Linz - Conclusiones Cap 9 en Politicos Viejos Conceptos y Nuevos Retos

Captulo 9

CONCLUSIONES. LOS PARTIDOS POLTICOS EN LA POLTICA DEMOCRTICA: PROBLEMAS Y PARADOJAS

J u a n J . Li nz

A comienzos del siglo nos encontramos con una situacin paradjica. En todas las sociedades donde la gente es libre para expresar sus preferencias, existe un amplio consenso sobre la legitimidad de la democracia como forma de gobierno (Diamond 1999: 24-31 ,174-191). Tanto en las democracias consolidadas como en las no consolidadas o inestables, tambin hay un acuerdo considerable en que los partidos polticos son esenciales para el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, al mismo tiempo, en gran parte de los sistemas democrticos la opinin pblica se caracteriza por una amplia insatisfaccin y desconfianza en los partidos polticos, y existe mucho debate acadmico acerca de la obsolescencia o declive de los partidos, tan bien resumido por Hans Daalder en su captulo en este libro. Por otra parte, mientras las actitudes crticas estn generalizadas entre los ciudadanos, en la opinin pblica encontramos poco eco de las poderosas ideologas anti-partido, sentimientos y movimientos del siglo XX corto, como el historiador Eric Hosbawn ha llamado al periodo entre 1914 y el fin de la era sovitica.

Hasta cierto punto, estas contradicciones aparentes podran ser el producto de la incompatibilidad entre la concepcin schumpeteriana de la democracia y las ms participativas, que los ciudadanos podran mantener simultneamente. En efecto, estas inconsistencias podran, por s mismas, ser una fuente significativa de la insatisfaccin con los partidos. En consecuencia, una explicacin plenamente satisfactoria de estas paradojas requerira un anlisis emprico mucho ms detallado del realizado hasta el momento. Necesitaramos saber ms acerca de cmo el votante medio percibe la necesidad y las funciones de los partidos. A falta de esos estudios, desconocemos las ideas que la gente tiene sobre las funciones y estructuras de los partidos cuando expresa su desconfianza o insatisfaccin con ellos. No hemos sido capaces de entender adecuadamente estas actitudes y sus implicaciones (pero vase el captulo de Mariano Torcal, Jos Ramn Montero y Richard Gunther en este libro). Ese descontento se

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centrar en la decadencia del partido de masas, en la emergencia del partido catch-all o en las contradicciones que inevitablemente rodean el papel del partido en la vida pblica? Y el hecho de que las crticas aparezcan en tantos pases con diferentes tipos de partidos, con distintas formas organizativas, abre tambin los interrogantes de por qu estos sentimientos han sido tan ampliamente expresados y cules son los elementos comunes que han provocado esta desconfianza. Que estos sentimientos negativos se den tanto en democracias parlamentarias como presidenciales donde los partidos juegan distintos papeles y toman distintas formas sugiere que las razones pueden ser similares y no estar directamente relacionadas con las formas organizativas de los partidos. Sin ms investigacin es imposible determinar si la desconfianza en los partidos responde a los mismos factores o a causas diferentes. Sospechamos ambas cosas. En este ensayo especulativo examinar algunas ambigedades en la respuesta a los partidos en sistemas parlamentarios que espero puedan abordarse en futuras investigaciones empricas.

Desde el inicio, debe notarse que hay algunas diferencias fundamentales entre los papeles jugados por los partidos en sistemas parlamentarios y presidenciales, unas diferencias que podran originar distintos tipos de crticas a los partidos. El presidencialismo, por su misma naturaleza, podra generar su propio y distintivo sentimiento anti-partido. Disminuye el papel de los partidos en la produccin y sostenimiento de los gobiernos, una funcin importante que fortalece los lazos entre la legislatura y el ejecutivo en los sistemas parlamentarios. En los sistemas presidenciales es menos probable que los partidos articulen programas de gobierno y polticas pblicas amplias, funciones que son cumplidas ms probablemente por los presidentes. Seguramente, en caso de gobierno dividido, el Congreso puede frustrar las polticas y ambiciones de un presidente elegido popularmente, quien, a su vez, muy probablemente culpe al Congreso y a los partidos de su propio fracaso (Linz 1994). Por su parte, los partidos en el Congreso pueden sostener que estn frenando las polticas autoritarias o populistas de un presidente. En este contexto, es posible que los que apoyan al presidente sean crticos de los partidos, y los presidentes o candidatos presidenciales podran basar sus campaas en apelaciones anti-partido.

Dejando de lado esta dinmica en la relacin entre el Congreso y los presidentes, la misma naturaleza de las elecciones presidenciales tiende a debilitar la posicin de los partidos. El presidente no es elegido como el lder de un partido. Los candidatos podran ser outsiders sin ningn vnculo con los partidos, e incluso aquellos elegidos con apoyo de los partidos podran distanciarse de ellos y pretender estar por encima de los partidos. Algunas Constituciones en la Europa poscomunista llegan a estipular que un presidente no debera tener identificacin partidista. Pero aun cuando un presidente es elegido bajo la etiqueta de un partido, a menudo, especialmente en Estados Unidos, no es elegido por el parti

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do como organizacin de lderes electos o miembros, sino por una base electoral vagamente definida en las elecciones primarias. Estas nominaciones no son el producto de los esfuerzos colectivos de las organizaciones partidistas o de los miembros, sino de la auto-promocin, basada en los propios recursos del candidato y en una pequea minora de votantes. Sin embargo, una vez electo, el presidente tiene la legitimidad del cargo y una base electoral independiente. En la medida en que los votantes se identifican con l, pueden considerar mucha de la actividad de los partidos en el Congreso como un obstculo al mandato que han dado personalmente al presidente. Slo aquellos que apoyaron al candidato oponente pueden ver a su partido en la oposicin como respondiendo a sus deseos. En cambio, los legisladores pueden representar los intereses de sus bases electorales de forma ms efectiva que en sistemas parlamentarios. Pero, al jugar este papel, podran representar (o ser retratados como representantes de) intereses concretos o especiales, que podran estar en conflicto con los intereses o prioridades de los partidos. Es lgico que los votantes que esperan que sus representantes electos articulen sus intereses particulares estn descontentos con los lderes del partido, que deben atender intereses ms generales.

En los sistemas presidenciales, los miembros del Congreso pueden oponerse a las polticas del presidente, votar con la oposicin y representar a su base electoral en su distrito sin poner en riesgo la cohesin del partido: sus acciones no amenazan la estabilidad del ejecutivo. El peligro es que las polticas amplias de inters nacional puedan quedar comprometidas por una serie de negociaciones, enmiendas y gastos que atienden los intereses de bases electorales particulares. El resultado agregado de cada representante comportndose de acuerdo con la idea de que toda la poltica es local es que la legislatura consistir en embajadores de una mirada de intereses. En el nivel individual, los votantes de un distrito concreto pueden sentirse satisfechos de que su representante en la Cmara est defendiendo sus intereses algo menos probable en sistemas parlamentarios europeos , pero, en el nivel agregado, la defensa de intereses especficos lleva frecuentemente al descuido de polticas ms amplias de significado social, econmico o poltico. El sistema electoral mayoritario de distrito uninominal en Estados Unidos refuerza esta defensa de intereses concretos, como argumentan Shugart y Carey (1992). La carencia resultante de cohesin, disciplina y compromiso programtico o ideolgico de los partidos emerge como otra fuente de insatisfaccin con los partidos.

Cada tipo de sistema de partidos genera tambin diferentes crticas a los partidos. Dejando de lado los sistemas pluralistas polarizados con importantes partidos anti-sistema (o percibidos como tales), cualquier sistema de partidos generar hostilidad hacia stos por una u otra serie de razones. Un formato de competencia bipartidista necesariamente significar que quienes rechazan en principio a uno de los dos partidos y al candidato a primer ministro, cuando se sientan alienados o sean muy

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crticos con su propio partido y sus lderes, pensarn que el sistema carece de alternativa real alguna. Con una lnea divisoria fuerte entre izquierda y derecha y bajas probabilidades de volatilidad entre los bloques, la crtica a su propio partido llevar a la crtica del sistema, que no permite ninguna opcin. Un sistema pluralista moderado y no polarizado que ofrece ms opciones entre los partidos con verdadero potencial de coalicin y sin divisiones profundas en el espectro ideolgico debera ser ms atractivo a los votantes que se sienten excesivamente constreidos por el bipartidismo. Sin embargo, un sistema multipartidista podra significar que los votantes pierdan en ltimo trmino control sobre la eleccin de gobierno, que ser determinada por negociaciones entre los partidos. De esta manera, una coalicin podra representar una negociacin poco tica, que no responde a los deseos de los votantes. En consecuencia, mucha gente se sentir frustrada tanto con los sistemas bipartidistas (que proveen un vnculo ms fuerte entre la emisin del voto popular y la formacin de los gobiernos, pero con opciones limitadas) como los multipartidistas (que ofrecen un espectro ms amplio de opciones, pero menos control directo del votante en la formacin del gobierno).

A pesar de estas diferencias entre sistemas de partidos y entre democracias presidenciales y parlamentarias, en todas partes los partidos se han convertido en el foco de una letana notablemente similar de quejas y crticas. Hasta qu punto representan expresiones de una preocupacin razonada sobre los defectos del rendimiento de los partidos? A la inversa, hasta qu punto reflejan evaluaciones ambiguas, confusas o incluso contradictorias basadas en expectativas irrazonables, o carentes de informacin, sobre las complejidades y mltiples presiones a las que los partidos estn sometidos cuando desempean sus diversos papeles en la poltica democrtica? Es a estos temas a los que dirigimos ahora nuestra atencin.

