signos de recuperación moderada hasta después de 2050, ello a pesar de los flujos migratorios netos positivos que la proyección del INE incorpora debido al fuerte efecto compensatorio del saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones). Esta es la razón por la que no crecerá el empleo en las dos décadas que van desde 2030 hasta 2050, siempre, naturalmente, que se cumplan las previsiones demográficas del INE.

Nótese, además, que esta caída del empleo se da bajo una hipótesis de crecimiento intenso de la tasa de empleo (y de la tasa de actividad, correspondientemente) de la población, hasta niveles similares a los de los países más avanzados en este materia.

La proyección de gastos e ingresos del sistema español de pensiones públicas

Bajo las hipótesis anteriores, la proyección de los flujos demográficos y económicos del sistema español de pensiones contributivas es relativamente simple. El sistema reconoce pensiones (pensionistas) en función de la población de edades superiores a los 60 años, mientras que encuadra a afiliados en función del empleo existente en cada momento. La cotización media aumenta con los salarios (es decir, la productividad) y el gasto en pensiones lo hace en función de la evolución de la pensión media16 (que también crece con la productividad) y del número de pensiones.

La formulación algebraica de las relaciones oportunas para captar todos estos elementos de la operación del sistema de pensiones y las hipótesis de partida se traduce en los resultados que se comentan en esta sección. En la proyección realizada, aparte de la coherencia, anteriormente comentada, del escenario macroeconómico, no se han considerado efectos de equilibrio general derivados de decisiones de oferta de trabajo por parte de los agentes o decisiones de jubilación. Se ha supuesto que las reglas del sistema permanecen constantes a lo largo del periodo de proyección y todas las magnitudes económicas se expresan en euros de 2009.

16 Obviamente, sólo las pensiones de los nuevos pensionistas entran en el sistema ligadas a los salarios que, a su vez, lo están con la productividad. Una vez dentro, las pensiones sólo se actualizan con el IPC. Pero la progresiva sustitución de las pensiones de quienes fallecen por las pensiones de quienes entran de nuevo al sistema hace que, en realidad, la pensión media del sistema evolucione también con la productividad, grosso modo. Véase Alonso y Herce (2003) sobre este resultado.


67

El punto de partida de la proyección realizada, junto con el de llegada, se muestra en el cuadro siguiente. Para el año 2009 se han calibrado los cálculos de forma que se reproducen las variables básicas, demográficas y económicas, del sistema español de pensiones contributivas (todos los regímenes y contingencias incluidos). Los datos del sistema para este año de partida proceden de una estimación propia para el conjunto del año realizada a la vista de los datos existentes hasta mayo de este año.

FLUJOS DEMOGRÁFICOS DEL SISTEMA 2009 2059 Ratio 59/09

Población total (a 1 de julio) (miles) 46.857 54.601 1,2Población 16-64 31.430 30.672 1,0Población de 60-64 2.466 3.067 1,2Población de 65 y + 8.017 16.353 2,0Pensiones (miles) 8.533 17.103 2,0Afiliados (miles) 18.047 20.550 1,1FLUJOS ECONÓMICOS DEL SISTEMAGastos contributivos del sistema (millones de euros) 91.341 449.667 4,9Pensión media anual (euros) 10.518 25.776 2,5Cotización media anual (euros) 5.528 13.631 2,5Ingresos por cotizaciones (millones de euros) 99.761 280.124 2,8Superávit (+) / Déficit (-) del sistema (millones de euros) 8.420 -169.543 - - Fondo de Reserva (+) / Deuda (-) (millones de euros) 58.793 -3.491.055 - - En % del PIBIngresos totales 9,45 9,45 1,0Gastos totales 8,65 15,17 1,8Superávit/Déficit 0,80 -5,72 - - Fondo de Reserva/Deuda 5,57 -117,77 - - Ratio Afiliados/Pensiones 2,11 1,20 0,6Pro memoriaPIB (milllones de euros) 1.055.654 2.964.228 2,8PIB por afiliado (euros) 58.494 144.242 2,5PIB por habitante (euros) 22.529 54.289 2,4

Proyección de gastos e ingresos del sistema español de pensiones contributivas 2009-2059

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.1.5.

Las cifras del cuadro anterior son muy elocuentes y hablan por sí solas. Básicamente, lo que cuentan es que en los próximos cincuenta años la población aumentará un 20%, la afiliación al sistema de pensiones aumentará un 10% y el número de pensiones se duplicará. La afiliación aumenta, a pesar de que la población de entre 16 y 64 años no lo hace, merced al aumento de la tasa de participación y la tasa de ocupación. Pero lo hace en muy escasa medida para compensar el aumento del número de pensiones que se duplica, como consecuencia del aumento de la población de 65 y más años. Naturalmente, la base de afiliados en cada año es, a su vez, años más tarde y con la incidencia debida a la mortalidad, la base del número de pensiones, pero la dinámica de la esperanza de vida hace que esta variable crezca desproporcionadamente en relación a lo que crece la población en edad de trabajar.


68

Como consecuencia de ello, la relación afiliados/pensiones, que en 2009 es de 2,11 afiliados por cada pensión, pasa a ser de 1,2 afiliados por cada pensión en 2059. Un deterioro meramente demográfico muy severo.

Desde el punto de vista económico, nótese que, por las hipótesis adoptadas, la pensión media y la cotización media crecen en la misma medida, a ritmos muy similares a los que lo hace el PIB. Este desarrollo es verosímil dado el razonamiento anteriormente expuesto acerca de la subida de las pensiones medias. Pero es interesante constatar un hecho. La pensión media del sistema, en euros constantes, comprará cada vez más pan, por así decirlo, y mantendrá su nivel respecto al PIB por ocupado (afiliado, en realidad, en esta proyección) y respecto al PIB por habitante. Puede afirmarse que también mantendrá su nivel respecto al salario medio. En relación al PIB por afiliado, la pensión anual del sistema es aproximadamente un 18% y así seguirá siendo en el horizonte de proyección mientras las normas del sistema no cambien. Respecto al PIB por habitante, la pensión anual media es del 47%.

La consecuencia de esto es muy relevante. Cualquier reforma del sistema que afecte a la pensión media muy difícilmente hará que su poder adquisitivo caiga por debajo del actual. Es decir, no sólo existirá siempre una pensión del sistema público, sino que el pan que aquélla pueda comprar será también mayor. Otra cosa es que, en relación al PIB por habitante, o al salario medio, la pensión así afectada puede llegar a ser considerablemente menor.

Un ejercicio inmediato para ilustrar esta afirmación es calcular cuál debería ser la pensión media en 2059 que equilibrase la cuenta del sistema en ese año. Del cuadro anterior se desprende un déficit de 169,5 millardos de euros para 2059, luego la pensión anual media que eliminase ese déficit debería ser menor a la reflejada en el cuadro en 9.718 euros, o sea, de 16.058 euros al año, todavía un 53% mayor que la de 2009, pero alrededor de un 37,7% menor que la obtenida en la proyección a legislación constante.

Claramente, esta es una reducción muy drástica de las pensiones que sería especialmente gravosa para los primeros pensionistas en experimentar el ajuste ya que no podría hacerse esta política de forma que afectase a los pensionistas existentes ni a los cotizantes próximos a la jubilación en la actualidad. Si se decidiese que sólo los cotizantes que tienen en la actualidad 45 años tendrían que empezar a sufrir este ajuste, tal medida no podría instrumentarse plenamente a la generación aludida hasta 2029, cuando, como veremos a continuación el déficit del sistema de pensiones sería de unos 20 millardos de euros y el ajuste en la pensión media del sistema (no sólo el de las pensiones de las nuevas altas) debería ser del 10,9%.


69

La proyección detallada de gastos e ingresos del sistema de pensiones se ofrece en el gráfico siguiente. En él se recogen las principales ratios del sistema: los gastos e ingresos y su saldo en porcentaje del PIB y el fondo de reserva también en porcentaje del PIB.

-10,0-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,06,08,0

10,012,014,016,018,020,0

2009 (e)

2011 (p)

2013 (p)

2015 (p)

2017 (p)

2019 (p)

2021 (p)

2023 (p)

2025 (p)

2027 (p)

2029 (p)

2031 (p)

2033 (p)

2035 (p)

2037 (p)

2039 (p)

2041 (p)

2043 (p)

2045 (p)

2047 (p)

2049 (p)

2051 (p)

2053 (p)

2055 (p)

2057 (p)

2059 (p)

Ingresos Gastos Superávit/Déficit Fondo de Reserva (*)

(*) El fondo de reserva pasaría a ser deuda en 2030 y alcanzaría el 117,8% del PIB en 2059Fuente: elaboración propia

Gráfico 3.1.11.Proyecciones de Gastos e Ingresos del sistema de pensiones (en % del PIB) 2009-2059


70

La trayectoria de la cuenta del sistema es ahora evidente. La dinámica de la población, dadas las reglas del sistema para el cálculo de cotizaciones y el reconocimiento y pago posterior de pensiones hace que los ingresos permanezcan fijos en relación al PIB, cerca del 9,5%, mientras que los gastos crecen debido a la mayor carga de pensionistas. Tanto las pensiones medias como las cotizaciones medias crecen por igual, por lo que es claramente la demografía la que está provocando este resultado. En particular, los gastos por pensiones pasan del 8,7% del PIB en 2009 al 9,4% del PIB en 2022, lo que acaba con el superávit del sistema en ese mismo año, y al 15,9% en 2050, para comenzar un gradual descenso en ese año que los sitúa en el 15,1% del PIB al final del periodo de proyección.

El actual superávit del sistema de pensiones se reducirá drásticamente en los años venideros, pero, si la representación del ciclo económico adoptada en el escenario macroeconómico anteriormente discutido se revela correcta, no aparecerá déficit coyuntural en el sistema en el futuro inmediato. El déficit se producirá en 2022 y será creciente hasta el año 2050, llegando a alcanzar entonces un peso equivalente al 6,5% del PIB.

El inicio del déficit estructural del sistema de pensiones

Con la trayectoria del saldo del sistema recién comentada, el fondo de reserva de las pensiones alcanza su máximo nivel relativo al PIB en 2011, apenas por encima del 6% del PIB de ese año, a partir de su nivel actual del 5,5% del PIB. Claramente, el adverso ciclo del empleo que está registrando la economía española tiene mucho que ver con esta trayectoria a corto plazo. Pero lo relevante es que cuando se inaugure el periodo de déficit estructural del sistema, en 2022, el fondo de reserva dejará de crecer en importe absoluto para ir agotándose progresivamente hasta convertirse en deuda del sistema de pensiones. Esta transición del fondo de reserva se produciría en 2030 y la deuda llegará a representar el 117,8% del PIB en 2059.

En el gráfico siguiente puede apreciarse la estrecha relación que guarda el saldo del sistema con la relación afiliados/pensiones. En primer lugar, se constata que la recesión del empleo prevista en el escenario macroeconómico para esta proyección lleva a una drástica caída del superávit registrado en 2008. Esta reducción se prolongaría hasta casi rozar el déficit en 2013, cuando el empleo ya habría iniciado claramente su recuperación. Pero el avance del número de pensiones habría acumulado aumentos del gasto imposibles de verse compensados por la mayor base de empleo. Con todo, hasta 2020, aproximadamente, se daría un estímulo al superávit que, no obstante, no volvería a situarse en los niveles de los últimos años. Poco después de ese año, se iniciaría el déficit estructural del sistema. Sólo una afluencia


71

masiva de cotizantes al mercado de trabajo podría retrasar la aparición del déficit, aunque no su expresión acrecentada más adelante en el tiempo.

Gráfico 3.1.12.Superávit del sistema y relación afiliados/pensiones 2009-2022

-1.0000

1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.00011.00012.00013.00014.00015.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mill

ones

de

euro

s

1,901,931,951,982,002,032,052,082,102,132,152,182,202,232,252,282,30

Afil

iado

s/P

ensi

onis

tas

Superávit/Déficit Ratio Afiliados/Pensiones


La otra dimensión visible en el gráfico anterior es la pura demografía del sistema. Cuando la relación entre afiliados y pensiones cae por debajo de 2 afiliados por cada pensión, el sistema roza el déficit que se manifiesta concretamente si la ratio cae por debajo de 1,94 en esta proyección. Esta correlación es, por otra parte, evidente. A legislación constante, las únicas fuerzas que gobiernan el sistema son las demográficas y sus composiciones por tipos de pensión, género, etc. Nuestro modelo de proyección no capta la riqueza de estas composiciones (que se manifiestan a medio y largo plazo) pues está calibrado sobre los grandes flujos demográficos y económicos del sistema, pero sí capta perfectamente esta relación tan evidente entre quienes aportan recursos y quienes reciben prestaciones.

Es obvio que mayores aportes a las edades activas, por la vía de la inmigración y los nacimientos, conseguirían elevar esta ratio por encima de ese umbral crítico y mantenerlo por algún tiempo, pero la mayor esperanza de vida afecta a todos y tarde o temprano se reproducirían las perspectivas financieras que muestra la proyección, incluso empeoradas por el mayor volumen de pensionistas futuros que traerían consigo los mayores aportes previos a la población activa.


72

La sostenibilidad del sistema de pensiones

La proyección recién comentada es ciertamente preocupante y debe de tomarse como una ilustración más que probable de lo que sucedería con la financiación del sistema de pensiones si no cambiasen las actuales reglas para el cálculo y reconocimiento de las pensiones y la percepción de las cotizaciones. El crecimiento económico serviría de bien poco, pues el alza de salarios que traería consigo, y que aumentaría los ingresos del sistema por cotizaciones, aumentaría también en la misma proporción, prácticamente, los gastos por pensiones, ya que las nuevas pensiones vienen ligadas a los salarios del momento en que se causan y sustituyen a pensiones mucho menores causadas tiempo atrás a medida que se va produciendo el relevo vital en el grupo de pensionistas.

Un sencillo cálculo ilustrativo de los ajustes que sería preciso hacer en el sistema de pensiones español para lograr su sostenibilidad en el momento en que los ingresos amenazasen con ser inferiores a los gastos se representa en el gráfico siguiente.

Definiremos como sostenibilidad del sistema una situación en la que los ingresos por cotizaciones se igualan a los gastos por pensiones (más los gatos de gestión del sistema, incluidos en el total de gastos contributivos). Con objeto de que el sistema estuviese en permanente equilibrio de gastos e ingresos, hay dos posibles situaciones extremas a considerar:

¿Cuál debería ser el tipo de cotización sobre el salario pensionable (base de cotización efectiva) para que los ingresos siempre fuesen iguales a los gastos? Llamaremos a este tipo de cotización “tipo de cotización sostenible”.

¿Cuál debería ser la pensión media del sistema para que los ingresos siempre fuesen iguales a los gatos? Llamaremos a esta pensión media “pensión media sostenible”.

Con objeto de comparar la situación futura con el momento actual y hasta que aparezca el déficit del sistema en 2022, se ha hecho este cálculo a partir de 2009 resultando obvio que hasta que aparezca el déficit el superávit existente permitiría reducir algo el tipo de cotización, aumentar algo la pensión respecto a la obtenida en la proyección o una mezcla de ambas situaciones.


73

Gráfico 3.1.13.Indicadores de sostenibilidad del sistema de pensiones

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

2009 (e)

2011 (p)

2013 (p)

2015 (p)

2017 (p)

2019 (p)

2021 (p)

2023 (p)

2025 (p)

2027 (p)

2029 (p)

2031 (p)

2033 (p)

2035 (p)

2037 (p)

2039 (p)

2041 (p)

2043 (p)

2045 (p)

2047 (p)

2049 (p)

2051 (p)

2053 (p)

2055 (p)

2057 (p)

2059 (p)

Tipo de cotización sostenible (1) Pensión media sostenible (2) Tipo de cotización actual (3)

(1) En porcentaje de la base de cotización efectiva(2) En porcentaje de la pensión que se obtiene en la proyección a legislación constante(3) El 28,3% de la base de cotización efectiva en la actualidadFuente: elaboración propia

Así, como se muestra en el gráfico anterior, el tipo de cotización sostenible, de confiarse el ajuste únicamente a este instrumento, debería ser ligeramente inferior al tipo de cotización actual, del 28,3%17, hasta 2022, cuando tendría que empezar a subir por encima del tipo actual para mantener los ingresos al mismo nivel que los crecientes gastos por pensiones. En 2050, el tipo de cotización sostenible debería ser del 47,78%, es decir, casi veinte puntos porcentuales superior al tipo legal existente en estos momentos. Pueden imaginarse las distorsiones sobre el empleo que representaría una fiscalidad laboral tan elevada.

Por su parte, la pensión media sostenible, de confiarse todo el ajuste a esta medida, podría ser algo superior a la actual mientras perdurase el superávit existente, pero a partir de 2022, la pensión media debería ir reduciéndose respecto a la que se obtendría de no producirse ningún ajuste en el sistema hasta representar el 59,23% de ésta en 2050.

17 El 28,3% es el tipo legal de cotización total (cuota obrera y cuota patronal) del Régimen General. Se ha supuesto que es el tipo que se aplica a una base efectiva media de cotización para todo el sistema de forma que se recuperen los ingresos efectivos del sistema. La base efectiva media anual para 2009 necesaria para recuperar los ingresos del sistema de pensiones a un tipo del 28,3% en ese año resulta ser de 19.533 euros por afiliado.


74

Una pensión media inferior en tal medida a la que se obtendría de no cambiar nada en el actual sistema de pensiones, en 2050, todavía sería superior en términos de poder adquisitivo a la pensión actual del sistema, un 50% mayor aproximadamente, para ser más precisos. Pero respecto a los salarios del momento representaría un porcentaje apreciablemente menor que el que se da en la actualidad. Ello no haría más felices a los pensionistas de 2050, sin lugar a dudas.


75

3.1.4 Previsión Social Complementaria para la jubilación (Pilar II y III)

Los planes de pensiones privados forman parte, junto con los seguros de ahorro para la jubilación18, de los sistemas de previsión social complementaria, tal y como se prevé en el art. 41 de la Constitución Española, que establece un régimen de coexistencia para el sistema público y los sistemas privados, proclamando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. En función de la clase de planes de pensiones, éstos se integrarán en el segundo o tercer pilar.

Los sistemas de previsión social existentes se articulan a través de tres pilares:

Primer pilar: Previsión social de carácter público. Se instrumenta a través de los distintos Regímenes de la Seguridad Social.

Segundo pilar: Previsión social complementaria de carácter empresarial para los trabajadores. Los posibles instrumentos son:

Planes de pensiones de empleo.

Seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones de la empresa con trabajadores y beneficiarios (incluidos los concertados con mutualidades de previsión social).

Planes de previsión social empresarial (PPSE). Es una modalidad de seguro colectivo de instrumentación de compromisos por pensiones. Pueden cubrir las mismas contingencias que los planes de pensiones y ofrecen una garantía de interés. Participan de algunas características de los planes de pensiones, régimen financiero y fiscal de aportaciones y prestaciones de los planes de pensiones, así como del régimen contractual y de supervisión de los seguros. Se regulan en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF (artículo 51.4) y en el Reglamento de Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, modificado por el Real Decreto 1684/2007, de 14 de diciembre.

Tercer pilar: Previsión social complementaria de carácter individual. Formado por:

Los planes de pensiones individuales y asociados.

18 Los seguros de vida ahorro para la jubilación serán tratados más adelante. El ahorro acumulado en seguros para la jubilación alcanzan los 131,3 mil millones de euros.


76

Los seguros individuales de jubilación, fallecimiento o invalidez, se incluyen tipologías de seguros de ahorro como aquellos que aseguran el pago de un capital diferido a una determinada fecha, o aquellos seguros de rentas vitalicias o inmediatas, los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)19 o aquellos seguros cuya rentabilidad esta ligada a la evolución de unos activos (índices, acciones, fondos de inversión, etc.).

Los planes de previsión asegurados (PPA). Son seguros individuales de vida especiales que pueden cubrir las mismas contingencias que los planes de pensiones, siendo su cobertura principal en todo caso la jubilación. Conllevan una garantía de interés. Participan de las mismas características de iliquidez, y régimen financiero y fiscal de aportaciones de los planes de pensiones. Se regulan en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 51.3) y en el Reglamento del IRPF aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (artículo 49).

Los seguros de dependencia. Son contratos de seguro individuales en los que se cubre la gran dependencia o dependencia severa, de acuerdo con la definición legal de dichas contingencias (art.26 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia), pudiendo generar también prestaciones por fallecimiento. Ofrecen garantía de interés. El régimen financiero y fiscal de las aportaciones es similar al de los planes de pensiones. Se regulan en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF (artículo 51.5).

Un plan de pensiones privado es un contrato colectivo de adhesión de ahorro-previsión social, en virtud del cual se efectúan aportaciones, que se van acumulando y quedan permanentemente invertidas en activos financieros, con la finalidad de ir constituyendo un ahorro (derechos consolidados) para el cobro de prestaciones cuando se produzcan las contingencias previstas (jubilación, fallecimiento, invalidez, dependencia).

19 Los PIAS son seguros individuales de vida que tienen por objeto constituir con los recursos aportados una renta vitalicia asegurada. Este producto no está vinculado a la jubilación del asegurado, no es un ahorro finalista para la jubilación, incapacidad, etc., aunque si se trata de un producto idóneo para complementar la pensión de jubilación pública. Durante la fase de acumulación y durante la fase de cobro de la renta, los derechos económicos son líquidos. Los PIAS poseen una fiscalidad específica. Se regulan en la Ley 35/2006 del IRPF (disposición adicional tercera) y en el Reglamento del IRPF aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (disposición adicional quinta).


77

Las contribuciones de los promotores y las aportaciones de los partícipes, y cualesquiera recursos adscritos al plan de pensiones, se integrarán obligatoriamente en un fondo de pensiones, administrado por una entidad gestora con el concurso de una depositaria.

Los planes de pensiones son productos ilíquidos, ya que los partícipes no pueden hacer efectivos sus derechos consolidados cuando lo deseen, sino en los casos legalmente establecidos: cuando tenga lugar una contingencia cubierta por el plan o excepcionalmente en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración, siempre que éstos últimos estén previstos en las especificaciones del plan.

El mercado de productos financiero-aseguradores finalistas para la jubilación está dividido en función del producto que estemos analizando, quizás el más significativo es el mercado de planes de pensiones privados, que analizaremos a continuación.

El mercado de planes de pensiones ha registrado un continuo crecimiento a lo largo de sus 20 años de historia en España, crecimiento que se ha interrumpido en el año 2008, y es que al igual que otros productos financieros los planes de pensiones se han visto afectados por la crisis financiera internacional y por las caídas de las valoraciones de los diferentes activos financieros en los que los fondos de pensiones materializan sus inversiones.

A cierre del año 2008, según datos de Inverco, el patrimonio total acumulado alcanzaba los 78.407 millones de euros para un total de 10,6 millones de cuentas de partícipes, lo que supone que en España aproximadamente unos 8 millones de personas disponen de un plan de pensiones privado, por lo tanto se puede decir que se trata de un producto bastante extendido entre la población, alrededor del 40-45% de la población ocupada y alrededor de un 17-18%% de la población ha elegido como medio de ahorro privado para la jubilación los planes de pensiones privados. Pese a ello, desde el año 2004 estamos asistiendo a una desaceleración en su ritmo de crecimiento, siendo el correspondiente a 2008 el más bajo de toda la serie (2,3%), por un lado debido al grado de madurez del sistema y a la reducción del atractivo fiscal de los planes de pensiones después de la reforma fiscal del año 2007.


78

Gráfico 3.1.14Patrimonio

Volumen Patrimonio

78.407.574Tasa de variación

(%)

-8,66%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

mile

s de

eur

os

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cre

c. i.

a.

Fuente: INVERCO

Gráfico 3.1.15.Cuentas de Partícipes

Nº Cuentas de partícipes

10.598.591

Tasa de variación (%)

2,34%0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 080%

10%

20%

30%

40%

Cre

c. i.

a.

Fuente: INVERCO, un partícipe puede tener más de una cuenta abierta.

El desarrollo de los planes de pensiones en España, ha estado impulsado principalmente por los planes de pensiones individuales que suponen más del 60% del patrimonio acumulado en planes de pensiones.

31/12/2008 31/12/2007 Crec. ia (%) 31/12/2008 31/12/2007 Crec. ia (%)Sistema Individual 49.047 54.219 -9,54% 8,65 8,53 1,44%Sistema Empleo 28.363 30.431 -6,79% 1,86 1,74 7,30%Sistema Asociado 997 1.193 -16,41% 0,08 0,09 -7,78%Total 78.408 85.842 -8,66% 10,60 10,36 2,34%Fuente: INVERCO

Tabla 3.1.6.Patrimonio (mill. de euros) Partícipes (mill. de cuentas)

Si bien el ahorro acumulado en planes de pensiones es significativo, un 7,1% del PIB, aún se encuentra lejos del patrimonio acumulado en planes de pensiones en otros países de nuestro entorno.


79

Gráfico 3.1.16.Patrimonio de Planes de Pensiones

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

EEUU

Reino U

nido

Austra

lia

Holand

aJa

pón

Canad

áSuiz

aBras

il

Finlan

dia

Aleman

ia

Dinamarc

a

Sudáfr

ica

Españ

a

Irland

a

México

mile

s de

mill

ones

de

euro

s

2007 2008

Fuente: INVERCO

Mientras, el ahorro acumulado en seguros de vida destinados para la jubilación, según ICEA20, asciende a finales del año 2008 a más de 131 mil millones de euros con un crecimiento del 1,5% respecto al ejercicio anterior, repartidos entre más de 9,4 millones de euros de asegurados, lo que supone un saldo medio de 13.889 euros por asegurado.

El 85% del ahorro se encuentra en dos modalidades de seguros, los seguros de capital diferido y los seguros de rentas, aunque es destacable el crecimiento de los PIAS, que en sólo dos años desde su creación han alcanzado más de 1,1 mil millones. También, es necesario hacer mención del fuerte impulso que han recibido los PPA’s en el último ejercicio, con un crecimiento de su saldo acumulado del 289%, debido al traslado procedentes de planes de pensiones, probablemente de clientes que ante la intensidad de la crisis financiera buscan una mayor protección para sus ahorros, ya que los PPA’s garantizan una rentabilidad mínima durante toda la vida del contrato.

20 ICEA, Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones


80

Miles de eurosdic-07 dic-08 Crec i.a. dic-07 dic-08 Crec i.a.

Planes de Previsión Asegurados 861.909 3.355.428 289,3% 164.450 353.090 114,7%Capital Diferido 48.356.155 45.502.088 -5,9% 4.951.493 5.046.279 1,9%Rentas 65.803.729 66.249.764 0,7% 2.847.417 2.762.708 -3,0%P.I.A.S. 546.530 1.176.188 115,2% 177.403 328.570 85,2%Vinculados a Activos 13.770.538 14.991.757 8,9% 807.934 960.486 18,9%

TOTAL SEGUROS DE AHORRO 129.338.861 131.275.225 1,5% 8.948.697 9.451.134 5,6%

* Ahorro acumulado en seguros de vida para la jubilaciónFuente: ICEA

PROVISIONES TÉCNICAS* Nº ASEGURADOSSeguros de ahorro para la jubilación

Tabla 3.1.7.

Los últimos cambios normativos en la fiscalidad del ahorro en España, recogidos en la reforma IRPF del año 2007, han ido orientados a la equiparación de la tributación de los diferentes productos de ahorro, pero aumentando los incentivos al ahorro a muy largo plazo siempre que la prestación se materialice en forma de renta y no mediante un capital único.

En concreto, la incentivación fiscal que perciben los seguros cuyas prestaciones se cobran en forma de rentas, rentas vitalicias y temporales, junto con la eliminación de la reducción del 40% cuando la prestación derivada de los planes de pensiones se cobre en forma de capital, ha provocado un aumento de la percepción de rentas derivadas de productos de ahorro privados. Si bien el volumen de lo que podríamos denominar como mercado de rentas en España, es aún reducido en comparación con otros países de nuestro entorno.

Modalidades dic-07 dic-08 Crec i.a.

Seguros de Riesgo 57.849 85.733 48,2%Planes de Previsión Asegurados 337 597 77,2%Capital Diferido 121.625 121.939 0,3%Rentas 2.791.629 4.330.945 55,1%P.I.A.S. 27 1.194 4271,9%Vinculados a Activos 551 9.397 1605,2%TOTAL SEGUROS 2.972.019 4.549.805 53,1%Datos en Miles de eurosFuente: ICEA

Rentas pagadasTabla 3.1.8.

El cambio normativo en planes de pensiones, entre 2006 y 2007, ha supuesto un ligero aumento de las prestaciones derivadas de planes de pensiones en forma de renta y mixtas, y una reducción de las prestaciones en forma de capital, aunque todavía esta


81

forma de percepción de las contingencias es minoritaria a la hora de percibir el ahorro acumulado en planes de pensiones.

Importe % Importe % Importe % Importe %

Jubilación 1.954,4 70,63 649,6 23,48 163,0 5,89 2.767,0 83,9 Invalidez 189,4 71,94 61,5 23,36 12,4 4,70 263,2 8,0 Fallecimiento 172,5 63,98 88,0 32,64 9,1 3,38 269,5 8,2

Viudedad 112,7 58,14 73,7 38,05 7,4 3,80 193,8 5,9 Orfandad 21,6 67,40 9,8 30,63 0,6 1,97 32,0 1,0 Otros herederos 38,2 87,30 4,5 10,16 1,1 2,53 43,8 1,3

Total 2.316,3 70,19 799,1 24,22 184,5 5,59 3.299,8 100,0 Datos en millones de euros

Tabla 3.1.9.

Contingencias

Desglose del importe de las prestaciones en función de la forma de pago en 2006Capital Renta Mixto Total Prestaciones

Importe % Importe % Importe % Importe %

Jubilación 1.776,0 65,82 729,8 27,05 192,5 7,13 2.698,3 83,2 Invalidez 168,8 65,95 67,7 26,43 19,5 7,62 256,0 7,9 Fallecimiento 179,8 61,85 99,1 34,10 11,8 4,05 290,7 9,0

Viudedad 108,5 55,28 78,2 39,84 9,6 4,89 196,2 6,0 Orfandad 24,2 58,68 16,3 39,58 0,7 1,75 41,2 1,3 Otros herederos 47,2 88,53 4,6 8,71 1,5 2,76 53,3 1,6

Total 2.124,6 65,47 896,6 27,63 223,8 6,90 3.245,0 100,0 Datos en millones de euros

Tabla 3.1.10.Desglose del importe de las prestaciones en función de la forma de pago en 2007

ContingenciaCapital Renta Mixto Total Prestaciones

Fuente: DGSFP


82

Importe %

Jubilación 3.112,1 84,5 Incapacidad 279,9 7,6 Fallecimiento 291,0 7,9

Viudedad 165,7 4,5 Orfandad 40,5 1,1 Otros herederos 84,7 2,3

Total 3.683,0 100,0

Datos en millones de euros

Tabla 3.1.11.Prestaciones por contingencia en 2008

ContingenciaTotal Prestaciones

Gráfico 3.1.17.Prestaciones en función de la forma de pago. 2008

Capital66,7%

Mixto5,9%

Renta 27,4%

Fuente: DGSFP

Sumando las prestaciones pagadas en forma de renta por planes de pensiones privados y por seguros de vida –tanto vida riesgo como ahorro— podríamos decir que el hipotético mercado de rentas en España alcanzaría la cifra de 5,5 mil millones de euros.

A pesar de la aprobación de la ley de dependencia en el año 2006, que dejaba de forma explícita un hueco para el desarrollo de productos aseguradores que ofreciesen cobertura frente al riesgo que quedar dependiente en sus grados más graves, el lento desarrollo de la propia ley de dependencia y la incertidumbre sobre el diseño final del sistema de co-pago en cada Comunidad Autónoma ha ralentizado el desarrollo de seguros de esta modalidad. Si bien es cierto que son numerosas las entidades aseguradoras que actualmente ofrecen seguros de dependencia a sus clientes.

Así, hasta el año 2008 no existían datos sobre la comercialización de los seguros de dependencia en España, pero según ICEA a lo largo del 2008 las primas captadas por esta modalidad de seguros alcanzaban un importe de 342 millones de euros y de 2.622 asegurados.

3.1.5 Sistemas de jubilación flexible y parcial: ¿están funcionando de forma efectiva?

Se considera como situación de jubilación flexible la derivada de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, dentro de los límites de jornada (un mínimo del 25% y un máximo del 85%) a que se refiere el art. 12.6 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la consecuente minoración de aquélla en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.


83

A estos efectos, se entiende por "trabajador a tiempo completo comparable" a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la jornada máxima legal.

Se considera jubilación parcial, según la definición ofrecida por la Seguridad Social la iniciada después del cumplimiento de los 60 años, simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculado o no con un contrato de relevo celebrado con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

La jubilación flexible, a diferencia de la jubilación parcial, es una opción para personas que ya se encuentran jubiladas y deciden suspender temporalmente su situación de jubilación plena.

Las figuras de jubilación flexible y parcial existen desde hace más de dos décadas en España, pero no es hasta que se produce la reforma de 200121 y se publica en 2002 la Ley 35/2002 de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema jubilación gradual y flexible cuando se toma verdaderamente en consideración la utilización de ambas. Esta Ley fue consecuencia directa del Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social suscrito el 9 de abril de 2001 por el Gobierno, la Confederación de CCOO, la CEOE y CEPYME, en el que se incluyeron una serie de medidas en relación con la flexibilidad de la edad de jubilación, con el objetivo de conferir a ésta criterios de gradualidad y progresividad.

Con la aprobación de esta norma se pretendió, al menos en primera instancia y tal como refleja su exposición de motivos, posibilitar un sistema dual en el que los ciudadanos puedan acceder a una pensión por jubilación a la vez que continúan con el desarrollo de sus actividades laborales. Durante ese periodo (Art. 1 de dicha norma) se minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

Del funcionamiento efectivo de este sistema se podría derivar un aumento sustancial de la edad de jubilación efectiva, ya que una parte importante de las personas que actualmente se jubilan entre los 61 y los 65 estarían dispuestos a alargar su vida

21 Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad


84

laboral para mantener una presencia activa en la sociedad. Pese a estas ventajas tanto para el trabajador como para el propio sistema de la Seguridad Social, (que aliviaría sus tensiones de gasto), este régimen no se ha extendido de una forma mayoritaria al conjunto del territorio español, siendo muy pocos los pensionistas que se han acogido a estas dos modalidades híbridas entre la pensión y la actividad.

En este caso, y como ya comentaremos más adelante, consideramos vital que un sistema como éste funcione de una manera mayoritaria en el conjunto de España en los próximos años ya que de su implantación dependerá en buena parte la viabilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.


85

Anexo 3.1.2. Análisis de las diferentes “palancas” del actual Sistema Público de Pensiones

Como se ha analizado en las secciones 3.1.2 y 3.1.3, la sostenibilidad del sistema público de pensiones de forma agregada (ingresos por cotizaciones igual a gastos por pensiones) empezaría a registrar déficit hacia el año 2022, debido, en gran parte, como hemos podido analizar desde el punto de vista individual, a que disfrutamos de un sistema que podríamos calificar de “generoso”.

Este Anexo pretende recoger el análisis realizado sobre las distintas variables que componen el actual sistema público de pensiones, tratando de identificar aquellas palancas o medidas que se podrían tomar, de forma aislada o combinada, para mejorar la sostenibilidad del sistema a medio plazo y con las que además se pueda conseguir ampliar el ciclo de vida laboral de los trabajadores permitiendo compensar el mayor número de años pensionables que vivirán como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, servirá para aumentar el nivel de contributividad del sistema, estrechando la relación entre las aportaciones (cotizaciones) realizadas al mismo y las prestaciones (pensiones) recibidas de éste.

Los resultados que siguen se han elaborado sobre la base del modelo individual de cálculo de las tasas de sustitución de la pensión o las TIR de los flujos descontados de cotizaciones y prestaciones asociados. Pero deben tenerse en cuenta las discusiones ya mencionadas en este estudio acerca de las tremendas implicaciones que tendría no tomar medidas de este tipo de cara a la consecución de la sostenibilidad del sistema de pensiones en términos de lo que entonces llamábamos tipos de cotización sostenible o pensión media sostenible. Sencillamente, no es posible ni deseable llevar a cabo los ajustes implicados por aquellos cálculos y las alternativas deben pasar por combinaciones en las que un retraso de la edad de jubilación y un cálculo más ajustado de la pensión con arreglo a la carrera de cotizaciones estén presentes.

Aumento de Edad Legal de Jubilación

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado 2, el aumento de la esperanza de vida y los avances en el campo de la medicina y la atención sanitaria, provocan que cada vez vivamos más años, lo que se traduce en que cada vez vivamos más años retirados de la vida laboral activa, ya que la edad legal de jubilación se ha mantenido constante a lo largo de los años.

La edad de jubilación legal es 65 años, edad que tenía todo el sentido cuando se constituyó el sistema de Seguridad Social español a inicios del siglo XX cuando la esperanza de vida media era 35 años, lo que significa que eran muy pocos los que llegaban con vida a esa edad, momento en el que el objetivo era asegurar y proteger la extrema vejez, para evitar la pobreza en la ancianidad.


86

En la actualidad, vivir muchos años como jubilados, provoca que las prestaciones que tenga que soportar el sistema público de pensiones sean muy elevadas, ya que los años pensionables han aumentado considerablemente en los últimos años, situación que se acentuará en el futuro si se confirman las estimaciones sobre el aumento de la esperanza de vida.

Un aumento de la edad legal de jubilación tendría dos efectos directos y claros sobre el sistema, (1) haría que aumentase la vida laboral activa de los trabajadores y por tanto aumentase el período de cotizaciones realizadas al sistema, y (2) a la vez se reduciría la vida pensionable, es decir, el número de años que se está percibiendo pensión del sistema público de Seguridad Social.

La adopción de esta medida estaría en línea las reformas más recientes realizadas en otros países de nuestro entorno más cercano (ver apartado 4.3), donde la edad de jubilación ya se sitúa por encima de los 65 años, así por ejemplo en Alemania, Dinamarca, Noruega, Islandia, Irlanda la edad de jubilación ya está fijada en los 67 años mientras que otros países como Estados Unidos se encuentran en la transición hacia esa edad de jubilación (67 años en el 2022).

Dicha medida debiera realizarse de forma progresiva, un aumento gradual de 2 o 3 meses cada año, igual que han realizado otros países de nuestro entorno en las reformas de sus respectivos sistemas de pensiones públicos, lo que reduciría el impacto negativo de esta medida sobre aquellas cohortes de población más cercanas a la fecha actual de jubilación.

Además, el aumento de la edad de jubilación no puede realizarse de una forma generalizada e indiscriminada, sino que habrá que identificar aquellas profesiones que por sus particularidades, trabajos de carácter físico, peligrosidad, etc. requieran que la edad de jubilación se mantenga en los niveles actuales.

Para los trabajadores por cuenta ajena acogidos en el Régimen General de la Seguridad Social, un aumento de la edad de jubilación legal, por encima de los 65 años, desde el punto de vista del análisis financiero e individual, como puede verse en los cuadros siguientes, provoca una reducción del balance negativo que tiene el sistema entre las aportaciones que recibe y las prestaciones que paga a los individuos en todas los grupos de población analizados. Balance que incluso llega a volverse positivo para los varones con menor nivel de estudios cuando establecemos como edad de jubilación legal los 69 y 70 años, situación que no llega a producirse en el caso de las mujeres debido a su mayor longevidad, que provoca que pasen muchos años percibiendo pensiones de jubilación del sistema.

Lógicamente el aumento de la edad de jubilación provoca una reducción del exceso de rentabilidad que ofrece el sistema de pensiones respecto a la rentabilidad de los activos financieros sin riesgo a largo plazo.


87

Por el contrario un aumento de la edad de jubilación legal prácticamente no tiene consecuencias sobre las tasas de sustitución o de reemplazo de los trabajadores que se mantienen constantes.

Efecto sobre el Balance del Sistema Público de Pensiones

NIVEL ESTUDIOS SEXO 65 66 67 68 69 70

Básico Hombre -20,4% -15,6% -10,3% -4,7% 1,3% 7,8%Básico Mujer -30,5% -26,6% -22,5% -18,0% -13,2% -8,0%Medio Hombre -23,5% -18,6% -13,2% -7,5% -1,4% 5,2%Medio Mujer -38,7% -35,1% -31,2% -27,1% -22,7% -18,0%

Superior Hombre -24,4% -19,2% -13,6% -7,5% -1,0% 6,0%Superior Mujer -38,6% -34,7% -30,6% -26,2% -21,5% -16,4%

(*) Se mantiene el comportamiento actual y los individuos se jubilan 3 años antes de la edad de jubilación legal

EDAD DE JUBILACIÓN LEGAL*

Efecto sobre el Exceso de Rentabilidad para los trabajadores


Básico Hombre 0,60% 0,43% 0,26% 0,09% -0,08% -0,25%Básico Mujer 0,93% 0,78% 0,63% 0,48% 0,33% 0,18%Medio Hombre 0,76% 0,57% 0,37% 0,18% 0,01% -0,20%Medio Mujer 1,39% 1,21% 1,04% 0,87% 0,70% 0,53%

Superior Hombre 0,85% 0,63% 0,42% 0,21% 0,00% -0,20%Superior Mujer 1,47% 1,27% 1,08% 0,88% 0,69% 0,50%



Efecto sobre la Tasa de Sustitución


Básico Hombre 75,9% 75,9% 75,9% 75,8% 75,8% 75,8%Básico Mujer 78,3% 78,3% 78,3% 78,3% 78,3% 78,3%Medio Hombre 53,0% 52,9% 52,7% 52,6% 52,5% 52,4%Medio Mujer 66,8% 66,7% 66,7% 66,6% 66,6% 66,6%

Superior Hombre 34,2% 34,1% 34,0% 33,9% 33,9% 33,8%Superior Mujer 51,5% 51,4% 51,3% 51,2% 51,2% 51,1%



En cambio, en el caso de los trabajadores del Régimen Especial de Autónomos, los resultados son sustancialmente diferentes en función del caso analizado.

En el primero de ellos, aquél en el que el trabajador cotiza por el mínimo durante toda su vida laboral hasta su jubilación a los 65 años, el balance negativo del sistema prácticamente desaparece para todos los grupos de población cuando la edad de jubilación se fija en 70 años, consiguiendo un balance notablemente positivo en las categorías de trabajadores autónomos con menores niveles de estudios.


88



Básico Hombre -1,9% 4,5% 11,4% 18,9% 27,0% 35,8%Básico Mujer -19,4% -14,6% -9,5% -4,0% 1,9% 8,3%Medio Hombre -13,7% -7,9% -1,6% 5,2% 12,6% 20,6%Medio Mujer -29,0% -24,6% -20,0% -14,9% -9,5% -3,7%

Superior Hombre -25,6% -20,4% -14,7% -8,6% -2,0% 5,2%Superior Mujer -38,6% -34,7% -30,5% -25,9% -21,1% -15,8%

EDAD DE JUBILACIÓN LEGAL



Básico Hombre 0,00% -0,16% -0,3% -0,48% -0,65% -0,81%Básico Mujer 0,50% 0,35% 0,2% 0,06% -0,09% -0,24%Medio Hombre 0,33% 0,15% 0,0% -0,21% -0,39% -0,57%Medio Mujer 0,84% 0,68% 0,5% 0,36% 0,19% 0,03%

Superior Hombre 0,84% 0,63% 0,4% 0,22% 0,02% -0,18%Superior Mujer 1,38% 1,19% 1,0% 0,82% 0,63% 0,45%


En el segundo caso, aquél en el que el trabajador cotiza por las bases de cotización mínimas hasta cumplir 50 años para cotizar después al máximo hasta la fecha de jubilación (63 años), el aumento de la edad legal de jubilación reduce el balance negativo del sistema y por tanto, reduce el exceso de rentabilidad que reciben los trabajadores, pero no consigue alcanzar un balance positivo, porque los autónomos que tienen este comportamiento permanecen muchos años aportando al mínimo, para sólo aportar al máximo en el momento en que las cotizaciones empiezan a tenerse en cuenta en el cálculo de la pensión (a partir de 50 años, últimos 15 años). Sin duda este es el comportamiento más eficiente desde el punto de vista financiero y por tanto, el que registra mayores excesos de rentabilidad para los trabajadores como pudimos ver en el apartado 3.


89



Básico Hombre -32,6% -28,7% -24,6% -20,1% -15,3% -10,1%Básico Mujer -43,8% -40,9% -37,8% -34,4% -30,9% -27,0%Medio Hombre -39,4% -35,9% -32,1% -28,0% -23,6% -18,8%Medio Mujer -49,4% -46,7% -43,9% -40,8% -37,5% -34,0%

Superior Hombre -46,4% -43,2% -39,7% -36,0% -32,0% -27,7%Superior Mujer -55,1% -52,7% -50,0% -47,2% -44,2% -41,0%




Básico Hombre 1,07% 0,91% 0,7% 0,58% 0,41% 0,25%Básico Mujer 1,54% 1,39% 1,2% 1,09% 0,95% 0,80%Medio Hombre 1,45% 1,27% 1,1% 0,90% 0,72% 0,54%Medio Mujer 1,93% 1,77% 1,6% 1,44% 1,28% 1,12%

Superior Hombre 2,02% 1,82% 1,6% 1,40% 1,19% 0,99%Superior Mujer 2,54% 2,35% 2,2% 1,97% 1,78% 1,59%


Aumento del Período de Cotización considerado para el cálculo de la Base Reguladora

En la actualidad, el cálculo de la base reguladora y por tanto de la primera pensión del sistema se realiza sobre las cotizaciones realizadas en los 15 últimos años previos a la fecha de jubilación, sin considerar las cotizaciones realizadas en años anteriores.

El periodo de años considerados para el cálculo de la base reguladora ha sido objeto de reforma en nuestro sistema, al menos en dos ocasiones, cuando en 1985 se paso de 2 años a 8 años, y en 1997 cuando se aumentó de 8 años a los 15 años actuales de forma gradual.

Siguiendo las recomendaciones recogidas en el Pacto de Toledo debiera considerarse aumentar el número de años considerados en el cálculo de la base reguladora y que por tanto sirve para fijar la pensión. Esta medida sin duda supone un paso más hacia el reforzamiento de la contributividad del sistema, ya que al considerar más años en el cálculo de la base reguladora, se estrecha la relación entre la pensión a percibir y las cotizaciones realizadas al sistema por cada trabajador.

Desde el punto de vista individual la adopción de una medida de este tipo, aumentaría la justicia del sistema, al estrechar la relación entre prestaciones y aportaciones al mismo, aunque pudiese aumentar las desigualdades entre los trabajadores con menores ingresos y aquellos con mayores ingresos.


90

Además, aumentar el periodo considerado para el cálculo de la base reguladora, puede reducir la pensión ya que se incluyan lagunas de cotización de los trabajadores, por ejemplo debido a periodos de desempleo de larga duración.

La implantación de la medida debiera realizarse de forma gradual siguiendo la metodología realizada en las anteriores reformas de nuestro sistema de pensiones públicos. La existencia de numerosos “huecos” en la información sobre bases de cotización con anterioridad a 1985 de la MCVL aconseja que el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora se realice de forma gradual.

