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junio 2016el dipl, una voz clara en medio del ruido Capital Intelectual S.A.

Paraguay 1535 (1061)

Buenos Aires, Argentina

Publicacin mensual

Ao XVII, N 204

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JOS NATANSON FEDERICOVZQUEZDIEGO GENOUD DANIELWIZENBERGRENAUDLAMBERTIGNACIO RAMONET DELPHINELECOUTRESERGE HALIMI

Reuters

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Francia: las races de la luchaLa ola de protestas contra la reforma laboral impuesta por Franois Hollande y laemergencia de movimientos como Nuit Debout se remontan a una historia de luchas delos trabajadores para conquistar derechos sociales que hoy se encuentran amenazados.

Baptiste Giraudy Grard Noiriel

Pgs. 21 a 25

Dossier

LA SOMBRADEL DESEMPLEO

Luego de una dcada de mejoras en el mercadolaboral, regresa el fantasma de la desocupacin

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por Jos Natanson

Surgido a comienzos del siglo XIIa.C. como lengua semtica delsubgrupo cananeo, el hebreo so-brevivi como idioma litrgico delos judos, que segn el lugar de la

dispora en el que se encontraran podan ha-blar yiddish, rabe, alemn o ruso. Fue Elie-zer Ben-Yehuda, un joven profesor nacido enLuzhki, formado en Pars y emigrado a finesdel siglo XIX a Palestina, quien se propuso re-cuperar el hebreo, para lo cual cre una aso-ciacin, fund un peridico y llev su obse-sin al extremo de criar a su primer hijo ex-clusivamente en el viejo idioma, prohibiendoen su casa cualquier palabra en otra lenguay transformndolo as en la primera persona

con el hebreo como lenguaje materno en tressiglos. nico caso del mundo en pasar de es-crito a oral, el h ebreo fue adoptado junto alrabe como idioma oficial por el Estado deIsrael en 1948: la supervivencia de la lenguaatada a la de la Nacin.

Desde el punto de vista lexicogrfico, la ha-zaa de Ben-Yehuda tropez con numerososobstculos, entre ellos la obvia necesidad d enombrar objetos y fenmenos que no exis-tan en el hebreo antiguo, que hablaba de Dios,amor y guerra pero que no saba decir desodo-rante, automvil o desigualdad. Como un ciegoque se vale de la yema de los dedos para defi-nir el contorno exacto de lo que tiene enfrente,el lenguaje titubea en su bsqueda de palabras.

Y por ms que las nuevas tec nologas aceleren

el proceso de aparicin y proliferacin de nue-vos trminos, sobre todo importados del ingls,todava, en algunos casos, la lengua se detie-ne, expectante: si no encuentra la expresin esporque est frente a algo nuevo.

Antes, por ejemplo, lo decamos bien claro:golpe de Estado (trmino que, quiz debido a lalarga historia de estabilidad institucional bri-tnica, no tiene traduccin al ingls se usa elgalicismo coup, aunque s, por supuesto, alalemn putsch). Pero ahora, cuando nos re-ferimos a los desplazamientos irregulares depresidentes en Honduras, Paraguay y, ms re-cientemente, Brasil, no encontramos la palabraadecuada, y caemos en expresiones adjetivadasy autocontradictorias como golpe institucio-nal, golpe parlamentario o golpe suave.

En todo caso, y ms all de las definiciones,lo cierto es que el impeachmenta Dilma Rous-seff sumado al triunfo de Mauricio Macri enArgentina, la derrota de Evo Morales en el re-ferndum constitucional boliviano y la pre-caria situacin venezolana confirman queAmrica Latina est cambiando. Finalizado elsuper ciclo de los commodities, con la econo-ma estancada y la sensacin de haber alcan-zado un pico distributivo, los gobiernos del

giro a la izquierda concluyen o tambalean enun clima que mezcla la expectativa ante el as-censo de una nueva derecha con un cierto har-tazgo social exacerbado por el plus de d rama-tismo de las denuncias de corrupcin.

En este marco, los realineamientos geopo-lticos, e incluso la posibilidad de una refor-mulacin profunda de la integracin regional,han dejado de ser un fantasma invocado porantiimperialistas alucinados para convertir-se en una alternativa cierta. Sobriamente p erosin dudarlo, el gobierno macrista decidi re-conocer al nuevo presidente brasilero, MichelTemer, descartando en el camin o otras opcio-nes posibles: podra haberse sumado a Vene-zuela, Ecuador y Bolivia, que calificaron de

golpe de Estado el impeachment a Dilma y senegaron a aceptar al nuevo presidente. Tam-bin podra haber consensuado con Uruguayy Paraguay la aplicacin de la clusula demo-crtica del Mercosur y suspendido a Brasil delbloque, aunque, incluso en el improbable ca-so de que la hubiera considerado, era una ju-gada extremadamente riesgosa: Brasil es unpas demasiado importante para excluirlo sinmayores costos, como sucedi en su momen-to con Paraguay; por otro lado, parece difcilque el gobierno paraguayo hubiera aceptadosumarse. Por ltimo, la Cancillera argentinapodra haberse mantenido mnimamente ensilencio, dejando al gobierno de Temer en unaespecie de limbo diplomtico, como hicieron,entre otros, Chile y Uruguay.

Por pragmatismo o conviccin, Macri acep-t el cambio de gobierno y hasta recibi conun entusiasmo apenas disimulado al cancillerJos Serra, con quien, dijo, intercambi ide asacerca de cmo me jorar el Mercosur. Pocosdas antes, el ministro de Hacienda y Finan-zas, Alfonso Prat-Gay, haba festejado el des-plazamiento de Dilma como una oportunidadpara reformular el bloque, en una lnea a laque luego se sumaron otros funcionarios.

El riesgo es concreto, y consiste en queavancen los planteos que sugieren dejar de la-do el diseo de unin aduanera para avanzaren un Mercosur flexible que asuma la for-ma de un simple acuerdo de libre comerci o,una distincin que parece tcnica pero que es-t en el c orazn de la disputa poltica actual.

Qu significa exactamente? Bajo un acuer-do de libre c omercio, los bienes y serviciosproducidos por uno de los socios de l bloquepueden venderse libremente en los dems, esdecir que se eliminan las barreras comercia-les internas. Los ejemplos ms c ercanos sonel NAFTA formado por Canad, Mxico y Es-tados Unidos y la Alianza del Pacfico que in-tegran Chile, Per, Colombia y Mxico. Unaunin aduanera, en cambio, suma a la libe r-

tad comercial intra-bloque la presencia de unarancel externo comn: un bien o servicio pa-ga la misma tarifa si ingresa por la frontera decualquiera de los socios. A diferenc ia de losacuerdos de libre comercio, que solo apunt ana crear mercados ampliados, la unin aduane-ra se propone una articulacin ms profunda,en la medida en que impide a sus integrantesnegociar bilateralmente con terceros pas es ylos empuja a coordinar polticas comercialesy, ms ambiciosamente, productivas comu-nes. El ejemplo ms logrado es, por supuesto,la Unin Europea.

Cada alternativa tiene su razn y su lgica.Y como la p ol tic a est hecha me nos de dis -cursos e ilusiones que de poder e intereses,

detrs de ambas se esconden diferentes eco-nomas, sociedades distintas y factores de po-der contrastantes. Simplificadamente, aque-llos pases que cuentan con estructuras pro-ductivas limitadas tienden a construir econo-mas de orientacin aperturista, que les per-mitan exportar esos productos en generalrecursos naturales ampliamente demandadosen el mercado internacional a la mayor can-tidad de destinos posibles, y al mismo tiempoimportar sin costos aadidos todo aquello queno pueden fabricar localmente. De este modose inclinarn, casi naturalmente, por procesosde integracin abiertos.

Es el caso de los pases que integran laAlianza del Pacfico, entre los que se d estacaese gran malentendido latinoamericano que

es Chile, cuyas principales exportaciones, se-gn los ltimos datos oficiales (1), estn com-puestas por cobre y derivados (57 por cien-to!), seguido por frutas, pescado, papel y ce-lulosa. Esto ha llevado a Chile a firmar trata-dos de libre comercio con, literalmente, mediomundo: Estados Unidos, China, Canad, M-xico, Centroamrica, C orea del Sur, Noruega,Suiza, Bruni, Nueva Zelanda, Singapur, Pa-nam, Colombia, Per, Japn, Australia, Tur-qua, Malasia y Liechtenstein.

Este tipo de economas primarizadas yabiertas y, en algunos casos como el chileno,muy dinmicas contrasta con la realidad depases como Brasil y Argentina, que con to-dos sus problemas, nudos y desenlaces hanlogrado preservar o reconstruir entramados

industriales relativamente diversificados, de-dicados a abastecer el mercado interno conproductos de consumo pero tambin generarinsumos de base e incluso de bienes de equi-po: Argentina es potencia regional en la pro-duccin de tractores y cosechadoras y Brasilcuenta con la tercera fbrica de aviones msimportante del mundo. En trminos genera-les, la industria explica el 17 por ciento del PBIargentino y el 16 del brasilero, contra apenas 11

Integracina la Macri

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del chileno y 7 del peruano (2). El aopasado, por ejemplo, se produjeron600 mil vehculos en Argentina y casi2,5 millones en Brasil, bastante menosque los aos anteriores pero muchosms que, por volver al ejemplo, Chile,que importa todos los autos y camio-nes que circulan por el pas.

La decisin original de construir alMercosur como una unin aduanera apunta-ba a proteger con un arancel externo nico losfrgiles sectores industriales de los socios, co-sa que no ocurrira si cada uno pudiera firmartratados comerciales de manera unilateral.Este objetivo, concretado solo a medias, venaacompaado de otro, que, salvo algunos reg-

menes especiales como el automor, definitiva-mente no se logr: avanzar en una integraci nque permita mejorar la productividad por vade la construccin de economas de escala. Ensuma, y ms all de la larga lista de p endientes,el debate en apariencia tcnico acuerdo de li-bre comercio versus unin aduanera encierrauna discusin ms profunda acerca d e los gra-dos de proteccin econmica, el rol del Estadoy el papel que desempean la industria y el va-lor agregado en la economa.

Se trata, en definitiva, de modelos de desa-rrollo diferentes, para sociedades distintas.Quizs la apuesta a la apertura exportadorapueda ser la correcta para Chile, situado a laspuertas del Pacfico, bastante homogneo, conmenos de 17 millones de habitantes y el cobre

como principal riqueza nacional, aunque lasdificultades de los ltimos gobiernos sugierenque el modelo ha encontrado un lmite. Pero undiseo de este tipo seguramente resulte insufi-ciente para sociedades ms grandes y comple-

jas como la argentina o la brasilera. Por supues-to, una industria desarrollada y pujante suponesalarios ms altos, sindicatos ms poderosos y,casi siempre, ms conflicto polt ico. Es esto loque est en juego en Amrica Latina, que estcambiando en una direccin que no queremosdescribir apelando a expresiones oxidadas tiporestauracin conservadora o, peor aun, re-volucin libertadora, pero que ciertamentenos despierta crticas y temores y a la que re-cin le estamos buscando las palabras.g

1.Direccin General de Relaciones Econmicas

Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.Datos de la Cepal.