ACTITUDES HACIA LOS PARTIDOS:PARADOJAS, CONTRADICCIONES Y AMBIGEDADES

Como hemos sealado, la crtica a los partidos no refleja un rechazo a la democracia. En muchos pases, la gente que da su apoyo a la democracia, que incluso considera a los partidos como parte necesaria de la misma, expresa tambin desconfianza en los partidos y un amplio espectro de actitudes crticas y a menudo contradictorias. Segn veremos, esas actitudes son compartidas por quienes dan su apoyo electoral a partidos diferentes, incluso en proporciones similares a travs de todos los partidos importantes de izquierda a derecha (si es que la informacin de encuestas espaolas presentada ms abajo puede generalizarse).

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Los partidos pueden ser necesarios, pero no son confiables

En Amrica Latina, datos del Latinobarmetro de 1997 muestran que un 62 por ciento de los encuestados estaba de acuerdo con la afirmacin de que sin partidos polticos no puede haber democracia; pero al mismo tiempo slo el 28 por ciento de estos mismos encuestados afirm tener alguna o mucha confianza en los partidos (con el 67 por ciento respondiendo poca o ninguna). Cabe aadir que hubo diferencias significativas entre los pases en ambas preguntas. El porcentaje de encuestados que estaba de acuerdo con que los partidos son necesarios oscil entre un mximo de 79 por ciento en Uruguay y un mnimo de 44 por ciento en Ecuador, y un 50 por ciento en Brasil y Venezuela, como puede observarse en la tabla 9.1. Pero, en cada caso, el nivel de confianza en los partidos fue mucho ms bajo que la creencia en la necesidad de los mismos: en Uruguay, el 45 por ciento de los encuestados dijo que tena alguna o mucha confianza, mientras que en Ecuador, Brasil y Venezuela lo dijo slo el 16, el 18 y el 21 por ciento, respectivamente. Sin series temporales no es posible decir si la

Tabla 9 .1 . C r e e n c ia e n l a n e c e s id a d d e l o s p a r t id o s y c o n f ia n z a enLOS PARTIDOS EN AMRICA LATINA, 1997 (EN PORCENTAJES)3

Confianza en los partidos

Creencia en la necesi- Por encima del promedio Por debajo del promediodad de los partidos Pas A B (C) Pas A B (C)

Por encima del pro Uruguay 79 45 (17) Costa Rica 81 26 (35)medio

Argentina 75 29 (35) Per 63 20 (40)

Nicaragua 74 35 (35)

El Salvador 70 40 (16)

Honduras 67 35 (20)

Chile 67 35 (25)

Por debajo del pro Mxico 61 31 (22) Paraguay 55 27 (25)medio

Bolivia 60 20 (41) Guatemala 55 24 (36)

Panam 56 28 (34) Venezuela 50 21 (45)

Colombia 51 42 (40) Brasil 50 18 (42)

Ecuador 44 16 (46)

En A (porcentaje que responde sin partidos polticos no puede haber democracia), el promedio es del 62%. En B (porcentaje que tiene mucha o alguna confianza en los partidos), el promedio es del 28%. Y en C (porcentaje que responde ninguna a la ltima pregunta), el promedio es del 33%.

Fuente: Latinobarmetro, 1997.

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desconfianza en los partidos llev a la baja conviccin de que los partidos son necesarios en una democracia, pero sospechamos que ste es el caso en Venezuela (vese Meseguer 1998, y en general Mainwaring y Scully 1995).

Incluso cuando distinguimos entre quienes expresan una preferencia por la democracia y quienes, bajo ciertas circunstancias, preferiran un gobierno autoritario, un nmero significativo de demcratas tiene poca o ninguna confianza en los partidos. Las pautas en todos los pases son similares (Linz 2000: 256, sobre datos del Latinobarmetro de 1996). Puede encontrarse el mismo patrn de creencias en la necesidad de los partidos si queremos desarrollo democrtico y en la falta de confianza en los partidos en los datos para nueve pases poscomunistas de Europa del Este (Bruszt y Simon 1991). Es verdad que los sentimientos antipartidistas pueden encontrarse en toda sociedad, pero en la mayora de las democracias consolidadas y estables tales opiniones son sostenidas slo por minoras. En Espaa, por ejemplo, slo el 16 por ciento estaba de acuerdo con la afirmacin de que los partidos no sirven para nada, mientras que fue rechazada por el 72 por ciento1. No sorprendentemente, los sentimientos antipartidistas fueron ms fuertes entre los no votantes: un 26 por ciento de ellos estuvo de acuerdo con ese indicador del cuestionario.

Es llamativo y preocupante comprobar que en Amrica Latina la confianza en los partidos es ms baja que la confianza en las Fuerzas Armadas. Como puede observarse en la tabla 9.2, slo en Uruguay los encuestados tienen mucha o alguna confianza en los partidos (45 por ciento) ms que en la Fuerzas Armadas (43 por ciento), y ms ciudadanos afirman tener ninguna confianza en los partidos (17 por ciento) que en las Fuerzas Armadas (11 por ciento). En Amrica Latina, en promedio, slo el 26 por ciento de los encuestados en el Latinobarmetro de 1997 tiene alguna confianza en los partidos, mientras que casi la mitad (49 por ciento) confa en las Fuerzas Armadas. En algunos casos, esta fisura de confianza es enorme: la confianza en los militares excede a la confianza en los partidos por mrgenes de 16 frente a 71 por ciento en Ecuador, 21 frente a 63 en Venezuela, 18 frente a 59 en Brasil, 21 frente a 55 por ciento en Colombia. Mientras que el porcentaje de encuestados que confa en los partidos en Chile (35 por ciento) es segundo slo en relacin con Uruguay, el hecho de que el 48 por ciento de los chilenos exprese confianza en los militares es, a la luz de la historia reciente, tan sorprendente como preocupante. Similarmente, con la excepcin de Uruguay, en cada pas ms gente sos-

1. Los datos espaoles utilizados en este captulo proceden de la encuesta 2240, de abril de 1997, del Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS), sobre Ciudadanos y elites ante la poltica (Encuesta ciudadanos), que incorpor algunas preguntas sugeridas por el autor. Estoy agradecido a la entonces directora del CIS, Pilar del Castillo, por proporcionarme esta informacin. Muchas de las preguntas del CIS han sido utilizadas a travs del tiempo, como muestran los datos utilizados por Torcal, Montero y Gunther en su captulo en este libro. Muchas de las mismas preguntas fueron utilizadas en Portugal e Italia, mostrando la misma pauta (Bacalhau 1997; Sani y Segatti 2001). Tambin estoy agradecido a Marta Lagos por proporcionarme los datos del Latinobarmetro utilizados en este anlisis.

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Tabla 9.2. CONFIANZA EN VARIAS INSTITUCIONES EN ALGUNOS PASES DE AMRICAL a tin a , 1997 (en p o r c e n ta je s )

Institucin Uruguay Argentina C hile E cuador Venezuela M xico

Partidos polticos

Mucha 11 4 7 6 7 6

Alguna 34 25 28 10 14 20

Poca 34 32 37 33 32 36

Ninguna 17 35 25 46 45 35

Presidencia

Mucha 19 6 21 13 17 13

Alguna 33 17 40 15 18 24

Poca 25 27 28 34 37 34

Ninguna 19 44 10 33 27 27

Congreso

Mucha 12 6 13 8 11 8

Alguna 33 27 41 12 19 25

Poca 32 34 33 34 31 36

Ninguna 14 28 11 41 37 26

Fuerzas Armadas

Mucha 15 13 21 51 35 23

Alguna 28 21 27 20 28 26

Poca 25 28 30 21 25 30

Ninguna 11 33 21 6 11 18

Televisin

Mucha 10 17 13 23 19 14

Alguna 36 35 43 27 28 32

Poca 33 25 29 28 26 32

Ninguna 17 20 11 16 25 19

fuente-, Latinobarmetro, 1997.

tiene no tener ms confianza en los partidos que en las Fuerzas Armadas. Incluso si descontamos la dimensin patritica de las actitudes hacia el Ejrcito, estos datos ilustran los problemas que han experimentado los partidos en superar la desconfianza y ganar la confianza de la gente. Aunque menos preocupante que la comparacin con las Fuerzas Armadas (dada la historia de la toma del poder en muchos pases por golpes

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de Estado), la comparacin con la televisin tambin es llamativa. Con slo dos excepciones Brasil y Mxico , los niveles de confianza en la televisin son mayores que la confianza en los partidos.

Niveles parecidos de baja confianza en los partidos se encuentran en algunos pases de Europa occidental (Torcal 2000). Por ejemplo, en el Estudio General Electoral de Blgica de 1995 slo el 6 por ciento de los encuestados dijo tener mucha o bastante confianza en los partidos, mientras que el 62 por ciento sostuvo tener poca o muy poca. A modo de comparacin, el 54 por ciento expres confianza en el rey, mientras que slo el 11 por ciento sinti poca o muy poca confianza en l.

Competencia y smbolos de unidad

Mucha gente se siente atrada hacia los smbolos de unidad de la nacin, del Estado o de la comunidad local. Hasta cierto punto, esto explica los altos niveles de confianza en los reyes, las Fuerzas Armadas y la Iglesia (a menos que hayan jugado un papel divisivo en el pasado). Tambin explica la atraccin de los lderes que se presentan a s mismos por encima de los partidos, al igual que la atraccin de las coaliciones de todos los partidos o de las grandes coaliciones. Explica igualmente el resentimiento hacia la acritud de la poltica partidista. Sin embargo, al mismo tiempo, la gente siente que algo est mal cuando todos los partidos son lo mismo, al percibir correctamente que los conflictos en la sociedad tienen que ser articulados por los partidos. De esta manera, los partidos se enfrentan inevitablemente con expectativas contradictorias por parte de los ciudadanos.

