LOS DEBATES PARA LA PAZInicia el ao 2015 con la expectativa comn de la inmensa mayora del pueblo colombiano, para que el actual proceso de paz se consolide y avance firmemente hacia la solucin poltica. Pero la superficialidad meditica con que se presenta este trascendente trnsito de nuestra historia contempornea, pretende intencionadamente ocultar ingentes amenazas y debates sustanciales que hoy requieren sortearse para llegar al ansiado acuerdo de paz. El llamado del presidente Santos, con el guio de sus asesores internacionales y su prensa ulica a acelerar el proceso, solo puede tener curso si se agilizan y se avanza francamente en los grandes temas irresueltos y necesarios para la solucin poltica, definidos muy bien por el delegado gubernamental Humberto De la Calle, como asuntos de gran complejidad. El gobierno y su aparato propagandstico no pueden seguir presentando la firma del acuerdo final como una cuestin mecnica o de tiempos naturales, sino asumir que es un proceso atravesado por las voluntades, polmicas, decisiones y acciones de los sujetos polticos tranzados en el conflicto armado. La mesa de La Habana no es la maquinita temporizada para producir la paz exprs con la que tanto so el bloque hegemnico, sino un campo de batalla poltico entre pares donde se acrisola hoy el debate sobre el poder en Colombia y se define el cierre de una extensa e ignominiosa etapa histrica de nuestro pas. El largo camino recorrido no puede eclipsar el aun difcil trecho que falta por avanzar para conquistar la meta, sino que por el contrariosopesa la gran vala de los pasos hasta ahora dados con los acuerdos parciales y dems hechos de paz, pero al tiempo exige la presentacin ntida de las discusiones esenciales que debern ser encausadas para el feliz trmino de los dilogos.Experto en maquillaje meditico, el presidente parece ms interesado en apaciguar a los enemigos de la paz, que en abordar madura y decididamente realidades palmarias para la finalizacin del conflicto armado en Colombia. El establecimiento, sus medios de difusin y sus analistas fletados, vienen escondiendo debates ineludibles y presentando a la opinin pblica sus posiciones unilaterales como verdades dadas, acuerdos consumados o reglas incontrovertibles: ni referendo, ni justicia transicional, ni desmovilizacin, ni el marco legal actual, ni el presupuesto del posconflicto aparecen mencionados en los acuerdos hasta ahora firmados, y son hoy meras propuestas gubernamentales. Tanta engaifa propagandstica gubernamental con la vana esperanza que de cacarear sus propuestas en la gran prensa estas sean aceptadas por su contraparte, se debe al temor a desmontar su mentira repetida hasta el cansancio de la victoria militar del estado colombiano, que muestra falazmente a la mesa de La Habana como un reclinatorio para la rendicin de la insurgencia. Debates son los que an faltan. Pecando de atrevido, presento por lo menos 5 nudos gordianos de discusin que atisban para cualquier atento observador del proceso, 5 nudos gordianos que debemos desatar para la construccin de la anhelada paz en este ao 2015:1. El desescalamiento de la guerra y el Cese bilateral de fuegos El esquema sionista de dialogar como si no se combatiera, combatir como si no se dialogara impuesto por el gobierno nacional, adems de ser macabro ha demostrado que atenta contra el proceso mismo y solo alimenta a los caldereros de la guerra, enemigos de la mesa de conversaciones. Parte de la consolidacin de la confianza en un proceso de paz regido por la clusula de que nada est acordado, hasta que todo est acordado pasa por lograr que el conjunto de la poblacin se sienta prontamentealiviada del drama cotidiano de la guerraSi las dos partes se encuentran comprometidas tal cual lo han manifestado- en llegar a un acuerdo para el fin del conflicto, carece de todo sentido la continuidad de las acciones de guerra con sus consabidas prdidas humanas. El carcter bilateral de este armisticio es apenas la consecuencia lgica de la simetra requerida para la interlocucin en una mesa entre dos partes contendientes de un conflicto armado. Las recientes manifestaciones del presidente Santos, aunadas a la posicin enarbolada por la insurgencia desde el inicio de los dilogos y el creciente clamor popular para un cese bilateral efectivo desde antes del acuerdo final, ponen la declaracin de esta necesaria tregua en primera lnea para la consolidacin y fortalecimiento del proceso.La oposicin de sectores del uribismo y de las FFMM a esta conquista ineludible para el proceso de paz, si bien tiene su causalidad en los rditos econmicos y polticos que les otorga la guerra, pasa tambin por la resistencia a reconocer en la prctica la falsedad de su discurso que decret el fin del fin de la guerrilla hace ya 7 aos, as como la vacuidad de toda su perorata anti-terrorista. El fondo en ste como en todos los debates ser el mismo: La Habana no es el altar de rendicin de las FARC sino la posibilidad de un acuerdo nacional para la paz.Paralelo a la discusin del imperiosoarmisticio para fortalecer y blindar el proceso de cualquier posible desestabilizacin, urge el avance en un acuerdo especial humanitario de desescalamiento o desmonte de la guerra que vaya dirigido a morigerar algunos de los efectos ms sentidos de la confrontacin que incluso no se contemplaran en el cese bilateral de fuegos. Este convenio sera acorde al artculo 3 comn de los Protocolos de Ginebra y podra incluir entre otros tpicos el desminado, los prisioneros de guerra, el uso desproporcionado de la fuerza y armamento asimtrico, o la participacin de menores en el conflicto.La instalacin de la comisin tcnica con comandantes de ambos bandos, es el escenario ms que propicio para concretar prontamente todos los compromisos requeridos por estos importantes pasos para la paz de Colombia y definir los mltiples detalles operativos que requieren acuerdos de este calado, as como las condiciones de la necesaria verificacin internacional y nacional para su cumplimiento, al tiempo que se adelantan las discusiones relacionadas con el punto 3 de la Agenda. Con respecto al punto 3.1 que hace referencia el cese al fuego y de hostilidades definitivo, valga resaltar que se define claramente como bilateral y no incorpora los conceptos de entrega de armas, ni desintegracin de ninguna de las partes contendientes.El cese bilateral de fuegos previo al acuerdo final, ser un claro cernidor sobre la real voluntad de paz de las partes. El presente cese unilateral de las FARC-EP ha disipado las dudas que sembraban sus ms enconados detractores alrededor de la unidad de mando y disciplina de todas sus unidades. Frente al estado colombiano, son mayores los interrogantes: luego de muchos aos se pondr a prueba la subordinacin de las FFMM al poder civil y el grado de cohesin de stas frente al proceso de paz. Su actuacin en medio de un armisticio demostrar el anacronismo de un pie de fuerza hipertrofiado para un pas en paz, y pondr sobre la mesa el debate de la reorientacin y reestructuracin de la fuerza pblica acorde a sus autnticas funciones constitucionales y patriticas.

