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La operacin Retiro de Televisores fue la solucin que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado. Esta cruel decisin fue tomada por l y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonqun.

Era el penltimo da de noviembre de 1978, cuando el horror emergi de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonqun, a pocos kilmetros de Santiago. La denuncia haba llegado a la Vicara de la So-lidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto slo conocido por el Cardenal Silva Enrquez, el Vicario de la Solidaridad Cristin Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicara de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que haban tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquiet a Pinochet, no figuraba en su agenda. l tena claro que los desaparecidos no se haban escapado del pas, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Saba que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, as que llam a una reunin de emergencia a la Junta Militar para buscar una solucin rpida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del pas.

Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rpida difusin en la prensa interna-cional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando an ms su posicin Memorial Hornos de Lonqun. (Archivo La Nacin).

Director de la CNI Odlanier Mena, quien participa en la decisin de la Operacin Retiro de Televisores.

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en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limtrofe con Argentina.

Ese ao, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington haban obligado a Pinochet a tomar la decisin de terminar con la DINA, pero no poda quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. As, el 12 de agosto, promulg dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a ge-neral de la Repblica a Manuel Contreras, completando los requisitos que exiga el cargo de director de la naciente CNI. Las presiones norteamerica-nas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantas a l y a los norteamericanos.

El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena. Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se haba ido

a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Seplveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le haba dado el cargo de embaja-dor en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no haba conflictos, ni sobresalto con la dictadura cvi-comilitar de Jos Mara Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reempla-zado por el general Odlanier Mena. No fue fcil el cambio. Contreras haba acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se haban ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expres a Pinochet. El argumento ms contundente fue que no poda asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada deca expresamente que su director deba ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondi que no haba problemas, que dispondra inmediata-mente un cambio donde se dijera que el director podra ser un general en servicio activo o en retiro.

En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurri a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontr frente a frente con el general Mendoza que sala muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, slo escuch Odlanier, estamos discu-

tiendo sobre el hallazgo de Lonqun y la enorme conmocin pblica que este hecho produjo en el pas. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situacin yo mismo la desconoca.

Sorprendido, entreabri la puerta y vio que estaban el almirante Meri-no, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecn lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscan-do la forma de encubrir los crmenes.

Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algn momento surgi la idea de disponer de las instituciones para realizar la bsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del pas con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visin aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparicin.

La Operacin

A pesar de la detallada descripcin que Mena hace de esa reunin a la jus-ticia, respondi no tener ms antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la bsqueda de cementerios clandestinos. Fue el ministro Juan Guzmn quien logr esclarecer el curso que tuvo esa reunin y como se haba orde-nado la remocin de fosas a travs de la Operacin Retiro de Televisores.

El ao 2004, el juez Guzmn y el Departamento Quinto de la Polica de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que sealaba haber recibido un criptograma categora A1 nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misin mientras estaba en el Regimiento Hsares de Angol, el ao 1979.

El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del con-texto de la poca y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacos que ha-ban quedado tras la apertura de fosas en Liquie y otros puntos del pas.

Segn su declaracin, por la categora del criptograma haba corrido a la mquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provena del propio general Pinochet, lo llev en forma inmediata a la ofi-cina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresin que no olvid su texto y como si recin lo leyera le dijo al Juez que, ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros polticos ejecutados en la jurisdiccin del regimiento y hacerlos desaparecer.

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El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algn cuerpo tras esa operacin de limpieza en la zona, pasaran a retiro los oficiales a cargo de la misin.

Masacre de Mulchn

La orden comenz a ejecutarse en el Regimiento Hsares, pero su co-mandante record que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdiccin y llam al Regimiento de Infantera de Montaa Reforzada N17 de Los ngeles para comunicarles la orden que haban recibido.

Al da siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantera de Montaa N1 tres suboficiales del Departamento II de la III Divisin de Ejrcito, con asiento en Concepcin. Todos haban pasado por cursos en la Es-cuela de las Amricas y tenan especialidades en guerra contrainsurgente. Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y sub-oficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehculos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente haban establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde deban estar los cuerpos.

La tarea fue fcil, la tierra hmeda les permiti llegar a los cuerpos, que estaban a slo 50 centmetros de profundidad. Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra.

