31 de marzo de 201130 ESCUELA Núm. 3.900 (558)

Unión Europea

LOLA GARCÍA-AJOFRÍN

Entre el 3 de noviembre de 2009 y el 18 de marzo de 2011 solo hay un año y medio y una sentencia. Pero el ánimo de la familia Lautsi es totalmente distinto. Entonces, cuando se conocía el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que daba la razón a esta pareja italofi nlandesa en la polémica sobre el crucifi jo en el aula, el máximo órgano ju-dicial de Europa consideraba que la presencia de los símbolos reli-giosos en las escuelas públicas de Italia constituía “una violación de los derechos de los padres a edu-car a sus hijos según sus convic-ciones” y de “la libertad de credo de los alumnos”; y Massimo Al-bertin [el padre] se manifestaba orgulloso en una entrevista con ESCUELA. “A nosotros la razón nos la han dado siete jueces de siete”, sostenía Albertin en este periódico, aunque ya mostraba su preocupación por una posible revancha de Il Cavaliere: “En Ita-lia los políticos laicos son el 3% o el 4%. La mayoría son prisioneros del poder de la Iglesia. Y está claro que si la sentencia se modifi ca será por culpa del lobby del Vaticano”. Con la última palabra judicial, la polémica ha dado un giro de 180 grados. También los sentimientos de la familia.

El pasado 18 de marzo la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaraba que la presencia de símbolos religiosos en el aula “no supone violación” ni en el derecho a la educación ni en la libertad de conciencia de los

niños puesto que “no hay pruebas de que la exhibición de un sím-bolo religioso en una clase tenga infl uencia sobre las convicciones de los alumnos” y “la presencia de crucifi jos en las escuelas pú-blicas no implica ningún proceso de adoctrinamiento por parte del Estado”. Se trata de la sentencia defi nitiva del caso Lautsi vs. Ita-lia.

“Parece ser que el tribunal primero decidió el fallo y des-pués los argumentos”, asegura Massimo Albertin por e-mail, que reconoce sentirse “realmente decepcionado”. “Los argumentos utilizados por el Tribunal son to-talmente débiles y están basados en afi rmaciones falsas que dio el gobierno”, explica. Se refi ere a que el Ejecutivo italiano expuso que “en las escuelas públicas del país no solo se imparte Religión Católica o se celebran sus fi estas,

sino que también se enseñas otras religiones y se conmemoran festi-vos como el Ramadán” y para él, “toda esta información es falsa”. Albertin lo defi ne como “el fi nal de la batalla”. De una lucha que ha durado nueve años.

Todo comenzó en el curso 2001-2002, en el Instituto estatal Vittorino da Feltre, un centro pú-blico situado en Abano Terme, en la provincia italiana de Padua, en el que estudiaban los dos hijos de la familia Lautsi-Albertin, Sami y Dataico Albertin, de entonces 10 y 12 años. Un crucifi jo colgado de la pared presidía las clases de am-bos niños e incomodaba a su fa-milia, que decidió tomar cartas en el asunto. El padre aprovechó una reunión de los miembros del con-sejo escolar para solicitar que se retirasen los símbolos religiosos de las aulas; y la madre llevó la pe-tición a los tribunales a través de la Corte Administrativa de Veneto el 23 de julio de 2002. La primera institución en pronunciarse fue el Ministerio de Educación, Uni-versidades e Investigación, que en octubre de 2002 había adoptado una directiva para asegurarse la presencia de los crucifi jos en el aula. Un año después, el 30 de oc-tubre de 2003, se posicionaba en contra y argumentaba que la so-licitud de la señora Lautsi estaba infundada porque la presencia de los crucifi jos en la escuela se basa en dos decretos reales. Concreta-mente de 1924 y 1928.

En 2004 el Tribunal Consti-tucional volvía a retomar el caso que el 17 de marzo de 2005 era desestimado por Tribunal Admi-

nistrativo. Le-jos de cruzarse de brazos, la familia Lautsi continuó lu-chando y apeló al Consiglio di Stato, que el

13 de abril de 2006 volvía a fallar que la presencia de los crucifi jos en las aulas de las escuelas públi-cas tenía su base legal en los dos antiguos decretos. Fue entonces cuando estos padres decidieron ir a Estrasburgo, que el 3 de noviem-bre de 2009 les dio la razón, para luego quitársela un año y medio más tarde. En esta nueva resolu-ción, la sala recuerda que de todos los 42 Estados adscritos, tan solo Francia (salvo Alsacia y Moselle), Macedonia y Georgia mantienen una legislación restrictiva de los símbolos religiosos en los centros educativos públicos.

