Links - Estado de Derecho y Politica y Democracia Soc Globalizada

Valentn Paniagua Corazao (Per)*

Estado de derecho, poltica y democracia

en la sociedad globalizada

1. Introduccin

Hacia 1850, Lorenz von Stein pronosticaba que haba terminado la poca

de las revoluciones y de las reformas polticas para comenzar la de las revolucio-

nes y de las reformas sociales. Hace escasamente tres decenios, Manuel Garca

Pelayo1 examinando Las transformaciones del Estado contemporneo, no obs-

tante reconocer la amenaza que significaba el nacimiento de la sociedad trasna-

cional, no dudaba que el Estado-nacin no perdera del todo su capacidad de

estructurar la sociedad. La globalizacin y la trasnacionalizacin de la economa

han dado al traste con esas previsiones.

Las revoluciones del conocimiento, de las comunicaciones y de la informacin,

as como las trasformaciones producidas en todos los aspectos de la vida humana y

social en la denominada posmodernidad2 han afectado la concepcin y estructura de

la poltica, del Estado3 y de la democracia. Esa crisis (provocada por la trasnaciona-

* Catedrtico de Derecho Constitucional y profesor investigador en la Pontificia Universidad

Catlica del Per. Ex presidente del Congreso (2000-2001) y presidente de la Repblica (2000-2001).

Entre sus trabajos ms importantes se encuentran: Los orgenes del Gobierno representativo en el

Per. Las elecciones (1809-1826); Relaciones Ejecutivo-Legislativo; La justiciabilidad de los actos

poltico-jurisdiccionales del Congreso; Sistema electoral y eleccin del Congreso en el Per.

[email protected]

1 Manuel Garca Pelayo: Las transformaciones del Estado contemporneo, Alianza, Madrid,

1977, pp. 14 y 138-139.

2 La posmodernidad se caracteriza, entre otros, por los siguientes elementos: a) preeminencia

del individualismo frente a las cuestiones sociales; b) disminucin del papel de lo pblico frente a lo

privado; c) sumisin al poder del dinero sin limitaciones ticas; d) preeminencia de la mercanca

frente a cualquier otra consideracin; e) disminucin progresiva de la participacin poltica de los

ciudadanos, y f) sustitucin de la cultura por la moda.

3 El Estado de derecho apunta Diego Valads consiste en la sujecin de la actividad

estatal a la constitucin y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca,

110 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2005

lizacin de la economa y la ideologa de la economa de mercado) ha erosionado las

bases de sustento del Estado mismo y ha afectado, por cierto, las relaciones del Esta-

do con la nacin, la sociedad y los ciudadanos. Todos esos hechos han impuesto los

siguientes retos ineludibles al Estado de derecho, a la poltica, y a la democracia:

1.1. Los retos impuestos al Estado

a) Asegurar la subsistencia del Estado-nacin y la de su capacidad para articu-

lar soberanamente el inters general de la sociedad nacional, para mantener

su autonoma frente a los intereses privados que operan en el mercado y en

el contexto de la sociedad globalizada.

b) Asegurar la existencia y vigencia tanto de un sistema institucional como de

procedimientos de formulacin, decisin, ejecucin, fiscalizacin y rendi-

cin de cuentas que garanticen, respectivamente, una genuina representa-

cin de la sociedad y su participacin, a travs de los partidos polticos y, en

lo que corresponda, de las instituciones de la sociedad civil.

c) Promover la creacin de ciudadanas integrales e inclusivas mediante polti-

cas de desarrollo econmico, social, cultural, etc.

1.2. Retos impuestos a la democracia

a) Asegurar los derechos, los valores y los procedimientos democrticos con-

tra las autocracias y militarismos plebiscitarios, populistas o los sistemas

corporativos y contra los poderes fcticos nacionales, internacionales y tras-

nacionales.

b) Garantizar que las instituciones, polticas, mecanismos y procedimientos del

sistema democrtico sean instrumentos eficaces, funcionales y coherentes

con las polticas de creacin de ciudadanas integrales.

c) Asegurar el robustecimiento de los partidos como rganos de representa-

cin e intermediacin poltica frente a la creciente corporativizacin del te-

jido social.

que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los rganos del poder; el ejercicio de la

autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en trminos perjudiciales, y la obser-

vancia de los derechos individuales, sociales, culturales y polticos. Diego Valads: Los problemas

constitucionales del Estado de derecho, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico, 2002,

pp. 7-8. Elas Daz en su conocido ensayo Estado de derecho y sociedad democrtica, Taurus, Ma-

drid, 1986, octava edicin, seala los caracteres generales del Estado de derecho: a) imperio de la ley:

ley como expresin de la voluntad general; b) divisin de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; c)

control judicial y legalidad de los rganos de la administracin; d) respeto y garanta jurdico-formal

y efectiva realizacin material de derechos y libertades fundamentales, etc. Ibdem, pp. 31-42.