2. El autntico marco legal para la paz est por construirse an.La construccin de la paz y el fin del componente armado del conflicto es ante todo un proceso poltico, que como todas las grandes transformaciones histricas en el mundo, lejos de someterse a ordenamientos jurdicos pre-establecidos gesta una nueva normatividad legal acorde al cambio de poca generado. En contrava a esta realidad, y fieles a la nefasta tradicin de la oligarqua santanderista, experta en disfrazar con filigranas leguleyas sus golpes polticos, desde varias tribunas periodsticas e institucionales se propala una matriz meditica que presenta el sometimiento a la actual legalidad y la crcel para los insurgentes, como nico destino posible para la finalizacin del conflicto. Desconociendo todas las experiencias histricas internacionales de acuerdos de paz, invocando acomodaticiamente el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, se exhiben estos mecanismos como un gran Leviatn jurdico que desautorizara cualquier firma que no signifique atiborrar las ya de por s hacinadas prisiones colombianas. Estos mitos judiciales que se inducen en la opinin pblica para amedrentar incautos y promocionar su propuesta de justicia transicional, no poseen mayor asidero que el de imponerle cortapisas a la solucin poltica a nuestro conflicto social armado. Al ser Colombia el primer proceso de paz que debe sortear el Estatuto de Roma, nuestra mesa de dilogos no est sometida como tal a rgidos antecedentes, ni a jurisprudencia internacional previa al respecto, por lo que le corresponde construir soberanamente los caminos que le permitan poner fin al conflicto. Unas hipotticas tensiones que pudiesen surgir con la Corte Penal Internacional o cualquier instancia judicial fornea pinsese por ejemplo en la justicia norteamericana- no pueden llevarnos a la conclusin que el acuerdo de paz debe subordinarse a los mltiples ordenamientos legales externos a la soberana colombiana, conciliacin tcnicamente imposible, sin olvidar por dems que los estados nacionales como sujetos de derecho internacional conservan de facto la soberana judicial y coercitiva incluso en casos de condena expresa por entes de justicia internacional, como lo muestran mltiples ejemplos contemporneos. No podemos ignorar que la aplicacin relativa de la jurisdiccin internacional se da tambin entre otras razones por la sustraccin de su cumplimiento de grandes potencias que como EEUU o Israel han recurrido a crmenes de lesa humanidad. En trminos del sobrino del presidente y director de Semana Alejandro Santos, eximio portavoz del establecimiento: Convenientemente, se ha exagerado la espada de Damocles de la justicia internacionales ms tigre de papel[footnoteRef:1]. [1: Programa Las Claves. Canal Capital. 20 de enero de 2015.]

Por qu tanta preocupacin gubernamental por ceir la paz a su versin de los nuevos componentes penales de la jurisdiccin internacional, cuando el estado colombiano ha violado flagrantemente el derecho internacional para regular la guerra durante tantos aos, desconociendo los protocolos de Ginebra y dems normatividades? Es una leonina interpretacin de la armonizacin jurdica del conflicto en Colombia a lo que el doctor De la Calle llama estndares internacionales aceptables. Para el gobierno es aceptable su exgesis del Estatuto de Roma, pero tambin burlar el DIH, los tratados de Ginebra y la tradicin jurdica internacional que otorgaran beligerancia a las FARC-EP.Los mecanismos de justicia internacional tan invocados por el gobierno y sus opinadores, -sobre los que el estado colombiano hizo reserva hasta 2009-, solo cursan para impunidad sobre crmenes de lesa humanidad caracterizados por su masividad, sistematicidad y premeditacin expresa contra la poblacin civil -difcilmente imputables a la insurgencia- , recordando que los procesos de verdad y reparacin son parte sustancial del tratamiento jurdico contra estos, no el mero sometimiento judicial y penitenciario que pregonan los tinterillos del establecimiento.En la soberana poltica y jurdica de Colombia, en el poder constituyente del pueblo soberano est la salida a este laberinto jurdico en el que quieren encerrar la solucin poltica: nuestra autodeterminacin como pueblo nos posibilita recurrir a mecanismos de inhibicin aceptados en derecho internacional, al reconocimiento del pluralismo jurdico de facto existente en el conflicto y la nacin colombiana como parte del tratamiento judicial a los hechos de guerra, y al deber de verdad, reparacin y no repeticin, -con la participacin decisiva de las vctimas del conflicto- como alternativas distintas al inoficioso espiral punitivo que apan enemigos de la paz.Este principio aplica con mayor fuerza frente a las argucias jurdicas derivadas de la normatividad interna. Pensar que el principio de acuerdo con un movimiento armado que no ha sido vencido en combate sea el sometimiento a la justicia contra la que ste se ha levantado y que precisamente ha sido incapaz de reducirlos, adems de un craso error poltico es un acto que raya en la majadera. Si las FARC-EP aceptaran el actual ordenamiento jurdico no habra conflicto armado y no se requerira mesa de dilogo. De lo que se trata el fin del conflicto no es de encarcelar y juzgar guerrilleros, sino por el contrario pasa entre otras por liberar a los insurgentes retenidos y dems prisioneros polticos, as como cesar la judicializacin de opositores.Para los amantes de la paz, sta es un derecho fundamental de los colombianos y bien supremo, superior a cualquier entramado judicial. La paz se consagra en la misma Carta de 1991 como un fin mismo del estado y con fuerza vinculante, como norma integrada en el bloque de constitucionalidad. Este bien supremo estrechamente unido hoy al avance del proceso de La Habana, obliga jurdica y polticamente a la reevaluacin de toda la normatividad engendrada por la presente guerra.Ahora bien, como ha sido pactado por la misma Mesa, no se trata de intercambiar impunidades, y las vctimas del conflicto social armado debern ser reparadas con la verdad y la garanta de no repeticin, pero esto, no se traduce en el sometimiento de los firmantes del acuerdo de paz a un rgimen jurdico y una rama judicial como las existentes en Colombia, cuestionados hoy por su ilegitimidad no solo por los alzados en armas.En este orden de ideas es fundamental entender que no puede haber penalizacin alternativa o de ningn tipo, perdn o juzgamiento de los hechos de la guerra sin construir la verdad del conflicto. Los que impacientemente anhelan que la Mesa de La Habana defina penas y condiciones de prisin, pretenden de fondo que se acepte la actual verdad procesal de un sistema judicial que ha dado muestras fehacientes de inconsistencia jurdica con el fin de consumar la persecucin penal contra la oposicin poltica, incluida la insurgencia. Para definir responsabilidades, justicia y reparacin del conflicto social armado colombiano se requiere construir un proceso de verdad con la participacin de las vctimas, la academia, la comunidad internacional y los diversos actores polticos, que de forma ecunime y veraz pueda dar las pautas sobre lo ocurrido en casi 80 aos de guerra y lineamientos claros para su no repeticin. El Informe de la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas, queempieza a desmontar el maniqueo discurso de la agresin terrorista como verdad oficial, aporta elementos invaluables para ser tenidos en cuenta en este largo camino de la solucin poltica que incluye reivindicar la verdad, primera vctima en todas las guerras. Finalmente, como parte del acervo de la teora jurdica universal vlida para