Licencia social para operar: Una licencia que no es licencia

Escribe: Ramón R. Escobar Banda

“Tiene que haber una reconciliación entre la

actividad minera y la producción agrícola y

ganadera local generando desarrollo para todos

los actores involucrados en los proyectos

mineros”1.

I. Introducción

“No son ciudadanos de primera clase”2, “¡porque son perros!”3, “la gente de Lima solamente ve el canon

minero y se olvidan que se va a contaminar”4, “terroristas antimineros”5. A través de estas cuatro frases

intento colocar en retrospectiva no todos los conflictos socioambientales sino brevemente aquellos que en

los últimos 10 años han captado el interés de todos los sectores de la sociedad peruana, ya sea por sus

consecuencias nefastas (como la muerte) o por el grado de polarización que han generado.

Cronológicamente, la primera frase pertenece al ex presidente Alan García, durante el conflicto denominado

“Baguazo” suscitado en el año 2009; la segunda a un agente de la Policía Nacional durante las protestas

contra el proyecto minero “Conga” (Cajamarca 2012); la tercera a Richard Ale alcalde de la provincia de

Islay (Arequipa) durante el desarrollo del conflicto socioambiental contra el proyecto minero “Tía María” en

el año 2015; y la última frase pertenece a Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la

compañía minera Southern Copper Perú, cuando anuncio los motivos de la cancelación del proyecto minero

“Tía María”, comunicación que horas después fue corregida.

Tratar de describir o encontrar un solo origen a los distintos conflictos socioambientales mencionados es,

por decir lo menos una tarea sumamente difícil, ya que los contextos sociales donde estos se desarrollan

son totalmente diferentes y sus dinámicas casi nunca son iguales. Pero donde sí encontramos un alto grado

de similitud es en las demandas que tanto los titulares mineros como la población exigen a un solo

organismo El “Estado”, cuestiones como: “Nosotros no somos el Estado”; “La ausencia del Estado o El

“Estado está de lado de las mineras”. Estos cuestionamientos se vienen evidenciando en casi todos los

conflictos socioambientales entre las poblaciones y las industrias extractivas.

Usted se preguntará qué vinculo o nexo existe entre los conflictos socioambientales y la licencia social,

título de este artículo. Pues, bien la licencias social para operar es una figura que puede eliminar o prevenir

la creación de los conflictos entre las poblaciones y las industrias extractivas (mineras, petroleras, etc.). De

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con especialidad en el Derecho Minero y Derecho Ambiental. Miembro del Centro de Estudios de Derecho de Minería, Energía y Recursos Hídricos – CEDEMIN. 1 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA, fundador de la empresa minera “Buenaventura” citado por RUSSO CHECA, Guillermo. (2014). "Pionero de la minería". Fecha de consulta, 03 de agosto de 2015, de Diario "El Comercio" Sitio web: http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/pionero-mineria-guillermo-russo-checa-noticia-1718316 2 Alan García Pérez (05 de junio de 2009), entonces Presidente del Perú, refiriéndose a los indígenas, que formaron parte del conflicto socioambiental denominado “Baguazo”, originado por la aprobación de una serie de Decretos Legislativos (1015, 1064, 1073, 1090) que establecían en resumen el cambio de uso y propiedad en caso de “interés nacional” sobre las tierras forestales ocupadas por comunidades nativas. http://archivo.larepublica.pe/03-07-2011/conozca-las-patinadas-verbales-de-alan-garcia 3 Respuesta de un agente policial ante la pregunta - ¿Por qué nos tratan así? - realizada por una mujer, durante el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero “Conga” en Cajamarca (04 de julio de 2012). https://www.youtube.com/watch?v=n9BV0lW-ZXI 4 Richard Ale (17 de mayo de 2015) alcalde de la Provincia de Islay – Arequipa, declaración brindada al Programa “Punto Final” – Frecuencia Latina, durante el conflicto socioambiental contra el proyecto minero “Tía María”. https://www.youtube.com/watch?v=aKV3EN7-7G8 5 Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la compañía minera Southern Copper Perú (27 de marzo de 2015), al anunciar los motivos para la cancelación del proyecto minero “Tía María”, anuncio que horas después fue corregido. http://www.rpp.com.pe/2015-03-27-southern-anuncia-en-rpp-que-cancela-tia-maria-y-se-va-de-arequipa-noticia_781902.html

este modo puedo decir que en la actualidad para las empresas mineras, ya no es suficiente cumplir con

todos los permisos y/o autorizaciones que exige la ley para dar inicio a sus operaciones, sino que además

deberán tomar en cuenta la participación de aquellas comunidades donde el futuro proyecto minero tendrá

influencia directa. Para lograr esto las empresas mineras deberán sostener un diálogo permanente y a su

vez, permitir la participación de estas comunidades. Esta figura puede ser comparada con la política del

buen vecino.