VALENTN PANIAGUA CORAZAO - ESTADO DE DERECHO, POLTICA Y DEMOCRACIA... 111

1.3. Retos impuestos a la poltica

a) Asegurar la preeminencia del inters general, sin desmedro de los intereses y

derechos legtimos de la persona humana, procesar las demandas de hombres y

grupos, preservar el espacio pblico de la poltica y garantizar la convivencia

pacfica de todos desde una visin de futuro, colectiva y consensualmente com-

partida frente al Estado-nacin y a la sociedad trasnacional.

b) Articular la accin de los rganos del Estado y la de las instituciones de la

sociedad civil sobre la base de consensos mnimos destinados a garantizar la

gobernabilidad poltica, la insercin en el mundo globalizado, el desarrollo

sustentable y la creacin de ciudadanas integrales e inclusivas.

c) Promover una activa y dinmica participacin ciudadana en el diseo, la

ejecucin fiscalizacin y rendicin de cuenta de las polticas por parte de los

rganos y agentes del Estado y de los usuarios y consumidores de servicios

pblicos.

Examinaremos aqu solamente los retos impuestos al Estado y la democracia

aludiendo, en cada caso, a los que conciernen a la poltica, que no analizaremos en

detalle.

2. Los retos impuestos al Estado

2.1. La subsistencia del Estado-nacin y su capacidad de articular

soberanamente los intereses de la sociedad trasnacional

La globalizacin segn Alberto Antonio Spota no es slo la trasnacio-

nalizacin de la economa. Es la forma de dominacin poltica ms poderosa

que el hombre ha conocido desde que existe historia escrita. Es el resultado de

la investigacin pura aplicada a mbitos del quehacer y de las necesidades hu-

manas que permite, precisamente, el control de ciertas franjas de dominacin

en el cosmos, el tomo y la gentica, reas en las que el hombre no haba ejerci-

do poder hasta ahora. Quienes controlan o administran esas franjas de domina-

cin no slo estn en condiciones de superar todo tipo de fronteras polticas y

sociales sino que desafan, incluso, las limitaciones ticas tradicionales y las

estructuras fundamentales del Estado de derecho. Superan, en otras palabras, no

slo las antiguas soberanas polticas y territoriales sino todas las formas de

convivencia.4 Lo cierto es que los Estados de derecho no tienen estructuras

polticas ni jurdicas para controlar esas franjas de poder globalizado ni para

4 Alberto Antonio Spota: Globalizacin y gobernabilidad en el Estado de derecho. Hay po-

sibilidad de controlar los efectos de la globalizacin?, en Anuario Iberoamericano de Justicia Cons-

titucional, n 5, Madrid, 2001, pp. 343 y 345-351.


garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos frente a quienes los ejercen,

desde luego, sin control, o con controles unilateralmente impuestos.

Estamos asistiendo como lo comprueba Fernando Vallespn a una progre-

siva reorganizacin del concepto de soberana del Estado que coincide con una cre-

ciente incapacidad por parte del mismo para estructurar su sociedad.5 Hay un proce-

so de des-estatalizacin o des-nacionalizacin del Estado por cuya virtud muy diver-

sos aspectos de la vida social y econmica escapan a su control. Se ha afectado as la

soberana del Estado, su capacidad de establecer un orden jurdico propio hacia adentro

y el reconocimiento de esa jurisdiccin exclusiva hacia afuera, as como su autono-

ma, es decir, su capacidad de modular y conformar su propia sociedad mediante

decisiones dictadas por sus rganos polticos. Si bien la primera dimensin tiene un

componente puramente jurdico-formal cuyos elementos siguen intactos (soberana),

la segunda depende de consideraciones fcticas (eficacia del Estado como rgano

central de direccin y gobierno de la sociedad), con prescindencia del sistema jurdi-

co o de los tratados internacionales.

La crisis del Estado, en lo interno, deriva en gran parte de la crisis de los siste-

mas de representacin poltica. Y esas crisis son consecuencia de dos diferentes fe-

nmenos. Unos derivan de los nuevos espacios creados por la internacionalizacin

de las relaciones polticas y la trasnacionalizacin de la economa. Otros son conse-

cuencia de procesos de redistribucin o descentralizacin territorial del poder, del

nacimiento de un nuevo escenario cultural y del surgimiento de lo que algunos han

llamado valores posmaterialistas, tales como el gnero, medio ambiente, igualdad

racial, derechos humanos, realizacin personal, paz, etc., que seran la base de un

nuevo pacto social distinto del que dio nacimiento al Estado liberal. La prdida del

soporte espacial y geogrfico del Estado ha afectado, como es natural, su significado

simblico de representacin e identidad cultural vinculada a la nacin. Como si ello

no fuera suficiente, el surgimiento de reivindicaciones regionalistas y culturales agu-

dizadas por un afn universal de autonoma ha puesto en cuestin la representativi-

dad nacional del Estado.

