LOS PROCESOS DE PACIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS …

LOS PROCESOS DE PACIFICACIÓN DELOS CONFLICTOS ARMADOS

EN CENTROAMÉRICA

Alfonso J. IGLESIAS VELASCO*

SUMARIO: I. Introducción. II. El Grupo de Observadores de las NacionesUnidas en Centroamérica (ONUCA), 1989-1992. III. La Misión deObservadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), 1991-1995.IV. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MI -NUGUA), 1997. V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

En Centroamérica persiste desde tiempos coloniales una distribu-ción desigual, arbitraria e injusta del poder político y de lariqueza económica, lo que con cierta periodicidad ha provocado

conflictos armados, tensiones sociales y violaciones generalizadas dederechos humanos.1 La dominación del poder militar en estos paíseshabía sido abrumadora, gracias en parte a las conexiones que manteníacon las oligarquías económicas y las fuerzas de seguridad interna, a laextrema debilidad de los sistemas judiciales y a la falta de espacios delibertad política.2 Aunque originariamente de carácter local, las confla-graciones armadas se habían generalizado en distintas zonas deCentroamérica durante la década de los años ochenta, como extensiónde la guerra fría entre las Grandes Potencias y la determinación de lassucesivas administraciones estadounidenses de frenar cualquier avance

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* Doctor en Derecho y profesor asociado de Derecho Internacional Público de la Uni -versidad Autónoma de Madrid.

1 Vid. B. D. SMITH & W.J. DURCH, “Un Observer Group in Central America” en W. J. DURCH

(ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L.Stimson Center, Washington, 1993, p. 436.

2 J. P. de LAIGLESIA, “El proceso de paz en Guatemala. El papel de España”, Síntesis. Revistade Ciencias Sociales Iberoamericanas, núms. 27-28, 1997, p. 158.

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comunista en la región.3 Tanto en Nicaragua como en El Salvador yGuatemala se estaban librando terribles contiendas bélicas internas, alas que no era ajena la presión estadounidense y la asistencia militarextranjera.4 Un complejo proceso negociador se había iniciado en 1983,y tardó algunos años en dar sus frutos; en el mismo se habían implica-do diversos Estados tanto de la región como ajenos a ella, así como laspartes enfrentadas en las guerras civiles que se desarrollaban simultá -neamente en los países centroamericanos. Por su parte, Naciones Uni dastambién apoyaba esas iniciativas pacificadoras, y como resultado de lossucesivos acuerdos alcanzados, se solicitó a la ONU la creación dediversos mecanismos de verificación de los compromisos contraídos,5

entre los cuales cabe destacar el Grupo de Observadores de las Nacio -

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3 R. Grote, “The United Nations and the Establishment of a New Model of Governance forCentral America: The Case of Guatemala”, Max Planck Yearbook of United Nations Law,vol. 2, 1998, p. 240; y en general H.P. KLEPAK, “Peacekeeping in Central America” en D. A.CHARTERS (ed.), Peacekeeping and the Challenge of Civil Conflict Resolution, Centre forConflict Studies, University of New Brunswick, Fredericton, 1994, pp. 77-96.

4 R. BENÍTEZ MANAUT, “Desarme y proceso de paz en Centroamérica”, Desarme, vol. 15,núm. 3, 1992, p. 155 y ss.; C. Eguizábal y otros, Humanitarian Challenges in Central America:Lessons from Recent Armed Conflicts, Watson Institute for International Studies, Providence,1993, pp. 1-19; A. ROUQUIÉ, Guerras y paz en América Central, Fondo de Cultura Económica,México, 1994; M. MONTOBBIO, “La crisis centroamericana y la construcción de un nuevo ordeninternacional en América Latina”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 37, septiem-bre 1997, pp. 131-149. Sobre la implacable política norteamericana desarrollada por laAdministración Reagan hacia la Nicaragua sandinista véanse A. ZAMORA RODRÍGUEZ, El con-flicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990, CIRA, Managua, 1996; W.M. LEOGRANDE, “Roll-back or Containment? The United States, Nicaragua, and the Search for Peace in CentralAmerica” en B. M. BAGLEY (ed.), Contadora and the Diplomacy of Peace in Central America.vol. 1: The United States, Central America and Contadora, Westview Press, Boulder, 1987,pp. 83-112. Posteriormente, con el Presidente estadounidense G. Bush se redujo la coacciónnorteamericana sobre Centroamérica —a excepción de Panamá—, al tiempo que en 1988 laUnión Soviética cortó el suministro de armamento al Gobierno sandinista de Nicaragua. Vid.R.L. MILLETT, “An End to Militarism? Democracy and the Armed Forces in Central America”,Current History, vol. 94, núm. 589, 1995, p. 72; S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limitsof the Possible: United Nations Peacekeeping in Central America, Canadian Centre for GlobalSecurity, Ottawa, 1992, pp. 6-7; B. D. SMITH & W. J. DURCH, “UN Observer Group in CentralAmerica” en W.J. DURCH (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp. 441 y ss.

5 Vid. The Blue Helmets, 3ª ed., Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p. 409; y en generalA. POLIDURA ÁLVAREZ-NOVOA, Operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidasen Centroamérica, Escuela Diplomática, Madrid, 1993; L. A. PADILLA, “Lecciones de la parti -cipación de Naciones Unidas en los procesos de paz centroamericanos”, Tiempo de Paz, núm.40, 1996, pp. 56-65; L. C. WILSON & R. GONZÁLEZ DÍAZ, “UN Peacekeeping in CentralAmerica” en R. THAKUR & C. A. Thayer (eds.), A Crisis of Expectations. UN Peacekeeping inthe 1990s, Westview Press, Boulder, 1995, pp. 141-159; S.N. MACFARLANE & Th. G. WEISS,“The United Nations, regional organizations and human security: building theory in CentralAmerica”, Third World Quarterly, vol. 15, núm. 2, 1994, pp. 277-295; W. GRABENDORFF,“Ansätze und Erfahrungen mit multilateralen Instrumenten der Konfliktlösung und Frie -denssicherung in Lateinamerika” en W. KÜHNE (ed.), Blauhelme in einer turbulenten Welt:

nes Unidas en Centroamérica (ONUCA), la Misión Observadora de lasNaciones Unidas para Verificar las Elecciones en Nicaragua (ONU-VEN), la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), laMisión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONU -SAL), la Misión de las Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL),y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala(MINUGUA). De todos ellos, ONUCA, ONUSAL y MINUGUA cons -tituyeron operaciones de mantenimiento de la paz, que en el presenteartículo vamos a estudiar a continuación de forma sucesiva debido a susevidentes similitudes.6

II. EL GRUPO DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS

EN CENTROAMÉRICA (ONUCA), 1989-1992

En concreto, en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacionalllegó al poder en julio de 1979, y durante los años ochenta tuvo que en -frentarse a una guerrilla rebelde “contrarrevolucionaria”, la ResistenciaNicaragüense, situada parcialmente en Honduras y con fuerte asistenciafinanciera y técnica de Estados Unidos.7 La primera iniciativa de pazfue desarrollada desde 1983 por el denominado Grupo de Contadora,

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Beiträge internationaler Experten zur Fortentwicklung des Völkerrechts und der VereintenNationen, Nomos, Baden-Baden, 1993, pp. 293-302; y M. PECENY & W. STANLEY, “LiberalSocial Reconstruction and the Resolution of Civil Wars in Central America”, InternationalOrganization, vol. 55, núm. 1, 2001, pp. 149-182.

6 Si bien algunos autores han destacado las singularidades del proceso guatemalteco. Cf. J.p.de Laiglesia, “El proceso de paz en Guatemala. El papel de España”, Síntesis, Revista deCiencias Sociales Iberoamericanas, núm. 27-28, 1997, p. 159 y ss.; R. GROTE, “The UnitedNations and the Establishment of a New Model of Governance for Central America: The Caseof Guatemala”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 2, 1998, p. 248 y ss.

7 A. JAMES, Peacekeeping in International Politics, Macmillan, Basingstoke, 1990, p. 63; J.N. MOORE, “The OAS and the Struggle for Peace: the Central American Conflict as CaseStudy”, Anuario Juridico Interamericano, vol. 12, 1986, pp. 53 y ss. A este respecto, Nicaraguainició un importante procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia contra EstadosUnidos, que desembocó en dos famosas sentencias de la CIJ en el caso de las Actividades mi -litares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua v. Estados Unidos): la decompetencia y admisibilidad, de 26 de noviembre de 1984 (ICJ Reports 1984, pp. 392-637); yla de fondo, de 27 de junio de 1986 (ICJ Reports 1986, pp. 14-546). Véanse J. L. PIÑOL I RULL,“Los asuntos de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en contra de esteEstado (Nicaragua contra Estados Unidos de América)”, Revista Española de DerechoInternacional, vol. 39, núm. 1, 1987, pp. 99-119; A. ZAMORA RODRÍGUEZ, Actividades militaresy paramilitares en y contra Nicaragua, CIRA, Managua, 1999; J. CRAWFORD, “MilitaryActivities Against Nicaragua Case (Nicaragua v. United States)” en R. BERNHARDT (ed.),Encyclopedia of Public International Law, 2ª ed., vol. 3, Elsevier, Amsterdam, 1997, pp. 371-378; p. M. EISEMANN, “L’arrêt de la C.I.J. du 26 novembre 1984 (compétence et recevabilité)

conformado en enero de ese año por los Gobiernos de Colombia, Méxi -co, Panamá y Venezuela, respaldado desde 1985 por el denominadoGrupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), y posteriormentepor los Presidentes de los cinco Estados centroamericanos implicados:Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.8 El resulta -do convencional fue el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación

dans l’affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Ni -caragua c/ États-Unis d’Amerique)”, Annuaire Français de Droit International 1984, vol. 30,pp. 372-390; idem, “L’arrêt de la CIJ dans l’affaire des activités militaires et para-militaires auNicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d’Amerique) (fond) arrêt du 27 juin1986”, Annuaire Français de Droit International 1986, vol. 32, pp. 153-191; C. RUCZ,“L’indication de mesures conservatoires par la Cour internationale de justice dans l’affaire desactivités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci”, Revue Générale de DroitInternational Public, vol. 89, núm. 1, 1985, pp. 83-111; J. Verhoeven, “Le droit, le juge et laviolence (les arrêts Nicaragua v. États-Unis)”, Revue Genérale de Droit International Public,vol. 91, núm. 4, 1987, pp. 1159-1239; R. F. TURNER, “Peace and the World Court: A Commenton the Paramilitary Activities Case”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 20, 1987,pp. 53-79; A. CHAYES, “Nicaragua, the United States and the World Court”, Columbia LawReview, vol. 85, 1985, pp. 1445-1482; K. Highet, “Evidence, the Court and the NicaraguaCase”, American Journal of International Law, vol. 81, 1987, pp. 1-56; C. LANG, L’affaireNicaragua/Etats-Unis devant la Cour internationale de Justice, 1990; P. W. KAHN, “FromNuremberg to The Hague: The United States Position in Nicaragua v. United States”, YaleJournal of International Law, vol. 12, 1987, pp. 1-62; p. M. NORTON, “The Nicaragua Case:Political Questions before the International Court of Justice”, Virginia Journal of InternationalLaw, vol. 27, 1987, pp. 459-526; W. CZAPLINSKI, “Sources of International Law in theNicaragua Case”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 38, 1989, pp. 151-166.

8 Vid. B. D. SMITH & W.J. DURCH, “UN Observer Group in Central America” en W. J. DURCH

(ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L.Stimson Center, Washington, 1993, p. 438; L. BALMOND, “L’apport des organismes régionauxà la sécurité collective” en AA.VV., Paix et Sécurité internationale: L’Agenda pour la Paix,Arès 1993 (Grenoble), vol. 14-I, p. 41 y ss.; y en general, J. Child, The Central American PeaceProcess, 1983-1991, Reinner, Boulder, 1992; R. CÓRDOVA & R. BENÍTEZ MANAUT (comps), LaPaz en Centroamérica: Expediente de Documentos Fundamentales (1979-1989), UNAM,México, 1990; A. ROUQUIÉ, Guerras y paz en América Central, Fondo de Cultura Económica,México, 1994, pp. 274-280. Entre 1981 y 1983 habían surgido algunas propuestas, como laComunidad Democrática Centroamericana, establecida por tratado de 19 de enero de 1982. Lainiciativa de Contadora logró afianzarse porque no excluía a ninguna parte, tenía carácter mul-tilateral e imparcial, y no planteaba sólo las cuestiones de seguridad, sino también los proble-mas socio-económicos estructurales de la región; y tuvo efectos muy beneficiosos al vincularla paz regional con procesos internos de reconciliación nacional y reforma de la injusticiasocial, alejar el peligro de la intervención militar estadounidense directa, y reactivar la concien-cia latinoamericana. F. ALDECOA LUZÁRRAGA, “El Acuerdo de Guatemala, primera institu-cionalización del proceso de paz de Contadora”, Tiempo de Paz, núm. 8, 1987-1988, p. 6.Algunos autores enfatizan que el proceso de Contadora trataba de establecer un régimen defomento de la confianza, por lo que no sólo garantizaba la seguridad de los países centroame -ricanos, sino que también servía para salvaguardar los intereses de seguridad de Estados Unidosen la región. J. CHILD, “U.S. Security and the Contadora Process: Toward a CBM Regime inCentral America” y B. M. BAGLEY, “The Failure of Diplomacy” en B.M. BAGLEY (ed.),Contadora and the Diplomacy of Peace in Central America. vol. 1: The United States, CentralAmerica and Contadora, Westview Press, Boulder, 1987, pp. 50-68 y 181-211 respectivamente;


en Centroamérica de 7 de septiembre de 1984, que disponía el arreglode las disputas estatales y regionales, así como un mecanismo interna-cional de verificación.9 En septiembre de 1985 surgió el proyecto delActa de Contadora revisada, pues algunos de los Estados centroameri-canos no la habían suscrito hasta entonces, al desear un mayor alcancepara las disposiciones sobre verificación internacional.10 Pero el Acta deContadora nunca llegaría a ser firmada ni aplicada.

En febrero de 1987, y tras efectuar consultas en Esquipulas (Guate -mala), el Presidente costarricense, O. Arias, diseñó un plan regional depaz basado en el principio de la resolución simultánea de los problemasinterconectados. Este Plan Arias fue incorporado en la declaración finalde la cumbre de los cinco Presidentes centroamericanos de 15 de fe -brero de 1987 (Declaración de San José).11

Por fin, el decisivo “Procedimiento para establecer la paz firme yduradera en Centroamérica”, conocido como Acuerdo de Esquipulas IIo Procedimiento de Guatemala, fue firmado por los presidentes de loscinco países centroamericanos el 7 de agosto de 1987 como la plena insti-


pero, para una visión crítica del Grupo de Contadora y los intereses concretos de los países quelo formaban véase S. KAUFMAN PURCELL, “Demystifying Contadora” en ibídem, pp. 159-177.

