Libro Migración y Participación Politica (completo y final)

COLECCIÓN: POLITEYAEstudios de Política y Sociedad

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POLITEYA. ESTUDIOS DE POLÍTICA Y SOCIEDAD

Director

Luis Moreno Fernández, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)

Secretario

Francisco Javier Moreno Fuentes, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)

Comité Editorial

Laura Cruz Castro, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC) Salvador Giner San Julián, Universitat de Barcelona

Manuel Pérez Yruela, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (CSIC)

Consejo Asesor

Robert Agranoff, Indiana University (Estados Unidos) Fernando Aguiar González, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (CSIC)

Julio Carabaña Morales, Universidad Complutense de Madrid Teresa González de la Fé, Universidad de La Laguna

Eduardo Moyano Estrada, Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (CSIC) Ludolfo Paramio Rodrigo, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)

Gregorio Rodríguez Cabrero, Universidad de Alcalá de Henares Luis Sanz Menéndez, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)

Sebastià Sarasa Urdiola, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Joan Subirats Humet, Universitat Autónoma de Barcelona

Ángeles escrivÁ, AnAstAsiA Bermúdez

nAtAliA morAes

(eds.)

MIGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAEstados, organizaciones y migrantes

latinoamericanos en perspectiva local-transnacional

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICASMadrid, 2009

CSIC Ángeles Escrivá, Anastasia Bermúdez y Natalia Moraes (eds.) NIPO: 472-09-110-1 ISBN: 978-84-00-08838-5Depósito Legal: CO-749 Impreso en España. Madrid, 2009. Printed in SpainImprime: Tipografía Católica, Córdoba, España.

Maquetación: María del Carmen Rodríguez Sacristán (IESA-CSIC)Campo Santo de los Mártires,7. 14004 CÓRDOBA

Pedidos al Departamento de Publicaciones del CSICVitruvio, 8. 28006 MadridTel. 91 562 96 33 - Fax: 91 562 96 34

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Esta publicación ha sido posible gracias a una ayuda de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-presa de la Junta de Andalucía, y su equipo de trabajo ha estado formado por Angeles Escrivá Chordá (Universidad de Huelva), Anastasia Bermúdez Torres (University of London) y Natalia Moraes Mena (Universidad de Murcia).

Catálogo general de publicaciones oficialeshttp://www.060.es

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. Ángeles Escrivá Chordá ....................................

CAPÍTULO 1. Eva Østergaard-Nielsen, “La política a través de las fronteras: reflexiones sobre la dimensión transnacional de la parti-cipación política de los migrantes” ...............................................

PARTE ILATINOAMERICANOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA

CAPÍTULO 2. Gilmer Alarcón Requejo, “Derechos políticos de los latinoamericanos en España y participación en elecciones locales”.

CAPÍTULO 3. Silvina Jensen y Enrique Coraza, “Los pioneros de la inmigración latinoamericana a España: exiliados uruguayos y argentinos” .................................................................................

CAPÍTULO 4. Natalia Moraes Mena, “El voto que el alma no pronuncia: un análisis de las movilizaciones y los discursos sobre el derecho al voto de los uruguayos en el exterior” ............................................

CAPÍTULO 5. Anastasia Bermúdez Torres, “El campo político transnacional de los colombianos en España y el Reino Unido” ..

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PARTE IILATINOAMERICANOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

EN EUROPA Y NORTEAMÉRICA

CAPÍTULO 6. Davide Però, “Las movilizaciones políticas de los latinoamericanos en Londres” ........................................................

CAPÍTULO 7. Claudio Bolzman, “Chilenos en Suiza: de una comunidad política a una comunidad de residentes” ......................

CAPÍTULO 8. Patricia Landolt, Luin Goldring y Judith Bernhard, “Las organizaciones de migrantes latinoamericanos en Toronto: entre la política de base y el imperativo de la etnización del Estado multicul-tural” .............................................................................................

PARTE IIILAS POLÍTICAS DE VINCULACION DE LOS ESTADOS

CON SUS MIGRANTES

CAPÍTULO 9. Alan Gamlen, “El Estado de emigración y los vínculos con la diáspora” ............................................................................. CAPÍTULO 10. María José Fernández Vicente, “El Estado español y la emigración, 1880-1985” .............................................................

CAPÍTULO 11. Natalia Moraes, Anastasia Bermúdez, Ángeles Escrivá y Beatriz Padilla, “Estrategias de vinculación de los Estados latinoamericanos con sus diásporas: un análisis de las iniciativas desarrolladas por Colombia, Perú, Brasil y Uruguay” ....................

CAPÍTULO 12. Conclusiones. Ángeles Escrivá Chordá ....................

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INTRODUCCIÓN

Ángeles Escrivá ChordáUniversidad de Huelva

Migración y Participación Política: Estados, Organizaciones y Migrantes Lati-noamericanos en Perspectiva Local-Transnacional constituye una aportación original y necesaria al estudio de las migraciones contemporáneas en el contexto europeo y americano. Esta aportación se hace evidente en diferen-tes aspectos del volumen. En primer lugar, el libro se centra en la actividad política de los migrantes y su entorno, ausente en la mayoría de trabajos sobre inmigración que por diferentes razones abordan áreas consideradas más prioritarias, como la dimensión económica y socio-cultural. Incluso si tratan de aspectos políticos, estos trabajos adjudican a los migrantes un rol más pasivo, como sujetos de políticas, que activo, como promotores de sus propias dinámicas de poder, resistencias y transformaciones. En segundo lugar, el libro en sus diferentes contenidos presenta a los migrantes como actores políticos dentro de campos sociales transnacionales, aún estudiando su relevancia política a escala local, regional o nacional. En este sentido, el libro se encuadra en un análisis de los movimientos migratorios y los con-secuentes procesos de re-constitución política que huye del etnocentrismo y “nacionalismo metodológico” (Wimmer y Glick-Schiller, 2002) e igualmente rechaza una visión dicotómica de la realidad a través de un uso normativo

ÁNGELES ESCRIVÁ CHORDÁ10

del concepto de integración. En tercer lugar, por la variedad de casos y es-cenarios, este volumen constituye un destacado intento de comunicación entre investigadores de Europa y América y, por ende, puede interpretarse como un avance en el “necesario diálogo transatlántico” (Portes y DeWind, 2006) al que se ha hecho mención en diferentes foros internacionales, y que incluye no sólo a investigadores norte-americanos sino también del centro y sur de América. Un atractivo añadido de esta recopilación de trabajos reside en la amplitud de enfoques que presenta. En los diferentes capítulos del libro se abordan las perspectivas y las acciones tanto de los migrantes individualmente, como de las organizaciones de migrantes y otras de la sociedad civil, y de los Estados. En este conjunto de hechos se ha tenido en cuenta una visión de la parti-cipación política amplia, que incluye aspectos considerados más formales, clásicos o institucionalizados (elecciones, membresía en partidos y sindicatos, cabildeos) y menos (participación en diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones no registradas, movilizaciones espontáneas, contactos por Internet). La idea de este volumen toma cuerpo cuando, tras varios años de trabajo a título individual, las editoras de este libro nos percatamos de la convenien-cia de compartir experiencias y conocimientos que conduzcan a proyectos comparativos de mayor alcance y envergadura. El nexo de unión constituyó el estudio de las relaciones políticas que los migrantes latinoamericanos es-tablecen con los Estados (tanto de origen como de recepción, y otras instan-cias inter- y supra-nacionales) y con sus ciudadanías desde una perspectiva transnacional. Esto ha llevado en nuestro caso a la realización de varias actividades en común, entre las que se encuentran, una primera Jornada de discusión-reflexión entre investigadores, miembros de organizaciones de migrantes latinoamericanas, organizaciones pro-migrantes y administraciones públicas, que se llevó a cabo en octubre de 2007 en la Universidad de Huelva; un proyecto exploratorio sobre participación política de los latinoamericanos en Andalucía realizado durante 20081 y, finalmente, la edición de este libro. Como resultado de la reflexión conjunta, también se están preparando varios artículos para revistas internacionales y se prevé la exploración de nuevos aspectos de investigación a escala local, regional, nacional e internacional con financiación adicional. Se halla España en estos momentos (como Alarcón Requejo señala en el capítulo 2) en una coyuntura crítica en cuanto a la discusión de los derechos políticos de los migrantes. Poco después de aprobarse la Directiva del Retorno

1 Financiado por la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, ref.: 2007/112.

INTRODUCCIÓN 11

en el Parlamento Europeo, en el verano de 2008 aparece la noticia de que el actual gobierno español pondrá en marcha disposiciones para autorizar a los extranjeros con residencia legal el sufragio pasivo y activo en elecciones locales. Esta iniciativa recoge un antiguo reclamo de la colectividad migrante y de parte de la sociedad civil española, y supone una oportunidad para el reconocimiento y construcción de una ciudadanía más plena y una sociedad más democrática y participativa. Ahora bien, a pesar del avance que esto con-lleva, la noticia queda ensombrecida por la inclusión de importantes trabas jurídicas. La extensión del derecho al voto estará limitada a aquellos extran-jeros que puedan demostrar un periodo de residencia documentada de como mínimo 5 años, por un lado, y será imperativo la existencia de reciprocidad en este derecho con el país de procedencia de cada uno de los colectivos, por otro. Debido a estas restricciones, un buen número de quienes viven en este país seguirá imposibilitado del disfrute de estos derechos, a causa no sólo de circunstancias personales2 sino también por razón de la situación jurídico-política de su país de origen (teniendo en cuenta las dificultades de armonización planteadas por Alarcón Requejo). Se ha avanzado considera-blemente, no obstante, en las negociaciones entre España y algunos gobier-nos latinoamericanos, de manera que se espera que en 2011 puedan gozar de este derecho al menos colombianos, peruanos y argentinos, así como los españoles residentes en estos países. Con todo, no parece encontrarse España en la mejor coyuntura para abrir un debate sobre la condición ciudadana de los inmigrados. Las actuales cir-cunstancias económicas y laborales están llevando a priorizar las discusiones sobre asuntos de política económica y social. En relación con esta visión economicista y problematizadora, el planteamiento de la inmigración más habitual en los medios de comunicación gira en torno al control de las entra-das clandestinas y el diseño de alternativas para los inmigrados afectados: entre la reconversión laboral, la movilidad interna y el retorno. Además de la existencia de estas preocupaciones, desde algunos sectores se ha recriminado al gobierno el utilizar la reapertura del debate sobre el derecho al voto de los inmigrantes supuestamente para desviar la atención sobre cuestiones como el aumento del desempleo. Con crisis económica o sin ella, mientras el debate sobre la extensión del derecho al voto de los extranjeros no comunitarios pone en evidencia la (falta

2 El número de extranjeros residentes indocumentados en España se estimaba en enero de 2008 entre 300.000 y 590.000, el 80% de ellos de origen latinoamericano (Proyecto CLAN-DESTINO, [http://www.eliamep.gr/en/category/migration/)]. Los indocumentados, además, tienen prohibidos los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga (según la ley vigente, Ley Orgánica 8/2000), apartados de la ley que, no obstante, han sido declarados inconstitucionales y, por tanto, nulos, recientemente.