Esa crisis ha menoscabado tambin, de un lado, el significado de los rganos

constitucionales que encarnan la estructura del poder (congreso, ejecutivo, judicial,

etc.) y, de otro, el de las instituciones de representacin e intermediacin poltica

como los partidos polticos y, en menor proporcin, los sindicatos y otras organiza-

ciones de intermediacin social con relevancia poltica. Amagada as por los poderes

externos, tanto formales como fcticos, la autoridad del Estado-nacin ha sido mella-

da constantemente por la informalidad y, desde las sombras, por las redes siniestras

de la corrupcin y del delito.

5 Fernando Vallespn: El futuro de la poltica, Taurus, Madrid, 2000, pp. 105-106.


En lo externo, en cambio, el Estado ha sido mellado por una incesante multipli-

cacin de rganos de poder multilateral que limitan su capacidad de decisin dentro

de sus propias fronteras. Se enfrenta as a rganos de carcter poltico financiero,

comercial, laboral, cultural, tcnico, jurisdiccional (ONU, OEA, FMI, Banco Mun-

dial, BID, OIT, OMC, comisiones y tribunales internacionales, etc.) que ejercen po-

deres, a veces incontestables, que afectan su soberana y hasta los derechos y el des-

tino de sus ciudadanos. Joseph Stiglitz ha descrito el fenmeno magistralmente:

La globalizacin, tal como ha sido defendida, a menudo parece sustituir las antiguasdictaduras de las elites nacionales por las nuevas dictaduras de las finanzasinternacionales. A los pases de hecho se les avisa que si no respetan determinadascondiciones, los mercados de capitales o el FMI se negarn a prestarles dinero. Enesencia son forzados a renunciar a una parte de su soberana y dejar que los caprichososmercados de capitales incluidos los especuladores, cuyo nico afn es el corto plazoy no el crecimiento a largo plazo del pas ni la mejora de sus condiciones de vida losdisciplinen aleccionndolos sobre lo que deben y no deben hacer.6

Algunos creen que el avance inexorable de la globalizacin arrasar con la

estructura actual del Estado para retornar o a una situacin muy parecida a la del

estado de naturaleza hobbesiano o bien a organizaciones supranacionales que

puedan ejercer adecuadamente el poder poltico. En la primera hiptesis, la so-

berana del Estado pasara a los futuros estados supranacionales, convirtindo-

se as en partes o nodos de una red ms amplia (Manuel Castells). En la segun-

da, el auge de lo local que est surgiendo al calor de la globalizacin puede

hacer que los estados desaparezcan, siendo sustituidos por otras formas de re-

presentacin ciudadana que de pie a una integracin mundial fundada sobre el

Derecho (G. Juregui). No faltan los que creen que el Estado-nacin continuar

existiendo y, en algunos casos, llegar a hacerse ms fuerte desde que ni siquiera

los pases ms poderosos son capaces de ofrecer una respuesta efectiva a ciertos

problemas globales como el crimen organizado internacional, los problemas eco-

lgicos, las desigualdades econmicas y sociales, etc.7

6 Joseph Stiglitz: El malestar de la globalizacin, Taurus, Buenos Aires, 2002, p. 342.7 OConnor en su obra sobre la crisis fiscal del Estado menciona las ambigedades y contra-

dicciones del discurso neoliberal, pues, mientras por un lado, apelando a la racionalidad del mercado,

pide disminucin de impuestos, supresin de las normas reguladoras del empleo, parlisis estatal en la

accin asistencial; por otro, no renuncia a acudir al Estado en demanda de auxilio para empresas en

bancarrota destrozadas por el propio sistema de mercado.

La contradiccin es ms evidente, y saltan a la vista, en la contraposicin realizada por el

neoliberalismo entre el mercado y el Estado, cuando se producen las disfuncionalidades internas y

los conflictos sociales anexos a vida del mercado que ponen en peligro su propia existencia, pues

para poder desenvolverse, el mercado necesita un mnimo de orden social sin el cual no puede funcio-

nar. Pedro de Vega: Neoliberalismo y Estado, en Pensamiento Constitucional, n 4, ao IV, Lima,

1997, pp. 34-35.