la reconciliacin de los colombianos est la figura del delito poltico, como desarrollo del derecho a la rebelin. El delito poltico en su concepcin genuina definido por su complejidad, sus fines altruistas y sus mltiples conexos posibles, permite resolver las situaciones requeridas para la irrupcin de los insurgentes a la vida poltica legal; pero ello implicarsin duda, construir un nuevo marco legal para la solucin poltica acorde a los alcances del acuerdo final, con la participacin decisiva de todo el pueblo soberano. Lo que queda claro es que el autntico marco legal para la paz no es el Acto Legislativo 01 de 2012 aprobado unilateralmente por un legislativo espurio, y que toda la jurisprudencia nacional que ha cercenado y deformado la categora del delito poltico incluyendo la sentencia C-456/97 de la Corte Constitucional debe ser removida. La Habana no es el sometimiento a la actual legalidad del estado ni a su ilegitima rama judicial, ni de los insurgentes ni de los dems sectores lacerados por stas, sino por el contrario la apertura del proceso constituyente y jurdico para la gestacin de una legalidad propia para el fin del conflicto.3. Despegue y encuentro del proceso de paz con el ELN y el EPL.Un gran interrogante en la perspectiva de la solucin poltica al conflicto armado, pasa por el desarrollo del proceso de paz con el ELN, -que se encuentra en su fase exploratoria- , as como por la apertura de conversaciones con el EPL. La arrogancia del establecimiento, cebada por la mentira de su supuesta victoria militar, no es un buen principio para el despegue de ningn proceso de paz con grupos insurgentes que como el ELN y el EPL han hecho manifiesta su voluntad de dilogo[footnoteRef:2] y se mantienen en actividad poltica y militar desde hace 5 dcadas. El carcter social y poltico de la confrontacin armada en Colombia, obliga como en los dilogos de La Habana a construir igualmente con estas guerrillas una agenda sustantiva que incorpore las problemticas que han originado y acicateado la guerra, exigiendo que el estado colombiano renuncie a su visin minimalista de paz exprs tambin con estas guerrillas. [2: Al respecto ver no solo los mltiples pronunciamientos del ELN al respecto que han sido de amplia difusin, sino la carta abierta del Mando General del EPL y el Comit Ejecutivo Central del PC de C (ML) de julio de 2014 donde suscriben no solo una propuesta de dilogo de paz sino de Asamblea Nacional Constituyente para la solucin poltica al conflicto.]

Aunque para el caso del ELN el proceso lleva ms de 2 aos y el inicio de dilogos se anunci hace ms de 9 meses, hoy es poco lo que conocemos sobre el avance de estas conversaciones que requieren del acompaamiento del conjunto del pueblo colombiano; lo nico evidente es la actitud ambivalente por parte del estado para la concrecin de esta mesa, razn que exige la mayor presin popular para la formalizacin y fortalecimiento de estos dilogos, as como para el inicio de conversaciones de paz con la guerrilla del EPL, que avancen prontamente hacia el cese de fuegos y hostilidades. Si bien las particularidades propias del ELN como movimiento poltico en armas y expresin concreta de un cmulo de luchas sociales, hacen pertinente el desarrollo de una mesa con una agenda especfica, tambin es claro que ms all de la existencia de mltiples mesas de dilogos es inexorable que stas terminen condensndose en un gran proceso por la solucin poltica. La solucin poltica y la construccin de la paz son un proceso histrico complejo que requerir el concurso y confluencia de todas las aristas del conflicto, y la actual tctica gubernamental de dilatar las conversaciones con las otras guerrillas no hace otra cosa que aletargar la finalizacin de esta guerra, que supuestamente tiene prisa por concluir.El encuentro y participacin de la sociedad en la construccin de la paz expresado por el ELN, no son una diferencia con las FARC-EP como lo pregonan los analistas descontextualizados, sino una ntida coincidencia entre las 2 guerrillas, y de stas, con todo el espectro democrtico del pas. Esta necesaria discusin y participacin decisiva del pueblo soberano, que las dos insurgencias han enfatizado bien podra ser la base de encuentro de las 2 mesas en el marco del proceso constituyente.Obviamente, los mecanismos de empalme de las distintas mesas en un nico proceso de paz, sern de seguro debates gruesos y tambin de filigrana que requerirn de la participacin tanto de las delegaciones de paz como del conjunto del pueblo colombiano; pero estas discusiones y propuestas necesarias para la paz solo podrn madurar si el estado abandona los ambages y da inicio al dilogo con las guerrillas del ELN y el EPL.4. La concepcin de Dejacin de armas y de Fin del conflictoEn el punto 3 consagrado en el Acuerdo General de La Habana, denominado Fin del Conflicto, se condensan tal vez varias de las aristas de ms lgida discusin, dado el sesgo e inquina con que el establecimiento ha presentado los dilogos de paz a la opinin pblica. Partiendo de subrayar que este tercer punto contiene 7 acpites[footnoteRef:3] que referencian a mltiples aspectos, en su debate se torna inevitable avanzar en mnimas claridades conceptuales sobre nuestro conflicto social poltico armado, que el gobierno y la gran prensa prefieren soslayar. [3: El punto 3 del Acuerdo General que define la agenda de dilogo reza textualmente: 3. Fin del conflicto. Proceso integral y simultneo que implica: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.2. Dejacin de las armas. Reincorporacin de las FARC-EP a la vida civil -en lo econmico, lo social y lo poltico -, de acuerdo con sus intereses.3. El Gobierno Nacional coordinar la revisin de la situacin de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificar el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupcin y la impunidad, en particular contra cualquier organizacin responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos polticos. 5. El Gobierno Nacional revisar y har las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de laconstruccin de la paz. 6. Garantas de seguridad. 7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Vctimas) de este acuerdo se esclarecer, entre otros, el fenmeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.]

La primera reflexin es que en La Habana avanzamos hacia la terminacin del componente armado del conflicto, mas no del conflicto en su totalidad que se compone tambin de dimensiones polticas y sociales. De darse el acuerdo de paz no viene ningn posconflicto, sino que continua y se desarrolla el conflicto social y poltico solo que despojado de su elemento blico. La complejidad del proceso de dilogos se trata precisamente de que fijara las reglas de juego para que el conflicto social y poltico colombiano pueda dirimirse de forma incruenta, lo que implica inexorablemente el desmonte de las estructuras sociales y polticas que han encausado la confrontacin ideolgica y de clase hacia la guerra. Esta claridad incluso la expone con nitidez el delegado presidencial para el inicio de los dilogos, y hermano mayor del presidente, Enrique Santos Caldern cuando afirma en su ltimo libelo propagandstico: El fin de la confrontacin armada no ser el fin del conflicto social y poltico. Este continuar, y posiblemente, se intensificar, en forma de protestas sociales, paros campesinos, huelgas obreras o movilizaciones cvicas de diferente ndole.[footnoteRef:4] A riesgo de sonar contradictorio, la dialctica de la solucin poltica trata es de terminar la guerra para desarrollar el conflicto. [4: SANTOS CALDERON, Enrique. As empez todo. 2014. Pg. 124.]