Pero ¿cuáles son los requisitos o procedimientos para que una empresa minera pueda conseguir esta

licencia social para operar?, ¿dónde se origina esta figura? o ¿por qué a pesar de ser aplicada en el Perú,

los conflictos socioambientales no se han visto reducidos, sino por el contrario estos han proliferado? .

Estas son algunas interrogantes que el presente artículo plantea resolver partiendo de la definición, y el

análisis de esta figura y su conexión con los conflictos socioambientales.

II. Planteamiento del problema y su justificación

¿Es acaso el Perú el único país donde los proyectos mineros han provocado conflictos socioambientales

con las poblaciones vecinas?. La inmediata respuesta a la pregunta planteada es un rotundo no; países

como Canadá (referente en la industria minera), México, Brasil o Ecuador, son claros ejemplos que nuestro

país no es el único que adolece de este tipo de conflictos. Quizás desde siempre estas disputas hayan

existido entorno a las actividades mineras.

Pero como bien señala GARCÍA-GODOS en “la última década, los conflictos socioambientales se han

convertido en un tema constante en el Perú, un tema de debate público y político, de preocupación e

incertidumbre, tanto para autoridades como para el sector privado y la sociedad civil en general. Para los

actores locales y las comunidades directamente involucradas en las operaciones de la industria extractiva,

esta es una realidad que se vive día a día, y que implica procesos con otros actores de los que se espera

mucho y se conoce muy poco”.6

Por otro lado la minería en la década de los 90´s tuvo una expansión a escala mundial, caracterizada por

la falta de regulación y precedida de reformas estatales (en el caso peruano), que tenían el único objetivo

de incentivar su crecimiento sin mediar las consecuencias que esta expansión provocaría. Es así que este

crecimiento vertiginoso tuvo como resultado la multiplicación de conflictos socioambientales.

La respuesta de la industria minera no se hizo esperar. A decir de ALAYZA MONCLOA “Las empresas

plantean mantener las reglas de juego que garantizan un clima favorable para la inversión y el desarrollo

de nuevos proyectos y proponen, como alternativa a los conflictos que provoca su actividad, el mensaje de

la responsabilidad social y la creación de los denominados mecanismos voluntarios de autorregulación –

como los códigos de conducta –, de manera que sus labores puedan seguir desarrollándose en un contexto

favorable. El mensaje central de estos mecanismos voluntarios o de autorregulación consiste en que las

empresas reconocen ciertas externalidades negativas que Se generan como consecuencia de sus

actividades, pero que pueden ser controladas sin necesidad de crear nuevos instrumentos de regulación

pública”7.

Son en estos mecanismos de autorregulación donde se originan la responsabilidad social empresarial

(RSE) que “debe ser entendida como la visión o filosofía corporativa que determina que las empresas no

agoten su esfuerzo en maximizar utilidades, sino que además se comprometan con el desarrollo de la

6 GARCÍA-GODOS, Jemima (2014) “Minería, conflicto social y diálogo” ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Lima – Perú; Primera edición. Pg. 11. 7 ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 84.

sociedad”8. A su vez, la licencia social para operar emana de esta Responsabilidad Social Empresaria

(RSE).

Como veremos más adelante, la mayoría de las empresas mineras dedicadas a la gran, mediana y con

excepciones en la pequeña minería en nuestro país, ostentan una política clara respecto a su RSE y por lo

tanto a la obtención de la licencia social para operar. Sin embargo, la aplicación de la RSE no se condice

para nada con lo que viene sucediendo en la realidad.

Y cuando hablo de la realidad, me estoy refiriendo al número de conflictos socioambientales registrados

por la Defensoría del Pueblo desde el año 2005 hasta el año 2015 (ver Cuadro N° 01). Las cifras nos

indican que los conflictos socioambientales (en su mayoría entre las empresas mineras y la población) no

han ido en reducción sino por el contrario se han elevado. Todo lo antes expuesto me conduce a formular

la siguiente pregunta:

¿Será conveniente la creación de un marco legal que regule y precise los requisitos para la

obtención de la licencia social para operar en los proyectos mineros?

Justificación

La presente investigación tiene por objeto exponer los principales factores que inciden en la obtención de

la licencia social para operar, así también busca determinar qué acciones han provocado su creación y

cómo viene siendo su aplicación por parte de las empresas mineras en el Perú. Debemos tener presente

que esta figura nace como un instrumento de autorregulación para las empresas mineras, destinado a

reducir o eliminar los conflictos socioambientales, por lo tanto no tiene una regulación jurídica especifica.

Ante la creciente ola de los conflictos socioambientales que sufre nuestro país, se hace necesario discutir

sobre esta figura y proponer nuevas ideas para lograr su eficacia total, para que de esta manera tanto las

poblaciones como los empresarios se vean beneficiados, ya que la licencia social aspira a crear equilibrio

entre la actividad minera y las poblaciones de su entorno mediante su participación permanente. Sin

embargo, es evidente que algo no anda bien.