Segn Lima Torrado, es obvio que los problemas globales requieren soluciones

globales, y a eso an no hemos llegado.8 Hay quienes sostienen que para la propia

sobrevivencia del Estado se hace necesario buscar una reorganizacin ciudadana

partiendo de las limitaciones de este nuevo Estado. Adam Przeworski se inclina por

la creacin de un nuevo concepto de democracia, sin estados ni fronteras, que impli-

que un retorno a la responsabilidad individual, a hacer sentir a las personas como

partes de la realidad y capaces de modificarla. Persuadir a las personas de que su

opinin sigue siendo importante, y que la democracia no se agota necesariamente en

el voto poltico que pueden ejercer cada cierto tiempo aunque tenga cada vez menos

valor.9

Cualquiera sea la posicin, es un hecho que el Estado, privado de su soporte

geogrfico y espacial, no existe. Jams podr ejercitar el poder que le permiti im-

plantar jurdicamente el ideal de libertad como ha dicho Garca de Enterra lega-

lizando el poder y la vida social y estableciendo un mbito de vida personal sobre la

base de la predictibilidad y la certeza de las normas, o sea, de los valores de seguridad

jurdica y de certeza del derecho.10 Ello exige, a juicio de Vallespn, que el Estado sea

un mediador eficaz y un catalizador dentro del mbito de su accin directa a fin de

participar apropiadamente en la gobernacin global.

3. Cauces para garantizar un Estado genuinamente representativo

3.1. Estado, representacin y crisis de la poltica

La ideologa del mercado que contradice frontalmente la ideologa del constitu-

cionalismo11 ha debilitado las instituciones democrtico-jurdicas nacidas con el Es-

tado liberal. Ms an: ha erosionado tambin la relacin Estado-sociedad, ya que ha

trastornado las tradicionales relaciones de convivencia social. La trasnacionaliza-

cin de la economa segn Joseph Stiglitz no slo conspira contra los valores

tradicionales y culturales, sino que socava tambin la democracia. Es cierto que los

pases pueden elegir el grado al que desean someterse a los mercados internacionales

de capitales. Sin embargo, aade el mismo Stiglitz: Mientras la globalizacin sea

8 Jess Lima Torrado: Globalizacin y derechos humanos, en Anuario de Filosofa del De-

recho, tomo XVII, Madrid, 2000, p. 61.9 Adam Przeworski: Sustainable Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Citado por Iigo de Miguel. Hacia el fin del Estado Nacin?, en Cuadernos Electrnicos de Filo-

sofa del Derecho, n 5/2000, http://www.uv.es/CEFD/Index_5.html.10 Eduardo Garca de Enterra: La democracia y el lugar de la ley, en El derecho, la ley y el

juez. Dos estudios, Civitas, Madrid, 1997, p. 40.11 El liberalismo considera no slo necesario sino legtimo y conveniente el libre ejercicio del

poder econmico en el mercado. El constitucionalismo, por el contrario, es el intento de limitar el

ejercicio del poder por el derecho.


presentada del modo en que lo ha sido, representa una privacin de derechos civiles

y polticos.

El desplazamiento de la institucin estatal por otros grupos de inters tiene un im-

pacto inmediato y directo tambin sobre la idea de representacin democrtica. Las

distorsiones en el funcionamiento de los canales de mediacin entre sociedad y sistema

poltico remarca Fernando Vallespn afectan sobre todo al concepto de la represen-

tacin [] por la creciente corporativizacin de los intereses.12 La representacin pol-

tica ha perdido el protagonismo de antao; no ejerce ya la mediacin exclusiva entre

sociedad y Estado y ha abierto el camino a otras instituciones de intermediacin social.

La democracia, en ese contexto, pierde razn de ser, desde que reposa, precisamente,

sobre la representacin poltica. El debilitamiento tanto de una como de otra, por fin,

afectan el vigor del Estado de derecho que naci, entre otros objetos, para disciplinar las

relaciones de la sociedad y el Estado en un clima de libertad.

Las causas de la crisis de representacin son, en parte, las mismas que han

llevado al Estado-nacin al borde del colapso: el debilitamiento y desprestigio de la

solidaridad y la cohesin social por la sugestin del individualismo o, como quiere

Anthony Giddens, por el ascenso del nuevo individualismo.13 Las consecuencias

inevitables de la impotencia estatal son sin duda las crisis de la poltica en el estado

nacional, de la representacin poltica, es decir de los partidos, y de la democracia

como cauces de intermediacin, procesamiento y solucin de las demandas sociales.

Y es que han surgido, en medio de esta situacin confusa y convulsa, nuevos actores

que, de hecho, sustituyen a los partidos como protagonistas del quehacer poltico y

social. Y as, casi insensiblemente, han sustituido tambin la poltica (como quehacer

destinado a organizar los intereses generales de la sociedad y, con ello, la conviven-

cia colectiva) por la representacin y defensa de intereses especficos bajo una clara

pero tambin muy agresiva mentalidad corporativa sin asumir, naturalmente, las res-

ponsabilidades jurdicas y polticas de los partidos. Estn entre tales actores: los medios

de comunicacin, la tecnocracia, la sociedad civil, las ONG, movimientos regionales

y las comunidades raciales y culturales, dentro y fuera de los Estados nacionales. Por

el carcter circunscrito de sus visiones no han logrado ni podran contribuir a lograr

la integracin y cohesin sociales que, en cambio, alcanzaron la poltica y los parti-

dos polticos a los que, sin embargo, se debilitan si no hieren de muerte con lo que

algunos han llamado la vdeopoltica y la poltica supletoria.