9 Documento OEA/Ser.G/CP/INF.2222/84, de 24 de octubre de 1984, pp. 1-3, y también enel documento de Naciones Unidas S/16775, anexo, de 9 de octubre de 1984. Sobre el Acta deContadora y su evolución véase A.A. Cançado Trindade, “Mécanismes de règlement pacifiquedes différends en Amérique Centrale: de Contadora à Esquipulas II”, Annuaire Français deDroit International 1987, vol. 33, p. 806 y ss. Debe recordarse que el “proceso de Contadora”no constituía en sí mismo un acuerdo regional en el sentido del Capítulo VIII de la Carta deNaciones Unidas, como señaló el Tribunal de La Haya en su sentencia de 26 de noviembre de1984 en el asunto de las Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua—competencia y admisibilidad— (Nicaragua v. Estados Unidos), ICJ Reports 1984, p. 440.

10 Vid. B. D. SMITH & W. J. DURCH, “UN Observer Group in Central America” en W. J.DURCH (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis,Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p. 439. Al mismo tiempo, se firmó el 12 denoviembre de 1985 un tratado de cooperación política y económica entre los países centroame -ricanos y los Estados miembros de la Comunidad Europea más España y Portugal (Acuerdo deSan José), y desde entonces la ayuda económica comunitaria fue aumentando de modo cons -tante.

11 Sobre este plan véanse A. A. CANÇADO TRINDADE, “Mécanismes de règlement pacifiquedes différends en Amérique Centrale: de Contadora à Esquipulas II”, Annuaire Français deDroit International 1987, vol. 33, p. 813; A. ROUQUIÉ, Guerras y paz en América Central,Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 280 y ss. Pero el Plan Arias hubo de sufrir laobstrucción continua de la Administración Reagan, que presentó una contrapropuesta dirigidaexpresamente a Nicaragua, con el evidente propósito de boicotear toda iniciativa centroameri-cana de paz que no respondiera a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. A.C. NÁJERA

IBÁÑEZ, “El Acuerdo de Guatemala: un compromiso centroamericano para la paz”, Tiempo dePaz, núm. 8, 1987-1988, p. 14.

tucionalización del proceso de paz de Contadora.12 Este acuerdo recogíacompromisos de naturaleza militar, política y económica, ade más decrear y/o consolidar algunos órganos valiosos para el proceso de paz,como la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS)—artículo 10—, el Parlamento Centroamericano —artículo 4—13 lascomisiones nacionales de reconciliación —artículo 1—.14 Se refería acuestiones muy variadas y establecía por un lado medidas relativas alrestablecimiento de la paz y seguridad internacionales, como la cesa -ción de las hostilidades —artículo 2—, la terminación de la asistenciaa las fuerzas irregulares y los movimientos insurreccionales —artículo5—, la no utilización del territorio para atacar a otros Estados —artícu-lo 6—, negociaciones sobre seguridad, control y limitación de los arma-mentos, verificación y seguimiento internacional —artículo 7—, apoyoeconómico extraordinario de la comunidad internacional —artículo 9—;y por otro lado, recogía importantes medidas de naturaleza interna paragarantizar la normalidad política, como procesos de reconciliaciónnacional dentro de cada uno de esos Estados —artículo 1—, su demo -cratización interna con la celebración de elecciones libres —artículos 3y 4—, la asistencia a los refugiados y personas desplazadas —artículo8—, la cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo,así como diversos calendarios para el cumplimiento de los compro-misos asumidos por las partes —artículo 11—. El proceso iba a estar


12 Doc. S/19085, anexo, de 31 de agosto de 1987. Evidentemente, se trataba de un tratadointernacional con alcance comprehensivo, y ofrecía los fundamentos necesarios para la seguri-dad regional. Vid. A. C. NÁJERA IBÁÑEZ, “El Acuerdo de Guatemala: un compromiso cen-troamericano para la paz”, Tiempo de Paz, 1987-1988, pp. 17-18; B. D. SMITH & W. J. DURCH,“UN Observer Group in Central America” en W. J. DURCH (ed.), The Evolution of UNPeacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington,1993, p. 439; F. ROJAS ARAVENA, “El proceso de Esquipulas: el desarrollo conceptual y losmecanismos operativos”, Estudios Internacionales, vol. 22, 1989, pp. 224-247; G. AGUILERA

PERALTA (ed.), Balance de Esquipulas: un debate, FLACSO/Fundación Ebert, Guatemala,1989. Pueden verse también diversos documentos, como el Compromiso de Acapulco para lapaz, el desarrollo y la democracia, firmado el 29 de noviembre de 1987, por los Presidentes delos Grupos de Contadora y de Apoyo, que desde 1986 formaban el “Mecanismo Permanentede Consulta y Concertación Política”, en Revista Española de Derecho Internacional, vol. 40,núm. 2, 1988, pp. 239-266.

13 Sobre este Parlamento Centroamericano, concebido como órgano regional de plantea -miento, análisis y recomendación en cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales deinterés común, y compuesto por 100 diputados (20 por Estado) elegidos cada cinco años me -diante sufragio universal directo, véase F. ALDECOA LUZÁRRAGA, “El Acuerdo de Guatemala,primera institucionalización del proceso de paz de Contadora”, Tiempo de Paz, núm. 8, 1987-1988, pp. 7-9.

14 También formalizaba algunos instrumentos que ya estaban funcionando, verbigracia laReunión de Presidentes o la Comisión Ejecutiva, conformada por los Ministros de AsuntosExteriores de los cinco Estados centroamericanos —artículo 11—.

dirigido en su conjunto por la ya existente Comisión Ejecutiva, com-puesta por los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estadoscentroamericanos.15

En realidad, Contadora y Esquipulas II constituían dos fases del mis -mo esfuerzo de mediación en el teatro centroamericano, pues com-partían una filosofía común, los mismos objetivos y métodos similaresde trabajo, contando en la segunda etapa con el complemento de losPresidentes de los propios Estados implicados;16 por una parte, muchosde los principios del Acuerdo de Esquipulas II ya aparecían en los docu -mentos de la era anterior,17 y además, los Grupos de Contadora y deApoyo seguían existiendo después de 1986, convirtiéndose en el Grupode los Diez al añadirse los Secretarios Generales de la ONU y de laOEA;18 el propio Acuerdo de Esquipulas II le concede un papel trascen-dental de supervisión del cumplimiento de los compromisos conven-cionalmente asumidos, al incorporar a sus componentes en la citadaComisión Internacional de Verificación y Seguimiento. En efecto, sesolicitaba la participación de Naciones Unidas en la supervisión de losprocesos electorales y en la CIVS, órgano responsable de verificar y


15 Vid. F. ORREGO VICUÑA, “Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguri-dad en el derecho internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas enCentroamérica”, Estudios Internacionales, vol. 24, núm. 93, enero-marzo 1991, p. 6; y A. A.CANÇADO TRINDADE, “Mécanismes de règlement pacifique des différends en AmériqueCentrale: de Contadora à Esquipulas II”, Annuaire Français de Droit International 1987, vol.33, pp. 814-815.

16 Véanse el preámbulo y los artículos 7 y 10 del propio Acuerdo de Esquipulas II; F.ALDECOA LUZÁRRAGA, “El Acuerdo de Guatemala, primera institucionalización del proceso depaz de Contadora”, Tiempo de Paz, núm. 8, 1987-1988, pp. 5 y 7; y A. C. NÁJERA IBÁÑEZ, “ElAcuerdo de Guatemala: un compromiso centroamericano para la paz”, Tiempo de Paz, núm. 8,1987-1988, p. 12.

17 Como por ejemplo en el Documento de Objetivos —septiembre de 1983—, el Mensajede Caraballeda —12 de enero de 1986—, la Declaración de Guatemala —14 de enero de1986—, el Comunicado de Punta del Este —ebrero de 1986—, la Declaración de Esquipulas oEsquipulas I —25 de mayo de 1986—, el Mensaje de Panamá —7 de abril de 1987— y, desdeluego, el Proyecto de Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica —juniode 1986—. Vid. A. C. NÁJERA IBÁÑEZ, “El Acuerdo de Guatemala: un compromiso centroame -ricano para la paz”, Tiempo de Paz, núm. 8, 1987-1988, pp. 12-13.

18 Véase por ejemplo el Comunicado del Grupo de los Diez, de 21 de enero de 1987 (doc.S/18637). La figura del Secretario General de la OEA salió reforzada al haber asumido poderesimplícitos en sus esfuerzos de peacemaking en la crisis centroamericana, como se reflejó en elMemorándum de los Secretarios Generales de la ONU y la OEA de 18 de noviembre de 1986.Vid. H. CAMINOS, “L’exercise de pouvoirs implicites par le Secrétaire général de l’organisationdes Etats américains dans le cadre de l’etablissement de la paix en Amérique centrale”,Annuaire Français de Droit International 1989, vol. 35, pp. 192-193; e ídem, “The Role of theOrganization of American States in the Promotion and Protection of Democratic Governance”,Recueil .des Cours, vol. 273, 1998, p. 213 y ss.

controlar la observancia de los compromisos suscritos en Esquipulas II,y cuya reunión inaugural fue celebrada el 22 de agosto de 1987.19

En marzo de 1988 tuvieron lugar las primeras conversaciones direc-tas entre el Gobierno de Nicaragua y los líderes de la Resistencia,desembocando en el Acuerdo de Sapoá de 23 de marzo de 1988, queestablecía un cese provisional del fuego, la aplicación gradual de unaamnistía general para los prisioneros políticos, el suministro de ayudahumanitaria a la guerrilla “contra” —que se concentraría en ciertaszonas designadas—, y una libertad de expresión sin restricciones. Altiempo, en abril de 1988 la Comisión Ejecutiva de los acuerdos invitóa España, Canadá y Alemania —más tarde también a Venezuela— acrear un Grupo Técnico Auxiliar para asesorarle en los mecanismos deverificación del Acuerdo de Esquipulas II.20

Por su parte, Naciones Unidas venía ocupándose de este asunto desdeel principio: su Consejo de Seguridad se refirió a este proceso de paz ensus resoluciones 530 (1983) de 19 de mayo de 1983, y 562 (1985) de10 de mayo de 1985, expresando su firme apoyo al Acuerdo de Esqui -pulas II y a las declaraciones posteriores —resolución 637 (1989) de 27de julio de 1989—. Asimismo, la Asamblea General incluyó en su agen-da en 1983, la cuestión de la paz en Centroamérica21 y, años des pués,expresó su apoyo al Acuerdo de Esquipulas II —resolución 42/1, de 7de octubre de 1987—, al tiempo que solicitaba al Secretario General laprestación de asistencia para ese proceso de paz.22


19 La CIVS estaba compuesta por los Secretarios Generales de la ONU y la OEA —o susrepresentantes— y los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países centroamericanos,más los del Grupo de Contadora y los del Grupo de Apoyo. Sobre sus funciones véase A. A.CANÇADO TRINDADE, “Mécanismes de règlement pacifique des différends en Amérique Cen -trale: de Contadora à Esquipulas II”, Annuaire Français de Droit International 1987, vol. 33,pp. 815-819.

20 J. CHILD, The Central American Peace Process, 1983-1991, Rienner, Boulder, 1992,pp. 78-80. Y sobre la ayuda económica prestada por España a este proceso de paz en Centro -américa véase C. ANGULO BARTUREN, “La Cooperación Española en el marco de Esquipulas II”,Tiempo de Paz, núm. 8, 1987-1988, pp. 20-24.

21 Véanse por ejemplo sus resoluciones 38/10, de 11 de noviembre de 1983, y 39/4, de 26de octubre de 1984. No obstante, durante la guerra fría la ONU fue excluida del proceso nego-ciador, pues Estados Unidos prefería decantarse por la competencia de la OEA con el propósi-to de evitar la implicación de Naciones Unidas en el arreglo de la crisis regional. R. GROTE,“The United Nations and the Establishment of a New Model of Governance for CentralAmerica: The Case of Guatemala”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 2, 1998,pp. 241-242.

22 Así, en mayo de 1988 la Asamblea General adoptó un Plan Especial de CooperaciónEconómica para Centroamérica —resolución 42/231—, que se centraba en las necesidades pe -rentorias de la población civil afectada por la guerra y los desafíos del desarrollo a largo plazo.Véase en general C. EGUIZÁBAL y otros, Humanitarian Challenges in Central America: Lessonsfrom Recent Armed Conflicts, Watson Institute for International Studies, Providence, 1993. Y

El 14 de febrero de 1989, los Presidentes de los cinco Estados cen-troamericanos emitieron un comunicado conjunto conocido como laDeclaración de Costa del Sol (El Salvador) o Acuerdo de la Playa delTesoro, que recogía la decisión del Presidente de Nicaragua de celebrarelecciones bajo observación internacional antes del 25 de febrero de1990 tanto a la Presidencia como a la Asamblea Nacional, a municipiosy a consejos regionales de la Costa Atlántica, para lo que reformaría sulegislación electoral;23 asimismo, los firmantes se comprometieron a di -señar un plan conjunto para la desmovilización voluntaria, repatriacióno restablecimiento en Nicaragua o en terceros países de los miembrosde la Resistencia Nicaragüense; además, se encargó a la Comisión Eje -cutiva la labor técnica de examinar el mecanismo más apropiado y efi-ciente para verificar los compromisos de seguridad.

En marzo de 1989 el Presidente y el Congreso de Estados Unidos lle-garon al compromiso de concluir la ayuda militar a la ResistenciaNicaragüense. Al mismo tiempo, los cinco Ministros centroamericanosde Asuntos Exteriores solicitaron oficialmente al Secretario General deNaciones Unidas el establecimiento de un mecanismo internacionalde verificación de los aspectos de seguridad de Esquipulas II.24 Por suparte, dicho Secretario General se mostró dispuesto a que la ONU su -pervisase las elecciones a celebrar en Nicaragua, enviando varias mi -siones para examinar la revisión de la legislación electoral y sobremedios de comunicación de ese país y, en virtud de la resolución 43/24de la Asamblea General de 15 de noviembre de 1988, acordó establecerla Misión Observadora de las Naciones Unidas para Verificar las Elec -ciones en Nicaragua (ONUVEN).25 La ONUVEN no fue una operaciónde mantenimiento de la paz sino una misión política, pues no implica-ba el empleo de personal militar ni desempeñaba las mismas funciones


una misión conjunta de Naciones Unidas y la OEA visitó la región para evaluar la necesidad deverificar in situ el cumplimiento de los compromisos de seguridad, pero la falta de acuerdoentre los gobiernos centroamericanos llevó a concluir la inconveniencia de la misma. The BlueHelmets, cit., 3ª ed., 1996, p. 410.