Para los trabajadores por cuenta ajena acogidos en el Régimen General de la Seguridad Social, un aumento del número de años considerados en el cálculo de la base reguladora, desde el punto de vista del análisis financiero e individual, provoca como puede verse en los cuadros siguiente, una reducción del balance negativo que tiene el sistema entre las aportaciones que recibe y las prestaciones que paga a los individuos en todas los grupos de población analizados.

La reducción del balance negativo aumenta a medida que aumentamos el período considerado, esto es lógico si tenemos en cuenta que los salarios durante los primeros años de carrera profesional suelen ser más bajos que en los últimos años, previos a la jubilación.

El aumento del número de años considerados para el cálculo de la pensión de jubilación, provoca una ligera reducción del exceso de rentabilidad que ofrece el sistema de pensiones respecto a la rentabilidad de los activos financieros sin riesgo a largo plazo, debido a que el importe de la pensión así calculado es ligeramente inferior que si sólo consideramos los últimos 15 años.

Esta palanca también supone una reducción de las tasas de sustitución o de reemplazo de los trabajadores, reducción más intensa en los grupos de menor nivel de estudios.


91


NIVEL ESTUDIOS SEXO 15 20 25 30 35

Básico Hombre -20,4% -19,1% -17,3% -15,2% -12,9%Básico Mujer -30,5% -30,5% -29,0% -27,3% -25,9%Medio Hombre -23,5% -23,2% -22,4% -21,1% -18,9%Medio Mujer -38,7% -38,1% -36,7% -35,1% -32,9%

Superior Hombre -24,4% -24,5% -24,1% -23,6% -22,4%Superior Mujer -38,6% -38,5% -38,2% -37,5% -36,1%

Nº AÑOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN



Básico Hombre 0,60% 0,55% 0,49% 0,42% 0,34%Básico Mujer 0,93% 0,93% 0,88% 0,81% 0,76%Medio Hombre 0,76% 0,75% 0,71% 0,66% 0,58%Medio Mujer 1,39% 1,36% 1,30% 1,22% 1,13%

Superior Hombre 0,85% 0,85% 0,83% 0,81% 0,76%Superior Mujer 1,47% 1,46% 1,45% 1,41% 1,35%







En cambio, en el caso de los trabajadores del Régimen Especial de Autónomos, los resultados son sustancialmente diferentes en función del caso analizado.

En el primero de ellos en el que el trabajador cotiza por el mínimo durante toda su vida laboral hasta su jubilación a los 65 años, un aumento del número de años considerados en el cálculo de la base reguladora no tiene ningún impacto sobre el balance del sistema, ya que los trabajadores siempre cotizan por el mínimo, en este caso el número de años considerados para fijar la pensión de jubilación es irrelevante.

En el segundo caso del Régimen Especial de Autónomos recogido en nuestro análisis, aquél en el que el trabajador cotiza por las bases de cotización mínimas hasta cumplir 50 años para cotizar después por las bases de cotización máximas hasta la fecha de jubilación (63 años), un aumento del nº de años considerados para el cálculo de la


92

pensión supone una considerable reducción del balance negativo del sistema y del exceso de rentabilidad que obtienen los trabajadores del mismo.











Pero en este caso, es fácil suponer que mientras los trabajadores autónomos tengan la capacidad de decidir cuál es su base de cotización (siempre dentro de un rango, entre el mínimo y el máximo), adaptarán sus decisiones de cotización a la normativa vigente en cada momento, para seguir cotizando al mínimo mientras las cotizaciones no computen para el cálculo de la pensión para pasar a cotizar al máximo cuando éstas si sean determinantes para fijar la pensión.

La aplicación de una medida de este tipo además de los efectos recogidos en nuestro análisis puede significar una reducción más importante de las pensiones debido a que aumenten las lagunas de cotización por parte de los trabajadores. En este sentido, es importante destacar las diferencias de cálculo en función del Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentre acogido el trabajador, mientras que en el Régimen General de la Seguridad Social las lagunas de cotización existentes en los 15 años previos a la jubilación son sustituidos por la base de cotización mínima, en el Régimen Especial de Autónomos dichas lagunas no son sustituidas sino que se considera que el trabajador no ha cotizado en ese periodo de tiempo.


93

De cara a complementar nuestro análisis es importante destacar los resultados de otros estudios que han tratado de identificar el impacto del aumento del periodo de cálculo de la base reguladora, así podemos citar el análisis “La cuantía de las pensiones a medio plazo, sus efectos sobre el sistema de pensiones y el estudio de alternativas” realizado por Labour Asociados, Consultoría Social y publicado por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social (2007), donde se estima que ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora de 15 a 20 años daría lugar a una caída de la pensión media de entre 4,2% y 5,5%, lo que supone, grosso modo, una reducción de un punto porcentual por cada año de ampliación del periodo de cálculo.

Aumento de la Edad Legal de Jubilación y del Período de Cotización considerados para el cálculo de la Base Reguladora

En este caso, una vez analizados los efectos que desde el punto de vista del análisis individual tienen de forma aislada, el aumento de la edad legal de jubilación y el aumento del periodo de cotización considerado en cálculo de la base reguladora, tratamos de analizar los efectos que tendrían ambas medidas si se tomasen de forma conjunta.

En los siguientes cuadros, y desde el punto de vista del análisis individual del sistema de pensiones, se puede ver el efecto de combinado de la modificación al alza de ambas variables, edad legal de jubilación y periodo de cálculo de la base reguladora.

Así los resultados se presentan para cada edad de jubilación partiendo de la situación actual de partida, 65 años, y hasta los 70 años. Así se pueden ver los efectos sobre el balance del sistema del Régimen General, sobre el exceso de rentabilidad que genera el sistema para los trabajadores y sobre la tasa de sustitución, para todos los casos hemos mantenido la convención de que los trabajadores seguirían jubilándose en cada caso 3 años antes de la edad legal de jubilación.


94

Edad de Jubilación Legal 65 años Efecto sobre el Balance del Sistema Público de Pensiones




(*) Se mantiene el comportamiento actual y los individuos, se jubilan 3 años antes de la edad de jubilación legal














En la situación de partida, aquella en la que los trabajadores salen del mercado de trabajo a los 62 años, 3 años antes de la edad de jubilación, el aumento del número de años de cotización considerados para el cálculo de la pensión reduce significativamente el balance negativo del sistema. En este caso, la tasa de sustitución se reduce entre 4-5% para la mayoría de grupos de trabajadores.


95

Edad de Jubilación Legal 66 años



















A medida que aumentamos la edad de jubilación legal, y el número de años para el cálculo de la pensión se reduce el balance negativo del sistema.


96




















Como ya se ha mencionado con anterioridad 67 años es la edad de jubilación establecida en la mayoría de reformas realizadas en países de nuestro entorno, por lo que puede servir como referencia para ver el efecto de las medidas en nuestro sistema.


97

Como se puede observar, en todos los grupos de población el balance negativo del sistema se reduce notablemente, entre un 7-10% de media, mientras que el efecto sobre las tasas de sustitución es prácticamente nulo.




Básico Hombre -4,7% -3,5% -1,5% 0,7% 3,2%Básico Mujer -18,0% -18,1% -16,8% -14,9% -13,2%Medio Hombre -7,5% -7,4% -6,7% -5,4% -3,6%Medio Mujer -27,1% -26,7% -25,4% -23,8% -21,7%






Básico Hombre 0,09% 0,05% 0,00% -0,07% -0,13%Básico Mujer 0,48% 0,48% 0,44% 0,38% 0,33%Medio Hombre 0,18% 0,18% 0,16% 0,12% 0,06%Medio Mujer 0,87% 0,85% 0,80% 0,74% 0,66%











98

Al establecer la edad de jubilación en los 68 años y para los casos en los que se toman en cuenta 30 o 35 años para el cálculo de las pensiones en el grupo de varones con menor nivel de estudios el balance del sistema cambia de signo y se vuelve positivo para el sistema, lo que se traduce en que las aportaciones realizadas al sistema son mayores que las prestaciones que recibe un individuo tipo de ese grupo de población.


99




Básico Hombre 1,3% 2,5% 4,5% 6,8% 9,4%Básico Mujer -13,2% -13,3% -12,2% -10,2% -8,3%Medio Hombre -1,4% -1,3% -0,6% 0,6% 2,4%Medio Mujer -22,7% -22,4% -21,1% -19,4% -17,4%

Superior Hombre -1,0% -1,3% -1,1% -0,7% 0,1%Superior Mujer -21,5% -21,6% -21,3% -20,8% -19,8%





Básico Hombre -0,08% -0,12% -0,17% -0,23% -0,30%Básico Mujer 0,33% 0,33% 0,30% 0,24% 0,18%Medio Hombre 0,01% 0,01% 0,03% -0,06% -0,12%Medio Mujer 0,70% 0,68% 0,64% 0,58% 0,51%

Superior Hombre 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% -0,03%Superior Mujer 0,69% 0,70% 0,69% 0,67% 0,63%









Al establecer la edad de jubilación en los 69 años el balance del sistema se convierte en positivo para cualquier periodo de cálculo del grupo de varones con menor nivel de estudios y para cualquier periodo de cálculo de la base reguladora. Además, es importante destacar que aparece un balance positivo para otros grupos de varones con mayores niveles de estudios.


100




Básico Hombre 7,8% 9,0% 11,1% 13,5% 16,1%Básico Mujer -8,0% -8,2% -7,2% -5,1% -3,1%Medio Hombre 5,2% 5,3% 5,9% 7,1% 8,9%Medio Mujer -18,0% -17,8% -16,6% -14,8% -12,8%

Superior Hombre 6,0% 5,6% 5,8% 6,2% 6,9%Superior Mujer -16,4% -16,6% -16,3% -15,8% -14,9%





Básico Hombre -0,25% -0,29% -0,34% -0,40% -0,46%Básico Mujer 0,18% 0,18% 0,15% 0,09% 0,04%Medio Hombre -0,20% -0,20% -0,21% -0,25% -0,30%Medio Mujer 0,53% 0,52% 0,47% 0,42% 0,35%

Superior Hombre -0,20% -0,19% -0,20% -0,21% -0,23%Superior Mujer 0,50% 0,51% 0,50% 0,48% 0,45%









Al establecer la edad de jubilación en los 70 años el balance del sistema se convierte en positivo para todos los grupos de varones independientemente del nivel de estudios y el periodo de cálculo de la base reguladora considerado. Mientras que para los


101

grupos de mujeres aunque el balance negativo se reduce notablemente no llega a ser positivo para ninguno de los diferentes niveles de estudios.

Metodología del Análisis del Balance Individual del Sistema Público de Pensiones

Objetivo del Análisis

El objetivo del estudio es analizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones, desde un punto de vista individual, sin considerar las posibles desviaciones y desajustes que puedan provocar la existencia, de forma puntual, de más pasivos que activos, a nivel agregado, es decir, que en un determinado momento la suma de las prestaciones (pensiones) a pagar por el sistema supere las aportaciones (cotizaciones) al mismo. Dichas desviaciones pueden deberse a la evolución demográfica futura o a la relación futura entre afiliados y pensionistas del sistema (tasas de dependencia bajas).

Detrás del análisis se encuentra la lógica de pensar que la suma de muchos equilibrios individuales supone que el sistema a nivel agregado también se encontrará en equilibrio.

Por tanto, en este análisis no se pretende realizar un análisis intergeneracional del sistema de reparto, y en consecuencia no se consideran ciertas tendencias demográficas como la tasa de natalidad, invalidez, relación entre activos y pasivos, inmigración, etc., aparte de las recogidas en las tablas de mortalidad.

Para cumplir este objetivo, se ha seguido la metodología utilizada en el estudio22, “The True Cost of Social Security” pero con las adaptaciones necesarias para recoger la idiosincrasia del sistema de reparto de pensiones español. En dicho estudio, los autores para estimar el verdadero coste de la Seguridad Social en Estados Unidos proponen realizarlo desde un enfoque financiero, es decir, tratan de calcular cuál sería el coste de financiar el déficit de la Seguridad Social en los mercados financieros.

Siguiendo dicha metodología se ha tratado de modelizar el comportamiento de una cohorte de individuos (dividida en función del sexo y nivel de estudios de sus individuos), que en la actualidad tendría 35 años, considerando que en el futuro completarán una carrera profesional completa, de al menos 35 años.

Extracción de Datos

Para realizar el estudio se ha partido de los datos históricos de bases de cotización recogidos en la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de la Dirección General de la Seguridad

22 “The True Cost of Social Security”, Alexander W. Blocker (Boston University), Laurence J. Kotlikoff (Boston University, National Bureau of Economic Research) y Stephen A. Ross (Masssachusetts Institute of Technology). Septiembre 2008.


102

Social del año 200723, que a su vez es una extensa muestra de bases de cotización correspondientes a aquellos individuos que al menos en algún momento de sus vidas han cotizado a la Seguridad Social.

Debido a las diferentes particularidades que presentan los diferentes regímenes del sistema de pensiones de la Seguridad Social, en el tratamiento de los datos y posterior análisis se ha diferenciado entre el Régimen General de trabajadores por cuenta ajena y el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia (autónomos).

La principal diferencia que existe entre ambos regímenes y que marca los análisis posteriores es que, a diferencia de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General, los trabajadores autónomos tienen la potestad de elegir la base de cotización por la que quieren realizar aportaciones al sistema durante toda su vida laboral, mientras que ésta se sitúe entre los rangos mínimo y máximo establecidos normativamente en cada momento y para cada edad del autónomo. En el Régimen General, la base de cotización se obtiene aplicando los máximos y mínimos correspondientes al salario del trabajador en función de su categoría profesional. Esta diferencia normativa lleva a patrones de comportamiento muy distintos entre los dos grupos de trabajadores y, como describiremos más adelante, se han considerado metodologías diferentes para el análisis de cada régimen, tratando así de recoger dichas particularidades.

Las siguientes figuras comparan la distribución de la base de cotización normalizada24 para trabajadores de diferentes edades en los dos regimenes.

23 Último año disponible a la fecha de realización de este análisis. 24 La base de cotización normalizada es la base de cotización del trabajador dividida por el salario medio nacional y nos permite mezclar y comparar datos correspondientes a diferentes años naturales.


103

Figura 1: Histogramas de la distribución de la base de cotización normalizada para trabajadores de 40 años en el régimen general

0 1 2

HombresSin bachiller

0 1 2

HombresBachiller

0 1 2

HombresEstudios universitarios

0 1 2

MujeresSin bachiller

0 1 2

MujeresBachiller

0 1 2

MujeresEstudios universitarios


0 1 2


0 1 2

HombresBachiller

0 1 2


0 1 2


0 1 2

MujeresBachiller

0 1 2



104


0 1 2


0 1 2

HombresBachiller

0 1 2


0 1 2


0 1 2

MujeresBachiller

0 1 2


Estas distribuciones tienen forma de una distribución continua y dispersa cortada en un valor algo por debajo de 2 en el eje horizontal, nivel que se corresponde con la base de cotización máxima.

En los histogramas se observa que a medida que aumenta el nivel de estudios de los trabajadores del Régimen General la proporción de éstos que se sitúa en la base de cotización máxima aumenta significativamente, siendo este efecto más acentuado en los varones que en las mujeres. Esta proporción también aumenta en los trabajadores con menor nivel de estudios, que a medida que éstos cumplen años y se van acercando a la fecha de jubilación.

En cambio, la distribución de las cotizaciones en el Régimen Especial de Autónomos tiene un comportamiento totalmente diferente, son distribuciones casi puntuales, como se puede ver en los histogramas siguientes.


105

Figura 4: Histogramas de la distribución de la base de cotización normalizada para trabajadores de 40 años en el régimen de trabajadores autónomos

0 1 2


0 1 2

HombresBachiller

0 1 2


0 1 2


0 1 2

MujeresBachiller

0 1 2


Los picos que se observan en los histogramas se corresponden con una base de cotización normalizada en torno al 0,5, equivalente a la base de cotización mínima para trabajadores autónomos menores de 50 años. De los gráficos se deduce que la gran mayoría de trabajadores autónomos, en cualquiera de los grupos de panel (sexo y estudios) cotiza al mínimo hasta los 50 años de edad.

Sin embargo, a partir de los 50 años se nota un cambio de comportamiento, se comienza a observar un segundo pico en torno al valor 0,9 que va creciendo con la edad, a medida que nos acercamos a la edad de jubilación. El valor 0,9 se corresponde con la base de cotización máxima del régimen de autónomos mayores de 50 años (aproximadamente la mitad de la base máxima del régimen general).


106


0 1 2


0 1 2

HombresBachiller

0 1 2


0 1 2


0 1 2

MujeresBachiller

0 1 2




107

0 1 2


0 1 2

HombresBachiller

0 1 2


0 1 2


0 1 2

MujeresBachiller

0 1 2


De manera que, la inmensa mayoría de trabajadores adscritos al Régimen Especial de Autónomos cotizan al sistema por el mínimo permitido hasta los 50 años, y a partir de ese momento una minoría cada vez más grande decide comenzar a cotizar al máximo permitido.

Es importante reconocer que ni para el Régimen General ni para el Régimen Especial de Autónomos disponemos de datos directos de los salarios de los trabajadores, la MCVL solo contiene datos de las bases de cotización. En el caso del Régimen General, como la base de cotización es función del salario, podemos determinar la distribución de los salarios de la distribución de las bases de cotización. En cambio, para el Régimen Especial, y dados los datos anteriores, no se puede determinar la distribución de los salarios de la distribución de las bases de cotización, por lo que trabajamos directamente con estas últimas.

Cálculo de la Pensión Pública de Jubilación

Las pensiones en el sistema de la Seguridad Social español se calculan con la siguiente fórmula:

Dicha fórmula determina la cuantía de la pensión mensual el primer año tras la jubilación, cuantía que luego se va actualizando anualmente con la inflación.

a. Descripción de los parámetros:

180 24

25 1

1min % ,180 k k k

k kAC BC IPCA BC PMax

= =

⎛ ⎞⎛ ⎞× × +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑


108

i. PMax = la pensión mensual máxima fijada en el año de jubilación

ii. k = índice de los meses antes de la jubilación

iii. BC_k = la base de cotización para el mes k

iv. IPCA_k = el IPC acumulado entre el mes k y la fecha de jubilación

v. AC% = un porcentaje que varia entre el 50% con 15 años de cotización hasta el 100% con 35 años de cotización

b. La base de cotización:

i. S_k = el salario en el mes k

ii. BCMin_k = la base de cotización mínima para el mes k

iii. BCMax_k = la base de cotización máxima para el mes k

c. Simplificación:

Asumiremos que el factor IPCA_k se aplica a todos los términos y convertimos a datos anuales. Con esto, la pensión anual el primer año tras la jubilación es:

Ahora el índice k se refiere a años; PMax, BC, BCMin, BCMax son las cantidades anuales y N es el número de años (actualmente 15)

d. Inflación:

En términos reales, la pensión es constante. Nosotros asumiremos que los parámetros PMax, BCMax y BCMin también son constantes en términos reales, es decir, que se van incrementando año a año con la inflación. Por tanto, la pensión real depende solo de los valores iniciales de estos parámetros y de la evolución del salario real del individuo. La fórmula, en términos reales, se reduce a:

( )( )max , min ,k k k kBC BCMin S BCMax=

1

1min % ,N

k kk

AC BC IPCA PMaxN =

⎛ ⎞⎛ ⎞× ×⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑


109

Parámetros del sistema: Los parámetros fijados regulatoriamente por el sistema de pensiones son:

i. AC%

ii. PMax

iii. BCMax

iv. BCMin

v. N

Enfoque del estudio

Aportaciones versus prestaciones

Como ya comentamos en el primer apartado el objetivo del estudio es comparar las aportaciones realizadas hasta la fecha de jubilación con las prestaciones a percibir hasta el fallecimiento para una cohorte de población determinada, en definitiva tratamos de comprobar si un determinado individuo recibe más del sistema que lo que aporta al mismo, o viceversa.

Este balance entre las cantidades aportadas al sistema y las percibidas del mismo, nos permite considerar cuál es el exceso de rendimiento obtenido25 por los cotizantes al sistema de pensiones público, en función de su sexo y nivel educativo.

Fuentes de incertidumbre: Régimen General

Para un individuo concreto tanto las aportaciones que hace al sistema público de pensiones como las prestaciones que percibe del mismo, dependen de la senda de su salario anual real.

Las prestaciones dependen asimismo de dos fechas clave, la fecha de jubilación y la de fallecimiento; podemos considerar que éstos son los únicos ingredientes del modelo con incertidumbre intrínseca.

Para el análisis del sistema de pensiones se ha de postular por tanto un comportamiento futuro de:

La evolución de los salarios reales.

25 En relación a la rentabilidad estimada para activos financieros sin riesgo a largo plazo

( )( )1

1min % max , min , ,N

kk

AC BCMin SR BCMax PMaxN =

⎛ ⎞⎛ ⎞×⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑


110

La edad de jubilación.

La fecha de fallecimiento.

Para la edad real de jubilación se cuenta con estadísticas detalladas, y los grandes números manejados permiten imputar porcentajes seguros de jubilación para cada edad. En cualquier caso, la edad de jubilación real depende de la edad de jubilación legal y de la regulación sobre jubilación en una fecha anterior o posterior a ésta (que depende de los incentivos a seguir trabajando después de los 65 años y de los desincentivos a la jubilación anticipada). En este estudio se supone una edad única de jubilación para toda la población, de esta forma podremos ver qué impacto tiene un potencial retraso de la edad de jubilación.

En cuánto a la fecha de fallecimiento, se utilizan tablas de mortalidad dinámicas, que anticipan aumentos en la esperanza de vida. De nuevo, los grandes números manejados permiten imputar tasas seguras de fallecimiento para cada edad.

Así, tal y como anticipábamos, resta como variable fundamental e incierta el crecimiento de los salarios reales.

Fuentes de incertidumbre: Régimen Especial

Como se ha visto anteriormente, el salario real no entra en juego para estos trabajadores: lo importante es su decisión de cambiar de cotizar al mínimo a cotizar al máximo permitido. Así que las fuentes de incertidumbre en este caso son:

El momento de cambiar el nivel de cotización.

La edad de jubilación.

La fecha de fallecimiento.

Hipótesis consideradas en el estudio

Grupos y cohortes

Tanto la muestra de trabajadores por cuenta ajena como la de autónomos se ha clasificado en seis grupos de panel atendiendo a sexo y nivel de educativo:

Nivel de Estudios Básico: Sin bachiller

Nivel de Estudios Medio: Bachiller

Nivel de Estudios Superior: Universitario.

Los resultados del estudio recogen el comportamiento de una sola cohorte, aquella que en 2008 tendría 35 años.


111

Pero atendiendo a las características socio-económicas propias de cada grupo de panel, se han considerado para cada uno de ellos, diferentes edades de entrada al sistema o de inicio de las cotizaciones al mismo:

Nivel de Estudios Básico: 18 años

Nivel de Estudios Medio: 22 años

Nivel de Estudios Superior: 27 años

Mortalidad

La tabla de mortalidad utilizada es la PERM/F2000P publicada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Se trata de una tabla de mortalidad dinámica, que incorpora una estimación de las futuras mejoras esperadas en la expectativa de vida. Con esta tabla, la edad media de fallecimiento para mujeres de la cohorte de referencia es de 93 años y para hombres es de 87 años.

Aportaciones

La aportación total anual de cada individuo al sistema público de pensiones en el Régimen General está fijada en función de los Tipos de Cotización para Contingencias Comunes de la Seguridad Social para el año 2009, cuotas del trabajador (4,70%) y de la empresa (23,60%), lo que supone un total de 28,3%, que aplican sobre la base de cotización.

En cambio, en el Régimen Especial de Autónomos el Tipo de Cotización se sitúa en el 29,8%26.

Modelos financieros

Para calcular valores actuales de los varios flujos se necesita una curva de factores de descuento reales, cuya definición podría realizarse en base a datos de mercado pero dados los plazos a utilizar en el modelo son a muy largo consideramos que los datos de mercado pierden fiabilidad, y entonces, resulta más adecuado crear la curva de tipos de descuento a base de simulación de los tipos reales, para ello consideramos que el que mejor se adapta es el modelo de Vasicek y estimamos los parámetros en base a los datos históricos:

Nivel medio del tipo real: 1.57%

Tasa de reversión a la media: 31.11%

Desviación típica: 2.24%

Régimen Especial de Autónomos: Cambio de nivel de cotización

Con el objeto de, replicar los patrones de comportamiento que se observan de las distribuciones de las bases de cotización de los trabajadores autónomos, en vez de considerar

26 Incluye la contingencia de Incapacidad Temporal


112

un modelo probabilístico para el conjunto de la cohorte replicamos los dos comportamientos mayoritarios en este régimen:

Cotizar por las bases de cotización mínimas durante toda la vida laboral, hasta la fecha de jubilación.

Cotizar por las bases de cotización mínimas hasta cumplir 50 años y luego cotizar por las bases de cotización máximas hasta la fecha de jubilación.

Régimen General: Edad de jubilación

La base reguladora a la fecha de jubilación se calcula teniendo en cuenta los 15 años anteriores a la edad de jubilación. Si se cuentan con 35 años cotizados como mínimo, la primera pensión será igual al 100% de la base reguladora, aplicándose un porcentaje reductor promedio del 7% por cada año que se haya anticipado la edad de jubilación respecto a los 65 años. Por otro lado se aplica un 2% adicional por cada año que se retrase la edad de jubilación respecto a los 65 años. En la actualidad, la edad de salida del mercado laboral se sitúa en torno a los 62 años27, por lo que para nuestro análisis asumimos que la edad de jubilación real es de 62 años.

Para analizar la sensibilidad del sistema a la edad de jubilación en el modelo se asume que al subir la edad legal de jubilación, la población seguirá jubilándose con tres años de antelación y aceptando una reducción de su pensión en un 21%.

En las hipótesis recogidas en el modelo se contemplan para cada grupo de panel las vidas laborales completas, estableciendo un mínimo de 35 años de cotización al sistema, por lo que no se están recogiendo directamente posibles lagunas de cotización o períodos en los que los individuos no hubiesen realizado aportaciones al sistema (desempleo de larga duración, etc.), aunque indirectamente están recogidas en el salario medio.

Régimen Especial: Edad de jubilación

Para el régimen de autónomos la edad legal de jubilación es 65 años y, a diferencia del régimen general, no hay derecho a la jubilación anticipada. Sin embargo, autónomos que han cotizado más de 5 años en otros regimenes de la Seguridad Social pueden jubilarse antes de los 65 años. En los datos se ve que los que cotizan al mínimo todo el tiempo tienden a jubilarse a los 65 años, o mayor, mientras que los que cambian a cotizar al máximo tienden a jubilarse algo antes de los 65 años.

A efectos de este estudio, y dadas las múltiples situaciones y particularidades que nos encontramos en este régimen, nos limitaremos a replicar los patrones de comportamiento mayoritarios:

27 Según Eurostat la edad de salida del mercado laboral en España está establecida en los 62,1 años para el año 2007.


113

Trabajadores autónomos que cotizan al mínimo durante toda su vida laboral y se jubilan a los 65 años.

Trabajadores autónomos que cotizan al mínimo hasta cumplir los 50 años, para después cotizar al máximo hasta jubilarse a los 63 años.

Régimen General: Evolución del salario medio nacional

En su estudio “The True Cost of Social Security” los autores Blocker, Kotlikoff, Ross (en adelante BKR) proponen un enfoque financiero para estimar el verdadero coste de la Seguridad Social estadounidense, es decir, lo que costaría financiar el déficit de la Seguridad Social en los mercados financieros. El enfoque central de este estudio es que el salario medio real nacional es una variable financiera replicable en función de variables puramente de mercado como inversión en deuda y en bolsa. La diferencia fundamental, respecto de un enfoque actuarial o econométrico, es que de esta manera se pone precio a la incertidumbre, o mejor se incorpora al valor de las prestaciones de la Seguridad Social el coste de cubrir en mercados financieros la incertidumbre inherente a sus flujos.

Para aplicar esta metodología al sistema de Seguridad Social español, como primer paso, llevamos a cabo un análisis de regresión entre el crecimiento anual real del salario medio nacional y usando, como variables explicativas, el tipo real (o nominal) y el rendimiento real (o nominal) de la Bolsa de Madrid. Para ello utilizamos la serie trimestral del salario medio nacional proporcionado por el INE (con datos desde 1996).

A diferencia del caso estadounidense, el resultado de nuestro análisis ha mostrado que para el periodo estudiado no existe una relación significativa entre estas variables; en España el salario medio nacional es constante en términos reales (salvo un ruido aleatorio).

Para cada grupo de panel, y siguiendo el enfoque de BKR, proponemos la siguiente relación entre los salarios reales de los miembros del grupo y el salario medio nacional real (SMNR):

( , )( , ) z i eSR i e e SMNR= ,

siendo i el individuo y e su edad. El elemento z tendrá la forma

( , ) ( , ) ( ) ( , )z i e i e A e i eφ ε= + + .

Los términos φ y ε son normales independientes de media cero. El primero es el “random effect” para el individuo y tiene la forma:

( , ) ( ) ( )i e e N iφφ σ= .

El segundo es un ruido aleatorio de forma:


114

( , ) ( ) ( , )i e e N i eεε σ= .

Aquí, la variable N denota una normal de media cero y desviación típica uno. Para una edad

fija, la media de z(i,e) es A(e) y su desviación típica es 2 2( ) ( ) ( )e e eφ εσ σ σ= + .

Para estimar las curvas A(e), ( )eεσ y ( )eφσ acudimos a la base de datos de la MCVL. Por

tanto, no disponemos de información relativa a los salarios sino a los salarios acotados dentro de los rangos mínimo y máximo de las bases de cotización. De estos salarios acotados se pueden estimar las curvas A(e) y σ(e).

Los gráficos a continuación son de A(e):

Figura 7: Evolución de la media del salario normalizado28 logarítmico para los diferentes grupos de panel

20 30 40 50 60-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


30 40 50 60-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad

HombresBachiller

30 40 50 60-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


20 30 40 50 60-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


30 40 50 60-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad

MujeresBachiller

30 40 50 60-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


De los gráficos se deduce que a medida que los trabajadores van cumpliendo etapas a través de su carrera profesional, y en especial para aquellos trabajadores con mayor nivel de estudios, su salario crece respecto de la media poblacional, dicho fenómeno se produce

28 El salario normalizado es el salario dividido por el salario medio nacional


115

fundamentalmente hasta la década de los 50, momento a partir de cuál registran un estancamiento y en algún grupo de población una reducción de los salarios.

Los gráficos de σ(e),tienen la siguiente forma:

Figura 8: Evolución de la dispersión del salario normalizado29 logarítmico para los diferentes grupos de panel

20 40 600

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


40 600

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad

HombresBachiller

40 600

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


20 40 600

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


40 600

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad

MujeresBachiller

40 600

0.5

1

1.5

2

2.5

Edad


El segundo efecto que se extrae del comportamiento de los salarios, es que en los grupos de población con mayor nivel de estudios a medida que los individuos van acercándose a la edad de jubilación la dispersión de los salarios crece significativamente, es decir, la diferencia entre el que más gana y el que menos gana se amplia a medida que los individuos cumplen años.

En su estudio los autores BKR asumían que la desviación típica era constante como función de la edad. En cambio, en España los datos muestran que la desviación típica no es constante sino que aumenta con la edad. También, para los autores BKR la desviación típica total, σ(e),

29 El salario normalizado es el salario dividido por el salario medio nacional


116

se distribuye a partes iguales entre ( )eεσ y ( )eφσ . Como la variabilidad de una senda

individual viene determinada por ( )eεσ , esto hace que en las sendas salariales existe mucho

ruido aleatorio. En cambio en España, las sendas salariales son mucho menos ruidosas que en EE.UU., por tanto εσ tiene que ser bastante menor que φσ . Esta observación y el hecho de

que nuestros resultados son pocos sensibles al reparto de la desviación típica total entre εσ y

φσ nos lleva a fijar εσ en cero. De modo que el ruido aleatorio desaparece del modelo y nos

quedamos con la siguiente formulación:

{( , ) ( )

aleatorio determinista( , ) i e A eSR i e e e SMNRφ= 14243

Las sendas de los salarios reales de los individuos de la cohorte del grupo son realizaciones independientes de una sola distribución determinada por la fórmula anterior. En consecuencia, las pensiones de la cohorte del grupo también son todas realizaciones independientes de una sola distribución, determinada por la expresión anterior y la fórmula que expresa la pensión como función del salario real. Como en cada grupo de panel de la cohorte de referencia hay muchos individuos, aplicamos la ley de grandes números para concluir que la suma de sus pensiones es el número de individuos multiplicado por la esperanza de la pensión. Esta esperanza se puede calcular por simulación de φ (i,e). En suma, podemos determinar cuanto va a pagar el sistema de pensiones en cada año de la jubilación de la cohorte del grupo.

Las aportaciones se tratan de la misma manera: se aplica el porcentaje adecuado a las sendas simuladas del salario real y se calcula la media para cada año de la vida laboral.

Presentación de los resultados

Los resultados del análisis se muestran a través de tres medidas para cada grupo de población de la cohorte analizada, seis grupos en función del sexo y nivel de estudios.

Balance individual del sistema público de pensiones

El balance individual del sistema para cada grupo de la cohorte analizada es la diferencia entre el valor actual de las aportaciones y el valor actual de las prestaciones comparado con el valor actual de las prestaciones:

VA VA

VA

aportaciones -prestacionesprestaciones

Tasa de sustitución


117

La tasa de sustitución promedio para cada grupo de la cohorte analizada es el valor de la primera pensión que se recibe del sistema una vez jubilado el individuo, comparado con el promedio del salario de los últimos 15 años antes de la jubilación (mismo período que el utilizado para el cálculo de la pensión).

En este caso sólo se muestra este resultado para el Régimen General, porque para el Régimen Especial de Autónomos no disponemos de datos referidos a su salario.

Exceso de rentabilidad

La serie de flujos de aportaciones y prestaciones se pueden ver como las dos ramas de un instrumento financiero. En ese caso la tasa interna de rentabilidad (TIR) del instrumento financiero es el tipo de descuento que iguala el valor actual (calculado con este tipo de descuento) de las dos ramas.

El exceso de rentabilidad es la diferencia entre la TIR de la serie de aportaciones y prestaciones y el tipo sin riesgo a largo plazo. El tipo sin riesgo se puede entender como la TIR de un bono sin riesgo, de modo que el exceso de rentabilidad es la diferencia entre la TIR de la serie de aportaciones y prestaciones y la TIR sin riesgo.

Por tanto, podemos interpretar ese exceso de rentabilidad como el exceso de rentabilidad que proporciona el sistema público de pensiones frente a una inversión alternativa en instrumentos financieros sin riesgo a largo plazo, considerando la situación actual de los mercados financieros.


118

3.2. La organización de la vida laboral

Puede que no nos estemos dando cuenta, pero la población activa envejece a marchas forzadas. Como consecuencia del tránsito de las generaciones del baby-boom español (nacidas alrededor del decenio 1965-1975, con cerca de 800 mil efectivos cada una), la distribución de población por edades se está sesgando progresivamente hacia la gama de edades más altas. Este tránsito de generaciones muy numerosas ejerce un efecto de ola que está alcanzando ya al núcleo central del grupo de población en edad de trabajar, esto es, entre los 16 y los 64 años de edad, mucho antes, como es natural, por otra parte, de que empiece a tocar el borde del grupo de edades superiores a los 64 años.

Si el envejecimiento de la población afecta a los grandes programas del estado del bienestar, como se ha visto en las secciones precedentes, también ha de reconocerse que afecta a las actividades propias de las edades activas. Puede que, desde un punto de vista general, las consecuencias funcionales del envejecimiento de la población en edad de trabajar sean sensiblemente menos gravosas que las derivadas del envejecimiento de la población de mayor edad, pero, en el ámbito específico de mayor relevancia de aquél grupo de edad, el de la actividad laboral, las consecuencias funcionales son de un alcance mal comprendido y menos aún explorado.

A partir de los 50 años, digamos, muchos trabajadores no están en condiciones físicas de realizar determinados trabajos, por una parte. Por otra parte, la continuidad laboral en entornos poco satisfactorios laboralmente, tras décadas de arrastre (literalmente), conlleva relevantes descensos de la productividad de los trabajadores que sólo pueden corregirse con un cambio radical en dichas condiciones laborales o con el mismo cambio de la actividad desarrollada hasta ese momento.

Una representación moderada de efectivos laborales en las edades mayores de la escala activa, debida por igual a la presencia de generaciones menos nutridas y a las prácticas de jubilación anticipada, incapacidad permanente o las mal llamadas “prejubilaciones”1, ha enmascarado el problema en cierta medida hasta ahora.

1 Debería hacerse cualquier intento para desterrar este término del discurso laboral y sobre la jubilación. Lo que tan erróneamente se denomina “prejubilación” no es sino un acto por el que una empresa prescinde de uno o varios trabajadores, al igual que uno o varios trabajadores pueden prescindir de sus empresas. Naturalmente que en dicho acto debe mediar algún tipo de normativa o acuerdo entre unos y otros, eventualmente avalado por una administración. Pero las condiciones de dicho acuerdo deberían estar por completo disociadas de los términos que el sistema de pensiones públicas establece para la cualificación de los sujetos elegibles bajo sus propias reglas a efectos de la jubilación propiamente dicha (a los 65 años, excepto para algunos regímenes especiales como el de trabajadores del mar y la minería), la jubilación anticipada (entre los 60 y los 64 años) o las restantes fórmulas de jubilación (flexible o parcial). Los convenios que las empresas firman con la Administración de Seguridad Social sólo deberían


119

Pero a medida que las generaciones de trabajadores que llegan a las edades previas a la jubilación la casuística conocida hasta a hora se establecerá como una tendencia estructural imparable y cargada de consecuencias. No nos parece que estamos preparados para afrontar este fenómeno del que, para más complicación, sabemos bastante poco.

En definitiva, se trata de saber en qué medida las empresas, los trabajadores y las cualificaciones que existen en estos momentos, cuyo cambio estructural, si acaso se produce, es muy lento, son las adecuadas, o, por el contrario, serán disfuncionales, frente a un aumento muy apreciable de los efectivos en edad laboral con edades superiores a los 50 años.

La interrelación de las medidas que se adopten para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, por citar el caso más evidente, basadas en el retraso de la edad de jubilación, tendrán un considerable impacto sobre esta problemática pues exacerbarán a acumulación de efectivos de edades laborales avanzadas en los tramos de actividad más problemáticos. De poco servirá conseguir que los trabajadores se jubilen, como norma general, digamos, a partir de los 68 años, en vez de a los 63 actuales, si con ello complicamos las perspectivas laborales de los trabajadores de edades maduras ya establecidos y, por otra parte, generalizamos la insatisfacción en el puesto de trabajo.

El objetivo de esta sección es pues el de analizar una serie de tendencias posibles de la demografía laboral y de la actividad en España en las próximas décadas con objeto de discernir las consecuencias y los retos que también en este ámbito plantea el envejecimiento de la población, así como de dejar el terreno abonado y listo para la formulación de las medidas más oportunas en las secciones posteriores.

3.2.1 El envejecimiento de la población activa

El cambio en la estructura de edades de la población es un fenómeno que, con el tiempo, afecta especialmente a los grupos de edad más avanzada y distorsiona considerablemente, como se ha visto, el balance entre los grandes grupos de edad de la población. En particular, deteriora la tasa de dependencia de las personas de edad. Pero antes de manifestarse en las edades más avanzadas, el tránsito de las generaciones del baby-boom español (nacidas entre 1965 y 1975) se manifestará entre la población en edad de trabajar (16 a 64 años) de manera casi tan marcada como lo hará más tarde entre la población de 65 años y más.

contemplar la continuidad del pago de cotizaciones o cuales quiera otras condiciones económicas pactadas según los protocolos establecidos privadamente entre empresas y trabajadores, pero no deberían estimular el tránsito anticipado de estos últimos hacia ninguna forma específica de jubilación de entre las contempladas por el sistema de pensiones (vid infra en el texto principal).


120

Una forma de medir el envejecimiento es calcular la edad media de la población a lo largo del tiempo. En la actualidad la edad media de la población es de casi 41 años (Gráfico adjunto), mientras que ésta irá aumentando progresivamente hasta estabilizarse cerca de los 48 años en 2059. Esta dinámica aparentemente progresiva oculta la superposición de tendencias más oscilantes cuando se consideran grupos específicos de población.

Gráfico 3.2.1.Envejecimiento de la población en edad de trabajar

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

25,0

26,3

27,5

28,8

30,0

31,3

32,5

33,8

35,0

36,3

37,5

Edad media de la población totalEdada media de la población en edad de trabajar (16-64 años)Población de 50-64 años por cada 100 personas de 16-64 años (escala derecha)

Fuente: Elaboración propia

La población en edad de trabajar (de los 16 a los 64 años), por ejemplo, que en la actualidad tiene una edad media de casi 40 años (un año menos que la edad media del conjunto de la población), presenta una evolución de su edad media que alcanza un máximo de 42 años alrededor de 2028 y se rejuvenece a partir de 2032 en casi un año a partir de 2050.

Esta evolución de la edad media de la población en edad de trabajar, la base de actividad de la población no se olvide, oculta a su vez un balance de edades dentro de este grupo que cuando se mira de manera más detenida no deja de producir una cierta preocupación. En efecto, obtengamos la proporción de personas de entre 50 y 64 años en el grupo de edad que estamos analizando, es decir los de 16 a 64 años. Se muestra en el gráfico anterior que esa proporción pasa de un 26% en 2009 a un 37,3% en 2032, para descender al 31,4 en 2050 y volver a repuntar ligeramente poco después. Esta evolución está claramente marcando el paso de los baby-boomers por el grupo de edades activas.


121

Si el envejecimiento general de la población obliga a considerar seriamente sus consecuencias sobre el sistema de pensiones, sanitario y de cuidados asociados a la dependencia, fenómenos todos ellos que se manifiestan especialmente cuando las cohortes de 65 años y más se cargan de efectivos, debido a la longevidad de la población, lo que podríamos llamar el “envejecimiento de la población activa” obliga a una mirada diferente, aunque no menos concernida, sobre el dinamismo de una población activa en la que una parte creciente de sus efectivos alcanza edades a las que ciertas actividades no pueden desempeñarse con la misma eficacia que cuando la edad de quienes las realizan es menor.

Este proceso de envejecimiento de la población activa, por su propia naturaleza, posee una característica diferencial respecto al envejecimiento de la población general: se produce considerablemente antes. Mientras que la “digestión” de las generaciones del baby-boom no se produce en la población general hasta 2050, para la población en edad de trabajar, esta digestión se habrá completado hacia 2030, como se comentaba, cuando estas generaciones inician su progresiva jubilación. El envejecimiento de la población activa es un hecho hoy y se agudizará durante los próximos veinte años.

3.2.2 La participación activa de la población de más de 50 años

Hay dos constataciones habituales en los análisis de la participación activa de la población española. En primer lugar las amplias divergencias que todavía existen entre hombres y mujeres en la tasa de actividad. Estas divergencias se agudizan para las edades más avanzadas de la población activa. En segundo lugar la reducida tasa de actividad que se da, independientemente del género, a dichas edades laborales avanzadas, en particular a partir de los 50 años de edad.

En el gráfico siguiente se puede apreciar cómo se da el patrón de actividad entre la población en edad laboral avanzada. Para calibrar mejor la situación se ofrecen las tasas de actividad de la población masculina, femenina y total en el primer trimestre de 1990 y de 2009. En estos veinte años se han producido cambios muy importantes en estos patrones, pero subsisten algunas características que conviene resaltar.


122

Gráfico 3.2.2.Tasas de actividad de la población española 1990-2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 y más años

2009TI - Varones 1990TI - Varones 2009TI - Total

1990TI - Total 2009TI - Mujeres 1990TI - Mujeres


En el periodo analizado, apenas ha variado el patrón de participación activa de los hombres en edades superiores a los 45 años. Pero las mujeres han más que duplicado su participación en el mercado de trabajo en toda la franja de 45 a 64 años. Como consecuencia de ello, la tasa de actividad del conjunto de la población a estas edades ha aumentado de manera muy relevante. Lo que sin duda es una buena noticia.

Pero por otra parte, las tasas de actividad siguen siendo muy reducidas a partir de los 55 años, como se muestra en el cuadro siguiente. En el grupo de edad de los 55 a 59 años, sólo dos de cada tres efectivos de esa edad participa en el mercado de trabajo, aunque la tasa de actividad ha aumentado desde 1990, especialmente entre las mujeres. Las tasas de desempleo a estas edades suelen ser reducidas frente a las que se observan a edades menores. Una de las causas de que la actividad a estas edades sea reducida es la severa incidencia del desempleo a partir de los 40 años, que acaba sacando del mercado de trabajo a muchas personas.


123

2009TI - Total

1990TI - Total

Diferencia 09-90

2009TI - Varones

1990TI - Varones

Diferencia 09-90

2009TI - Mujeres

1990TI - Mujeres

Diferencia 09-90

16 a 19 años 25,64 31,99 -6,35 29,27 32,76 -3,49 21,80 31,18 -9,3820 a 24 años 66,50 67,14 -0,64 70,40 73,09 -2,69 62,44 60,98 1,4625 a 29 años 87,13 78,16 8,97 90,63 92,10 -1,47 83,44 63,92 19,5230 a 34 años 88,71 75,51 13,20 94,68 96,47 -1,79 82,27 54,36 27,9135 a 39 años 87,08 72,15 14,93 94,38 96,55 -2,17 79,31 47,58 31,7340 a 44 años 85,32 67,94 17,38 94,11 95,79 -1,68 76,25 40,16 36,0945 a 49 años 83,01 63,75 19,26 92,76 94,32 -1,56 73,24 33,44 39,8050 a 54 años 75,12 57,94 17,18 88,38 89,08 -0,70 62,12 28,00 34,1255 a 59 años 62,57 49,36 13,21 78,70 76,71 1,99 47,11 23,51 23,6060 a 64 años 36,72 31,44 5,28 49,57 48,21 1,36 24,78 16,19 8,5965 a 69 años 5,80 5,70 0,10 7,13 7,83 -0,70 4,65 3,89 0,7670 y más años 0,74 1,01 -0,27 1,13 1,52 -0,39 0,47 0,69 -0,22Total 60,15 50,79 9,36 69,11 68,61 0,50 51,51 34,06 17,45(*) En % de la población de su respectivo grupo de edadFuente: EPA (INE)

Tabla 3.2.1.

Ambos sexos Varones Mujeres

Tasas de actividad de la población española por grupos de edad 1990-2009 (*)

Entre los sesenta y los sesenta y cuatro años, las tasas de actividad bajan algo por debajo del 50% para los hombres, en una suave tendencia decreciente y se sitúan en casi el 25% para las mujeres, que aumentan apreciablemente su participación a estas edades respecto a hace veinte años. No debe confundirnos este desarrollo. Los hombres apenas aumentan su participación activa a edades laborales extremas en el tiempo mientras las mujeres registran un intenso fenómeno de renovación de patrones generacionales de actividad a medida que mujeres más jóvenes, mejor integradas en la actividad laboral que sus congéneres de más edad, van transitando por los grupos de edad con una mochila de experiencia laboral más cargada.

Este fenómeno de catching-up se agotará con el tiempo estabilizándose las tasas de actividad a edades laborales extremas, que crecerán, mientras tanto, hasta los niveles que se observan en otros países más avanzados en la materia.

