Los Residuos Sólidos Urbanos Como Patrimonio de La Ciudad de Córdoba. Una Estrategia Para El...

Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economa Social - FLACSO

1 Ignacio Pelln

Los Residuos Slidos Urbanos como Patrimonio de la Ciudad de

Crdoba: una Estrategia para el Desarrollo Local (2012-2014)

Por Ignacio Pelln ([email protected])

ndice de contenidos:

1. Introduccin

2. Marco terico

3. Marco contextual

4. Desarrollo del trabajo

a. La actual gestin municipal de los RSU

i. La gestin informal de los RSU

b. Del problema pblico al negocio privado: Valorizacin de los

RSU

c. La patrimonizacin de los RSU como estrategia para el

Desarrollo Local y Sustentable

d. Modelo de gestin propuesto y resultados esperados

1. Introduccin:

Desde 1982 la gestin de los RSU en la ciudad de Crdoba est caracterizada por

dos cuestiones: el relleno sanitario como disposicin final de todos los residuos y la

participacin de grandes grupos econmicos en el servicio de higiene urbana. Actualmente,

esta gestin no solo implica gastos mensuales superiores a 70 millones de pesos sino que

su ineficiencia genera problemticas ambientales que afectan sobre todo a comunidades

populares, cercanas a los rellenos y a los basurales a cielo abierto, y socioeconmicas,

para los recolectores informales, vctimas de la estigmatizacin y subvaloracin de su

trabajo. Estos aspectos, dejan expuesto lo poco sustentable que resulta un territorio y una

sociedad, con abordajes superficiales y parciales, dando preponderancia a intereses

polticos y econmicos de corto plazo, a pesar del pronunciamiento de planes integrales.

Los gobiernos municipal y provincial, junto otros municipios cercanos, han creado una

sociedad annima con la que se busca superar el costo poltico de instalar un nuevo relleno

sanitario. La novedosa propuesta implica la puesta en marcha de un predio que no

pertenece a ningn municipio, en la interseccin de varios lmites municipales. Por otro

lado, la marcada economa burocrtica local ve a la economa popular vinculada a los RSU

como algo a regular, restringir y administrar, a travs de la instalacin de Centros Verdes

que solo hacen la clasificacin de los escasos residuos que llegan por esta va,

pretendiendo convertir a los socios de cooperativas de cirujas, carreros y cartoneros a

operarios de planta. A pesar de los cambios implementados desde los inicios de la gestin

de los RSU, los recuperadores informales son quienes mayor cantidad de RSU recuperan

y quienes tienen mayor trayectoria, pero los mismos no participan en la planificacin de las

polticas pblicas. La patrimonizacin de los RSU propone romper con la lgica actual,

reposicionando a los actores sociales ms afectados y proponiendo la bsqueda de una

solucin inclusiva y sustentable, tanto en lo econmico como en lo socio-ambiental, con

especial nfasis en el empleo y la produccin.


2 Ignacio Pelln

2. Marco terico

Cuando hablamos de la problemtica de la basura y de la gestin de residuos nos

referimos a conceptos fuertemente vinculados, aunque distintos. La Ley Nacional de

Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin Integral de Residuos

Domiciliarios (Ley N 25.916) en su artculo 2 establece: Denomnese residuo domiciliario

a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de

consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados. Este

concepto de residuo domiciliario equivale al de residuos slidos urbanos (RSU), siendo

importante considerar que los residuos se integran por desechos que pueden volver a

utilizarse y por basura que no se reutiliza (Pres & Gamallo, 1994). Por tanto, la basura no

est determinada slo por su composicin, sino por ser aquello que est fuera de lugar, en

donde no se lo espera, o al que no se le ve una utilidad posterior. As, por ejemplo, una

bolsa de tierra en un vivero es materia prima o mercanca, pero esa misma bolsa colocada

en la vereda de la zona peatonal puede ser entendida como basura. Durante el presente

trabajo se sostiene la idea de que tanto la basura como los residuos y la suciedad son

categoras dinmicas (Dhers, 2013).

Los residuos son objetos privados que se convierten en bienes pblicos cuando son

puestos en una bolsa y dejados a la espera de ser recolectados. A partir de ese momento

los residuos pasan a estar regulados por normas que indican qu debe hacerse con ellos

(Shammah, 2009). Gran parte de los RSU mal gestionados derivan en basurales a cielo

abiertos (BCA), generando contaminacin sobre la superficie circundante y las aguas

subterrneas, humos nocivos por las quemas, vectores de potenciales transmisores de

enfermedades y otras causas que deterioran la forma de vida de quienes habitan en las

inmediaciones o manipulan los residuos (SAyDS, 2005). Los BCA reconstruyen relaciones

contradictorias entre lo pblico y lo privado, combinando intereses de tipo econmicos,

sociales y ambientales. Aqu tambin hay que entender al basural como un territorio

estructurado-estructurante para los actores involucrados en el asunto (Shammah, 2009, pp.

15-21). Actores que accionan en funcin de sus intereses, recursos e ideologas, estando

en el medio de la escena el gobierno local, quien tiene el poder de polica y las facultades

para establecer las reglas de juego con las que van a contar todos los actores vinculados a

la gestin, formal e informal, de los RSU.

Respecto al anlisis de los actores involucrados, Pedro Prez realiza una

categorizacin de acuerdo a la lgica que moviliza su accionar. La obtencin de ganancia

predomina en la racionalidad del conjunto de unidades econmicas (empresarios

individuales, empresas, conglomerados de empresas) que operan dentro del mercado

formal. La racionalidad pblica de los actores gubernamentales est marcada por la lgica

poltica, quienes, en medio de diversas tensiones, producen la ciudad en forma directa y

tambin en forma indirecta. La lgica de la necesidad se desarrolla fuera del mercado (total

o parcialmente) y de las polticas pblicas, manifestndose a travs de: a) acciones

individuales o colectivas, b) organizacin comunitaria de base solidaria, c) movimientos

reivindicativos frente a actores gubernamentales y, d) mediante relaciones clientelares con

actores gubernamentales o polticos. Por ltimo, el conocimiento, cientfico, tcnico e

ideolgico, resulta una lgica subsidiaria a otras tres ya que no genera procesos autnomos

(Casalis, et al., 2013). Dentro de esta categorizacin analizaremos los actores intervinientes


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en la gestin de residuos; el gobierno municipal, el gobierno provincial, las empresas

concesionarias, los recuperadores informales y las universidades locales.

Estudiar la planificacin de la polticas pblicas de un municipio implica conocer el

proceso por el cual se organizan los medios, acciones y fines para modificar la produccin

de polticas y realizar las transformaciones propuestas en un territorio (Molina, 2013).

Aquellas polticas orientadas hacia el desarrollo local suponen procesos a travs de los

cuales se desarrollen y potencien las capacidades de diversos actores, orientndolos hacia

la mejora de la calidad de vida de la poblacin en aspectos econmicos, culturales, sociales

y polticos (Chiara, 2003). Este mbito local aparece adems como el escenario propicio

para la implementacin de mecanismos de democracia participativa, que no apunten slo

en generar las condiciones mnimas de gobernabilidad sino la bsqueda de consensos

entre distintos actores (Ghio, 2013). De modo que este trabajo se inscribe en la teora de

que ante la complejidad social, econmica y ambiental que implica la gestin integral de los

residuos slidos urbanos (GIRSU), el escenario local-municipal debe ser el espacio ideal

para el dilogo que genere consensos y proyectos en comn.

En la Estrategia Nacional para la Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos

(ENGIRSU), del ao 2005, se reafirma que El manejo de los RSU en Argentina, es de

incumbencia municipal, sobre cuyos gobiernos recae la responsabilidad de su gestin

(SAyDS, 2005). Desde la normativa nacional, la GIRSU comprende 7 etapas: generacin,

disposicin inicial, recoleccin, transferencia, transporte, tratamiento y disposicin final. De

estas etapas, solamente la generacin se inscribe en un mbito privado, siendo las dems

de incumbencia pblica, por ms que la recoleccin, transferencia y transporte se

encuentren concesionadas a empresas privadas. Para tomar algunos conceptos

seguiremos el mencionado documento de la Secretara de Ambiente y Desarrollo

Sustentable de la Nacin por ser el marco terico estatal ms completo y actualizado dentro

de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, este documento tambin tiene sus vacos,

como el hecho de distinguir una serie de actores intervinientes en la GIRSU, entre ellos el

Sector Informal, pero al momento de definir las responsabilidades de todos los actores al

nico que no menciona es justamente a este sector, el cual tiene un desempeo clave en

los circuitos del reciclaje.

Al igual en otras grandes urbes nacionales, en Crdoba la gestin formal de residuos

se caracteriza por la concesin del servicio de recoleccin a empresas privadas y por

privilegiar al entierro sanitario como disposicin final de los residuos. En la gestin de

residuos existe una relacin inversa entre eficiencia y costos; mientras ms eficiente sea el

proceso formal de Prevencin, Minimizacin, Tratamiento y Disposicin, mayores sern los

costos del municipio (Shammah, 2009, p. 72). En Argentina el costo de la disposicin final

en rellenos sanitarios es bajo porque no contempla el proceso de estabilizacin1 de los

residuos (Shammah, 2009), por lo que la Municipalidad de Crdoba concibe a este destino

como el ideal para todos los RSU. Durante la ltima dictadura militar, la adopcin del relleno

sanitario por las principales ciudades argentinas implic grandes montos de dinero que los

municipios debieron destinar a la implementacin del nuevo sistema. Esto gener que los

grandes grupos econmicos de capital local, como Macri, Roggio, IMPSA-Pescarmona y

1 El proceso de estabilizacin implica pasar de un nivel activo a uno pasivo ambiental, en el que los lixiviados que genera el relleno sanitario se pueden descargar en forma directa en cuerpos de agua sin afectar su curso.


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Techint, crearan empresas recolectoras de residuos o de provisin de ingeniera en el

manejo de rellenos sanitarios a medida que estos servicios municipales se privatizaban

(Schamber, 2008, p. 64).

