LOS MECANISMOS DE LA DESIGUALDAD, EXCLUSIÓN Y PERPETUACIÓN DE LA POBREZA EN EL PRESUPUESTO MEXICANOPor. Lázaro Minero Arellano*

Según se dice, el Estado Mexicano (gobierno e instituciones) tiene el papel de garantizar condiciones de equidad y justicia entre los mexicanos. Esto implica, favorecer la igualdad de oportunidades, evitar las desigualdades; y distribuir los ingresos que el gobierno administra, para promover la generación de riqueza, la atención de los derechos y necesidades sociales básicas, y la superación de los rezagos de la población más desprotegida. Suena bonito, ¿no?

Pero bueno, ya hablando en serio, es decir de la realidad y no de discursos falaces. Actualmente, el papel del Estado en la sociedad mexicana, respecto a la generación y distribución de la riqueza, es como el de un réferi en una pelea de Box entre un contendiente de peso pluma, contra otro de peso completo, y por si fiera poco, el réferi le echa la mano al segundo, pues según dicen, es el que equilibra la competencia económica según las leyes del mercado, y además, le da chamba a la gente. Vayamos aclarando el asunto dándole una pequeña vuelta necesaria.

Omitamos por un momento que hay quienes afirmamos que la EXPLOTACIÓN del trabajo existe. Es decir, el reconocimiento de que el trabajo humano es la única actividad que produce riqueza, y que por lo tanto, los patrones se adueñan de una parte del producto del trabajo de sus empleados y, como resultado, perpetúan una relación donde ellos siempre serán ricos, y la mayoría de los trabajadores y sus familias pobres. Así, para que ellos sigan siendo ricos, los demás tendrán que seguir siendo pobres.

Aún así, hay relaciones que demuestran un brutal enriquecimiento de unos cuantos, contra el empobrecimiento de la mayoría de la población mexicana, todo, con el apoyo alevoso y criminal del Estado mexicano y gran parte de sus instituciones.

Podemos, en la dinámica del gobierno, señalar dos fases bien definidas de esta injusticia criminal encabezada por el presidente, sus secretarios de estado, los diputados y senadores, y, de paso las cúpulas de los principales partidos políticos (sin olvidar a los protagonistas, los grandes monopolios, o sea, los empresarios más ricos). Estas fases son: la obtención de los ingresos del Estado; y la distribución de la riqueza recabada, es decir, los egresos.

Los ingresos. Cada año, en un proceso de cabildeo entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, se discute la Ley de Ingresos de la Federación; es decir, la planeación de cómo el Estado obtendrá los recursos que administrará para gastar en cosas tan diversas como los salarios del presidente y los diputados, la construcción de escuelas, o la administración de gastos de salud para la población. Los medios principales para estas percepciones son los impuestos, los derechos de servicios prestados por el Estado, ingresos de organismos y empresas públicas, entre otros.

Con una importancia estratégica, la Ley de Ingresos no sólo establece cuánto dinero se va a recabar, también define quienes lo van a aportar y cómo lo van a hacer. Eso hace de la discusión, una férrea disputa de poder e intereses donde cada invitado a la fiesta (obviamente la mayoría ni nos enteramos del evento) defiende con los dientes sus prioridades y ambiciones más sentidas. ¿A quién cobrarle, en que cantidad y cómo? Ahí está el detalle, y es precisamente ahí, donde la ley de ingresos, las leyes de hacienda y la corrupción se complementan.

Conforme ha avanzado el modelo neoliberal en nuestro país, han avanzado las mentiras que justifican la rapiña. Según este credo fanático, los grandes empresarios mexicanos y extranjeros son los salvadores de la economía de los países, con sus inversiones traen bienestar y desarrollo, “producen” riqueza, generan empleos, y hasta “soportan” los bonos de la deuda del Estado. Así, con tal de consentir a esta especie de “mesías” modernos, la llamada clase política, que también se beneficia de esta idolatría, considera totalmente válido hacer las cosas más aberrantes e injustas; sólo enunciemos algunas:

1. Apapachar a esta camada de empresarios, banqueros, industriales y accionistas comerciales y financieros con exenciones, estímulos fiscales y regímenes especiales que les permitan trabajar sin preocuparse en pagar tantos impuestos y así, puedan dedicarse a salvar al país. Así, por operaciones multimillonarias como la compra-venta de acciones y empresas en la bolsa de valores, estas bondadosas personas no pagan impuestos; por invertir y enriquecerse escandalosamente, tampoco pagan impuestos. El derroche de buena voluntad de los gobiernos neoliberales no es menor, tal es el caso que, el 30 de diciembre de 2009, senadores panistas y perredistas reconocieron el grave desfalco que cada año, desde 2004, según reportes de la secretaría de Hacienda, pierde el erario público gracias estos “beneficios” otorgados a empresarios e inversionistas: Tres billones 256 mil 643 millones 200 mil pesos, en cinco años, ¡Casi el presupuesto de un año para todo el país!, mucho más dinero, por año, del que se obtiene por las ventas de petróleo, casi la misma cantidad por año, de lo que se cobrará por el IVA a todos los mexicanos en 2011.

2. Por si esto fuera poco, cuando estos pobres empresarios tienen problemas de solvencia, el gobierno federal, con toda la bondad que lo caracteriza, concede el pago de impuestos diferidos, dándoles chance de que paguen… cuando puedan. He aquí el resultado, nuevamente dado a conocer en un reporte por la misma Secretaría de Hacienda, el 3 de noviembre de 2009: “…de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el sector privado adeuda 453 mil millones de pesos en créditos fiscales… las empresas deben 70 mil 659 millones de pesos… Cemex adeuda más de 38 mil millones de pesos por impuestos diferidos; Grupo México debe al fisco mexicano más de 11 mil millones de pesos. Grupo Carso, Cemex y Grupo México adeudan en conjunto a la Secretaría de Hacienda casi el 52 por ciento de los 232 mil millones de pesos (suma que representa la deuda al fisco de las 60 empresas más morosas). Entre la lista están también la Cervecera Nacional que debe 8 mil 22 millones de pesos; Coca Cola-Femsa adeuda 2 mil 205 millones y Bachoco mil 878 millones. Televisa debe 2 mil 284 millones de pesos en impuestos diferidos; TV Azteca con Elektra debe 3 mil 365 millones; Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro conjuntamente adeudan 6 mil 124 millones de pesos, mientras que Liverpool debe 3 mil 977 millones. Wal-Mart debe 5 mil 252 millones y Soriana adeuda 7 mil 508 millones por impuestos diferidos. Kimberly Clark adeuda mil 879; Altos Hornos de México 6 mil 666 millones de pesos; Grupo Bimbo mil 848 millones de pesos; Grupo Alfa de Monterrey no ha pagado 3 mil 809 millones de pesos, mientras que el Grupo Aeroportuario del Centro Norte debe mil 128 millones de pesos. ICA debe 2 mil 351 millones de pesos, en tanto que el Grupo Posadas no ha pagado mil 373 millones por impuestos diferidos”.1 Cabe resaltar, la alarmante y entristecedora situación de que sólo 204 mil 472 personas en México, acaparan una riqueza por 6 billones 26 mil 954 millones de pesos en el mercado de acciones; es decir, que el 0.18% de la población del país ¡Ni siquiera el 1%!, concentra el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) calculado para 2011; esto, según un reporte dado a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) el 10 de mayo de 2011. Por si alguien se queda con la duda, estamos hablando de los mismos dueños de estas empresas que adeudan impuestos.

1 Tomado de reporte dado a conocer en el noticiero “De 1 a 3” conducido por Jacobo Sabludovsky, del 3 de noviembre de 2009.

3. Estas y otras tristes actuaciones del gobierno, han abierto gradualmente enormes huecos en la recaudación de los ingresos del país, boquetes que tienen que rellenarse de alguna manera. Así, la presidencia y los diputados, muy preocupados por estos faltantes, desde hace más de 16 años, han aplicado su solución. Aumentar poco a poco los impuestos a la población en general: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que subió de 10% a 15% en 1995, y de 15% a 16% en 2009, lo pagamos todos por nuestro consumo, no importa nuestra condición social. Y el Impuesto Sobre la renta (ISR), que subió también en 2009, de 28% a 30%; ambos se han convertido cada vez más en fuentes fundamentales de ingresos. Además, para echar mano de otras bolsas, el gobierno decidió reducir gradualmente los subsidios al gas y las gasolinas, promoviendo un aumento generalizado de los precios de productos y servicios incluidos los de primera necesidad, sin ofrecer una alternativa a la cadena inflacionaria que con el aumento del costo de la vida, ha engrosando la dolorosa cantidad de pobres en el país. Eso si, el sacrificio ha valido la pena, para tratar bien a nuestros bondadosos inversionistas.

