Agrocombustibles “Llenando tanques, vaciando territorios”

Agrocombustibles “Llenando tanques, vaciando territorios”

Una publicación de: CENSAT Agua Viva y El Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN. con el auspicio de ECOFONDO

© 2008

A.A. 16789 Teléfonos 2442465 - 3377709 Bogotá – Colombia www.agrocombustiblescolombia.org Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia Tatiana Roa Avendaño - Directora General

Diag. 24 Nº 27A-42 - Tels.: 244 2465 - 244 0581 Bogotá, D. C. Colombia - www.censat.org Correo electrónico: todos@censat.org

Coordinación del Proyecto: Martha Rincón

Editora: Irene Vélez

Diseño portada y contraportada: Angie Vanessa Cárdenas Roa

Diagramación y armada: Julio E. Rojas A.

Impresión: Editorial Bochica

ISBN: Obra independiente 978-958-97996-3-5

Se autoriza su reproducción total o parcial citando la fuente.

Indice

Presentación 9

I. Ecología política de los agrocombustibles 13

Los espejismos de los agrocombustibles 15 Hildebrando Vélez, Irene Vélez

Los medios y los fines de la agroenergía 15

Recolonización de la naturaleza 21 El lenguaje embaucador 22 Cambio climático y agrocombustibles 23 Alianzas trasnacionales y agendas gubernamentales 28 La seguridad energética en el caso colombiano 32 La desmitificación de los agrocombustibles 34 Infraestructura 37 La soberanía alimentaria y el hambre de agrocombustibles 38 Agricultura y alimentos 41 Comunidades y tierra 47 Reflexiones finales 50

La deuda ecológica de los agrocombustibles 59 Mónica Vargas Collazos

Una solución milagrosa 59 Hacia los bionegocios 62 Agricultura y cambio climático 64 Aumento de los precios de los cereales y especulación 65 Impactos sociales: del despojo al malvivir 67 Megaproyectos y agrocombustibles 70 Segunda generación: de mal en peor 73 Seres humanos, no máquinas 74

II. Conflictos ambientales y sustentabilidad

Los agrocombustibles: ¿Sólo canto de sirenas? 81 Mario Alejandro Pérez-Rincón

Introducción 81 ¿Qué son los agrocombustibles? 83 Impactos ambientales y sociales de la producción de agrocombustibles 85 Evaluación de impactos 87

Conclusiones 108

Monocultivos y sustentabilidad en megaproyectos agrícolas 117

Mario Mejía Gutiérrez Resumen 117 Método 117 Introducción 117 Dependencia 123 Sostenibilidad política y financiera 125 Sustentabilidad ecológica 127 Rentabilidad y sostenibilidad económica 137 Empleo y sustentabilidad social 137 Comercio 138 Posición de Colombia frente al total global 139 Biodiesel de Palma 140 Megaproyectos 141 Vía Campesina 142 En conclusión... 144

Agrocombustibles: sus mentiras y su capacidad generadora de hambre 149

Juan Carlos Morales González Algunas precisiones necesarias 150 ¿Qué tan buena es la dinámica de los AGC? 153 Los AGC y el hambre 159

Megaproyectos de infraestructura y agrocombustibles en el Pacífico Colombiano 167

Rosa Emilia Bermúdez Rico

III. Una mirada desde lo local 179

Dinámicas de una resistencia cantada 181 Tatiana Roa Avendaño, Jessica Toloza

Ahí viene el diablo… y no es la marimba 183 Y el diablo viene con sus demonios 188 Alguien que rece al diablo 191

De la siega de la palma a la biodiversidad 193 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Las imágenes del ecologismo, muerte e impunidad 194 Afirmación de la justicia 196 La siega de la palma 198

IV. Mandatos 207

La geopolítica de los agrocombustibles 209 Antecedentes y ejes de resistencia: La Soberanía Alimentaria 210 La geopolítica de los agrocombustibles 212 Las grandes rutas de los agrocombustibles 215

Manifiesto por el Des-Desarrollo: el camino que proponemos desde el Sur 220

El ocaso de la civilización petrolera

y la reproducción del capitalismo 220

Presentación

El agotamiento del gas y el petróleo, la crisis ecológica planetaria y la apremiante necesidad de atenuar los efectos del calentamiento global forzarán la transición hacia una sociedad post-petrolera. Aún así, los agrocombustibles no enfrentan el consumo desaforado de energía en los países del Norte, cuya matriz energética se ha basado en combustibles fósiles, responsables en un alto porcentaje de la acumulación de Gases de Efecto Invernadero –GEI, en la atmósfera, que ocasionan el calentamiento global.

El agresivo impulso y fomento a la producción de agrocombustibles por parte de

Estados Unidos y los países europeos afecta de manera severa a los países asiáticos y latinoamericanos productores de biomasa, imponiendo un modelo explotador basado en monocultivos, agrotóxicos, biotecnología, capital transnacional y reproducción de formas esclavistas de trabajo, que profundizan el actual modelo energívoro. Colombia es uno de los países foco de la expansión de cultivos agrícolas destinados a la producción de combustibles. El gobierno colombiano ha promovido en forma desaforada el cultivo de palma aceitera, siendo responsable de actividades que resultan en la destrucción de territorios y en la desarticulación de relaciones y prácticas sociales de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas.

Mientras en algunos países se promueven metas y leyes para reemplazar etanol y diesel

por combustibles producidos en la agroindustria, en el mundo las organizaciones sociales y ambientalistas se levantan para hacer evidentes los grandes conflictos que estos megaproyectos agroindustriales provocan. En ese sentido, Censat Agua Viva y el Proceso de Comunidades Negras quieren aportar a la discusión nacional e internacional con este libro, que es una compilación de once artículos que muestran las diferentes aristas de los conflictos generados por los agrocombustibles. Un panorama general permite comprender cómo los agrocombustibles se insertan en dinámicas más amplias e históricas como la globalización, el neocolonialismo y el patriarcalismo. En el transcurso de los artículos se rastrea la génesis capitalista de los agrocombustibles, valiéndose de analogías con otras historias sociales, políticas y económicas de sistemas productivistas y extractivistas como el cauchero, el de la revolución verde y el propio sistema petrolero.

Estos textos nos invitan a cuestionar la relación naturalizada de los agrocumbustibles

con el cambio climático y a problematizar las responsabilidades diferenciadas que tienen los países del Sur y los del Norte en la emisión de GEI, pero sobre todo en la reproducción de un sistema de producción/acumulación que expropia a los pobladores locales, resiente las economías empobrecidas de los países del Sur y reproduce el capital de los países del Norte, que se siguen enriqueciendo también gracias a la crisis ambiental planetaria. La identificación de responsables y agenciadores de este sistema productivo nos invita a

pensar en la deuda climática que tienen quienes han concentrado la riqueza energética con aquellos que generalmente son los más empobrecidos.

Frente a la crisis civilizatoria, los artículos de este libro proponen soluciones reales, tales

como la reducción del consumo, con la consiguiente transformación de los actuales patrones de producción; la soberanía energética; la sustitución de los actuales sistemas de cultivo, generadores de buena parte de las emisiones de carbono, por la agricultura sustentable a pequeña escala y la soberanía alimentaria; la reformulación de los patrones de vivienda y poblamiento; la reducción de la distancia entre el lugar de trabajo y de vivienda; el manejo soberano por parte de los pueblos de los bosques, la tierra y el agua, entre otros; dejar los combustibles fósiles bajo tierra e invertir en eficiencia energética y en energías renovables, seguras, limpias y dirigidas por las comunidades; abolir las regalías por Derechos de Propiedad Intelectual de las tecnologías más eficientes; y destinar los recursos de pago de deuda externa, así como los recursos para gastos militares, al fomento de una matriz energética sustentable.

Este libro invita a reconocer las implicaciones que tienen los agrocombustibles para los

dones naturales, la producción de alimentos, las relaciones sociales y culturales locales y las disputas económicas globales. Aquí se retoman algunas perspectivas de los movimientos sociales y las poblaciones locales que muestran alternativas a los agronegocios. A la vez se invita a deconstruir las prácticas y concepciones que estructuran este sistema productivo. Las voces locales enseñan alternativas de resistencia a las que estamos siendo convocados.

En este sentido, el libro nos ofrece un panorama amplio y crítico sobre los

agronegocios y contextualiza sus relaciones históricas, políticas y económicas con

otras injusticias ambientales. Su elaboración se enmarca en La Campaña en

Resistencia a los Agrocombustibles, “Llenando tanques, vaciando territorios”,

liderada por CENSAT Agua Viva y el Proceso de Comunidades Negras, PCN en

Colombia.

Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia

2007

I.

Ecología política

de los

agrocombustibles

LOS ESPEJISMOS DE LOS AGROCOMBUSTIBLES1

Hildebrando Vélez2 Irene Vélez3

Los medios y los fines de la agroenergía Los negocios ecológicos, incluidos los de los agrocombustibles y sus derivados, son expresión del afán patológico de dominio por parte de élites y fuerzas productivas abyectas ensimismadas en la acumulación y la rentabilidad inmediata. El auge de los agrocombustibles aboca a responder dos preguntas centrales: ¿cuáles han de ser los fines de la sociedad humana? y ¿cuáles los medios para obtener tales fines? Categóricamente, afirmamos que el principal obstáculo para alcanzar la sustentabilidad y la justicia social y ambiental, que debieran ser los fines, no está en la tecnología, que es el medio. Dicho en otros términos, las respuestas a estas dos preguntas nos refieren a la ética y a las formas y proyectos de vida que hemos de asumir para lograr otro mundo posible. La “civilización” occidental es una “propiedad privada” que no alcanza para todos y, más bien, en la medida en que se ha globalizado ha dejado más seres humanos en la periferia como sus víctimas. En cambio, la lucha por la ética de la vida y la libertad que encaran las víctimas es la lucha por un futuro verdaderamente humano, una lucha por un cambio civilizatorio.

Si nuestras respuestas se redujeran al campo de las tecnologías, haríamos creer que la historia humana se explica exclusivamente por el desarrollo de las fuerzas productivas, y que el futuro de la sociedad radica en el crecimiento ilimitado de la economía y en la explotación de la naturaleza. Por el contrario, hemos de reconocer que los síntomas de esta patología, entre los que se encuentran la hambruna generalizada, el cambio climático y la dramática extinción de las especies vivas, poseen raíces en el neocolonialismo globalizado, en la inequidad, en el patriarcalismo y en la acumulación de capital.

Ahora bien, en general, la producción de agrocombustibles es resultado del desencantamiento y de la progresiva racionalización instrumental del mundo, donde se mantienen las mismas estructuras que han sustentado a occidente y su dominación colonial sobre los ecosistemas y sus gentes (Coronil, 1998). La organización de esta producción está en función de la productividad; así, por ejemplo, si tarda menos tiempo cultivar palmas genéticamente modificadas o exógenas, como es el caso de la palma africana (Elaeis guineensis Jacq) en América, que cultivar una palma endémica que produce aceite, alimento y bienestar, pero tarda más tiempo, el capitalista prefiere la primera que crece a velocidades mayores, sin importar que haya que destruir los paisajes que se

formaron al amparo de las culturas tradicionales, como las culturas del pacífico negro de América del Sur. La primacía del tiempo productivo, en contravía de otras preocupaciones más humanas, es el sello de este sistema que coloniza territorios y culturas.

La división social del trabajo, donde están plantadas las luchas de clase por la justicia social y económica, y la división internacional del trabajo, donde están plantadas las luchas entre países colonizados y colonialistas, alentadas por el Intercambio Económico Desigual, van ahora de la mano con una división internacional de la naturaleza. Es allí donde se asientan las luchas globales del ambientalismo: luchas por la justicia ambiental, donde se sitúan las contradicciones capital-naturaleza, luchas por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, luchas por el reconocimiento de los derechos de las generaciones venideras, luchas por la defensa del territorio, etc. En las motivaciones de estas luchas encontramos unos balances de flujo de materiales y naturaleza que evidencian una dialéctica jerarquizada en el intercambio ecológico: países sumideros/países vertederos, países proveedores de biodiversidad/países para producir productos verdes, países proveedores de servicios ambientales globales (oxigeno, belleza paisajística, culturas exotizadas, etc.)/países que compiten para ser valorados como “ecológicos” en los mercados consumistas del Norte pudiente.

Como expresión de esa división internacional de la naturaleza se presiona para que los títulos colectivos, que las comunidades afrodescendientes aprecian como un reconocimiento de sus derechos sobre el territorio, se lleven al mercado capitalista de tierras, ya sea transando derechos de uso o de propiedad. El título colectivo está siendo amenazado por el discurso de la propiedad, poniendo en riesgo los derechos que sobre los territorios colectivos tienen también las generaciones venideras. Territorios que fueron puestos en manos colectivas para su cuidado, y que son un legado para el futuro de sus descendientes, son sometidos a procesos de destrucción y alienación, privando a los actuales usufructuarios de sus beneficios. El tratamiento de los territorios colectivos bajo una concepción de derecho individual, de beneficio privado, de propiedad privada, es un reflejo del nuevo colonialismo que pone bajo el dominio del contrato y del título lo que han sido relaciones de solidaridad y disfrute. A través de la privatización del espacio y la transformación de sus usos, las agroindustrias palmífera y maderera están poniendo en riesgo el cuidado de la sociedad y la defensa del legado cultural de los ancestros y del por–venir. Por ello proponemos rechazar la idea de territorio baldío (o de bien público baldío, que en nuestro contexto es casi lo mismo) y sustituirla por la idea del bien común, es decir, por el de bien al cuidado de todos.

A decir verdad, quienes toman las decisiones que nos encadenan a estos nefastos sistemas socio-económicos están presos de una racionalidad incapaz de incorporar en sus acciones las preferencias y condiciones subjetivas de aquellos a quienes heredaremos el mundo (Vélez, 2007); en contra del buen-vivir de la amplia mayoría, privilegian sus propios y egoistas intereses. Su defensa de lo ambiental se ubica bajo la hegemonía de la razón instrumental, cuya expresión actualizada es la ecoeficiencia que defienden, equivocadamente, como la única vía para que la humanidad enfrente las crisis ambientales globales (sociales y ecológicas). La fascinación que les produce estos grandes emprendimientos tecnológicos queda desvanecida gracias a la codicia que les fecunda.

Entonces uno se pregunta qué tan felices son éstos que se proclaman “felices” y cuánto cuesta tal felicidad que busca satisfacer necesidades fetichizadas a través de megaproyectos: qué felicidad puede haber en medio de aparatos eléctricos y electrónicos que inmovilizan la imaginación y la creatividad, qué felicidad hundiendo el acelerador de un vehículo en autopistas atestadas. La civilización occidental falló, es lo que se deduce de cualquier respuesta.

El resultado evidente de esta manera de relacionarse las sociedades humanas, y éstas con la naturaleza, es la insustentabilidad y la incapacidad de armonizar el bienestar colectivo con el cuidado del mundo. La infelicidad de la mayoría, producto del alto costo pagado por la felicidad-infeliz de las élites nacionales y trasnacionales, es consecuencia de las relaciones inicuas y violentas que se establecen para dominar la naturaleza y someter la creatividad del trabajo humano. A esa infelicidad de mayorías y “felicidad” de minorías se las llama progreso y desarrollo cuando no son más que destrucción y acumulación privada, instaladas sobre el cadáver de la naturaleza y la destrucción de las culturas.

Es ahí donde el agronegocio y otros negocios de la fase ecológica del capital cobran fuerza para condenar la vida al atender más a los medios y convertirlos en fines en sí mismos. Mover automóviles, garantizar el consumo superfluo y el estilo de vida energívoro y petroadicto se constituyen en los fines que realizan el sentido de sociedades vacías. Bajo este paradigma, el tiempo de la sociedad se convierte en productividad, a la vez que la reproducción de la naturaleza para fines de concentración revela su sinsentido en la tecnociencia, la ecoeficiencia y las soluciones falsas y ecocapitalistas a los problemas globales. Dándole la espalda a las necesidades esenciales de la humanidad, la sociedad capitalista realiza como fines y le asigna una necesidad primordial (Castoriadis, 2007) a la producción de agrocombustibles, a los motores que usarán alcohol y agrodiesel, a los alcoholes carburantes obtenidos de árboles genéticamente modificados, a los catalizadores para mejorar la producción y la combustión de los esteres y alcoholes, y a todas las cosas que pueden ser producidas y generar rentabilidad.

Se ha renunciado, pues, al principio de precaución. La phronesis griega, que los latinos tradujeron como prudentia, la sabiduría práctica que privilegia la vida buena de todos los seres vivos y busca la superación de la distinción entre medios y fines para procurar la toma de decisiones justas, se ha abandonado para abrir paso a la racionalidad instrumental. Así, como sostiene Luc Ferry (1994: 208), la prudencia está en el centro de estos debates, pues, “(…) incluso cuando cree estar haciéndolo bien, el hombre incesantemente engendra ‘consecuencias inesperadas’ y ‘efectos perversos’ (...) [asuntos que] deberían por lo menos recordarnos la phronésis, esa famosa prudencia de los antiguos de la que tan faltos están nuestros políticos modernos”.

Es posible que con argucias pueda llegar a demostrarse la viabilidad técnica del desarrollo de agrocombustibles, más aún, puede forzarse su implementación a sangre y fuego, pero no por ello se dará respuesta a la cuestión esencial de qué tan necesario es actuar con tan poca prudencia para fines que no humanizan a la humanidad. Es claro que estas jugadas del capital, que estos movimientos en pro de la producción en sí misma, de la ciencia y de la tecnología, son auspiciadas por las grandes corporaciones trasnacionales de las semillas, de los automóviles y de la energía. A este pacto de las Corporaciones

Trasnacionales (CTN) son ajenos grandes sectores de la población que simplemente serán productores directos o imperturbables consumidores. Las víctimas somos todos, pero primero que todo lo son los más empobrecidos. Es por ello que emprendemos nuestra defensa de las víctimas, nuestra propuesta de construir un Movimiento de Víctimas del Cambio Climático.

Producción mundial de Etanol por país. 2005. (Millones de galones, todos los grados)

Estados Unidos 4264 Brasil 4227 China 1004 India 449 Francia 240 Rusia 198 Alemania 114 Sur África 103 España 93 Reino Unido 92 Tailandia 79 Ucrania 65 Canadá 61 Polonia 58 Indonesia 45 Argentina 44 Italia 40 Australia 33 Arabia Saudita 32 Japón 30 Suecia 29 Pakistán 24 Filipinas 22 Corea del Sur 17 Guatemala 17 Ecuador 14 Cuba 12 México 12 Nicaragua 7 Zimbabwe 5 Kenya 3 Mauricias 3 Swazilandia 3 Otros 710

Total: 12149 Fuente: Renewable Fuels Association, Industry Statistics, http://www.ethanolrfa.org/industry/statistics/#E

Recolonización de la naturaleza

La agroenergía es sin duda fruto de nuevas formas de distribución de la naturaleza, de la reconfiguración de las relaciones capitalistas globales en medio de la disputa por la hegemonía que se da entre los nuevos y viejos centros de poder, de los desarrollos tecnológicos que presionan el cambio en los equipos de trasporte hacia unos que usen más eficientemente los agrocombustibles y, sin duda, fruto también de la perseverancia de los modos de vida y consumo de los países con mayores ingresos per capita. La opción de los agrocombustibles es, desde esta perspectiva, una decisión tecnopolítica que compromete el paisaje y la vida de las generaciones venideras, asumiendo sin prudencia los riesgos de una catástrofe ecológica mayor, cuyos efectos se socializan mientras se buscan beneficios para intereses económicos exclusivos. Estas estrategias buscan garantizar el control por las CTN de los sistemas energético, alimentario y tecnológico, y así la reproducción del capital. Ese es el alcance de la alianza entre petroleras, corporaciones de biotecnología, de autos, de granos y trasnacionales de la conservación.

Sin duda hay detrás de esta andanada de los agrocombustibles un proceso de redistribución de la naturaleza y rediseño geopolítico de la distribución de sus bienes, así como nuevos procesos de “ordenamiento territorial” orientados a favorecer los grandes intereses de la producción y el uso de carburantes. Tierras que estaban destinadas al pastoreo o a la agricultura de alimentos son ahora empleadas para la producción de agrocombustibles, y el ganado que pacía en aquellas áreas, ahora es llevado a nuevos lugares, antes selvas o cultivos. La competencia por el espacio está mediada por la lógica de la ganancia y no por una racionalidad ecológica o conservacionista. Los procesos productivos se sitúan allí donde se producen las mayores utilidades para los detentadores del poder, que suelen ser los mismos que concentran los beneficios de la economía. En Colombia esos nuevos territorios están localizados en las sabanas del Caribe y la Orinoquia y en el Chocó biogeográfico, así como en los fértiles valles interandinos.

El lenguaje embaucador

Esta nueva semiótica de la dominación no se restringe a la esfera económica sino que entrelaza aspectos ideológicos, de subjetivación, culturales y sociales; el dominio se ejerce en nombre de la satisfacción de demandas y anhelos, fruto precisamente de la dominación, el colonialismo y el patriarcalismo. Es un círculo vicioso: el Ouroboro, la serpiente que se come la cola.

Así como se usa el término bio para hacer creer que los agrocombustibles son armoniosos con la naturaleza, otros conceptos son usados como instrumentos ideológicos para su promoción: “seguridad”, “empleo”, “combustibles limpios”, “alivio a la pobreza y a la escasez” y “altos costos de los combustibles”. Por ejemplo, la escasez se naturaliza desentrañándole de sus determinantes históricas y culturales, haciéndole aparecer como un concepto ajeno a los modos de vida y al modelo civilizatorio. En un artículo de Pimentel (2005) que está en boga el autor afirma que: “Los Estados Unidos necesitan desesperadamente un combustible líquido que reemplace el petróleo en el futuro”. He ahí la escasez, aquella que existe concretamente como resultado de la forma capitalista de acumulación económica y de uso de la naturaleza.

La preocupación por los “altos precios” de los combustibles fósiles se hace ver como una preocupación universal, cuando lo que preocupa, al menos a los ambientalistas, es más bien la subvaloración y el desconocimiento de los costos ambientales y sociales de las “mochilas ecológicas” que acarrean las actividades petroadictas. Dicho en el lenguaje de la economía ambiental, a los ambientalistas nos preocupa que las “externalidades negativas” se conviertan en un “éxito” al trasladar los costos a los consumidores. Las gentes del corriente, los más de dos mil millones de personas que no tienen acceso a la energía en el mundo, se preocupan por el alza en los precios de los combustibles fósiles sobre todo porque resienten las altas tarifas del trasporte y la carencia de energía para cocinar, pues sus bolsillos están tan vacíos como sus estómagos. No hay una preocupación universal y única sino diferentes preocupaciones e intereses enmarcados por un modelo energético decadente. Pero son los consumidores adictos al petróleo los más altamente preocupados, y son los países de más alto consumo los que levantan el lema de la seguridad energética.

El concepto de seguridad, reducido su significado a “seguridad política” o “seguridad nacional”, que es para las élites seguridad económica y para los consumidores de los países del Norte seguridad de abastecimiento para sus altos niveles de consumo, queda huérfano de otros componentes como por ejemplo la seguridad social, la seguridad alimentaria, etc.

Así, también el concepto de combustibles limpios deja la apariencia de que la tecnología que usa agrocombustibles podrá remediar los efectos a la salud del ambiente. Esta apariencia eclipsa una realidad que es adversa a la naturaleza.

Todo este conjunto discursivo, que se estructura a partir de la especulación con la escasez de los combustibles fósiles, el impacto de ellos en el clima, la seguridad energética, el discurso de alivio a la pobreza en las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), la conciencia de las víctimas del cambio climático, se instrumenta para fomentar nuevas formas de expropiación y ocupación de la naturaleza. Así, se promueven los agrocombustibles líquidos y la agroenergía a gran escala como amigables con el medio ambiente y la salud pública. Valiéndose de este discurso y de las estructuras de poder que lo sustentan, un grupo minoritario de personas convierte en mercancía la capacidad de la atmósfera de absorber gases, haciendo de la crisis climática una oportunidad para mercantilizar la naturaleza y sacar provecho para sus negocios.

Cambio climático y agrocombustibles Las generaciones que hoy compartimos estancia en el planeta Tierra seremos testigos de uno de los fenómenos más impresionantes en la historia reciente de la humanidad: en un período de tiempo relativamente corto, probablemente en los siguientes dos o tres lustros, veremos declinar la calma climática que la humanidad ha apreciado durante los últimos siglos. Esto será llamado por nosotros el “cataclima”4: un cataclismo del clima. En un artículo en The Guardian, del 23 de abril de 2007, se afirma que con el incremento de 1°C en la temperatura del planeta se salinizarán los suelos agrícolas, crecerá el desierto, habrá sequías que devastarán la agricultura y se provocarán dramáticos éxodos humanos. Con un aumento en 2°C los océanos se volverán nuevos desiertos, el nivel de los mares crecerá

hasta 7 metros y desaparecerán los picos nevados andinos que vierten sus aguas a la ciudades, por ejemplo Lima, Santiago, Quito o Manizales. Con 3°C el clima estará fuera de control, habrá millones de refugiados climáticos y los huracanes incrementarán su poder y frecuencia. Así, los efectos alcanzarán escenas apocalípticas alrededor de los 6°C, cuando sólo sobrevivirán menos del 5% de las especies vivas de la Tierra.

No sólo se esperan efectos directos sino que hemos de advertir la existencia de retroalimentaciones negativas no lineales: por ejemplo el deshielo de las cumbres nevadas y los glaciares pondrá al descubierto superficies obscuras, menos reflexivas que cuando las cubría el hielo y por tanto habrá un efecto de retroalimentación del calentamiento. Un aumento de las temperaturas, particularmente en el cordón más biodiverso del planeta, alrededor del paralelo 4, implica mayor velocidad de descomposición de la materia orgánica y con ello más emisiones de metano (un gas 20 veces más efectivo que el CO2 en

producir efecto invernadero). Un aumento de la sequedad en regiones como la Amazonia provocará incendios espontáneos que harán sinergia con el calentamiento. Un aumento en la concentración de CO2 en el agua la hará más ácida y menos apta para la producción de

biomasa y los cambios en la salinidad oceánica modificarán las corrientes marinas, imposibilitado todo ello, por ejemplo, que la Corriente del Golfo llegue a calentar el norte de Europa y, en consecuencia, se produzca allí un enfriamiento extremo.

Aún reconociendo estas trasformaciones en la dinámica de los ecosistemas, no debemos naturalizarlas para no velar su antropogenia. No pueden ocultarse las responsabilidades de los países y sectores mayormente emisores que han colonizado y privatizado unilateralmente la atmósfera. La alteración antropogénica del clima guarda relaciones con las asimetrías en el acceso y disponibilidad de energía para determinados fines, con la dinámica de precios nacionales e internacionales de los combustibles fósiles controlada por las grandes CTN, con la densidad geográfica y las formas de ocupación del espacio, con el consumo y los ingresos per capita de los consumidores y, también, con la dependencia y la obsolescencia tecnológica, entre otros factores. De ahí, por ejemplo, que un análisis de los impactos y desequilibrios ambientales ocasionados por el uso de los agrocombustibles no pueda simplificarse, reduciéndole a aspectos meramente físicos o económicos, especialmente al análisis de la disminución o aumento de los gases de efecto invernadero emitidos para su producción y por su uso. Más aún, debería tenerse la precaución de evitar que estas estrategias de uso de la energía ahonden los problemas que ya el modelo de agroindustria y monocultivo ocasionó durante el último siglo. Este modelo ha sido una causa importante del aumento de las emisiones de carbono a la atmósfera, de la deforestación y de la pérdida de biodiversidad, amén de la destrucción de formas de vida campesinas, afrodescendientes e indígenas más adaptativas. Para el análisis de los temas relacionados con el cambio climático y los agrocombustibles hay que tener, pues, aproximaciones holistas y desde las ciencias de la complejidad.

Sin duda el cambio climático es el producto de la manera occidentalista de asumir las relaciones con la naturaleza, globalizada gracias al neoliberalismo. Es por esta sociedad energívora y petroadicta que se suscita la crisis ambiental a la que están asociadas, no sólo el calentamiento global, sino también la acelerada y definitiva pérdida de especies vivas, la desaparición en los últimos 50 años del 90% de las especies de peces para la alimentación

humana, la contaminación de las aguas, la destrucción de las selvas, los manglares y los ecosistemas de montaña, así como el hambre y la falta de acceso a sanidad básica que hace más incidentes enfermedades fatales.

Deteniéndonos en lo que significa usar unilateralmente la atmósfera común como depósito de residuos, en la comparación que se enseña en el cuadro siguiente vemos que para definir las responsabilidades y los derechos es posible establecer datos de porcentajes y gradientes entre países que permiten comparar la responsabilidad de cada región según sus características demográficas, de ingresos y de emisiones acumulativas. En ellas, EEUU, como es de Perogrullo, aparece como el país que, con un porcentaje discreto de población y grandes ingresos, emite las más inmensas cantidades de CO2. Además, según estas

cifras, el 15,6% de la población, que recibe más de la mitad de todos los ingresos, es responsable por el 52% de la emisiones acumuladas en el periodo entre 1990 y 2005, mientras el 84,4% de la población restante es responsable sólo del 48% de las emisiones y de ellos el 36% más pobres sólo lo es del 6,8%.

Emisiones de CO2 acumulativas

% de la % de los % de las población ingresos Emisiones global globales Acumulativas 1990-2005

Estados Unidos 4.6 20.5 24.0

Reino Unido 0.9 3.3 2.5

UE (27) 8.9 22.8 18.5

Rusia 2.2 2.6 6.9

China 20.5 14.6 14.1

India 17.1 6.2 4.1

PMA 8.2 1.4 0.4

Todos los de altos ingresos 15.6 53.6 51.9

Todos los de ingresos medianos47.9 36.7 41.3

Todos los de bajos ingresos 36.5 9.7 6.8

Fuente: BAER, Paul y ATHANASIOU, Tom. ECOEQUTY (2007)

Los datos presentados permiten mostrar que una posible reducción efectiva de las

emisiones ha de conjugar distintos aspectos, pues no siempre que hay crecimiento económico, incluso bajo indicadores clásicos, éste corresponde con un aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ni tampoco con un aumento de la demanda y consumo de energía. Asimismo, no siempre que hay disminución en el consumo de energía, ella es debida a la implementación de procesos productivos más eficientes, ya que también tal disminución puede asociarse bien sea al aumento en los

precios de la energía que la hacen inaccesible, bien sea a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, o bien a cambios en la matriz energética. De igual manera, no siempre que haya ingresos similares en un país o región habrá niveles de consumo energético per capita equivalentes. Además, habría siempre que considerar las condiciones históricas que hacen inevitable referirse a la deuda ecológica que tienen los países de las metrópolis con sus colonias, llevando a operativizar indicadores históricos de deuda ecológica y de Intercambio Ecológico Desigual.

Ahora bien, uno de los argumentos que más frecuentemente se usa para advertir la necesidad de transitar hacia una nueva matriz energética, y de allí para impulsar los agrocombustibles, es que se ha llegado al “pick oil” (punto de inflexión en la curva de Hubbert donde el petróleo es cada vez más inaccesible, costoso y contaminante). Ello estimula pensar que es urgente que se introduzcan otras fuentes de energía distintas a las fósiles para suplir la creciente demanda. De esta reflexión se pasa a decir que entre esas energías, las más promisorias son las obtenidas de los agrocombustibles, la hidroenergía y la hidroelectricidad o, incluso, la energía nuclear. A otras fuentes sólo se les atribuye un papel secundario. Entonces, según este discurso, la realidad habrá de seguir las predicciones, y la historia no tendrá ninguna posibilidad de desviación de este destino trazado. Todos los países han de embarcarse en la adecuación de las condiciones para que las predicciones se materialicen. Esto semeja el cuento de García Márquez donde se anuncia que por alguna profecía el poblado habrá de incendiarse y, así, en una huida atropellada, alguien accidentalmente inicia el fuego y la profecía se cumple.

Preferiríamos pensar, sin embargo, que la copa está llena y que una gota más la rebosará desastrosamente: la humanidad ya sobrepasó los límites del crecimiento y, anclados en el margen de incertidumbre de la curva de Hubbert, no podemos esperar los cambios que son necesarios adoptar para frenar la catástrofe en la que estamos arremolinados y que nos legó esta civilización que se trazó como principal actividad de los seres humanos la acumulación material y monetaria privada. Las negociaciones internacionales seguirán un camino hostil si no llevan a cambiar radicalmente los patrones de vida y las relaciones de los humanos con la naturaleza. De otro lado, los ambientalistas hemos de advertir radicalmente que no puede asumirse el camino contumaz que siguen quienes perseveran en apropiarse unilateralmente de la atmósfera, impidiendo la equidad y la justicia ambiental.

Alianzas trasnacionales y agendas gubernamentales En este contexto se producen nuevas alianzas entre empresas productoras de vehículos, empresas de energía, empresas de semillas y empresas que especulan con el mercado de carbono. Repsol aliada con BUNGE construye plantas de agrodiesel en España. Estas alianzas se configuran también en instituciones que buscan certificar los agrocombustibles “sustentables”. A las compañías que se han apropiado de los mercados de agrocombustibles se les suman las que ganan fortunas especulando con los certificados de emisiones de carbono, que son hoy uno de los comodities que más precio gana en el

mercado. Con el dinero que acumulan las compañías que inundan con GEI a la atmósfera, ahora se le echa el diente a estos nuevos negocios. Las CTN marchan con su pacto sin importar cuán negligentes han sido en el pasado y qué prácticas antiecológicas y antisociales han tenido, cuánto han defraudado las estadísticas de sus propias emisiones, o cuán poco han hecho realmente por la protección del entorno ambiental.

El modelo civilizatorio se ha mantenido en la medida que limita y/o elimina a sus objetores mediante estrategias militares, económicas y simbólicas. Hoy tales estrategias se denominan “Estrategias de Seguridad”, cuando la verdad es que son las que más riesgo de inseguridad generan sobre la vida y sobre los pobladores de este planeta. Así, las políticas de seguridad energética tienen el verdadero propósito de garantizar el flujo de energía hacia las sociedades energívoras y petroadictas, que son las mayormente responsables de estas relaciones patológicas con la naturaleza que ponen en peligro la vida misma. La seguridad energética aparece como el motor que alienta el conjunto de las políticas multilaterales, particularmente guiadas por los intereses del G8; políticas que se diseminan como si fuesen de interés general. La seguridad energética se impulsa a través de los planes de integración, de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de la presencia militar de los países altamente consumidores de hidrocarburos en los países que poseen abundantes fuentes de energía. Está claro, y no sobra repetir, que tanto las estrategias comerciales como las estrategias militares son mecanismos que buscan asegurar el flujo de reservas energéticas desde los países del Sur hacia los países del Norte, desde los que se empobrecen hacia los que se enriquecen. Es el caso de los TLC de los países de América del Sur con EEUU, en los que resulta evidente que el país del Norte busca aprovecharse de las reservas energéticas de sus vecinos del Sur, de su “patio trasero”, como se les ha llamado.

La búsqueda de seguridad energética presiona hacia el fortalecimiento de organismos como la OTAN, la invasión de países petroleros (llamados algunos de ellos los “ejes del mal terrorista”) y el despliegue militar en América Latina, todo ello a pesar del fracaso de la ocupación de Irak y de la pérdida de hegemonía estadounidense en América Latina y en el Medio Oriente, como lo reconocen influyentes personajes de la vida estadounidense (Golup, 2007).

Ahora bien, después de diez años de firmado el Protocolo de Kyoto (PK), su aplicación no compromete a algunos de los países con mayor responsabilidad en las emisiones de GEI a la atmósfera. Así, se han conformado dos agendas paralelas, una alentada por los firmantes y suscriptores del PK y otra impulsada por EEUU. Ambas agendas son coincidentes en su pretensión de mercantilizar la naturaleza, atribuyendo al mercado los principios que deben ser de la democracia. De ahí resulta una democracia marchita, que se rige por criterios darwinistas, que sustancializa las características del mercado haciendo creer que la economía capitalista es un hecho natural e incuestionable. Por esta vía se niega la crudeza de las realidades materiales de las víctimas, que se asumen como fallos en el mercado, mientras se ensalzan las virtudes democráticas del mercado capitalista. La economía capitalista, el mercado de carbono, los certificados de carbono y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) aparecen como un resultado “natural” del enfrentamiento al cambio climático, mientras la defensa de la naturaleza que hacen los ambientalistas

aparece como una ideología, invirtiéndose los términos, pues son realmente quines defienden el ambiente los que tienen “los pies en la tierra”, en tanto los defensores de las ilusiones del mercado son quienes nos embaucan con su falsa ideología. Son concretos los ambientalistas cuando emprenden la lucha por la justicia ambiental y en defensa de las víctimas del cambio climático porque reconocen que hay injusticia en la distribución de los impactos, las vulnerabilidades y los bienes ambientales comunes, y además asumen que es posible un mundo donde no haya esas injusticias.

Ahora bien, desde la perspectiva de los promotores del mercado de carbono hay un modelo subyacente en el que coinciden las dos tendencias (de EEUU y del PK): a. Es claro que los suscriptores no están dispuestos a abandonar el consumo de los

combustibles fósiles. Explotarán hasta la última gota, pues existe una tasa de retorno prevista por las CTN y por los países poseedores de hidrocarburos a la cual no renunciarán. Siempre les será preferible sacrificar la naturaleza y a los seres humanos deleznables, es decir, a los más empobrecidos, que asumir la responsabilidad de evitar más daños a la naturaleza y a la humanidad. La naturaleza seguirá siendo sometida, como lo augurara Bacon cuando afirmaba que a ella se la debe “someter como a una mujer pública a nuestros deseos”. Es esto lo que une esencialmente los intereses de los capitalistas. El resultado será que el aumento de temperatura de la atmósfera, que pueda ser atribuido a los combustibles fósiles, no se detendrá sino que se irá dosificando y las víctimas aparecerán tarde o temprano, pues las medidas de mitigación y adaptación puestas bajo las reglas del mercado estarán impregnadas de la misma sustancia que origina el cataclima: la apropiación privada de la naturaleza.

b. Ambas tendencias incentivan una composición de la matriz energética que no abandonará las grandes centrales hidroeléctricas ni las centrales nucleares; estas últimas, dicho sea de paso, proliferan en los planes de energía de India y China. Los países del Norte seguirán invirtiendo en hidrógeno y fusión nuclear, sobre todo asegurándose el control militar de esta última fuente.

c. La oferta de centrales térmicas con ciclos cerrados para carbón (capturar y almacenar el carbono emitido) resulta aún inasequible a los países del Sur. Las fuentes solar, eólica y de hidrógeno sólo se volverán viables cuando se permita que sus precios sean competitivos con los de los hidrocarburos. En general, el problema consiste en que la difusión de estas y otras tecnologías, que pudieran ser benévolas en términos de reducción de emisiones, al estar sometidas a las lógicas de acumulación de capital, no resuelven para los países empobrecidos los problemas de la iniquidad en el acceso a las tecnologías y al conocimiento, y en algunos casos no contemplan o no ponderan adecuadamente los costos ambientales.

d. Se impulsará el desarrollo de los agrocombustibles indiscriminadamente, buscando trasladar las externalidades negativas de estos agronegocios desde los países del Norte hacia los países del Sur, mientras la biomasa (real o virtual en forma de alcohol y diesel) fluirá principalmente desde los países del Sur hacia los del Norte o generará excedentes energéticos nacionales para que sigan fluyendo los hidrocarburos desde el Sur hacia el Norte.

e. El dilema que se planteará a los países que están económicamente bajo la órbita de EEUU será cómo sacar beneficios de esos dos mercados, el creado por el PK y el mercado de EEUU y sus aliados. Sin embargo, es claro que lo que los peces chicos podrán arrebatarle a los peces gordos no trasformará las reglas darwinistas del mercado. Las asimetrías en los puntos de partida del mercado sólo permiten que algunos peces chicos sobrevivan a costa de que los peces gordos se lleven la mayor tajada: los peces gordos están generalmente mejor informados y tiene un acceso mayor a la ciencia, la tecnología y a muchas de sus aplicaciones benévolas y mortíferas. Esta relación desigual también se sustenta en lo que podría llamarse “violencia epistémica”, es decir, en la imposición violenta de una verdad por quienes ostentan una forma de cultura hegemónica: la occidentalista. Las reglas del mercado están plagadas de trucos para hacer que los desequilibrios en la información operen a favor de los países que controlan todo. Así funcionan los mercados, el valor de las acciones y las divisas, los bonos, el capital virtual y, desde luego, el tamaño de los yacimientos, la disponibilidad de stocks y reservas, etc. Ya los casos de fraude estadístico sobre los niveles de emisiones y los niveles de absorción de los sumideros de CO2 influyen en el

valor especulativo de los certificados de emisiones y en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de GEI de los países. La información y el fraude estadístico son herramientas para el control estratégico de precios y para succionar economías de países subordinados.

Ahora bien, la seguridad energética para los países subordinados no es la misma que para, por ejemplo, el G8. Se incentiva el agrodiesel y el alcohol carburante para que se impulsen los negocios del Norte en el Sur (por ejemplo se impulsa que haya un cambio en el parque automotriz para que se adquiera tecnología que da regalías principalmente en el Norte), también para que haya excedentes de agrocombustibles y un ahorro de petróleo y refinados que puedan ser destinados a la exportación hacia los países del Centro.

EEUU necesita asegurar su provisión de combustibles y derivados del petróleo, la cual representa el 26,6% del consumo mundial. De ahí que Sur América sea su mejor proveedor por razones geográficas, especialmente el Caribe colombiano por su corta distancia al Golfo de EEUU y su localización en un área fuera del alcance de los huracanes. Entonces, el impulso que EEUU da a estos agrocombustibles en la región pretende asirse a estos excedentes energéticos de agrocombustibles, de combustibles fósiles y derivados. Gobiernos de algunos países, como lo destaca el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 para Colombia, quieren obcecadamente hacernos ver en esto una oportunidad positiva.

La seguridad energética en el caso colombiano La tendencia reciente de elevación de los precios de los combustibles fósiles arrastra el conjunto de los energéticos y seguramente no declinará. Este aumento de precios ha sido el argumento que ha permitido establecer políticas de seguridad para el abastecimiento energético, la autosuficiencia, los mercados energéticos, los precios eficientes y el acceso de las zonas marginales y no interconectadas, y para fomentar la integración energética regional. La “oportunidad”, en nombre de garantizar la seguridad, la aprovechan

fundamentalmente los promotores del desarrollo de infraestructuras energéticas (Ver en este mismo libro el artículo de Rosa Bermúdez).

En Colombia, para atender a esta situación, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) inició en el 2006 el proceso de actualización del Plan Energético Nacional 2003-2020 (PEN), basándose en el plan Visión Colombia 2019, que traza directrices para el largo plazo y se articula con el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan se apoya en estudios como “Formulación de una Estrategia Nacional de Abastecimiento Energético” y “Diseño de una Política Integrada de Precios de los Energéticos”, contratados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la UPME, así como en el documento de la Agenda Interna de Competitividad para el Sector de Energía.

Tal plan sigue directrices que a nivel internacional se derivan de las MDM, las Alianzas Globales (Global Partnerships), el Global Compact, los TLC y los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), las reglas de comercio de la OMC y las convenciones internacionales.

Metas del Plan de Desarrollo 2007 – 2010

Capital Físico. Algunas de las metas principales. Línea de base Meta Cuatrienio

Nuevos contratos en exploración y explotación petrolera 150 120

Nuevos kilómetros de sísmica equivalente 2 dimensiones Incorporados 31.947 32.000

Número de departamentos donde la gasolina contiene un 10% de alcohol carburante (acumulado.) 13 26

Número de departamentos donde el ACPM contiene un 5% de biodiesel (acumulado.) 0 26

Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2010. Estado comunitario:

desarrollo para todos.

El PEN se ha articulado en el Plan Nacional de Desarrollo que fija, entre otras, las

siguientes metas: El cuadro anterior deja ver que Colombia aspira a sustituir combustibles fósiles por

agroenergéticos, lo que tiene el propósito de liberar parte de su producción de los primeros para exportar a EEUU.

En el caso de la agroindustria palmífera, se aseguran condiciones para alcanzar los propósitos en términos de productividad y rentabilidad para los inversionistas y propietarios. Amén de mecanismos ilegales, y violentos en no pocos casos, se ha desplegado un gran número de instrumentos legales y desarrollos normativos, de garantías fiscales, de subsidios, de seguros y de reaseguramientos de riesgos que asume el Estado, para que los empresarios logren sus expectativas en las tasas de ganancia. El Estado se ocupa, a la vez, de otros soportes como la calificación de la fuerza de trabajo y el desarrollo de ciencia y tecnología que será útil al sector privado. Los empresarios acuden a

mecanismos de “Alianzas Productivas” que, por la vía de la “maquilización” de la producción y de la constitución de un mercado de monopsonio (donde hay un sólo comprador para determinado producto o servicio), se permiten reducir costos laborales y evadir el pago de impuestos. Según se demuestra, la seguridad es, sobre todo, seguridad en la renta y las ganancias.

La desmitificación de los agrocombustibles La racionalidad que lleva a pensar en los beneficios de los agrocombustibles trae instalada su propia negación. Algunos de los mitos que se han levantado en torno a los agrocombustibles han sido desmentidos por doquier (FOE Europa y Agrofuels, 2007). Ofrecen bienestar, pero generan destierro; ofrecen empleo y, sin embargo, cuando se hacen las cuentas se pierden empleos en todo el ciclo del producto o no se crean nuevos. Se dice que ellos encajan en la lucha contra la pobreza que promueve también Naciones Unidas mediante las MDM, pero el resultado es empobrecimiento de las culturas, de la naturaleza y de las estrategias de vida de las gentes.

El balance energético sólo da un saldo positivo, comparado con los combustibles fósiles, bajo condiciones ideales; incluso algunos autores muestran resultados negativos. Según Pimentel (Cornel University) y Patsek (Berkeley University) la energía producida por unidad de energía gastada es del 0.778 en el maíz que se emplea para metanol y del 0.534 en la soya empleada para agrodiesel (Ver en este mismo libro el cuadro completo que expone Mario Mejía).

Dicen que habrá menos contaminación, pero al parecer la contaminación puede incluso aumentar en tanto se emplean estrategias de producción de monocultivos, cuyos problemas ambientales están bastante probados: erosión, desertificación y pérdida de suelos, contaminación de aguas con agroquímicos y contaminación ambiental por las emisiones de cancerígenos durante el proceso de combustión y, particularmente, por las emisiones de óxidos de nitrógeno, cuyo ciclo está bien determinado y puede resultar empeorando los impactos del calentamiento climático. Según se reconoce, la combustión de agrodiesel produce NO, cuyo efecto invernadero es 24 veces superior al del CO2. Estos

gases dejarán una huella de carbono equivalente, que se adicionará a la deuda de carbono (Ver en este mismo libro el artículo de Mónica Vargas).