3.2.3 La salida de la actividad a edades maduras

Las razones por las que los miembros de la población activa abandonan esta condición son muy variadas y se combinan de manera muy diferente a las distintas edades. A los efectos del análisis que nos interesa en este estudio y para las edades más avanzadas del lapso vital laboral, hasta los 65 años, estas razones se concentran en las siguientes:

El “efecto desánimo” ya mencionado, que se produce cuando un parado de larga duración de edad relativamente avanzada abandona la actividad ante la imposibilidad de encontrar un empleo adecuado a unas circunstancias de empleabilidad fuertemente deterioradas tras unos años en desempleo. En estas


124

condiciones, la decisión de salida de la actividad será difícilmente reversible. Estas personas no cotizan a la Seguridad Social y ven seriamente deteriorados sus derechos futuros a percibir una pensión o el montante de la misma. Su número puede oscilar según la coyuntura laboral.

La prejubilación, o el cese de la actividad laboral reglada, como consecuencia de un ajuste de plantilla, mediante un convenio entre la empresas y los trabajadores elegibles (generalmente de nivel directivo o técnico superior a partir de una cierta edad) que puede desembocar bien en la inactividad plena o en una actividad parcial a través de sociedades limitadas o como trabajador autónomo o simple free-lance irregular. Con una incidencia en España simplemente desconocida con la necesaria precisión, esta circunstancia se engloban multitud de situaciones, algunas de ellas irregulares en el pleno laboral, de las prestaciones de desempleo, etc. Ya se ha aludido a lo impropio del uso de este término, que evoca en el imaginario popular connotaciones jurídicas de las que, en puridad, carece tal circunstancia, desencadenando aspiraciones totalmente infundadas, y que confunde lamentablemente el tránsito desde la plena actividad hasta la inactividad causal sea ésta por razones de incapacidad permanente o jubilación propiamente dicha. Según la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT, a principios de 2007 había en nuestro país unas 700 mil personas en esta situación, con unas 120 mil procedentes del sector bancario y de Telefónica únicamente. Varias decenas de miles de personas pueden sumarse a este colectivo cada año. En principio, no obstante, en virtud de los acuerdos respectivos con las empresas, todos los prejubilados cotizan a la Seguridad Social.

La incapacidad permanente (IP), que a estas edades empieza ya a presentar una incidencia relevante. Unas 100 mil nuevas altas de pensiones por IP se produjeron en 2008 en el sistema y casi dos terceras partes de este número, como veremos más adelante, entre los 50 y los 64 años. Unas 630 mil personas se encontraban en esta situación en mayo de 2009.

La jubilación anticipada (entre los 60 y los 64 años) asumida voluntariamente por los individuos aceptando una rebaja permanente y de entidad respecto a la pensión que les correspondería en caso de jubilarse a los 65 años. Más de 100 mil personas realizaron este tránsito hacia la inactividad en 2008, según los datos de la Seguridad Social. En la actualidad, más de 350 mil jubilados tienen menos de 65 años.

Por todas las razones anteriores, lo cierto es que unos dos millones de personas en edad de trabajar quedan excluidas del mercado de trabajo.


125

Voluntaria o involuntariamente, esta transición procede tanto desde una situación de empleo como desde una situación de desempleo, como se muestra en el diagrama adjunto, y el volumen de efectivos implicados representa un considerable capital de experiencia al que el sistema laboral español debe renunciar. Las salidas desde la actividad pueden darse, a su vez, desde una situación de empleo activo, mediante la jubilación, la incapacidad permanente o la prejubilación, o desde una situación de desempleo, mediante la jubilación, la incapacidad o el simple abandono de la población activa por el llamado “efecto desánimo”.

Figura 3.2.1. Transiciones entre la actividad (empleo y desempleo)

y la inactividad laboral – III a IV trimestres de 2008

Fuente: Boletín AML Nov. 08 (www.agett.com/boletines.asp)

Entre los ocupados, las salidas a la inactividad representan típicamente alrededor del 3,5% de los efectivos en un trimestre, mientras que una quinta parte de los parados suelen transitar hacia la inactividad.

La salida hacia la inactividad por la vía de la jubilación y la incapacidad permanente mantiene patrones bien diferenciados por edad y, para el análisis de estos casos disponemos de información detallada suministrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).


126

La incidencia de la incapacidad permanente aumenta con la edad, aunque puede producirse a edades laborales muy tempranas. A 31 de diciembre de 2008, había 922 mil pensiones de IP en España, de las que el 96,7% correspondían a personas de menos de 65 años y el 68,3% a personas de entre 50 y 64 años, como puede apreciarse en el gráfico adjunto.

En el gráfico se muestra también cómo se distribuían las pensiones de jubilación por grupos de edad en esa misma fecha. En este caso, la gran mayoría de las pensiones se concentraban en los grupos de edad posteriores a los 64 años, pero en el grupo de 60 a 64 años se encontraba un número muy elevado de pensionistas de jubilación titulares de unas 342 mil pensiones por esta contingencia.

Gráfico 3.2.3.Pensiones de Incapacidad Permanente y Jubilación a

31/12/08 por grupo de edad

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000

1.000.0001.100.0001.200.000

15 a19

20 a24

25 a29

30 a34

35 a39

40 a44

45 a49

50 a54

55 a59

60 a64

65 a69

70 a74

75 a79

80 a84

85 ymás

Incapacidad permanente Jubilación

Fuente: INSS y elaboración propia

Los efectivos de inactivos por las dos situaciones que se acaban de describir en cada grupo de edad tienen, en realidad, una dinámica generacional bastante activa. Para percibir mejor qué número de personas pasan cada año a las situaciones de incapacidad permanente y jubilación se ofrecen los datos de nuevas altas por ambas contingencias representados en el gráfico siguiente por grandes grupos de edad y algunas edades puntuales realizados en 2008.

Entre los 50 y los 59 años se producen más nuevas altas de incapacidad permanente que hasta los 49 años de edad, pero a partir de los 59 años también se da una incidencia de cierta relevancia. La edad media de entrada en la incapacidad es, de


127

hecho, de casi 51 años, aunque la edad modal a la que se produce un mayor número de nuevas altas de incapacidad permanente es de 60 años.

Por su parte, las nuevas altas de jubilación se producen mayoritariamente a la edad legal de 65 años, pero sólo un 52,5% del total, ya que a los 60 años todavía se producen un 17,3% de las nuevas altas y un número nada despreciable a cada una de las edades que van desde los 61 a los 64 años. Así, la edad media a la que se produce la jubilación en España, estimada para 2008, es de 63,8 años, si bien la salida efectiva del mercado de trabajo se está produciendo con casi dos años de adelanto (62,1 en 2007, Eurostat) 2.

Gráfico 3.2.4.Nuevas altas de Incapacidad Permanente y Jubilación

2008

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000110.000120.000130.000140.000150.000

Has

ta 4

9añ

os

50 a

54

años

55 a

59

años

60 a

ños

61 a

ños

62 a

ños

63 a

ños

64 a

ños

65 a

ños

Más

de

65añ

os

Incapacidad Permanente Jubilación

Fuente: INSS y elaboración propia

2 Hasta mediados de los años 90 la edad efectiva media de jubilación había venido descendiendo llegando a situarse algo por encima de los 62 años. Desde entonces, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha hecho que éstas posterguen su edad de jubilación con el objeto de completar carreras más largas y cualificantes de cotización. Por otra parte, la jubilación anticipada a los 60 años ha ido perdiendo peso a medida que los antiguos mutualistas inscritos en enero de 1967 han pasado a la jubilación y el nuevo sistema de jubilación anticipada a los 61 años se ha implantado. Una vez agotado este fenómeno, la edad efectiva de jubilación se estancará algo por debajo de los 65 años.


128

3.2.4 El potencial de actividad de la población española y la sostenibilidad del sistema de pensiones

La reducidas tasas de actividad de la población con más de 54 años y el conjunto de variadas casuísticas que se encuentran detrás de esta baja participación activa dejan intuir a la vez un relevante potencial de actividad, que debería materializarse en la medida de lo posible, y considerables dificultades para diseñar políticas que logren aumentar la actividad a dichas edades. No en vano, las decisiones de los individuos responden a incentivos y éstos deben ser muy potentes para que varios millones de personas de edades comprendidas entre los 55 y los 65 años acaben fuera del mercado de trabajo.

Fruto de la proyección de gastos e ingresos del sistema de pensiones al horizonte 2059 que se realizó en la sección 3.1.3 es una proyección del número de pensiones y afiliados que se comentó entonces muy por encima pero que se utiliza en esta sección comparándola con los flujos demográficos del sistema de pensiones que harían al mismo sostenible en términos económicos3. Tal comparación se recoge en el siguiente gráfico.

Gráfico 3.2.5. Demografía sostenible del sistema de pensiones al horizonte 2059

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

260002009 (e)

2011 (p)

2013 (p)

2015 (p)

2017 (p)

2019 (p)

2021 (p)

2023 (p)

2025 (p)

2027 (p)

2029 (p)

2031 (p)

2033 (p)

2035 (p)

2037 (p)

2039 (p)

2041 (p)

2043 (p)

2045 (p)

2047 (p)

2049 (p)

2051 (p)

2053 (p)

2055 (p)

2057 (p)

2059 (p)

Nº afiliados sostenible Nº afiliados proyección Nº pensiones proyección Nº pensiones sostenible


3 Se trata de calcular simultáneamente el número de pensiones y el número de afiliados necesarios para que los gastos del sistema se iguales año a año a los ingresos del sistema. El cálculo simultáneo de ambos flujos de personas se realiza sometido a la restricción de que cada pensionista de menos respecto a los de la proyección de base pasa a ser un afiliado más respecto a los de la proyección de base.


129

Con arreglo a las conclusiones que ya se habían obtenido acerca del año en el que verosímilmente el sistema español de pensiones entraría en déficit estructural, hasta ese mismo año, 2022, la demografía esperada del sistema es en la práctica sostenible. Pero, a partir de ese año, el número de afiliados debería verse incrementado al mismo ritmo que el de pensionistas para evitar el deterioro de las cuentas del sistema. Ello implicaría un aumento de las tasas de actividad de hombres y, especialmente, mujeres a edades superiores a los 55 años y la prolongación de la actividad más allá de los 65 años para ambos géneros.

En 2050, frente a los 20,4 millones de afiliados y 17,8 millones de pensiones que arroja la proyección de base, debería haber 25,1 millones de afiliados y 13,0 millones de pensiones en un hipotético sistema de pensiones que tuviera sus cuentas completamente en equilibrio sin haber alterado sus fórmulas para calcular las pensiones ni las cotizaciones obtenidas en la proyección de base. En definitiva, más de 4,5 millones de personas que en vez de estar jubiladas deberían estar trabajando. ¿Permite la población española prevista en las próximas décadas un desarrollo de este tipo? Ciertamente, siempre que las tasas de actividad de la población mayor de 55 años aumenten de manera significativa.

Como la tasa de actividad de la población de edades inferiores a los 55 años es ya bastante elevada, aunque la de las mujeres admite recorrido, estos efectivos habría que encontrarlos entre la población femenina y masculina de edades más avanzadas. Un cálculo somero a partir de la distribución por edades de la población indica que la tasa de actividad de los grupos de edad a partir de 55 años debería evolucionar como se muestra en el gráfico siguiente, como mínimo para garantizar la base de la que saldrían los afiliados de un sistema sostenible en el que sólo cambia su demografía.


130

Gráfico 3.2.6.Evolución sostenible de las tasas de actividad de la población mayor de

50 años 2009-2059

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 y másaños

2059 2050 2040 2030 2020 2009


Este desarrollo es puramente hipotético pues la reforma del sistema de pensiones no puede hacerse girar exclusivamente sobre la demografía del sistema, pero el argumento anterior ilustra perfectamente las consecuencias que el envejecimiento de la población tiene para la población activa a las tasas actuales de actividad.

El crecimiento de la población activa a las tasas actuales, dado el progresivo envejecimiento de los baby-boomers, más pronto que tarde haría que la base activa de la población fuese insuficiente para aportar el número de afiliados que garantizase la sostenibilidad del sistema de pensiones si ésta se basase únicamente en la incorporación de más afiliados y el reconocimiento de menos pensionistas, como se muestra en el gráfico siguiente.

El aumento de la población activa hasta los niveles sostenibles que se describen en esta sección permitiría el crecimiento del número de afiliados estimado como sostenible en ausencia de otro tipo de reformas del sistema de pensiones relativas, por ejemplo, al cálculo de pensiones y de prestaciones conducentes a la sostenibilidad.


131

Gráfico 3.2.7.Activos y afiliados en un escenario de sostenibilidad del sistema de

pensiones basada en el ajuste de las tasas de actividad

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

Nº Activos sostenible Nº Afiliados sostenible Nº Activos a tasas de actividad constantes

Por último, este tipo de desarrollo implica un aumento aún más relevante de la edad media de la población activa (de 16 y más años), y muy por encima de la edad media de la población de entre 16 y 64 años que se comentaba al principio de esta sección. La evolución de ambas edades medias puede observarse en el gráfico siguiente en el que también se muestra la tasa de edad de la población activa sostenible cuya evolución muestra claramente cómo el retraso de la edad de jubilación de las generaciones del baby-boom y posteriores evita radicalmente el rejuvenecimiento de la población activa que se comentaba al principio de esta sección, pero tampoco viene acompañado de un aumento de la tasa de edad de esta hipotética población activa sostenible una vez dichas generaciones han superado la barrera de los 65 años alrededor de 2035.


132

Gráfico 3.2.8.Envejecimiento de la población activa sostenible

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

30,0%

32,5%

35,0%

37,5%

40,0%

Edad media de la población activa sostenibleEdad media de la población de 16 a 64 añosTasa de edad de la pob. activa sostenible (escala dcha.) (*)

(*) Población de 50 y más años en porcentaje de la población de 16 y más añosFuente: elaboración propia

En resumidas cuentas, mantener a la población en plena actividad a edades superiores a los 55 años, como acabamos de argumentar que va a ser necesario en mayor o menor medida para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, requerirá que, junto a los incentivos o requisitos para estimular el paso más tardío a la jubilación, se aborden las causas del abandono de la actividad a edades algo más tempranas, incluso las debidas a la incidencia del desempleo entre los trabajadores adultos. Dos tipos de palancas, pues, deberán inducir a los individuos de edades laborales avanzadas a permanecer en la actividad y en el empleo: palancas que eviten el desempleo a estas edades, lo que estimula abandono de la actividad, y palancas que, en el medio plazo, disuadan de una jubilación antes de la edad legal establecida en estos momentos y, a largo plazo, lleven la edad efectiva de jubilación más allá de los 65 años para lo cual habrá que elevar la edad legal de jubilación muy por encima de este límite referencial para las generaciones pasadas que ha determinado el paso a la jubilación a lo largo de buena parte de la historia de los sistemas de pensiones en todo el mundo.

3.2.5 Nuevas empresas, nuevos trabajadores, nuevas cualificaciones

El incremento de las cohortes de edades avanzadas de la población activa, sin embargo, exacerbaría algunos de los problemas que se constatan en la actualidad en estos segmentos de la población activa. Si a partir de edades que hoy, definitivamente, no consideramos avanzadas, como puedan serlo los 55 años, muchos trabajadores


133

están literalmente “quemados” (burned-out) en sus trabajos y empresas, limitados en su capacidad de adoptar nuevas tecnologías, frustrados por la rutina y la falta de perspectivas de carrera, y, en suma, ansiosos porque una “mano amiga” les saque sin traumas económicos de la actividad y los deposite también suavemente en la dorada etapa de la jubilación, ¿cómo se va a lograr detener y revertir la aspiración generalizada a una jubilación cada vez más temprana o, al menos, a la edad legal actualmente vigente?

Y, sin embargo, es claro que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de que la base de actividad se expanda a medida que aumentan los efectivos a los que hay que financiar de forma que se preserve el equilibrio entre los recursos que se pueden obtener y las necesidades que hay que cubrir. Y ello es independiente de que el sistema de pensiones sea de reparto o capitalización, público o privado, de prestación definida o de contribución definida, pues el problema básico es la creciente desproporción entre el ciclo vital activo y el ciclo vital pasivo debida al aumento incesante de la esperanza de vida, causada a su vez, por la compresión de la mortalidad, más que por una extensión de la vida a edades muy avanzadas (más allá de los 100 años).

Ya hemos argumentado que la mejor manera de preservar ese equilibrio es que la barrera artificial de los 65 años que separa el ciclo vital activo del ciclo vital pasivo se mueva hacia delante. Más que la inmigración, por ejemplo, o la mayor natalidad, que nutren las cohortes activas primero a costa de engrosar las cohortes pasivas más tarde, el desplazamiento de la barrera de los 65 años consigue simultáneamente que aumente la base de actividad y que disminuya la base de necesidad del conjunto de la población. El incremento de la natalidad es otra cuestión, su eficacia radica en que asegura el relevo generacional, evita el decaimiento demográfico de la sociedad y apuntala la eficiencia general de la población mediante un dosaje equilibrado de edades en la mezcla total.

Siendo el alargamiento de la vida activa uno de los requisitos para contrarrestar el aumento de la longevidad, el problema que se plantea a continuación es el de cómo ubicar en el sistema laboral, suscitando a la vez un cierto entusiasmo por su parte, a los protagonistas de un movimiento tan masivo como éste en el que se verían implicados millones de trabajadores que de mantenerse el actual patrón de salida de la actividad estarían jubilados. Trabajadores experimentados y, sin duda, valiosos pero, en su mayoría, como se argumentaba, reticentes a seguir instalados por muchos más años en una casuística muy variada e intensa de dificultades funcionales y frustraciones profesionales, cuando no mero hartazgo.


134

No es evidente que despunten en este momento incluso los más leves indicios de que la sociedad y la economía están cambiando o van a cambiar de forma que se pueda acomodar sin estridencias un desarrollo tan revolucionario como el que implica para el mercado de trabajo la permanencia en la actividad, a edades avanzadas, de millones de trabajadores adicionales. Ni las instancias existentes de aprovechamiento del capital de experiencia que representa la población más senior, por la vía de la economía social o del tercer sector, las ONGs, etc., ni los llamados “nichos de empleo” ad hoc para personas de cierta edad y difícil inserción en el mercado de trabajo mediante programas públicos están dando de sí como para vislumbrar un canal eficiente para este formidable cambio estructural en el mercado de trabajo.

En los poco más de veinticinco años que quedan hasta que el grueso de las generaciones del baby-boom llegue a los 65 años hemos de encontrar una solución de amplio alcance para que las personas de entre 55 y 74 años puedan pasar de tener una tasa de actividad del 29% en la actualidad al 46% en 2035, llegando eventualmente hasta el 58% en 2059 sin que ello haga a la gente más infeliz. Habrá que inventar nuevas empresas, nuevos directivos, nuevas tareas y cualificaciones, nuevos trabajos, y, desde luego, nuevos trabajadores.


135

3.3. El impacto del envejecimiento en el sistema sanitario

El incremento de la esperanza de vida es uno de los principales logros socioeconómicos del país. El desarrollo de los servicios sanitarios ha jugado un papel destacado en el aumento de la longevidad y calidad de vida de los españoles. En 2030, uno de cada tres españoles será mayor de 60 años, y tendrá por delante una esperanza de vida media por encima de los 25 años. El aspecto negativo, es que el aumento de la población mayor trae consigo un aumento de la enfermedad, por lo que el incremento de las tasas de envejecimiento conlleva un incremento del gasto sanitario, que puede ser insostenible para el mantenimiento del sistema público.

La gestión hospitalaria es clave para organizar los cambios que deberán abordarse en los próximos años: reducir el gasto sanitario, atender las demandas de una población cada vez más envejecida, adaptar los modelos asistenciales a los nuevos procedimientos que ofrecen los avances tecnológicos, y todo ello sin menoscabo de la cobertura y calidad.

3.3.1 Variables del gasto sanitario

El gasto sanitario público4, incluyendo el derivado de los cuidados de larga duración, ascendía a 58.466 millones de euros en el año 2006, lo cual representaba el 71,2% del gasto total. En conjunto, los 82.064 millones de euros del gasto público y privado equivalen al 8,4% del PIB español.

En términos relativos, la proporción de PIB del gasto sanitario español es inferior a la media de los países europeos, que fue del 9,6% para la UE-15 (véase siguiente gráfico). España también se encuentra por detrás de la media de los países de la OCDE, 8,9%. El diferencial todavía es sensible con respecto a Francia y Alemania, 11,1% y 10,6%, respectivamente. Para converger con estos dos modelos de referencia para la sanidad pública española, es preciso mantener el ritmo de gasto público en los próximos años. En cuanto a la otra variable representada en el gráfico, el gasto medio por habitante, de nuevo España está a la cola de los países más desarrollados: menos de 2.500 dólares por habitante, frente a los 3.500 de Francia y los más de 4.000 en Suiza y Noruega. Estados Unidos es el país que más gasta, alcanzando el 15 por ciento del PIB (más de la mitad corresponde a gasto privado) y 6.700 dólares por persona.

A priori cuanto más gasta un país mejor nivel sanitario posee. Pero esta máxima no siempre se cumple, porque la efectividad del gasto sanitario es muy desigual. Por ejemplo, en Estados Unidos, Minnesota es estado líder en el indicador de calidad (un

4 Información del Ministerio de Sanidad y Consumo para el año 2006.


136

35 por ciento por encima del promedio nacional), pero tan sólo gasta un 3 por ciento más que la media estadounidense.

Gráfico 3.3.1.Gasto sanitario: países desarrollados (2006)

UE-15Aus

Ost Bel

Can

Din

Fin

FraGer

Gre

Hun

Ice

Ire

Ita

Jap

Lux

Hol

New

Nor

PorESP

Swe

Swi

UK OCDE

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0% PIB

US

D p

or h

abita

nte

Fuente:

En 2006 el gasto sanitario privado representaba casi un 29% del total del gasto sanitario de España. El desarrollo económico, traducido en el incremento de la renta de las familias, la proliferación de seguros médicos y la mayor demanda de servicios privados, explican el fuerte crecimiento del gasto privado: 82,5% entre 1999 a 2006, cifra que supera el incremento del PIB y la población española para ese periodo (69% y 11%, respectivamente). No obstante, pese a este crecimiento la proporción del gasto privado respecto al total se ha mantenido casi constante desde 1995, año que alcanzó el 29%, porque el aumento del gasto público ha sido también muy intenso.

En comparación con otros países del entorno europeo, el gasto privado español equivale a un porcentaje del PIB similar a Francia, Alemania o Italia, todos ellos con poco más del 2% del PIB. Pero si establecemos una comparación entre gasto privado y público, el ratio es siete puntos más elevado en España que estos países europeos (donde el gasto privado representa en torno al 22% del total). A excepción de Suiza, el gasto privado de los países europeos dista mucho de alcanzar la cota del modelo


137

norteamericano, por lo cual de cara al futuro tiene un largo recorrido para seguir creciendo.

7,0 6,88,9 8,1

6,9 7,36,0

7,3

8,3

4,52,3

2,4

2,03,3

2,41,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

EstadosUnidos

Suiza Francia Alemania Italia OCDE España Reino Unido

% PIB Gasto público % PIB Gasto privado

Desde el punto de vista de la edad, el gasto privado se concentra entre los grupos de edad de población activa, dibujando un perfil en forma de “U” invertida, es decir la edad de jubilación marca un claro retroceso del consumo de servicios privados. El descenso de la capacidad adquisitiva, la conclusión de los seguros médicos ligados al trabajo y el mayor prestigio del sistema público a la hora de encarar los problemas más graves de salud, entre otras razones, explican esa menor demanda. Sin embargo, es previsible que en los próximos años crezca la demanda privada entre la población mayor, como consecuencia de la jubilación de generaciones con mejores niveles de renta y formación, así como el constante aumento de la calidad y competencia de la sanidad privada.

En cuanto a la composición del gasto, son los servicios hospitalarios y especializados los que representan más de la mitad del mismo, seguidos por la prestación farmacéutica y los servicios de atención primaria de salud.


138

Servicios hospitalarios y especializados

53%

Servicios de salud pública

1%

Traslado, prótesis y aparatos

terapéuticos2%

Atención primaria15%

Gasto de capital4%

Servicios colectivos de salud

3%

Farmacia22%

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística del Gasto Sanitario Público 2005

Gráfico 3.3.3.Componentes del gasto sanitario público en España: distribución % 2005

Uno de los aspectos claves para reducir la presión creciente de los servicios sanitarios es impulsar un uso más eficiente y racional de los mismos. Según datos de la OCDE, los españoles acudimos al médico, por término medio, 9,5 veces al año, una cifra notablemente superior a la media de los países de la OCDE -6,8 visitas al año-. Además, este comportamiento se ha agudizado en los últimos años: el número de consultas por habitante se ha incrementado en España un 2,4% anual entre 1990 y 2005, frente al 0,7% de la media de los países de la OCDE. Los profesionales médicos advierten que este uso indebido está provocando el colapso de algunos servicios sanitarios, como son la costumbre de acudir a urgencias como remedio de última hora, o la elevada derivación a servicios especializados por falta de suficientes filtros en la atención primaria.

El impacto del coste farmacéutico también es especialmente llamativo en nuestro país. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, España es el país desarrollado que más porcentaje del gasto sanitario dedica al gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico por habitante para el 2006 alcanzó los 533 dólares en España, claramente por encima la media de la OCDE -440-, y únicamente superado por cuatro países en el mundo (Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Francia). Al igual que Francia, la mayor parte de ese gasto está cubierto por el sistema público (72,7%), en contraposición al modelo norteamericano (en Estados Unidos el 70% del gasto farmacéutico es de tipo privado).

Junto a la amplia cobertura que proporciona el sistema de Seguridad Social en las recetas médicas (y su total gratuidad para la población jubilada y dependiente) y la progresiva sofisticación de los medicamentos, los expertos explican nuestro elevado gasto farmacéutico en una cultura de pro medicación.


139

3,86,7

11,4 11,0 10,0 9,3

15,78,8 3,2

5,03,8

10,0

6,3

6,0

0

5

10

15

20

EstadosUnidos

Suiza Francia Alemania Italia OCDE España

Gasto farmacéutico público Gasto farmacéutico privado

Fuente: OCDE

Gráfico 3.3.4.Gasto farmacéutico sb total del gasto sanitario (2006)

El uso de medicamentos en los servicios hospitalarios también es uno de los principales vectores del incremento del gasto sanitario. El Ministerio de Sanidad cifró un aumento del gasto en farmacia hospitalaria para el periodo 1999-2005 del 93,5%, dos veces el gasto producido en medicamentos de receta. En dicho periodo la farmacia hospitalaria aumentó un 38% su participación en el gasto sanitario público (de un 4,3% en 1999 a un 6,2% en 2005), mientras que la atención especializada (excluida la farmacia hospitalaria), la atención primaria y el gasto en medicamentos de receta, reducían su participación en el mismo. El gasto en farmacia hospitalaria fue de 3.636 millones de euros en 2006, lo que significa el 7,4% del gasto sanitario público de ese año, lo que representa la mitad del dinero destinado a la atención primaria. De seguir esta tendencia, en los próximos años la farmacia hospitalaria por si sola puede superar el 10% del total del gasto sanitario público.

El efecto combinado de una creciente demanda y sofisticación tecnológica de los servicios médicos, más el envejecimiento progresivo de la población y, en consecuencia, el aumento de enfermedades crónicas5 cuestionan la sostenibilidad del sistema sanitario. La población no sólo influye en una mayor demanda cuantitativa derivada del incremento demográfico de los últimos años del boom inmigratorio, sino sobre todo a una presión cualitativa. El desarrollo económico y la sociedad de la

5 Tan sólo el 10% de los pacientes crónicos ocupan del 55% de las camas hospitalarias, y el 80% de la carga asistencial de Atención Primaria se debe a enfermedades crónicas.


140

información, hacen que los ciudadanos exijan más servicios sanitarios, y de mayor calidad, así como un tratamiento más especializado. La mejora de la salud de la población española ha seguido un modelo esencialmente curativo6, a través de un uso cada vez más intensivo de la tecnología médica, hospitalaria y farmacéutica. Dicho de otra forma, las políticas de prevención y fomento de estilos de vida saludable todavía son insuficientes como para convertirse en una alternativa eficaz frente a la costosa sanidad curativa. Avanzar hacia un cambio de modelo sanitario urge, ya que en las próximas décadas el envejecimiento de las generaciones del baby boom aumentará significativamente las demandas de servicios curativos.

En consecuencia, si continúan las tendencias actuales, el gasto sanitario en España podría superar el 10% del PIB en el año 2012 y el 16% en el año 2020. Si añadimos los costes derivados del envejecimiento de la población y la medicina preventiva, este porcentaje podría elevarse hasta un 30% del PIB en el año 20207.

Este ritmo de crecimiento del gasto no es sólo desaconsejable, sino también imposible de asumir en términos económicos. Para evitar el colapso del sistema las soluciones pasan por una gestión más eficiente de los recursos, generar sistemas sanitarios más flexibles y adaptados a los cambios, reducir la presión hospitalaria a través de la atención especializada y hospitalización a domicilio, ampliar las políticas de prevención que estimule hábitos más saludables entre la población, promover un uso más racional de los medicamentos, el campo abierto por la aplicación de las nuevas tecnologías y colocar al paciente en centro del sistema. Las administraciones central y autonómica están reaccionando incorporando estas soluciones en sus políticas sanitarias, pero todavía hay mucho que avanzar, y no es posible afirmar que los esfuerzos emprendidos vayan a ser suficientes o llegar a tiempo.

3.3.2 Relación entre gasto sanitario y envejecimiento

Según el Informe Nacional de Salud, entre 1996-2006 se ha incrementado el porcentaje de participación de los grupos de edad más avanzada sobre el total de las altas hospitalarias, como consecuencia de la mayor representación que tienen estas edades en el conjunto de la población. La población de 65 y más años concentra el 37% del total de hospitalizaciones en 2006, una cifra que duplica su peso demográfico, y que supone un significativo aumento respecto al 32,3 % de 1996. La media de edad de las altas hospitalarias para el 2006 era de 51 años.

6 Ahn et al (2003). 7 Informe “Tendencias 2008-09 La Innovación en la gestión hospitalaria: implicaciones y experiencias”. AMGEN, 2008


141

No obstante, hasta el momento, el cambio en la estructura de edades ha tenido un papel secundario en el aumento del gasto sanitario. Según varios estudios publicados en España y otros países de la OCDE, el envejecimiento representa en torno al 10% del incremento real del gasto8. La causa principal del gasto por persona se encuentra en la gestión y utilización de los servicios sanitarios cada vez más sofisticados9: precios relativos más elevados, aplicaciones tecnológicas, nuevas prestaciones, mayor uso de los servicios, aumento de la intensidad de recursos por acto médico, productos farmacéuticos, etc.

En el siguiente gráfico se compara la evolución del gasto sanitario con el PIB corriente y la población de 65 y más años. En España, al igual que otros países del entorno europeo (Francia, Italia, Reino Unido y Alemania), el gasto sanitario ha crecido por encima del crecimiento económico. Pero las diferencias sólo son apreciables a partir de 2002 y no son muy marcadas (en torno a un 1% anual), lo que confirma que el gasto sanitario ha tenido un avance paralelo al del ciclo económico expansivo de los últimos años. Por otro lado, el proceso de envejecimiento presenta un ritmo mucho más atenuado, con un incremento medio anual para el periodo considerado de 1,5%, muy por detrás del 8,6% del gasto sanitario y el 7,8% del PIB corriente), lo cual confirma el peso secundario del envejecimiento en el gasto sanitario.

8 Los expertos cifran el factor demográfico entre un 0,3% y 0,5% anual, mientras que la prestación real media se situaría entre 1,9% y 4,6%. 9 Casado Marín, D. (Coord.): El impacto de la demografía sobre el gasto sanitario futuro de las comunidades autónomas. Centre de Recerca en Economía I Salut-CRES, Universidad Pompeu Fabra, 2008.


142

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gasto sanitario PIB corriente Pob. 65 y más años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad

Gráfico 3.3.5.Evolución del gasto sanitario vs PIB y población mayor (1999-2006)

Variación % acumulada (1999 = 0)

Tradicionalmente se asocia el envejecimiento con un incremento del gasto sanitario por el factor de la edad, siguiendo el patrón de la denominada «J» inclinada10, es decir, a medida que envejecemos requerimos más asistencia sanitaria. El gasto sanitario de las personas de 85 años es ocho veces superior a las personas entre 1 y 25 años. A partir de los 55 años, el gasto sanitario de los varones es más elevado que el de las mujeres, mientras que éstas demandan más servicios sanitarios en edades reproductivas. Este mismo comportamiento se reproduce en el conjunto de países de la OCDE, donde el gasto per cápita de la población de 65 y más años es 3,6 veces superior a la población menor de 65 años.

Una estimación realizada en el contexto de este trabajo arroja la curva etaria de gasto sanitario que se muestra a continuación. Sobre esta curva se basará la proyección de gasto sanitario que se realiza en la sección siguiente. El gasto medio asociado a este patrón y la población estimada a 1 de julio de 2009 basada en el Padrón de habitantes del INE permiten recuperar un gasto sanitario total presupuestado para 2009 por el conjunto del Sistema Nacional de Salud de 61.020,5 millones de euros.11

10 Véase Ahn et al (2003) 11 Véase http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/RecursosRed2009.xls#'Percápita CCAA 2007-2009'!A1


143

Gráfico 3.3.6.Gasto sanitario total medio (euros) por grupo de edad y por género

España 2009

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

<1

1 a

5

6 a

10

11 a

15

16 a

20

21 a

25

26 a

30

31 a

35

36 a

40

41 a

45

46 a

50

51 a

55

56 a

60

61 a

65

66 a

70

71 a

75

76 y

+

Hombres Mujeres Total

Fuente: Ahn et al (2003) y actualización propia

El intenso crecimiento demográfico de los últimos años, inducido por la inmigración extranjera (España acaparaba un tercio de todas las ganancias por inmigración de toda la UE), ha ralentizado el proceso de envejecimiento y, en consecuencia, los efectos de este factor en el gasto sanitario. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, entre 1999-2008 la población de 65 y más años crece menos de la mitad que el periodo anterior 1981-1999 (variación media anual del 1,5%, frente al 3,3%). La expansión demográfica ha contribuido incluso a un ligero rejuvenecimiento de la estructura de edades: la tasa de envejecimiento del 2008 fue de 16,5% por un 16,8% en 1999.


144

59%

13%

53%

3,3%

1,5%

2,4%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

1981/1999 1999/2008 2008/2030*0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Var. Acumulada (Esc. Dcha) Variación media anual (Esc. Izq.)

Gráfico 3.3.7.Crecimiento de la población de 65 y más años (1981-2030)

*EstimadaFuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Pero es improbable que los ritmos de entrada de población extranjera se mantengan en los próximos años, y ello, unido al escaso dinamismo natural12 y el desequilibrio de estructura de edades derivado del protagonismo de las generaciones del baby boom, se espera una aceleración del proceso de envejecimiento. Entre 2008 y 2030, se ha estimado que la población de 65 y más años se incremente en un 50%, y la tasa de envejecimiento alcanzará el 23%.

Ante esta tendencia, cabe preguntarse que impacto tendrá el progresivo envejecimiento en el gasto sanitario. No obstante, las estimaciones de gasto basadas en una estructura de gasto según edad constante pueden ofrecer una interpretación equivocada. De modo empírico se ha comprobado que la mayor parte del gasto sanitario se concentra al final de la vida, así por ejemplo el 28% del gasto de US Medicare corresponden al 6% de las personas en su último año de vida. En ese mismo

12 A pesar del repunte de la natalidad en los últimos años (en 2008 el número de medio de hijos por mujer fue de 1,46, el valor más alto desde 1990), donde la población extranjera ha tenido un papel creciente, es difícil que se prolongue en el tiempo por dos circunstancias: una vez que las generaciones del baby boom se hagan mayores, se producirá una brusca disminución de las generaciones en edad reproductiva; por otro, todo apunta que la coyuntura económica adversa se traducirá en un brusca contracción de la entrada de inmigrantes, y además la tendencia de estos a converger con las pautas poco natalistas de la población española son muy rápidas.


145

sentido, en el estudio de Seshamani y Gray13 para pacientes británicos se ha comprobado que el coste del último trimestre de la vida es siete veces el coste trimestral tres años antes de la muerte (véase gráfico adjunto). El aumento del gasto sanitario es, básicamente, consecuencia del aumento de la probabilidad de hospitalización al final de la vida. Así pues, el efecto de la edad en el gasto sanitario es en realidad una relación entre la mortalidad creciente con la edad y el elevado coste de la muerte. Por ello, la clave para reducir la presión sanitaria es una reducción de la morbilidad y una gestión más eficiente en la proximidad de la muerte del paciente, más que la edad en si misma.

3.4.8.

Probabilidad de estar en el hospital y el coste una vez hospitalizado, a partir de los años antes de la muerte

Fuente: Estudio empírico de Seshamani y Gray (Reino Unido, 2004)

13 Meena Seshamani, Alastair Gray (2004): Effects of Age and Approaching Death on Hospital Costs. 1Health Economics Research Centre, University of Oxford.


146

0

100

200

300

400

500

600

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

1991-1992 2004-2005

Fuente: Tablas de mortalidad, INE

Gráfico 3.3.9.Riesgo de muerte según la edad por mil habitantes

España ha experimentado un intenso y sostenido crecimiento de la esperanza de vida –véase siguiente gráfico-, que lo convierten en uno de los países con mayor longevidad del mundo. De cara al futuro como se apunta en el apartado de previsiones demográficas, es factible que continúe este ascenso de la esperanza de vida (por encima de los 85 años en 2030). Lógicamente el hecho de que cada vez vivamos más años influye en el progresivo envejecimiento de la población y, por lo tanto, en el incremento de las demandas sanitarias.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010* 2020* 2030*

Gráfico 3.4.10.Esperanza de vida al nacer: evolución 1950 a 2000 y

estimación 2010 a 2030

Fuente: Tablas de Mortalidad (INE) y estimaciones AFI


147

Pero la cuestión fundamental no es conocer cuanto vamos a vivir más (véase gráfico anterior) sino en qué condiciones de salud lo haremos. La evolución de la esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD)14 ha sido muy positiva, con incremento de más de 4 años para ambos sexos entre 1995-2007. De esta forma, la EVLD a los 65 años es de 12 años para las mujeres y 11 para los varones. Las mujeres, aunque vivan más años sin discapacidades que los varones, las padecen durante más tiempo debido a su mayor esperanza de vida. La esperanza de vida saludable (o ausencia de enfermedad) para los 65 años es de 7,4 para los varones y 6,6 para las mujeres, la diferencia entre sexos se debe a la mayor prevalencia de las enfermedades crónicas en las mujeres. Las altas tasas de EVLD y esperanza saludable postergan cada vez la aparición de los problemas más graves de salud asociados a la edad, y todo ello mitiga el efecto del envejecimiento en el gasto sanitario.

Porcentaje de esperanza de vida libre de discapacidad sobre esperanza de vida,

por edad y sexo, 2007

Fuente: Informe Anual SNS 2007, Ministerio de Sanidad

14 El principal resultado de un sistema sanitario eficiente se traduce en una esperanza de vida acrecentada y libre de incapacidades en la medida de lo posible.


148

64

66

68

70

72

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Varones Mujeres

Gráfico 3.3.12.Esperanza de saluable en España: evolución 1995-2007

Fuente: Eurostat e INE

La valoración del estado de salud positivo disminuye con la edad y las mujeres tienen una percepción más negativa que los varones. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2006, tan sólo el 29,1% de las mujeres de 75 y más años declaran un estado de salud bueno, por un 41,6% de los varones. Por otro lado, cuanto más bajo es el estatus sociolaboral peor se percibe el estado de salud propio.

El buen comportamiento de la esperanza de vida libre de discapacidad prueba que el impacto de una población progresivamente envejecida se puede contrarrestar con una mejora de la calidad de vida y el desarrollo de hábitos de vida más saludables entre la población mayor (y de prevención para el conjunto de la población) que influirán en una menor prevalencia de enfermedades crónicas o discapacidad severa. En este sentido, se espera que un aumento de longevidad saludable de la población reduzca la proporción de intervenciones sanitarias intensivas producidas en los últimos años de vida15. En consecuencia, el gasto unitario de las personas mayores será menos oneroso.

Otro fenómeno asociado al envejecimiento, es el incremento de personas mayores que viven solas y, por tanto, con mayor riesgo de dependencia severa y de uso de los servicios sanitarios. En 2030, es previsible que la población mayor que vive sola se duplique hasta alcanzar los tres millones, con un ratio en torno al 25% de la población de 65 y más años. A menudo los hogares de las personas mayores que viven solas

15 Boletín sobre el envejecimiento (2007: “La atención a las personas mayores en situación de dependencia en su último período de vida”. Observatorio de las personas Mayores. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.


149

están deficientemente equipados y dificultan la movilidad. El riesgo de pobreza y exclusión social de estas personas también es muy alto. El desarrollo de los servicios sociales es muy efectivo a la hora de reducir los costes que genera este colectivo en la atención hospitalaria. Pero, por el momento, el grado de implantación de los servicios sociales es muy limitado, y su cobertura16 beneficia a menos del 10% de las personas mayores (según datos del Informe 2004 “Las personas mayores en España”, del IMSERSO).

El desarrollo y equidad socioeconómica son aspectos claves para seguir progresando en longevidad saludable. Sin embargo, pobreza, escasez de recursos y exclusión social son problemas persistentes entre los mayores españoles. Según el indicador de pobreza de la UE, el 31% de los españoles jubilados viven por debajo del umbral de la pobreza (una cifra sólo superada en Chipre). Entre otros factores, la alta incidencia de jubilados con escasa cualificación laboral y, en consecuencia, la elevada proporción de pensiones mínimas, explican el ato riesgo de pobreza de nuestro país. La pobreza perjudica más a las mujeres mayores, especialmente las viudas o mujeres que viven solas (la tasa de pobreza afecta al 52% de este colectivo, por un 33% de los varones). No obstante, se espera que una vez que se vayan jubilando generaciones mejor formadas y con mayores niveles de renta, se reduzcan los niveles de pobreza de la población mayor de 65 años.

Los expertos apuntan que España está envejeciendo sin recursos sanitarios y asistenciales y personal suficientes para tratar los problemas sanitarios de las personas mayores. Las previsiones de envejecimiento reclaman una respuesta más ambiciosa en políticas de salud (que se anticipe al pronóstico de más de un tercio de la población con más de 65 años para el 2050). En la actualidad, los recursos sanitarios son insuficientes para atender los retos del envejecimiento, empezando por la reducida especialización en servicios geriátricos. Para resolver este déficit, los profesionales apuntan la necesidad de fortalecer los estudios de geriatría en la carrera de Medicina, ampliar las plazas de esta rama. Invertir en geriatría ahora puede ahorrar en el futuro costes socioeconómicos derivados de una falta de previsión. El envejecimiento también afecta a los profesionales sanitarios y, por ello su jubilación implica una reducción significativa de sus efectivos, justo cuando las demandas están creciendo. Las soluciones a este problema pasan por potenciar la formación y nuevas contrataciones, pero también por mejorar las condiciones laborales que motiven a los profesionales sanitarios retrasar la edad de jubilación, y fomentar la eficiencia y productividad a través de la cualificación permanente.

16 La tasa de cobertura de 9,4% para el 2004, se ha obtenido de agregar el 3,14% del servicio de ayuda a domicilio (SAD), 2,05% de teleasistencia y de las plazas de centro día (una por cada 200 personas mayores).


150

La adaptación al cambio de estructura demográfica no afecta por igual a todas las comunidades. Pero no es sólo una cuestión de autonomías, sino también de distribución de la población mayor en el territorio. La situación es más complicada en el medio rural y las zonas con población dispersa. En el siguiente gráfico se ha elaborado un índice sintético de carga del envejecimiento por CCAA estimado para el 2017. Además de la proyección de la población de 65-80 años y 85 y más años, el índice considera el tamaño medio municipal y la dispersión territorial de la población, es decir, dos variables geográficas que elevan el coste de la prestación de servicios sanitarios. La máxima carga de envejecimiento afecta especialmente a las comunidades del interior (especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura) y del Norte (Galicia, Asturias y Cantabria). Las comunidades del arco mediterráneo, los dos archipiélagos y Madrid (la única comunidad del interior) presentan los valores más bajos de la carga del envejecimiento. Las comunidades del Valle del Ebro, Navarra y La Rioja, y el País Vasco se posicionan en valores intermedios. No obstante, los efectos de esta carga del envejecimiento en el gasto sanitario también estarán condicionados por otras variables ya apuntadas, como los niveles de renta y formación de los mayores, junto a su longevidad (especialmente esperanza de vida saludable). Por otro lado, el crecimiento absoluto de la población ha influido más en el incremento del gasto sanitario que el proceso mismo de envejecimiento, y son precisamente las comunidades menos envejecidas las que registran un mayor aumento de la población (por el crecimiento vegetativo y, sobre todo, por la atracción inmigratoria). Por ello, es de esperar que en el futuro estas comunidades sigan acaparando las tasas de crecimiento demográfico más elevadas y, en consecuencia, las mayores demandas sanitarias ligadas al factor demográfico.


151

1,65 1,60 1,52

2,13

1,44 1,521,62

1,36

1,10

1,36

0,650,730,810,92

0,630,690,82

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

And

aluc

ía

Ara

gón

Ast

uria

s

Bal

ears

(Ille

s)

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y L

eón

Cas

tilla

-La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Ext

rem

adur

a

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

Paí

s V

asco

Rio

ja (L

a)

Gráfico 3.3.13.Índice sintético de carga de envejecimiento: proyección 2017

Fuente:

La salud como oportunidad de desarrollo económico

Algunos economistas han bautizado el siglo XXI como el siglo de la sanidad. Si las predicciones se cumplen, en el año 2100 la salud será el mayor sector productivo del mundo. Frecuentemente se alerta sobre el peligro que supone un incremento de los gastos sanitarios provocados por el envejecimiento, hasta el punto de que pueden colapsar todo el sistema sanitario en un horizonte no muy lejano. Pero pocas veces se apunta que la sanidad es –además de un reto del bienestar social- un sector económico de futuro. Dentro de la economía del conocimiento, la sanidad es un sector estratégico para la economía española, por sus grandes posibilidades en la generación de empleo cualificado, aportación al PIB, y porque mejora la cadena de valor en elementos cruciales para el desarrollo de nuestro país: productividad, competitividad, innovación e internacionalización. Las oportunidades de negocio son amplias: desde los servicios médicos avanzados (consultoría, teleasistencia, servicios terapéuticos y asistenciales), la oferta educativa especializada a través de las universidades y formación profesional, la I+D+i y creación de empresas de bases tecnológicas (muchas de ellas de tipo spin-off, en torno a los centros de investigación y universitarios) y las numerosas derivadas en industrias punteras (sector farmacéutico, aparatos médicos, aplicaciones TICs, domótica sanitaria, etc.). Es obvio que España –salvando las diferencias entre CCAA- cuenta con muchos de los mimbres necesarios para desarrollar el sector sanitario, como son la extensa infraestructura sanitaria, los recursos humanos y el creciente enfoque biotecnológico de las universidades


152

españolas. Sin embargo, también es evidente el retraso respecto a otros líderes mundiales en Norteamérica y Europa en términos de capital humano y excelencia, la escasa aplicación de las investigaciones o proyección empresarial, la limitada colaboración público-privada, la reducida participación en las redes internacionales, así como las dificultades para integrar u organizar el sector, por ejemplo, a través del impulso de cluster sanitarios. Si se corrigen estas debilidades, no cabe duda que el sector sanitario tiene un largo requerido para crecer con bases más firmes.