de) confianza de la clase política y el conjunto de la sociedad en la capaci-dad de los migrantes y la (falta de) voluntad de equiparlos a los nacionales, otras prácticas políticas son vistas como sospechosas, y son devaluadas, perseguidas o bloqueadas. Esto último resulta en el caso de las actividades no sólo de los musulmanes residentes en España y Europa (como remarca Østergaard-Nielsen en el capítulo 1), sino también de los colectivos lati-noamericanos. Estas actitudes pueden dificultar tanto su vertebración con fórmulas políticas nativas como con iniciativas y redes establecidas con la diáspora, el país natal u otras organizaciones internacionales. La desauto-rización de determinadas prácticas políticas en los colectivos de ciudadanos de origen migrante puede estar consensuada por ambos Estados (de origen y de incorporación) o, por el contrario, restringirse a la acción de uno solo de ellos, mientras que el otro adopta una postura contraria o pasiva. Por lo general, aún los grupos de disidentes reciben algún apoyo de grupos locales del nuevo lugar de residencia. Esta cuestión de la relación entre “migración – práctica política disidente – apoyos” es relevante, no sólo por los numerosos casos de integrantes (y sos-pechosos de serlo) de grupos subversivos que tuvieron que salir de sus países y cobijarse lejos de la acción represora de sus Estados, sino también por la ingente masa de personas que han migrado a resultas de una combinación de causas personales, mala situación económica y social y diferencias políticas con los gobernantes y otros grupos de poder de sus países. El exilio político forma parte importante de la experiencia de migración y desplazamiento de muchos latinoamericanos y, como se descubre en varios de los capítulos de este libro (Jensen y Coraza, capítulo 3; Moraes Mena capítulo 4; Bermúdez Torres, capítulo 5; Bolzman, capítulo 7), conduce a formas diferenciadas de participar en y hacer política. Los movimientos de los indocumentados y “sin papeles” son otra forma “disidente” de expresión cívico-política en la que incurren los grupos con déficit de reconocimiento ciudadano formal. A pesar de y por todo lo anterior, las posibilidades de expresión política no siempre se ven reducidas, sino que también pueden multiplicarse con la migración. En este caso se encuentran quienes por línea consanguínea o residencia obtienen varias nacionalidades de las que emanan derechos electorales y, por consiguiente, en breve espacio de tiempo ven multiplicadas sus posibilidades de sufragar a múltiples niveles: locales, regionales o fede-rales, estatales e incluso supranacionales, además de participar en diversas consultas (Escrivá, 2008). También, las asociaciones y otras entidades de migrantes se constituyen en muchos casos como respuesta a las limitaciones y problemas que confrontan en la sociedad de incorporación o como resultado de la apertura de las estructuras de oportunidades políticas (Però, capítu-lo 6). Las respuestas políticas de los migrantes, heterogéneas y a menudo enfrentadas, surgen espontáneamente entre los individuos afectados o son vehiculadas y favorecidas por otros actores. En este volumen se dará espe-cial énfasis al papel dinamizador de los Estados de origen de los migrantes

INTRODUCCIÓN 13

que crecientemente intentar atraer sus fidelidades. Una buena muestra de la intensidad de las actuaciones de los Estados emisores contemporáneos se incluye en los capítulos de Moraes, Bermúdez, Escrivá y Padilla (capítulo11) y Gamlen (capítulo 9). Pero, además, a lo largo de los diversos capítulos se aborda el papel de las instituciones y políticas del lugar de recepción, de los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil.

El CasO laTINOamERICaNO

Este volumen está dedicado a las migraciones procedentes de América Lati-na que han recalado tanto en países del propio continente americano como en Europa. Dentro de América los flujos más intensos se han producido entre países limítrofes, como es el caso de las migraciones México-Estados Unidos. Más recientemente, sin embargo, cobran nuevamente relevancia los movimientos de larga distancia que cruzan anchos territorios, mares y hasta océanos; un flujo en sentido inverso al que dominó buena parte del siglo XIX y XX (según nos ilustra Fernández Vicente en el capítulo 10). En el viejo continente, España es el país que más latinoamericanos recibe desde la década de los setenta, con la llegada de los exiliados del Cono Sur (argen-tinos, uruguayos y chilenos). A fines de los ochenta se iniciaron otros flujos numerosos, como los de los dominicanos y peruanos, que en la década pos-terior fueron seguidos por ciudadanos procedentes del resto del área andina (Ecuador, Colombia, Bolivia), que forma en la actualidad la comunidad más numerosa, y a la que se suman migrantes de otros países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La expansión y distribución de los flujos migratorios hacia Norteamérica o el resto de Europa se ha conducido de forma algo diferente a la española. En cada país se pueden distinguir determinadas etapas, que se relacionan con a) coyunturas de los contextos de partida (persecución política, agudización de la violencia social, caída abrupta del poder adquisitivo o de la confianza en el sistema, expulsión de los territorios y modos de vida anteriores, imple-mentación de nuevas leyes o disposiciones, entre otros), b) los contextos de llegada (reclutamiento de trabajadores y familias inmigrantes, políticas de acogida de refugiados, aplicación de nuevas leyes o sospecha de su inminen-cia, eventos que transmiten una imagen positiva del lugar, y otros más) y c) la acción de las redes formales e informales. Para comprender el porqué de la mayor propensión de unos grupos u otros a dirigirse a determinados lugares y en condiciones diferentes, hay que considerar, además: los antecedentes previos, es decir, las historias que vinculan a esos territorios y poblaciones (historias más o menos reales o imaginadas); los recursos con los que se cuenta (por lo general, a mayor distancia, se necesitan más recursos); así como un determinado grado de autodeterminación de los propios migrantes, para elegir concentrarse o dispersarse, especializarse en ámbitos concretos,


rehuir determinados destinos y buscar otros menos concurridos, quizás más prestigiosos. En ese orden de hechos se explica también el paso de los exiliados españoles de la República que, tras establecerse por años en diversos países sudamericanos, ellos o sus descendientes tuvieron que volver a refugiarse en países del entorno o incluso en Canadá (tal y como nos refieren Landolt, Goldring y Bernhard en el capítulo 8) o volver a España durante la etapa de la transición (referido por Jensen y Coraza en el capítulo 3 y Fernández Vicente en el capítulo 10). La población de origen latinoamericano en España supone en la actuali-dad más de un millón de personas, si en ella incluimos tanto los residentes documentados como los no documentados, los que figuran como extranjeros y los nacionalizados, los nacidos de padres de origen latinoamericano y los nacidos en América Latina de origen español que han regresado a la patria de sus ancestros. A esta heterogeneidad jurídica y de nacionalidades, cabe añadir otra heterogeneidad interna, producto de importantes diferencias en cuanto a clase, género, etnicidad, generación, motivaciones, que presenta el colectivo que de forma global llamamos “latinoamericano”. El aspecto físico de los primeros refugiados políticos sudamericanos, más parecido al español, en los que ligeramente abundaban los varones, estuvo seguido en los ochenta y noventa por un mayor protagonismo de las mujeres de color, a menudo jefas de hogar que buscaban, antes que su reconocimiento público, el sustento para ellas y sus familias, así como escapar de las limitaciones impuestas en sus lugares habituales por su condición femenina (Escrivá, 1999; Gregorio, 1997; Oso, 1998). En los años posteriores, no sólo se han diversificado las nacionalidades de origen en España, sino que entre los propios grupos se diversifica la condición de sus miembros; se tiende a un mayor equilibrio entre sexos, se incorporan personas de diferentes estratos sociales, se reducen las concentraciones regionales y laborales, y la reagrupación y reorganización familiar tiende a poner de nuevo en un mismo espacio físico a personas de diferentes edades y generaciones. Todos los capítulos de este libro están basados en estudios cualitativos, aprovechando la riqueza de detalles que ofrecen, al captar la esencia de acti-tudes y comportamientos más complejos de lo que percibe la opinión pública. Queda mucho por hacer; a pesar de la creciente importancia de la migración latinoamericana a España y otros países de Europa, desconocemos muchos aspectos todavía de sus formas de incorporación a un nuevo espacio físico, social y político, así como sobre las relaciones que establecen con otros actores y espacios. Estas cuestiones han sido abordadas más profusamente por la lite-ratura científica en los Estados Unidos, para quien América Latina constituye un principal foco de migración, y porque Estados Unidos tiene una más larga e intensa historia de migración latinoamericana en su territorio, en especial en al-gunos estados. La menor trayectoria de la inmigración en España se contrarresta

INTRODUCCIÓN 15

con una gran intensidad en el corto espacio de tiempo, intensidad que exige a los involucrados una rápida reacción y “quema de etapas”. Llama la atención la relativa rapidez con que los latinoamericanos pueden naturalizarse en España en comparación con otros países, lo cual explica, por ejemplo, porqué su acceso a cargos públicos tiene lugar bastante antes que en Suiza, pongamos por caso (como apunta Bolzman en el capítulo 7). Evidentemente es imprescindible tener en cuenta las diferentes respuestas que conllevan proyectos migratorios conce-bidos al corto o largo plazo, pero también cabe considerar las consecuencias de políticas de integración de diferente índole, más multiculturalistas en unos casos (Canadá, Reino Unido, como aquí se perfila), más asimilacionistas en otros. En ambos sentidos, por la variedad de casos y de contextos, este libro contribuye a que se tenga en cuenta la heterogeneidad dentro del colectivo latinoamericano, así como la influencia que pueden surtir los diferentes contextos de asentamiento. La existencia de estudios sobre la migración latinoamericana en Norteamérica y en otros países europeos nos permite aprovechar estos conocimientos para contrastarlos con el contexto español. Para facilitar esta comparación, se ha estructurado el libro en tres apartados, que comienzan con un estado de la cuestión teórica, que correspondería al capítulo de Østergaard-Nielsen, y finalizan con una recapitulación y plan-teamiento de líneas futuras en las conclusiones. El primer apartado incluye cuatro capítulos sobre los latinoamericanos en España: el de Alarcón Requejo expone aspectos jurídicos vinculantes a toda la migración latinoamericana y los otros tres presentan experiencias políticas singulares de determinados grupos y momentos históricos, en especial de los migrantes y exilados del Cono Sur. El texto de Bermúdez Torres sirve de puente para lo que viene a continuación, habida cuenta la comparación que realiza de un mismo colecti-vo, el colombiano, radicado en España y el Reino Unido. El segundo apartado está formado por tres capítulos. Los dos primeros abordan desde diferentes perspectivas y énfasis las formas de incorporación política de los latinoame-ricanos en dos países europeos, Reino Unido y Suiza, mientras que el tercero, referido al Canadá, contribuye a algunos de estos debates desde la óptica de un país “joven” y definido como multiétnico. Por último, el tercer apartado se dedica a la revisión de las políticas que distintos Estados, latinoamericanos o no, han desarrollado a lo largo del tiempo con relación a sus comunidades en el exterior, con el objeto de comprobar sus similitudes y determinantes. El capítulo de Fernández Vicente sobre el caso español recuerda que muchos de los debates que se elevan hoy en torno a la inmigración extranjera en España, siguen formando parte de nuestra propia historia de emigración al exterior.