23 Doc.S/20491, anexo, de 27 de febrero de 1989. Vid. Las Naciones Unidas y el Salvador1990-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp. 10-11; S. BARANYI & L. NORTH, Stret -ching the Limits of the Possible: United Nations Peacekeeping in Central America, CanadianCentre for Global Security, Ottawa, 1992, pp. 2-3; A. ROUQUIÉ, Guerras y paz en AméricaCentral, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp. 293-294.

24 Véase su carta de 31 de marzo de 1989, firmada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala,Honduras y Nicaragua, pero con ciertas condiciones hondureñas (doc. S/20642, de 18 de mayode 1989).

25 Docs. A/44/210, de 5 de abril de 1989; y A/44/375, anexos I y II, de 6 de julio de 1989.También el Consejo de Seguridad se congratuló del plan previsto —resolución 637 (1989) de27 de julio de 1989—, si bien la ONUVEN no funcionaría bajo la autoridad del Consejo.

que se asignan a una operación de cascos azules.26 Su trabajo se inicióel 25 de agosto de 1989, seis meses antes de las elecciones, y constituyóla primera misión de observación y verificación electoral de la ONUemprendida en un Estado independiente. Los costes de la ONUVENfueron sufragados por el presupuesto ordinario de la Organización uni-versal.27 Sus 237 observadores supervisaron el proceso electoral nicara -güense junto con otros observadores internacionales procedentes de laOEA y de otros organismos —en total, unos 2.500—, y certificaron quedicho proceso se había desarrollado con libertad e imparcialidad. Laeficiencia de su labor constituyó un sólido apoyo para la contribuciónde Naciones Unidas, y más en concreto del ONUCA, a la consecuciónde la paz.

El 7 de agosto de 1989, los Presidentes centroamericanos aprobaronla Declaración de Tela (Honduras) y el “Plan Conjunto para la desmo -vilización, repatriación o reubicación voluntaria en Nicaragua y ter-ceros países de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y de susfami liares, así como de la asistencia para la desmovilización de todasaquellas personas involucradas en acciones armadas en los países de laregión”.28 Se preveía que fuera un órgano creado ex novo, la ComisiónInternacional de Apoyo y Verificación (CIAV), el encargado de la asis-tencia técnica a este proceso, entre cuyas funciones serían confiadas lasde carácter humanitario al ACNUR y las relativas al desarrollo alPNUD. Asimismo, la CIAV se encargaría de recibir y almacenar tempo -ralmente el armamento y equipo militar de los componentes de la Re -sistencia Nicaragüense.29 También el Plan Conjunto destacaba la


26 The Blue Helmets, cit., 3ª ed., 1996, p. 410. Pueden consultarse los términos de referen-cia de la ONUVEN en el intercambio de cartas del Secretario General y del Representante per-manente de Nicaragua ante Naciones Unidas, de 5 y 6 de julio de 1989 (doc.A/44/375, anexosI —apéndice— y II), que estipulaban que los miembros de esta misión de observación electoralgozaban de la condición de peritos en misión, con arreglo al artículo VI de la Convención sobreprivilegios e inmunidades de Naciones Unidas. El Secretario General nombró el 30 de agostode 1989 a E. L. Richardson como su Representante Personal para la Verificación de lasElecciones en Nicaragua.

27 Docs. A/44/210, de 5 de abril de 1989; A/44/304, de 6 de junio de 1989; y A/44/375, de6 de julio de 1989.

28 Doc. S/20778, anexo I, de 9 de agosto de 1989.29 La CIAV fue creada por decisión conjunta de los Secretarios Generales de la ONU y la

OEA de 25 de agosto de 1989, y se instaló 10 días después. Vid. doc. S/20856, de 21 de sep-tiembre de 1989; S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits of the Possible: United NationsPeacekeeping in Central America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, pp. 3-4. Sobre la participación de la Organización de Estados Americanos en la CIAV véanse H.CAMINOS, “L’exercise de pouvoirs implicites par le Secrétaire général de l’organisation desEtats américains dans le cadre de l’etablissement de la paix en Amérique centrale”, AnnuaireFrançais de Droit International 1989, vol. 35, p. 197 y ss.; e idem, “The Role of the Organiza -

necesidad del cese de las hostilidades en El Salvador y de la subsiguien -te desmovilización voluntaria de los miembros de la guerrilla salvado -reña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Pero el progreso del proceso de paz requería que Nicaragua renun -ciase a la demanda que había interpuesto contra Honduras ante la CorteInternacional de Justicia sobre las actividades de la guerrilla “contra”,pues ante esa situación Honduras había formulado alguna reserva sobreel funcionamiento de una eventual operación de mantenimiento de la pazen la región que supervisase los aspectos de seguridad.30 Para solucio -nar esa cuestión sin salida, los Presidentes de ambos países convinierondurante la reunión de agosto de 1989, en Tela, la suspensión del proce -dimiento ante la Corte para buscar un acuerdo extrajudicial, y la retira-da de la mencionada reserva hondureña relativa al establecimiento deun grupo de observadores en América Central.31 De esta manera, queda -ba expedito el camino para la creación de una operación de manteni -miento de la paz, pues la función de supervisión de la desmovilizaciónde los miembros de la Resistencia Nicaragüense era una operación decarácter militar que, en opinión del Secretario General de la ONU, re -quería una autorización previa del Consejo de Seguridad.32 Y el propioPérez de Cuéllar designó en septiembre de 1989, un Representante Per -sonal suyo para el proceso de paz en Centroamérica.33

Una misión técnica de reconocimiento de Naciones Unidas fue en -via da a la región en septiembre de 1989 y, a partir de la informaciónrecabada, el Secretario General recomendó el despliegue de una ope -ración de mantenimiento de la paz, diseñando al tiempo su estructura y


tion of American States in the Promotion and Protection of Democratic Governance”, Recueildes Cours, vol. 273, 1998, pp. 215-216. Este proceso de paz constituyó la primera vez que losSecretarios Generales de ambas organizaciones internacionales actuaban conjuntamente encomisiones internacionales de verificación. H. CAMINOS & R. LAVALLE, “New Departures in theExercise of Inherent Powers by the UN and OAS Secretaries-General: the Central AmericanSituation”, American Journal of International Law, vol. 83, núm. 2, 1989, p. 401.

30 Véase la nota 22, supra. Nicaragua había demandado a Honduras ante la CIJ el 28 de juliode 1986. Véase la sentencia de la Corte de La Haya de 20 de diciembre de 1988 en el caso deAcciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua v. Honduras) (competencia de laCorte y admisibilidad), ICJ Reports 1988, p. 69.

31 Docs. S/20778, anexo II, de 9 de agosto de 1989; y S/20786, de 14 de agosto de 1989.32 Véanse los informes del Secretario General de la ONU de 21 de septiembre de 1989

(doc.S/20856) y de 9 de octubre de ese 1989 (doc. S/20699/Add.1, para.6); y F. ORREGO

VICUÑA, “Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridad en el derechointernacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica”, EstudiosInternacionales, vol. 24, núm. 93, enero-marzo 1991, p. 11.

33 El cargo recayó en A. de Soto, entonces Subsecretario General de la ONU (SG/A/423).Véase el informe del Secretario General de 9 de octubre de 1989 (doc. S/20699/Add.1, para.11).

funciones.34 Y el Consejo de Seguridad decidió establecer el 7 de no -viembre de 1989, el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas enCentroamérica (ONUCA) por un periodo inicial de seis meses —reso -lución 644 (1989) de 7 de noviembre de 1989—, con el mandato dedirigir la verificación in situ de las tareas de seguridad estipuladas porel Acuerdo de Esquipulas II, en concreto, la cesación de la ayuda mili-tar a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales, y la abs-tención de empleo del territorio de un Estado para realizar ataquescontra los otros. De esta manera, el ONUCA cumpliría una función pre-ventiva y disuasoria de cualquier eventual incumplimiento de los com-promisos de Esquipulas.35 Así pues, el mandato de esta misión de pazderivaba de Esquipulas II y de los siguientes acuerdos firmados por lospresidentes centroamericanos, en especial las Declaraciones de Costadel Sol y de Tela.36 Y en la posterior Declaración de San Isidro de Coro -nado, de 12 de diciembre de 1989, los cinco Presidentes centroameri-canos solicitaron la expansión del mandato del ONUCA para incluir enél la verificación de ceses de hostilidades y desmovilizaciones de fuer -zas irregulares.37

Estaba previsto que el ONUCA se desplegara en cuatro etapas: pri -mero, un equipo de avanzada desde la resolución creadora del Consejode Seguridad, que estableció el 3 de diciembre de 1989 el Cuartel Gene -ral de la operación en Tegucigalpa (Honduras); una capacidad para in -vestigar denuncias y para realizar ciertas patrullas e inspecciones con99 observadores; el despliegue adicional de 63 observadores y heli -cópteros tres meses después de la resolución habilitante; y el desplieguefinal de otros 98 observadores militares, dependiendo de los progresoshasta entonces alcanzados.38

Como consecuencia de la naturaleza selvática del territorio de la re -gión, el ONUCA desarrolló sus funciones a través de equipos móviles


34 Informe del Secretario General de 11 de octubre de 1989 (doc. S/20895).35 Informe citado del Secretario General de 11 de octubre de 1989 (doc.S/20895, para.8).36 Vid. B.D. SMITH & W. J. DURCH, “UN Observer Group in Central America” en W .J.

DURCH (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis,Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp. 444-445; y en general F. ORREGO VICUÑA,“Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridad en el derecho interna-cional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica”, Estudios Interna -cionales, vol. 24, núm. 93, enero-marzo 1991, pp. 3-18; y p. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol. 2, Universidad deHuelva, Huelva, 1998, pp. 384-403.

37 Doc. S/21019, anexo, de 12 de diciembre de 1989.38 Véase el informe del Secretario General de 11 de octubre de 1989 (doc. S/20895, para.

23).

de observación que llevaron a cabo patrullas continuas por medio devehículos todo terreno, helicópteros y patrulleras navales en algunasvías fluviales y zonas costeras como el Golfo de Fonseca;39 y podíanrealizar inspecciones por su propia iniciativa o para investigar denun-cias de violaciones de los acuerdos; asimismo, una pequeña aeronavesirvió para el transporte de personal y equipos.

Los observadores, que iban desarmados, se agrupaban en centros deverificación próximos a las zonas sensibles. El tamaño autorizado delONUCA incluía 260 observadores militares, así como el personal nece-sario para mantener una unidad naval y otra aérea, y por supuesto, per-sonal civil de apoyo, tanto internacional como local.40 El personalmilitar procedía de 11 países, incluyendo España, que aportó el mayorcontingente nacional de los observadores militares.41

El mando de esta operación en el terreno correspondía a un Jefe deObservadores Militares, que recibía las instrucciones exclusivamentede Naciones Unidas.42 Desde mayo de 1991 una de sus labores consis-tió en acudir a las reuniones de la Comisión de Seguridad Centroame -ricana.

El despliegue completo se alcanzó en junio de 1989, y para entoncesel ONUCA disponía de un Cuartel General en Guatemala y oficinas deenlace en las capitales de los cinco países centroamericanos en los quese desarrolló la operación (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salva -dor y Costa Rica), 14 centros de verificación (cinco de ellos en las capi -tales) y tres puestos operacionales, además de cuatro lanchas patrulleras


39 Era la primera vez que una OMP de Naciones Unidas incluía el ámbito marítimo. F.ORREGO VICUÑA, “Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridad en elderecho internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica”,Estudios Internacionales, vol. 24, núm. 93, enero-marzo 1991, pp. 4 y 14. Y sobre las posibi -lidades navales del mantenimiento de la paz véase R.S. STALEY, The Wave of the Future: TheUnited Nations and Naval Peacekeeping, IPA, Rienner, Boulder, 1992.

40 Sobre la organización interna de esta operación puede verse A. Quesada Gómez, “Elmando en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas” en MINISTERIO DE

DEFENSA, Trabajos y conclusiones del seminario sobre operaciones de mantenimiento de lapaz, Madrid, 1992, pp. 27-31. Entre noviembre de 1990 y enero de 1991, un total de 16 obser-vadores militares procedentes del ONUCA fueron incorporados como observadores de seguri-dad en el Grupo Observador de las Naciones Unidas para la Verificación de las Elecciones enHaití (ONUVEH).

41 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 736. 42 Como Jefe de Observadores Militares del ONUCA fue nombrado el general español A.

Quesada Gómez —intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejode Seguridad de 16 y 21 de noviembre de 1989 (docs. S/20981 y S/20982)—. Entre diciembrede 1990 y mayo de 1991 ese puesto fue ocupado por el general canadiense L. Mackenzie, y trasél fue otro general español, V. Suanzes Pardo, quien se encargó de dirigir ONUCA hasta el finalde la misión en enero de 1992. Vid. docs. S/22527 y S/22528, ambos de 24 de abril de 1991.

rápidas que actuaban desde el centro de verificación naval de SanLorenzo (Honduras).43

Como ya hemos señalado, la actuación del ONUCA se desarrollabacon equipos móviles de patrulla diaria de observadores militares a par-tir de los centros de verificación y de pequeños puestos operacionalesen zonas avanzadas; debido a las condiciones del terreno, numerosas deesas inspecciones tuvieron que ser aéreas.44 Normalmente, las patrullasse centraron en aquellas áreas geográficas en las que existían mayoresposibilidades de vulneración de los compromisos del Acuerdo deEsquipulas II, sobre todo en las zonas fronterizas de Nicaragua y ElSalvador con sus países vecinos. Cuando ONUCA recibía una queja, sele comunicaba al Gobierno denunciado para solicitarle su cooperaciónen la investigación del Grupo de Observadores de Naciones Unidas.45

Las elecciones nicaragüenses tuvieron lugar el 25 de febrero de 1990,donde votó el 86% del electorado, y venció contra pronóstico la candi-datura de la Unión Nacional Opositora (UNO) —una coalición denumerosos y muy distintos partidos políticos— al Frente Sandinista, deforma que V. Barrios de Chamorro se iba a convertir el 25 de abril de1990 en la nueva Presidenta de Nicaragua.46

De forma coetánea, el Gobierno nicaragüense saliente, la Presidentaelecta y Naciones Unidas llegaron en marzo de 1990 a un acuerdo sobrelas modalidades de la desmovilización de los miembros de la Resisten -cia Nicaragüense: los que se encontrasen en campamentos en Hondurasserían desmovilizados allí y repatriados a su país, y los localizados enNicaragua se concentrarían en puntos temporales de acantonamientoestablecidos y controlados por el ONUCA, donde se desmovilizaríanbajo el control y la garantía de seguridad de los boinas azules de Na cio -


43 F. ORREGO VICUÑA, “Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridaden el derecho internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centro -américa”, Estudios Internacionales, vol. 24, núm. 93, enero-marzo 1991, p. 15.