Los servicios asistenciales conforman un sector económico en sí mismo con grandes expectativas de crecimiento, en términos de empleo y autoempleo, que beneficia particularmente a las mujeres. La Ley de Dependencia abre nuevas vías para profesionalizar el sector, hasta ahora ampliamente canalizado a través de las cargas familiares asumidas por las mujeres. La movilización de estos recursos humanos es indispensable para asegurar una cobertura asistencial de calidad a largo plazo, especialmente en el medio rural, donde la oferta de servicios públicos difícilmente puede atender las demandas de una población cada vez más envejecida y dispersa. Por otro lado, es precisamente en este entorno rural donde el desarrollo de los servicios asistenciales aporta un nicho de empleo clave para favorecer la inserción laboral –y fijación de la población- femenina.

3.3.3 Proyecciones de gasto sanitario en España 2009-2059

En esta sección se realiza una proyección del gasto sanitario para el periodo 2009-2059 suponiendo que todos los factores que determinan su evolución, excepto el factor demográfico, permanecen inalterados a partir de su nivel en 2009. Es decir, se aísla exclusivamente el factor demográfico como causante del avance del gasto sanitario. Dentro de este gasto se incluyen todos los gastos normalmente considerados dentro del Sistema Nacional de Salud y el punto de partida lo constituyen los 61.020,5 millones de euros presupuestados para el conjunto del SNS (CC AA y AGE) para 2009.17

Este importe se ha recuperado a partir del esquema de gasto sanitario por grupo de edad mostrado en la sección anterior y cuyo detalle numérico se ofrece en el cuadro adjunto.

17 Ver http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/RecursosRed2009.xls#'Percápita CCAA 2007-2009'!A1


153

Grupo de edad Hombres Mujeres Total<1 3.147 2.684 2.922

1 a 5 872 759 8176 a 10 604 562 584

11 a 15 593 538 56616 a 20 641 675 65821 a 25 629 772 69926 a 30 623 1.034 82531 a 35 636 1.043 83736 a 40 758 989 87341 a 45 856 958 90746 a 50 1.004 1.078 1.04251 a 55 1.340 1.298 1.31956 a 60 1.690 1.482 1.58361 a 65 2.096 1.743 1.90966 a 70 2.638 2.081 2.33771 a 75 3.153 2.369 2.71176 y + 3.752 3.107 3.342

Fuente: Actualización de Ahn et al (2003) y elaboración propia

Gasto sanitario por persona (en euros) - España 2009Tabla 3.3.1.

A partir de esta actualización, se ha supuesto que el gasto por persona en cada grupo de edad permanece constante hasta el final del horizonte de proyección (2059), por lo que únicamente la dinámica de la población, tanto en lo que se refiere al número total de hombres y mujeres como a su distribución por edad, afectará al gasto agregado en lo sucesivo. De resultas de ello, los importes obtenidos se expresarán en euros constantes de 2009.

La demografía, pues, afecta de dos posibles maneras al gasto sanitario: por el volumen de población (efecto volumen) y por la composición de edades de la misma (efecto composición). Ambos factores son fácilmente separables, como veremos más adelante. Ya se ha comentado que el efecto de la distribución de edades no es excesivamente oneroso sobre el gasto sanitario, ya que aunque la prolongación de la vida avanza, los gastos asociados a los últimos años de vida y al fallecimiento se postergan en el tiempo. Entretanto, interviene un proceso de gasto sanitario moderado en edades inferiores que es el que verdaderamente hace que el gasto sanitario aumente. El alargamiento de la vida, sin embargo, trae consigo la aparición de morbilidad, y gasto sanitario asociado, característica de las edades avanzadas, que ya empieza a manifestarse de manera más amplia a medida que son más los individuos que alcanzan dichas edades. Este es el principal motor del gasto sanitario asociado a la demografía. El tamaño de la población, naturalmente, hace que el gasto sanitario aumente cuando hay más efectivos, pero este aumento de la población, especialmente si se da por la vía de la inmigración, coincide con un aumento de la población activa


154

que aporta al proceso productivo y hace aumentar el PIB y la recaudación fiscal y social, por lo que el aumento del gasto sanitario por el efecto volumen se mantendrá más o menos en línea con el aumento del PIB y de la recaudación impositiva general, de lo que se desprende una cierta estabilidad de la ratio del gasto respecto al PIB.

Proyecciones de gasto sanitario debido a la demografía

Una vez establecido el patrón de gastos por grupo de edad y género, dos factores que influyen decisivamente en la composición del gasto sanitario, es sencillo proyectar cuál sería la evolución del gasto total debida exclusivamente a los factores demográficos, es decir, esa propia composición por género y edad así como el volumen de población previsto. Para realizar este ejercicio se han utilizado las proyecciones de población del INE en su Escenario 1. Las hipótesis demográficas que caracterizan a este escenario se reflejan en el cuadro siguiente y, respecto al escenario alternativo considerado por el INE, el Escenario 2, la principal diferencia es que los flujos netos de inmigración son sustancialmente mayores en el primero.

2009 2020 2030 2040 2050 2059Esperanza de Vida-Varones 78,16 79,84 80,89 80,99 80,99 80,99Esperanza de Vida-Mujeres 84,64 86,04 86,92 87,00 87,00 87,00Hijos por mujer 1,38 1,51 1,53 1,53 1,53 1,53Edad de la madre al 1º hijo 31,08 31,10 31,14 31,15 31,15 31,15Inmigración neta 313.056 279.695 274.517 269.338 264.159 259.499Nacimientos 477.941 426.724 415.253 451.989 435.767 417.370Defunciones 385.371 442.386 499.008 602.310 712.475 781.599Saldo Vegetativo 92.570 -15.662 -83.755 -150.321 -276.708 -364.229Fuente: INE (http://www.ine.es/metodologia/t20/t2030251h.htm)

Hipótesis demográficas del Escenario 1 - INETabla 3.3.2.

Esta proyección de población es la misma que se ha utilizado para el caso de los gastos e ingresos del sistema de pensiones públicas y presenta el problema de que su fecha de realización es ya algo tardía (2005). Con objeto de adaptarla a la última cifra de población librada por el INE, la del Avance del Padrón de 2009, se ha mantenido la estructura de edades de la proyección para los años 2009 a 2059 (población a 1 de julio) pero se han reescalado los efectivos de cada edad de acuerdo con la última cifra de población publicada.

El resultado del ejercicio de proyección del gasto sanitario en España se muestra en el Gráfico siguiente. Se insiste en que todos los factores no demográficos que determinan dicho gasto, como son la tecnología médica, los protocolos sanitarios y farmacéuticos aplicados y el precio real de las prestaciones sanitarias y farmacéuticas, se suponen constantes, mientras que las únicas fuentes de variación del gasto


155

sanitario total son las derivadas del aumento o disminución de la población y de su composición por edades y género.

Gráfico 3.3.14.Gasto sanitario en España 2009-2059

45.00050.00055.00060.00065.00070.00075.00080.00085.00090.00095.000

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

2,50%2,90%3,30%3,70%4,10%4,50%4,90%5,30%5,70%6,10%6,50%

Población (miles)Gasto sanitario (millones de euros)Gasto Sanitario (en % del PIB, escala dcha.)

Fuente: INE (Proyecciones de Población) y elaboración propia

Partiendo del gasto estimado en 2009, de 61.020,5 millones de euros, los factores demográficos impulsan dicho gasto hasta algo más de 88.000 millones en el periodo 2049-2056 a partir del cual el gasto total comienza a descender. Se acompaña la trayectoria del gasto total con la de la población, de manera que es evidente que el aumento de la población, desde los 46,8 millones estimados a 1 de julio para 2009, se pasa a un máximo de 55,2 millones en 2049 para disminuir progresivamente en los años posteriores a éste. También es evidente que el avance de la población no está determinando en su conjunto el avance del gasto sanitario total debido a causas demográficas.

Descomposición de los factores demográficos

Para apreciar mejor cómo el volumen de población, por una parte, y la composición por edades y género, por otra, se muestran las anteriores proyecciones en base 100 para 2009 en el siguiente gráfico. Ello permite extraer la diferencia entre ambas evoluciones y atribuírsela al factor de composición de edades (y género), factor que, para distinguirlo del de población, denominaremos “envejecimiento”, es decir, una mayor edad media de la población, lo que con arreglo al patrón de gasto por edad anteriormente establecido induciría un mayor gasto medio ponderado por edad.


156

Gráfico 3.3.15.Descomposición del gasto sanitario en España 2009-2059

(2009=100)

100105110115120125130135140145150

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

Gasto total Factor población Factor envejecimiento

Fuente: INE (Proyecciones de Población) y elaboración propia

Pueden extraerse algunas conclusiones interesantes de esta proyección. En primer lugar, tanto el envejecimiento propiamente dicho como el tamaño de la población van a impulsar al alza al gasto sanitario. Hasta 2029, el factor población pesa más que el factor envejecimiento en la proyección realizada. A partir de ese año, el factor envejecimiento claramente domina al factor población en el impulso del gasto sanitario total. Sólo por la composición de edades, el gasto medio ponderado pasa de los 1.303 euros en 2009 a 1.601 euros en 2059, un ritmo de crecimiento anual acumulativo del 0,41%, claramente mayor en los primeros lustros de la proyección que en los últimos.

El crecimiento acumulativo anual del gasto sanitario total en todo el periodo es del 0,72%, aunque entre 2009 y 2025 ese ritmo es mayor, del 1,14%. Mientras que el crecimiento acumulativo del gasto debido al aumento de la población, para el conjunto del periodo, es del 0,31% (el 0,64% hasta 2025), el ritmo anual de crecimiento del gasto debido al factor envejecimiento es del 0,47% (el 0,54 hasta el 2050).

Si sólo fuese por los factores demográficos (tamaño de la población y composición por edades) el ritmo de crecimiento del gasto sanitario parecería asumible mediante el crecimiento de los recursos impositivos disponibles, pues éstos aumentarían al ritmo del crecimiento del PIB que cabe esperar claramente por encima de ese 0,72% anual obtenido para el conjunto del gasto sanitario. Pero, obviamente, no serán estos los únicos factores operantes en la dinámica del gasto. Desde la intensificación tecnológica, hasta el encarecimiento relativo de los costes sanitarios y farmacéuticos, pasando por la extensión de nuevos servicios sanitarios a los diferentes grupos de población, sin embargo, seguirán estimulando el gasto sanitario en todas sus modalidades, aunque hay amplios márgenes de mejora en la eficiencia, el control de


157

los precios y costes de los inputs sanitarios y farmacéuticos y no es descartable en absoluto que una tecnología más modular y descentralizada contribuya en el futuro a aliviar el gasto sanitario hasta el presente estimulado fuertemente por todos estos factores.

Pero la demografía, en si misma, y, más concretamente, el envejecimiento (pues el crecimiento de la población activa aporta recursos al mismo tiempo que reclama gastos, mientras el envejecimiento estricto no aporta recursos) no serán según las proyecciones presentadas en esta sección, y las comentadas anteriormente, las cusas primordiales de aumento del gasto sanitario, desde luego en proporción al PIB.


158

3.4. La dependencia

La dependencia1 es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria2, o en su caso las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

Por lo tanto, la dependencia es un fenómeno amplio, que incluye dos realidades distintas unidas por una misma necesidad. Por una parte, se encuentran aquellas personas que debido a una discapacidad o enfermedad mental, independientemente de su edad, serán considerados como dependientes en mayor o menor grado, mientras que por otro lado se encuentran las personas que por razón del proceso natural de envejecimiento han entrado a formar parte de lo que llamamos “dependientes”.

Debido a ello, podemos decir que la Dependencia tal y como la entendemos hoy, es en gran medida, un fenómeno relacionado de forma directa con el envejecimiento, por lo que se prevé una ratio cada vez mayor de dependientes3 sobre el total de la población.

3.4.1. Anatomía y geografía de la dependencia en España

Basándonos fundamentalmente en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), definiremos los principales rasgos tanto sociales como geográficos de la población dependiente en España. Esta encuesta es una publicación del INE, realizada por primera vez en 2007 y publicada en noviembre de este mismo año, que viene a sustituir a la anterior Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999.

Según los datos recogidos en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD), publicada por el INE existen en España un total de 3.847.900 personas que declaran tener alguna discapacidad, el 8,5% del total de la

1 Definición recogida en el artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 2 Se entiende por actividades básicas de la vida diaria (ABVD), las tareas elementales de la persona, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 3Más adelante mostraremos la elevada correlación estadística existente entre envejecimiento y dependencia.


159

población, de los que la mayoría, un 59,8%, son mujeres. Pese a ello, las tasas de discapacidad en hombres son mayores hasta los 44 años, siendo a partir de 45 años cuando la tasa registrada por las mujeres es ampliamente superior.

Gráfico 3.4.1. Personas con alguna discapacidad o limitación 2008

0

50

100

150

200

250

300

350

400

De 0 a

5

De 6 a

16

De 17 a

24

De 25 a

34

De 35 a

44

De 45 a

54

De 55 a

64

De 65 a

69

De 70 a

74

De 75 a

79

De 80 a

84

De 85 a

89

De 90 y

más

Años

Mile

s

Varones Mujeres

Fuente: INE, EDAD 2008

Comparando estos resultados con los obtenidos por el INE en 1999 a través de la Encuesta de Deficiencia, Discapacidad y Estado de Salud (EDDS), el número de personas con discapacidad ha aumentado en 320.000, pese a ello la tasa de discapacidad ha bajado 0,5 puntos porcentuales aún habiendo aumentado la población mayor de 65 años en un 14,4% (consideramos este dato relevante ya que a partir de 65 años la tasa de discapacidad es significativamente mayor). Esta disminución, por tanto, se debe a la mejora en las condiciones sociales y de salud que ha experimentado la población en estos nueve años. El incremento de la esperanza de vida, los tratamientos preventivos y el avance de la medicina, han permitido que la población, además de vivir más, alcance con un mejor estado de salud las edades avanzadas. Para probar esta afirmación, sólo es necesario atender a los resultados obtenidos por tramos de edad y comparar los resultados de la encuesta EDAD 2008 y la EDDS 1999: en ellos se observa cómo el porcentaje de personas con alguna discapacidad sobre el total de personas en ese tramo de edad se ha reducido significativamente en el tramo de entre 65 y 79 años. Esto refuerza la idea con la que comenzamos este estudio, el envejecimiento no existe, o cuanto menos es un fenómeno que se está retardando en el tiempo.


160

Gráfico 3.4.2.Distribución de las personas con discapacidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De 0 a 5 años De 6 a 64 años Entre 65 y 79 años

% s

obre

su

tram

o de

eda

d

EDDS 99 EDAD 08

Entre 65 y 79 años; 37,4%

80 y más años; 21,3% De 0 a 64

años; 41,3%

Fuente: INE, EDDS 99

Gráfico 3.4.3.Estructura de edades de los discapacitados 1999

Entre 65 y 79 años; 31,2%

80 y más años; 26,7% De 0 a 64

años; 42,1%

Fuente: INE,EDAD 08

Gráfico 3.4.4.Estructura de edades de los discapacitados 2008

Por lo que respecta a la geografía de la dependencia, según los datos que se recogen en la encuesta EDAD, que difieren de los obtenidos por el Sistema Nacional de Dependencia4 (SND), las comunidades con una mayor incidencia de la discapacidad son Galicia, (11,3%) Extremadura (11,0%) y Castilla y León, (10,9%) que se encuentran claramente por encima de la media española, situada en 89,7 personas

4 Como ya comentaremos más adelante, los datos ofrecidos por EDAD muestran un mayor número de dependientes que las estadísticas del SND. Estas divergencias deberían venir dadas por el sistema de implantación gradual con el que se está poniendo en funcionamiento la Ley de Dependencia. En ese caso, ambas cifras deberían converger en 2012, año que la Ley fija como máximo para reconocer todos los grados y niveles de dependencia.


161

por cada mil habitantes. En la situación opuesta se encuentran La Rioja (6,2%), Cantabria (7,0%) y las Islas Baleares (7,1%)

Gráfico 3.4.5.Tasa de discapacidad por Comunidad Autónoma

2008, por mil habitantes

020406080

100120140

Andalu

cía

Aragón

Asturia

s

Balears

Canari

as

Cantab

ria

Castill

a y Le

ón

Castill

a-La M

anch

a

Cataluñ

a

C. Vale

ncian

a

Extrem

adura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarr

a

País V

asco

La R

iojaCeu

taMeli

lla

Fuente: INE

Este resultado se debe al elevado grado de relación existente entre el envejecimiento y la dependencia, ya que la mayoría de personas dependientes se concentran a partir de los 65 años. Para constatar esta relación hemos estimado estadísticamente la relación entre envejecimiento y dependencia a través de una regresión lineal, comprobando que en aquellas comunidades donde el envejecimiento poblacional es mayor5, el número de personas con alguna discapacidad también lo es.

5 Calculado como el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre el total de la población.


162

Gráfico 3.4.6.Relación entre el evejecimiento y la dependencia

MUR

ANDCVA CLM

ESP

CANBAL

MAD CAT NAV

RIO

CNT

PVA

ARA

EXTAST

GALCYL

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

Mayores de 65 años

Per

sona

s de

6 y

más

año

s co

n al

guna

dis

capa

cida

d

Fuente: INE, EDAD y cifras del Padrón Municipal 2008.

Así, podemos comprobar cómo Castilla y León, con un peso de la población mayor de 65 años del 22,3%, Asturias con un peso del 21,8% y Galicia con un peso del 21,7%, se sitúan como las Comunidades Autónomas más envejecidas, a la vez que son las que poseen una proporción mayor de personas con alguna discapacidad.

3.4.2. Descripción del Sistema Nacional de Dependencia

A través de la propia Ley de Dependencia y los acuerdos alcanzados por Consejo Territorial del Sistema en esta materia definiremos cómo se ha estructurado la atención a la Dependencia en España desde la puesta en funcionamiento de la Ley el 1 de enero de 2007: quiénes son los beneficiarios, requisitos, calendario de implantación, obligaciones para las distintas administraciones, servicios prestados y otros factores relevantes.

El Sistema Nacional de Dependencia (SND) se crea a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El proceso seguido hasta la publicación de esta ley ha sido largo, siendo de especial atención por parte de la sociedad, al hilo del rápido envejecimiento al que se ha visto sometido la población española en unas pocas décadas.

Los antecedentes regulatorios en esta materia se remontan a 1982 cuando se aprobó la Ley de Integración Social de las Personas con Minusvalía (LISMI). Gracias a ella, se reconocieron muchos derechos a un grupo que actualmente podríamos englobar dentro de uno mucho más amplio, los dependientes.


163

A esta norma, le siguió en 1992 el Plan Gerontológico, que supuso una mejora de la protección social para las personas mayores.

Tras ellas, y al abrigo de la aprobación en septiembre de 1998, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de una recomendación relativa a la dependencia, España aprueba en el año 2003 en el marco del Pacto de Toledo, una recomendación en la que se explicitaba la necesidad de crear un sistema global para el conjunto de los dependientes6: “resulta necesario configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad el fenómeno de la dependencia y la Comisión considera necesaria una pronta regulación en la que se recoja la definición de dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección”.

De esta forma, el Ministerio de Asuntos Sociales, a través del Imserso, se encargó de elaborar el llamado Libro Blanco de la Dependencia, publicado en 2004 y que por primera vez aportaba datos empíricos agregados que permitieron poner en marcha un debate sobre la conveniencia de generar un cuarto pilar del Estado del Bienestar en España, constituyendo el verdadero motor que impulsó la publicación en diciembre de 2006 La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

A nuestro juicio, la correcta aplicación de esta ley permitiría alcanzar tres objetivos fundamentales:

1. Igualdad. A través de la fijación de un nivel mínimo de servicios garantizado por la Administración General de Estado se conseguiría una mayor igualdad de trato a todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, un derecho reconocido en la propia Constitución Española.

2. Corresponsabilidad. La participación en el pago de los servicios por parte de las Comunidades Autónomas permitirá una menor presión al alza en los gastos por dependencia debido a la necesidad por parte de éstas de contar con fondos adicionales con los que financiar su participación al sistema.

3. Sostenibilidad. La introducción de la figura del copago por parte del beneficiario dotará de una mayor sostenibilidad al sistema, en tanto en cuanto, permite descargar parte del coste a las Administraciones Públicas.

6 Recomendación adicional tercera.


164

Los cambios demográficos que se están produciendo, y los que están por venir, exigían la publicación de una ley de este corte, tanto para garantizar los derechos de los dependientes como para posibilitar una mayor incorporación al mercado laboral de la mujer, principal responsable de los cuidados informales que se vienen prestando hasta ahora a los dependientes.

Además, la profesionalización de los cuidados a la dependencia está generando un incipiente yacimiento de empleo con un gran potencial de desarrollo.

Como hemos dicho, con la aprobación de la Ley, se reconoce a los dependientes un derecho a la asistencia homogéneo en todo el territorio español en lo que se refiere a los cuidados básicos, dejando al arbitrio de cada Comunidad Autónoma servicios adicionales que éstas decidan prestar. En este sentido la Ley establece tres niveles de cobertura:

1. Se establece un nivel mínimo de protección que es sufragado íntegramente por la Administración General del Estado. Este nivel mínimo de protección cubre los servicios básicos de atención a las personas en situación de dependencia.

2. Nivel de protección acordado. Definido entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas a través de acuerdos bilaterales. En éstos se acordarán los objetivos, medios y recursos que incrementarán el nivel mínimo de protección fijado por el Estado. Por tanto, los convenios establecerán la financiación que corresponda a cada Administración para este nivel, siendo la aportación de la Comunidad Autónoma, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior7.

3. Nivel de protección adicional, al arbitrio de lo estimado por cada Comunidad Autónoma, y por tanto, financiado íntegramente con cargo a sus presupuestos.

A través de esta clasificación, la Ley pretende eliminar las asimetrías que se estaban produciendo en la prestación de servicios de atención a la dependencia al ser ofrecidos por cada Comunidad Autónoma aisladamente. Esto es así ya que antes de la publicación de la Ley y, en respuesta a una demanda ciudadana creciente, la mayoría de los Ayuntamientos contaban con programas para dependientes y mayores en el seno de los servicios sociales. Además, y no menos importante en cuanto a volumen de recursos, hay que destacar que las propias Comunidades Autónomas a través de

7 Artículo 32.3 de la Ley de Dependencia.


165

las Consejerías de Servicios Sociales habían desarrollado programas y coberturas para este colectivo.

Al mismo tiempo, y por lo que respecta a la financiación de los servicios garantizados, se introduce una figura más o menos novedosa en nuestro país en lo que se refiere a prestaciones recibidas de las Administraciones Públicas: el copago. La ley regula en su artículo quinto las aportaciones de los beneficiarios al sistema a través de esta fórmula, que se instrumenta en base al tipo y coste del servicio prestado, y a la capacidad económica personal del beneficiario. De esta forma, además de introducir una mayor corresponsabilidad del coste por parte del individuo, se fomenta la sostenibilidad en el tiempo del sistema.

La prestación de los servicios y la garantía de los derechos a los dependientes se instrumentan en la Ley a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que, en virtud de lo recogido en la norma persigue los siguientes objetivos:

“...El SAAD tiene como finalidad promover la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas, en atención a sus dificultades para la realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria, (ABVD), en un marco de efectiva igualdad de oportunidades y de acuerdo con los siguientes objetivos:

1. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que se desee y que sea posible.

2. Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación a la vida activa en comunidad.”

Como ya hemos comentado anteriormente, y con el objetivo de absorber de una manera más sencilla el elevado coste que supone el reconocimiento de los derechos al conjunto de la población dependiente en España, la Ley fijó un calendario gradual de implantación (2007/2012), reconociendo cronológicamente las prestaciones en función de la gravedad del beneficiario.


166

Año de puesta en funcionamiento

Grado de Dependencia cubierto Clasificación según la ley

2007 Grado III, niveles 1 y 2 Gran Dependencia

2008 y 2009 Grado 2, nivel 2 Dependencia Severa

2009 y 2010 Grado 2, nivel 1 Dependencia Severa

2010 y 2011 Grado 1, nivel 2 Dependencia Moderada

2011 y 2012 Grado 1, nivel 2 Dependencia Moderada

Tabla 3.4.1.Calendario de la puesta en funcionamiento de la Ley

Según lo expuesto en el artículo 15 de la Ley de Dependencia, los servicios a prestar en el marco de la Ley, son los que se exponen en la siguiente tabla:

Cobertura general Servicios concretos

1. Servicios de prevención de lassituaciones de dependencia ypromoción de la autonomíapersonal.

2. Servicio de Teleasistencia

(i) Servicios relacionados con la atención de lasnecesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado,cocina u otros.

(ii) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria(i) Centro de Día para mayores. (ii) Centro de Día para menores de 65 años. (iii) Centro de Día de atención especializada. (iv) Centro de Noche. (i) Residencia de personas mayores en situación dedependencia. (ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad

Tabla 3.4.2.

3. Servicio de Ayuda a domicilio

4. Servicio de Centro de Día y deNoche

5. Atención Residencial

Catálogo de servicios previstos en la Ley de Dependencia

Este catálogo de servicios que hemos definido, se concretó en el Real Decreto 727/2007 con el fin de perfilar la tipología de las ayudas y la intensidad de los servicios prestados en función del grado y nivel de dependencia de los beneficiarios.


167

1. Servicios 1.Servicios

Prevención y promoción de la autonomía personal Prevención y promoción de la autonomía personalTeleasistencia TeleasistenciaAyuda a domicilio Ayuda a domicilioCentro de Día Centro de DíaCentro de Noche Centro de NocheAtención Residencial Atención Residencial

2. Prestaciones económicas 2. Prestaciones económicasPrestación económica para cuidados en el entorno familiar

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Prestación económica de asistencia personal

Prestación económica vinculada, Ley de Dependencia Prestación económica vinculada, Ley de Dependencia

Tabla 3.4.3.PRESTACIONES Y SERVICIOS PARA LOS GRADOS II Y III DE DEPENDENCIA RECOGIDOS EN EL RD

727/2007

A. Grado III, nivel 1 y 2. GRAN DEPENDENCIA B. Grado II, Nivel 1 y 2. DEPENDENCIA SEVERA

Este Real Decreto se centra en el Grado III de dependencia, niveles 1 y 2, y en el Grado II, niveles 1 y 2, lo que abarcaría los servicios que deben ser implantados hasta 20108 según el calendario previsto por la propia Ley.

Como puede apreciarse, el catálogo de servicios es similar tanto para los grandes dependientes como para los que poseen una dependencia severa; no obstante, la intensidad de la prestación se incrementa conforme aumenta el grado y nivel de dependencia, aumentado el número de horas de ayuda a domicilio y el nivel de tratamientos en los centros.

Por lo que respecta a las prestaciones económicas, la diferencia entre ambos grados de dependencia radica en que sólo se establece prestación económica de asistencia personal para los grandes dependientes. Asimismo, también diverge la intensidad medida en términos de cuantías a percibir por los dependientes.

3.4.3. Balance de la puesta en funcionamiento de la Ley

En este punto realizaremos un balance de la puesta en funcionamiento de la Ley en sus dos primeros años de funcionamiento desde dos vertientes. Por una parte analizaremos los datos proporcionados por el SAAD en cuanto al número de dependientes reconocidos hasta la fecha, su grado de dependencia, su tipología, las

8 Ver la tabla de la página 9.


168

ayudas recibidas, etc., con el objetivo de obtener una radiografía del dependiente tipo en España. Para complementar este análisis estudiaremos aspectos más cualitativos y de aplicación como, eficiencia, coordinación entre administraciones y prestadores de servicios.

Según los últimos datos disponibles, a 1 de marzo de 2009, se han realizado 788.288 solicitudes de valoración del grado de dependencia, lo que supondría, si son comparados con los resultados obtenidos por la encuesta EDAD, que el 52,4%9 de los dependientes existentes en España ya han solicitado ayudas para la dependencia.

Es previsible que este porcentaje aumente a un elevado ritmo durante los próximos ejercicios, ya que hasta 2012 no termina el plazo de implantación de la Ley.

Si esto es así10, a partir de ese año los crecimientos serán más moderados y se ajustarán al crecimiento tendencial de los dependientes, que estará en función básicamente del envejecimiento poblacional, sobre todo de aquel referido a lo que llamamos cuarta edad (más de 80 años).

9 Porcentaje calculado como el número de solicitudes de valoración entre el número de personas que no pueden realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayudas, que según las cifras del INE en su encuesta EDAD 2008 ascenderían a 1,39 millones de personas. Por tanto este cálculo supondría asumir que el total de personas que solicitan el reconocimiento de la dependencia lo son en un mayor o menor grado. 10 Suponiendo que los dependientes estimados en EDAD se ajustan a los datos reales.


169

Nº% s/ el total

Andalucía 254.870 32,3%Cataluña 113.171 14,4%Galicia 52.698 6,7%Castilla-La Mancha 49.389 6,3%Castilla y León 37.876 4,8%C. Valenciana 37.689 4,8%Madrid 36.222 4,6%Aragón 30.489 3,9%País Vasco 27.854 3,5%Extremadura 26.689 3,4%Asturias 25.588 3,2%Canarias 20.107 2,6%Navarra 18.099 2,3%Baleares 16.997 2,2%Murcia 16.180 2,1%Cantabria 13.256 1,7%Rioja 8.590 1,1%Ceuta y Melilla 2.524 0,3%

TOTAL 788.288 100,0%Fuente: IMSERSO

Tabla 3.4.4.Solicitudes - Datos a 1 de marzo de 2009

Solicitudes registradas

Si analizamos el número de solicitudes por Comunidades Autónomas vemos tanto de forma relativa, como absoluta, que Andalucía es la comunidad que registra un mayor número de solicitudes, con 254.870, un 3,1% sobre el total de su población. Tras Andalucía se encuentran Navarra y La Rioja con unas solicitudes equivalentes al 2,9% y 2,7% de su población respectivamente.

Es de destacar que las Comunidades Autónomas más envejecidas (Castilla y León, Galicia y Asturias) no ocupan los primeros puestos en este ranking, ya que al poseer una población más envejecida, deberían ser las que tuviesen un mayor peso de solicitudes para el reconocimiento de prestaciones por dependencia sobre el total de su población. Esta descorrelación se debe a que el ritmo de implantación de la Ley de Dependencia está siendo muy distinto en cada Comunidad Autónoma, existiendo comunidades que todavía registran un número de solicitudes excepcionalmente bajo como Madrid, con un peso de las solicitudes sobre el total de su población del 0,58% o Valencia con un peso del 0,75%.


170

Gráfico 3.4.7.Número de Solicitudes (% de población)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Andalucía

Aragón

Asturia

s

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y

León

Castilla-La M

ancha

Cataluña

C. Valencia

na

Extremadura

GaliciaMadrid

Murcia

Navarra

País Vasco Rioja

Ceuta y Melilla

ESPAÑA

Fuente: Imserso, datos a 1 de marzo de 2009

Atendiendo al perfil del solicitante por tramos de edad vemos cómo la distribución por edades se encuentra en línea con los resultados de EDAD y con la lógica expuesta sobre la relación entre envejecimiento y dependencia. Así, el 51,8% del total de los solicitantes pertenecen a la cuarta edad (80 y más años). Si realizamos este cálculo incluyendo a todas las personas que se encuentran por encima de los 65 años, el porcentaje crecería hasta el 80% del total.

Gráfico 3.4.8.Edad de los solicitantes (% de población)

0,6% 2,6% 2,8% 5,0% 3,5% 5,4%

28,2%

0,3%

51,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De 0 a

3

De 4 a

18

De 19 a

30

De 31 a

45

De 46 a

54

De 55 a

64

De 65 a

7980

y +

Sin es

pecif

icar


171

Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1Andalucía 60.477 44.998 24.508 26.870 13.807 15.334 12.164Aragón 8.243 7.899 2.933 4.104 1.718 1.804 1.542Asturias 6.427 4.784 1.941 2.487 1.278 1.575 1.295Baleares 3.200 3.666 1.634 2.024 966 939 791Canarias 4.955 3.047 1.358 1.040 668 481 533Cantabria 3.877 2.811 1.593 1.436 942 963 1.204Castilla y León 12.988 10.241 4.657 4.009 2.487 2.045 1.420Castilla-La Mancha 11.747 11.881 4.732 5.363 2.441 2.883 2.008Cataluña 34.756 35.287 13.334 11.780 5.015 5.591 3.755C. Valenciana 13.129 11.681 4.776 2.222 641 789 821Extremadura 5.842 4.271 1.746 2.396 1.179 1.443 1.548Galicia 15.636 11.458 5.369 4.504 2.282 2.634 1.873Madrid 12.455 9.881 8.265 2.305 1.834 1.464 2Murcia 7.607 5.702 2.852 0 0 0 0Navarra 3.480 2.308 2.267 3.080 1.922 2.615 1.270País Vasco 9.385 10.899 5.604 1.498 0 0 0Rioja 3.105 1.982 997 1.035 491 514 429Ceuta y Melilla 453 500 320 313 249 296 306TOTAL 217.762 183.296 88.886 76.466 37.920 41.370 30.961Fuente: IMSERSO, datos a 1 de marzo de 2009

Dictámenes por grado y nivelSin

gradoGRADO III GRADO II

Tabla 3.4.5.

GRADO I

Por lo que respecta al grado y nivel de dependencia reconocido a los solicitantes, con datos a uno de marzo de 2009, el grupo más numeroso (59% del total) es el formado por los dependientes más graves, los llamados grandes dependientes, que son aquellos que necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y que por su pérdida total de autonomía física, mental intelectual o sensorial, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Son los conocidos según la terminología empleada en la Ley como dependientes de grado III.

Por lo que respecta a los dependientes de grado II, conocidos como severos, representan el 24% del total. En este caso estaríamos hablando de personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que no requieren el apoyo permanente de un cuidador o tienen necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Por último con un 12% sobre el total, y según el calendario de implantación de la Ley, todavía sin derecho a servicios o prestaciones hasta los años 2010, 2011 y 2012, se encuentran los dependientes moderados, que son aquellos que necesitan ayuda para


172

realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tienen necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Como hemos podido ver, la entrada en vigor de las ayudas de forma escalonada en el tiempo casi no ha condicionado la estructura del perfil de los dependientes en el Sistema Nacional de Dependencia. No obstante, si comparamos los resultados obtenidos con los recogidos por EDAD, vemos cómo el peso de grandes dependientes es diez puntos porcentuales superior en el momento actual respecto a lo recogido por EDAD. Como hemos dicho, esto puede ser debido a la forma en la que ha sido aplicada la Ley, que ha incentivado la solicitud del reconocimiento de la dependencia a aquellos dependientes más graves, al ser los primeros que tendrían derecho a prestación. Además, estas divergencias pueden deberse al modo de aplicación del baremo de dependencia realizado por los evaluadores.

Gráfico 3.4.9.Distribución de las personas* con discapacidad

según EDAD

Discapacidad total49%

No consta6%

Discapacidad moderada

19%

Discapacidad severa26%

Fuente: INE, 2008. *Personas de 6 y más años sin ayudas

Gráfico 3.4.10.Dictámenes por Grado de dependencia

Marzo de 2009

Dependientes severos

24%

Dependencia moderada

12%

Sin grado5%

Grandes dependientes

59%

En el espíritu de la Ley subyace la vocación de servicio público, ya que explicitaba que las prestaciones deberían tener una naturaleza prioritaria de servicio, siendo llevadas a cabo a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados. Se prevé únicamente que en casos donde la capacidad pública no fuese suficiente se recurriese a la prestación económica, de forma que el beneficiario pudiese cubrir su necesidad a través de la oferta privada.


173

Total

Andalucía 7 0,0% 11.080 7,1% 32.210 20,5% 5.251 3,3% 12.778 8,1% 1.915 1,2% 48.868 31,2% 20 0,0% 44.724 28,5% 156.853Aragón 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 533 2,3% 2.566 11,1% 1.550 6,7% 5.969 25,8% 0 0,0% 12.561 54,2% 23.179Asturias 0 0,0% 20 0,1% 491 3,1% 406 2,6% 2.818 18,0% 349 2,2% 4.224 27,0% 0 0,0% 7.331 46,9% 15.639Baleares 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 211 2,0% 771 7,3% 16 0,2% 2.509 23,8% 1 0,0% 7.016 66,7% 10.524Canarias 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 331 3,2% 395 3,8% 9 0,1% 1.316 12,7% 0 0,0% 8.349 80,3% 10.400Cantabria 0 0,0% 0 0,0% 344 3,5% 516 5,3% 2.107 21,7% 0 0,0% 3.125 32,2% 0 0,0% 3.625 37,3% 9.717Castilla y León 273 0,9% 217 0,7% 1.599 5,0% 631 2,0% 6.082 19,1% 4.440 13,9% 6.325 19,8% 31 0,1% 12.297 38,6% 31.895Castilla-La Mancha 0 0,0% 527 1,6% 63 0,2% 234 0,7% 4.724 14,0% 211 0,6% 9.079 26,9% 4 0,0% 18.881 56,0% 33.723Cataluña 0 0,0% 2 0,0% 3.230 3,4% 512 0,5% 4.934 5,2% 7.283 7,7% 26.310 27,6% 15 0,0% 52.871 55,6% 95.157C. Valenciana 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 580 1,8% 9.803 30,8% 617 1,9% 4.110 12,9% 0 0,0% 16.697 52,5% 31.808Extremadura 258 1,8% 0 0,0% 1.090 7,6% 313 2,2% 2.534 17,8% 1.126 7,9% 1.585 11,1% 0 0,0% 7.349 51,6% 14.255Galicia 98 0,3% 90 0,2% 2.373 6,4% 570 1,5% 3.317 9,0% 1.094 3,0% 14.228 38,5% 23 0,1% 15.174 41,0% 36.967Madrid 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.186 6,6% 13.431 40,8% 11 0,0% 1.227 3,7% 0 0,0% 16.051 48,8% 32.906Murcia 0 0,0% 4 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 129 0,8% 181 1,1% 5.329 33,0% 0 0,0% 10.518 65,1% 16.161Navarra 0 0,0% 113 1,0% 0 0,0% 177 1,6% 1.160 10,4% 1.149 10,3% 6.125 55,0% 1 0,0% 2.410 21,6% 11.135País Vasco 0 0,0% 2.192 7,8% 4.764 17,0% 3.375 12,0% 7.700 27,5% 826 2,9% 8.850 31,6% 337 1,2% 0 0,0% 28.044Rioja 19 0,3% 165 2,3% 189 2,7% 464 6,5% 707 9,9% 181 2,5% 1.376 19,3% 0 0,0% 4.018 56,4% 7.119Ceuta y Melilla 0 0,0% 72 4,5% 76 4,8% 17 1,1% 55 3,5% 64 4,0% 736 46,4% 0 0,0% 566 35,7% 1.586TOTAL 656 0,1% 14.482 2,6% 46.429 8,2% 16.307 2,9% 76.011 13,4% 21.022 3,7% 151.291 26,7% 432 0,1% 240.438 42,4% 567.068

Fuente: IMSERSO

P.E. Vinculada al servicio

P.E. Cuidados familiares

P.E. Asistencia personal

Prestaciones sin especificar

Prev y prom de la autonomía

personalTeleasistencia Ayuda a

domicilioCentros de día/noche

Atención residencial

Tabla 3.4.6.Prestaciones reconocidas Datos a 1 de marzo de 2009

La evidencia mostrada por los datos en sus dos primeros años de puesta en funcionamiento pone de manifiesto que esto no ha sido así, de forma que la mayoría de Comunidades Autónomas han optado por facilitar una prestación económica a los usuarios.

Con datos a 1 de marzo de 2009, de un total de 567.068 prestaciones reconocidas, al menos 172.745, el 30,5%, era de carácter económico11. Con el objetivo de paliar esta situación, y que la Ley sea más fiel a su espíritu, (lo que además tendría un mayor impacto directo en la creación de empleo), a principios de 2009, el Gobierno creó una unidad para agilizar la generación de puestos de trabajo en el sector, aportando fondos extraordinarios por un valor de 400 millones de euros. De esta forma se pretendía paliar, al menos en parte, la situación de falta de capacidad que denuncian las Comunidades Autónomas, según las cuales en el momento de implantación de la Ley no contaban con la infraestructura ni el personal necesario para prestar los servicios de una manera directa.

Tras las prestaciones económicas, el servicio ofrecido de una forma más recurrente por las Comunidades Autónomas es el de Atención Residencial, con 76.011 prestaciones reconocidas, el 13,4% del total.

11Decimos al menos debido a que un número muy elevado del total de prestaciones, el 42% eran prestaciones sin especificar por parte de las Comunidades Autónomas al SAAD.


174

Una vez cuantificada la situación de la dependencia, conviene también hacer hincapié sobre ciertos factores cualitativos que están lastrando un desarrollo correcto y eficiente de la Ley.

En primer lugar hay que decir que el reconocimiento de este derecho supone un reto muy ambicioso, tanto para la Administración General del Estado como para el conjunto de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por lo que el nivel de colaboración entre ellas debe ser máximo con el objetivo de prestar el servicio de la forma más eficiente posible. Hasta ahora esto no ha sido así, y existen muchos casos de duplicidades y anomalías. Comunidades Autónomas y Estado pese a poseer un órgano de colaboración y decisión creado por la Ley a tal efecto, el Consejo Territorial del Sistema (CTS), se encuentran aún en un bajo nivel de colaboración. De hecho, existen comunidades que siguen prestando los servicios a dependientes y mayores a través de recursos de su propia comunidad, sin reconocer como dependientes a esas personas.

En este sentido, el Estado ha aprobado mediante el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, criterios más restrictivos en lo que se refiere al libramiento de fondos para cubrir el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado. Con su aprobación se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo de forma que:

El procedimiento de reconocimiento de la dependencia debe ser iniciado por el interesado o quien ostente su representación.

La valoración de la situación de dependencia tiene que ser realizada mediante los criterios recogidos a tal efecto en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril por el que se aprobó el baremo de valoración de la situación de dependencia (BVD).

Para que se produzca el libramiento de fondos, las Comunidades Autónomas deberán, mediante la conexión a la red de comunicaciones y servicios telemáticos del Sistema (SISAAD) informar a la Administración General del Estado de las resoluciones de reconocimiento adoptadas con expresa indicación del grado y nivel de los beneficiarios y de los Programas Individuales de Atención aprobados.

En segundo lugar, a día de hoy, no se conoce con exactitud la intensidad con la que están siendo prestados los servicios, pudiendo existir variaciones muy significativas en cuanto a la atención domiciliaria recibida o los tratamientos llevados a cabo en los centros de día. A este efecto, las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Territorial del Sistema deberían acordar un catálogo de servicios por grado y nivel de dependencia, con el detalle de la intensidad y calidad con la que son prestados, que debería ser volcado en el sistema informático. Contar con este catálogo permitiría


175

calcular de una forma más precisa los costes en los que se incurre con cada tipología de dependiente, ya que a día de hoy, el cálculo por Comunidades Autónomas difiere sustancialmente al no partir de una misma intensidad o calidad en los servicios prestados aunque éstos nominalmente sean los mismos.

Por último, destacar que la elevada utilización que están llevando a cabo las Comunidades Autónomas de las prestaciones económicas está impidiendo que, por una parte se libere mano de obra femenina al mercado laboral, ya que normalmente son mujeres de mediana edad del entorno familiar las que llevan a cabo el cuidado de los dependientes, y por otra, que el efecto positivo en el empleo al que podían estar asistiendo se está dando con una menor intensidad de la que podría darse si se profesionalizasen los servicios de atención a la dependencia.

Por lo tanto, y a modo de balance general hay que decir que la aprobación de esta norma ha supuesto un nuevo hito en el Estado del Bienestar, pero que tras dos años de labor todavía no cuenta con un funcionamiento eficaz que permita prestar el servicio de una manera eficiente. Algo especialmente relevante cuando hablamos de una norma que ha comprometido fondos del Estado por un valor de 1.158,7 millones de euros según los Presupuestos Generales del Estado para 2009, a lo que habría que añadir lo aportado por las Comunidades Autónomas y que es de prever esté en claro ascenso en las siguientes décadas debido al elevado envejecimiento poblacional al que se verá sometido el país.

3.4.4. Proyecciones de la evolución de la dependencia

Discapacitados, dependientes y beneficiarios de prestaciones de dependencia

El envejecimiento de la población tiene también una importancia relevante en el curso del fenómeno de la dependencia. En esta sección se lleva acabo una proyección del número de personas dependientes con derecho a prestación que se producirán en España entre 2009 y 2059, dadas las tendencias de la población ya analizadas con motivo del análisis del gasto sanitario y del gasto en pensiones contributivas públicas. Junto a la proyección del número de personas dependientes con derecho a prestación, se realiza una proyección del gasto que conllevaría la atención a la dependencia.

Hay una serie de conceptos que conviene aclarar con objeto de desenmarañar la relativa confusión que subsiste sobre la atención a la dependencia en nuestro país. El hecho de que la normativa básica sea muy reciente (la Ley de Dependencia se aprobó en diciembre de 2006 y entró en vigor el 1 de enero de 2007), implica que el Sistema Nacional de Dependencia (SND) no está todavía plenamente vigente en todos sus extremos y su implantación tardará algún tiempo en completarse. Ello conlleva que las


176

cifras observadas en el sistema de información del SND sirvan sólo parcialmente para hacerse una idea de cómo será el sistema dentro de unos años.

Una primera precisión ha de hacerse sobre los términos discapacidad, dependencia y beneficiarios de prestaciones de dependencia. La discapacidad es un fenómeno relativamente frecuente en cualquier sociedad, incluso avanzada. La prevalencia de discapacidad puede afectar a casi un 10% de los individuos. La Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia del INE (Encuesta EDAD 2008) aporta un conocimiento muy preciso sobre el número de personas con discapacidad existentes en España en dicho año. En el gráfico siguiente se muestran las tasas de (prevalencia de la) discapacidad en la población española por grupo de edad.

Grupo de edad Ambos sexos Varones MujeresDe 0 a 5 años 2,2 2,5 1,8De 6 a 16 años 1,8 2,3 1,3De 17 a 24 años 1,6 1,9 1,3De 25 a 34 años 2,2 2,5 1,9De 35 a 44 años 3,9 3,9 3,8De 45 a 54 años 6,7 6,0 7,3De 55 a 64 años 11,3 9,7 12,9De 65 a 69 años 15,6 14,0 17,0De 70 a 74 años 21,8 17,6 25,4De 75 a 79 años 30,9 26,3 34,3De 80 a 84 años 42,7 33,6 48,5De 85 a 89 años 57,4 50,6 61,1De 90 y más años 75,1 66,8 78,3Total 8,5 7,0 10,1Fuente: Encuesta EDAD 2008 del INE

Tabla 3.4.7.Tasa de discapacidad de la población española 2008

(en % de la población de cada grupo de edad)

Las tasas de discapacidad revelan que a partir de ciertas edades el fenómeno de la discapacidad está muy presente. La longevidad de los individuos los expone a ciertas limitaciones físicas y sobre todo psíquicas que no habrían aparecido de haberse dado una esperanza de vida más breve. Puede decirse que detrás de un pensionista se encuentra con bastante probabilidad un discapacitado.