III. Desarrollo del tema

1. El origen del conflicto y su estado actual

Desde el final del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1975, y sobre todo desde que Alberto

Fujimori asumió la presidencia (desde 1990 hasta el año 2000), los gobiernos nacionales han puesto en

marcha una serie de reformas orientadas a la promoción del libre mercado. Este cambio se hizo mucho

más notorio durante el gobierno de Fujimori.

En el gobierno de Fujimori “por un lado, se restringió y desprotegió el ejercicio de los derechos

fundamentales; asimismo, los movimientos sociales se debilitaron y fueron reprimidos. Por otro lado, se

promovieron una serie de cambios económicos y legales que implicaron el debilitamiento institucional del

Estado, el ahondamiento de la crisis de representatividad política, así como la promoción activa de la

presencia del sector privado en el aprovechamiento de los recursos naturales como eje del modelo de

desarrollo, en contextos culturales y sociales tradicionalmente excluidos de la participación política y

económica”9.

Debido a estos cambios sociales y económicos en el país comienzan a evidenciarse los conflictos

socioambientales que a decir de SPADONI son “procesos interactivos entre actores sociales movilizados

8 Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 340. 9BEDOYA GARCÍA, César (2014) “Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú: una lectura general” ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, Lima – Perú; Primera edición. Pg.34.

por el interés compartido en torno a los recursos naturales, como tales: son construcciones sociales,

creaciones culturales, que pueden modificarse según cómo se los aborde y se los conduzca, según cómo

sean transformados y según cómo involucren las actitudes e intereses de las partes en disputa” 10

1.1. ¿Es lo mismo hablar de conflicto ambiental y conflicto socioambiental?

Algunos autores plantean una distinción entre conflicto ambiental y conflicto socioambiental.

Los primeros, están relacionados “con el daño a los recursos naturales, donde la oposición proviene

principalmente de actores exógenos, por lo común activistas de organizaciones ambientalistas. Esta lectura

toma en cuenta las organizaciones que defienden el ambiente y los recursos naturales. En el segundo caso,

los conflictos también involucran a las comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de

un determinado proyecto” 11.

No coincido con esta distinción realizada por ORELLANA, en la actualidad no existe un conflicto ambiental

sin dimensiones sociales, no importa que esta oposición provenga principalmente de actores exógenos

como activistas u organizaciones ambientales internacionales, ya que estas forman parte también de una

sociedad o comunidad.

Como conclusión puedo indicar que tanto los conflictos ambientales, los conflictos ecológicos como los

conflictos socoambientales, son solo algunos nombres tratados usualmente como sinónimos. No existe una

gran diferencia entre estas definiciones, por lo tanto podemos entenderlas (conflicto ambiental, conflicto

ecológico o conflicto socioambiental) como partes que forman un todo.

El concepto con el cual sí podemos encontrar alguna diferencia resaltante es con el conflicto social. La

Defensoría del Pueblo define a éste como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el

Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y

esa contradicción puede derivar en violencia”. Nótese la diferencia, en este concepto no se menciona a los

recursos naturales o a las organizaciones ambientales. Tenemos entonces que los conflictos sociales

vendrían a ser el género y los conflictos ambientales o socioambientales la especie.

2. Conflictos sociales registrados durante el periodo 2005-2015 por la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política de 1993,

que tiene como objetivo principal proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona o

comunidad.

Este órgano da a conocer mensualmente su reporte de conflictos sociales, que es un instrumento de

monitoreo cuyo objetivo es informar acerca de los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos

sociales registrados a nivel nacional.

CUADRO N°01: Número de conflictos sociales y socioambientales (2005 -2015)

Mes y Año Número total de Conflictos Sociales

Conflictos Socioambientales

Mayo 2005 74 10

Mayo 2006 77 13

Mayo 2007 77 30

Mayo 2008 65 31

Mayo 2009 268 133

Mayo 2010 255 132

10 SPADONI, Eliana (2012) “Los conflictos socioambientales en el contexto latinoamericano” Fundación Cambio Democrático, Buenos Aires. Disponible en: http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/resources/ConflictosSocioAmbLatAm(esp).pdf 11 ORELLANA, René (1999) “Conflictos ¿Sociales, ambientales, socio-ambientales? Conflictos y controversias en la definición de concepto” Comunidades y Conflictos Socioambientales: experiencias y desafíos en América Latina. Quito, Ediciones Abya-Yala, Pg.331

Mayo 2011 227 177

Mayo 2012 245 149

Mayo 2013 225 149

Mayo 2014 212 135

Mayo 2015 211 143

En este cuadro podemos observar el incremento exponencial de los conflictos sociales y los conflictos

socioambientales.