Con la gestin formal de los RSU concentrada en la disposicin final y el servicio de

recoleccin, los circuitos de recuperacin y reciclaje se desenvuelven al margen de esta

gestin e incluso al margen de la legislacin vigente (Shammah, 2009). Cuando se pone

foco en la gestin informal de los RSU en Crdoba, nos encontramos con los carreros2,

cartoneros3 y cirujas, parte de ellos organizados en cooperativas. Paiva y otros autores,

afirman que la emergencia de las cooperativas se debe a la expansin del cooperativismo

producido en la dcada de los 90s como una respuesta al desempleo (Schamber, 2008).

Estudios antropolgicos muestran que dentro de la heterogeneidad del grupo de cartoneros

hay dos tipos de recolectores: los estructurales o histricos, quienes desarrollan la actividad

hace ms de 25 aos, y los coyunturales, que surgieron en la dcada de 1990 como

consecuencia de la crisis de empleo vivida por las clases populares (Schamber, 2008). Una

de las interpretaciones ms comunes y extendidas es la que asocia al cirujeo con la

vagancia o para calificar a las personas en situacin de calle, de modo que para muchos

ciruja vendra a ser un argentinismo vinculado con vagabundo, linyera, atorrante o crotto

(Schamber, 2008, p. 79) Ya en 1885 Eduardo Wilde, en su Curso de Higiene Pblica,

hablaba de este oficio: cirujanos de la basura, profesional que anda entre los huesos

(Dhers, 2013, p. 15), ya que en ese momento el negocio de la recuperacin giraba en torno

al valor de los restos de huesos animales.

Desde una primera perspectiva, podemos entender el oficio de los cirujas, carreros y

cartoneros, a quienes algunos prefieren denominar recuperadores urbanos, como propio

de un sector de la economa social, como un emergente friccional que surgi a raz de la

situacin de crisis del mercado de trabajo, frente a la cual el Estado tambin fall (Nosetto,

2013). Siguiendo diversos aportes, Nosetto expone que la economa es siempre economa,

pblica, privada y social al mismo tiempo y depende de los balances histricos cul va a

ser el modelo que predomine (Nosetto, 2013, p. 8). Por tanto, desde los proyectos

vinculados a un modelo productivo inclusivo, de desarrollo local, no solamente se puede

mirar hacia dentro de la economa social sino tambin a toda la sociedad. Para ello, es

indispensable el involucramiento del Estado ya que proyectos de estas caractersticas no

van a darse espontneamente (Nosetto, 2013). Reconociendo a los RSU como un bien

pblico impulsor de actividades econmicas, en el recorrido del presente trabajo, se destaca

el predominio de la economa privada, y de la pblica privatizada, como modelo econmico

predominante en la ciudad de Crdoba. De all surge la idea de vincular los RSU al concepto

de patrimonio, ya que cualquier cosa procedente de la naturaleza, la historia o la genialidad

constituye un elemento potencialmente patrimonializable que puede pasar a formar parte,

una vez activado, de los repertorios patrimoniales existentes (Almiron, et al., 2006).

Adems, este proceso de activacin patrimonial expresa las relaciones de poder en la

sociedad actual y es llevado a cabo por actores concretos e intencionados. Por tanto, el

2 Crdoba cuenta con una gran presencia de carreros, personas que realizan las actividades de cirujeo con carros tirados por caballos. 3 Personas que realizan el cirujeo recolectando principalmente o exclusivamente cartones y derivados de la industria papelera.


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modelo de economa vinculado a los RSU ser definido por los actores poltico-sociales que

tengan poder suficiente para lograr imponer sus valores, ideas e intereses.

Sobre el proceso de patrimonizacin, este trabajo se nutre de numerosos aportes

tericos provenientes del turismo y el desarrollo local, de autores como Prats, Castells,

Harvey, Schweitzer, Almiron, Bertoncello y Troncoso. Segn Prats (Prats, 1998), la

condicin de patrimonio no tiene que ser interpretada como un atributo inherente a un objeto

clasificado como tal, sino como el resultado de la intencionalidad de determinados

individuos o grupos de la sociedad actual, que logran imponer su posicin y la cristalizan

en el objeto patrimonizado (Almiron, et al., 2006). Desde un enfoque ms simple, se puede

definir al patrimonio como el conjunto de bienes (naturales o culturales, materiales o

inmateriales) acumulados por tradicin o herencia. Por tanto, no solo resulta importante

destacar a los RSU como un patrimonio cordobs construido histricamente, como fuente

de riqueza econmica y de daos ambientales (por su mala gestin), sino que tambin son

patrimonio cultural de Crdoba los carreros, cartoneros y cirujas, quienes se identifican y

autodenominan segn qu materiales recuperan y en qu medio lo hacen, por ms que

desde el Estado se los englobe a todos dentro del concepto recuperadores urbanos.

Coraggio concibe a la economa como inseparable de la cultura, como un espacio de

accin constituido no por individuos utilitaristas buscando ventajas materiales sino por

individuos, familias y colectivos dentro de instituciones haciendo transacciones en base a

la solidaridad y la cooperacin (Coraggio, 2002). Esta economa social implica experiencias

que buscan reproducir la sociedad, ms que reproducir el capital, priorizando los lazos

sociales sobre la acumulacin del capital (Nosetto, 2005). Por estas virtudes propias de la

economa social resulta fundamental que los actores que la representan sean centrales en

este proceso de valorizacin de los RSU. Desde la administracin pblica, y la sociedad en

general, hay una construccin ideolgica, histrica y cultural que considera a los RSU como

basura, como un problema a sacarse de encima. En la mayora de los casos los residuos

presentan un valor de uso, sujeto al proceso de recuperacin y reciclaje, y un valor de

cambio, que permite reingresarlos al ciclo de las mercancas. De este modo, los RSU dan

lugar a dos tipos de actividades econmicas: la eliminacin, a travs del servicio de

recoleccin y la disposicin final de la basura; y la mercantilizacin, vinculado a su

aprovechamiento econmico (Shammah, 2009). Actualmente, la gestin formal de RSU

est enfocada en la recoleccin y la disposicin final, mientras que el proceso de

mercantilizacin se da predominantemente en los mbitos informales que proveen materias

primas a industrias y empresas privadas. As, es de esperar que haya intereses

contrapuestos y se intente sobreponer un modelo ms sustentable de gestin integral de

los residuos, pero sin generar ningn cambio en las actuales relaciones econmicas,

polticas y sociales.

Entre las corrientes existentes sobre el desarrollo sustentable, este trabajo sigue la

teora marxista o eco-socialista, la cual afirma que el problema no se debe a lmites fijos

externos a la sociedad sino a las maneras en que el sistema capitalista usa los recursos

naturales (Schweitzer, 2013). Desde esta corriente, el cambio debe generarse en las

formas de organizacin social del trabajo, siendo la naturaleza y la cultura las fuerzas

productivas a potenciar. Schweitzer tambin expone que el territorio rene el espacio social

y el espacio vivido, representado. Este espacio representado se construye integrando el

patrimonio ideolgico de los individuos que producen la representacin (Schweitzer, 2013).


6 Ignacio Pelln

Por tanto, entender a los RSU como un patrimonio pblico de todos los cordobeses

permitira cambiar est representacin territorial, priorizando la tierra, el trabajo y la cultura

por sobre la obtencin de ganancias y la reproduccin del capital en el corto plazo. Esto

permitira plantear un modelo de desarrollo con nfasis en lo productivo, integrando las

dimensiones poltico-institucionales, societarias, ambientales y tico-culturales (Garca

Delgado & Nosetto, 2006).

Como ltimo punto de este marco terico, merece ser tenido en cuenta el hecho de

que el objetivo de este trabajo monogrfico no busca comprender la lgica de los actores

que trabajan con los residuos desde la informalidad. Por el contrario, se intenta desandar

las lgicas polticas y econmicas predominantes de quienes definen las reglas del juego y

proponer un insumo viable para las polticas pblicas de desarrollo local vinculadas a los

RSU. En este caso particular, el foco se ubica sobre el gobierno local y los actores que

gozan de lo que Silvia Ferro denomina opacidad cientfica, refirindose a los sectores ms

acomodados que desde las ciencias sociales son habitualmente soslayados (Ferro, 2014).

La obra de Cinthia Shammah, El circuito informal de los residuos. Los basurales a cielo

abierto (Shammah, 2009), resulta un pilar para comprender las lgicas e intereses de los

actores que entran en pugna por la significacin econmica de los residuos para el Estado,

las empresas capitalistas y la economa popular. El otro gran sostn de esta produccin

monogrfica proviene de Pablo Schamber quien en su libro De los desechos a las

mercancas (Schamber, 2008) - tambin enfocado en el Gran Buenos Aires - realiza una

etnografa de los cartoneros develando un provocativo entramado social, econmico y

cultural vinculado a la gestin de los residuos, su transformacin, valorizacin y reinsercin

al mercado.

3. Marco contextual

Argentina es un pas altamente urbanizado; ms del 90% de la poblacin habita en

territorios urbanos. La mitad de la poblacin viven en los 5 grandes conglomerados: rea

Metropolitana de Buenos Aires, Gran Crdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran La

Plata. Siendo Crdoba la segunda conurbacin del pas, las problemticas vinculadas al

hbitat y la planificacin urbana cobran una creciente magnitud y complejidad. La

incorrecta gestin de los residuos slidos urbanos (RSU) figura entre los mayores

problemas ambientales urbanos que presenta la provincia de Crdoba (Gob. de Cba.,

2013). Segn el gobierno provincial, el 70% de los RSU generados encuentran disposicin

final adecuada en 6 vertederos controlados (rellenos sanitarios), mientras que el restante

30% se dispone en unos 300 basurales a cielo abierto (BCA) esparcidos por la provincia,

donde se realiza la quema de los mismos sin ningn tipo de control. Esta ltima disposicin

final no adecuada correspondera al 90% de los municipios y comunas de la provincia.