En segunda instancia, y en consonancia con esta concepcin, el debate de Fin del conflicto no se encuadra como lo pregona el gobierno en la definicin manualesca de DDR (Desarme, Desmovilizacin y Reinsercin), sino que dado el carcter histrico de la confrontacin, su raigambre social y poltica, as como la misma correlacin de fuerzas en el campo de batalla de esta guerra de ms de 50 aos, tal cual como lo expone la agenda del punto, 3 se abordarn aspectos tan diversos que engloban la libertad de los prisioneros de guerra de las FARC-EP , los ajustes institucionales requeridos para la paz o el esclarecimiento del fenmeno del paramilitarismo entre tantos otros.La misma agenda define el Fin del Conflicto como un proceso integral y simultneo, compuesto de los diversos puntos mencionados. Se torna evidente la densidad y altura de la polmica en este punto, ya que sintetiza la historia misma del conflicto armado para su solucin; estamos ante un proceso histrico que no se reduce a meros artificios administrativos, sino que requiere de compromisos y tiempos distintos a los que hoy afanan a la Casa de Nario. Papel central jugar sin duda la comisin tcnica militar que aportar varios de los aspectos especficos necesarios para el fin del conflicto armado, pero tambin el informe de la Comisin Histrica del Conflicto y sus vctimas, dando pautas sobre el origen y combustibles de esta guerra, as como claves para su desescalamiento y desmonte. En tercer lugar, como comn denominador en todos los debates para la paz, no se puede perder de vista la bilateralidad del proceso. El punto del Fin del conflicto no es el punto de rendicin de las FARC-EP y ni siquiera de entrega de sus armas, sino de la terminacin de una guerra que no ha tenido un nico bando en combate, lo que implica la construccin de medidas para desactivar todas las partes contendientes. Una lectura sesuda de los acpites del punto 3 dejara claro que cuando los compromisos competen exclusivamente a una de las partes de la mesa, sta queda expresa en el documento, lo que permite entender que las acciones reseadas genricamente corresponden a ambos contrayentes del Acuerdo general.En tal sentido, el tem de Dejacin de armas no precisa que sea la dejacin de armas de la guerrilla, y de entrada debe ser aplicable para ambos contendientes, con la claridad poltica que dejacin no significa desarme ni entrega sino su no utilizacin. Huelga decir que la no utilizacin de las armas de los combatientes, no depender solamente de la determinacin de una de las partes sino del carcter bilateral y sostenido del cese de fuegos y de hostilidades. Precisamente por los peligros que acechan a la construccin de la paz, difcilmente las partes en contienda aceptarn quedar inermes, pero indefectiblemente el proceso de paz se trata de comprometerse a no seguir usado las armas para sus objetivos polticos, es decir a cesar la violencia poltica. Y aqu subrayo que ha de ser un compromiso bilateral, ya que el estado y las clases dominantes han sido los primeros en juntar poltica y armas, en combinar las formas de lucha en un pas cuya existencia como repblica descansa sobre el magnicidio de Sucre y donde en pleno 2015 siguen cayendo asesinados dirigentes sociales y populares, como en el reciente caso del compaero Carlos Pedraza del Congreso de los Pueblos. Si la gran prensa siembra cizaa y alega desconfianzas en las FARC-EP, habra que esgrimir que fundadamente la insurgencia y los sectores populares tenemos razones de sobra contrastadas histricamente, para dudar de la probidad del establecimiento y exigir todas las medidas para evitar un nuevo genocidio poltico. Los guerrilleros de la comisin tcnica militar se denominan Comando de Normalizacin, precisamente porque no estn pidiendo el desarme de su contraparte, sino que sta se encause hacia una institucin militar acorde a un pas no signado por la guerra civil, es decir a que las fuerzas oficiales depongan sus armas que han blandido por ms de 50 aos contra la oposicin poltica. De eso se tratara la normalizacin que los delegados gubernamentales llaman transicin que se iniciara con el cese bilateral indefinido.Antes que los reporteros malintencionados presenten esta claridad conceptual como una triquiuela in extremis de las FARC-EP, para segn sus trminos hacerle trampa al pas, acudamos otra vez al mismsimo Enrique Santos, que atestigua como esta diferenciacin ha estado presente para las partes sentadas en la mesa desde la construccin misma de la agenda[footnoteRef:5]. Supongo tambin, que se ha decantado con nitidez la diferencia entre reincorporacin de las FARC-EP a la vida civil en lo econmico, lo social y lo poltico- como lo reza el acuerdo, y la desmovilizacin, concepto que no aparece en lo firmado y que segn lo anunciado por los voceros insurgentes no est en la agenda de la guerrilla, ya que plantean mantenerse como movimiento poltico y no disolverse ante un posible acuerdo, justamente porque como ya sealamos con anterioridad el conflicto seguir despus de un posible acuerdo. [5: El punto de dejacin de armas fue, no casualmente, el ms demorado y complicado en los encuentros exploratorios. No aceptaron que figurara el trmino entrega de armas en el texto del acuerdo ibd.Pg. 124.]

Para claridades en este sentido es importante apelar a experiencias internacionales que rompen con el fetiche de la burguesa colombiana de entrega de armas y sometimiento a la justicia. En el Ulster el IRA decret cese al fuego desde 1997 para impulsar el proceso de paz que se plasm en el Acuerdo del Viernes Santo en 1998 que incluy entre otros temas, reformas policiales y administrativas para Irlanda del Norte y la liberacin de los prisioneros polticos, incluidos aquellos condenados a varias cadenas perpetuas; no obstante, la guerrilla irlandesa solo renuncia oficialmente a la lucha armada en 2005 cuando los grupos paramilitares unionistas se desmantelan y solo hacia 2008 se desintegra como cuerpo armado, en el marco de un gobierno de coalicin protestante-catlica conformado en 2007 y del que formaba parte el Sinn Fin, su partido poltico. Los republicanos irlandeses hacen dejacin y no entrega de armas en medio de la verificacin internacional, situacin aceptada por su contraparte, el poderoso miembro de la OTAN y del Consejo de Seguridad de la ONU Reino Unido de Gran Bretaa, que adelantaba con sus compromisos contrados por los acuerdos de paz.En Nepal entre la firma del acuerdo de paz en 2006 y la entrega del PLA[footnoteRef:6] de las llaves de sus depsitos de armas en 2011 a una comisin pluripartidista, se convoc una Asamblea Constituyente conformada bajo un sistema mixto de eleccin que elimin la monarqua motivante de la guerra y el Partido Comunista de Nepal-Maosta organizacin poltica que diriga la guerrilla- entr a formar parte de la nueva coalicin de gobierno. Tanto Prachanda como Bhattarai, mximos jefes de la guerrilla maosta fueron no solo constituyentes, sino los primeros ministros entre 2009 y 2013, que garantizaron el cese al fuego bilateral as como el acuartelamiento de guerrilla y ejrcito nepaleses para la dejacin de armas. [6: Ejrcito Popular de Liberacin, por sus siglas en ingls. Brazo armado del Partido comunista de Nepal- Maosta, (CPN-M por sus siglas en ingls) guerrilla que desarroll la llamada Guerra Popular entre 1996 y 2006 en el pas asitico.]