La competencia, sin tener en cuenta quin gane, rompe con la unidad, el consenso y la idea de que una solucin puede ser buena para todos. En su ensayo Soziologie der Konkurrenz, Georg Simmel (1995 [1908]) analiz los sentimientos ambivalentes generados por la competencia. Como observ Simmel, esta ambivalencia es exacerbada por la competencia negativa cuando, ms que apelar basndose en la calidad del propio producto, uno intenta desacreditar a su competidor. En las democracias contemporneas, donde los temas son complejos, las ideologas cada vez menos vinculantes y la poltica est personalizada, las campaas negativas no benefician necesariamente a quienes las emplean. Contribuyen, en cambio, al cinismo sobre la poltica.

Incluso cuando la gente entiende la necesidad de la competencia para alcanzar objetivos colectivos, intereses de poltica pblica y valores ideales ^la competencia partidista es tambin competencia por el poder entre contendientes con un componente egosta que es menos admirable. Los partidos son los principales protagonistas en esa lucha, y no es sorprendente la reaccin negativa por parte de muchos votantes, incluso de aquellos que apoyan a uno u a otro de los contendientes. Tampoco es sorprendente que la confianza en las instituciones que estn por encima

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del conflicto no partidistas, neutrales, unificadoras e integradoras, tales como los jefes de Estado sea mayor. De esta manera, los partidos podran ser las vctimas de las contradicciones inherentes al papel fundamental que tienen en los regmenes democrticos: su funcin bsica es representar los intereses de segmentos especficos de la sociedad en el conflicto institucionalizado, mientras que la mayora de la gente contina valorando la unidad y aferrndose a la nocin irreal de que puede haber una unvoca voluntad general del pueblo.

La nocin bsica de la representacin acarrea tambin una tensin entre la necesidad de mantener la disciplina de partido (que, si no necesaria, es deseable para el gobierno eficaz, especialmente en sistemas parlamentarios) y la libertad de los legisladores individuales para decidir como individuos sus posiciones en polticas pblicas independientemente del liderazgo partidista. Esta tensin tiene sus races en las concepciones fundamentales de la representacin, as como tambin en las Constituciones, los Reglamentos parlamentarios y la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales (Presno 2000 ; Heidar y Koole 2000). Hay a este respecto algunos datos interesantes. En 1997, una encuesta realizada a votantes espaoles pidi elegir entre las afirmaciones de que dentro de los partidos debera haber mayor unidad y en los partidos lo que hay es demasiada unanimidad. Mientras que hubo una pequea diferencia sobre cul de las dos opciones fue preferida por una pluralidad de quienes apoyaron a distintos partidos donde los votantes del Partido Socialista Obrero Espaol (PSOE) y del Partido Popular (PP) eligieron mayor unidad (45 y 35 por ciento, respectivamente), y los de Izquierda Unida (IU) y los no votantes se quejaron de que hay demasiada unanimidad (por mrgenes de 35 frente a 50 por ciento, y de 33 frente a 37, respectivamente) , resulta llamativa la casi idntica divisin de la opinin en todos los subgrupos de la muestra entre estas dos ideas contrarias. En conjunto, el 40 por ciento de los espaoles prefiri mayor unidad, y el 37 por ciento percibi demasiada unanimidad. A su vez, estas opiniones estn estrechamente vinculadas a las preferencias sobre normas ms especficas de comportamiento parlamentario: un 52 por ciento de quienes deseaban mayor unidad partidaria quera tambin disciplina de partido, mientras que el 72 por ciento de los que se quejaron de la excesiva unidad prefera que los diputados fueran ms independientes para tomar sus propias decisiones.

Los conceptos de la representacin democrtica que subyacen en estas distintas preferencias son tambin relevantes en el proceso a travs del cual los candidatos son seleccionados por los partidos. Una reforma, a veces propuesta como medio para permitir o generar mayor competencia y debate dentro de los partidos, consistira en adoptar un sistema de primarias entre los miembros del partido2. Este procedimiento podra res

2. Esto difiere del proceso de seleccin de candidaturas en Estados Unidos, donde todos los votantes (y no slo los miembros del partido) pueden emitir los votos que seleccionan a quienes

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ponder a las preocupaciones de quienes perciben demasiada unanimidad dentro de los partidos, pero su adopcin ciertamente chocara con las ideas de los insatisfechos con la ya excesiva divisin o conflicto dentro de los partidos. Para quienes ven los partidos como los proveedores de un equipo de gobierno cohesivo, la institucionalizacin de las disputas entre facciones contribuira a su insatisfaccin con ellos.

Son todos los partidos iguales, o slo sirven para dividir al pueblo?

Qu quiere decir la gente cuando dice que los partidos son todos iguales? Esta afirmacin podra ser considerada una actitud negativa, aunque tambin podra ser una descripcin realista de la creciente convergencia en muchas polticas pblicas, as como en la organizacin y funcin de los partidos. En muchas democracias hay un acuerdo considerable con este punto de vista. En Espaa, por ejemplo, el 61 por ciento de todos los encuestados (y el 71 por ciento de los no votantes) estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmacin de que los partidos se critican mucho entre s, pero en realidad son todos iguales. Ya que el apoyo a esta afirmacin fue ms bien uniforme entre los votantes de todos los partidos, incluyendo los ms importantes de los que han gobernado (58 por ciento y 60 por ciento entre los votantes del PSOE y PP, por ejemplo), no sera razonable interpretar esta respuesta como antidemocrtica o incluso antipartidista.

Y qu decir sobre el opuesto lgico de esa actitud, es decir, la creencia de que los partidos slo sirven para dividir a la gente? Probablemente, la idea de que los partidos son slo divisivos ha sido ms fuerte en el pasado, cuando era general una mayor polarizacin partidaria y social que en el presente, con partidos catch-all y el debilitamiento de las pasiones ideolgicas. Y, sin embargo, tales actitudes estn difundidas entre los espaoles (el 36 por ciento estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmacin) y entre los italianos (51 por ciento de los cuales estuvo de acuerdo con una afirmacin similar de que los partidos crean conflictos que no existen, y el 38 por ciento estuvo de acuerdo con que los partidos son todos lo mismo (Sani y Segatti 2001: tabla 4.2). Aunque tradicionalmente sta es una respuesta considerada antipartidista de los conservadores, en 1997 no hubo diferencia en Espaa entre los votantes del PP y del PSOE: 36 y el 3 7 por ciento, respectivamente, estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmacin.

Las opiniones de que todos los partidos son lo mismo y, al mismo tiempo, divisivos pueden ser fcilmente interpretadas como maneras distintas de expresar una hostilidad hacia los partidos y la poltica partidista. Lo ms sorprendente es que un nmero significativo de encuestados espaoles (un 30 por ciento) sostuvo simultneamente ambas opiniones, a

representarn a los partidos en la eleccin general; vanse Gallagher y Marsh (1988) y Scarrow, Webb y Farrell (2000).

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pesar de la aparente contradiccin entre ambas. Consistente con nuestra sospecha de que esta orientacin representa la postura ms hostil hacia los partidos, y de que el negativismo indiscriminado de este tipo es ms caracterstico de los ciudadanos alienados, es notable que tales actitudes al parecer contradictorias fueran especialmente comunes entre los no votantes y quienes lo hacen en blanco (49 y 50 por ciento, respectivamente); los niveles de acuerdo con ambas afirmaciones oscilaron desde un 34 por ciento entre los votantes de IU a un 39 por ciento entre los del PSOE y del PP. Las pautas de respuesta entre los grupos de uno u otro partido en desacuerdo con ambas afirmaciones (esto es, que implican que los partidos no slo sirven para dividir al pueblo y que no son iguales) reflejaron la misma imagen con los niveles ms bajos entre los marginales al proceso electoral (13 por ciento entre los no votantes y 16 por ciento entre los que votan en blanco), y fueron ms elevados entre los votantes de IU (36 por ciento), con los del PSOE y PP entre los dos extremos (22 y 26 por ciento, respectivamente).

El patrn de respuesta opuesto, el de que los partidos no son todos iguales y no slo dividen al pueblo, sera el ms congruente con los valores democrticos. Sin embargo, esta configuracin de actitudes es caracterstica de slo el 17 por ciento de los espaoles encuestados en 1997, e incluso menor entre los votantes en blanco (16 por ciento) y no votantes (13 por ciento). Curiosamente, los niveles ms altos se encuentran entre los partidarios de IU y el PP (26 por ciento).

El segundo patrn ms frecuente es considerar a todos lo partidos iguales sin ser divisivos (23 por ciento). Podra interpretarse como una descripcin de la poltica en una sociedad donde los partidos ms importantes son de tipo catch-all, cuyas polticas son bastante similares y en la que todos otorgan la mxima importancia a ser elegidos y llegar a gobernar. El hecho de que el 35 por ciento de los no votantes sienta de esa manera podra reflejar parte de la alienacin generada por ese estilo de competicin partidista. Sin embargo, no deberamos llegar a una interpretacin excesivamente pesimista, ya que sta es tambin la opinin del 31 y 29 por ciento de quienes votaron a los dos grandes partidos democrticos, el PSOE y el PP.

La visin de los partidos generando conflicto y no siendo todos iguales una visin conflictiva de la competencia partidista no es sostenida por mucha gente. Nos preguntamos si durante los aos 1920 y 1930 y en los aos calientes de la Guerra Fra esas actitudes podran haber estado ms difundidas. Hoy en da, slo el 4 por ciento de los espaoles mantiene esa opinin.

Deberan los partidos estar interesados en opiniones o en votos?