Nuestra Constitucin Nacional, en su artculo 41, garantiza para todos los habitantes

el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las

generaciones futuras. Tambin se dicta el deber a preservar el ambiente y recomponer el

dao ambiental generado, estableciendo que Corresponde a la Nacin dictar las normas

que contengan los presupuestos mnimos de proteccin, y a las provincias, las necesarias

para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. La Ley Nacional


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de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin Integral de Residuos

Domiciliarios (Ley N 25.916 del ao 2005) brinda algunas disposiciones tcnicas, sobre

todo para las etapas de tratamiento, transferencia y disposicin final. En la misma, se

establece la proteccin legal bsica y uniforme para todo el pas. Respecto a la gestin

informal, en su artculo 25 inciso C se declara: Fomentar medidas que contemplen la

integracin de los crculos informales de recoleccin de residuos. Complementariamente,

las provincias pueden dictar normas adicionales aumentando las exigencias dentro de su

jurisdiccin, las cuales nunca podrn ser inferiores a las que otorga la Nacin.

En la Provincia de Crdoba, la Ley de Gestin de Residuos Slidos Urbanos (RSU) y

Residuos Asimilables a los RSU (Ley N 9.088 del ao 2003) es aplicable a la generacin,

transporte, tratamiento, eliminacin y disposicin transitoria o final de residuos slidos

domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres

domsticos y vehculos en desuso, y similares. Por lo que se define un concepto amplio de

los RSU, discriminando solo aquellos que requieran tratamientos especiales (patgenos,

radioactivos y peligrosos). Adems, en su artculo 2 inciso D se fija el objetivo de Alentar

la formacin de sistemas cooperativos o asociativos con la finalidad de intervenir en el

proceso de recoleccin, clasificacin, reutilizacin, transporte y destino transitorio o final de

los residuos. En el mbito de la ciudad de Crdoba, la Ordenanza N 9.612 (ao 1997) da

el marco local a la gestin de los residuos, reconoce el Poder de Polica de la municipalidad

en esta materia como indelegable y establece como rgano de aplicacin a la Secretara

de Ambiente. Cabe destacarse que tanto la legislacin provincial como la municipal han

sido elaboradas con varios aos de anterioridad a la Ley Nacional, por lo que han tenido

modificaciones puntuales pero no una actualizacin integral.

En sus inicios, el servicio de recoleccin de residuos en la ciudad de Crdoba

consista en retirar la basura que cada vecino dejaba al frente de su casa; como

contraprestacin, el municipio se haca de recursos administrativos a travs del cobro de

tasas o contribuciones. De este modo, el objetivo poltico respecto a la gestin de la

residuos se orientaba a la necesidad de retirar de la vista de los habitantes sus propios

desperdicios, ya sea hacindolos desaparecer mediante la quema, o llevndolo los ms

lejos posible de los sectores ms habitados hacia los mrgenes de la ciudad (Gonzalez

Salva, et al., 2011). Si bien el hoy objetivo poltico no es muy distinto, dentro del contexto

histrico de la gestin de residuos de Crdoba pueden distinguirse cuatro perodos. En su

etapa inicial, la municipalidad se enfoc en implementar el servicio de recoleccin de

residuos, arrojando lo recolectado en el cauce de la caada y el Ro Suqua. En la dcada

de 1910, con la inauguracin de un gran horno incinerador en Barrio Observatorio, se inicia

un nuevo perodo, caracterizado por la quema como eslabn final del ciclo de la basura.

Por esos aos, la lgica dominante en los mbitos polticos del pas, respecto al destino de

la basura, es ms mucho ms favorable a la higiene y a la esttica que a la bsqueda de

beneficios econmicos como ocurra anteriormente (Schamber, 2008). En 1960, se

inaugura otro horno, de mayor capacidad, en Villa Belgrano. Pocos aos despus, durante

el gobierno de la dictadura de los aos 70, se cierran estos hornos y se habilitan seis

terrenos para destinar la basura de la ciudad (La Voz, 2010). Estos cambios en la

disposicin final daran inicio al tercer perodo que algunos autores cordobeses identifican

como la transicin del Viejo Paradigma hacia un Nuevo Paradigma de la disposicin de

residuos urbanos (Gonzalez Salva, et al., 2011).


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Desde la segunda mitad del siglo XX, el marcado crecimiento demogrfico de la

capital cordobesa no slo gener un crecimiento en la cantidad de residuos generados y en

la composicin (debido a nuevos hbitos de consumo y produccin), sino que tambin

produjo la expansin geogrfica de la ciudad, desde el centro fundacional hacia sus

mrgenes. De manera que aquellas zonas que en su momento sirvieron para ocultar la

basura, fueron pobladas y urbanizadas, dejando en evidencia la problemtica no resuelta.

En este marco, el Estado Municipal debi reforzar su compromiso con las poblaciones

cercanas a los basurales, reestructurando sus polticas de tratamientos de residuos en base

a los habitantes (Gonzalez Salva, et al., 2011). Un ao antes del retorno de la democracia,

se producen algunos cambios en los actores y en la disposicin final considerada adecuada,

dando lugar al cuarto perodo que llegara hasta la actualidad. A partir de aqu, se establece

en Crdoba el relleno sanitario como la respuesta al creciente urbanismo, pero no como

una solucin sustentable en trminos medioambientales4.

Por esas pocas, ocurre un cambio de rumbo en las polticas pblicas urbanas a nivel

nacional. En mayo de 1977 los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital

Federal firmaron un convenio conocido como El Cinturn Ecolgico inspirado en el plan

integral de poltica urbana del abogado Guillermo D. Laura. A partir de aqu se difunde y

adopta al relleno sanitario como destino final ideal para los RSU ya que resultaba ser un

procedimiento de difundido uso internacional, probada eficacia, gran economa y ptimas

condiciones sanitarias () La basura de este modo servir de nutriente a millones de

plantas productoras de oxgeno (Laura, 1978, pp. 20-22). Los municipios del Gran Buenos

Aires fueron obligados a disponer sus RSU en los rellenos sanitarios del CEAMSE5, se

prohibieron los basurales a cielo abierto y las acciones de reciclaje y recuperacin de

residuos. Adicionalmente, se recurri a la fuerza policial para quitarle los carros y otros

medios de movilidad a quienes practicaban el cirujeo (Shammah, 2009, p. 37).

Pocos aos despus, en 1982, la empresa Aseo, de Franco Macri, habilita el

enterramiento sanitario de Crdoba en el municipio de Bouwer6, dando inicio a un periodo

que, con algunas marchas y contramarchas, se mantiene hasta la fecha, caracterizado por:

el enterramiento sanitario como destino final para los residuos y la implicancia directa de

grandes grupos econmicos como concesionarios del servicio pblico de higiene urbana

(SPHU). En 1989, Clima Higiene Ambiental (empresa conformada por Benito Roggio e hijos

y Ormas SAICIC) pasa a ocuparse de los residuos de los entonces 1,27 millones de

habitantes, recogiendo 1.100 toneladas diarias. En 1995, se introduce la recoleccin

diferenciada de residuos, involucrando a 20 barrios de la capital provincial, destacado las

ventajas de la seleccin en origen. En ese momento, las fuentes oficiales estimaban que

este servicio diferencial abarcaba as al 25% de los RSU generados (Da a Da, 2010).

Hacia fines de 1998, la concesin del servicio de recoleccin pasa a manos de la empresa

Cliba (Compaa Latinoamericana de Ingeniera Bsica Ambiental), tambin perteneciente

a Benito Roggio (BRa, 2013).

4 Los principales productos de la descomposicin en los rellenos sanitarios son los lquidos lixiviados y los gases, altamente contaminantes, pudiendo afectar gravemente la salud de las poblaciones cercanas. 5 Coordinadora Ecolgica del rea Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), empresa pblica fundada en 1977 para la gestin de RSU de la Ciudad de Buenos Aires y 34 partidos de su conurbano. 6 Localidad cordobesa de 2.000 habitantes, ubicada a 17 kilmetros al sur de la capital provincial.


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Una dcada despus, en 2009, se municipaliza el servicio de recoleccin y

tratamiento de residuos con la creacin de Crdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE).

Durante 28 aos la basura generada en la ciudad de Crdoba y la de 17 municipios y

comunas aledaas, tuvo como destino final el enterramiento en Potrero del Estado, en el

municipio de Bouwer. Hacia fines del ao 2010, el ex intendente Daniel Giacomino dispuso

el cierre de dicho predio, dando cumplimiento al compromiso poltico asumido con los

vecinos de Bouwer. Ante la necesidad de buscar un nuevo predio para el enterramiento, el

municipio volvi a recurrir a El Quemadero (sobre la Ruta Nacional N36 sur),

emplazamiento que ya haba sido utilizado con tal finalidad hasta el surgimiento de Potrero

del Estado. El Quemadero nunca fue remediado ni saneado y se reactiv sin cumplir con la

exigencia previa de contar con la Evaluacin de Impacto Ambiental. Estas cuestiones

motivaron a que vecinos de Villa Libertador (Nuestro Hogar III, Inaudi y Barrio Comercial)

se manifestaran fuertemente contra la Municipalidad de Crdoba. Como respuesta, la

gestin de Giacomino present un informe ambiental que fue duramente cuestionado por

la Universidad Nacional de Crdoba (UNC) y la Universidad Catlica de Crdoba (UCC) por

ser incompleto y por la falta de rigor metodolgico, siendo inadmisible para un proyecto de

relleno sanitario (RCNC, 2013). De este modo, la actual gestin municipal, encabezada

por Ramn J. Mestre de la Unin Cvica Radical, recibe un modelo de gestin de los RSU

caracterizado por el SPHU en mano de la empresa municipal CReSE que da disposicin

final a todos los residuos en El Quemadero, siendo la reactivacin de este predio motivo de

fuertes cuestionamientos desde amplios sectores sociales y acadmicos.