BIBlIOGRaFÍa

ESCRIVÁ, A. (1999), "Mujeres Peruanas del Servicio Doméstico en Barcelo-na: Trayectorias Sociolaborales". Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona.

(2008), “Migración y procesos electorales. Hacia una ciudadanía políti-

ca transnacional” en J. García y J. Lacomba (eds.) La Inmigración en la Sociedad Española: una Radiografía Multidisciplinar. Barcelona: edicions Bellaterra, 509-524.

GREGORIO, C. (1997), "Sistemas de Género y Migración Internacional: la Emigración Dominicana a la Comunidad de Madrid". Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.

OSO, L. (1998), La Migración hacia España de Mujeres Jefas de Hogar. Madrid: Instituto de la Mujer.

PORTES, A. y J. DE WIND (2006), “A cross-Atlantic dialogue: the progress of research and theory in the study of international migration”. International Migration Review, 38: 828-851.

WIMMER, A. y N. GLICK-SCHILLER (2002), “Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences”. Global Networks, 2(4): 301-334.

CAPÍTULO 1LA POLÍTICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS:

REFLExIONES SObRE LA DImENSIóN TRANSNACIONAL DE LA PARTICIPACIóN POLÍTICA DE LOS mIgRANTES1

Eva Østergaard-NielsenUniversitat Autònoma de Barcelona

INTRODUCCIóN

La participación política transfronteriza de los migrantes y refugiados en sus países de origen ha ganado terreno en la investigación sobre migración y participación política en las últimas décadas. Estos estudios informan de que asociaciones políticas de refugiados, como las de los ceilandeses, somalíes y kurdos, son parte activa en conflictos inter-estatales o en disputas regiona-les de sus países de origen (Kleist, 2007; Orjuela, 2007; Østergaard-Nielsen, 2007b). Igualmente, grupos de migrantes como los turcos o marroquíes, se

1 Traducción al español del original en inglés realizada por Angeles Escrivá, con permiso de la autora.

EVA ØSTERGAARD-NIELSEN18

han convertido en parte interesada en los procesos de democratización y de-sarrollo de sus países de origen (Lacomba, 2004; Lacroix, 2005; Østergaard-Nielsen, 2003d). De hecho, se ha proclamado que la presencia en un país de inmigrantes, diásporas o exiliados cuyo universo político alcanza más allá de las fronteras estatales hasta el país de origen constituye un rasgo crecientemente importante de la política interna y las relaciones interna-cionales contemporáneas (Huntington, 2004; Sheffer, 1986)2. No hay nada nuevo en el hecho de que los migrantes, refugiados y exiliados se involucren en la política de su país de origen desde lejos. Sin embargo, las prácticas políticas transnacionales de los migrantes se inspiran en, y a la vez influyen, los procesos contemporáneos tanto de globalización como de localización de las identidades y prácticas políticas, y han atraído la atención de actores estatales y no estatales, organizaciones locales e internacionales. Entre las principales observaciones a este respecto tenemos: Primero, el interés político transnacional de los migrantes no desaparece necesariamente con el tiempo ni es reemplazado con las preocupaciones sobre la situación política en el país de residencia. La participación política local y transnacional no constituyen un juego de suma cero, como se ha de-mostrado en ambos lados del Atlántico (Guarnizo et al., 2003, Levitt, 2003, Østergaard-Nielsen, 2001b). No obstante, éste es sólo un punto de partida para indagar más acerca de cómo una óptica transnacional sobre la identificación y agencia política de los migrantes puede contribuir a una comprensión más holística de su incorporación política local – y viceversa. Segundo, los migrantes juegan un papel importante en los procesos de desarrollo y democratización, pero también en los conflictos de sus países de origen (Østergaard-Nielsen, 2006). Una multitud de organizaciones in-ternacionales, agencias gubernamentales y ONGs está interesada en sacar rendimiento del capital económico y político de los migrantes, o limitar y controlar esas redes y prácticas transnacionales de los migrantes que se perciben como una amenaza a la seguridad. Tercero, la manera y el grado en que la política de la patria natal importa a los migrantes entra dentro de su relación con las instituciones políticas del país receptor. Esta dimensión de la orientación política hacia la patria natal del migrante es relevante porque los migrantes y sus descendientes se han convertido en parte integral del paisaje político a lo largo de la Unión Euro-pea. Las asociaciones de migrantes han actuado desde hace tiempo como representantes de los varios grupos étnicos, religiosos o políticos de estos colectivos de migrantes. Los votantes de origen migrante se han convertido

2 Para una distinción entre diáspora política y movilización política de los migrantes, ver más adelante.

CAPÍTULO 1. LA POLÍTICA A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS... 19

en electores potenciales importantes para los partidos políticos en Europa. Sin embargo, la orientación política hacia la patria natal de los migrantes no es bienvenida de igual manera por los actores políticos del país receptor. Por lo tanto, las prácticas transnacionales de los migrantes son interesantes porque no sólo transgreden los límites de los sistemas políticos y las socie-dades, sino que también y al mismo tiempo descubren los límites políticos y discursivos de la participación local. Finalmente, el fenómeno de la vinculación transnacional de los migrantes ilustra la dicotomía cada vez menos acentuada entre lo doméstico y lo inter-nacional. Las prácticas políticas transnacionales de los migrantes cuestionan los supuestos sobre ciudadanía y comunidades políticas ligadas al Estado sobre los que se basa mucha de la literatura en ciencias sociales (Østergaard-Nielsen, 2001a). Esto ha conducido a reflexiones sobre cómo el estudio de los fenómenos transnacionales puede desembarazarse de los elementos más básicos del nacionalismo metodológico (Wimmer y Glick-Schiller, 2002) y emplear una metodología que permita una comprensión sin límites de las redes y la participación política transnacional y dirigida a la patria natal de los migrantes. Este capítulo revisa algunos de los elementos clave de la agenda de inves-tigación sobre el transnacionalismo político de los migrantes, con especial énfasis en la experiencia europea3. Las páginas siguientes buscan destacar cómo las prácticas políticas de los migrantes de ningún modo tienen lugar en un vacío político. La participación política transfronteriza está influenciada por – e influencia - el contexto institucional y político tanto en los países de origen como de destino, así como por los otros actores no-estatales con los que las redes políticas transnacionales de los migrantes a menudo se entrelazan. En Europa, el campo de estudio sobre las prácticas políticas transnacio-nales de los migrantes ha estado dominado por los estudios realizados en aquellos Estados de la Unión Europea con una trayectoria migratoria más larga y con relativamente poca atención a los latinoamericanos. No obstante, los capítulos de este volumen mejoran nuestro conocimiento sobre cómo el transnacionalismo político de los latinoamericanos en España y otros lugares de Europa es comparable a las experiencias de otros colectivos de migrantes en Europa. De hecho, en el nivel de la investigación empírica la presencia de grandes colectivos de migrantes de América Latina abre una amplia oportu-nidad para la comparación transatlántica con el caso de Norteamérica.

3 Este artículo se basa en trabajos anteriores sobre las prácticas políticas transnacionales de los migrantes, en particular referidas al caso turco y kurdo (Østergaard-Nielsen, 2003c; 2003d; 2009).


España llega tarde a los estudios sobre activismo político transnacional de los migrantes. Pero como este volumen ampliamente demuestra, los trabajos sobre transnacionalismo político migrante en España, al igual que en otros países del sur de la Unión Europea, tienen mucho que ofrecer a la agenda de investigación europea. Lo más importante en este contexto es que la re-lativa novedad de la migración significa que España se encuentra todavía en el proceso de definir una ciudadanía que incluya la presencia de cerca de cinco millones de migrantes. Una ciudadanía que todavía lleva el distintivo de España como país de emigración, que otorga derechos ciudadanos ple-nos a los expatriados españoles mientras que excluye a grandes grupos de nacionales de terceros países de la participación en elecciones nacionales y locales. Finalmente, tanto los gobiernos nacionales, regionales como locales prestan un considerable nivel de atención a las políticas de codesarrollo, que pretenden incluir a los migrantes en actividades transnacionales que beneficien a las localidades de origen (Gimenez et al., 2006; Østergaard-Nielsen, 2007a)

TIPOS DE PRÁCTICAS POLÍTICAS TRANSNACIONALES DE LOS mIgRANTES

El campo de las prácticas políticas transnacionales de los migrantes es tan complejo como los procesos, estructuras y actores involucrados a todos los niveles. Los estudios sobre las diásporas ya hace tiempo han analizado las relaciones políticas entre los emigrantes o refugiados y sus países de origen. Sin embargo, estos estudios se han enfocado normalmente en una agenda más estrecha y relacionada con el gobierno de grupos extranjeros tales como las diásporas armenia, judía y griega. A medida que la investigación sobre migración transnacional ha alcanzado a los estudios sobre diáspora, el cam-po de las prácticas políticas transnacionales de los migrantes ha necesitado una definición más amplia de lo político que incluya una paleta mayor de actividades electorales y no-electorales. En particular, si incluimos la par-ticipación transnacional de colectivos de migrantes a nivel local, entonces es importante no igualar el transnacionalismo político migrante sólo con la política electoral o lo relacionado con los gobiernos nacionales. A fin de dar sentido a un campo de estudio muy disperso, algunos estudios han intentado trazar las prácticas políticas transnacionales mirando qué migrantes conectan más con la política de sus países de origen y bajo qué circunstancias políticas y socio-económicas es más probable que lo hagan (Guarnizo et al., 2003; Itzigsohn et al., 1999; Østergaard-Nielsen, 2003c). En mi propio trabajo he utilizado una definición amplia de “prácticas políti-cas transnacionales” que distingue entre las varias formas de participación transfronteriza directa de los migrantes en la política de sus países de origen, así como su participación indirecta vía las instituciones políticas del país de acogida o las organizaciones internacionales. La participación transfronte-


riza directa incluye la participación electoral o en actividades no-electorales como ser miembro de, colaborar con o contribuir a, partidos políticos u organizaciones o movimientos de la sociedad civil a escala nacional o local. Está ligada a las estructuras de oportunidad política generales en el país de origen, así como a las medidas específicas adoptadas para la participación política de los emigrantes (ej.: el derecho al voto desde el exterior, los consejos consultivos para migrantes). La participación política transnacional indirecta denota los modos en los que la participación política en un país concreto, tales como los patrones de voto o las formas de hacer lobby, está informada por acontecimientos políticos en otro. Incluye varios tipos de cabildeo y cam-pañas informativas o, incluso, de bloqueo al voto sobre cuestiones políticas de la tierra natal en el país de residencia. Esta dimensión de la participación política en la patria natal está, pues, ligada también a las estructuras de oportunidad política del país de residencia, en intersección con los regímenes de incorporación de los migrantes y las definiciones de ciudadanía locales. Los migrantes y refugiados pueden movilizarse en torno a una multitud de cuestiones. Una forma de categorizar éstas es distinguiendo entre “immigrant politics” (política inmigrante), “homeland politics” (política hacia la patria natal), “emigrant politics” (política de emigrantes) y “local-local politics” (política local-local)4.