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Las primeras medidas del gobierno interi-no de Michel Temer desmienten su natu-raleza precaria. A pesar de que surge deun proceso institucional por dems cues-tionado y sin la legitimidad democrtica

que slo dan los votos, Temer parece dispuesto a dar ungiro de 180 grados. Ni bien asumi, el presidente en fun-ciones cambi todo el gabinete, donde slo hay hom-bres blancos, sin mujeres ni rasgo alguno de la diversi-dad tnica y social tpica de Brasil. El diputado OsmarTerra, nombrado como ministro de Desarrollo Social yAgrario, se llev puesta lo que pareca una vaca sagrada:anunci que el programa Bolsa Familia necesitaba deun peine fino y eliminar hasta el 10% la actual planillade beneficiarios. El gobierno tambin anunci recortespresupuestarios varios, cierre de ministerios, el uso del

Fondo Soberano para el pago de deuda externa y unabaja abrupta de los prstamos del BNDES, piedra an-gular del desarrollo interno brasileo.

Pero los cambios no son slo fronteras adentro. Elnuevo canciller, Jos Serra, quien enfrent y perdicontra Lula (2002) y Dilma (2010) es un cruzado an-ti-Mercosur, al menos en su formato actual. Un aoatrs, desde su banca en el Senado, haba pregunta-do: Saben qu es una unin aduanera? Es una re-nuncia a la soberana de la poltica comercial. En lareciente visita a Argentina reafirm aquella posturay propuso al gobierno de Mauricio Macri un Mer-cosur flexible, donde cada uno pueda negociaracuerdos comerciales por s solo con terceros.

A primera vista podra parecer una oportunidadms por marcar diferencias con la poltica lulista. Sinembargo, que Brasil vea a la integracin regional como

un limitante de su soberana interna en vez de comoun impulso a su protagonismo internacional da vueltaun consenso ms largo. Fue el propio Fernando Hen-rique Cardoso quien no slo consolid el Mercosur enla segunda parte de los noventa sino tambin quiensent por primera vez a los presidentes de Amricadel Sur en una misma mesa, all por el ao 2000.

Aunque se lo reconozca poco, esa cumbre fue elantecedente de lo que una dcada despus tomarael nombre de UNASUR. Una misma lnea de accinatraviesa los aos de Fernando Henrique, Lula y Dil-ma: Brasil slo puede ser un jugador internacionalrelevante si se presenta como el lder de toda la re-gin. Ese anhelo tena, adems, una traduccin ma-terial en la expansin regional de las grandes empre-sas brasileas en sintona con el gobierno. Algo quetambin parece en franco retroceso a partir del es-

cndalo del petrolo, que no slo acorrala en lostribunales a Lula y otros polticos del PT sino que lle-v a prisin nada menos que al dueo de Odebrecht,emblema de la empresa brasilea globalizada. Endefinitiva, lo que est en crisis en Brasil es una estra-tegia de desarrollo nacional de largo plazo, con con-secuencias impredecibles para sus vecinos.g

*Periodista. Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur

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Editorial

Brasil,el destino deSudamrica?

por Federico Vzquez*

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El modelo es McDonalds?

La discusin acerca del mercado de tra-bajo est ms presente que nunca, apesar de lo cual su diagnstico gene-ra ms dudas que en ningn otro mo-mento. Las aproximaciones en gene-ral estn teidas hasta el mnimo de-

talle de la disputa ms amplia entre el kirchnerismoy el macrismo, entre los que acusan de no crear em-pleo en los ltimos cinco aos y ocultar la desocupa-cin mediante empleo pblico y los que denuncianque vienen por tu empleo luego de que se crearan 6millones de puestos de trabajo. Desde estas miradas,cualquier dato o argumento nuevo es resignificado demodo de reforzar la lgica argumental de unos y otros.No es novedoso: como ensea la sociologa, las ideolo-

gas y los intereses de clase determinan la percepcin.Aqu no nos proponemos derribar ideologas ni

prejuicios sino intentar desandar los argumentos, ex-poner la evidencia y evaluar si la realidad laboral quevivieron amplios sectores de la sociedad en los ltimosaos y que viven en la actualidad est ms cerca de unavisin o de la otra. La informacin permite llegar a cua-tro conclusiones bsicas que analizaremos a lo largode la nota. Una: el nivel de empleo ha sufrido un ajus-te significativo desde el triunfo del macrismo, aunque

por Jos Antonio Oviedo*

Un anlisis del mercado laboral y la visin del gobierno

los datos son todava insuficientes para determinar sumagnitud exacta. Dos: desde fines de 2002 se crearonmillones de puestos de trabajo, mayormente formalesy con derechos, pero entre 2007 y 2011 este aumentofue voltil, y desde 2012 se hizo ms dbil, aunque sindestruccin de empleo durante las crisis. Tres: el pro-blema del empleo pasa por la economa y no por la ins-titucionalidad laboral, es decir las leyes y las normasque rigen el mercado de trabajo. Y cuatro: el macrismotiene un enfoque neoliberal para la economa, que yaest implementando, y uno similar para el mundo la-boral, que le va a resultar ms difcil implementar.

En este ltimo aspecto interviene una enseanzade la razn peronista que el kirchnerismo parece ha-ber olvidado: ms all de la ideologa y los relatos estn

los hechos, y aunque algn macrista pueda soar conun mercado de trabajo totalmente desregulado al estilonorteamericano o neozelands, el contexto social, cul-tural y poltico argentino no permitir llegar a eso.

Los datosLas encuestas del INDEC permitan medir la evolu-cin del empleo, el desempleo, el empleo asalariado noregistrado y la pobreza; ninguno de estos ndices podrconocerse hasta que se retome la publicacin de los da-

tos, lo que posiblemente desencadene un debate sobresu credibilidad. Si apenas se conoci la intervencindel INDEC se cuestionaban slo los datos de pobreza,pronto los indicadores laborales tambin empezaron aponerse en duda. En relacin al desempleo, por ejem-plo, muchos creen que es mayor que el ltimo ndiceinformado en 2015: 5,4% para el total urbano medidopor la Encuesta Anual de Hogares Urbanos. El porcen-taje evidencia un llamativo descenso, de 1,6 puntos por-centuales, respecto al ao anterior, considerando quela serie de los ltimos cinco aos mostr valores que sehaban ubicado entre el 6,6% y 7,4% y que nunca habanvariado, para arriba o para abajo, ms de medio punto.Los relevamientos comparables, como el que elabora elGobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muestran valo-

res diferentes a los del INDEC.En este marco, algunos temen que el apagn es-

tadstico ordenado por el gobierno de Macri seautilizado para que, cuando se reinicie la publicacinde los datos, se modifique el nuevo punto de partidadibujando una realidad ms negativa. De este modo,la intervencin del INDEC durante el kirchnerismono slo ha dificultado la discusin sobre la evolu-cin de la economa y el trabajo no se sabe a cien-cia cierta qu pas con el PIB, los precios, el desem-

DossierLa sombradel desempleo

Aunque las estadsticas son confusas, el panorama del mercado laboral confirma una

baja de los niveles de empleo desde la llegada del macrismo al gobierno, que contrastacon la mejora al comienzo sostenida, ms lenta luego durante la dcada anterior. Elriesgo es que el gobierno apele a las herramientas de los 90 para enfrentar el problema.

M.A.f.I.A

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pleo o la pobreza sino que puede funcionar comoun cheque en blanco para el macrismo.

Entonces, con qu tipos de datos contamos? Da-da la situacin del INDEC, los datos oficiales provie-nen del Ministerio de Trabajo a travs de dos fuentes:la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y los da-tos de empleo privado registrado en el Sistema Inte-grado Previsional Argentino (SIPA) elaborados porel Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial(OEDE). Se trata de los mismos datos que usaba elkirchnerismo para defender su gestin y que los fun-cionarios del actual gobierno tambin tomaron comociertos. El jefe de Gabinete, Marcos Pea, y el ministrode Trabajo, Jorge Triaca, han recurrido a ellos en msde una oportunidad. En una conferencia de prensa del25 de abril, por ejemplo, Pea cit ambas fuentes paraexplicar que no estamos ante una situacin de emer-gencia (laboral) en Argentina, mientras que Triacahabl de datos objetivos y concretos (1).

El problema es que ambas fuentes captan slo una

parte del universo laboral, el empleo privado registra-do. La EIL una encuesta por muestreo, es decir quetiene margen de error estadstico considera empre-sas de 10 empleados y ms en 8 grandes aglomeradosurbanos. Los datos del SIPA incluyen a toda la pobla-cin asalariada privada registrada y no tienen margende error porque provienen de las declaraciones quehacen los empresarios a la AFIP, con el CUIT de susempresas y con el CUIL de sus empleados: de ah sa-len los aportes y contribuciones que se recaudan y lue-go se distribuyen a la ANSES, las obras sociales y a lasAseguradoras de Riesgo de Trabajo. Esta informacin,originalmente administrativa, puede transformarseen datos a ser analizados estadsticamente. En este ca-so, los errores pueden deberse a problemas en la con-feccin de las declaraciones de los empresarios, pue-den ser tardas uno, dos, tres meses y puede haberrectificativas que cambian lo ya declarado.

Los datos de empleo pblico son ms complicados.En las encuestas y censos estn incluidos, pero si sequiere mayor precisin en su evolucin y detalle sobresus caractersticas se requieren otros registros. Lo mssimple, un SIPA del empleo pblico registrado que con-sidere los aportes de los trabajadores del sector, simple-mente no existe: hay 13 provincias que tienen su propiacaja jubilatoria y no informan al SIPA, as como tampo-co lo hacen las Fuerzas Armadas y de seguridad nacio-nales. Los datos del universo de empleo pblico que ses declarado a la AFIP (alrededor del 50% del total) sondifundidos por el INDEC y a veces se usan en los me-dios. El problema es que no contemplan a monotribu-tistas contratados directamente ni a los contratados atravs de universidades u otras modalidades flexibili-zadas que tambin se utilizan en el Estado. Otra fuenterelevante es la que usa el ministro de Modernizacin,

Andrs Ibarra, que publica el Ministerio de Haciendatrimestralmente, pero corresponde solo a los emplea-dos bajo la rbita del Poder Ejecutivo Nacional.

Finalmente, los datos de despidos, aquellos queen general se escuchan en los medios, provienen deconsultoras, centros de investigacin frecuentemen-te con afinidades partidarias explcitas, cmaras em-presariales y sindicatos. Estos datos se construyenen general con informacin de prensa y en algunoscasos mediante contactos directos con cmaras, sin-dicatos y empresas. De aqu surgieron en distintosmomentos los informes que sealaban entre 100 mily 150 mil despidos desde el cambio de gobierno. Estetipo de informacin, que se elabora muy velozmen-te, tiene la ventaja de sumar empleo pblico y pri-vado de todo el pas, pero su consistencia es menorque la de las otras fuentes. Por ejemplo, no registrael nmero neto de trabajadores despedidos, es de-

cir el resultado de aquellos que perdieron su trabajoy se reincorporaron luego de procesos de negocia-cin, porque la visibilidad meditica de los despidoses mayor que la de las incorporaciones.