4. Desarrollo del trabajo

a. La actual gestin municipal de los RSU

El actual Intendente, Ramn J. Mestre, asume su mandato en diciembre de 2011 con

la promesa electoral de erradicar el basural El Quemadero, emplazado sobre la Ruta

Nacional N36 (RN36). A travs de la Resolucin N2.039, del mes de agosto de 2012, se

formaliza un acuerdo con la Universidad Nacional de Crdoba (UNC) para realizar un

estudio de seleccin de un predio para el centro de tratamiento y disposicin final para los

RSU del rea metropolitana. La Secretara de Ambiente de la Municipalidad de Crdoba

mantuvo sin publicar el informe de la UNC pero hizo trascender que la zona ms apta

seguira siendo prxima a El Quemadero (Martinez, 2013). Conjuntamente, se crea una

Comisin encargada de la elaboracin de los pliegos para el llamado a licitacin del Servicio

Pblico de Higiene Urbana (SPHU) y se publica el documento de trabajo Gestin Integral

de los Residuos Slidos Urbanos en la Ciudad de Crdoba con el objetivo de aportar

elementos de anlisis y diagnstico; y propuestas de abordaje para alcanzar una gestin

de RSU ms sustentable (SA-Cba., 2012). En el mismo, se destaca que resulta adems

insoslayable realizar un enfoque interdiciplinario, considerando los aspectos tcnicos,

polticos y sociales, sin embargo, las precisiones acerca de los contenidos de los pliegos

se conocieron una vez ingresado al Consejo Deliberante y se aprob rpidamente por la

mayora automtica que tiene la UCR en este rgano (RCNC, 2012). Por tanto, a pesar del

prometedor enunciado de la comisin, no hubo participacin de ninguna organizacin

externa en lo referente a aspectos tcnicos y sociales.

Desde el Poder Ejecutivo municipal se decide que CReSE subcontrate los servicios

de higiene, limpieza y recoleccin a las empresas COTRECO para la zona sur de la ciudad


10 Ignacio Pelln

y LUSA para cubrir la zona norte, argumentando que esto implicar un ahorro de 40 millones

de pesos al ao, mientras que los concejales de la oposicin expresaban que, por el

contrario, los gastos se aumentaran en unos 100 millones de pesos al ao (Llorens, 2012).

Logstica Urbana S.A. (LUSA) fue constituida legalmente en junio de 2011 y en febrero de

2012 comenz a prestar servicios de higiene urbana en el marco de un contrato de cesin

parcial y temporaria. Previo a la publicacin de los pliegos para la licitacin, la comisin

municipal realiz visitas tcnicas a Rosario y Buenos Aires. En estas dos ciudades, los

oferentes deben cumplir con una antigedad mnima de 3 aos y 5 aos, respectivamente,

sin hacer distincin entre empresas nacionales o extranjeras. En mayo de 2013, LUSA fue

desestimada como oferente dentro del proceso de licitacin para la concesin del servicio

de higiene urbana en la C.A.B.A. por no cumplir con el requisito de antigedad (Poder

Ciudadano, 2013). Unos meses despus, se dan a conocer los pliegos para la licitacin del

servicio en la ciudad de Crdoba, expresando que podr ser oferentes las sociedades

legalmente constituidas en el pas o en el exterior. Sin embargo, los oferentes forneos

tendrn que cumplir con un mnimo de 5 aos desde su fecha de constitucin, mientras que

las empresas nacionales debern tener una antigedad no menor a 2 aos (MC, 2012).

Das antes de terminar el ao 2012, estos pliegos fueron aprobados en primera lectura por

el Consejo Deliberante.

La comisin municipal entiende que para las nuevas concesiones del SPHU se debe

dividir la ciudad en tres zonas: sur, norte y microcentro. El SPHU concesionado incluye las

Prestaciones Bsicas (recoleccin de RSU y limpieza del espacio pblico, incluidos los

transportes resultantes de ambas) y algunas otras Prestaciones Complementarias

(orientadas a la limpieza, reposicin y mantenimiento de los equipamientos pblicos).

Mientras tanto, se sugiere que el Ejecutivo Municipal se reserve el derecho de modificar,

total o parcialmente, el servicio de recoleccin de la Fraccin Seca (RSU-FS), conservando

el derecho de indicar la prestacin de este servicio a terceros operadores, quedando a su

exclusivo criterio dar prioridad a Cooperativas de Recuperadores Urbanos inscriptas en

Recoop (MC, 2012, p. 31). Para tal fin, se cre el Registro de Cooperativas de

Recuperadores Urbanos (Recoop), hoy dentro del Programa Recuperando Valor. Al igual

que lo que ocurre en otras grandes urbes, en los pliegos del SPHU puede verse como el

Estado prioriza el capital econmico formal y no da respuestas a las necesidades sociales

(Shammah, 2009). Las empresas de recoleccin de residuos estn en manos de grupos

polticos que operan en diversos municipios (Schamber, 2008, p. 90), por lo que, primero

se atiende a esos intereses y luego se ve que se puede hacer respecto a la reubicacin de

los rellenos sanitarios y la integracin de los sectores informales.

Hacia fines de 2012, por medio de la Ordenanza N12.027, municipio y provincia

crean la autoridad de tratamiento de residuos del rea metropolitana: Corporacin

Intercomunal para la Gestin Sustentable de los Residuos del rea Metropolitana de

Crdoba Sociedad Annima (Cormecor S.A.), integrando 14 municipios del Gran Crdoba.

Dicha sociedad se constituye con un capital de 50 millones de pesos: 41 millones provienen

de la capital provincial, 7,5 millones de los dems municipios y 1,5 millones son aportados

por los gremios en actividad (RCNC, 2013). En mayo de 2013, el directorio del Cormecor,

junto a autoridades municipales y provinciales, confirm pblicamente la expropiacin de

dos terrenos para la disposicin final y transicin de la basura de los 15 municipios que

conforman el Gran Crdoba. El predio de tratamiento y enterramiento contar con una

extensin de 270 hectreas y estar ubicado entre la Ruta Nacional N36 y la Ruta


11 Ignacio Pelln

Provincial N5, en el Departamento Santa Mara. En palabras del Jefe de Gabinete

provincial, Oscar Gonzlez, el predio: No pertenece a ningn municipio. Es un predio que

no est alcanzado por el radio urbano de ningn municipio y de ninguna comuna (Da Porta,

2013). Son muchas las similitudes del Cormecor y el CEAMSE, que fue creado en el ao

1978 para el rea Metropolitana de Buenos Aires, respondiendo a lgicas que tendan

sistemticamente a expulsar del territorio municipal todo lo que pudiera ser fuente de

problemas (Shammah, 2009, p. 38). De este modo, durante la ltima dictadura la Capital

Federal export basurales y villas al conurbano bonaerense, mientras que durante el

gobierno constitucional de De la Sota la capital provincial realiza similares acciones a travs

de las Barrios-Ciudades7 y la Cormecor S.A.

En mayo de 2013, se da a conocer que John Boretto, histrico dirigente de la UCR y

exsecretario general de la UNC, presidir la Cormecor S.A., propuesto para el cargo por

Ramn J. Mestre (La Voz, 2013). Su primera tarea, luego de la puesta en marcha de la

S.A., se refiere a la expropiacin de las tierras para el predio de tratamiento y enterramiento

(a 700 del cerrado vertedero Potrero del Estado, en Bouwer) y el predio de transicin (en

Estacin Jurez Celman), los cuales deberan comenzar a ser utilizados en un plazo

mximo de un ao (mayo de 2014). Sin embargo, a pesar de que los impulsores del

proyecto plantean que los predios no pertenecen a la jurisdiccin de ningn municipio, la

eleccin del primer predio hizo que el municipio de Bouwer no quiera ser parte de Cormecor,

mientras que en marzo de 2014, la intendenta de Jurez Celman, Myrian Prunotto, envi

una nota de desvinculacin de la localidad y exigi la presentacin de un estudio de

factibilidad del proyecto. Es interesante contextualizar que la pretensin controlar ambos

predios por medio de Cormecor, para luego cumplir con el requisito legal de realizar los

estudios de impacto ambiental, se encontr afectada por la mediatizacin del caso

Monsanto, aumentando las tensiones sociales y medioambientales sobre la regin (Ripoll,

2014).

En este punto, es importante marcar algunas diferencias entre las acciones que se

impulsan desde Cormecor y las para algunos exitosas gestiones realizadas por el

CEAMSE. En el conurbano bonaerense, la implementacin del CEAMSE y la exportacin

de los residuos desde la capital pudo lograrse durante la poca del gobierno militar, cuando

la autonoma municipal quedaba relegada y la sociedad civil tena escasas posibilidades de

manifestar sus reclamos (Schamber, 2008, p. 266). Actualmente, resulta poco viable, en

trminos polticos, que un municipio se subordine ante un mandato provincial o nacional

para ceder parte de su territorio como receptor de basura ajena. El Efecto NIMBY sigla

que en ingls significa no en mi patio trasero se refiere al rechazo que existe en las

comunidades respecto a la instalacin de actividades con fuerte impacto para la salud y el

medioambiente. El Efecto NIMBY plantea la dificultad para establecer los centros de

transicin y disposicin final ya que nadie quiere tener los residuos en su territorio

(Shammah, 2009, p. 41), lo cual constituye un alto costo poltico que, en democracia, los

referentes polticos municipales seguramente intentarn evitar (Schamber, 2008). Desde la

gobernacin provincial y de la capital cordobesa se distingue a la Cormecor como un avance

en la articulacin de polticas pblicas locales-regionales, pero no se menciona el hecho de

7 Durante la primera gobernacin de De la Sota (ao2004) se erradico el 60% de las villas existentes relocalizndolas en 14 barrios-ciudades ubicados en la periferia, expulsando de la jurisdiccin de la Ciudad de Crdoba a ms de 8.000 familias.


12 Ignacio Pelln

que los dos municipios prximos a los predios de transicin y enterramiento no apoyan el

proyecto. La expropiacin de ambos predios corre por cuenta del gobierno provincial,

mientras que en las dems localidades que suscribieron a la S.A. los funcionarios

municipales guardan silencio, esperando que las autoridades de la provincia y la capital

decidan dnde ira a para la basura de toda una regin (u-Por, 2014).