En menos de 15 años, hemos pasado de 10 conflictos socioambientales a 149. Estas cifras concuerdan

con el crecimiento económico que el país viene experimentando. A pesar que nuestro ritmo de crecimiento

económico se ha reducido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado

que el Perú tendrá un crecimiento económico de 3.5% durante este año, superando a economías como la

Mexicana (2.8 %).

Por otro lado según el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y el Banco Mundial (BM) uno de

los principales desafíos que enfrenta la industria minera es que “las actitudes de la población frente a la

minería no son a menudo positivas y recientemente han generado enfrentamientos y conflictos sociales.

Subyacen a dicha situación un conjunto de factores que caracterizan como complejos; entre otros, señalan

los siguientes: el legado de la minería (pasivos ambientales y sociales), las dificultades de comunicación

entre las empresas mineras y las comunidades de su entornos y, sobre todo, puntualizan que las

operaciones mineras se ven a menudo presas en la encrucijada de que las instituciones y estructuras de

gobernabilidad en el Perú no han permitido a las comunidades locales participar efectiva y

constructivamente en los procesos políticos, que el sistema legal formal no reconoce la propiedad y los

derechos de facto y que los servicios públicos no satisfacen las expectativas de las poblaciones”.12.

La pregunta que subsiste después de ver las cifras y lo expuesto por la ICMM es: ¿Qué han hecho las

empresas mineras para contrarrestar el desarrollo de los conflictos socioambentales? A continuación

expondré algunas iniciativas empresariales a nivel internacional que han tenido el objetivo de cambiar la

actitud de la población frente a la minería, y han venido siendo aplicadas desde inicio de los 90´s por casi

todas las empresas mineras transnacionales que en la actualidad tienen proyectos en nuestro país.

A) Iniciativa Whitehorse Minning de Canadá

“En 1992 fue lanzada una de las primeras iniciativas propuestas por una agremiación de empresarios

mineros. La Asociación Minera de Canadá, reunida en la ciudad de Whitehorse – Yucón, puso en marcha

la Whitehorse Mining Initiative (WMI), que tenía como propósito desarrollar en ese país una visión

estratégica para identificar soluciones, en la perspectiva de construir una propuesta de una industria minera

que aporte al desarrollo sostenible. Además de los representantes de las empresas mineras, participaron

las autoridades canadienses, los sindicatos, los pueblos indígenas y las organizaciones ambientalistas. Se

trató de una iniciativa sin precedentes, propiciada por las empresas que buscaban construir una visión

conjunta acerca del marco de acción de la industria minera en el país del norte.

De este largo proceso de discusión y propuestas, resultó un importante acuerdo que contiene principios,

objetivos y recomendaciones específicas sobre aspectos referidos al respeto y condiciones para la relación

con los diversos ecosistemas, las poblaciones indígenas, así como recomendaciones orientadas a la

necesidad de compartir adecuadamente beneficios resultantes de la extracción de los recursos naturales”13.

B) La Iniciativa Global de la Minería

12 BEDOYA GARCÍA, César (2014) “Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú: una lectura general” ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, Lima – Perú; Primera edición. Pg.38 13 ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 87.

“La Global Mining Initiative (GMI), o Iniciativa Global de la Minería, fue lanzada en 1999 reuniendo a treinta

y cuatro empresas mineras multinacionales.

La GMI buscaba definir el papel que podía cumplir la minería en la transformación hacia el desarrollo

sostenible y los desafíos que debía enfrentar en temas sociales, ambientales, económicos y de derechos

humanos en general. A partir del reconocimiento de que la industria no había estado respondiendo

adecuadamente a estos problemas, se plantearon tres acciones principales:

- La creación de una asociación de la industria minera que derivó en la formación del Consejo Internacional

de Minería y Metales o International Council of Mining and Metals (ICMM), que debía enfocar su trabajo en

el desarrollo de una estrategia sobre el desarrollo sostenible.

- Desarrollar un análisis independiente de los problemas claves que afrontan estas industrias. Este eje de

trabajo se pudo realizar a través del Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD), proyecto que

significó dos años de investigación, consulta y discusión sobre la manera como la minería podía maximizar

su contribución al desarrollo sostenible en los niveles nacional, regional y local.

- Finalmente, la Global Minning Iniciative asumió la tarea de propiciar en mayo del 2002, una conferencia

global sobre minería, metales y desarrollo sostenible.

El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) es una organización liderada por trece de las

principales empresas multinacionales y veinticuatro asociaciones nacionales e internacionales de la

industria. Dentro de sus miembros se encuentra la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del

Perú - SNMPE, así como varias de las más importantes empresas que manejan proyectos en el Perú, como

son BHP Billinton, Xstrata, Newmont o Río Tinto. Estas empresas tienen formalmente la obligación de poner

en práctica los estándares que se definen en el ICMM”14.