En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehculos y se enfilaron rumbo a Concepcin. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fue-ron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo haban hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos est la referencia a un oficial que les coment, mien-tras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que haba aprendido a incinerar cadveres en un curso que haba realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se deba preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante lea, agregando en for-ma permanente petrleo. Aconsejndoles que haba que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

La masacre de Mulchn ocurri entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 lleg la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traan una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron en-tregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 aos; Domingo Antonio Seplveda Castillo, 29 aos; Jos Edmundo Vidal Aedo, 20 aos; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 aos, y Jos Florencio Yez Durn, 34 aos. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del ro Renaico para ser ejecutados.

Al da siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acua, 20 aos; Daniel Al-fonso Albornoz Gonzlez, 28 aos; Alejandro Albornoz Gonzlez, 48 aos; Jos Guillermo Albornoz Gonzlez, 32 aos; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 aos; Manuel Florencio Rubilar Gutirrez, 25 aos; Jos Liborio Rubilar Gutirrez, 28 aos, y Jos Lorenzo Rubilar Gutirrez, 33 aos.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ah fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Ma-turana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearan unos a otros y los perdedores caeran bajo las balas. Siete fueron ejecutados framente, hacindoles cavar su propia tumba y obligndolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda. El nico que no fue ejecutado ese da fue Jos Guillermo Albornoz Gonzlez, a quien ataron a un coloso.

La ltima parada fue en el fundo Pemehue. Ah sacaron de sus casa a Felidor Exequiel Albornoz Gonzlez, 33 aos; Alberto Albornoz Gon-zlez, 41 aos, Jos Fernando Gutirrez Ascencio, 25 aos; Jernimo Humberto Sandoval Medina, 22 aos, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 aos. Aqu repitieron el mismo sadismo que haban desplegado en el fundo Carmen y Maitenes.

A la maana siguiente, el sargento del Ejrcito Luis Daz Quintana se dio cuenta de que Jos Guillermo Albornoz Gonzlez an estaba amarrado al coloso. Se acerc y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas san-grantes, la mandbula fracturada, sin haber comido en dos das, tumefacto por el agua nieve cada y sin agua. Junto al carabinero Jacobo del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del ro Renaico y lo asesinaron.

Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se

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apoder de la comunidad, se impuso la ley del ms fuerte y los familiares de las vctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor.

Impedidos por el temor que inspiraban los dueos de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegara hasta la eliminacin de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crmenes son el teniente de carabine-ros de Mulchn, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Daz Daz, alias Alicate, y Hctor Guzmn Saldaa. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmn Saavedra, Francisco Urrizola Elas, Ramn Elas Abella, Aquiles Guzmn Fritz, Car-los Lehman y un sargento del Regimiento de Montaa Reforzada N 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Hsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibi un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe. Ms de 20 aos despus, el teniente Pedro Andrs Rodrguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmn que el mensaje vena firmado por Augusto Pinochet y tena rdenes precisas de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los aos 1973 y 1974. Dicha reunin debera tratar de obtener de ese personal la informacin que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso especfico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compaa Minera Andina y, por lo mismo, deba saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clan-destinas, ya que de ser as se requera la exactitud de los lugares para proceder a la exhumacin y eliminacin de los cadveres.

Ms tarde ratificara sus dichos, sealando que la orden provena de la Segunda Divisin de Ejrcito, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del pas. Detall la forma en que se realiz la entrega de informacin, por parte de quienes saban de las inhumaciones de ejecutados polticos, e hizo nfasis en el carcter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron

a entregar informacin ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaracin, fue desestimada en su momento por considerarla que poda ser una operacin de inteligencia. Slo el 2004 se concluira que la Operacin Retiro de Televisores fue una decisin pensada y decidida a los ms altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El ao 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convoc a diferentes sectores a par-ticipar de una Mesa de Dilogo que permitiera recabar informacin sobre el destino de las vctimas del rgimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos huma-nos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el pas, acadmicos y representantes de gobierno. Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet.

El trabajo termin el 13 de junio de 2000, con la entrega del documen-to de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En l se recono-ca las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se estableca un rechazo absoluto al uso de la violencia como mtodo de accin poltica y un com-promiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliacin, facilitando, de ese modo, la entrega de informacin sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ros o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nom-bres, apellidos y la fecha de su muerte. Al Presidente Lagos se le entreg un informe que contena 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenan coordenadas y mapas de su ubicacin, lo que haca presumir que esos restos seran encontrados rpidamente.