“Immigrant politics”: Éstas son las actividades políticas que los migrantes y refugiados llevan a cabo para mejorar su situación en el país receptor. Incluye hacer campaña para conseguir derechos políticos, sociales y económicos, luchar contra la discriminación y el racismo o tomar parte en debates y programas de política social sobre cómo conseguir que a los descendientes de los migrantes les vaya bien en el sistema educativo. Las asociaciones de migrantes y representantes políticos de los migrantes han llegado a ser im-portantes interlocutores en estos temas.

“Homeland politics”: Este termino denota las actividades políticas de migran-tes y refugiados dirigidas a la política interna o exterior del país de origen. Esto significa apoyo u oposición al régimen político del lugar de origen. Este término se usa a menudo como sinónimo de política diaspórica. Desde una definición más ajustada, la política diaspórica se relacionaría con aquellos grupos a los que no se les permite participar en el sistema político de su patria de origen – o que incluso no tienen un régimen político en origen al que apoyar u oponerse (Cohen, 1997). Más comúnmente, el uso del término diáspora o política diaspórica cubre las actividades de un amplio elenco de

4 Para una discusión sobre estas categorías ver Østergaard-Nielsen (2003d).


grupos de migrantes y refugiados5. Las actividades políticas dirigidas a la patria natal incluyen demandas de democratización y mejora de la gober-nanza, o un mayor respeto por los derechos humanos, étnicos y religiosos en el país de origen. Y habida cuenta que los migrantes tienen a menudo un importante interés económico en el país de origen, pueden solicitar mayores esfuerzos para poner freno a la corrupción y la burocracia.

”Emigrant politics”: El diálogo de los migrantes con los actores políticos del país natal no se refiere únicamente a asuntos de política interna o exterior, sino que también abarca la discusión sobre su propio estatus. Los migran-tes trabajan para la institucionalización de su estatus transnacional como residentes en el exterior y el aumento de sus derechos en el país de origen. Los emigrantes pueden solicitar esquemas de inversión favorables, exención de impuestos y tasas de aduana y la regulación de los sistemas de pensiones y de beneficios por hijos en el país de origen. Además, interesante en este contexto, pueden reclamar la extensión de canales de influencia en la polí-tica de allá, tales como los consejos consultivos y el derecho al voto desde el exterior y a presentarse como candidatos. “Local-local politics”: Una dimensión final del transnacionalismo político de los migrantes está dirigida a la mejora de la situación de la comunidad local de donde originan. Hay casos en que los migrantes y las asociaciones de migrantes se involucran en la vida electoral y de los partidos políticos de la región de origen (Smith, 2003). Sin embargo, una gran parte de la investiga-ción sobre participación local-local analiza cómo las asociaciones de paisa-nos juntan recursos para iniciar proyectos en su pueblo o región natal. Esta dimensión parece especialmente pertinente en el caso de España donde las políticas de codesarrollo animan a los migrantes a formular e implementar proyectos colectivamente para mejorar las condiciones locales en sus países de origen. Esta participación en el desarrollo de la comunidad natal se suele categorizar más como prácticas económicas que políticas de larga distancia. No obstante, la participación cívica colectiva de los migrantes puede tener ramificaciones políticas más amplias, dado que el empoderamiento de las comunidades locales sirve de catalizador del cambio político general (Portes, 1999). En concreto, un objetivo específico de las políticas de codesarrollo de los municipios catalanes es utilizar la participación a distancia de los migran-tes en proyectos de desarrollo para fomentar los procesos de emancipación cívica en sus localidades de origen (Østergaard-Nielsen, 2007a).

5 Para una discusión más extensa sobre el uso de los término diásporas y comunidades transnacionales ver Cohen (1997); Østergaard-Nielsen (2001a; 2003d).


Claramente estas dimensiones de las prácticas políticas transnacionales de los migrantes se solapan y mezclan unas con otras, dependiendo de la constelación particular de intereses divergentes o convergentes de los prin-cipales actores involucrados. Es importante señalar que las categorías de “immigrant politics” y “homeland politics” se solapan y entrelazan y son a veces inseparables en los procesos de movilización y participación política trans-fronteriza. Además, no corresponden a una dicotomía entre la participación política “local” y “transnacional”. No se trata de que la política inmigrante sea “local” y la política hacia la patria natal sea “transnacional” per se. Entre las asociaciones la política inmigrante puede tomar una dimensión transnacio-nal, a veces institucionalizada a través de las federaciones transfronterizas de asociaciones de migrantes y también tiene lugar mediante cabildeos su-pranacionales de dimensión europea o instituciones intergubernamentales. En otras palabras, la política transnacional de los migrantes no es necesa-riamente una política orientada hacia la patria natal6.

LA DURAbILIDAD DE LA IDENTIFICACIóN TRANSNACIONAL La óptica transnacional ha ganado fuerte posición en la investigación sobre la integración de los migrantes en Europa. La crítica sobre la propuesta transnacional es abundante: no es nueva, no es representativa de todo el colectivo de migrantes y no es duradera7. Esta última cuestión es muy rele-vante para el caso de varios de los importantes colectivos de migrantes en Europa, dado el número de descendientes de migrantes o refugiados. ¿Ha decrecido el interés por la política del país natal a lo largo de los años?, ¿están los hijos y nietos de los migrantes menos interesados e involucrados en la política del país natal que sus padres? o ¿hay otras diferencias a lo largo del tiempo o entre generaciones que debemos tener en cuenta al idear y llevar a cabo una investigación sobre la dimensión transnacional de la incorporación política?. Es importante enfatizar la falta de datos sobre la orientación y movilización de los migrantes hacia la política del país natal, en particular de las segun-das y terceras generaciones en Europa. En mi trabajo sobre las actividades políticas transnacionales de los migrantes son centrales las asociaciones de migrantes y sus redes locales y transnacionales. Sin embargo, esta elección

6 Para más discusión sobre el solapamiento e interrelación entre estas categorías, incluyen-do cómo la política hacia el país de origen se institucionaliza en el extranjero entre los colectivos migrantes, ver Østergaard-Nielsen (2003c; 2009). 7 Discusiones de tales críticas se encuentran en Portes (2001), Vertovec (2004).


metodológica es, de algún modo, una espada de doble filo. Al usar las aso-ciaciones de migrantes como punto de entrada a la investigación sobre las prácticas políticas transnacionales se puede dar una idea sesgada del grado de activismo dentro del grupo de migrantes en su conjunto. El liderazgo de la organización se ocupará usualmente en prácticas transnacionales específicas y centrales, pero puede no ser representativo del grupo amplio de inmigrantes y refugiados. Por tanto, es importante no confluir el interés del colectivo de migrantes en su totalidad con el de sus asociaciones. Hasta ahora este campo de investigación ha estado dominado por los estudios cualitativos que “toman la muestra en función de la variable de-pendiente”, es decir, estudiando el transnacionalismo migrante allí donde se manifiesta y dejando atrás la cuestión de qué tan extendidas están esas prácticas (Portes, 2001). El predominio de los estudios cualitativos sobre los cuantitativos significa que hay pocas encuestas que indiquen las diferencias entre niveles de orientación política transnacional a lo largo del tiempo o entre la primera y la segunda generación de migrantes. Por el contrario, hay estudios que usan diferentes colectivos de migrantes o diferentes Estados de residencia o de origen como variables independientes a fin de explicar los diferentes niveles de compromiso político transnacional (Guarnizo et al., 2003; Koopmans y Statham, 2003; Østergaard-Nielsen, 2001b). Usando las investigaciones etnográficas o los estudios sociológicos más cuantitativos se ha argumentado que la orientación política transnacional está relacionada con una multitud de factores, incluyendo el tipo de migra-ción, la duración de la estadía y la posición estructural de los migrantes y refugiados en los países receptores. En la investigación sobre migraciones en Europa más asimilacionista han predominado dos hipótesis principales: 1) que los migrantes y sus asociaciones pierden el interés en sus países de origen a lo largo del tiempo en favor de sus nuevos países de asentamiento, 2) que los migrantes que se involucran en los asuntos políticos de la tierra natal se vuelven hacia ella porque no se sienten aceptados en sus países de residencia. Yo he argumentado en otros trabajos la necesidad de desconec-tar estos factores y la actividad política transnacional (Østergaard-Nielsen, 2001b). Mientras que ciertamente estos factores explican parte de la activi-dad transnacional de los migrantes, son también categorías que perciben la migración y la incorporación de los migrantes unilinealmente. No se puede subestimar la importancia de los viajes baratos, los medios de comunicación electrónicos y la disponibilidad de prensa del país de origen en la capacidad de los migrantes para mantenerse en contacto con sus hogares. Los migrantes en Europa pueden seguir los eventos de sus países de origen con un toque del control remoto de la televisión o mediante la lectura de las noticias en los periódicos impresos habitualmente disponibles en todo lugar. Pueden conectarse a Internet y buscar e intercambiar información o expresar sus opiniones en blogs o foros. La orientación transnacional y la integración local no constituyen un juego de suma cero. Los vínculos transnacionales pueden


atravesar estos factores y conseguir que los migrantes se mantengan tan involucrados en la política del país natal como los refugiados, los migrantes asentados tanto como los recién llegados, los migrantes bien integrados tan activos como quienes tienen menos arraigo en el nuevo país de asentamiento. De hecho, Guarnizo et al., (2003) muestran que los migrantes que han obte-nido la ciudadanía americana son más activos que quienes no la tienen. Con todo, además de intentar explorar los cambios cuantitativos en la identificación y actividad transnacional a lo largo del tiempo y entre varias ge-neraciones de migrantes, resulta tan importante o más explorar las diferencias cualitativas en cómo los migrantes se movilizan y participan alrededor de qué cuestiones. Por ejemplo, en el caso de los turcos y kurdos, no basta un marco analítico de la política inmigrante y de la movilización política hacia el país natal (Østergaard-Nielsen, 2009). Las nuevas agendas de las asociaciones tur-cas y kurdas indican que crecientemente se movilizan por, o se vinculan con, cuestiones más amplias sobre democratización y derechos humanos, medio ambiente y género, en vez de los temas de política nacional que movilizaron a la generación de sus padres. De acuerdo con esto, como se discutirá más abajo, el campo transnacional de movilización y participación política incluye no sólo actores no-estatales nacionales sino también regionales o globales. Observadores de otros grupos musulmanes hacen notar que especialmente la segunda generación puede identificarse con movimientos islámicos más amplios y solidarizarse con otros grupos musulmanes de cualquier lugar, y que esto puede afectar la participación política local. Por ejemplo, los resul-tados de las recientes elecciones en Gran Bretaña han demostrado cómo la segunda generación de musulmanes bangladesíes y paquistaníes estaban desilusionados con los laboristas en mayor proporción que la primera gene-ración, debido a la participación británica en la guerra de Irak8. Así pues, en vez de medir la orientación política transnacional sólo como una función de la trayectoria migratoria o el proceso de integración, he argu-mentado en favor de un enfoque orientado más hacia la agencia, que coloque la movilización política hacia el país natal en el entrejuego de las ambiciones políticas de los líderes de los migrantes y las agendas de los Estados, gobiernos y partidos políticos tanto del país de origen como del de residencia. Desde este marco analítico las prácticas políticas transnacionales de los migrantes son parte de un mecanismo continuo de retroalimentación a través del cual los migrantes influencian y son influenciados por el ambiente político insti-tucional, transnacional y local.