Cambio relativo de emisiones a la atmósfera en el ciclo

de vida de combustible con el 20% y el 100% de agrodiesel

Contaminante B20 - % B100 - %

CO -6.90 -34.50

PM -6.48 -32.41

HF -3.10 -15.51

SOx -1.61 -8.03

CH4 -0.51 -2.57

NOx 2.67 13.35

HCl 2.71 13.54

HC 7.19 35.96

Fuente: U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Energy.

An Overview of Biodiesel and Petroleum Diesel Life Cycles May 1998

Después de 15 años de firmadas las Convenciones de Biodiversidad y Cambio

Climático en Río de Janeiro en 1992, la crisis forestal mundial no se ha detenido. En este contexto, la reducción de las fronteras de selvas y bosques, gracias al avance de los agrocombustibles, puede darle un empuje al vacío a esta crisis. Las cifras y las imágenes satelitales muestran que hay en el planeta una gran pérdida de bosque primario en todas las latitudes. La destrucción de las selvas tropicales y ecuatoriales y de los bosques boreales y su trasformación en tierras agrícolas, agroindustriales y ganaderas no ha resuelto los problemas de empobrecimiento y destierro de los pobladores tradicionales. En la medida en que el capital y el neoliberalismo colonizan con su ambición las selvas y los bosques, o les sustituyen por plantaciones y monocultivos agrícolas, se produce el empobrecimiento del entorno ambiental, la pérdida de oferta ambiental para las formas de vida vernáculas y la acumulación de riqueza para las élites locales y trasnacionales.

En estas regiones del cinturón húmedo del planeta, especialmente en la zona amazónica y en la confluencia intertropical, como es el caso colombiano, la pérdida de biodiversidad debida a la tala de las selvas y la ocupación con ganadería extensiva y monocultivos, conlleva a su vez la pérdida del dosel arbóreo y del material biológico disperso en la atmósfera, y de otros elementos que constituyen los núcleos naturales de condensación atmosférica, y que son fundamentales en las dinámicas de formación de nubes y en los ciclos de lluvia. El paulatino deterioro de estos elementos ocasiona graves alteraciones en los sistemas de precipitación, lo cual conduce a hacer estos ecosistemas más secos y más vulnerables a los incendios espontáneos.

Las formas de ocupación de estas zonas, la tala de las selvas, los monocultivos que reducen las formaciones vegetales multiestratas, son factores de afectación de los ciclos de recarga de los acuíferos, que ya no poseen los volúmenes y frecuencias de precipitaciones, ni de las fuentes de recarga.

Daños irreversibles y desecación de humedales, sumados a la erosión de los suelos, liberan carbono como dióxido y otros GEI. Estas alteraciones de los sistemas hidrológicos, incluidas las riveras de los ríos, para ganar tierra agrícola o ganadera, modifica también la dinámica de las aguas de escorrentía que encuentran alteradas sus funciones ecológicas y desviados los cursos de sus corrientes, causando inundaciones y salinización de las tierras y de las aguas dulces. El endurecimiento de los suelos por el uso de maquinarias y sistemas de cultivo industrializados que hacen impermeables los suelos, la pérdida de vegetación multiestrata por el aumento de las áreas de monocultivo, son factores que acentúan la pérdida de capacidad de recarga del los acuíferos, el aumento de la escorrentía, la sedimentación y el aumento de inundaciones.

En relación al cambio climático, la incidencia creciente de incendios forestales no es un fenómeno menor: la deforestación tropical produce el 20% de las emisiones de carbono

que se pueden atribuir a la actividad humana y destruye los sumideros de carbono (Picard-Aitken, 2007). Así, la reducción de la deforestación tropical sería una de las formas menos onerosas para mitigar el cambio climático: la plantación de agrocombustibles que contribuye a disminuir la cobertura de bosque –sea a través de la tala de árboles o de los incendios forestales– tiene precisamente el efecto opuesto.

Infraestructura La adecuación de estos espacios para la explotación agroindustrial se acompaña de planes de inversión en infraestructura, que sirven como ejes de conectividad y de articulación de las cadenas productivas. Esta infraestructura se adelanta con recursos de deuda pública y con recursos fiscales, lo que en el fondo significa que los recursos fluyen desde todos los contribuyentes hacia los empresarios que se benefician directamente de las nuevas obras. En América Latina y Centro América se promueven dos planes, la Integración de Infraestructura de la Región de Sur América (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP), que resultan complementarios y que se articulan a la estrategia estadounidense de crear un eje comercial de cara al Pacífico. Infraestructura para la agroenergía que escalará la dimensión de la industria petrolera: puertos de embarque, embarcaciones de gran calado, refinerías, poliductos, sistemas de tratamiento de las aguas servidas, grandes autopistas, hidrovías, etc.

Muchos de los megaproyectos para distritos de riesgo y embalses están orientados a satisfacer la creciente demanda de agua que tendrán los desarrollos de la industria de la agroenergía, trayendo impactos sobre las aguas no sólo relacionados con la competencia que se genera con otros usos sino directamente con la destrucción de los manantiales, los acuíferos, las zonas de recarga y con su contaminación con agroquímicos. Buena parte de los nuevos emprendimientos de riego están en función del fortalecimiento de los agronegocios y no, desde luego, de la producción campesina ni de la producción de alimentos. Asociada con los agrocombustibles que se exportan hay agua virtual, la cual se trasporta directamente contenida en los productos, siendo una transferencia neta que, en algunos casos, no constituye un volumen considerable por ejemplo si se traslada materia procesada; también tiene asociada una huella hídrica por el agua que se requirió para producir los productos, siendo ésta reveladora del impacto que sobre los ciclos hidroecológicos en todo el ciclo de producción tiene esta agroindustria.

Por otro lado, la trasferencia hacia los países del Norte a través de los agrocombustibles es también de nutrientes de los suelos, que se empobrecen de manera irreversible. El impacto es sentido también por la diversidad que se pierde en la dinámica de colonización de paisajes. Igualmente se destinan a la producción de agrocombustibles, en detrimento de la producción de alimentos, las maquinarias, la mano de obra, los silos de almacenamiento, los medios de trasporte transoceánico, la capacidad de almacenamiento de los puertos, etc. Según el periodista George Monbiot “(…) para mover solamente nuestros coches y autobuses con agrodiesel se requeriría sembrar 25.9 x 106 hec. [y en UK hay] solo 5.7 millones de hectáreas.”

Además de los incentivos y subsidios indirectos que la producción de agrocombustibles obtiene de las inversiones en infraestructura, hay otra serie de incentivos fiscales y forestales, así como desgravaciones que aseguran que los empresarios no correrán riesgos y que los riesgos que hubiese estarán respaldados por los estados. A esto se refiere más específicamente, en este mismo libro, el artículo de Mario Mejía.

La soberanía alimentaria y el hambre de agrocombustibles Organismos internacionales multilaterales, cuya finalidad sería la lucha contra la pobreza, contra el hambre en el mundo y a favor del desarrollo sostenible, tales como CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo), han llevado sus intereses hacia la promoción de la agroenergía. Instrumentos como la Declaración de Johannesburgo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en el 2002 (CMDS) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sirven de mampara ideológica para ocultar el domino que sobre la agenda multilateral tienen las CTN. Otros instrumentos como el Global Compact y los Acuerdos Partnerships tipo II, también supeditan los fines sociales a los intereses transnacionales. Bajo esta condición, por ejemplo, la FAO, en lugar de aplicarse a resolver los problemas del hambre en el mundo, destina su conocimiento y su capacidad de divulgación a alentar políticas directas y de asistencia técnica hacia los agrocombustibles, a pesar de las objeciones e incertidumbres que surgen por doquier.

La FAO ha preparado una Plataforma Internacional de Bioenergía (IBEP) que hace apología de los agrocombustibles a nombre de supuestos beneficios para la humanidad, el ambiente y las futuras generaciones. Sin embargo, las críticas y dudas surgen desde el seno mismo de esta institución: el documento elaborado para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, “Evaluación de la Situación de la Seguridad Alimentaria Mundial” (2007), señala que hay competencia entre la producción de alimentos y la agroenergía, y que el crecimiento incontrolado de ésta traerá grandes dificultades e impactos imprevisibles sobre los alimentos, tanto en su disponibilidad como en el acceso, la estabilidad y su utilización. Estos agrocombustibles, especialmente los líquidos, prenden las alarmas en la medida en que se producen con base en productos agrícolas que también se usan para la alimentación, amenazando la soberanía alimentaria de los pueblos (Ver en este mismo libro el artículo de Juan Carlos Morales).

Es un lugar común afirmar que, a pesar que en el mundo se producen alimentos suficientes para alimentarnos a todos, según la FAO en el mundo hay 842 millones de personas subnutridas y cada año mueran 36 millones de personas como consecuencia directa o indirecta del hambre y de carencias nutricionales, la mayoría de ellas mujeres y niños, en particular en los países más empobrecidos.

El gráfico siguiente muestra cómo se distribuyen los millones de subnutridos en el mundo. En este contexto, la situación de América Latina resulta lamentable, pues, a pesar de ser la principal región exportadora de alimentos del mundo, 52,4 millones de personas

padecen hambre (10% de la población regional total) (FAO, 2006). En alguna medida esta situación se explica por la falta de producción de alimentos de consumo local, por la exportación en detrimento del consumo local y por el aumento de los precios y la pérdida de capacidad de consumo de la población.

POBLACIÓN SUBNUTRIDA POR REGIONES 1999-2001 Millones

África Subsahariana; 198

Asia y el Pacífico; 505

Economías de mercado desarrolladas; 10

América Latina y el Caribe; 53

Cercano Oriente y África del Norte; 41

Países en transición; 34

Fuente: FAO

Otros indicadores de acceso a la alimentación son los índices de pobreza. Existen 209

millones de personas que viven en condiciones de pobreza (39,8% de la población), 81 millones en la pobreza extrema o la indigencia (15,4% de la población) (CEPAL, 2006). Lester Brown, director de Earth Policy Institute, advertía que “(…) la cantidad de cereal que se necesita para llenar un tanque de 5gls (aprox. 100ltr) con etanol una sola vez alcanza para alimentar a una persona un año entero”.

El estímulo a la producción de agrocombustibles es retroalimentado por los precios del petróleo, lo cual también puede encarecer los costos de producción de alimentos5, especialmente aquellos más intensivos en el empleo de energía. Se teme que la demanda de agrocombustibles empeorará tal situación, pues induce aumentos de los precios de los cultivos energéticos y en la asignación de tierras agrícolas para su producción (CEPAL, 2007). Ejemplo es el abandono de la soya y la sobreproducción de maíz por cultivadores estadounidenses, alentada por el aumento de los precios del maíz, que conducirá a una

sobreoferta de materia prima para el alcohol carburante, situación que probablemente contraerá el mercado internacional de ese grano, pues, como es obvio, EEUU favorecerá el consumo de su maíz para la producción de agroenergía. Tal situación, a su vez, hace que el precio de la soya en Argentina aumente y estimula a los cultivadores de ese país a sembrar soya y dejar de lado la siembra de alimentos.

Aunque hay alertas sobre una situación similar en Brasil, que es el mayor exportador mundial de etanol y cuya superficie de tierras dedicada a la producción de agrocombustibles está en expansión, otros prefieren defender las políticas agropecuarias y energéticas del gobierno del Partido de los Trabajadores. Este país tendría que comprometer 205 mil pequeños agricultores familiares a utilizar aproximadamente 603 mil hectáreas para completar el 2% de mezcla de agrodiesel.

Agricultura y alimentos Asunto clave en el análisis de la dinámica del negocio de los agrocombustibles es la manera como se articulan los llamados factores de producción6: la tenencia de la tierra y el agua (las formas de colonización, ocupación y valorización del espacio), el factor trabajo y el factor tecnológico son los elementos sobre cuya rentabilidad y productividad se impulsa el modelo del monocultivo de los agroenergéticos, el empleo de sus derivados como combustibles y las industrias química-farmacéutica y de alimentos relacionadas.

La valorización obtenida por el capital, las ganancias y la plusvalía quedan en manos del capital transnacional comercial y financiero, principalmente. Estos procesos de acumulación se cargan al gasto de dones de la naturaleza y a la subsunción de la creatividad y el trabajo humano. Dicho en el leguaje económico, se trata de una transformación en detrimento del “capital natural” y del “capital social” y a favor del capital comercial y financiero. El resultado es la desvalorización de la naturaleza y el surgimiento de pasivos sociales y ambientales. Entre los problemas más frecuentemente revelados está la pérdida de valor del espacio por la deforestación atribuida a la expansión del monocultivo de palma aceitera que, por ejemplo, entre 1985 y 2000 causó en Malasia el 87% de la deforestación (Sahabat, 2007). También se señalan los riesgos que deja el modelo de la revolución verde y los monocultivos, que la Red Latinoamericana contra el Monocultivo de Árboles denomina «desiertos verdes», así como el uso de árboles y plantas genéticamente modificados y de agroquímicos. Estos últimos, fertilizantes y plaguicidas, traen graves consecuencias a las comunidades locales y afectan la fauna y flora asociadas. También se encuentran con increíble frecuencia fenómenos de intoxicación por el almacenamiento y aspersión de agrotóxicos, siendo especialmente vulnerables las trabajadoras7 agrícolas expuestas permanentemente (una sustancia muy frecuentemente utilizada es el Paraquat, que está prohibida en algunos países europeos). Sin duda, también hay referencia a la ocupación unilateral de la atmósfera por el alto consumo de insumos derivados del petróleo, las emisiones de GEI, las desterritorializaciones y pérdidas de estrategias de sobrevivencia de los grupos humanos locales, el endeudamiento de los países y la intervención de los organismos multilaterales e IFIS que animan el modelo del monocultivo de agroenergéticos8, la división internacional de la

naturaleza a favor de los países altamente consumidores, y la consecuente pérdida de la soberanía alimentaria.

Los impactos del boom de los agrocombustibles también se dejan sentir en el incremento de los precios de la tortilla de maíz en México, que no se explica sólo por la derivación del maíz que se compra en EEUU hacia sus nuevas plantas de alcohol carburante, sino también por la especulación que eleva artificialmente los precios.

La industria de los agrocombustibles hereda, reproduce y actualiza los viejos esquemas coloniales de tenencia de la tierra y expropiación de la fuerza de trabajo, así como el encalve europeo y norteamericano en los países del Sur. En general, podríamos enfatizar en que el bienestar de las élites y de las minorías altamente consumidoras se consigue a costa del dolor de los trabajadores y de las mayorías empobrecidas en todo el planeta9. Y son estas mayorías, sometidas a condiciones de empobrecimiento, quienes sufren los impactos del cambio climático, y la violencia y contaminación típicas de la industria extractiva del petróleo, así como se someten a las condiciones de trabajo o de subempleo de la agroindustria, en tanto que una minoría disfruta un “bienestar” basado en el lucro y consumo excesivos.

Las cifras sobre empleo y agricultura indican que la cantidad de trabajadores por hectárea es supremamente baja en la agroindustria. Así, por ejemplo, la agroindustria de la caña genera solamente 10 empleos por cada 100 hectáreas mientras la agroindustria de la soya dos por cada cien (Trevisan, 2007). Un análisis de los resultados de las alianzas productivas en Colombia muestra que el capital empleado de esta manera requiere mayor cantidad de fuerza de trabajo que la agroindustria, de manera que se genera menos de un empleo (0,69473) por hectárea, mientras que la inversión por hectárea es de casi 7 millones de pesos (6’862.477,01). En la medida en que no es posible pensar un sistema productivo por fuera de las estructuras socio-políticas que lo hacen posible, es claro que la manera como se estructuran los llamados factores de producción es la que da al capitalista una mayor ganancia y, simultáneamente, un mayor control político y social sobre la población (Biswanger, Deininger y Feder, 1995).

El crecimiento económico que reporta la economía mundial se da a favor del factor capital y en contra del factor trabajo. En el caso colombiano, durante 2006 la economía creció el 6,8% mientras que la población empleada disminuyó en 1.136.965 personas (Banco de la República, 2007). De esta manera, otro asunto de gran importancia para la región en el marco de este sistema productivo es el sindical. Los empresarios ven en la reducción de costos laborales una posibilidad para alcanzar sus metas de productividad y reducir los costos de producción. Ello conduce a una pérdida de estabilidad laboral, a la tercerización y precarización contractual, y a la pérdida de condiciones de reproducción social de la fuerza de trabajo. No existen sindicatos en la mayoría de las empresas agroindustriales, lo cual conduce a que los trabajadores no tengan condiciones organizativas para negociar mejores condiciones salariales ni laborales.

El trabajo es distinto del empleo. El empleo es la manera como la capacidad de trabajo y creación humana pierde su esencia en el proceso de producción en favor de la valorización del capital. La gente no necesita empleo, la gente ha de trabajar para reproducirse como sociedad, como humanidad. Ahora bien, los impactos negativos sobre el empleo pueden

ser constatados en regiones donde las gentes tienen trabajo y la industria de agrocombustibles les desplaza, creando otras formas y densidades de empleabilidad que suelen ser de un volumen menor. Más allá que los números, en el caso de las comunidades locales lo que se pierde no es el empleo sino las estrategias de sobrevivencia y los modos de vida adaptados a las condiciones ecosistémicas que muchas comunidades han desarrollado en función de su sobrevivencia.

Como en antiguas épocas en las que algunos habitantes locales mantenían vínculos con su terruño, pero de la producción y de los frutos del trabajo se apropiaban fundamentalmente el encomendero, el terrateniente y el latifundista, en la actualidad esta apropiación la hacen empresarios trasnacionalizados. Un rastreo de la propiedad de la tierra, de la propiedad de los ingenios azucareros, de las destilerías de alcohol carburante, de las plantaciones de palma, de la refinerías de los polioles y de las estructuras de comercialización revelarían vínculos enmarañados con las estructuras de propiedad y poder colonialistas.

Pero no podemos hablar de la colonización como si fuese algo que únicamente se nos impone desde el exterior, también hay una autocolonización (Lander, 2005). Una colonización que se re-construye y re-produce a partir de prácticas de saber/poder que hemos normalizado para nuestro propio calvario (Escobar, 1987), y que practicamos en ámbitos tanto institucionales como cotidianos. Así, por ejemplo, la idea del gobierno colombiano de colonizar las praderas de las llanuras orientales nos deja sinsabores; también la idea de gobiernos de izquierda de desarrollar los agrocombustibles, pues de ellos esperariamos que levantaran banderas de autonomía y que criticaran los modelos de desarrollo y civilización euro–estadounidense, y no que los interiorizaran y naturalizaran como destino único de una pulsión irredentista. Estas son, también, maneras de ser víctimas de la colonización: asirse en la dialéctica de colonizado-colonizador sin construir nuevas maneras de hacer y pensar que superen los artilugios del poder hegemónico. La colonización y la autocolonización traen consigo el Intercambio Ecológico Desigual, que implica la transferencia inicua de energía y materia desde los países del Sur hacia los países del Norte, desde las regiones periféricas hasta las regiones centrales y metropolitanas que concentran los beneficios.

En la medida en que la fiebre por producir agrocombustibles aumenta, la demanda de tierras agrícolas también aumenta y, así, los conflictos sobre qué es lo que hay que cultivar, para quién y a qué costo. La superficie necesaria para la producción de agrocombustibles en el mundo se muestra enseguida:

Superficie necesaria para agrocombustibles 10³ hectáreas. Fuente BP

América del Norte;

481200

Sur & Cent.

América; 92390

Europa y Euroasia;

393676

Medio Oriente;

111012

África; 53445

Asia Pacífico;

463456

Según datos de la British Petroleum Company (BP), si se empleara la superficie agrícola

para la producción de agrocombustibles, EEUU utilizaría el 81% de ella, Europa el 48% y Sur y Centro América el 15%. Es decir que ni EEUU ni Europa tendrían disponibilidad de tierras agrícolas para destinar a los agrocombustibles sin que ello les significara un sacrificio enorme de su producción alimentaria.

Superficie total agrícola por región y héctareas necesarias paras sustituir petróleo por

agrocombustibles. FAO, 2003.

591707 614147

813973

297968

1135372

1528715

479282,67

92122,05

390707,04

110248,1634061,16

458614,5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

América delNorte

Sur & Cent.América

Europa yEuroasia

MedioOriente

África Asia Pacífico

Miles

de

hec

táre

as

Superficie agrícola de la región Superficie requerida para agrocombustibles

Fuente: Datos para el conumo de petroleo. British Petroleum. Datos de áreas FAO 2003

Y si se compara la superficie total regional, ya no sólo la superficie de tierras agrícolas,

la ocupación por agrocombustibles sería en todos los casos fracciones menores, aunque significativas, como se aprecia en el cuadro siguiente.

Superficie total regional y área necesaria para agrocombustibles.

Fuente: Datos para el conumo de petroleo. British Petroleum. Datos de áreas FAO 2003

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Américadel Norte

Sur & Cent.América

Europa yEuroasia

MedioOriente

África AsiaPacífico

Miles

de

Hec

táre

as

Total superficie terrestre de los países Hectáreas necesarias para agrocombustibles

Comunidades y tierra Ahora bien, desde el punto de vista de la situación colombiana, que podría no ser distinta a la de otros países de la región, pueden reconocerse tendencias diferenciadas y con actores diferenciados en lo relativo a la tenencia de la tierra y su uso para agroenergía: una es el cambio de orientación en el negocio por parte de terratenientes e industriales vinculados a la industria de la caña y de la palma aceitera y otros monocultivos agrícolas que hoy dirigen sus negocios hacia los agrocombustibles dada su creciente demanda. Otra es la ocupación de tierras llamadas baldías o de la nación (algunas de ellas en litigio con comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes), y que en otros países se denominan tierras fiscales, que son asignadas a empresarios nacionales y extranjeros para el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales, como sucede en la región de la Orinoquia10.

Otra tiene que ver con la trasformación en la tenencia de la tierra y su uso por efecto de la desterritorialización violenta de comunidades y grupos humanos por parte de terratenientes y capitales mafiosos que pueden legalizarse posteriormente o articularse fraudulentamente con capitales legalizados. De esta manera, los usos tradicionales por campesinos y afrodescendientes se trasforman en agroindustrias de productos energéticos o maderables. El desarrollo de plantaciones a gran escala para cultivos energéticos conlleva frecuentemente el despojo violento de comunidades locales, que suelen no tener reconocidos sus derechos legales a la tierra. Finalmente, otra tendencia son las “alianzas productivas” de pequeños y medianos propietarios con el gran capital trasnacional a través de cadenas de producción controladas por sectores terratenientes e industriales

hegemónicos, donde no hay cambio en la tenencia de la tierra pero sí en su uso sobre la base de una oferta, durante un período de tiempo definido, de renta constante a sus titulares que pueden ser individuos, resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades negras.

Como quiera que sea, estas tendencias se conjugan con las tendencias históricas (Fajardo, 2004) que se caracterizan por una concentración cada vez mayor de la propiedad de la tierra y el agua en manos privadas, por el carácter violento que entraña esa desterritorialización, por la orientación de la producción agrícola hacia el mercado externo (incluido el cultivo de hoja de coca) y por la generación de excedentes de mano de obra rural y su concentración en la periferia urbana en condiciones mar-ginales.

Según un documento de Amigos de la Tierra Internacional, la industria palmífera avanza enterrando los derechos a la tierra de comunidades en todo el mundo. En Indonesia 2.000 comunidades Dayak en el Kalimantan Central se encuentran bajo amenaza y alta vulnerabilidad de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales. También en Sumatra se reportaron más de 450 conflictos por tierra entre las comunidades locales y la industria de la palma entre los años 1998 y 2003.

En Papua Nueva Guinea no es distinta la situación: a pesar de que el 95% del suelo es de propiedad tradicional, el gobierno está entregando grandes concesiones a las trasnacionales de la agroindustria de palma. Mientras tanto en Brasil, en el estado de Mato Grosso do Sul, las disputas por la tierra aumentaron en un 87,5% entre 2003 y 2005, especialmente en las áreas de expansión de la industria de la caña de azúcar.

En Colombia el conjunto de las denuncias que las comunidades locales interponen hacen referencia a genocidio, exterminio, tortura, persecución de un grupo o colectividad, ejecuciones extrajudiciales, masacres, retención ilegal, asesinato, destrucción de bienes civiles, desplazamiento forzado de poblaciones, vulneración de los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la libertad personal, a la libre locomoción, a la residencia, al trabajo y a la dignidad humana, todo ello siguiendo procedimientos legales y con soportes jurídicos que las comunidades esgrimen infructuosamente.

Reflexiones finales La extrema, antiecológica e inhumana concentración de riqueza que alientan el neoliberalismo y la economía de mercado global, impone un aumento de consumo de energía y se constituye en el principal obstáculo para que la humanidad trasforme ostensiblemente sus patrones energéticos y pueda realmente enfrentar el cataclismo climático.

Sin duda la situación puede empeorar gracias al rápido crecimiento de la producción y el consumo de países como China, India y Brasil, cuyas economías se dicen en “transición” y son atraídas hacia el abismo del crecimiento económico, sin consideraciones sobre los límites ambientales y materiales del planeta. Sin duda la interrelación de estos fenómenos y sus sinergias están impregnando de nuevos elementos estos problemas. Así, por

ejemplo, es claro que el crecimiento de la economía de América Latina en los últimos años se debe en parte a la demanda de materias primas y productos por parte de China e India.

La tendencia de crecimiento de las exportaciones que se veía durante el 2002 y 2003 en América Latina ha continuado, registrándose un aumento tanto en el volumen como en el valor de las exportaciones, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Ecuador (Calderón, 2003). Estos países encontraron una coyuntura favorable de precios y demanda de los países de Asia y, sobre todo, de China. Los principales productos de exportación han sido los mineros y agrícolas, fundamentalmente la soya, el algodón, las lanas, el cobre y el hierro.

Mientras el poderío comercial Chino hace que sea necesario repensar los procesos de regionalización de las alianzas internacionales en los campos comercial y político, el cuadro geoestratégico mundial se recompone con la presencia de este coloso comercial: la República Popular de China, con una población de 1.267 millones, de los cuales 200 viven bajo línea de pobreza, tiene un PIB de 1.074 billones de dólares y una deuda externa de 157,6 billones de dólares. En los últimos 25 años China ha crecido 10 veces. Allí se registran 3.000 empresas foráneas que exportan el 50% del total de las exportaciones. Aún así, como lo mostramos arriba, el consumo per capita de energía y las emisiones de CO2

siguen siendo inferiores a las de EEUU, el Reino Unido o los Países Bajos. El abastecimiento energético es, sin embargo, uno de sus cuellos de botella. China

devora energía para mantener un crecimiento económico y se constituye en la cocina donde se fabrican los productos que se consumen masivamente en occidente. Para mantener el crecimiento del PIB en el 8% debe importar hidrocarburos de Rusia, Medio Oriente y Venezuela. Los agrocombustibles son, sin duda, una tentación para los chinos (ya Brasil tiene asegurada sus ventas a ese país para los próximos quinquenios).

Pero el análisis se vuelve más complejo si nos adentramos en la trama de flujos de energía y materia que se transfieren en una economía globalizada, donde los intercambios económicos y ecológicos siguen siendo desiguales. Por ejemplo, mientras Sur América trasfiere materia y energía, que a su vez puede consumirse o constituirse en materia prima en Asia, los productos allí obtenidos se consumirán en cualquier parte del globo, pero especialmente se consumirán por quienes tienen más capacidad de compra, que, desde luego, no son los más empobrecidos sino aquellos consumidores de los países y sectores con altos ingresos, particularmente los del Norte.

La experiencia nos indica que los gobiernos de América Latina, sobre todo los gobiernos de izquierda, no tienen una política que rete estos desafíos globales y, más bien, salvo contadas excepciones, se mantienen en el esquema de sembrar el petróleo, o sacarle ventajas a las condiciones geopolíticas que favorecen la producción de agrocombustibles. Así, por ejemplo, la naciente Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), cuyo primer secretario es el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja, se enfrenta a nuevos dilemas, donde la naturaleza podrá seguir siendo sólo medio para la prosperidad capturada por élites y burocracias. ¿Qué tanto es una oportunidad para nuestras economías la crisis de la civilización urbano–rural–agraria–capitalista? Lo que podría constituirse en una oportunidad para los países latinoamericanos puede no serlo si la orientación que prevalece sigue el camino manido del mercado capitalista: el de guiar la producción por la

demanda de los países altamente consumidores, el de someterse a las reglas de las compañías trasnacionales de las semillas, los vehículos y la energía.

Ahora bien, la complejidad de flujos de materia y energía deja al descubierto la imposibilidad de un acercamiento veraz y ajustado a la realidad por parte de los análisis simplistas que derivan de modelos que establecen los compromisos de reducción de emisiones de GEI, bien sea bajo el Protocolo de Kyoto o no, a costa de una alta incertidumbre. En este sentido, estos cálculos deberían incorporar la huella de carbono y las mochilas ecológicas de CO2 y GEI que acompañan estos procesos de intercambio

desigual, y, además, incorporar los pasivos ambientales y la deuda ecológica. Un nuevo régimen de construcción de verdad emerge, afianzado en instituciones e

instrumentos burocráticos que albergan nuevos expertos y voces autorizadas, y vigilado por las autoridades internacionales que cuidan de las palabras y de los conceptos. Encuentra eco en sectores medios de la sociedad provenientes de ONGs y organizaciones que dicen llevar las voces de las comunidades y que pugnan por ser reconocidas por el aparato institucional e incorporarse al discurso hegemónico. Aunque resulten dudosas las cantidades de carbono absorbidas mediante los sumideros de CO2, no queda la menor

duda de que el mercado de carbono, ese nuevo instrumento de poder económico e ideológico que resulta de los esfuerzos intensivos del capital trasnacionalizado para controlar el planeta, no dejará ningún beneficio a los pobres: beneficiará e incentivará a las economías más intensivas en carbono e intentará dividir a las comunidades.

Por su parte, la Unión Europea (UE) tiene un objetivo para el 2020 de lograr 20% de energías renovables. De ellas el 10% del consumo total provendrá de agrocombustibles. La UE tiene pensado aumentar su propia producción de agrocombustibles en forma significativa. La Comisión Europea ha declarado que 400.000 hectáreas serán destinadas a la plantación de cultivos energéticos, pero esto será a expensas de las “tierras reservadas” actualmente, algunas de las cuales son importantes para la conservación de la naturaleza.

La OECD ha reconocido que producir biocombustibles para reemplazar el 10% de los combustibles usados para el transporte requeriría el 70% de la superficie cultivable de la UE11.

Entonces, el modelo de trasporte prevalente seguirá tirando de la cadena si no se producen cambios radicales en el uso de los vehículos particulares y en los sistemas de trasporte. Actualmente en Europa (The IPTS report, 2006), al igual que en los Estados Unidos, alrededor del 67% de todo el petróleo en uso se destina a combustible de vehículos particulares (Environmental Health Perspectives, 2005), inaugurándose actualmente una destilería por semana, sumándose a las ya más de 120 que EEUU posee. Ahora bien, si en Estados Unidos todos los automóviles utilizaran como único combustible uno que tenga 100% de etanol, sería necesario destinar el 97% de la superficie de la tierra al cultivo de maíz para abastecer esa producción, con consecuencias extremas para la biodiversidad (Segelken, 2001).

¿Qué tan presionados están los gobiernos o qué tanto actúan en contubernio con los comisionistas de las CTN de la fabricación de vehículos, con las empresas fabricantes de autopartes, con las trasnacionales del hambre y las semillas, con las de energía y petróleo,

con la industria de los polioles, etc.? Es una pregunta cuya respuesta no requiere demasiada imaginación.

Intentar satisfacer esta demanda sustituyendo los combustibles fósiles por agrocombustibles llevará inevitablemente a la competencia entre la alimentación de las personas y la alimentación de los autos. No podemos permitir que haya gente en el mundo que pase hambre simplemente para que los autos puedan circular. Por eso campañas como “Llenando Tanques Vaciando Territorios” o las consignas relacionadas con el hambre y los agrocombustibles cobran fuerza entre el movimiento social y el ambientalismo.

Los debates no cesan ahí. Preguntas sobre la manera como se produce y consume la energía están al orden del día. Es claro que uno necesita movilizarse y los combustibles son un medio para ese fin, pero preferiríamos patrones de ocupación y poblamiento del especio que hicieran más cortas las distancias. No se puede confundir el medio con el fin, la necesidad con el satisfactor (Max Neef, 1984). Más que nuevas reglamentaciones para el manejo de los agrocombustibles y medidas para que haya una reducción en su consumo, que sin duda son importantes, tendría que procurarse, como lo proponen algunas corrientes, objetar al desarrollo o apelar al decrecimiento económico, que Martínez-Alier adjetiva como sustentable, y promoverse economías por fuera del mercado capitalista, que se alejen del Intercambio Ecológico Desigual, que aboguen por la defensa de las soberanías de los pueblos y que actúen en contra de la distribución ecológica y económica desigual, que demanden el reconocimiento de la deuda de CO2 y la deuda ecológica, y otros

aspectos que nos encaminen hacia sociedades sustentables. Por otra parte, no se trata del comercio justo de emisiones o de mercancías sobre el que

ya se dio un amplio debate a raíz de la propuesta de libre comercio de Oxfam, frente a la cual Vandana Shiva (2002) demostró que al basarse en el “acceso al mercado de los países ricos importadores, [se] oculta y hace invisibles los costos económicos, sociales y ecológicos generados por las políticas agrarias obsesionadas por la exportación y dominadas por ésta en los países pobres del Tercer Mundo. (…) Aunque se llama a los países ricos a hacer un sacrificio, son los países pobres a los que se les pide un autentico sacrificio”.

En general, este aumento de las exportaciones agrícolas suele ser en detrimento del consumo local y nacional; los ingresos adicionales en dólares nunca compensan los costos ambientales y sociales, ni la pérdida de estrategias de subsistencia de los agricultores y pescadores locales desplazados por los agronegocios. Además, hay que estar sometidos a los factores de cambio, que suelen ser favorables a países ricos en divisas y desfavorables para países de economías frágiles. Por ello, antes que esperar que sean los agrocombustibles los que resuelven los problemas del campo, hay que abogar por verdaderas y sustentables reformas agrarias y acuarias.

No cabe duda que hay que priorizar la producción de alimentos, la ocupación campesina intensiva en mano de obra y la soberanía de los pueblos sobre los dones de la naturaleza.

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1 Frente a la indiferenciación en el uso de los términos agrocombustibles y biocombustibles, preferimos concordar con Joao Pedro Stedile, dirigente del MST y de la Vía Campesina, quien afirmó en entrevista para el diario La Jornada de México (29-08-2007) que: “…hay una gran manipulación por parte de ese capital, en llamar a los combustibles de origen vegetal, renovable, con el prefijo bio, que significa vida. Es una aberración (…) ellos pasan a utilizar el prefijo bio para dar a entender que es una cosa buena, políticamente correcta”. Se trata pues de una manipulación ideológica. Es por ello que en el Foro de Nyéléni, en Malí, África, concordamos llamarlos agrocombustibles o agroenergía. Ahora bien, si quisiéramos ser más estrictos, parafraseando la definición de la FAO, podría plantearse que hay tres tipos de agroenergía i) la que aprovecha energía de la biomasa quemándola directamente para cocinar y proporcionar calefacción, usualmente en comunidades tradicionales agrícolas y pastoriles (que podría llamarse biocombustible siempre que su producción y uso sean sustentables); ii) la que se usa para generar electricidad mediante tecnologías sofisticadas; y iii) y los agrocombustibles líquidos como el etanol y agrodiesel, utilizados principalmente para trasporte. 2 Miembro de Censat Agua Viva. Coordinador de la Campaña Internacional de Cambio Climático de Amigos de la Tierra Internacional. ifis@censat.org 3 Filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga fenómenos de migración y diferencia cultural. irenevt@gmail.com.

4 Neologismo que junta la palabra cataclismo y clima, para connotar que el cambio climático es un cataclismo.

5 Para una discusión más detallada de dichos efectos véase OECD, 2006. “Agricultural Market Impacts of Future Growth in the Production of Biofuels” Working Party on Agricultural Policies and Markets, Paris. 6 Estos “factores” no se pueden homogenizar como lo hace la economía. Para nosotros la tierra, más que factor de producción, es también el lugar donde se entierran los ancestros, es la Pacha Mama, es la piel de GAIA, es una fuerza creadora de riqueza y de imaginarios. Por ello tampoco puede convertirse, como se hace incluso desde defensores de la economía ecológica, en capital natural. “Capital” es una categoría abstracta con la que se valor a las gentes y a la naturaleza en tanto son reducibles respectivamente a capital natural y a capital social (Coronil, 2005). 7 Son las mujeres especialmente vulnerables por su subnutrición más sentida, por su función en la reproducción biológica de otros seres, por su situación de inequidad salarial, por la carencia de tiempo libre para su propia reproducción biológica, por el androcentrismo en las relaciones laborales y otros aspectos que resulta indispensable tratar con mayor profundidad y cuidado de lo que aquí podemos.

8 En conferencia realizada en Miami el 18 de diciembre de 2006, el presidente del BID, junto al Gobernador de la Florida y el ex ministro de Agricultura de Brasil, anunciaron la creación de la Comisión Interamericana de Etanol.

9 A quienes la tierra se les ha arrebatado o no tienen posibilidades de acceder a ella arrendándola, no les queda otro camino que someterse a condiciones de peonaje. Aunque perseveran maneras de organización formal de la fuerza laboral con algunos niveles de protección social, la mayoría de las formas de organización de la producción son una mezcla de tecnologías modernas en la producción de materias primas y en el proceso de producción de polioles (semillas genéticamente modificadas, catalizadores de gran eficiencia) con formas de trabajo neoesclavistas. Al carecer los trabajadores de la protección del estado de bienestar que caracterizó el periodo keynesiano ya extinto en muchos países, y al no tener condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y de negociación salarial que caracterizó el periodo fordista, el camino que ha adoptado el capital en su relación con el trabajo es de vinculación precaria y de sobreexplotación bajo condiciones de acumulación primaria. Es decir, ha optado por el uso directo de la fuerza física del trabajador, con escasos niveles de mecanización, y con remuneraciones y condiciones de reproducción adversas al trabajo. El salario no encuentra mecanismos de regulación entre otras razones por el debilitamiento sindical, que en algunos casos se da por la persecución y la criminalización de las luchas reivindicativas, y en los peores casos por la desaparición y el asesinato de los sindicalistas, como ha sido en Colombia. La renta y las ganancias de las empresas se obtienen gracias a las mayores cuotas de producción de los trabajadores, a la reducción de costos laborales y al desconocimiento de los costos ambientales. Se trata en muchos casos de una racionalidad instrumental productivista, que se conjuga con formas arcaicas de organización del trabajo. Los sectores del capital nacional buscan articularse en los circuitos internacionales del capital monopólico, mediante esquemas sofisticados de incorporación a los mercados, con instalaciones modernas y en algunos casos automatizadas (burótica), mientras a los trabajadores se les vincula mediante mecanismos tayloristas. El capital se acumula a expensas de las condiciones precarias en que se mantiene a los trabajadores. Así sucede en la industria palmífera del Chocó colombiano, en Tailandia y en Malasia.

Otros trabajadores, pequeños propietarios de tierra, se articulan bajo alianzas productivas, que son una especie de maquila agrícola, situada entre la gran producción agrícola y las gentes sin tierra, pero más cerca de estas últimas. 10 Según la revista SEMANA (http://www.semana.com/wf_InfoArticulo. aspx?idArt=102372) el 30 de octubre y el 17 de noviembre de 2006 fueron expedidas resoluciones adjudicando a 13 personas allegadas del senador risaraldense Habib Merheg, 16.330 hectáreas de tierras baldías, un área superior a la mitad del perímetro urbano de Bogotá. Se entregaron otras 21.805 hectáreas a 18 personas más. En el año 2004 se titularon en Vichada 43 predios, y en 2005 fueron 15; en 2006 se entregaron títulos a 277 baldíos. La zona ha sido dominada por un paramilitar apodado Macaco.

11 Ver: biofuelscongress.org/index_esp.asp Consultado 01-31-2007

LA DEUDA ECOLÓGICA DE LOS AGROCOMBUSTIBLES

Mónica Vargas Collazos*

La mayoría de nosotros somos productores y productoras de alimentos y estamos dispuestos, somos capaces

y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo…

Declaración de Nyéléni Foro Mundial de Soberanía Alimentaria

Mali, 27/02/2007

El año 2007 podrá pasar a la historia como aquel del auge de los agrocombustibles. En efecto, no solamente se ha potenciado mediáticamente esta “alternativa” ante la crisis ambiental planetaria, pero además ha recibido importantes incentivos por parte de los gobiernos de los países del Centro, y se ha acelerado su producción. Al considerar esta problemática, proponemos aquí partir de una perspectiva integral, considerando diversos ámbitos a partir de los cuales se requiere implementar una reflexión responsable. Nos situamos en el paradigma de la deuda ecológica, definida como la deuda contraída por los países industrializados con el resto de los países debido al expolio histórico y actual de los recursos naturales, a los impactos ambientales exportados y a la libre utilización del espacio ambiental global. Esta deuda se articula estrechamente con el modo de consumo y de producción implementado por el sistema capitalista (Ortega, 2007: 20).

Una solución milagrosa Quizás una de las características predominantes del actual proceso de globalización se ubique en la generación de problemas que atañen al conjunto de la humanidad y que comienzan a ser reconocidos oficialmente. Desde las reuniones del G8 y del Foro Económico Mundial hasta los foros de las Naciones Unidas, dos temáticas globales han sido reiteradas durante este año: el cambio climático y el hambre. Tras años de intensos debates y el desdén de los objetivos mínimos fijados por el Protocolo de Kyoto, en febrero de este año 2007, el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) estableció que la mayor parte del calentamiento global observado durante el medio siglo pasado ha sido causado por actividades humanas (con un 90% de certeza). Por otra parte, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), actualmente más de 850 millones de personas en el mundo padecen de hambre y en 2015 serán 100 millones más. Si escuchamos a los diferentes actores que promueven activamente el desarrollo de los agrocombustibles1, parecería que ahí radica una de las respuestas más adecuadas frente a ambas problemáticas. ¿En qué consiste esta milagrosa solución? Actualmente la producción de carburantes a partir de la biomasa se concentra en el bioetanol y el biodiesel. El primero es obtenido a partir de productos ricos

en sacarosa (caña de azúcar, melaza y sorgo dulce), de substancias ricas en almidón (cereales como el maíz, el trigo o la cebada), y mediante la hidrólisis de substancias que contienen celulosa (madera y residuos agrícolas)2. Puede ser utilizado para reemplazar la gasolina, pero requiere de una adaptación previa de los motores. A su vez, el biodiesel proviene de aceites vegetales (palma aceitera, colza, soja y jatrofa) o de grasa animal. Se destina al reemplazo del diesel y puede ser usado en estado puro o mezclado3.

Partiendo de una percepción, hoy cuestionada desde diferentes ámbitos, según la cual los agrocombustibles no aumentarían la concentración de CO2 en la atmósfera, varios

países han legislado a favor de una implementación obligatoria de estos carburantes en el sector de los transportes, sin disponer de la capacidad de producción necesaria. En Estados Unidos se ha dispuesto que hacia 2030 por lo menos 30% del combustible en el transporte se derive de agrocombustibles (sobre todo etanol), lo que requerirá una producción anual de 227 millones de litros. La producción estadounidense de maíz destinada al bioetanol se incrementó entre 2000 y 2006 del 6 al 20%. Ante los objetivos que este país se ha fijado, tendría que disponer prácticamente la totalidad de sus cosechas de maíz a la generación de carburantes.

Por su parte, la Unión Europea ha optado por cuatro tipos de incentivos a los agrocarburantes, todos ellos utilizando recursos públicos: los subsidios agrícolas en el marco de la Política Agraria Comunitaria, la desfiscalización, la obligación de mezclar un porcentaje de 5,75% en 2010 y el doble en 2020 en los carburantes para el transporte, el uso en proyectos pilotos por parte de empresas de transporte público. Al respecto, cabe destacar que el porcentaje mencionado atañe únicamente al sector del transporte, el cual representa menos de un tercio (30%) del consumo total de energía en Europa. Por lo tanto, el 5,75% de los carburantes en el sector del transporte representan únicamente 1,8% del consumo energético total. Así, el ahorro real sería de 36 millones de toneladas de CO2 , es

decir, menos de 1% de las emisiones totales europeas (Russi, 2007). Actualmente, Europa produce 3 millones de toneladas de biodiesel, aspira a alcanzar los 7 millones en 2010, lo que requerirá 13 millones de toneladas de materia prima, y a mediano plazo cuenta con la segunda generación basada en residuos lignocelulósicos para suplir 30% del consumo.

Europa tampoco cuenta con las tierras necesarias para cumplir con estas metas. Por ejemplo, se calcula que en un país como Gran Bretaña, intentar alcanzar el objetivo de 2020 demandaría la utilización de casi la totalidad de las tierras de cultivo (Redes-AT y GRAIN, 2007b). Por tanto, todos estos países deberán recurrir a la importación de materia prima o de agro-carburantes. De hecho, en el Plan Europeo de Acción sobre la Biomasa se destaca: “La productividad de la biomasa es más alta en los ambientes tropicales y los costes de producción de los biocombustibles son comparativamente menores en un gran número de países en desarrollo. (…) Países en desarrollo como Malasia, Indonesia y Filipinas, que producen actualmente biodiesel para sus mercados domésticos, podrían bien desarrollar un potencial de exportación”. Además, se contempla que la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR tendrá un impacto favorable en la apertura del mercado del bioetanol4. Para responder a esta demanda, se ha intensificado la producción de la materia prima en países como Brasil, Argentina, Colombia, Malasia e Indonesia, donde se sitúan las mejores y más abundantes tierras.

Hacia los bionegocios Es evidente que se abren las posibilidades de negocios muy jugosos. No se explicaría de otra manera la intervención de las grandes corporaciones transnacionales en la agenda de los agrocombustibles desde distintos ámbitos (Rulli y Semino, 2007). Hecho sin precedentes: con la producción de este tipo de carburantes observamos en los últimos años la convergencia de corporaciones del sector petrolero, automovilístico, alimentario, biotecnológico y financiero. Si bien muchas de ellas han obtenido beneficios millonarios generando cambio climático5, a partir de ahora ganarán todavía más “mitigándolo”. Son tiempos en los que BP se asocia con la biotecnológica DuPont para proveer el mercado británico del biobutanol, firma con ConocoPhillips contratos con productores de carne para producir biodiesel a partir de grasa animal o invierte en cultivos de jatrofa. Empresas biotecnológicas como Monsanto o Syngenta intensifican su producción e investigación en semillas transgénicas6, al tiempo que Ford, Daimler-Chrysler y General Motors se disponen a vender en la próxima década más de dos millones de automóviles que funcionen con bioetanol. Wal-Mart planifica la venta generalizada de agro carburantes en sus 380 tiendas estadounidenses y las empresas del sector agroalimentario conforman redes integradas para controlar toda la cadena productiva, desde las semillas hasta el transporte7.