En su mayoría las empresas mineras dedicadas a la gran y mediana minería en el Perú tienen una política

clara sobre la responsabilidad social y licencia social. Empresas como: Xstrata, Yanacocha, Antamina, etc,

cuentan con políticas y códigos de conducta, donde se obligan a sí mismas por ejemplo, “a desarrollar un

programa de integración y comunicación con la comunidad promoviendo el diálogo como mecanismo de

resolución de conflictos” (Yanacocha). Pero si estas políticas vienen siendo aplicadas de buena forma por

más de dos décadas, por parte de las empresas mineras, no habría oportunidad para que los conflictos

socioambientales se originen o, si se producen, no lo hicieran con la magnitud que poseen en la actualidad.

Pero esto no viene siendo así; por el contrario han ido incrementando.

Esto viene ocurriendo porque “pese al desarrollo de instrumentos de responsabilidad social y ambiental,

tanto a nivel individual como de manera gremial y concertada, a las empresas mineras les sigue costando

llevar a la práctica estos compromisos. De hecho, en el caso peruano, las empresas involucradas en

algunos de los principales conflictos sociales y ambientales en los últimos años son las empresas líderes

de la minería en el Perú e integran varias de las iniciativas nacionales e internacionales de responsabilidad

social”15.

No se puede dejar de reconocer que las políticas o códigos han servido para que la empresa mineras

asuma responsabilidades ante la población, sin embargo estos instrumentos de responsabilidad social

carecen de mecanismos independientes de monitoreo o evaluación permanente, sin olvidarnos que en

ninguno de estos códigos empresariales se han estipulado sanciones a la empresa que incumpla lo

acordado o la posibilidad de que la población plantee sus demandas adecuadamente; esto canalizaría las

protestas y evitaría el constante bloqueo de carreteras, pues la población tendría un espacio dónde exponer

14 ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 87. 15 ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 95.

sus demandas con el objetivo de solucionar las controversias existentes, teniendo como última opción la

protesta.

Como conclusión y en pocas palabras las empresas mineras en la actualidad autocontrolan la

responsabilidad social de sus actividades, sin supervisión de terceros. Además no existe a nivel nacional

un dispositivo legal que convierta el cumplimiento de estos buenos mecanismos en obligatorios.

3. La licencia social para operar

La licencia social fue la reacción de la industria minera ante la pérdida de reputación por la contaminación

ambiental y los conflictos mineros, que hasta ese entonces (mediados de 1990) había creado.

“En una reunión con personal del Banco Mundial en Washington a principios de 1997, Jim Cooney,

entonces director de Asuntos Internacionales y Públicos de la desaparecida empresa canadiense Placer

Dome, propuso que la industria tenía que actuar de forma positiva para recuperar su reputación y obtener

una “licencia social para operar” a través de un proceso que, comenzando al nivel de minas y proyectos

individuales, crearía, con el tiempo, una cultura y perfil públicos para la industria minera.

El concepto y terminología surgieron en mayo de 1997 en discusiones durante una conferencia acerca de

Minería y la Comunidad en Quito, Ecuador, auspiciada por el Banco Mundial, y muy pronto entraron en el

vocabulario de la industria, sociedad civil y las comunidades que son sedes de minas y proyectos

mineros”16.

Como se indica en el título del presente ensayo, esta licencia social para operar no tiene las connotaciones

que uno deduce de una licencia. A continuación veremos por qué.

En primer lugar deberemos remitirnos a brindar un concepto sobre licencia. Así tenemos que para la Real

Academia Española (RAE) licencia es la “resolución de la administración por la que se autoriza una

determinada actividad”17. Esta definición dista mucho del significado exacto de la licencia social para operar.

El ex - gerente de asuntos corporativos de Antamina - Gonzalo Quijandría señaló “que la licencia social no

constituye un término traducible a nuestro sistema jurídico, porque en el sentido estricto constituiría un

proceso obligatorio y formal de autorización. Él propone el uso del término consenso social como una

fórmula que corresponde a un proceso más dinámico que, en su opinión “no puede estar atado por

formalismos” y que se tendría entendido como la aceptación tácita reflejada en el conjunto de actitudes,

acciones y actividades de reconocimiento de las actividades minero energéticas, por parte de la comunidad

o del entorno social”18. Coincido plenamente con lo indicado, el concepto propuesto estaría más acorde al

reconocimiento y aceptación de las actividades mineras por parte de las comunidades.

Aunque no existe un estándar o una definición generalmente aceptada de “licencia social”, ésta es por lo

general considerada como “un proyecto de desarrollo que cuenta con la continua aceptación de las

comunidades locales. La licencia social para operar es un añadido al otorgamiento de un derecho por parte

del gobierno o del sistema legal para operar”

A mi opinión la definición que engloba las características de la licencia social es la siguiente:

16 THOMSON, Ian; BOUTILIER Robert. (2011). “La licencia social para operar”. Fecha de consulta 10 de agosto 2015, de Darling, P.; SME Manual de Ingeniería Minera Sitio web: http://www.stakeholder360.com/La_Licencia_Social_SME_capitulo_2011_espa%C3%B1ol.pdf 17 Fecha de Consulta 12 de agosto de 2015 , Diccionario Web de la Real Academia Española Sitio web: http://lema.rae.es/drae/?val=licencia 18 QUIJANDRÍA, Gonzalo. (2006) “Consentimiento previo, libre e informado - CPLI”. Presentación realizada en la Mesa Redonda organizada por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la República.