Uno de los indicadores ms utilizados de la actitud crtica hacia los partidos y los polticos es la pregunta del cuestionario que plantea a os encuestados si estn o no de acuerdo con la afirmacin de que los partidos

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estn interesados en los votos de la gente, pero no en sus opiniones. Un nmero significativo de personas en diferentes pases estuvo de acuerdo (HoJmberg 1999). Aunque esta pregunta est pobremente formulada, cabra argumentar tambin que la emisin de un voto positivo o negativo es una manera ms audible y efectiva de transmitir, un mensaje que simplemente expresar una opinin. Las opiniones pueden ser escuchadas o ignoradas, pero los votos no pueden ser ignorados. Por qu, entonces, tantos encuestados estn de acuerdo con esa formulacin? Quizs porque las opiniones pueden lidiar con una mirada de problemas sobre los cuales pueden tomarse distintas posturas, mientras que al votar la gente tiene que expresar una opinin sobre un paquete de temas formulados por los partidos y los polticos. Ese paquete podra no incluir las cuestiones que preocupan a un individuo concreto o a un grupo de gente. Los partidos, al agregar un gran nmero de temas, tienen inevitablemente que seleccionar las opiniones que quieren escuchar, mientras que ignoran o minimizan otras. Si uno imagina diez temas sobre los cuales los ciudadanos podran tener una clara opcin de s o no, las posibles combinaciones seran muy numerosas. Si adems intentramos ordenar esas preferencias, podramos comprobar que slo un sistema multipartidista inmanejable podra ofrecer representacin, es decir, una voz democrticamente legitimada a cada subconjunto de ciudadanos que sostienen la misma configuracin de actitudes sobre estos temas.

Ningn sistema de partidos limitado (sobre todo uno bipartidista, pero incluso un sistema multipartidista moderado) podra estar atento a cada una de estas agregaciones de opiniones de los ciudadanos. Tanto los partidos como los ciudadanos tienen que poner en orden los paquetes, seleccionando y formulando los temas para ofrecer opciones razonables pero limitadas. Por su parte, los partidos renen paquetes que atraeran la mayor cantidad de votos. Al hacer esto, intentan escuchar a una mayora, o al menos (en sistemas con representacin proporcional y mltiples partidos) a un grupo significativo de ciudadanos. Esto es distinto a escuchar a ciudadanos individuales (que podran ser numerosos, pero, como porcentaje de los votantes, insignificantes) o escuchar a lderes de opinin y grupos organizados que podran interesarse a fondo en una cuestin, pero no tener inters o capacidad para agregar temas para gobernar. La crtica de que los partidos estn solamente interesados en los votos es implcitamente una crtica a la democracia. Efectivamente, el inters de los partidos en atraer votos est vinculado a la esencia misma de la democracia: los votos son necesarios para gobernar o participar en una coalicin de gobierno, y ste es, y debera ser, el objetivo de los partidos en una democracia. Slo los partidos testimoniales que conciben las elecciones como una oportunidad para expresar su rechazo a la democracia, al Estado y/o a la Constitucin, para hacer propaganda de sus ideologas, para obtener poder de chantaje y que tienen poco inters en asumir la responsabilidad de gobernar se sienten libres para rechazar las apelaciones a los grupos

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no definidos en principio como su base electoral3; los partidos llamados a gobernar no pueden hacerlo.

Los partidos deberan representar mis intereses, pero no intereses particulares

Otra crtica dirigida a los partidos es que no les importan los intereses y los problemas de gente como yo. En suma, estos crticos creen que los temas que afectan de manera muy directa a la gente en un determinado electorado o distrito son ignorados en el proceso de formulacin de polticas pblicas. Los votantes esperan que sus representantes defiendan sus intereses y creen que los partidos son necesarios para hacerlo, pero, al mismo tiempo, son crticos con el vnculo entre los partidos y los grupos de inters. Obviamente, tienen intereses diferentes en mente, oscilando entre los intereses generales de una clase social, un grupo tnico o una comunidad religiosa, hasta intereses muy especficos, como los de una industria concreta o algn otro grupo importante en un distrito. Cuando afectan al propio grupo del individuo, son considerados como nuestros intereses o los intereses de personas como yo. Sin embargo, cuando el mismo tipo de temas involucra los intereses de otros, son peyorativamente considerados como intereses particulares.

Esta inconsistencia era menos problemtica cuando estaba basada en una construccin ideolgica (o en los valores ampliamente compartidos de una sociedad cristiana) o cuando los intereses afectados (como los de la clase trabajadora) podan ser percibidos como los de la mayora. En estas circunstancias, la promocin de esos intereses poda concebirse como el progreso hacia una sociedad mejor. Sin embargo, con la fragmentacin de los intereses en una sociedad moderna y la diseminacin de la informacin sobre cmo las polticas afectan a los intereses especficos (tales como el impacto de las polticas de la Unin Europea en industrias concretas, los derechos de pesca y la produccin agrcola), los individuos han tendido a enfocar su atencin en intereses ms especficos y particulares. Al mismo tiempo, los partidos catch-all no pueden identificarse con intereses particulares, incluso de categoras amplias como los trabajadores o campesinos, sino que deben luchar por un cierto equilibrio entre ellos. Y los partidos gobernantes (en contraste con la mayor capacidad de los partidos de oposicin para articular principios ideolgicos) se enfrentan a una gran variedad de demandas en conflicto y de responsabilidades que reducen an ms su capacidad para defender los intereses de sus bases electorales.

3. Este modo de pensar era caracterstico de los idelogos marxistas ortodoxos del Partido Social-Demcrata Alemn (SPD), quienes a fines del siglo XIX criticaban a los reformistas (como Edward David) por sus estrategias bauernfangerei (atrapa-campesinos). Debe recordarse que el triunfo de los socialistas ortodoxos produjo graves debilidades del SPD en el campo, lo que increment la disponibilidad de los votantes rurales para su captura por el partido nazi.

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De esta manera, una persona podra culparlos por no perseguir los intereses de sus bases electorales, mientras que al mismo tiempo podran ser criticados por perseguir los intereses de otra base electoral comparable (nunca vista como igualmente legtima) o los intereses particulares. As, es vrtualmente inevitable que la funcin de representacin de intereses lleve a una crtica de los partidos y de los polticos.

Algunos especialistas y un nmero significativo de ciudadanos han considerado los movimientos sociales como una opcin ms atractiva que los partidos y como la alternativa del futuro. Esta percepcin se basa en una equivocacin acerca de su naturaleza y funciones. Los movimientos sociales, generalmente centrados en un solo tema, no tienen que sopesar demandas en conflicto y hacer compromisos, y pueden movilizar el entusiasmo de minoras fuertemente comprometidas, al menos de forma temporal, de un modo como no lo pueden hacer los partidos menos ideolgicos, que intentan ganarse el apoyo de una gran y heterognea mayora de votantes. Los movimientos sociales pueden criticar fcilmente a los partidos por sus compromisos y ambigedades, contrastando su posicin idealista con el pragmatismo de los partidos que tienen que gobernar o aspiran a gobernar (Dalton y Kuechler 1990; Giugni 1998).

Corrupcin: es la culpa de los partidos?

Los partidos tambin son vistos como estrechamente vinculados con la corrupcin (Del Aguila 1995). Ciertamente, los polticos estn a menudo involucrados en la corrupcin en la forma ms flagrante de ganancia personal o de favorecimiento ilegtimo de intereses concretos. Pero la capacidad de los partidos para prevenir estos comportamientos se encuentra severamente limitada. Los partidos tienen que presentar candidatos y personal para un gran nmero de cargos electivos y designados, desde concejales hasta primeros ministros, y es obviamente imposible para la organizacin central del partido adquirir pleno conocimiento sobre la honestidad de sus miles de candidatos. La vulnerabilidad del partido se extiende an ms por las prcticas que intentan fomentar la democratizacin, al sustituir a los funcionarios profesionales por individuos designados por los partidos en un espectro de instituciones pblicas: consejos judiciales, agencias reguladoras de medios de difusin pblicos, consejos universitarios, consejos de administracin de cajas de ahorro, comisiones de defensa del consumidor, empresas pblicas, etc. El proporz austracoo la lotizzazione italiana, y la amplia gama de patronazgo y clientelismo partidista que se encuentra en otras democracias, han posibilitado la presencia de los partidos en muchos mbitos de la sociedad (Blondel 2002). M uchos de esos puestos ofrecen oportunidades para la corrupcin, que terminan en escndalos que son resaltados por los medios y explotados por la oposicin. Muchos son tambin puestos electivos, presumiblemente para asegurar el control democrtico; pero los votantes estn

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desinformados y desinteresados, y al votar se basan en sus afinidades partidarias o ideolgicas ms que en la calificacin de los candidatos. Los partidos son as, en ltima instancia, los responsables de su seleccin y su posterior comportamiento. De esta manera, es casi inevitable la imagen de los partidos y los polticos como corruptos. En parte, est basada en la realidad (especialmente dada la creciente cobertura meditica y la explotacin por parte de los partidos de oposicin cuando los individuos son descubiertos), pero la aceptacin acrtica de esta imagen est mucho ms extendida en la opinin pblica que justificada. Quiz slo una reduccin de la presencia de los partidos en estas instituciones y de su hegemona en la sociedad civil (en el sentido gramsciano) pudiera reducir la exposicin a este tipo de acusaciones.

PERSONALIZACIN Y PROFESIONALIZACIN DE LA POLTICA

Los votantes quieren saber quin asumir el papel de primer ministro, y tienden a votar cada vez ms al partido que presenta un candidato atractivo. Votarn al partido y a sus candidatos aunque sean crticos con el programa del partido y se sientan incmodos con el candidato local, para asegurar que su lder nacional preferido asuma el poder, o incluso para impedir que sea elegido un lder menos deseable del otro partido. Por una variedad de razones, la personalizacin del liderazgo poltico ha avanzado ms que nunca, incluso en sistemas parlamentarios. Pero al mismo tiempo existe la conviccin de que la concentracin de poder en las manos de un lder nacional debilita la vida interna de un partido, impide la emergencia de lderes alternativos, refuerza tendencias oligrquicas en la cima y, por lo tanto, reduce la democracia. En este contexto, al delegar en el lder, el partido puede ser culpado por renunciar a su autonoma, es decir, a su funcin deliberadora. Pero tambin el lder puede ser culpado de matar la vida interna del partido. O, a la inversa, el partido puede ser culpado de las divisiones internas, de no apoyar al lder, al mismo tiempo que el lder es criticado por no controlar el faccionalismo dentro del partido. En cada uno de estos aspectos, o percepciones, el partido ser criticado por algunos de sus votantes.