Mientras tanto, Piedras Blancas sigue recibiendo los residuos de Crdoba capital y

los municipios aledaos, en tanto que CReSE realiza acciones para alargar la vida til del

predio hasta fines de 2014. Adicionalmente, desde Surrbac (Sindicato nico de

Recolectores de Residuos y Barrido de Crdoba) se realizaron diversos actos de reclamo

ante la ineficiente gestin municipal: manifestando el incorrecto tratamiento de los lquidos

lixiviados, el trabajo a reglamento, la falta de mantenimiento y las montaas de basura que

llegan a los 15 metros de alto. En mayo de 2014, fecha en la que se esperaba que estn

en funcionamiento los nuevos predios, desde la intendencia de la capital se tom la decisin

de que se releve a CReSE en la gestin de Piedras Blancas, ya que el gobierno provincial

no ha avanzado con las expropiaciones de los predios planificados. Este cambio implicar

que Cormecor deber absorber los 256 empleados que tiene la empresa municipal y, sobre

todo, que parte de la responsabilidad sobre la gestin de los RSU pasa a un mbito

intermunicipal. Mientras tanto, CReSE se abocara exclusivamente a la gestin de los

Centros Verdes municipales, mientras que la problemtica y la bsqueda de las soluciones

respecto a la transicin, tratamiento y enterramiento se delega al ente integrado por 15

localidades pero dirigido por la capital, la cual genera el 95% de los RSU (Ripoll, 2014).

El documento Crdoba una ciudad en cifras, publicado por la Municipalidad de

Crdoba, indica que en 2012, el promedio mensual de residuos generados fue de 65.000

toneladas de los cuales slo una parte menor podra considerarse propiamente basura8. El

documento tambin indica que el servicio de recoleccin diferencial cubre el 29% de la

ciudad y que el promedio de residuos generados por habitante es de 0.850kg/da (MdC,

2012). Este promedio mensual de residuos generados es muy similar a los registrados en

el ao 1999. Sin embargo, hoy la ciudad cuenta con al menos 120.000 habitantes ms que

a fines del siglo pasado, con un contexto socioeconmico favorable para mayores niveles

de consumo y sin ningn cambio considerable respecto a la concientizacin e

involucramiento de la sociedad para reducir la generacin de residuos. Si consideramos

que en Piedras Blancas se registran ingresos mensuales del orden de las 64.100 toneladas

(RCNC, 2012), podemos concluir que casi la totalidad de la recoleccin diferenciada termina

en el relleno sanitario. Tambin sera lgico inferir que existen al menos 8.000 toneladas de

residuos, generadas por el crecimiento poblacional, que estaran siendo gestionadas

informalmente, totalmente al margen de las cifras oficiales.

Analizando los aspectos financieros de la presente gestin municipal, los informes de

auditora de CReSE muestran que el primer trimestre del ao 2012 la prdida operativa fue

de $28.077.448, monto equivalente a igual perodo del ao anterior. El municipio, adems,

mantiene una deuda de $48.641.409 con CReSE. Por tanto, el costo promedio mensual

para el ao 2012 estaba en el orden de los $42.200.000, sumando las concesiones

mensuales a LUSA y COTRECO ($37.199.995) y el residual estimado de CReSE

($5.000.000). Esta informacin proviene de la Red Ciudadana Nuestra Crdoba en donde

8 Composicin declarada: 35% restos de comidas, 18% organicos, 14% otros residuos no reciclables, 14% plsticos, 13% papel y cartn, 3% vidrio, 2% metales y 1% no identificados.


13 Ignacio Pelln

se declara que CReSE contina con desajustes econmicos, financieros y patrimoniales

de envergadura (RCNC, 2013), a pesar de que fueron justamente los desajustes

econmicos los que generaron la decisin de concesionar el SPHU.

Respecto a las cuestiones socio-ambientales, merecen ser citados algunos casos, ya

que en Crdoba, como en todo Amrica Latina, los factores ambientales son determinantes

claves en la reproduccin de la destitucin y la desigualdad (Auyero & Swinstun, 2006, p.

17). El barrio Nuestro Hogar III cuenta con unas 500 familias que habitan all desde 1997

mientras que otras tantas decenas de familias, las cuales integran el Anexo del barrio,

tienen sus hogares construidos sobre las tierras del antiguo basural. Un anlisis realizado

por la ctedra de Ingeniera Ambiental de la UNC arroj que todos los muestreos indicaron

la existencia de residuos peligrosos. A pedido de la municipalidad, la Universidad

Tecnolgica Nacional realiz otro estudio en el que tambin se encontr una alta

concentracin de metales pesados. A pesar de los fuertes de reclamos de los vecinos, y de

numerosas organizaciones de la sociedad civil, durante las ltimas dos gestiones

municipales, las cuales han reconocido la gravedad de la situacin, el gobierno de Mestre

no ha dado curso al decreto municipal que dictamin la expropiacin de los terrenos para

trasladar el asentamiento y remediar el predio (RCNC, 2013). Por otro lado, en el caso de

Bouwer, luego de dos recursos de amparo rechazados, en marzo de 2010 qued

oficialmente cerrado el predio utilizado para el enterramiento. Sobre la misma ruta (RN36)

y a escasos kilmetros, Piedras Blancas es hoy el relleno sanitario del rea metropolitana

de Crdoba. Sin ninguna remediacin hasta la fecha, la zona sur contina siendo el territorio

que soporta todo el pasivo ambiental de la regin, como tambin ocurre a nivel mundial:

una sociedad explota la capacidad de carga de otra (Altschuler, 2013).

En junio de 2014, la Legislatura Provincial aprob9 una nueva Poltica Ambiental

Provincial (Ley N 10.208), elaborada por el Poder Ejecutivo Provincial. En el artculo 28 se

determina que los proyectos ambientales de complejidad que estn sometidos a

evaluaciones de impacto ambiental, previamente deben contar con una audiencia pblica

u otro proceso de participacin ciudadana. Al momento de aprobarse dicha ley, desde el

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Pblicos, la Secretara de Ambiente municipal y

la Cormecor se espera el segundo informe del Instituto Superior de Estudios Ambientales

(ISEA) de la UNC para la expropiacin de los nuevos predios, mientras que todava no se

realiz el correspondiente estudio de impacto ambiental ni la consulta popular que exige la

legislacin. Desde los gobiernos provincial y municipal las problemticas medioambientales

se plantean desterritorializadas, obviando el hecho de que las sociedades hacen su historia

y construyen su geografa (Schweitzer, 2013). Respecto a este tema, Schweitzer plantea

que la desterritorializacin no existe, sino que lo que realmente ocurre es una

reconstruccin permanente de los territorios (apropiacin-desapropiacin), una constante

reterritorializacin (Schweitzer, 2013).

Despus de 28 aos la basura vuelve a Crdoba (La Voz, 2010): ese fue el titular

publicado por el diario La Voz del Interior cuando el ex intendente Giacomino cerr Potrero

del Estado (Bouwer) y reactiv El Quemadero (Crdoba). Ese costo poltico intentara evitar

el actual gobierno de la capital mediante la Cormecor, manteniendo una gestin de los RSU

que conserva el modelo de gestin instaurado antes del retorno de la democracia. El relleno

99 El proyecto de ley fue aprobado con los votos de todos los bloques parlamentarios excepto los del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de un legislador del Frente Para la Victoria que se abstuvo.


14 Ignacio Pelln

sanitario sigue siendo el destino final ideal porque en su costo no se contempla el proceso

de estabilizacin de los residuos, mientras que el grueso del presupuesto se destina a pagar

el servicio de recoleccin, a cargo de grandes grupos econmicos nacionales atrados por

la rentabilidad del negocio. Se plantea una ciudad de Crdoba sustentable pero sin discutir

las relaciones de produccin capitalistas, sin reconocer que los problemas ambientales

surgen de una contradiccin entre el ritmo de los ciclos biogeoqumicos y el ritmo de los

ciclos de produccin humanas (Foladori & Pierri, 2005). La depredacin de recursos que

podra evitarse al reutilizar los residuos como materias primas y la contaminacin que podra

evitarse mediante dicha recuperacin son ideas que no encuentran ningn vnculo con el

modelo vigente de gestin integral de los residuos slidos urbanos de la ciudad de

Crdoba.

i. La gestin informal de los RSU

En las ltimas dcadas del siglo XX, sobre todo durante el gobierno de Carlos Menem,

se rompi fuertemente con la estructura social que generaba la gran masa salarial

caracterstica de la sociedad argentina. La consecuente desafiliacin de gran parte de la

poblacin dej excluidos a grandes sectores de la poblacin, principalmente en los mbitos

urbanos (Pastore, 2010). En ese nuevo cuadro, muchas familias encontraron una

alternativa en la economa informal de la recuperacin y el reciclado de residuos. No resulta

extrao encontrar a cirujas con ms de veinte aos en este oficio, caracterizado por su

relativa facilidad de acceso a una ocupacin que requiere escaso capital y destreza, por lo

cual tambin rene a muchas personas que se dedican a esta actividad en forma

espordica o intermitente (Schamber, 2008, p. 81). Para quienes realizan esta actividad,

como todas las de la economa popular, esta resulta una alternativa viable para responder

a sus necesidades de supervivencia o subsistencia, pero tambin un modo o una estrategia

de vida (Razeto, 1988).

Con el tiempo, los cirujas, cartoneros y carreros tradicionales (histricos) y

coyunturales (quienes se iniciaron prximos a la crisis de 2001) fueron encontrando en la

economa popular un subsector cuya racionalidad principal est orientada en garantizar la

reproduccin social de la vida, de sus miembros, a travs del trabajo (Pastore, 2006). En

Crdoba, muchos carreros, cartoneros y cirujas que desde mbitos estatales y

acadmicos usualmente se engloban dentro del concepto de recuperadores urbanos se

fueron organizando formalmente. As, en la bsqueda de una mejor calidad y estabilidad

laboral, el cooperativismo emerge como algo renovador, como un modelo alternativo al

capitalismo financiero de exclusin y contencin (Garca Delgado, 2004). Posiblemente, la

cooperativa Los Carreros de Villa Urquiza sea la ms antigua de la ciudad. La misma,

comenz sus actividades en 1983 (pero obtuvo su personera jurdica en 1994), reuniendo

a cirujas de las zonas de Villa Urquiza y Villa Siburu con el objetivo de acopiar materiales

reciclables y vender directo a las fbricas, buscando evitar intermediarios y garantizar cierta

estabilidad laboral para paliar la situacin de vulnerabilidad que sentan en esos aos

(Fernndez, 2012). Por otro lado, la Cooperativa de Carreros La Esperanza, una de las

ms recientes, comenz a trabajar formalmente en enero de 2011, buscando ser un lugar

donde nuclear a los carreros de la ciudad que estaban siendo perseguidos y hostigados por

animalistas y policas (Job, 2013).


