Los desafíos del nuevo sistema arancelario en los colegios de la

Provincia

El Ministerio de Educación bonaerense está trabajando en un nuevo

sistema para fijar topes a los aumentos arancelarios en los colegios de

gestión privada a partir de 2017 en base al aporte estatal, que plantea una

vuelta al viejo sistema de bandas.

Por el Lic. Marcelo Darío Cabrera

Presidente de la Asociación Civil Vale la Pena

Docente con trayectoria en el sector estatal y privado

Recientemente se conoció que se está trabajando en la elaboración de un nuevo sistema para

fijar topes a los aumentos que pueden implementar cada año los colegios de gestión privada

en la Provincia de Buenos Aires. Si bien el mismo se terminará de definir entre agosto y

septiembre y entrará en vigencia recién en 2017, plantea una vuelta al sistema de bandas que

prevalecía hasta hace poco más de una década atrás (y que jamás fue derogado), pero que fue

reemplazado por el de “mayores costos”.

El sistema de bandas establecía una correlación entre el tope de aumento permitido que

tenían los colegios de gestión privada y el porcentaje de aporte estatal que percibían. Es decir,

cuanto mayor era el aporte que los mismos recibían por parte del Estado, menor era el tope de

aumento que podían implementar, en otras palabras: a mayor aporte estatal, menor cuota.

Durante el gobierno anterior se comenzó a implementar un nuevo sistema que, a pesar de que

el sistema de bandas seguía vigente, permitía fijar los aumentos en función a la cantidad de

costos salariales excedentes a las materias programáticas. Es decir que la sumatoria de costos

de salarios extra programáticos (docentes y no docentes como personal administrativo, de

maestranza; entre otros) se dividía por la cantidad de alumnos y ése importe era el aumento

que podían aplicar a la cuota; independientemente de lo que establecieran las bandas

salariales.

La causa de la implementación de este sistema fue la imperiosa necesidad de maquillar la

inflación y manipular las estadísticas que prevalecía durante el gobierno anterior. Bajo el

sistema de mayores costos, sólo el valor de los salarios de materias programáticas era

considerado como parte del Índice de Precios de Consumidor (IPC), sin contemplar los salarios

restantes.

Este sistema dio lugar a abusos y distorsiones arancelarias en perjuicio de los colegios que

atienden sectores más pobres y consecuentemente profundizó la injusticia social en la

asignación de porcentajes de aporte estatal. También favoreció a los colegios con enormes

plantas de personal, que generalmente suelen ser aquellos que atienden a sectores sociales de

situación económica más acomodada.

El principal interrogante que debe plantearse a la hora de definir el nuevo sistema arancelario

es la revisión de los aportes estatales.

Existe un prejuicio que plantea que los colegios de más bajos recursos son los que poseen

mayor subvención y viceversa. Y esto no es cierto. La distribución de las subvenciones siempre

estuvo apalancada sobre los procesos históricos de desarrollo de la educación en Argentina.

Hace dos ó tres décadas atrás, sin la obligatoriedad de la educación media, casi no existían

colegios secundarios. El Estado no tenía la necesidad de abrir secundarios de gestión estatal y

por ello se limitó a subvencionar fuertemente a los privados que nacieron en ese contexto. Y

muchos de esos colegios, que hoy poseen cuotas elevadas y con el sistema de mayores costos

aumentan las mismas de manera significativa, poseen además aportes del 80% o superiores;

mientras que otros colegios de gestión privada nacidos más recientemente poseen

subvenciones más bajas aún cuando están en zonas de bajos recursos.

La vuelta a un sistema de bandas plantea evitar que sigan ocurriendo estas prácticas

oportunistas en el sistema de gestión privada. Pero, ¿implica una redistribución más equitativa

de los aportes o es un argumento para bajar algunas subvenciones altas y con ello continuar

disminuyendo el gasto público? Lo ideal sería que haya una reasignación acorde a las

necesidades de cada colegio y que obligue a los más favorecidos a optar por una subvención

más baja o a evitar los incrementos innecesarios de costos; pero siempre y cuando no concluya

en otro artilugio para bajar el aporte estatal en uno de los sectores más sensibles al futuro de

nuestra nación. Cuanto más si se tiene en cuenta que el 40% de los alumnos asisten a

establecimientos de Gestión Privada y que la misma representa al Estado solamente un 6,5%

del presupuesto en personal de educación provincial.