Esta compleja situacin caus conmocin pblica, puesto que era el

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reconocimiento de la existencia de informacin sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se suma-ba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situacin, el presidente de la Corte Suprema, Hernn lvarez, decidi nombrar ministros en visita para esclarecer el des-tino de los detenidos desaparecidos.

En este marco se design a la jueza Amanda Valdovinos para que in-vestigara la informacin sobre la existencia de una caverna con 20 crneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledaas al predio que rodea a este recinto militar.

Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ah la ministra centr su trabajo de investigacin, junto a un equipo de antroplogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el rincn de los finados para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se haban enterrado restos sacados de otros lugares, la llev a determinar que no todos los restos exhumados se haban lanzado al mar y as lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo ao, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Rato-nes fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecan al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre apareca en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central.

Esto signific un nuevo descrdito de las Fuerzas Armadas, se las se-alaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a ms informacin que ter-min con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Area Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejrcito lvaro Corbaln Castilla y el oficial (r) del DINE Direccin de Inteligencia del Ejrcito Sergio Lpez Daz.

El ao 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicacin es-pecial para casos de derechos humanos Joaqun Billard conden a 600 das

de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejrcito, lvaro Corbaln Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejrcito, Sergio Lpez Daz, los conden a 10 aos de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres aos despus, la Corte Suprema rebaj las penas dejando slo con cumpli-miento de condena efectiva a lvaro Corbaln Castilla.

La Moneda

Cuatro meses despus de iniciada la bsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que haba sucedido ms de veinticinco aos antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excav una gran fosa en el rea norte de la zona de campaa y se recuperaron ms de 500 piezas seas, que correspondan a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de crneo y otras partes de cuerpos humanos, adems de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el ltimo trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de sep-tiembre de 1973 en La Moneda.

La jueza Valdovinos emiti un concluyente informe a la Corte Supre-ma. En l se hablaba de la violencia e irracionalidad que haba dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el rea de la fosa se poda concluir en forma categrica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos, por las incrustaciones de restos seos que haban quedado en las paredes del pozo. Tambin se refera a las huellas de maquinaria pesada en la exhumacin de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidi reestructurar las investiga-ciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombr a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos seos se inici la investigacin por exhumacin ilegal.

Uno de los testigos fundamentales en esta investigacin fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien particip en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco aos ms tarde gui la bsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la Operacin Retiro de Televisores.

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Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisin de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernn Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marc el lugar exacto donde se haban enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973. Una pala mecnica comenz a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ah apareci una barra de fierro que Cornejo de inmediato identific. La pala comenz a trabajar lentamente hasta que apareci el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidi la penetracin de oxgeno y el consiguiente proceso de descomposicin orgnico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeos fragmentos fueron quedando en la tierra, como negndose a desaparecer del todo. Lue-go sacaron los restos y los subieron a un camin Unimog. En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martn.

Cerca de las 22:00 horas lleg el helicptero del Comando de Aviacin del Ejrcito, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere Gonzlez, Luis Felipe Polanco y An-tonio Palomo Contreras, el mismo tro que llev al helicptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se pos cerca de donde estaban los sacos, rpidamente fueron subidos y el helicptero parti.

Al igual que en los casos anteriores, la Operacin Retiro de Televisores se haba concretado silenciosa y oportunamente. Se cumpla la orden del Comandante en Jefe del Ejrcito.

Era la concrecin de un crimen para ocultar otro, que se haba inicia-do el da 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contena rdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejrcito al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramrez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se dispona que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden.

Ramrez Pineda haba dado rdenes de aplicar el mximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas.

Eran 49 detenidos, al da siguiente se orden liberar a 17 funcionarios

de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda.

El da 13, a primera hora, se estacion un camin frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al ca-min. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvaln, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ros, Juan Montiglio Mura, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Hctor Pinchei-ra Nez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martnez, Hctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodrguez Riquelme, Jos Freire Medina y Luis Avils Jofr, quien haba llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camin se enfil hacia el norte, custodiado por vehculos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehculos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejrcito, cuyo rol en la represin post golpe fue determinante. l se encarg de supervisar las principales opera-ciones de exterminio cometidas a lo largo del pas, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia.