4. Pero esta lógica de depredación, que promueve la acumulación y la suntuosidad de unos pocos contra la imposición de tributo a los demás (que suelen ser los que menos tienen) sólo se puede comprender si reconocemos el papel de la clase política en este juego de poder despiadado. Como contribución por la “buena voluntad” de los políticos del sistema, los magnates monopolistas pueden ser solventes financiadores de sus campañas electorales, defensores de sus propuestas, y hasta empleadores que hacen de políticos tecnócratas miembros de sus consejos de administración, gerentes de alto nivel y accionistas de closet.

Los egresos. Así configuradas las cosas desde la recaudación de los ingresos, la definición del presupuesto de egresos obviamente contiene fallas de origen. Si la ley de ingresos implica un juego de intereses entre los actores políticos, la definición del gasto lo es con más razón. El presupuesto de egresos contempla los gastos más diversos, que analizarlo a fondo requiere de un esfuerzo extraordinario y de un espacio muy amplio. Para efectos de continuidad en el análisis y como muestra de los que afirmamos, vasta con mencionar algunas de las partes sensibles en la definición y uso del gasto que contribuyen en mantener los privilegios, la desigualdad y la exclusión que hacen de nuestro país, un paraíso para los magnates, y cada vez más un infierno para los olvidados, desposeídos y desheredados del sistema y sus mecanismos de distribución de la riqueza.

5. En primer lugar, como una muestra de que el federalismo es sólo parte de un discurso formal de las instituciones; la definición del presupuesto de egresos se toma (aun con diputados y senadores de los estados) al margen de las necesidades, particularidades y especificidades de las entidades. Es más, para que los estados puedan ejercer más recursos, deben ajustarse a los lineamientos verticales y autoritarios definidos desde la federación que les impone, entre otras cosas, una estructura programática, reglas de operación y tiempos de ejecución. Si un gobierno estatal no se sujeta a estos ordenamientos unilaterales, simplemente no puede disponer de los recursos que el gobierno “federaliza”. Eso si, el gobierno federal reparte a los estados una cantidad muy pobre del gasto, pues se reserva una enorme cantidad para ejercerla a su antojo en todo el país sin necesidad de comunicación o acuerdo con las entidades.

6. Dado lo anterior, el gobierno federal tiene la manga muy ancha para imponer en todo el país sus prioridades e intereses en torno a la distribución del gasto. Un ejemplo es el programa estrella de los gobiernos panistas: Oportunidades. Año con año, este programa destinado a combatir la pobreza obtiene más presupuesto, y se difunde como un gran logro gubernamental (62,320 mdp en 2009; 62,335 mdp en 2010; y 65,119 mdp en 2011); sin embargo, según los resultados del estudio de Medición de la Pobreza 2010 realizado por el

Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y dado a conocer el 29 de julio de 2011, el número de pobres ha aumentado de 2008 a 2010 de 44.5% a un 46.2% de la población mexicana, es decir, que según cifras conservadoras, en dos años, 3 millones 200 mil personas se han sumado a las filas de la pobreza. Pero Oportunidades continúa con oídos sordos en un sistema político-económico que genera el dolor de cabeza de la pobreza en masa, y se dedica a comprar aspirinas, negándose a atender las causas que originan el mal. Los instrumentos político-corporativos y asistencialistas no son buenos para cambiar la realidad, pero sirven para ganar electores.

7. Esta imposición de programas y reglas de operación de la federación a los estados, ha propiciado también la desarticulación de políticas públicas efectivas y acordes a las necesidades locales. Por ejemplo, la federación define requisitos, prioridades, conceptos de apoyo y mecanismos de ejecución, a personas que no conoce, en condiciones que no conoce, y sin embargo, no permite que se adecuen localmente: puede exigir concesiones de CNA a comunidades indígenas, violentando sus derechos reconocidos sobre el agua; desconocer las formas de organización comunitaria y familiar reduciéndolas a ser personas físicas o morales; puede quitar de sus programas conceptos de apoyo tan necesarios para la gente del campo como el fomento a la micro empresa rural, el micro financiamiento para avío, o la adquisición de pies de cría para la ganadería; pueden equiparar poniendo al mismo nivel los apoyos individuales con los de grupos comunitarios, promoviendo el individualismo y la concentración de los recursos en pocas manos, etc.