Claves de lecturaCuanto peores datos tenemos tanto ms sutil tiene queser la interpretacin. Cualquiera que haya ledo los an-lisis sobre el tema se habr preguntado qu tan difcilpuede ser decir si, al final, el empleo subi o baj.

ahora, no continan la serie de puestos sino que publi-can trabajadores (que pueden tener ms de un puesto).

Esto est reflejado en la segunda columna del cuadro.El cambio de criterio nos lleva a la necesidad de esti-mar una nueva serie, reflejada en la tercera columna.

La evolucin discursiva del macrismo, quizs vin-culada con una ampliacin de sus crculos de socializa-cin, pas de denunciar la destruccin de puestos detrabajo durante el tramo final del kirchnerismo a ad-mitir que el empleo creci, pero poco. Para reforzar laidea de estancamiento, el gobierno afirma que el em-pleo aument pero menos que la poblacin que buscatrabajo. As se concluye que desde 2012 el empleo cre-ci slo 0,5% en promedio por ao. Como el aumentode la poblacin fue de 1,2% al ao, segn el argumentode los funcionarios macristas, la economa kirchneris-ta no lleg a crear los puestos de trabajo necesarios paracubrir el aumento de la gente en edad de trabajar.

Fue realmente as? El empleo creci menos que lapoblacin empleable? La columna de datos estimados

(tercera del cuadro) fue hecha para esta nota siguien-do el nuevo criterio de medir trabajadores en lugar depuestos, pero no toma los datos de marzo que son per-tinentes para la comparacin 2015-2016, pero un pobrereflejo de lo ocurrido en varios aos sino el promedioanual. Se evala tambin la variacin porcentual anualde empleos y poblacin (que estimamos ms alta). Laconclusin es que, entre 2010 y 2015, la poblacin cre-ci 1,3% y el empleo 1,7%. O sea que, contra lo que sos-tiene el gobierno, si se reconstruye la serie de maneracorrecta, se confirma que el empleo aument ms quela poblacin (empero corresponde aclarar que si se ob-servara la evolucin arrancando un ao despus, en2011, el valor de los empleos caera al 1%).

Entonces, ms all de que se podra jugar con es-tos nmeros de diferentes maneras, algunas conclu-siones parecen claras: en los ltimos aos, aunque noen todos, se cre empleo privado, y en varios de ellosa una tasa igual o mayor que la del crecimiento pobla-cional. Y en el ltimo ao del kirchnerismo, es decir2015, se cre bastante: el stock de trabajadores ocupa-dos en empleos privados registrados creci un 1,9%.

Estos son los datos objetivos y concretos de losque hablaba Triaca, que deberan conducir a otrodiagnstico que quizs necesite medidas y polticaspblicas diferentes. Si desde 2002 se crearon 3 millo-nes de puestos bajo la actual institucionalidad laboral,con las leyes de trabajo vigentes, y si en ese perodo elempleo no registrado baj del 48% al 33%, ser nece-sario avanzar en una revisin del marco regulatorio,por ejemplo mediante planes de flexibilizacin?

Despejada esta duda, pasemos al siguiente punto.Estamos ante una situacin de emergencia ocupa-cional, como argumentaron desde el peronismo a lahora de defender la ley de doble indemnizacin? El

gobierno sostiene que no, que slo estamos transitan-do la misma mediocridad de los ltimos aos. Los da-tos que llegan a la prensa son ms drsticos. El infor-me de conflictos laborales de la consultora Tenden-cias Econmicas de mayo de 2016, por ejemplo, sos-tiene: Los despidos sumaron 139.396 trabajadores,nivel mayor en 48 veces al de los 4 primeros meses de2015. De ese total, 99.247 ocurrieron en el sector pri-vado, principalmente en la construccin, y 40.149 enel sector pblico nacional, provincial y municipal. Lassuspensiones sumaron 38.101 y superaron en 3,3 vecesa las de un ao atrs, y los paros fueron mayores en 2,6veces a los del primer cuatrimestre de 2015. El CE-PA, de simpata kirchnerista, estima 154 mil despidosy suspensiones entre diciembre y abril.

Se condicen estos datos con los de otras fuentes?Sobre el empleo pblico la falta de informacin actua-lizada impide la comparacin. Pero tampoco es sen-

cillo con los datos de empleo privado: el SIPA y la EILno informan sobre el nmero de despidos. Con SIPAse puede estimar que hay 26 mil empleos menos: esun valor neto, resultado de una creacin y destruccinde empleo mucho mayor (puede ser, entonces, quehaya habido 100 mil o ms despidos, pero tambinhubo creacin de puestos de trabajo que, en parte, locompensaron). La EIL, que como sealamos es unaencuesta oficial realizada en empresas, publica unatasa de despedidos respecto al stock de ocupados

Fuentes: Puestos de Trabajo: SSPTYEL-MTEYSS Boletn de EmpleoRegistrado Serie Anual 2014; Trabajadores oficial: SSPEEL-MTEYSS:Situacin y Evolucin del Trabajo Asalariado en el Sector Privado.Datos a marzo de 2016; Trabajadores estimado: elaboracin propiacon base en el Anexo estadstico publicado en el informe previo.

Qu pas con el empleo?Evolucin del empleo privado registrado en el SIPA.

Variaciones porcentuales de puestos 1996-2014, de

trabajadores ocupados marzo 2012-marzo 2016 y

promedio anual 2009-2015 (comparacin entre datos

publicados oficialmente y estimaciones propias)

AO

PUESTOSDE TRABAJO

TRABAJADORES

Var. %per. ant.(prom.anuales)

Var. % per.ant.(marzo)

Var. % per.ant. (prom.anuales)

Oficial Oficial Estimado

1997 8,9%1998 6,8%

1999 -0,9%

2000 -1,3%

2001 -1,9%

2002 -10,1%

2003 5,8%

2004 12,2%

2005 12,2%

2006 9,5%

2007 8,6%

2008 6,1%

2009 -1,4%

2010 2,5% 2,3%

2011 4,8% 4,6%

2012 1,3% 1,3%

2013 0,8% 0,4% 0,7%

2014 0,1% -0,2% 0,0%2015 1,7% 1,9%

2016 0,2%

Promedio 2010-2015 1,7%

Promedio 2012-2016 0,5%

La primera cuestin es preguntarse por la fecha.Datos de cundo? La mayora se qued en 2015. Los

ltimos datos de SIPA-OEDE, por ejemplo, corres-pondan a febrero de 2016, y recin a fin de mayo sepublicaron los de marzo; los de la EIL refieren al pri-mer trimestre de 2016. Y en ninguno de los casos, co-mo ya sealamos, incluyen al empleo pblico.

Otra complejidad es que el mercado de trabajo cam-bia con las estaciones, es decir que tiene estacionalidad:siempre hay ms empleo en el cuarto trimestre de unao que en el primero. Por eso se recomienda hacercomparaciones interanuales, entre perodos iguales dediferentes aos, enero vs. enero o primer trimestre con-tra primer trimestre (o, si hay datos anuales completos,comparar promedios de un ao contra los del siguien-te). Mirar la tasa de desempleo del cuarto trimestre y ladel primero del ao siguiente comparar por ejemploel final del kirchnerismo con el comienzo del macris-mo es incorrecto si no se desestacionalizan los datos.

Pero, adems de los perodos, tambin hay que

considerar la dinmica del mercado de trabajo: tasasbrutas, netas, altas y bajas de empleo, desvinculacio-nes y despidos. La rotacin es muy alta, sobre todo endeterminadas edades jvenes y en determinadossectores productivos construccin, es decir quecada mes entra mucha gente a trabajar y cada messale mucha gente de trabajar. Por ejemplo en la EIL,en cada trimestre, tanto las entradas como las salidasrepresentan algo ms del 2% del stock. Es necesarioconsiderar el resultado neto.

Qu pas?Los datos de SIPA-OEDE informan que la cantidad depuestos de empleo privado registrado es de algo msde 6,5 millones. Como muestra el cuadro, a partir de2003 el crecimiento porcentual fue sostenido, salvo en2009 por efecto de la crisis. Tambin se ve cmo, a par-tir de ese ao, el aumento se desaceler. La serie ter-mina en 2014 porque los nuevos datos publicados, por

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de 0,7% en promedio para el primer trimestre de2016. Esto implicara 66 mil despidos en un trimestre,

33 mil sin causa, 10 mil finalizaciones de contratos aprueba y 23 mil finalizaciones de obras en construc-cin. Pero los datos de la EIL sostienen que esto ocu-rre de manera semejante todos los aos, es decir, esparte de la dinmica habitual del mercado de trabajo.Por qu en un caso hay explosin y en el otro estabi-lidad? Sin duda requiere de un anlisis y de disponibi-lidad de datos que exceden a esta nota, pero puedenplantearse algunas razones: hay cierto desfase entrelos anuncios de despidos y su concrecin en una liqui-dacin final, lo que podra hacer que los informes delas consultoras y los medios se adelanten al SIPA. Losdespidos habituales vinculados al fin de una obra deconstruccin antes no eran noticia porque otra obraabsorba ese empleo y eso hoy no ocurre. Y, en el casode la EIL, hay zonas muy afectadas que no estn den-tro de su rea de cobertura, que considera slo empre-sas de ms de diez empleados en solo ocho ciudades:

por ejemplo las industrias de Tierra del Fuego, lospetroleros del sur, los empleados de comercio de LaPampa y obreros de la construccin de todo el pas.

Tambin debe recordarse que hay otros posiblesdespidos o prdidas de trabajo que no se cuentan portratarse de empleo no registrado o cuentapropismo, s-lo captable a travs de encuestas a hogares. Ya suenanvoces de alerta de algunos analistas y dirigentes sobreesta problemtica, que advierten que el ajuste del con-sumo de los asalariados formales como consecuenciade la cada del salario real y la reasignacin de gastos,por ejemplo de esparcimiento, est golpeando de llenoen la demanda de trabajo del sector informal.

Quinle teme al lobo feroz?Analizados los nmeros, nos detenemos ahora en unode los sectores ms golpeados, el empleo pblico, por-que puede ilustrar algo del ideario macrista sobre el tra-bajo. Suele recurrirse, para describir el lugar que ocu-pan algunos funcionarios en sus reas de competencia,a la metfora del zorro en el gallinero, aunque respectoa los despidos de empleados estatales conviene apelara otro cuento infantil. Los tres chanchitos hicieron trescasas: una de paja, otra de madera y otra de ladrillo. Lossimpatizantes del macrismo y, en el otro extremo, loscrticos del kirchnerismo por izquierda responsabili-zan por los despidos a las condiciones de precariedaden la que se desempeaban los empleados del Estadonacional, mediante facturas, convenios con universida-des y contratos a trmino, con concursos convocadostardamente (2). El kirchnerismo haba construido ca-sas de paja o de madera, pero no de ladrillo. El problemade este argumento es que olvida al lobo.