Esta aseveración es importante a la hora de facilitar la transición necesaria de las prestaciones y los sistemas de protección oportunos en cada caso e ilustra que los recursos para las pensiones deben ser complementados con recursos para los costes adicionales que pueden entrañar las discapacidades.


177

Ahora bien, la discapacidad, en sentido amplio, puede ser de naturaleza muy variada, puede no requerir ayuda de ningún tipo para superar las limitaciones que impone y, también, puede implicar lo contrario: ayudas muy relevantes. La dependencia es una discapacidad que requiere de ayudas de terceros para que quien la sufre pueda realizar una o más actividades básicas de la vida diaria (ABVD). La Ley 39/2006 de Dependencia define esta situación como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria”. Las personas dependientes serán pues un subconjunto de las personas discapacitadas por una u otra causa.

Finalmente, no todos los casos de dependencia serán igualmente severos. De hecho, es habitual la distinción entre dependencia moderada, severa y gran dependencia. Dentro de los casos de dependencia, la normativa selecciona aquellos que cumplen un cierto baremo a efectos del reconocimiento de prestaciones. De nuevo, no todas las personas dependientes (un subconjunto de las personas discapacitadas) tendrán derecho a una prestación del SND. Así, cabe esperar que los beneficiarios de prestaciones de dependencia (económicas o servicios) sean, a su vez, un número significativamente menor que el de personas dependientes12.

Una estimación para 2009 del número de discapacitados, dependientes y beneficiarios de prestaciones de dependencia se ofrece en el cuadro siguiente. Dicha estimación se ha elaborado a partir de EDAD 2008, incluyendo tanto los discapacitados residentes en hogares como los residentes en centros de atención. Para derivar el número de dependientes a partir del número de discapacitados, se ha considerado un factor del 40,2%, habitual en la literatura y para obtener el número de beneficiarios de prestaciones de dependencia a partir del número de dependientes se ha considerado un factor del 55,5%, también habitualmente utilizado. Este procedimiento arroja, en teoría, el número de beneficiarios de prestaciones de dependencia que existiría si los criterios del SND se aplicasen en 2009 a plena capacidad.

12 La baremación del grado y nivel de dependencia de cuyo resultado depende el reconocimiento y cuantía de las prestaciones se encuentra descrita en Alonso y Albarrán (2008).


178

Grupo de edad Discapacitados Dependientes Total Moderada Severa Gran Dep.De 0 a 5 años 63.413 25.498 14.155 4.490 3.775 5.890De 6 a 16 años 92.203 37.075 20.581 6.528 5.488 8.564De 17 a 24 años 67.661 27.207 15.103 4.791 4.027 6.285De 25 a 34 años 169.639 68.212 37.865 12.011 10.097 15.757De 35 a 44 años 307.748 123.746 68.693 21.790 18.318 28.585De 45 a 54 años 448.221 180.230 100.048 33.713 32.299 34.037De 55 a 64 años 596.722 239.943 133.195 44.882 43.000 45.313De 65 a 69 años 332.853 133.840 74.297 19.913 22.236 32.148De 70 a 74 años 429.083 172.535 95.776 25.669 28.665 41.442De 75 a 79 años 569.716 229.083 127.167 34.083 38.060 55.025De 80 a 84 años 613.860 246.834 137.021 23.630 29.512 83.879De 85 a 89 años 467.909 188.147 104.443 18.011 22.495 63.936De 90 y más años 295.891 118.978 66.046 11.390 14.225 40.431Total 4.454.919 1.791.329 994.391 260.901 272.198 461.293Fuente: Elaboración propia a partir de EDAD 2008

Beneficiarios de prestaciones de dependenciaDe la discapacidad a las prestaciones de dependencia - Estimación 2009

Tabla 3.4.8.

A 1 de julio de 2009 el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia había establecido 697.038 personas beneficiarias con derecho a prestación y reconocido 442.682 prestaciones. El sistema dista pues de estar plenamente implantado y de ahí la discrepancia entre los datos a 1 de julio y la estimación que se ofrece en el cuadro anterior de un total de 994.391 beneficiarios de prestaciones de dependencia. Aproximadamente otros 300 mil beneficiarios deberían ser reconocidos en lo que queda de año para que el SAAD estuviese plenamente operativo en su aspecto de cobertura de la población potencialmente a proteger.

Proyecciones de gasto en dependencia debido a la demografía

Dadas las tasas de discapacidad anteriormente descritas es inmediato hacer una proyección del número de dependientes con derecho a prestación (beneficiarios, en lo sucesivo) suponiendo que la prevalencia de la discapacidad y la dependencia se mantienen constantes, así como los criterios para el reconocimiento de las prestaciones. En la actualidad no es posible saber con los datos del sistema cuántos serían los beneficiarios si el SAAD estuviese a plena cobertura de dependientes con derecho a prestaciones. El Libro Blanco de la Dependencia estimaba 1.246.429 de personas dependientes para 2010, pero no todas ellas podían considerarse entonces potenciales beneficiarios de prestaciones pues en el momento de la publicación del Libro Blanco (2004) no se habían establecido todavía los criterios para su determinación. Como se verá más adelante, nuestra proyección de beneficiarios para el año 2010 es ligeramente superior al millón de efectivos.


179

La proyección del número de beneficiarios se ha realizado también descomponiendo este total, para cada grupo de edad de los contemplados en el cuadro anterior, en casos de dependencia moderada, severa y gran dependencia. Cada una de estas situaciones comporta unos costes diferentes, como es obvio, por la muy diferente naturaleza de los cuidados y prestaciones económicas que implica. Los criterios para establecer los costes para cada grado de dependencia se discuten extensamente en Monteverde (2004) y de esta fuente se han sacado los costes medios anuales en cada caso actualizándolos al año 2009 mediante el uso del IPC para la clase “servicios sociales” hasta 2008 más una estimación de su evolución para 2009. Los resultados para ese mismo año implican un coste medio anual de cada beneficiario de prestaciones de dependencia moderada, severa y gran dependencia de, respectivamente, 8.575,94 euros, 13.021,64 euros y 21.913,04 euros13.

En la proyección que se ha realizado estos costes por persona se suponen constantes en todo el horizonte de proyección, es decir, las magnitudes económicas se expresan a precios de 2009 y, adicionalmente, se supone que el coste real de las prestaciones que se den en cada año no varía aunque la calidad de las mismas (se entiende que son prestaciones en especie en su mayoría) pueda hacerlo. Este aspecto es muy difícil de precisar, como ya se comentaba en el caso de la proyección del gasto sanitario, y, por otra parte, no es objeto de preocupación en este análisis en el que prima fundamentalmente el efecto del envejecimiento sobre el gasto del sistema de dependencia.

El gráfico siguiente contiene la trayectoria del número de beneficiarios del SAAD y el gasto asociado dadas la proyección de la población del INE, las tasas de prevalencia de la discapacidad, la dependencia y su conversión en beneficiarios, y los costes estimados para cada uno de los grados de dependencia para 2009. Es una proyección muy ilustrativa de los retos que el envejecimiento supone para el sistema de dependencia y completa las perspectivas ganadas mediante la proyección del gasto en pensiones y del gasto sanitario.

13 A efectos comparativos, piénsese que el coste medio anual de la dependencia severa es sólo ligeramente inferior a la pensión media anual de las nuevas altas de jubilación del sistema de pensiones y el coste medio anual de la gran dependencia está cerca también de la pensión máxima anual de jubilación.


180

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

0,80

0,92

1,04

1,16

1,28

1,40

1,52

1,64

1,76

1,88

2,00Gasto Dependencia (millardos euros) Beneficiarios (millones, escala dcha.)

Gráfico 3.4.11.Proyección de beneficiarios y costes del SAAD debidos al envejecimiento (*)

(*) Suponiendo que el coste anual por beneficiario de cada grado permanece constanteFuente: elaboración propia sobre la base de las proyecciones de población del INE y EDAD 08

Destaca, en primer lugar, el paralelismo entre la trayectoria del número de beneficiarios y la del gasto total de dependencia, aunque, como se verá más adelante, este paralelismo no es total.

El número de beneficiarios, cercano al millón de efectivos en 2009 se duplica en 2059, alcanzando 1.917.080. Ello se debe, claramente, al aumento de la población de mayor edad que presenta unas tasas de prevalencia de discapacidad y dependencia considerablemente mayores, como se veía con antelación. Hay más beneficiarios tanto por el mayor peso de las edades avanzadas en el conjunto de la población como por la mayor población que no ha dejado de crecer hasta 2050 en la proyección utilizada, aunque el primer factor (envejecimiento) es considerablemente más poderoso que el segundo (población).

Por su parte, el gasto asociado aumenta porque la composición de la población dependiente conlleva gastos desproporcionadamente mayores en las edades más elevadas al ser éstas las que mayor prevalencia de dependencia presentan. El gasto total de dependencia pasa de 15,8 millardos de euros en 2009 a duplicarse en 2059 con 31,5 millardos de euros en total. Esta progresión, conviene recordarlo, no tiene en cuenta una extensión o profundización de los cuidados por beneficiario a lo largo del tiempo ni su encarecimiento o abaratamiento relativo al IPC general. Solamente capta los efectos demográficos (tamaño de la población y estructura de edades) aludidos.

El gráfico siguiente muestra qué parte del gasto total (en millones de euros) se debe a cada grupo de edad en los dos extremos del periodo de proyección. Hasta los 54


181

años, la población beneficiaria gasta aproximadamente lo mismo, con pequeñas alternativas, en 2009 y en 2059, pero a partir de los 54 años, la participación en el gasto en 2059 se aleja cada vez más de la estimada para 2009. En 2059, por ejemplo, sólo el grupo de beneficiarios de 90 y más años cuenta por el 20% del gasto total de dependencia cuando en 2009 contaba por un 7,3% del gasto total de ese año.

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

0 a 5 6 a16

17 a24

25 a34

35 a44

45 a54

55 a64

65 a69

70 a74

75 a79

80 a84

85 a89

90 ymás

Gasto total en 2009 Gasto total en 2059


Gráfico 3.4.12.Participación de cada grupo de edad en el gasto total en 2009 y 2059

¿Cuán elevado es el gasto futuro de dependencia?

Con todo, al igual que se advertía en relación al gasto sanitario, esta evolución del gasto de dependencia, debida exclusivamente a los factores demográficos, es más que moderada. Piénsese que en la proyección del gasto en pensiones, se estimaba que este gasto pasaría del 8,65% del PIB en 2009 al 15,17% en 2059. Con la misma hipótesis de PIB, el gasto de dependencia estimado en esta sección pasaría de representar el 1,49% del PIB en 2009 a representar el 1,06% en 2059. Este gasto es sorprendentemente moderado, aunque nos parezca que hoy no existen los 15 millardos de euros que se necesitarían para implantar íntegramente el SAAD en todas las regiones españolas (frente a un gasto oficial de unos 5 millardos estimado para 2009).

Esta advertencia conlleva una buena noticia, la de que, si sólo fuese por el envejecimiento, el gasto de dependencia es asumible, especialmente si se financia mediante un esquema de seguro obligatorio (público, privado o mixto), lo que además aportaría financiación a largo plazo a la economía. La mala noticia es que la eficiencia en la prestación de servicios de dependencia debería avanzar tan deprisa como las aspiraciones de la sociedad (a servicios y prestaciones cada vez mejores, más


182

variados y para más beneficiarios seleccionados con condiciones de elegibilidad cada vez menos exigentes) para evitar que el coste de los mismos se disparase y validar, de esta forma, la hipótesis simplificadora que se ha hecho en esta proyección respecto a los costes constantes de los servicios de dependencia. Pero también puede verse esta mala noticia como un reto en el que convendría fijarse cada vez más a la hora de diseñar las políticas de dependencia antes que cargar todo el peso de la prueba sobre el envejecimiento.

Lo mismo, exactamente puede decirse de la sanidad en la que, más intensamente que en la dependencia, las prestaciones son exclusivamente en especie. Servicios y tecnologías médicas y farmacéuticas cuya intensificación sólo puede compensarse con su menor coste unitario (lo que hasta el presente no ha sido así), para evitar que el envejecimiento sea el vector por el que se disparan los gastos sin ser tan crítico su papel, en el fondo, como parece a primera vista.

La gran diferencia de estas dos proyecciones a las que aludimos (gasto sanitario y gasto en dependencia) frente a la proyección del gasto en pensiones no radica pues en la demografía, que es exactamente la misma en todos estos ejercicios (aunque con diferentes efectos de la estructura de edades por la incidencia de cada tipo de prestación), sino en el hecho de que las pensiones son prestaciones económicas que deben mantener una proporción con otros indicadores de rentas, como el salario medio real, para que sus perceptores no se sientan crecientemente empobrecidos, con lo que el crecimiento real de la pensión media cabalga a lomos del envejecimiento para provocar el efecto que se ha señalado sobre el gasto total. Las prestaciones en especie, sin embargo, pueden evitar su explosión a pesar del envejecimiento de la población mientras su coste unitario se mantenga constante al tiempo que aumenta la calidad de las mismas o aumenta la intensidad y gama aplicada en el caso de que el coste unitario descienda.

Descomposición de los factores demográficos (población y envejecimiento)

Como en el caso de la proyección del gasto sanitario, también se puede descomponer la evolución del gasto total de dependencia debido a la demografía en dos componentes debidos a sendos efectos que hemos denominado efecto población (volumen) y efecto envejecimiento (estructura de edades más envejecida). En el gráfico siguiente se observa dicha descomposición.

El factor población tiene un cierto peso en el avance del gasto de dependencia, pero en todo el periodo de proyección es inferior a potente efecto del factor envejecimiento que al final del horizonte de proyección cuenta por el 83% del aumento del gasto total, que prácticamente se duplica en el periodo.


183

Gráfico 3.4.13.Descomposición de los factores demográficos

100110120130140150160170180190200

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

Gasto total Factor población Factor envejecimiento



184

3.5. Los servicios sociales 3.5.1. Definición y competencias en materia de servicios sociales

En la actualidad las competencias en materia de servicios sociales están en manos de las Comunidades Autónomas tras un complejo proceso de descentralización iniciado con la aprobación de los distintos Estatutos de Autonomía de las regiones.

Los servicios primariamente llamados de “asistencia social” han ido ampliándose conforme crecía el Estado del Bienestar hacia acepciones más amplias como “servicios sociales” o “bienestar social”, a partir de sendas leyes que regulan la materia las Comunidades Autónomas.

Además, a través del reconocimiento de los derechos recogidos en la propia Constitución Española14 a los municipios, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local también recoge ciertas competencias en esta materia, a través de las cuáles, actualmente los municipios ofertan servicios de atención al colectivo de personas mayores.

Estas competencias, descentralizadas entre las 17 Comunidades Autónomas y los 8.164 Municipios, generan un alto grado de heterogeneidad en la prestación de los servicios a mayores. Por ello, además del reconocimiento del derecho, la Ley de Dependencia pretendía homogeneizar estos servicios, pero, como ya hemos comentado anteriormente, no ha sido así y actualmente contamos con un catálogo de servicios diferenciado entre Comunidades Autónomas. Este catálogo está en función de diferentes variables intrínsecas de la Comunidad como la sensibilidad de los ciudadanos, y por ende de los gobernantes, al problema, de sus capacidades presupuestarias y por supuesto, de su estructura poblacional.

Desde la aprobación de la Ley de Dependencia, lejos de producirse una refundición de los servicios a mayores preexistentes en un nuevo modelo que se ajustase de forma precisa a los requerimientos de la Ley, la mayoría de Comunidades Autónomas han adaptado los servicios que ya venían siendo prestados a la Ley, de forma que no se cuenta con catálogo único de servicios para cada tipo de prestación reconocida. No obstante, el grueso de servicios prestados a mayores (al menos formalmente), ya se enmarca dentro de servicios a la dependencia.

La definición de estos servicios es la recogida en el Real Decreto 727/2007 de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de

14 Artículos 137 y 140.


185

dependencia. A través de la información mostrada en el siguiente cuadro, puede verse cómo quedan al arbitrio de la Comunidad Autónoma muchas cuestiones clave sobre las que debería existir un consenso a nivel nacional.

Servicios ObjetoEstablecimiento de la

intensidad

* PIA, Programa Individual de Atención** Grado III nivel 2 entre 70 y 90 h mensualesGrado III nivel I entre 55 y 70 h mensualesGrado II nivel 2 entre 40 y 55 h mensualesGrado II nivel I entre 30 y 40 h mesuales** El servicio de estancias temporales estará supeditado a la existencia de plazas

Promoción de la autonomía personal

Asesoramiento, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de actividades de la vida diaria, los de

habiliación , o los de terapia ocupacional asó como cualqesquiera otros orgaramoas de intervencioón que se

establezcan con la misma finalidad

Atención residencialCarácter social y sanitario.Puede tener carácter

permanente o temporal, em periodos de convalecencia o descanso de los cuidadores no profesionales.***

Centro de día y noche Art 24 de la ley y los servicios que establezcan las CC.AA o adm competente

Actuaciones y programas a definir por las CCAA o administración

competente. Intensidad adaptada al PIA.

Servicios y programas a definir por las CCAA o administración

competente. Intensidad adaptada al PIA

Prevención de las situaciones de dependencia

Servicios con el objeto de prevenir el agravamiento de su grado y nivel de dependencia, incluyendo esta atención en los programas de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de

los centros de día y de antención residencial.

Intensidad de los servicios prevista en el RD 727/2007Tabla 3.5.1.

Atender las necesidades de la vida diaria.Servicios comprendidos en el art 23 de la ley y los que puedan

desarrollar las CC.AA o la adm que tenga la competenciaAyuda a domicilio

Normas a definir por la CCAA o administración que tenga la

competencia, conforme al PIA

Fijada en el Real Decreto**

Teleasistencia

Atender a los usuarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información y el apoyo de los

medios personales necesarios, en respuesta ante situaciones de soledad, emergencia, inseguridad, soledad

o aislamiento

A definir por CC.AA (a través de Planes de Prevención)

Normas a definir por las CC.AA o la administración que tenga la

competencia con adecuación a las infraestructuras disponibles. Intensidad adaptada al PIA *


186

3.5.2. Tipología e intensidad de los servicios sociales

Visto lo anterior, incluir en este punto un mapa de servicios sociales a personas mayores por Comunidades Autónomas excedería de la pretensión formal de este trabajo, no obstante, a continuación definiremos, cuáles son los servicios mayoritariamente prestados. De esta forma, contaremos con un esquema global de la atención prestada desde la iniciativa pública a las personas mayores.

1. Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal. Por lo que respecta a estos servicios, tan sólo algunas de las Comunidades Autónomas cuentan con programas estructurados y estandarizados que, a través de técnicas de ocio y estimulación prevengan o retrasen las pérdidas cognitivas, motoras o sensoriales asociadas al envejecimiento. Son servicios de promoción para la autonomía personal los de asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria, los de habilitación, los de terapia ocupacional así como cualesquiera otros programas de intervención que se establezcan con la misma finalidad.

2. Servicio de teleasistencia. Este servicio es prestado en las diferentes Comunidades Autónomas a través de diferentes técnicas, siendo la más utilizada, la instalación en el hogar del dependiente de una conexión directa con un centro especializado de atención al que acudir en situaciones de emergencia, inseguridad o soledad a través de un medallón que debe ser llevado por la persona las 24 horas del día.

3. Servicio de ayuda a domicilio. El servicio de ayuda a domicilio cuenta actualmente con regulación a nivel estatal en cuanto a su intensidad en función del grado y nivel de dependencia, no obstante, no contamos con datos actualizados que nos muestren el número de beneficiarios que están recibiendo la ayuda a domicilio en cada Comunidad Autónoma. Las actividades principales que se desarrollan dentro de este marco son las siguientes:

i. Actuaciones de carácter doméstico

ii. Actuaciones de carácter personal

iii. Actuaciones de carácter educativo

iv. Actuaciones de carácter sociocomunitario

v. Ayudas técnicas y adaptativas del hogar


187

4. Servicio de Centro de Día y Noche:

i. Centros de día para personas mayores. Los servicios básicos prestados son los siguientes:

1. Servicio de comedor.

2. Asistencia higiénico sanitaria.

3. Transporte.

4. Tratamiento de rehabilitación.

5. Realización actividades de ocio y tiempo libre.

ii. Programas de atención diurna dirigidos a personas mayores. Actividades sociales, de autoayuda, culturales, recreativas, etc.

5. Atención residencial:

i. Centros residenciales. Los principales servicios a los que tienen derecho los mayores dentro de estos centros son los siguientes:

1. Alojamiento y manutención.

2. Atención médica.

3. Servicio de terapia ocupacional.

4. Servicio de médico y de enfermería.

5. Rehabilitación.

6. Actividades de ocio, formativas y culturales.

7. Apoyo a la familia.

8. Realización de trámites en caso de defunción y enterramiento

ii. Centros de respiro familiar para mayores. Esta tipología de centros ofrece durante un periodo de tiempo una estancia los dependientes durante la cual el entorno familiar que lo cuida puede descansar.

Como ya hemos comentado, aparte de este catálogo básico existen otra serie de servicios más específicos como el Programa de acogimiento familiar para personas mayores en Asturias. El acogimiento familiar consiste en el alojamiento y cuidados familiares ordinarios de limitación definida o indefinida a personas mayores que,


188

careciendo de hogar adecuado a sus características, opten por vivir con un grupo familiar con el que no existiendo relación de parentesco, puedan obtener satisfacción a sus necesidades.

En una dimensión más económica, Baleares cuenta con Ayudas para la adquisición de productos de primera necesidad a través de la llamada “TARJETA BÁSICA”. El importe mensual es de 210 euros y han de ser destinados exclusivamente a la compra de productos básicos en los establecimientos comerciales en los que se puede utilizar dicha tarjeta (han de disponer de terminales electrónicos adecuados e incluidos dentro de los siguientes sectores comerciales: confección textil, hipotecarias, supermercados e hipermercados, alimentación en general y zapaterías).

También, en algunas Comunidades Autónomas, se presta el servicio de comida a domicilio. Está dirigido a mejorar la nutrición de las personas mayores, por entender que una nutrición adecuada contribuye de forma decisiva a la salud, bienestar y calidad de vida de todas las personas y, en especial, de las personas mayores.

Asimismo, en grandes municipios se llevan a cabo servicios complementarios a los prestados por las Comunidades Autónomas, contando muchos de ellos con la titularidad de las residencias de ancianos del municipio.

Por lo que respecta al alcance de estos servicios, también hay que decir que existe mucha dispersión en la oferta de las diferentes Comunidades Autónomas. Con datos del IMSERSO15 la oferta de servicios sociales para atender a personas mayores es insuficiente. Pese a ello, en estos últimos años, y sobre todo para los servicios recogidos en la Ley de Dependencia, se ha producido un notable incremento. Así, el número de usuarios de teleasistencia creció entre 2002 y 2007 un 216%, pasando de 104.313 a 330.071 usuarios. Igualmente ha ocurrido con los usuarios de centros de día, que en ese periodo pasaron de 18.819 a 55.067, lo que supone un crecimiento de casi el 193%.

15 Los últimos datos disponibles corresponden a 2007.


189

Nº de usuarios (plazas)

Cobertura (%/pob>65

años)

% mujeres

% usuarios > 80 años

Precio (€/mes)

Servicio Público de Ayuda a Domicilio 330.371 4 69 47 208Servicio Público de Teleasistencia 330.071 4 80 53 22Hogares y Clubes para mayores 3.551.934 47 57 -- --Plazas en centros de día apra dependientes 55.067 1 65 61 653Plazas en centros residenciales 331.730 4 70 64 1.234(*)Plazas para dependientes 193.422 -- -- -- 1.422(*)Plazas en sistemas alternativos de alojamiento 9.848 -- -- -- 1.234(*)Precios Públicos, salvo inicación en contrario(*) precio concertadoFuente: Observatorio de Personas Mayores, IMSERSO

Tabla 3.5.2. Servicios sociales para personas mayores - Principales magnitudes. Enero 2007

El servicio público de Ayuda a Domicilio es un claro ejemplo de la divergencia existente entre las distintas Comunidades Autónomas. Así, Comunidades como Extremadura cuentan con un índice de cobertura de este servicio a la población mayor de 65 años del 10, mientras que Murcia tan sólo del 2,25.

Estas grandes diferencias se deben a una diversidad de factores, de entre los que destacan los distintos costes por hora de este servicio en función de la Comunidad en donde nos encontremos y la intensidad con la que es prestado éste.


190

Comunidad Autónoma

Población >65

Nº de usuarios

atendidos

Índice de cobertura

(1)Andalucía 1.178.914 38.401 3,26Aragón 261.330 11.204 4,29Asturias 235.542 9.102 3,86Baleares 140.968 4.898 3,47Canarias 251.666 8.197 3,26Cantabria 106.374 3.465 3,26Castilla y León 569.177 25.807 4,53Castilla-La Mancha 361.448 26.199 7,25Cataluña 1.183.540 57.034 4,82C.Valenciana 793.568 19.863 2,50Extremadura 206.936 20.685 10,00Galicia 598.247 14.972 2,50Madrid 875.161 57.960 6,62Murcia 191.487 4.303 2,25Navarra 105.760 3.637 3,44País Vasco 397.136 21.398 5,39La Rioja 56.713 2.606 4,60España 7.513.967 329.731 4,30(1) (usuarios/población>65) X100Fuente: Observatorio de Personas Mayores, IMSERSO

Servicio público de ayuda a domicilioNº de usuarios atendidos. Enero de 2007

Tabla 3.5.3.

Por lo que respecta al coste por hora del servicio, la media española se encuentra en 12,8 euros hora, menos de la mitad de lo que le supone a la comunidad de Navarra, donde el coste asciende a 30 euros, y la mitad de lo que supone en Extremadura donde es de tan sólo 6 euros.

Estas importantes diferencias en el coste por hora del servicio prestado a domicilio revierte directamente en la intensidad horaria con la que es prestado, colocándose Navarra como la Comunidad con una menor intensidad, (7 horas), frente a Extremadura, que es la que posee una intensidad mayor con 25 horas de servicio en domicilio.


191

Gráfico 3.5.1. Ayuda a domicilio - intensidad horaria

9 1012 13

24

18 1817 15

11 12

25

1815

7

16

12

17

0

5

10

15

20

25

30

AND ARA AST BAL CAN CNT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA RIO ESP

Fuente: Observatorio de Personas Mayores, Imserso

Por lo que respecta al servicio de teleasistencia, nos encontramos ante una situación similar, con unas elevadas divergencias en lo que a cobertura se refiere, no obstante en este caso las diferencias en coste no son tan acusadas.

Con los datos disponibles, Madrid sería la Comunidad Autónoma con un mayor índice de cobertura sobre la población mayor de 65 años, mientras que Galicia (quizá debido a su elevada dispersión geográfica, que dificulta una prestación homogénea de los servicios), cubre tan sólo al 1,1% de su población mayor de 65 años.

Gráfico 3.5.2. Teleasistencia - índice de cobertura*

5,6

3,0 3,5

1,3

5,0

3,4

7,9

3,0 3,3 3,0

1,1

10,5

2,6

5,4

3,6

1,6

4,4

0

2

4

6

8

10

12

ARA AST BAL CAN CNT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA RIO ESP

Fuente: Observatorio de Personas Mayores, Imserso* Índice de cobertura:(usuarios/población>65)x100, para Cataluña >85


192

Por lo que respecta a los centros de día, bajo el epígrafe de este servicio, existen una gran variedad de recursos con distintos grados de especialización, lo que les hace ofrecer servicios muy diferenciados.

Gráfico 3.5.3. Centros de día - índice de cobertura*

0,5

0,6

0,5 0,5

0,8

0,60,5

0,6

1,0

0,8

0,60,5

1,1

0,7

0,4

0,8

0,5

0,7

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2


Fuente: Observatorio de Personas Mayores, Imserso* Índice de cobertura:(nº de plazas/población>65)x100

Estas importantes diferencias se deben tanto a la elevada diversidad de situaciones de dependencia y vejez que se dan, (el servicio es completamente distinto para aquellos mayores que sufren un deterioro cognitivo, que para los que tienen un problema de movilidad), como a los diferentes enfoques sanitarios y sociosanitarios que se vienen aplicando en la atención social a la vejez en cada Comunidad Autónoma.

En 2007, la oferta privada de plazas residenciales era superior casi en un 20% a la pública, si bien, esta distribución no era homogénea entre las distintas Comunidades Autónomas.

La ratio de cobertura para el conjunto de España se sitúa en 4 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, porcentaje que aumenta hasta más de 6,5 plazas en Castilla y León o hasta 6 en Castilla-La Mancha.


193

Gráfico 3.5.4.Centros residenciales - índice de cobertura*

2,7

5,8

4,1

2,7

4,5 4,4

6,66,0

4,6

3,2

4,6

2,4

4,9

2,9

5,3

3,8

4,84,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0


Fuente: Observatorio de Personas Mayores, Imserso* Índice de cobertura:(nº de plazas/población>65)x100

Como hemos podido ver, la información con la que contamos para realizar un análisis de la prestación de servicios efectiva en las Comunidades Autónomas es muy limitada, tanto por el escaso nivel de detalle como por su retardo en el tiempo. Pese a ello, hemos podido constatar que las diferencias en cuanto a intensidad y calidad en la prestación de los servicios es muy elevada, no existiendo a día de hoy un catálogo estándar u homogéneo de servicios para el conjunto del país.


194

3.6. La planificación financiera, el ahorro y el aseguramiento

La planificación financiera de la vejez, que en la mayor parte de los casos se reduce a la planificación de la jubilación, debiera constituir el marco en el que debieran estar encuadradas muchas de las decisiones de ahorro y consumo a lo largo de nuestras vidas.

El objetivo de dicha planificación debe ser crear el ahorro suficiente que nos permita complementar nuestra futura pensión pública de jubilación, de forma que podamos mantener un cierto nivel de vida determinado, pero el problema con el que nos encontramos es cómo acumular ese ahorro.

Para acumular el ahorro necesario de cara a financiar la jubilación de la forma más eficiente posible, no podemos obviar los diferentes acontecimientos e hitos económicos por los que transitan los individuos a lo largo de sus vidas y que marcarán sus decisiones de ahorro y consumo.

La idea que subyace en la mayoría de las teorías de ahorro e inversión que condicionan las decisiones de ahorro e inversión a la fase del ciclo de vida en el que se encuentra cada individuo, consiste fundamentalmente en dejar de consumir en determinadas etapas de la vida, que coincidirían con aquellas etapas de mayores ingresos procedentes de rentas del trabajo y menor nivel de gastos, para poder ahorrar de cara a otras etapas de la vida con menores ingresos procedentes de las rentas laborales –jubilación–, y así poder mantener un nivel de consumo determinado.

Como podemos ver en el cuadro y gráfico siguientes, la renta media de los hogares aumenta hasta que la persona de referencia alcanza la franja de edad, entre los 45 y 54 años, la fase del ciclo vital con mayores ingresos es la que abarca entre 45 y 64 años, para después reducirse de forma paulatina, a medida que se van cumpliendo años.


195

Renta Media de los Hogares por edad de la persona de referencia

Grupos de Edad 2002 2005Menores de 35 años 31.400 29.000 Entre 35 - 44 años 34.800 35.800 Entre 45 - 54 años 43.700 40.300 Entre 55 - 64 años 40.000 39.900 Entre 65 - 74 años 25.600 24.800 Mayores de 74 años 16.700 15.200 Renta Media (euros) 33.500 32.400

Tabla 3.6.1.

Nota: Para facilitar su comparación los datos se muestran en euros de 2005. Para ajustar la renta del hogar los factores aplicados han sido 1,1419 para 2002 y 1,037 para 2005.

Gráfico 3.6.1.

2002

2005

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Menores de35 años

Entre 35 -44 años

Entre 45 -54 años

Entre 55 -64 años

Entre 65 -74 años

Mayores de74 años

euro

s

Fuente: EFF, Encuesta Financiera de las Familias, Banco de España

El ahorro acumulado a lo largo de nuestras vidas debe servir para diversificar nuestras fuentes de ingresos (tratando que las rentas del trabajo no sea la única fuente de ingresos), de manera que cuando las rentas laborales sufran una reducción por el paso a la situación de jubilación (se cobra una pensión pública de jubilación), se pueda recurrir a otros ingresos, rentas de capital o de otro tipo, generados por los ahorros acumulados a lo largo de la vida. En este sentido, el proceso de ahorro, aunque no esté destinado para la jubilación, supondrá para los individuos una protección añadida contra otros hechos imprevistos que pueden suceder a lo largo de la vida, como puede ser la pérdida de empleo, una enfermedad grave, fallecimiento del cabeza de familia, etc.

El primer paso para realizar una planificación financiera correcta de la jubilación es determinar cuál será el nivel de ahorro necesario para complementar la pensión pública y cubrir el diferencial de ingresos respecto al salario percibido en los últimos años de vida laboral, lo que nos permitirá mantener el nivel de vida que se disfrutaba durante la etapa anterior.

Por tanto, para determinar el diferencial a cubrir sería conveniente realizar una estimación de los ingresos que se obtendrán como jubilado y de los gastos en los que incurriremos en esta fase de la vida:

Estimación del importe de la pensión pública de jubilación, que a su vez dependerá de la generosidad de los sistemas públicos de pensiones de cada país, ya que en aquellos países en los que las pensiones públicas supongan un porcentaje menor de los ingresos que se obtenían durante la fase laboral activa, los individuos


196

necesitarán acumular un mayor volumen de ahorro para complementar dicha pensión y mantener el nivel de vida que disfrutaban en activo, y viceversa.

Así, dependiendo del sistema de protección pública de cada uno de los países encontramos importantes diferencias en la tasa de sustitución o de reposición, definida como el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el salario de los últimos años en activo. Mientras que dicha tasa en España se mantiene en niveles entorno al 80% (por encima de la media de la OCDE), en otros países europeos de nuestro entorno como Alemania y Reino Unido, la tasa de sustitución se sitúa en niveles significativamente inferiores, por debajo incluso del 50%.

En cualquier caso, los cambios socio-demográficos que se están producido en las economías desarrollados durante los últimos años, reducción de la natalidad, aumento de la esperanza de vida, aumento de la tasa de dependencia, etc., y la tendencia marcada por las últimas reformas de los sistemas de pensiones públicas que se han producido en Europa, hacen prever una futura reducción generalizada de las actuales prestaciones de jubilación, y por lo tanto una reducción de la tasa de sustitución.


197

0,5 1 2 0,5 1 2Alemania 39,9 39,9 30,0 53,4 58,0 44,4Australia 70,7 43,1 29,2 83,5 56,4 40,8Austria 80,1 80,1 58,8 90,4 90,9 66,4Bélgica 57,3 40,4 23,5 77,3 63,0 40,7Canadá 75,4 43,9 22,2 89,2 57,4 30,8Corea 99,9 66,8 45,1 106,1 71,8 50,7Dinamarca 119,6 75,8 57,1 132,7 86,7 72,2Eslovaquia 56,7 56,7 56,7 66,4 72,9 76,7España 81,2 81,2 67,1 82,0 84,5 72,4EE.UU 52,2 41,2 32,1 67,4 52,4 43,2Finlandia 71,3 63,4 63,4 77,4 68,8 70,5Francia 63,8 51,2 44,7 78,4 63,1 55,4Grecia 95,7 95,7 95,7 113,6 110,1 107,0Holanda 80,6 81,9 82,6 97,0 96,8 94,8Hungría 76,9 76,9 76,9 94,7 102,2 98,5Islandia 109,9 77,5 72,9 110,9 84,2 79,7Irlanda 65,0 32,5 16,2 65,8 38,5 23,5Italia 67,9 67,9 67,9 81,8 77,9 79,3Japón 47,8 34,4 27,2 52,5 39,2 31,3Luxemburgo 99,8 88,3 82,5 107,6 96,2 91,0México 52,8 35,8 33,6 50,3 38,3 40,0Noruega 66,4 59,3 42,7 77,1 69,3 55,1N. Zelanda 79,5 39,7 19,9 81,4 41,7 23,2Polonia 61,2 61,2 61,2 74,5 74,9 77,1Portugal 70,4 54,1 52,7 81,6 69,2 73,7Reino Unido 53,4 30,8 17,0 66,1 41,1 24,0Rep. Checa 78,8 49,1 28,9 98,8 64,4 40,2Suecia 79,1 62,1 66,3 81,4 64,0 73,9Suiza 62,5 58,4 30,5 75,0 64,3 35,1Turquía 72,5 72,5 72,5 101,0 104,0 108,3OCDE 73,0 58,7 49,2 83,8 70,1 60,7Fuente: OCDE, 2007.

Tabla 3.6.2.Tasas de Sustitución OCDE % (2007)

Ingresos individuales, múltiplos de los ingresos brutos medios antes del retiro

Ingresos individuales, múltiplos de los ingresos brutos medios antes del retiro

Tasas brutas - Hombres Tasas netas - Hombres

Teniendo en cuenta los datos de partida son diferentes, las tasas de sustitución publicadas por la OCDE no se alejan demasiado de las estimaciones realizadas en la sección 3.1.2, así para los trabajadores de menor nivel de ingresos las tasas de sustitución de nuestro análisis estaban en torno a 76-78% (81% OCDE), mientras que para los trabajadores de mayor nivel de ingresos se situaban entre 34-51% (67% OCDE).

Aunque, actualmente la tasa de sustitución en España es elevada en relación a otros países de nuestro entorno, el importe medio de la pensión pública de jubilación en el año 2008 se situó en 815 euros al mes, lo que supone unos 11.400 euros anuales (14


198

pagas), cifra que se antoja muy ajustada para afrontar los gastos en los que se incurre como jubilado y hacer frente a posibles imprevistos relacionados con un empeoramiento de la salud, etc.

Gráfico 3.6.2.Pensión media mensual (euros) por tipo de pensión, 2008.

428

325

529

801 815

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Incapacidadpermanente

Jubilación Viudedad Orfandad Favor familiar

euro

s/m

es

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Estimación del nivel de gastos y de consumo que será necesario en la jubilación, porque por un lado habrá gastos que ya no se producirán una vez jubilados, sobre todo aquellos relacionados con el trabajo (desplazamientos, comidas fuera de casa, etc.) y en cambio por otro lado habrá una serie de gastos nuevos que surgirán inevitablemente (medicamentos, gastos médicos, ocio, etc.).

De los datos que ofrece el INE a través de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares se desprende que el nivel de gastos medio por hogar aumenta –de forma similar que la renta media de los hogares– hasta que la persona de referencia del mismo se encuentra entre los 46 y 55 años alcanzando los 31.705 euros, edad a partir de la cuál empieza a disminuir para caer hasta algo más de 17.000 euros por hogar, cuando la persona de referencia tiene 66 años o más.

El nivel de gasto medio para una persona de más de 65 años se sitúa en los 8.370 euros anuales, lo que es importante porque el número de personas mayores que viven solas es significativo.


199

2005 1998 2005 1998

hasta 25 años 17.694 13.290 6.882 4.953 entre 26 y 35 años 23.642 16.753 8.384 5.348 entre 36 y 45 años 27.598 20.355 8.007 5.380 entre 46 y 55 años 31.705 22.338 8.999 5.654 entre 56 y 60 años 28.897 20.651 9.768 5.829 entre 61 y 65 años 24.862 16.065 9.346 5.392 66 y más años 17.317 11.906 8.370 5.329

Total Población 25.086 17.731 8.651 5.481 Fuente: INE, Encuesta Continua de Presupuestos Familiares

Gasto medioTabla 3.6.3.

Por hogar Por personaGrupos de población

Además, la distribución de las partidas en las que se materializa el gasto sufre algunos cambios cuando la persona de referencia de los hogares tiene más de 65 años, y en especial en aquellos hogares en los que la persona vive sola. Fundamentalmente, se aprecia un aumento del peso de los gastos en vivienda y alimentación, frente una fuerte reducción del peso de los gastos en ocio y transportes.

Grupos de población Vivienda Alimentación Vestido Ocio y Cultura Transportes Salud Otros

GastosTotal varones 10.215,0 4.862,2 2.220,6 6.013,3 6.105,4 989,9 3.549,7 Varones entre 16 y 29 años 8.162,4 3.453,3 2.032,2 5.936,2 7.009,6 502,7 4.007,3 Varones entre 30 y 44 años 9.588,2 4.401,2 2.450,3 6.488,6 7.043,3 814,4 3.572,9 Varones entre 45 y 64 años 11.235,0 5.760,0 2.606,1 7.282,9 7.078,6 1.173,6 4.198,1 Varones de 65 ó más años 9.925,1 4.375,1 1.267,7 3.167,2 2.828,6 1.060,3 2.307,0 Total mujeres 9.443,0 3.637,6 1.783,0 4.052,5 3.884,6 845,1 2.807,0 Mujeres entre 16 y 29 años 7.917,2 2.995,8 2.419,1 6.080,4 5.692,1 791,5 2.912,4 Mujeres entre 30 y 44 años 10.053,3 3.813,7 2.430,7 5.855,7 5.910,1 747,3 3.576,2 Mujeres entre 45 y 64 años 10.893,7 4.471,1 2.041,1 5.238,7 5.074,7 1.175,6 3.670,0 Mujeres de 65 ó más años 8.150,3 2.973,2 998,8 1.447,6 1.161,9 661,6 1.557,4

Total Población 10.013,8 4.543,1 2.106,6 5.502,3 5.526,6 952,2 3.356,2

Estructura del gasto total por edad de la persona de referencia y grupos de gasto, 2007. (euros)Tabla 3.6.4.

Fuente: INE, Encuesta continua de presupuestos familiares. Base 1996. Resultados anuales 2007,


200

3.6.1. Ciclo de Vida Individual y Planificación Financiera

Como ya se puso de manifiesto en la sección 2.4, el ciclo vital de los individuos se corresponde con las distintas etapas relevantes por las que transcurren éstos. A efectos del objeto de esta sección –análisis de la capacidad financiera y de ahorro de los individuos, el criterio por el que se valora si cada etapa es “significativa” se basa en sucesos financieros relevantes que marcan el desenvolvimiento económico de la persona (familia) en cada una de las fases.

En lo que respecta al objeto de nuestro análisis, prestaremos especial atención a una serie de eventos e hitos que, como veremos, conforman un denominador común de los individuos y familias de una determinada sociedad y que marcan el ciclo financiero de los individuos, y por tanto de sus posiciones monetarias netas.

Las etapas del ciclo de vida de un individuo y en consecuencia del ahorro para la jubilación no son un tema cerrado ni normativo. No existen unas etapas fijas válidas para todos los individuos, ya que en estas etapas inciden muchos factores, tanto personales como de entorno socioeconómico. Por tanto, la planificación del ahorro destinado a la jubilación estará muy ligada al devenir de los individuos a través de las diferentes etapas que componen su ciclo vital.

Si tenemos que identificar unas etapas del ahorro según el ciclo vital podemos describir brevemente cuatro grandes etapas financieras clásicas:

Etapa de dependencia

La primera fase de la vida de una persona se caracteriza por la dependencia económica de sus padres. Inicialmente, realiza sus estudios primarios, secundarios y de bachillerato; en algunos casos –en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, esto es menos común–, consigue un trabajo a tiempo parcial no cualificado para costearse su ocio o aligerar a la familia de ciertas cargas económicas; y, finalmente, acude a la universidad.

En definitiva, dado que no genera recursos, en esta época su posición neta tiende a ser nula o ligeramente positiva (si compatibiliza estudios con un trabajo menor o consigue ahorrar de la asignación económica proveniente de su familia).

En los últimos años, diferentes estudios ponen de manifiesto que se ha producido un alargamiento de esta fase, y por lo tanto un retraso en la emancipación de los jóvenes del hogar familiar, fundamentalmente por la suma de varias circunstancias:


201

Aumento del tiempo dedicado a la adquisición de recursos formativos, determinado por las mayores exigencias establecidas por el mercado laboral para encontrar el primer empleo. Lo que a su vez supone un retraso en la incorporación al mundo laboral.

El primer contrato (becas, prácticas, temporal, etc.) no suele ser lo suficientemente “significativo” como para permitir la emancipación de los jóvenes.

Retraso en la edad media al primer matrimonio, se ha pasado de 26,8 años para los varones y de 24,3 años de edad para las mujeres en el año 1975, a 31,8 años en el caso de los hombres y 29,6 años en el caso de las mujeres en el año 2006. Aunque los cambios sociológicos producidos en los últimos años han generalizado otras formas de convivencia diferentes al matrimonio, éste puede considerarse como un indicador de la tendencia de la emancipación de los jóvenes.

Dificultad de acceso a la primera vivienda, que como veremos en la siguiente fase del ciclo de vida, se pone de manifiesto por el mayor coste de adquisición de las viviendas y por el mayor esfuerzo financiero de las familias para hacer frente a las cuotas de las hipotecas.

Aunque en los últimos años se observa un aumento de las tasas de emancipación16 (porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad) de la juventud española, –en el tercer trimestre del año 2008 se situaba en un 46% para el total de la población entre 18 y 34 años–, de dichas tasas se desprende una edad promedio de emancipación de la juventud española de aproximadamente 29 - 30 años, si bien las mujeres suelen emanciparse antes que los hombres, 28 años.

Emancipación del hogar familiar

La segunda fase comienza con la emancipación del hogar familiar por la vía de los recursos, nuestro individuo encuentra su primer empleo significativo, al que le seguirán, ora promociones internas, ora nuevos trabajos conseguidos, tras adquirir más formación y experiencia, de manera que desempañará puestos de trabajo con cada vez mayores responsabilidades y mejores remuneraciones.

Asimismo, en esta época suele formar un hogar: se casa o empareja, se compra una casa, tiene descendencia; más adelante, paga la educación de sus hijos; compra o renueva su coche; adquiere un seguro médico, etc. En resumen, durante estos años el

16 Ver el apartado 2.4 de este estudio: “Ciclo de ida individual, edad y comportamiento económico”.


202

nivel de consumo y de gastos es muy elevado, eso sí, coincidiendo con frecuentes incrementos salariales y una posición laboral cada día más consolidada.

Hemos de referirnos a esta fase con gran énfasis por ser la clave en el devenir económico de la familia u hogar que estamos retratando, ya que es durante esta etapa cuando el individuo toma una de las decisiones económicas más importantes y costosas de su vida, la compra de la vivienda principal, teniendo que recurrir a financiación bancaria en la mayoría de los casos.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

ene-9

5

ene-9

6

ene-9

7

ene-9

8

ene-9

9

ene-0

0

ene-0

1

ene-0

2

ene-0

3

ene-0

4

ene-0

5

ene-0

6

ene-0

7

ene-0

8

ene-0

9

euro

s

Fuente: INE

Gráfico 3.6.3.Importe medio de una hipoteca destinada a la adquisición de vivienda

El “boom” inmobiliario que ha registrado la economía española en la última década, ha supuesto un fuerte incremento del importe medio solicitado en el momento de la adquisición de la vivienda, que en la práctica se ha convertido en un obstáculo al acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y por tanto, uno de los motivos que ha retrasado la emancipación del hogar.