Tomaremos acá un ejemplo de la convergencia corporativa de diferentes transnacionales considerando brevemente el caso del Estado español. Allí, Repsol YPF flirtea con la semillera Bunge y la constructora Acciona para el establecimiento de una planta de biodiesel en el Puerto de Bilbao. Además, la petrolera española, conjuntamente con catorce otras empresas, entre las cuales figuran Acciona y Sacyr Vallehermoso, ha recibido 22 millones de Euros por parte del Ministerio español de Industria, Turismo y Comercio, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), destinados a un proyecto de investigación y desarrollo sobre biodiesel. En la misma línea, Abengoa tiene destinados 300 millones de Euros en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para conseguir costes más competitivos en la producción de bioetanol durante los próximos cuatro años. Un examen de las plantas de producción de agrocarburantes en este país destaca también inversiones de las grandes corporaciones como la petrolera Cepsa (de la cual la petrolera francesa Total controla 48%, el Banco Santander Central Hispano 30% y Unión Fenosa 5%) y del gigante agroalimentario Ebro Puleva. Así, las cinco empresas con mayor volumen de producción de agrocarburantes en el Estado español reunieron en 2006 una cuota conjunta del 88% sobre el total de la producción (Binimelis, Jurado y Vargas, 2007).

Entonces, si los agrocombustibles aparecen a todas luces como un buen negocio, lo que queda mucho menos claro es si los cultivos energéticos contribuirán efectivamente en la reducción de las emisiones y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas del planeta. Para evaluarlo, consideraremos algunas de las consecuencias de su producción masiva, sin pretender ser exhaustivos.

Agricultura y cambio climático

A partir de los agrocombustibles se establece una relación peculiar entre el cambio climático y los problemas de malnutrición a nivel mundial. La producción de estos carburantes a gran escala destinada a responder a los nuevos requerimientos de los países del Centro pasa inevitablemente por una profundización del proceso de industrialización de la agricultura, el avance de la frontera agrícola y, por consecuente, de la deforestación. De hecho, un informe realizado por la NASA en 2006 establece la correlación entre el precio de la soja y la tasa de destrucción de la selva amazónica. A su vez, Indonesia ha perdido en los últimos veinte años un cuarto de su cobertura forestal al expandir las plantaciones de palma aceitera de 6 millones de hectáreas (en 1985) a 6,4 millones de hectáreas en 20068.

Ahora bien, recomendar el desarrollo de la agroindustria para mitigar los efectos del cambio climático resulta cuando menos descabellado. El modelo agrícola actual se sustenta en el petróleo, desde la elaboración de insumos químicos hasta el transporte de mercancías. Además, tal como lo advirtió el Informe Stern (2006), la agricultura y los cambios del uso del suelo (deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases responsables del calentamiento global. En particular, la conversión de las selvas en tierras de cultivo, el uso de fertilizantes de nitrato, el cultivo a gran escala de leguminosas como la soja y la descomposición de residuos orgánicos han sido identificados como las causas de emisión de óxido nitroso, el tercer gas en importancia de efecto invernadero. Únicamente en Brasil, 80% de las emisiones provienen de la deforestación debida a la expansión de los cultivos de soja y de caña de azúcar. Además, se evalúa que la destrucción de la turba vinculada con los monocultivos provocará la liberación de cerca de 40 billones de toneladas de carbono en la atmósfera (GRAIN, 2007). Finalmente, según la FAO, la producción de arroz es quizás la mayor fuente de emisiones de metano originada por la actividad humana y representa entre 50 y 100 millones de toneladas por año, procedentes de los 130 millones de hectáreas de arrozales. Nos encontramos aquí ante un círculo vicioso porque la misma institución demuestra preocupación por los impactos negativos del cambio climático sobre la agricultura y el acceso a los alimentos en los países más empobrecidos (FAO, 2007).

Aumento de los precios de los cereales y especulación De acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG, Estado español), la política de incentivos públicos a los cultivos energéticos impulsa a los productores de cereales a destinar sus cosechas a la agroenergía en lugar de a la alimentación animal y humana. En los países del Centro, esta situación preocupa particularmente a la industria ganadera. Es importante recordar que 70% de las tierras agrícolas del planeta son destinadas de manera directa o indirecta a la ganadería, y que únicamente la producción de piensos para la alimentación animal representa 33% de la producción agrícola. Los cereales representan 55% en la producción de pienso. Así, por ejemplo, en el Estado español, de los 30,6 millones de toneladas de cereal que se consumen, 23 millones son para la alimentación animal (de porcinos en particular). Por

otra parte, si la Unión Europea es la segunda productora de piensos a nivel mundial, la producción española representa por sí sola el 15% del total europeo. En ninguno de estos lugares las tierras cultivables que tienen a su disposición pueden proporcionar la materia prima necesaria, por lo que gran parte de los cereales son importados de Estados Unidos (maíz y soja), Brasil y Argentina (soja) (COAG, 2007).

En los últimos años se ha observado una contracción de la oferta de cereales debido a una producción inestable, vinculada en parte con contratiempos climáticos. Sin embargo, la demanda no ha dejado de aumentar, particularmente en Estados Unidos, a raíz de la producción de bioetanol a partir de maíz. Por otra parte, el precio del barril de petróleo se incrementa de manera continua, incidiendo en los costes logísticos (insumos y transporte) de la producción agrícola. En este contexto, los precios de los cereales y del maíz en particular (que constituye el cereal base en las fórmulas de alimentación animal), han alcanzado niveles muy elevados. Asimismo, se ha incrementado la producción de maíz amarillo para etanol, en detrimento del maíz blanco para consumo humano. Aquí es cuando el sector se convierte en un mercado interesante para los capitales especulativos y donde se desencadena lo que condujo a la “crisis de la tortilla” en México a principios de 2007: en los Estados Unidos se produjo un despliegue importante de las fábricas de bioetanol que coincidió con una baja ligera de la producción de maíz y por tanto una reducción de los stocks estadounidenses (40% de las reservas mundiales)9. En esta situación, la principal comercializadora de grano del mundo, Cargill, especuló con el maíz generando una alarmante duplicación del precio de la tortilla de maíz, un bien de primera necesidad en México (Llistar, 2007)10. En lo que atañe a las oleaginosas, también se observa la desigual competencia entre los coches y los seres humanos. Así, por ejemplo, en Indonesia, segundo productor mundial de palma aceitera, el Secretario General de la Federación de Sindicatos Campesinos (FSPI), Henry Saragih, destaca que ante el auge de los agrocombustibles empresas como IndoAgri y London Sumatra proyectan extender sus plantaciones hasta 250.000 hectáreas en 2015. Cerca de 1,5 millones de toneladas son exportadas hacia la Unión Europea y convertidas en agrocarburantes. Mientras tanto, en el país productor de este commodity, la gente debe hacer frente a la escasez de aceite de cocina de palma, una de las bases de su alimentación (Saragih, 2007).

La consideración de esta realidad ha llevado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación a observar que “la producción de agrocombustibles es inadmisible si lleva a los pobres de los países en desarrollo más hambre y escasez de agua”. De ahí su recomendación de que sea declarada una moratoria de cinco años sobre la producción de estos carburantes (ONU, 2007).

Impactos sociales: del despojo al malvivir La industrialización de la agricultura ha demostrado ser un fracaso social en varios países. El caso de Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay nos presenta una gran paradoja: los agroalimentos constituyen un alto porcentaje de las exportaciones al tiempo que la subnutrición adquiere un carácter estructural (Gudynas, 2007). Se ha propuesto a los agrocombustibles como una alternativa laboral que permitiría a los campesinos del Centro

y de la Periferia incrementar sus ganancias y alcanzar el bienestar social. Nada parece estar más alejado de la realidad. En el caso de la Unión Europea existe aún incertidumbre y algunos estudios refieren que 1 millón de toneladas de agrocombustibles pueden crear entre 2 y 8 empleos de tiempo completo, concentrados esencialmente en torno a refinerías y puertos (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007). Pero en los países de la Periferia, de donde finalmente vendrá gran parte de la materia prima, el desarrollo de cosechas para combustibles automotores se sustenta en la creación de economías de escala y en un modelo agrícola industrial altamente centralizado donde se estrechan las relaciones entre el capital transnacional y las élites terratenientes locales (GRAIN, 2007). Los habitantes de las comunidades rurales resultan cada vez más prescindibles y tienen sólo dos opciones: migrar o ser jornaleros agrícolas. Consideremos brevemente algunos casos.

El Grupo de Reflexión Rural (GRR) destaca que la Revolución Verde aplicada en el campo argentino se vincula con el empobrecimiento de la población. Así, en un país que fue considerado “granero del mundo”, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2006 registró que 34% de los niños menores de dos años sufren de desnutrición y anemia. De acuerdo con el GRR, parte de la explicación de este fenómeno se ubica en la conversión de Argentina en un país productor de transgénicos y exportador de forraje, con la implementación de monocultivos a gran escala de soja RR. Así, se produjo una concentración empresarial de la tierra que arruinó a 400.000 pequeños productores y provocó el éxodo rural, engordando los cordones de pobreza de las urbes (Rulli y Semino, 2007). La realidad no es muy diferente en Brasil, primer productor de bioetanol a nivel mundial. En el municipio de Ribeirao Preto (Sao Paulo), considerado como la “California brasileña” por el desarrollo tecnológico en la producción de caña, 30 fábricas controlan toda la tierra, 100 millones de personas (20% de la población total) viven en fabelas, y hay más gente en la cárcel (3’813) que campesinos en sus tierras (2’412) (Vicente, 2007).

Durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, que sesionó en mayo de 2007, se subrayó que las poblaciones originarias están siendo desplazadas de sus tierras por la expansión de los cultivos energéticos, lo que contribuye a la destrucción de sus culturas y a la migración hacia las ciudades. Sólo en una provincia indonesa de West Kalimantan son 5 millones de personas las que tendrán que dejar sus territorios ancestrales (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007). Así, los campesinos indonesios resaltan que el auge de los agrocombustibles amenaza con acabar la corrosión de su sistema agrícola y alimentario. Existe una concentración de la tierra en manos de un puñado de grandes empresas que llegan a poseer 67% de la tierra cultivable. De esta forma, los monocultivos de palma han profundizado la marginalización de los pequeños productores iniciada en tiempos coloniales: en Indonesia, únicamente en 2006, estas plantaciones provocaron 350 conflictos agrarios, a pesar de que la reforma agraria figure en la Constitución y las leyes nacionales (Saragih, 2007).

En Paraguay, el avance de los monocultivos de soja transgénica y de caña de azúcar se expresa también en un compulsivo proceso de acaparamiento de las mejores tierras. El país destina 2,4 millones de hectáreas a la producción de soja, pero contempla alcanzar los

4 millones para cumplir con sus compromisos de venta a la Unión Europea. Este es un país donde el 21% de la población vive en la extrema pobreza, el 1% de los propietarios posee 55% de la tierra, y 40% de los productores cultivan lotes de entre 0,5 y 5 hectáreas. En septiembre de 2006, la Corte Suprema confirmó que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria había vendido de manera ilegal tierras a grandes productores de soja. Según la organización Sobrevivencia, cada año cerca de 70.000 personas abandonan el campo debido a la presión para que vendan sus parcelas. Empero, otros métodos de descampesinización están siendo denunciados por organizaciones civiles: este año, en el departamento paraguayo de San Pedro, una de las zonas donde el gobierno promueve la producción de etanol, cinco personas han muerto y siete han sido heridas por guardias armados de la agroindustria11. Peor suerte han tenido las comunidades afrodescendientes colombianas de Jiguamiandó y Curvaradó. La violencia militar y paramilitar las forzó a dejar sus tierras, que fueron ilegalmente ocupadas por la empresa Urapalma (Redes-AT y GRAIN, 2007b). Los que se atrevieron a regresar a duras penas pudieron reconocer sus casitas destruidas. La selva que habían estado preservando fue arrasada por cultivos de palma aceitera que se extendían hasta el horizonte.

¿Y qué ocurre con los que se quedan? De acuerdo con el Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, los monocultivos no generan tantas fuentes de trabajo como prometen. Si en los trópicos 100 hectáreas de agricultura familiar crean 35 empleos, la misma extensión dedicada a plantaciones de eucaliptos representa un puesto de trabajo, en el caso de la soja son dos y en los cultivos de caña de azúcar y de palma, diez. En muchos casos, los cortadores de caña sólo son remunerados si consiguen una cantidad de producción pre-establecida por la empresa. No obstante, trabajan en condiciones difíciles, que incluyen el uso de agroquímicos sin equipo de protección, viviendas precarias, falta de servicios sanitarios y de agua potable, y hasta trabajo infantil12.

En lo que atañe a las poblaciones aledañas a los cultivos de palma y de soja, su salud se ve amenazada por la aplicación de potentes herbicidas. Así, por ejemplo, se estima que en Malasia, entre 1977 y 1997, cada cuatro días murió un jornalero agrícola envenenado por paraquat. Comunidades argentinas urbanas y rurales han lanzado la campaña “Paren de Fumigar” ante la dispersión aérea de herbicidas sobre los campos sojeros vecinos. Más aún, un estudio del Ministerio de Salud realizado en cinco ciudades del sur de la provincia de Santa Fe en Argentina descubrió un número alarmante de casos de cáncer (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007).

Megaproyectos y agrocombustibles Un hecho innegable: el biodiesel y el bioetanol no suelen tele-transportarse de los campos a los tanques de gasolina. Y aquí se ubica otro aspecto muy poco “bio” en el auge de los agrocombustibles: la creciente necesidad de integración de infraestructuras que implica su transporte y exportación. Salen a la luz, entonces, el (lamentablemente) resucitado Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA)13. Estos megaproyectos consideran a la rebelde geografía

latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y para el transporte de mercancías. Su misión es doblegarla mediante corredores intermodales de autopistas, represas hidroeléctricas, hidrovías, tendidos eléctricos, oleoductos, etc. Ni qué decir de los importantes beneficios que estos proyectos traerán a empresas como las españolas Iberdrola y Gamesa (parque eólico en México), ACS (gestión portuaria y dragados en Brasil), e incluso a desconocidas consultoras como TYPSA o Norcontrol. A pesar de las promesas de “desarrollo local” que hacen estos proyectos (evocando la agotada teoría del “derrame de riqueza”), resultan nefastos porque se sitúan sobre territorios indígenas y comunidades campesinas, y atraviesan zonas de alta biodiversidad.

En su diseño ha participado, sin ninguna consulta de las poblaciones locales, una de las principales entidades generadoras de deuda en el continente americano, y de la cual el Estado español es miembro: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual promueve los agrocombustibles de distintas maneras. Estima que a América Latina le tomarán 14 años convertirse en una zona productora de biodiesel y bioetanol y que se requerirán 200.000 millones de dólares14. El propio presidente del BID, Luís Alberto Moreno, co-dirige un grupo del sector privado, conjuntamente con Jeb Bush (ex–gobernador del Estado de Florida) y el ex primer ministro japonés Junichiro Kozumi, llamado Comisión Interamericana del Etanol. Así, el BID apoya la expansión de cultivos de palma en Colombia y de caña de azúcar y soja en la amazonía brasileña. De hecho, este año el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el primer financiamiento al sector privado para un proyecto de agrocombustibles en este país por un total de 120 millones de dólares, concretamente para Usina Moema Açucar e Alcohol Ltda. (Sao Paulo). Esta operación forma parte de una iniciativa del banco para la promoción de la estructuración de financiamiento de deuda prioritaria para cinco proyectos de bioetanol que tendrán un costo de 997 millones de dólares (BID, 2007).

Por otro lado, importa asegurar un fluido vaciado de los commodities hacia los puertos, no únicamente atlánticos, sino también del Pacífico, de cara a los mercados asiáticos. Así, el banco recomienda a Brasil gastar en infraestructuras 1.000 millones de dólares por año durante 15 años. Aspira también a acelerar proyectos del IIRSA rechazados por la sociedad civil, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, Ferro Norte (red ferrovial que conectaría a los estados sojeros de Paraná, Mato Grosso, Rondonia y Sao Paolo), y el Complejo del Río Madera.

Este último constituye uno de los principales proyectos del Eje de IIRSA Perú-Brasil-Bolivia y se sitúa sobre la frontera brasileño-boliviana. Actualmente consiste en la construcción de dos mega-represas hidroeléctricas en territorio brasileño, en San Antonio y en Jirau, con una capacidad de generación conjunta de 6.400 Megawats, y un coste de 10.300 millones de dólares. Comenzarían a construirse en 2008. La primera se encontraría a 190 kilómetros de Bolivia, y la segunda a 84 kilómetros. Estudios independientes han demostrado que ambas represas tendrán impactos sociales y ambientales graves, no solamente en Brasil, sino también en Bolivia. El Banco Santander Central Hispano y el banco portugués Banif participan activamente en este problemático megaproyecto, y están creando un Fondo de Inversiones y Participaciones (FIP) para financiar la construcción de la represa de San Antonio. El Fondo aspira a captar 220 millones de dólares. El banco

español asesora a un consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht que competirá por la licitación del proyecto. Expertos del Servicio Técnico de Protección Ambiental brasileño recomendaron que no se diera licencia al proyecto antes de realizar nuevos estudios de impacto ambiental; por su parte, el gobierno boliviano ha protestado y solicitado también nuevos estudios para verificar los impactos de las represas en su país. Se establece en este caso un vínculo importante con el auge de los agrocombustibles, puesto que las hidroeléctricas abastecerán de energía a los estados brasileños de Rondonia y Matto Grosso, permitiendo la extensión de la producción sojera, de por sí muy importante en este último estado gobernado por Blairo Maggi, uno de los más grandes productores de soja del planeta15.

El ámbito de los megaproyectos de integración de las infraestructuras resulta, tal como lo vemos, crucial a la hora de considerar el transporte de mercancías como las materias primas necesarias para la producción de agrocombustibles. No sólo implica el incremento de la deuda externa de los países donde tienen lugar estos planes, puesto que, además, por los impactos sociales y ambientales que comportan, generan simultáneamente una deuda ecológica considerable de las grandes corporaciones frente a las poblaciones locales que carecen de toda posibilidad de participación o de ejercer su derecho de consulta.

Segunda generación: de mal en peor Ante los múltiples problemas presentados por los agrocombustibles de primera generación se ofrece nuevamente una respuesta tecnológica: la producción de agrocombustibles líquidos (BtL, Biomass to Liquid), que puedan ser obtenidos a partir de biomasa lignocelulósica como la paja o las astillas de madera. Entre ellos se incluyen el bioetanol producido por la fermentación de biomasa hidrolizada, así como los agrocarburantes conseguidos por vía termoquímica, tales como los bio-hidrocarburos obtenidos por pirolisis (carbonización), las gasolinas y gasóleos fabricados por síntesis de Fischer-Tropsch, entre otros16.

De momento, los impactos sociales y ambientales generados por la producción a gran escala de estos carburantes son relativamente similares a la primera generación. La recolección de residuos orgánicos en los campos necesita el uso de más fertilizantes, lo que implica más emisiones de óxido nitroso. Además, la recogida masiva de árboles muertos tendrá por consecuencia pérdidas en términos de biodiversidad, puesto que miles de especies dependen precisamente de los residuos vegetales que yacen en los suelos. Ello podría reducir la capacidad de absorción de carbono en los bosques. Por otra parte, puesto que se requiere reducir el número de enzimas para romper la estructura molecular de las plantas, se preferirá la materia prima que provenga de monocultivos de árboles. Actualmente, la industria genética investiga la modificación de las plantas para producir menos lignina, facilitar el rompimiento de la celulosa y acelerar el ritmo de crecimiento de las plantas. No obstante, se desconocen los riesgos que implica la liberación en el medio ambiente de los árboles transgénicos (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007). Los entusiastas de la segunda generación y de las plantaciones de árboles parecen olvidar que un bosque no es un conjunto de árboles, es un ecosistema17. El

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) nos recuerda que en Chile las plantaciones de árboles son conocidas como “milicos plantados”: son cultivos de gran extensión que ocupan tierras amenazando las fuentes tradicionales de subsistencia de los pobladores. En Tailandia se denomina a los eucaliptos “el árbol egoísta” porque retiene toda el agua necesaria para el arroz, alimento básico en la subsistencia de los campesinos. El modelo de los monocultivos de árboles, implementado por la creciente industria papelera, se repite en diferentes países y sus impactos sociales y ambientales han sido denunciados continuamente.

Seres humanos, no máquinas Hemos podido constatar hasta aquí que los agrocombustibles constituyen una respuesta cuando menos inadecuada ante problemáticas globales como el calentamiento global y el hambre. En efecto, la producción de estos carburantes a gran escala no representa ningún deslinde frente a los combustibles fósiles, que son requeridos para su elaboración y transporte. Además, implica una intensificación del modelo agrícola industrial, responsable de manera sustancial de la actual crisis ambiental y del empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas. Los únicos beneficiarios de esta propuesta resultan ser conglomerados de grandes grupos empresariales, varios de los cuales han contribuido de hecho en la generación del cambio climático y de una deuda ecológica no asumida, mediante su participación en la industria petrolera, automovilística, agroalimentaria y constructora. De acuerdo con la FAO, la rápida transición hacia un mayor uso de agrocombustibles podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero “siempre que sean tenidas en cuenta la seguridad alimentaria y las consideraciones ambientales” (FAO, 2007). A partir de todos los elementos considerados en este ensayo, pensando también en la obsesión por el crecimiento sostenido –y no sostenible-, pilar de la lógica capitalista, la propuesta de la FAO nos sitúa ante una ecuación imposible de resolver. Además, parte de una consideración simplista tanto del medio ambiente como de las poblaciones afectadas.

Esto se debe a que desdeña un parámetro clave: los seres humanos todavía no somos autómatas. Los millones de personas empobrecidas en todo el planeta no pueden ser consideradas como máquinas que requieren una fuente de energía adecuada. Ante la pregunta sobre por qué reivindicaba los derechos de su Pueblo, un dirigente indígena mixe de Oaxaca (México) me respondió que lo que buscaban era la autonomía, un complejo equilibrio que incluía conceptos como: estómago propio, esperanza propia, poder de decisión propio, pensamiento propio, palabra propia, territorio propio, camino propio, educación propia, vida y muerte propias. Por su parte, las comunidades andinas pugnan por la introducción en la naciente Constitución boliviana del Suma Qamaña, entendido como el “vivir bien”, en un territorio que para ellos es sagrado y donde la diversidad de la naturaleza y sus divinidades conviven con la especie humana. En México, el maíz no sólo constituye un alimento básico para los Wixárika, tiene además un carácter sagrado y se expresa en el trabajo colectivo para la siembra, la caza de venado, las ceremonias. La “milpa” o parcela cultivada, es como un espejo de la comunidad indígena, donde

conviven y se complementan el maíz, el fríjol, la calabaza, el amaranto, plantas medicinales (Redes-AT y GRAIN, 2007a).

Tras años de estudio de diversas culturas indígenas en América Latina, la antropóloga Alicia Barabas (2003) señala que las representaciones sobre el espacio y las pautas culturales de construcción constituyen categorías estructurantes en una cultura puesto que sus significados y orientaciones resultan claves para la reproducción social. Por tanto, es a partir del reconocimiento de la complejidad y diversidad cultural de los seres humanos que podemos acercarnos a dilemas como el cambio climático y a las contradicciones generadas por el sistema capitalista. Ante ello, las posibilidades de actuar son múltiples. Las organizaciones indígenas y campesinas han plasmado sus reivindicaciones en el concepto abarcador e integral de la soberanía alimentaria y más recientemente de la soberanía energética. Existen también campañas populares que demandan que sea detenida la plantación de cultivos energéticos y piden una moratoria frente a las políticas de la UE de incentivos a los agrocombustibles, importaciones de agrocombustibles y monocultivos agroenergéticos de la UE o que trabajan sobre la deuda ecológica y la soberanía alimentaria18.

Cabe destacar también que actualmente cobra cada vez más fuerza un lema aglutinador de una gran diversidad de ideas de cambio: el descrecimiento, entendido como “la necesidad de salir del modelo económico actual y romper con la lógica del crecimiento continuo” (Mosangini, 2007). Surge esencialmente del pensamiento de Nicholas Georgescu-Roegen, el cual desarrolló la teoría de la bioeconomía, entendida como la formulación de una ciencia económica, ecológica y social sostenible, que aspira a re-situar a la economía como un subsistema de la biósfera, en el respeto de las leyes y límites físicos de esta última. En torno a esta noción se desarrollan, por ejemplo, propuestas particularmente urgentes en los países del Centro tales como: la producción a escala local y sostenible, la agricultura agroecológica, la desindustrialización, el fin del actual modelo de transporte, el fin del consumismo y de la publicidad, la desurbanización, la autoproducción de bienes y servicios, la austeridad, los intercambios no mercantilizados. Es a partir de este tipo de iniciativas, y en un esfuerzo de empatía, escucha y colaboración entre las diferentes resistencias al sistema capitalista, que podremos, sin duda, encarar de manera responsable los actuales problemas globales y recuperar la posibilidad de una vida digna para todos los pobladores del planeta.

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Saragih, H. 2007. It’s cars versus humans. The Jakarta Post, Jakarta, 26 de julio. Stern, N. 2006. Stern Review Report on the Economics of Climate Change, HM Treasury,

Londres Vicente, C. 2007. Entrevista de Joao Pedro Stedile, dirigente del MST y de la Via

Campesina Brasil. Revista electrónica Biodiversidad en América Latina, 6 de junio

* Antropóloga social Investigadora en el Observatorio de la Deuda en la Globalización Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (Universidad Politécnica de Cataluña) monica.vargas@odg.cat 1 No utilizaremos aquí la denominación “biocombustible” ni “biocarburante”. Adoptamos la postura de cientos de organizaciones campesinas reunidas en el Foro Social Mundial sobre Soberanía Alimentaria de Nyéléni, según las cuales se trata de una industria que constituye una agresión para el medio ambiente. 2 Se trata esencialmente de los agrocombustibles de segunda generación, que serán considerados más adelante.

3 Por ejemplo, el término B30 indica que el diesel contiene 30% de biodiesel (GRAIN, 2007) 4 Biomass Action Plan, COM/2005/628 Final (pp. 6 y 14). Véase: http://ec.europa. eu/energy/res/biomass_action_plan/doc2005_12_07_ comm_biomass_ action_plan_en.pdf 5 De acuerdo con la Revista Fortune 2007, las ganancias de las diez primeras transnacionales sumaron 119.691 millones de Euros (más de 10 veces el PIB de los Estados Unidos). Seis de ellas son petroleras, tres automovilísticas y una lidera la provisión de mercancías y alimentos. 6 No consideramos acá, por ejemplo, la estrecha relación entre los agrocombustibles y el incremento de los cultivos transgénicos. En los siguientes enlaces se encuentran detallados análisis al respecto: http://www.etcgroup.org, http://www.biodiversidadla.org, http://www.grr.org.ar. 7 Para un examen exhaustivo de las empresas globales que más invierten en agrocombustibles véase: GRAIN, 2007. 8 Para algunos, se trata de un excelente negocio: los grupos empresariales malayos Sinar Mas y Raja Garuad se encuentran presentes en el cultivo de palma, la producción de biodiesel y la explotación maderera (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007)

9 Se prevé que para 2012 el maíz para los agrocarburantes en este país sea el doble de aquel destinado a la exportación, por lo que su oferta de este cereal se reducirá y los precios continuarán subiendo (COAG, 2007). 10 Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el consumo de este bien básico en México ha sido encadenado a la producción estadounidense, aumentando las importaciones de medio millón de toneladas en 1993 a 7,3 (libres de arancel) en 2004. El año 2008, con la entrada en vigor de la última etapa del TLCAN, México será inundado por millones de toneladas de maíz y de fríjol estadounidenses, lo que promete una crisis social y política de gran magnitud. 11 Para más información al respecto, véase Rulli (2007) y Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory (2007).

12 Consúltese Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory (2007) y Holt-Giménez (2007). 13 Para más información sobre el carácter geoestratégico de ambos planes y sus impactos sociales y ambientales, véase: http://www.odg.cat/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=582 14 Diario La Nación, 14 de mayo de 2007 (http://www.nacion.com/ln_ee/2007/mayo/14/economia1095035.html)

15 Para más información al respecto, consultar: http://www.biceca.org y http://internationalrivers.org/

16 Consultar al respecto: Programa del Encuentro Biocarburantes’07 (http://www.iir.es)

17 Película “Invasión verde”, http://www.wrm.org.uy

Véase http://www.biofuelwatch.org.uk/ y http://www.noetmengiselmon.org

II.

Conflictos

ambientales

y sustentabilidad

LOS AGROCOMBUSTIBLES: ¿SÓLO CANTO

DE SIRENAS? Análisis de los impactos ambientales

y sociales para el caso colombiano

Mario Alejandro Pérez-Rincón1

Introducción La crisis de abastecimiento de energía fósil y el calentamiento global ponen en el derrotero de las políticas internacionales y nacionales la promoción de energías alternativas dentro de las que se destacan los agrocombustibles. En el 2003, por ejemplo, la Unión Europea (UE) publicó una directiva2 que establecía que para el año 2005 el 2% de toda la energía usada en el sector del transporte tenía que derivar de biocarburantes. En el 2010, ésta debería incrementarse al 5,5%. Para Colombia, esta opción es parte central de la estrategia de política energética y para ello ha adecuado su marco legal abriendo el camino a la producción de combustibles de origen agrícola. La ley 693/2001 estipula que la gasolina colombiana deberá tener un 10% de etanol en 2009 y alcanzar gradualmente una proporción del 25% en los próximos 15 ó 20 años. La Ley 788/2002 (de Reforma Tributaria), introduce exenciones de IVA, Impuesto Global y Sobretasa al componente de alcohol de los combustibles oxigenados. La ley 939/2004 estimula la producción de biodiesel hasta en un 5% para este tipo de motores.

El argumento principal que justifica las políticas a favor de los agrocombustibles a nivel mundial, aunque se centra en aspectos ambientales, incluye también aspectos socio-económicos. Dentro de los primeros se resalta el hecho de que no aumentaría la concentración de CO2 en la atmósfera, ya que el CO2 que se desprende en la fase de

combustión es el que se ha absorbido en la fase de crecimiento de las plantas gracias a la fotosíntesis. Además, el reemplazo de cierta cantidad de combustibles fósiles por el uso de biocarburantes resolvería parte del problema de escasez de fuentes energéticas y de dependencia de las mismas (Russi, 2007). En términos sociales, la Comisaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE señalaba: “las materias primas para la producción de biocarburantes proporcionan también en potencia una nueva salida para los agricultores europeos, permitiendo ahora convertirse en verdaderos empresarios”.

Argumentos similares son usados por el gobierno colombiano. En la página web del Ministerio de Agricultura se plantean los siguientes beneficios al producir biocombustibles para el país: i) proteger las reservas de petróleo colombiano y disminuir la dependencia del uso de combustibles fósiles; ii) beneficiar el ambiente por el carácter biodegradable de los mismos; y, iii) desarrollo agrícola a través de la generación de empleos y la diversificación de cultivos, reduciendo además la importación de combustibles con un ahorro anual para el país de 500 millones de dólares (Minagricultura, s.f.).

Todo parece ser “canto de sirenas”. Sin embargo, presentar a los agrocombustibles como la “varita mágica” que resuelve todos los problemas puede resultar un discurso peligroso y engañoso. Diferentes estudios realizados a nivel internacional y nacional han señalado los riesgos de esta alternativa (Pimentel y Patzek, 2005; Russi, 2007; ETC Group; HREV-CBC, 2006; HRW-Diócesis de Quibdo, 2004; Pérez, 2007). Estas opciones, a pesar de estar basadas en el uso y explotación de recursos naturales de carácter renovable, conllevan también importantes implicaciones ambientales y sociales en varios aspectos: ampliación de la frontera agrícola a costa de importantes áreas boscosas tropicales; incremento de la demanda de agua y alteración de los regímenes hidrológicos en cuencas con importantes situaciones de estrés hídrico; contaminación del suelo y el agua con el uso exagerado de insumos agroquímicos para aumentar la productividad; impulso a patrones de desarrollo agrícola que además de ser energéticamente ineficientes (bajo balance energético output/input) (Cussó et al, 2006; Pimentel, 1996), ponen en riesgo la seguridad alimentaria e incrementan la pobreza al presionar al alza los precios de los bienes básicos y generarse un desplazamiento de la producción de alimentos por la producción para biocombustibles.

Por estas razones, tratar de identificar los impactos ambientales y sociales de la producción de agrocombustibles para la economía colombiana resulta una necesidad imperiosa si se quiere evitar entrar en el juego de la insostenibilidad y del desmesurado costo socio-ecológico. Así, este escrito pretende avanzar en la identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales de la producción de agrocombustibles para la economía nacional desde la perspectiva de la Economía Ecológica. Una evaluación rigurosa de estos impactos dará elementos para reconsiderar esta estrategia por parte del gobierno nacional, así como brindará información a los movimientos sociales para que no se dejen encantar con estos “cantos de sirena” y traten de desmontar los planes a gran escala como una estrategia inadecuada que pretende, como señala Russi (2007), “matar muchos pájaros de un solo tiro: altos precios del petróleo, cambio climático, seguridad energética y contaminación urbana”.

¿Qué son los agrocombustibles? Los agrocombustibles son cualquier tipo de combustible líquido, sólido o gaseoso, proveniente de la biomasa vegetal. Este término incluye principalmente dos tipos de combustibles: el Bioetanol (o alcohol carburante) y el Biodiesel.

El bioetanol, o alcohol carburante, se define como compuesto orgánico líquido, de naturaleza diferente a los hidrocarburos derivados de petróleo, gas natural o carbón, que tiene en su molécula un grupo hidroxilo (OH) enlazado a un átomo de carbono. La norma colombiana NTC 5308 define alcohol carburante como etanol anhidro obtenido a partir de la biomasa, con un contenido de agua inferior a 0,7% en volumen (Minagricultura, s.f.). El bioetanol es obtenido a través de un proceso de fermentación y destilación de plantas ricas en azúcar (caña de azúcar, remolacha), cereales (maíz, cebada) o madera (biocarburantes de segunda generación). Éste substituye a la gasolina. Por su parte, el biodiesel es un combustible para motores diesel, que se obtiene con un proceso llamado

transesterificación a partir de semillas oleaginosas (palma aceitera, colza, girasol, soya, etc.). Substituye al diesel o el llamado ACPM en Colombia.

La producción de este tipo de combustibles tiene dos grandes ciclos: el ciclo agrícola, el cual corresponde a la siembra, cultivo y cosecha de la planta, y el ciclo industrial o de transformación de la materia prima en etanol o biodiesel. Así, siendo esta una actividad de tipo agroindustrial, los impactos ambientales y sociales de estas opciones energéticas pasan por ambos ciclos de vida. De tal manera, para su evaluación es necesario abordar el uso de las diferentes funciones ambientales y sus respectivos impactos a lo largo de ambos procesos de producción (Gráfico 1).

Gráfico 1: Esquema agregado de actividades y procesos implicados en la producción

de etanol y biodiesel

Sistema de producción de agrocombustible

Adecuación de tierras

Abonado y fertilización

Siembra

Herbicida Cosecha Transporte

Molienda MezclaFermen-

tación

Destilación/

Deshidratación

VinazasEtanolTransporte

Alcohol

Producción

aceite vegetal Transeste-

rificación

Biodisel

Gliserina

Transporte

Subsistemas agrícolas y productivos

Cultivo agrocom-

bustible (caña

o palma)

Producción

herbicidas

Producción

fertilizantes

Producción

fertilizantesCaña o

racimo

Agua, tierra,

otros RN

Transporte

Transformación a etanol o biodisel

Etanol o

Biodisel

Transporte y

distribución

Uso final

1

2

Uso de funciones abastecedora y receptora del ambiente

Fuente: Propia con base en: Asocaña (s.f.); Fedepalma (s.f.); Ciemat (2005).

Impactos ambientales y sociales de la producción de agrocombustibles

Cuando se hace referencia a los impactos ambientales, estos pueden definirse como el efecto positivo o negativo de las actividades antrópicas sobre la estructura y funcionamiento no sólo de los sistemas naturales sino también de aquellos transformados por la acción humana como por ejemplo un campo de cultivo, un paisaje o una ciudad (Figueroa et al, 1998: 56). En el caso del efecto propiamente sobre el medio, éste se refiere a cualquier cambio en la dinámica o condiciones del ambiente (ciclo del agua, estructura del suelo, calidad del aire, etc.), independientemente de la valoración social que pueda existir sobre el mismo. Buena parte de los efectos ambientales son fenómenos físicos, químicos y biológicos que se han producido históricamente como consecuencia de cualquier acción humana significativa sobre el medio aunque nadie tuviera conciencia de su ocurrencia

(Folchi, 2004: 4). Con base en estos criterios se puede establecer que a escala local existen, solapados entre sí, tres órdenes de acciones sobre el medio que acarrean efectos ambientales: las emisiones y descargas de elementos extraños (contaminación), la extracción y uso de recursos y la transformación del paisaje.

Las acciones de la actividad económica afectan lo que se ha denominado en el lenguaje especializado las funciones ambientales de la biosfera. En particular, se puede señalar que la biosfera desempeña tres funciones esenciales: la función abastecedora, que provee recursos naturales (renovables y no renovables) y energía a la sociedad. La función receptora, que permite asimilar los residuos y desechos producidos por la actividad económica. Y la función de los servicios ambientales que posibilita mantener los procesos naturales para conservar el funcionamiento de la biosfera o el soporte de vida, y que además ofrece atractivos lúdicos a la sociedad (Hauwermeiren, 1998 y Pearce y Turner, 1995). Cuando una o más de estas funciones ambientales son afectadas aparece un problema ecológico, pues el ambiente deja de cumplir o lo hace parcialmente con su papel ecosistémico, afectando también la sostenibilidad del desarrollo de la sociedad.

Guiándonos por esa clasificación, el Cuadro 1 presenta un inventario de los principales impactos ambientales sobre las diferentes funciones de la biosfera relacionados con la producción de agrocombustibles. Igualmente, presenta la unidad de medida que se puede utilizar para valorar tales impactos. Además, aunque en el campo social, el desarrollo, producción y comercialización de combustibles de origen agrícola puede tener importantes efectos económicos como generación de empleo, aumento de ingresos o contribuir a mejorar la balanza comercial de un país, también lleva aparejado impactos socio-económicos negativos que regularmente no son tomados en cuenta, pero que es necesario considerar para un balance más realista de la estrategia. Estos también son presentados en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Impactos ambientales y socio-económicos de los agrocombustibles

Aspectos ambientales y sociales impactados

Funciones ambientales

impactadas directamente

Problemas

Unidad de medida del

impacto

Función

abastecedora

Función

receptora

Función

servicios

y

soporte

Aspectos

Socio-

económicos

Disminución

zona boscosa

Hectáreas sembradas

zonas boscosas

X X

A

Consumo de

agua

m3 X

Uso intensivo

del suelo

Salinización X

Contaminación

hídrica

DBO5; SST X

Contaminación

atmosférica

Emisiones (Ton/año) y

concentraciones (µg/m3)

CO2; CO; PM10; SO2

X

X

Calentamiento

global

Emisiones de gases de

efecto invernadero

(Ton/año)

Global Warming

Potential (GWP)

X

X

Balance

energético

Output energético/

Input energético

X X X

Biodiversidad

(agrícola y de

especies)

# de especies

Has cultivo X /Has

cultivadas totales

X X

M

B

I

E

N

T

A

L

E

S

Afectación del

paisaje

Cambio de paisajes X X

Precios de

alimentos

$/unidad de consumo

(azúcar, panela, índice

de precios básicos de

alimentos)

X

S

O

C

I

O

-

E

C

O

Seguridad

alimentaria

Producción per cápita de

alimentos

Estabilidad en el tiempo

($)

Impacto en canasta

familiar ($/canasta

familiar)

Autosuficiencia

X

alimentaria Output

energético per cápita

/Requerimientos

nutricionales

Aumento

costos

propietario

vehículo

$/Km/galón/combustible X

Dependencia

importación

alimentos

Importación de

alimentos (ton y $)

X

Concentración

de la

propiedad

Has/propietario X

Salud pública Índice de enfermedades

respiratorias

X

Derechos

humanos

Desplazamiento y

derechos adquiridos

X

N

O

M

I

C

O

S

Mecánica

automotriz

Duración del motor

(años)

X

Evaluación de impactos Por razones de espacio y de objetivos, este artículo no pretende ser exhaustivo en la evaluación de los impactos generados por la producción de agrocombustibles en el país (palma aceitera y caña de azúcar), por lo cual se abordarán los que consideramos más significativos. Los impactos ambientales analizados corresponden a: ahorro de energía y de gases efecto invernadero; presión sobre zonas boscosas; usos del agua y del territorio. Dentro de los impactos sociales se analizarán los relacionados con la seguridad alimentaria.

Impactos ambientales Ahorro de energía y reducción de gases efecto invernadero

El principal argumento a favor de los agrocombustibles es que contribuirán al ahorro de energía fósil y ayudarán a reducir la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Para comprobar el primer punto, es necesario hacer el balance energético neto estableciendo la relación output/input de energía expresada en Joules (o calorías), que permita apreciar cuánta energía se genera (output) por cada input energético invertido en la producción de un bien a lo largo de su ciclo de vida (ver Gráfico 1).

En la mayor parte de los balances energéticos se ha encontrado que la agricultura moderna ha alterado la naturaleza de esta actividad. La agricultura pasó de apoyarse en un flujo de energía renovable para transformarse en una actividad muy exigente en combustibles fósiles y recursos no renovables. A este respecto, análisis detallados del ciclo de vida (ACV) de la producción de agrocombustibles revelan que el ahorro de energía puede no ser tan alto como se piensa, e incluso puede llegar a ser negativo según algunos autores para algunos tipos de cultivos. Esto se debe a que la materia prima que se usa en la producción de agrocarburantes se obtiene mediante agricultura intensiva, lo cual implica un alto uso de fertilizantes y pesticidas (basados en petróleo) y maquinaria (que son producidas e impulsadas con derivados del petróleo), ya que con métodos agrícolas menos intensivos la producción sería mucho menor y los requerimientos de tierra y costos serían mucho más altos (Russi, 2007). Este proceso requiere, además, del uso de combustibles fósiles (carbón y petróleo) tanto durante las fases de producción como en el transporte desde y hacia las plantas de procesamiento.

Sobre el balance energético en los agrocombustibles hay todavía mucha discusión. En estudios realizados sobre el ciclo de vida tanto del bioetanol como del biodiesel por Pimentel y Patzek (2005) se concluye que en la producción de ambos biocarburantes, con los métodos de procesamiento actual, se consume más energía de origen fósil de la que proporcionan posteriormente durante su uso. Así, por cada unidad de energía gastada en energía fósil, el retorno es 0,778 de energía de metanol de maíz; 0,688 unidades en etanol de switchgrass; 0,636 unidades de etanol de madera y el peor balance es el biodiesel de soya con 0,534 unidades de biodiesel. Por su parte, Frondel y Peters (2007), en un trabajo basado en diferentes estudios europeos, muestran que aunque hay un ahorro energético en el uso del biodiesel frente al diesel convencional, el primero no es un sustituto perfecto. De hecho, sólo 2/3 partes de energía fósil puede ser ahorrada por este proceso de sustitución (idem, pág. 1679). Ello se explica porque el valor calorífico del biodiesel (32,8 MJ/l) es menor en un 10% que el valor calorífico del diesel convencional (35,7 MJ/l) [IEA, 1999]. Como consecuencia, sólo 0.921 del diesel convencional es necesario para el mismo rendimiento generado por un litro de biodiesel (idem, pág. 1678).

También, aunque otras investigaciones han arrojado resultados positivos en términos energéticos, éstos se disminuyen cuando el contenido de biocombustible es bajo dentro de la mezcla. Un estudio realizado por los Departamentos de Agricultura y de Energía de los EEUU (1998), encontró una eficiencia energética del 95%, cuando se reemplaza completamente el petróleo por el biodiesel. Pero, cuando se le agrega un 20% de biodiesel (B20) al gasoil, el ahorro en el consumo de petróleo es del 19% (idem, pág. v). Además, el

mismo estudio considera que los vacíos de información en el balance energético a lo largo del ACV es más la regla que la excepción. Otro estudio realizado por el Centro de

Investigaciones Energéticas (CIMAT) del Ministerio del Medio Ambiente de España (2005), concluye que el uso de etanol derivado de cereales permite ahorrar un 17% de energía primaria si se mezcla a la gasolina un 85% de etanol (B85). El ahorro disminuye a

un 0,28% si la mezcla de alcohol se reduce al 5% (B5) (Idem, pág. 64). Pero, igual que el

estudio norteamericano, el trabajo tiene algunos vacíos de información que pueden afectar los resultados. En particular, el análisis se circunscribe al territorio español, quedan excluidos del análisis el uso de combustibles para la fabricación de maquinaria, así como el análisis del gasto energético para la recuperación de los suelos. Estos aspectos subvaloran el consumo energético del bioetanol. Además, este estudio señala que los mismos resultados advierten que el proceso de obtención de los biocombustibles, especialmente en la etapa de producción de la materia prima, puede y debe ser optimizado para mejorar el balance energético.

Por su parte, los datos presentados por el Ministerio de Agricultura de Colombia, Asocaña y Fedepalma muestran un optimismo energético que requiere “beneficio de inventario” por el propio carácter de los actores. Para la palma aceitera y la caña de azúcar la eficiencia energética es de 6,6 y 8,3 respectivamente, muy por encima del resto de agrocombustibles, sin mostrar las fuentes de investigación en que se basa esta información (Minagricultura, s.f.).

De todas maneras, la gran dispersión de los resultados, las limitaciones de las investigaciones en términos de sus alcances, las etapas del proceso excluidas de los análisis, los límites geográficos usados (excluyendo casi siempre la energía incorporada y los impactos ambientales trasladados a otros países, como también el gasto energético en el transporte), la no inclusión de los efectos producidos en recursos naturales tan importantes para el proceso productivo de los agrocombustibles como el agua (contaminación y uso) y el suelo (pérdida de su calidad por la agricultura intensiva), y las dificultades de obtener datos lo suficientemente sólidos, dejan duda sobre la validez de los resultados de las estimaciones que arrojan un balance positivo de energía asociada a la producción de agrocombustibles.