15 Ignacio Pelln

Pastore (Pastore, 2013) explica que dentro de la economa social se encuentran

organizaciones que realizan actividades econmicas como actividad principal, no como

actividad secundaria o marginal, pero que se apoyan en las capacidades, las energas

humanas y sus relaciones interpersonales. Muchas agrupaciones de carreros de Crdoba

han surgido buscando eliminar la intermediacin de los galponeros (quienes compran los

residuos recuperados a los carreros y luego lo venden a las fbricas como insumos),

pudiendo acopiar lo recolectado por cada uno de sus miembros y vendiendo los materiales

directamente a las empresas compradoras a un precio mayor (LMC, 2007). Desde el

MOCAR10 se destaca que esta actividad es socialmente til por el volumen de materiales

que se recuperan y reciclan, porque genera riqueza y empleo y porque disminuye la

contaminacin ambiental de lo que indefectiblemente terminara en rellenos sanitarios o

quemas (Pastore, 2010). Sin embargo, es importante dejar en claro que el reciclaje,

independientemente de los beneficios que aporta al medioambiente, es una actividad

eminentemente econmica (Schamber, 2008). En la mayora de las organizaciones del

sector, y sobre todo en Los Carreros y La Esperanza, puede verse la eminencia

econmica, de una economa social y popular, de solidaridad y trabajo: La racionalidad de

la economa de solidaridad y trabajo es aquella que se funda sobre el factor fuerza de

trabajo y sobre el factor comunidad (Razeto, 1997).

Los mencionados actores de la economa popular se sostienen por el trabajo

realizado como actividad econmica y funcionan sobre el principio de reciprocidad, en

donde las relaciones econmicas operan a travs de los canales habilitados por los lazos

sociales preexistentes e indisociables a las relaciones humanas (Nosetto, 2005). En el caso

de La Esperanza, si bien se busca mejorar las condiciones laborales de sus miembros, la

organizacin nace con un especial inters por defender su actividad econmica ante el

Estado y su identidad ante la sociedad en general. Esta cooperativa, que cuenta con 700

socios carreros de 25 barrios de la ciudad, se enfoca en dar representatividad y legitimidad

a este sector: nosotros apostamos a generar puestos de trabajo y a combatir la persecucin

que desde el Estado se hace contra los carreros, dice su presidente Carlos Andrada

(Pacheco, 2013). Esto devela, en parte, las consecuencias de que a pesar de las

declaraciones de inclusin social del gobierno local, la legislacin vigente prohbe la

actividad, lo cual refuerza la criminalizacin de la actividad en la sociedad cordobesa.

Al hablar de gestin informal de los RSU en Crdoba capital resulta insoslayable tratar

el tema de los carros y los caballos, ya que este la mayora de los recuperadores urbanos

son carreros (o al menos los socialmente ms visibles). La actividad del reciclado y

recuperacin tiene su pico, a nivel nacional y local, durante la crisis de 2001. En ese

momento, la gestin municipal de Germn Kammerath (1999-2003) decide, mediante el

decreto 111/02, redoblar la prohibicin de la traccin a sangre que ya haca la Ordenanza

N8643 (sancionada durante el gobierno de la dictadura), poniendo especial atencin en la

zona cntrica de la ciudad. La determinacin de que los recuperadores dejen sus carros y

caballos en los mrgenes del ro Suqua entre los puentes Sarmiento y Alvear, e ingresen

al centro a recolectar con carros manuales, agudiza los reclamos y conflictos con la

municipalidad. Varios carreros son detenidos durante las protestas, lo que deriva en la

necesidad de mayor organizacin entre los carreros (Vergara & Giannone, 2009).

10 Mocar Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Recicladores


16 Ignacio Pelln

En el ao 2004, durante la intendencia de Luis Juez (2003-2007), se deroga la

ordenanza mencionada y se reemplaza por la N9981/04, conservando la prohibicin de los

vehculos con traccin a sangre. En esos momentos, el Comando de Accin Preventiva de

la Provincia de Crdoba (CAP) era quien detena a los carreros cuando circulaban por la

ciudad. Por el otro lado, la gestin de Juez hace algunos intentos de regular la actividad de

los carreros y la disposicin final de los residuos gestionados por la empresa Cliba sin llegar

a definiciones concretas. Posteriormente, durante el gobierno de Daniel Giacomino (2007-

2011) algunas cooperativas, como Los Carreros pudieron trabajar algo ms organizadas

a partir de la creacin de CReSE. En parte, este mejor dilogo entre el municipio y los

carreros puede deberse a un cambio de intereses. Antes, cada kilo de residuos que los

carreros recuperaban era un kilo menos que gestionaba Cliba y, por lo tanto, la empresa

del Grupo Roggio cobraba menos por su concesin (Fernndez, 2012). En la investigacin

de Schamber, se plantea el hecho de que probablemente, al estar las empresas de

recoleccin bajo control de grandes grupos polticos y econmicos, esa sea la causa por la

cual todava no se han implementado polticas que reduzcan la cantidad de residuos

producidos (Schamber, 2008, p. 90).

Cuando se inicia la actual gestin de Ramn J. Mestre se corta con la voluntad

poltica que permita la traccin a sangre y el acopio que hacan algunas cooperativas con

objeto de reciclar materiales (Fernndez, 2012). El escenario se complejiza an ms

cuando, a principios de 2012, nace la Fundacin Sin Estribo (FSE), con un inters que

afecta directamente a los carreros. La fundacin expresa: trabajamos por y para todos los

animales que lo necesiten, pero principalmente nos motiva el enorme sufrimiento de los

caballos que da a da sufren traccionando carros (FSE, 2013). El accionar de FSE consiste

en denunciar casos de maltrato animal ante la polica para secuestrar los caballos

(apelando a la Ley Sarmiento11) y, en caso de sentencia del juez competente, constituirse

en guarda judicial de los equinos en cuestin. En este corto tiempo, Andrea Heredia de

Olazabal12, presidente de FSE, se ha constituido en querellante en aproximadamente 50

causa por crueldad contra animales. Esta fundacin ha logrado que por primera vez se

eleve a juicio una causa por aplicacin de la Ley Sarmiento (Duran, 2013), evidenciando

los recursos legales-jurdicos que posee la organizacin.

No obstante, la FSE no slo se enfoca en restringir la traccin a sangre en la ciudad

sino tambin en criminalizar a los carreros y calificar su actividad econmica como indigna.

Valindose de la legislacin vigente, desde la fundacin se estigmatiza el trabajo de los

carreros, atribuyndole la causalidad de diversas problemticas: el trabajo infantil, los

basurales a cielo abierto, el robo de animales, la faena clandestina; todos esos delitos estn

detrs de la traccin a sangre. Eso es lo que Sin Estribos ha instalado en la sociedad

(Heredia de Olazabal, 2012). Acusaciones pblicas como sta generaron que en repetidas

ocasiones las cooperativas de carreros, apoyadas por otras organizaciones, como as

tambin por el MOCAR, salgan a las calles a manifestarse, destacando que nadie, ni el

Estado, ni las organizaciones animalistas, se ha acercado a ellos con una propuesta de

reemplazo de la traccin a sangre, mientras tienen que soportar el secuestro masivo de

11 La Ley Nacional 14.346 (llamada Ley Sarmiento), de 1954, legisla sobre la proteccin de animales contra actos de crueldad, mencionando cuales podrn ser considerados actos de maltrato. 12 Andrea Heredia de Olazabal es abogada y titular de la ctedra de Derechos y Proteccin Animal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Crdoba.


17 Ignacio Pelln

caballos, que en su gran mayora son devueltos por no encontrar pruebas para retener los

animales (Andrada, 2013). Histricamente, existieron varios argumentos para considerar al

cirujeo como una enfermedad o como un trabajo indigno. Pablo Schamber identifica

razones humanitarias, por los riesgos a sufrir accidentes o contraer infecciones; razones de

convivencia, por el entorpecimiento del trnsito que generan los carros y el desparramo de

basura en las veredas; y razones econmicas, por la disminucin de la carga de las

empresas de recoleccin que cobran por el peso de material que recoleccionan (Schamber,

2008, p. 267).

El municipio reconoce a los recuperadores urbanos como actores que desarrollan sus

actividades en la va pblica, en los BCA y en los centros verdes, considerando que su

accionar se concentra en el rea cntrica y en los predios en donde se manipulan los RSU,

es decir, en los BCA. Ante esto, se propone como alternativa no perseguirlos13 sino sumar

a aquellos que estn organizados en cooperativas dentro de la Fraccin Seca del SPHU.

La fraccin seca de residuos (RSU-FS) est compuesta por papel y cartn, plstico, vidrio,

metal y trapo, lo cual representa al menos un 32% del total de los RSU generados en la

ciudad. En funcin de esto, se incorpor el Principio de Inclusin Social dentro de los

Principios Rectores del SPHU estableciendo: la incorporacin formal, gradual y sectorial

de los recuperadores urbanos en las tareas de separacin de residuos y recoleccin

diferenciada de los RSU-FS (MC, 2012). De aqu puede interpretarse que el municipio

intentara pasar de la economa popular o de solidaridad, vinculada a la gestin informal de

los RSU, a una economa caritativa o de beneficencia (Razeto, 1997), en donde la

solidaridad viene de afuera para subsanar la exclusin de los recuperadores urbanos,

incluyndolos en su planificacin como si estuviesen donando algunos espacios dentro de

la cadena de los RSU.