Porque, ms all de la precariedad, la verdaderacuestin es por qu el macrismo decidi despedir a

miles de empleados pblicos. Por qu lo anunciabaorgulloso el ministro de Modernizacin? Haba, en lavisin del macrismo, tres grandes fantasmas: uno es elaumento de este tipo de empleo, otro es el incremen-to del gasto pblico y el ltimo es el combo oqui-LaCmpora. Sin caer en visiones ingenuas, porque du-rante cambios de ministros, incluso del mismo par-tido, suele haber cambios de funcionarios y hasta decuadros tcnicos de confianza, lo cierto es que las for-mas usadas para identificar a estos militantes polti-cos fueron despreciables y, seguramente, ilegales.

Pero adems, con esa excusa, legtima ante los ojosde muchos periodistas y buena parte de la opinin p-blica, se eliminaron reas enteras con trabajadores detodo tipo y todo color poltico. Claramente molestabanms las tareas que se desarrollaban con parte de esteempleo y el gasto pblico que implicaba que otro tipode funciones, lo que remite a la ideologa ms amplia de

cul es el rol del Estado en la sociedad y en la economa.

De ideologas y de hechosEl kirchnerismo puso al trabajo en el corazn de su po-ltica econmica y machacaba con la centralidad de ins-tituciones laborales, el empleo en blanco con aportes ycontribuciones. Los salarios eran vistos como una va-riable clave para dinamizar la demanda interna y enviarseales de inversin a los empresarios. Carlos Tomada,por doce aos ministro de Trabajo, destacaba que las

pragmtica de la correlacin de fuerzas sociales, pa-ra no enfrentar a los sindicalistas o para no irritar a la

sociedad, lo cierto es que el gobierno no ha propuestoiniciativas de flexibilizacin de la legislacin laboral alestilo de los 90. Pese a ello, algunas seales son preocu-pantes: el trabajo que se quiere crear, es, otra vez, cual-quier trabajo? Los cinco mil puestos de McDonaldscon salarios por debajo del mnimo 4.500 pesos, sub-sidiados por el Estado y anunciados en otra conferenciade prensa por Pea y Triaca, difcilmente ayuden a en-frentar la pobreza. Segn la Direccin de Estadsticasde la Ciudad, un varn de 25 aos dueo de su viviendanecesitaba en abril 5.044 pesos para no ser pobre (3):como es evidente, ninguno de los futuros trabajadoresde McDonalds podr escaparle a la pobreza, y menosaun si no dispone de vivienda propia. Pero hay ideolo-ga y hay hechos, y quizs, chocando contra la realidad,este tipo de ideas vaya quedando en el camino.g

1.Tlam, El Gobierno present datos sobre empleo:

No hay una situacin de emergencia, 25-4-16.

2.Aun as, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, donde hubo ms

de 250 despidos, hubo tres grandes tandas de concursos, la primera

en 2010 y la ltima en 2015. Como en todos los ministerios, se revisan

esos concursos y en algunos casos, mientras tanto, se ha echado de su

cargo precario actual a personas que haban concursado y ganado.

3.Se hace esta comparacin porque la CABA publica canastas de 5

hogares tpicos y no canastas por individuo. Si fuera un matrimonio

compuesto por una mujer y un varn, ambos de 35 aos, activos, con dos

hijos varones de 6 y 9 aos y propietarios de la vivienda el monto sera

14.771, si alquilan hay que agregar 3.527 pesos. Sin dejar de resaltar la

importancia de estas estadsticas, ntese que, inslitamente, hablan de

matrimonios, desconociendo no slo la cambiante realidad social, sino

sus propios datos que muestran que las uniones de hecho en la Ciudad

son hoy la norma entre las parejas de personas de menos de 45 aos.

*Politlogo.Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur


Las aspiraciones de igualdad avanzan inexora-blemente, observ Alexis de Tocqueville conterror religioso y realismo sociolgico en suvisita a Estados Unidos. A esa tendencia hist-rica la llam democracia y la declar irreversi-

ble. En virtud de tal irreversibilidad desaconsej cual-quier tipo de resistencia a esta ola de la historia, pero

s alert sobre la necesidad de suavizar un riesgo: quela tirana de las mayoras ahogue la potencia innova-dora de las minoras destacadas; que la democraciadesemboque en mediocridad, apagando la minoritariaexcelencia del refinamiento aristocrtico. Estiro el ra-zonamiento: la desigualdad contiene una externalidadvirtuosa al elevar el techo creativo de la sociedad. Unasociedad de iguales, desde esta perspectiva, sera irre-mediablemente ms chata. Invocando tales tensionesentre mayoras y minoras me acerco a la tan discutidapublicidad de Chevrolet, Meritcratas, que pinta unmundo competitivo en el que cada uno se destaca por elesfuerzo, el xito y las ganas de tener y poder.

La industria de la publicidad ha sido analizada co-mo productora de necesidades artificiales, orientada agestionar deseos y adulterar conciencias. Los publicis-tas convalidan con cinismo semejantes poderes. Elamor? Lo invent yo para vender medias de mujeres

exagera el Don Draper deMad Men. Tal perspectivadesconoce un aspecto menos ambicioso del tema: en lamayora de los casos las publicidades, ms que condu-cir los deseos, intentan interpretarlos, y ms que alterarel rumbo de los climas culturales, aspiran a reflejarlos.

La publicidad de Chevrolet despert impugnacionesde quienes, armados de Chomsky y Bourdieu, desnu-daron la anatoma contradictoria de los principios me-ritocrticos. El debate es interesante, pero prefiero otraaproximacin: considerar a la publicidad como hiptesis

y abordarla no desde las ruidosas crticas que caus sinodesde las silenciosas adhesiones que suscit. La arqui-tectura de este tipo de campaas empieza con diagns-ticos ambientales que alumbran claves de poca y luegoatraviesa testeos que examinan la eficacia retrica. Enconsecuencia, su llegada a la tanda seguramente super(como buen meritcrata) diferentes obstculos.

Qu plantea la hiptesis Chevrolet? Que Argen-tina no slo transita por el primer semestre de un nuevogobierno sino que ha inaugurado un nuevo ecosistemaideolgico. El pndulo de Hirschman por el que lassociedades alternan perodos signados por el resurgi-miento de lo pblico y de lo colectivo con etapas msreplegadas sobre lo privado, teidas por valores indi-vidualistas y distinguidos por una dbil pulsin par-ticipativa habra pasado al otro lado. Meritcratasplantea que la hegemona simblica kirchnerista cuyosigno ms visible fue el giro estatista de Macri en plenacampaa comenz a derretirse, y que en su reempla-zo asoma una nueva constelacin de valores. Apoyadasobre esta lectura, la publicidad legaliza el derecho adestacarse, a llegar o querer llegar aunque no todos lle-guen o merezcan llegar.

La opinin pblica es un campo de batalla y lacorrelacin de fuerzas simblicas pareciera haber

cambiado. Pero conviene no precipitar conclusionesdefinitivas: el estatismo igualitarista es un rasgo pro-fundamente sedimentado en el subsuelo de nuestracultura poltica. Nos gusta competir y destacarnos.A quin no? Pero tambin queremos estar juntos, yaque, otra vez Tocquevile, los seres humanos le te-men ms a la soledad que al error. g

*Socilogo, director de Ibarmetro.Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur

Un nuevo clima de pocapor Ignacio Ramrez*

mejoras del mercado laboral permitan abandonar laidea de que cualquier trabajo era bueno. Se poda en-

tonces buscar, exigir o luchar por mejores condicionesy salarios. Los datos muestran el incremento del em-pleo registrado en distintos colectivos laborales, nue-vas leyes con derechos, mejoras del salario real y, comocontracara, la persistencia de elevados niveles de em-pleo asalariado no registrado y cuentapropismo infor-mal. Los datos de distintas encuestas, oficiales o priva-das, sitan en un tercio de los asalariados el primer pro-blema y en ms de la mitad de los ocupados el segundo.

Frente a esta realidad de avances y temas pendien-tes, el macrismo pone el foco en las debilidades del mer-cado de trabajo heredado, acusa al kirchnerismo de ha-berle dado la espalda a la informalidad, propone crearempleo de calificacin media y baja con la obra pblicay fantasea con empleos hipercalificados en sectores depunta y alta productividad. Como qued demostradoen los noventa, el liberalismo considera al costo laboralargentino como altsimo y est dispuesto a ayudar a los

empresarios a bajarlo mediante un camino sencillo: re-ducir aportes, desregular, flexibilizar. La propuesta deley de primer empleo elaborada por el macrismo se ba-sa en el primero de estos tpicos. Nuestro lobo se vistede cordero y habla de felicidad, de oportunidades paratodos y de sacarle a cada uno el pie del Estado de enci-ma para que pueda alcanzar sus sueos; el Estado co-mo obstculo ms que como promotor o garante. Hoysabemos que para salir de la pobreza hay que crear tra-bajo, y que para eso hay que crecer, y antes invertir, ypreviamente sincerar la economa: devaluacin, bajade retenciones, aumento de los servicios pblicos. Elsinceramiento de tarifas, por ejemplo, cunto daopuede hacer a la produccin y al empleo?

Pero estamos en Argentina, y existen actores polti-cos y sindicales que podrn hacerle notar que se tratade un camino sin salida. Hasta ahora, por una lectura

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El sindicalismo al desnudo

Un factor de poder que sobrevi-vi a todo y se revitaliz duran-te los ltimos 12 aos frente aun nuevo poder poltico que ga-n las elecciones cuando pocoslo esperaban. Los trabajadores

argentinos sindicalizados frente al primer presi-dente que no es peronista y l lega a la Casa Rosadadesde el mundo empresario. La pelcula podra sertaquillera y tendra como protagonista principalal gremialismo si no fuera por las divisiones y lostraumas que arrastra.

La devaluacin del 40%, los despidos y el tarifa-zo que marcaron los primeros meses de MauricioMacri potenciaron el cuadro de demandas insatis-fechas de los asalariados, entre las que se destacan eldeterioro del poder adquisitivo frente a la inflacin,el impuesto a las ganancias y el trabajo en negro.

Con el fondo de u na fenomenal transferenciade ingresos que afect el salario real, el sindicalis-mo argentino debut en la calle con una moviliza-cin multitudinaria por el Da del Trabajador que

por Diego Genoud*

Dirigentes y bases sindicales en la era macrista

lo confirm como interlocutor social y evidencisu fortaleza, pero al mismo tiempo mostr sus di-ferencias de criterio.