8. Otra muestra de la imposición reflejada en el gasto, es la deuda adquirida por el gobierno y las cantidades por ese concepto que decide pagar cada año. Sin que medie un proceso real de consulta, o planeación concertada con otros actores, el gobierno en turno, decide contraer más deuda para nuestro país. Por un lado forzándonos a todos (los que si contribuimos) a pagarla, y por el otro, afectándonos con la reducción del gasto público debido al aumento de los conceptos por pago de deuda. Así, en lo que va del gobierno de Calderón, la deuda externa, que era de 54 mil 766 millones de dólares en 2006, pasó a 107 mil 100 millones de dólares en enero de 2011, un aumento del 95.5%. Además, de una deuda interna de 60 mil 300 millones de dólares (en manos de inversionistas extranjeros principalmente). En 2008, el pago de intereses de la deuda significó un gasto de 235 mil 96 millones de pesos; para 2010, el pago por intereses comisiones y gastos relacionados con la deuda fue de 180 mil millones de pesos. A estos montos que varían año con año, se suman otros, entre los que destaca un gasto promedio de 30 mil millones al año que se destina para financiar el rescate bancario del IPAB de 1995, el rescate más caro de nuestra historia.

9. La distribución del gasto (como su recaudación), es en muchos de sus capítulos un campo fértil para los movimientos turbios de intereses particulares. En ese ambiente descompuesto, el gasto público sirve en diferentes ocasiones, para financiar proyectos y actividades de los empresarios más ricos del país. Subsidios, donaciones, cesiones de derechos sobre recursos del estado son, además, formas discretas, y generalmente entre el delicado límite de lo legal y lo ilegal, que eventualmente, salen a la luz y nos muestran que los dados de la distribución de la riqueza en nuestro país están cargados. Así, por ejemplo, en los programas de subsidio al campo de la SAGARPA, podemos advertir una terrible concentración que muestra las dimensiones de la desigualdad: Procampo, principal programa asistencial, que en 2009 apoyó a 5 millones 377 mil personas mostró una concentración a razón de que un 10% de los beneficiarios (537 mil personas), recibieron el 53% de los apoyos otorgados por el programa (casi 77 mil 600 millones de pesos) y el 80% de beneficiarios (4 millones 300 mil personas) sólo recibieron el 33% de dichos apoyos. En el mismo 2009, en el Programa Ingreso Objetivo, un 10% de los beneficiarios (31,223 personas) concentró el 67% de los apoyos del programa (casi 14 mil 480 millones de pesos), mientras un 80% de beneficiarios (249,784 personas)

obtuvieron sólo el 19% de apoyos del programa (casi 3 mil 996 millones de pesos).2 Además, es tan evidente que los subsidios gubernamentales están mal canalizados, que un organismo conservador como el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) a través del “Informe sobre Desarrollo Humano 2011” evidenció que México ocupa la última posición de los 28 países de la OCDE con la distribución del gasto público más sesgada en detrimento de los pobres, con significativas desigualdades en la distribución de los subsidios de los combustibles y la energía eléctrica, y grandes rezagos en la atención en educación superior y salud, especialmente a la población más pobre.

La disputa por la concentración y distribución de los recursos, que no sólo atañe a los políticos, debe ser una prioridad en un país como el nuestro, que contando con una inmensa riqueza, lleva décadas en crisis, con una inflación casi permanente y un aumento dramático de la población en situación de pobreza. Es deber de las organizaciones sociales y el pueblo consciente conocer estos mecanismos que operan la desigualdad, la exclusión y la injusticia; para así comprometernos por cambiarlos en un avance progresivo de acumulación de fuerzas que conforme una voluntad colectiva, informada y comprometida. Luchar realmente contra la extrema pobreza en nuestro país, implica atacar de frente a la extrema riqueza que la genera; sin este razonamiento elemental que motive nuestras acciones, seremos incapaces de crear un verdadero cambio.

*Frente Popular Francisco Villa

2 fuente: http://www.subsidiosalcampo.org.mx.