“No es frecuente que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) re-voque una sentencia de Cámara, es decir, de una de sus Secciones. Excepcionalidad que se torna en sorpresa cuando lo revocado es una sentencia que, en su momen-

to (3 noviembre de 2009), fue adoptada por unanimidad”, ase-gura Rafael Navarro-Valls, cate-drático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en el observatorio ju-rídico de la Agencia Zenit.

Otros países también se han posicionado en contra del recla-mo de la familia. De acuerdo con el artículo 36 de la Convención, el presidente del Tribunal autorizó a los siguientes terceros a pre-sentar observaciones escritas: 33 miembros del Parlamento Euro-peo que actuaron activamente; a los Gobiernos de Armenia, Bul-garia, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumania, Rusia y Santo-Marina; y a varias ONG. En 2009, dos Estados -Austria y Polonia- ya habían mostrado su rechazo cuando Estrasburgo dio la razón a la familia y emitieron pronunciamientos políticos el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2009, respectivamente.

Además, el Vaticano que en 2009 había recibido la noticia con pesar, esta vez celebró el fallo como “histórico” puesto que, se-gún su portavoz, Federico Lom-bardi, obliga a “garantizar en la UE un margen de apreciación del valor de los símbolos religiosos en la propia historia cultural”; esa había sido la defensa del Go-bierno italiano que lo equiparaba al hecho de llevar velo dentro de una escuela y así lo recordó la ministra italiana de Educación, Mariastella Gelmini, en una con-ferencia al respecto: “Se trata de una gran victoria para la defensa de un símbolo irrenunciable de la historia y de la identidad cultural de nuestro país”.

En España también el crucifi -jo en el aula ha sido llevado a los juzgados en varias ocasiones. La primera vez fue en 2008 en un centro público de Valladolid, en este caso, el tribunal dio la razón al padre de una alumna que exigía su retirada. Tras un recurso de la Junta de Castilla y León, el Tribu-nal Superior redujo la supresión a aquellas clases que lo solicitara algún padre.

En Italia, mientras tanto, la familia Lautsi se despide porque dice que “no hay alternativas; puesto que no es posible apelar”.

Lo hacen decepcionados porque, como sostiene Albertin “ha exis-tido presión de varios lobbies: de las iglesias de los cristianos -ca-tólicos y ortodoxos sobre todo- y de muchos otros Estados que des-de 2010 estaban ofi cialmente en contra de nosotros”. Concluimos con una pregunta: “¿Por qué es tan importante para ustedes este asunto, cuando sus hijos ya están en la universidad?”. Massimo Al-bertin lo tiene claro: “Se trata del derecho de los no creyentes y de las personas de otras religiones que no se ha tenido en cuenta”.

Los Lautsi pierden la batalla del crucifi jo Estrasburgo revoca la sentencia favorable a los símbolos religiosos y alega que no existe “adoctrinamiento”.

La familia critica en el periódico ESCUELA que “primero se decidió el fallo y después los argumentos”•

L.G-A.

La han denominado la ‘Marcha por la alternativa’. Una distinta a los re-cortes aplicados por el Gobierno de coalición británico y que el pasado 26 de marzo medio millón de perso-nas reclamó, en una manifestación a través del centro de Londres, or-ganizada por la confederación sindi-cal británica Trade Union Congress (TUC, en inglés). No es una imagen habitual en un país poco afi cionado a las movilizaciones y en el que su población no se manifestaba en se-mejantes dimensiones desde febrero de 2003, cuando 750.000 ingleses salieron a la calle para decir ‘no’ a la invasión de Irak.

En esta ocasión su negativa es al plan de ajuste presentado en otoño por el Gobierno de David Cameron, que pretende reducir en cinco años

un défi cit público del 12%, a golpe de tijera. El plan incluye una subida del IVA del 17,5% al 20% y la re-ducción del gasto público en cerca de 95.000 millones de euros, en solo cinco años.

En estas medidas, la educación es una de las principales afectadas y, según el mayor sindicato docente del país (NUT), recibirá recortes en todas sus etapas. Concretamente el 60% de los estudiantes de Primaria y el 87% de los de Secundaria se verá afectado, según este sindicato. Lo que supone un tijeretazo del gasto público en Gales, entre 2011 y 2015 de un 12%; de un 28% en Inglaterra y de un 40% en la universidad, en ese mismo período. Ese día, la web del sindicato rezaba: “Estamos mar-chando por la educación, por una buena escuela local para cada niño y por nuestras pensiones”.

Medio millón de británicos marcha contra los recortes

La Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el 18 de marzo falló favor del crucifi jo en las aulas italianas

La familia no podrá apelar la sentencia y critica duramente a la “presión del lobby vaticano” y la

actitud de algunos Estados

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