De hecho, el importe medio de las hipotecas destinadas a la vivienda ha crecido desde los 41.352 euros en el año 1995, hasta los 152.333 euros en el mes de agosto de 2007 –punto máximo de la serie–, lo que supone 3,5 veces más que al inicio de la serie. Pero el comienzo de la crisis económica y en especial, el parón que ha sufrido el sector inmobiliario y de la construcción en España, parece que están cambiando esta tendencia, y el importe medio de las hipotecas ha caído hasta 122.091 euros en enero de 2009.


203

La compra de vivienda a través de financiación externa –hipoteca– supone para los individuos incurrir en un préstamo a muy largo plazo que suele convertirse en la principal deuda a lo largo de sus vidas, pero a la vez supone la adquisición de un activo de elevado importe en relación al resto de activos. Si bien esto es así, la tenencia de hipoteca a diferencia de lo que pueda parecer no es una práctica mayoritaria entre la población, en España solamente el 25% de la población posee una hipoteca y para la población menor de 44 años esa proporción no alcanza el 50% de la población de esa edad.

Grafico 3.6.4.% de hogares con hipoteca

por edad de la persona de referencia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alemania Irlanda Grecia España Francia Italia Holanda Portugal

Menores 35 35 - 44 45 - 54 55 - 64 Mayores 65

Gráfico 3.6.5.% de hogares con hipoteca

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Alemania Irlanda Grecia España Francia Italia Holanda Portugal

Fuente: Housing Finance in the euro area, Banco Central Europeo

Otro de los cambios demográficos que se han producido en España y que afecta al nivel de gastos de las familias en esta fase del ciclo vital es la reducción de la tasa de natalidad (aunque se ha recuperado en los últimos años debido a la incidencia de la población inmigrante) y del número de hijos por mujer, que ha pasado de 2,8 hijos por mujer en el año 1975 a 1,4 hijos por mujer en el año 2007. Lo que significa una reducción de todos aquellos gastos familiares que tienen que ver con la educación de los hijos.

Durante esta fase del ciclo de vida también es importante tener en cuenta que se pueden producir eventos imprevistos y que pueden afectar a la planificación de la jubilación como pueden ser la pérdida de empleo –aunque está se puede dar en cualquier fase del ciclo vital– o las separaciones matrimoniales y divorcios, en este segundo caso es destacable el significativo incremento que han registrado los divorcios en la última década, así se ha pasado de 2,33 disoluciones matrimoniales por cada mil habitantes en el año 1998 a 3,04 en el año 2007.


204

Madurez

La siguiente etapa del ciclo vital se sitúa en el intervalo de edad de 50 y 65 años, donde los individuos esperan encontrarse con una situación personal libre de cargas: sin hijos en casa, sin gastos de educación, sin hipoteca, sin tantas cargas familiares y con unos salarios elevados y estables, y en muchos casos buenos rendimientos del capital. Por tanto, de confirmarse esta posición más liberada, el individuo entra en una nueva fase de su ciclo vital en la que su posición neta pasa a ser positiva, y su capacidad de ahorro aumenta significativamente.

En este caso, las personas durante esta época pueden realizar mayores esfuerzos de ahorro de cara a la jubilación, de hecho muchas personas no toman conciencia de la importancia del ahorro para el retiro hasta que no ven la fecha de jubilación en un horizonte cercano. Pero aunque la capacidad de ahorro sea mayor, es difícil recuperar el tiempo perdido si no se ha comenzado un plan de ahorro en los años previos, en este caso el factor tiempo juega en contra.

Además, hay que tener en cuenta que la situación descrita en los párrafos anteriores está cambiando en los últimos años, produciéndose un retardo en el ciclo vital del individuo, debido a una conjunción de diferentes factores:

Retraso de la edad de emancipación descrito en la primera fase.

Retraso de la edad media al nacimiento del primer hijo, así se ha pasado de tener el primer hijo a los 25,24 años en el año 1975 a tener el primer hijo a los 29,31 años en el año 2006.

Alargamiento de los plazos de las hipotecas, el plazo de concesión de los créditos hipotecarios se ha ampliado en la última década, pasando de 10 años en el año 1988 a 27,5 años en el año 2008.


205

Gráfico 3.6.6.Plazo de concesión de los créditos hipotecarios (años) Total

sistema

0

5

10

15

20

25

30

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

años

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y previsiones AFI

Si a los factores anteriores añadimos la posibilidad de tener que asumir nuevas cargas familiares en esta fase del ciclo vital (envejecimiento y dependencia de los progenitores, etc.), en muchos casos los individuos no se encontrarán libres de cargas y por tanto su capacidad de ahorro seguirá sin ser muy elevada.

En este segundo caso, el esfuerzo de ahorro de los individuos debe ser mayor, ya que a pesar de que sus niveles de ingresos probablemente serán mayores su nivel de gastos también, lo que reducirá su capacidad potencial de ahorro.

Por lo tanto la capacidad de ahorro destinado a la jubilación de los individuos en esta fase del ciclo vital, dependerá de la situación personal en la que llegue el individuo a este período del ciclo, en unos casos su situación le permitirá decidir entre aumentar sus ahorros o aumentar el consumo de ocio y los gastos destinados a la vida familiar, pero en otros casos su situación aún con numerosas cargas familiares no le permitirá ninguna de las opciones anteriores y no podrá disfrutar de una posición desahogada de cara a la jubilación.

Otro aspecto relevante es la edad a la que esperamos jubilarnos, porque determinará el horizonte temporal de la inversión que tengamos que hacer para acumular el nivel de ahorro necesario, y porque a medida que anticipamos la jubilación nos quedarán más años de vida como jubilado y por tanto con menores rentas procedentes del trabajo.


206

La edad legal de jubilación en España es de 65 años, pero la edad real de salida del mercado laboral en España es sensiblemente inferior a los 65 años, al igual que sucede en los países de nuestro entorno. Como se comentaba en la sección 2.4 en España la edad ha pasado de 60,3 años en 2001 a 62,1 años en 2007 situándose ligeramente por encima de la media de la Unión Europea (61,2 años17).

Si al retraso en la incorporación al mercado laboral, le sumamos una salida anticipada del mismo, podemos decir que en los últimos años se ha producido una significativa reducción de la vida laboral, y por lo tanto una reducción del período de ingresos procedentes de la principal fuente de recursos, el factor trabajo. Aunque si bien es cierto, en los últimos años se observa una tendencia del aumento en la edad media de salida del mercado laboral, que se va acercando lentamente a los 65 años.

Jubilación

La etapa postrera que describimos aquí coincide con el retiro laboral del individuo, lo que supone una reducción de los ingresos procedentes de la actividad laboral, y aunque también se produce una reducción de los gastos de los hogares. Esta situación provoca que las familias y hogares empiecen a hacer uso de sus ahorros y del patrimonio acumulado hasta el momento, para emplearse como gasto.

Los cambios demográficos que se han producido en los últimos años en España, y la tendencia al envejecimiento que se registra en las economías desarrolladas han provocado que aumente notablemente la esperanza de vida, por lo que una variable importante a tener en cuenta son los años que se espera vivir una vez retirado de la vida laboral activa.

Como se ha puesto de manifiesto en el primer capítulo la esperanza de vida a los 65 años en España ha aumentado significativamente, casi 2 años entre 1995 y 2006, hasta alcanzar prácticamente los 83 años para los hombres y hasta lo 87 años en el caso de las mujeres18, convirtiéndose junto con Francia y Suiza en uno de los países europeos con mayor esperanza de vida a los 65 años.

Esta tendencia de aumento de la esperanza de vida, se traduce en que vamos a vivir un mayor número de años como jubilados, lo que supone que la cantidad de ahorro acumulado a la fecha de jubilación deberá ser mayor, si pretendemos que nuestros ahorros sirvan para complementar nuestra pensión pública y sobrevivan hasta la fecha de nuestro fallecimiento.

17 Media para UE con 27 países miembros. 18 Manteniendo estables los niveles de mortalidad actuales.


207

Además, no podemos obviar que es durante la vejez cuando tenemos más probabilidades de tener alguna limitación física o alguna discapacidad que nos haga solicitar la asistencia de terceras personas. Así, en España la esperanza de vida sin limitaciones físicas y discapacidades se sitúa, de forma prácticamente constante durante los últimos años, entorno a los 74 años tanto para el sexo masculino como para el femenino.

Actualmente, buena parte de esta asistencia recae en gran parte sobre los familiares, sobre todo mujeres, pero el crecimiento de la tasa de empleo femenino y los cambios en la composición de los hogares –aumento de los hogares unipersonales– hace que esta forma de asistencia esté empezando a cambiar, y las familias no puedan hacerse cargo de los familiares de mayor edad, por lo que deben buscar dichos servicios.


208

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2006

Países Total años

Belgium 9,8 11,2 11,7 (e) 8,5 (bi) 9,1 9,5 74,5Denmark 9,0 7,7 8,4 (e) 13,2 (b) 13,1 12,6 77,6Germany 8,4 10,0 (e) 10,8 (e) : 6,5 (b) 7,7 72,7Ireland 9,2 10,0 10,1 (e) 8,5 (b) 9,1 9,2 74,2Greece 9,8 9,6 9,9 (e) 9,4 (b) 9,5 10,1 75,1Spain 10,0 11,4 11,3 (e) 9,7 (b) 9,6 9,9 74,9France 7,6 7,7 8,2 (e) 8,3 (b) 8,2 8,6 73,6Italy 10,3 11,9 11,9 (e) 10,9 (b) 9,4 : :Netherlands 9,3 9,0 9,2 (e) : 10,4 (b) 10,9 75,9Austria 8,0 10,1 10,2 (e) 7,2 (bi) 6,7 7,0 72,0Poland : : : : 8,3 (b) 7,2 72,2Portugal 8,3 8,4 8,4 (e) 5,0 (bi) 6,2 6,8 71,8Slovenia : : : : 7,4 (b) 8,3 73,3Slovakia : : : : 4,8 (b) 4,0 69,0Finland : 5,8 6,5 (e) 7,0 (bi) 6,2 6,1 71,1Sweden : 9,4 8,9 (e) 10,1 (bi) 10,5 12,9 77,9United Kingdom 8,4 8,6 (e) 8,2 (e) : 10,3 (b) : :Norway : : 12,1 (p) 11,9 (b) 12,2 12,4 77,4

Total años

Belgium 11,8 12,5 12,6 (e) 8,4 (b) 9,5 9,8 74,8Denmark 9,3 9,9 9,9 (e) 13,5 (b) 14,1 14,1 79,1Germany 10,2 (e) 9,5 (e) 9,2 (e) : 5,9 (b) 7,3 72,3Ireland : 10,7 10,4 (e) 9,7 (b) 9,9 10,6 75,6Greece 11,6 (e) 10,6 10,5 (e) 9,4 (b) 9,9 10,2 75,2Spain 11,4 12,2 12,5 (e) 9,5 (b) 9,1 9,4 74,4France 8,4 8,6 (e) 8,9 (e) 9,9 (b) 9,4 9,5 74,5Italy 11,8 13,6 14,4 (e) 11,8 (b) 9,7 : :Netherlands 10,5 (e) 9,9 9,5 (e) : 10,9 (b) 11,2 76,2Austria : 11,1 12,2 (e) 7,0 (b) 6,6 7,5 72,5Poland : : : : 10,1 (b) 8,1 73,1Portugal 9,9 8,8 7,7 (e) 3,7 (b) 5,1 5,9 70,9Slovenia : : : : 8,5 (b) 9,5 74,5Slovakia : : : : 5,3 (b) 3,8 68,8Finland : 6,9 (e) 7,1 (e) 6,9 (b) 6,5 7,4 72,4Sweden : 9,3 10,4 (e) 11,0 (b) 10,9 13,9 78,9United Kingdom 9,2 (e) 9,6 (e) 9,6 (e) : 11,1 (b) : :Norway : : 11,9 (p) 12,5 (b) 11,8 11,9 76,9

(:) Datos No Disponibles (e) Valor estimado(b) Cambio de cálculo de la serie (p) Valor provisional

Fuente: Eurostat

Mujeres, nº de años que vivirá una mujer que haya alcanzado los 65 años, sin limitaciones funcionales ni discapacidades

Esperanza de vida sin limitaciones funcionales ni discapacidades a los 65 años, por sexoTabla 3.6.5.

Hombres, nº de años que vivirá un hombre que haya alcanzado los 65 años, sin limitaciones funcionales ni discapacidades


209

Otros factores a tener en cuenta en esta fase, son el número de personas dependientes que se encuentran a cargo del individuo cuando se llega al momento de la jubilación; si se tiene cónyuge y si éste dispondrá de ingresos o no, y también si se tienen hijos, en qué edades y si viven todavía en casa. En este sentido, en la sociedad española se está produciendo un cambio significativo en la composición de los hogares, marcado por una reducción paulatina del número de miembros por hogar, más acentuada en el caso de los mayores de 65 años, ya que en este grupo de población ha aumentado de forma significativa el número de hogares compuestos por una sola persona.

Tamaño medio (personas/hogar) 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Total 3,36 3,21 3,01 2,97 2,93 2,90 2,86 2,81Personas con 66 y más años - - 2,16 2,14 2,13 2,13 2,10 2,07Total hogares 11.534,9 11.932,3 13.086,2 13.468,1 13.842,7 14.187,4 14.528,3 14.865,7

Distribución por tipo de hogar (miles)Persona sola de menos de 65 años 447,2 430,8 584,9 670,6 722,0 695,6 847,9 905,6Persona sola de 65 y más años 712,8 870,4 1.024,1 1.074,2 1.170,2 1.278,3 1.237,1 1.201,7Pareja sin niños 1.947,1 2.015,2 2.429,8 2.609,9 2.806,6 3.005,3 3.022,9 3.151,1Pareja con un niño 729,9 931,5 868,0 965,1 976,1 905,8 991,1 1.087,1Pareja con dos niños 1.041,7 939,2 1.011,2 1.057,9 974,3 960,4 1.112,0 1.229,0Pareja con tres y más niños 255,6 203,6 134,7 135,9 124,6 124,9 133,3 159,1Adulto con niño(s) 86,7 81,9 91,5 77,4 102,1 105,0 85,7 119,7Otro tipo de hogar 6.314,0 6.459,7 6.942,0 6.877,2 6.966,9 7.112,1 7.098,2 7.012,4% de hogares compuesto por personas solas de 65 años y más 6,18% 7,29% 7,83% 7,98% 8,45% 9,01% 8,51% 8,08%

Fuente: INE

Características del hogar. 1991-2005Tabla 3.6.6.

3.6.2. Análisis del Patrimonio de las Hogares Españoles según el Ciclo Vital

La distribución del ahorro financiero de las familias y hogares españolas, a diferencia del ahorro en otros países ha tenido un marcado carácter conservador, centrando mayoritariamente el ahorro en depósitos y cuentas bancarias. A cierre del año 2008 se estima que el 45% del ahorro financiero se concentra en efectivo y depósitos, lo que significa un importante repunte en relación al año anterior, debido principalmente al trasvase de recursos desde fondos de inversión a depósitos a plazo, dentro de la fuerte competencia que han mantenido a lo largo de todo el año 2008 las entidades financieras.

De esta forma, mientras que el ahorro acumulado a través de depósitos crecía un 8,1%, el saldo acumulado en fondos de inversión debido al efecto de la caída de los mercados financieros y por las salidas masivas de fondos caía un 25,8% en el año 2008.


210

Gráfico 3.6.7.Patrimonio de los hogares españoles

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1985 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Depósitos y Efectivo IIC Inversión Directa Fondos de PensionesSeguros Créditos Otros

Fuente: Cuentas Financieras, Banco de España e Inverco

En cambio, el ahorro finalista destinado a la jubilación y a la vejez materializado en planes de pensiones y seguros, a pesar de tener un carácter residual ha ido ganando peso en la cartera de activos financieros de las familias españolas, pasando de representar poco más del 1,5% del ahorro financiero total en el año 1985, a suponer más del 15,2% en el 2008. Esto permite afirmar la predilección de las familias españolas por un ahorro financiero de carácter líquido frente al ahorro de carácter ahorro-previsión.

A pesar del crecimiento de los seguros y planes de pensiones en los últimos años, estas cifras se encuentran todavía lejos de lo que sucede en otros países de nuestro entorno. Así, por ejemplo, en el Reino Unido, el ahorro en seguros de vida y planes de pensiones supera el 50% del ahorro financiero familiar, mientras que en Francia este porcentaje asciende al 30%.


211

Depósitos y Efectivo

Fondos de Inversión y Acciones

Renta FijaFondos de

Pensiones y Seguros

Otros Activos

Alemania 35,6 20,6 7,3 31,2 5,4Italia 24,8 38,1 18,3 14,9 3,8Reino Unido 26,8 9,5 0,7 55,1 8,0Francia 29,1 34,7 1,6 30,6 3,8España 38,1 18,1 2,5 13,6 27,7Holanda 26,4 7,4 2,4 60,9 2,9Bélgica 28,3 39,9 9,3 23,9 -1,4Suecia 18,6 38,6 2,7 23,4 16,8Dinamarca 24,9 16,7 5,7 48,8 3,9Austria 50,2 10,5 8,7 30,6 0,0Portugal 36,2 38,8 5,7 18,4 0,9Noruega 29,4 16,9 1,8 33,8 14,4Finlandia 48,5 34,3 1,1 16,2 -Fuente: INVERCO, Cuentas nacionales de los Bancos Centrales

Estructura del ahorro familiar - En porcentaje de activos totalesTabla 3.6.7.

Además, de conocer la distribución del ahorro financiero en España, a partir de los datos obtenidos a través de la Encuesta Financiera de las Familias19, (EFF) realizada por el Banco de España, en los años 2002 y 2005, única fuente estadística que permite relacionar las rentas, los activos, las deudas y el gasto de cada unidad familiar, en el presente estudio se ha pretendido realizar una aproximación a la realidad del ahorro, tanto financiero como no financiero, de las familias y hogares españoles, con el objetivo de ver su evolución en los diferentes grupos de edad y por tanto, ver su relación con el ciclo vital de los individuos.

Para ello, y de forma resumida, de los resultados de las encuestas se han extraído los datos referidos tanto al valor de los activos como al de las deudas asumidas por los hogares en función de la edad de la persona de referencia del hogar, para después obtener sus correspondientes medias para cada grupo de edad, y analizar el patrimonio acumulado en cada grupo de edad.

De la encuesta se deduce, cómo no podía ser de otro modo, que el ahorro acumulado va creciendo a medida que los individuos van cumpliendo años, hasta el grupo de

19 Una característica distintiva de la EFF, y que puede tener cierto reflejo en los resultados mostrados por ésta, es que para realizarla se lleva a cabo un sobremuestreo de los hogares con un mayor nivel de riqueza, ya que la distribución de la riqueza es muy asimétrica y, además, algunas clases de activos solo están en poder de una pequeña fracción de la población.


212

población que se encuentra entre los 55 y 64 años, momento en el que la mayoría de la población se jubila, para a continuación empezar a caer fuertemente los niveles de ahorro, lo que parece confirmar no sólo que la capacidad de ahorro de los individuos una vez que adquieren la condición de jubilados se reduce, sino que los individuos cuando se jubilan comienzan a consumir los ahorros acumulados a lo largo de su vida laboral.

La primera conclusión que se puede obtener es que el principal instrumento de ahorro de los hogares y familias españolas es la vivienda principal, el 81,3% de los hogares residen en una vivienda en propiedad, seguidos por otras propiedades inmobiliarias como segundas residencias (34,5%) y por otro tipo de activos reales como joyas, obras de arte, negocios por trabajo por cuenta propia.

Activos Reales Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Vivienda Principal 62,1% 79,4% 84,7% 89,2% 88,4% 83,7%Otras propiedades Inmob. 17,0% 27,5% 42,3% 49,5% 39,0% 28,6%Joyas, Obras de Arte… 17,2% 18,0% 22,9% 21,6% 20,7% 12,6%Negocio propio 9,1% 11,8% 20,3% 13,9% 4,4% 1,2%

Algún tipo de activo Real 72,2% 85,7% 91,5% 94,1% 92,2% 87,4%Fuente: EFF 2005, Banco de España

Tenencia de Activos Reales por parte de los Hogares - Resultados 2005Tabla 3.6.8.

Los resultados de la encuesta del año 2005 presentan algunas variaciones respecto a los resultados del año 2002, pero sin duda una de las más significativas es la caída del porcentaje de tenencia de vivienda principal en el grupo de edad de los menores de 35 años, que ha pasado del 68,3% en el año 2002 al 62,1% en el año 2005, lo que pone de manifiesto las dificultades de acceso a la vivienda por parte de la población más joven debido principalmente al aumento del precio de las viviendas que se ha producido entre 2002 y 2005.

Activos Reales Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Vivienda Principal 68,3% 78,9% 83,2% 88,4% 87,9% 84,1%Otras propiedades Inmob. 16,6% 26,0% 36,3% 40,9% 32,8% 23,8%Joyas, Obras de Arte… 14,8% 19,5% 22,9% 19,7% 16,2% 11,9%Negocio propio 12,8% 16,6% 16,5% 15,9% 5,3% 1,1%

Algún tipo de activo Real 73,4% 85,9% 90,0% 93,4% 91,1% 88,1%Fuente: EFF 2002, Banco de España

Tenencia de Activos Reales por parte de los Hogares - Resultados 2002Tabla 3.6.9.


213

En cambio, la tenencia de activos financieros entre los hogares en el año 2005 es muy elevada, el 96,5%20 de los hogares tienen algún tipo de activo financiero, pero esta cifra se debe a que el 92,3% de la población posee cuentas y depósitos para realizar pagos (cuentas corrientes), porque el resto de activos financieros tiene una presencia minoritaria entre la población, ya que la siguiente tipología de activos es la de planes de pensiones y seguros de vida con un 29,3%.

Activos Financieros Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Acciones Cotizadas 6,5% 9,6% 14,6% 18,4% 10,3% 7,1%Acc. No cotizadas 2,2% 2,8% 2,7% 2,1% 1,4% 0,8%Valores Renta Fija 1,2% 1,3% 1,1% 2,3% 1,6% 1,5%Fondos Inversión 5,0% 9,2% 10,7% 11,2% 7,5% 7,5%Cuentas Corrientes 92,4% 93,3% 93,2% 94,0% 91,0% 88,1%C/c no pagos 13,1% 17,5% 19,4% 21,3% 19,9% 19,8%Planes de Pensiones y Seguros de Vida 22,1% 37,7% 44,6% 43,5% 9,1% 2,4%

Otros activos financieros 4,3% 5,5% 6,0% 4,6% 1,9% 1,5%

Algún tipo de activo financiero 95,7% 97,3% 96,1% 97,5% 97,1% 94,6%

Fuente: EFF 2005, Banco de España

Tenencia de Activos Financieros por parte de los Hogares - Resultados 2005Tabla 3.6.10.

Entre 2002 y 2005 se observa una reducción de la tenencia de cuentas corrientes para todos los tramos de edad de la persona de referencia de los hogares.

Activos Financieros Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Acciones Cotizadas 7,2% 10,4% 14,6% 13,1% 9,6% 7,6%Acc. No cotizadas 1,8% 3,4% 2,7% 2,8% 1,1% 0,5%Valores Renta Fija 0,8% 1,8% 2,3% 1,7% 2,0% 2,9%Fondos Inversión 5,6% 7,1% 9,3% 8,8% 6,6% 4,3%Cuentas Corrientes 97,5% 97,3% 97,7% 97,9% 98,3% 98,2%C/c no pagos 14,8% 14,5% 16,6% 17,2% 19,5% 17,7%Planes de Pensiones y Seguros de Vida 19,8% 32,0% 38,8% 32,0% 6,3% 2,4%

Otros activos financieros 4,7% 6,7% 6,9% 3,6% 1,6% 1,1%

Algún tipo de activo financiero 98,4% 98,5% 98,1% 98,5% 98,8% 99,3%Fuente: EFF 2002, Banco de España

Tenencia de Activos Financieros por parte de los Hogares - Resultados 2002Tabla 3.6.11.

20 En el año 2002 el 98,6% de los hogares tenían algún tipo de activo financiero


214

Para analizar el ahorro acumulado o el valor del patrimonio de los hogares en cada uno de los grupos de población, se ha procedido a partir de los microdatos de la encuesta a extrapolar21 los resultados de la misma para cada uno de los años, 2002 y 2005 a toda la población, se han calculado los valores medios22 de cada una de las categorías de activos financieros y reales que son objeto de preguntas en la encuesta. Los resultados para cada uno de los grupos de población se pueden ver en los cuadros y gráficos siguientes.

En el año 2005, respecto al año 2002 se observa un fuerte incremento de los saldos, debido principalmente a un efecto de precio, y no a un aumento del ahorro neto de las familias. El efecto precio principalmente viene marcado por:

El crecimiento experimentado por los activos financieros con mayor exposición (acciones cotizadas, fondos de inversión y planes de pensiones) a los mercados de renta variable. El índice bursátil de referencia en España, IBEX-35, creció un 79% entre el 31/12/2002 y el 31/12/2005.

El crecimiento observado por los activos inmobiliarios, según datos del Ministerio de la Vivienda el crecimiento del precio del m2 entre 31/12/2002 y el 31/12/2005 fue de un 57%.

Saldos (euros) Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Activos Financieros 7.874 13.434 29.403 30.119 17.393 13.742 Vivienda Principal 66.897 81.982 104.286 96.512 84.375 68.325 Otros Activos Reales* 24.155 35.823 54.560 75.034 35.535 24.042 Total Activos 98.926 131.240 188.248 201.665 137.303 106.109

% s/ total activos Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Activos Financieros 7,96% 10,24% 15,62% 14,94% 12,67% 12,95%Vivienda Principal 67,62% 62,47% 55,40% 47,86% 61,45% 64,39%Otros Activos Reales* 24,42% 27,30% 28,98% 37,21% 25,88% 22,66%Total Activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%* Incluye otras propiedades inmobiliarias, negocios por trabajo por cuenta propia y joyas, obras de arte, antigüedadesFuente: EFF 2002, Banco de España

Activos en saldos brutos sin descontar el valor de las deudas de los hogares - Resultados 2002Tabla 3.6.12.

Entre el año 2002 y 2005 se observa el efecto del crecimiento del precio de la vivienda sobre la media del valor de la vivienda principal, que prácticamente se ha doblado en todos los tramos de edad.

21 Para más detalle ver el anexo adjunto al final del presenta apartado. 22 Para facilitar la comparación de los datos, se han ajustado los activos y deudas a euros de 2005, multiplicando los datos de la EFF2002 por 1,098.


215

Saldos (euros) Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Activos Financieros 16.167 20.328 34.359 65.626 25.693 23.062 Vivienda Principal 124.608 163.824 197.565 201.474 159.726 132.849 Otros Activos Reales* 33.404 59.472 130.352 163.164 62.110 47.121 Total Activos 174.180 243.623 362.276 430.264 247.529 203.031

% s/ total activos Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Activos Financieros 9,28% 8,34% 9,48% 15,25% 10,38% 11,36%Vivienda Principal 71,54% 67,24% 54,53% 46,83% 64,53% 65,43%Otros Activos Reales* 19,18% 24,41% 35,98% 37,92% 25,09% 23,21%Total Activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%* Incluye otras propiedades inmobiliarias, negocios por trabajo por cuenta propia y joyas, obras de arte, antigüedadesFuente: EFF 2005, Banco de España

Activos en saldos brutos sin descontar el valor de las deudas de los hogares - Resultados 2005Tabla 3.6.13.

El efecto del crecimiento de los mercados de valores, y por tanto de las acciones cotizadas y de aquellos activos financieros con mayor exposición a los mercados de renta variables, es más visible al analizar los diferentes activos financieros en los que se materializa el ahorro de los hogares, así nos encontramos con los siguientes resultados:

Resultados año 2002Saldos (euros) Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Acciones Cotizadas 331 689 7.287 2.968 2.633 1.852 Acc. No cotizadas 729 1.449 2.908 6.887 1.492 579 Renta Fija 101 268 662 251 607 629 Fondos Inversión 703 1.032 2.769 2.729 2.122 1.566 Cuentas Corrientes 2.949 3.205 4.284 5.281 4.358 4.359 C/c no pagos 1.697 2.358 3.379 4.541 5.218 4.308 Planes de Pensiones 583 2.969 4.838 6.256 812 323 Seguros de Vida 128 502 496 387 56 12 Otros Activos Financieros 654 964 2.781 820 94 114 Total Activos Financieros 7.874 13.434 29.403 30.119 17.393 13.742 Fuente: EFF 2002, Banco de España

Tabla 3.6.14.

Mientras que en el año 2002, el principal activos financiero de los hogares en el que se materializaba el ahorro eran las cuentas corrientes y depósitos (tanto para realizar pagos como no), seguidos a mucha distancia por las acciones no cotizadas y por los planes de pensiones, en el año 2005 el incremento registrado por los mercados de valores en ese período de tiempo ha provocado que, aunque las cuentas corrientes y depósitos sigan siendo el principal activo financiero de las familias, las acciones cotizadas hayan superado o a las acciones no cotizadas, y los fondos de inversión y


216

los planes de pensiones hayan aumentado significativamente de valor, respecto al año 2002.

Resultados año 2005

Saldos (euros) Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Acciones Cotizadas 1.278 1.451 3.086 7.985 4.022 3.335 Acc. No cotizadas 835 1.892 3.298 7.594 1.089 1.924 Renta Fija 146 234 434 1.042 770 675 Fondos Inversión 1.570 1.641 4.179 9.533 4.480 3.393 Cuentas Corrientes 7.069 6.946 8.388 12.906 6.839 7.548 C/c no pagos 2.054 2.725 4.670 6.546 6.639 5.581 Planes de Pensiones 947 2.969 6.795 14.538 1.486 329 Seguros de Vida 1.995 1.656 2.134 2.259 60 101 Otros Activos Financieros 274 813 1.374 3.222 307 176 Total Activos Financieros 16.167 20.328 34.359 65.626 25.693 23.062 Fuente: EFF 2005, Banco de España

Tabla 3.6.15.

La EFF como comentábamos al inicio también recoge información sobre las deudas de los hogares.

Saldos (euros) Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Deuda Adq. Vivienda 19.391 13.650 4.609 2.361 524 350 Otras Deudas 5.037 7.589 8.792 6.723 1.575 301 Total Deuda 24.427 21.239 13.402 9.084 2.098 651 Fuente: EFF 2002, Banco de España

Resultados año 2002Tabla 3.6.16.

Saldos (euros) Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75Deuda Adq. Vivienda 36.233 25.577 14.418 5.196 1.155 361 Otras Deudas 9.738 13.164 19.445 13.767 5.234 853 Total Deuda 45.971 38.741 33.863 18.963 6.389 1.213 Fuente: EFF 2005, Banco de España

Resultados año 2005Tabla 3.6.17.

Si consideramos el valor de las deudas en las que incurren los hogares españoles tanto en la adquisición de la vivienda principal y de otras propiedades inmobiliarias (negocios por cuenta propia), como por otros motivos diferentes, encontramos una sensible reducción del valor del patrimonio de los hogares, algo más acentuada en los


217

grupos de población más jóvenes donde la tenencia de deudas hipotecarias es más elevada que en el resto.

Gráfico 3.6.9.Patrimonio Bruto vs Patrimonio Neto

2005

2002

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75

euro

s

Gráfico 3.6.10.Ahorro Inmobiliario (Vivienda Principal)

2002

2005

0

50000

100000

150000

200000

250000

Menores 35 35-44 45-54 55-64 65-74 Mayores 75

euro

s

Vivienda Principal Vivienda Neta Vivienda Principal Vivienda Neta

Fuente: EFF, Banco de España

El patrimonio neto de los hogares alcanza para el año 2005 su punto más alto en el grupo de población entre 55 y 64 años, con una cifra de 411.301 euros, algo más del doble que los resultados de la encuesta del año 2005. Esta relación se mantiene prácticamente igual en el valor de la vivienda principal que refleja un valor en el año 2005 dos veces superior al del año 2002.

Algunas conclusiones sobre la EEFF

De los resultados anteriores se desprende que el ahorro de los hogares españoles se encuentra estrechamente ligado al ciclo vital de la persona de referencia del mismo, con un aumento del ahorro acumulado hasta la fecha de jubilación para comenzar a consumirse durante el período de inactividad.

El ahorro de las familias españolas se concentra mayoritariamente en el valor de la vivienda principal, siendo el ahorro de carácter financiero más reducido, esta distribución del ahorro centrada en la vivienda principal complica el consumo y las disposiciones que se realicen sobre ese ahorro por el carácter de menor liquidez de las viviendas y porque al tratarse del hogar de los individuos la dificultad para licuar ese patrimonio sin desprenderse del mismo se complica.

Dentro del ahorro financiero hay que destacar que el ahorro con carácter finalista para la jubilación tiene un volumen muy limitado, de forma que para el año 2005 el grupo de población más cercano a la jubilación, 55 - 64 años, entre seguros de vida y planes de pensiones tiene ahorrado de media 16.797 euros, cifras muy reducidas si de lo que se


218

trata es de constituir una renta que complemente nuestra pensión de jubilación pública hasta el fallecimiento.

En total el ahorro acumulado (2005) a través de activos financieros alcanza los 65.626 euros, cifras reducidas en comparación al ahorro acumulado en activos reales, que suponen de forma conjunta 311.891 euros, lo que significa el 72% del ahorro total de los hogares del grupo de población más cercano a la jubilación.

Dado el carácter trianual de la EFF, durante el período de realización de este trabajo se está llevando a cabo por parte del Banco de España la encuesta correspondiente al año 2008, que teniendo en cuenta la corrección que han sufrido los mercados financieros en el último año y medio –desde el comienzo de la crisis financiera internacional (agosto 2007)–, y como se han visto afectados algunos de los productos de ahorro, principalmente fondos de inversión y acciones cotizadas, y en menor medida la vivienda y los planes de pensiones, puede mostrar unos resultados sustancialmente distintos a los obtenidos en la encuesta del año 2005.

3.6.3. Inflación y planificación financiera

De cara a planificar financieramente la jubilación de una forma adecuada y eficiente existen otros factores a tener en cuenta, y que resultan decisivos cuando se trata de acumular los ahorros de toda una vida, uno de ellos es la inflación. Generalmente por inflación no referimos al "incremento en el nivel general de precios". Por tanto, la inflación implica por ende una pérdida en el poder de compra del dinero, es decir, las personas cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios.

En consecuencia, para evitar que sus ahorros pierdan poder adquisitivo, los individuos deben tratar de proteger sus ahorros ante el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Por lo que las decisiones de inversión de los ahorradores debieran de estar marcadas como mínimo por el objetivo de que sus ahorros generen una tasa de rentabilidad al menos igual al crecimiento de la inflación general de la economía en la que interactúen, para así obtener una tasa de rentabilidad real positiva.


219

Gráfico 3.6.11.Inflación media anual en España (%)

0

5

10

15

20

25

30

1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

Fuente:INE

3.6.4. Régimen Fiscal del Ahorro. Fiscalidad

Otro factor a tener en cuenta de cara a la jubilación son los impuestos que giran sobre el ahorro y los diferentes tratamientos fiscales que podemos encontrar si invertimos en una u otra tipología de productos financieros y aseguradores: acciones, fondos de inversión, seguros de ahorro, planes de pensiones, etc. Así, la elección de un producto financiero u otro para materializar el ahorro destinado a cubrir la jubilación puede venir determinada por el régimen fiscal que goza cada uno de ellos en el momento de la contratación.

Si bien el régimen fiscal de los productos de ahorro a muy largo plazo debiera ser lo más estable posible, la realidad es que en los últimos años la fiscalidad de los productos de ahorro ha sufrido modificaciones sustanciales, que han podido afectar a las decisiones de inversión de los ahorradores.

Un buen ejemplo, es la evolución del tratamiento fiscal, desde su nacimiento hasta la actualidad, de los planes de pensiones en España, que al tratarse de un producto ilíquido que no permite a los inversores que los contrataron ni rescatar ni movilizar su ahorro acumulado permite ver las reacciones de los inversores ante los cambios en su régimen fiscal.


220

1987 - 1991 1992 - 1998

Hasta 52 años > 52 años Hasta 52 años > 52 años Hasta 50 años > 50 añosEn 1999: 6.611 euros -En 2000/01: 7.212 euros + 601 (edad - 52) eurosEn 2002: 7.212 euros + 1.202 (edad - 52) eurosEn 1999/00: 20% Renta ganada 20% Renta ganadaEn 2001/02: 25% Renta ganada 40% Renta ganada

1987 - 1991 1992 - 1998

Capital Final Capital Final98% 95% - 100%

* Sobre la prestación percibida en forma de capital único.** Se mantiene la reducción del 60% para los derechos procedentes de aportaciones anteriores al 01/01/2007.

TRATAMIENTO APORTACIONES

PRESTACIONES (Rendimientos del Trabajo)

Límite máximo conjunto para todos los sistemas de previsión social (PPI, PPE,Mutualidades, PPA, PPSE y seg. depedencia), incluyendo las aportaciones que hubiesen sido imputadas por el

promotor.

Aplicación de los Límites de Reducción - -

Límite máximo conjunto para todos los sistemas de previsión social (planes y mutualidades de previsión social), incluyendo

las aportaciones que hubiesen sido imputadas por el promotor.

Límites aplicables también a las contribuciones realizadas por los promotores

de los PPE a favor de los partícipes pero independientes y compatibles con las

anteriores.

Base ImponibleParte gravada*

Capital Final Capital Final

Límites de Reducción

Absoluto Financiero 3.005 - 4.507 euros 4.507 - 6.611 euros

15% - 20% Renta ganada15% Renta ganadaRelativo

60% para rendimientos generados > 2 años 60% para rendimientos generados > 2 años 100% **

8.000 euros + 1.250 (edad - 52) euros 10.000 euros

Capital Final

Desde 20071999 - 2002 2003 - 2006

1999 - 2002

100% B.I. general 30% Renta ganada

50% Renta ganada

12.500 euros

2003 - 2006 Desde 2007


221

Gráfico 3.6.12.Evolución Patrimonio Planes de Pensiones

0,350,30

0,23

0,36

0,24

0,11

0,06

-0,09

0,52

0,21

0,26

0,17

0,200,16

0,10

0,16

0,13

0,16

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

mile

s de

eur

os

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

crec

. i.a

.

Reforma Fiscal Reforma Fiscal Reforma FiscalFuente: INVERCO

Si bien los cambios en la actitud de los ahorradores son más visibles y significativos en las aportaciones realizadas a planes de pensiones, así se puede ver que tras la reforma del tratamiento fiscal de los planes de pensiones en el año 2007, éstos han sufrido una importante reducción de las aportaciones realizadas.

La reacción contraria debiera observarse en las aportaciones realizadas tras la reforma del año 2002, pero esta reforma coincidió con el fin del período de exteriorización de los compromisos por pensiones, lo que contribuyo a que en el año 2003 se produjese una caída de las aportaciones al sistema de planes de pensiones.

Gráfico 3.6.13.Evolución Aportaciones Planes de Pensiones

-15%-12%

7%10%

6%

-24%

22%

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

01 02 03 04 05 06 07 08

mile

s de

eur

os

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

crec

. i.a

.

Reforma Fiscal Reforma FiscalFuente: INVERCO


222

Además, es importante recalcar que los planes de pensiones privados no son los únicos productos de ahorro que han visto modificar sustancialmente su tratamiento fiscal en los últimos años, ya que la tributación del ahorro se va visto modificada en varias ocasiones, en especial es destacable el caso de los seguros de ahorro, que tras la reforma del año 2007, han perdido el tratamiento fiscal privilegiado que disfrutaban cuando el período de generación de los rendimientos superaba los 2 (40% de reducción de los rendimientos) y los 5 años (75% de reducción de los rendimientos).

En dicha reforma, se establecía otras modificaciones que afectan a la tributación del ahorro, que en su mayoría están orientadas a incentivar el ahorro a muy largo plazo, como es el caso de las reducciones establecidas para las rentas vitalicias y temporales, o la creación de una nueva figura como son los Planes de Ahorro Sistemático (PIAS) con exención de tributación sobre los rendimientos siempre que la prestación se perciba en forma de renta vitalicia.


223

Anexo 3.6.2. Metodología de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF)

Los datos utilizados son los proporcionados por la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) realizada por el Banco de España. Esta encuesta es similar a las desarrolladas durante años en otros países como el Survey of Household Income and Wealth (SHIW) de la Banca d´Italia o el Survey of Consumer Finances (SCF) de la Reserva Fereral norteamericana. La EFF, que planea tener periodicidad trianual, es la única fuente estadística en España que recoge datos sobre las rentas, activos, deudas y gastos de las unidades familiares. Actualmente se dispone de los datos correspondientes a los años 2002 y 2005, dos secciones cruzadas con 5.143 y 5.962 hogares, respectivamente. Entre ambos conjuntos de datos, 2.580 fueron los hogares que están representados en los dos años.

Factores de elevación

Para obtener magnitudes representativas de la población, se utilizan factores de elevación, es decir, la frecuencia con la que los hogares de la muestra se encuentran en la población total de los hogares.

Los factores de elevación del diseño muestral para cada hogar se obtienen de forma natural de nuestro marco único de población como la inversa de la probabilidad de ser incluido en la muestra. El Padrón Continuo de referencia está fechado en el último trimestre del 2002. En un primer paso, estos factores de elevación iniciales se han ajustado por la no respuesta dentro de las celdas definidas por las distintas variables del diseño muestral (que difieren según el tamaño del municipio). En particular, éstas incluyen: tamaño del municipio, estrato de riqueza, cuartil de renta de los no declarantes del impuesto de patrimonio en las grandes ciudades, proporción de declarantes del impuesto sobre el patrimonio en cada sección censal, tamaño de la sección censal. No fue posible realizar un ajuste adicional por regiones dentro de esas celdas, por el tamaño insuficiente de la muestra. De acuerdo con las restricciones de confidencialidad mencionadas anteriormente, la Agencia Tributaria elaboró estos primeros factores de elevación surgidos del diseño muestral y de la no respuesta siguiendo instrucciones detalladas del INE.

Basado en los factores de elevación anteriores, el INE realizó un análisis de los estimadores muestrales de varias características de la población: edad, educación, situación laboral, sexo y tamaño del hogar. Las estimaciones obtenidas por educación y situación laboral son satisfactorias, pero se observó que la muestra estaba sesgada hacia hogares de menor tamaño e individuos de mayor edad. Por lo tanto, los primeros factores de elevación se ajustaron (por una función de distancia lineal utilizando el procedimiento de Calmar) para adaptarse a las estructuras de edad, tamaño del hogar y sexo del Padrón.

A fin de mejorar los pesos, se consideraron para este ajuste las distintas estructuras de edad que proporciona el Censo por tamaño de municipio, distinguiendo entre municipios grandes (más de 100.000 habitantes) y el resto. Es de esperar que las ratios de tasas de


224

respuesta entre grupos de edad varíen por tamaño del municipio. Especialmente teniendo en cuenta que el sobremuestreo por nivel de riqueza se realizó principalmente en los municipios grandes y que las ratios de tasas de respuesta entre grupos de edad son probablemente distintas según el estrato de riqueza.

Factores de imputación

Una característica importante de la EFF es que realiza imputaciones para corregir las respuestas del tipo "no sabe, no contesta", proporcionando cinco valores imputados. Las múltiples imputaciones, que permiten reflejar la incertidumbre asociada con el proceso de imputación23, son relevantes para la obtención de estadísticos descriptivos en la población, en especial aquéllos relacionados con la dispersión de renta y riqueza, y no menos importantes para la estimación de los parámetros de una regresión.

Para hacer inferencia a partir de los cinco conjuntos de datos o imputaciones que presenta la encuesta es necesario (1) analizar cada una de las bases de datos y (2) combinar los resultados. El método seguido para ello se resume a continuación.

Para la estimación de un parámetro puntual, A, (media, mediana o el coeficiente de una regresión) se calcula la media de los I estimadores (Qi) obtenidos a partir de cada una de las correspondientes imputaciones:

∑=

=I

iiQ

IA

1

1

Por su parte, la varianza asociada a este estimador consta de dos componentes. El primero de ellos es la varianza muestral dentro de la imputación (W), que se refiere a la media de las varianzas (Vi) obtenidas en las I imputaciones:

∑=

=I

iiV

IW

1

1

El segundo componente es la varianza entre imputaciones, que recoge la variabilidad debida a la incertidumbre de la imputación, y es la varianza de la estimación puntual:

∑=

−−

=I

ii AQ

IB

1

2)(1

1

23 Ver Rubin, D. B. (1987), “Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys”, Wiley, New York.


225

La varianza total para A se corresponde, por tanto, con:

BI

IWT ·1++=

donde I toma valor cinco en nuestro caso.


226

4. La percepción social y el discurso político sobre el envejecimiento


227

4.1. La percepción social 4.1.1. Introducción

La opinión pública ocupa un lugar mediador central entre las consecuencias objetivas del envejecimiento de la población y las respuestas institucionales que se puedan implementar. En el contexto de sistemas democráticos, el reconocimiento por parte de la ciudadanía del impacto económico y político que está teniendo el envejecimiento y la aceptación de la necesidad de medidas para atenuar sus futuras consecuencias colectivas son prerrequisitos para que cualquier proyecto de reforma sustantiva de los sistemas de bienestar llegue a materializarse. Por tanto, conocer cómo valora la sociedad el cambio demográfico y qué medidas reactivas considera adecuadas debería ser un aspecto clave en los debates académicos y políticos sobre las consecuencias del envejecimiento. Sin embargo, todavía contamos con una comprensión muy poco matizada sobre la posición de la opinión pública a este respecto. En los últimos quince años el grueso de la investigación en las ciencias sociales sobre las reformas de los estados de bienestar se ha centrado en las interacciones entre grupos políticos y sociales en el proceso de reforma, pasando por alto, sin el respaldo de la opinión pública, la viabilidad política de las reformas puede verse seriamente menoscabada. Con el fin de contribuir a que la discusión colectiva sobre las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento se entronque en un mejor conocimiento respecto a la posición de la ciudadanía, este capítulo examina la percepción social del fenómeno del envejecimiento y las opiniones y actitudes que suscitan los planteamientos que de él se hacen en el espacio público, identificando y tratando de explicar las diferencias entre grupos de población y tratando de explicarlas.

Concretamente este capítulo responde a tres preguntas sobre la percepción ciudadana respecto a los retos del envejecimiento. En primer lugar, ¿reconoce la opinión pública el envejecimiento de la población como un fenómeno con trascendencia colectiva? Las repercusiones sólo se pueden valorar apropiadamente si se tiene una idea clara y real de la magnitud del cambio; por tanto, la conciencia de la evolución demográfica es necesaria y anterior a las opiniones y actitudes sobre la reforma. En segundo lugar, ¿en qué grado apoya la ciudadanía reformas en los sistemas de bienestar para atenuar las consecuencias del fenómeno? Encuestas recientes con preguntas sobre la valoración de dimensiones concretas de los sistemas públicos de pensiones y de salud, realizadas a la luz de la creciente absorción de recursos por parte de estos sistemas, nos permiten concretar qué medidas ofrecen más apoyo y rechazo. En tercer lugar, ¿qué grupos de población son más proclives a aceptar estos cambios? Si bien, como mostraremos más adelante, no existen mayorías sólidas de apoyo a reformas estructurales, vale la pena considerar qué colectivos son menos refractarios a estas medidas y podrían contribuir a la formación de alianzas reformistas.