Por su parte, con respecto a la contaminación y a la producción de gases efecto invernadero (GEI)3, estos biocombustibles aparecen como una opción «verde» global y local para reducir la contaminación atmosférica. Sin embargo, las ventajas en este aspecto son muy modestas cuando la mezcla de bioetanol o biodiesel en la gasolina o en el diesel utilizada para los vehículos es baja. Si se sustituyera el diesel con una mezcla de 5,75% de biodiesel (B5,75) -tal como intenta establecer la UE-, los óxidos de nitrógeno (NOx)

aumentarían de forma insignificante (2%) y el monóxido de carbono (CO) y las partículas en suspensión (PS) disminuirían respectivamente en sólo 3% y 6% (Russi, 2007). Por su parte, el estudio realizado por los Departamentos de Energía y de Agricultura de los EEUU (1998) concluye que el uso del biodiesel (B100) genera emisiones netas de CO2

inferiores en más de un 78% a las producidas por el diesel tradicional, las que se reducen al 15,7% cuando se usa la combinación B20. Para esta combinación, hay reducciones

moderadas en las principales emisiones contaminantes: el monóxido de carbono se reduce en 6,9% frente al emitido por el gasóleo, las partículas lo hacen en 4,9%, los óxidos de azufre en 1,6% y los hidrocarburos en 4,4%. Por contra, los óxidos de nitrógeno se

incrementan en un 2,7% respecto al uso del gasóleo. Igualmente, el estudio realizado por el CIMAT del Ministerio del Medio Ambiente de España para el etanol producido a partir de cereales encuentra un ahorro de 90% y 4% en emisiones de CO2 cuando hay combinaciones

de etanol en el combustible utilizado en el transporte de 85% y 5% respectivamente. Para N2O, contrariamente, los incrementos son en forma respectiva de 39,5% y 17,7%. El balance

general arroja reducciones totales en los GEI de 70 y 3% para B85 y B5. Frondel y Peters

(2007), con base en información originada en varios estudios, encuentran reducciones de los GEI que van entre 41 y 78%. Reducciones similares encuentra un estudio de la EPA4 (2002) y de Beer y Grant (2007).

Así, aunque hay importantes ventajas en la reducción de la contaminación ambiental en el uso de agrocombustibles, éstas se reducen cuando el contenido de este tipo de carburante es bajo dentro del total del combustible utilizado, aspecto que precisamente es lo que caracteriza a esta estrategia energética por las limitaciones técnicas y ambientales para usar combustibles 100% agrícolas. Además, dado que estos resultados están íntimamente relacionados con los balances de energía presentados antes, las limitaciones encontradas en los mismos respecto a la información, afectan similarmente los resultados sobre la contaminación. De tal manera, se puede concluir frente a estas modestas ventajas que los impactos de la producción a gran escala de biocombustibles son enormes, sobre todo en lo relacionado a la competencia por el uso del territorio (bosques y otros cultivos para la alimentación), agua y el impacto producido en la seguridad alimentaria, aspectos que se mirarán a continuación.

Competencia por la tierra: presión sobre zonas boscosas

Después de cinco décadas de actividad, la palma aceitera en el país es un cultivo en consolidación ocupando un territorio de 301 mil has en 20065, con un crecimiento sostenido en los últimos diez años tanto en el área sembrada (8,5% promedio anual) como en la producción de aceite (5,9%). Por su parte, las exportaciones colombianas crecieron a una tasa anual de 18% y en la actualidad representan el 34% de la producción de aceite de palma, frente a 11% en 1996, siendo un producto cada vez más transable en el mercado internacional (DNP, 2007). Colombia en la actualidad es el primer productor de América y el quinto en el mundo, pasando de producir 409 mil a 711 mil toneladas de aceite en los últimos diez años, con proyecciones al 2010 de 1,1 millón de toneladas en un área sembrada de 443 mil has. Sin embargo, aún se está muy lejos de Malasia e Indonesia, los mayores productores, con un total de 4,2 millones y 5,2 millones de has de palma sembradas y una producción de 15,9 millones y 15,8 millones de toneladas, respectivamente.

El imaginario económico creado por el gran volumen de transacciones de estos países que comparten espacio tropical con nosotros, junto a un contexto donde las exportaciones mundiales del aceite derivado de la palma han crecido en los últimos diez años a tasas promedio anuales de 10,5%, jalonadas por la crisis de los combustibles fósiles, han llevado al país a apostarle al desarrollo a gran escala de este cultivo. Sin embargo, la misma experiencia internacional, no sólo de Indonesia y Malasia, sino también de Nigeria, Tailandia y Nueva Guinea, nos muestra que su desarrollo se ha hecho a costa de tumbar

bosques y selvas tropicales. Amigos de la Tierra publicó un informe que mostraba que entre 1985 y 2000, las plantaciones palmeras en Malasia fueron responsables de un 87% de la deforestación de este país. En Sumatra y Borneo (Indonesia) unos 4 millones de has de bosque se han convertido en tierras de cultivo de palma aceitera. Además, se programa despejar 6 y 16,5 millones de has adicionales en forma respectiva entre Malasia e Indonesia para sembrar este cultivo, casi todo dirigido a la producción de biodiesel para satisfacer la demanda de la UE (Mombiot, 2006)6.

En Colombia los departamentos con mayor presencia de cultivo de palma corresponden a Nariño, Meta, Casanare, Santander, Cesar y Magdalena. Estos concentran el 94% del área sembrada del país (Cuadro 2). Por su parte, Cenipalma y Corpoica plantean que el potencial de expansión del cultivo, según criterios edafoclimáticos, es de 3,5 millones de has, encontrándose el área potencial en los mismos departamentos más Antioquia, Bolívar, Córdoba, La Guajira y Norte de Santander (DNP, 2007). Sin embargo, acorde a otros planes de expansión que ya comienzan a tener desarrollos específicos, existen otras áreas de interés para los palmicultores como son: la Costa Pacífica del departamento de Nariño, Caquetá, Putumayo, Chocó, Guaviare y Vichada7. Estos planes buscan reducir el grado de dispersión de los cultivos que incrementan los costos de producción.

Precisamente, en el Cuadro 2 se puede apreciar paralelamente a la intensidad del cultivo por departamentos, la vocación boscosa de los mismos. Así, se encuentra que aunque en la actualidad los departamentos con menor vocación forestal son los que contribuyen con mayor área sembrada de palma alcanzando las 126.254 has (53,3% del área sembrada en palma), la participación de los departamentos de mediana y gran riqueza forestal contribuyen también de manera significativa con un 45% del área sembrada (106.580 has). Pero no sólo eso, los planes de expansión del cultivo de palma aceitera se concentran en buena medida en los departamentos donde la mayor parte del espacio territorial es ocupado por bosques. Con ello se puede decir que en forma similar a los casos de Indonesia y Malasia, la expansión de este cultivo con miras a satisfacer al mercado interno y externo de aceite, buena parte del mismo destinado a la producción de biodiesel, ejercerá una gran presión sobre las reservas forestales y naturales del país, muchas de ellas consideradas como patrimonio de la humanidad por su gran riqueza de biodiversidad.

Cuadro 2. Superficie sembrada y proyectada con palma aceitera para Colombia

Departamentos

Vocación boscosa

Superficie sembrada 2005 (has) %

Áreas proyectadas

Poca vocación boscosa (1)

Bolívar 1 3.560 1,5 X

Casanare 1 11.983 5,1 X

Cesar 1 32.669 13,8 X

Córdoba 1 0 - X

Cundinamarca 1 3.189 1,3

La Guajira 1 328 0,1 X

Magdalena 1 28.683 12,1 X

Santander 1 45.842 19,3 X

Subtotal 126.254 53,3

Alguna riqueza boscosa (2)

Antioquia 2 354 0,1 X

Norte Santander 2 3.743 1,6 X

Subtotal 4.097 1,7

Mediana y gran riqueza boscosa (3 y 4)

Meta 3 74.950 31,6 X

Caquetá 4 385 0,2 X

Chocó 4 3.245 1,4 X

Nariño 4 28.000 11,8 X

Guaviare 4 0 X

Putumayo 4 0 X

Vichada 4 0 X

Subtotal 106.580 45,0

TOTAL 236.931 100,0

Fuente: Minagricultura y DNP (2007).

1/ Área boscosa menor al 25% del territorio; 2/ Área de bosques menor al 40% del territorio; 3/ Área boscosa menor al 60% del

territorio; 4/ Área de bosques mayor al 80% del territorio del departamento.

Por su parte, el cultivo de caña de azúcar, dadas sus características y requerimientos de riqueza de suelos y otras condiciones naturales, no parece ejercer en la actualidad mucha presión sobre los territorios boscosos del país, aunque esto sí ocurrió en el pasado. La concentración de este cultivo se desarrolla básicamente en la zona plana del valle del río Cauca, donde se ubica el 97% del área sembrada.

Presión sobre el recurso hídrico y la frontera agrícola

En las diferentes evaluaciones ambientales que se han realizado sobre el cultivo de agrocombustibles con base en el ciclo de vida (Departamento de Energía y Agricultura,

1998; Ciemat, 2005; Frondel y Peters, 2007; Beer y Grant, 2007), poco se hace referencia a la presión que se ejerce sobre el recurso hídrico en las zonas donde se siembran tales cultivos. En forma contraria, algo se plantea sobre la competencia generada por territorio con otros usos (bosques y otros cultivos).

En este contexto, los indicadores biofísicos usados por la sostenibilidad fuerte ayudan a identificar la presión del subsistema económico sobre el ambiente. Para este caso se puede trabajar con dos conceptos interrelacionados: la cantidad de tierra destinada a la siembra de estos cultivos y la huella hídrica agrícola (HHA) [m3/año], que corresponde al volumen de agua usada para producir la materia prima requerida para generar los agrocumbustibles; en Colombia la caña de azúcar y la palma aceitera. La Huella Hídrica de los Agrocombustibles (HHAc), resulta de la sumatoria de los Requerimientos de Agua de cada uno de estos cultivos (RAAc), dividido entre el rendimiento respectivo de los mismos (ton/ha) y multiplicado por la producción (ton/año) de cada uno de ellos (Chapagain y Hoekstra, 2004). Donde los RAAc son el resultado de parámetros climáticos (evapotranspiración) y del Coeficiente de Absorción del Cultivo (Kc) (Allen et al, 1998). Con base en este concepto, se estimó la HHA de los cultivos que pueden ser destinados a producir agrocombustibles con una proyección al año 2010. En el Gráfico 2 se aprecia esta estimación incluyendo el territorio ocupado.

En términos de tierra, la superficie sembrada en cultivos con proyección

agrocombustible (caña de azúcar, caña panelera y palma africana) pasó de 318 mil has (7,4% del total de tierras cultivadas) en 1980 a 560 mil (14,2%) en 2001, lo cual representa una dinámica de crecimiento del 2,1% promedio anual. A partir de 2002, donde comienza a proyectarse la política de agrocombustibles en Colombia y hasta 2006, la tierra sembrada se incrementa en 207 mil has, duplicándose su crecimiento al 4,4% anual y alcanzando para ese año un total sembrado cercano a las 800 mil has (18% del total de tierras cultivadas). Para el 2010, la proyección de tierras para estos cultivos alcanzará, acorde con el Ministerio de Agricultura, las 921 mil has (20% del total), disminuyendo un poco su dinámica de crecimiento al 3,5% anual. El efecto de esta expansión de los cultivos agrocombustibles, en términos de costos de oportunidad, es la competencia por la tierra con respecto a otro tipo de cultivos con perspectiva alimentaria. Así, por ejemplo, un

Gr áf ico 2 . Pr e s ió n am b ie n ta l d e lo s cu lt ivo s con p e r s p e ct iva ag r o com bus t ib le e n Co lom b ia : 1980-2010 (ag u a y te r r ito r io )

-

200

400

600

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1.000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

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Gm

3 de

agua

Tier ra c u ltiv ada (has ) Hue lla h íd r ic a (Gm3)

Fuente: Cálculos propios con base en Minagricultura. Incluye: caña de azúcar, panelera y palma.

departamento como el Valle del Cauca donde se concentra el 81% del cultivo azucarero, el cual ocupa el 48% del total de las cerca de 400 mil has sembradas allí, tiene que importar de otras regiones cerca del 90% de sus alimentos, dado que el cultivo de los mismos ha sido desplazado por la caña de azúcar. Este proceso de especialización es mucho más acentuado en el sur del departamento y en algunas cuencas hidrográficas como la del río Bolo, donde el cultivo cañero ocupa el 95% de las tierras cultivadas.

Por su parte, con relación al agua, la huella hídrica de estos cultivos con perspectiva agrocarburante, pasó de 3,1 a 5,9 Gm3 (2,1% de crecimiento promedio anual), entre 1980 y 2001 (Gráfico 2). Para el año 2006, la HHAc alcanzó un nivel de 8,7 Gm3 lo que significó más que la duplicación de su crecimiento anual al pasar a 5,4%. En términos de proyecciones al 2010, la HHAc alcanzará para este año un nivel de 10,6 Gm3 de consumo de agua, con un crecimiento de 4,6% anual, representando el 21,5% del total de agua consumida por la agricultura frente al 10% de 1980. Esta situación muestra una creciente presión sobre el recurso hídrico por parte de los cultivos con posibilidades agrocombustibles, situación que parece no crítica al compararla con la disponibilidad de agua accesible a nivel nacional que alcanza 440 Gm3 anuales. Sin embargo, dado que los procesos de especialización productiva en este tipo de cultivos se desarrollan, no sobre todo un país, sino sobre regiones y zonas específicas con una determinada dotación de recursos naturales, es sobre estos territorios donde se trasladan específicamente las cargas ambientales de los procesos de especialización. Así, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca y en determinadas cuencas hidrográficas al sur del departamento (p.e. río Bolo), con la extensión del monocultivo cañero ya se ven situaciones importantes de estrés hídrico que afectan la sostenibilidad del recurso, generando conflictos con otros usos como el consumo humano y el caudal ecológico. El consumo de agua para el cultivo de caña de azúcar en el Valle del Cauca (1,6 Gm3) ya ocupa el 25% del aporte departamental de agua al río Cauca y en la cuenca del río Bolo, éste demanda más del 100% de la oferta hídrica del río, teniendo que buscar fuentes alternas superficiales y subterráneas, extendiendo la presión ambiental sobre otras regiones y recursos (Pérez, 2007).

El carácter agua-intensivo de este tipo de cultivos (Gráfico 3), hace que cualquier

proceso de especialización agrícola dirigido a los mismos deba considerar como estrategia

Gráfico 3. Requerimientos de agua por hectárea para algunos cultivos

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Palma Caña Tomates Maíz Sorgo

m3/

ha

.

fundamental el desarrollo de Planes de Manejo Integral del Recurso Hídrico (PMIRH) que tengan en cuenta las limitaciones ambientales asociadas a la capacidad de soporte de territorios, ecosistemas y recursos. Bajo este panorama, la puesta en marcha de proyectos agrícolas a gran escala como estos, debe considerar la capacidad de las funciones ambientales del recurso hídrico, en un contexto donde las presiones del mercado externo y los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales para apropiarse de un negocio que parece próspero, hacen que las posibilidades de gobernabilidad y soberanía del estado para hacer respetar los límites ecológicos se vean cada vez más disminuidas. La autoridad ambiental tiene allí un gran reto para, desde ya, establecer señales claras para promover una gestión sostenible de una alternativa agro-energética que tiene como uno de sus insumos principales al agua, tanto en su función abastecedora como receptora. Sin embargo, las señales parecen contrarias a estos requerimientos: Ley Forestal, Ley del Agua, desregularización estatal y pérdida de autonomía de los territorios comunales.

En este panorama se plantea que la capacidad potencial de siembra de palma aceitera en Colombia es de 3,5 millones de hectáreas (DNP, 2007), sin considerar la capacidad de la oferta hídrica para soportar este modelo agro-industrial-exportador, ni la demanda por agua de otros sectores, incluyendo el caudal ecológico. La presión sobre el recurso hídrico, originada por esta cantidad de hectáreas de palma proyectadas, alcanzaría los 48,8 Gm3 de agua. Ello significaría más que duplicar el consumo total de agua actual de la agricultura (43,7 Gm3), teniendo un crecimiento superior al 114% frente al agua consumida en 2005, sin incluir la dinámica de crecimiento de los otros cultivos. De tal manera, sumando ambas cuantías se podría alcanzar una demanda total de agua para uso agrícola cercana a los 95 Gm3, lo cual contribuiría a incrementar el estrés hídrico en muchas de nuestras cuencas hidrográficas y los conflictos por el uso del agua. Igualmente, en términos de territorio, y si no se produce desplazamiento de cultivos, la frontera agrícola se vería casi duplicada alcanzando los 7,5 millones de has. Esta situación generaría impactos ambientales adicionales en muchos aspectos.

Impactos sociales

Seguridad alimentaria

Acorde a la FAO (1996), “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición fue aprobada en la Cumbre Mundial sobre Alimentación de la FAO, siendo bastante aceptada como fundamento conceptual por diferentes organismos y naciones. Dicha concepción de seguridad alimentaria involucra sus aspectos clásicos: la disponibilidad de alimentos básicos, la estabilidad de los suministros y el acceso de todos a dichos suministros, y agrega una noción de alimentación adaptada a lo que se llamaba “utilización biológica de los alimentos”, relacionada con la salud y la nutrición de las personas, es decir la capacidad que tiene cada organismo de asimilar los nutrientes ingeridos (FAO, 2000).

Aunque la definición anterior es ampliamente aceptada, el concepto de seguridad alimentaria asume diferentes connotaciones según los parámetros que define el nuevo modelo de desarrollo, donde se le da más preponderancia a la acción del mercado en relación con la del Estado. En los países en desarrollo que han adoptado como modelo económico la vía del mercado, cada país garantiza su acceso a los alimentos a través de mantener una capacidad para comprarlos, no importa si son importados o producidos nacionalmente. En este sentido, el acopio físico al interior de cada país para mantener reservas de alimentos deja de ser importante. En esta visión el concepto pasa de la seguridad alimentaria a la autosolvencia alimentaria (Machado y Pinzón, 2002). En países desarrollados (UE, EEUU) se mantiene una política que privilegia las producciones nacionales con el fin de garantizar la independencia alimentaria, en esta concepción la actividad agrícola es estratégica y la sociedad paga por el costo que ello representa (Machado, 1998).

Existe un amplio y variado conjunto de indicadores para evaluar cuantitativa y cualitativamente la seguridad alimentaria de un país. Ellos pueden referirse a la disponibilidad de alimentos: la producción, las importaciones y las exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales; o a la estabilidad de la oferta: el funcionamiento de los mercados tanto nacionales como internacionales; o a el acceso a los alimentos: pobreza, ingresos y empleo; y, a información general sobre el consumo y el estado nutricional de las personas. Todos ellos son pertinentes en la evaluación del estado de la alimentación y la vulnerabilidad de la población (Machado y Pinzón, 2002). Pero también, en el contexto del trabajo que estamos realizando, desde la economía ecológica se pueden desarrollar nuevos indicadores que permiten identificar el nivel de satisfacción de los requerimientos energéticos o calóricos de una población, posibilitando conocer, además, si la economía está orientada a cumplir con este compromiso básico de cualquier sociedad o tiene una perspectiva dirigida a satisfacer los requerimientos de materia prima de la industria, incluyendo la perspectiva agroenergética.

En este caso particular se mirarán tres tipos de indicadores: - Disponibilidad (oferta) total de alimentos: se observará la tendencia de la producción per

capita de alimentos básicos de origen agrícola (ton). Ello permitirá apreciar si la producción de bienes agrícolas con potencial energético ha afectado la disponibilidad de alimentos, utilizando además las proyecciones del Ministerio de Agricultura hasta el 2010.

- La estabilidad en el tiempo de dicha disponibilidad, es decir el funcionamiento de los mercados, tanto nacionales como internacionales. Acá se observará la evolución de los precios de los principales productos asociados a la producción de biocarburantes. Hacemos referencia a: azúcar, aceite y panela. Un cambio en los precios de estos bienes, los cuales son básicos dentro de la canasta familiar, afecta el ingreso disponible para otros gastos alimenticios y de otro tipo, teniendo repercusiones sobre la seguridad alimentaria.

- Afectación de los requerimientos energéticos o calóricos de las personas. Se apreciará la evolución del output energético agrícola8 respecto a los requerimientos energéticos por

persona. Igualmente miraremos la tendencia del output energético dirigido a la alimentación humana y el dirigido a la producción de materia prima para la industria.

Disponibilidad per cápita de alimentos

Este es un indicador de la dinámica del esfuerzo económico, y relaciona la producción de alimentos básicos y la población. Su tendencia a lo largo del tiempo muestra la capacidad de un país por esforzarse en la producción de alimentos en relación con el cambio demográfico. Se define como la relación entre la producción y el número de habitantes (Machado y Pinzón, 2002):

PC = PA / PT (1)

Donde, PC = producción per cápita, PA = volumen de producción de alimentos (ton), PT = población total. El índice mide la producción en toneladas por habitante, o puede expresarse en kilogramos por persona (kg/persona).

Como se observa en el Gráfico 4, en Colombia la producción per capita de alimentos de origen agrícola ha tenido un comportamiento inestable a lo largo del periodo analizado, aunque con una ligera tendencia al descenso. Se pueden distinguir cuatro periodos. Una caída importante en el primer quinquenio de los ochenta hasta alcanzar los 390 kg/persona en 1985; un incremento en los siguientes años estabilizándose alrededor de 420 kg/persona hasta 1996; un descenso significativo en 1998 en donde alcanza el nivel más bajo de 371 kg. A partir de este año se produce un continuo incremento estabilizándose alrededor de 400 kg/persona en los años transcurridos del presente del siglo. Las proyecciones del Ministerio de Agricultura al 2010 son optimistas, estimándose que para ese año alcanzará los 458 kg por persona. El comportamiento de la oferta de alimentos agrícolas básicos durante lo corrido del siglo parecería indicar que la política de promoción de los agrocombustibles a partir de 2002 no estaría afectando mucho la seguridad alimentaría vista desde este indicador. Hay que decir, sin embargo, que este incremento no significa

Gráfico 4. Producción per cápita de alimentos agrícolas básicos (1980-2010)

y = -0,1814x + 423,28

350

370

390

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430

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2006

2008

2010

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erso

na

Fuente: Fuente: Minagricultura; FAOSTAT; DANE.

siempre que la población esté consumiendo más alimentos, pues buena parte de ella puede irse al exterior vía exportaciones.

Comportamiento del precio de los alimentos

El incremento de los precios de los alimentos puede tener como consecuencia la reducción relativa en la disponibilidad de bienes alimenticios. Un ejemplo reciente se vio con el precio del maíz en EEUU que aumentó a su valor más alto en 10 años debido a la creciente demanda en ese país de bioetanol derivado del maíz. México -principal importador de maíz de EEUU- resultó especialmente afectado ya que la gente debió pagar hasta 30% más por uno de sus alimentos básicos: la tortilla de maíz. Este fenómeno ya comienza a ser conocido con el término “etanolinflación”9.

Para el caso particular colombiano, miraremos la evolución de los precios del azúcar, de la panela (etanol) y del aceite de palma (biodiesel). En el Gráfico 5 se puede apreciar el comportamiento de estos precios en lo trascurrido del presente siglo. Así, encontramos que en general ha habido una tendencia al crecimiento de los precios de los tres productos analizados, tanto a nivel nacional como internacional. En el caso particular del precio de la panela y el azúcar su respectivo índice pasó de un nivel de 61 y 73 en enero de 2000 a 119 y 106 respectivamente en julio de 2007, significando ello crecimientos mensuales promedio de 1% y 0,5% para cada tipo de bien básico. Ello, obviamente, debió haber golpeado la canasta familiar de los más pobres que son los que destinan más recursos a la adquisición de este tipo de bienes.

Gráfico 5. Comportamiento de los precios nacionales e internacionales del azúcar,

la panela y el aceite de palma (2000-2007)

Indice de precios al consumidos: panela y azúcar (2000-2007)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Ene-

00

Jul-

00

Ene-

01

Jul-

01

Ene-

02

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02

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03

Jul-

03

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04

Jul-

04

Ene-

05

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05

Ene-

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06

Ene-

07

Jul-

07

IPC panela IPC azúcar

Precios nacionales e internacionales del aceite de palma

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250

300

350

400

450

500

550

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Mile

s d

e $/

To

n

Internacional Doméstico

Fuente: Fedepalma (informes anuales), Asocaña (informes anuales); Minagricultura (varios años

y 2006) Por su parte, el precio del aceite de palma también creció en el periodo analizado,

aunque un poco más irregularmente. Mientras el precio internacional del aceite pasó de US$ 310 a US$ 506 por tonelada entre 2000 y 2006 (9% de crecimiento anual), el precio a nivel nacional creció a un ritmo un poco menor al pasar de $ 804 mil/ton a $ 1,12 millones/ton en el mismo periodo. Esto representa un crecimiento anual de 5,6%. Además, se observa un importante descenso entre 2003 y 2005 del aceite palmícola en el mercado nacional al pasar de $ 1,56 millones por tonelada a $ 1,1 millones. El menor crecimiento del precio local frente a los precios internacionales está relacionado con la revaluación del peso y con la disminución de los aranceles dentro del Mercado Andino y con Mercosur, que redujo la tasa de importación al aceite crudo de soya que compite con el de palma, presionando los precios hacia abajo (Fedepalma, varios años).

En general, el comportamiento al alza de los precios de estos tres productos básicos de la canasta familiar durante este siglo permite afirmar que la política de promoción de agrocombustibles a nivel nacional e internacional ha generado un efecto negativo en la disponibilidad real de alimentos a través de lo que se conoce como el efecto ingreso, el cual se ve disminuido en términos relativos por el encarecimiento del precio de los productos básicos, disminuyendo asimismo la capacidad de consumo. Este efecto tiene impactos importantes sobre la seguridad alimentaria de la población, en especial de las familias de más bajos ingresos.

Afectación de los requerimientos energéticos de las personas

En la estimación del output energético se ha considerado sólo el flujo de bienes agrícolas, sin incluir las calorías de origen animal10. En el Gráfico 6 se aprecia el output energético per capita generado por la actividad agrícola colombiana con proyección al año 2010. La energía primaria de origen agrícola se ha dividido en dos componentes: la derivada de la producción de alimentos básicos que tiene como destino el abastecimiento

directo de las necesidades calóricas humanas y que se constituye en el componente principal de la seguridad alimentaria de un país; y la energía primaria dirigida a abastecer de materias primas a la industria. Igualmente, se presenta los requerimientos energéticos per capita al año para sostener una vida en forma saludable (Menchú, 2006; Naredo y Campos, 1980).

De esta gráfica resultan varios aspectos de interés para analizar el tema que nos ocupa:

el conflicto entre la producción de agrocombustibles y la seguridad alimentaria. Por un lado, se observa una tendencia decreciente en el comportamiento del output energético per capita de productos alimenticios básicos a lo largo del periodo estudiado, al pasar de 2,7 Gj en 1980 a 2,2 Gj en 2006. Las proyecciones del Ministerio de Agricultura permiten una pequeña recuperación hasta 2,4 Gj en 2010. Esta situación de por sí ya es preocupante pues la actividad económica interna no está dirigida a satisfacer los requerimientos energéticos primarios de la población colombiana. En segundo lugar, a partir del año 2000, hay una tendencia de la dinámica energética primaria a producir más energía para satisfacer los requerimientos de la agroindustria. Este énfasis se acentúa a partir de 2004 y las perspectivas del Ministerio de Agricultura al 2010 hacen más redundante este sesgo energético. Así, mientras el output energético agroindustrial fue en promedio de 1,75 Gj por persona entre 1980-2000, éste se incrementó a 1,81 Gj entre 2000-2004. Para 2006 se alcanza un output de energía primaria de 2,34 Gj y las proyecciones del Ministerio de Agricultura suponen obtener un nivel de energía para el uso agroindustrial de 2,78 Gj.

Este sesgo, resultado de la política de promoción de agrocombustibles en el plano nacional e internacional y de los altos precios de las materias primas de origen agrícola para uso industrial, genera un cambio estructural en la producción energética primaria agrícola. Acorde a las perspectivas del Ministerio de Agricultura, en 2010 la generación de energía primaria agrícola para la industria superará en cerca del 18% la energía producida para el consumo humano directo (2,8 vs. 2,3 Gj por persona respectivamente). Esta situación hace que se mantenga el déficit energético primario para suplir las necesidades

Gráfico 6. Energía primaria percápita requerida y producida en Colombia (1980-2010)

1,50

2,00

2,50

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3,50

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2010

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sona

Output energético alimentos básicos

Output energético productos agroindustriales

Requermientos humanos energéticos

Fuente: Minagricultura; FAOSTAT; DANE; Menchú (2006).

calóricas por persona en un nivel promedio de 1,4 Gj en los últimos 11 años analizados, desde 2000 (ver Gráfico 6). Este déficit en la generación de energía primaria agrícola frente a las necesidades calóricas per capita, es resuelto con energía de procedencia animal y por las importaciones de alimentos, modelo que además de acentuar la dependencia nutricional externa, genera altos impactos ambientales asociados al desarrollo pecuario.

En este contexto, la estrategia de promover la producción y uso de agrocombustibles no ayuda a solucionar el problema del déficit alimentario en términos calóricos de la población colombiana. Por el contrario, se produce un sesgo hacia la producción agrícola con potencial de satisfacer las necesidades energéticas de la movilidad. Este sesgo puede ser observado en el Gráfico 7, donde se aprecia los claros efectos de la política de producción de agrocombustibles en Colombia, en el sentido de apropiarse en forma creciente del output energético generado por la agricultura nacional al pasar de un 33% en 1980 a 46,4% en 2006. En términos absolutos, esto significó un incremento de 1,6 a 2,5 Gj por persona en el mismo periodo, para un crecimiento promedio anual del 1,2%. Las perspectivas del Ministerio de Agricultura mantienen la misma tendencia hasta llegar esta participación en 2010 a cerca del 50% (2,5 Gj/hab.) del total de energía primaria generada por la agricultura colombiana.

Todos estos fenómenos afectan en forma importante la seguridad alimentaria, pues la

generación de calorías primarias agrícolas no está dirigida a satisfacer los requerimientos energéticos de la población sino a satisfacer las demandas de la agroindustria y ahora las necesidades energéticas del transporte. Ello valida la afirmación del escritor británico George Maniot al decir que: “En una competencia entre su demanda por combustible y la demanda por alimentos de los pobres, los conductores ganarían siempre” (citado por Bravo, 2006).

Conclusiones

Gráfico 7. Dinámica del output energético de los cultivos con perspectiva agrocombustible: caña y palma (1980-2010)

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

1980

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1984

1986

1988

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1992

1994

1996

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2000

2002

2004

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2010

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-

0,50

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2,50

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sona

Output energético percápita

Output energético agrocombustible/Output energético total

� Hemos escuchado decir a autoridades y “expertos”: “el biodiesel y el etanol son combustibles con impacto ambiental cero”. Frases de cajón que no son ciertas. El proceso de transformación de la materia prima (caña, frutos de palma, maíz, soya, etc.) en agrocombustibles implica el uso de las funciones ambientales (abastecedora y receptora) a lo largo del ciclo de vida del producto final (etanol y biodiesel), tanto en su fase de producción agrícola como de transformación, que hacen que los impactos ambientales y sociales se extiendan en forma amplia a lo largo de una gran cadena productiva, impactando diferentes vectores ambientales (tierra, agua, aire, biodiversidad, salud), diferentes grupos sociales (pequeños agricultores, comunidades pobres, grupos vulnerables) y extendiéndose por diferentes territorios nacionales y continentales, aspecto que se intensificará en la medida en que estos combustibles de origen agrícola aumenten su transabilidad internacional.

� Dada esta realidad, la producción y consumo de agrocombustibles no tienen un efecto neutro sobre la sociedad y el ambiente. Afectan de diferente manera las funciones ambientales y a los grupos sociales. Los impactos son amplios y se pueden destacar: afectación de zonas boscosas; cambio en los consumos de agua para uso agrícola; uso intensivo del suelo; contaminación hídrica y atmosférica; cambio en la producción de gases efecto invernadero; cambio neto en el uso de energía fósil; afectación de la biodiversidad de especies y agrícola; afectación del paisaje; efectos sobre la seguridad alimentaria; concentración de la propiedad; efectos en la mecánica automotriz; cambio en los costos de sostenimiento y reparación de vehículos, entre los principales.

� Aunque el balance energético neto y el relacionado a la producción de GEI arrojan resultados positivos para la producción de agrocombustibles al compararlos con los combustibles fósiles, estos se reducen cuando el contenido de biocombustible es menor, como es lo habitualmente usado a nivel mundial y en el caso colombiano. Además, los estudios realizados tienen limitaciones en la información pues excluyen de la misma varios aspectos importantes: el impacto generado sobre otros países, asociado a lo que se conoce como costo ambiental trasladado de un territorio a otro para mantener sus niveles de consumo; costo ambiental relacionado con el transporte; desestimación de efectos sobre el uso y contaminación del agua y el suelo, tanto del propio proceso productivo como de los subproductos generados (vinasa y glicerina), entre otros. Todo ello deja duda sobre la validez de los resultados de las estimaciones que arrojan un balance positivo de energía asociada a la producción de agrocombustibles.

� La presión que el cultivo de palma africana, en particular, ejerce sobre las reservas forestales y naturales del país se manifiesta en que los departamentos con mayor vocación boscosa contribuyen actualmente con una parte importante del área sembrada, el 45% (107 mil has). Pero, más aún, los planes de expansión del cultivo de palma aceitera se concentran en mayor medida en los departamentos con mayor riqueza forestal, pudiendo seguir el modelo desarrollado por Indonesia y Malasia, en donde la producción aceitera y de biodiesel se hace a costa de reducir las áreas boscosas. El cultivo de caña de azúcar, por su parte, ya tuvo en el pasado ese efecto de

desplazamiento de zonas de reserva forestal como puede corroborarse en el departamento del Valle del Cauca entre los años 1940 y 1980.

� La presión de los cultivos con perspectiva agrocombustible sobre el uso del territorio para la actividad agrícola se manifiesta en la dinámica de crecimiento de su área sembrada, la cual se acentuó a partir del establecimiento de la política agroenergética colombiana en 2002. El crecimiento promedio anual de la tierra sembrada alcanzó el 4,4% hasta 2006. Para el año 2010, el Ministerio de Agricultura plantea cubrir con palma el 20% de las tierras cultivadas en Colombia (921 mil has), lo cual implicará el desplazamiento de otros cultivos esenciales para la alimentación básica colombiana, priorizando la producción de bioenergía para la movilización vehicular por encima de la de comida para la población.

� La estrategia de masificación de los cultivos agrocombustibles para ciertas partes del territorio nacional significa intensificar la presión sobre el recurso hídrico en las cuencas hidrográficas donde se desarrollan o piensan desarrollar tales cultivos, dado su carácter agua-intensivo. Por tal razón, resulta fundamental diseñar Planes de Manejo Integral del Recurso Hídrico que consideren la capacidad de soporte de un territorio y las restricciones ambientales asociadas de los ecosistemas fluviales. La autoridad ambiental debe jugar un rol protagónico en la exigencia de estrictos parámetros ambientales que respeten la capacidad de los ecosistemas hídricos para el establecimiento a gran escala de este tipo de cultivos. Sin embargo, su carácter estratégico como generador de divisas y captador de grandes capitales, junto a su perfil latifundista, limita la gobernabilidad y soberanía de la autoridad ambiental, y del estado en general, para ganar competitividad en los mercados nacionales e internacionales a través de la externalización de las externalidades, siendo asumidas éstas por la población nativa y los ecosistemas de las regiones agroenergéticas.

� Para evaluar el conflicto generado entre la producción y consumo de agrocombustibles y la seguridad alimentaria en Colombia se utilizaron tres tipos de indicadores: la disponibilidad de alimentos, la estabilidad de la oferta, y el nivel de satisfacción de los requerimientos calóricos de la población. En el primer punto se encuentra que aunque hay una tendencia general a reducirse la disponibilidad per capita de alimentos en ton, ésta tiene signos de recuperación desde el 2000. Ello permitiría afirmar que la política de agrocombustibles que se inició en 2002 no ha afectado la seguridad alimentaria vista bajo la lupa de este indicador. Sin embargo, esto hay que tomarlo con beneficio de inventario porque parte de este crecimiento puede haber enriquecido las exportaciones.

� Con respecto a la estabilidad del mercado de alimentos, hay suficiente evidencia para considerar que la política de promoción de agrocombustibles a nivel nacional e internacional ha afectado la seguridad alimentaria en Colombia a través del alza de los precios de algunos productos básicos de la canasta familiar asociados a la producción de biocombustibles (azúcar, panela, aceite y maíz, aunque este último no se incluyó en el análisis). El impacto sobre la seguridad alimentaria se produce a través del efecto ingreso, el cual desplaza la curva de demanda hacia abajo disminuyendo el consumo de estos bienes o de otros bienes básicos de la canasta familiar.

� Frente a los requerimientos energéticos de la población se concluyen tres aspectos relevantes: i) existe una tendencia decreciente en el comportamiento del output energético per capita de productos alimenticios básicos a lo largo del periodo estudiado, mostrando que la actividad económica sacrifica la satisfacción de los requerimientos energéticos primarios de la población colombiana por abastecer a la industria de materia prima. ii) Este sesgo energético se acentúa a partir de 2002, como resultado de la política de promoción de agrocombustibles, generando una situación en la que, a pesar del déficit energético para suplir de requerimientos calóricos a la población, se intensifica la producción de energía primaria para satisfacer los requerimientos industriales y ahora la demanda de combustibles de origen agrícola para el transporte. Esta situación acentúa el modelo de dependencia nutricional de los aportes energéticos de origen animal y de las importaciones, modelo que sacrifica el papel estratégico que debe tener la alimentación para los países e incrementa los impactos ambientales por el uso intensivo de los recursos naturales que caracteriza a la actividad pecuaria. iii) La estrategia de promover la producción y uso de agrocombustibles, contrario a ayudar a resolver el problema del déficit alimentario en términos calóricos, intensifica el sesgo hacia la producción agrícola con potencial de satisfacer las necesidades energéticas de los sectores industriales y ahora del transporte.

� Bajo esta realidad se puede afirmar que en un escenario internacional y nacional de inestabilidad de precios de parte de los productos básicos de la canasta familiar, en donde existe una gran demanda de energía alternativa de origen agrícola por los altos precios del petróleo, la seguridad alimentaria de la población resulta una de las sacrificadas en la aplicación de la estrategia de promoción del sector agrocombustible en Colombia.

� El balance que hemos desarrollado en este artículo nos muestra que en términos ambientales y sociales, la producción y uso de agrocombustibles no es una solución neutra y que por el contrario puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Frente a las modestas ventajas que presenta esta opción energética relacionadas con la reducción del consumo de energía fósil y la disminución de los GEI, aspectos que además son cuestionados, las desventajas de la producción a gran escala de biodiesel y etanol son enormes, sobre todo en lo relacionado a la competencia por el uso del territorio (bosques y otros cultivos para la alimentación), agua y el impacto producido en la seguridad alimentaria.

� La política internacional y nacional de energía y combustibles está caracterizada por un enfoque de oferta en donde la prioridad es mantener los niveles y patrones de consumo, para lo cual es requerida una determinada cantidad de energía. El desarrollo económico y tecnológico intenta abastecer, de diferente manera, estos requerimientos energéticos, sin consideraciones ambientales ni sociales. Bajo este esquema, los biocarburantes aparecen como la solución tecnológica que posibilitará mantener los niveles de consumo, “evadiendo las restricciones ambientales”. Sin embargo, como ya se vio, presentarlo así no es sólo falso sino también peligroso. Estas políticas no abordan el control de la demanda del consumo energético como una

alternativa que puede ayudar a resolver el conflicto entre energía y desarrollo sostenible. Como lo señala Russi (2007), “los agrocombustibles no contribuirán a la solución de los problemas energéticos, fomentando por el contrario un falso optimismo de que hay una solución tecnológica para resolver el problema de nuestra excesiva dependencia a los combustibles fósiles”. La única forma posible de lograrlo es modificar nuestros patrones de consumo con medidas de ahorro energético y de diversificación de fuentes de energía”.

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doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Cerdanyola, España.

1 Profesor Universidad del Valle, Cali, Colombia. Master y PhD en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). E-mail: aleperez@univalle.edu.co. 2 Council Directive 2003/30/EC del Parlamento Europeo y el Concejo del 8 de Mayo de 2003, The promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. 3 Incluyen: Vapor de Agua H2O; Dióxido de Carbono (CO2); Metano (CH4); Óxidos de Nitrógeno (NOx); Ozono

(O3); Cloroflourocarburos (artificiales).

4 Environmental Protection Agency de los EEUU.

5 En 2005 ocupaba el sexto lugar en área sembrada en el país después del maíz, café, arroz, caña y plátano (Minagricultura, s.f.).

6 En el Anexo 11 del Plan de Acción para la Biomasa de la Comisión Europea, se ha calculado que para alcanzar la cifra del 5,75% de agrocombustibles establecidos por la UE se necesitarían 17 millones de hectáreas, es decir, una quinta parte del suelo agrícola europeo. Por ello la Comisión plantea la necesidad de importar buena parte de las materias primas de los países del Sur, estimulando a estos países a sustituir cultivos de alimentos y zonas forestales tropicales por grandes monocultivos de oleaginosas, palmeras o caña de azúcar. 7 En la zona del Urabá antioqueño y chocoano, las comunidades que están en la mira de grandes proyectos para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma son: San José y las de los ríos Cacarica, Salaquí, Jiguamiandó y Cubaradó. Los palmeros tienen proyectada la siembra de 200.000 hectáreas solamente en el Chocó, lo que implica inversiones gigantescas en el derribe del bosque, la siembra, las vías, las plantas extractoras y refinadoras para implantar los llamados “desiertos verdes” (Molano, 2005). 8 Este trabajo solo incluye el análisis de las necesidades caloríficas de la población y no las proteínicas y de otro tipo. Igualmente, está excluido de análisis el output energético de origen animal.

9 El precio internacional del maíz amarillo y del blanco pasó de US$ 88 y US$ 87/ton en 2000 a US$ 138 y US$ 151/ton respectivamente en 2006.

10 El valor energético por unidad de producto se ha realizado a partir de Moreiras et al (1996) y McCance y Widdowson´s (2002). Para café se tomó a Duke (1983) y para paja y capacidad de combustión a Naredo y Campos (1980). La información sobre la producción agrícola es de FAOSTAT y del Ministerio de Agricultura.

La producción total de caña de azúcar y de palma africana fue convertida respectivamente a azúcar y aceite, con base en coeficientes reportados por ASOCAÑA y FEDEPALMA. La población se obtuvo del DANE. Las unidades que expresan el aporte energético corresponden a: 1 Kcal = 4184 Joules (J); 1 MJ = 106 J; 1 GJ = 109 J; 1 MGJ = 1015 J. El ser humano necesita en promedio consumir unas 2.400 kcalorías diarias, suponiendo una actividad física moderada y un 10% de pérdidas asociadas al desperdicio y mal manejo de alimentos (Menchú, 2006). Esto significa un requerimiento anual calórico de 3,67 Gj. El proceso para el cálculo del output energético es sencillo: los contenidos energéticos (calorías o Joules por gramo) de cada alimento se multiplican por la producción agrícola en toneladas de cada cultivo y la suma de todos genera el output energético de la agricultura en un año dado.

MONOCULTIVOS Y SUSTENTABILIDAD

EN MEGAPROYECTOS AGRÍCOLAS Especial referencia a palma africana y caucho

Mario Mejía Gutiérrez*

“Resistimos (es muy importante escuchar a Franz Fanon) sobre todo cuando nos negamos a juzgarnos con los criterios de nuestros opresores. Cuando rechazamos los valores de la

manipulación. Cuando rechazamos no sólo los términos de nuestros opresores, sino la historia como ellos la cuentan. Debemos recordar que la peor ocupación es tener invadidos el espíritu y

el pensamiento”. John Berger.

“La esperanza entre los dientes” En: Biodiversidad, Julio de 2007.

Resumen Consideraciones sobre sustentabilidad de monocultivos en megaproyectos agrícolas desde los puntos de vista cultural, ecológico, económico, político. Vía campesina. Vía empresarial. Especial referencia a palma africana y caucho en las cinco grandes regiones geográficas colombianas, con énfasis en Orinoquia.

Método Visitas a megaproyectos en Orinoquia colombiana; financiación CENSAT - Agua Viva.

Introducción Pat Roy Mooney, fundador y director del grupo ETC -Erosion, Thecnology and Concentration-, relata que en 1977, con la reunión de un discreto número de ambientalistas en Saskatchewan, Canadá, se inició la organización de formas de resistencia, a escala global y con sentido geopolítico, frente a las que en ese momento se consideraban las tres amenazas más agresivas de la vía empresarial, científica y tecnológica: el control político del agua, la piscicultura y la pesca a escala industrial; la globalización industrial lechera; y en menor término la apropiación de las semillas. En la década de 1960 habían surgido tanto la UPOV (Unión para la Protección de los Obtentores Vegetales) como la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), ejecutoras de la apropiación privada de semillas frente al milenario derecho de los agricultores a perpetuar este recurso como patrimonio de la humanidad. No era posible en 1977 prever el advenimiento de la ingeniería genética (primeras liberaciones comerciales en 1993); de la nanotecnología (con su desarrollo industrial en la primera década del 2000); de la concentración del mercadeo

global de los granos en cuatro transnacionales; el oligopolio global de los agroquímicos y de las semillas industriales en cuatro corporaciones de “las ciencias de la vida”; el surgimiento de la actual crisis energética de las fuentes fósiles, orientada ahora por las organizaciones petroleras hacia alternativas de combustibles de biomasa, llamados biocombustibles o agrocombustibles.

Como respuesta al susto de la crisis energética de los setenta, que dio lugar a la teoría de los “límites del crecimiento”, fueron formuladas en la década de los ochentas la teoría del desarrollo sostenible del lado de los pensadores sociales, y la propuesta política neoliberal del lado de la empresarialidad con el liderazgo ejecutivo global de Reagan y Thatcher.

La agricultura comercial resulta actualmente orientada desde los intereses de la empresarialidad, particularmente en los campos de la gran propiedad privada y de la concentración de tierras; de la zootecnia industrial que genera tragedias sociales como la de Argentina con la soya forrajera; del oligopolio mercantil de los granos alimenticios y de los sistemas de los supermercados; del corporativismo de los insumos, de las semillas y de los alimentos; de las transferencias de finanzas públicas para incentivar megaproyectos; de la actividad diplomática para los tratados de “libre comercio” a favor de financistas, terratenientes, industriales, exportadores…

No cuentan para esta agricultura empresarial los mil quinientos millones de habitantes rurales, la cuarta parte de la población mundial, que sostienen economías campesinas; el sector famélico, que comprende la sexta parte de la humanidad; el sector de desposeídos, desempleados, subempleados, desplazados, pobres absolutos, excluidos, condenados a la miseria, vulnerables, otra quinta parte de la población; el sector de trabajadores pobres y empleados rasos, una tercera parte del globo.