44 Vid. A. JAMES, Peacekeeping in International Politics, Macmillan, Basingstoke, 1990,p. 66.

45 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 416.46 En las elecciones presidenciales la UNO consiguió el 54% de los sufragios, frente al 40%

del Frente Sandinista de Liberación Nacional; en los comicios parlamentarios, la UNO tambiénobtuvo la victoria con 51 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional; y en los concejos muni -cipales, la UNO alcanzó la mayoría de votos en 99 de los 131 municipios en los que se efec -tuaron elecciones. Véase el quinto informe de la ONUVEN al Secretario General de la ONU(doc. A/44/927, anexo, de 30 de marzo de 1990, para. 16-20). Sobre las dificultades políticasque conllevó la sorprendente victoria electoral de la UNO y de Chamorro, pues las institucionesestatales, sobre todo las fuerzas armadas, estaban copadas por militantes sandinistas, véase M.A. UHLIG, “Nicaragua’s Permanent Crisis: Ruling from Above and Below”, Survival, vol. 33,núm. 5, 1991, pp. 401-423.

nes Unidas; además, el ONUCA se responsabilizaría de recoger y des -truir in situ el armamento y equipo militar de la guerrilla “contrarre -volucionaria”.47 Y el Consejo de Seguridad decidió autorizar laamplia ción del mandato del ONUCA y añadirle el personal armado queresultase necesario para capacitarle en la supervisión de la desmo vili - zación voluntaria de la guerrilla nicaragüense —resolución 650 (1990)de 27 de marzo de 1990—. En ese contexto, un batallón venezolano deinfantería se incorporó al ONUCA, desplegándose en Honduras el 10de abril de 1990 para verificar la desmovilización de los grupos de laResistencia Nicaragüense presentes en ese país. Intensas negociacionesentre representantes del Gobierno de Nicaragua, de la Presidenta elec-ta, y de diversos grupos de la Resistencia Nicaragüense, con la partici-pación del Arzobispo de Managua, del Representante Personal delSecretario General de Naciones Unidas y del Jefe de Observadores delONUCA, condujeron a la firma el 19 de abril de 1990, de una serie deacuerdos sobre la desmovilización voluntaria de la guerrilla “contra” enNicaragua entre el 25 de abril —fecha prevista de la transferencia delpoder político— y el 10 de junio de 1990: en ellos se disponía un ceseinmediato del fuego y una separación de las fuerzas enfrentadas, bajo lasupervisión del ONUCA: en concreto, las tropas gubernamentales de -bían retirarse de ciertas “zonas de seguridad” previamente designa das,en las que se concentrarían los miembros de la Resistencia Nicaragüen -se para su desmovilización. En consecuencia, el Consejo de Seguridadde Naciones Unidas aprobó expandir el mandato del ONUCA para quepudiera hacer frente a sus nuevas funciones —resolución 653 (1990),de 20 de abril de 1990—.48

Fueron establecidas siete “zonas de seguridad” con una extensióntotal de 2,550 kilómetros cuadrados: en cada zona se hallaba destacadodiverso personal del ONUCA, tanto observadores militares como com-ponentes armados del batallón venezolano, concretamente en un “áreade desmovilización y apoyo logístico”. Cada zona de seguridad teníauna extensión aproximada de 500 a 600 kilómetros cuadrados y estabarodeada por una zona desmilitarizada adicional de unos 20 kilómetrosde profundidad.


47 La propuesta del Secretario General de Naciones Unidas en el sentido de que el armamen-to recibido de la Resistencia Nicaragüense fuera destruido por el ONUCA (S/21194) fue rápi-damente aceptada por los cinco Presidentes centroamericanos (doc. S/21235, anexo, de 3 deabril de 1990).

48 Así, el Consejo aprobaba formalmente las propuestas del Secretario General contenidasen su declaración de 19 de abril de 1990 (doc. S/21259, anexo).

Pero el proceso de desmovilización fue más lento de lo esperado, yesa demora provocó la aprobación por las partes de la “Declaración deManagua” de 4 de mayo de 1990, por medio de la cual la ResistenciaNicaragüense se comprometía a acelerar el proceso de desmilita-rización, con el fin de que estuviera terminado para el 10 de junio,49 loque sería ratificado en el posterior “Protocolo de Managua sobreDesarme” de 30 de mayo, mientras el Gobierno nicaragüense se obliga -ba por su parte a establecer “áreas de desarrollo” para la reintegraciónde los exguerrilleros “contras” en la sociedad civil. Desde entonces seaceleró el proceso,50 llegando a establecerse el 18 de junio una octava“zona de seguridad”, de tal forma que el 5 de julio de 1990, se habíacompletado la desmovilización de todos los efectivos, armados y desar-mados, de la facción militar mencionada.51

Una vez terminada la desmovilización, el batallón venezolano deinfantería se retiró del ONUCA y los observadores militares volvierona su mandato original de patrullaje por las zonas más sensibles a lasposibles violaciones de los compromisos de seguridad del Acuerdo deEsquipulas II. La tarea del ONUCA se limitaba a la verificación, puesno estaba autorizada, equipada ni preparada para la prevención por lafuerza de las posibles vulneraciones. En consecuencia, se redujo elnúmero de los centros de verificación y de los observadores delONUCA, y se agruparon las oficinas de enlace y los centros de verifi-cación de cada una de las cinco capitales centroamericanas en sendasSedes del Grupo de Observadores.52

La situación fue mejorando en la región,53 y como quiera en El Salva -dor se llegó de forma simultánea a importantes acuerdos para el arre glode su contienda bélica interna, que implicaban funciones adicionales deverificación para la Misión de Observadores de las Nacio nes Unidas enEl Salvador (ONUSAL), el Secretario General propuso incluir unaDivisión Militar en dicha operación para desarrollar tales tareas, con la


49 Doc. S/21341, anexo. En esta dirección también se expresaba la declaración delPresidente del Consejo de Seguridad de 23 de mayo de 1990 (doc. S/21331).

50 Vid. el informe del Secretario General de 8 de junio de 1990 (doc. S/21349), y la resolu-ción 656 (1990) del Consejo de Seguridad, de la misma fecha.

51 Véase el informe del Secretario General de 29 de junio de 1990 (doc. S/21379). En totalse desmovilizaron 22,000 miembros de la Resistencia Nicaragüense, de ellos 2,000 en Hon -duras y el resto en Nicaragua. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 418; y R. BENÍTEZ MANAUT,“Desarme y proceso de paz en Centroamérica”, Desarme, vol. 15, núm. 3, 1992, p. 160.

52 Resolución 675 (1990) del Consejo de Seguridad, de 5 de noviembre de 1990, según laspropuestas planteadas por el Secretario General en su informe de 26 de octubre de 1990 (doc.S/21909, para. 34-35).

53 Véase el informe del Secretario General de 28 de octubre de 1991 (doc. S/23171).

transferencia a ella de los observadores militares y del equipo delONUCA.54 Así, y contando con la aquiescencia de los go biernos de loscinco Estados centroamericanos, el Secretario General planteó la termi-nación del mandato del ONUCA para el 17 de enero de 1992,55 con-clusión que sería formalmente decidida por el Consejo de Seguridad—resolución 730 (1992) de 16 de enero de 1992, para. 2—.56

A modo de conclusión, puede señalarse que el ONUCA, que consti-tuía la primera operación de mantenimiento de la paz a gran escala deNaciones Unidas en el continente americano, evolucionó superando sulimitado mandato inicial de verificación hasta hacerse útil en la asisten-cia a las partes nicaragüenses en el control y resolución de su conflictoarmado, prestando especial atención a la desmovilización de los miem-bros de la Resistencia Nicaragüense y la consiguiente reconciliaciónnacional. El ONUCA se saldó con un gran éxito debido a su valiosacontribución a la restauración de la paz y la estabilidad en AméricaCentral.57 Asimismo, el ONUCA sirvió para simbolizar con claridad lacreciente preferencia a comienzos de los años noventa del enfoque uni-versal en la resolución de los conflictos interamericanos, frente a unaeventual competencia regional de la OEA.58

Por último, los costes del ONUCA, considerados como gastos de laOrganización universal a ser sufragados por sus Estados miembros deacuerdo con el artículo 17.2 de la Carta de San Francisco y depositadosen una cuenta especial,59 alcanzaron los 88 millones de dólares.60


54 Véase el informe del Secretario General de 10 de enero de 1992 (doc. S/23402).55 Véase el informe del Secretario General de 14 de enero de 1992 (doc. S/23421).56 La transferencia de 124 observadores militares del ONUCA a la ONUSAL se produjo el

24 de enero de 1992, mientras que cierto personal del Grupo de Observadores permaneció tem-poralmente durante varios meses más para supervisar el cierre definitivo del ONUCA (doc.A/47/556).

57 Cf. The Blue Helmets, cit., 3ª ed., 1996, p. 421.58 Cf. F. ORREGO VICUÑA, “Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguri-

dad en el derecho internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas enCentroamérica”, Estudios Internacionales, vol. 24, núm. 93, enero-marzo 1991, p. 17.

59 Resolución 44/44 de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1989, según la recomen-dación del Secretario General expresada en sus informes de 11 de octubre de 1989 (doc.S/20895) y de 13 de noviembre de ese mismo año (doc. A/44/246/Add.1). A mediados de 1992se fusionaron las cuentas especiales del ONUCA y la ONUSAL —resolución 46/240 de laAsamblea General, de 22 de mayo de 1992—.

60 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 735.

III. LA MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS

EN EL SALVADOR (ONUSAL), 1991-1995

Un complejo proceso negociador iniciado en septiembre de 1989, iba aponer fin a la guerra civil que se desarrolló durante los años ochentaentre el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente FarabundoMartí para la Liberación Nacional (FMLN).61 Dicho proceso de paz, encuyo comienzo y evolución resultó decisiva la existencia de un equili -brio de fuerzas y posiciones militares entre ambos contendientes, con-sistió en una sucesión de acuerdos consecutivos sobre diversascuestiones esenciales de la vida salvadoreña. En concreto, el Gobiernode El Salvador y el FMLN alcanzaron un acuerdo en México el 15 deseptiembre de 1989, “para iniciar un diálogo destinado a terminar elconflicto armado en El Salvador por medios políticos”. El propósito deeste proceso consistía en poner fin al prolongado y terrible conflictoarmado interno a través de medios políticos apropiados que llevaran ala democratización del país, la protección y respeto absoluto de los de -rechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña; asimis-mo, se preveía que la ONU supervisara la aplicación efectiva de todosestos acuerdos62 y, por ello, el 4 de abril de 1990, ambas partes firmaronun acuerdo tras la Reunión de Ginebra, en el que se concretó la media -ción de Naciones Unidas.63 Un mes después, el 21 de mayo se suscribióen Caracas la “Agenda general y calendario del proceso completo denegociación”.64

El primer paso sustantivo en este largo camino hacia la paz fue elAcuerdo sobre los Derechos Humanos, firmado por ambas partes en


61 Vid. C.C. COLEMAN, The Salvadoran peace process: a preliminary inquiry, NUPI, Oslo,1993; y p. NIKKEN, “El Salvador: los derechos humanos en la antesala de la guerra y de la paz”en D. BARDONNET & A.A. CANÇADO TRINDADE (eds.), Derecho internacional y derechos huma -nos/Droit international et droits de l’homme, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Academia de Derecho Internacional de La Haya, San José, 1996, p. 198 y ss. Los primerosesfuerzos de paz datan de 1984, y algún autor ha indicado que el proceso de Esquipulas II nohabía tenido éxito en El Salvador porque en ese país no resultó eficaz la labor de la ComisiónNacional de Reconciliación. R. BENÍTEZ MANAUT, “Desarme y proceso de paz en Centroamé -rica”, Desarme, vol. 15, núm. 3, 1992, p. 161.

62 En la ya citada Declaración de San Isidro de Coronado, de 12 de diciembre de 1989, loscinco Presidentes centroamericanos solicitaron al Secretario General la adopción de medidaspara que el Gobierno salvadoreño y el FMLN reiniciasen el diálogo (doc. S/21019, anexo).

63 Doc. S/21931, anexo I, de 4 de abril de 1990. La ONU ya se había ocupado por primeravez de la situación en El Salvador en diciembre de 1980, con la resolución 35/192 de suAsamblea General.

64 Doc. S/21931, anexo II.

San José (Costa Rica) el 26 de julio de 1990,65 y por el cual los signa -tarios se comprometían al respeto ilimitado de las normas y estándaresinternacionales sobre derechos humanos, solicitando el establecimientode una misión de verificación de Naciones Unidas que recogiera lasdenuncias sobre violaciones de derechos humanos, realizara entrevistasy visitas libremente y sin limitaciones, desarrollase una campaña edu -cativa e informativa sobre esta materia, y adoptara las acciones legalesque estimase adecuadas para defender y promover los derechos hu -manos.66

Ya el Secretario General de Naciones Unidas venía estudiando desde1990, el diseño de una misión onusiana integrada de verificación condiversas secciones para encargarse de supervisar el cese del fuego, laobservación del proceso electoral y la verificación del respeto de losderechos humanos.67 Si bien el mencionado Acuerdo de San José habíaestipulado en su artículo 19 que la operación de verificación se iniciaratras la suspensión del conflicto armado; sin embargo, ambas partesvenían pidiendo que el mecanismo de supervisión de los derechoshumanos comenzara su funcionamiento lo antes posible, sin esperar alalto del fuego.68 Ante esta solicitud, y tras una misión preliminar dereconocimiento desarrollada en marzo de 1991 y garantías explícitas deapoyo expresadas por ambas partes, el Secretario General decidiórecomendar el establecimiento del componente de derechos humanosde la Misión de Observadores con antelación incluso al acuerdo sobreel cese del fuego.69


65 Doc. S/21541, anexo, de 16 de agosto de 1990. Vid. I. JOHNSTONE, Rights and Reconci -liation: U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, p. 13.