8 Bodi, F.: “Ties that no longer bind. A new generation of Muslims is breaking with Labour” The Guardian, 5/5/2005.


EL TRANSNACIONALISmO POLÍTICO mIgRANTE Y LAS ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDAD POLÍTICA EN EL PAÍS DE ORIgEN Y RESIDENCIA

Las investigaciones recientes están llenas de ejemplos interesantes de cómo los países emisores (un término ambiguo, puesto que no todos los países “envían” a sus nacionales al exterior) están buscando reforzar los vínculos con sus emigrantes o población diaspórica en el extranjero (Brand, 2002; Guarnizo y Smith, 1998; Levitt y De la Dehesa, 2003; Mahler, 2000; Moraes et al., en este libro; Østergaard-Nielsen, 2003b). Smith (1997) distingue entre “homeland policies”, cuando los Estados emisores crean instituciones con el objeto de orientar a los migrantes hacia el retorno, y “global nation policies”, cuando los Estados emisores pretenden animar a los migrantes que se que-dan fuera a que permanezcan en contacto. Un número creciente de países con emigración ha pasado del primer modelo de políticas al segundo9. De hecho, en varios casos como los de México, Turquía o China, los emigrantes cuyos apuros fueron ignorados durantes años son ahora sujetos de retórica celebratoria que los eleva a héroes por la importante contribución que están haciendo a sus patrias. Esto ha venido acompañado de políticas y medidas administrativas destinadas a facilitar que los migrantes se involucren, en especial económicamente pero también políticamente, en su país de origen. De especial relevancia en este contexto es la extensión de la doble nacionali-dad a las poblaciones emigradas que, de otro modo, tendrían que renunciar a su nacionalidad al naturalizarse en sus países de residencia (Østergaard-Nielsen, 2003b; 2008). También aumenta la tendencia a otorgar el derecho al voto en el exterior a las poblaciones expatriadas (IDEA, 2006), lo que motiva a los partidos políticos a trasladar sus campañas electorales al extranjero a fin de asegurarse apoyos financieros y votos. Incluso en los casos en que el voto en el exterior no está implantado, a veces los gobiernos de los países emisores han puesto en marcha mecanismos de consulta especiales con re-presentantes de los emigrantes para reforzar el diálogo con los expatriados. De este modo, los países de los emigrantes buscan no sólo tener acceso a los recursos económicos de los residentes en el exterior, sino también (re)incorporarles a la política interna y externa y apelar a su amor por - y sentido del deber hacia - su país de origen. Por lo general se considera que el interés detrás de estas políticas de al-cance es económico (asegurar un influjo continuo de remesas y de inversión extranjera directa) y político (movilizar apoyo político y controlar la disiden-cia política subversiva). Los análisis comparativos de países emisores han

9 Para una vasta revisión comparativa de políticas públicas hacia las poblaciones emigran-tes de América Latina ver Vono de Vilhena (2006).


discutido los factores estructurales e históricos, internos e internacionales, que se han combinado para que algunos Estados emisores se muestren más interesados por sus nacionales en ultramar que otros (Gamlen, en este libro; Itzigsohn, 2000; Levitt, 2001; Østergaard-Nielsen, 2003b; Sheffer, 1986). La conclusión más generalizada es que la migración provee a los gobiernos de los países emisores, tanto a aquellos posicionados centralmente como sobre todo a los posicionados periféricamente en la economía global, con nuevas opciones para reconfigurar el alcance del Estado-nación mediante vínculos transnacio-nales económicos, sociales y políticos con sus nacionales en el exterior. Sin embargo, es importante no enmascarar la relación a veces ambigua entre los emigrantes y su país de origen. Muchos colectivos de emigrantes son escépticos acerca de las élites políticas en sus países de origen, a las que culpan de haber hecho imposible el que permanecieran en su patria en primer lugar. Por ejemplo, las políticas oficiales para llegar hasta los emigran-tes pueden adolecer de credibilidad, puesto que no es fácil convencer a una comunidad en ultramar de la sinceridad de los intereses oficiales después de años de olvido. De hecho, casos tan diversos como los de México, Turquía e India muestran que las relaciones con la población expatriada no cambian de un día para otro (Østergaard-Nielsen, 2003b). Se ha pregonado que los gobiernos emisores, partidos políticos y actores no-estatales son actores principales en la configuración del campo de prácticas políticas transnacionales y especialmente en la amplificación de las estructu-ras de oportunidad política para la participación política transnacional de los migrantes. No obstante, el Estado receptor juega un papel central al marcar los límites de la inclusión, exclusión y ciudadanía, permitiendo o prohibiendo las distintas formas de movilización política dentro de sus fronteras. Se puede argumentar que este enfoque es más dominante en Europa que al otro lado del Atlántico. Uno de los rasgos definitorios de la investigación sobre transnaciona-lismo político migrante en Europa es el énfasis que se ha puesto en cómo tales actividades se relacionan no sólo con los procesos de integración, sino también con la ciudadanía en el país de residencia (Østergaard-Nielsen, 2003c). Habida cuenta las diferencias en los regímenes de ciudadanía e incorpo-ración de los migrantes en distintos países europeos, varios estudios han intentado examinar el significado de los distintos contextos políticos de los países receptores en las actividades políticas de los migrantes hacia la patria natal. Se ha argüido que el tipo de ciudadanía y estructura de oportunidad política en el país receptor condiciona también el alcance de las actividades políticas hacia la patria natal entre los migrantes. Por ejemplo, varios estudios han comparado las actividades políticas transnacionales de los migrantes turcos en la Alemania “exclusivista” y los Países Bajos “inclusivistas” de la década de los noventa, concluyendo que las instituciones y actores políticos del país receptor destacan como potentes mediadores de la actividad política transnacional (Abadan-Unat, 1997; Koopmans y Statham, 2003; Østergaard-Nielsen, 2001b).


Sin embargo, los regímenes de ciudadanía e incorporación de migrantes en Europa han experimentado cambios notables en la última década. Por un lado, se tiende a liberalizar el sistema de adquisición de la ciudadanía, no basándose más en el ius sanguinis, de modo que es más fácil su adqui-sición por los migrantes y sus descendientes. Por otro lado, se identifica un giro restrictivo o más asimilacionista en las políticas de incorporación de los migrantes a lo largo y ancho de Europa (Joppke y Morawska, 2003). Las políticas y prácticas sobre ciudadanía en el conjunto de Estados miembros de la Unión Europa responden a un nexo reforzado entre las identidades nacionales, los valores y la membresía formal. Esto está relacionado con la ruptura en el pensamiento actual sobre cómo gestionar la incorporación de los migrantes en una serie de países europeos. Para algunos observadores, el aumento de partidos y sentimientos anti-inmigrantes en sitios como los Países Bajos o Dinamarca ha desafiado seriamente el concepto de multicul-turalismo. Para otros, no es culpa del concepto general, sino de una falta de políticas coherentes que ayuden especialmente a la segunda generación de migrantes a encontrar su lugar en las sociedades de residencia. Esta convergencia en las políticas de incorporación de los migrantes hace que la yuxtaposición de la Alemania exclusiva y asimilacionista versus la Holanda inclusiva y multicultural, que como se mencionó antes aparece en algunos estudios comparativos sobre el transnacionalismo político de los migrantes, sea menos clara. Sería pues relevante reflexionar más sobre si, y cómo, estos cambios en las políticas públicas influyen en las percepciones y las políticas que buscan la movilización y participación política transnacional de los migrantes hacia el país natal. De todas maneras, los análisis comparativos de la actividad política hacia el terruño en diferentes Estados miembros de la Unión Europea han destacado, algo paradójicamente, cómo la orientación política o las prácti-cas políticas hacia la patria natal de los migrantes no son sólo una función de la ciudadanía y las estructuras formales de oportunidad política de su país de residencia. Primero, es importante no equiparar estas estructuras de oportunidad política abiertas a la participación política de los migrantes con la oportunidad para el cabildeo y el reclamo político hacia el país natal (Østergaard-Nielsen, 2001b). La construcción de la Unión Europea compor-ta la promoción de membresías políticas solapadas para sus ciudadanos. Sin embargo, la movilización política transfronteriza por motivos políticos, étnicos o religiosos resulta incómoda en los debates sobre los modos de incorporación de los migrantes en muchos Estados miembros de la Unión Europea. De hecho, especialmente la dimensión política del transnacionalis-mo migrante, hasta qué punto los migrantes apoyan una causa, movimiento o partido político fuera de su país de residencia, resulta controvertido en la relación entre las asociaciones de migrantes y las instituciones políticas del país de residencia. Junto a diferentes modelos de incorporación política de los migrantes pueden existir actitudes bastantes similares con respecto a


la movilización política transnacional hacia el país natal de los migrantes (Østergaard-Nielsen, 2001b). Más aún, los estudios que comparan el impacto de las estructuras de oportunidad política nacionales en la actividad política transnacional de los migrantes no deberían generalizar acerca de los diferentes colectivos de mi-grantes. Los distintos grupos de migrantes dentro de un mismo país receptor pueden tener acceso diferente y elegir estrategias muy distintas. Incluso dentro del mismo colectivo migrante no siempre se puede generalizar. Por ejemplo, entre los turcos y kurdos (de un mismo país de origen, Turquía) determinadas asociaciones tienen más fácil acceso a los políticos centrales que otras. Éstas son normalmente las asociaciones menos controvertidas en términos tanto de política interna en el país de acogida como en sus relacio-nes con Turquía. Mientras tanto, aquellas asociaciones con menos acceso han optado por formas de mayor confrontación como las manifestaciones (Østergaard-Nielsen, 2003d).

mÁS ALLÁ DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES DE OPORTUNIDAD POLÍTICA