La aspiracin a la unidadEl veto del Presidente a la ley antidespidos sanciona-da por el Congreso volvi a dejar a la dirigencia desnu-da. Mientras que las dos CTA respondieron con el lla-mado a un paro nacional, las tres CGT acentuaron suproceso de introspeccin que, en el mejor de los casos,redundar en una conduccin nica durante el pero-do que va del Comit Central Confederal del 3 de ju-

nio al Congreso normalizador del 22 de agosto.El movimiento obrero disperso no tiene una es-

trategia comn frente al debate social en estos me-ses de ajuste. Tenemos que recuperar la unidad dela CGT para superar los movimientos tcticos y pen-sar en el mediano y largo plazo, dice Hctor Daer, elsindicalista de Sanidad que acta en su doble condi-cin de diputado nacional y mano derecha de CarlosWest Ocampo, emblema de los Gordos. Daer fueelecto en 2013 con la boleta por el Frente Renovador

pero el debate de la ley antidespidos lo alej del cam-pamento de Sergio Massa. Su nombre es uno de losque suenan para encabezar la nueva conduccin dela CGT en una frmula de unidad que incluya a sulado a un representante del ala moyanista: el comba-tivo Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra oJuan Carlos Schmid, el histrico compaero de Mo-yano que hoy lidera la poderosa CATT, la cmara querene a los gremios del transporte.

Hugo Moyano, el jefe de la CGT Azopardo duran-te la ltima dcada, parece replegarse hacia el mun-do del ftbol y dejar su tarea en manos de su hijo ma-

yor. Despus de haber activado cinco paros nacio-nales contra Cristina Kirchner y de haber apoyado aMauricio Macri en el ltimo turno electoral, no esta-r a cargo de la ofensiva contra su gobierno.

El sindicalismo est hiperfragmentado. La di-visin es mucho ms profunda de lo que pensamos.Hay una ruptura poltica interna que es f uerte yeso no permite avanzar hacia espacios de unidad.La unificacin de la CGT puede ser formal pero noimplica que puedan avanzar juntos, dice la soci-


El actual escenario de inflacin, despidos y tarifazos empuj a las centrales sindicales a la

calle y las confirm como interlocutoras sociales. Pero este protagonismo, al mismo tiempo,dej al descubierto sus propios lmites: la fragmentacin entre las centrales dificulta elplanteo de un plan de lucha unificado y las muestra desorientadas frente al nuevo gobierno.

M.A.f.I.A.

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loga e investigadora del Conicet Ana Natalucci, de-dicada al estudio del proceso de revitalizacin del

sindicalismo peronista en los ltimos aos.La unidad de los dirigentes tambin parece dar-se en el campo de las dos CTA. Despus de tenerposturas antagnicas durante la era kirchnerista,Pablo Micheli y Hugo Yasky volvieron a actuar enconjunto como la variante ms dinmica del sindi-calismo. Sin embargo, la historia reciente los separay los pone en situaciones muy distintas ante sus ba-ses. Tenemos profundas diferencias pero supimosdejarlas de lado en funcin de las necesidades delos trabajadores, repite Micheli, principal abande-rado de la unidad y promotor de un paro nacionalde todas las centrales sindicales contra el gobiernode Macri que, por ahora, parece muy lejos.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Pala-zzo, es uno de los que creen que la anunciada nuevaconduccin unitaria ser, sobre todo, un producto dela rosca y que no saldar las diferencias polticas.

Heterogeneidad laboral y polticaEl movimiento sindical parece desorientado ante unPresidente que en pblico se muestra ms amable queCristina Kirchner, pero que tampoco cede a sus re-clamos. Aunque los recibe, los convoca al Consejo delSalario y no los ataca en sus discursos, Macri vet laley antidespidos en cuestin de horas. La reforma delimpuesto a las ganancias, la gran promesa electoral deCambiemos para el sindicalismo, sigue afectando a lostrabajadores mejor pagos. El impuesto golpea msahora que antes, por lo menos en mi actividad, don-de pasaron a pagar ms de 20 mil bancarios que antesno pagaban. Los que tuvieron una solucin temporal,ahora con el acuerdo salarial estn pagando lo mismoque en diciembre, incluso ms, dice Palazzo.

La Bancaria tiene afiliados a 70 mil de los 106 miltrabajadores bancarios que hay en el sistema y, segnsus estimaciones, hoy 80 mil tributan Ganancias. Elgremio firm una de las paritarias ms altas desde quecomenz el ao 35 % en una sola cuota y fij el sa-lario inicial en 20.500 pesos por mes. El mnimo noimponible de un soltero est en 18.800 pesos, es decirque todo soltero que ingres a trabajar est afectado.

El sindicato que obtuvo el aumento salarial ms al-to del ao fue, por tercer ao consecutivo, el de Acei-teros, que conduce Daniel Yofra. La ofensiva del go-bierno nos agarr en un momento de mucha debili-dad. El pedido de las cinco centrales de una ley anti-despidos lo demuestra. Pedirles a los polticos que tesalven con una ley es como pedirles a los abogados quenos resuelvan los problemas. La herramienta funda-mental de las centrales es la huelga, dice. Enroladodentro de la CGT de Moyano, Yofra se pregunta porqu, en lugar de delegar el freno a los despidos en el

Congreso, las centrales sindicales no llamaron a unplan de lucha. La respuesta tiene que ver con esa debi-lidad frente al nuevo gobierno que, si algo parece ha-ber heredado del anterior, es su carcter decisionista.

Con cuarenta y ocho aos, el sindicalista aceiteroencabez en 2015 un paro de veinticinco das contralas grandes cerealeras en el polo oleaginoso de Rosa-rio que concluy con un incremento salarial del 36%.El principal escollo para el acuerdo no fueron las em-presas multinacionales del sector que segn estimael gremio, cada da muelen 100 mil toneladas de sojay obtienen una ganancia de 2 millones de dlares. Elmayor obstculo fue la postura del entonces ministrode Trabajo, Carlos Tomada, que tena la misin de fi-jar un techo paritario y no dudaba en tratar a los acei-teros de desestabilizadores. Hoy, en un contexto dis-tinto, Yofra sigue pensando que uno de los traumasdel sindicalismo es que los dirigentes se alinean, an-

tes que con sus representados, con los partidos polti-cos. La ley antidespidos sera una seguridad para loslugares de trabajo en los que no hay gremios. Si estndespidiendo trabajadores privados y estatales, la pre-gunta es por qu los gremios involucrados no hacenparos para defenderlos, seala Yofra.

Los casos de los bancarios y los aceiteros contras-tan con la realidad de los metalrgicos, que cerraronuna paritaria del 35% pero en tres cuotas. Los afilia-dos de Antonio Cal cobran un sueldo promedio que

es apenas la mitad del que perciben los de Palazzo yYofra. Esa heterogeneidad laboral tambin se tradu-

ce en diferencias polticas. Con despidos en su sec-tor, Cal tiene una postura ms moderada, herenciade un tiempo en el que como jefe de la CGT kirch-nerista predicaba a favor de conservar el empleo acambio de resignar mejoras para sus trabajadores.

Despus de un acto masivo que entusiasm a mu-chos, el veto de Macri reactiv la imagen de una di-rigencia sindical que todava duda acerca de culesdeben ser su rol y su estrategia. Tanto la marcha del29 como la ley que aprob el Congreso sirvieron paraplantearle demandas al poder, opina Daer. Frente alos que creyeron que la concentracin en el Monu-mento al Trabajo era el punto de partida de un plande lucha, la discusin en el Congreso se desarroll apuertas cerradas, sin presencia sindical en la calle.Eso facilit la tarea del Presidente.

Si en los aos noventa el MTA del camionero Mo-yano y el colectivero Juan Manuel Palacios encarn

la corriente ms combativa del sindicalismo pero-nista, hoy el nico sector que se perfila para ocuparun lugar similar es el de la CATT. Sin embargo, allconviven dirigentes como Schmid y el joven moya-nista Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, con otroscomo Omar Maturano y Roberto Fernndez, de unatradicin bastante ms viscosa. Decisiva en los pa-ros de los ltimos cuatro aos, la CATT todava nomovi sus fichas durante el gobierno de Cambiemos.

Nuevos dirigentes, viejas estructurasMientras los dirigentes dudan y buscan reagrupar-se, por abajo se profundiza un recambio generacio-nal. Los sindicatos hoy tienen ms afiliados, msdelegados y ms recursos econmicos. Sin embar-go, Yofra sostiene que la fuerza no surge de la can-tidad de gente, ni de la recaudacin de sus aportes:La fuerza te la da la conciencia que puedan tenerlos trabajadores, obviamente ligada a los logros quealcance la organizacin.

Para la sociloga Natalucci, una de las mayorestransformaciones del ciclo kirchnerista estuvo en lasbases. Hay organizacin, actividad de base y dirigen-tes ms jvenes que incluso estn en las comisionesdirectivas y empiezan a reactivar algunas discusiones.Pero eso todava no cristaliz en ninguna forma orga-nizativa nueva. En el mediano plazo empezar a no-tarse, pero en el corto plazo est todo bastante compli-cado. No veo mucho nimo de lucha, dice.

El mismo da de abril en que las centrales sindica-les se congregaron en el Monumento al Trabajo, seprodujo un hecho histrico en las fbricas Pirelli deMerlo, Bridgestone Firestone de Lavallol y FATE deSan Fernando. La izquierda gan en un frente ni-co y por primera vez un sindicato industrial a nivel

nacional, el sindicato del Neumtico, que durantelos ltimos diecisis aos estuvo en manos de PedroWasiejko, el adjunto de la CTA de Hugo Yasky.

Con cuarenta aos de edad y doce como opera-rio de FATE, el electo secretario general AlejandroCrespo del SUTNA explica las razones del triunfo dela lista combativa. Haba un gremio inmovilizadofrente a las acciones del gobierno anterior que ata-caban a los trabajadores como el impuesto a las ga-nancias y la ley de ART en un sindicato que afron-ta graves situaciones por las condiciones de trabajo.Mientras los compaeros vean la inaccin de la con-duccin kirchnerista, vean lo que pasaba en el SUT-NA San Fernando que ya diriga FATE, dice Crespo,que adems es miembro del Partido Obrero y de laCoordinadora Sindical Clasista. Ganar en un gre-mio industrial es doblemente complicado. Hay mspersecucin, hay ms control de la patronal, las bu-

rocracias son ms duras y el laburo es menos estable.Cuando las empresas detectan que existe algn tipode organizacin, empiezan con los despidos. Esto esproducto de muchos aos de organizacin, agrega.

Crespo coincide con el aceitero Yofra en que laley antidespidos slo hubiera tenido xito si venaacompaada de la accin gremial. Las cpulas sin-dicales tienen que empezar a mostrar fuerza antelos despidos; si no lo hacen las patronales no van adejar de despedir, sostiene.

Aunque por supuesto se trata de un fenmenoincipiente, no deja de ser sintomtico: dirigentes

de una nueva generacin que son electos en gre-mios industriales y deciden mantenerse dentro delas centrales sindicales existentes.