Algo similar fue lo ocurrido en Sudfrica donde el Umkhonto WeSizwe, MK, brazo armado del Congreso Nacional Africano, si bien haba suspendido actividades militares desde 1990, solo se desintegr despus de 1994 bajo el gobierno de Nelson Mandela quien haba sido precisamente su primer comandante en 1961. No sobra recordar que esto fue posibilitado por los acuerdos de paz que abrieron el proceso constituyente de democratizacin de Sudfrica. Gracias a los dilogos iniciados con la excarcelacin de prisioneros polticos del MK y el CNA, se promulga una constitucin provisional en 1993 que permite el voto libre, la eleccin de Mandela y convoca la Asamblea Nacional Constituyente que promulgar la Constitucin sudafricana de 1996 que refrenda los acuerdos de paz. Es bajo este contexto de transformaciones polticas y apertura de garantas democrticas que se produce la dejacin de armas del MK.En El Salvador, la dejacin de armas del FMLN bajo la verificacin internacional estuvo acompasada con una profunda reforma a las fuerzas militares y de polica del estado centroamericano, pactada en los acuerdos de 1992. En los Acuerdos de Paz de Chapultepec se consagra la transformacin doctrinaria, depuracin y reduccin sustancial de las Fuerzas Armadas del El Salvador, FAES, con la supresin de cuerpos lites, retiro de oficiales involucrados en violaciones de derechos humanos, la eliminacin de la Guardia Nacional y de la Polica de Hacienda, as como la creacin de la Polica Civil Nacional, cuerpo desmilitarizado conformado en un tercio por combatientes guerrilleros.Como puede apreciarse la dejacin de armas no es un acto en s mismo sino un proceso histrico complejo que integra simultneamente mltiples aspectos, tal cual lo define el punto 3 de la Agenda. El fin del conflicto en estas experiencias internacionales, parte de la suspensin de acciones militares insurgentes y de ceses bilaterales de fuegos, ms no de la entrega de armas a la contraparte. De resaltar que este trnsito est acompaado por las reformas estructurales que ofrecen las reales garantas de incorporacin de las guerrillas y movimientos sociales a la vida poltica abierta, es decir por el desmonte de la violencia poltica como recurso del sistema en el poder. Ms all de aspectos tcnicos en trminos socio-estructurales, la dejacin de armas en cuanto terminacin de la violencia poltica siempre ser un proceso bilateral.As pues, aunque el gobierno y sus medios de comunicacin lo nieguen la reforma a las FFMM est sobre la mesa: de eso tambin se trata la dejacin de armas y la salida poltica. La necesaria transformacin de la fuerza pblica seguro implicar un debate con una importante sector del actual bloque hegemnico, dada la progresiva incorporacin del estamento militar como una faccin de clase dentro de la coalicin dominante y la apropiacin de cierto militarismo fascistoide como parte del discurso ideolgico de la derecha colombiana. Equivocadamente el ministro Pinzn pretende construir la paz sin que se le mueva un pelo ni a l ni a su complejo militar industrial. La apuesta del gobierno y los militares ante un eventual acuerdo de paz, es reacomodar el hipertrofiado pie de fuerza sin reducir su nmero a travs de la mercenarizacin de nuestros soldados va cooperacin internacional como se devela en los acuerdos militares con la ONU, OTAN y dems; la promocin de la venta de servicios y la promocin de las llamadas alianza pblico-privadas como se expresa hoy en el denominado GSED (Grupo Empresarial y social de la Defensa)[footnoteRef:7];y mediante la proyeccin de la llamada seguridad ciudadana y rural bajo el sofisma de las nuevas amenazas criminales. [7: Como lo afirma el mismo Pinzn en su publi-reportaje de la revista Dinero del mes de enero: Cuando nos referimos al Ministerio de Defensa de Colombia estamos hablando tal vez de una de las empresas ms grandes del pas y de la regin, y la ms grande empleadora de Colombia: medio milln de personas militares, policas y civiles, un presupuesto del orden de $28 billones, un sector que tiene 19 empresas concentradas en el Grupo Empresarial y Social de la Defensa GSED, con ingresos por $7 billones, obviamente un porcentaje importante en temas pensionales, pero que gener a finales de 2014 utilidades superiores a los $180.000 millones y exportaciones cercanas a los $30.000 millones Adems, cuenta con la que puede ser la EPS ms grande del pas, con cerca de 1,4 millones de usuarios Cerca de 65% de los ingresos corresponden a aportes de la Nacin, lo que implica una creciente inversin privada en este conglomerado militar. Articulo MINDEFENSA INC. Revista Dinero. Edicin 461. Enero de 20015.]

La reingeniera de las FFMM para la paz no puede guiarse por la rebatia entre las camarillas militares por el control de funciones y presupuestos, ni detenerse ante los intereses polticos y econmicos creados por generales de los distintos cuerpos o contratistas del sector, que es lo que traslucen la mayora de propuestas gubernamentales. Haciendo un parangn con el cierre imperfecto del ciclo de La Violencia, la solucin poltica en curso debe significar cuando menos una transformacin esencial de la fuerza pblica a travs un nuevo pacto que reemplace aquel antidemocrtico acuerdo que sellase Lleras Camargo con sus generales en 1958 en plena Guerra Fra. Se requiere cuando menos una seria reforma doctrinaria, de estructura y de tamao, en un debate abierto al pas, que inicia en la mesa de La Habana con los insumos invaluables de la comisin tcnico militar integrada por comandantes de los dos bandos contendientes, el informe de los expertos de la CHCV, pero que tambin requerir del concurso del pueblo soberano en la ANC para la paz. Sin forzar mucho la comprensin de lectura supone uno que estos ineludibles cambios en las FFMM hacen parte de las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construccin de la paz plasmados en el punto 3.5 de la agenda de discusin firmada por gobierno y guerrilla.