Las prácticas políticas transnacionales de los migrantes han de situarse en su contexto político institucional particular en el país de origen y de residencia. No obstante, a fin de superar el nacionalismo metodológico es importante tomar en serio lo ilimitado de la política transnacional de los migrantes. Las asociaciones o movimientos políticos de los migrantes pueden procurarse una amplia gama de recursos cuando se vinculan con otras asociaciones o actores políticos fuera del contexto político local. En realidad, el fin princi-pal de las redes políticas transnacionales de los migrantes es desligarse de su contexto nacional y ser capaces de conseguir recursos de asociaciones u otros actores políticos de cualquier lugar. Por ejemplo, en el caso de los turcos y kurdos, el escenario y genealogía de las organizaciones políticas transnacionales (muchas de las cuales también ahora, o incluso antes que nada, sirven de asociaciones políticas de migrantes) se presenta muy similar en Alemania y en los Países Bajos (o Dinamarca), ilustrando la importancia de las redes transnacionales que los migrantes establecen con su país de origen y, también importante, con otras asociaciones en Alemania, los Países Bajos o Dinamarca. Las asociaciones locales están vinculadas mediante una creciente infraestructura institucionalizada de federaciones nacionales y eu-ropeas que mantienen diversos tipos de vínculos con el país natal. A través de estas redes, las asociaciones juntan recursos e intercambian información sobre cuestiones políticas referidas a los inmigrantes y al terruño. También celebran juntos festivales y encuentros políticos o coordinan sus campañas (Østergaard-Nielsen, 2001b). De modo similar, cualquier análisis sobre la movilización de las asociaciones de marroquíes en España necesita contar


con los crecientes vínculos institucionalizados con asociaciones de migrantes en Francia, Bélgica o los Países Bajos. Y entre los grupos latinoamericanos hay varios ejemplos de tales redes transnacionales, incluyendo las de las asociaciones de migrantes peruanos (Escrivá, 2004). Así, los estudios com-parativos sobre la relación entre las estructuras nacionales de oportunidad política y las prácticas políticas hacia el país natal de los migrantes tienen limitaciones. La ciudadanía y las estructuras de oportunidad política son elementos importantes en el universo político de los migrantes, pero también lo son sus redes y recursos transnacionales. Asimismo, las organizaciones y redes internacionales pueden facilitar las prácticas políticas transnacionales de los migrantes. En particular, los grupos de migrantes o diaspóricos que se oponen a un Estado, que tienen fuertes aliados en sus países de acogida o que simplemente son demasiado poderosos para que otros Estados se entrometan en sus asuntos, pueden dirigirse a las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Consejo Europeo y otras parecidas. Uno de los ejemplos más clásicos fue el lobby ejercido por la OLP para el reconocimiento de Palestina como miembro de la ONU. Otro ejemplo lo constituye el de los tibetanos, quienes han de-fendido su historia de persecución y discriminación de mano de los chinos ante foros internacionales y no ante el Estado que los acoge, la India. Con todo, en mi experiencia investigadora he visto que sólo los grupos con más recursos consiguen cabildear a las organizaciones internacionales a un nivel más profesional sin ayuda. Pocos movimientos turcos y kurdos en Europa han conseguido navegar entre las instituciones políticas en el ámbito euro-peo, e incluso entonces su cabildeo es bastante esporádico. Por contra, las llamadas redes de defensa trans-estatales de ONGs son muy valiosas (Keck y Sikkink, 1998). La cooptación de las ONGs a escala nacional e internacional es una estrategia muy solicitada dentro de las actividades políticas que se dirigen hacia la patria natal, ya que tales organizaciones facilitan el contac-to con niveles de elaboración de políticas a los cuales de otra manera para una organización diaspórica sería difícil obtener acceso. De manera similar, las prácticas políticas transnacionales de los migrantes se traman dentro de tales redes de influencia. Destaca el caso de las asociaciones de kurdos que han conseguido conectar con redes de organizaciones internacionales de derechos humanos que tienen un más fácil acceso a los políticos que los propios kurdos (Østergaard-Nielsen, 2003d). Otro rol probablemente aún más importante de las organizaciones inter-nacionales es el de proveer un marco discursivo de referencia para aquellos grupos que abogan por agendas de democratización y derechos humanos. En particular, los discursos sobre derechos humanos proporcionan el lenguaje adecuado para las negociaciones entre las redes políticas transnacionales de los migrantes y los Estados, y las organizaciones internacionales aportan el sitio donde tales negociaciones pueden tener lugar (Østergaard-Nielsen,


2001a). Por ejemplo, la investigación sobre grupos políticos diaspóricos en los Estados Unidos ha argumentado que los grupos de migrantes asentados en los países más occidentales (en particular en EE.UU.) se posicionaron de acuerdo a la bipolarididad que trajo la guerra fría entre los intereses de la política exterior de occidente y los soviéticos. Por ello, se dio la bienvenida a los migrantes que se oponían a los regímenes políticos apoyados por la Unión Soviética, mientras que aquellos que apoyaban tales regímenes fue-ron ignorados (Shain, 1999). Hoy parece haber más espacio para el cabildeo sobre política exterior de los migrantes, en la medida en que los ideales de democracia, pluralismo, autodeterminación y derechos humanos son acla-mados, en principio, como centrales en el diseño de la política exterior de los Estados occidentales en la era post-guerra fría. Además, el tratamiento de las minorías se ha convertido crecientemente en un asunto transnacio-nal, con la introducción de nuevas y más amplias estructuras de seguridad regionales, la implementación de normas de intervención humanitaria y los llamamientos a la implementación de los principios universales de los dere-chos humanos. De acuerdo con esto, en algunos casos los Estados llegan a estar más abiertos a la idea de subordinar su política interna al escrutinio de Estados extranjeros y organizaciones internacionales (Smith, 1999).

LOS mIgRANTES Y LOS PROCESOS DE DEmOCRATIZACIóN

Los migrantes navegan un paisaje político complejo y multinivel cuando se involucran en la política de su país de origen desde lejos. La mayoría de las investigaciones se han ocupado principalmente de cómo las actividades políticas transfronterizas de los migrantes se vinculan con los intereses gubernamen-tales locales o nacionales en el país de origen o de residencia, y qué tipo de membresía o ciudadanía comporta la política transnacional de los migrantes. Existen menos evaluaciones de qué tan influyentes son en realidad estas acti-vidades. Uno de los parámetros para discutir tal influencia, que a la vez entra en una evaluación normativa del fenómeno, es el modo en que las prácticas políticas transnacionales de los migrantes contribuyen a procesos políticos democráticos, tanto en el país de origen como en el de residencia (Shain, 1999; Faist, 2000; Bauböck, 2003). La literatura reciente sobre las prácticas trans-nacionales de los migrantes ha puesto en cuestión el discurso postnacional sobre “deterritorialización” que caracterizó los primeros análisis, en particular de las políticas de los países emisores hacia sus nacionales en el extranjero (Glick-Schiller et al., 1992). Se señalan procesos de “reterritorialización” en la medida en que las instituciones estatales cooptan o, al menos, intentan canalizar las prácticas transnacionales de los migrantes. Igualmente impor-tante es su cuestionamiento acerca de si las prácticas transnacionales de los migrantes retan a las instituciones estatales o si, por el contrario, sirven a sus intereses (Faist, 2000; Guarnizo y Smith, 1998; Smith, 2003).


En términos del país de origen, las investigaciones recientes se preguntan cómo la participación política desde fuera beneficia los procesos democráticos al interior. El mismo término “transnacionalismo de las bases” implica una participación de abajo a arriba en lo que de otro modo serían democracias de arriba a abajo. Por ejemplo, las iniciativas translocales pueden beneficiar no sólo el pueblo o región natal, sino también desafiar el mando político a escala nacional (Portes, 1999). De manera similar, las redes entre asociacio-nes de migrantes en el extranjero y las organizaciones de la sociedad civil en el país natal podrían aumentar la capacidad de éstas para cuestionar, criticar y hacer publicidad y, por lo tanto, reforzar el control democrático en casa (Østergaard-Nielsen, 2003d). Y en los casos en los que los migrantes pueden votar en las elecciones desde el exterior, se entiende que poseen una plataforma desde la cual obtener información menos sesgada y ejercer una influencia en la política de su país natal que de no haber salido sería impo-sible de obtener (Bauböck, 2003). Aunque estos hallazgos son una contribución valiosa a la dimensión constructiva de la relación entre países emisores y sus ciudadanos en el exterior, otros estudios muestran una imagen más compleja. En términos de participación electoral, existen ejemplos tales como el de las elecciones italianas en 2006, en los que el voto expatriado ha marcado la diferencia en el resultado electoral. Sin embargo, los niveles de participación son por lo general bajos (IDEA, 2006), con la excepción de países como Perú donde el voto es obligatorio también para los emigrantes (Escrivá, 2004). Incluso en los casos en que los migrantes han luchado duro y durante mucho tiempo por el derecho al voto, como es el caso dominicano, el día de las elecciones el porcentaje de participación ha sido bajo (Itzigsohn y Villacrés, 2007). El hecho de que el nivel de voto entre los emigrantes sea menor que dentro del país se ha explicado por las particulares barreras logísticas al registro electoral en el exterior y el a menudo limitado número de colegios electorales (IDEA, 2006). Se ha argumentado también que el derecho al voto es visto por los migrantes como un derecho simbólico que codifica su demanda de reconocimiento por el país de origen (Itzigsohn y Villacrés, 2007). Añadir a esto que algunos co-lectivos de migrantes están muy poco entusiasmados con la élite política de su país natal, en particular a escala nacional (Østergaard-Nielsen, 2003b). En términos de la influencia que los migrantes tratan de ejercer a través del cabildeo en el exterior, no es fácil determinar con exactitud cuánta in-fluencia los migrantes pueden ejercer presionando a los gobiernos de acogida. Cualquier análisis de la política estadounidense hacia el Próximo Oriente, Cuba o Irlanda del Norte sería deficiente si no considerara los esfuerzos de las diásporas judía, cubana o irlandesa, respectivamente (Cochrane, 2007; Shain, 1999). No obstante, el cabildeo político de la diáspora raramente des-vía la política exterior fuera de los intereses nacionales ya definidos por los gobiernos, tales como las relaciones políticas económicas o de seguridad con el país de origen de los migrantes u otros países de la región (Østergaard-


Nielsen, 2001a). De hecho, es importante enfatizar que pocos grupos políticos orientados hacia el país natal tienen éxito. Más de una campaña política dirigida al país de origen es ignorada o incluso prohibida si el movimiento político utiliza medios demasiado radicales para llamar la atención. Además, parte de la dificultad en calcular la contribución de los migrantes a la democratización de la patria natal reside en la falta de transparencia de las asociaciones de migrantes y sus redes transnacionales. Puede ser difícil determinar “quién representa a quién” en términos de la organización política de los migrantes. Primero, no siempre está claro hasta qué punto las asocia-ciones diaspóricas o de migrantes representan los grupos del país de origen. Los exiliados pueden aportar una plataforma para dar voz al descontento con los regímenes totalitarios, pero algunas veces tal intervención puede enredar más que aliviar las disputas en la política del país natal. Claramente todos los gobiernos desean grupos de lobby en el extranjero que les apoyen – en particular cuando residen en países que son influyentes en la política global. Ahora bien, algunos países emisores, como la India, Armenia o Chipre, se mantienen ambiguos sobre su deseo de que exista una influencia política desde lejos, porque sienten que los que se fueron han perdido contacto con la realidad diaria de sus patrias y se centran sólo en cuestiones políticas más emotivas (Østergaard-Nielsen, 2003a) – tal y como se presenta en la descripción de Anderson (1992) sobre el nacionalismo de larga distancia10. El mismo tipo de argumento se ha aplicado al nivel de las asociaciones de migrantes que participan en actividades transnacionales más de tipo desa-rrollista a escala local. ¿Hasta qué punto los migrantes hablan en nombre de su pueblo? (Waldinger et al., 2007). Un número creciente de estudios sobre asociaciones de paisanos, especialmente de latinoamericanos residentes en los Estados Unidos, ilustra el compromiso de los migrantes en la mejora de las condiciones sociales y económicas de su localidad de origen. Empero, en algunos casos también cuestionan hasta qué punto los migrantes son capa-ces de desafiar las jerarquías de poder locales y proveer una contrafuerza a los procesos de exclusión socio-económica y política en sus pueblos natales (Itzigsohn y Villacrés, 2007). No se debería exagerar sobre el carácter emanci-patorio y contrahegemónico de las prácticas transnacionales de los migrantes, incluido su apoyo económico (Guarnizo y Smith, 1998; Mahler, 1998).