Desde los espacios de resistencia organizada tambin han surgido propuestas

concretas de trabajo articulado entre el municipio, las cooperativas de carreros y la sociedad

civil, con miras a alcanzar el enterramiento cero de residuos inorgnicos, la creacin de una

Planta de Reciclado por cada CPC14, la eliminacin de todos los BCA, la reduccin plena

de la traccin a sangre en la ciudad y la creacin de 2.000 puestos de trabajo para carreros

corporativizados (AI, 2012). Es importante tener presente que no basta con dar libertad a

los actores de la economa popular cuando, tanto a nivel local como nacional, estamos en

lo que Garca Delgado denomina una sociedad a dos velocidades. Desde 2006, los

ingresos de los trabajadores formales crecieron mucho ms frente a los trabajadores

informales que quedaron rezagados, para quienes muchas veces tener empleo no significa

salir de la pobreza (Garca Delgado & Nosetto, 2006). Por eso, el retorno actual de las

polticas para el desarrollo, en contraste con lo ocurrido durante los 90, tienen una

centralidad en la tica, replanteando la cuestin de la equidad, la justicia y la distribucin

del ingreso en forma explcita (Kliksberg, 2005).

Al presente, la Municipalidad de Crdoba slo ha propuesto una gradual insercin de

recuperadores en los centros verdes y otorgar el mantenimiento de algunos BCA a las

cooperativas. Mientras tanto, se comunica que desde el municipio se combate los basurales

13 En el documento Contenidos crticos propuestos para la confeccin del pliego figuran dos alternativas respecto a los recuperadores urbanos: Se suman al SPHU, o SE PERSIGUEN (descartando con el tachado esta segunda opcin). 14 Actualmente hay 10 Centros de Participacin Comunal (CPC) distribuidos en la ciudad de Crdoba.


18 Ignacio Pelln

ilegales (La Voz, 2014) pero desde 2011 el SPHU no incluye el servicio de recoleccin de

restos verdes, escombros y voluminosos, materiales que abundan en los BCA (Ripoll,

2012). La sociedad cordobesa en general opta por la va informal de ofrecer una changa al

carrero para llevarse los materiales indeseados a otro lado, o lo hacen en sus propios

vehculos, con destino al predio baldo ms cercano o que ya cumple esta funcin hace

aos. En tanto, el municipio gasta mensualmente millones de pesos para la limpieza de los

principales BCA (La Voz, 2014), responsabilizndose (desde el Estado, los medios masivos

de comunicacin y amplios sectores de la sociedad civil) a los carreros por ser los

generadores de estos basurales ilegales. Cinthia Shammah (Shammah, 2009) estudia

cmo los BCA afectan a las poblaciones que los rodean y a quienes interactan con ellos y

toma una tipificacin de ellos realizada por Surez (Surez, 2001), resultando tres tipos de

BCA: 1) los campos extensos de la periferia, los cuales, al avanzar la mancha urbana, se

incorporan a la dinmica de la ciudad como receptores de residuos. 2) los basurales

asociados a barrios marginales, formados a partir de una poblacin de escasos recursos

econmicos que vive con y de los residuos, utilizando estos espacios como depsitos. 3)

los basurales que se extienden a lo largo de algunos intersticios urbanos, como arroyos,

bordes de vas del ferrocarril, etc., generados por descargas puntuales vinculados a la falta

de control social (Shammah, 2009, p. 64). Estas dinmicas territoriales estn presentes

tanto en el conurbano bonaerense como en el cordobs.

A pesar de que el cirujeo es una actividad rentable y con grandes beneficios para el

medioambiente urbano desde el Estado, y otros sectores, se lo ve como un trabajo indigno.

Si bien los pobres son los que menos residuos producen, son los que ms intervienen en

la cadena de recuperacin y los que menos se benefician econmicamente de ella

(Schamber, 2008, p. 106). Los cirujas son tomadores de precio en un circuito de

recuperacin que involucra a intermediarios, acopiadores y empresas recicladoras que

toman lo recuperado como materia prima. Quizs sea la vigencia de entender al trabajo de

los carreros, cirujas y cartoneros como algo vinculado a los vagabundos, mendigos y

linyeras lo que haga que se quiera convertir este oficio en operarios clasificadores dentro

de los centros verdes, sin considerar el cambio que eso implica para los actores

involucrados y sin atender al conflicto que subyace al cerrar un basural. Son muchas las

organizaciones ambientalistas que entienden que los organismos internacionales (como el

Banco Mundial), vinculndose con los gobiernos nacionales, destinan ms recursos para

realizar rellenos sanitarios que para generar polticas integrales para la gestin de residuos

(Schamber, 2008, p. 84). Por lo expuesto en este bloque, se observa que esta lgica est

actualmente vigente en la ciudad de Crdoba.

b. Del problema pblico al negocio privado: Valorizacin de los RSU

El grueso de los residuos se produce en el mbito privado (domicilios particulares,

comercios, industrias) y son colocados en cestos, contenedores y volquetes, pasando a ser

su gestin un asunto pblico cuya gestin es competencia del municipio. Segn las etapas

de la gestin integral de residuos domiciliarios (SAyDS, 2005), una vez que se dio la

generacin en el mbito privado, los residuos pasan a ser pblicos en su etapa de

disposicin inicial. A partir de all, el gobierno local debe realizar las cinco etapas restantes

que exige la legislacin nacional, efectuando la recoleccin, transferencia, transporte,

tratamiento y disposicin final de los RSU. Actualmente, en la ciudad de Crdoba, las etapas


19 Ignacio Pelln

de recoleccin, transferencia y transporte se encuentran concesionadas a dos empresas

de capital privado, en el marco de la licitacin del Servicio Pblico de Higiene Urbana

(SPHU). Hasta mayo de 2014, las etapas de tratamiento y disposicin final estaban a cargo

de la empresa municipal CReSE. A partir de all, Comercor S.A. toma la responsabilidad

sobre el enterramiento y CReSE se ve reducida a atender los centros de separacin de

residuos (centros verdes) (La Voz, 2014).

Daniel Cravacuore realiza un actualizado anlisis sobre el nuevo modelo de gestin

municipal que emerge en la Argentina contempornea que le exige al gobierno local ser

mucho ms que slo un buen administrador. Entre los nuevos temas de la agenda municipal

se encuentra el cuidado del medioambiente y la promocin econmica, como as tambin

otras competencias emergentes, como la asistencia a la micro, pequea y mediana

empresa, la preservacin del patrimonio cultural y natural y otras demandas internas

(Cravacuore, 2013). Ante estos nuevos temas que emergen a nivel general, la actual

gestin municipal responde con caractersticas muy similares a las que Daniel Garca

Delgado (Garca Delgado, 2011) describe dentro del modelo neoliberal de polticas sociales,

apuntadas a programas especficos y puntales para los grupos y sectores vulnerables

focalizados. Este modelo de enlatado puede verse incluso dentro de la estrategia local de

gestin de residuos.

Dentro del Componente Social de la gestin de RSU, la Municipalidad de Crdoba

expresa que los centros verdes son insuficientes y que hay una escasa insercin formal de

los recuperadores urbanos, quienes con su actividad generan los BCA y cuentan con una

inadecuada movilidad al utilizar la traccin a sangre para sus carros (MC, 2012). Para

impulsar el reemplazo de la traccin a sangre por vehculos mecnicos el municipio estara

gestionando un programa de fondos del Banco Mundial. Por otro lado, tambin se estara

evaluando la posibilidad de ampliar la cantidad de centros verdes, involucrando a ms

cooperativas de carreros. A fines de 2012, habran sido 87 personas quienes trabajaban en

dichos espacios (Ripoll, 2012). De aqu surgen dos cuestiones a tener en cuenta: por un

lado, el municipio responsabiliza directamente a los carreros como los responsables de los

BCA, obviando a los actores de la economa privada y a los dems particulares que frente

a tener que pagar un servicio demasiado caro y complejo para retirar el electrodomstico

que ya no utiliza o los restos de poda o escombros, recurren al servicio de los carreros. Por

otro lado, muchos gobiernos y organismos internacionales de crdito promueven, como

solucin al problema de la recoleccin informal, la reconversin laboral de los cirujas,

carreros y cartoneros como operarios de futuras plantas de clasificacin y reciclaje de

residuos que se construirn en el marco de polticas que buscan evitar el enterramiento

indiscriminado de estos. Dejando de lado las cuestiones socioculturales de tal reconversin,

Schamber explica que esta alternativa slo podra ser una solucin de reinsercin colectiva

en ciudades muy pequeas. En las grandes ciudades, donde los recolectores informales

superan las centenas, sera insostenible presupuestariamente, ya que la optimizacin de la

gestin de las plantas sera contraria a la demanda masiva de mano de obra (Schamber,

2008, p. 271)

Segn la Secretara de Ambiente municipal, en 2012 se alcanz las 2.422tn de

residuos recuperados en los centros verdes15, por un valor de venta de 1,93 millones de

15 Ntese que la cantidad es muy baja si se considera que la Municipalidad de Crdoba declara que la recoleccin diferenciada cubre el 29% de la ciudad.


20 Ignacio Pelln

pesos. Esto representa un promedio mensual 202tn de material recuperado, de los cuales

67,52tn se gestionan en los centros verdes (59,84tn en Tillard y 7,69tn en Bilardinelli) y los

dos tercios restantes (134,3tn) se recuperan en el microcentro. Si bien estos nmeros

muestran un crecimiento interanual del 18% en los materiales recuperados, la cifra es

insignificante si consideramos que el 32% de los RSU son materiales secos directamente

recuperables. Por la va formal, el municipio est recuperando apenas el 1% de las 20.000tn

de residuos que podran reciclarse tan solo aplicando un correcto proceso de separacin

(La Voz, 2013). Por otro lado, el mismo ao, se registraron 70.000tn de RSU provenientes

de BCA que fueron higienizados por el municipio16. Esta gestin no est incluida dentro

de la licitacin del SPHU, siendo CReSE quien realiza estas tareas en los ms de 90 predios

que funcionan como BCA, lo cual implica gastos adicionales para la administracin

municipal. Respecto a la generacin de RSU, las principales fuentes son: Recoleccin 58%,

Limpieza de BCA 16% y Terceros contenerizados 13%.