Es el diseño del mundo para la acumulación de la riqueza por un puñado de personas: doscientas veinticinco que poseen el patrimonio de la mitad del globo y quince que superan el PIB del conjunto de los países subdesarrollados del mundo (World Watch, septiembre 25 de 2002). Alrededor de esta economía de privilegio y exclusión medra una décima parte de la población mundial con satisfecho nivel de vida: entre ellos los poseedores de los quinientos millones de automóviles que demandan combustibles. Se trata de mantener los patrones de consumo de energía de los privilegiados, no de construir una sociedad justa y por lo tanto austera. La palma africana y el caucho se convierten en íconos del automovilismo.

En los dos últimos años la producción de etanol ha duplicado en Colombia los precios del maíz (80% importado), del azúcar, de la panela, del trigo (90% importado), de la yuca (un alimento popular que ha desaparecido en localidades del Caribe) y la melaza (alimento ganadero de extendido uso que ha triplicado su precio).

Así, los agrocombustibles de “primera generación” privan a la población de opciones alimenticias; los de “segunda generación” apuntan a todos los residuos afines a la conservación de la materia orgánica de los suelos agrícolas, su condición principal de sanidad y fertilidad; y los de “tercera generación” vendrán de la ingeniería genética, es decir, de los dominadores del mundo por el alimento y las semillas.

Toda clase de biomasa es opcionada para producir etanol. Los proyectos en ese sentido proliferan. Vayan como ejemplos algunos de los actualmente en marcha con participación del CIAT -Centro Internacional de Agricultura Tropical, en Colombia-. Desde el 2005 se están validando dos plantas prototipo, una en el Valle del Cauca (800 litros al día de etanol) y otra en el Quindío (1800 litros al día de etanol), además de una planta móvil de 100 litros al día de etanol. En esta alianza participan el Ministerio de Agricultura, el CIAT, la fundación DOEN de Holanda, Diligent Energy Sistems B. V. de Holanda y Fedeplátano. La cereza del café es uno de los recursos a la vista. A una microplanta de US$42.000 se le calcula un retorno de US$180 diarios en bioetanol. Una microplanta se abastecería con 58 hectáreas de banano y 630 de café. Estas microplantas producirán alcohol en bruto que será luego refinado en instalaciones más complejas. En realidad, encadenan al pequeño agricultor en redes de dependencia, como ocurre en gran escala con los “colonos” o proveedores de caña a los ingenios azucareros del Valle del Cauca. La propuesta calcula un ingreso neto de US$1.300 por hectárea y año para el productor de banano; de US$860/ha/año al de café. La alianza CORPOICA, CLAYUCA, Ministerio de Agricultura, Diligent Energy Sistems B. V. de Holanda, Grupo Protesting de Colombia y el Parque Científico Agronatura ejecuta un proyecto de dos plantas de 800 litros al día cada una en Turipaná, Córdoba, para convertir yuca y batata. Se estima que un rendimiento bruto de yuca de 30 toneladas permite destilar cinco mil litros de etanol. Este mismo sistema de intereses estudia recursos vegetales que prosperen en tierras marginales; por ejemplo, Jatropa, una papayuela, está opcionada para zonas semidesérticas (comunicación personal con el Ingeniero William Salas del Grupo Diligent Energy Sistems B. V. de Holanda. Correo electrónico: william salasro@yahoo.com).

La historia de la relación entre agricultores ricos y proveedores de caña a ingenios azucareros del Valle del Cauca ilustra lo que puede ser, en el mejor de los casos, la “cadena” de agricultores pobres proveedores de biomasa para refinadores de agrocombustibles. No siempre los contratos de la “cadena productiva” se resuelven en dinero. En el caso del azúcar se liquida ahora la caña al 50% de su rendimiento. En ocasiones se pagó en especie a los “colonos” o proveedores de donde surgió la industria ilegalizada de los “derretideros de azúcar” para su reversión a panela, en que el colono frecuentemente entregaba su azúcar a precio castigado. Pero también existe la posibilidad de importar azúcar no refinada de excedentes extranjeros (Brasil y Perú, por ejemplo) porque, como ocurre hoy, este azúcar se cotiza a mitad de precio con respecto al azúcar refinado al menudeo. Los proveedores de caña para fabricación de etanol se consideran peor tratados porque se les ha ofrecido de 19 a 24 litros por tonelada de caña fresca, mientras que el rendimiento en destilería puede ser del orden de 75 litros de etanol. Algo así como trasladarle al agricultor también los costos de fábrica (comunicación personal con el Ingeniero Carlos López, septiembre 2 de 2007).

En el proceso de transformación de materias primas suelen resultar residuos, frecuentemente utilizables para la preparación de abonos orgánicos (bagazos, cachazas, cenizas, vinazas, bagacillos, en el caso de la caña de azúcar). Tampoco escapan estos residuos a la opción combustible. Por ejemplo, la Universidad de Putra, Malasia, y el Instituto Kyushu de Tecnología, Japón, se han asociado a un proyecto de electricidad a

partir de biogás (metano) generado de las aguas residuales de los molinos de las aceiteras de palma. Residuos también estudiados para polímeros (comunicación personal, agosto 24 de 2007. Correo electrónico: notransgenicos@accionecologica.org).

La palma africana constituye el objetivo prioritario en la ingeniería genética para combustibles. En Malasia se han asociado Synthetic Genomics Inc y Asiatic Center for Genome Thecnology para “leer” el genoma de palma y obtener adaptación a climas secos, menor altura del árbol y mayor rendimiento en aceite. Synthetic es la compañía de J. Craig Venter, una de las dos empresas que leyeron el genoma humano y que intentó patentarlo; Asiatic Genome es propietaria del 55% de Asiatic Development Berhad, miembro del grupo Genting, que opera 66 mil hectáreas de palma en Malasia y 98 mil en Indonesia. Este coloso ofrece el aceite de palma al menor precio del mercado global; puede moler dos millones de toneladas de fruta, de las cuales produce actualmente más de un millón. El 89% global del aceite de palma es producido por Malasia o Indonesia (comunicación personal, agosto 20 de 2007. Correo electrónico: notransgenicos@accionecologica.org). Como es sabido, el mega desarrollo no considera los costos sociales y ambientales. Son ejemplos locales las camaroneras de exportación en los manglares colombianos o los desiertos verdes de la caña de azúcar, el banano de exportación, el café empresarial, el propio caso de la palma y el caucho y, en general, los cultivos y ganaderías de máximo rendimiento económico.

Otro aspecto de la reingeniería de la naturaleza consiste en la manipulación de enzimas que transformarían grasas insaturadas de plantas aceiteras de climas templados en aceites más saturados de plantas tropicales.

Desde luego, existen otras fuentes de agrocombustibles. En el caso del etanol, según Grupo Protesting de Colombia, 2007:

Fuentes agrícolas para etanol

Cultivo Producción materia Alcohol litros

prima por toneladas Por tonelada Por

hectárea

Caña. Valle, Col. 120 75 9.000

Yuca 30 200 6.000

Remolacha 40 125 5.000

Sorgo dulce 40 55 2.200

Maíz 4 400 1.600

(Obtener un litro de etanol de maíz cuesta 2.37 kilos de maíz, 500 gramos de carbón y 4 litros de agua. Dominique Guillet. Comunicación personal, julio 6 de 2007. Correo electrónico: sgeral@mst.org.br).

Rivera (2007) aporta cifras preocupantes y a la vez alternativas: “David Pimentel, de la Universidad de Cornel (New York) y Tad Patzek de la

Universidad de Berkeley (California) establecieron un balance totalmente negativo, para todos los cultivos, entre la energía fósil requerida para producir el equivalente energético en biocombustibles” (Rivera, 2007).

Balance de cultivos

Cultivo Energía producida por

unidad de energía

gastada

Producto

Maíz 0.778 Metanol

Pasto Aguja 0.688 Etanol

Madera 0.631 Etanol

Soya 0.534 Biodiesel

Fuente: Rivera (2007). “Si hablamos de producir combustible a partir de vegetales, aparte de desarrollar

tecnología más eficiente, es necesario recurrir primero a la utilización de especies vegetales que no compitan con la alimentación humana, que se puedan establecer en áreas no aptas para producir alimentos y que sean viables para la economía campesina. (...) Están identificadas varias especies vegetales que cumplen estas condiciones: piñón, higuerilla, cacto cardical, sasafrás, palo de aceite, sacha inchi, etc. son plantas con gran potencial energético que ameritan la destinación de recursos para su investigación y el establecimiento de protocolos agronómicos confiables” (Rivera, 2007).

Dependencia Estos megaproyectos constituyen una etapa avanzada de la dependencia. Ser como ellos,

título de uno de los libros de Eduardo Galeano, que bien ilustra el concepto de dependencia, como si no hubieran bastado Las venas abiertas de América latina.

Desde la administración Santander (misión Boussingault, 1823) hasta 1926 (misión Chardon puertorriqueña a órdenes de Estados Unidos) el polo del modelo agrícola colombiano apuntó siempre a Bélgica y Francia. La misión Chardón modificó “a lo gringo”

los planes de estudio de la educación superior agrícola en Colombia diseñados por el belga Charles Denemoustier en 1916. Desde 1898 ya se había instaurado en la zona bananera de Santa Marta la tecnología que la United Fruit Co. había desarrollado en Centroamérica.

En la década de 1880 se iguala el valor de las relaciones comerciales de Colombia con Inglaterra y Estados Unidos, que habían predominado con dependencia con respecto a Inglaterra desde los inicios de la guerra de liberación frente al dominio español. En el período 1890-1946 se establece el pleno control de Estados Unidos en las políticas agrarias colombianas.

En 1890 los Estados Unidos de América pusieron en marcha la iniciativa de la Unión de Repúblicas Americanas, Unión Panamericana en 1910, que crea en 1918 la Oficina de Cooperación Agrícola, iniciativa en que participó el Dr. Wilson Popenoe, científico que en 1925 orientara la estación experimental de la United Fruit Co. en Tela, Honduras. A la vez, en 1925 una empresa privada, la Tropical Plant Research Foundation, inició labores en Cuba sobre azúcar, en Perú con un “survey” agrícola y en Brasil sobre asuntos forestales. A consecuencia de la expansión japonesa en Asia a partir de 1936, la visión política de Estados Unidos sobre el resto de América adquiere también sentido militar. En agosto de 1936 se crea la OFAR –Office of Foreing Agricultural Relations-, dependencia del Departamento de Agricultura hacia “cultivos complementarios de la producción norteamericana”. En 1941 ya se habían firmado “acuerdos cooperativos con quince naciones latinoamericanas” en especial para caucho (15 estaciones experimentales y viveros). Durante la Segunda Guerra Mundial el llamado “padre de la etnobotánica”, Dr. Richard Evan Schultes, se vinculó en Colombia a la Colombian Rubber Development Co. para la extracción de caucho silvestre en la Amazonia, de donde surgieron personajes ya legendarios como Tío Barbas en Carurú, Vaupés, quien fuera chofer en Bogotá de la Embajada Americana. El caucho fue precursor y continúa siendo actor de megaproyectos estratégicos de interés internacional, como lo es ahora la palma y afines.

En 1942 se creó en Costa Rica el IICA -Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas-, bajo el signo de la producción para la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Y como todo en Estados Unidos es negocio, en 1942 el Institute of Interamerican Affairs había establecido programas en nueve países. En 1946 el IICA crea el primer posgrado agrícola de América Latina. En 1953 la Fundación Rockefeller organiza en Tibaytatá, Colombia, el DIA -Departamento de Investigaciones Agrícolas-, derivado a ICA -Instituto Colombiano Agropecuario, 1965-. También en 1953 se iniciaron contratos entre facultades de agronomía colombianas y universidades de Estados Unidos para “capacitación” de profesores (Mejía, 2006).

A partir de 1961 la ocupación de Estados Unidos en asuntos agrícolas se traslada a la AID -Agency for Internacional Development-. Es la época de Operación Colombia ideada por el Dr. Lauchlin Currie, quien fuera asesor del presidente Franklin Roosevelt antes de serlo del presidente Carlos Lleras Restrepo; dicha “operación” propició la migración de campesinos pobres a las ciudades, donde se ocuparían de labores de construcción. La Operación Colombia concretó una política gubernamental de crecimiento urbano y de “modernización” del campo en un momento (década de 1960) en que todavía la mayoría

de la población colombiana era rural, signo evidente de “atraso”, según la ideología del desarrollo económico. Ya en 1965 el CIAT (centro con sede en Palmira, uno de los 18 institutos del CGIAR, Consultive Group for Internacional Agricultural Research, del Banco Mundial), vendría a liderar la investigación agrícola colombiana. En 2006 el Congreso colombiano aprueba el TLC -Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos-, remache de la cadena de dependencia.

Sostenibilidad política y financiera Procesos diplomáticos de larga historia constituyen requisitos básicos para la

sostenibilidad política y financiera de los megaproyectos. De aquí fluye la “legitimidad” de la entrega de los recursos naturales y la transferencia de fondos públicos al sistema de empresarialidad privada.

La concentración de la propiedad privada sobre la tierra, que en Colombia alcanza uno de los niveles más elevados del mundo, se ha construido mediante un proceso de violencia: desde el despojo colonial a indígenas (aun vigente y legalizado en disposiciones como la Ley forestal) hasta el paramilitarismo y la narcocracia modernos (para ejemplo reciente la apropiación violenta de tierras de comunidades populares para palma en Curvaradó y Jiguamiandó, en el Pacífico chocoano).

Estímulos, incentivos y exenciones

Según lo refiere el Ministerio de Agricultura, los siguientes son los estímulos, incentivos y exenciones que buscan privilegiar los cultivos de tardío rendimiento, de exportación y para combustibles:

� CIF -Certificado de Incentivo Forestal-, Ley 139 de 1994: donación del 75% de los costos de establecimiento y del 50% de los costos de mantenimiento del segundo al quinto años.

� ICR -Incentivo de Capitalización Rural-: hasta el 40% del crédito para modernización rural, establecimiento y sostenimiento de pequeños productores.

� AIS -Agro Ingreso Seguro-: para pequeños productores cubre hasta el 100% del proyecto. Para medianos hasta el 80% de los costos directos, con el DTF menos dos puntos, plazo 15 años y 3 años de gracia.

� FAG, que respalda el redescuento de créditos presentados ante FINAGRO cuando el productor no da las garantías que pide la banca normal.

� Decreto 1970 de 2005: exención de renta líquida gravable por diez años en cultivos de tardío rendimiento.

� Fomento cauchero según Ley 686 de 2001, a partir de un fondo creado con el 3% de las ventas.

� Fondo de Estabilización de precios de aceite palmero, Ley 101 de 1993. � Ley 788 de 2002 que exonera al etanol del impuesto al valor agregado –IVA- y de los

impuestos y sobretasas a los combustibles; exenciones calculadas en 100 millones de dólares por año (Mondragón, 2004: 207, citando a Aurelio Suárez Montoya).

� Precios que se fijan por resolución del Ministerio de Minas: Resolución 181861 de diciembre de 2006, $5.482,86 por galón de enero 1 a 31 de 2007; $4.865,08 por galón del

1 al 31 de marzo de 2007, resolución 180449 de 2007. Mezcla al 10% de etanol en gasolina, obligatoria para ciudades de más de 500 mil habitantes (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Pereira). (Protesting, 2007. www.protesting.com.co).

Cuando se inició en la década de 1960 el fomento de la palma africana en Colombia, se creó el FIP -Fondo de Inversiones Privadas-, con algunos privilegios, ni sombra de los actuales. La CEPAL -Comisión Económica para la América Latina-, constituida por economistas argentinos y chilenos, orientaba entonces la economía colombiana; uno de sus “desiderata”: sustitución de importaciones y aumento de exportaciones; algo diferente a “cultivos complementarios de la producción estadounidense” de los años cuarenta, a los que regresamos con las políticas del momento refrendadas en el TLC. La orientación de la CEPAL era una propuesta de soberanía, que buscaba abastecer con producción nacional las necesidades de la industria y de la alimentación.

Sustentabilidad ecológica Contaminación y calentamiento global El censo de automóviles del 2006 en USA alcanzó a doscientos treinta millones, o sea, la mitad de los circulantes del globo. En ese país el 98% de la energía proviene del petróleo y su consumo constituye el 55% del total global: Bush, presidente petrolero. Los agrocombustibles “limpios” son simplemente una continuación del paradigma de los fósiles, controlados mediante los sistemas de mercadeo de las petroleras, en especial las “estaciones de servicio”. Ninguna otra forma de energía alternativa limpia, y desde luego en ningún caso la adopción de un patrón austero de consumo, constituye una prioridad de las petroleras. El motor de hidrógeno, por ejemplo, podría interesar a la industria automovilística en grado diferente a la petroquímica.

Estados Unidos con sólo el 4,7% de la población global emite el 25% del total de gases, cinco veces más que el promedio internacional. A pesar de un 75% de la opinión norteamericana popular a favor del Protocolo de Kyoto, tanto la mayoría republicana del Congreso como el presidente Bush lo han bloqueado. Así hicieron fracasar tanto la Cumbre del Clima de la ONU en noviembre de 2000, como la reunión de Bonn en julio de 2001. El 14 de Febrero de 2002 Bush (el mismo que promueve ahora agrocombustibles especialmente en Brasil y Colombia) declaró: “cumplir con el Protocolo hubiera costado a nuestra economía hasta 400.000 millones de dólares y 4.9 millones de empleos”. En la Tercera Cumbre de Ministros del Medio Ambiente, reunida en Cartagena en febrero 16 de 2002, Bush propuso sustituir el Protocolo de Kyoto por una política de “cielos limpios”, en que USA reduciría en 4,5% sus emisiones en los siguientes diez años y subsidiaría sus industrias con 4.600 millones de dólares (Mejía, 2004). La alternativa política representada por Al Gore en su propuesta de 2006, “Una verdad molesta”, enfatiza medidas de eficiencia tecnológica en la quema de combustibles vanguardiada por la industria automovilística estadounidense; tampoco aquí se asoma la economía budista que Ernst Friedrich Schumacher propuso en “Lo pequeño es hermoso” con motivo de la crisis energética de los años setentas.

Se atribuye a la agricultura mundial el aporte de alrededor del 24% de gas carbónico (agricultura de corte y quema) y metano (ganadería de poligástricos, en especial vacunos, y arroz inundado); el metano es veintiún veces más activo que el CO2 como gas de

invernadero. La ganadería vacuna global, en especial su forma industrial, se calculaba en 2006 en 1.200 millones de cabezas. El CO2 representa del 29 al 40% de los gases emitidos

por los bovinos y el CH4 del 15 al 20% para cerca de un total de 94 millones de toneladas

por año. En contraste con lo logrado por la gran industria petrolera y automovilista, algunos ambientalistas han encontrado que una ración en que intervenga un 30% de saúco –Sambucus nigra (tóxico si se da en exceso)- reduce en 67% las mencionadas emisiones (Dr. Orlando Barahona, CORPOICA, declaración televisiva en La Finca de Hoy, 2006). Además, diversas escuelas agrícolas alternativas han aportado maneras de cultivo en ausencia de quema y fijando carbono al suelo en forma de abonos orgánicos.

Clima La palma africana y el caucho son originarios de regiones ecuatoriales húmedas, la primera en Guinea y el segundo en Amazonia. La Hevea brasiliensis, la especie más cultivada, parece ser originaria de la rivera derecha del Amazonas, extendiéndose hasta quince grados de latitud sur a partir de Iquitos y hacia el oriente.

Por su importancia estratégica industrial militar, el caucho se extendió (9.3 millones de hectáreas en 2005) más ampliamente que la palma: de 24 grados latitud norte en China a 25 grados latitud sur en Sao Paulo, concentrándose en la faja de 16 grados latitud norte y sur, con una adaptación a condiciones de clima y suelo que superan a los de palma. Es el caso de la proyección de diversificación cafetera propuesta por la Federación del gremio para 10.000 hectáreas de cota inferior en Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia.

El límite mínimo de temperatura para caucho se estima en 20º centígrados y su óptimo en 25º C. Precipitaciones entre 1.800 a 2.500 milímetros (algunos admiten 3.000 milímetros). Luminosidad del orden de 1.650 horas al año, situación especialmente crítica en el Pacífico colombiano cuyo litoral central (ej. Buenaventura) ofrece 600 a 1.200 horas; valles interiores del Atrato y San Juan y sector de Tumaco 1.000 a 1.400 horas; Urabá 1.400 a 1.800 horas. El límite inferior para palma sería 1.500 horas (Mejía, 1.992).

La palma exige los rangos mayores de temperatura, por encima de 25ºC. promedio y precipitaciones de 1.800 a 2.200 milímetros y ojalá ningún mes debajo de 100 milímetros.

La palma se adapta a climas húmedos todo el año (Congo, Malasia, Amazonia y Pacífico, Catatumbo y Magdalena Medio colombianos) o a climas húmedos con períodos secos, aun sin disponer de riego (Gana, Guinea, India, Brasil central y Orinoquia y Caribe colombianos. Precipitaciones mayores a 3.000 milímetros anuales parecen ser adversas a la palma, como se comprueba con los fracasos en el Pacífico central colombiano que llaman a la prudencia: Palmares del Pacífico, 500 hectáreas, bajo Dagua, fundados por John Sanz en 1958, abandonados en 1980; Los palmares del bajo Calima, fundados en 1961; San Luís, la primera en deprimirse por pudrición de la flecha, 1.978; Sabacal, con 130 hectáreas; La Mojarra, con 200 hectáreas; todas fueron historia en 1989 (Mejía, 1992). Todos estos casos relacionados, además, con historias laborales conflictivas, en especial el abandono e

incluso fuga de los empresarios al agotarse el ciclo productivo de las plantaciones (Mondragón, 2007).

Suelos Los suelos de cenizas volcánicas (eje cafetero) son los mejores o más productivos entre los nuestros. A diferencia de Indonesia (suelos volcánicos), Colombia posee pocos enclaves con estas características en zonas para palma y caucho, situación distinta también a la de Ecuador que cuenta con un millón de hectáreas de suelos de origen volcánico en su Amazonia. De modo que nuestros mejores suelos para palma y caucho se originan en procesos aluviales (vegas, valles interandinos, pies de monte cordilleranos), siendo marginales los complejos colinares lateríticos, las sabanas de altillanura o bien drenadas, y demás suelos seniles de Orinoquia y de Amazonia.

Clima y materia orgánica del suelo El talón de Aquiles de la agricultura ecuatorial consiste en la velocidad de degradación de la materia orgánica del suelo en la medida que se superan temperaturas promedio de 25º C y 2000 milímetros de precipitación pluvial anual. Es el principio de Mohr, 1922, complementado por el de Corbet (exposición al sol), 1936, descubiertos ambos en Indonesia bajo el colonialismo holandés.

Bajo cobertura de vegetación secundaria hemos encontrado en el bajo Anchicayá del Pacífico central colombiano una velocidad de degradación del 80% de la materia orgánica superficial en sólo tres meses (Acosta, 1989). En agricultura de corte y quema en Manaus, Amazonia, se ha constatado la pérdida del 50% de la materia orgánica en el primer año de cultivo y del 30% en el segundo (Santos y Crisi, 1981). Nuestros ensayos en Leticia, Amazonas, indican la necesidad de abonamiento orgánico cada cuatro meses en cultivos limpios. Estudios realizados en la selva del Andén orinoqués, Río Negro, perciben que la restitución de la selva original en una superficie raspada con buldózer podría tomar mil años (Uhl y Saldarriaga, 1986).

Cultivos como caucho y palma cuentan con la ventaja de ser de naturaleza arbórea, que permiten modelos agroforestales y cobertura de suelo economizadoras de materia orgánica. Las coberturas más utilizadas en palma, según clima, son Kudzú, Flemingia y Desmodium.

Sistemas de producción Tanto la extracción y el uso de aceite de palma como el de látex de caucho son creaciones de culturas primarias, aun supervivientes. Por ejemplo, en el bajo Dahomey, África occidental, la unidad familiar agrícola es del orden de seis hectáreas, soportando una densidad demográfica de 175 habitantes por kilómetro cuadrado. Se cultivan de 70 a 90 palmas por hectárea, densidad que permite la asociación de maíz, yuca, batata y fríjoles que abastecen la autonomía alimentaria. El aceite es el recurso de intercambio. (Gourou y Pappy, 1977; Derruaux, 1967). Desde luego no es éste el modelo que se receta a los campesinos pobres colombianos, sino el de monocultivo intensivo en asociación con empresarios ricos.

La tragedia de la cauchería de extracción silvestre es uno de los capítulos más vergonzosos de la obtención de una materia prima estratégica industrial-militar, que se prolongó en Colombia hasta la década de 1950 cuando a presión de misioneros monfortianos colombianos del Vaupés se declaró ilegal el comercio de los campos caucheros incluyendo los indios (ver “Se venden 80 indios” de Germán Castro Caicedo). No sobra mencionar que los cauchos del Caribe extrajeron del pie de monte llanero y del Pacífico colombiano árboles del género Castilloa, exterminado por la práctica de tala y desangre, a diferencia de la cauchería amazónica por sangría sin tala del género Hevea. El historiador Lemaitre relata que durante el gobierno del General Reyes, éste favoreció a la East Magdalena Explotation Co. que extraía caucho de Castilloa, aceite de copaiba, bálsamo, tagua…

En las zonas pantanosas, inundables, del Caribe colombiano proliferaba la palma nolí (variedades roja y amarilla por el color de sus frutos), Elaeis melanococca o Corozo oleifera, versión local de la Elaeis guineensis o africana. Los sectores populares caribeños obtenían su aceite por métodos artesanales (pilar la fruta y lavarla con agua caliente). Este recurso natural, centenas de miles de palmas de estipe inclinada, fáciles de cosechar, fueron exterminadas por latifundistas ganaderos que odiaban ver sus haciendas recorridas por un vulgo a la vez confianzudo y no confiable. En la década de 1960 se hicieron en la región de Montería y Córdoba cruces de ambas Elaeis, calificados de superiores comercialmente a sus padres bajo la división de oleaginosas del extinto Instituto de Fomento Algodonero, logro del Ingeniero Agrónomo José Reynaldo Hurtado, entre noviembre de 1959 y julio de 1964. Es de destacar que la palma nolí es típica de suelos bajos, inundables, que la africana no acepta. Nolí combina bien con pastizales de pasto pará.

Hacia 1870 la manteca de nolí era la base del alumbrado doméstico en Cartagena. En 1959 V. M. Patiño entrevistó 32 molinos noliceros en Córdoba (31 alrededor de Cereté y 1 en Tierralta) que producían por año 105.000 litros de aceite rojo (de la pulpa) y 6.000 litros de aceite negro (de las semillas). En 1963 todavía algunos potreros contaban con 180 palmas de noli por hectárea, con un potencial de mil kilos de manteca roja y 600 kilos de manteca negra (comunicación personal con M. Valderrama y R. Hurtado, 1964).

Es conocido el episodio del robo de semillas de Hevea desde Belem por el diplomático inglés Wickham en 1876, base de las plantaciones coloniales en Ceilán y Malasia, cuya producción comercial se inició en 1910, desplazando en cantidad y calidad a los cauchos suramericanos. La quina es otro caso con afinidades.

Los ingleses se interesaron en un principio en organizar palmerales subespontáneos en sus colonias africanas. Los holandeses plantaron entre 1911 y 1925 cien mil hectáreas en la costa este de Sumatra de la variedad Dura. Los Belgas y franceses se orientaron por la variedad Tenera, un cruce de Dura por Picífera. El “atraso” campesino africano, es pues, superado por la innovación tecnológica de los cultivos industriales.

Historia reciente Colombia entra en la era de la palma africana en la década de 1960, a promoción del IFA -Instituto de Fomento Algodonero-. Recojamos aquí a sus actores iniciales: Víctor Manuel Patiño en Calima, Valle; Luís Carlos Rojas Cruz, y los agrónomos Zuleta, Barreneche,

Hurtado y Cabrera. Las primeras plantaciones (además de los ya citados del Pacífico central) fueron (Mejía, 1990):

� Coldesa, en Urabá, que tenía plantadas 1500 hectáreas en 1965, proyectadas a 3000 y abandonadas en 1987 a causa de los conflictos que han caracterizado a la región. Coldesa sembró híbridos de nolí por africana.

� Acandí, doscientas hectáreas de don Luís Pérez Ayala, 1960. � Al sur, en Tumaco, se hablaba entonces de 75 mil hectáreas aptas, donde en 1985 se

habían plantado 9000, en la actualidad 35.000, siendo las primeras desde 1961:

� Tangareal del IFA, 110 hectáreas. � Viguaral, 110 hectáreas. � Palmar del Río, hermanos Jaramillo, 500 hectáreas. � Sociedad Agrícola de Nariño, 130 hectáreas.

En 1988 algunos empresarios se preocuparon por disponer de alternativas de diversificación en palma en Tumaco. Procepalma, por ejemplo, exploraba achote, pimienta, jengibre, cúrcuma y otros (comunicación personal con Felipe Ranquin, julio 21 de 1988), debido a la presión de problemas sanitarios.

En el Magdalena Medio las primeras plantaciones, iniciadas en 1960, fueron:

� Palmas oleaginosas Hipinto, San Alberto, 500 hectáreas. � Palmas oleaginosas Bucarelia Ltda., Puerto Wilches, 500 hectáreas. � Palmas oleaginosas Monterrey, 500 hectáreas. � Sociedad Industrial La Palma, San Alberto, Moris Gutt, origen de INDUPALMA,

megaproyecto palmero por excelencia.

En el Caribe los precursores fueron: � Hacienda Patuca, de don Pepe Vives, en la zona bananera de Santa Marta, 20

hectáreas, 1948. � Hacia 1947, en Caucasia, plantación del Sr. Pedro Nel Ospina, elevada a 200 hectáreas

en 1963 por otros dueños. � Pepilla, en Aracataca, 12 hectáreas, 1951 a 1953. � Palmas oleaginosas del Ariguaní Ltda. y Palmas San Juan de Cañas, del grupo

Pumarejo, 500 hectáreas, 1964. � Palmas oleaginosas de Casacará Ltda., de los Dangond, 500 hectáreas, 1964. � Hacienda El Labrador, de Alfonso Lozano, 350 hectáreas, Ariguaní, 1960.

En Amazonia la palma fue apadrinada desde 1965 por el INCORA en los sectores de La Mono y Maguaré, Caquetá, simultáneamente con plantaciones de caucho Hevea.

En Orinoquia la labor inicial del IFA, 1960, dio origen a plantaciones como:

� Palmas oleaginosas Sabucán, Acacías, 500 hectáreas. � Palmas oleaginosas La Cabaña, Cumaral, 200 hectáreas. � Palma Llanera de los hermanos Rivero, Acacías. � La Nohra de Fabio Serna, San Martín, 140 hectáreas. � La Guaira, San Martín, 100 hectáreas en sabanas, que entonces se calificaron como mal

localizadas.

� Agricultores varios en el Meta con lotes de 5 a 30 hectáreas hasta por un total de 2.500 hectáreas.

En el Catatumbo, Palmas Oleaginosas Risaralda Ltda., 500 hectáreas del Ingeniero Agrónomo Jesús Atehortúa.

Sustentabilidad de los sistemas de producción En todos los casos se han adoptado los puntos de vista de los asesores extranjeros, traídos para palma y caucho: el arrase de la vegetación arbórea natural, frecuentemente con maquinaria pesada, el establecimiento de cobertura del suelo y la plantación de un máximo número de árboles por hectárea: ciento cuarenta y tres en palma y quinientos en caucho.

SAPUGA S. A., iniciada en 1987, núcleo de un megaproyecto cuya meta en 2007 es de 7.000 hectáreas de palma en las sabanas de la vía a los campos petrolíferos de El Tigre y Rubiales, Puerto Gaitán, Meta, ha optado por sólo limpiar el “plato” de la palma y conservar la vegetación de yerbas naturales de sabana, ya que la sequía del verano (diciembre-marzo) deprime la cobertura de kudzú y desmodium (comunicación personal con Juan Carlos Ortiz Sterling, septiembre 12 de 2007). Posteriormente la cobertura de la palma deprime la vegetación de sabana.

Se ha avanzado más en caucho que en palma en términos de plantas de cobertura, e incluso se afirma que modelos agroforestales en caucho rinden 3,6 kg/árbol/año frente a 1,75 kgs por árbol/año en monocultivo, lo que permite un menor número de árboles de caucho por hectárea. Es más: en caucho se plantean cultivos asociados (plátano, por ejemplo) en las primeras etapas de su crecimiento (Torres, 1999).

En palma africana se conoce sólo el método inventado por el Ingeniero Agrónomo Anselmo Ayala, cultivo orgánico, aplicado actualmente por el Grupo DAVOON de Santa Marta en 2300 hectáreas, en Aracataca, Magdalena, producto exclusivo de exportación.

En conclusión, los monocultivos, incluso bajo métodos orgánicos, mientras más intensivos más aportes de afuera requieren. La agricultura es en esencia intervención humana sobre la naturaleza. Los modelos que más se aproximan a la sustentabilidad ecológica son los silvopastoriles y agroforestales.

Los modelos construidos con base en sistemas arbóreos biodiversos son los más adecuados ecológicamente a los climas ecuatoriales húmedos, conclusión que se obtiene de nuestra propuesta de uso de la tierra a partir del cociente P/B (precipitación pluvial / brillo solar) (Mejía, 1982).

Insumos Fertilidad y sanidad son los dos frentes de aplicación de insumos en agricultura.

Fertilidad en caucho Tomaremos como referencia en caucho las 8.152 hectáreas plantadas en Colombia hasta

1997. Las recomendaciones de fertilización indican aplicación durante los primeros seis años de plantación al nivel anual de 420 kgs/ha de Nitrógeno, 240 kgs/ha de P2 O5, 420 kgs/ha de K2O y 50 kgs/ha de MgO. Luego, en plantaciones adultas, según análisis, cada dos años (Torres, 1999).

Fertilidad en Palma Para el efecto tomaremos como referencia cifras para los suelos más pobres en

nutrientes, como los de las Sabanas de Orinoquia, y métodos de mínimo consumo como los del palmar SAPUGA, de Puerto Gaitán, Meta (comunicación personal con Juan Carlos Ortiz Sterling, septiembre 12 de 2007): en cada hoyo de siembra se ponen 300 gramos de enmienda en forma de roca fosfórica, calfos y sulfato de magnesio, además de abono orgánico en forma de raquis del racimo de palma. Al mes siguiente se adicionan 200 gramos de los mismos materiales en corona sobre el “plato” de cada palma, más 300 gramos a los dos meses. Al tercer año la fertilización ha subido a 400 gramos de la fórmula 14 – 4 – 23 – 4, que luego asciende a 900 gramos por año y palma. Todo el raquis de los racimos procesados en fábrica regresa como abono orgánico en corona a cada palma.

Sanidad en Caucho Torres (1999) informa de 62 plagas de origen animal en Colombia; de ellas 44 son

insectos; y de éstos son principales seis especies, cuatro de las cuales son tratadas con insecticidas químicos y dos con sustancias biológicas.

Las enfermedades constituyen en América el principal limitante del cultivo del caucho, atacando follaje y tallo. Uno de los productos más usados es el oxicloruro de cobre, además de fungicidas químicos con base en Azufre, Zinc, Cobre y Manganeso.

Sanidad en Palma Las enfermedades de mayor preocupación en Palma son: marchitez sorpresiva,

pudrición de estipe, pudrición del cogollo y mancha anular. En cuanto a plagas se ha adoptado como política gremial el Manejo Integrado.

La alternancia de lluvias y soles fuertes favorece la explosión de la pudrición de la raíz, causada por el hongo Fusarium, para lo cual se aplica el hongo Trichoderma desde el vivero, cada mes, y luego en los meses siguientes al trasplante.

Las plagas causadas por coleópteros (cucarrones) se tratan con el hongo Beauveria bassiana; las mariposas con la bacteria Bacillus thuringiensis; también se utilizan feromonas para capturar al cucarrón vector del anillo rojo.

La palma es consumidora de innecesarios biocidas: herbicidas, fungicidas, insecticidas. Las mayores erogaciones provienen del consumo de fertilizantes: C. I. Acepalma

(www.acepalma.com) reconoce los siguientes: nitrato de amonio (explosivo), sulfato de amonio, úrea, fosfato diamónico, superfosfato triple, roca fosfórica, roca acidulada, cloruro de potasio (tóxico al suelo a corto plazo), sulfato de potasio, sulfato de magnesio, kieserita, bórax (tóxico al suelo a corto plazo) y zinc. Además de cantidades altas de “correctores”: sulfato de calcio, carbonatos de calcio y de magnesio, dolomitas, roca fosfórica, escorias Thomas (calfos)…

Aunque las páginas web de los palmeros mencionan el uso de inoculantes para leguminosas de cobertura, hay silencio en caucheros y palmeros sobre el uso de micorrizas.

El renglón de los “correctores” y fertilizantes es de consideración (del orden de dos millones/ha) si nos atenemos a datos de Protesting (www.protesting.com.co): $700 millones en sus iniciales 350 hectáreas.

Esta acumulación de agrotóxicos configura un “pronóstico reservado” a los suelos si no se compensan con adiciones de materia orgánica: como ejemplo, el aporte de los desechos de maíz en Aliar S. A., donde el efecto benéfico sobre la sabana es notorio.

La teoría de la trofobiosis pudiera ser de aplicación tanto en caucho como en palma (como la generalidad de los cultivos). En las visitas que hemos realizado y en los documentos consultados no se patentiza la decisión de llegar finalmente a caucho y palma orgánicos. Al igual que en otros megaproyectos agrícolas, la lógica dominante es la de tasa de ganancia. No obstante, se aplican medidas medioambientales que permiten la continuidad de la licencia de funcionamiento. En diciembre de 1997 se firmó un convenio de concertación entre el sector palmero y el Ministerio del Ambiente y sus Corporaciones Regionales.

Rentabilidad y sostenibilidad económica Además de los estímulos ya citados, la palma participa de un trato preferente consignado en la Ley 939 de 2004: estímulo a la producción de biocombustible. Además el gremio ha creado su propio Fondo de Fomento Palmero.

La tasa de ganancia en caucho se estima según órganos como CORPOICA en cinco millones de pesos por hectárea diez millones en piña. Nuestros cálculos a partir de la información obtenida en SAPUGA S.A. alcanzan arriba del orden de dos millones de pesos por hectárea y año. (Base de datos: 18 toneladas de fruta por hectárea; 20% de aceite rojo; 6% de almendras; costo por kilo de aceite $850; venta del kilo de aceite $1.400). El promedio nacional del costo de aceite según Fedepalma, 2004, es $942 por kilo.

La distribución del costo colombiano es la siguiente: costo del capital 30,2%; mano de obra 31,5%; fertilizantes 18,4%; administración 6,6%; otros 13,4%. (www.fedepalma.com). El 90% del costo de producción corresponde a labores en el cultivo y el 10% a la fábrica.

El establecimiento de una hectárea de palma puede estar en el orden de cinco millones de pesos.

Empleo y sustentabilidad social

Caucho

De la superficie sembrada hasta 1997 en Colombia, el 91%, 8.152 hectáreas, corresponde a “pequeñas plantaciones” en 17 departamentos. El resto, 730 hectáreas, corresponde a dos grandes plantaciones: Meta, 470 hectáreas de Mavalle en Puerto López y 260 hectáreas en Caquetá. La plantación de 350 hectáreas del INCORA en Caquetá (La Mono y Maguaré) se parceló entre 45 familias en 1979. Una de las razones del “mini tamaño” de las parcelas se debe a las labores del cultivo, en particular la sangría, que sólo puede hacerse en días secos pues la lluvia lava el látex fresco. Otra razón son los riesgos sanitarios. El promedio es de 1 a 2 hectáreas por familia (Torres,1999).

Palma

El área sembrada en palma, registrada a abril de 2005 (www.fedepalma.com) fue de 191.920 hectáreas, correspondientes a 2.751 cultivadores, para un engañoso promedio de 69,8 hectáreas por cultivador; pequeños cultivadores existen en Becerril, María la Baja, Tibú, Magdalena Medio, Tumaco. En realidad, si se tiene en cuenta que las fábricas o beneficiaderos de la fruta eran 51, el promedio es de 3,763 hectáreas por fábrica, que refleja más ciertamente el carácter de megaproyecto y latifundio industrial en palma.

Cifras de noticiero televisivo (Ministro Arias Leyva y Gerente de Fedepalma) fluctúan entre 80 mil y 90 mil empleos en palma, o sea, cerca de cuatro empleos por cada diez hectáreas ó 0.4 por hectárea, incomparablemente menor al empleo en panela, café, papa, cacao, y en general en economía campesina.

El personal administrativo de SAPUGA S.A., 3.200 hectáreas, es de 15 personas, y el de campo y fábrica 120 personas, para un promedio de 23,7 hectáreas por persona para el total de la finca, y de un empleo por cada 5,3 hectáreas, si sólo contamos las 720 hectáreas en producción; 89% de este personal de campo es suministrado por una cooperativa de trabajadores de Acacías y Puerto Gaitán; apenas 11% del personal es de nómina: los “empleos de calidad” están representados por salarios del orden de $700 mil mensuales, que pueden ascender a 1.5 millones en época de cosecha.

Comercio

Caucho “La inestabilidad de los precios del caucho natural a través de la historia sugiere una

alta competitividad en el mercado internacional convirtiéndose en un riesgo para los productores” (Torres, 1999), otra razón para que las plantaciones resulten de pequeño tamaño. Mediante el acuerdo de Viena de 1987 se llegó a la creación de un “stock” estabilizador de los precios al productor. La producción colombiana es altamente deficitaria, por lo que toda la producción se consume interiormente.

Palma La Palma disfruta de tres frentes de comercio: exportación, consumo nacional y biodiesel (www.fedepalma.com).

C.I. Acepalma S.A. –Comercializadora Internacional de Aceite de Palma-, promovida por Fedepalma y creada en 1991 con aportes de los afiliados, controla el 80% de las exportaciones de aceites y derivados.

La producción colombiana de aceite de palma fue en 2005 de 673.000 toneladas frente a un consumo interno de 440.000 toneladas. El total de exportaciones fue de 248.000 toneladas.

Posición de Colombia frente al total global

Caucho

Según el Ministerio de Agricultura de Colombia, el área mundial en caucho a 2005 fue de 7.895.200 hectáreas, correspondientes a Indonesia 32%, Malasia 17%, Tailandia 20%. Colombia, con 20.800 hectáreas en 2006 representa apenas el 2,6 por mil (0.26%) de la superficie total global.

La producción mundial de caucho natural se estimó en 2005 en 8,7 millones de toneladas. Colombia consumió en 1995 29.900 toneladas, abastecidas por sólo mil toneladas de la producción nacional (Torres, 1999). El Ministerio de Agricultura estima que la producción nacional (2.586 toneladas en 2006) abastece sólo el 7,5% del consumo.

Se estima que la demanda mundial está creciendo al 2,6% anual.

Palma La oferta y consumo mundial de los 17 principales aceites y grasas comestibles fue de 138.200.000 toneladas: soya 24%, palma 24%, colza 11,6%, palmiste 2,9%, una de cuyas fuentes es la palma (www.fedepalma.com).

La producción colombiana en 2005 de 673.000 toneladas de aceite de palma representa el 0,49% de la producción global de los 17 principales aceites y grasas comestibles y el 2% de la de aceite de palma global. Algunos países con los que toca competir en porcentaje de producción global (33.590.000 toneladas de aceite de palma) son: Malasia 44,5%, Indonesia 40,5%, Nigeria 2.4%, Tailandia 2%, Ecuador 0,9%, otros 6,6%.

Biodiesel de palma El balance entre consumo colombiano interno a 2005 (440.000 toneladas) contra la producción (673.000 toneladas) arroja un excedente para exportación o para combustible diesel de 300.000 toneladas anuales. Como hemos visto no es en Colombia donde se forma el precio internacional del aceite.

El experto en petróleos, Senador Hugo Serrano (debate de septiembre 18 de 2007 en la Comisión Quinta del Senado) afirma que el único agrocombustible viable a la fecha sería el etanol, especialmente el de caña de azúcar, si se comparan precios: $3.241 por galón de gasolina, precio Ecopetrol, versus $4.450 por galón de etanol en ingenio azucarero del Valle del Cauca. El biodiesel colombiano, según el Senador Serrano, estaría actualmente al nivel de US$130 por barril versus US$75 por barril de ACPM. En efecto, con los precios actuales de $1.400 por kilo de aceite crudo en fábrica el barril sale costando en sitio de producción, sin transportar, refinar y mezclar, cerca de los US$130. De modo que el juego del biodiesel de palma, en el momento, sólo puede realizarse a favor de un precio internacional más bajo que el colombiano y sólo para los excedentes del consumo humano local. Un fondo de estabilización sería funcional para el manejo de los excedentes e incluso para la importación del aceite de palma a precios menores.

Partidarios del biodiesel de palma argumentan una visión futurista en que la demanda mundial de petróleo en 2007 (82 millones de barriles) ascendería en el 2030 a 120 millones de barriles, ante un panorama global de agotamiento de las reservas de crudo. Y entonces el aceite de palma podría pasar del consumo humano al de las máquinas. Esto si los

movimientos sociales populares lo siguen permitiendo, como han permitido el alza de precios de maíz, azúcar, panela, yuca.

Partidarios del biodiesel de palma hacen notar que tratándose de “excedentes” del consumo local, el punto realmente crítico del precio de venta es el costo de producción ($942 por kilo de aceite en promedio nacional 2004), lo que se asemeja a US$90 por barril, cercano a los precios del petróleo en octubre de 2007, que viene superando los US$80 por barril.

Megaproyectos La estructura latifundiaria, la concentración de la propiedad de la tierra, constituye una

condición favorable al desarrollo de megaproyectos agrícolas, social y ecológicamente llamados “desiertos verdes”, como es el caso del desarrollo azucarero vallecaucano. El Caribe colombiano, el Magdalena Medio y en máximo grado la Orinoquia se caracterizan por esta situación latifundiaria.

En el momento, la mejor opción nacional para el establecimiento de megaproyectos se da en la altillanura o sabanas no inundables de Orinoquia, donde todavía la tierra se cotiza a precio del orden del millón de pesos por hectárea, dependiendo de la disponibilidad de títulos legales y de la proximidad a todavía precarias vías de comunicación.

Maderas, caucho, palma y ganaderías “mejoradas” fueron las primeras opciones en la década de 1980 soportados por Triples Pizano, CIAT, Centro Experimental Las Gaviotas, mientras se fueron creando técnicas de manejo agrícolas de las sabanas, proceso iniciado desde 2001 en cultivos de maíz y soya. De éstos, es actual espectacular manifestación la firma Aliar S.A. con su proyecto de 50 mil hectáreas que fabrica alimentos para la ceba permanente de una piara estabulada del orden de doce mil lechones, que serán beneficiados en instalaciones propias del megaproyecto (localización según visita personal, septiembre 12 de 2007: La Victoria, Pueblo Nuevo, en la vía Puerto López – Puerto Gaitán, y vereda Santa Bárbara, Guasipati, en Puerto Gaitán).