12 Vallespn: o. cit., p. 174.

13 Anthony Giddens: La tercera va. La renovacin de la socialdemocracia, Taurus, Madrid,

1999, p. 46.


3.2. La funcin integradora del Estado-nacin

Frente al panorama ya descrito cabe preguntarse: Qu va a ocurrir con el Esta-

do? Va a seguir siendo el agente esencial de la accin poltica o va a ser sustituido

por otro tipo de institucin capaz de contrapesar la imparable pujanza de la econo-

ma? El Estado-nacin continuar siendo el agente esencial en la formacin del

derecho, o ser finalmente suplantado por otro tipo de institucin? Cumplir la enorme

responsabilidad de conciliar los intereses privados frente a los intereses corporativi-

zados? Habr una reformulacin del sistema de representacin? No hay an por

cierto respuestas satisfactorias, ni en la doctrina ni en la poltica, frente a tan acucian-

tes cuestiones. Hallarlas es uno de los retos impuestos a los hombres de derecho.

La democracia representativa se legitim porque logr transformar la verdad

social en verdad poltica por intermediacin, precisamente, de los partidos polticos

que, a juicio de algunos como Pedro de Vega, no son los causantes de la destruccin

del orden liberal sino un reflejo de la contradiccin y fragmentacin, producida

previamente en el orden social. Frente a este panorama hay quienes postulan nuevas

frmulas de representacin e intermediacin. Unos pocos, apelando al democratismo

liberal de origen rousseauniano, preconizan la vuelta a la democracia directa. La

receta conduce a la democracia plebiscitaria que sustituye el Estado de partidos por

la organizacin totalitaria del Estado-partido. Hay quienes, como se ha visto, desde

las ms extremas posiciones del fundamentalismo liberal (Hayek, Nozick, Fukuya-

ma) pretenden construir la legitimidad democrtica ya no en el mbito del Estado,

sino en el seno de la sociedad y el mercado.14

Ms all de cualesquiera extremos, es un hecho que la democracia requiere de

algunos elementos insustituibles perfectamente identificables: pueblo, mecanismos

de participacin popular y decisiones congruentes con el inters general de los go-

bernados tanto con relacin a los gobernantes como a los intereses populares propia-

mente dichos. Pero, es un hecho tambin que la democracia requiere de una base

material y territorial y poltica insustituible cuando menos hasta hoy que es el

Estado-nacin. Esa exigencia mnima no rie, por cierto, con una eventual multipli-

cacin de escenarios democrticos ya dentro del Estado-nacin, ya en mbitos supra-

nacionales o universales, a condicin, exclusivamente, que el Estado cumpla la fun-

cin integradora que le corresponde y sea capaz de generar o suscitar sentimientos o

corrientes de identidad y pertenencia ante una mltiple ciudadana, local, regional,

nacional, continental o universal. Tal posibilidad est ligada, sin duda, a los partidos

que, como la democracia misma, parecen ser, hasta ahora, los cauces menos malos de

intermediacin y representacin popular.

14 Pedro de Vega: En torno a la crisis de las ideas de representacin y de legitimidad en la

democracia actual, Universidad Externado de Colombia-Instituto de Estudios Constitucionales Car-

los Restrepo Piedrahita, Bogot, 1996, pp. 25-28.


4. El problema del Estado-bienestar y de la construccin de ciudadanas

reales e inclusivas

La ciudadana naci en el mundo como una relacin de pertenencia a un Estado

y de sujecin a un gobierno. Es decir, un estatus formal de derechos y obligaciones de

la persona frente a su Estado y a su sociedad en un espacio geogrfico y poltico

determinado. Ese concepto, ahora, est parcialmente en crisis. En una primera etapa,

bast para que existiera, el reconocimiento o la proteccin del Estado y se tradujo

luego en la pretensin concreta de prestaciones sociales y estatales frente a Estados

ms o menos dispuestos a crear condiciones materiales y culturales para su goce. La

globalizacin que ha creado nuevos poderes ha generado, tambin, nuevos derechos

(relaciones de gnero, comunicaciones, creatividad, espacio ambiental, globalidad

mundial, etc.). Paradjicamente, ha reducido, cuando no ha destruido, los espacios

territoriales, las instituciones y los instrumentos o mecanismos de goce de esos dere-

chos. Se ha producido as, de un lado, una crisis de la ciudadana que se traduce en

una creciente desproteccin de los derechos humanos, en una crisis del estado nacio-

nal y en una crisis de representacin poltica que se expresa en la quiebra o debilita-

miento de la legitimidad y representatividad del Estado y de la poltica, como ya se

mencion.