Un problema adicional para los partidos que han producido y apoyado liderazgos personalizados o pseudocarismticos es que incluso si el lder abandona el cargo y ha perdido autoridad ante los ojos de los votantes y miembros del partido, es difcil (si no imposible) silenciarlo (como ocurri, por ejemplo, en los casos de Felipe Gonzlez y de Margaret Thatcher), y tales ex lderes continan teniendo un impacto significativo en la imagen del partido. Y en casos donde exista la divisin del trabajo entre, por una parte, lderes del partido que compiten por y ocupan cargos electivos, y, por otra, un lder que domina la organizacin del partido (como en el caso de Xavier Arzallus, el ex presidente del Partido

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Nacionalista Vasco [PNV]), puede surgir una situacin complicada en la cual el partido habla con dos voces diferentes y a menudo a diferentes audiencias. Esto en ocasiones no slo crea confusin, sino que tambin contribuye a la falta de accountability : el lder que no es elegido no puede ser hecho responsable ante los votantes, y cualquiera de sus declaraciones controvertidas o irresponsables puede ser descartada simplemente como expresin de sus opiniones privadas.

Problemas similares ocurren con el tema conexo de la profesionalizacin de la poltica. Es interesante notar que, en una sociedad que cree en el profesionalismo devocin total y competente hacia una tarea, basada en el conocimiento y la experiencia , la expresin poltico profesional tenga una connotacin negativa4. Existe una nocin implcita de que el poltico no debera ser slo poltico, alguien (para utilizar la expresin grfica de Schumpeter) que negocia con votos, sino, en ltimo trmino, un ciudadano comn. El mito democrtico por el que cualquiera debe ser elegible para competir por un cargo pblico tiene su expresin simblica en la eleccin griega por sorteo (la boul) y el mito marxista de pesca por la maana y administracin por la tarde.

La dispensabilidad para dedicarse a la poltica, sobre la que escribi M ax "Weber, ha sido reducida como consecuencia del tiempo que exige la actividad poltica. En el pasado, muchos candidatos conseguan escaos seguros, especialmente en el caso de los notables o de los lderes sindicales, por lo que no tenan que hacer campaa o mantener un estrecho contacto con las organizaciones del partido a nivel local. Las elecciones se han hecho ms frecuentes no slo en el mbito nacional sino tambin para Parlamentos regionales, gobiernos locales y el Parlamento Europeo. Esto no involucrara al liderazgo del partido nacional o a los miembros del Parlamento nacional si no fuera por el hecho de que los votantes utilizan esas elecciones para apoyar o castigar al partido en el nivel nacional. El tiempo que los medios exigen a los polticos tambin ha aumentado, adems de las demandas de la organizacin del partido, comits locales y nacionales, por no mencionar el tiempo que implica ocupar un cargo pblico. Slo un estudio sistemtico del aumento de las cargas de tales responsabilidades sobre las vidas personales y los recursos financieros de los polticos nos ayudara a apreciar la dificultad del servicio pblico electivo hoy en da. Finalmente, el debilitamiento del papel de la burocracia profesional independiente y la colonizacin partidaria de la Administracin refuerzan la profesionalizacin de la poltica y la dependencia del partido.

Al mismo tiempo, las exigencias de las profesiones modernas en el sector privado hacen difcil si no imposible para un individuo entrar en

4. El sentimiento en contra de la profesionalizacin de la poltica fue captado en Italia por Silvio Berlusconi y Forza Italia cuando argumentaron que la poltica deba ser desprofesionalizada y confiada a personas que hayan superado con xito varias pruebas en la sociedad civil (Sani y Segatti 2001).

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la poltica por un tiempo y retornar despus a su actividad. Profesiones que en el pasado podan ser actividades con dedicacin parcial requieren hoy un compromiso a tiempo completo. Quiz slo los funcionarios, los maestros y, en algunos sistemas universitarios, los acadmicos puedan retornar a sus posiciones despus de un tiempo en la poltica (aunque no es probable que un profesor, tras cuatro u ocho aos de alejamiento de su disciplina, sea nuevamente bienvenido a la academia). Es imposible pensar en el mdico-poltico en el Parlamento mientras contina atendiendo pacientes y enseando (como sabemos ocurra en la Tercera Repblica francesa). La mayor profesionalizacin de las profesiones limita inevitablemente el nmero de polticos aficionados y refuerza la tendencia a la profesionalizacin de la poltica.

Sin embargo, a pesar de la gran dificultad (si no imposibilidad) de ejercer simultneamente carreras en la vida pblica y privada, el mito de Cincinato permanece firme. Muchos ciudadanos rechazan la profesionalizacin de la poltica y continan creyendo en el poltico aficionado, quien sirve a sus conciudadanos por un tiempo pero no est dispuesto a abandonar sus otras actividades. Esta preferencia requiere la existencia de personas calificadas que hayan establecido sus carreras en profesiones del sector privado, que estn dispuestos a suspender esa actividad por un tiempo para desempear la funcin pblica y retomar sus profesiones despus de un periodo en el cargo. Por distintas razones, los cambios en la naturaleza de la poltica y en las exigencias tcnicas de muchas profesiones hacen poco realista esa trayectoria. Muchos individuos ingresan en la poltica sin haber, consolidado antes una posicin en el sector privado, que proveera de un ingreso o estatus comparable al de un legislador o funcionario pblico. Despus de una derrota electoral, encontrarn difcil volver a su carrera en el sector privado; por lo tanto, dependen del partido para que les proporcione un beneficio (por utilizar el trmino de Max Weber, originalmente del lenguaje eclesistico) en la organizacin del partido, en posiciones de patronazgo o en algn puesto pblico como embajador o mediante nombramientos en organizaciones internacionales.

Paradjicamente, quienes se oponen a la profesionalizacin estn dispuestos a apoyar normas que desalienten a la gente a entrar o quedarse en la poltica, reduciendo directa o indirectamente el vivero de donde extraer a la elite poltica. Entre aqullas se incluyen normas rgidas de incompatibilidad, diseadas para asegurar la independencia de los polticos respecto a los intereses sociales. Incluso los partidos laboristas o socialdemcratas, que por mucho tiempo contaron con lderes sindicales como candidatos a miembros del Parlamento, han establecido ahora una incompatibilidad entre el cargo sindical y el mandato parlamentario. Una encuesta del CIS revela un amplio apoyo a estas normas: una mayora de espaoles (58 por ciento) estuvo de acuerdo con que los diputados deberan abandonar cualquier actividad profesional porque eso les hara ms independientes, mientras que slo el 27 por ciento eligi la alternativa de

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que los diputados no deberan abandonar sus actividades profesionales y dedicarse exclusivamente a l poltica porque as conoceran y entenderan m ejoi los problemas de la gente corriente y estaran ms conectados con la sociedad; el 15 por ciento no emiti ninguna opinin. Podra pensarse que e:l apoyo a las normas de incompatibilidad sera ms fuerte entre los partidarios de la izquierda, mientras que la alternativa de la actividad profesional ininterrumpida sera apoyada por los votantes ms conservadores. Hay poca evidencia emprica para esta hiptesis. A pesar de que el 65 por ciento de los votantes de IU favoreci la dedicacin exclusiva, el 59 por ciento de los votantes del PSOE y el 59 por ciento del PP mantuvieron esa misma opinin, en coincidencia incluso con los votantes de un partido burgus como Convergncia i Uni (CiU).

Pero mientras estas normas hacen imposible ejercer simultneamente carreras en el sector pblico y privado, otras iniciativas populistas socavan la profesionalizacin de las carreras polticas a travs de la promulgacin de lmites de tiempo a los mandatos. Esto coloca a quienes desean ocupar un cargo electivo en una situacin extremadamente difcil. La profesionalizacin de la poltica significa que los hombres y mujeres que entran en la poltica y persiguen cargos electivos o en el partido no lo hacen como una actividad temporal y/o con dedicacin parcial, sino como una actividad a largo plazo y casi de tiempo completo. Algunos han decidido hacerlo temprano en la vida, y no han perseguido ningn otro objetivo profesional. Para ellos, la poltica es una vocacin, pero tambin una ocupacin (Berufen el doble sentido de la palabra en alemn y la concepcin de Weber 1971b [1919]). Pero la imposicin de lmites de tiempo a los mandatos concluye las carreras polticas despus de un periodo corto en el cargo, o bien expone a los polticos a enormes riesgos e inseguridad, al estar forzados a cambiar de una posicin electiva a otra, y en ambos casos independientemente de si sus bases electorales apoyaron sus desempeos en el cargo o no.

La profesionalizacin de la poltica democrtica es casi inevitable y, dentro de ciertos lmites, deseable. A la luz de las posiciones contradictorias descritas anteriormente, la crtica de algunos demcratas radicales debera ser considerada en muchos aspectos como irresponsable. Las normas y restricciones que han propuesto y promulgado para evitar la profesionalizacin de la poltica no son solamente indeseables en sus consecuencias; son contrarias al principio democrtico bsico de que la finalizacin o continuacin de un cargo electivo debe ser una decisin de los votantes representados por cada poltico.