Macroproyectos de yuca para etanol del Grupo Protesting Colombia en alianza con CIAT y CLAYUCA - Consorcio Latinoamericano y del Caribe para el Apoyo a la Investigación y el Desarrollo de Yuca-, se desarrollan en Puerto López, en las sabanas y serranías de Canta Claro. Primera etapa ya iniciada con 350 hectáreas hacia 20.000 litros/día (algo así como diez mil hectáreas), proyectado a un millón de litros/día, o sea, cincuenta mil hectáreas.

Tal vez el proyecto de mayor magnitud en caucho sería el de Cumaribo en un orden mayor a 10 mil hectáreas (www.minagricultura.gov.co). De otro lado, el caucho es una de las opciones objeto de mayor privilegio para sustitución de cultivos ilegalizados.

El Ministerio de Agricultura agrupa las perspectivas caucheras en seis núcleos: cordón cauchero-cacaotero en Antioquia y Córdoba; zona marginal cafetera de Caldas y Tolima; Magdalena Medio Santandereano; Magdalena Medio Central; Orinoquia; Amazonia de Caquetá, Putumayo, Guaviare; y destaca una extensión de 890.000 hectáreas del territorio nacional, concentradas en valles interandinos de del Caribe y la Orinoquia, que climáticamente (al menos dos meses secos consecutivos al año) escapan al hongo del

follaje Microcyclus ulei, el limitante más grave para el cultivo. Afirmar, como lo hace el Ministerio de Agricultura, que además existen doce millones de hectáreas potenciales para caucho mediante avances tecnológicos parece ser manifestación de un síndrome patológico del poder público.

La estación experimental Carimagua ahora está abandonada y a la oferta de algún megaproyecto de 17 mil hectáreas por parte del Ministerio de Agricultura. La otrora visión exclusiva del CIAT hacia ganadería vacuna en el Llano ha quedado rezagada ante los megaproyectos agrícolas. Cambio de época, 40 años de burocracia internacional científica a la vera de la sabana. Es el viraje del Banco Mundial (el CIAT, su órgano en Colombia) hacia los agrocombustibles, según los intereses del imperio.

Vía campesina La visión de la vía campesina existe con anterioridad a los megaproyectos y constituye

un modo propio de construcción social exitoso, observable sobre el terreno. Son distinguibles al menos cuatro modalidades: la indígena y la de cultivos ilegalizados, de los cuales no trataremos en esta oportunidad, la campesina popular representada por desplazados reasentados, y la de pequeños y medianos empresarios con niveles de escolaridad elevados (incluso universitarios).

Un ejemplo de esta última modalidad es el grupo de amigos de la región del Caño La Ema, zona de Menegua, Puerto López, donde a la actividad comercial ganadera se incorporan elementos de conservación de los morichales y de la fauna, así como prácticas de agricultura orgánica. Paradigma de este grupo el veterinario Gustavo Giraldo Bermúdez con 50 hectáreas, cuatro cabezas por hectárea, producción comercial de semillas de pastos y leguminosas, uso de arado de cincel cada tres años, enmiendas al suelo con minerales naturales, creador de un excelente cruce de brahman por charolais. Paradigma el señor Régulo Olivares quien ensila maíz para alimentación vacuna (30 toneladas/hectárea en 2,5 meses de maíz variedad Guacavía de CORPOICA) y participa de prácticas racionales de enmiendas al suelo y de manejo de pastos y ganados. Paradigma el señor Alberto de la Roche con 250 hectáreas de pino caribea, teca, eucalipto, Acacia mangium, con un grado discreto de intervención de la sabana natural. No se trata de logros de corto plazo, sino de alrededor de cuatro décadas de convivencia regional y de asimilación de experiencias.

Otro ejemplo son los desplazados reasentados en Santa Bárbara, Guasipati. Este asentamiento se inició hace siete años mediante una parcelación de INCORA: 32 familias con 57 hectáreas cada una, las cuales recibieron apoyo para construcción de vivienda y escuela. Las ayudas para construcción de corrales, división de potreros, siembra de pastos y adquisición de ganados han sido modestas. La política del gobierno actual y del vecino megaproyecto porcícola de Aliar S.A. están interesados en esas tierras (1.824 hectáreas) además de las de los resguardos cercanos de Corocito, Yopalito y Walabó, y por supuesto en la mano de obra, la asociación de los pobres con los ricos. De los 32 parceleros, 16 son asistidos por la Pastoral Social de Puerto Gaitán, y de ellos 10 han creado su propia opción con base en autonomía alimentaría y biodiversidad; son notables sus huertos de frutales, donde se destacan plátano, cítricos, cacao y mango, demostrando la factibilidad de líneas

agrícolas y pecuarias desarrollables si hubieran más apoyos efectivos. Paradigmas el campesino Señor Orny Oviedo, su esposa Rubiela Góngora y otros. (visita conjunta con la Ingeniera Agrícola Martha Currea. Puerto Gaitán, Pastoral Social, septiembre de 2007)

Un tercer ejemplo son los parceleros de la reforma agraria actual, representados en 127 familias de desplazados ubicados en parcelas de 27 hectáreas correspondientes a una hacienda del narcotraficante Leonidas Vargas (cerca de 3.500 hectáreas). Este asentamiento en la región de La Victoria, Pueblo Nuevo, data de un año. Apena la condición precaria de las viviendas y la pobreza de los reasentados, quienes desde un principio han plantado pequeñas áreas de autonomía alimentaría (yuca, principalmente). También este asentamiento es vecino de uno de los dos focos del megaproyecto porcícola Aliar S.A., que, desde luego, se interesa en la mano de obra disponible y en llegar a un acuerdo de asociación con los parceleros.

La civilidad de una vía campesina podría ser el escenario de proyectos de desarrollo de recursos que alguna vez tuvieron y aún tienen perspectivas comerciales, a semejanza de cauchos y quinas que fueron acogidos en países con otras visiones. Son los casos del bálsamo de Tolú que incineramos con entusiasmo para “civilizar” tierras para algodón y ganado, de la sarrapia, de la palma nolí, de la zarzaparrilla, del dividivi, del caucho Castilloa, la balata, juansoco, el palo brasil, la ceiba tolúa, la caoba, el payandé o gallinero o chiminango, el algarrobo, el cañafístolo, el marañón, la ipecacuana, el cativo, los cedros, el roble, la guadua, el palo mora, el trupillo… Y tantas especies animales…

Nuestra incapacidad para mirarnos a nosotros mismos en relación con la actitud arrodillada y copiona de la burocracia está bien documentada en estudiosos como “Frutas silvestres de Colombia” de Rafael Romero Castañeda, “Flora medicinal de Colombia” de Hernando García Barriga, “Plantas útiles de Colombia” de Enrique Pérez Arbeláez, “Colombia y la economía mundial 1830 – 1910” de Antonio Ocampo y “Plantas cultivadas y animales domésticos en América equinoccial…” de Víctor Manuel Patiño.

En conclusión... Los nuevos megaproyectos agrícolas de mayor magnitud nacional se están localizando

en uno de los ejes del sistema IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Suramericana) correspondiente al Orinoco – Meta – Bogotá, a favor de la estructura latifundiaria de la tierra, ésta a precios todavía asequibles y a favor de las políticas gubernamentales.

Es en la altillanura no inundable y en el pie de monte llanero donde existen las condiciones más favorables para los tres millones de hectáreas en palma que el ex-presidente Pastrana ofreció al capital malasio, o los siete millones de hectáreas de megaproyectos de la política del presidente Uribe.

Pero es, a la vez, un escenario prioritario para el trabajo en ambientalismo, en cultura popular, en economía campesina, en métodos alternativos de uso de la tierra, en conservacionismo de la naturaleza.

La vocación de la altillanura es agroforestal, silvopastoril, incluso agrícola, y conocemos tecnologías tanto desde lo agroquímico como desde lo ecológico. El punto del debate es

quién y cómo se apropia de la tierra, cómo construye social y políticamente región, en especial donde son evidentes poderes narcotraficantes y paramilitares.

Petróleo, megaproyectos y narcotráfico vienen acompañados de lacras sociales como prostitución, alcoholismo, corrupción administrativa, desplazamiento del sector rural pobre y desarrollo hacia fuera que ni siquiera genera autonomía alimentaria local: regiones ganaderas donde la leche viene de Bogotá (250 kms), donde la comida cuesta el doble que en el interior del país, y donde grupos de niños acechan las sobras de los comensales en los restaurantes.

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* Ingeniero agrónomo y agricultor orgánico, mariomejiag@hotmail.com

AGROCOMBUSTIBLES: SUS MENTIRAS Y SU CAPACIDAD

GENERADORA DE HAMBRE

Juan Carlos Morales González1 La dinámica de los agrocombustibles (AGC) representa, indudablemente, una grave

amenaza para nuestras sociedades y los entornos medioambiental, social y económico sobre los que están erigidas. Dicha amenaza planetaria también se cierne sobre nuestro país, pues, lejos de ser una excepción, en Colombia se conjugan diversos aspectos que la hacen atractiva para tal actividad: condiciones geográficas, climáticas y edafológicas excelentes; un ambiente favorable a la inversión extranjera; inserción completa del país en la globalización neoliberal; un Estado violador sistemático de los derechos humanos; anuencia y/o pasividad crítica de los medios de comunicación y buena parte de la academia, etc.

Todos estos factores, en términos generales, suelen hallarse también en los otros lugares del mundo en desarrollo que han sido lanzados a la vorágine de los AGC. No obstante, en Colombia adquieren una particular notoriedad dado que acompañan un evidente proceso de destrucción del sector campesino, afro e indígena, al tiempo que se legitima política, económica y socialmente el crimen organizado (narcoparamilitarismo) cuyos evidentes vínculos con importantes sectores de la clase política e industrial del país son de conocimiento público. En ese sentido, los AGC devienen una herramienta fabulosa para que estos sectores criminales terminen de consolidar la apropiación de tierras, recursos y riquezas, a la par que se amplía y profundiza la tragedia social por la que atraviesa el conjunto de la nación.

Ese accionar, sin embargo, no puede pensarse como un ejercicio autónomo de quienes son los agentes locales de tal dinámica. De hecho, y puede parecer de Perogrullo al subrayarlo, el impulso a los AGC en Colombia no podría ser “exitoso” si no contara con un contexto internacional que le fuera favorable. En el ámbito hemisférico, el papel de los Estados Unidos (EUA) ha sido más que protagónico no sólo por los intereses geoestratégicos, geopolíticos y geoenergéticos del gobierno Bush, sino también por la cercana afinidad que existe (aunque en relación de vasallaje) entre el sector político y agroindustrial colombiano respecto a los núcleos de poder de aquel país.

Algunas precisiones necesarias La utilización de productos agrícolas para la fabricación de combustibles es algo muy viejo en la historia humana. Sin embargo, sólo hasta ahora se ha convertido en una obsesión mundial, lo que tendrá terribles consecuencias para el futuro planetario. En efecto,

amplios y profundos estudios, análisis y prospecciones realizadas por conocedores de diferentes especialidades en todo el orbe dan cuenta del carácter nocivo que la dinámica productiva y de consumo de los AGC tiene y tendrá sobre los agricultores, el medio ambiente, la biodiversidad, los consumidores, el cambio climático, los derechos humanos, etc.2

Más que una preocupación por las consecuencias que el cambio climático está generando en nuestro mundo y que se supone es el argumento ético a la hora de justificar a los AGC, su boom obedece en esencia a una adecuación estratégica, en términos de lo energético y lo geopolítico, por parte de las grandes potencias. De tal magnitud es esta preocupación que el gobierno norteamericano y la Unión Europea pretenden que para el 2017 y el 2020, respectivamente, en el sector del transporte se utilicen 35000 millones de galones de etanol (para el caso de los EUA) o se haya sustituido en un 20% el diesel (para el caso de Europa) con AGC3.

Así las cosas, el nuevo orden económico mundial y sus agentes son conscientes que el rápido agotamiento de los combustibles fósiles representa una amenaza para su despilfarrador modo de vida. Modo de vida que es, precisamente, el principal responsable del deterioro planetario.

Imbuidos de la anti ética del capitalismo salvaje, no obstante ven en el problema una nueva oportunidad de enriquecimiento y dilapidación. Es, en ese sentido, que los AGC devienen una mina de oro en la que las necesidades estratégicas del primer mundo se complementan y actúan de consuno con los intereses del poder corporativo.

Monsanto, ADM, DuPont, Syngenta, Cargill, Syntethic Genomics, British Petroleum Company, General Motors, Ford Motors, Daimler-Chrysler, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, son apenas algunas de las transnacionales, compañías o poderes financieros, que están detrás del negocio de los AGC y de la oficiosidad de muchos mandatarios que dan eco e impulso a los intereses descritos4. Unas y otros, casi sin excepción, comparten oscuros historiales en los que la corrupción, la venalidad, el saqueo y la violación de los derechos humanos hacen parte de su hoja de vida.

Desde ya, los críticos mejor informados anticipan que el boom de los AGC permitirá que ese entronque de intereses consolide, en poquísimas manos, el control sobre los sistemas energético y alimentario mundial; es decir, el dominio casi absoluto sobre el destino de los países del sur5.

La conjunción de intereses descrita puede sintetizarse en el esquema que presento al final del texto. En él se resalta que el negocio de los AGC no surge como un espacio industrial o agro industrial independiente e inconexo con otros ya existentes. De hecho, es la consecuencia de la intervención más o menos articulada de las empresas transnacionales (ETNs) ligadas al sector energético (petroleras, compañías gasíferas), al sector automotriz, a la agroindustria (incluyendo la de simientes y agroquímicos), a la biotecnología y, para un futuro inminente, a los centros de desarrollo de la biología sintética. Todos juntos son lo que podríamos denominar el “núcleo impulsor de tipo corporativo” de los AGC.

Pero para que ese núcleo (conjunta o separadamente) pueda impulsar la dinámica de los AGC en los países en desarrollo se requiere de la coacción. Ésta, agenciada por lo que denomino el “núcleo de presión” (medios de comunicación, instituciones académicas,

organismos financieros internacionales), se encarga no sólo de “legitimar” los “avances” científicos y técnicos relacionados con los AGC (la academia), sino que incluso ayuda a darles un supuesto carácter ético (los medios) o forzar su implementación a través, por ejemplo, de los programas de ajuste estructural (FMI, Banco Mundial) impuestos a nuestros países.

Ahora bien, la rentabilidad del negocio tiene su fundamento en cinco razones:

1. Gozan de un alto precio en el mercado internacional. 2. Son una prioridad estratégica y tienen el impulso de las grandes potencias. 3. Hacen parte de los paquetes de reforma estructural impuestos por los organismos

financieros internacionales. 4. Su desarrollo es generosamente subsidiado y/o se da en condiciones de alta

rentabilidad en la que la explotación inmisericorde de los recursos y la mano de obra permiten una mayor cuota de ganancia.

5. Su proceso productivo y comercialización aún no son totalmente rechazados gracias al manejo mediático de las supuestas ventajas de esta actividad económica.

Es importante detenernos un poco en este último punto pues incita a la reflexión en torno a algunas de las motivaciones y justificaciones que se esgrimen para impulsar los AGC y que, para el caso colombiano, por ejemplo, eran notorias en el fallido Proyecto de Ley 113 de 2006 de la Cámara de Representantes6.

¿Qué tan buena es la dinámica de los AGC? En la promoción de los AGC como alternativa “exitosa” frente al actual consumo de energía fósil se han construido varias ficciones que, ampliando las enunciadas por el experto Eric Holtz-Giménez7, director del Institute for Food and Development Policy, se enumeran a continuación:

1. Que los AGC son energéticamente más rentables que los combustibles fósiles. 2. Que son “limpios” y protegen el medio ambiente. 3. Que son fundamentales para revertir el cambio climático. 4. Que impulsan el desarrollo rural. 5. Que la materia prima que permite su fabricación es sostenible y renovable. 6. Que su dinámica no propicia la violación de los derechos humanos (DDHH). 7. Que los AGC de segunda generación tienen grandes potencialidades y comparten las

“bondades” arriba enumeradas. 8. Que los AGC no causarán hambre.

Pero, ¿tantas virtudes son ciertas? Demos una rápida mirada crítica a esos enunciados. Primero: los países más ricos gastan actualmente el 56% de la energía total del planeta y

tal ritmo de consumo está incrementándose aceleradamente en buena parte, como ya se dijo, gracias a un despilfarrador modelo de desarrollo.

La producción y utilización masiva de AGC es incapaz de sustituir, siquiera mediocremente, tales requerimientos energéticos. Para el 2030, por ejemplo, la Agencia

Internacional de Energía pronostica que los AGC únicamente podrán reemplazar el 8% del consumo mundial de combustibles para el transporte8; incluso otros expertos consideran que para poder suplir la demanda actual de petróleo con AGC se necesitaría destinar para este fin la superficie cultivable de tres planetas tierra9.

En términos del balance energético de los AGC, varios estudios han demostrado que los requerimientos de energía fósil son más altos para su producción que la propia energía que ellos generan (ver tabla 1). En síntesis, los AGC no son energéticamente más rentables.

Segundo: la producción y uso de AGC se caracteriza por ser terriblemente destructora del medio ambiente. Procesos acelerados de compactación y erosión de la tierra (por maíz en EUA y soya en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y EUA)10, daños irreversibles en ecosistemas y reducción de la biodiversidad (en todas las regiones palmíferas del mundo, especialmente en Colombia, Indonesia y Malasia)11, altos consumos de agua12, eutrofización de biotas lacustres y marinas por residuos de fertilizantes, liberación a la atmósfera de grandes cantidades de ozono y de los cancerígenos carbanilos (Bogotá con el uso del bioetanol)13, etc., son apenas algunas de las muchas evidencias que desmienten el supuesto carácter “limpio” y protector del medio ambiente por parte de los AGC.

Tabla No. 1. Balance energético (energía fósil requerida para la producción y

disposición final Vs. energía generada) de algunos AGC1.

TIPO DE AGC BALANCE ENERGÉTICO

BIOETANOL A BASE DE:

Maíz -29%

Césped -50%

Madera -57%

BIODISEL A BASE DE:

Soya -27%

Girasol -118%

Tabla construida con base en datos contenidos en: Pimentel, David. 2003. “Ethanol Fuels: Energy Balance, Economics, and Environmental Impacts are Negative”. Natural Resources Research. Vo. 12. No. 2. June 2003. pp: 127-134; y, Pimentel, David y Tad W. Patzek. Op. cit. pp: 65-76.

Tercero: la dinámica de producción de los AGC lejos de detener el cambio climático lo

acelera14. Ya se sabe, por ejemplo, que la deforestación y quema necesarias para que Indonesia y Malasia se consolidaran como unos de los mayores cultivadores de palma de aceite contribuyeron con el 40% del total de emisiones de CO2 del planeta en esos años15. Si

a eso sumamos la liberación de gases invernadero por la combustión de energía fósil durante la producción de los AGC, la pérdida de carbono por deterioro del suelo, la masiva liberación de óxido nitroso (uno de los principales gases causantes del efecto de invernadero) por efecto del uso descontrolado de fertilizantes, el daño de las turberas (que retienen carbono)16 y la rápida desaparición de los bosques y selvas (contenedores naturales de CO2), debemos concluir que difícilmente se puede afirmar que la producción

de AGC mitiga el cambio climático. Cuarto: de los países del mundo en desarrollo que ahora se dedican a la producción de

AGC (incluyendo el nuestro), no hay uno solo en el que dicho proceso no se acompañe del empobrecimiento del sector rural (entendido como aquel integrado por los campesinos y campesinas, no por los grandes industriales), la pérdida masiva de tierras incluso a través de la violencia (Colombia, Indonesia, Malasia, Brasil, Argentina, Paraguay), y el desplazamiento y marginalización del campesinado. Las políticas que impulsan al sector de los AGC están concebidas para favorecer el gran capital, la concentración de tierras y la legitimación del saqueo de recursos y querencias. Argüir, por ejemplo, que son impulsoras de la generación de puestos de trabajo no es más que una falacia (ver tabla 2).

Tabla No. 2. Puestos de trabajo creados en los países del trópico por la economía

campesina Vs. producción de AGC (por cada 100 hectáreas de cultivo)2

TIPO DE PRODUCCIÓN PUESTOS CREADOS

Agricultura familiar 35

Palma aceitera 10

Caña de azúcar 10

Soya 2

Tabla elaborada con base en: Holtz-Gimenez, Eric. Op. cit. No. 6. p: 15; y, Biofuelwatch, et al. Op. cit. No. 1.

Para el caso colombiano, ya se ha denunciado que las famosas “alianzas estratégicas” o

“asociaciones productivas” no son más que una mampara tras la cual “los campesinos, indígenas y afros entregan la tierra, su mano de obra sin contrato de trabajo, son explotados, no se les paga horas extras ni prestaciones, etc.”17

El “desarrollo rural”, en síntesis, termina siendo un proceso por el cual la sociedad entera subvenciona el enriquecimiento de unos pocos y, como en el caso colombiano, legitimando las actividades económicas de criminales que han “invertido” en el sector de los AGC. La relación entre palma de aceite y paramilitarismo en el pacífico colombiano y otras regiones de nuestra geografía es más que elocuente al respecto18.

Quinto: quienes afirman que la materia prima para la producción de AGC es renovable ignoran, sin excepción, que dicho proceso, al deteriorar el medioambiente (sobreutilización de los suelos, contaminación, agotamiento de fuentes hídricas), reduce rápidamente las posibilidades y sustratos que garantizan la sostenibilidad de los recursos. El caso argentino es ilustrativo y está lejos de ser una excepción: únicamente en 2002 la superficie argentina dedicada al cultivo de soya perdió 900.000 toneladas de Nitrógeno, 200.000 de Hierro y 140.000 de Fósforo, lo cual redunda en ingentes gastos para la restitución artificial de nutrientes, a la vez que hay un empobrecimiento acelerado del suelo que, a corto o mediano plazo, se traducirá en la desertización absoluta19.

Sexto: en todos los países del mundo en desarrollo donde se ha impulsado o se viene fomentando que el sector agrícola se vuelque hacia los AGC, dicho proceso se ha acompañado de serias violaciones a los derechos humanos.

Se ignoran los derechos de propiedad individual o colectiva (Brasil, Colombia); se desplaza a la población campesina, afro o nativa (Indonesia, Malasia, Colombia, Paraguay); se vulneran los derechos de los trabajadores; se genera desempleo o se promueve un servilismo disfrazado (Colombia, Brasil, Paraguay, Indonesia); se coacciona, asesina o desaparece a los trabajadores o sus representantes sindicales (Colombia, Brasil)20; se irrespeta el derecho a la salud, la alimentación, la cultura, el ambiente sano y el uso de recursos de las comunidades rurales.

Resumiendo, la imposición de una economía agrícola favorable a los AGC no puede sustraerse de impulsar la violación sistemática de los DDHH; esto en virtud, como ya se dijo, de que su productividad se sustenta en la sobreexplotación de mano de obra, el saqueo de los recursos, el daño al medio ambiente, la consolidación de grandes zonas de cultivo, entre otros factores.

Séptimo: muchos expertos coinciden en que, frente a la creciente preocupación por los AGC, la promesa de los países desarrollados consistente en desarrollar biocombustibles de segunda generación (a partir de modificaciones genéticas de plantas ya existentes, la creación de microbios que desnaturalicen rápidamente la celulosa y la lignina, etc.), que supuestamente limitaría la competencia que se generará por los cereales, tubérculos, oleaginosas y otros alimentos. Esta promesa, sin embargo, no podrá ser viable nunca21. Aun suponiendo que sí, los perjuicios que esto tendría serían sumamente altos: la rápida pérdida de la biomasa contenida en los bosques y selvas sobrevivientes, la destrucción del 20 al 25% de las especies del planeta (entre ellas muchas de origen microscópico y fundamentales para los equilibrios ecológicos)22, la generación artificial de organismos destructores del medio ambiente, la interrupción de los ciclos evolutivos naturales, y la sobrevivencia de nuestra especie puesta al borde del abismo.

Octavo: indudablemente la mayor mentira de todas es plantear que la dinámica de los AGC no causará hambre. Afirmación que contradice todas las evidencias y que incluso ha sido criticada por miembros del establecimiento en aquellos países que promueven la producción y consumo masivo de AGC23.

Nos detendremos un poco más en este punto pues es urgente llamar la atención sobre las serias consecuencias que tendrá en nuestro país la producción de AGC para la soberanía, autonomía y seguridad alimentarias.

Los AGC y el hambre Lejos de ir por buen camino, la meta de reducir a la mitad el número de hambrientos en el mundo está fuera de alcance24.

Tomando como base los reportes estadísticos más recientes de la FAO, de 1996 al 2002 (último año registrado) el número de hambrientos en los países subdesarrollados aumentó en casi 24 millones de personas. La tendencia registrada hasta el momento, como muchos expertos lo han aseverado, es una consecuencia del nuevo orden económico mundial, el mismo que hoy impulsa los AGC.

Conociendo que el 95% del hambre de la humanidad es un hambre estructural (es decir, resultado de la pobreza y la exclusión social), resulta cuando menos ofensivo que se gasten tantos esfuerzos en imponer una estrategia energética que limitará, precisamente, la disponibilidad energética de tipo biológico para estos y muchos otros seres humanos.

Se sabe, por ejemplo, que los cereales constituyen la principal fuente alimentaria del 80 a 90% de la humanidad y son, a su vez, materia prima para la producción de AGC.

Especialistas calculan que en virtud de la concurrencia que hay y se agudizará entre los automóviles y las personas por los cereales, éstos subirán de precio a pasos agigantados en el tiempo por venir (para el 2020 un 40% en el caso del maíz y un 30% en el del trigo; para el 2010 será de 20 y 11%, respectivamente). Un cálculo del incremento en el precio de éstos y otros alimentos puede verse en la tabla 3.

Tabla No. 3. Porcentaje de incremento en el precio mundial de algunos de los

alimentos a consecuencia de su transformación en AGC (año base: 2005)3

AÑO PRODUCTO

2010 2020

Yuca 33 135

Maíz 20 41

Semillas oleaginosas 26 76

Remolacha 7 25

Caña de azúcar 26 66

Trigo 11 30

* Rosegrant, Mark W.; et al. “Biofuels and the Global Food Balance”. En: Bioenergy an Agriculture: Promises and Challenges. International food policy Research Institute. Documento en PDF disponible en: http://www.ifpri.org/2020/focus/focus14 focus14.pdf [Consulta: 12/VII/07]

Lo anterior significa que hacia el año 2025 el aumento de precios en los cereales producto de su uso para la elaboración de AGC elevará el número de hambrientos a 1200

millones de personas (cada elevación del 1% en el precio de los alimentos crea 16 millones de nuevos hambrientos)25.

Pero ese incremento de precios no sólo afectará a los cereales; también se encarecerán otros alimentos en cuya producción aquellos son importantes: cárnicos, lácteos, huevos. Así las cosas, en un futuro muy próximo la mayoría de habitantes del planeta verán restringido seriamente su acceso a las fuentes energéticas y proteínicas, fundamento de la vida misma.

¿A cuenta de qué se van a crear estos nuevos hambrientos? De la necesidad del primer mundo de que sólo una pequeña parte de sus automotores se movilice con AGC y a un costo energético, social y humano sin precedentes.

Valga ilustrar lo afirmado con lo siguiente: tomando como base algunos datos de referencia suministrados por Pimentel y Patzek26, con el maíz necesario para producir el etanol que requiere un automóvil del primer mundo para recorrer sus 32000 km/año podrían cubrirse las necesidades calóricas diarias de una persona durante 22947 días (62 años) o, lo que es lo mismo, alimentar durante un año a 62 personas. En conclusión, bajo el régimen productivo de los AGC la vida de 62 personas vale menos que la supuesta movilidad “ecológica” de un automóvil.

Ahora bien, de los 24 millones de nuevos hambrientos que surgieron en los países en desarrollo (PVD) entre 1996 y 2002, 800.000 fueron colombianos y colombianas, lo cual representa un incremento del 16% respecto a las estadísticas de 1996 (5,1 millones) y en una proporción 5 veces superior al retroceso que en el mismo periodo se registró en el mundo en desarrollo.

Esto, que debería concitar la vergüenza nacional, ha hecho que el ritmo de crecimiento del hambre en Colombia supere al registrado en el promedio de los PVD e, incluso, en la propia África Subsahariana27.

No son estos los únicos indicadores que permiten valorar la gravedad de la realidad alimentaria del país. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2005 (ENSIN 2005)28 pone en evidencia, para el año referido, datos como los siguientes: el 41% de los hogares colombianos padece inseguridad alimentaria; más del 20% de los niños y niñas menores de cinco años tienen algún tipo de desnutrición; 33% de los menores de cinco años y 45% de las gestantes colombianas sufren de anemia; 32% de la población colombiana tiene deficiencias en Vitamina A, 62.3% de Zinc y 86% de Calcio; 64% de los colombianos y colombianas presentan deficiencia en la ingesta de energía; entre otras cifras escalofriantes.

La situación de hambre en Colombia no es un hecho inconexo sobre el que pueda pensarse sin considerar el papel que, en su generación, ha tenido el conflicto interno, la creciente inequidad, la inserción del país al neoliberalismo, la impunidad en todas sus expresiones, la corrupción, el abandono estatal del campo y la adopción de políticas que, como el fallido Proyecto de Ley 113 de 2006, buscan favorecer a unas poquísimas empresas colombianas y varias transnacionales.

A lo largo de este texto se han mencionado apenas unos casos, propios y ajenos, del potencial lesivo o los daños en marcha implicados en la vorágine de los AGC. Aquellos

interesados en profundizar en el tema sólo tienen que remitirse a las organizaciones defensoras de DDHH, la Procuraduría, las Defensorías, etc. quienes tienen conocimiento de cómo en varias partes de Colombia donde los AGC son un “polo de desarrollo”, “coincidencialmente” la situación de dichos derechos es una de las más graves del país. De hecho, en algunos lugares de nuestra geografía la sola mención de las compañías palmicultoras suscita el terror en las comunidades29, cual si se gritase el nombre de Atila a los antiguos romanos o los infames nombres de la Casa Arana o la United Fruit Company para las poblaciones indígenas y campesinas del sur y norte del país, respectivamente, a principios del siglo veinte.

¿Por qué Colombia, en vez de lanzarse a la vorágine de los AGC cuya estela de hambre es ampliamente reconocida, no se dedica, más bien, a revivir la economía campesina y la producción de alimentos para consumo interno?

¿Por qué ese empeño en debilitar la soberanía alimentaria del país al insertarlo en una carrera productiva y energética que le hará más dependiente, y cuya dinámica restringirá sus posibilidades de decidir sobre su propio proceso alimentario?

¿Por qué ampliar el área dedicada al cultivo de materia prima para los AGC y no más bien corregir la actual vocación en el uso de la tierra?

¿Cuál es el afán en seguir impulsando los monocultivos, la concentración de capitales, tierras y ganancias?

¿Por qué, en aras de la defensa y promoción de los AGC, se continúa tolerando la apropiación y tenencia indebida de tierras y querencias colectivas, la legalización de lo usurpado, el desplazamiento forzado, la destrucción de las economías campesinas, los ecosistemas y la pérdida de la autonomía alimentaria de las comunidades?

¿Cómo justificar que la producción de AGC y, en general, las políticas de “desarrollo rural” del Estado colombiano vayan tan en contravía de las necesidades del grueso de la población rural?

¿Por qué el Estado, contrariando el clamor de las comunidades, se niega a hacer uso del Principio de Precaución y así evitar que las dinámicas de los AGC y los transgénicos, tan asociadas una a otra, tengan un libre ejercicio en nuestro territorio?

¿Cuál es la necesidad de sumergir al país en un estado permanente y cada vez más generalizado de inseguridad alimentaria a consecuencia, precisamente, de la pérdida de la soberanía y autonomías alimentarias?

¿No sería mejor, por ejemplo, que las aproximadamente 270.000 Has de palma africana se convirtieran más bien (en las zonas geográficas y tierras adecuadas) en cereales para consumo interno, lo cual serviría para cubrir una y media veces las necesidades energéticas de los casi 6 millones de personas que, según la FAO, padecen de hambre crónica en Colombia?

Frente a lo anterior, como muy bien lo demuestran muchos expertos de todo el mundo, es imperioso insistir en que no existen evidencias serias de que el boom de los AGC sea provechoso para países como el nuestro. Lo único que estamos haciendo con ello es auspiciar políticas predatorias que aumentarán la miseria en nuestro país, la cual, de seguro, será ya muy difícil de ocultar por más que se insista en los malabarismos estadísticos.

Reiterando que una de las peores consecuencias de la dinámica de los AGC en Colombia será la profundización del hambre, es importante recordar finalmente que en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Colombia es signataria, el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la alimentación (DA) de quienes habitan su territorio. En ese sentido y ante la amenaza de los AGC, el Estado colombiano está obligado a:

1. Respetar el derecho a la alimentación absteniéndose de adoptar medidas que, como viene ocurriendo con la dinámica de los AGC, terminen socavando la autonomía alimentaria y las economías familiares o colectivas del campesinado y poblaciones afro e indígena colombianas.

2. Proteger a todos los habitantes del país y especialmente a la población rural, afro e indígena de las vulneraciones del DA que directa o indirectamente sean generadas por las compañías nacionales y extranjeras involucradas en el negocio de los AGC. Igualmente, proteger a las comunidades de la coacción violenta de que son víctimas por parte de grupos armados que, en ocasiones, buscan la apropiación de tierras y territorios para su inserción en la economía de los AGC.

3. Facilitar la garantía del DA a todos los colombianos y colombianas, concitando sus mayores esfuerzos y recursos a la población rural, permitiendo que en el legítimo derecho de ejercer su autonomía alimentaria ellos se constituyan en el garante de una adecuada y suficiente disponibilidad alimentaria.

4. Hacer efectivo el DA suministrando los alimentos e insumos necesarios a aquellas poblaciones o individuos que, en virtud de la expansión de los AGC, han visto conculcados sus derechos y la posibilidad de alimentarse digna y suficientemente. Asimismo, propiciar la justa reparación y retorno de las poblaciones que han perdido sus bienes o han sido desplazadas de sus territorios en los que ahora campea, por ejemplo, la palma africana30.

Para concluir, es indudable que la inserción plena del país a la dinámica de los AGC

marcará un punto de inflexión del que muy posiblemente no habrá retorno. En ese sentido, el presente texto es un llamado de atención para que toda la sociedad

colombiana se movilice frente a una de las peores amenazas en su historia. A no ser, claro, que la aniquilación de nuestros ecosistemas, la pertinaz violación de los DDHH, el desplazamiento, la ruina del campesinado, las poblaciones afro e indígenas, el saqueo de nuestros recursos, y la expansión del hambre en Colombia sigan siendo asuntos de poca importancia para un país que pareciera naufragar impertérrito bajo los cantos de sirena de un régimen tan proclive al saqueo, la destrucción del país y el crimen.

Esquema de los intereses transnacionales detrás del negocio de los AGC.

1 Médico (Universidad Nacional de Colombia) y Magister en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales (Universidad de la Habana).

Actualmente se desempeña como miembro de la Secretaría Técnica de la Campaña Nacional por el Derecho a la Alimentación – Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 2 Ver por ejemplo: Altieri, Miguel A. y Bravo, Elizabeth. 13/V/07. “Tragedia social y ecológica: producción de biocombustibles agrícolas en América”. En: www.foodfirst.org/files/Altieri-Bravo-Biocombustibles-ES.doc; Biofuelwatch, et al. 2007. Agrofuels. Towards a Reality Check in Nine Key Areas. Documento en PDF disponible en: http://www.biofuelwatch.org.uk/docs/agrofuels_ reality_check.pdf. Naciones Unidas también comenta varios de esos riesgos, aunque de manera matizada, en: United Nations. 2007. Sustainable Bioenergy. A Framework for Decision Makers. UN-Energy. New-York.

3 Ver: Ford, Runge y Senauer, Benjamin. 2007. “How Biofuels Could Starve the Poor” En: Foreign Affairs. Edición digital. Mayo/junio del 2007. En: http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86305/c-ford-runge-benjamin-senauer/how-biofuels-could-starve-the-poor.html? [Consulta: 8/VIII/07] 4 Se sabe, citando un sólo caso, que tras la preocupación de George W. Bush por el tema se encuentran las compañías automotrices arriba descritas. Ver: Ken, Thomas (AP). 2007. “Bush elogia fabricación de autos a combustible alternativo”. Associated Press. Washington. 5 Ver: Altieri, Miguel A. y Bravo, Elizabeth. Op. cit. No. 2.

6 Proyecto archivado durante la segunda semana de octubre y que pretendía favorecer aún más esa actividad económica. El Proyecto fue archivado por no ser tan agresivo como lo deseaba el gobierno. 7 Ver: Holtz-Gimenez, Eric. 2007. “Cinco mitos sobre agrocombustibles”. En: Le Monde Diplomatique. Edición Colombia. Bogotá. Junio 2007. pp: 14-16. 8 Citada en: Biofuelwatch. 2007. “Biofuels Threaten to Accelerate Global Warming”. Biofuelwatch UK. En: www.biofuelwatch.or.uk [Consulta: 24/V/07] 9 Observatorio Transnacional www.repsolmata.info. Citado en: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. “Palma africana en Colombia. Impactos ambientales, socioeconómicos y efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas”. Documento disponible en: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=b1e1—&x=20154778#_ftnref5 10 En EUA el cultivo intensivo del maíz hace que cada año un acre pierda 19 Tn de suelo. Ver: Altieri, Miguel A. y Bravo, Elizabeth. Op. cit. No. 2. 11 En Colombia, más precisamente en la zona de Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó), la expansión de la palma aceitera se ha acompañado de la deforestación de más de 5000 Has. y la grave amenaza a cerca de 80 especies forestales y 96 faunísticas. Ver: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. “Agronegocios de palma y banano. Impactos ambientales y socioeconómicos”. Documento en medio magnético facilitado por la Comisión. 12 Ver: Biofuelwatch, et al. Op. cit. No. 1. p: 6; y, Carpintero, Oscar. 2006. “Biocombustibles y uso energético de la biomasa: un análisis crítico”. En: El Ecologista No. 49. Madrid. p: 22. 13 García Lozada, Héctor. 2007. “La biogasolina en Bogotá”. Columna de opinión. I/07. www.minminas.gov.go 14 Valga citar un caso: se estima que la producción de una Tn de biodisel a partir de la palma de aceite está ligada con la liberación a la atmósfera de 10 a 30 Tn de CO2. Ver: Biofuelwatch. Op. cit. No. 7.

15 Panos Media Toolkit. 2006. “Fuelling Controversy – Can Biofuels Slow the Speed of Climate Change?”. London. October 2006. Documento en PDF disponible en: <http://regserver.unfccc.int/seors/file_storage/xjndj336r 2xav3i.pdf> [Consulta: 1/III/07] 16 Biofuelwatch, et al. Op. cit. No. 1. p: 9.

17 Mondragón, Héctor. 2007. “Los negocios del biocombustible y de la caña de nuestros empresarios y el gobierno nacional”. Mayo 2007. En: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w—1—&x=20154967 [Consulta: 21/V/07] 18 Sobre la convivencia entre el paramilitarismo, el Estado y las palmicultoras en el proceso de expropiación de tierras colectivas, saqueo de recursos, desplazamientos, asesinatos y otras violaciones de los DDHH en la región pacífica ver: Flores López, Jesús Alfonso y Millán Echeverría, Constanza. 2007. “Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano”. Diócesis de Tumaco, Quibdó, Buenaventura e Itsmina. Colombia. pp: 201-235. Vale acotar que uno de los firmantes de la Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley 113 es el representante Héctor Julio Alfonso López, hijo de “La Gata” Enilce López, cuyo clan, aparte de agenciar un asiduo apoyo regional al Presidente Uribe, tiene estrechos vínculos con el paramilitarismo. 19 La restitución de los nutrientes perdidos equivalió a 900 millones de dólares; es decir, ¡el 20% de las ventas totales de la soya Argentina de ese año! Ver: Hambre de Soya. Documental dirigido por Marcelo Viñas y producido por Ícaro Producciones y Fundación Biodiversidad Argentina. Buenos Aires. 2004. 20 Desde el 2000, en el bajo Atrato (Colombia) y en relación con la expansión de los cultivos de palma aceitera, han ocurrido dos desplazamientos forzados en la zona del río Cacarica, 13 en Curvaradó, y 200 crímenes entre asesinatos y desapariciones (sin contar con el saqueo de bienes, quema de viviendas, bloqueo económico). Ver: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Op. cit. No. 10. 21 Biofuelwatch, et al. Op. cit. No. 1. p: 13. 22 Ibid. p: 15. 23 Algo muy explícito en el trabajo de C. Ford, Runge y Senauer, Benjamin. Op. cit. No. 2. 24 Compromiso adquirido por todos los países del mundo en la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación reunida en Roma en 1996. 25 C. Ford, Runge y Senauer, Benjamin. Op. cit. No. 2; y, Holtz-Gimenez, Eric. Op. cit. No. 6. p: 16.

26 Pimentel, David y Tad W. Patzek. 2005. “Ethanol production Using Corn, Switchgrass, and Wood; Biodisel production Using Soybean and Sunflower”. Natural Resources Research. Vo. 14. No. 1. March 2005. p: 68. 27 Ver: Morales González, Juan Carlos. 2006. El hambre al servicio del neoliberalismo. Ediciones Desde Abajo. p: 186. 28 Profamilia, INS, Universidad de Antioquia, OPS, ICBF. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2005 (ENSIN 2005). Bogotá. 2006. 29 Valga el caso de la compañía “Urapalma” en el medio y bajo Atrato, o el de “Salamanca” y “Palmeiras” en Nariño.

30 La producción de AGC o los productos agrícolas destinados para tal fin no se limita a las zonas mencionadas; de hecho, algunos otros sitios insertos en ese proceso son o serán: Sucre (producción de yuca para bioetanol), Cesar (plantas de biodisel con base en palma aceitera), Llanos Orientales y Costa Norte

(plantas de biodisel), Magdalena Medio (plantas de biodisel en asocio con Ecopetrol); todas, zonas que son fortines políticos del establecimiento, áreas de extrema pobreza y regiones donde el terror paramilitar ha abierto espacio para la dinámica de los AGC.

MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y AGROCOMBUSTIBLES

EN EL PACÍFICO COLOMBIANO Rosa Emilia Bermúdez Rico1

El Pacífico colombiano es considerado uno de los sitios del planeta con mayor diversidad, tanto de fauna como de flora. La región posee bosques tropicales con una enorme riqueza biológica y minera. La preservación de este ecosistema ha estado estrechamente relacionada con el uso y la relación establecida por parte de las comunidades negras e indígenas que han habitado ancestralmente este territorio. En este sentido, las reflexiones que presento en este texto buscan aportar a la construcción de una estrategia intercultural y de acción ambiental por parte de la población afrocolombiana que habita esta zona y enfrenta cotidianamente los efectos de los megaproyectos en el Pacífico colombiano.

En la perspectiva analítica desarrollada en este documento, uno de los aspectos que cobra importancia es el complejo régimen de propiedad que se ha configurado en esta zona y que centra la discusión en la región. La FAO calcula que en Colombia quedan unos 49 millones de hectáreas de bosques naturales. De esos, 23 millones pertenecen a comunidades negras e indígenas y 10 millones al sistema de parques. Lo que significa que, aproximadamente, el 50% del bosque natural está por fuera de la lógica mercantil y se inscribe en formas de apropiación colectiva o de manejo especial. Más que una característica de valoración positiva, esta situación ha retado al gobierno nacional y a los grandes capitales nacionales y extranjeros a apropiarse de estos territorios por viales legales e ilegales que les garanticen su explotación. En esta disputa los más afectados han sido, sin duda, los pueblos tradicionales que resisten con sus vidas frente a la usurpación de sus territorios y culturas.

En este contexto, en la década de 1990 el Pacífico colombiano aparece como un escenario central de la guerra, adquiriendo importancia por su ubicación estratégica en el control de los flujos en el mercado de armas y narcotráfico. El desarrollo del conflicto armado en el Pacífico ha sido reseñado por diversas organizaciones tal como aparece en el siguiente fragmento:

“En la última década, la región del Chocó Biogeográfico ha sido escenario de importantes transformaciones. Allí confluyen gran parte de los conflictos políticos, económicos y sociales, presencia de los actores armados y de diversos intereses económicos. La importancia de la región del Chocó Biogeográfico debido a su ubicación estratégica y a la riqueza de los recursos naturales, ha generado la disputa por el control de estos territorios, especialmente por los grupos armados y por los intereses del capital internacional”.

Esta condición estratégica de la región ha ido derivando múltiples nuevos fenómenos sociales: la generalización del desplazamiento forzado de la población, el establecimiento de nuevos órdenes sociales mediados por el miedo y la violencia cotidiana, la sustitución de las bases productivas tradicionales por alternativas ilícitas. En este escenario de guerra las posibilidades de intervención de los Consejos Comunitarios son absolutamente precarias y marginales. De allí que estas organizaciones se encuentren altamente interpeladas y con muy pocas alternativas para el fortalecimiento organizativo y la actuación pública, situación que convoca a la discusión en torno a la construcción democrática en el país y al ejercicio de la ciudadanía de las poblaciones étnicas.

El destierro es una de las consecuencias sociales y ambientales más dramáticas de este modelo de desarrollo y acumulación-destrucción que transforma el paisaje, que crea nuevos ordenamientos del territorio, y que erosiona las condiciones de existencia social. Mientras oleadas de población son desterradas, el capital ocupa sus lugares, sus territorios, presentándose una dinámica de desterritorialización que hace mucho más compleja la desigualdad social históricamente existente. Este es el caso del Pacífico colombiano y la condición de la población ancestral que lo ha habitado, condenada históricamente a padecer los indicadores críticos de las necesidades básicas insatisfechas.

Ahora bien, ante la firma de los Tratados de Libre Comercio, en varios de los países de América Latina se ha desatado una carrera contra reloj para la construcción de puertos en el Pacífico. Este es el caso de Panamá (Puerto Farfán, Balboa y Cristóbal), Ecuador (Puerto Manta) y Perú (Puerto Callao). Estos países evalúan la ampliación de sus puertos o la construcción de nuevos que ofrezcan condiciones y amplíen su capacidad para mover, cargar y transportar mercancías ante el nuevo marco de expectativas generadas por el libre comercio. Es una carrera que se adelanta de espaldas a la población negra e indígena directamente afecta, es la intervención en un territorio sin el consentimiento de la población que durante siglos ha convivido en este entorno.

Las decisiones, en materia de inversión pública, por parte del gobierno nacional se inscriben bajo esta ambición de equipamiento infraestructural. Así, a finales del mes de abril del año 2006, el gobierno aprobó partidas por 375 mil millones de pesos para reconstruir la vía al mar, iniciar las obras de la doble calzada y acondicionar la antigua vía, como vía alterna. En mayo de este mismo año, anunció como prioridad la construcción de la vía que por Risaralda comunica al Atrato con el Pacífico y la construcción allí de un puerto de aguas profundas. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, el gobierno nacional aprobó la construcción de la carretera entre Nuquí y el municipio de Las Ánimas, en el departamento del Chocó que, a su vez, conecta con la ciudad de Pereira. La financiación de la construcción de esta vía por parte del gobierno nacional es el indicio más importante que los inversionistas privados requerían para adelantar los trámites para la construcción de un puerto en la bahía de Tribugá, cercana a Nuquí. El puerto costaría 600 millones de dólares.