La conversin en ciudadanos del mundo, hecho a que nos vemos sometidos por

necesidad y exigencia del mercado, slo puede producirse a costa de la renuncia,

cada vez ms pavorosa, de nuestra condicin de ciudadanos en la rbita poltica del

Estado, dentro de la cual el hombre es, ante todo, portador de unos derechos que en

todo momento puede hacer valer frente al poder. Desvanecida as la ciudadana, dif-

cilmente se podr alegar derechos y esgrimir libertades (que es, a la postre donde

radica la esencia de la ciudadana), ante unos poderes que sigilosamente ocultan su

presencia.15

4.1. La destruccin del Estado-bienestar

La sociedad de consumo, fruto de la globalizacin, que ha producido una revo-

lucin de expectativas que los Estados no estn condiciones de satisfacer, ha desen-

cadenado tambin la crisis de las relaciones Estado-sociedad y Estado-ciudadano.

Esa crisis se ha agudizado en los ltimos tiempos. Los partidarios del mercado lu-

chan, desde hace dos centurias, por un Estado mnimo y neutral. Siguiendo esa inspi-

racin el neoliberalismo ha logrado, en la prctica, deslegitimar el Estado-bienestar.

Ms an. La ha emprendido contra el Estado mismo en cuanto defensor dice Pedro

15 Pedro de Vega: Mundializacin y derecho constitucional: para una palingenesia de la rea-

lidad constitucional. Bogot, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 1998,

p. 14.


de Vega de la lgica del inters general frente a la lgica de los intereses individua-

les que operan en el mercado. Las polticas pblicas impuestas por los organismos

internacionales, en la ltima dcada, han significado la reduccin cuando no el des-

mantelamiento del Estado-bienestar, y con l, la de su capacidad de decisin econ-

mica y social. Acosado por permanentes demandas de participacin, de descentrali-

zacin y privatizacin de lo pblico, el Estado mnimo que ha trado consigo el neo-

liberalismo sufre la presin incesante de los intereses corporativos. Reclaman la sa-

tisfaccin de sus demandas y pretenden desplazar al Estado en su papel directivo y

conductor de los intereses generales en un claro intento de sustituir la relacin hist-

rica de sociedad-Estado por la de sociedad-mercado.

El neoliberalismo segn el mismo Pedro de Vega redujo los problemas del

Estado-bienestar a sus evidentes problemas de escasez de recursos y no de distribu-

cin de la riqueza o de equidad. Ha logrado as que la polmica en torno del Estado se

centre en el mbito del crecimiento econmico. La ha reducido as a una mera discu-

sin cuantitativa sobre la aceptacin o el rechazo de mayores o menores niveles de

tributacin, de crecimiento, presupuesto, dficit, inflacin, desempleo y aumento o

reduccin de las prestaciones sociales. Con lo cual, la discusin se convierte en un

pretexto para ignorar y silenciar los ms graves interrogantes polticos que nos ago-

bian y cuyo planteamiento se pretende eludir. Entre ellos, los problemas de justicia

y equidad.

A pesar o, quin sabe, precisamente porque el neoliberalismo ha centrado su

atencin en los aspectos materiales, no puede olvidarse que, en los siglos XVIII y

XIX, se crea que la libertad independientemente de las condiciones materiales de

vida era una exigencia de la dignidad humana. Hoy, en cambio, el logro de un

estatus econmico compatible con la dignidad humana es la condicin sine qua non

para la existencia y vigencia de la libertad. Tal conviccin derivada del desarrollo

logrado por el hombre rie, sin duda alguna, con el fro economicismo que caracteri-

za a las posiciones antiestatistas que persiguen como objetivo bsico el desmantela-

miento sin ms, del Estado-bienestar y que ha provocado, en el mundo de hoy, lo que

David Held ha llamado el desfase moral y que se expresa en estas cifras, en verdad

escalofriantes.

Hay en el mundo 1.200 millones de personas que sobreviven con menos de un

dlar diario y el 46% de la poblacin mundial debe contentarse con menos de dos

dlares diarios, en tanto que el 20% de la poblacin mundial disfruta del 80% de las

rentas que produce la tierra. Frente a este panorama, aparece una sociedad dispendio-

sa e insensible que gasta en bienes superfluos. Naciones Unidas gasta anualmente

1.250 millones de dlares en viajes de sus funcionarios (sin contar las misiones de

paz). Estados Unidos acusa un gasto anual en confitera de 27.000 millones de dla-

res; en alcohol, 70.000 millones de dlares; en automviles, ms de 550.000 millones

de dlares; 4.000 millones de dlares en cosmticos, casi 20.000 millones en joyas y

17.000 millones (en Estados Unidos y Europa) en comidas para mascotas. Sin embar-


go 50.000 personas mueren diariamente en el mundo de desnutricin y pobreza rela-

cionadas con estas causas.16

5. La democracia

5.1. El imperio universal de la democracia

La cada del muro de Berln y el derrumbe espectacular del comunismo no ha

sido, por cierto, el fin de la historia sino el nacimiento de una era de incgnitas e

incertidumbres pero tambin de esperanza. Como ha dicho Sartori recordando a

Ortega y Gasset, ha cambiado el tema de nuestro tiempo. La legitimacin demo-

crtica campea victoriosa, despus de haber derrotado la legitimacin divina o la

hereditaria y, luego, al mito marxista-lenininista. Se enfrenta ahora slo a un enemi-

go: la espada, esto es la fuerza y, por cierto y por encima de todo, a s misma. Ha

llegado la hora de su verdad, es decir, de enfrentar lo que Bobbio llam con tanto

acierto sus falsas promesas.