Así este capítulo continúa una breve línea de investigación internacional (Boeri, Börsch-Supan y Tabellini 2000; Hicks 2001; Janky y Gál 2007; Taylor-Gooby 2001; Walker 1999) y


228

española (Chuliá 2006; Herce y Pérez-Díaz 1995; Pérez-Díaz, Álvarez-Miranda y Chuliá 1997; Rodríguez 2000) sobre la percepción pública y las respuestas necesarias al envejecimiento. Combina la presentación y evaluación de información cuantitativa novedosa, con la revisión de las conclusiones principales de estudios precedentes. Ante las alternativas de focalizar el análisis en el caso español o más ampliamente en los países de la Unión Europea, se ha optado por esta segunda orientación comparativa. Las discusiones nacionales en Europa respecto a los retos del envejecimiento se han desarrollado en buena medida aisladamente, renunciando a las ventajas de sacar conclusiones sobre la base de la comparación con otros países. No obstante, poniendo en su contexto internacional la posición de la opinión pública española podemos valorar hasta qué punto sus preferencias destacan respecto a las observables en la opinión pública de las sociedades de otros países con condiciones demográficas similares.

A continuación se presenta evidencia primaria de seis encuestas de opinión provenientes de tres fuentes diferentes. La principal fuente reside en cuatro Eurobarómetros. En los últimos quince años la Comisión Europea ha abanderado la investigación empírica sobre los retos del envejecimiento, y a través de los Eurobarómetros que se utilizan a continuación, ha contribuido decisivamente a arrojar luz sobre la percepción social del fenómeno y las respuestas preferidas por los europeos. La segunda fuente se localiza en el módulo 2006 (“El papel del estado”) del International Social Survey Programme (ISSP). Finalmente, la tercera fuente se halla en el estudio “Actitudes hacia el estado del bienestar” del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cuyo trabajo de campo se realizó en verano de 2008. Para cada uno de los aspectos analizados, se utiliza siempre la evidencia más reciente, así como las series temporales más largas posibles. Finalmente, es necesaria una nota de cautela. Debido a que las respuestas a las preguntas son muy sensibles a su orden, su formulación y, en su caso, la pequeña introducción utilizada para enmarcar la pregunta (Kangas 1997), resulta imprescindible tomar los porcentajes descriptivos únicamente como una indicación aproximada de las preferencias y no como la posición definitiva e invariable de la opinión pública.

4.1.2. ¿Reconoce la opinión pública el envejecimiento como un fenómeno con trascendencia colectiva?

Vale la pena comenzar el análisis centrando la atención en la relevancia y el significado que confiere la opinión pública al fenómeno del envejecimiento en sí mismo. Obviamente su identificación como una profunda transformación social supone una condición necesaria para que se apoyen reformas sustantivas en los programas de bienestar social. Del análisis realizado a continuación se desprende que esta condición se cumple. Tres indicadores indirectos, los cuales demuestran que los europeos en general, y los españoles más en particular, son muy conscientes del reto colectivo que supone el cambio demográfico que se está produciendo. La opinión pública (1) percibe el envejecimiento mayoritariamente como un “grave problema”, (2) considera que los sistemas de bienestar públicos sufrirán


229

restricciones debido al envejecimiento de la población y (3) se muestra recelosa ante el futuro de las pensiones públicas.

Los Eurobarómetros incluyeron preguntas relativas al envejecimiento por primera vez en 1992, incorporando una batería de cuatro preguntas sobre las implicaciones de este fenómeno en los sistemas de bienestar, también añadidas con la misma formulación en otra encuesta de 1999. Los resultados de estos dos estudios sugieren que los europeos consideran el envejecimiento como una relevante tendencia estructural, ya que mayoritariamente creen que forzará reformas en los sistemas de bienestar. Debido al progresivo envejecimiento de la población, la mayoría de los europeos opinaba en los años noventa que el estado del bienestar no continuaría creciendo, las pensiones tenderían a caer y los mecanismos de seguro privado a expandirse (cuadro 1). No obstante, dentro de esta pauta general, encontramos diferencias internacionales relevantes. Los españoles, griegos y portugueses se mostraban significativamente menos proclives a considerar que el envejecimiento obligaría a introducir medidas restrictivas, ya que en estos tres países eran más los que pensaban que el estado seguiría creciendo y menos los que consideraban que las pensiones se verían afectadas. Esta mayor confianza en la expansión del sistema del bienestar se puede entender en el marco del menor esfuerzo de gasto público de los tres países mediterráneos en estas políticas.24 Por otra parte, es interesante comprobar que de media en la Unión Europea-12 la media de reconocimiento de la necesidad de reformas restrictivas debido al envejecimiento aumentó sustantivamente entre 1992 y 1999.

24 De media, en 1999 la UE-15 dedicaba, respectivamente, un 26,9% y un 12,4% de su PIB a gasto social y gasto en pensiones, mientras que, respectivamente, estos porcentajes eran en España el 19,8% y 9,6%, en Grecia el 22,7% y el 11,3% y en Portugal el 21,4% y el 10,1%.


230

Cuadro 1. Opinión sobre las repercusiones del envejecimiento poblacional sobre las pensiones y la edad de jubilación en 15 países europeos (porcentaje que está de acuerdo), 1992 y 1999

“La gente obtendrá menos pensión por sus

cotizaciones”

“La gente tendrá que

jubilarse más tarde”

“El estado del bienestar continuará

creciendo y los pensionistas

tendrán mejor posición

económica de la que tienen ahora”

“La mayoría de las pensiones estarán

financiadas por medios privados - El estado estará

menos involucrado”

1992 1999 1992 1999 1992 1999 1992 1999 Francia 83,1 87,4 44,4 63,7 27,8 14,9 77,6 81,0 Bélgica 76,0 73,8 34,5 46,7 33,3 28,5 78,9 72,2 Países Bajos 66,9 68,9 49,4 52,8 20,6 18,1 62,6 86,9 Alemania 61,5 72,7 51,5 46,9 30,8 23,4 50,3 72,5 Italia 48,4 69,5 35,5 45,8 40,0 22,8 62,6 80,1 Luxemburgo 52,0 74,1 27,5 46,6 47,7 30,6 48,6 67,3 Dinamarca 69,4 73,3 28,9 57,1 22,3 15,9 82,5 90,3 Irlanda 49,8 55,8 38,4 37,1 53,8 50,3 70,7 77,4 Gran Bretaña 59,0 78,6 27,9 36,7 43,1 18,1 85,0 91,7 Grecia 40,3 39,4 16,0 6,0 55,4 49,3 68,7 59,5 España 50,2 58,1 36,5 23,7 76,8 35,4 68,2 64,0 Portugal 30,2 53,2 26,5 30,9 79,2 47,5 61,7 65,3 Finlandia 82,2 71,1 21,8 76,6 Suecia 82,2 40,2 10,8 90,8 Austria 88,9 77,2 15,0 82,5 EU-12 57,2 67,1 34,7 41,2 44,2 29,6 68,1 75,7 Fuente: Eurobarómetros 37.1 de 1992 y 51.0 de 1999 Nota: “En el futuro habrá más gente mayor de la que hay ahora. Cree usted que…?”. Los no sabe/no contesta no han sido incluidos para calcular los porcentajes.

Evidencia directa más reciente también es consistente con la conclusión de que los europeos y españoles están informados sobre el hecho de que la población está envejeciendo y que ello supone un reto colectivo de vastas consecuencias. Los resultados presentados en el Cuadro 1 indican que una amplia mayoría de europeos (67,1%) y españoles (69,1%) calificaban en 2001 el envejecimiento como un “grave problema”. Muy pocos lo consideraban como un fenómeno intrascendente (“no es un problema”).

De hecho, esta percepción de que los europeos toman muy en serio el envejecimiento se refuerza al comprobar que existe una relación lineal fuerte entre el nivel de envejecimiento efectivo del país y el porcentaje de los que lo perciben como un problema grave.25 En otras palabras, en los países más envejecidos son más los que evalúan como problema grave el aumento de la proporción de mayores. Por otra parte, al comparar este resultado con el obtenido sólo dos años antes (en 1999) se descubre cierta inconsistencia (o sensibilidad a

25 Considerando 14 países, el coeficiente de correlación de Pearson entre los que consideran el envejecimiento de la población un “problema grave” y el porcentaje de población mayor de 65 en el país es r=0,732.


231

la formulación de la pregunta) entre españoles, griegos y portugueses. Mientras que en 1999 eran mayoría los ciudadanos de estos tres países que, ante el envejecimiento de la población, anticipaban el crecimiento del estado del bienestar, en 2001 la mayoría de españoles, griegos y portugueses evaluaba el envejecimiento de la población como un problema “grave”.

Finalmente, el último indicador de la relevancia concedida al envejecimiento alude a la confianza de la ciudadanía en el futuro de las pensiones. Una falta de confianza implica el reconocimiento de la magnitud del cambio demográfico y de su capacidad desestabilizadora de las finanzas de los programas de pensiones. Ante la pregunta sobre la confianza en el futuro de su pensión pública, la mayoría de los franceses y alemanes, y una elevada aunque minoritaria proporción los españoles (42,8%), declaraba en 2006 tener “poca” o “ninguna”, un resultado que sólo se explica en virtud de una conciencia aguda de las implicaciones del envejecimiento de la población.


232

Gráfico 1. Significado dado al envejecimiento de la población según los ciudadanos de 16 países europeos, 2001

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grecia

Italia

Francia

Alemani

a

Portugal

España

EU-15 y

Nor.

Austria

Suecia

Países

Bajos

Noruega

Bélgica

Dinamarc

a

Luxem

burgo

Reino U

nido

Irlanda

Problema grave Problema menor No será un problemaFuente: Eurobarómetro 56.1Nota: La población en (SU PAÍS) está envejeciendo, debido a la caída de la fertilidad y el aumento de la esperanza de vida. . ¿Piensa usted que en futuro esto representará…?


233

Gráfico 2. Confianza en el futuro de las pensiones en 29 países de la Unión Europea, 2006

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dinamarc

a

Finland

ia

Irlan

da

Países

Bajos

Austria

Bélgica

EspañaSueci

a

Reino U

nido

Luxem

burgo

Italia

Grecia

Francia

Portugal

Alemani

a

Mucha confianza Bastante confianza Poca confianza Ninguna confianza

Fuente: Eurobarómetro 66.3Nota: Actualmente, cuando piensa en el futuro de su pensión, diría usted que tiene...?

En definitiva, en consonancia con la opinión pública de otros países europeos, los españoles reconocen el envejecimiento de la población como un cambio socio-estructural con graves implicaciones para el modelo de protección social implantado en la segunda mitad del siglo XX. Esta conclusión coincide con la apuntada por estudios recientes, como el de Janky y Gál (2007: 19-20), según el cual “una mayoría de los ciudadanos europeos son conscientes de los problemas implícitos en las tendencias demográficas en los países post-industriales avanzados” (también Walker 1999: 31).

4.1.3. ¿Apoya la ciudadanía medidas para atenuar las consecuencias del envejecimiento de la población?

Al reconocer la ciudadanía que el envejecimiento de la población supone uno de los principales retos colectivos a los que se enfrentan las sociedades post-industriales, cabe suponer que esta misma ciudadanía asume que el fenómeno implicará cambios relevantes en la vida social. Por tanto, siendo consistentes con este reconocimiento, la opinión pública podría haber interiorizado ya la necesidad de introducir reformas adaptativas para evitar una excesiva concentración de recursos públicos en los programas sociales directamente afectados por el envejecimiento. Pero, por otro lado, incluso siendo conscientes de la inevitable expansión del envejecimiento, al igual que las elites políticas, la opinión pública


234

podría estar “mirando a otro lado” (Chuliá 2006), renunciando a tomar medidas preventivas sobre la crisis demográfica que se avecina. Esta sección responde a la pregunta sobre cuál de estas dos vías ha sido la elegida hasta la actualidad por las opiniones públicas española y europea. La evidencia presentada a continuación sugiere que esta segunda opción es la que más se ajusta a la realidad. En términos abstractos, e incluso más concretamente como una respuesta posible al envejecimiento, la opinión pública se muestra ampliamente satisfecha con el statu quo y rechaza mayoritariamente reformas sustantivas en el área de la protección social (sea en programas de pensiones, sanidad o servicios sociales). Esta posición sólo puede entenderse en el marco del apoyo genérico a los principales programas del estado del bienestar. Por tanto, primero examinamos el grado de aprobación de los programas actualmente existentes, para luego considerar el nivel de apoyo a las reformas reactivas al envejecimiento.

Apoyo a los principales programas del estado del bienestar

La población de todos los países desarrollados muestra un altísimo grado de satisfacción con la red de programas de protección social pública. Tanto la existencia de cada uno de los programas (pensiones, invalidez, sanidad y desempleo) como su arquitectura general reciben una aprobación entusiasta en las encuestas realizadas. Ante mayorías tan sólidas, se hace patente que para la opinión pública las políticas de bienestar social representan uno de los principales progresos de las sociedades democráticas y capitalistas contemporáneas durante el siglo XX. Como Taylor-Gooby (2001: 145) observó en un estudio sobre la evolución del apoyo al estado del bienestar, “en todo lugar la opinión pública ha aprobado tradicionalmente el estado del bienestar”. A continuación revisamos el grado de consenso sobre tres dimensiones de los sistemas de bienestar públicos: su mera existencia, sus principios reguladores y el nivel de gasto social que implican. Los datos relativos a estas dimensiones reflejan una amplia aceptación del statu quo tanto en España como en el resto de los países desarrollados.

El Gráfico 3 presenta la valoración que en 2006 suscitaba la afirmación según la cual “es una responsabilidad del estado proveer servicios” sanitarios y un nivel de vida apropiado a los mayores. En los cinco países elegidos (y otros tantos desarrollados no incluidos) es ampliamente mayoritaria, aunque en general ligeramente declinante, la opinión favorable a la intervención estatal en estas áreas. A este respecto, en 2006 España mostraba los mayores niveles de convencimiento, con casi cuatro de cada cinco ciudadanos afirmando categóricamente que “definitivamente” la intervención en pensiones y sanidad es responsabilidad estatal (respectivamente 78,8% y 76,0%), pero en Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón (salvo para sanidad) también eran mayoría los que estimaban como “definitivamente” necesaria esta intervención.


235

Gráfico 3. Porcentaje de ciudadanos de cinco países que considera que es una responsabilidad del estado proveer servicios sanitarios a los enfermos y proveer

un nivel de vida decente a los mayores, 2006

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enfermos-Japón

Enfermos-Alemania

Enfermos-Estados Unidos

Enfermos-Francia

Enfermos-España

Mayores-Japón

Mayores-Alemania

Mayores-Francia

Mayores-Estados Unidos

Mayores-España

Definitivamente deberían Probablemente deberíanProbablemente no deberían Definitivamente no deberían

Fuente: International Social Survey Programme 2006

Asimismo, respecto a estas dos dimensiones de actuación estatal (sanidad y pensiones) podemos examinar cómo ha evolucionado la posición de la opinión pública, ya que esta pregunta se incluyó en oleadas precedentes de la encuesta internacional “El papel del estado” dirigida por el ISSP (siempre que el país haya participado en el estudio). Los datos no han sido incluidos en una tabla o gráfico, pero al comparar cuánta población considera que el área de pensiones es una responsabilidad estatal comprobamos que en Alemania (desde 1985), Francia, Japón y España (estos tres países, desde 1996) han descendido levemente los porcentajes que “definitivamente” comparten esta opinión. Por otra parte, respecto al área sanitaria, en España (desde 1996) y Japón (desde el mismo año) han disminuido ligeramente los que contestan “definitivamente”, mientras que aumentan en Estados Unidos y Francia. Por tanto, existe alguna evidencia de una progresiva erosión de la necesidad percibida de intervención estatal en el área de protección social, si bien esta erosión está ocurriendo a un ritmo muy lento, por lo que no conviene exagerar esta potencial tendencia. Como se ha apuntado anteriormente, en 2006 seguían representando amplias mayorías en los cinco países los que se adherían al grupo de mayor entusiasmo con la provisión pública de servicios sanitarios y pensiones de jubilación.

Un alto nivel de apoyo también se aprecia respecto a la valoración de los principios rectores de los programas de bienestar. En este sentido, dos Eurobarómetros -uno de 2001 y otro de 2007-, incluyen preguntas sobre los objetivos últimos de estos programas. En dichos


236

Eurobarómetros sólo encontramos indicadores relativos a la lógica de las políticas de pensiones y de servicios sociales. Pero podemos obtener información sobre la política sanitaria de un estudio del CIS elaborado en 2008. En cuanto a los programas de pensiones públicas, tanto en España como de media en la UE-15, representan una amplia mayoría quienes apoyan las coordenadas básicas de los sistemas nacionales de pensiones: su predominio estatal, la financiación vía sistemas de reparto, su obligatoriedad e, incluso, la proporcionalidad entre las pensiones y los ingresos salariales previos a la jubilación de los beneficiarios.

De acuerdo con el Eurobarómetro de 2001, la preferencia por un sistema predominantemente público de pensiones es abrumadora. En Francia e Italia dos de cada tres ciudadanos están de acuerdo con la afirmación de que “las pensiones deberían estar provistas fundamentalmente por el estado y deberían financiarse con impuestos y cotizaciones sociales”, pero en España esta proporción crece hasta casi la unanimidad (94,3%) (Cuadro 2). Respaldan esta evidencia los resultados del estudio del CIS de 2008, que arroja datos sobre las preferencias en la provisión de pensiones de la Seguridad Social. Siete de cada diez ciudadanos (71,5%) consideran que las pensiones “deben ser públicas”, esto es, administradas a través de organismos estatales. En cambio, sólo uno de cada cuatro (26,5%) cree que, siendo predominantemente públicas, se debe permitir a los trabajadores detraer cotizaciones obligatorias para invertirlas en planes de pensiones. La formulación elegida de la pregunta (“deben ser públicas” en vez de “deben administrarse por organismos públicos”) puede haber reforzado el apoyo a la primera opción, pero parece improbable que los partidarios de elegir el destino de parte de las cotizaciones llegaran a superar un tercio de los entrevistados.

Por otra parte, volviendo a los datos del Eurobarómetro de 2001, el sistema de reparto o pay-as-you-go obtiene también un alto nivel de apoyo. De media, en la UE-15 casi nueve de cada diez ciudadanos considera que “aquellos que están trabajando tienen el deber de asegurar, a través de sus impuestos y contribuciones, que los mayores tengan un nivel de vida decente”, lo que requiere una redistribución horizontal o intergeneracional, siendo España el país con mayor aprobación de este principio (93,0%). También es interesante comprobar el grado de consenso que ha surgido respecto de la utilización de cotizaciones sociales obligatorias para financiar las pensiones. En los 15 países considerados, más de cuatro de cada cinco personas apoya esta vía de aseguramiento forzoso ante el riesgo de vejez (83,1%). La ciudadanía europea percibe, por tanto, las cotizaciones sociales como una solución adecuada ante la posibilidad de que los trabajadores en activo que no ahorrarán voluntariamente bastante para mantener aproximadamente su nivel de vida durante su etapa vital de mayores inactivos. Respecto a los servicios sociales, el Cuadro 2 también refleja una práctica unanimidad entre los ciudadanos europeos en el apoyo a la existencia de residencias públicas para ancianos sin recursos.


237

En cuanto a la sanidad, los ciudadanos aprueban igualmente la arquitectura existente como la más deseable. Según el estudio del CIS de 2008, casi nueve de cada diez españoles (87,4%) prefieren la sanidad como un servicio universal que debe ser administrado por organismos públicos y financiado mediante impuestos. Menos de una de cada diez (8,5%) aceptaría combinar la administración estatal de salud con el pago de tasas individuales. Y sólo tres de cada cien (2,7%) admitirían que los servicios sanitarios, aunque financiados a través del estado, fueran gestionados por el sector privado.

Pero si bien la opinión pública se muestra muy favorable a la existencia de programas estatales de protección social y a sus principios rectores (por ejemplo el sistema de reparto, o la relación proporcional entre ingresos pasados y pensiones) durante las últimas décadas, donde mejor se aprecia el entusiasmo respecto a las políticas de bienestar existentes es al

Cuadro 2. Ciudadanos europeos que están de acuerdo los siguientes mecanismos de previsión social, 2001 y 2007

Sistema de pensiones fundamen-talmente público(1)

Sistema de pensiones de

reparto o PAYGO (2)

Obligatoriedad de contribuir a un sistema de pensiones(3)

Las pensiones deben ser

proporcionales a los ingresos

pasados(4)

Existencia de residencias

públicas para ancianos sin recursos(5)

Alemania 50.2 85.3 82.0 93.9 91.9 Austria 69.3 87.0 79.6 89.8 94.9 Bélgica 80.6 79.4 85.7 90.4 97.0 Dinamarca 49.1 92.3 74.5 84.5 97.6 España 94.3 93.0 74.8 90.2 97.6 Finlandia 34.8 88.3 73.1 89.9 98.5 Francia 63.4 86.1 89.4 95.1 97.3 Grecia 86.0 91.4 89.2 96.3 97.7 Irlanda 66.5 91.6 88.2 96.3 98.7 Italia 71.3 82.4 82.6 87.1 91.7 Luxemburgo 68.2 87.6 94.1 92.7 97.0 Países Bajos 41.3 88.9 88.6 90.5 96.2 Portugal 77.2 86.7 88.7 93.0 92.6 Reino Unido 61.6 86.2 81.8 94.6 96.6 Suecia 74.2 92.0 81.1 85.7 98.2 Media EU-15 65.3 86.6 83.1 92.1 96.2 Fuentes: Eurobarómetros 56.2 y 67.3

Nota: (1) “Las pensiones deberían estar provistas fundamentalmente por el estado y deberían financiarse con impuestos y cotizaciones sociales”; para (2) “Aquellos que están trabajando tienen el deber de asegurar, a través de sus impuestos y contribuciones, que los mayores tengan un nivel de vida decente”; (3) “Debería ser obligatorio para todas las personas trabajando (sean empleados o por cuenta propia) contribuir a un esquema de pensiones”; (4) “Una buena pensión debería permitir a todo el mundo mantener un nivel de vida adecuado relativo a sus ingresos con anterioridad a su jubilación”; (5) “Las autoridades públicas deberían proveer servicios que impliquen cuidado en el hora y/o cuidados en centros especiales para los mayores.” El porcentaje se ha calculado descontando los no sabe/ no contesta.


238

considerar las preferencias de gasto en las áreas sanitaria y de pensiones. El esperado incremento del gasto futuro en partidas de bienestar social y las presiones internacionales para mantener la competitividad económica de los países post-industriales no han llevado a los ciudadanos a mantener una posición cautelosa y secundar mayoritariamente la estabilidad en el gasto sanitario y en pensiones. En 2006, ante la pregunta de si desean menos, el mismo o más gasto público en pensiones y sanidad, la mayoría de la población alemana, española, estadounidense, francesa y japonesa apoyaba precisamente incrementos en estas áreas de gasto (Gráfico 3). A este respecto, España también presentaba un grado de respaldo particularmente alto a las políticas de protección social, destacando, entre los cinco países considerados, por la demanda de “mucho más” gasto en pensiones y registrando el segundo mayor porcentaje de demanda de “mucho más” gasto en sanidad después de Estados Unidos.26 Este respaldo más intenso avala la hipótesis del fuerte enraizamiento de actitudes muy estatistas en la sociedad española.

Gráfico 4. Porcentaje de ciudadanos de cinco países que conisdera que el estado debería gastar más, lo mismo o menos en pensiones de jubilación y sanidad, 2006

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sanidad-Alemania

Sanidad-Francia

Sanidad-Japón

Sanidad-España

Sanidad-Estados Unidos

Jubilación-Francia

Jubilación-Alemania

Jubilación-Estados Unidos

Jubilación-Japón

Jubilación-España

Gastar mucho más Gastar más Gastar lo mismoGastar menos Gastar mucho menos

Fuente: International Social Survey Programme 2006

Otras fuentes confirman la insatisfacción de la opinión pública con los niveles de gasto público en pensiones, sanidad y servicios sociales. En 2008, y con datos del estudio del CIS, predominan los españoles que consideran que se gastan “demasiados pocos” recursos

26 De una lista de 21 países industrializados que participaron en el estudio ISSP 2006, España figuraba en sexto lugar por su porcentaje de población favorable a más gasto sanitario y en cuarto lugar por su porcentaje de población favorable a más gasto en pensiones.


239

en pensiones (63,0%) y sanidad (54,0%). Sólo en servicios sociales, paradójicamente, el área en el que el hiato de gasto con otros países europeos se muestra mayor, son casi iguales los porcentajes de quienes consideran que se gastan “demasiado pocos” recursos (48,8%) y “los justos” (47,3%).

En el caso de las preferencias sobre el volumen de gasto en sanidad y pensiones también cabe contrastar los resultados para 2006 con los relativos a oleadas anteriores de la encuesta ISSP “El papel del estado” llevadas a cabo (dependiendo el país) en 1985, 1990 y 1996. Si bien respecto a la responsabilidad estatal en la protección contra las enfermedades y la vejez observamos antes una muy suave caída de los niveles de apoyo, no ocurre lo mismo en este caso. Al comparar 1996 con 2006, se distingue un aumento de la proporción de ciudadanos que demandan más gasto en pensiones de jubilación tanto en España (67,5% y 85,5% respectivamente), como Estados Unidos y Francia, mientras que en Alemania el porcentaje se ha mantenido estable y en Japón ha caído. Considerando las mismas fechas, una pauta similar es apreciable en el respaldo a mayores niveles de gasto en sanidad pública. En efecto, este apoyo ha aumentado sustantivamente en España (79,6% y 87,1%), Estados Unidos y Francia, aunque también se ha mantenido estable en Alemania y ha disminuido en Japón. En conclusión, a pesar de que estudios precedentes apunten que “hay algo de evidencia de que el apoyo está en declive” (Taylor-Gooby 2001: 145), algunos datos sugieren que el apoyo a estas políticas ha seguido creciendo. Mientras que ha descendido ligeramente la proporción que considera que definitivamente es responsabilidad estatal la provisión de pensiones y sanidad públicas, en tres de los cinco países considerados ha aumentado el apoyo a la expansión del gasto en pensiones y sanidad. Por tanto, los datos no respaldan en ningún caso el argumento de la merma de legitimidad social del estado del bienestar; antes al contrario, indican disposiciones favorables a mantener y eventualmente reforzar su protagonismo.

Apoyo a reformas para atenuar las consecuencias del envejecimiento de la población

Hasta ahora hemos comprobado que, por una parte, la opinión pública es consciente de que el envejecimiento supone un reto colectivo y, por otra parte, los programas de bienestar en las áreas de pensiones de jubilación y sanidad gozan de alta y continuada aprobación por parte de la ciudadanía. Este escenario presenta simultáneamente oportunidades y limitaciones para la introducción de medidas que atenúen las consecuencias del cambio demográfico. Si la ciudadanía valora la necesidad de cambios desde una perspectiva empírica y desarrolla actitudes consistentes con ésta, debería respaldar reformas conducentes a la contención del gasto. En cambio, si la ciudadanía asume una perspectiva normativa, que conlleva la definición del statu quo en bienestar social como derechos adquiridos inalienables bajo ningún contexto, no aceptará adaptaciones. La evidencia que se presenta a continuación indica el aprecio mayoritario por la configuración existente y el


240

rechazo de medidas de reforma sustantivas. Al recordar a los encuestados el hecho de que en el futuro la proporción de población mayor continuará creciendo, la sociedad española y la europea, en general, reaccionan rechazando reformas restrictivas que incluyan, por ejemplo, la elevación de la edad mínima de jubilación o la reducción de las prestaciones existentes.

Combinando los resultados de los Eurobarómetros y el estudio del CIS de 2008, se aprecia que, como reacción al cambio demográfico, la opinión pública aprueba casi únicamente reformas que aumenten indirectamente los ingresos de los programas de pensiones públicas. Entre las medidas referidas a los ingresos y que reciben una amplia aceptación se cuentan las de habilitar recursos de otros programas públicos para políticas de pensiones, incentivar la natalidad o fomentar la incorporación de la mujer al mercado laborar y regularizar a más inmigrantes con el fin de que coticen a la Seguridad Social. A su vez, también suscita una alta aprobación el estímulo de planes de pensiones privados. En cambio las medidas que directamente incrementan los ingresos, como son subidas en las cotizaciones de la Seguridad Social, no cuentan con un apoyo masivo. Asimismo, tampoco provocan con una aceptación generalizada medidas dirigidas a reducir los gastos de los programas existentes: ni incrementar la edad de jubilación, ni restringir la cobertura de las pensiones contributivas, ni reducir el nivel de las prestaciones representan opciones que ampliamente aceptadas. A continuación se profundiza en cada una de estas afirmaciones.

Una medida que genera amplio apoyo consiste en incentivar fiscalmente los planes de pensiones privados. De media en la UE-15 más de ocho de cada diez ciudadanos (84,0%) son partidarios de que el gobierno provea “incentivos fiscales para animar a la gente a que ahorre individualmente para su jubilación”. En España, la proporción es similar (77,4%) (Cuadro 3). A largo plazo, la expansión de estos fondos podría contribuir a dar estabilidad al sistema de pensiones por medio de una reducción de la demanda por parte de las clases medias y medias-altas de seguros públicos generosos, y proveyendo un monto de ingresos para este grupo de población en caso de que en el futuro se recortaran las prestaciones.


241

Cuadro 3.Preferencias individuales en 15 países europeos sobre las medidas necesarias a tomar en el área de políticas de pensiones como respuesta al envejecimiento de la población. Porcentaje de población de acuerdo con las siguientes afirmaciones, 2001

“Los niveles de pensiones actuales

deberían mantenerse incluso si esto significa subir los impuestos o cotizaciones sociales”

“El gobierno debería recortar gastos en otras áreas para

habilitar dinero para las pensiones”

“El gobierno debería proveer incentivos

fiscales para animar a la gente a que ahorre

individualmente para su jubilación”

“Las cotizaciones sociales no deberían subirse incluso si esto

significa reducir los niveles de las

pensiones”

“La edad de jubilación debería elevarse de modo que la gente

trabaje más tiempo y por tanto pase menos tiempo

jubilada”

“El gobiernos debería permitir a la gente cotizar

a sus fondos de pensiones privados o

pólizas de seguro de su elección”

Austria 76,4 85,8 84,8 35,2 27,8 82,8

Bélgica 77,1 87,4 87,4 40,6 24,0 90,5

Dinamarca 88,0 75,7 89,3 32,4 29,0 93,1

Francia 76,0 90,7 77,3 42,0 27,5 86,7

Alemania 72,4 85,2 89,7 39,7 19,4 83,7

Reino Unido 90,2 70,0 91,4 27,2 28,1 92,9

Grecia 63,8 93,4 76,5 39,6 13,9 89,2

Irlanda 89,5 83,8 96,9 41,5 49,0 94,4

Italia 71,2 88,8 78,9 40,7 30,7 87,8

Luxemburgo 72,7 82,6 80,6 34,1 19,1 88,6

Países Bajos 87,4 77,8 84,0 24,6 25,9 85,8

Noruega 85,6 71,9 79,2 35,9 26,0 88,1

Portugal 71,9 94,4 85,7 49,2 30,4 92,0

España 81,9 84,4 77,4 33,2 22,6 76,6

Suecia 79,9 73,1 81,1 33,6 12,7 71,9

Media EU-15 78,9 83,0 84,0 36,6 25,7 86,9

Fuente: Eurobarómetro 56.1

Nota: Los porcentajes se han calculado descontando los no sabe /no contesta.


242


243

Otras cuatro medidas bien vistas por la ciudadanía únicamente pueden contrarrestar los efectos del envejecimiento por vía indirecta y el lado de los ingresos. La primera es recortar gastos en otros programas públicos con el fin de habilitar recursos para los programas de pensiones. También más de ocho de cada diez ciudadanos de la UE-15 y españoles aprueban esta medida (83,0% y 84,4% respectivamente) (Cuadro 3). Una ventaja clave de esta medida se deriva del hecho de que una genérica redistribución de fondos de otras políticas públicas hacia los programas de pensiones podría evitar, dependiendo de las políticas afectadas, la concentración de los costes de las reformas en grupos concretos de población. No obstante, investigaciones posteriores deberían averiguar en qué políticas estatales resultan aceptables las reducciones presupuestarias encaminadas a estabilizar los programas de pensiones.

El apoyo a las tres medidas restantes se comprueban en los resultados de la encuesta del CIS de 2008 (Gráfico 5). Para mantener el sistema de pensiones a largo plazo, tres cuartas partes de los españoles (74,9%) apuestan por “fomentar la natalidad” (sin más especificaciones), casi nueve de cada diez (86,3%) también se inclinan por “fomentar la incorporación de la mujer al mercado laborar” y, finalmente, en torno a cuatro de cada cinco “regularizar el trabajo de los inmigrantes para que coticen a la Seguridad Social”.


244

Gráfico 5. Opinión de los españoles sobre diversas medidas orientadas a mantener el sistema de pensiones a largo plazo, 2008

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fomentar laincorporaciónde la mujer almercado de

trabajo

Regularizar eltrabajo de losinmigrantes

para quecoticen a laSeguridad

Social

Fomentar lanatalidad

Subir lascotizaciones ala Seguridad

Social

Aumentar elnúmero de años

de cotizaciónnecesarios para

cobrar lapensión

Retrasar laedad de

jubilación

Muy positiva Bastante positiva Ni positiva ni negativa Negativa Muy negativa

Fuente: Estudio CIS nª 2765Nota: "Dígame, por favor, si cree que las siguientes meddias serían muy positivas, positivas, negativas o muy negativas para mantener el sistema de pensiones a largo plazo".

No obstante, conviene puntualizar que ninguna de estas medidas actúa sobre las dimensiones directamente influyentes en la estabilidad financiera de estos programas. De hecho, todas ellas tienen en común el ofrecer soluciones dudosamente satisfactorias al reto que supone el envejecimiento. En primer lugar, los incrementos en las tasas de natalidad deberían ser muy elevados para compensar la caída en las tasas de mortalidad, lo cual a tenor de la evolución de estas tasas en las últimas décadas en diversos países europeos resulta altamente improbable. En segundo lugar, si bien en el corto plazo el incremento de las tasas de actividad y empleo puede expandir los recursos de la Seguridad Social, a largo plazo estos ocupados supondrán un pasivo neto, generando derechos de pensión que cuando se hagan valer supondrán un aumento de la presión financiera sobre el sistema.

Por el contrario, los cambios de los actuales parámetros de los programas públicos de pensiones, incluidos los que afectan a las fórmulas de cálculo de las pensiones o las reglas para acceder a las pensiones, cuentan con bajo nivel de aceptación entre las opiniones públicas española y europea. Pese a que estas medidas no afectarían negativamente a la creación de empleo (como probablemente sí lo haría el incremento de las cotizaciones) ni a los ingresos del sistema, ni supondrían a corto plazo un aumento del gasto público (como sí lo implicaría una privatización parcial o total del


245

sistema de pensiones), la introducción de ajustes restrictivos del gasto suscita una alta desaprobación como respuesta institucional al cambio demográfico que se avecina.

En primer lugar podemos considerar cambios en la generosidad de las prestaciones. Se plantee como una opción aislada (Cuadro 3) o como opción entre varias alternativas (Gráfico 6), de media entre los países de la UE-15, así como en España, sólo uno de cada diez y uno de cada tres los ciudadanos que aceptarían recortes en las pensiones. Ello, por sí mismo, revela una fuerte identificación de la población con el statu quo de los programas de pensiones públicas.

Asimismo, potenciales cambios en la edad mínima de jubilación a su vez se enfrentan al rechazo masivo de la población. De media en la UE-15, así como en España, sólo uno de cada cinco ciudadanos aceptaría un incremento en la edad mínima de jubilación (Cuadro 3 y Gráfico 6) como respuesta principal al envejecimiento. Y en línea con esta conclusión obtenida de los Eurobarómetros de 2001 y 2007, la encuesta del CIS de 2008 revela que sólo uno de cada seis ciudadanos residentes en España se muestra favorable a “retrasar la edad de jubilación” supuestamente de manera obligatoria por vía de la edad mínima de jubilación (Gráfico 5).

Por tanto, hallamos una fuerte resistencia a cambios en la cuantía de las pensiones y el periodo de disfrute de éstas. Ahondando en este rechazo a cambios con consecuencias personales directas, también se aprecia este desacuerdo respecto a limitar la cobertura del sistema contributivo por medio de aumentar el número mínimo de años de cotización para acceder a una pensión pública. Sólo dos de cada diez españoles (18,6%) están de acuerdo con esta medida (Gráfico 5).


246

Gráfico 6. Preferencias individuales sobre las medidas necesarias a tomar en el área de políticas de pensiones debido al envejecimiento de la población en 29

países, 2006

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Din

amar

ca

País

es B

ajos

Finl

andi

a

Suec

ia

Rei

no U

nido

Luxe

mbu

rgo

Gre

cia

Med

ia E

U-1

5

Med

ia E

U-2

9

Ale

man

ia

Fran

cia

Bél

gica

Espa

ña

Italia

Irla

nda

Aus

tria

Portu

gal

Una combinación de las tres (respuesta espontánea)Ninguno de los tres anteriores (respuesta espontánea)Mantener la edad de jubilación actual y aceptar que recibirás menos pensiónTrabajar y cotizar más tiempoMantener la edad de jubilación e incrementar las cotizaciones para la seguridad social

Fuente: Eurobarómetro 2006Nota: "Si te dieran a elegir entre las siguientes posibilidades encaminadas a garantizar la financiación del sistema de pensiones de (NUESTRO PAÍS), ¿cuál de ellas es más aceptable para tí?" Respuesta única entre seis opciones.

Así pues, la evidencia disponible proveniente de tres encuestas diferentes sugiere consistentemente que la opinión pública desaprueba adaptaciones al cambio demográfico en los programas de pensiones que repercutan en las reglas de acceso y cálculo de las pensiones, esto es, en el lado del gasto en estos programas. Ahora bien, esta misma evidencia tampoco presta respaldo a adaptaciones en el lado de los ingresos directos a través de subidas en las cotizaciones sociales obligatorias A falta de datos contrarios, esta aceptación de inevitables subidas de las cotizaciones se inferiría del mayoritario apoyo que españoles y europeos prestaban a una encuesta de 2001 a la afirmación según la cual “los niveles de pensiones actuales deberían mantenerse incluso si esto significa subir los impuestos o cotizaciones sociales” (Cuadro 3). Sin embargo, otra encuesta que pregunta más claramente sobre la posición de la ciudadanía respecto a las subidas de las cotizaciones sociales permite


247

descartar esta inferencia. En efecto, en 2008 en torno a uno de cada cuatro españoles (23,8%) consideraba como una medida positiva “subir las cotizaciones de la Seguridad Social” para dar sostenibilidad a los programas de pensiones, mientras que dos de cada tres opinaban lo contrario (64,4%) (Gráfico 5).

Las encuestas analizadas en esta sección, los Eurobarómetros de 2001 y 2007, así como el estudio del CIS de 2008, sólo incluyen preguntas sobre los efectos del envejecimiento sobre el sistema público de pensiones, prescindiendo de preguntas sobre cómo percibiría la opinión pública europea la introducción de medidas restrictivas en la política sanitaria y de servicios sociales ante el cambio demográfico. A pesar de ello, el área de pensiones de jubilación podría interpretarse como el caso límite más favorable, en el cual el vínculo entre envejecimiento y dificultades económicas emerge de manera más directa y evidente: si las medidas reactivas son ampliamente rechazadas en este área, resulta improbable que ocurra lo contrario en las políticas sanitaria o de servicios sociales, de las cuales, además los mayores no son los únicos beneficiarios.

Esta expectativa se confirma al considerar en qué programas no aceptaría la ciudadanía española recortes si el estado se viera obligado a reducir el gasto público. Forzados a elegir sólo un área de gasto donde no aceptaría recortes, la mitad de los españoles elige la sanidad pública (49,8%), uno de cada siete las pensiones (13,3%) y uno de cada veinte los servicios sociales (4,0%).27

En definitiva, la opinión pública española y, más ampliamente, la europea presentan un intenso conservadurismo al respecto de las políticas de bienestar social. Concretamente, la ciudadanía sólo apoya reacciones al envejecimiento que incidan de manera indirecta sobre los ingresos de los programas de pensiones tales como las que fomenten la expansión de la tasa de actividad o la natalidad. En cambio, los ciudadanos rechazan consistentemente medidas interpretables como un recorte de derechos sociales adquiridos y que afecten a su biografía personal o su poder de compra, tales como contraer el periodo de cobro de las prestaciones o rebajar la cuantía de las prestaciones.

Al llegar a esta conclusión, este estudio coincide con análisis previos. En la misma línea, a partir de los datos de una encuesta realizada en el año 2000 y no utilizada para el presente estudio, Boeri, Börsch-Supan y Tabellini (2002: 396) escribieron que “el statu quo es el resultado mayoritario en muchas dimensiones: la mayoría de las propuestas de reforma [de las pensiones] carecen de una mayoría, y los reformistas rara vez apoyan más de una opción de reforma”. Asimismo, basándose en el análisis

27 El enunciado exacto de la pregunta es el siguiente: “Si las Administraciones Públicas tuvieran que reducir necesariamente el gasto público en algunas de las siguientes partidas, dígame, por favor, en cuál de ellas no estaría dispuesto a admitir un recorte en ningún caso” (una sola respuesta) (CIS 2008).


248

de los Eurobarómetros de 2001 y 2007, Janky y Gál (2007: 19-20) apuntan que “existe una discrepancia entre la conciencia de los problemas relativos al envejecimiento de la población…y la falta de voluntad de resolverlos. Una mayoría de los ciudadanos europeos son conscientes de los problemas de las tendencias demográficas en las sociedades post-industriales avanzadas. (…) [Esta] consciencia, sin embargo, no se traslada en apoyo popular a las reformas dirigidas a enfrentarse a los problemas”.

4.1.4. ¿Qué grupos de población son más proclives a aceptar cambios en los sistemas de bienestar?

En esta última sección examinamos qué grupos de población son más proclives a introducir reformas en los programas públicos de bienestar social. Para ello, tomamos dos tipos de indicadores. El primero se refiere a la aceptación de cambios en los parámetros de los programas de pensiones actuales, concretamente la ampliación de la vida laboral activa y el cobro de una menor pensión. La información proviene del Eurobarómetro de 2006. El segundo tipo de indicadores se refiere a una preferencia genérica (no como respuesta explícita al cambio demográfico) por mecanismos que reduzcan el predominio estatal en la gestión y administración de pensiones y servicios sanitarios. La base de datos en este caso es el ya citado estudio del CIS de 2008.

Fijándonos primeramente en la valoración de reformas paramétricas, comprobamos que de media dentro de los países miembros de la UE-15 la variable más influyente es la edad (Cuadro 4). Mientras que la clase social o el nivel educativo no marcan diferencias en la aceptación de recortes en las pensiones, la variable edad se muestra relevante y estadísticamente significativa. Los mayores de 64 tienen una probabilidad un 26,4% menor de aceptar que en el futuro recibirán una pensión de importe más reducido. Este resultado en sí mismo contradice la extensa bibliografía que rechaza la existencia de un conflicto intergeneracional respecto de las políticas sociales (Hamil-Luker 2001). Pero más interesante resulta comprobar que, en cambio, los mayores de 64 son significativamente más favorables a incentivar la extensión de la vida laboral. Su probabilidad de aceptar la implementación de estos incentivos es un 33,4% mayor. Estos dos hechos matizan la impresión de un elevado conservadurismo por parte de los mayores, poniendo de manifiesto su posicionamiento racional (o egoísta, según se mire): rechazan recortes en las prestaciones que contribuirían a reforzar las finanzas de los programas pero que les perjudicarían directamente, mientras que aceptan extender la vida laboral, lo cual también reforzaría dichas finanzas sin afectarles directamente al estar ya jubilados.


249

Junto a los mayores, también las personas con mayor nivel educativo, los hombres (tanto mayores como más jóvenes), los empresarios o profesionales y los que tienden a declararse de derechas tienen una probabilidad significativamente mayor de aceptar extensiones en la vida laboral. Sin embargo, los más interesados en la política no parecen haber aceptado la inevitabilidad de reformas. Por tanto nos enfrentamos a diferencias de opinión entroncadas en dimensiones económicas (clase social) y no económicas (como la ideología o el nivel educativo).

También vale la pena examinar si las variables sociodemográficas estándar estructuran las preferencias por los principios rectores de los sistemas de pensiones o sanitario en España. Respecto a la política de pensiones, se han agrupado las respuestas que, rechazando el modelo de reparto y gestión monopólica de las contribuciones por parte del estado, optan por la posibilidad de invertir las cotizaciones obligatorias en fondos de pensiones privados (lo que en la bibliografía técnica se denomina opting-out) o por una privatización plena. En cuanto a la política sanitaria, también se han separado la preferencia por el modelo vigente basado en la gestión eminentemente estatal y la financiación exclusiva vía impuestos y la preferencia por el cobro de tasas, la gestión privada o la privatización plena del sanitario nacional.

Cuadro 4. Determinantes de preferir "trabajar y cotizar más tiempo" y "mantener la edad de jubilación y aceptar que recibirás menos pensión" en la UE-15, 2006

"Trabajar y cotizar más tiempo" (=1)

"Mantener la edad de jubilación y aceptar que recibirás menos

pensión" (=1) Clase social objetiva

Empresarios o profesionales 0,21* -0,08 Directivos o supervisores -0,11 0,14 Clase trabajadora manual -0,21*** 0,05

Años de educación 0,02*** 0,01 Género (mujer=1) -0,16** -0,08 Edad

10-29 0,26*** 0,01 30-45 -0,05 0,11 +65 0,34*** -0,26**

Ideología Interesado en la política 0,08 -0,04 Escala izquierda-derecha (0-10) 0,06*** -0,02

Constante -1,85*** -1,67*** N 10,788 10,788

Fuente: Eurobarómetro 66.3 Nota: Las regresiones son logísticas. Los errores típicos no han sido incluidos para facilitar la lectura de la tabla. El peso de cada uno de los 15 países incluidos es proporcional a su población. *0.05<p **0.01<p ***0.001<p


250

Lo más relevante en ambos casos es que el nivel educativo de los españoles estructura apreciablemente el apoyo a modelos alternativos en el aseguramiento colectivo contra la vejez y la enfermedad (Cuadro 5). Haber completado la educación secundaria y, especialmente, superior incrementa significativamente la probabilidad de apoyar modelos alternativos de provisión social al actualmente existente. Entre los varones de 45 a 65 años, con un trabajo poco o semi-cualificado en el sector servicios y un nivel educativo primario (el grupo de referencia en las ecuaciones), las probabilidades de preferir modelos de provisión de pensiones y sanidad alternativos son, respectivamente, 0,22 y 0,04. En cambio, si este mismo varón en el mismo grupo de edad y con el mismo trabajo tiene un nivel educativo universitario, las probabilidades suben hasta, respectivamente, 0,40 y 0,11. Esto supone que entre la población con mayor nivel educativo se contrae la preferencia por el modelo de pensiones público y de reparto obligatorio actualmente vigente. De ello cabe inferir que, ceteris paribus, a largo plazo y siempre que aumenten los niveles educativos, el rechazo a mecanismos privados en la protección social puede debilitarse.