66 Puntos 10 a 18 del Acuerdo sobre los Derechos Humanos. Véase el informe del SecretarioGeneral de 3 de agosto de 1990 (S/22031, anexo); y Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp. 14-15. Sobre la importancia nuclear de los dere-chos humanos en este proceso de paz véanse p. NIKKEN, “El Salvador: los derechos humanosen la antesala de la guerra y de la paz” en D. BARDONNET & A. A. CANÇADO TRINDADE (eds.),Derecho internacional y derechos humanos/Droit international et droits de l’homme, InstitutoInteramericano de Derechos Humanos/Academia de Derecho Internacional de La Haya, SanJosé, 1996, p. 204 y ss.; y F. O. HAMPSON, “The Pursuit of Human Rights: The United Nationsin El Salvador” en W. J. DURCH (ed.), UN Peacekeeping, American Politics, and the UncivilWars of the 1990s, Macmillan, Basingstoke, 1997, pp. 69-102.

67 Véanse los informes del Secretario General de 29 de agosto de 1990 (doc. S/21717) y de21 de diciembre de 1990 (doc. S/22031).

68 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 426; T. FLORES ACUÑA, The United Nations Missionin El Salvador. A Humanitarian Law Perspective, Kluwer, La Haya, 1995, pp. 31-32.

69 Véase el informe del Secretario General de 16 de abril de 1991 (doc. S/22494, para. 3 y15); asimismo The Blue Helmets, cit., 1996, p. 426.

Ambas partes firmaron el 27 de abril de 1991 los “Acuerdos de Mé -xico” sobre las reformas constitucionales que podrían ser presentadas ala Asamblea legislativa de El Salvador.70 Las disposiciones negociadasse centraban en la reforma de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguri-dad —incluyendo la creación de una nueva Policía Nacional Civil y deuna Academia Nacional de Seguridad Pública—, el sistema judicial,71

el procedimiento electoral —con un nuevo Tribunal Supremo Electo -ral—, y los derechos humanos, incluyendo el estableci miento del cargode Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, y deuna Comisión de la Verdad, integrada por tres personas, para investigarlos actos graves de violencia ocurridos desde 1980; las partes se com-prometieron a respetar y llevar a cabo las conclusiones y recomenda-ciones dirigidas a los bandos y al Secretario General de NacionesUnidas en el informe final que emitiera tal Comisión.72

Previa recomendación del Secretario General, el Consejo de Segu -ridad decidió el 20 de mayo de 1991 establecer, por un periodo inicialde 12 meses, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en ElSalvador (ONUSAL), como una operación integrada de mantenimientode la paz para supervisar la aplicación de todos los acuerdos concluidospor el Gobierno de El Salvador y el FMLN —resolución 693 (1991),para.1 y 2—.73 Su mandato inicial consistía en verificar el cumplimien-to del Acuerdo de San José sobre derechos humanos, esto es, controlarla situación presente en el país en esa materia, investigar las denunciasconcretas de violaciones de derechos humanos y realizar recomenda-ciones para su eliminación, promover el respeto de los derechos huma -nos, e informar al Secretario General (artículo13 del Acuerdo de SanJosé).74 La ONUSAL estaba dirigida por el Representante Es pecial del


70 Doc. S/23130, anexo, de 9 de octubre de 1991.71 Antes del proceso de paz, el sistema judicial salvadoreño arrastraba graves defectos, como

su falta de independencia del poder político y la excesiva concentración de poder en el TribunalSupremo. Véase el informe del Experto Independiente de la Comisión de Derechos Humanosde Naciones Unidas de 13 de noviembre de 1992 (doc. A/47/596, para.151-159); el informe dela Comisión de la Verdad (parte V, pp. 172-173); y I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation:U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp. 65-76.

72 Véase The Blue Helmets, cit., 1996, p. 426.73 Véase también el informe del Secretario General de 16 de abril y 20 de mayo de 1991

(doc. S/22494 y Corr. 1 y Add. 1).74 Vid. T. FLORES ACUÑA, The United Nations Mission in El Salvador. A Humanitarian Law

Perspective, Kluwer, La Haya, 1995, p. 36 y ss.; p. NIKKEN, “El Salvador: los derechos huma -nos en la antesala de la guerra y de la paz” en D. BARDONNET & A. A. CANÇADO TRINDADE

(eds.), Derecho internacional y derechos humanos/Droit international et droits de l’homme,Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Academia de Derecho Internacional de LaHaya, San José, 1996, p. 217 y ss.; p. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones

Secretario General, que además era el Jefe de Misión,75 y su idioma detrabajo fue el español por primera vez en la historia de las operacionesde mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.

La ONUSAL comenzó sus actividades el 26 de julio de 1991, asu -miendo un enfoque en dos fases: en la etapa preparatoria entre julio yseptiembre de ese año, la operación estableció sus oficinas regionalesy se aprestó para sus tareas futuras, y en la segunda fase desde octubrede 1991, comenzó a investigar las situaciones de alegadas violacionesde derechos humanos, estableciendo mecanismos flexibles de enlace ycoordinación con las partes, al tiempo que iniciaba un programa educa-tivo y una campaña de información sobre derechos humanos.76 LaONUSAL en realidad sólo tuvo un impacto limitado en la situación delos derechos humanos en el país, pero sirvió como medida de fomentode la confianza entre las partes para avanzar en el proceso negociador.77

El 25 de septiembre de 1991, ambos bandos pactaron una agendapara la negociación comprimida de todas las cuestiones pendientes yfirmaron el Acuerdo de Nueva York, en el que decidieron crear unaComisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), encarga-da de supervisar la ejecución de todos los acuerdos políticos, “depurar”las fuerzas armadas, disminuir su tamaño, y comenzar el proceso decreación y organización de la nueva Policía Nacional Civil.78 LaONUSAL participaría en esa Comisión en calidad de observador.

Poco después, ambas partes suscribieron el 31 de diciembre de 1991el Acta de Nueva York, que completaba el proceso negociador sobretodas las cuestiones sustantivas.79 Y sobre la base de estos nuevos ins -

Unidas para el mantenimiento de la paz, vol. 2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 403-420; y E. ter HORST, “The role of the United Nations in the process of implementation of the ElSalvador Peace Agreement, with some comparative references to the work of the peacekeepingoperation in Haiti”, conferencia impartida en Saint Anthony’s College, Oxford, 26 de octubrede 2000, pp. 2-7.

75 Hubo tres sucesivos Representantes Especiales del Secretario General: I. Riza (Pakistán),desde el comienzo de la ONUSAL en mayo de 1991 hasta marzo de 1993; le sustituyó A.Ramírez Ocampo (Colombia) hasta marzo de 1994; y desde entonces E. ter Horst (Venezuela)fue el Representante Especial hasta septiembre de 1995. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996,p. 737.

76 Vid. el informe del Secretario General de 16 de septiembre de 1991 (doc. S/23037, anexo,para.7 y ss.); The Blue Helmets, cit., 1996, p. 427.

77 S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits of the Possible: United NationsPeacekeeping in Central America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, p. 25.

78 Docs. S/23082, anexo, de 26 de septiembre de 1991; y S/23082/Add.1, anexo, de 7 deoctubre de 1991.

79 Doc. S/23402, anexo, de 10 de enero de 1992. La firma del Acta de Nueva York fue salu-dada efusivamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —declaración de suPresidente de 3 de enero de 1992 (doc. S/23360)—. Y en el Acta de Nueva York II, de 13 de


trumentos convencionales, el Secretario General de Naciones Unidassolicitó un incremento sustancial de la dimensión de la ONUSAL, pueslos acuerdos sobre la cesación del fuego y acerca de la Policía NacionalCivil requerían la supervisión por Naciones Unidas del alto al fuego yla separación de fuerzas, así como el control del mantenimiento delorden público durante el periodo de transición hasta que fuera operati-va la nueva policía salvadoreña.80 El Secretario General recomendó laincorporación a la ONUSAL de dos nuevas divisiones sobre asuntosmilitares y policiales, y el Consejo de Seguridad aprobó esa ampliacióndel mandato y tamaño de la ONUSAL —resolución 729 (1992) de 14de enero de 1992, para. 2 y 4—.81

Por fin, ambos bandos salvadoreños firmaron el 16 de enero de 1992,en México, el solemne Acuerdo de Paz:82 en él, y por lo que se refierea las fuerzas armadas, se destacaba una nueva doctrina en su actuaciónsobre la base de un carácter exclusivamente profesional y no partidista—capítulo 1.1—; también serían reducidas hasta la mitad para enero de1994 y se depurarían de ellas a sus elementos implicados en violacionesde derechos humanos —capítulo 1.3 y 1.4—. Igualmente, resultaríaabolida la Dirección Nacional de Inteligencia, a ser reemplazada por unnuevo Organismo de Inteligencia del Estado, subordinado al poder civil—capítulo 1.7—; estarían proscritos los grupos o fuerzas paramilitares,excepto los legalmente constituidos para la defensa civil o la reserva delas fuerzas armadas. Se suspendería el reclutamiento forzoso, pues elservicio militar se convertiría por ley en universal y no discriminatorio—capítulo 1.11—. En otros aspectos, el Acuerdo de Paz disponía lareforma de la policía, del poder judicial y el sistema electoral —capítu-los 2, 3 y 4—. Además, se establecía un calendario para la participaciónpolítica del FMLN, que suponía preparar y aprobar la legislación ade-cuada, liberar a todos los prisioneros políticos, preparar el retorno de

enero de 1992, ambas partes negociaron todas las cuestiones pendientes. Vid. Las NacionesUnidas y el Salvador 1990-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p. 24; y V. M. VALLE,“Los acuerdos de paz: la víspera del amanecer de El Salvador”, Tiempo de Paz, núm. 23, pri-mavera 1992, pp. 106-111.

80 Vid. S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits of the Possible: United NationsPeacekeeping in Central America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, p. 29 yss.

81 La División Militar de la ONUSAL, al mando de un Oficial General, llegó a contar, en sunivel máximo en febrero de 1992, con 368 observadores militares procedentes de 10 Estados—entre ellos España—, más oficiales médicos de Argentina, España y Brasil, dirigidos todosellos por el general español V. Suances Pardo. Vid. la carta del Secretario General de 5 defebrero de 1992 (doc. S/23521), y su informe de 25 de febrero de 1992 (doc. S/23642, para.2);The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 443 y 737-738.

82 Doc. S/23501, anexo, de 30 de enero de 1992.


los exiliados,83 y otorgar al FMLN licencias de medios de comuni-cación. De forma análoga, el FMLN se comprometió a disolverse entreel 1 de febrero y el 31 de octubre de 1992, con el fin de transformarseen un partido político.

En las cuestiones económicas y sociales, se adoptaron directricespara llevar a cabo la reforma de la propiedad de la tierra, la asistenciatécnica, el crédito agrícola, la protección del consumidor, las privatiza-ciones y los procedimientos de desarrollo. Todo ello contaría con unforo consultivo sobre estas cuestiones, abierto a los agentes sociales ygubernamentales, así como programas de reintegración para excomba -tientes y discapacitados de guerra.

En el marco de este Acuerdo de Paz, las funciones de la ONUSALiban a centrarse en la verificación del cese del fuego, la separación delas fuerzas, su concentración en zonas previamente determinadas conlimitación estricta de sus movimientos, la supervisión de la destruccióndel armamento y equipo militar del FMLN, etcétera. Para ser capaz dedesempeñar tan amplias funciones, la ONUSAL se organizó como unaoperación multidisciplinar con tres secciones:84

1. La División de Derechos Humanos: con unos 230 observadores yasesores legales, aparte de que los Coordinadores Regionales de laMisión trataban también cuestiones de derechos humanos e informabanal Director de esta División. La labor de supervisión desarrollada no selimitó exclusivamente a las investigaciones y exámenes fácticos, sinoque también se refirió al ejercicio de asistencia técnica en esta materiaa la sociedad y las instituciones salvadoreñas, incluyendo el TribunalSupremo —capacitación de jueces y magistrados—, las Fuerzas Arma -das —desarrollo de una nueva doctrina democrática— o la Procura -duría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos,85 junto a lasorganizaciones no gubernamentales pertinentes. Desde luego, laONUSAL constituyó la más extensa operación internacional de verifi-


83 Se estimaba que la guerra salvadoreña había causado 750,000 refugiados y 500,000desplazados internos. C. EGUIZÁBAL y otros, Humanitarian Challenges in Central America:Lessons from Recent Armed Conflicts, Watson Institute for International Studies, Providence,1993, p. 11.

84 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 429-430; y T. FLORES ACUÑA, The United NationsMission in El Salvador. A Humanitarian Law Perspective, Kluwer, La Haya, 1995, p. 48 y ss.

85 La ONUSAL firmó un acuerdo con la Procuraduría Nacional para la Defensa de losDerechos Humanos, en orden a transferirle la experiencia y tecnología de investigación perti-nente cuando se produjera la retirada de la ONUSAL. Véanse la carta del Secretario General de3 de noviembre de 1993 (doc. S/26689) y la declaración presidencial del Consejo de Seguridadde 5 de noviembre de 1993 (doc. S/26695); The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 436-437.

cación de derechos humanos desarrollada hasta entonces en un Estadosoberano,86 de forma que consiguió una transformación gradual de lasituación existente en El Salvador.

2. División Militar: en julio de 1991, al inicio de la operación onu-siana, sólo 15 oficiales militares mantenían enlace con las dos partes delconflicto armado, pero cuando se estableció la División Militar enenero de 1992, su volumen autorizado había aumentado hasta los 380observadores militares. Precisamente esta División era la encargada deverificar las distintas fases del proceso de terminación del enfrenta -miento armado: el cese de las hostilidades —1 de febrero de 1992—, laseparación de los combatientes con el repliegue de las fuerzas armadassalvadoreñas a sus posiciones ordinarias, y la concentración de losguerrilleros del FMLN en las 15 zonas previamente designadas. Losboinas azules supervisarían el armamento y equipos de ambas partes,autorizarían sus movimientos e investigarían cualquier queja o denun-cia de infracción; además, verificarían el depósito y destrucción delarmamento del FMLN entre el 15 y el 31 de octubre de 1992, así comola reintegración gradual de los exguerrilleros en la sociedad civil.87

También la ONUSAL coordinaría el Plan para la Prevención deAccidentes por Minas, y ayudaría a controlar y coordinar la limpieza delos campos minados. Por fin, el 15 de diciembre de 1992 culminó elproceso de cesación del fuego, y desde entonces tuvieron lugar diver-sas reducciones graduales del número de observadores militares.