“La licencia social para operar en la actividad minera es la aprobación tácita otorgada por las poblaciones

aledañas a un establecimiento minero, expresada en el conjunto de acciones de reconocimiento y/o

aceptación de las actividades mineras, que dota de legitimidad la actuación empresarial”19.

“En consecuencia, la licencia social se conforma por un conjunto de hechos, actuaciones, normas de

conducta, respeto de los derechos de los vecinos, siendo lo más relevante el desarrollo sostenible con el

que se deben planear las actividades mineras, el cuidado responsable del medio ambiente y la

responsabilidad social empresarial que predique la institución. Estos elementos facilitarán la “aprobación”

de la comunidad que rodea a la minera”20.

La empresa no es el Estado, este concepto debe quedar muy claro y bien definido ya que en muchos casos

llega a ser confundido por las comunidades, si bien la empresa minera se obliga a cumplir con compromisos

(Licencia social) no podrán suplir nunca la función del Estado, la empresa no puede ni debe resolver todos

los problemas de la comunidad.

“En la mayoría de casos los comuneros confunden la política del buen vecino como una obligación del

particular. Ello debido a que el Estado muchas veces es considerado un actor alejado, carcomido por la

pérdida de credibilidad en lugares inhóspitos del territorio nacional. En muchos de ellos ni siquiera se

conoce el concepto de Estado y de autoridad, motivo por el cual equivocadamente la población percibe en

la empresa minera al agente que proveerá de insumos para satisfacer sus carencias en una inconsciente

actitud paternalista”21.

Cuadro N° 02: Principales Proyectos Mineros en el Perú

Proyecto Minero Operador Ubicación Metal a extraer

Antamina BHP , Xstrata Áncash Cobre

Antapacay Xstrata Cusco Cobre

Conga Yanacocha Cajamarca Oro

Las Bambas MMG Apurímac Cobre

Los Chanchas Southern Apurímac Cobre

Michiquillay Anglo American Cajamarca Cobre

Rio Blanco Zijin Piura Cobre

Quellaveco Anglo American Moquegua Cobre

Tia Maria Southern Arequipa Cobre

Toromocho Chinalco Junin Cobre

Cuadro N°03: Proyectos Mineros que cuentan con Licencia Social

19 Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 346. 20 Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 346. 21 Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 350.

Proyecto Minero

Operador Ubicación Metal a extraer

Licencia Social Inversión

Anama Aruntani Apurímac Oro Licencia a cambio de obras sociales.

US$60 millones

Corani Bear creek Puno Plata Licencia a cambio de obras sociales

US$600 millones

Las Bambas MMG Apurímac Cobre Licencia a cambio de reubicación y fondo social

US$10.000 millones

(Fuente: Diario “El Comercio”)

4. Principales requisitos para conseguir la licencia social

Cada compañía minera tiene un proceso particular para conseguir la licencia social pero a decir de

GAMARRA BARRANTES22 los “Requisitos Mínimos Para Lograr la Licencia Social en la Minería Peruana”

deberían ser los siguiente:

4.1. Identificación y análisis de los actores sociales.-

El mapeo tiene que hacerse muy detallado sobre todo en zonas más pobres, para que no se dejen de lado,

y luego devengan en conflictos. Hay que mapear correct y exhaustivamente e invertir en el tiempo adecuado

porque el riesgo es grande en conflictos en una sociedad como la nuestra.

4.2. Divulgación de información.-

Se debe de proporcionar información continua a los actores sociales afectados, desde las primeras etapas

del proceso de toma de decisiones, de una manera significativa y por medios accesibles; hay que mantener

esta comunicación durante toda la vida del proyecto. Además se tiene que transmitir información de una

manera comprensible para que los actores sociales entiendan cabalmente. Se debe también contar con

22 GAMARRA BARRANTES, Carolina. (2014). “Propuesta de Requisitos Mínimos para Lograr la Licencia Social en la Minería Peruana” Tesina para Optar el Grado de Magíster en Derecho de la Empresa. Lima - Pontificia Universidad Católica del Perú. Pg. 75.