5. Participacin popular, refrendacin y Asamblea Nacional ConstituyenteFinalmente, el proceso de paz tiene pendiente la definicin de los mecanismos de participacin directa del conjunto de la sociedad en la gestacin de sus acuerdos, aunque la refrendacin popular de stos, est contemplada en el punto 6 de la Agenda General para la terminacin del conflicto. Ms que un punto cosmtico o simblico, la comprensin misma de la actual confrontacin como conflictosocial poltico y armado, exige la participacin decisiva de un espectro de actores sociales y polticos ms all de las partes beligerantes en el campo de batalla para labrar conjuntamente la solucin poltica.Hasta hoy, el gobierno nacional ha impuesto cortapisas a una presencia ms fluida y determinante de organizaciones sociales y polticas en la Mesa, invocando su miedo a la experiencia del Cagun[footnoteRef:8], y ha propuesto en cambio, reducir la participacin popular alinstrumento bastante acotado del referendo.Flaco favor se le hace a la solucin poltica al pretender limitar la vinculacin directa a la construccin de la paz de todo el pueblo soberano, a su castrada dimensin electoral. Bastante cndida, -por no decir cnica- es la pretensin de reducir la decisin ciudadana sobre unos acuerdos de la complejidad de los avanzados en La Habana a una mera pregunta de Si o No, solo por la tozudez del establecimiento de insistir en un referendo para amarrar la paz a sus afanes electorales y a sus juegos clientelares no propios del actual proceso de dilogo. Lejos de esta visin gubernamental, las falencias relacionadas con la participacin, la refrendacin y varios otros aspectos de firmeza jurdica o fortalecimiento poltico de los acuerdos, se resuelven a travs de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz. [8: Durante los dilogos del Cagun entre 1998 y 2002 se realizaron ms de 20 audiencias pblicas con ms de 20 mil personas que pudieron nutrir el proceso de paz, experiencia de la que reniega el gobierno nacional.]

Como aspecto de fondo estn las necesidades mismas de una paz que busca cerrar una guerra de ms de 75 aos: nuestro pacto de reconciliacin debe ser una norma de normas, constitucionalizado y no reducido a una normatividad cualquiera sometida a los vaivenes de los gobiernos de turno y de los opacos intereses del actual sistema poltico. La ANC ofrece esta garanta poltica al mismo tiempo que posibilita dar orden y armona legal a los cambios que engendraran los acuerdos y que abarcan diversos temas y grados institucionales. Por el calado y profundidad de las temticas de los acuerdos y la necesaria jerarqua normativa de stos, la Asamblea Nacional Constituyente, se presenta como el desenlace lgico dentro del proceso de solucin poltica. La convocatoria directa al pueblo soberano se ha convertido ya en una necesidad durante el actual proceso de paz y ser el nico garante de su xito.Entretanto hace carrera entre medios y asesores gubernamentales, que no hay necesidad legal de la refrendacin y que sta solo significaran legitimidad poltica, improvisando entonces alternativas simblicas y coqueteando con cercenar la participacin directa del pueblo soberano en el proceso de paz. Desde estas versiones lo que se pretende es reducir lo acordado en La Habana, a meras reglamentaciones ejecutivas que sean flor de un da-, buscando impedir que el pacto de paz que cierre con esta larga guerra quede consagrado ni constitucional ni legalmente. Esta visin no expresa ninguna recomendacin tcnica, sino que tiene ya un ntido sesgo antidemocrtico frente al calado y jerarqua legal de los acuerdos, buscando someterlos al actual orden establecido.El desacertado anlisis del politlogo Hernando Gmez Buenda[footnoteRef:9] que bajo sofismas tcnicos intenta extirpar la necesaria participacin en el proceso de paz, tiene tal vez como virtud exhibir con nitidez precisamente el que es su principal error analtico: la sin salida de cualquier mecanismo de refrendacin de los acuerdos dentro de la actual legalidad y su ilegitimo poder constituido. Siguiendo la lgica de Gmez Buenda y todos los cultores del riguroso santanderismo, la ltima palabra sobre el acuerdo de paz la tendra la Corte Constitucional que le hara revisin de exequibilidad, y el Procurador Ordoez quien podra declarar insubsistentes los acuerdos firmados y a los mismos funcionarios desde el control administrativo a las competencias de su funcin pblica. Es para esto que el gobierno lleva casi 3 aos de dilogos? Toca someter lo acordado no al control popular pero si al actual sistema poltico para no alterar la institucionalidad? Por favor seores, la paz est por encima de sus formas jurdicas. [9: GOMEZ BUENDIA, Hernando. Ni referendo ni constituyente: el pueblo ya vot sobre la paz. En Razn Pblica. 2 de febrero de 2015. En el mismo sentido su presentacin en El Primer Caf de Canal Capital el 5 de febrero de 2015.]

La solucin no es eliminar la participacin popular del proceso de paz, sino por el contrario desatarla como poder soberano. La salida es tan sencilla como compleja: refrendar los acuerdos y -ms all de esto- hacer la paz, significa una inevitable ruptura con el actual orden vigente, porque el fin del conflicto es un proceso poltico y no jurdico. Nadie habla de revolucin por decreto ni concertada, pero tampoco est sobre la Mesa de Dilogos el simple sometimiento a la actual justicia como aora el establecimiento. Bien lo seala el mismo Enrique Santos: en La Habana se forja un acuerdo de paz luego de que la larga guerra no deje un ntido ganador, ni tampoco ningn vencido.Las excusas legales deben dar paso a la paz como bien supremo de todos los colombianos. La misma gestacin de la actual constitucin de 1991 se da mediante una subversin jurdica al orden constitucional de 1886 con el guio del ejecutivo y el poder judicial, precisamente porque razones polticas consideradas de calado histrico primaron a la enmohecida jurisprudencia existente que haba cercenado sucesivas posibilidades de reformas constitucionales o participacin democrtica desde 1968[footnoteRef:10]. Hoy a nadie le importa la filigrana jurdica enrevesada que posibilit la convocatoria a la ANC en 1990, sino que todos los historiadores resean el acuerdo poltico que buscaba cerrar con la aguda crisis de aquel entonces. [10: Bajo argumentos jurdicos se hundieron sucesivamente las reformas constitucionales de 1977, 1978 y la propuesta de plebiscito de 1989, ya que se consideraba que alteraban el cuerpo de la anacrnica Constitucin de 1886. Solo unos meses despus se autoriza la Sptima Papeleta, mecanismo no reglamentado en el orden jurdico vigente, y se permite que mediante Decreto presidencial de Estado de Sitio 1926 de 1990 se convoque la ANC, que curiosamente si es aprobado por la misma Corte Suprema de Justicia, que hacia pocos meses atrs haba negado tmidas reformas.]