3. División Policial: si bien desde el comienzo de la ONUSAL 16oficiales de policía trabajaron en la misión, fue con la firma delAcuerdo de Paz cuando se creó la División Policial, con un tamañoautorizado de 631 efectivos,88 para poder hacer frente a las responsabi -lidades consignadas en dicho instrumento convencional: en particular,el Acuerdo de Paz preveía la creación de una nueva fuerza de policíapara el país, y la División Policial de la ONUSAL controló las activi-dades de la Policía Nacional y de la Policía Auxiliar Transitoria, ope -rativa esta última durante un periodo interino entre octubre de 1992 yjulio de 1993. También la ONUSAL supervisó la labor de la nueva

86 Cf. informe final del Director de la División de Derechos Humanos de la ONUSAL, enabril de 1995 (doc. S/1995/281).

87 Vid. Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995,pp. 25-26.

88 La División Policial contó con observadores policiales procedentes de 11 Estados, entrelos que volvía a encontrarse España como máximo contribuyente. Vid. The Blue Helmets, cit.,1996, pp. 737-738; informe del Secretario General de Naciones Unidas de 30 de marzo de 1995(doc. S/1995/220, anexo II).


Academia Nacional de Seguridad Pública, en funcionamiento desdeseptiembre de 1992, y le proporcionó apoyo técnico. Cuando se inicióel despliegue de la nueva Policía Nacional Civil en marzo de 1993, laDivisión Policial de la ONUSAL se vio impelida a asumir nuevas fun-ciones suplementarias, como suministrar asesoramiento técnico yapoyo logístico al nuevo cuerpo policial, o evaluar su actuación en elterreno. De hecho, la ONUSAL y la Policía Nacional Civil firmaron el27 de julio de 1994 un acuerdo—marco, así como diversos memoran-dos de entendimiento sobre cooperación técnica.89

El cese del fuego fue observado de modo informal del 16 al 31 deenero de 1992, comenzando de forma oficial el 1 de febrero, al tiempoque iniciaba su trabajo la División Militar de la ONUSAL. Pero el pro-ceso, que debía estar sincronizado para que la reintegración de los gue -rrilleros del FMLN en la vida civil se produjera de forma simultánea ala elaboración y aplicación por el Gobierno de las medidas de reformaque se había comprometido a adoptar en distintas cuestiones, verbigra-cia en la actividad política y en la nueva Policía Nacional Civil, se fueretrasando indebidamente.90 Así por ejemplo, la Comisión ad hoc parala depuración de la fuerza armada fue establecida el 19 de mayo de1992 y cuatro meses después, el 22 de septiembre de 1992, presentó alPresidente de El Salvador y al Secretario General de Naciones Unidassu informe confidencial, en el que se recomendaba el cese o transferen-cia de 103 oficiales militares salvadoreños.91

Por fin, y después de diversos retrasos y reestructuraciones del ca -lendario previsto,92 el conflicto armado entre ambas partes llegó formal-mente a su final el 15 de diciembre de 1992 y se produjo la legalizacióndel FMLN como partido político.93 Pero el proceso de verificación y

89 Vid. W. STANLEY, “Building New Police Forces in El Salvador and Guatemala: Learningand Counter-Learning”, International Peacekeeping (Frank Cass), vol. 6, núm. 4, 1999, pp. 113-134.

90 Véase el informe del Secretario General de 26 de mayo de 1992 (doc. S/23999).91 En su informe del 7 de julio de 1993, el Secretario General confirmó que el Gobierno de

El Salvador había adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomenda-ciones de dicha Comisión ad hoc para la depuración de la fuerza armada (doc. S/26052). Sobreesta Comisión puede leerse I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation: U.N. Strategies in ElSalvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp. 31-33.

92 Véanse el informe del Secretario General de 19 de junio de 1992 (doc. S/23999/Add.1),y su carta de 23 de octubre de 1992 en Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, NacionesUnidas, Nueva York, 1995, pp. 277-278.

93 Vid. El informe del Secretario General de 23 de diciembre de 1992 (doc. S/25006, anexoI). El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional celebró su convención nacional el 5de septiembre de 1993, cuando decidió participar con sus candidatos en el proceso electoral deEl Salvador. Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 435.


destrucción de las armas y equipo militar del FMLN, desmantelamien-to de su estructura militar, así como desmovilización y reintegración desus miembros en la vida civil, no estuvo terminado hasta el 18 de agos-to de 1993.94

Durante 1993, el proceso de paz culminó con éxito los aspectos mi -litares de desmovilización del FMLN, y la prioridad se concentró enotros aspectos, como el despliegue de la nueva Policía Nacional Civil,la transferencia de la tierra, la supervisión del respeto por los derechoshumanos, etcétera.

Precisamente en este ámbito de los derechos humanos, la Comisiónde la Verdad fue instaurada el 13 de julio de 1992, y recibió unas 22,000denuncias de “actos graves de violencia” ocurridos entre 1980 y 1991,ya fueran éstos cometidos por agentes del Estado, las Fuerzas Armadas,los grupos paramilitares o el FMLN. El informe de esta Comisión fuepresentado el 15 de marzo de 1993 al Secretario General de NacionesUnidas, y en él se realizaban diversas recomendaciones para la erradi-cación de las causas estructurales de los actos violentos, sobre reformasinstitucionales y medidas para la reconciliación nacional.95 Dichoinforme fue bienvenido por el Consejo de Seguridad, que instó a laspartes salvadoreñas a que observaran sus recomendaciones.96 En esteterreno, también se crearon otras instituciones para estudiar algunascuestiones que enturbiaban el proceso de paz antes de las elecciones,97

como una Comisión inter-institucional para investigar ciertos asesina -tos políticos ocurridos en el país, o un Grupo Conjunto para la investi-gación de grupos armados ilegales con motivación política.98

94 Véase el informe del Secretario General de 30 de agosto de 1993 (doc. S/26371, para. 3).95 Este informe se titulaba “De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El

Salvador” (doc. S/25500, anexo, de 29 de marzo de 1993). Sobre el trabajo de esta Comisiónde la Verdad véase I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation: U. N. Strategies in El Salvador,IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp. 34-40.

96 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 18 de marzo de 1993 (doc.S/25427). También se expresó en este sentido el Secretario General en su informe de 20 demayo de 1993 (doc. S/25812/Add.3). Si bien las primeras reacciones en el país no fueron total-mente positivas, en una reunión de alto nivel en septiembre de 1993 el Gobierno y el FMLNacordaron la necesidad de establecer un proceso de aplicación en esta cuestión antes de la cele -bración de las elecciones. Vid.. la carta de 30 de marzo de 1993 del Presidente de El Salvadoral Secretario General de la ONU en Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, cit., 1995,p. 438; también The Blue Helmets, cit., 1996, p. 434; I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation:U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, p. 37 y ss.

97 En concreto, se habían producido algunos asesinatos políticos que ponían en peligro laestabilidad del propio proceso de paz. Vid. Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, cit.,1995, pp. 50-51.

98 Este Grupo Conjunto fue establecido en diciembre de 1993 por iniciativa del SecretarioGeneral de Naciones Unidas —carta de 7 de diciembre de 1993 (doc. S/26865 y anexo)—, y lo


Y de nuevo iba a verse ampliado el mandato de la ONUSAL, cuan-do el Gobierno de El Salvador solicitó formalmente a Naciones Unidasen enero de 1993 que supervisara las elecciones presidenciales, legisla-tivas y municipales previstas para marzo de 1994.99 En esta dirección,una misión técnica de la ONU visitó El Salvador en abril de 1993, paradefinir los términos de referencia, el concepto de operaciones y las con-secuencias financieras de la expansión de la ONUSAL, pues la relevanciade estos comicios dimanaba de ser considerados como la culmina ciónlógica de todo el proceso de paz.100 Estaba prevista la convocatoria decuatro votaciones simultáneas para el 20 de marzo de 1994: las eleccio -nes presidenciales —con una segunda vuelta en los siguientes 30 díassi ningún candidato obtenía mayoría absoluta en la primera vuel ta—,elecciones parlamentarias por el sistema de representación proporcionalpara la Asamblea Legislativa de 84 escaños, comicios municipales en262 alcaldías sobre la base de la mayoría simple, y la elección de 20diputados para el Parlamento Centroamericano por el sistema de repre-sentación proporcional en distrito nacional único.

La nueva División Electoral de la ONUSAL fue establecida en diver-sas etapas entre septiembre de 1993 y abril de 1994, con el mandato deobservar todo el proceso electoral: primero iba a trabajar en la organi-zación electoral en los niveles central y regional, para pasar luego a ve -rificar la inscripción de electores y las actividades políticas, observar lacampaña electoral propiamente dicha, supervisar las votaciones, el re -cuento de los votos y el anuncio de resultados. Además, estaba previs-to que la ONUSAL cooperara con el Tribunal Supremo Electoral y conla Junta de Vigilancia, creada en virtud de la Ley Electoral e integradapor representantes de todos los partidos políticos.101 Y el Consejo deSeguridad aprobó las iniciativas del Secretario General para incluir enel mandato de la ONUSAL la observación del proceso electoral —re -solución 832 (1993) de 27 de mayo de 1993—. Esta División contó con36 miembros desplegados en las seis oficinas regionales de laONUSAL, y funcionó en coordinación y estrecha colaboración con losotros componentes de la Misión.

integraban el Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, el Director de laDivisión de Derechos Humanos de la ONUSAL y dos representantes del Gobierno salvadoreño.Dicho Grupo Conjunto presentó su informe el 28 de julio de 1994 (doc. S/1994/989).

99 Véase la carta del Secretario General de 26 de enero de 1993 (doc. S/25241).100 Véanse la carta del Secretario General de la ONU de 26 de enero de 1993 (doc. S/25241),

y la resolución 832 (1993) del Consejo de Seguridad, de 27 de mayo de 1993, para. 5.101 Véanse las propuestas del Secretario General de Naciones Unidas sobre la División

Electoral de la ONUSAL en su informe de 21 de mayo de 1993 (docs. S/25812, para. 82-93 y114; y S/25812/Add.1, de 24 de mayo de 1993).


Los términos de referencia bajo los que iba a operar la DivisiónElectoral de la ONUSAL consistían en observar que las medidas y deci-siones adoptadas por cualesquiera autoridades electorales resultaranimparciales, garantizar que todos los votantes fueran incluidos en laslistas electorales, verificar el respeto sin restricciones de las libertadesde expresión, organización, circulación y reunión, examinar y pronun-ciarse sobre las críticas, quejas u objeciones al proceso electoral, infor-mar al Tribunal Supremo Electoral acerca de las denuncias recibidassobre irregularidades, y situar observadores el día de la votación entodos los centros electorales.

Durante la campaña electoral, que se inició entre finales de 1993 yprincipios de 1994, la División Electoral de la ONUSAL celebró fre-cuentes reuniones con las instituciones encargadas de la organización ygestión de la campaña electoral, tanto de la estructura estatal como delos partidos políticos; realizó miles de visitas y patrullas por todos losdistritos municipales; fomentó la firma de códigos de conducta por lospartidos políticos en los distintos 14 departamentos de El Salvador, y deuna declaración de todos los candidatos presidenciales sobre limpiezaelectoral y aceptación de los resultados; acudió a los eventos y mítinespolíticos; supervisó la propaganda política en los medios de comuni-cación; transmitió al Tribunal Supremo Electoral los informes sobreproblemas identificados por los observadores de la ONUSAL, o lasquejas recibidas sobre irregularidades en la campaña; realizó recomen-daciones de diverso tipo a dicho Tribunal, etcétera. En los comicios del20 de marzo de 1994, en los que participaron 1,5 millones de votantes(el 55% del censo electoral),102 la ONUSAL desplegó 900 observadoreselectorales en todos los centros electorales (además de otros 3,000 ob -servadores internacionales). Tanto el Representante Especial delSecretario General en El Salvador como el propio Boutros-Ghali, con-sideraron que podía aceptarse que las elecciones, pese a algunas seriasdeficiencias, se habían celebrado con la suficiente libertad y seguri-dad.103

102 En su informe de 31 de marzo de 1994 (doc. S/1994/375), el Secretario General deNaciones Unidas indicó que la participación en las elecciones no fue tan amplia como podíahaberse esperado, tal vez por diversos problemas estructurales en la organización electoral,como el complejo sistema de registro electoral, la escasez de centros de votación, etcétera -parágrafo 2-.

103 Vid. ambas declaraciones de 21 de marzo de 1994 (doc. S/1994/375, para.25-27); tam-bién la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 7 de abril de 1994(S/PRST/1994/15); y las declaraciones de la ONUSAL de 23 de marzo y 27 de abril de 1994(CA/86 y CA/89).


Los resultados electorales dieron la victoria a los candidatos del par-tido gobernante, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): enlos comicios presidenciales venció su candidato, A. Calderón Sol;104

en las elecciones parlamentarias la ARENA consiguió 39 de los 84 es -caños de la Asamblea Legislativa; y en los comicios municipales obtu-vo 206 de las 262 alcaldías. Por su parte, el FMLN consiguió por logeneral ser el segundo partido más votado.105

El 1 de mayo comenzó la legislatura de la nueva Asamblea parlamen-taria salvadoreña, el 19 de mayo los dos partidos mayoritarios alcan-zaron un acuerdo sobre un nuevo “Calendario para la ejecución de losacuerdos pendientes más importantes”,106 y el 1 de junio se inauguró elejercicio del Presidente electo. Una vez completados los aspectos mi -litares y electorales, la ONUSAL se centró durante sus últimos mesesde actividad en el proceso de reconstrucción y afianzamiento institu-cional: así por ejemplo, la nueva Policía Nacional Civil se fue respon -sabilizando de todas las funciones de seguridad, con un tamaño que enmayo de 1994 superaba los 7.000 agentes, todos ellos surgidos de laAcademia Nacional de Seguridad Pública; se había instaurado unanueva composición en el Tribunal Supremo, pero permanecía pendientela reforma de la legislación y el procedimiento penal.107

El mandato de la ONUSAL fue prorrogado en diversas ocasioneshasta su finalización prevista para el 30 de abril de 1995,108 si bien sucomponente militar se había reducido de forma sustancial en el primersemestre de 1994.109 Además, desde junio de 1994, venía desarrollán-

104 En la primera ronda de las elecciones presidenciales, el candidato de ARENA fue el másvotado de los siete presentados, con el 49,03% de los sufragios emitidos, pero como quiera queno obtuvo la requerida mayoría absoluta, tuvo que celebrarse una segunda vuelta el 24 de abrilde 1994 entre los dos candidatos más votados, el de ARENA y el presentado por la coaliciónCD-FMLN-MNR, R. Zamora. Los resultados definitivos, proclamados por el Tribunal SupremoElectoral, dieron la victoria al candidato de ARENA, con el 68,35% de los votos, frente al31,65% logrado por R. Zamora, de la coalición mencionada. Vid. The Blue Helmets, op. cit.,1996, pp. 439-440.