Una agenda ampliaLa democracia sindical, que incluye un lmite de dosmandatos en los cargos, es un reclamo que crece ycuenta incluso con el respaldo de algunos sectoresde la CGT. Despus de cuatro aos de acercar posi-

ciones y coordinar accio-nes, Pablo Micheli asegu-ra que Moyano padre hoyest de acuerdo con la li-bertad sindical.En los momentos de ma-yor confrontacin conMoyano, el gobierno deCristina amag con im-

pulsar una reforma pa-ra democratizar los sin-dicatos. Pero eso nun-ca se concret. Todavahoy son mayora los gre-mios en los que, cuandose quieren organizar, lasempresas desactivan el

proceso con el despido de los candidatos a delega-dos e incluso de los delegados electos. Siguen exis-tiendo las patotas, las persecuciones a los que quie-ren hablar en asamblea y no existe la democraciaobrera. Nosotros vamos a reformar el estatuto pa-ra que los trabajadores puedan elegir y presentarsecomo candidatos, cuenta Yofra.

La agenda del movimiento sindical es amplia. Aldrama de los despidos se le suman problemas estruc-turales que el gobierno anterior no resolvi, como eltrabajo en negro, el impuesto a las ganancias, el sis-tema de tercerizados, la democracia sindical y la de-manda de un salario mnimo vital y mvil que igualeal costo de la canasta bsica familiar que hoy duplicaa los 8.060 pesos que se fij en la reunin de mayo delConsejo del Salario. Hay otro tem, que para la cpu-la cegetista tiene tanta o ms importancia: la deudadel Estado con el sistema de las obras sociales quehoy asciende a 29.700 millones de pesos y que la ges-tin Macri promete regularizar.

Despus de doce aos de gobierno kirchnerista ysegn los ndices oficiales, la informalidad laboral semantuvo en torno al 34%. Si uno de cada tres trabaja-dores sigue relegado a las condiciones de trabajo de ladcada del 90 y si el empleo no crece, la discusin pa-sar a ser otra. As como la CTA se encarg de repre-sentar a los trabajadores desocupados en los aos me-

nemistas, hoy es la Confederacin de Trabajadores dela Economa Popular (CTEP) la que se propone ocu-par un lugar similar, como portavoz de las generacio-nes que no lograron ingresar a la formalidad laboral:trabajadores independientes, informales y cooperati-vistas. Organizaciones kirchneristas y no kirchneris-tas conviven detrs de una consigna ambiciosa: reco-nocimiento sindical de la CTEP y paritarias popularespara pelearle a la inflacin. Si el sindicalismo no pue-de pensar que hay nuevas formas de trabajo y que notodo es trabajo formal asalariado, va a tener una repre-sentacin muy restringida, apunta Natalucci.

Con un Moyano desgastado y distrado con elftbol, el liderazgo capaz de representar a todoslos trabajadores est vacante. El sindicalismo tieneun lugar central en la discusin que viene, pero es-t desorientado por un gobierno que se mueve enbase a una lgica que todava le resulta indescifra-

ble. Si los tironeos entre el moyanismo, el kirchne-rismo y el massismo que se vieron en la discusinpor la ley antidespidos se mantienen, Cambiemosver adems facilitada su tarea. Si, como todos re-piten, se ponen finalmente por delante los intere-ses de los trabajadores y se interpretan las necesi-dades de las bases, la pelcula puede ser otra.g

*Periodista. Le Monde diplomatique, edicin Cono Sur

El sindicalismo

hoy est

hiperfragmentado.

La divisin es

mucho ms

profunda de lo que

pensamos.

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Entre la derechay la derecha

Derecha reaccionaria o ultraliberal? Tales son las opciones que

se presentan a los peruanos en la segunda vuelta de la eleccin

presidencial el 5 de junio. El escenario actual es el resultado de una

campaa marcada por las irregularidades y el fraude, pero tambin

de una historia que condujo a la izquierda a una posicin de debilidad.

Nuevo gobierno en Per

por Amanda Chaparro*

En los suburbios de Lima, losmuros estn cubiertos con afi-ches electorales naranjas, el co-lor del movimiento Fuerza Po-pular de Keiko Fujimori. Se la

ve triunfante, con una amplia sonrisa. Lahija del dictador Alberto Fujimori (vaserecuadro) y ex primera dama del pas (1)obtuvo una amplia mayora en el Congre-so, el 10 de abril pasado, da de las eleccio-nes legislativas y de la primera vuelta de laspresidenciales. Su promesa? El regresodel orden. Su rival en la segunda vuelta esPedro Pablo Kuczynski, quien representaal ala ms dogmtica de la derecha liberal.

Una democracia debilitadaMs all de la hegemona de las agru-paciones conservadoras, tanto menosdiscutida cuanto que molesta poco a losmedios de comunicacin, la campaa es-tuvo marcada por irregularidades y sos-pechas de fraude. Un mes antes de la vo-tacin, el Jurado Nacional de Elecciones(JNE), la ms alta instancia electoral,excluy de la carrera al economista JulioGuzmn y al millonario Csar Acua alprimero, por vicios de forma en el cum-plimiento de las reglas de inscripcin delos partidos; al segundo, por haber dis-

tribuido dinero a comerciantes en difi-cultades, simpatizantes, en concepto deayuda humanitaria. Segn las encues-tas de opinin, estos candidatos de cen-troderecha podan aspirar a reunir jun-tos un cuarto del electorado.

Esta decisin provoc un sismo po-ltico y sembr clera y confusin en elpas, dejando a millones de electores sinun candidato de su preferencia. Los cin-co integrantes del JNE aseguran haberaplicado la nueva ley electoral de ma-nera rigurosa. Vigente desde enero de2016, cuando la campaa ya haba co-menzado, esta ley prohbe la donacinde dinero u obsequios por un valor supe-rior a 20 soles (aproximadamente 5 eu-ros). Por qu entonces no la aplicaron

con el mismo rigor a los dems candi-datos acusados de hechos similares, co-mo la favorita Keiko Fujimori?... sealansus detractores. El 14 de febrero pasado,Keiko asisti a un evento cultural en elcual don dinero a los participantes.

La legitimidad del escrutinio se veafectada. La Organizacin de los Esta-dos Americanos (OEA), a travs de su se-cretario general Luis Almagro, teme el

La nica que propone un proyecto al-ternativo es la franco-peruana VernikaMendoza, joven congresista de 35 aos.A la cabeza del Frente Amplio, una coa-licin heterclita de movimientos de iz-quierda, logr un avance espectacularlas ltimas semanas antes del escruti-nio que permiti imponer temticas de

izquierda (como la renegociacin de loscontratos de explotacin del gas) has-ta entonces ausentes del debate. Con el17,8% de los votos y veintiuna bancas enel Congreso, lleg tercera en la prime-ra vuelta y se impuso como la principalfuerza de oposicin en el Parlamento.Una sorpresa, cuando la ideologa del li-beralismo econmico es hegemnica enPer. El historiador Antonio Zapata (3)no duda en calificarlo de pas de dere-cha, recordando que el nico poder deizquierda de la historia contemporneafue el del gobierno militar de Juan Ve-lasco Alvarado (1968-1975), autor de lareforma agraria y la nacionalizacin delos sectores estratgicos.

La autodestruccin de la izquierdaVarias razones explican la debilidad his-trica de la izquierda. Comenzando porla difcil renovacin de su discurso mar-xista-leninista tras la cada de la UninSovitica. Los aos de violencia durantelas dcadas de 1980 y 1990 terminaronde destruirla. Su posicin ambivalentefrente al movimiento maosta de Sende-ro Luminoso (4) empa durante mu-cho tiempo su imagen, mientras queel fujimorismo rompi sus estructuraspartidarias y sus anclajes locales, a me-dida que el poder persegua a dirigentespolticos y sindicatos, explica la polit-loga Stphanie Rousseau.

La eleccin del ex militar OllantaHumala en 2011 con un programa pro-gresista pudo hacer creer en el regresode la izquierda. Una ilusin que durpoco. Abandonando rpidamente suspromesas, Humala eligi el camino dela continuidad co n sus predecesores.Termin su mandato rechazado, conapenas el 20% de opiniones favorablesy una minora en el Congreso. Tal comolo refleja la desintegracin de su parti-do, el Partido Nacionalista Peruano, nisiquiera en condiciones de proponer uncandidato para las presidenciales. Bajosu presidencia, el pas tuvo siete jefesde Gabinete en cinco aos, debido espe-cialmente a su incapacidad para resol-ver los numerosos conflictos sociales yambientales (5), que en su mayora en-

frentaban a las poblaciones locales conlas industrias mineras.Mientras que su eslogan de campaa,

El agua antes que el oro, deba ser elleitmotivde su accin poltica, Humalase dedic en cambio a apoyar todas lasgrandes obras mineras, especialmenteel mayor proyecto de extraccin de orodel continente, en Conga, en el norte delpas, y el de explotacin del cobre en TaMara, en la regin de Arequipa. Y aunpeor, la represin de los movimientossociales y la criminalizacin de las pro-testas lo hicieron quedar como un trai-dor a los ojos de sus antiguos seguidores:sesenta y seis personas murieron duran-te protestas bajo su presidencia, y otrasmiles resultaron heridas (6).

Si bien algunos analistas le recono-cen avances en educacin (becas de es-tudios, reforma universitaria) y progra-mas sociales (pensin por vejez, am-pliacin de la cobertura de salud), ascomo una reduccin del ndice de po-breza, que pas del 27,8% al 21,8% entre2011 y 2015 (7), el balance es muy pobreen lo que respecta a la buena salud eco-nmica de estos ltimos aos. Su man-

desarrollo de elecciones semidemocr-ticas (tweetdel 1 de abril de 2016). Unamala noticia para el pas, que se alegra-

ba del inicio del cuarto proceso electoraldesde 2001. La campaa revela en cam-bio las debilidades de la democracia pe-ruana, envuelta en casos de corrupcin ycon instituciones deficientes. Lo que noayudara a recuperar la confianza de losciudadanos en su sistema, que ya se ubi-ca en los niveles ms bajos del continen-te (2). Y con razn. En 2014, ms de uncentenar de candidatos a las elecciones

regionales y municipales estaban acusa-dos de tener vnculos con el narcotrfico(una decena fueron condenados).

La batalla para permanecer en la ca-rrera electoral ocup casi todo el espa-cio meditico estos ltimos meses, ha-ciendo que prcticamente se olvidaranel programa y el perfil de los candida-tos, con diferencias ideolgicas pocomarcadas. Fujimori, Kuczynski, los expresidentes Alan Garca y AlejandroToledo defienden orientaciones econ-micas muy cercanas.

Facetas I, 2015, Luis Felipe No (Gentileza Galera Rubbers Internacional)

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dato, en el mejor de los casos, pasar in-advertido, seala el analista polticoSantiago Pedraglio.

Herencia fujimoristaHumala enfrenta un creciente descon-tento frente a la delincuencia (8), el nar-cotrfico (9) y el resurgimiento local de

grupos de Sendero Luminoso. Lo queconstituye la fuerza de Fujimori, percibi-da como la mejor posicionada para com-batir la criminalidad. La reaparicin delapellido ilustra para algunos la amnesiacolectiva que sufrira Per: Alberto Fu-jimori abandon el poder en 2000, y losms jvenes no vivieron los aos de auto-ritarismo. Para muchos de ellos, su nom-bre no evoca nada; para otros, est asocia-do a la lucha contra el terrorismo.