Cuadro 5. Determinantes de preferir la (a) la privatización del sistema de pensiones o la posiblidad de invertir las cotizaciones en fondos de pensiones, y (b) una sanidad privatizada o que cobre tasas o que sea gestionada privadamente en España, 2008

Opting-out o la privatización de las

pensiones (=1)

Gestión privada de la sanidad, o cobro de tasas o

privatización de la sanidad (=1) Clase social objetiva

Empresarios o profesionales 0,08 0,29 Directivos o supervisores 0,15 0,11 Clase trabajadora manual -0,29* -0,35

Educación e información Secundaria 0,39* 0,66* Universitaria 0,83*** 1,01** Ad. central gestiona las pensiones (=1) -0,01 -0,03

Género (mujer=1) -0,10 -0,26 Edad

10-29 -0,10 -0,22 30-45 0,01 0,08 +65 -0,08 0,16

Ideología - Escala izquierda-derecha 0,04 0,16*** Constante -1,26*** -3,07*** N 1.362 1.382 Fuente: Estudio CIS 2765

Nota: Las regresiones son logísticas. Los errores típicos no han sido incluidos. *0.05<p **0.01<p ***0.001<p


251

4.1.5. Conclusiones

Este capítulo ha tenido por objetivo ofrecer una panorámica general sobre la posición de la opinión pública respecto al envejecimiento de la población y las medidas más debatidas para atenuar su impacto en los programas de protección social. Para ello hemos ofrecido evidencia primaria proveniente de seis encuestas de opinión recientes. Del análisis realizado en las secciones precedentes destacan cuatro conclusiones. La primera es que la opinión pública europea, en general, y española en particular, es consciente de que la población está envejeciendo, y de que este cambio demográfico afectará tanto a las formas de vida de los países desarrollados como a sus estructuras institucionales. Con ello se hace patente que la amplia y creciente atención prestada por científicos sociales y economistas al fenómeno del envejecimiento ha calado en la opinión pública, la cual reconoce el proceso como uno de los grandes retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Asimismo, con ello se cumple la condición de posibilidad para que la opinión pública acepte la necesidad de reformas adaptativas en los programas de protección social más directamente afectados por el envejecimiento. Sin embargo, pese a reconocer que el progresivo envejecimiento inevitablemente aumentará los gastos de protección social, la opinión pública rechaza introducir reformas que favorezcan a largo plazo la estabilidad financiera de estos programas.

La segunda y principal conclusión del capítulo es que se observa un apoyo muy generalizado al statu quo en los sistemas de bienestar social. En los países industrializados son muy amplias las mayorías que rechazan cambios en los principios reguladores de los programas de sanidad y pensiones (su obligatoriedad, financiación vía reparto o proporcionalidad respecto a ingresos pasados), la introducción de reglas más restrictivas para acceder a la pensión (edad de jubilación) y calcular su cuantía, así como reducciones en el gasto público en sanidad o pensiones. No obstante, ya que en algunos países se hayan introducido cambios sustantivos demuestra que las preferencias de la opinión pública no suponen un obstáculo insalvable a la hora de introducir reformas.

Por tanto, si la ciudadanía reconoce enfrentarse a un cambio demográfico sustancial pero rechaza tomar medidas que paliarían sus consecuencias, cabe plantearse qué motivos subyacen a ese rechazo. A este respecto Boeri, Boersch-Supan y Tabellini (2002) sugieren que los motivos son fundamentalmente egoístas, al desear las generaciones actuales pasar el peso de las reformas a generaciones futuras. Pero también cabe una lectura más benevolente según la cual la población tiene un conocimiento desajustado sobre cuáles son las consecuencias previsibles del rango de opciones al que afronta. Como aparente ‘solución’ al cambio demográfico, la opinión pública española prefiere medidas que aumenten la masa laboral y, por ende, los ingresos de los programas de protección, sin tomar en cuenta que un mayor número de cotizantes aumentará a medio y largo plazo la demanda de servicios sanitarios y el gasto en pensiones. De ser así, no cabe infraestimar la importancia de


252

esfuerzos pedagógicos orientados a que la opinión pública adquiera una comprensión más ajustada y realista de las consecuencias previsibles de cada tipo de medida reactiva al envejecimiento.

La tercera conclusión se refieres más específicamente al caso español. España, al igual que otros países del sur de Europa, destaca por presentar un apoyo particularmente elevado a la implicación del estado en la protección contra la vejez y la enfermedad. Ello se puede interpretar en términos positivos: si la población confía en el estado como mecanismo esencial para la protección social es porque éste ha respondido con eficacia ante dicho mandato, ofreciendo servicios y prestaciones confiables y de calidad. Pero también cabe una interpretación negativa según la cual ingenuamente se considera al estado como un actor omnipotente. Si esta fuera la concepción prevalerte, convendría hacerle frente insistiendo en que, en un contexto de internacionalización política y económica como el actual, en el que muchos estados han asistido al debilitamiento de sus competencias (sobre todo, en materia de política monetaria o arancelaria), el estado se encuentra notablemente más limitado.

La cuarta y última conclusión apunta a que el rechazo a reformas resulta considerablemente más intenso en el área de las políticas sanitarias que de las pensiones. Esto es lógico si tenemos en cuenta que en un periodo limitado de tiempo el sistema sanitario es el programa de protección social del que más ciudadanos hacen uso. Este apoyo prioritario al sistema de salud abre, asimismo, la posibilidad de combinar varios programas de reforma en una reforma integrada de todos los sistemas de previsión social afectados por el envejecimiento de la población.

Finalmente, conviene concluir con una nota metodológica relativa a las encuestas de opinión como fuente de información. Si bien encuestas recientes como las aquí analizadas han arrojado algo de luz sobre las preferencias de la opinión pública, todavía escasea la información acerca de las actitudes de la ciudadanía ante el cambio demográfico. Las encuestas disponibles han descuidado dimensiones importantes como son las repercusiones del envejecimiento sobre la sanidad o los servicios sociales. Por otro lado, en demasiadas ocasiones las preguntas resultan demasiado ambiguas. En este sentido, la discusión pública se beneficiaría más de datos de encuestas que tracen disyuntivas concretas a las que se están enfrentando (o se van a enfrentar en los próximos años) los decisores políticos. Por último, todavía se sabe muy poco respecto al conocimiento que tiene la opinión pública tanto sobre los órdenes de magnitud concretos del fenómeno del envejecimiento, como de las coordenadas clave de los programas de protección social. Estudios existentes sugieren que la opinión pública dispone de información mediocre al respecto de estas coordenadas.28 Si además de recabar valoraciones y opiniones, las encuestas también

28 Boeri, Börsch-Supan, Tabellini, Moene y Lockwood (2001) comprobaron que la mayoría de los españoles desconoce incluso aproximadamente cuál es la tasa pagada por empresarios y empleados


253

averiguaran el alcance y la profundidad de conocimientos, los expertos y decisores podrían evaluar la conveniencia de intensificar los esfuerzos de divulgación sobre los retos colectivos que plantea el envejecimiento.

para financiar las pensiones públicas. Por otra parte, el estudio del CIS de 2008 revela que el 29% de los ciudadanos no es consciente de que la gestión de las pensiones públicas de jubilación recae en la administración central.


254

4.2. El discurso político

Desde mediados de los años noventa el discurso político sobre el envejecimiento de la población, y en particular sobre las pensiones y su reforma, ha venido marcado por el Pacto de Toledo, un acuerdo basado en el informe que se elaboró en el seno de la Comisión de Presupuestos del Congreso y que, tras su aprobación por esta última, ratificó el Pleno del Congreso en abril de 1995. Sobre el contenido del Pacto, que apuesta firmemente por el sistema público de pensiones, de reparto y de prestación definida, y que se plasmó en quince recomendaciones formuladas con un considerable grado de generalidad (sin fijar puntos de referencia ni de magnitud de parámetros ni de tiempo)29, se ha escrito profusamente. Del Pacto de Toledo se ha valorado especialmente que apartara la política de pensiones de la lucha electoral en un momento de extraordinaria polarización política y de cuestionamiento de la capacidad de los sistemas de reparto para hacer frente a los retos del envejecimiento de la población. Pero ya muy tempranamente también se advirtieron sus posibles problemas, derivados de su carácter ecléctico e inclusivo de todas las posiciones existentes; más concretamente, el riesgo de neutralización de propuestas de reforma implícito en un texto a la vez tan equilibrado en sus recomendaciones y carente de “marcas” concretas traducibles en compromisos sustantivos y temporales (tales como evitar que la tasa de cotización crezca por encima de una cifra antes de una fecha, o conseguir que la pensión media que cubre una contingencia determinada no caiga por debajo de determinado nivel).30

En el marco del Pacto de Toledo se han llevado a cabo reformas paramétricas en el sistema de pensiones, plasmadas en leyes precedidas habitualmente por acuerdos entre el gobierno y diferentes grupos de agentes sociales (Cuadro). En conjunto, estas piezas legislativas han abordado una gran variedad de aspectos (desde el período de determinación de la base reguladora, hasta el cómputo del período de carencia, pasando por la creación de un fondo de reserva, la revalorización de las prestaciones, los incentivos al retraso de la jubilación, las penalizaciones al anticipo de la misma o la jubilación parcial) y, por separado, cada una de ellas ha perseguido dos objetivos intuitivamente contradictorios: mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y su acción protectora. Este doble propósito se ha conseguido generalmente a través de la incorporación de distintas medidas a la misma norma.

29 Es decir, las recomendaciones no hacen referencia a la consecución de metas (por ejemplo, de nivel de gasto, de tasas de cotización, tasas de sustitución…) ni a lapsos de tiempo o fechas. 30 Véase, por ejemplo, Pérez-Díaz, Chuliá y Álvarez Miranda (1995).


255

Evolución de la política de pensiones (hitos principales)


256

La mezcla de medidas con efectos de expansión y contracción del gasto dentro de una misma ley bien puede quebrantar su imagen como instrumento eficaz para aliviar la presión financiera sobre el sistema como consecuencia del envejecimiento de la población. Pero, además, las medidas orientadas en esta dirección de contención del gasto que se han aprobado durante el periodo de vigencia del Pacto de Toledo han sido muy modestas e incrementales. Un ejemplo claro de este estilo de hacer política de pensiones es el tantas veces discutido aumento del periodo de determinación de la base reguladora de la pensión. En el momento de la aprobación del Pacto de Toledo, ese período comprendía los últimos ocho años previos a la jubilación. La novena recomendación del Pacto de Toledo, referida a la búsqueda de mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización, abría la posibilidad de ampliar ese periodo, en línea con las reformas acometidas en otros países del entorno. En 1997, dos años después de ratificado el Pacto, se aumentó el periodo hasta 15 años a través de la Ley 24/1997, generándose la expectativa de que, una vez concluyera el período de progresiva implantación de esta medida (en 2002), se procedería a extender de nuevo el periodo. Sin embargo, hasta el momento esta ampliación no ha ocurrido. Y así, cuando ya se han cumplido catorce años desde la aprobación del Pacto, el sistema español de pensiones ha aumentado tan levemente su contributividad, que, en comparación con otros países que sí han efectuado reformas más contundentes en esa dirección, la debilidad de esta propiedad del sistema de pensiones destaca más que antes.

La inercia reformista en materia de pensiones es tan ostensible –sobre todo cuando se establecen comparaciones con otros países– como explicable. Probablemente el factor explicativo más importante resida en la favorable situación económica por la que ha atravesado España desde mediados de los años noventa hasta finales de 2007. El extraordinario aumento de la afiliación a la Seguridad Social y el ingreso en el sistema de pensiones de cohortes poco numerosas nacidas durante la Guerra Civil o inmediatamente después han supuesto una recuperación significativa de la tasa de dependencia y del saldo financiero de la Seguridad Social. Bajo tales circunstancias la presión por acometer reformas se amortigua, al mismo tiempo que aumenta el riesgo de que algunos grupos de la sociedad (especialmente aquellos que asumen más costes o costes más inmediatos en el caso de que se implanten las reformas) no las consideren justificadas.

Así pues, desde una perspectiva política parece claro que las fases expansivas del ciclo económico no propician la adopción de reformas restrictivas. En este sentido cabe recordar que la reforma más contundente del sistema de pensiones español, la recogida en la Ley 26/1985, tuvo lugar en un momento crítico de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social y de rápido descenso del cociente entre cotizantes


257

y número de pensiones.31 Asimismo, el análisis comparativo que se incluye en este informe de los casos de Alemania, Suecia, Italia y Estados Unidos permite comprobar que las reformas de pensiones más sustantivas se han iniciado en momentos de dificultades financieras e insuficiencia de ingresos para cubrir los gastos contributivos.

A la favorable evolución del sistema de la Seguridad desde 1997/98 habría que añadir otro factor: el gasto público en protección social y el gasto en pensiones se sitúan en España por debajo de la media europea. En 2004, el gasto en protección social en España (20% del PIB) era 7.3 puntos menor que la media de la UE-25; y mientras el gasto en pensiones superaba ligeramente el 9% del PIB, en la UE-25 pasaba del 12%.32

Estas dos circunstancias –la bonanza económica y el comparativamente reducido peso del gasto social en España– han dificultado la legitimación de reformas más sustantivas del sistema de pensiones que las efectuadas hasta el momento. Cabría entonces pensar que el cambio de circunstancias en la actualidad podría abrir una “ventana de oportunidad” para tales reformas: por una parte, la crisis económica y el aumento del desempleo han provocado un empeoramiento del saldo contributivo de la Seguridad Social, hasta el punto que a corto plazo (se discute si en 2009 o en 2010) se espera que los gastos corrientes superen los ingresos y se vuelva a una situación de déficit como la que se conoció en los años previos a 1998; por otra parte, la recesión económica y el descenso de la producción en los países desarrollados va a provocar probablemente reducciones de los porcentajes de gasto social sobre el PIB. No obstante, la apertura de esa “ventana de oportunidad” encuentra un obstáculo importante que ha ido cobrando solidez durante todo este tiempo: el discurso político sobre el envejecimiento de la población y las pensiones.

En ese discurso político han predominado dos argumentos: (1) el problema de la viabilidad financiera de las pensiones no es tan grave como desde algunas entidades y algunos sectores (interesadamente) se quiere hacer creer, por lo cual las reformas no son ni tan urgentes ni precisan ser radicales; y (2) en todo caso, el Pacto de Toledo es el marco institucional legítimo para discutir y avanzar las propuestas de reforma necesarias. Podrían aportarse muchas pruebas de la fortaleza de estos argumentos en el discurso político, abanderados, en particular, por los gobiernos que se han sucedido desde la aprobación del Pacto y por los partidos políticos que les han apoyado. De muestra pueden servir algunos de los razonamientos desplegados en esta legislatura

31 Si en 1973 se contabilizaban 3,42 cotizantes por pensión, en 1985 la cifra correspondiente se situaba en 1,99. 32 Eurostat (2008).


258

por miembros del gobierno y diputados ante la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.33

Así, en la sesión de 26 de junio de 2008, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que compareció ante la Comisión a petición propia, destacó el carácter del Pacto de Toledo como “referencia indiscutible para la política española hasta el punto de que reclaman pactos similares en otros ámbitos”, añadiendo que “incluso se propone como metodología para solucionar los problemas de los sistemas de protección social en otros países de nuestro entorno”. Desde el punto de vista social, el Pacto, según el ministro, “(h)a sido interiorizado por la sociedad española, reforzando la confianza de los ciudadanos en el sistema público de Seguridad Social”.34 Parecida línea de argumentación siguió la portavoz del Grupo Socialista, estableciendo además una suerte de equivalencia implícita entre el Pacto y la Comisión para el seguimiento de sus resultados como espacio hegemónico para el debate sobre las pensiones: “A lo mejor habría que decirle al Banco de España, o a cualquier otro organismo: ‘Señores, tenemos una comisión que se llama Pacto de Toledo, y si ustedes quieren decir algo de pensiones vengan aquí’”.35

En cuanto a la sostenibilidad del sistema, en la misma comparecencia el ministro rechazó enfáticamente la creación de “un estado opinático perceptivo de una realidad que no existe”: “¡Ojo, cuidado! Que no se cree un estado perceptivo de que está en crisis un sistema que tiene salud, porque eso es muy negativo y tenemos que evitarlo”. Como primera conclusión de su intervención quiso transmitir “tranquilidad y satisfacción de tener un buen sistema con una magnífica salud y una buena hucha” (refiriéndose al fondo de reserva como “un volumen de recursos que asegura el horizonte del sistema a corto, medio y largo plazo”); y como segunda, “la reflexión y responsabilidad de que no vamos a quedarnos simplemente en la contemplación de esos datos, sino que vamos a trabajar en un horizonte en los próximos veinticinco, treinta o cuarenta años”.36 Trazó asimismo las tres grandes líneas de actuación en la que se concretaría ese trabajo: impulso a la política demográfica (a través de políticas favorables al aumento de la natalidad), ampliación de la población activa y reforma de la incapacidad temporal, controlando el fraude, sin perjuicio de la justa protección a los afectados Cabe destacar que ninguna de estas líneas de actuación se halla orientada hacia la contención del gasto, sino más bien hacia el aumento de los ingresos del sistema. También la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión se felicitó de la situación de holgura financiera del sistema de pensiones valorando el alcance de las

33 Véase Cortes Generales (2008). El 6 de mayo de 2008 se constituyó en la legislatura actual la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, compuesta por 36 miembros. 34 Cortes Generales (2008: 3). 35 Cortes Generales (2008: 17). 36 Esta cita y las inmediatamente anteriores en: Cortes Generales (2008: 20).


259

reformas efectuadas y subrayando la posición favorable de España respecto de otros países: “…en los últimos trece años hemos ido haciendo reformas como hormiguitas que han ido dando el resultado que han dado, y por eso no necesitamos tomar, como los países de nuestro entorno, medidas drásticas que tienen que tomar con la gente de la calle”.37

Una posición de consideración más sobria y matizada hacia el Pacto y la política de pensiones manifestaron en la misma sesión los representantes de otros grupos parlamentarios. El portavoz de Grupo Popular consideró el Pacto de Toledo como “la construcción más acabada y más estable del diálogo político y social en este país”, mientras que el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán reivindicó el protagonismo de Convergencia i Unió en la génesis del Pacto. Ahora bien, el primero hizo hincapié en que el Pacto no era un “menú a la carta”, subrayó la necesidad de cumplir todas las recomendaciones y servirse de él para impulsar reformas y no retrasarlas; el segundo criticó que el diálogo social, al amparo del Pacto, se convirtiera en un límite para efectuar cambios, constatando que “en esta legislatura (…) estamos obligados a hacer reformas más intensas”. Reformas, pero de otro tipo, también reivindicó Izquierda Unida, cuyo portavoz en la Comisión defendió la mejora de las prestaciones, la limitación de los incentivos fiscales para las aportaciones a planes privados y la convergencia con Europa respecto del gasto social sobre el PIB. El tono más crítico correspondió al portavoz del Grupo Vasco, para quien el Pacto paraliza las iniciativas de reforma que proponen los partidos (su disgusto por esta parálisis se refería, sobre todo, a propuestas orientadas a mejorar la protección social) y no satisface la demanda de Euskadi de asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Así pues, los gobiernos (que, en virtud de las características del sistema político español, asumen un papel muy marcado en la esfera pública) se han aferrado, junto con sus respectivos partidos y, por regla general, los sindicatos (e Izquierda Unida), a los dos argumentos arriba mencionados, articulando su discurso sobre las pensiones en torno a ellos y programando su actuación política en coherencia con él; es decir, evitando asumir compromisos concretos. Por ejemplo, en la Actualización del Programa de Estabilidad 2008-2011, publicado en enero de 2009, el gobierno español, sin dejar de hacerse eco de las más bien sombrías proyecciones de la Comisión Europea y de su recomendación de revisar los sistemas de protección social, en el apartado referido a la reforma del sistema de pensiones se limitaba a indicar la previsión de “renovación del Pacto de Toledo, con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo político sobre las medidas necesarias para lograr el objetivo de garantizar la sostenibilidad a largo plazo para las cuentas de la Seguridad Social”38.

37 Cortes Generales (2008: 17). 38 Gobierno de España (2009).


260

Aunque los argumentos algo más críticos sobre la política de pensiones que defienden en este momento los partidos de la oposición (en particular, el PP y CiU) también forman parte del discurso político, lo cierto es que trascienden escasamente al debate público. En la prensa, las reservas respecto de la instrumentalización del Pacto de Toledo y la política de pensiones que se desarrolla en su marco rara vez aparecen ligadas a partidos políticos de la oposición. El discurso político que llega al público no presenta fisuras significativas, de tal modo que no resulta fácil para un observador distinguir posturas partidistas.

Frente al discurso político convergente y aparentemente homogéneo se intenta abrir paso en el debate público el discurso experto. Muy probablemente este último, a tenor de los datos sobre la percepción social del problema del envejecimiento y las pensiones, logra calar en su mensaje esencial en buena parte de la sociedad, si bien el discurso político permanece impermeable ante él. La disociación entre discurso político y discurso experto es notoria y llama poderosamente la atención al analizar el marco contextual de la política de pensiones en España.

Tampoco la crisis económica parece de momento desafiar ese discurso político dominante. En un artículo reciente, el Secretario de Estado de la Seguridad Social valoraba positivamente las reformas efectuadas, en particular las establecidas en la Ley 40/2007, y mantenía que “la Seguridad Social en España es la institución que ha aguando y está aguantado sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica”, calificándola como la “más estable y segura en estos momentos”. La referencia temporal “en estos momentos” perfila el horizonte de corto plazo en el que predominantemente se enmarca el discurso político sobre las pensiones en España.39 Importa subrayar que esta visión cortoplacista no es privativa de este gobierno. Recuérdense las palabras que en 2002 dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social del segundo gobierno del PP, Juan Carlos Aparicio, tildando de escatológico el esfuerzo de realizar proyecciones a 50 años. Hay que reconocer que, por lo que hace a las reformas del sistema público de pensiones (cuestión diferente es la política de pensiones privadas), el comportamiento de los gobiernos del PP y del PSOE desde la aprobación del Pacto de Toledo no ha sido muy diferente. Unos y otros han tendido a devaluar públicamente, cuando no a desacreditar, las advertencias procedentes de las organizaciones económicas internacionales y de los expertos, tratando de mantener el control pleno sobre la agenda de las reformas; es decir, de marcar de manera autónoma sus ritmos y contenidos. Aparentemente, no han querido “preocupar” a la población, asumiendo así una actitud paternalista y poco acorde con la idea de una comunidad política madura y una sociedad civil capaz de entender sus problemas y reaccionar ante ellos.

39 Granados (2009).


261

En síntesis, en el discurso político español sobre la reforma de las pensiones las cuestiones ideológicas han pesado menos que las institucionales. Erigido en potente emblema de la política de pensiones, el Pacto de Toledo ha representado y representa un marco cómodo para prácticamente todos los partidos políticos, con alguna que otra reserva. En un país como España en el que las labores parlamentarias apenas son objeto de tratamiento mediático (excepto en ocasiones tales como los debates sobre el estado de la nación o de los presupuestos, así como en algunas sesiones de control del gobierno), ubicar la discusión sobre la reforma de las pensiones en una comisión parlamentaria equivale a aislar aquélla del debate público. Si, además, como también sucede en España, los medios de comunicación centran la cobertura de la información política en el gobierno, el discurso de este último prevalece en el debate público; más todavía, cuando otras fuerzas políticas no alzan su voz para expresar reparos, ni para respaldar a quienes articulan el discurso experto, seguramente por temor a la pérdida de respaldo político y electoral.


i

Referencias Bibliográficas y de información estadística

Albarrán, I y P. Alonso. 2006: “Clasificación de las personas dependientes a partir de la Encuesta de Discapacidades, Edificencias y Estado de Salud de 1999”, Revista Española de Salud Pública, 80, 341-352.

Alegre Escolano, A., Ayuso Gutiérrez, M., Guillén Estany, M., Pociello García, E., Monteverde, L. 2005 “Tasa de dependencia de la población española no institucionalizada y criterios de valoración de la severidad”, Revista española de salud pública, ISSN 1135-5727, Vol. 79, Nº. 3, 2005, pags. 351-363

Alegre, A., Pons, M.A., Sarrasí, F.J. y Varera, J. 2006. “Rentas y seguros privados de dependencia: un complemento a las prestaciones públicas de dependencia”, Anales del Instituto de Actuarios Españoles.

Alonso, J. y J. A. Herce, 2003: “Balance del sistema de pensiones y boom migratorio en España. Proyecciones del modelo MODPENS de FEDEA a 2050”, FEDEA, Documento de Trabajo 2003-02.

Almgren, Gunnar. 2006. Health Care Politics, Policy, and Services: A Social Justice Analysis. Nueva York: Springer.

Andersen, Ronald, Björn Smedby y Denni Vagerö. 2001. “Cost containment, solidarity and cautious experimentation: Swedish dilemmas”, Social Science & Medicine, 52, 1195-1204.

Anderson, Karen (2004), “Pension Politics in Three Small States: Denmark, Sweden and the Netherlands”, The Canadian Journal of Sociology, 29, 2,. 289-312.

Anderson, Karen M. y Ellen Immergut (2006), “Sweden: after social democratic hegemony”, en: Immergut, Ellen y Karen M. Anderson (Eds.), The Handbook of West European Pension Politics, Oxford, Oxford University Press, 349-395.

Anell, Anders. 2005. “Swedish healthcare under pressure”, Health Economics, 14, S237-S254.

Artís Ortuño, M., Ayuso, M., Guillén Estany, M., Monteverde, L., 2007: “Una estimación actuarial del coste individual de la dependencia en la población de mayor edad en España”, Estadística española, ISSN 0014-1151, Vol. 49, Nº 165, 2007, pags. 373-402

Baccaro, Lucio. 2002. “Negotiating the Italian Pension Reform with the Unions: Lessons for Corporatist Theory”, Industrial and Labor Relations Review, 55, 413-431.

Banco de España.: “Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2005: métodos, resultados y cambios entre 2002 y 2005”, 2007.

Banco de España: “Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2002: descripción, métodos y resultados preliminares”, 2004.

Bergman, Sven-Eric. 1998. “Swedish Models of Health Care Reform: A Review and Assessment”, International Journal of Health Planning and Management, 13, 91-106.


ii

Bergmark, Ake. 2008. “Market Reforms in Swedish Health Care: Normative Reorientation and Welfare State Sustainability”, Journal of Medicine and Philosophy, 33, 241 – 261.

Bermúdez Morata, Ll., Bolancé Losilla, C., Guillén Estany, M., Gondolbeu, K., 2008: “Tipologías sociodemográficas de individuos con dependencia en España y su supervivencia en estado de salud” Revista española de geriatría y gerontología: Organo oficial de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ISSN 0211-139X, Vol. 43, Nº. 1, 2008, pags. 19-31

Binstock, Robert H. 2005. “The Contemporary Politics of Old Age Policies”, Pp. 265-305 en The New Politics of Old Age Policy, editado por Robert B. Hudson, Baltimore: Johns Hopkins University.

Blake, D., Cairns, A.J.G., Dowd, K., and MacMinn, R. (2006). “Longevity Bonds: Financial Engineering, Valuation and Hedging”, Journal of Risk and Insurance.

Blay, D., Guillén Estany, M., 2006 “Costes de atención a la dependencia en España y comparación con los sistemas francés y alemán” Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados, ISSN 0034-9488, Nº. 125, 2006, pags. 145-162

Boeri, Tito, Axel Börsch-Supan y Guido Tabellini. 2002. "Pension Reforms and the Opinions of European Citizens." American Economic Review 92:396-401.

Boeri, Tito, Axel Börsch-Supan, Guido Tabellini, Karl Ove Moene y Ben Lockwood. 2001. “Would You like to Shrink the Welfare State? A Survey of European Citizens”, Economic Policy, 16, 32, 7+9-50.

Bolancé, C. (coord.) (2007) Alternativas de cofinanciación de los costes de la dependencia en España. IMSERSO. Madrid.

Bover, Olimpia. 2008. “Dinámica de la Renta y la Riqueza de las Familias Españolas: Resultados del Panel de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2002-2005”, Banco de España, documentos ocasionales nº 0810.

Burstrom, Bo. 2004. “User charges in Sweden”, Euro Observer. Newsletter of the European Observatory on Health Systems and Policies, 6, 4, 5-6.

Cabiedes, Laura y Ana Guillén. 2001. “Adopting and adapting managed competition: health care reform in Southern Europe”, Social Science and Medicine, 52, 1205-1217.

Calltrop, Johan. 1995. “Swedish Experience with Fixing Regional Budgets”, en F. W. Schwartz, H. Glennerster y R. B. Saltman, Pp. 153-65, en Fixi Health Budgets: Experience from Europe and North America, Londres: Wilsey.

Casey, B. y A. Yamada. 2002. “Getting Older, Getting Poorer?: A Study of the Earnings, Pensions, Assets and Living Arrangements of Older People in Nine Countries”, OECD Labour Market and Social Policy Occasional.

Casey, Bernard, Howard Oxley, Edward Whitehouse, Pablo Antolin, Romain Duval y Willi Leibfritz. 2003. “Policies for an Ageing Society: Recent Measures and Areas for Further Refor”, OECD Economics Department Working Papers, No. 369.

Castellino, Onorato. 1996b. “Pension Reform: Perhaps Not the Last Round”, Pp. 152-167 en Italian Politicis. The Stalled Revolution, editado por Mario Caciagli y David I. Kertzer. Rome: Westview.


iii

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 2008. “Actitudes hacia el estado del bienestar, Estudio CIS nº2765, junio 2008”, Madrid: CIS.

Christensen, Thomas. 2001. “Eurobarometer 56.1: Social Exclusion and Modernization of Pension Systems, September-October 2001 [computer file Realizado por INRA (Europa), Bruselas. Colonia, Alemania: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung [productores]. Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distribuidores]

Chuliá, Elisa. 2005. “La reforma del sistema español de pensiones: dificultades de legitimación política y desactivación estratégica del debate”, Cuadernos de Información Económica 186, pp. 139-146.

Chuliá, Elisa. 2006. “¿Mirando a otro lado? La sociedad y la clase política españolas ante las pensiones”, Panorama Social 4, 2006, pp. 88-98.

Congressional Budget Office (CBO). 2007. The Long-Term Outlook for Health Care Spending. Washington: CBO.

Cortes Generales (2008), Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, 52.

Costa-Font, J., Gil-Trasfí, J. y Mascarilla-Miró, O. 2007. “Capacidad de la Vivienda en Propiedad como Instrumento de Financiación de las Personas Mayores en España”, Fundación Edad & Vida.

De la Fuente, A. y R. Doménech, 2009: “Convergencia real y envejecimiento. Retos y propuestas”, marzo 2009, documento presentado en la conferencia “España en la UEM”, Banco de España.

Diamond, Peter y Jonathan Gruber. 1999. “Social Security and Retirement in the United States”. Pp. 437-475 en Social Security and Retirement around the World, editado por Jonathan Gruber y David A. Wise. Chicago: University of Chicago.

Docteur, E. y H. Oxley. 2003. “Health-Care Systems: Lessons from the Reform Experience", OECD Health Working Papers, No. 9, OECD Publishing.

Docteur, E. y Howard. Oxley. 2003. “Health-Care Systems: Lessons from the Reform Experience”, OECD Health Working Papers, No. 9.

Donatini, Andrea, Ana Rico, Maria Giuseppina D’Ambrosio, Alessandra Lo Scalzo, Letizi Orzella, Americo Cichetti y Silvia Profili. 2001. Health Care Systems in Transition: Italy. Copenague: European Observatory on Health Care Systems.

Economic Policy Committee. 2006. “The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, longterm care, education and unemployment transfers (2004-2050)”, European Economy. Bruselas: European Commission.

Esping-Andersen, Gøsta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press.

Eurobarometer Surveys”, University of Sheffield, disponible en http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_129_en.pdf.

European Commission. 2007. Joint Report on Social Protection and Social Incussion 2007. Bruselas: European Commission.

Eurostat (2008), Europe in Figures. Eurostat Yearbook, Luxemburgo.


iv

Federal Reserve Board. 2008. “Survey of Consumer Finances”, disponible en http://www.federalreserve.gov/PUBS/oss/oss2/scfindex.html.

Ferrera, Maurizio y Mateo Jessoula. 2007. "Italy: A Narrow Gate for Path-Shift”. Pp. 396-454 en Handbook of West European Pension Politics, editado por Ellen M. Immergut, Karen M. Anderson y Isabelle Schulze. Oxford: Oxford University.

Ferrera, Maurizio. 1995. “The Rise and Fall of Democratic Universalism: Health Care Reform in Italy, 1978-1994”, Journal of Health Politics, Policy and Law, 20, 2, 276-302.

Ferrera, Maurizio. 2006. La politiche sociali. Milán: Il Mulino.

Flood, Colleen M. 2000. International Health Care Reform: A Legal, Economic, and Political Analysis. Routledge.

France, George y Francesco Taroni. 2005. “The Evolution of Health-Policy Making in Italy”, Journal of Health Politics, Politics and Law, 30, 1-2, 169-187.

France, George, Francesto Taroni y Andrea Donatini. 2005. “The Italian health-care system”, Health Economics, 14, S187-202.

Franco, Daniele. 2006. "NDCs in Italy: Unsatisfactory Present, Uncertain Future”. Pp. 467-493 en Pension Reform: Issues and Prospects for Notional Defined-Contribution (NDC) Systems, editado por Robert Holzmann y Edward Palmer. Washington: World Bank.

Gemma Abío, Joan Gil. 2005: “El sistema sanitario español ante el envejecimiento de la población”. Contabilidad generacional en España / Eduard Berenguer (pr.), 2005, ISBN 84-8008-178-3 , pags. 155-170

Gerdtham, U. G., C. Rehnberg y M. Tambour. 1999. “The impact of internal markets on health care effciency: evidence from health care reforms in Sweden”, Applied Economics, 31, 935–945

Ghislandi, Simone, Iva Krulichova y Livio Garanttini. 2005. “Pharmaceutical policy in Italy: towards a structural change?”, Health Policy, 72, 53-63.

Glenngård, Anna H., Frida Hjalte, Marianne Svensson, Anders Anell y Vaida Bankauskaite. 2005. Health Systems in Transition: Sweden. Copenague: European Observatory on Health Systems and Policies

Gobierno de España (2009), Actualización del Programa de Estabilidad, España (2008-2011), Enero.

Granados, Octavio (2009), “La Seguridad Social y la crisis”, El País, 21 de abril.

Guillén, M. (coord.) 200) Indicadores de dependencia y calidad de vida. IMSERSO. Madrid.

Guillén, M. (dir.) Albarrán, I., Alcañiz, M., Ayuso, M. Blay, D and Monteverde, M. (2006) Longevidad y dependencia en España. Consecuencias sociales y económicas. Fundación BBVA. Madrid.

Hacker, Jacob S. 2002. The Divided Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.

Hacker, Jacob. 2004. “Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social Policy of Retrenchment in the United States”, American Political Science Review, 98, 2, 243-260.


v

Hamil-Luker, Jenifer. 2001. "The Prospects of Age War: Inequality between (and within) Age Groups." Social Science Research 30:386-400.

Helfenstein, R. y Holzheu. 2006. “La titulización: nuevas oportunidades para aseguradores e inversores”, Sigma nº 7 - 2006, Swiss Re.

Herce, J. A. y Javier Alonso: “Los efectos económicos de la Ley de Consolidación del Sistema de Seguridad Social”. Hacienda Pública Española, 152-1/2000, pp. 41 a 56. Marzo 2000.

Herce, J. A., Emma García y Juan F. Jimeno: La reforma de las pensiones: el papel de los mercados financieros, Fundación Caixa Galicia-CIEF, marzo 2005.

Herce, J. A., J. Alonso y N. Ahn: El gasto sanitario en España. Documento de Trabajo nº 7-2003 de la Fundación BBVA, noviembre 2003.

Herce, J. A., N. Ahn y J. R. García: “Demographic Uncertainty and Health Care Expenditure in Spain”, FEDEA, DT 2005-07, marzo 2005.

Herce, J. A., N. Ahn, R. Génova y J. Pereira: “Bio-Demographic and Health aspects of ageing in the EU”. CESifo Conference WP, No. 1027. Septiembre 2003

Herce, J. A. (dirección) y otros autores. 2005. “Pensiones y Ahorro a largo plazo: Un viejo problema en busca de nuevas soluciones”, Fundación de Estudios Financieros, papeles de la fundación nº 9.

Herce, J. A.: “Las pensiones en la transición demográfica española”, capítulo del Informe sobre la situación demográfica en España 2004 de Jesús Leal (Coord.), Fundación Fernando Abril Martorell, Madrid, septiembre 2004.

Herce, J. A.: “Modelling the Pension System”. Futures, 35(2003) 75-87.

Herce, J. A.: “Papeles y el debate de las pensiones en España 1980-2004”, Papeles de Economía Española, nº. 100, septiembre 2004.

Herce, J. A.: “Población y salud en España. Patrones por género, edad y nivel de renta”. Conjuntamente con José Alberto Molina. Economistas nº 86, diciembre 2000.

Herce, J. A.: La reforma de las pensiones ante la revisión del Pacto de Toledo. Conjuntamente con Javier Alonso. Monografía nº 19 del Servicio de Estudios de “la Caixa”. Barcelona, junio de 2000.

Herce, J. A., and Víctor Pérez-Díaz. 1995. La Reforma del Sistema Público de Pensiones en España. Barcelona: Servicio de Estudios de "la Caixa".

Herce, J. A., 2007: “La sostenibilidad de las pensiones en España. ¿Una demografía desfavorable o un diseño equivocado?”, en Estado de Bienestar y Competitividad. La experiencia Europea, Volumen coordinado por Álvaro Espina, Fundación Carolina, 2007.

Hicks, Alexander. 2001. "Public Support for Retirement Income Reform." OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers 55.

Immergut, Ellen M., Karen M. Anderson e Isabelle Schulze (Eds.). 1997. The Handbook of West European Pension Politics, Oxford: Oxford University Press.

International Social Survey Programme. 2008. “International Social Survey Programme 2006 (Role of Government IV) [computer file]”. Belín: GEIS.


vi

INVERCO: “Ahorro Financiero de las Familias, Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Informe 2007 y perspectivas 2008”.

Janky, Béla y Róbert I. Gál. 2007. "Public Opinion on Pension Systems in Europe." ENEPRI Research Reports 36.

Jommi, Claudio, Elena Cantú y Eugenio Anessi-Pessina. 2001. “New funding arrangements in the Italian National Health Service”, International Journal of Health Planning and Management, 16, 347-368.

Jousten, Alain. 2001. "Pension Provision in the United States”. Pp. 334-363 en Pension Systems and Retirement Incomes across OECD Countries, editado por Richard Disney and Paul Johnson. Cheltenham: Edward Elgar.

Kangas, Olli. 1997. "Self-Interest and the Common Good: The Impact of Norms, Selfishness and Context in Social Policy Opinions." Journal of Socio-Economics 26:475-494.

Lynch, Julia. 2006. Age in the Welfare State. Cambridge: Cambridge University.

Maestri, Giovanni Ezio. 1994. Rappresentanza degli Interessi, Partiti e Consenso: Giungla Pensionistica, Clientelismo e Competizione Politica in Italia. Milano: FrancoAngeli.

Mechanic, David. 2004. “The Rise and Fall of Managed Care”, Journal of Health and Social Behavior, 45, Extra issue, 76-86.

Melich, Anna. 1999. Eurobarometer 51.0: The Elderly and Domestic Violence, March-May 1999 [computer file]”. Realizado por INRA (Europa), Bruselas. Colonia, Alemania: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung [productores]. Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distribuidores]

Michael I. Harrison y Johan Calltorp. 2000. “The reorientation of market-oriented reforms in Swedish health-care”, Health Policy, 50, 219–240.

Molinas, César (dirección) y otros autores. 2008. “Instrumentos Financieros para la Jubilación”, Fundación de Estudios Financieros, papeles de la fundación nº 24.

Monteverde, Malena, 2004: Discapacidades de las Personas Mayores en España: Prevalencia, Duraciones e Impacto sobre los Costes de Cuidados de Larga Duración, Tesis Doctoral, Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española, Universidad de Barcelona.

Moore, Kathryn. 2006. “Social Security Reform in 2005 and Beyond”, NYU Review of Employee and Executive Compensation.

Moran, Michael. 1999. Governing the Health Care State: A Comparative Study of the United Kingdom, the United States and Germany. Manchester: Manchester University Press.

MTIN, 2008: “Estrategia Nacional de Pensiones”, Ministerio de Trabajo e Inmigración, octubre de 2008

Natali, David. 2002. La Ridefinizione del Welfare State Contemporaneo: La Riforma delle Pensioni in Francia e in Italia. Tesis doctoral, Florencia: European University Institute.

Natali, David. 2007. Vincitori e Perdenti. Come Cambiano le Pensione in Italia e in Europa. Milano: Il Mulino.


vii

Natali, David. 2007. Vincitori e Perdenti. Come Cambiano le Pensione in Italia e in Europa. Milano: Il Mulino.

Navarro, Vicente. 1995. “Why Congress Did Not Enact Health Care Reform”, Journal of Health Care Politics, Policy and Law, 20, 2, 455-462.

OECD. 1998. Maintaining Prosperity in an Ageing Society. París: OECD.

OECD. 2000. OECD Economic Surveys: Italy 2000. París: OECD.

OECD. 2002. OECD Economic Survey: United States 2002. París: OECD.


OECD. 2005. OECD Economic Surveys: Sweden 2005. París: OECD.

OECD. 2007. The Social Expenditure Database: An Interpretive Guide (SOCX 1980-2003) (www.oecd.org/els/social/expenditure).


Øvretveit, John. 2003. “Nordic privatization and private healthcare”, International Journal of Health Planning and Management, 18, 233–246.

Papacostas, Antonis. 2006. “Eurobarometer 66.3: Social Reality, E-Communications, Common Agricultural Policy, Discrimination and The Media, and Medical Research, November-December 2006 [Computer file]”. Realizado por INRA (Europa), Bruselas. Colonia, Alemania: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung [productores]. Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distribuidores]

Pérez-Díaz, Víctor, Álvarez-Miranda, Berta, Chuliá, Elisa. 1997. La opinión pública ante el sistema de pensiones. Barcelona: Fundación La Caixa.

Pérez-Díaz, Víctor, Elisa Chuliá y Berta Álvarez-Miranda (1995), “El Pacto de Toledo: un punto de partida problemático”, Economistas 68, 1995, págs. 49-54.

Pierson, Paul. 1994. Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge: Cambridge University Press.

Pierson, Paul. 1997. “The Politics of Pension Reform”, en Reform of Retirement Income Policy. International and Canadian Perspective, editado por Keith G. Banting y Robin Boadway. Kingston: Queen's University, pp. 273-295.

Pierson, Paul. 2007. “The New Politics of the Welfare State”, en Globalization and Welfare. A Critical Reader, editado por Ritu Vij, Houndmills (Basingstoke): Palgrave Macmillan, pp. 147-160.

Quadagno, Jill. 1991. “Interest-Group Politics and the Future of U.S. Social Security”. Pp. 36-59 en States, Labor Markets, and the Future of Old-Age Policy, editado por Jill Quadagno y John Myles. Philadelphia: Temple University.

Quaye, Randolph. 2001. “Internal market systems in Sweden: Seven years after the Stockholm Model”, European Journal of Public Health, 11, 380-385.

Radaelli, Claudio. 2002. “The Italian State and the Euro: Institutions, Discourse, and Policy Regimes”. Pp. 212-238 en European States and the Euro: Europeanization, Variation and Convergence, editado por Kenneth Dyson. Oxford: Oxford University Press.


viii

Regini, Marino y G. Regionini. 1981. “La Political delle Pensioni in Italia: il Ruolo del Movimento Sindicale”. Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali 10:217-242.

Regonini, Gloria. 1984. “Il Sistema Pensionistico: Risorse e Vincoli”. Pp. 87-115 en Welfare State All'Italiana, editaddo por Ugo Ascoli. Rome: Laterza.

Reif, Karlheinz y Anna Melich. 1999. “Euro-barometer 37.1: Consumer Goods and Social Security, April-May 1992 [computer file]”. Realizado por INRA (Europa), Bruselas. Colonia, Alemania: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung [productores]. Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distribuidores].

Reinhardt, Uwe E., Peter S. Hussey y Gerard F. Anderson. 2004. “U.S. Health Care Spending in an International Context”, Health Affairs, 23, 2, 10-25.

Reviglio, Franco. 2000. “Health Care and Its Financing in Italy: Issues and Reform Options”, IMF Working Paper WP/00/166.

Rodríguez Castedo, A. (dirección) y otros autores. 2004. “Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España”, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Rodríguez, Juan Carlos. 2000. “Pensiones y opinión pública española en febrero de 2000”, ASP Research Papers 23/2000.

Saltman, Richard y Sven-Eric Bergman. 2005. “Renovating the Commons: Swedish Health Care Reforms in Perspective”, Journal of Health Politics, Policy and Law, 30, 1-2, 253-275.

Sancho, M. (coordinación) y otros autores. 2006. “Informe 2006. Las personas mayores en España”, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Schwartz, Herman (2001), "Round Up the Usual Suspects! Globalization, Domestic Politics, and Welfare State Chage", en: Paul Pierson (ed.), The New Politics of the Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 17-44.

Shiller, Robert J. 2003. “The New Financial Order: Risk in the 21st Century”, Princeton University Press.

Taylor-Gooby, Peter. 2001. "Sustaining State Welfare in Hard Times: Who Will Foot the Bill?" Journal of European Social Policy 11:133-147.

Walker, Alan. 1999. "Attitudes to Population Ageing in Europea. A Comparison of the 1992 and 1999 Eurobarometer Surveys." University of Sheffield, manuscrito no publicado.

Weaver, R. Kent. 2005. “Public pension reform in the United States”, en Ageing and Pension Reform around the World. Evidence from Eleven Countries, editado por Giuliano Bonoli y Toshimitsu Shinkawa. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 230-252.

Weaver, R. Kent. 2005. “Public pension reform in the United States”. Pp. 230-252 en Ageing and Pension Reform around the World. Evidence from Eleven Countries, editado por Giuliano Bonoli y Toshimitsu Shinkawa. Cheltenham: Edward Elgar.

Wise, David A. 2001. “United States: Support in Retirement: Where We Are and Where We Are Going” en Pension Reform in Six Countries. What Can We Learn from Each Other?, editado por Axel Börsch-Supan y Meinhard Miegel. Berlin: Springer, pp. 111-139.


ix

Wise, David A. 2001. “United States: Support in Retirement: Where We Are and Where We Are Going”. Pp. 111-139 en Pension Reform in Six Countries. What Can We Learn from Each Other?, editado por Axel Börsch-Supan y Meinhard Miegel. Berlin: Springer.

Woolhandler, Steffie. 2003. “The Sad Experience of Corporate Healthcare in the USA”. Pp. 172-1186, en Restructuring Health Services, editado por Kasturi Sen, Londres: Zed.

Yang, Philip y Nadine Barrett. 2006. “Understanding Public Attitudes towards Social Security”, International Journal of Social Welfare, 15, 95-109.

Los retos socio económicos del envejecimiento en España

Education

Transcript of Los retos socio económicos del envejecimiento en España