Ampliación de

Toromocho

Chinalco Junin Cobre Licencia a cambio de reubicación y empleo

US$ 1.320 millones

Ollachea IRL Puno Oro El operador minero otorga acciones bursátiles a los comuneros

US$ 170 millones

Ampliacion Toquepala

Southern Tacna Cobre Acuerdos alcanzados en mesa de dialogo

US$ 1200 millones

Quellaveco Anglo American Tacna Cobre Acuerdos alcanzados en mesa de dialogo

US$ 5.000 millones

San Gabriel Buenaventura Tacna Oro El operador ha optimizado el proyecto

US$ 500 millones

Ampliación Cerro Verde

FCX Arequipa Cobre Licencia a cambio de obras de saneamiento y agua potable

US$ 4.600 millones

Pampa de Pongo

Jinzhao Mining Arequipa Hierro Licencia a cambio de obras sociales

US$600 millones

Inmaculada Hochschild Cuzco Oro y plata Licencia a cambio de obras sociales

US$427 millones

Magistral Milpo Ancash Cobre Licencia a cambio fondo social

US$750 millones

La Granja Rio Tinto Cajamarca Cobre Los ronderos aceptan el proyecto y lo defienden contra los antimineros

US$3.000 millones

Shahuindo Sulliden Shahuindo

La Libertad Oro Licencia social a cambio de plan de desarrollo y empleo

US$ 132 millones

información oportuna y precisa sobre el proyecto, su impacto y otros aspectos que pudieran producir efectos

en ellos.

4.3. Consulta con los actores sociales

La consulta se debe basar en mantener toda una comunicación durante la vida del proyecto minero, a

través del diálogo. En realidad, el proceso de consulta con los actores sociales consiste en establecer y

mantener relaciones externas constructivas a lo largo del tiempo. Además se debe llevar a cabo reuniones

periódicas con el objetivo de preguntar y dialogar con los miembros de las comunidades con el fin de cumplir

los compromisos asumidos por las empresas para que las poblaciones gocen de servicios de salud e

infraestructura.

4.4. Negociación y asociaciones

Es necesario que se den negociaciones en base a los intereses para que se eviten conflictos y se logre una

mayor armonía con sus comunidades. Asimismo, hay que añadir valor a la mitigación del impacto del

proyecto o a los beneficios de este último para el desarrollo de las poblaciones de las zonas, mediante las

asociaciones estratégicas entre empresas y comunidades u otros actores sociales, como gobiernos u

ONGs.

4.5. Gestión de las reclamaciones

Dado que las operaciones mineras generan impactos sociales y ambientales, las reclamaciones son

inevitables y se debe contar con un área de mecanismos de reclamos en todas las zonas de influencia de

las operaciones mineras. Además, se recomienda que los reclamos se hagan en un tiempo límite de 30

días para resolverlos y con profesional altamente calificado. De esta manera se resolverá los reclamos o

quejas en corto tiempo; y no devendrán en mayores conflictos. Asimismo, la empresa tiene que establecer

medios accesibles y adecuados para que los actores sociales puedan exponer sus inquietudes y

reclamaciones acerca del proyecto a lo largo de toda su existencia.

4.6. Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del proyecto

Las empresas mineras junto con sus comunidades deben de mitigar sus impactos, así como darlo a conocer

a las poblaciones mediante la comunicación abierta, para lo cual se deben hacer sesiones de reuniones

con las comunidades para comunicar los avances, generando un trabajo conjunto para la consecución de

la mitigación de impactos. Asimismo, las empresas mineras deben de adoptar enfoques de inclusión con

sus grupos de interés, y trabajar mucho por un mejor involucramiento con sus comunidades; de tal manera

que ellas sientan que sus preocupaciones, necesidades e intereses formar también parte de la empresa.

4.7. Elaboración de informes para los actores sociales

Las empresas mineras deben informar a los actores sociales (tanto las personas o grupos consultados

como quienes tengan intereses más generales en proyecto) como impactan sus operaciones en lo social y

ambiental a través de, por ejemplo los informes de sostenibilidad, los mismos que permitirán saber acerca

del desempeño ambiental, social y económico del proyecto y; verificar si se han cumplido con las metas

propuestas. Los informes deben de presentarse periódicamente, enfocando que describan el progreso en

la implementación del plan propuesto.

4.8. Funciones de Gestión

Este requisito significa que hay que crear y mantener suficiente capacidad para manejar las relaciones con

los actores sociales, como hacer un seguimiento de los compromisos contraídos e informar sobre los

progresos realizados.

IV. Conclusiones

- Los conflictos sociales y socioambientales han existido y seguirán existiendo ya que forman parte

de la dinámica social de cada país. Debemos tener presente que el conflicto es una oportunidad para

introducir cambios profundos; pero, para que esta transformación ocurra se deberá contar con una

institucionalidad que incentive y plantee la solución de estos conflictos, escenario que en nuestro país aún

no ocurre.

- Dando respuesta a la pregunta planteada al inicio de este ensayo, debo indicar que no resultaría

conveniente hoy en día la creación de un marco legal especial que se encargue de regular los requisitos

para la obtención de la licencia social. Creo que la solución no se encuentra en la creación de un nuevo

dispositivo legal; el problema es muchísimo más profundo y una ley no bastaría para solucionarlo. La opción

u oportunidad que representan los conflictos en estos casos socioambientales es, como ya lo hicieron los

canadienses a inicios de los 90´s, la discusión y diálogo entre todos los agentes involucrados, donde se

planteen soluciones y se desarrolle una propuesta integral en la que todos los sectores obtengan estabilidad

a largo plazo. Una vez realizado este paso, sumamente necesario hoy para nuestro país, la promulgación

de normas se hace inevitable.