En este contexto, para el gobierno nacional ha resultado prioritario retomar el proyecto de construir un puerto en el Pacífico, que opere de manera complementaria al puerto de Buenaventura y ofrezca una alternativa económica, ampliando la capacidad portuaria en la cuenca del Pacífico. Se han considerado varias opciones: El Puerto de Aguas Profundas

(PAP) de Bahía Málaga, el PAP de Tribugá, la ampliación del Puerto de Tumaco, la ampliación del Puerto de Buenaventura.

La alternativa de construir un PAP en Bahía Málaga cumple con el requisito de profundidad de hasta 20 metros, pero la gran desventaja es la carretera porque en este caso sería igualmente la vía a Buenaventura la que se mantendría como única opción. Con respecto a la construcción del PAP en Bahía Málaga se han adelantado algunas iniciativas. En el Ministerio de Transporte se encuentra inscrita la sociedad promotora de la construcción del puerto. El Ministerio convocó a concurso privado para la licitación del estudio de factibilidad económica, financiera, comercial y ambiental, y declaró la zona del área de Bahía Málaga de interés público, mediante Resolución No. 001222 de junio 7 de 2005.

No obstante, la alternativa del PAP de Bahía Málaga es una de las más cuestionadas por su impacto ambiental. El punto crítico está centrado en las ballenas jorobadas –de conocimiento público y mundial- que llegan a este lugar todos los años a aparearse y tener sus crías. La colisión con grandes barcos, la contaminación acústica por motores de los barcos, y la contaminación por residuos de hidrocarburos, químicos y domésticos afectarán con toda seguridad la reproducción de las yubartas. Los barcos para llegar al PAP utilizarían la misma ruta que han utilizado por siglos las ballenas que recorren ocho mil kilómetros desde zonas australes para aparearse.

Por su parte, la viceministra del Ministerio del Medio Ambiente, Claudia Patricia Mora Pineda, informó que mediante el auto 502 del 28 de julio de 1997, el Ministerio del Medio Ambiente determinó que la construcción de un Terminal Marítimo en Bahía Málaga no es viable ambientalmente. También afirmó que no ha otorgado licencia ambiental para desarrollo de proyectos de alto impacto en el área de Bahía Málaga, así como tampoco ha iniciado trámite de licencia ambiental para el desarrollo portuario en dicha área, a la fecha de la comunicación (diciembre 29 de 2006).

Por otro lado, la experiencia desarrollada por las comunidades negras e indígenas en el caso de la construcción de la carretera Nuquí-Ánimas en el Chocó resulta ilustrativa como antecedente en el derecho a la participación de los grupos étnicos, a través del instrumento de consulta previa que podría adelantarse contra el PAP en Bahía Málaga. Para el caso de esta carretera, el Consejo Comunitario Nuquí-Los Riscales tuvo un papel protagónico en el proceso de negociación y concertación adelantado con las comunidades negras e indígenas de la zona. Esta experiencia resulta valiosa ya que en ella se pueden identificar aspectos centrales para la construcción de una estrategia de defensa del territorio. Se trata de recuperar de esta experiencia las lecciones aprendidas en los procesos de negociación realizados por comunidades que han afrontado la defensa de sus derechos ante situaciones equivalentes.

Un primer aspecto que cobra importancia en el análisis es el punto de partida del Consejo Comunitario del municipio de Nuquí–Los Riscales: la posición de rechazo por parte de la población con respecto a la evaluación de las consecuencias negativas de la carretera y la construcción de un PAP en Tribugá:

(…) No queremos que después de dañar el manglar y gastar miles de millones de pesos se diga que no era el sitio correcto para un puerto. Que hay demasiadas corrientes marinas que

trasladan arenas que en una noche acaban con el puerto. Que hubo mucha tala de bosque y los taludes dejaron caer millones de toneladas de tierra (como sucedió en Cupica) y se llenó de tierra el puerto y ya no sirve. Que el río Tribugá perdió su cauce y se secó la ensenada. No queremos eso.

No queremos que se roben la plata.

Es muy común que las obras se queden a mitad de camino.

Una carretera y un puerto deben ser distintas de una invasión. En el país muchas obras han significado sacar a la gente de su tierra. Donde hoy pasa la carretera Tumaco-Pasto vivía gente negra. Hoy esas tierras tienen palma africana y la gente sobra. Los antiguos dueños dieron su tierra por dos centavos. Hoy piden limosna en la carretera, andan de mendigos en Tumaco, roban y malviven.

En el país muchas obras han significado mayor violencia. Muchas obras no han traído ni progreso ni paz. Sólo han sido motivo para atraer grupos armados. No queremos eso.

A partir de este análisis de la experiencia que han tenido las comunidades en la construcción de este tipo de infraestructura, el Consejo Comunitario propone unos criterios fundamentales bajo los cuales entra en un proceso de concertación. Entre los aspectos más importantes están:

El proyecto de la carretera y puerto debe incluir entre sus costos todas las acciones de prevención, compensación, mitigación, atención, regalías e indemnizaciones. No puede alegarse que estas tareas incrementan indebidamente los costos. Se va a hacer una obra en un territorio colectivo de una etnia protegida por la ley y en zona de amortiguación de un Parque Nacional Natural. Las labores de mitigación y protección significan efectivamente un costo mayor de la obra que debe estar presupuestado al lado de los demás costos de ingeniería. Conforme a lo anterior el diseño de la obra debe incluir una propuesta integral en la cual se camine desde el escenario actual sin puerto y sin carretera a uno con puerto y carretera donde la gente, la cultura, el territorio y ojala los recursos naturales estén en las mejores condiciones que materialmente sea posible lograr. Una propuesta que no tenga este nivel de integralidad será considerada una obra de improvisación y despilfarro desde su inicio.

Con respecto al proyecto de PAP de Bahía Málaga, la población afrocolombiana habitante de la zona ha manifestado su desacuerdo con respecto a la construcción de este puerto en su territorio. El Consejo Comunitario se ha pronunciado públicamente al respecto señalando las nefastas consecuencias para el hábitat y su cultura que este tipo de infraestructura ocasionaría. Adicionalmente a la destrucción de sus formas tradicionales de vida, la población ha manifestado que no existe ninguna garantía para ellos en este tipo de proyectos, ya que desconfían de que éstos mejoren sus condiciones de vida y, por el contrario, tienen la certeza que un PAP los colocaría en una situación de pobreza y pérdida equivalente a la ya vivida por la población de Buenaventura.

El plan estratégico de construcción de este tipo de infraestructura portuaria y de vías para el comercio internacional en el Pacífico colombiano se enmarca en el proyecto político y territorial hegemónico que se está agenciando por parte de los gobiernos nacionales en asocio con la banca multilateral y el gobierno de los Estados Unidos. En el centro de esta estrategia se encuentra el negocio de los agrocombustibles. Este negocio, con su modelo de

producción y exportación, constituye una amenaza para el patrimonio natural y la soberanía de los pueblos en la región.

La zona occidental del país, departamentos de Nariño y Valle del Cauca, en el año 2005 concentró 32.416 hectáreas –en producción y desarrollo- de plantaciones para agrocombustibles, que representan el 12% del total de área ocupada por estos cultivos en el país. Esta significativa expansión de los cultivos de palma aceitera está asociada con la puesta en marcha del Plan Colombia. El gobierno nacional, en asocio con el gobierno de Estados Unidos, ha diseñado políticas con las que pretende sustituir las plantaciones de los llamados cultivos ilícitos por palma africana.

Esta política de impulso al monocultivo de palma aceitera por parte del gobierno nacional se explica por la combinación de factores que giran alrededor del compromiso político adquirido con respecto al control territorial en función de los llamados cultivos ilícitos y las expectativas creadas con respecto a alcanzar niveles de alta rentabilidad en este negocio por parte de los empresarios que están proyectando su inversión en el procesamiento y la producción del llamado petróleo verde: biodisel.

Por otro lado, la expansión del cultivo de palma aceitera en el Pacífico colombiano se ha dado en zonas donde han incursionado los grupos paramilitares a partir de mediados de la década de 1990. Las acciones paramilitares en estas zonas han tenido como foco “recuperar” los territorios colectivos entregados a las comunidades negras en cumplimiento de la Ley 70 de 1993. El resultado ha sido el desplazamiento de la población y la aniquilación física de líderes de estas comunidades.

En este sentido, el estudio de la Diócesis de Quibdó y la Human Rights Everywhere, El cultivo de palma africana en el Chocó: legalidad ambiental, territorial y derecho humanos (2004), demuestra tres dinámicas básicas: primero, la inconveniencia de sembrar palma africana en el Chocó por sus impactos ambientales y ecológicos negativos, teniendo como referencia los estudios adelantados en los cultivos de palma en el municipio de Tumaco, cuyas condiciones biogeográficas son muy similares a las del Chocó; segundo, a pesar de demostrarse que el cultivo de palma trasgrede el equilibrio ecológico, en la región se ha venido extendiendo bajo el amparo de los paramilitares; tercero, la presencia de los paramilitares y su presión para que el cultivo se extienda es un factor que amenaza la integridad territorial, cultural y física de las comunidades indígenas y negras que se oponen a su siembra. (Citado por Contreras, 2004)

En el caso de Urabá y el Chocó antioqueño, la acción paramilitar centralizada en el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desplazó a las poblaciones de comunidades negras de sus territorios colectivos, demostrando que el desplazamiento forzado hay que dejarlo de valorar como una mera consecuencia del conflicto, entendiéndolo como una de las estrategias adoptadas por los actores armados para apoderarse de los territorios ancestrales (Contreras, 2004).

El desplazamiento forzoso de los habitantes de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó resulta ilustrativo de las formas bajo las cuales se implementa esta estrategia de exterminio de las comunidades negras en el Pacífico colombiano. En el año 2000, el Incora expidió las resoluciones mediante las cuales se les adjudica a las comunidades negras los terrenos baldíos ocupados ancestralmente por estas etnias. En el año 2001, la

empresa Urapalma S.A. (Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, Sociedad Anónima) promueve la siembra de palma aceitera en tierras de comunidades negras con la protección armada del Ejército y de civiles armados. En el año 2005, el Incoder hace público el informe mediante el cual certifica que el 93% de las áreas sembradas por cultivos de palma pertenecientes a las empresas Urapalma, Palma de Curvaradó, Palmas S.A. y Palmadó, se encuentran en los territorios colectivos de las comunidades negras; señala que al tiempo se constata que casi la totalidad de los caseríos tradicionales han desaparecido y hay procesos de repoblamiento con personas distintas a las comunidades desplazadas2. Aún más crítica es la situación al hacerse público que Urapalma y otras empresas palmicultoras financiaron sus cultivos con recursos públicos del Banco Agrario y con ayudas de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) (Quevedo, 2006)3.

Los agrocombustibles están en el centro de la construcción de un nuevo consenso de la reproducción del capital en la era del imperio, un nuevo consenso que gira en torno a los agronegocios que intentan apropiarse de un discurso ambientalista pero que adquieren un nuevo sentido en la lógica de la reproducción del capital, demostrando una vez más la capacidad del imperio para incorporar una parte del contenido de la crítica a su modelo de producción y hacerla eficiente para la lógica del capital.

Este diverso cruce de actores e intereses dan cuenta de la complejidad del entramado que estructura la estrategia del cultivo de la palma aceitera en el Pacífico colombiano. De un lado la influencia directa de la política del gobierno de los Estados Unidos implementada por sus agencias internacionales que financian empresas colombianas que desarrollan el cultivo de la palma bajo el argumento de la sustitución de los cultivos de coca y amapola. De otro lado, el Estado colombiano que coloca el Ejército y las entidades de crédito agrario al servicio de esta iniciativa, articulando estrategias de seguridad para la inversión del gran capital en la zona. Y, finalmente, la acción paramilitar que desaloja y destierra a los habitantes afrocolombianos para hacer más efectiva la expansión del cultivo de la palma aceitera en la zona. Estas tres vertientes de la dinámica regional de los agrocombustibles se definen en contrapunto con los megaproyectos de infraestructura que, animados por los TLC, son otra faceta que el sistema productivo de agrocombusrtibles desarrolla para su impulso nacional e internacional.

Bibliografía Collazos, Jaime Andrés y Borrero, Santiago. 2006. “Las sociedades portuarias regionales en

el comercio exterior colombiano: Una reseña sobre la importancia del Puerto de Buenaventura, 1990-2004” En: Ensayos sobre Economía Regional, Centro Regional de Estudios Económicos. Cali.

Duque Escobar, Gonzalo. 2007. Un contexto para el puerto de aguas profundas en Tribugá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Concejo Municipal de Manizales.

Fenwarth, Andrés (Asesor del Ministro de Agricultura). Portafolio, 8 de mayo 2006.

Maertner Peyrelongue, Carlos. 1999. “Puertos, redes globales y territorio en el Pacifico mexicano” En: Espiral, Estudios sobre el Estado y Sociedad, Vol. V, No. 15, Mayo/Agosto de 1999.

Mondragón Báez, Héctor. Colombia: Caña de Azúcar, Palma Aceitera. Biocombustibles y relaciones de dominación. http://www.lafogata.org/07planeta/planeta4/pla.14.7.htm

Quevedo, Norbey. “Dinero gringo a cultivos en líos” En: El Espectador, 8 de septiembre de 2006.

Incoder, 2005. Informe de la comisión de verificación realizada entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2004.

Revisión de prensa regional y nacional: -Semanario El Espectador: años 2006 y 2007 (hasta agosto 2007) -Periódico El País: años 2006 y 2007 (hasta julio 2007) -Revista Semana: años: 2006 y 2007 (hasta agosto 2007) -Revista Cambio: años 2006 y 2007 (hasta agosto 2007)

Artículos consultados en páginas electrónicas por Internet: Palma africana: del ensueño a la pesadilla. http://www.swissinfo.org/spa/reportajesdetailPalma_ africana_del_ensue_oa_la_ pesadilla.html?siteSe ct=108 &sid=5957539&cKey=1122057566000 Palma africana: un proyecto mundial socialmente y ecológicamente destructor. http://www.piedadcordoba.net/ipw-web/portal/cms/modules.php?name=News&file=article&sid=1708 La palma de aceite http://www.fedepalma.org/palma.htm Una agricultura a la medida de los Estados Unidos http://www.lainsignia.org/2006/mayo/econ_030.htm Colombia: incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera. http://www.wrm.org.uy/boletin/47/Colombia.html COLOMBIA: La guerra de los biocombustibles. Gloria Helena Rey http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=41496 Colombia: ¿la redención o el infierno para el Chocó Biogeográfico? Palma africana en los territorios de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó http://biodiversidadla.org/content/view/full/19744

1 Magíster en Sociología. Líneas de investigación: cultura e identidades, sociología del trabajo y conflicto y convivencia.

Integrante del equipo de coordinación del proyecto “Implementación de una estrategia para fortalecer la capacidad organizativa y de acción política-ambiental de las comunidades afrocolombianas para afrontar los megaproyectos en el Pacífico colombiano, Censat Agua Viva-Proceso de comunidades Negras-Ecofondo”.

rosaber@uniweb.net.co. 2 Incoder, 2005. Informe de la comisión de verificación realizada entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2004.

3 Entre 2000 y 2005, el Banco Agrario otorgó créditos, tanto a Urapalma como a la empresa asociada Palmas de Curvaradó S.A., por $10.957 millones, incluyendo incentivos de capitalización rural. La Defensoría del Pueblo

establece un dato muy cercano, incluyendo Urabá y Río Sucio por valor de $12.677 millones en créditos otorgados por el Banco Agrario para la siembra de palma aceitera. Asimismo, según consta en informes presentados por el Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (ARD/CAPP), la Defensoría señaló que la sociedad Urapalma suscribió el contrato 089 para la siembra de 1.720 hectáreas de palma de aceite con 200 beneficiarios, por valor de US$6’059.000, de los cuales el 12%, es decir, US$700.000, se financió con recursos provenientes de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) para promover proyectos sustitutivos a los cultivos de coca y amapola (Quevedo, 2006).

III.

Una mirada desde lo local

DINÁMICAS DE UNA RESISTENCIA CANTADA

“Una sola golondrina no llama agua” Juan Ventes1

Tatiana Roa Avendaño2 Jessica Toloza3

El viaje no acaba aún. Pareciera que la navegación por el Pacífico Sur culminó con las últimas actividades realizadas en Tumaco. Sin embargo, los debates, discusiones y denuncias que se generaron en medio de la presentación y advertencia sobre los megaproyectos, que marginan y desangran los territorios, han hecho de esta campaña por la vida y la libertad un encuentro con los rezagos de la esclavitud y la marginación vigente. Íbamos como aves migratorias, de puerto en puerto, escuchando un mundo adolorido. Concientes de que el relato debía ser confirmado por los protagonistas de este escrito: hombres y mujeres campesinas, víctimas de la injusticia y el atropello, pero alegres como la vida. Construimos con ellos un fuego fraterno, una barcaza en donde se comía por igual y se cantaba o se tarareaba en disonancia. Fuimos familia y fraternidad, a pesar de nuestras diversas procedencias (Buenaventura, Bogota, Bahía Málaga, Ladrilleros, Cali, Sala Onda, Guapi, Timbiqui y Tumaco) y diferentes oficios. Conciliamos visiones y sueños por una sola causa: tomarnos la palabra y relatar los desmanes e injusticias que asolan y destierran al pueblo afro, como resultado de las políticas y prácticas discriminatorias del capitalismo, que como lo escribe Bolívar Echeverría, “implica el fenómeno de la enajenación del sujeto humano, de la suspensión de su capacidad de auto reproducirse, de generar formas para sí mismo”4.

Esta “Navegación por el Pacífico Sur” fue promovida conjuntamente por el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, con el objetivo de difundir entre las comunidades locales la Campaña en resistencia a los agrocombustibles: Llenando Tanques, Vaciando Territorios. Este recorrido “pacífico” por el Pacífico, iniciado en el Puerto de Buenaventura el 28 de septiembre de 2007 y culminado en Tumaco el 8 de octubre de este mismo año, evidenció la realidad que los pueblos afro descendientes tienen que afrontar ante el continuo asedio de megaproyectos que amenazan con su soberanía, su libertad y su territorio, en especial la agroindustria, escenificada en el monocultivo de palma aceitera de origen africano en la región.

Las múltiples inquietudes y problemáticas evidenciadas durante el recorrido, no sólo dejan un sinsabor de impotencia y desolación, sino que hacen urgente la ejecución de futuros ejercicios que permitan reforzar la articulación entre estas comunidades alrededor del análisis y diseño de estrategias locales y regionales para la defensa del territorio, vinculando de este modo a toda la población afrodescendiente del Pacífico Sur dentro de una perspectiva que profundice los Planes y Proyectos de Vida autónomos, que hagan

énfasis en las propias capacidades de investigación y conocimiento, que pugnen por el fortalecimiento de las culturas y por la valoración de los saberes ancestrales. En este sentido, el posicionamiento político de estas comunidades se concentraría “en la capacidad que tiene el ser humano de decidir sobre sí mismo, sobre sus formas de convivencia. Capacidad que se ejerce necesariamente en un proceso de adquisición de una consistencia concreta para su vida cotidiana, de creación de identidades”5. Se refuerza, así, el conocimiento de sus derechos y herramientas jurídicas, a las cuales pueden apelar dentro de la construcción de propuestas alternativas, asumiendo su ancestralidad y cultura; constituyéndose esto como un mecanismo de cohesión de un pueblo y una cultura en riesgo. Pues como diría el tío Juan de Guapi “una sola golondrina no llama agua”.

El Pacífico Sur no es sólo un espacio geográfico, es un universo y una palabra que se reitera a orillas del río. En este universo se sigue contando a través del canto lo que se piensa y lo que se pensó en algún tiempo sobre la marimba: “el diablo es…la marimba”, dice la canción. Ahora, después de palpar y conocer las tierras del río y del mar, se podría pensar que el único diablo del Pacífico Sur es la presencia avasallante e indiscriminada de una lógica de desarrollo que se expresa en los megaproyectos, caracterizados por su fuerte componente de racismo ambiental e indiferencia por las comunidades y sus culturas. Estos obedecen a una lógica de destrucción del patrimonio natural y difuminación de la autonomía cultural; a su vez, esta lógica desterritorializa a comunidades históricamente empobrecidas y rebajadas dentro del imaginario idiosincrático nacional.

Ahí viene el diablo… y no es la marimba Con el decir del desarrollo se deja ver la sombra de los megaproyectos que han empezado a nombrarse en la región, como se nombra a un fantasma o a un hombre armado; han dado la alerta a las distintas organizaciones y concejos comunitarios que pueblan toda la región. Estas propuestas de desarrollo generadas desde el gobierno colombiano por iniciativa de instituciones multinacionales (CAF, BID y FONPLATA), sin consultar ni priorizar los proyectos de etnodesarrollo fraguados desde la tradición y la propia visión de los habitantes de la región, son una clara estrategia de despojo y desterritorialización; son un mecanismo que arrebata el derecho que corresponde a los afrocolombianos de definir sus propias formas de vida, despreciando la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1320 de 1998 sobre Consulta Previa.

El interés del estado colombiano por territorios ricos en diversidad natural no es gratuito. Capitales y empresas extranjeras trazan el devenir de comunidades enteras, “desarrollan sus políticas basadas en la acumulación histórica del capital para apoderarse del patrimonio genético, intelectual y cultural de los pueblos, y en nombre de la democracia y la civilización instalan y desarrollan los monocultivos”6. Estos intereses desconocen a las comunidades, desprecian y anulan sus creencias, prácticas y trabajos, y acondicionan un terreno sin pobladores, es decir, sin campesinos, sin indígenas, sin negros. Desde las primeras décadas del siglo XX se han otorgado los medios legales para la usurpación de las tierras de los colonos o campesinos, y en este caso específico de las comunidades afro descendientes. Los métodos coloniales no se han modificado en su esencia: sigue

desterrándose al campesino para brindarles garantías jurídicas y económicas a los grandes propietarios, que actualmente se presentan en forma de trasnacionales.

Un estado que instiga al desalojo o al sometimiento frente a nuevas formas de mercantilización de la vida, y que impone la presencia de grandes empresas multinacionales, únicas beneficiarias de las propuestas gubernamentales, es un estado que impide una relación viable y pacífica entre el territorio y sus gentes. Este fenómeno de extracción acelerada y sin remilgos del patrimonio natural, así como su mercantilización, ambas características del lugar que ocupan los países del sur en los mercados globalizados, amenaza de manera dramática toda la riqueza cultural, biológica y ancestral de las comunidades negras del Pacífico Sur colombiano.

Los ejemplos más claros y evidentes que pudimos constatar durante la navegación sobre la asechanza de megaproyectos son el Puerto de Aguas Profundas en Bahía Málaga (Valle del Cauca), construcción que no sólo afectaría los derechos de los pueblos locales a la diversidad cultural, al territorio y a la participación, a través de la consulta previa, sino que comprometería territorios que ya han sido titulados colectivamente. En la comunidad de Bahía Málaga, y por medio de un grupo de jóvenes ambientalistas, se ha liderado un proceso de eco-turismo, desde una perspectiva comunitaria local y no desde la lógica de las agencias de viajes o de los promotores del consumo turista, que impulsa un nuevo consumo de paisajes y culturas. Este proceso busca reivindicar y concienciar a los visitantes de la zona sobre la belleza de sus tradiciones y su territorio, y hacer comprender que existen otras formas de ver el mundo y de relacionarse con la naturaleza. Son estas formas de vida local las que se verían seriamente amenazadas con el proyecto marítimo de un puerto de aguas profundas, además de una soberanía y autonomía tanto alimentaria como territorial que terminaría siendo administrada por foráneos.

Por otro lado, en la región del Gran Patía se cierne la amenaza del megaproyecto de La acuapista, que junto con el Puerto de Aguas Profundas de Bahía Málaga hace parte del Proyecto Arquímedes. La estrategia del gobierno con esta propuesta ha consistido en desagregar por partes este proyecto y vincular a los diferentes municipios por donde pasaría. Este megaproyecto articularía a tres departamentos y catorce municipios. La acuapista atravesaría todo el complejo ecosistema de manglares de esta región provocando innumerables daños, como los ya sucedidos con el Canal Naranjo.

Este Canal comunica el Río Patía Viejo con la quebrada La Turbia, afluente del río Sanquianga, y fue hecho para agilizar el transporte de las maderas extraídas en la zona. El canal fue construido en los años setenta del siglo XX. Esta construcción ha acelerado la sedimentación del río Patía, haciendo casi imposible su navegación. Recordemos que para los habitantes del Pacífico la única vía de acceso y de comunicación son sus ríos; la pérdida del río Patía no sólo dejaría aislada y marginada a toda una población (más de lo que ya están), también alteraría todo un ecosistema y una cuenca hidrográfica que ha servido de sustento y referencia cultural durante décadas. Los habitantes aun recuerdan cuando el río era ancho y profundo; ahora sólo se escucha el grito “¡¡¡Canalete!!!” que indica la urgencia de salir de los bloques de lodo y tierra que llenan el río.

Proyectos como el de La acuapista, y otros que hacen parte del Proyecto Arquímedes, están articulados a la Iniciativa de Integración Regional para Sur América, IIRSA, que

busca la construcción de infraestructura para garantizar la apertura de nuevas rutas comerciales, y así facilitar los procesos de expoliación propiciados por el comercio internacional a través de los Tratados de Libre Comercio y de los Tratados Bilaterales de Inversión. Estos proyectos de infraestructura buscarían agilizar el transporte de mercancías de las grandes empresas y multinacionales, despreciando y marginando, aun más, los comercios y alianzas locales y regionales.

El territorio del Patía está bajo la Asociación de Consejos Comunitarios del Gran Patía, ACAPA, la cual fue una de las primeras Asociaciones a las que titularon colectivamente las tierras que ancestralmente ocupaban los pobladores de esta región; hoy en día tiene 96.000 hectáreas tituladas y abarca tres municipios: Mosquera, Francisco Pizarro-Sala-Onda y Tumaco, en Nariño. A pesar de estas titulaciones y de la permanencia tradicional de las comunidades negras en la región, se han reportado casos de venta de tierras a personas foráneas de terrenos que hacen parte del título colectivo. Estos terrenos “vendidos” están siendo explotados en prácticas que no son tradicionales en la región, como la ganadería extensiva.

Por otro lado, Guapi es un municipio del Pacífico caucano que está siendo involucrado dentro de la dinámica de los megaproyectos mediante la siembra indiscriminada de la palma aceitera en áreas que hacen parte de terrenos colectivos. La preocupación en Guapi no es sólo de los viejos; los y las jóvenes están preocupados por el megaproyecto que compromete sus tierras en la siembra de palma aceitera durante 60 años: 15 mil hectáreas de las 23 mil que tiene el Consejo Comunitario del Bajo Guapi están comprometidas, amenazando la integridad del territorio al entregar en concesión estas tierras a la empresa palmera Salamanca.

Hay también preocupación de la gente local por la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica PCH de Brazo Seco. La gente cree que ésta, como otros proyectos, no será para el bienestar de la población sino para garantizar la energía que requiere la agroindustria, violando nuevamente el Decreto 1320 del 1998 sobre Consulta Previa. La hidroeléctrica Brazo Seco amenaza con un impacto ecológico severo en la región.

Los guapireños tienen la oportunidad de percatarse de los efectos de la siembra de palma aceitera con el ejemplo dramático de Tumaco. Este último es el municipio con mayor presencia de cultivos de palma en la región del Pacífico Sur, y fue allí donde se iniciaron las siembras. Se habla de que hoy existen alrededor de 40 mil hectáreas, mientras en 1998 sólo había 18 mil hectáreas; es decir, en menos de 10 años la extensión de cultivo de palma en Tumaco se duplicó. Mientras los campesinos afrocolombianos mantienen una cultura tradicional, basada en la agricultura variada y sostenible, que les permite hacer de su tierra un microcosmos con diversas variedades de plantas y animales, el cultivo de la palma aceitera, según dice la gente, sólo genera esterilidad de la tierra y una mancha uniforme de una planta que homogeniza el paisaje y el territorio, y que ni siquiera se puede comer. Tan es así, que una mujer asistente a la reunión de los Consejos Comunitarios dijo: “la palma aceitera es egoísta, porque no deja producir otra cosa, quien la cultiva no vuelve a tener plátano, papa china, frutales, nada, nada, por eso digo que la palma aceitera es egoísta”.

Charo Mina, una líder del PCN que vive en EEUU y participó en la navegación, escribió: “Las comunidades expuestas al cultivo de palma en el área de Tumaco han experimentado los devastadores efectos ambientales, sociales y culturales de su presencia a través de la expropiación (en muchos casos violenta), la contaminación de aguas, la pérdida de prácticas tradicionales de producción como la finca tradicional donde se concentra un intrincado ecosistema de comestibles, maderables y controladores ecológicos. Los monocultivos representan para las comunidades afrodescendientes un problema ético desde el punto de vista ambiental, económico y cultural y desde el punto de vista histórico. La insistencia del gobierno colombiano en imponer monocultivos en los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes es una afrenta contra su moral y su ética”.

Si bien los cultivos de palma en Tumaco se implementaron a mediados de los años 70 del siglo XX, mediante la presión y modalidades coercitivas o cruentas, a partir de 1999 los promotores de la palma emprenden una nueva estrategia para acceder al territorio, que complementa la anterior. En 1999 se crea la Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco, Cordeagropaz; ésta es una entidad mixta creada para promover las llamadas “alianzas estratégicas”. Estas alianzas han desconocido el aval de las Juntas Directivas de los Concejos Comunitarios, organizando a pequeños cultivadores de palma aceitera en empresas asociativas alternas a los Concejos. Cordeagropaz, a través de recursos USAID, promueve la mediación entre el gobierno, bancos y empresas palmeras, violando normas elementales de la legislación étnica especial. Estas alianzas, auspiciadas por Cordeagropaz, buscan intensificar la plantación agroindustrial de la palma en medio de territorios titulados colectivamente, creando los mecanismos necesarios por medio de asociaciones que no tienen el aval para decidir sobre el territorio. Estas asociaciones no son más que la expresión de relaciones desiguales entre el capital y la gente local, donde los nativos colocan su tierra y su trabajo al servicio de este cultivo, mientras se endeudan y ponen en riesgo no sólo su cultura y su soberanía alimentaria, sino su propio territorio: hay que vaciar los territorios para que la palma se expanda.

Se entiende, pues, que la desterritorialización por medio de la apertura y dinamización de megaproyectos a que están sometidas las comunidades negras es una estrategia para debilitar el control que éstas empezaron a desarrollar a partir de la titulación colectiva y la instalación de los Consejos Comunitarios como instancias administrativas del territorio. En esa medida, el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y su reconocimiento como entes que gobiernan su propio territorio, no sólo como organizaciones de base, introduciría nuevos elementos en las discusiones que se plantean entre las políticas gubernamentales y las comunidades afrocolombianas.

Y el diablo viene con sus demonios Múltiples políticas que buscan integrar las comunidades negras con el resto del país

están basadas en megaproyectos que no sólo agreden la ancestralidad en los territorios de estas comunidades, sino que intensifica los conflictos y amenazan el medio en el que éstas viven. Las propuestas son generadas en base a requerimientos económicos de fuera, sin consultar con las comunidades las iniciativas que éstas mismas desean generar en sus parcelas.

La incursión de cultivos ilícitos en varias zonas del Pacífico Sur ha focalizado y recrudecido el conflicto armado: los distintos bandos luchan, con la población civil en medio, por el control del territorio. En medio de esta violencia, surgen las supuestas “propuestas alternativas” por parte del gobierno, propuestas que no tienen más asidero que la penetración a los territorios y el desalojo de sus gentes, concretando modelos hegemónicos, trazados a partir de los intereses del gran capital e inversión de multinacionales extranjeras, avaladas por tratados de comercio injustos y desiguales.

Los megaproyectos han venido surgiendo a manera de pretexto dentro de la política de erradicación de cultivos ilícitos generada por el gobierno colombiano. Entre ellos, y tal vez el más fuerte, es la implantación del monocultivo de palma aceitera para la generación de aceites comestibles y agrodiesel. La llegada de la coca por medio de agentes foráneos a algunas regiones del Pacífico Sur se ha convertido en el “karma” de las comunidades. Por un lado, están las fumigaciones con glifosato, hechas de forma indiscriminada, afectando tanto la salud de las personas como los cultivos de pancoger y la biodiversidad de los territorios. Las alternativas productivas agrícolas que se han generado y los cultivos que remplazan la coca, propuestos por el mismo gobierno, han resultado afectados por las aspersiones. Un caso concreto de esta afectación ha sido la comunidad de San José de Tapaje, corregimiento que hace parte del municipio del Charco.

Por otro lado, aparece el conflicto armado que ha dejado a la población civil en medio, violando el derecho internacional humanitario (DIH), y socavando la tranquilidad que se vivía en los hogares del Pacífico. Las comunidades asentadas en las márgenes del río Tapaje han tenido que soportar el flagelo de los grupos armados (legales e ilegales), instalados muy cerca de sus caseríos, perdiendo así el derecho a recorrer sus propios territorios y aprovechar sus riquezas naturales. Después de las seis de la tarde el río es una serpiente solitaria cuya corriente es el miedo.

A pesar de todo, en el Tapaje continúan viviendo aquellos que le temen más al desarraigo y a la nostalgia que a las balas. Mujeres, hombres, ancianos y niños siguen bañándose en las riveras del río, continúan cantándole a sus aguas y no dejan de sembrar plátano, caña y esperanza. Subsisten proyectos alternativos como los de la Asociación de Mujeres Afro Colombianas por la Paz (AMAC). Éste es un grupo de mujeres de San José de Tapaje que ha tenido que resistir a la amenaza constante contra sus propuestas agrícolas y culturales.

El río Tapaje es el epicentro de múltiples problemáticas, las mencionadas son sólo algunas de ellas. Al mezclarse la coca con los grupos armados, además de la población civil, las únicas afectadas son las comunidades y los territorios donde viven, dejando como consecuencia el desplazamiento forzado de multitud de familias.

Alternamente, el desplazamiento sufrido por las comunidades ribereñas del Tapaje ha asumido nuevos matices. “Los resistentes”, como se llaman ellos mismos, hacen parte de una nueva categoría dentro del fenómeno de desplazamiento, un desplazamiento también simbólico y psicológico que altera las dinámicas relacionales con el territorio y sus recursos, y que deja a los niños con el miedo instalado en los ojos y a los mujeres con el vientre vacío. Estas gentes no están catalogadas como desplazadas, por lo tanto no son

prioridad dentro de las asistencias que brinda el gobierno nacional para las comunidades que sufren este flagelo.

“Los resistentes” no quieren abandonar su territorio, “su paraíso”. Acongojados se preguntan por qué el gobierno no ofrece otras alternativas, que no sea despedirse de sus hogares. Al contrario, reciben amenazas e instigaciones de todos los grupos armados, que los conminan a “vaciar el territorio”. Las únicas herramientas que desde la resistencia les han permitido subsistir y hacer frente a los embates de la violencia son su cultura y los procesos de etnoeducación que les han permitido apropiarse y hacer suyo el territorio a partir del amor a sus tradiciones y su cultura. Estos elementos son, en gran medida, el asidero de aquellos que muy valientemente deciden apostarle a la vida y su comunión con la tierra. Los cantos, la poesía y el baile son las armas de estos hombres y mujeres que le hablan al río y al canalete, y que enfrentan de esta manera las balas que han pretendido sacarlos de sus hogares.

“Tanto quienes se desplazan como quienes se resisten pierden el derecho a ejercer libremente su ser cultural y social en la medida en que pierden autonomía para moverse libremente, mantener sus cultivos tradicionales, ejercer libremente su derecho a organizarse y participar políticamente e incluso divertirse y recrearse. Los habitantes del Territorio Región del Pacífico Sur viven en situación de confinamiento, secuestrados en su propio territorio, hostigados por lo que representan y lo que les pertenece”7.

Estos acontecimientos son los que caracterizan las políticas de despojo y alteración de los territorios que ancestralmente han pertenecido a las comunidades negras colombianas. Se percibe el asedio que tanto el estado como las empresas trasnacionales hacen a las comunidades y territorios de esta región, reconocida mundialmente como la tercera más rica en patrimonio genético y, en general, en patrimonio natural.

Alguien que rece al diablo La diversidad y la cultura de un universo inmenso y cantor está siendo amenazada por

los monocultivos para agrocombustibles, al igual que los megaproyectos destinados a generar un supuesto “desarrollo” para las comunidades. Estas iniciativas que afectan la naturaleza, los imaginarios geográficos, los mundos culturales, las tradiciones agrícolas y la belleza de un territorio amable y contagioso, es toda una afrenta a la vida.

En muchas comunidades como Bahía Málaga o San José de Tapaje se sigue luchando por alternativas que permitan mejorar las condiciones en las que viven todos y todas, conciliando a las comunidades con su medio ambiente y con las tradiciones de los mayores.

Por último, queda sólo recordar cómo río arriba nos topamos con los hombres y las mujeres de la resistencia cantada. Estaban allí, mojando la ropa y el vientre con las aguas del río, alegrando los días con biche recién hecho y jugo de “naidy”. Contemplando la espina de pescado que deja el hambre y los químicos esparcidos sin distingo.

Allí, el color desabrido de la piel se vuelve tierra, y es entonces cuando se nos oprime el pecho por el desarraigo y la nostalgia apresurada de aquellos que no pueden recorrer su territorio y recrear su tradición libremente.

A pesar de no tener tierras ancestrales y colectivas, de no saber “ahogar” un canalete, de no distinguir el sabor de la “pepa e’ pan” y de no tener un río atravesándonos el recuerdo, fuimos acogidos por este territorio y sus gentes: las mujeres nos cantaron un arrullo y nos condimentaron la lengua con chillangua y chillarán; las músicas locales nos recordaron la arritmia de nuestros pies bajo el sonar de una marimba; y las comunidades nos encomendaron gritar a los cuatro vientos todo el dolor y la injusticia que viven en sus propias tierras. Así se vive en el Pacífico, así se vive en medio de la guerra, exorcizando las balas y los intrusos con rezos y cantos.

1 Integrante de la Navegación por el Pacífico sur, viejo marino y campesino de Guapi (Cauca). 2 Directora de CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia petroleo@censat.org 3 Estudiante de antropología de la Universidad Nacional de Colombia chorpatelic@gmail.com 4 Bolívar Echeverría. Cultura y barbarie. www.bolivare.unam.mx/ensayos/barbarie.html 5 Bolívar Echeverría. Cultura y barbarie. www.bolivare.unam.mx/ensayos/barbarie.html 6 Almendares, Juan. Reflexiones sobre derechos humanos, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes y la justicia ambiental

7 Comentario hecho por Charo Mina en su reporte “La diáspora africana en Colombia está en la mira de una estrategia de extinción”.

DE LA SIEGA DE LA PALMA A LA BIODIVERSIDAD

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz1

Desde el 31 de julio hasta el 16 de agosto de 2007, más de 200 pobladores del Curvaradó, en la subregión del bajo Atrato, norte del departamento de Chocó, acompañados de 16 organizaciones internacionales y 3 nacionales de derechos humanos, realizaron una acción positiva.

Actuando desde los principios de la desobediencia civil y fundamentados en el derecho de los pueblos, segaron durante estos días cerca de 70 hectáreas de palma de aceite, de 7000 sembradas ilegalmente. Los afrocolombianos, quienes han ocupado ancestralmente este territorio colectivo desde hace 120 años, fueron sometidos desde 1996 a una sistemática persecución en desarrollo de una supuesta estrategia contrainsurgente militar y paramilitar en estas zonas. El saldo documentado hasta ahora es de más de 113 crímenes de lesa humanidad, 13 desplazamientos forzosos, judicialización de los líderes comunitarios y destrucción ambiental de más de 20 mil hectáreas consideradas desde la década de 1950 como reserva forestal.

Desde el 2001, los afrocolombianos y mestizos han reclamado la actuación del Estado en busca de protección, de justicia y de cese de las operaciones para-empresariales de palma. A pesar del reconocimiento de la situación, de la evidencia de las pruebas contra militares y paramilitares, traficantes de drogas y empresarios, no existe voluntad institucional para lograr la restitución de la propiedad colectiva y de los predios individuales en los que han habitado más de 2200 personas. Los anuncios oficiales de la devolución de la tierra han sido permanentes desde 2006, al tiempo que se ha desarrollado una política pública destinada a fomentar, a través del Estatuto de Desarrollo Rural, la siembra de palma en todo el país y el consumo de agrocombustibles. Entre tanto, en el Curvaradó las estructuras criminales continúan protegiendo las más de 7000 hectáreas sembradas ilegalmente, y ampliando la extensión de la siembra a más de 20 mil hectáreas. La acción de los afrocolombianos y mestizos es un signo de esperanza en medio de tanta ignominia sustentada en agronegocios que son humana y ambientalmente criminales e insostenibles. La palma del Curvaradó se muestra públicamente como palma de progreso, de calidad de vida para los empobrecidos y como aporte ambiental para la humanidad; sin embargo, ésta no es la realidad que viven los pobladores.

Las imágenes del ecologismo, muerte e impunidad La crisis ambiental es una crisis planetaria que expresa las secuelas de un modelo de desarrollo que ha ido sosteniéndose en el agotamiento de las fuentes de Vida: la

diversidad étnica, cultural, espacial y creativa de los seres humanos, así como el ambiente en el que se reproducen sus sistemas de vida.

Los paliativos a esa grave situación han sido, entre otras cosas, el desarrollo de investigaciones y de técnicas discursivas que vacían de contenido y de sentido lo ambiental y lo biodiverso para instrumentalizarlo. El incremento de monocultivos de palma, maíz y caña de azúcar, la industrialización del campo, la ampliación de la frontera agrícola y de la urbanización, están siendo estimulados por empresas privadas de alimentos, energía y automovilismo que definen políticas públicas en el Norte, y que se reproducen también en el Sur.

El gobierno planea sembrar por lo menos 1 millón de hectáreas con palma y otro tanto con caña de azúcar. Siembras que, entre otros incentivos, están siendo estimuladas con la reducción de impuestos para quienes cultiven a gran escala. Supuestamente, los habitantes de las zonas rurales serán los mayores beneficiados, mejorarán sus condiciones de vida y se convertirán en empresarios.

En las lecturas mediáticas, las causas del cambio climático no son explicadas, ni suficientemente razonadas. Las inundaciones, la crisis alimentaria, las catástrofes y las migraciones ambientales, las amenazas sobre la supervivencia de grupos humanos originarios, de comunidades y de poblaciones son atribuidas al calentamiento global. En una mirada plana, casi “naturalista”, se atribuye al calentamiento global el problema del planeta. Poco se aborda a profundidad la responsabilidad del modelo capitalista y el tipo de desarrollo configurado en las diversas fases de industrialización. No se enuncia con precisión y claridad la responsabilidad de la crisis profunda que hoy vivimos en los centros de poder político, militar y económico. La crisis no se analiza desde quiénes han producido un agotamiento de las fuentes de reproducción de la vida, quiénes se han beneficiado y cuál ha sido el rol que frente a esos intereses hemos jugado los habitantes-ciudadanos-consumidores, en particular, los del Sur.

Así las cosas, con los seres humanos concebidos en abstracto, los sujetos de poder dominante buscan salvarse de su responsabilidad, al tiempo que estimulan y promueven un consumo colectivo sobre la base del sostenimiento de un modelo de desarrollo que mercantiliza lo ambiental e industrializa y descampesiniza el campo. Según este modelo, el problema es de los ciudadanos-consumidores y la solución se encuentra, entonces, en sujetos que habitan el planeta y que podrían ofrecer sus espacios territoriales por el bien de la humanidad y la supervivencia de la especie humana. Es la misma fórmula de ayer: en contra de los pobladores del Sur, el Norte encuentra una salida. Su biodiversidad, como bien de la humanidad, debe ser negociada, es negociable. Su ubicación estratégica en lo geográfico debería facilitar la vida de todos, así esto signifique la transformación natural de fuentes de vida hacia monocultivos, sea de palma, de azúcar o de remolacha.

Esa lógica se contrapone con la afirmación de los sujetos colectivos campesinos, indígenas y comunidades negras que afirman el sentido de la justicia, el sentido de las responsabilidades en un modelo económico que reconoce unos responsables directos, y el sentido no comercial del Territorio.

Afirmación de la justicia

La decisión de las comunidades afrocolombianas y mestizas de segar la palma sembrada con violencia parainstitucional, impunidad y destrucción ambiental y de la biodiversidad, en medio de la presión de nuevas estructuras paramilitares o mal llamados grupos emergentes o de “Águilas Negras”, alerta sobre los efectos nocivos de los agrocombustibles. Al tiempo, por parte del gobierno se estimula una política pública que alienta las inversiones empresariales y el lavado de activos de las estructuras criminales que han cometido más de 63 mil crímenes de lesa humanidad, que se han apropiado de más de 6,8 millones de hectáreas, que han deforestado y desertizado millares de bosques y de tierras húmedas.

Después de 6 años de siembra ilegal de la primera palma aceitera en los territorios colectivos del Curvaradó, por más de 14 empresas que operan como testaferrato paramilitar, las comunidades decidieron emprender una acción de dignificación. Esta decisión la adelantaron después de agotar todas las vías posibles tendientes a la restitución de la propiedad colectiva y, en muchos casos, individual

Luego de 7 años de desplazamiento forzado, y en ese momento más de 100 crímenes cometidos por agentes estatales y su estrategia paramilitar, mientras la selva húmeda era deforestada y transformada en palma, en febrero de 2004 el gobierno nacional accedió adelantar una verificación sobre el territorio con una comisión interinstitucional, que constató la ilegalidad de la siembra y los daños ambientales causados. Meses después, en octubre, se realizó una comisión técnica de la que surgió un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en el que esta institución reconoció que el 93% de la palma (7000 hectáreas) se encontraba sembrada de manera ilegal en los territorios colectivos de las comunidades, y que se proyectaba una siembra total de 22.121 hectáreas, es decir, cerca del 50% del territorio ocupado ancestralmente por los afrocolombianos. El mismo informe indicaba la adecuación de 4.010 hectáreas para ganadería y el intento de legalización de esa actividad a través de contratos de compraventa de mejoras, contratos de usufructo y compra de algunas tierras con títulos individuales, mecanismos sin validez jurídica y en contravía de la Ley 70 de comunidades negras y las disposiciones de predios otorgados como Unidades Familiares Agrícolas (bajo la Ley de adjudicación de previos individuales).