Tenemos que preguntarnos cmo harn los partidos en el futuro para servir como canal para la profesin poltica, como un mecanismo de reclutamiento de elites, cuando muy poca gente est dispuesta a afiliarse a ellos. Es cierto que el nmero de cargos electivos en cualquier sociedad es relativamente pequeo, pero sabemos, gracias a los estudios de elite en muchos campos, que tiene que haber un semillero relativamente grande

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para producir los pocos candidatos cualificados y motivados necesarios para esos puestos. Los partidos pueden reclutar de los movimientos sociales, pero podra haber alguna dificultad para que las personas muy comprometidas con un tema nico aceptaran los mltiples papeles y compromisos requeridos por la poltica partidista. Existe, especialmente en los niveles ms altos, la posibilidad de la entrada lateral sobre la base de la experiencia en las profesiones, la universidad, la academia, los negocios, los liderazgos de grupos de inters y la burocracia. Tienen los as reclutados las calificaciones que pensamos necesarias para el liderazgo poltico, incluyendo la capacidad para comunicarse con los votantes y para articular las esperanzas y temores de una sociedad? Hay un vivero de polticos en la poltica y en los gobiernos locales y regionales, pero cuntos seran reacios a mudarse de ese contexto familiar para enfrentarse con las incertidumbres, los desafos y sacrificios requeridos frecuentemente a quienes persiguen cargos electivos a nivel nacional?

Necesitamos saber ms acerca de los incentivos y desincentivos para entrar en la poltica en las democracias contemporneas. Sabemos an menos acerca de cmo estas motivaciones afectan a la calidad de la poltica. Para estudiar esto tenemos que investigar a los polticos individuales y a la poltica micro en varios niveles. Qu imagen proyectan los partidos al electorado cuando introducen cuotas por edad, gnero, etnia, y ms an cuando esto significa el desplazamiento o la postergacin de valiosos representantes elegidos y/o de miembros leales y experimentados?

PARTIDOS, DINERO Y DEMOCRACIA DE PARTIDOS

Los partidos cuestan dinero: pero no el mo, ni el de mis impuestos, ni el de grupos de inters

La cuestin del dinero en la poltica tambin ha generado mucha hostilidad hacia los partidos y los polticos. Los ciudadanos y los polticos son reacios a admitir que la poltica democrtica en una sociedad de masas es muy cara, y, como en varios otros temas discutidos anteriormente, los ciudadanos tienen sentimientos contradictorios. La gente est menos dispuesta a hacerse miembro, dar dinero y prestar servicios a sus partidos. Pero tambin se queja de cmo los partidos financian sus actividades, tanto legal como ilegalmente. Una vez ms encontramos una ambivalencia bsica. Los partidos y sus actividades son considerados necesarios, pero el votante no est dispuesto a mantenerlos, y al mismo tiempo no le gustan las formas alternativas de financiarlos, especialmente aquellas que implican fondos privados (que podran crear vnculos con los grupos de inters y llevar a prcticas corruptas) o la financiacin pblica a travs de sus impuestos.

Estn los ciudadanos, los miembros del partido, los que apoyan a uno

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u otro candidato o faccin dentro de un partido, dispuestos a pagar por la oportunidad de elegir? Debera el contribuyente que no es miembro de un partido y que podra no estar interesado en votar, pagar por esa oportunidad? Si no, cul debera ser entonces la fuente de los fondos necesarios para sostener la actividad de un partido? Podran ser cuotas pagadas por los miembros del partido, subsidios pblicos, deducciones de los salarios de los funcionarios electos, actividades comerciales legtimas de los partidos? Cmo garantizar la equidad no oligrquica en el acceso a tales fondos? O debera este proceso basarse en las contribuciones privadas voluntarias de los partidarios? Cabra permitir a los candidatos la utilizacin de su propio dinero, que despus de todo deberan ser libres para gastar en un objetivo pblico? Debera permitrsele a los candidatos estar involucrados en recaudarlo?

Datos de encuestas en Espaa indican que la gente est dispuesta a votar por los partidos. Pero cuando se le pregunt qu hara si el partido por el que usted siente ms simpata o que est ms prximo a sus propias ideas le pide que contribuya econmicamente en alguna actividad propia del partido, slo el 22 por ciento respondi que probablemente contribuira, mientras que casi el 68 por ciento contest que haba poca o ninguna posibilidad de que apoyara financieramente a los partidos (con un 43 por ciento de estos encuestados respondiendo definitivamente no). Como puede observarse en la tabla 9 .3 , slo entre quienes apoyaron a IU, ms de uno de cada cuatro votantes expres una disposicin a contribuir, mientras que aquellos que votaron al PP y al PSOE se manifestaron igualmente reacios a apoyar financieramente a sus partidos. Estos datos rebelan claramente que los partidos pueden recibir apoyo electoral de muchos votantes, pero la inmensa mayora de ellos es free-rider.

Una situacin ligeramente diferente aparece cuando examinamos estas respuestas a partir del auto-posicionamiento de los encuestados en el continuo izquierda-derecha. Mientras que slo una minora de los encuestados en cada punto de la escala expres su predisposicin a apoyar financieramente a los partidos, los situados en los extremos de la escala estaban ms dispuestos a contribuir a los partidos que los del centro: el 36 y el 33 por ciento, respectivamente, de los situados en las posiciones1 o 2 (extrema izquierda) y en las posiciones 9 y 10 (extrema derecha) dijeron que exista bastante probabilidad de que apoyaran as financieramente a los partidos, en comparacin con slo el 22 por ciento de aquellos que se situaban en el centro de la escala. Los que respondieron no sabe o rehusaron colocarse en el continuo ideolgico fueron los menos dispuestos de todos a apoyar a los partidos (con slo el 10 o el 11 por ciento manifestando su disposicin a hacerlo). Estos datos sugieren que, mientras la creciente moderacin podra haber contribuido a la estabilidad y consolidacin del rgimen democrtico espaol actual (en contraste con la polarizacin ideolgica que caracteriz a la Segunda Repblica en 1931-1936), una consecuencia desafortunada del debilitamiento de la

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Tabla 9.3. D ispo n ibilid a d para c o n t r ib u ir e c o n m ic a m e n t e a un pa rtid o enELECCIONES GENERALES EN ESPAA, POR PARTIDO VOTADO, 1997

P artid o v o t a d o en 1996Disponibilidad IV PSOE PP CiV N o vot M uestra

Contribuira con toda probabilidad

11 7 6 4 3 6

Contribuira con bastante probabilidad

25 19 19 17 11 16

Habra pocas posibilidades de que contribuyera

32 28 26 27 19 25

No contribuira de ninguna manera

26 36 40 48 56 43

No sabe 6 10 9 4 10 9

(NJ (186) (663) (605) (75) (268) (2.439)

Fuente: Banco de Datos del CIS, estudio # 2.240, 1997.

intensidad ideolgica podra ser una disminucin de las contribuciones econmicas a los partidos polticos.

A partir de la experiencia americana, conocemos los peligros y abusos conectados con el dinero en la poltica. Regulmosla, limitndola bajo la supervisin de las comisiones reguladoras estatales o el poder judicial (aunque a costa de la autorregulacin por los partidos como organizaciones voluntarias). Sin tales controles, el dinero (ms que los votos) se vuelve decisivo para determinar el resultado de importantes debates de polticas pblicas. En las dcadas de 1920 y 1930, cuando los temas eran altamente ideolgicos, cuestiones de vida o muerte, conflictos existen- ciales, no haba escasez de voluntarios o de contribuciones masivas de los miembros ms humildes de los partidos. Podr eso ser cierto en la poltica contempornea, ms racional y menos emocional? Probablemente no. Pero entonces otras motivaciones de menor idealismo ideolgico sern ms importantes.

Los partidos deberan ser ms democrticos; pero qu significa eso?

En aos recientes han surgido numerosas demandas vagamente formuladas para incrementar la democracia intrapartidista cuyo significado e implicaciones son no poco confusas. Qu significa exigir candidatos ms personalizados y rechazar las listas cerradas en sistemas de eleccin pro

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porcional, dado el bajo nivel de conocimiento de los candidatos individuales, incluso de cargos tan visibles como los miembros del gobierno? En el contexto de los grandes distritos electorales existentes en las reas metropolitanas, cmo podran los votantes ejercer una opcin informada sin campaas adicionales, que acarrearan gastos considerables y tiempo televisivo? Cambiaran realmente el comportamiento y los sentimientos de los votantes que estn, al mismo tiempo, cada vez ms comprometidos a elegir a un partido e incluso a un determinado lder para formar el gobierno?

Desde los escritos de Robert Michels (1962 [1911]), la cuestin de la democracia interna del partido ha sido intensamente debatida. Incluso los estatutos de los partidos incluyen requisitos para que sean democrticos, es decir, gobernados democrticamente (Linz 1966). En respuesta a la crtica de su carcter oligrquico, algunos partidos han ido ms all de los lmites de la democracia representativa (tal como elecciones a congresos y rganos ejecutivos) para adoptar procedimientos de democracia directa como las primarias, en las que todos los miembros pueden votar directamente al liderazgo nacional del partido (Vargas Machuca 1998; Boix 1998b). La democracia interna del partido es vista como una cura para los males del partido, al mismo tiempo que los candidatos en competencia afirman no estar creando facciones sino defendiendo la unidad del partido, con cuyo programa se identifican. Mientras que la competencia dentro de la unidad es el leitmotiv, nadie quiere una pelea entre personalidades. Todos estos esfuerzos se caracterizan por mucha ambivalencia y un escaso anlisis sobre cmo debera organizarse tal competencia, en la ausencia de miembros muy activos y de fondos suficientes para la campaa interna del partido.

, Estos cambios deberan proporcionar un papel al demos del partido (Hpkin 2001). El problema es que el demos del partido y el demos de los ciudadanos que eligen a los miembros del Parlamento son dos demoi diferentes: uno es ms bien pequeo, el otro incluye a millones de votantes. A quin debera rendir cuentas el lder del partido, especialmente si es tambin la cabeza del gobierno? Cualquiera de las dos respuestas es probable que deje insatisfecha a mucha gente.