10 En casos extremos, se advierte de las tendencias particularistas y extremistas dentro de la movilización política hacia la patria natal de los migrantes y sus descendientes (Huntington, 2004; Kaldor et al., 2003; Leiken, 2005). La cuestión de la seguridad y las dobles lealtades está también presente en los debates sobre el derecho a la doble nacionalidad de los migrantes, aunque la tolerancia hacia esta doble nacionalidad está creciendo entre los Estados miembros de la Unión Europea (Østergaard-Nielsen, 2003d; 2008).


Otra preocupación relacionada con la movilización política hacia la patria natal de los colectivos de migrantes es si la movilización política transnacional de los migrantes actúa como obstáculo a la incorporación de los migrantes en sus países de residencia. Por ejemplo, Glick Schiller y Fouron (1999) hacen notar cómo el transnacionalismo entre los haitianos en los Estados Unidos aminora su participación en las luchas por la justicia social de grupos de base asentados en los Estados Unidos. De manera similar, los kurdos en Londres, que pasan el día trabajando ilegalmente durante muchas horas y en condiciones deplorables en los talleres clandestinos del norte de la ciudad, utilizan su escaso tiempo libre en movilizarse alrededor de agendas políticas del país natal que son insostenibles incluso en el análisis más optimista de la política regional turca y del Próximo Oriente. Esto no les deja tiempo para participar en reuniones para mejorar las condiciones legales y sociales de los solicitantes de asilo en el Reino Unido. Así pues, aunque la lealtad política por lo general no constituye un juego de suma cero entre el país receptor y el de origen, los procesos de movilización política dirigidos a la patria natal pueden servir para desviar la atención en casos particulares. Con todo, contamos con un creciente cúmulo de evidencias que ilustran cómo la participación en la política del país de origen refuerza la integración política en el país de asentamiento (Faist, 2000; Portes, 1999). Portes (1999) argumenta que la orientación política transnacional de los migrantes les con-fiere una voz que de otro modo no tendrían. Esto les sirve para empoderarse, investirles con un sentido de propósito y valía y de esta manera “actúa como un antídoto efectivo contra la tendencia hacia la asimilación descendente...” (Portes, 1999:471). En concreto, Shain (1999) arguye que las prácticas po-líticas transnacionales pueden contribuir al desarrollo de una democracia multicultural en el país de acogida. Por otro lado, la participación en campañas para la democratización de su país natal puede ofrecer a los grupos margi-nales de refugiados y migrantes un mayor punto de contacto con el sistema político del país de acogida (Shain, 1999). Por ejemplo, las asociaciones de migrantes turcos y kurdos en Alemania se erigen como puentes importantes entre las comunidades de migrantes y el sistema político del país de acogida. Su actividad política transnacional es una plataforma desde la cual es más fácil orientarse hacia - y contribuir a - la política del país de asentamiento (Østergaard-Nielsen, 2003d). Cualquiera que sea el impacto real sobre la democratización de los países emisores o receptores, el fenómeno de las prácticas políticas transnacionales de los migrantes contribuye a la erosión de la distinción (tenemos que admitir, bastante antigua) entre política exterior e interna. Contribuyen a lo que se ha denominado como “difusión de la política interna” (Miller, 1981), tanto en el país emisor como receptor.


COmENTARIOS FINALES La óptica transnacional sobre la participación política de los migrantes resalta la tensión entre la movilidad de las personas, la interconexión de las socie-dades y los límites de los Estados. De hecho, cómo adaptar los sistemas de representación democrática a la movilidad creciente de los ciudadanos resulta un desafío importante, tanto para los países emisores como receptores. Las diferentes respuestas de los Estados y el derecho al voto local que se le ha otorgado a los ciudadanos de la Unión Europea significa que los diferentes colectivos de migrantes en Europa poseen conjuntos muy diferentes de de-rechos políticos. Por ejemplo, dentro del territorio español los tres colectivos más grandes de migrantes disfrutan de un muy desigual acceso a la política electoral. Los rumanos pueden votar, tanto en las elecciones en Rumanía como en las elecciones locales en España, debido a su estatus como ciudadanos de la Unión Europea. De manera similar, los ecuatorianos pueden votar en las elecciones ecuatorianas y, debido a los acuerdos bilaterales entre Ecuador y España, sólo deben demostrar dos años de residencia legal para solicitar la nacionalización española. Por el contrario, los marroquíes todavía no pueden votar en su país de origen y deben demostrar al menos diez años de residen-cia legal para solicitar la nacionalidad. Con todo, la agencia política de los migrantes no debería igualarse sólo con la política electoral. Incluso en los casos en los que los migrantes no tienen el derecho al voto ni en su país de residencia ni en el de origen, el caso de los marroquíes en España, ellos de-vienen actores en los campos políticos locales, nacionales y transnacionales (Østergaard-Nielsen y Moreras, 2006). Este capítulo ha remarcado la relación dialéctica entre la actividad polí-tica transfronteriza de los migrantes y su ambiente político a varios niveles. He defendido la necesidad de una investigación empírica y una teorización de las prácticas políticas transnacionales de los migrantes que los coloque en un marco que examine críticamente su rol y agencia en la política local y global. Tal estudio se aparta de apreciar el grado de transnacionalidad de las prácticas políticas de los migrantes para tomar en serio estas prácticas como parte de procesos políticos locales, nacionales e internacionales. En otras palabras, añade el “cómo” y el “ahora qué” a la comprensión del “porqué”. El campo de investigación sobre las prácticas políticas transnacionales de los migrantes está todavía en ciernes. Más investigación comparativa, en parti-cular sobre la misma red política transnacional de migrantes en diferentes contextos políticos o diferentes redes transnacionales de migrantes dentro del mismo contexto político, podría aportar un entendimiento más sistemá-tico de los modos en que los diferentes contextos políticos influencian, y son influenciados por, las prácticas transnacionales de los migrantes. España, como este volumen testifica, ofrece una interesante perspectiva comparativa a las experiencias de otros países de inmigración europeos y norteamericanos. Próximos estudios remarcarán cómo una perspectiva trans-


nacional sobre la participación política de los migrantes se intersecta con las políticas españolas de incorporación de los migrantes y cómo estas políticas, a su vez, posibilitan o constriñen la acción transnacional de los migrantes. Al llevar a cabo esto, resulta relevante no sólo fijarse en el ambiente político institucional de los gobiernos nacionales en el país de origen y residencia, sino incluir también los gobiernos locales y los actores no-estatales (tales como ONGs y, por supuesto, organizaciones religiosas). Esto es especialmente im-portante para la dimensión de la participación de los migrantes en proyectos translocales de codesarrollo y para la noción de la cooperación dentro de la sociedad civil transnacional, que es un rasgo transversal dentro de la acción transnacional de los colectivos de migrantes en España (Escrivá y Ribas, 2004; Østergaard-Nielsen, 2007a). Adicionalmente, parece también relevante en el caso de España no definir la transnacionalidad de los migrantes ex-clusivamente como sus vínculos con el país de origen. Resulta fundamental considerar el grado de importancia de las redes transnacionales entre aso-ciaciones de migrantes en diferentes países de inmigración para sus procesos locales de movilización y reclamo. Los grupos de migrantes latinoamericanos, como este volumen señala, parecen ser un caso adecuado para tales estudios sobre redes transfronterizas, debido a su asentamiento en toda Europa y en los Estados Unidos. Nuevas investigaciones comparativas intra-europeas o transatlánticas enriquecerán nuestro conocimiento sobre los modos en que un contexto político institucional diferente en Norteamérica y España influye en – y es influido por – la participación política local y transnacional de los migrantes.

bIbLIOgRAFÍA

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PARTE ILATINOAMERICANOS

Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA

CAPÍTuLO 2DERECHOS POLÍTICOS DE LOS LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA

Y PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES LOCALES

Gílmer Alarcón RequejoUniversidad Jaime Bausate y Meza

INTRODuCCIÓN

Los flujos de migrantes y refugiados en el siglo XXI han superado todos los diagnósticos e implican grandes retos para políticas multifacéticas, más allá del estrecho marco del Estado-nación (Kymlicka y Straehle, 2001:95). Abrir caminos a soluciones razonables no es tarea fácil. Si un Estado-nación sigue esmerándose en proteger sólo los intereses de sus ciudadanos nacionales, y si acude a instituciones supranacionales como la Unión Europea para ce-rrar fronteras y elevar murallas, no cabe duda de que pone en cuestión su legitimidad democrática. La respuesta ante los elevados flujos migratorios que llegan a España, y en general a Europa, viene prioritariamente por vía de la criminalización, a través de pactos y acuerdos próximos a la arbitrariedad, como la Directiva

GÍLMER ALARCÓN REQUEJO46

de Retorno recientemente aprobada1. Esta directiva, con una fuerte dosis de cinismo verbal, somete a medidas de internamiento de seis meses, extensible a dieciocho a efectos de expulsión, a todo inmigrante en situación migratoria irregular. Estas medidas ignoran compromisos para el desarrollo de un en-foque comprensivo de la migración internacional. Uno de los compromisos asumidos en la V Cumbre América Latina, Caribe y la Unión Europea estuvo referido al goce y protección efectivos de los derechos humanos de todos los inmigrantes (parágrafo 27 de la Declaración de Lima, suscrita el 16 de mayo de 2008). Para hacer reconocible la normativa comunitaria basada en el respeto de los derechos humanos y el desarrollo de una ciudadanía cívica en España, antes que levantar la “fortaleza Europa”, se tiene que hacer efectiva, tanto la universalización del derecho de sufragio como la adecuación de algunos arreglos institucionales. Esto permitiría el ejercicio de un derecho fundamental y, al mismo tiempo, recuperar grados de representatividad que se han ido perdiendo, en la medida en que el sufragio ha ido dejando de ser universal por la presencia de un tanto por ciento significativo de extranjeros2. En la deliberación sobre los derechos políticos y el acceso a la ciudadanía de los inmigrantes, se constata que el derecho de sufragio constituye una de las “promesas incumplidas” en el Estado constitucional español. La gran muralla está en la cláusula constitucional de los criterios de reciprocidad con los países emisores y su limitación al ámbito local. La paradoja para los inmigrantes latinoamericanos radica en que esta muralla se levanta también como una posibilidad, con el argumento de los lazos histórico-culturales y los compromisos de cooperación internacional entre España y la comunidad iberoamericana. El derecho de sufragio de los inmigrantes en las elecciones municipales no es un tema nuevo en la agenda pública. Desde hace ya algunos años viene a ser una de las propuestas más debatidas en la sociedad civil y en los partidos políticos. La falta de un impulso a la participación política es un tema que no ha dejado indiferente a actores sociales y políticos, tanto a escala nacional como de la comunidad internacional.