Actualmente, el servicio de recoleccin diferenciada se dirige hacia el material

Inorgnico Reciclable (tales como papeles, plsticos, vidrios y metales) depositados en

contenedores especficos o dispuestos en la va pblica para su recoleccin selectiva. Lo

recolectado en estas reas se destina a los dos centros verdes municipales CV Tillard y

CV Belardinelli para recuperar los residuos dentro de un programa de inclusin social en

el que participan ocho asociaciones de carreros17, involucrando a unas 290 personas con

diferentes roles en los barrios y centros verdes. Adems, se expresa la intencin de que,

de manera gradual y sectorialmente, sean los recuperadores urbanos los prestadores del

servicio de recogida selectiva (SA-Cba., 2012). Cabe aclarar que comnmente los carreros,

cirujas y cartoneros no reciclan, sino que recolectan, recolectan materiales reciclables y

realizan una gruesa clasificacin que luego profundizan los depsitos a los que venden

(Schamber, 2008). Por tanto, es importante tener en cuenta que la incorporacin de los

trabajadores informales a los centros verdes implica una fuerte reconversin de la actividad

que realizan actualmente.

El gobierno local propone, dentro de su estrategia para el SPHU, la contenerizacin

de la Fraccin Hmeda (RSU-FH), presentando datos de que el 70% de las capitales

europeas cuentan con sistemas contenerizados y que las grandes ciudades

latinoamericanas tambin avanzan o intentan avanzar por esa va (MC, 2012).

Complementariamente, se generara la insercin de los recuperadores urbanos en la

Fraccin Seca (RSU-FS) y la valorizacin de los restos de obras y demoliciones,

voluminosos, restos verdes y residuos de aparatos elctricos y electrnicos (MC, 2012).

Acompaando estas propuestas, el municipio exhibe modelos de contenerizacin

automtizada, sofisticados sistemas de recogida neumtica de residuos, modernas

mquinas lavadoras de contenedores, barredoras y lavadoras de veredas y aceras.

Mientras que para la fraccin seca se presentan sofisticadas plantas de clasificacin y

puntos verdes para que las personas lleven sus residuos reciclables18. Una estrategia con

estas caractersticas no solamente es contradictoria al objetivo planteado de inclusin social

16 La higienizacin a la que se refieren consiste en enviar una pala mecnica y cargar todos los materiales que estn dispuestos sobre la superficie sobre camiones con destino al relleno sanitario. 17 Coop. de Trabajo Reciclado e Inclusin, Coop. de Trabajo Asociads del Sur, Coop. Cartoneros Organizados, Inaudi, Fundacin El Faro, Fundacin La Esperanza (COR-COR), Mov. de Carreros Unidos, La Carbonada. 18 Ver el Documento Estrategias para la gestin del Servicio Pblico de Higiene Urbana en la Ciudad de Crdoba, disponible en: http://goo.gl/unOeWl


21 Ignacio Pelln

de la gran cantidad de recuperadores informales que realizan esta actividad a diario (por no

ser intensivos en el uso de mano de obra) sino que tampoco podra presentarse como

sustentable en trminos ambientales, ya que la slo se recuperara la fraccin seca

mientras que los restos orgnicos contenerizados (el 45% de los RSU) seguiran teniendo

como destino el relleno sanitario. Segn especialistas, la disposicin de RSU en estos

enterramientos implica que, para que ocurra la degradacin, se necesita que transcurran

de 200 a 300 aos para residuos orgnicos y unos 1.000 aos para los residuos inorgnicos

(Shammah, 2009). De este modo, el actual modelo de una ciudad Crdoba ms sustentable

se nutre de la teora del desarrollo sustentable, difundida por algunos organismos

internacionales, en los que las relaciones de produccin capitalista no son discutidas

(Foladori & Tommasino, 2005).

Al negocio de la concesin de servicios de recoleccin, barrido y limpieza de los

basurales hay que sumarle una de las ramas industriales con mayor pujanza a nivel

mundial, la Industria Ambiental. El llamado negocio verde mueve cifras millonarias,

involucrando a corporaciones que invierten en tecnologas de control ambiental en un

mercado con grandes perspectivas de crecimiento (Foladori & Pierri, 2005). En el ao 2010,

el gobierno municipal liderado por Giacomino estuvo a punto de hacer un contrato millonario

con la empresa Innviron, un holding transnacional con sede en Florida, que deriv en un

escndalo meditico por todas las irregularidades en un proyecto que nunca lleg a

concretarse (La Voz, 2009). Podra pensarse que todava se mantiene presente dicho

antecedente, por lo cual actualmente todava no se plantean cuestiones de ingeniera

ambiental fuera del mbito acadmico de las universidades locales (UNC - UTN) (RCNC,

2013). Sin embargo, es importante mantener presente que esta industria est en pleno

desarrollo y la discusin sobre la crisis ambiental no puede restringirse a su nivel tcnico,

sino que debe incluir sus bases sociales, polticas y econmicas (Foladori & Pierri, 2005).

El proceso de licitacin para el servicio pblico de higiene urbana (SPHU) realizado

en 2012 cont con cuatro oferentes: Industrias Metalrgicas PESCARMONA S.A., IMPSA

Ingeniera Ambiental, Logstica Urbana S.A. (LUSA) y Compaa de Tratamientos

Ecolgicos S.A. (COTRECO) (RCNC, 2013). Finalmente, la cesin del servicio qued para

las empresas LUSA (del empresario correntino Juan Carlos Romero, vinculado al

intendente Ramn J. Mestre) con un canon de $14.183.095 para el 2012 y $15.581.070 en

2013 y COTRECO por $23.016.900 en el 2012 y $25.016.900 para 2013 (de Horacio Busso,

presidente de la Cmara de Comercio de Crdoba y vinculado al gobernador Jos M. De la

Sota) (Llorens, 2012). La decisin poltica de privatizar el SPHU que estaba en manos de

CReSE se sustent en los futuros ahorros que ello generara para el municipio, sin

embargo, al ao 2014 este contrato implica $70 millones mensuales. Segn la ejecucin

presupuestaria de 2013, las erogaciones municipales del rubro Servicios fueron de $1.281,7

millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde a LUSA y COTRECO. De acuerdo al

presupuesto 2014, el rubro Servicios aumentara a $1.671,3 millones de pesos (CyJ, 2014).

Foladori y Tommasino identifican a la insustentabilidad en las races de las relaciones

sociales capitalistas, planteando una constante dinmica sobreproduccin y escases en las

ramas econmicas ms y menos rentables. La bsqueda de una mayor ganancia es una

ley intrnseca del sistema capitalista de produccin (Foladori & Tommasino, 2005), en la

medida que haya ramas econmicas que, temporalmente, generen mayores beneficios que

otras, el capital concentrado migrar hacia ellas. O sea, para que LUSA, COTRECO y otros

grandes grupos econmicos estn interesados en el SPHU tienen que haber una ganancia


22 Ignacio Pelln

extraordinaria que incentive su incursin en la actividad, particularmente en la ciudad de

Crdoba.

A la consideracin de que los residuos colocados en la va pblica son, justamente,

residuos pblicos y que el negocio de la recoleccin, transporte y transferencia est

privatizado, habra que agregarle algunos otros rasgos que surgen de esta relacin entre

lo pblico y lo privado. La separacin en origen, la contenerizacin de los residuos por

fracciones, las licitaciones millonarias del SPHU y la responsabilidad estatal (ayer de

CReSE hoy de Cormecor) frente a la limpieza de los BCA, el tratamiento y la disposicin

final, benefician ampliamente al capital privado. Tomando el aporte de Harvey (Harvey,

2002), podemos ver que hay una valorizacin del capital privado a costa del capital pblico,

ya que la infraestructura y dems externalidades producidas por el capital pblico de todos

los cordobeses beneficia la reproduccin privada del capital de un par de grupos

econmicos. Vale citar una pregunta que se genera en el estudio del turismo y el desarrollo

local: Es justa la sobreapropiacin privada en base al usufructo de un recurso producido

socialmente? (Schweitzer, 2013).

Desde el gobierno local se sostiene que en 40 de los 90 BCA existentes se realizan

trabajos de limpieza al menos una vez al mes, mientras que para los restantes se toman

perodos ms largos (La Voz, 2014). Esto genera muchas veces que en los basurales

ocurran quemas para reducir el volumen de los materiales y liberar espacio en el predio,

porque si el carrero no tiene donde hacer la descarga se pierde el sentido de su servicio de

recoleccin por el que se lo llama. Estas quemas afectan al medioambiente, en general, y

a los sectores ms vulnerables de nuestra sociedad, en particular. Segn el relevamiento

de asentamientos informales de TECHO (Techo, 2013, pp. 89-95), en 2013, la ciudad de

Crdoba contaba con 134 asentamientos informales habitados por unas 21.300 familias. La

cuarta parte de estos asentamientos no cuenta con ningn servicio de recoleccin de

residuos, teniendo muchos otros el servicio solo en las calles principales, puntos

estratgicos o de manera informal. A su vez, casi el 50% de los asentamientos estaran

ubicados a menos de 10 metros de basurales a cielo abierto. Solo una parte menor de los

BCA se generan por el proceso de extensin de la marcha urbana, mientras que la mayora

se corresponden a procesos de tugurizacin, fragmentacin social y degradacin urbana

(Surez, 2001, p. 45) Si el gobierno local no considera a los BCA como un territorio

estructurado-estructurante, seguir sin hallar soluciones al respecto, gastando millones de

pesos mensualmente y estigmatizando a los sectores populares que viven con o de los

residuos.

Puede notarse que hay una marcada voluntad poltica hacia la valorizacin de los

RSU, lo cual derriba la creencia de que cuando hablamos de la GIRSU estamos hablando

solo de basura. Estamos hablando de un servicio pblico de higiene urbana licitado por

montos superiores a los 70 millones de pesos mensuales y de ms de 1,2 millones pesos

para la limpieza de BCA. Los beneficios econmicos que generan los residuos se

concentran en pocas manos y no responden al problema de los cirujas, qu

Los Residuos Sólidos Urbanos Como Patrimonio de La Ciudad de Córdoba. Una Estrategia Para El...

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