Las empresas favorecidas por el accionar paramilitar para dar piso de legalidad a la ilegalidad constituyeron “asociaciones campesinas” y emprendieron el montaje de procesos judiciales con falsos testigos para intentar que las mujeres y hombres líderes de esas cuencas fueran puestos en prisión. En otros casos, falsificaron firmas de personas fallecidas, para legalizar la usurpación y acudieron a la figura legal del crecimiento de la tierra por el cambio del curso de los ríos. Así, han pretendido justificar la propiedad en más de 17.000 hectáreas.

El informe de INCODER reconoció el impacto ambiental por la construcción de vías, canales de drenaje, tala de bosques y aprovechamiento de fuentes de agua. Algunos ingenieros forestales que participaron de una de las verificaciones calcularon que el área en la que se han construido vías es de 20,25 hectáreas, teniendo en cuenta el ancho de las vías de 5,5 metros y longitud de 36.819 metros En el caso de las zanjas de drenaje, el área

se calculó entre 138,6 hectáreas y 184,8 hectáreas, Para la construcción de las zanjas se removieron entre 2‘772.333 y 3‘696.444 mts3 de tierra.

Una porción del Chocó biogeográfico ha sido destruida. De acuerdo con un informe adelantado por Justicia y Paz, en los territorios colectivos del Curvaradó se han perdido 39 especies de árboles maderables, 15 de árboles frutales, 11 especies que utilizan las comunidades para la construcción, 5 especies de colorantes, 8 especies de plantas medicinales, 64 especies de fauna que no aprovechamos directamente y 28 especies de fauna comestibles, para un total de 170 especies de las que más conocemos. Toda la biodiversidad de una zona declarada como reserva forestal en la década de 1950 ha sido convertida en un desierto de palma; un experimento contra todos los principios del Estado Social de Derecho, en el que el paramilitarismo como estrategia militar ha sido baluarte de crímenes contra la humanidad, crímenes ecológicos y agronegocios consonantes con el mercado global.

La siega de la palma que desarrollaron las comunidades víctimas ha ido mostrando que hasta tanto la formalidad del Estado de Derecho siga siendo sólo palabras en papel, o mientras se mantengan los mismos fines de la sobrevivencia de un modelo de desarrollo que se define por el lucro, el lujo y el consumismo, donde el 80% de los recursos naturales está dispuesto para menos del 20% de la población, o mientras se mercantilice y erosione el sentido colectivo de los territorios, no hay ninguna salida al problema del cambio climático. Los agrocombustibles serán sólo una máscara, un rostro amable de un estado crítico ambiental y humano. Sin justicia no es posible la sobrevivencia del planeta.

La siega de la palma Durante doce días, en medio de amenazas paramilitares a los afrocolombianos y a los acompañantes nacionales e internacionales, en medio de la intensificación de las actuaciones empresariales con la extracción del fruto de la palma aceitera, las comunidades han venido segando palma e iniciando la siembra y la recuperación de alimentos, reforestando e inventariado las ciénagas perdidas para lograr la constitución de zonas de biodiversidad; esa es la afirmación del sentido de justicia y de soberanía de los pueblos. Aunque los afrocolombianos aún esperamos la restitución de la propiedad individual y colectiva de las tierras que hemos habitado ancestralmente desde hace más de 120 años, y que desde hace 10 años, en desarrollo de operaciones paramilitares propiciadas por la Brigada 17, nos fueron usurpadas y ocupadas ilegalmente para ser sembradas en palma de aceite, hemos abierto ahora un camino hacia el Derecho.

”Todas las cosas tienen su tiempo”, dice la sabiduría de una tradición, ese tiempo de 12 días en el Curvaradó fue el tiempo de la siega.

No estaba nada calculado. Lo único que fluía en los cuerpos era la inspiración que nace de la memoria. El deseo, la utopía del corazón, el amor por lo propio, por la dignidad lacerada, la pasión por la propia tierra arrebatada, el recuerdo de lo perdido, de lo destruido, la experiencia de verse burlados por la justicia estatal. Ellas y ellos, de diversas edades, con los brazos dispuestos al azadón, al hacha, a los espontáneos abrazos. Ellas y ellos, con el rostro expuesto al sol, a la mirada vigilante, al llanto y al horizonte.

Experiencia sublime construida en el sentimiento cotidiano de arrancar la muerte como cimiento de la palma, de reconstruir la vida toda contra las sirenas del progreso y del modelo de desarrollo que continúa arrojando a los pobres a la miseria, a los campesinos a las urbes, que convierte la vida en muerte. Evocación de la vida, inspiración de la preparación de la siembra.

Después de nueve desplazamientos forzados que se iniciaron en octubre de 1996 con la masacre de Brisas, ofensivas armadas que se mantuvieron en 1997, 1998, 1999 y con una estocada final en el 2001 que logró el arrasamiento total del Curvaradó; la estrategia paramilitar de la Brigada 17, falsamente justificada como contrainsurgente, bajo los nombres de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, “Autodefensas Unidas de Colombia”, “Bloque Bananeros”, “Bloque Elmer Cárdenas”, que coincidió con el desalojo total del territorio colectivo y el inicio de la siembra del monocultivo y la extensión ganadera. En ese mismo año 2001, en Cetino y Andalucía, Caño Claro, la palma de aceite empezó a invadirlo todo, convirtiendo lo biodiverso en un solo cultivo protegido por el verde militar de los camuflados oficiales y paramilitares.

Coincidente con las amenazas de muerte y crímenes a los desplazados en Belén de Bajirá, Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Medellín y Jiguamiandó, los paramilitares les intimidaron, les coaccionaron con fusiles en mano, y les expresaron: “o nos venden o le compramos a la viuda”, “esa tierra es de nosotros”, “esa tierra la necesita el patrón”. Esa fue la misma expresión de los militares en diciembre de 2005 en Pueblo Nuevo en donde los efectivos de la Brigada 17 les dijeron, señalando a los cultivos de palma, “este territorio no es de ustedes, esto es de H 20”, paramilitar de la zona. Ese mismo día les dijeron: “vayan a ese otro lado a trabajar en la palma”. Evidentemente no se trata solamente de la violencia, del despojo, sino también de una nueva esclavitud. Allí estaban los pobladores enfrentando esa expresión del poder, ese destino marcado con la violencia y la impunidad: territorios para la palma. Los afrocolombioanos y los mestizos estaban allí enfrentando el terror, el del Estado y el de los paramilitares, ese terror del que poco se habla o se escribe, pues aunque la guerra es cierta desde hace mucho tiempo, no está registrada más que en la vida de las gentes.

Por esa afortunada memoria que todos tienen es que en el Curvaradó no se interpreta la palma como vida. La palma es alimento de carros y por eso la gente se pregunta “¿De qué vida se habla cuando se habla de agrocombustibles derivados de la palma? Aquí la palma es desolación verde, es destrucción humana, es muerte de toda la vida”. Sembrar la comida, volver a sembrar en la tierra heredada es la resistencia legítima ante la ilegalidad, el crimen y la corrupción. Muy bien lo expresó el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias: “el vuelo forestal de la palma es de los campesinos, tanto como el territorio”. Por esa razón, que es un derecho real, es posible disponer del territorio, aunque también es cierto que aún no ha existido la restitución de la propiedad colectiva e individual como lo muestra exitosamente el Ministro Arias.

Las razones de los excluidos, de los violentados, no cuentan, sólo las del poder parainstitucional. Muchas actitudes policiales, militares y de los poderes civiles acompañaron a los usurpadores en sus intimidaciones, en sus amenazas y en su ardid para mostrar a las víctimas como victimarios. Por eso, allí la autoridad no es autoridad, es

terror, es complicidad con la criminalidad. Y eso no es nuevo: las comunidades han sido testigos de más de una década de lo mismo. Una persona de las comunidades lo reafirma: “Cuando se produjo la masacre de Brisas en octubre de 2006, vimos allí a militares, vimos lo que hizo la policía al lado de los paramilitares, se hacen así, para mostrar que son distintos, pero es igual, hoy se llaman Águilas Negras”.

Y, efectivamente, es comidilla cotidiana en Belén de Bajirá, en Llano Rico, en Mutatá, en el Curvaradó, en donde se dice: “es lo mismo que antes, ahí están, ahora se llaman Águilas Negras, al mando de Elkin Castañeda o Hermógenes Daza. Los mismos que se encuentran entre Dabeiba, Mutatá, Pavarandó, Belén de Bajirá”. Durante los días de la siega, las Águilas Negras estuvieron atentas, se movilizaron entre fincas de Nuevo Oriente y de Pavarandocito, allí estaban prestas a dar respuesta criminal a los afrocolombianos y mestizos.

Coincidencialmente, sus actuaciones han sido anunciadas por los desmovilizados o los trabajadores de las empresas palmeras. Así sucedió cuando se acercaron a presionar a los legítimos dueños del territorio colectivo, al mando de quien se conoce como El Chupa. Mientras tomaban registros fotográficos y de video de todos los allí presentes, El Chupa manifestó en tono amenazante: “ese corte de la palma, se le va a cobrar por otro lado y les va a salir muy caro, así como cortan por pedazos les va a pasar...”.

A lo largo de varios días, en unas agitadas jornadas, los empresarios de la palma transitaron por las vías de Cetino y Caño Claro hasta Mutatá por lo menos con 10 camiones con el fruto de la palma aceitera. En algunos de esos camiones se transportaron también hombres vestidos de civil con radios, algunos con armas cortas, y hombres con vestidos de camuflado. La ofensiva empresarial mostró su violencia rompiendo los cercos de propiedad del campesino Enrique Petro para transportar corozo de palma. Todo allí se vuelve costumbre: el conductor es una mujer que acompaña al paramilitar conocido como El Gago.

En estos días se acercó al caserío de Cetino un funcionario de la entidad ambiental de la región, Codechocó, a expresar a la familia Rentería que tenía una denuncia en su contra por daños ambientales y que iba a verificar la situación, y amenazó a los afrocolombianos indicando que por lo mismo podrían ser capturados. Argumento absolutamente risible y paradójico: la entidad ambiental Codechocó nunca intervino en el Curvaradó ni en el Jiguamiandó cuando la mayoría de las 50 mil hectáreas del territorio colectivo era selva virgen, recurso forestal primario, con más de 25 ciénagas que fueron arrasadas, desertizadas con la siembra de la palma.

Por eso los afrocolombianos, con los mestizos, con los indígenas que sumaron más de 200 personas, juntaron sus fuerzas, sus pensamientos y sus corazones. Sus palabras eran ciertas y precisas: estaban sembrando, estaban protegiendo la vida humana, estaban sembrando para comer, reconstruyendo la vida toda. No era la violencia terrorista, era la dignidad expresada en el trabajo sagrado, en la palabra, en el derecho a la existencia, a la alimentación y a la preservación del planeta. A su lado, sin armas, sin amenazas, sin intimidaciones y con la fraternidad solidaria los acompañaron personas de Estados Unidos, Italia, España, Inglaterra, Alemania, Uruguay, Argentina, México, Paraguay, Santo Domingo e Indonesia, invitados a sembrar. Se hizo la siega que fue un NO a la

destrucción ambiental, a la destrucción humana, a la imposición de un modelo de desarrollo excluyente, consumista, individualista y destructivo de la vida natural y de la vida humana.

Sin una mínima ética profesional, que debería cobijar a la prensa liberal, el diario El Heraldo de Urabá calificó la acción como terrorista: “Esta acción terrorista está dejando sin trabajo unos 800 trabajadores y perdidas que sobrepasan los $ 400 millones de pesos, sin tener en cuenta la falta de operaciones de planta extractora de aceite y 20 hectáreas que dejan de producir porque han sido tumbadas con machete y motosierra”.

Y agregó, sin confrontar las fuentes, citando un documento empresarial: “se ha bloqueado bajo amenaza de quemar los tractores y camiones trasportadores, la salida de fruta hacia la planta extractora situada en Mutatá. Todo ello en un ambiente cargado de agresiones verbales y físicas contra los empleados y contratistas de la Empresa y sin que las autoridades competentes hayan hecho lo pertinente para evitar los hechos punibles que oportunamente han denunciado”.

Falsedad de falsedades... Ya que ni los medios ni los fines de los afrocolombianos y mestizos son los mismos que los usados por los empresarios. Ellos no usan de la amenaza, no usan de la fuerza irracional. En cambio, todo era justificable, razonable, humano y en Derecho. Pero, por supuesto, la mentira criminal acusó a los legítimos dueños de “terroristas”, a los acompañantes internacionales de “orquestadores de actos terroristas”. Es siempre el mismo libreto. El único argumento de defensa es la mentira que queda al descubierto, sin mayores raciocinios, por las acciones turbias que se encuentran tras la palma. En el Curvaradó, los beneficiarios de la estrategia paramilitar, consentida por el Estado a través de la Brigada 17, son sectores políticos, empresariales y clanes familiares del paramilitarismo y del tráfico de drogas. Ante tal verdad se desató la propaganda contra la decisión de los habitantes originarios de segar la palma e iniciar la resiembra. A ellos se les sindicó de invasores.

La directora de El Heraldo de Urabá en un juego de palabras expresó que: “quiso hablar con el grupo “invasor” entre quienes se encontraban Ovidio Rentería reclamante del predio, además de funcionarios de la ONG y no fue posible” y “mientras 40 trabajadores estaban cesantes sentados en un campamento con las miradas angustiosas, ya que bajo amenazas los hicieron retirar del predio”. Curiosa acusación que encubre a los responsables del terror y que miente sobre la realidad. La directora olvidó, eso sí, precisar que no portaba un carné que la acreditara como periodista, que se acercó al lugar en las motocicletas de las empresas en que se movilizan frecuentemente los paramilitares, de los que aún no se sabe si son o no desmovilizados, y que no se tomó la molestia de investigar, por ejemplo, los documentos de acreditación de la propiedad que constatan que los legítimos propietarios del predio son los integrantes de la familia Rentería, cuestión que no tiene duda jurídica. La prensa olvidó decir que la fuerza ética de la decisión de la siega de la palma es el cimiento de una decisión que objeta en conciencia un Estado de hecho allí instaurado. Olvidaron registrar las noches de llantos y de cantos en que el alma de los afros recordó la esclavitud y la lucha por la libertad, o la de los campesinos sin tierra como errantes acogidos en las selvas del Chocó.

Lo cierto es que cada mañana estaba precedida del ritual de la esperanza, de la invocación a la Vida, de convocatoria a la memoria, de las espiritualidades que protegen al planeta, que anuncian la posibilidad de la sobrevivencia de la humanidad sobre la base de la justicia, de la multiplicidad, expresada en la biodiversidad y en el derecho a la alimentación, a la libertad, a la restitución de la propiedad.

La siega era la indignación ante lo evidentemente injusto. Así lo expresó un poblador: “¿Cómo es posible que nosotros seamos tildados de invasores, cuando han sido ellos los que han ocupado con la violencia, el engaño, la muerte, la falsificación, los territorios?”.

Todo es parte de una misma infamia. Cerrando el círculo de la criminalidad, con el poder de control empresarial sobre el Estado local, la falsificación de documentos, la “resurrección” de los muertos, la creación de falsas asociaciones, la mutación de estructuras paramilitares, la ampliación de la siembra de palma, la extracción del fruto de la palma con la total complicidad de todas las instituciones, la negación del acceso pronto y eficaz a la justicia. No fueron de extrañar las falsas acusaciones, algunas que se han convertido en demandas penales y civiles, y que ahora se hacen, sin fundamento alguno, sobre los integrantes de la Comisión Ética, integrada por organizaciones internacionales como Vía Campesina, Ecologistas en Acción de España, Movimiento Mundial por los Bosques, Movimiento por el Cierre de la Escuela de las Américas de Usa, Coalición de los Pobres de USA, Solidaridad Italiana, Instituto de Investigaciones Sociales de Paraguay, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC), Centro de Investigación Popular de México y Amazon Watch, que estuvieron presentes en la región.

Estas organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de solidaridad fueron señaladas por la prensa local como las responsables de la “invasión”, así lo expresó El Heraldo de Urabá: “En la zona corre el insistente rumor que los extranjeros que lideran las invasiones están convocando la presencia de más cómplices para continuar durante el fin de semana la depredación total del cultivo que constituye una alternativa de ingresos para sus habitantes”.

La prensa omitió decir que los trabajadores, forzados por paramilitares, se vieron obligados a escribir los siguientes letreros amenazantes “Fuera Gringos de Urabá”, “Muerte a gringos”. Que las víctima son sujetos de Derecho, de afirmación y de dignidad, que no deben ser manipulados para conocer con certeza qué es lo bello y qué es lo bueno, qué es lo justo y qué lo injusto.

Al final, luego de uno, de dos, de tres y hasta de doce días fueron 40 hectáreas, o más, lo que sembraron. No son necesarias esas cifras porque estas sumas no son parte de la lógica de las víctimas. Otro modo de ser en su conjunto es la epopéyica de la dignificación. No se apuesta por la rentabilidad; en cambio, la sustentabilidad es la ética. No son las ganancias su propósito, es la restitución en Derecho. La razón no está en lo aparente: las relaciones matemáticas hacen parte de la lógica de los victimarios que han sembrado la palma en tierras que no son suyas, que se han apropiado de todo o han destruido todo para lavar sus dineros del tráfico de drogas, para ocultar sus inversiones manchadas de sangre, de destrucción de la vida natural, de la muerte con balas, de la muerte con hambre.

Pero ha llegado el tiempo de la cosecha, el tiempo de un sueño donde el territorio sea posibilidad para la vida propia, para la vida del planeta. Todas las cosas tienen su tiempo.

Ahora es el tiempo de la espera y de la siembra. De la espera a la respuesta del Estado colombiano, de la espera de la restitución. Mientras tanto en Cetino, en la zona de la biodiversidad, mientras tanto en Caño Claro, en la zona humanitaria, mientras tanto en el caserío de Caracolí y en el Curvaradó, los afrocolombianos y los mestizos siembran. E indígenas y afrocolombianos del Jiguamiandó regresan a sus tierras a conservar, a proteger el territorio en el que duerme el cerro “Cara de perro”, ambicionado desde ya por empresas multinacionales para extraer recursos mineros. Porque el planeta es uno solo, porque el territorio es bien de la humanidad, porque lo injusto es injusto aquí y allá, porque este tiempo de dignificación es tiempo de memoria, es tiempo de justicia.

1 Justicia y Paz es una organización de acompañamiento en materia de protección jurídica, ambiental, agroecológica y psicosocial en zonas de conflicto armado interno a grupos afrocolombianos, indígenas y campesinos mestizos que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio. Su labor se enmarca en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos. Su acompañamiento se realiza en el norte del Chocó y el bajo Atrato, Chocó; Turbo y Dabeiba, Antioquia; Bajo Naya, Buenaventura, bajo Calima y Trujillo, Valle del Cauca; Villavicencio y Ariari, Meta; Sucre Tequendama, Inza, San Francisco y Toribío, Cauca; Puerto Asís, Puerto Caicedo y La Hormiga, Putumayo.

IV.

Mandatos

LA GEOPOLÍTICA DE LOS

AGROCOMBUSTIBLES

Documento de posición del Sur Global sobre Soberanía Alimentaria, Soberanía Energética

y la transición hacia una sociedad post-petróleo

Convocadas a la primera reunión de trabajo para discutir sobre los agrocombustibles y el reto del “desarrollo” en una sociedad post-petrolera, las organizaciones reunidas en Ecuador, latitud 0, del 27 de junio al 01 de julio de 2007, invitamos al debate desde el Sur Global en los siguientes términos:

Denominados apropiadamente por los movimientos sociales como AGROCOMBUSTIBLES, los llamados “biocombustibles” y toda la generación de energía a través de la biomasa, tal como viene sido promovida por gobiernos, corporaciones, agencias de ayuda, las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y demás agentes interesados en su producción a gran escala y en su comercio internacional, NO cambian, sino que PERPETÚAN el modelo de producción y consumo de la civilización moderna, urbana e industrial.

La crisis ecológica y energética que se impone sobre todo el Planeta, junto a la urgencia ineludible de frenar el calentamiento global y dar paso a una transición hacia una sociedad y una economía post-petrolera, nos obligan a un análisis más profundo y a generar cambios políticos realmente transformadores.

Reconociendo que tenemos una tarea necesaria de buscar energías alternativas, es imprescindible plantear la estrategia global en curso de promoción febril de la agro-energía en sus términos estructurales.

Los hidrocarburos son la principal fuerza motriz de la economía globalizada, donde la extracción y control de los combustibles fósiles tiene intrínseca relación con las redes de poder que controlan el mundo a través del control de la energía. Además, podemos ratificar que en esta civilización petrolera las principales desgracias, catástrofes climáticas, guerras, hambrunas, desplazamientos forzados y la esclavitud están vinculadas precisamente al control militar del territorio y de la energía fósil.

La matriz energética/industrial basada en combustibles fósiles, que sustenta la actual civilización urbana industrial y el estado de desarrollo se encuentra en crisis. Vivimos en el momento en que estas fuentes de energía están agotándose, por lo que el capitalismo imperativamente busca nuevas formas de generación de energía, incluyendo los agrocombustibles. Desde nuestra perspectiva como países agroexportadores del Sur, sometidos a esta condición bajo la lógica de la deuda externa y de nuestra historia colonial, los agrocombustibles profundizan el modelo del agronegocio y de la agricultura industrial, entendida como la sumatoria de monocultivos, biotecnología, agrotóxicos y capital financiero y exportación.

Los agrocombustibles significan la instalación de una nueva geopolítica global.

Antecedentes y ejes de resistencia: La Soberanía Alimentaria El modelo de agricultura industrial iniciado con la Revolución Verde es petro-dependiente en energía e insumos, y el fin de uno significa el ocaso de la otra. Además, la raíz histórica de los monocultivos industriales actuales fueron las plantaciones, un invento colonial, que hoy reproduce y multiplica su racionalidad y lógica productiva correspondiente.

El control del sistema agroalimentario mundial constituye uno de los principales componentes de la globalización. Los efectos de las políticas neoliberales en el campo, la expansión de la agro-biotecnología, la proliferación de los acuerdos de libre comercio, incluyendo la lucha en contra de un Acuerdo sobre Agricultura en la OMC, fueron la fuerza catalizadora de un movimiento campesino internacional (La Vía Campesina). Del mismo modo, la resistencia de los Pueblos Originarios se viene fortaleciendo frente a la privatización de recursos y ecosistemas naturales en territorios indígenas.

La propuesta política de esos movimientos es la “Defensa de la Soberanía Alimentaria”, que se expresa en el derecho de los pueblos a decidir y controlar sus políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, y la comercialización o no de excedentes, sólo después de haber garantizado las necesidades de la población con los recursos propios de su territorio y en un patrón cultural y ambientalmente adecuado. Ésta es una propuesta radical que exige la transformación de las economías agroexporadoras del Sur y el patrón de consumo en el Norte.

En tanto la protección de recursos naturales como la tierra y el agua es inseparable de la práctica de la agricultura, las decisiones sobre su uso y manejo no pueden ser tomadas por productores individuales en función de la propiedad privada de la tierra. Por eso, la Soberanía Alimentaria como principio político propone que la autodeterminación de los pueblos sea garantizada por la decisión colectiva sobre la producción de alimentos, y actividades agrícolas, pastoriles, pesqueras o recolectoras, enfatizándola como principio fundamental.

Tomando en cuenta la riqueza del debate político colectivo desarrollado por los movimientos sociales, planteamos el tema de los agrocombustibles –que ya los definimos como una profundización del agronegocio- en los términos de la Soberanía Alimentaria.

La industrialización del agro es consustancial a la expulsión del campesinado y configura una agricultura sin agricultores, afectando desde el campo a toda la sociedad. Implica el despojo de comunidades y sus territorios, la concentración y privatización de la tierra y fuentes de agua, la erosión de la biodiversidad, la destrucción de ecosistemas naturales, y la violencia y militarización en función del control de recursos naturales.

Este proceso de marginación que se inicia en el campo agudiza el circuito insostenible de la urbanización acelerada, que da lugar a la crisis de energía, infraestructura, viviendas, alimentación, salud y otros servicios básicos, puestos de trabajo y acceso a los alimentos en las ciudades. La pobreza urbana genera violencia, conflictos y el malestar social que caracteriza a las grandes ciudades del Sur.

Éste es un proceso global, hegemónico y dialéctico, que ha conducido a una crisis ecológica y energética incuestionable. Por ello no son aceptables las respuestas tecnológicas como las semillas transgénicas, ofrecidas como una solución al “hambre”, cuando su propósito final es el control de la producción agrícola, la imposición de los derechos de propiedad intelectual, y la mercantilización de la vida y la Naturaleza. Ni tampoco los agrocombustibles, promovidos para solucionar una posible crisis energética, o como falsa solución al cambio climático sin tener en cuenta cuestiones estructurales que han generado grandes conglomerados urbanos que son abastecidos por mercancías transportadas desde distintos lugares del planeta, y que obligan a la gente a desplazarse cada vez a distancias más grandes, lo que genera una demanda interminable de energía.

La solución tampoco puede ser a través de instrumentos mercantiles como el comercio de carbono, la venta de servicios ambientales, las certificaciones verdes, las mesas redondas “sustentables”, la inserción de las plantaciones de carbono en los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto y otras creaciones promocionadas por el ambientalismo de mercado, instrumentos que generan más problemas que los que solucionan, y a cuyas propuestas y posiciones nos oponemos radicalmente.

La ideología del “desarrollo”, elaborada después de la segunda guerra mundial como una manera de extender el colonialismo, oculta la continuidad y profundización de la lógica de saqueo. Alrededor de esta ideología se crearon prácticas, instituciones y estructuras que a nombre del desarrollo, prolongaron y diversificaron las formas de saqueo en el Sur. A finales del siglo XX, el desarrollo se vistió de verde y se acuñó el término “desarrollo sustentable”, que lo que hace en realidad es “sustentar” la dominación y el abastecimiento colonial.

Los puntos expuestos arriba son el resultado del debate mantenido durante nuestra reunión y expresan el conjunto y complejidad de las reflexiones que hicimos sobre el tema. Consideramos que estos puntos son no-negociables. Si usted comparte nuestra visión, le invitamos a continuar con la lectura.

La geopolítica de los agrocombustibles El sometimiento de los sistemas agrícolas locales al modelo industrial y a una demanda energética exógena es una cuestión política que implica relaciones de poder sobre los ecosistemas y los pueblos. Este poder se manifiesta en dos niveles bien definidos:

Primero. La actual dependencia mundial de combustibles fósiles se satisface mediante una geopolítica de guerra.

Para garantizar el control de los recursos hidrocarburíferos, y ahora los agrocombustibles, los países industrializados y sus corporaciones transnacionales han desarrollado mecanismos tanto económicos y financieros como políticos y militares. En este sentido, se han diseñado acuerdos comerciales internacionales que permiten el libre acceso a los recursos a través de leyes del mercado. Estos tratados mercantiles, bilaterales o multilaterales, van de la mano con la expansión de proyectos de infraestructura: ductos para transportar gas, petróleo, minerales y hoy agrocombustibles como etanol o biodiesel;

carreteras, hidrovías, puertos, infraestructura de procesamiento, almacenamiento y expendio de combustibles, tendidos eléctricos, etc. Las instituciones financieras internacionales, a través de diversas estrategias y mecanismos, entrampan a los países en una espiral de dependencia y muerte, por ejemplo a través de la deuda. Cuando un gobierno o su pueblo se plantea romper con esta dependencia, corre el riesgo de sufrir represalias económicas, políticas o militares. La geopolítica del petróleo está diseñada no sólo para tener acceso a los hidrocarburos, sino para controlar su distribución. Esto explica muchos de los conflictos armados en el Medio Oriente, Afganistán y el Caucazo, donde se juega el control de las rutas del transporte del crudo del Caspio por parte de empresas estadounidenses, europeas y rusas, y sus gobiernos.

Así como se configuró una nueva geopolítica para asegurar el acceso a los combustibles fósiles, de la misma manera se está configurando en torno a los agrocombustibles una nueva correlación de fuerzas a nivel mundial. El ejemplo más nítido es la alianza Lula-Bush (Brasil y Estados Unidos) para la creación de un mercado mundial de commodities agroenergéticos, que ya se traduce en un reacomodo del poder global. Es así como el anuncio efectuado por Brasil sobre el reinicio de su programa nuclear y el ciclo de enriquecimiento de uranio no generó la oposición que han enfrentado países como Irán o Corea del Norte, pues hoy Brasil forma parte de los países que conforman el círculo de amigos de Bush y del poder de intereses estadounidenses.

Aclaramos categóricamente y sin ninguna ambigüedad que la energía nuclear es inaceptable, esta posición es no-negociable, sin importar la razón por la cual la energía nuclear sea promovida. La humanidad y el ambiente ya han experimentado suficientes impactos y sufrimientos por sus consecuencias.

Segundo. La geopolítica de los agrocombustibles impone un reordenamiento territorial a nivel global.

Este reordenamiento significa, en este primer momento, la desterritorialización de cultivos alimentarios para la producción de insumos energéticos, con los impactos en cadena sobre toda la economía y los costos, por la obvia competencia de precios con los alimentos (como ya se observa en la subida de precios del maíz y aceites en distintas partes del mundo, y cuyo ejemplo más paradigmático fue la guerra de las tortillas en México, a inicios de 2007).

En un nivel más amplio, y ya relacionado a la segunda generación de agrocombustibles a partir de especies no alimenticias (eucalipto, switch grass, miscanthus, entre otros) la ocupación de la tierra a escala creciente y progresiva para ‘reemplazar’ al petróleo, impactará más gravemente a la población rural, generando fuertes flujos migratorios, además de una reducción drástica en la producción y oferta de especies alimenticias con la consiguiente alza en los precios y menores posibilidades de acceso a la alimentación.

Esta presión sobre los territorios se va a acentuar, como resultado del lema repetido por sus promotores quienes sostienen que los agrocombustibles se van a asentar en las llamadas “tierras marginales” o “áridas”, que en realidad son las tierras más allá de la actual frontera agroindustrial y que son las que justamente alimentan a la gran mayoría de la población pobre y campesina, y a los pueblos indígenas de África, Asia y América Latina con cultivos no comerciales como varias especies de tubérculos y hortalizas. Son en

estas “tierras marginales” donde se intenta introducir millones de hectáreas con cultivos de Jatropha, que está siendo promovido como un cultivo milagroso en regiones áridas de la India, el Sahel y África Occidental.

En síntesis, la reproducción del capitalismo en una sociedad en transición hacia la era post petrolera depende en este momento de la incorporación y control, incluso militar, de gigantescas extensiones de territorio. Así, el eje de la resistencia es asegurar la integridad de la soberanía sobre los territorios, garantizando alimentos y energía local: construyendo la soberanía energética y alimentaria; y redefiniendo la soberanía política.

Las grandes rutas de los agrocombustibles Al momento identificamos las siguientes grandes rutas centrales de flujo de agrocombustibles desde el Sur:

El abrazo del etanol: Brasil y Estados Unidos y el corredor de América Central

La alianza estratégica y mediática entre Lula y Bush, los dos países lideres mundiales en la producción de etanol (caña de azúcar y maíz respectivamente) tiene un objetivo claro: definir una nueva geopolítica para América Latina (petróleo versus agrocombustibles) a través de impulsar la creación de un mercado internacional de commodities agroenergéticas con la realización de una “Conferencia Internacional sobre Biocombustibles”, auspiciada por la ONU en Brasil en julio de 2008.

En este contexto Brasil tiene como proyecto político convertirse en el principal proveedor de agrocombustibles y de tecnología para etanol. Para eso, el presidente Lula se perfila como nuevo líder mundial y Brasil como la potencia del Sur, para lo cual se han establecido alianzas estratégicas con China, India, Sudáfrica etc., aspirando a acceder al Consejo de Seguridad de la ONU. En el plano económico, el interés de Brasil es acceder al mercado de los Estados Unidos y Europa, vía las ventajas arancelarias que tienen países de Centro América y Caribe. Por eso quiere expandir la producción de caña de azúcar y palma aceitera, y plantas de procesamiento a esos países.

El Plan Nacional de Agroenergía de Brasil estima como área potencial para expansión de cultivos energéticos la cifra de 200 millones de hectáreas, incluyendo la “recuperación de áreas degradadas, reconversión de pastos y ‘reforestación’ de la Amazonia con palma”. Para poner en marcha el Plan, se tiene que construir una red de Alcohol-ductos, plantas de acopio, procesamiento, puertos, carreteras e hidrovías, lo que incrementará el uso de hierro proveniente de las minas del Gran Carajás, la destrucción de ecosistemas naturales y del tejido social en esta región de Amazonia, además de incrementar dramáticamente la producción de cemento y concreto, una de las industrias más energívoras.

De granero del mundo a refinería global: la soja transgénica en Argentina y el Cono Sur

Transformar el paisaje del campo argentino en un monocultivo de 17 millones de hectáreas de soja transgénica sólo tomó 10 años –reemplazando la producción de cereales, carne y otros alimentos por la de sólo un commodity para la exportación, concentrada en

manos de las principales trasnacionales del comercio internacional-. Ahora, siendo el primer exportador mundial de aceites, Argentina busca convertirse en el principal proveedor para la demanda europea de biodiesel, para lo cual el gobierno argentino ya solicitó aranceles preferenciales a la Unión Europea.

La apuesta del agronegocio en la exportación de agrocombustibles ha puesto a funcionar un engranaje de producción de biodiesel en asociación con capitales nacionales como Vicentín, AGD-Bunge S.A y SACEIF-Louis Dreyfus, y del sector petrolero Repsol-YPF y la nacional ENARSA que participan en proyectos de entre 25 y 30 millones de dólares.

Para suplir la demanda de exportación de aceites y granos, sumada ahora a la del biodiesel de soja, y además cumplir los requerimientos internos legislados de incorporar obligatoriamente un porcentaje de agrocombustible en los combustibles fósiles, se programa la deforestación de entre 4 y 7 millones más de hectáreas de bosques nativos para avanzar con la frontera sojera, el desplazamiento de montes frutales y de cultivo de hortalizas y los cultivos bajo riego en la Patagonia, así como la importación de 3 a 4 millones de toneladas de soja provenientes de Bolivia, Brasil, y especialmente Paraguay.

Por ello se ha acelerado la concreción de la hidrovía Paraguay-Paraná, vía de escurrimiento de los commodities producidos en territorio interior hasta el puerto de Rosario (y zona de refinamiento), proyectada en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) que incluye la construcción de carreteras, hidrovías y represas con inversiones significantes del sector privado en la extracción de recursos y la agroindustria.

Esta es la columna vertebral que consolida el proyecto político y territorial del agronegocio en el Cono Sur, que trasciende las fronteras de los Estados para establecer un área de expansión de la producción y movimiento de commodities para exportar al Norte, que se consolida con la producción de agrocombustibles.

La amarga historia del aceite de palma: las plantaciones de palma en ecosistemas naturales y territorios indígenas

Al momento, el 88% del comercio mundial de aceite de palma proviene de Malasia e Indonesia, lo que obedece a una expansión del área cubierta por este cultivo. En los últimos 20 años la producción se duplicó en Malasia y se triplicó en Indonesia a costa de la desaparición de sus bosques tropicales. El crecimiento de las plantaciones de palma en Malasia e Indonesia responde a la creciente demanda de aceite de palma especialmente para el mercado europeo.

A pesar de la defensa oficial de que la industria de la palma aceitera no ha producido deforestación, el gobierno de Sarawak, en el Borneo malayo, aceptó que se ha concesionado 2,4 millones de hectáreas de bosques para la industria palmícola y de la pulpa y papel, extensión que puede llegar a 3 millones de hectáreas ha finales del 2007 y que constituye una cuarta parte del área total de Sarawak. Las plantaciones industriales de palma con frecuencia son propiedad de empresas madereras transnacionales, las que una vez que deforestan una zona para la extracción de la madera, la siembran con monocultivos de palma, transformando el bosque en aceite.

Aun cuando estos bosques son reclamados por comunidades indígenas como parte de sus territorios tradicionales, y aunque muchas de estas comunidades dependen de los recursos del bosque para su subsistencia, ni la legislación ni el gobierno han reconocido totalmente su derecho consuetudinario; y a pesar de sus continuas protestas, las plantaciones de palma continúan extendiéndose.

El aceite de palma se perfila como la principal fuente para la producción de biodiesel a costa de ecosistemas naturales y territorios indígenas también en otros países tropicales, constituyendo el caso más preocupante: el de Colombia, donde las plantaciones de palma se extienden de la mano del paramilitarismo, desplazando a poblaciones enteras.

La expansión de los cultivos de palma en Malasia, Indonesia y otros países tropicales, responden al aumento en la demanda de aceite de palma en el mercado mundial, sobre todo luego del incremento en las metas que se ha impuesto la Unión Europea para reemplazar combustibles fósiles por agrocombustibles.

África: en la vía hacia un mayor saqueo

Del colosal número de actores relacionados con la promoción de agrocombustibles en África, Brasil se perfila como el más estratégico y rapaz.

Brasil se ha volcado hacia el continente africano, al que lo ve como una pieza importante en sus ambiciones de crear un mercado global para el etanol. Este país ha logrado de manera exitosa obtener el apoyo de varios países africanos, como Senegal y Benin a través de acuerdos bilaterales y trilaterales de cooperación, y se ha apuntalado en la Unión Africana, pasando por alto varias agencias de las Naciones Unidas, para asegurarse la implementación de instrumentos legales y económicos armonizados para sostener un mercado viable de agrocombustibles. A través del Foro Internacional de Biocombustibles, Brasil con sus socios China, India, Sudáfrica, los Estados Unidos y la Unión Europea, promoverán agresivamente un mercado internacional para agrocombustibles, sin importarles el resto del mundo, y así asegurar que el etanol se convierta en una commodity en el mercado internacional. Para conseguir estos objetivos, las plantaciones de caña, silenciosas y estériles, proliferarán en los suelos africanos, otrora dedicados al cultivo de alimentos.

En este contexto, varias transnacionales de la energía como BP, D1 Engrasa y Petrobras han iniciado proyectos de agrocombustibles en África para producir de manera indiscriminada ya sea combustibles fósiles o agrocombustibles en países tan pequeños como Suazilandia o potencias petroleras como Nigeria. Estas empresas depredadoras sostendrán cualquier aventura, a cualquier costo social y ambiental, si es que esto va a contribuir a su estrategia global de prolongar el pico del petróleo. Países como Ghana, las grandes plantaciones de Jatropha están fuertemente relacionadas con el mercado de carbono en el marco del Protocolo de Kyoto.

El escenario político en África está listo para la producción a gran escala de agrocombustibles. Mozambique ha sido elegido como el líder en el Sur de África. A través de la empresa petrolera estatal se espera tener una inversión de 55 millones de dólares para proyectos con caña de azúcar y Jatropha, y así suplir al mercado regional e internacional de etanol y biodiesel.

MANIFIESTO POR EL DES-DESARROLLO: EL CAMINO QUE

PROPONEMOS DESDE EL SUR

Los agrocombustibles y toda la generación de energía a través de la biomasa tal como viene sido promovida por gobiernos, corporaciones, agencias de ayuda, las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y demás agentes interesados en su producción a gran escala y en su comercio internacional, no cambian sino que perpetúan el modelo de producción y consumo de la civilización moderna, urbana e industrial que ha generado inequidad, guerra y destrucción ambiental.

El ocaso de la civilización petrolera y la reproducción del capitalismo La reproducción del estado actual de la civilización occidental depredadora, cuya forma es el neoliberalismo globalizado, tiene como base material al petróleo.

Todas las fuerzas motrices detrás de la producción, circulación y comercialización global de mercancías dependen de los hidrocarburos: la industria hidrocarburífera en sí misma, la industria agroalimentaria, las compañías farmacéuticas, de fibras textiles, las industrias involucradas en la producción de detergentes, cosméticos, explosivos, celuloide, plásticos en general, materiales de construcción, embalajes, electrodomésticos, etc. De la misma forma, el transporte global de personas y materiales, la movilidad y velocidad con la cual los trabajadores y los productos se mueven y son intercambiados alrededor del globo, dependen también de los combustibles fósiles, ya sea por la dependencia que se ha creado en torno al automóvil; por la manera como se han diseñado, construido y expandido las megalópolis, o por la forma de ocupación del espacio urbano y otros territorios.

La demanda de energía y materias primas para suprimir y mantener el patrón de vida de las sociedades del Norte, traducida cotidianamente en alimentación, vestuario, vivienda y movilidad es la que da carne y cuerpo al ideal universal de estilo de vida, bienestar y “progreso” promovidos agresivamente a través de la globalización como un patrón universal para la humanidad.

En el actual paradigma de “crecimiento” orientado hacia la integración del mercado y el comercio global, los agrocombustibles son impulsados como substitutos paulatinos del petróleo para mantener patrones ambientalmente insustentables de producción y consumo del Norte. Frente a eso, entendemos que el estilo de vida promovido por el Norte y las elites del Sur y que alcanza su máxima expresión en el llamado “American way of life” es lo

que debe ser transformado. Son los principales consumidores de energía, Estados Unidos junto con Europa Occidental y a quienes se suman hoy, China y las elites minoritarias del Sur.

China, la gran fábrica del mundo, reproduce el modelo de producción y consumo creado por el Norte, al tiempo que abastece al mercado mundial, sobretodo del Norte, con todo lo que éste consume. Entendemos que el modelo de crecimiento de China no es un modelo para el Sur.

La materialidad de todo lo que hace parte de la vida cotidiana de los países “desarrollados”, promocionados al mundo como modelo universal de bienestar material, calidad de vida y progreso humano, depende enteramente de una demanda energética y ecológica irracional, construida históricamente a través del saqueo continuo de la naturaleza y los pueblos del Sur. Para el Sur del mundo este modelo «petrolero» permitió perpetuar el intercambio desigual, la dependencia tecnológica, el endeudamiento, el empobrecimiento de los pueblos, el despojo de sus territorios y la desacralización de sus lugares sagrados. Hemos experimentado, desde el Sur, que el patrón de vida que la minoría del Planeta disfruta, se mantiene con la explotación de la Naturaleza y el trabajo humano, para alimentar los flujos de mercancías y servicios que han causado históricamente los cambios climáticos, el calentamiento global y la dominación colonial del Norte sobre el Sur.

En síntesis: el impulso prioritario de los agrocombustibles, como substitutos paulatinos del petróleo, es mantener la circulación global de mercancías y la demanda ambientalmente insustentable de energía y materias primas para promover como ideal universal el patrón de vida de las sociedades del Norte, en su lógica histórica de dependencia y explotación colonial sobre los ecosistemas y pueblos del Sur.

Nuestra respuesta a la falacia del balance energético positivo de los agrocombustibles es la verificación histórica de la devastación ecológica y social generada por la Revolución Verde –petrodependiente- y con los efectos imputados a la agricultura industrial, que ha resultado en la pérdida de 75% de biodiversidad a lo largo del último siglo, según la FAO; además de haber promocionado la desarticulación de las agriculturas y mercados locales para imponer el sistema agroalimentario mundial a través de las corporaciones que controlan la cadena productiva con la mayor concentración de poder en el mundo: los agronegocios.

Entendemos que la única forma de superar la crisis climática y energética que amenaza definitivamente la continuidad de toda la Vida en el planeta es la superación del capitalismo.

La transición hacia una sociedad post-petrolera y un nuevo sentido del “desarrollo”, en la construcción de una Vía de superación del capitalismo, será sobre bases ecológicas o no podrá ser.

La cuestión energética, así como la producción de alimentos, son los ejes concretos e indivisibles de resistencia y de construcción de otro proyecto de sociedad, y de nuevas relaciones de intercambio entre los pueblos de la humanidad, y de estos con la naturaleza; y así subvertir -de facto- la lógica colonial y de subordinación.

Acordamos que la lógica política de la nueva sociedad global en esta ruta de transición –y la estrategia de autonomía de los pueblos sobre sus territorios- deberá orientarse a partir de la premisa central de garantizar la Soberanía Energética en acuerdo y complementariedad con la defensa radical de la Soberanía Alimentaria.

Por lo tanto, el único debate consecuente sobre agrocombustibles debe enmarcarse en un nuevo paradigma de des-desarrollo que incluya una transformación estructural radical de toda la economía y de nuestro estilo de vida y el desmantelamiento del macro sistema energético que sustenta y garantiza el poder global.

Son ejes del des-desarrollo:

� des-urbanizar, para restituir la existencia de la población a escala humana, supliendo las necesidades en el mercado local y con fuentes de energía locales.

� des-globalizar el comercio y el transporte de mercancías, sobre todo agrícolas y alimentarias, para atacar la principal fuente de consumo de combustibles líquidos: los camiones refrigerados que transportan toda la cadena de carnes y lácteos, los aviones que transportan flores y frutas tropicales; los gigantescos navíos cerealeros movidos a diesel para llevar soja a Europa y a China, etc.; que generan un flagrante balance energético negativo, y que sostiene el discurso ilusorio del “crecimiento”.

� des- tecnologizar la producción de alimentos, a partir de tomar a los sistemas productivos como agroecosistemas donde la biodiversidad y la nutrición adecuada de los suelos reemplacen a las tecnologías puntuales y contaminantes derivadas del petróleo.

� des-petrolizar la economía, la mejor política contra el cambio climático es la eliminación de los combustibles fósiles, dejando el petróleo y el gas en el subsuelo. Eso no debe confundirse con soluciones ficticias como “descarbonizar la economía” o sea promocionar el mercado de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio y la implementación conjunta que perpetúan el modelo petrolero destructivo bajo la lógica del mercado.

� des-centralizar la generación y distribución de energía, a través de tecnologías que no recreen la dependencia, y que garanticen el abastecimiento de acuerdo a las necesidades de la población local, lo que se diferencia de promover la privatización de la energía, aun de fuentes “alternativas” bajo el argumento de “proveer acceso de energía para los pobres”. En otras palabras: recuperar y defender el principio de la energía como un servicio y no un negocio y una mercancía ofrecida en el mercado. En esta línea de argumentación debe construirse la Soberanía Energética.

Se trata de abrir esta agenda de debate en el seno de los sectores de “izquierda” en nuestras distintas regiones del globo, replanteando en estos términos radicales el entendido de una propuesta de enfrentamiento y superación del capitalismo en acuerdo con las contradicciones de la acumulación, en este momento histórico.

Por el rol estratégico de la región Latinoamericana en la promoción e instalación del modelo global de Agroenergía, y en vista a la Conferencia Internacional de Biocombustibles, auspiciada por la ONU, a ser realizada en Brasil en julio de 2008, reafirmamos nuestra tarea de cuestionar entre

los gobiernos promotores del “Socialismo del Siglo XXI” cuál será el modelo energético que sustentará esta propuesta, sin aceptar cooptaciones nacionales al modelo propuesto por el capital.

Para que esta visión sea el fundamento de un programa político de la era post-petrolera, los abajo firmantes nos comprometemos a replantear nuestros posicionamientos -sin concesiones– como lo impone la radicalidad de la crisis ecológica y energética actual.