Egresada de la Universidad de Colum-bia de Nueva York, Keiko Fujimori ingre-s al Congreso en 2006; en 2010, fund supartido. Para llegar a la segunda vuelta yampliar sus bases, tradicionalmente cir-cunscriptas a los sectores populares delnorte del pas y la costa (especialmente de

la capital), puso en marcha un operativode seduccin manteniendo su discurso defirmeza respecto de la seguridad ciuda-dana; promete especialmente el regresode la pena de muerte y la construccin decrceles de mxima seguridad.

Decepcionada por el fracaso de la cam-paa de 2011, cuando haba defendido n-tegramente la herencia paterna, esta vezse distanci pblicamente de ella. Se de-dic a brindar una imagen menos conser-vadora y autoritaria, y a encarnar una de-recha ms liberal y democrtica, sin dudaren deshacerse de la vieja guardia del fu-jimorismo, como Martha Chvez, ex pre-sidenta del Congreso. Para su comunica-cin, recibi el asesoramiento del publi-cista Jacques Sgula del grupo Havas.

En septiembre ltimo, invitada a laUniversidad de Harvard en Estados Uni-dos, sorprendi a todos los observadoresdeclarndose a favor de la unin civil depersonas del mismo sexo (a la que mstarde se opuso), lo que gener la renunciade algunos dirigentes del partido. Una es-trategia que culmin en el debate televisi-vo anterior a la primera vuelta, durante elcual hizo en directo su profesin de fe, ju-rando que respetara incondicionalmentela democracia, la libertad de prensa y losderechos humanos.

Pero su estrategia de seduccin dejaescpticos a muchos peruanos, que s-lo ven all puro oportunismo. El ncleoduro del fujimorismo an est all , y sus

miembros siguen estando muy cerca delos sectores ms reaccionarios, como el

Opus Dei y las organizaciones evangli-cas ultraconservadoras. Si bien condenen Harvard algunos errores de su pa-dre, como las esterilizaciones forzadas,evit calificarlas de delitos o crmenes yjams reneg de su herencia. En 2011, se-gua declarando que su gobierno haba si-do el mejor de la historia del Per.

Frente a ella, Pedro Pablo Kuczynski,de 77 aos, intenta presentarse como elgarante de la democracia contra el autori-tarismo, lo que no carece de irona, ya quehaba acompaado a la candidata en 2011para ponerle un freno a Humala, percibi-do como una amenaza para los inversoresprivados. De padres judos europeos queemigraron a Estados Unidos y luego a Pe-r, ministro de Economa durante el go-bierno de Toledo, el ex banquero de WallStreet propone un programa econmi-co similar al de su adversaria: promocinde las inversiones privadas, reduccin deimpuestos, flexibilizacin de trmites ad-ministrativos, etc. Esto en un contexto dedesaceleracin del crecimiento, luego dems de una dcada de aumento, con un

promedio del 6%. En efecto, el pas depen-de fuertemente de las materias primas,que representan el 60% de las exporta-ciones: en 2015, era el segundo productormundial de plata, el tercero de zinc y co-bre, el sexto de oro, sin olvidar las explota-ciones de gas y petrleo. Poco industriali-zado, Per sufre la reciente cada de las co-tizaciones. Kuczynski apoya as toda unaserie de megaproyectos, que van desderepresas hidroelctricas hasta aeropuer-tos, pasando por explotaciones mineras,lo que hace temer un agravamiento de losconflictos con las poblaciones locales.

Es el candidato de las lites y los em-presarios, cuya conferencia anual (CADE2015) lo consagr con el 84% de aproba-cin, superando ampliamente a todos losdems candidatos; Fujimori llegaba en se-gunda posicin. Sin embargo, tendr di-ficultades para sumar al interior del pas.Muchos no le perdonan sus dichos racis-tas respecto de los habitantes de los An-des, a los cuales les reprochaba en 2006 notener demasiado oxgeno en el cerebro.Si resulta electo, deber transigir con elfujimorismo, que actualmente controla elCongreso (73 congresistas de 130).

Cualquiera sea el candidato que gane,el horizonte poltico y econmico no de-bera cambiar demasiado estos prximosaos. La diferencia consistir en saber siser o no autoritario.g

1.Fujimori se inici en la poltica junto a su

padre, de 1994 a 2000, con el estatuto de primeradama, tomando el papel de su madre.

La dcada FujimoriCORRUPCIN, AUTORITARISMO, NEOLIBERALISMO

A

lberto Fujimori dirigi el pasde 1990 a 2000, con el apoyode su mano derecha, el muy

influyente Vladimiro Mon-tesinos, director del Servicio de Inteli-gencia Nacional (SIN). Actualmente enprisin, ambos cumplen una condenade veinticinco aos por crmenes de le-sa humanidad y corrupcin.

Tras haber asumido el poder en uncontexto de crisis generalizada, el pro-fesor Fujimori, de origen japons, asu-mi la direccin de un pas en decaden-cia. Tena una inflacin rcord (cercadel 2.000%) y estaba sumido desde ha-ca diez aos en la guerra popular de-clarada por Sendero Luminoso. Fujimo-ri hizo de la lucha contra el terrorismosu prioridad. En abril de 1992, provocun autogolpe de Estado; su gobierno seencamin hacia un rgimen autoritario.

En el plano econmico, aplic el Fu-jishock, un programa de inspiracinneoliberal que implementaba las tradi-cionales recetas del Fondo MonetarioInternacional (desregulacin, privati-zaciones, menor intervencin de los po-deres pblicos).

La dcada Fujimori estuvo tambinmarcada por una corrupcin vertigi-nosa (1), que involucr a todos los nive-les del Estado, y quedara en la memo-ria como el peor sistema clientelista enel poder, la mafia fujimontesinista. Apartir de 2000, una ola de procesos ju-diciales condenara a decenas de perso-nas por corrupcin, entre ellos, los mi-nistros del Interior, Defensa, Economa,

Agricultura, el jefe de las Fuerzas Arma-das y el del SIN, as como magistrados.

La dcada estuvo tambin marca-da por las persecuciones a oposito-res y las exacciones de los comandos

polticos militares, como el GrupoColina (2). El gobierno implementtambin una poltica de control de lanatalidad que se tradujo en esteriliza-ciones forzadas de decenas de milesde mujeres, en su mayora de origenindgena y de sectores populares (3).

En 2000, Fujimori dej un pas coninstituciones exanges. Sin embargo,su recuerdo genera sentimientos en-contrados en los peruanos. Para algu-nos, es quien puso simblicamente final terrorismo a travs de la captura ul-tramediatizada de Abimael Guzmn,el jefe de Sendero Luminoso, y suporecuperar al pas econmicamente.Para otros, es sinnimo de clientelis-mo, violaciones a los derechos huma-nos y autoritarismo.g

1.Segn el Informe Global de la Corrupcin

de Transparency International (2004), el

gobierno de Fujimori fue uno de los ms

corruptos del mundo, con 600 millones

de dlares de fondos malversados.

2.Escuadrn responsable, entre otras, de

las masacres de Barrios Altos (1991) y de

la Universidad La Cantuta (1992).

3.Segn la Defensora del Pueblo, 272.028 mujeres

fueron esterilizadas, miles de ellas sin su

consentimiento. Vase Franoise Barthlmy,

Esterilizacin forzada de la poblacin

indgena en Per,Le Monde diplomatique,

edicin Cono Sur, mayo de 2004.

A.C.Traduccin: Gustavo Recalde

2.Segn Latinobarmetro, los peruanos son,

junto con los hondureos y mexicanos, los que

tienen la peor imagen de su democracia.

3.Vase Antonio Zapata,Pensando

a la derecha, Planeta, 2016.

4.El conflicto armado entre el Estado y la

guerrilla de Sendero Luminoso caus alrededor

de 70.000 muertos en veinte aos, segn la

Comisin de la Verdad y Reconciliacin (www.

cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php).

5.Segn el ltimo informe mensual de la Defensora

del Pueblo (equivalente al defensor de derechos

francs), existen 211 conflictos en curso; una

cifra constante desde hace cinco aos (www.

defensoria.gob.pe/informes-publicaciones.php).

6.Informes anuales publicados en la pgina

de la Defensora del P ueblo: www.defensoria.

gob.pe/informes-publicaciones.php

7. Instituto Nacional de Estadstica e

Informtica (INEI), www.inei.gob.pe

8.Segn el INEI, el 30,8% de los peruanos mayores de

15 aos que viven en zonas urbanas fuero n vctimas

de la delincuencia en 2015 (en su mayora, robos),

10% menos respecto de 2011, www.inei.gob.pe

9.Per es el segundo productor de cocana, despus

de Colombia, segn un informe del Departamento

de Estado estadounidense de 2015, www.state.gov

*Periodista.Traduccin: Gustavo Recalde

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La Corte Suprema marcael ritmo de las elecciones

A pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, algunos candidatos,como el republicano Donald Trump y el socialista Bernie Sanders, ponen en la mira a laCorte Suprema de ese pas. Los crticos de sus fallos, que favorecen la desregulacin delfinanciamiento de las campaas, plantean una necesaria reforma de la Justicia.

La desregulacin de la campaa

por Anne Deysine*

La campaa electoral que se es-t desarrollando en la actuali-dad en Estados Unidos segura-mente ser la ms onerosa de lahistoria del pas. Desde la dca-

da de 1970, cada nueva votacin bate unrcord y en estos ltimos aos el ritmo seaceler. En 2008, la factura de las diferen-tes elecciones (presidencial, Cmara deRepresentantes, senadores, referndumslocales, etc.) se elev a 5.300 millones dedlares (4.700 millones de euros), supe-rando en un 27% a la de 2004 (1). El candi-dato demcrata Barack Obama gast, l so-lo, 730 millones de dlares, o sea dos vecesms que George W. Bush cuatro aos antesy 260 veces ms que Abraham Lincoln en1860 (2). En 2012, la cuenta total superlos 6.300 millones de dlares, 2.600 millo-nes de ellos fueron para los dos candidatosa la eleccin presidencial. Este ao, diver-sas estimaciones ya mencionan la cifra de5.000 millones de dlares solamente parala carrera a la Casa Blanca (3). Esta lluviade dinero es el resultado de un modo de fi-nanciamiento que permite a los individuosy las personas jurdicas financiar con gene-rosidad los gastos del candidato de su pre-ferencia. En algunas ocasiones, el Congre-so legisl para intentar delimitar ese siste-ma criticado desde hace ms de un siglo,pero los textos que se votaron fueron ate-nuados o quedaron inoperantes en reitera-das oportunidades por la Corte Suprema.