Tomemos solo un ejemplo de lo que tendera a ser consenso dentro de un acuerdo de paz. A propsito de la propuesta de Cesar Gaviria, el expresidente conocedor de las implicaciones constitucionales de las ms simples medidas jurdicas para la paz, propone un referendo que reforme la constitucin para poder dar curso a su modelo judicial. No obstante, omite que dicha convocatoria pasa por los controles de la Corte Constitucional y que significara remover la actual jurisprudencia de las mismas altas cortes sobre delito poltico y derecho penal en general: Es posible dentro de la actual carta magna revaluar la cosa juzgada de la Corte Constitucional? O por el contrario se requiere de un gran acuerdo nacional para confeccionar un nuevo pacto constitucional para la paz?Hay razones de fondo e histricas para explorar vas alternativas a las definidas dentro del actual poder constituido. Desde la insurgencia y los sectores democrticos, hay una preocupacin fundada en que los acuerdos de paz se marchiten prontamente y se transformen en letra muerta si estos quedan reducidos a meras disposiciones ejecutivas y legislativas, o como ya ocurri con los aspectos democratizadores de la Constitucin de 1991 sean reglamentados para inhabilitarlos por un parlamento como el actual. Y subrayo lo fundado de la preocupacin al observar el actual paquetazo legislativo en curso en el Congreso de la Repblica que se convierte un autntico contra-acuerdo de paz, que burla anticipadamente buena parte de lo pactado en La Habana. Esta plyade de proyectos de ley y reformas constitucionales esperan equivocadamente confeccionar una camisa de fuerza legal para el desarrollo de lo firmado en el proceso, a espaldas de la contraparte que no participa en el parlamento, pero que por ello mismo no reconoce otra normatividad distinta a la emanada de la Mesa.Solo a manera de ejemplo, mientras en mesa de dilogos se pacta acceso de tierras a los campesinos, en el Congreso cursa el Proyecto de Ley 133 que crea las denominadas ZIDRES (Zonas de Inters de Desarrollo Rural y Econmico), otorgando patente de corso a las transnacionales agrcolas para acumular predios baldos arrebatados a los beneficiarios de reforma agraria, y en perspectiva absorber mediante alianzas productivas a quienes accedan a tierra gracias a los acuerdos de paz. Cuando ni siquiera se ha definido el monto del Fondo de Tierras, el nuevo proyecto habilita extensas zonas del pas para proyectos de agronegocios bien lejanos a los principios consignados en el acuerdo parcial sobre desarrollo rural o promocin de la economa campesina, desconociendo adems flagrantemente las salvedades actualmente en el congelador.Para mayor desconocimiento del proceso de paz, se ha presentado el proyecto de ley del PND 2014-2018 Todos por un nuevo pas" donde Simn Gaviria pretende repetir la receta fondomonetarista de su padre, pero con 25 aos ms de anacronismo. Para no profundizar en el compendio de medidas de shock exigidas por la OCDE en detrimento del bienestar de los colombianos que el PND compendia, solo habra que decir que pese a la supuesta premura por la firma de la paz, el director del DNP plantea sin ruborizarse que el Plan de Desarrollo a 4 aos no solo no contempla lo firmado, sino casi que va de espaldas a lo que el gobierno nacional discute con su contraparte[footnoteRef:11]. Si bien la pregunta que asalta es si tiene sentido discutir y aprobar un PND que desconozca la posibilidad de la paz para todo el cuatrienio, lo que queda latente es el debate sobre la jerarqua y el mismo estatus jurdico y poltico de los acuerdos de paz dentro de la visin del gobierno nacional. [11: Hemos tenido el cuidado de trabajar y dialogar muy fuertemente con el equipo de negociadores, de manera que no se incluyan conceptos o temas dentro del Plan de Desarrollo que generen concesiones unilaterales y debiliten su papel de negociacin frente a la guerrilla de las Farc Simn Gaviria en entrevista a El Tiempo. 9 de febrero de 2015.]

La tctica gubernamental pareciera ser encuellar en el parlamento el desarrollo de la paz con su ofensiva legislativa e insistir con angustia electorera en algn mecanismo acotado de refrendacin sin reparar para ello en aspectos tcnicos y jurdicos. Pese a la progresiva claridad de la inviabilidad poltica del referendo el gobierno nacional sigue en la operacin meditica de instalarlo en la opinin pblica. El referendo constitucional, aunque reconoce la necesidad de incorporar los acuerdos a la carta magna, tendra grandes desventajas frente a otras posibilidades de participacin ciudadana en el proceso de paz; la principal es de carcter poltico, ya que se privilegiara una forma limitada de ciudadana no deliberativa, antes que dar paso al constituyente primario con toda su potencia, al pueblo soberano como incluso lo define la Constitucin de 1991. Se estara recurriendo en la prctica a una minora ciudadana que es la que hace uso del sufragio en Colombia desde el Frente Nacional, para decidir sobre un cambio histrico de las magnitudes del fin del conflicto armado, sin explorar ni promover otras formas efectivas de participacin poltica[footnoteRef:12]. [12: A propsito de minoras espurias, lo ms trascendente del referendo de los acuerdos de paz en Guatemala en 1999, no fue que ganase el NO, como propagandizan los enemigos de la paz en Colombia, sino la gigantesca abstencin que super el 80%, al acudir a destiempo a un mecanismo impropio de la cultura poltica del pas en medio de una aguda crisis de legitimidad del sistema poltico. Este referendo incorpor gracias a su manipulacin en el legislativo varias reformas constitucionales ajenas al acuerdo de paz, agrupando en 4 grandes bloques, 12 cambios de articulado que correspondan a 50 preguntas. As el 18.5% de los guatemaltecos decidi sobre los acuerdos de un proceso que haba contado como ninguno con la participacin directa de los movimientos sociales a travs de la Asamblea de la Sociedad Civil, ASC.]