105 Un cuadro completo con los resultados electorales puede verse en Las Naciones Unidasy el Salvador 1990-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p. 59.

106 Vid., la carta del Secretario General de 24 de mayo de 1994 (doc. S/1994/612, anexo).También el 4 de octubre de 1994 el Gobierno y el FMLN suscribieron una declaración conjun-ta confirmando su compromiso con la ejecución completa del proceso de paz (doc. S/1994/1144).

107 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 441.108 Resoluciones 920 (1994), 961 (1994) y 991 (1995) del Consejo de Seguridad, de 26 de

mayo y 23 de noviembre de 1994, y de 28 de abril de 1995, respectivamente.109 Véanse los informes del Secretario General de 11 de mayo y 26 de agosto de 1994 (docs.

S/1994/561, para.101; y S/1994/1000, para.47).


dose la transferencia de equipo, vehículos y material a otras misiones yorganismos de Naciones Unidas, por lo que ya se encontraban dispues -tos los preparativos para el desmantelamiento final de la ONUSAL.110

Pero la presencia de la Organización universal no iba a terminar aquí,sino que permanecería en El Salvador un pequeño equipo de personalcivil para tratar los temas pendientes, como dirigir algunas funciones deverificación y de buenos oficios de Naciones Unidas, de conformidadcon un programa de trabajo firmado por las partes salvadoreñas el 27 deabril de 1995, pues todavía quedaban por cumplir algunos de los com-promisos asumidos por vía convencional.111 Esta Misión de NacionesUnidas en El Salvador (MINUSAL) comenzó a funcionar el 1 de mayode 1995, bajo la dirección del Representante Especial del SecretarioGeneral, E. ter Horst, y en estrecha coordinación con el RepresentanteResidente del PNUD, al tiempo que se establecía un Fondo Fiduciariopara la misma.112 Los gastos de esta operación alcanzaron los 107 mi -llones de dólares, siendo repartidos entre los Estados miembros de laOrganización universal, según el modo habitual de financiación de lasoperaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, y luegodepositados en la cuenta especial de la ONUSAL.113

A modo de conclusión sobre esta operación de mantenimiento de lapaz, puede señalarse que la participación de Naciones Unidas en el pro-ceso de paz, a través de su mediación y de la ONUSAL resultó deci siva,con el importante apoyo adicional del “Grupo de Amigos del SecretarioGeneral para El Salvador” (España, Colombia, México y Venezuela),114

y a partir de 1991, el beneplácito de Estados Unidos. El mandato delque disfrutó el Secretario General onusiano fue tan amplio que le per-mitía un extenso margen de libertad de acción.115

110 Vid., el informe del Secretario General de 24 de marzo de 1995 (doc. S/1995/220,para.65-67).

111 Véanse el informe del Secretario General de 31 de octubre de 1994 (doc. S/1994/1212 yAdd.1), y su carta de 6 de febrero de 1995 (doc. S/1995/143), así como la resolución 961 (1994)del Consejo de Seguridad; y la Memoria anual de 1996 del Secretario General sobre la labor dela Organización (doc. A/51/1, de 20 de agosto de 1996, para.760).

112 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 443.113 Resolución 50/246 de la Asamblea General, de 17 de septiembre de 1996 sobre la finan-

ciación de la ONUSAL, así como el informe del Secretario General sobre la misma cuestión(doc. A/50/735/Add.1), y The Blue Helmets, cit., 1996, p. 737.

114 Vid.. S. PASTERNACK, “The Role of the Secretary-General in Helping to Prevent CivilWar”, New York University Journal of International Law & Politics, vol. 26, núm. 4, 1994, pp.732-736.

115 T. FLORES ACUÑA, The United Nations Mission in El Salvador. A Humanitarian LawPerspective, Kluwer, La Haya, 1995, p. 29.


La ONUSAL supuso un salto innovador en la evolución del meca -nismo de las operaciones de mantenimiento de la paz, pues en ElSalvador Naciones Unidas jugó un papel muy destacado en el procesonegociador de los acuerdos de paz (peacemaking) —más que anterior-mente en Nicaragua—, y estableció una operación con diversos compo-nentes de mantenimiento de la paz (peacekeeping) y consolidación dela misma después del conflicto (peacebuilding). En definitiva, la Or -ganización universal tuvo la oportunidad de activar en el conflicto sal-vadoreño las diversas técnicas a su disposición para conseguir una pazjusta y estable en ese país.116 En este sentido, no existe un juicio unáni -me sobre la base jurídica de esta operación de mantenimiento de la paz,si bien algún autor se decanta por situarla en el Capítulo VI de la Cartade las Naciones Unidas, debido al destacado papel jugado por las partesdel conflicto en su creación, y alejarla por tanto del carácter de medidaprovisional decidida unilateralmente por el Consejo de Seguridad en elsentido del artículo 40 de la Carta.117

La ONUSAL fue la primera operación de mantenimiento de la pazque despliega Naciones Unidas con el objeto de proceder a una verifi-cación continuada de la situación de los derechos humanos en unEstado soberano.118 Precisamente, este aspecto novedoso generó unagran expectación y deseo de emulación en la comunidad internacio -nal,119 y como importante conclusión aprendida de la experiencia de la

116 Así lo reconoció el Consejo de Seguridad en su resolución 991 (1995), de 28 de abril de1995. Vid. T.S. MONTGOMERY, “Getting to Peace in El Salvador: the Roles of the United NationsSecretariat and ONUSAL”, Journal of Inter-American Studies and World Affairs, vol. 37, núm.4, 1995, pp. 139-172; W. STANLEY & D. HOLIDAY, “Peace Mission Strategy and DomesticActors: UN Mediation, Verification and Institution-building in El Salvador”, InternationalPeacekeeping (Frank Cass), vol. 4, núm. 2, 1997, pp. 22-49; R. Grote, “The United Nations andthe Establishment of a New Model of Governance for Central America: The Case of Guate -mala”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 2, 1998, pp. 245-248.

117 T. FLORES ACUÑA, The United Nations Mission in El Salvador. A Humanitarian LawPerspective, Kluwer, La Haya, 1995, pp. 23-24.

118 I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation: U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner,Boulder, 1995, p. 79. No obstante, como señala este autor, se establecieron diversos órganos almargen de la estructura de la ONUSAL para esta misma cuestión: la Comisión de la Verdad, laComisión ad hoc para la depuración de la fuerza armada y el Grupo Conjunto para la investi-gación de grupos armados ilegales con motivación política, además de la figura del ExpertoIndependiente para El Salvador de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,puesto creado a partir de una resolución de esta Comisión —resolución1992/62—; ciertamenteera necesaria una coordinación entre ellos, pero sin necesidad de llegar a su integración en unaoperación de mantenimiento de la paz. Ibídem, p. 80.

119 Así por ejemplo, se ha acordado el establecimiento de comisiones de la verdad enGuatemala, Haití, África del Sur y Sierra Leona, o de tribunales penales internacionales ad hocpara la antigua Yugoslavia y Ruanda. Cf. I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation: U.N.Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp. 81-82.


ONUSAL, en El Salvador puede indicarse que cuando la verificacióndel respeto de los derechos humanos es parte del proceso de paz y delmandato de la misión de paz, resulta importante que se integre en laoperación un componente de derechos humanos, si bien con un nivelelevado de autonomía.120 Otra novedad de la ONUSAL es que fue crea-da con antelación a la existencia de un acuerdo formal de cese delfuego, lo que no sucede habitualmente en las operaciones de mante -nimiento de la paz.121 En definitiva, puede decirse que la ONUSAL con-tribuyó de forma muy positiva a las necesarias reconciliación yreconstrucción de la posguerra.122

IV. LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

EN GUATEMALA (MINUGUA), 1997

El país guatemalteco había estado sacudido por una prolongada guerracivil desde los años sesenta entre el Gobierno y diversos grupos gue -rrilleros, que a partir de 1981 se unificaron en la Unidad RevolucionariaNacional Guatemalteca (URNG). El proceso de diálogo entre ambaspartes había comenzado en octubre de 1987, y se había creado laComisión Nacional de Reconciliación, en virtud del Acuerdo deEsquipulas II, pero las negociaciones se interrumpieron de manerainfructuosa a finales de 1991.123

Años después, en 1994, ambas partes acordaron reanudar, bajo losauspicios de Naciones Unidas y con el apoyo del “Grupo de Amigos deGuatemala”,124 las negociaciones que se habían suspendido ante -riormente, llegando a firmar el Acuerdo Marco para la reanudación delproceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad

120 I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation: U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner,Boulder, 1995, p. 29.

121 S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits of the Possible: United NationsPeacekeeping in Central America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, p. 23;Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, cit., 1995, p. 4.

122 Vid.. B. GERSTENBERG, “El Salvador: valoración de una experiencia” en AA. VV.,Seguridad Nacional-seguridad internacional, Ministerio del Interior, Madrid, 1997, pp. 141-152.

123 Véase “The Political Influences on Effective Treatymaking in America’s Backyard: theGuatemala Peace Plan. A Case Study”, Dickinson Journal of International Law, vol. 7, 1988,pp. 95-128; y sin embargo léase J. P. de LAIGLESIA, loc. cit., 1997, pp. 163-164.

124 El Grupo de Amigos estaba integrado por Colombia, España, Estados Unidos deAmérica, México, Noruega y Venezuela.


Revolucionaria Nacional Guatemalteca, de 10 de enero de 1994.125 Apartir de entonces, el Gobierno guatemalteco y la URNG concertaronalgunos tratados: el 29 de marzo de 1994 firmaron el Acuerdo Globalsobre Derechos Humanos126 y el Acuerdo sobre el cronograma de lasnegociaciones para una paz firme y duradera en Guatemala;127 el 17 dejunio de 1994 suscribieron el Acuerdo para el Reasentamiento de lasPoblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado,128 y unosdías después, el 23 de junio de 1994, firmaron el Acuerdo sobre elEstablecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico delas Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia quehan causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca; esta Comisiónde Esclarecimiento Histórico estaría compuesta por tres miembros, y seconfiguraba como un órgano independiente e imparcial.129

En septiembre de ese mismo año, la Asamblea General de NacionesUnidas estableció, a partir de la recomendación del Secretario Ge -neral,130 una Misión de Verificación de los Derechos Humanos enGuatemala —resolución 48/267, de 19 de septiembre de 1994, para.2—, que desde noviembre de ese año desempeñó actividades de verifi-cación y de reconstrucción institucional por todo el país, con más de250 monitores de derechos humanos, expertos jurídicos y policías.131 Su

125 Doc.S/1994/53, anexo. Las partes acordaron proseguir las negociaciones sobre la basede la “Agenda de México” de abril de 1991. Keesing’s, 1994, p. 39811; M. TORRELLI (dir.),“Chronique des faits internationaux”, Revue Générale de Droit International Public, vol. 98,núm. 1, 1994, p. 173.

126 Doc. S/1994/448, anexo I.127 Doc. S/1994/448, anexo II.128 Doc. S/1994/751, anexo I.129 Doc. S/1994/751, anexo II; Keesing’s, 1994, p. 40048; R. Grote, “The United Nations

and the Establishment of a New Model of Governance for Central America: The Case ofGuatemala”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 2, 1998, pp. 263-268. En marzode ese año ya se preveía una comisión de este tipo para investigar los miles de asesinatoscometidos durante el conflicto. Vid. M. TORRELLI (dir.), “Chronique des faits internationaux”,Revue Générale de Droit International Public, vol. 98, núm. 2, 1994, pp. 435-436. La Comisiónse instaló oficialmente en la ciudad de Guatemala el 31 de julio de 1997, y el 25 de febrero de1999 presentó solemnemente su informe titulado “Guatemala, la memoria del silencio”: en élse registran más de 42,000 víctimas de violaciones de derechos humanos, atribuyendo la mayorparte de los crímenes a las fuerzas del Estado, si bien ese informe no establece responsabili-dades individuales ni tiene efectos judiciales. Vid. Ch. TOMUSCHAT, “Friedenssicherung durchWahrheitsfindung: Die Kommission zur Aufklärung der Vergangenheit in Guatemala”, VereinteNationen, vol. 47, núm. 6, 1999, pp. 192-199.

130 Informe del Secretario General de 18 de agosto de 1994 sobre el establecimiento de unamisión de verificación de los derechos humanos en Guatemala (doc. A/48/985).

131 Keesing’s, 1994, p. 40273. Vid. H. LORENZO, “La misión de la ONU para la verificaciónde los derechos humanos en Guatemala (MINUGUA)” en D. BARDONNET & A.A. CANÇADO

TRINDADE (eds.), Derecho internacional y derechos humanos/Droit international et droits de


mayor atención se ha centrado en las violaciones pretéritas de los dere-chos humanos en Guatemala, y por ello se ha involucrado específica-mente en la vigilancia de la aplicación del Acuerdo Global sobreDerechos Humanos y del posterior Acuerdo sobre Identidad y Derechosde los Pueblos Indígenas, de 31 de marzo de 1995.132

El proceso de pacificación interna fue consolidándose rápidamente—disminución de la violencia política, proclamaciones consecutivaspor ambas partes del cese efectivo de las hostilidades—, en marzo de1996 ambos combatientes suspendieron sus actividades bélicas,133 ydurante ese año se fueron firmando diversos tratados de importanciacreciente: así, en mayo las partes suscribieron el Acuerdo sobre Aspec -tos Socioeconómicos y Situación Agraria;134 el 19 de septiembre fue fir-mado el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función delEjército en una Sociedad Democrática; el Acuerdo sobre ReformasConstitucionales y Régimen Electoral, de 4 de diciembre de 1996;135 elAcuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revo -lucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad, de 12 de diciembre de1996;136 y sobre todo el tratado final de paz, el Acuerdo Total de PazFirme y Duradera, firmado en la ciudad de Guatemala el 29 de diciem-bre de 1996,137 con el consiguiente Acuerdo sobre el Cronograma parala implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos dePaz.138

l’homme, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Academia de Derecho Internacionalde La Haya, San José, 1996, pp. 251-256; Ch. LOUISE, “MINUGUA’s Peacebuilding Mandatein Western Guatemala”, International Peacekeeping (Frank Cass), vol. 4, núm. 2, 1997, p. 51 yss.; p. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento dela paz, vol. 2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 433-439.