Entre el control y la desregulacinEl 23 de agosto de 1902, en un discurso titu-lado El control de las empresas, el presi-dente Theodore Roosevelt ya se alarmabadel dominio excesivo de las grandes fortu-nas sobre la poltica estadounidense. Sinembargo, dos aos ms tarde, no dud ensolicitar la generosidad de las compaasferroviarias y de seguros as como de losgrandes bancos para garantizar su reelec-cin. El caso gener indignacin y, en undiscurso pronunciado el 5 de diciembre de1905, Roosevelt afirm: Las empresas notendran que estar autorizadas a contribuirfinancieramente en las campaas electora-les; las elecciones federales tendran que serobjeto de un financiamiento pblico.Poco

despus se adoptaba la Ley Tillman de 1907,que prohbe que las empresas contribuyandirectamente en las campaas electorales.Luego, las leyes sobre las campaas electo-rales federales (Federal Election Campaig-ns Acts, FECA) de 1910 y 1925 fijaron mon-tos mximos de contribuciones y gastos. Pe-ro, a falta de autoridad independiente parahacerlas respetar, esos topes continuaronsiendo en gran medida tericos. Y, para elu-

campaa actual de las primarias. Preocu-pado por movilizar a los electores hosti-les al establishment,Donald Trump des-cribi a los representantes del Capitoliocomo marionetas a sueldo de los lobbiesy los grupos de inters (7). Trump diceestar a salvo de tales influencias graciasa su fortuna personal y se jacta de habercomprado con frecuencia representan-tes por medio de contribuciones elec-torales. Trump, que hoy denuncia prc-ticas que aliment durante largos aos,declar: Yo les doy a todos. Cuandome llaman, les doy. Y sabe qu? Cuan-do necesito algo de ellos, dos o tres aosms tarde, los llamo y ah estn para m.Realmente es un sistema podrido (8).

Bernie Sanders, detractor del poderdel dinero sobre la poltica estadouniden-se desde los inicios de su carrera, tambinhizo de Citizens Uniteduno de sus blan-cos favoritos. Sanders utiliz esta deci-sin para establecer un nexo entre las cre-cientes desigualdades y el modo de finan-ciamiento de las elecciones en EstadosUnidos: porque son financiados por WallStreet y los grupos de inters los represen-tantes del Congreso adoptan leyes que fa-vorecen a los acaudalados y a las empre-sas. Hace seis aos, con el fallo CitizensUnited, la Corte Suprema les dijo a los ri-cos de este pas: Ya poseen la mayor partede la economa estadounidense. Ahora lesvamos a dar la posibilidad de comprar el

gobierno federal, la Casa Blanca, el Sena-do, los escaos de alcalde, las legislaturasde los Estados y el poder judicial en los Es-tados en donde se eligen los jueces, ex-plica Sanders en su sitio de campaa (9).Si es elegido, el candidato socialista secomprometi a nombrar jueces a la CorteSuprema que tengan como prioridad vol-ver a tratar la decisin Citizens y que com-prendan que la corrupcin poltica no selimita al intercambio de dinero por un fa-vor. Por ltimo, propuso hacer votar unanueva enmienda a la Constitucin, parafijar el poder del Congreso y de los Esta-dos en materia de regulacin del financia-miento de las elecciones. Por el momento,esta reforma parece casi imposible habidacuenta de las mayoras que se requieren

para modificar la Constitucin (los dostercios de los votos en las dos cmaras, ascomo tres cuartos de las legislaturas de losEstados) y la polarizacin del Congreso.

Paradjicamente, por ahora los efec-tos de Citizens Unitedse hicieron sentirpoco en la campaa presidencial. Segnlas cifras de la Comisin Electoral Fede-ral, al 21 de abril de 2016 (10), Trump norecaud ms que 48,3 millones de dla-

dir la Ley Tillman, las empresas crearon co-mits de accin poltica (PAC) e incitaron asus empleados a contribuir, a travs de esasestructuras, con algunas campaas.

A partir de la FECA de 1971 (enmen-dada en 1974), nicamente los candidatosa la eleccin presidencial pueden benefi-ciarse de un financiamiento pblico. Pero,en 1976, la Corte Suprema le asest un pri-mer golpe a ese sistema. El fallo Buckley vs.Valeovalida el principio de financiamien-to pblico de la votacin presidencial, pe-ro rechaza los topes de gastos previstospor la ley: segn los magistrados, impedira los candidatos gastar tanto como quie-ran constituira un ataque a la libertad deexpresin, en violacin de la primera en-mienda de la Constitucin.

A partir de esta decisin, slo los aspi-rantes que acepten subvenciones del Esta-do estn obligados a respetar los topes; losdems pueden gastar como mejor les pa-rezca. As, los candidatos a la Casa Blancafueron empujados progresivamente a re-chazar los fondos pblicos. Por ejemplo,en 2004, George W. Bush rechaz las sub-venciones correspondientes a la fase de lasprimarias para poder eximirse del tope degastos fijado en 37 millones de dlares. Pe-ro, al igual que su adversario John Kerry,Bush acept las subvenciones destinadas ala eleccin general (74 millones de dlares)y, por lo tanto, los lmites mximos de gasto.Luego, en 2008, a pesar de sus compromi-

sos de campaa, Obama fue el primero enrechazar los fondos pblicos para la elec-cin general. De esta manera, pudo gastarsin lmites y firm la desaparicin del siste-ma desde entonces nadie volvi a usarlo.

Este procedimiento de desregulacin atravs del litigio lleva a utilizar el controlde la constitucionalidad de las leyes porparte de la Corte Suprema para desmontarla poca delimitacin obtenida en el Con-greso. As, la ley adoptada en 2002 sobrela reforma de las campaas bipartitas (Bi-partisan Campaign Reform Act), conocidacomo Ley McCain-Feingold, buscaba de-limitar el soft money, es decir, el dinero noregulado por la ley electoral, que pasa porgrupos externos a la campaa del candida-to y escapa, pues, a los topes de gastos. El

objetivo de este dispositivo fue restringidoprimero por el fallo McConnell en 2003;luego, especialmente, por el fallo CitizensUnited en 2010. La decisin McCutcheon de 2014 complet el desmantelamiento deldispositivo legislativo invalidando los to-pes de contribuciones.

El caso enfrentaba a la Comisin Electo-ral Federal (FEC) y a la asociacin conserva-dora Citizens United [Ciudadanos Unidos],

que reclamaba el derecho a difundir por ca-ble una pelcula crtica con Hillary Clinton.El 21 de enero de 2010, por cinco votos con-tra cuatro, la Corte Suprema juzg que ennombre de la libertad de expresin las per-sonas jurdicas deban beneficiarse de losmismos derechos que las personas fsicaspara hacer valer sus opiniones (4). En otraspalabras, de ah en ms asociaciones, sindi-

catos y empresas privadas pueden transfe-rir fondos ilimitados para producir y difun-dir propagandas polticas. Las empresas nopodan financiar directamente PAC y lascontribuciones de los individuos estaban li-mitadas. Con los Super PAC, todas estas ba-rreras desaparecieron. nicos obstculos:sus donaciones tienen que pasar a travs de

estructuras independientes de la campaade los candidatos (los Super PAC) y se pre-vn medidas para asegurar la publicidad delos financiamientos.

Si la letra de la ley es respetada en granmedida, el espritu seguramente no lo es.Los responsables de Super PAC suelen seramigos cercanos o ex colaboradores delcandidato y su independencia es puramen-te ficticia. Mike Murphy, quien est al fren-te de Right to Rise USA, el grupo que reco-lectaba dinero para Jeb Bush durante la pri-maria republicana de 2016, anteriormentefue asesor de John McCain y Mitt Romney,dos ex candidatos a la Casa Blanca. Del la-do demcrata, Guy Cecil quien conduce elSuper PAC Priorities USA Action, de apoyoa Hillary Clinton diriga la campaa de es-

ta ltima en 2008 (5). En cuanto a las me-didas de divulgacin, desde marzo de 2010,quedaron perjudicadas por una decisin dela Corte de Apelaciones del distrito de Co-lumbia que autoriza numerosas exencionesal imperativo de transparencia (6).

El poder del capitalEl fallo Citizens Unitedrecibi nume-rosas crticas desde el lanzamiento de la

Yo les doy a todos.

Cuando necesito

algo, los llamo y

ah estn para m.Realmente es un

sistema podrido,

afirma Trump.

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res de los cuales 36 millones provienendirectamente de su fortuna personal yno lo apoya ningn Super PAC. Esto no leimpidi aplastar a Jeb Bush, quien sin em-bargo cuenta con una fortuna de ms de150 millones de dlares. Por su parte, San-ders recaud 200 millones de dlares, peroen pequeas donaciones, transferidas por

ms de dos millones de personas. A su ad-versaria, Hillary Clinton le fue mejor (280millones de dlares), utilizando todos losmedios disponibles, desde la ayuda de dosSuper PAC hasta las iniciativas ms inde-centes,segn el trmino del actor GeorgeClooney, quien organiz una cena para re-caudar fondos por la candidata demcra-ta a 350.000 dlares el cubierto. Trumppodra terminar aceptando la creacin deun Super PAC para la eleccin general, enespecial para contrarrestar el diluvio depropagandas negativas financiadas por loscercanos de Hillary Clinton.

Si la campaa presidencial todava semantiene relativamente a salvo, las con-secuencias de Citizens Unitedson clara-mente visibles para las votaciones loca-

les y federales al Senado y a la Cmara deRepresentantes. Algunos representantesel representante republicano de FloridaDavid Jolly, el representante demcratade Nueva York Steve Israel, etc. critica-ron recientemente las excesivas restric-ciones a la recoleccin de fondos, dadoque algunos estudios haban demostradoque los representantes estadounidensesdedican ms tiempo a buscar dinero quea legislar. Nuestro trabajo, como nuevosmiembros del Congreso, es reunir 18.000dlares por da,resumi Jolly (11). Comolo mostr Jane Mayer, el dinero oscuro(dark money) el que logra escapar a lasmedidas de transparencia es omnipre-

Maggie de Koenigsberg,Jardn crepuscular, 2007 (fragmento, gentileza Fundacin Alberto Elia-Mario Robirosa)

sente en las elecciones en el nivel local:utilizado para demoler a un adversario,puede hacer la diferencia entre dos can-didatos (12). Los hermanos Koch, dos in-fluyentes millonarios de la derecha con-servadora que tienen pensado gastar 900millones de dlares para las votaciones de2016,saben algo de eso.g

1.Jeanne Cummings, 2008 campaign costliest

in US history , 5-11-08, www.politico.com

2.Clculo de 2011 realizado en dlares. Vase Dave

Gilson, The crazy cost of becoming president, from

Lincoln to Obama,Mother Jones,San Francisco, 20-2-12.

3.Amie Parnes y Kevin Cirilli, The $5 billion presidential

campaign?, The Hill,Washington, DC, 21-1-15.

4.Vase Robert W. McChesney y John Nichols, En

Estados Unidos, prensa, poder y dinero se fusionan,Le

Monde diplomatique, edicin Cono Sur, agosto de 2011.

5.David Sirota y Andrew Perez, Hillary Clinton says

she does not coordinate with Super-PAC she reportedly

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