La democracia directa dentro de los partidos es en principio atractiva para los demcratas, pero no deberamos ignorar algunas de las consecuencias no intencionadas, a veces disfuncionales, y curiosamente no anticipadas (por muchos de sus defensores). Por qu estn siendo cuestionadas la democracia representativa dentro de los partidos, las convencioneso congresos a favor de la democracia directa, es decir, de la eleccin de los lderes a travs de primarias? Adems del sentimiento anti-poltico y el atractivo participativo de la democracia directa, podramos encontrar alguna explicacin en la manera en que han cambiado los congresos de los partidos. En lugar de ser arenas para los debates internos entre las elites del partido de nivel medio que conocen a los candidatos, se han

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convertido en la vitrina del partido, una oportunidad para la expresin pblica de solidaridad y unidad, un lugar prominente para los discursos de notables, lderes de partidos amigos e incluso lderes extranjeros. El resultado es un calendario apretado y bien planificado con anticipacin que impide el lento trabajo de los comits y los debates prolongados, que podran desorganizar tan apretado horario. El resultado final es que lo que originalmente haba sido una convencin deliberativa se ha convertido en un evento meditico. De esta manera, la convencin aparece como no democrtica, en contraste con las primarias directas.

Este sndrome incluye tambin la desconfianza hacia la representacin parlamentaria del partido, que culmina en los esfuerzos por limitar la influencia de los parlamentarios en distintos rganos del partido. El argumento en contra de un papel importante de los parlamentarios es que son nominados por la maquinaria del partido. De acuerdo con esta visin, la democracia slo puede lograrse a travs de la democratizacin del aparato o evitando ese aparato. Estos sentimientos tambin han provocado un intenso debate (desde el tiempo de Robert Michels) sobre si el partido parlamentario y su liderazgo deberan estar sujetos al control del congreso del partido. Esto podra implicar una forma de mandato imperativo e incluso una mayor dependencia de los miembros del Parlamento y del gobierno respecto del partido, en contradiccin con el mandato libre que ha dominado el pensamiento y las Constituciones de las democracias modernas. A ello debemos sumar el intento de separar el cargo de lder de la organizacin del partido del de lder del grupo parlamentario o jefe del gobierno. Esta separacin podra establecer una diarqua apoyada en bases electorales diferentes, creando una estructura de accountability ante dos cuerpos distintos: ante los miembros del partido y ante los votantes. Los problemas asociados con la diarqua son suficientemente conocidos por la historia y la sociologa.

En su origen histrico, los partidos eran agrupaciones de miembros del Parlamento con la misma opinin; luego desarrollaron organizaciones para asegurar la eleccin de sus miembros y otras organizaciones de afiliados, y finalmente evolucionaron hacia organizaciones ms o menos burocrticas y profesionales de gran escala, cuya misin principal era competir en las elecciones. En el curso de la evolucin de los partidos, los especialistas se han centrado en diferentes aspectos y niveles, pero olvidando cada vez ms al partido en el Parlamento (pero vanse von Beyme 1985; Bowler 2000 ; Heidar y Koole 2000). En consecuencia, antes de que podamos explorar efectivamente muchas de las cuestiones cruciales que han surgido de los esfuerzos actuales para democratizar a los partidos polticos, los especialistas necesitamos saber ms acerca de la naturaleza de la relacin entre la organizacin del partido y el grupo parlamentario, sobre los procesos de toma de decisiones dentro de las organizaciones partidistas y sobre las preferencias de los miembros del partido y del electorado en su conjunto.

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Democratizacin de las instituciones, pero no a la partitocrazia

Un tema central en la teora democrtica y ms especficamente en el debate sobre los partidos es que la democracia, para que funcione, requiere ms democracia esto es, que el control democrtico debera establecerse dentro de una amplia gama de instituciones sociales . Tales demandas son formuladas prestando poca o ninguna atencin a las actitudes y al comportamiento de los ciudadanos y de los miembros de los partidos, y sin analizar sus implicaciones para el gobierno democrtico del Estado. Los defensores de estos puntos de vista sostienen que los bajos niveles de participacin son simplemente una reaccin ante el estado actual de los partidos y de las instituciones polticas, y que los ciudadanos participaran ms si existiera una democratizacin ms amplia de las instituciones. Al hacer estas afirmaciones, suele contrastarse el activismo y el entusiasmo existentes dentro de los movimientos sociales con los partidos polticos, olvidando la participacin y el entusiasmo minoritario y a menudo cambiante en los propios movimientos sociales.

Comencemos primero con la democratizacin de las instituciones y con hacer electivas ms posiciones en el Estado y la sociedad. Son pocos los defensores de tales procesos que tienen en cuenta la cantidad de conocimiento necesario para realizar una opcin informada. A travs de quin y cmo podr esa informacin ser generada y distribuida, y cun dispuestos estarn los ciudadanos a hacer el esfuerzo de conocer a fondo este volumen de informacin y tener conocimiento suficiente sobre los temas en cuestin? De dnde provendrn los candidatos cualificados si recordamos las quejas acerca de la calidad de quienes se presentan para un nmero mucho menor de cargos? Si los candidatos para esas nuevas posiciones electivas fuesen propuestos por los partidos, y si la mayora de la gente continuara la mayor parte del tiempo con su hbito de votar segn su identificacin de partido, no estara esta democratizacin simplemente favoreciendo la partitocrazia, de la cual mucha gente ya se queja? Si los partidos no cumplen el papel central al nominar candidatos, quin lo har entonces, los grupos de inters, los medios o los candidatos mismos (que casi seguramente sern personas con suficientes recursos econmicos como para montar sus propias campaas)? Y si los votantes no pueden contar con la etiqueta del partido para adquirir con el mnimo esfuerzo informacin bsica acerca de cmo se ubicarn los candidatos en cuestiones claves, en qu basarn sus decisiones? Dados los extremadamente bajos niveles de informacin de gran parte de los votantes sobre las posiciones de los candidatos por debajo del liderazgo nacional de los partidos5, esta

5. Por ejemplo, las encuestas poselectorales espaolas tras las consultas de 1982 y 1993 indican que, fuera de Madrid (donde los polticos que encabezaron las listas eran los lderes nacionales de sus respectivos partidos), slo entre el 16 y el 17 por ciento de los votantes pudieron nombrar correctamente al cabeza de lista por el cual votaron para el Congreso de Diputados

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C O N C L U S I O N E S . L OS P A R T I D O S P O L I T I C O S EN LA P O L T I C A D E M O C R T I C A

ltima consideracin podra suponer un fallo fatal en las propuestas para una democratizacin ms amplia de todo tipo de instituciones sociales.

RECEPTIVIDAD, RESPONSABILIDAD Y ACCOUNTABILITY

La gente se siente incmoda ante el hecho (o la percepcin) de que los polticos estructuran sus campaas, sus posiciones y quiz cada vez ms sus polticas sobre la base de encuestas de opinin pblica y de focus groups esto es, en trminos de lo que ellos creen que atraer a los votantes. Algunos encuentran perturbadora y molesta la democracia dominada por las encuestas. Pero traduzcmoslo a otro lenguaje: los polticos deben expresar y llevar a cabo la voluntad del pueblo, o al menos de los que votan por ellos. Deberan ser receptivos. Eso es la democracia! El perseguir sus propias preferencias, ms que las de los votantes, ha sido la base de la crtica a la democracia elitista6.

Cul es, entonces, el origen de este malestar? La respuesta es compleja, pero est basada fundamentalmente en el hecho de que la responsabilidad, el liderazgo democrtico y el compromiso con valores bsicos, creencias y la (Dios no lo permita) ideologa estn siendo sacrificados a la receptividad frente a una opinin pblica difusa. El comportamiento responsable implica que se otorga la debida consideracin a las consecuencias a la relacin adecuada entre fines y medios , y esto podra implicar que se ignoren las opiniones del electorado. Los votantes no poseen los hechos, la preparacin tcnica, el conocimiento ni la experiencia que suponemos (o que al menos esperamos) tienen los polticos. Los votantes responden a una situacin inmediata, a estmulos simples, no a la complejidad de los temas o a las consecuencias a medio y largo plazo. No es sta una crtica a la democracia? No, porque la democracia dominada por las urnas ignora un elemento fundamental de la poltica democrtica: ignora a los lderes que forman, cambian o resisten las opiniones cuando consideran que estn empujando en la direccin equivocada. Liderar no significa desconocer a la gente, sino apelar a ella, explicar y justificar polticas y hacerse responsable por las acciones. Los votantes tendrn la oportunidad de premiar o castigar a los lderes en la prxima eleccin. En el fondo, la democracia es que los elegidos rindan cuentas (es decir, que sean accountable) cada cierto tiempo ante los votantes. Esa formulacin general no nos dice mucho

(Montero y Gunther 1994: 50). Mayor corroboracin sobre la falta general de conocimiento acerca de los candidatos individuales que estn por debajo de los niveles superiores del liderazgo nacional puede observarse en el comportamiento electoral respecto a las elecciones para el Senado: el factor ms importante para predecir el voto en las candidaturas al Senado fue con mucho el orden alfabtico en listas abiertas (con un ordenamiento alfabtico estricto de los candidatos en un 86 por ciento de los escaos asignados en 1993); cf. Montero y Gunther (1994: 72).

6. Para una discusin ms extensa sobre la relacin entre receptividad, responsabilidad y accountability en la poltica democrtica y en la democracia de partidos, vanse Linz (1998b) y Manin, Przeworski y Stokes (1999).