La dcada que ha pasado prueba que ha logrado prevalecer incluso contra ellas.

El mundo desarrollado ofrece el espectculo de una democracia que es principal-

mente un conjunto de reglas procesales17 que ha encontrado un camino auspicioso

para darle vida a pesar de las transformaciones operadas en la economa, en el Estado

y en una sociedad civil cada vez ms exigente, autnoma y ansiosa de participacin.

Sus ideales la tolerancia, la no violencia, la renovacin gradual mediante el libre

debate de las ideas y, desde luego, el sueo de la fraternidad universal se mantie-

nen inclumes y subsisten aun como la promesa de un mundo ms humano aunque

slo para quienes han logrado altas cotas de desarrollo. No es sa, por cierto, la

perspectiva de las democracias de la Amrica Latina.

5.2. Democracia y autocracia

El sueo democrtico est an turbado por esa guerra de guerrillas desencade-

nadas por nuestros militarismos cerriles e indciles, por aventuras de violencia social

o terrorista que han socavado los cimientos de nuestros sistemas democrticos y cons-

titucionales cuando no por una violencia estructural que, silenciosamente, niega po-

sibilidades y cauces de participacin a nuestros pueblos. La aprobacin de la Carta

Democrtica Interamericana (CDI) que permite someter a interdiccin internacio-

16 David Held: La globalizacin tras el 11 de septiembre, en El Pas, Madrid, 8 de julio de

2002.

17 La democracia no es, por cierto, slo un conjunto de reglas procesales. Responde a ideales.

Segn Bobbio: el ideal de la tolerancia, de la no violencia. Segn Karl Popper: el ideal de la renova-

cin gradual de la sociedad mediante el libre debate de las ideas y el cambio de mentalidad y el ideal

de la fraternidad.


nal a los regmenes que niegan el derecho a la democracia o conspiran contra la

libertad electoral de nuestros pueblos ha abierto un resquicio de esperanza frente a

la amenaza latente de las autocracias que acechan, de modo permanente, a nuestras

democracias.

La CDI es un instrumento necesario pero no suficiente. Es preciso darle vida

pero tambin ampliarla y perfeccionarla. Sin embargo, con ella, no podremos poner

fin a su debilidad estructural, ni a su tolerancia frente a la corrupcin que tanto lasti-

ma los sentimientos ticos de nuestras sociedades. No permitir institucionalizar el

juego poltico ni robustecer a los partidos polticos, ni despertar de la apata o de la

indiferencia con que nuestras sociedades toleran la conspiracin, abierta o encubier-

ta, contra su libertad, por obra, ya de claras tendencias corporativas, o de una peculiar

pero inconveniente competencia de los medios de comunicacin que pretenden dis-

putar a las organizaciones polticas sus funciones de intermediacin y de orientacin

de la opinin pblica continental. Por ello mismo, nuestras democracias carecen de

prestigio y credibilidad y, con frecuencia, de legitimacin. Son as democracias sin

pueblos organizados, y sin alma y sin fe en su propio destino. Democracias que pug-

nan con sociedades cerradas y hermticas a los cambios sociales. En parte, porque

son tambin muy dbiles las identidades nacionales y, por ello mismo, incapaces de

definir proyectos sugestivos de vida en comn y quehaceres histricos, asumidos por

todos, y que asignen a las instituciones y a los hombres tareas y responsabilidades en

la construccin de ese futuro comn que, como toda obra histrica, es siempre tarea

colectiva.

5.3. Democracia y ciudadana integral

Nuestras democracias, apenas electorales, tampoco han sido capaces de crear

ciudadanas integrales, en lo poltico, en lo econmico, social, cultural, etc. Se ha

olvidado que ese es el ms firme soporte del sistema y el pasaporte para la estabili-

dad, la seguridad y para el crecimiento y el desarrollo exigidos, ahora ms que nunca,

por la dignidad de la persona humana. Las causas son harto conocidas: una muy dbil

cultura de la libertad, institucionalidad dbil e inconsistente, escasa o nula participa-

cin ciudadana, falta de capitalizacin social y, por fin, de eficacia. Junto a ellas hay