Las otras objeciones son de carcter tcnico, pero no por ello menos prominentes: todo aquel que haya ledo con rigor los acuerdos parciales hasta ahora firmados notar la densidad y diversidad de temas tratados difcilmente subsumibles en una sola pregunta, y absolutamente inviables en preguntas separadas que podran tender al infinito. Temas que van desde la supresin del umbral electoral a el cambio de enfoque en la poltica sobre drogas bien podran generar disimiles opiniones. De otra parte, como ya hemos mencionado, salta a la vista que varios de sus tpicos se encuentran sin reglamentacin, lo que requerira una participacin ciudadana de otro orden. A manera de ejemplo, las circunscripciones especiales de paz y el fondo de tierras no tienen definicin distinta a la de su existencia. El votante promedio podra aprobar u objetar estos puntos solo de acuerdo a una reglamentacin, dinmica poco viable mediante este mecanismo.As mismo, son pblicas las denominados salvedades y puntos en el congelador. Cmo se dirimiran estos desacuerdos en un referendo? Se incluyen en estos tems temas tan plurales y extensos como los acordados, pero igualmente sensibles y cardinales para la construccin de la paz: los conflictos de uso de tierra, las zonas de reserva campesina, la democratizacin de los medios de comunicacin, reformas institucionales al Banco de la Repblica, el parlamento o los organismos de control, por mencionar solo algunos. Est claro que el referendo no podra asumir estos temas aun en desacuerdo. Precisamente en aras de arreciar el paso firme de la solucin poltica, el mecanismo de volver a retomar estas discusiones agotadas y en disenso en la mesa de La Habana para que puedan ser votadas en un referendo podra llevar a un empantanamiento de los dilogos, que no se dara con el abordaje de estos debates en el escenario realmente participativo y deliberativo de la ANC.Finalmente el referendo es la sntesis en s mismo de los limitantes del actual poder constituido y su ilegitimidad. La esperanzadora proclamacin de la democracia participativa en la Constitucin de 1991 y el extenso repertorio de posibilidades ofrecidas por el artculo 103 de la C.N., tuvo como contraparte una restrictiva camisa de fuerza en la ley 134 de 1994 que hace fcticamente imposible la implementacin con xito de cualquier mecanismo de participacin ciudadana como bien puede apreciarse en el sucesivo fracaso de stos en ms de 20 aos de aplicacin de esta reglamentacin. Querer someter el acuerdo de paz a unos instrumentos previamente diseados para que no triunfen, es de fondo querer burlar la mesa de dilogos.La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, a diferencia del Referendo o la Consulta Popular- lograra en cambio crear el espacio propicio y democrtico para el debate sobre los tpicos complejos del acuerdo, dirimir las salvedades existentes hoy entre gobierno e insurgencia e incluso conciliar lo firmado en La Habana y en el proceso con el ELN; todo ello, a la vez que nos otorga a todos los sectores polticos y sociales la posibilidad de enriquecer los acuerdos, participar decisiva y deliberativamente en la solucin poltica, haciendo de esta forma ms slido el proceso.Despus de 1991 han surgido o se han consolidado en Colombia expresiones sociales y polticas que por diversos motivos no hacen parte hoy del juego del rgimen poltico actual y cuya integracin es sustancial para la ampliacin de la democracia: hablamos de movimientos sociales como el agrario que mostr su potencia con el paro de septiembre de 2013, la potenciacin de los procesos organizativos de los pueblos originarios o el ascendente movimiento universitario, pero tambin de nuevas ciudadanas, resistencias juveniles e identidades polticas urbanas equivalentes al movimiento mundial de Los Indignados entre tantos otros ms. Estas expresiones sociales y polticas que exigen hoy ser tenidas en cuenta para la apertura democrtica del sistema poltico y la construccin de la paz, tendran en el proceso constituyente su escenario idneo.As mismo al igual que en el 91 de lo que se trata es de incluir a los que hoy no reconocen el actual estado para construir un nuevo rgimen poltico de legitimidad ampliada. Pensar que el orden poltico es una verdad dada e inamovible y no una construccin colectiva e histrica es una crasa equivocacin terica y poltica. Por el contrario, para garantizar un sistema poltico para la paz, este nuevo pacto social parido por una nueva ANC debe ser rubricado por las ms mltiples expresiones sociales y polticas: las mujeres, los estudiantes, los jvenes, los campesinos, los insurgentes, la clase poltica actual, las iglesias, los afros, los indgenas, los empresarios, los militares, los exiliados y migrantes, las vctimas del conflicto, entre tantos otros ms.Pero obvio, no tiene sentido una Constituyente para el fin del conflicto, sin la presencia directa de las organizaciones guerrilleras que confluyen en el acuerdo de paz.Muy maltrecha quedara nuestra vocacin por la participacin ciudadana si dejamos enclaustrar la paz al trmite parlamentario de una ley reglamentaria del Marco Legal, en un Congreso reconocido por sus limitaciones democrticas. Por ello insisto, en que por coherencia poltica para los amantes de la paz, para la izquierda y para los demcratas en general, la ANC es el mecanismo por antonomasia para la participacin directa del pueblo colombiano en unos acuerdos que determinarn el futuro del rgimen poltico. Son muchos los temores infundados sobre la ANC de aquellos que les asusta un debate con los enemigos de la paz, como si esta fuera una discusin que pudisemos evadir con otros mecanismos. No podemos pretender mutilar la participacin del pueblo soberano como poder constituyente por miedo a debatir con el uribismo, como si ilusamente no tuvisemos que abordar estas contradicciones en el referendo, el parlamento, cualquier otro mecanismo refrendatorio y la misma cotidianidad poltica de labrar el fin del conflicto. Huir de la ANC por miedo a Uribe, sera creer invencible al fascismo y despreciar el ingente y creciente poder constituyente en ciernes existente en los sectores populares y democrticos, as como desconocer la apertura poltica real que traera los avances en un acuerdo de paz.Igual de infundados son los temores que pretenden presentar la ANC como un salto al vaco en trminos de los componentes progresistas de la Carta de 1991 y de lo avanzado en La Habana. Al respecto experiencias como el proceso constituyente de paz de Sudfrica, bien sirven de ejemplo para demostrar que en medio de una autntica apertura democrtica y con unas reglas de juego claras, el poder constituyente dar cauce a consolidar los cambios y a desarrollar los acuerdos de paz, y no significar defenestrar los 3 aos de dilogos ni empezar todos los debates desde cero, sin que esto implique limitar temticamente o las competencias del ejercicio del pueblo soberano.Lo que s es claro es que una propuesta de ANC para la paz debe incorporar diversas garantas para la participacin democrtica. A la solucin poltica no le sirve una ANC sometida a las cortapisas politiqueras del actual sistema electoral, ya que sera otro Congreso de la Repblica. As como del viejo poder constituido gestor y perpetuador de la guerra, no puede emerger la legislacin para la paz, tampoco del inicuo, corrompido e ilegtimo sistema electoral colombiano puede salir elegida una ANC para la paz.Una Constituyente para la Paz requiere de la presencia de todos los sectores sociales y populares: de los afros, los indgenas, los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, la poblacin LGTBI, los migrantes, adems de la participacin de todos los firmantes de la paz y las garantas plenas para que los movimientos de oposicin podamos jugar en esa contienda electoral. Esto implicar pues que se construyan democrticamente los mecanismos necesarios para garantizar la participacin de los movimientos sociales y fuerzas vivas del pas con circunscripciones especiales, as como las salvaguardas reales para una transparente y equitativa contienda electoral en pos de la ANC.Mientras los medios pretenden banalizar la discusin del momento poniendo como puertos de desembarco del proceso de paz la prisin o el Congreso, dando muestra fehaciente del reduccionismo represor/cooptador de una oligarqua tan carcelera como manzanilla. En esta oportunidad se equivocan de cabo a rabo, creo con firmeza que ni para los insurgentes ni para el pueblo colombiano estas son opciones viables para la resolucin del conflicto. A la falsa diatriba meditica habr que responder: Ni crcel, ni curules, Asamblea Nacional Constituyente!Por la solucin poltica del conflicto armado Nos vemos en la Asamblea Nacional Constituyente