- Se vuelve necesario rediseñar los mecanismos de participación y consulta. En este punto

coinciden casi todos (empresas mineras, poblacion, ONG´s, Estado), observamos que el Estado ha dejado

a su libre albedrio tanto a la población como a las empresas, pues no cumple con proteger los derechos

fundamentales de los pobladores locales ni garantiza los compromisos entablados por las empresas,

motivos por los cuales las negociaciones fracasan. El Estado deberá tener una relación permanente con la

comunidad, recogiendo sus demandas y atendiendo sus necesidades básicas (salud, educación, servicios

públicos, etc.). Esto deberá ocurrir con mayor énfasis previo a la etapa de negociaciones y participación,

produciendo que los niveles de asimetría disminuyan y consecuentemente la empresa no supla las

funciones del Estado, y las autoridades locales se verán empoderadas.

V. Recomendaciones

- Los procesos de participación y de toma de decisiones deben estar precedidas de un trabajo de

fortalecimiento interno de las organizaciones representativas de las poblaciones (alcaldes, juntas

comunitarias, ronderos). Esto provocara que la población se sienta representada y, al mismo tiempo se

determine cuáles son sus principales preocupaciones o demandas, pudiendo de esta manera idear una

agenda de negociaciones.

- La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)

deberá actuar de manera preventiva a la formación de los conflictos socioambientales, canalizando las

demandas de las poblaciones. Esto se lograra con el apoyo y coordinación permanente de la Defensoría

del Pueblo. De esta forma se potenciará esta oficina, formando una sola institución encargada de los

conflictos socioambientales en el país y que además sea reconocida por todas las instancias del gobierno

y las empresas mineras. Así se focalizará el manejo de los conflictos sociales, teniendo como ente recto a

la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, encargada de coordinar con todas las entidades del Poder

Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales y Locales.

- El desafío pendiente consiste en seguir avanzando en la construcción de nuevas herramientas

que permitan una coexistencia de respeto y equilibro entre las poblaciones y empresas mineras. Todavía

hay un largo camino por recorrer, camino donde habrá cambios impulsados por diferentes sectores que

requerirán de apoyo, pero debemos tener presente que estos cambios serán lentos, pues nada de lo que

cambia rápido permaneces.

VI. Bibliografía

1. Fuentes recogidas de artículos periodísticos y revistas especializadas:

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2014 GAMARRA BARRANTES, Carolina.

“Propuesta de Requisitos Mínimos para Lograr la Licencia Social en la Minería Peruana” Tesina para Optar

el Grado de Magíster en Derecho de la Empresa - Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima.

2014 GARCÍA-GODOS, Jemima “Minería, conflicto social y diálogo” ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Lima – Perú; Primera edición.

2005 Grupo de Investigación Ius et Veritas

“Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y

los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho

de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú.

1999 ORELLANA, René

“Conflictos ¿Sociales, ambientales, socio-ambientales? Conflictos y controversias en la definición de

concepto” Comunidades y Conflictos Socioambientales: experiencias y desafíos en América Latina. Quito,

Ediciones Abya-Yala.

2006 QUIJANDRÍA, Gonzalo.

“Consentimiento previo, libre e informado - CPLI”. Presentación realizada en la Mesa Redonda organizada

por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la República.

2. Fuentes recogidas de Internet:

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2015 Diccionario Web de la Real Academia Española Sitio web: http://lema.rae.es/drae/?val=licencia

3. Fuentes Hemerográficas:

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2011 Raúl Mendoza

“Conozca las "patinadas" verbales de Alan García” Fecha de consulta, 03 de agosto de 2015, de Diario “La

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garcia

2015 “Minería: 15 grandes proyectos que cuentan con licencia social” Fecha de consulta, 11 de agosto de 2015,

de Diario "El Comercio" Sitio web:

http://elcomercio.pe/economia/peru/proyectos-mineros-que-tienen-aprobacion-comunidades-noticia-

1816982

2015 “Southern anuncia en RPP que cancela Tía María y se va de Arequipa”Fecha de consulta, 03 de agosto de

2015, de Radio Programas del Perú (RPP) – Economía Sitio web: http://www.rpp.com.pe/2015-03-27-

southern-anuncia-en-rpp-que-cancela-tia-maria-y-se-va-de-arequipa-noticia_781902.html

4. Videos:

2012 ¡Porque son perros! Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=n9BV0lW-ZXI

2015 Tía María: las razones de las protestas por el valle de Tambo Video disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=aKV3EN7-7G8