A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que es-taba junto a una construccin. Ah montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera Lpez y comenzaron a bajar a los detenidos, llamndolos por sus nombres. Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. En-frentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la sole-dad de los cerros. Cuando cay el ltimo detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo as el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo trnsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inici la investigacin sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigacin ha estado en las manos del juez del Quin-to Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas

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de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vsquez Plaza.

De las 21 vctimas, slo se ha logrado identificar a 11 detenidos desapa-recidos a travs del trabajo de identificacin de restos y a los anlisis gen-ticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras seas de las vctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramrez Pi-neda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante. Tambin se tramita en la justicia argentina la am-pliacin de la extradicin, porque inicialmente fue solicitada por los car-gos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al pas que da la extradicin un cambio de ella.

La resolucin afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejrcito confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvaln, Claudio Jimeno Gren-di, Oscar Lagos Ros, Juan Montiglio Mura, Julio Moreno Pulgar, Arse-nio Poupin Oissel, Julio Tapia Martnez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejrcito Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejr-cito Jorge Ivn Herrera Lpez, el Brigadier (r) de Ejrcito Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejrcito Eliseo Antonio Cornejo Es-cobedo, Jorge Ismael Gamboa lvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vi-cencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillera de Linares

El mismo documento con carcter secreto que recorri los cuarteles a comienzo de 1979 lleg a la Escuela de Artillera de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillera de Linares, teniente coronel Patri-cio Gualda Tiffani, orden formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dej encargado de esta misin al capitn Mario Gianotti Hi-dalgo. Este eligi a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente

Hernn Vjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misin. A ellos se sum un suboficial de Inteligencia de la III Divisin de Ejrcito que haba llegado junto a otros dos miembros de esa reparticin a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ro-pas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitucin a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del ro Maule. Las permanentes subidas del ro y las mareas haban cambiado un poco la fisonoma del terrno, por lo que les cost dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres crneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Es-cuela de Artillera.

Con la primera etapa de la misin cumplida, fueron a buscar un tam-bor metlico, le pusieron petrleo, luego metieron los cinco cuerpos, vol-vieron a regarlos con petrleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretara el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Sols haba iniciado las investiga-ciones en la zona del Polgono General Bari, que de acuerdo a los datos en-tregados por un ex conscripto haba existido una fosa comn con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y slo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar.

En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Sols, dict sentencia y fij condenas de 15 aos y un da para cinco incul-pados, y 10 aos y un da para un sexto inculpado por las desapariciones de Mara Isabel Beltrn Snchez, Jos Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Hctor Hernn Contreras Cabrera, Alejandro Rbin-son Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jos Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernab Yez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebaj las penas dictadas por el ministro Sols, absolviendo al general(r) Gabriel del Ro Espinoza, condena-do por la desaparicin de cinco personas, y condenando a cinco aos y un

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da de prisin con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejrci-to, Juan Hernn Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejrcito, Claudio Abdn Lecaros Carrasco, por la desaparicin de Mara Isabel Beltrn, Jos Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Rbinson Mella.

A cinco aos y un da de prisin con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejrcito, Antonio Aguilar Barrien-tos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejrcito, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados.

El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres aos de prisin con beneficio de la remisin condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas ms contundentes que se tena para demos-trar que Pinochet conoca las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crmenes si no est directamente implicado.

Chihuo

El 9 de octubre de 1973, los lugareos de Chihuo pensaban que lo peor del periodo haba pasado. Haban corrido como reguero las deten-ciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifn haba desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Currie.

Ese da parti una patrulla en siete vehculos y conformada por 90 mili-tares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde slo vi-van trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Re-gimiento de Caballera Blindada N 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transicin a la democracia.

A cargo estaba el comandante de escuadrn Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodrguez Olivares y Luis Rodrguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el te-niente Cristin Labb Galilea.

La patrulla recorri los poblados y caseros de la zona, leyeron nminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte particip activa y entusiasta el dueo del fundo Chihuo, Amrico Gonzlez Torres.

Sin ninguna vergenza, pidieron a los lugareos alambres y yuntas de bue-yes pasa arrastrar a los vehculos que se haban quedado pegados en el barro.