tambin unas causas exgenas que ahora no pueden silenciarse. El xito de las tran-

siciones europeas despus de la Segunda Guerra Mundial se explica por obra del

Plan Marshall, del mismo modo que la deuda externa y la globalizacin explican por

qu la Amrica Latina, que era el continente de ms rpido desarrollo hasta la dcada

del setenta, se ha rezagado frente a los dems. No deja de ser verdad que nuestras

democracias, atenazadas por la demanda social de nuestros trabajadores que hace

dos dcadas exigan mejores condiciones de trabajo, han sido sustituidas por masas

resignadas a exigir solo condiciones mnimas para sobrevivir en medio de la desocu-

pacin y el desempleo. Sigue siendo un apotegma indudable que no hay democracia


sin un mnimo soporte econmico y social. El bienestar o la posibilidad de lograrlo

es, ahora, un requisito de la libertad y de la dignidad humana.

La verdadera ciudadana no es fruto de la extensin del sufragio, ni de la liber-

tad o pulcritud de la competencia electoral. La ciudadana exige hoy condiciones

mnimas de salud, bienestar, cultura, participacin, inclusin. Por carecer de ellas,

hay aqu como hubo en la Europa de los treinta genuino miedo a la libertad. Por

eso mismo, segn el certero diagnstico de Erich Fromm, resultamos lbiles a las

aventuras autocrticas que son la evasin y no nos decidimos a enfrentar las verdade-

ras soluciones. Ellas no pueden ser otras que el enfrentamiento de la nueva realidad

resultante del endeudamiento y de la globalizacin, en lo externo y, en lo interno, de

la ausencia de impulsos que den dinamismo y eficacia a nuestras instituciones y

sistemas productivos para afirmar ntidamente nuestras personalidades histricas,

despejar las desconfianzas recprocas e inducir en una tarea colosal pero no inalcan-

zable, a buscar, de una vez para siempre, un rgimen de libertad con equidad. Nada

de ello puede significar el retorno del ogro filantrpico, ni la legitimacin del po-

pulismo, del clientelismo o de la falsa sensibilidad social que sacrifica el manejo

racional de la economa a los dictados y necesidades del xito inmediato.

5.4. Los lmites de la democracia frente al pluralismo y el mercado

La democracia, fundada en la soberana del pueblo o la nacin y bajo el modelo

de una sociedad monista, debe probar su capacidad frente a una sociedad pluralista

de individuos y grupos ansiosos de ejercer su autonoma colectiva y singular. Asenta-

da y cimentada en una representacin poltica que, en teora, no est sujeta a man-

dato imperativo, tiene que enfrentar la reivindicacin de los intereses de los gru-

pos que pugnan fieramente, de modo abierto o encubierto, para arrastrarla hacia fr-

mulas corporativas. El poder oligrquico al que pretenda derrotar ha sido sustituido

por el enfeudamiento del poder a las clases polticas o a elites. Es su responsabilidad

asegurar una libre competencia de todas las elites que se proponen y no impo-

nen al voto popular. Nacida como mtodo de legitimacin y de control slo de las

decisiones polticas, soporta el reclamo persistente de quienes ansan participar en

todas las esferas y mbitos de la vida social en que se decide su destino. Ideada para

gobernar una sociedad de economa familiar, ha tenido que enfrentar los retos de la

muy compleja economa de mercado y ahora la mundializacin de la economa. Ello

la ha obligado a crear un aparato administrativo complejo y altamente tecnificado

para enfrentar sus responsabilidades frente a una sociedad que demanda ms y ms

participacin. Y as la eliminacin del poder invisible y el imperio de la publicidad

han exigido la creacin de espacios, instituciones y procedimientos de fiscalizacin y

rendicin de cuentas a fin de permitir el control de los numerosos y complejos resor-

tes del poder que, con mayor frecuencia que antes, estn ya no en manos de simples

ciudadanos sino de expertos de alta sofisticacin intelectual. De all la necesidad de


asegurar una eficaz representacin del pueblo que garantice la libertad sin desmedro

de la racionalidad.

6. Conclusin

Estado, poltica y democracia han soportado, hasta ahora, exitosamente el em-

bate de la globalizacin aunque han sufrido menoscabo en sus respectivas estructuras

tradicionales. El riesgo est en que los nuevos desafos que entraa el vertiginoso

desarrollo del mundo actual destruyan, de un lado, los rasgos esenciales del Estado

de derecho que persigue la dignificacin del hombre, de otro, el compromiso de la

democracia con la libertad y la igualdad y, por fin, hasta la inspiracin tica que debe

alentar siempre a la poltica. A los hombres de derecho, entre otros, corresponde

mantener una atenta y vigilante actitud para preservar los grandes valores que hicie-

ron posible una extraordinaria revolucin poltica sin perder de vista nunca su obje-

tivo final que era y es exaltar al hombre y su dignidad.

La Molina (Lima), septiembre de 2004.

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