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acerca de quin rinde cuentas a quin, aunque en las democracias parlamentarias el gobierno de partidos hace que el partido y los miembros del Parlamento rindan cuentas por las acciones y polticas del gobierno que apoyaron. Sin embargo, en la prctica el partido y su liderazgo nacional son de hecho responsables tambin por las acciones de los que resultaron elegidos en otros contextos: gobiernos regionales y locales, as como legislaturas o municipios presumiblemente no elegidos o seleccionados por el liderazgo nacional del partido, sino por cuerpos electorales diferentes. No obstante, en la medida en que el partido es percibido como una unidad, las diferentes acciones de esas instituciones y personas afectan al partido en su totalidad. Al mismo tiempo, esos representantes y sus bases electorales estn dispuestos a protestar por cualquier interferencia en su autonoma. Por lo tanto, se culpa al partido y a su liderazgo por la mala conducta a nivel local o regional, y al mismo tiempo se les culpa por los intentos d controlar estos otros niveles, interfiriendo en la eleccin libre por las bases electorales o intrapartidistas relevantes. Adems, sobre todo en los Estados federales y ahora en las elecciones para el Parlamento Europeo, los votantes no se limitan a responsabilizar a los representantes por su desempeo o por sus calificaciones (sobre lo cual saben muy poco), sino que utilizan esas elecciones para expresar su descontento con el gobierno nacional, el liderazgo del partido y el Parlamento nacional. La frecuencia de las elecciones en los niveles europeo, estatal, autonmico, regional y local permite la articulacin y la expresin del descontento sin asumir la accountability hasta una fecha posterior (Linz 1998a). El partido y sus lderes pueden tambin evitar la responsabilidad y la rendicin de cuentas al no tomar decisiones difciles. Una manera es desplazar la decisin a los votantes convocando un referndum, en el que resultar probable que stos estn guiados por los partidos. Un mecanismo alternativo es sacar el tema fuera del proceso democrtico de toma de decisiones y llevarlo a los tribunales, o remitir la cuestin a rganos independientes0 a comisiones no partidistas, bien sean corporativas en su composicin (incluyendo representantes de sindicatos, asociaciones empresariales u organizaciones campesinas), bien de otro tipo. Debera notarse que este cambio de la accountability vertical de los polticos electos a la accountability horizontal de las comisiones u otros organismos no partidistas y electoralmente irresponsables va en contra del principio bsico de la responsabilidad democrtica en la formulacin de polticas pblicas.

LA DESCONFIANZA EN LOS PARTIDOS Y LA LEGITIMIDAD DE LA DEMOCRACIA

1 Cmo afecta el preocupante bajo nivel de confianza en los partidos polticos a la legitimidad de la democracia? Hay alguna evidencia que vincula la confianza en los partidos con un mayor apoyo a la democracia, y la desconfianza con un menor compromiso con la democracia y una mayor disposicin

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para considerar deseable un gobierno autoritario en ciertas circunstancias, o que no implica ninguna diferencia para gente como yo; el captulo de Torcal, Montero y Gunther contiene ms datos sobre estas cuestiones.

El examen de los datos al respecto en Espaa, Chile y Ecuador muestra un panorama complicado. En Espaa, donde la creencia general en la democracia es alta (81 por ciento), el apoyo a la democracia disminuye ligeramente al 75 por ciento entre quienes no tienen confianza en los partidos (tabla 9.4). En Ecuador, donde los niveles de apoyo a la democracia son mucho ms bajos, existe tambin una falta de relacin clara entre las actitudes hacia la democracia y la confianza en los partidos. Sin embargo, en Chile, donde el apoyo general a la democracia es del 54 por ciento y donde la alternativa autoritaria encuentra apoyo entre el 19 por ciento de los encuestados (en comparacin con el 8 por ciento en Espaa), la diferencia entre aquellos que tienen mucha o alguna confianza en los

Tabla 9.4. CONFIANZA EN LOS PARTIDOS Y ACTITUDES HACIA LA DEMOCRACIA EN Espaa, C h i le y E c u a d o r , 1997 (en p o r c e n ta je s h o r iz o n t a le s )

Confianza en los partidos

A ctitudes hac ia la dem ocracia

DemcratasAutoritariospotenciales

Indiferentes No sabe (N)

Mucha Espaa 82 12 4 3 (109)

Chile 70 10 2 3 (31)

Ecuador 54 21 17 7 (84)

Alguna Espaa 86 8 3 2 (698)

Chile 61 20 17 1 (302)

Ecuador 57 11 25 5 (135)

Poca Espaa 83 8 6 3 (955)

Chile 53 22 23 2 (440)

Ecuador 51 20 22 5 (465)

No sabe Espaa 70 4 8 18 (132)

Chile 39 6 35 20 (18)

Ecuador 60 20 20 (5)

Total Espaa 81 8 7 4 (2.481)

Chile 54 19 23 3 (1.200)

Ecuador 52 18 23 5 (1.200)

Fuente-, Latinobarmetro, 1997.

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partidos y los que tienen poca o ninguna es bastante significativa: las actitudes favorables a la democracia decrecen notablemente, del 70 al 61, al 55 y al 49 por ciento entre los subgrupos de la muestra con niveles decrecientes de confianza en los partidos. En Chile, donde la democracia es cuestionada por una parte significativa de la poblacin, la confianza en los partidos parece tener un impacto en el compromiso con la democracia. Obviamente, podra utilizarse el argumento contrario, pero nos inclinamos a pensar que la actitud hacia la democracia es anterior en el tiempo y ms relevante.

Es importante notar que, en contraste con la primera mitad del siglo X X , ya no parece que las ideas crticas sobre los polticos en el poder y los partidos vayan unidas a la defensa de ideologas alternativas a la democracia liberal. En las democracias estables no existen defensores polticamente significativos de un sistema no democrtico (un sistema sin elecciones competitivas, o uno con partido nico o sin partidos). Desde el punto de vista de la estabilidad democrtica, esto podra ser un desarrollo positivo, pero tambin ha privado a los partidos de sus defensores tradicionales. En el pasado, los demcratas comprometidos estaban dispuestos a defender el sistema e indirectamente a quienes ocupaban los puestos elegidos, ignorando sus defectos; hoy en da, la ausencia de desafos ideolgicos radicales a la democracia permite una discusin mucho ms abierta de los defectos reales de las instituciones democrticas.

OBSERVACIONES FINALES

A partir de nuestro anlisis, parece dudoso que la imagen de los partidos polticos y de los polticos pueda mejorar sustancialmente. Las ambigedades podrn ser descritas y entendidas, pero no eliminadas. Las reformas podrn servir para remendar los problemas, pero, como las primarias intrapartidistas, generan frecuentemente nuevos problemas.

Cunto pueden crecer en la poblacin, y con cierta intensidad, la insatisfaccin, la desconfianza en los partidos y los polticos (ms que en determinados lderes) sin llevar a un cuestionamiento de principio de la funcin de los partidos en una democracia, sin despertar el rechazo a la democracia representativa y sin generar la bsqueda de formas alternativas de legitimacin, como ocurri en el siglo X X corto, gracias a los atractivos ideolgicos antidemocrticos del comunismo, el fascismo, el corporativismo y el autoritarismo militar? El atractivo del populismo presidencialista anti-partido o por encima de los partidos es uno de esos peligros, como sabemos por algunos casos recientes en Amrica Latina.

; Existe poca discusin y menos investigacin an sobre las races de la insatisfaccin con los partidos polticos entre quienes creen en su necesidad y les votan regularmente. Sin un mejor entendimiento de la crtica a los partidos polticos, a la democracia representativa tal como existe

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y a los polticos, ser imposible iniciar reformas que puedan reducir esa actitud crtica. Hay un debate interminable acerca de las posibles reformas de las instituciones y dentro de los partidos, sin mucho anlisis de sus implicaciones. M i opinin es que algunos de los problemas de los partidos polticos son casi inherentes a su naturaleza, y que por lo tanto resultan difciles, si no imposibles, de corregir mediante la ingeniera institucional, que a menudo suele terminar en una mera chapuza. Afortunadamente, la ambivalencia hacia los partidos polticos que encontramos en nuestras sociedades democrticas, al menos por el momento, no ha llevado a su rechazo en principio, como lo hizo en la primera mitad del siglo xx. A pesar de que los polticos son objeto de una crtica constante, acertada o incorrecta, incluyendo la que hacen sus propios votantes, la idea de que la minora elegida tiene derecho a gobernar como resultado del proceso democrtico est menos cuestionada que en el pasado.

Estas paradojas no han estado en el centro de la investigacin sobre los partidos polticos, que en cambio se ha centrado en los sistemas de partidos, los sistemas electorales y los estudios de sociologa electoral de diferentes pases, as como tambin en la organizacin partidaria, los tipos y los modelos de partidos. Todo ello apunta a la necesidad de ampliar nuestro foco de investigacin para entender mejor el funcionamiento de los partidos polticos y la imagen que tienen los ciudadanos de ellos y de los polticos. Necesitamos saber ms acerca de los polticos de lo que podemos llegar a aprender de los estudios clsicos de elite sobre la base social y la carrera de los electos, en especial cuando hemos descubierto cmo se ha homogeneizado la elite poltica respecto a las caractersticas normalmente estudiadas. Necesitamos tambin entender mejor hasta qu punto un clima de opinin tpico, si no hostil, sobre los partidos y los polticos afecta al proceso de auto-seleccin de las elites polticas.

A partir de los temas expuestos en este captulo (ilustrados por algunos datos de encuesta de Espaa y Amrica Latina), podemos preguntarnos si ha llegado el momento de explorar nuevos temas en el estudio de los partidos en general, ms que en el partido que la gente vota. Qu imgenes tienen los votantes, qu expectativas desarrollan, qu tipo de comportamientos de los partidos frustran sus expectativas, cul es su respuesta ante diferentes sistemas de partidos y ante reformas institucionales alternativas? Estos son temas que deberan ser estudiados sin referencia a un partido determinado, aunque en el anlisis prestramos atencin a las diferencias entre quienes apoyan a distintos partidos respecto a la distribucin de esas actitudes. Al disear encuestas, deberamos intentar que fuera fcil para el encuestado expresar las opiniones que desde nuestra perspectiva de observadores acadmicos externos consideraramos contradictorias o incompatibles. Podemos esperar muchos debates sobre cmo cambiar a los partidos y muchos intentos para hacerlo, pero es dudoso que sean capaces de evitar los problemas y paradojas con los que he iniciado este captulo.

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Linz - Conclusiones Cap 9 en Politicos Viejos Conceptos y Nuevos Retos

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