132 Doc.S/1995/256, anexo. Sobre este último acuerdo véase R. GROTE, “The United Nationsand the Establishment of a New Model of Governance for Central America: The Case ofGuatemala”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 2, 1998, pp. 268-272; y acercade la función verificadora de derechos humanos de la Misión de Naciones Unidas véase Ch.LOUISE, “MINUGUA’s Peacebuilding Mandate in Western Guatemala”, InternationalPeacekeeping (Frank Cass), vol. 4, núm. 2, 1997, pp. 56-62.

133 Vid., el quinto informe de la MINUGUA sobre la situación de los derechos humanos enGuatemala (doc. A/50/1006, anexo, para.8).

134 Doc. A/50/956, anexo.135 Doc. S/1997/51, anexo I. 136 Doc. S/1997/51, anexo II.137 Doc. S/1997/114, anexo II. Véase M. TORRELLI (dir.), “Chronique des faits interna-

tionaux”, Revue Générale de Droit International Public, vol. 101, núm. 3, 1997, p. 761.138 Doc.S/1997/114, anexo I. En virtud de estos acuerdos, las partes convenían un calendario

de tres etapas consecutivas: “la primera fase, de 90 días, comprendía, entre otras cosas, elestablecimiento de comisiones mixtas para la desmovilización de los miembros de la URNG, lareforma del sistema de justicia y el sistema electoral, la promoción de los derechos indígenas yla modernización del poder legislativo. En la segunda fase, que abarcaba el resto de 1997, se


Como vemos, en los sucesivos acuerdos negociados a lo largo de unperiodo de seis años bajo los auspicios de Naciones Unidas, las partesconvinieron un proceso gradual con una agenda integral y de largoplazo para la pacificación y democratización del país.139 Para facilitar laaplicación del proceso de paz, el Acuerdo sobre el Cronograma dispu-so la creación de una Comisión de Acompañamiento, que fue estableci-da mediante el Acuerdo Gubernativo 83-97, de 3 de febrero de 1997.140

Por su parte, la Misión de las Naciones Unidas de verificación de losderechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del AcuerdoGlobal sobre Derechos Humanos en Guatemala pasó a denominarseMisión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, de con-formidad con la resolución 51/198 B de la Asamblea General de lasNaciones Unidas, de 27 de marzo de 1997, que además decidió prorro -gar por un año el mandato de esa Misión, es decir, hasta el 31 de marzode 1998, para efectuar la verificación internacional de los acuerdos depaz de conformidad con las recomendaciones del Secretario General.141

De esta manera, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas enGuatemala quedó configurada como una operación de mantenimientode la paz de breve duración, adscrita a una misión onusiana civil yhumanitaria más amplia que venía operando en Guatemala desde 1994,

haría hincapié en las inversiones sociales y productivas, la modernización y descentralizacióndel Estado, la reforma de la administración pública, el desarrollo rural, la reforma fiscal y lareestructuración de la seguridad pública y la defensa nacional. La tercera fase, de 1998 a 2000,preveía el desarrollo ulterior de las medidas señaladas, la aplicación de los resultados de lasdiversas comisiones y la promoción de reformas legislativas amplias sobre cuestiones talescomo el Código Penal, la administración de justicia, la tenencia de la tierra y el carácter multi-étnico, multicultural y multilingüe de Guatemala” —informe del Secretario General deNaciones Unidas de 31 de octubre de 1997 (doc. A/52/554, para.3)—.

139 A fin de cuentas el Acuerdo Total de Paz Firme y Duradera, de 29 de diciembre de 1996,se limitaba a incorporar los principios y criterios detallados en los acuerdos sectoriales, sin con-tener compromiso nuevo alguno de las partes. Por otro lado, y en cuanto a la naturaleza jurídi-ca de estos acuerdos, se trata de acuerdos políticos antes que de tratados internacionales, por noser uno de sus firmantes —la URNG— un sujeto de Derecho internacional, y no contener ensus disposiciones compromisos jurídicos precisos. Pero sí tienen cierto valor legal, al servir dereferencia para los tribunales guatemaltecos, y desde luego son instrumentos de carácter inter-nacional. Cf. R. GROTE, “The United Nations and the Establishment of a New Model ofGovernance for Central America: The Case of Guatemala”, Max Planck Yearbook of UnitedNations Law, vol. 2, 1998, pp. 256-258.

140 Esta Comisión estaba compuesta por una representación paritaria de ambas partes, cua-tro ciudadanos de diversos sectores de la sociedad, un representante del Congreso de laRepública y el Jefe de la MINUGUA, con voz pero sin voto. Vid. el informe del SecretarioGeneral de Naciones Unidas de 30 de junio de 1997 (doc. A/51/936, para.8).

141 Véanse el parágrafo 5 de la resolución 51/198 B de la Asamblea General, la carta delSecretario General dirigida al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejode Seguridad (doc. S/1997/106), y su informe sobre la Misión (doc. A/51/828).


respondía al acrónimo de MINUGUA y estaba dirigida por el Represen -tante Especial del Secretario General.142 Fue autorizada en calidad deoperación de mantenimiento de la paz por el Consejo de Seguridad el20 de enero de 1997 mediante su resolución 1094 (1997) —para.1—, através del despliegue adicional de 155 observadores mi litares y perso -nal médico, por un periodo de tres meses, para verificar el cumplimien-to por las partes del Acuerdo sobre el Cese Definitivo del Fuego,firmado en Oslo el 4 de diciembre de 1996.143

Las funciones de peacekeeping de la MINUGUA se referían a la su -pervisión militar de la cesación definitiva y formal de las hostilida des,la separación de fuerzas entre los contendientes, y la desmovilización ydesarme de la guerrilla de la URNG en los puntos de concentración detropas que habían sido designados previamente. La MINUGUA comen-zó a operar el 3 de marzo de 1997,144 fecha a partir de la cual entró envigor el cese formal del fuego dispuesto en el mencionado acuerdo de4 de diciembre de 1996, si bien las partes venían observando la suspen-sión de hostilidades de manera informal, desde marzo de ese año.

Su tamaño alcanzó los 188 efectivos, incluidos 145 observadores mi -litares y 43 policías civiles procedentes de 18 Estados miembros, entreellos España, que además aportó el Jefe de Observadores Militares.145

En febrero de 1997, mientras los boinas azules de la MINUGUA se des -plegaban por los seis centros de verificación concertados para controlarlos ocho puntos de concentración de tropas de la URNG —a los que seañadían el cuartel general principal y dos subsedes regionales—, la gue -rrilla informaba del número de combatientes a desmovilizar, el arma-mento en su posesión —incluidas las minas—, y la localización de los

142 El francés J. Arnault, que había actuado desde enero de 1994 como mediador deNaciones Unidas, fue nombrado Representante Especial del Secretario General y Jefe de laMINUGUA a partir del 1 de marzo de 1997 (doc. S/1997/106), para suceder a D. Stephen. Porsu parte, el Presidente del Consejo de Seguridad, en una declaración de 5 de marzo de 1997(S/PRST/1997/9), se felicitaba del cumplimiento en Guatemala de los compromisos delAcuerdo Global sobre Derechos Humanos y del despliegue del grupo de observadores militaresincorporados a la Misión de Naciones Unidas de verificación de derechos humanos (MIN-UGUA), creada en septiembre de 1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas y quevenía operando desde noviembre de aquel año.

143 Doc.S/1996/1045 y anexo.144 Informe del Secretario General de 13 de febrero de 1997 (doc. S/1997/123).145 España participó en la ONUSAL con 43 observadores militares, incluyendo al Jefe de

Observadores Militares. Vid. el informe del Secretario General de 4 de junio de 1997 (doc.S/1997/432, anexo I). Precisamente, el general español J.B. Rodríguez Rodríguez fue designa-do para ese puesto. Vid. el intercambio de cartas de 30 de enero de 1997 entre el SecretarioGeneral de la ONU y el Presidente del Consejo de Seguridad (docs. S/1997/91 y S/1997/92).


campos minados existentes,146 y por su parte el Ejército de Guatemalaespecificaba las unidades armadas que iban a replegarse a sus basesmilitares.

La separación de fuerzas entre ambas partes se materializó a travésdel establecimiento de dos zonas concéntricas —zona de seguridad yzona de coordinación— alrededor de cada punto de reunión de laURNG. Las unidades del Ejército no estaban autorizadas a entrar en laszonas de seguridad de unos seis kilómetros de profundidad alrededor decada área de acantonamiento, y los grupos policiales podían intro-ducirse en ellas tan sólo después de coordinar sus movimientos y activi-dades con la MINUGUA. A medida que los miembros de la URNG seconcentraban en los puntos previstos, se registraba su armamento yequipo militar conexo, y se entregaba a los observadores militares deNaciones Unidas para su almacenamiento.147 Todo ese conjunto de ma -terial bélico, así como las listas de explosivos destruidos de la URNG,fue entregado al Ministerio del Interior de Guatemala el 14 de mayo de1997, firmándose el correspondiente certificado de entrega por partedel Gobierno de Guatemala y el Jefe de Observadores Militares de laMINUGUA, con lo que se completó el mandato de la operación demantenimiento de la paz de Naciones Unidas sin haber tenido que sufrirninguna baja mortal.

La retirada de los boinas azules tuvo lugar entre el 17 y el 27 demayo de 1997. Pero la Misión de Verificación de las Naciones Unidasen Guatemala ha continuado desplegada en ese país en calidad de mi -sión política con cinco esferas sustantivas: derechos humanos, asuntosindígenas, aspectos socioeconómicos y situación agraria, fortalecimien-to del poder civil, y reasentamiento e integración, pues las partes solici -taron que el mandato de la MINUGUA se prorrogase durante el periodode aplicación del Acuerdo sobre el Cronograma, esto es, desde 1997hasta finales del año 2000.148

146 Los acuerdos no preveían la remoción de minas, pero la URNG ayudó a localizar ylimpiar todos sus campos minados, lo que viene a confirmar la sinceridad de la voluntad paci-ficadora de los antiguos guerrilleros de Guatemala. Véase la siguiente dirección dentro delservidor de Naciones Unidas en Internet, http://www.un.org:80/Depts/DPKO/Missions/mi -nugua.htm

147 En total, se desmovilizaron 2,928 exguerrilleros de la URNG, y se entregaron a la MI -NUGUA unas 535,000 armas y cartuchos de municiones. Vid.. el informe del SecretarioGeneral de la ONU de 4 de junio de 1997 (doc. S/1997/432, anexos II y III); y Las NacionesUnidas y el mantenimiento de la paz. 50 años: 1948-1998, Naciones Unidas, Nueva York, 1999,p. 47.

148 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 31 de octubre de 1997 (doc.A/52/554, para.16). La Asamblea General ha prorrogado el mandato de la MINUGUA hastael 31 de diciembre de 2002, por medio de su resolución 56/223, de 24 de diciembre de 2001


Por lo que respecta a su financiación, los gastos del Grupo deObservadores Militares de la MINUGUA, unos 3,9 millones de dólares,fueron prorrateados entre los Estados miembros de la Organización uni-versal de acuerdo con el baremo establecido para las operaciones demantenimiento de la paz, y depositados en la cuenta especial de estaoperación.149

Guatemala ofrece un ejemplo fascinante de proceso de estableci mien-to y consolidación de la paz por etapas, gracias al esfuerzo integrado ycoordinado de diversos Estados y organizaciones internacionales.150 Eneste sentido, la MINUGUA constituyó un imprescindible referente paraNaciones Unidas de operación de consolidación de la paz.151

V. CONCLUSIONES

El esfuerzo internacional lidereado por Naciones Unidas, logró la paci-ficación de los diversos conflictos armados enquistados en la regióncentroamericana, y si bien el proceso resultó largo, laborioso y comple-jo, el indudable éxito alcanzado ha quedado como la expresión paradig-mática de lo que Naciones Unidas es capaz de conseguir cuando existeauténtica voluntad política por parte de los contendientes, y en generalse conjugan todos los elementos necesarios para desarrollar un procesode paz.

—para.20—. Así, la Misión de la ONU en Guatemala no se ha limitado al aspecto del peace-keeping, y ha incluido como en El Salvador la participación onusiana en la construcción deestructuras estatales democráticas. R. GROTE, cit., 1998, p. 281.

149 Vid. el documento A/51/815 de 3 de marzo de 1997; y Las Naciones Unidas y el man-tenimiento de la paz. 50 años: 1948-1998, Naciones Unidas, Nueva York, 1999, p. 48.

150 T. FINDLAY, “Armed conflict prevention, management and resolution”, en SIPRIYearbook 1997, p. 65; S. BARANYI, The Challenge in Guatemala: Verifying Human Rights,Strengthening National Institutions and Enhancing an Integrated UN Approach to Peace,London School of Economics, Londres, 1995; Ch. LOUISE, “MINUGUA’s PeacebuildingMandate in Western Guatemala”, International Peacekeeping (Frank Cass), vol. 4, núm. 2,1997, pp. 62-71. El proceso de paz en Guatemala se vio influido por la extrema debilidad de laguerrilla de la URNG, lo que disminuyó su capacidad y autoridad para la negociación de refor-mas de gran alcance en la sociedad guatemalteca. R. GROTE, cit., 1998, p. 254.

151 Cf. Memoria anual de 1998 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la laborde la Organización (doc. A/53/1, septiembre de 1998, para.66). Además, el Secretario Generalde la ONU estableció un Fondo de Fideicomiso para el proceso de paz en Guatemala con baseen el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos —punto 16—, como un componente de laMINUGUA dirigido por la Unidad de Cooperación Técnica del Área de Fortalecimiento insti-tucional de la Misión de Naciones Unidas, y con promesas de contribución financiera por partede cinco Estados.


De este modo, se celebraron por primera vez sucesivos procesoselectorales democráticos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, loque garantizó la consagración de un espíritu de reconciliación. Puededecirse que las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU con-siguieron cumplir de forma muy satisfactoria los amplios mandatos quese les habían encomendado —mantenimiento de la paz, desmoviliza -ción de las fuerzas contendientes y su transformación en partidos políti-cos, reparto de la ayuda humanitaria, supervisión y control del respetode los derechos humanos, asistencia electoral y repatriación de refugia-dos y desplazados internos—, gracias a la conjunción de un conjunto defactores decisivos: en primer lugar, el compromiso decidido de lospueblos y dirigentes centroamericanos en favor de la paz y la seguridad,además de la precisión del mandato de las operaciones de cascosazules, el constante apoyo del Consejo de Seguridad de NacionesUnidas y de la OEA, y el continuo sostén político, financiero y técnicode la comunidad internacional.


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