En la oficina de administracin de Currie, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla suba a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su ltima parada fue en Cha-branco, all detuvieron a los ltimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuo, donde se ensaaron con los trabajadores. Segn un testimonio recibido por la Comisin Rettig, a simple vista no haba impactos de balas, sino muestras de cortes, degellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tor-mentos imposibles de describir.

A la maana siguiente, un lugareo vio que haba unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las vctimas como trabaja-dores de la zona. Los cadveres permanecieron cerca de 15 das al aire libre y luego fueron enterrados.

Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acua Inostroza, Jos Orlando Barriga Soto, Jos Rosamel Corts Daz, Rubn Neftal Du-rn Ziga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Ca-amao, Narciso Segundo Garca Cancino, Juan Walter Gonzlez Delgado, Daniel Mndez Mndez, Sebastin Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Mndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodrguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jess Seplveda Rebolledo, Rubn Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrin Mora Gutirrez, que al ayudar a sacar un vehculo militar del barro vio que su padre iba en-tre los detenidos, preguntando a los militares a dnde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quera ir con su padre subiera al vehculo y as lo hizo.

A fines de 1978, un operativo militar volvi a Chihuo y desenterr los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos seos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros das de julio de 2011, el director del Instituto Mdico Le-gal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco perso-nas identificadas, Carlos Maximiliano Acua Inostroza, 46 aos a la fecha de su muerte, obrero agrcola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 aos a la fecha de su muerte, obrero agrcola; Daniel Mndez Mndez, 42 aos, obrero agrcola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodrguez,

Radio Universidad de Chile Los crmenes que estremecieron a Chile

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24 aos, jefe de fbrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jess Seplveda Rebolledo, 28 aos, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Mdico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entreg los pocos restos seos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y despus remo-vidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada Operacin Retiro de Televisores.

En enero de 2011 la Corte Suprema conden a 10 aos y un da al coronel (r) del Ejrcito Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad.

El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarra fue conde-nado a 3 aos y un da de prisin, por su calidad de cmplice de 4 secues-tros. El civil Bruno Esteban Obando Crdenas fue absuelto por no tener participacin en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las rdenes, result absuelto. En tanto el coronel (r) Jernimo Pantoja Henrquez, muri antes de la senten-cia de la Corte Suprema.

Los 17 trabajadores pertenecan al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayora eran creyentes evanglicos que se haban organizado para participar en la construccin de una vida ms justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejrcito cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese ao, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maip que sirvi para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. Tambin dice haber sido parte de la se-guridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asisti Henry Kissinger. Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pas a formar parte de la Brigada Caupolicn que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupacin Cndor.

Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarroll, slo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre Joel, Emilio Iribarren.

Pero el Pete el Negro, como era conocido en la DINA, tena toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represin indiscriminada, este hombre asesin al nio Carlos Faria de un disparo por la espalda y quem el cadver. En los aos 80 particip en el asesinato de Lisandro Sandoval.

El ao 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de In-formaciones, a cargo de la represin al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con lvaro Corbaln.

Recuerda que a comienzos de 1979, Jernimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibi la informacin que un cazador de conejos haba descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la informacin la haba entregado a la Vicara de la Solidaridad.

Ante la alarma, Pantoja lo envi a chequear el lugar, que era un pi-que de una mina, y comprob que era efectivo. Estaba lleno de roedo-res, murcilagos, restos putrefactos y haba olor en consonancia con los restos. Este olor habra alertado y alterado a los perros del cazador, y as habra llegado al lugar.

Con fotografa en mano lleg el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le orden que no se dinamitara la mina, y le orden que usara cido. Ante la dificultad que tena por desconocer el uso de qumicos, llam al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehun para informarle la si-tuacin. La delicada informacin hizo que Mena suspendiera sus vacacio-nes, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos. Para eso encomend a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza.

Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres das. Asegura no tener idea cuntos cuerpos haba, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros an conservaban tejidos blandos.

Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los ma-taron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos. Luego subieron los sacos a un camin y los llevaron hasta la parcela de Malloco que haba pertenecido a la Comisin Poltica del MIR. Finalmente, los res-tos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar.

La Operacin Retiro de Televisores cubri todo el territorio nacional y es la muestra ms clara de la poltica de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imper durante la dictadura militar.