1 Han sido múltiples los pronunciamientos de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe contra la Directiva europea sobre Procedimiento Común de Retorno Forzoso, aprobada por el Parlamento europeo el 18 de junio de 2008. La Directiva ha sido calificada de racista y xenófoba. Véase, por ejemplo, la Declaración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) en mayo de 2008 en Lima. 2 El sufragio es un poderoso instrumento de integración y a través de él se configuran las instancias representativas. Los programas electorales de los partidos políticos reflejarán un conocimiento de las necesidades y demandas del colectivo de extranjeros en tanto sean sujetos de sufragio (Santolaya y Revenga, 2007:74).

CAPÍTULO 2. DERECHOS POLÍTICOS DE LOS LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA... 47

Desde la esfera de la sociedad civil son conocidas las plataformas reivin-dicativas a favor del derecho al voto de los inmigrantes: buscan presionar a la clase política para que eliminen los obstáculos legales que impiden el ejercicio de este derecho. Estas plataformas están impulsadas tanto por asociaciones locales como por asociaciones de inmigrantes. Entre las locales, las iniciativas principales son “Aquí Vivo, Aquí Voto” y las de SOS Racismo. Desde el movimiento asociativo de inmigrantes latinoamericanos es conocida la Primera Cumbre de Comunidades Migrantes Latinoamericanas, llevada a cabo en Morelia, Michoacán, México, en mayo de 2007; sus conclusiones sobre el derecho al voto sirven como factor de presión en las cumbres de países iberoamericanos3. Desde la sociedad civil se considera la participación política de los inmigrantes como un paso necesario para la integración y para la construcción de una sociedad democrática, en la que se tome en cuenta a todas las personas residentes. Ante esta exigencia, la clase política, tanto a nivel nacional como inter-nacional, ha venido dando respuestas opacas y percibidas como ambivalen-tes. Esta opacidad y ambivalencia se puede constatar en la dinámica de los partidos políticos, unos con mayor iniciativa, otros a la expectativa de los nuevos consensos sociales a fin de no perder base social entre sus electores. En España, desde hace una década, el Congreso de los Diputados ha sido el escenario de esta dinámica de la clase política.

LOS PROBLEMAS DE LA NORMATIVA ACTuAL Y SuS POSIBLES SOLuCIONES

En los últimos tiempos se ha venido constatando una situación de parálisis del sistema que ha afectado al desarrollo jurídico del derecho de sufragio de los inmigrantes en las elecciones municipales. Frente a este problema ha existido escasa voluntad política por parte de los partidos mayoritarios. La voz disidente de los partidos minoritarios en este tema ha sido relevante; la reivindicación del sufragio de los extranjeros como mecanismo de integra-ción política ha estado presente en los programas de Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Els Verds (ICLV) desde 1998. Sólo en julio de 2008, en su Congreso Federal, el Partido Socialista Obre-ro Español (PSOE), partido que gobierna el país desde 2004, fue capaz de aprobar una resolución para acabar con la falta de desarrollo jurídico de la institución del sufragio de los extranjeros extracomunitarios con residencia

3 Véase [http://www.acoge.org/aqui_vivo]; [http://www.sosracismomadrid.es/campa-as-derecho-al-voto-manifiesto]; [http://www.aesco-ong.org/]; [http://www.ruminahui.org.es].


estable en España, instando al gobierno a impulsar los acuerdos políticos que sean necesarios a fin de que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales de 2011. El Partido Popular (PP), partido conservador y principal fuerza de la oposición, en su último Congreso realizado en junio de 2008, un mes antes que el socialista, no se había pronunciado concretamente sobre este tema, pero en declaraciones posteriores de sus dirigentes no se oponen al sufragio de los extranjeros, siempre que se cumpla con la condición de la reciprocidad; en todo caso, anunciaron que en el siguiente congreso del PP de Madrid el voto de los inmigrantes formaría parte de la ponencia política. No parece casual que el PSOE tomara esta iniciativa luego de que la Unión Europea, con el voto de los socialistas, aprobara la Directiva de Retorno, que ha sido criticada duramente desde diferentes sectores sociales y políticos. El compromiso del PSOE con la extensión del sufragio en las elecciones muni-cipales a los inmigrantes extracomunitarios ha despertado mucho interés y también muchas dudas. Por un lado, la solución jurídico-política para abrir la vía del sufragio al mayor número posible de inmigrantes todavía no está del todo clara. Si se emprende una medida cuyo impacto en la extensión del sufragio resulte irrelevante, devendrán las críticas aduciendo el mero gesto político que instrumentaliza una de las más sentidas reivindicaciones de los inmigrantes4. La apuesta por la extensión del derecho al voto a los inmigrantes saldrá adelante, en la medida en que los partidos políticos con representación en el Congreso logren un consenso básico y, luego de la deliberación, voten una medida concreta. En este proceso será importante, también, que los inmi-grantes participen del debate y no estén ajenos al curso de la decisión política que se adopte; en última instancia, agotada la vía de la deliberación política, deberán estar dispuestos a acudir a la vía judicial para poner en marcha el sistema de garantías de los derechos fundamentales, puesto que el problema no parece ser totalmente jurídico, sino de cierta falta de voluntad política, así como de conocimiento y compromiso con el ejercicio del derecho al sufragio por parte de los interesados directos, los inmigrantes. Hay soluciones que ofrece el marco de la Constitución española de 1978 (BOE de 29 de diciembre de 1978), y éstas pueden ser de corto y largo plazo. En el corto plazo, una de las posibles alternativas es la que propo-nen Santolaya y Díaz (2008:121) y Santolaya y Revenga (2007:74), quienes plantean que se concrete en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General el modelo de condiciones de reciprocidad en las que el Estado español está

4 De esta situación parecen advertir portavoces de partidos minoritarios de izquierda con representación parlamentaria. Véase Joan Herrera, “Un paso atrás en los derechos humanos”, El País, 9 de agosto de 2008, p. 27 y Gaspar Llamazares, “Europa: el retorno del miedo”, El País, 30 de julio de 2008, p. 25.


dispuesto a reconocer el derecho de sufragio a los extranjeros. Esta postura no desconoce las evidentes limitaciones del texto constitucional para el de-recho de sufragio de los extranjeros, y que si se han producido avances en su desarrollo, estos han venido de la mano del derecho comunitario, como fue la única reforma de la propia Constitución. La crítica a esta alternativa viene dada por el escaso impacto que produ-ciría una reforma electoral sujeta a condiciones de reciprocidad; el aumento del electorado inmigrante sería mínimo. Lo más adecuado, entonces, sería atreverse con la reforma del artículo 13.2 de la Constitución. Aja y Moya (2008:20) afirman que la reciprocidad se introdujo en la Constitución de 1978 con la mejor de las intenciones, pero la situación ha cambiado totalmente y la norma constitucional resulta inadecuada: “Este desfase entre la norma constitucional y la realidad social que ésta intenta ordenar supone un caso paradigmático de reforma constitucional. Por otra parte, este artículo 13.2 ya se reformó en 1992 sin mayores problemas, de manera que podría repetirse ahora el mismo procedimiento suprimiendo la exigencia de reciprocidad. Con una fórmula semejante a la existente en la mayoría de los Estados que reconocen el sufragio de los extranjeros (entre 3 y 5 años de residencia), el nuevo electorado alcanzaría a representar a la mitad aproximadamente de la población extranjera. Esta proporción sería más razonable para cumplir los criterios democráticos, sin producir un vuelco repentino en los resulta-dos electorales, ya que sigue representando una parte pequeña del total del electorado español”5. La solución planteada por Aja se enmarca en un ideal que se logrará a medio o largo plazo; la reforma constitucional serviría no sólo para eliminar la reciprocidad sino también para ir más allá, hasta permitir el sufragio de los extranjeros residentes en todos los procesos electorales: locales, regionales/autonómicas, estatales/nacionales y al Parlamento europeo. Por el contrario, la propuesta de Santolaya se caracteriza por su realismo jurídico-político, ya que se puede concretar en el corto plazo, en tanto la actividad legislativa lo permita. Por lo pronto, el gobierno ha tomado las riendas de la vía convencional para impulsar tratados de reciprocidad y, con en este cometido, el Consejo de Ministros ha nombrado un embajador especial para negociar con los paí-

5 Para Eliseo Aja, al parecer, las condiciones subjetivas y objetivas han variado notablemen-te en tres años, ya que en 2005 suscribió otro artículo junto a Laura Díez en el que reconocía que la vía del convenio bilateral era uno de los medios para reconocer el sufragio a todos los extranjeros residentes en España, al margen de las críticas que suscita la reciprocidad conven-cional, puesto que produce discriminación entre los extranjeros, y su objetivo es el interés del Estado; pese a todo, decía entonces, esta vía parece más factible hoy por hoy que la reforma constitucional (Aja y Díez, 2005:14).


ses de origen de los inmigrantes estos acuerdos6. Por un lado, queda lejos la propuesta de reforma constitucional señalada por Aja y, por otro, cualquier iniciativa legislativa, como la planteada por Santolaya, estará en manos de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados. Otro paso adelante lo constituye la reciente conformación de una Sub-Comisión para el estudio de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En este marco se realizarán las adecuaciones legislativas para el sufragio de los extranjeros no comunitarios.

LOS LÍMITES CONSTITuCIONALES Y Su DESARROLLO LEGISLATIVO: DE LA EXCLuSIÓN TOTAL AL RECONOCIMIENTO PARCIAL

La exclusión total

La identificación de soberanía popular con ciudadanía y nacionalidad ha ve-nido siendo la justificación para la exclusión total del derecho de sufragio de los extranjeros (Aranda, 2008:6). No cabe duda que esta identificación niega, por un lado, los derechos de los migrantes que se adentran en otros países con expectativas de mejorar sus condiciones de vida y, por otro, que la polí-tica de los Estados nacionales, desde hace tiempo, viene siendo desbordada por problemas surgidos a escala global. La desintegración social local y los peligros para la estabilidad interna también están latentes en estas recetas constitucionales simplificadoras de la realidad. En el debate constituyente, el artículo 13.2 de la Constitución española se erigió en el centro de estas preocupaciones. De entrada, la propuesta norma-tiva no ofrecía dudas, era claramente excluyente: “Solamente los españoles serán titulares de derechos políticos”. Iniciar un proceso de discusión que permitiera llegar a un consenso para suprimir toda referencia específica a la ca rencia de derechos políticos de los extranjeros, no resultó tarea fácil7. Del estudio comparativo de las enmiendas y propuestas formuladas en el proyecto de Consti tución, y si ordenamos los argumentos, nos encontramos con dos posturas opuestas. Por un lado, aquellas posiciones que mantenían la exclusión absoluta de los extranjeros en el ejercicio de derechos políticos. Sus artífices transitaban entre la Unión de Centro Democrático (UCD) y Alianza Popular (AP), partidos muy próximos al centro derecha y que ideológicamente transitaban entre posiciones demócrata-cristianas y liberal-conservadoras. Compartían la preocupación de que la inmigración emergente trae consigo

6 El País, Madrid, 15 de agosto de 2008, p. 13. 7 Trabajos Parlamentarios, Constitución española, Cortes Generales, Madrid, 1980, p. 9 y ss.


peligros acechantes a las claves de pertenencia a un Estado-nación, por lo que el sufragio tenía que seguir vinculado al tradicional estatuto de ciudadano nacional: según se argumentaba, el ejercicio del derecho de sufragio no se entiende sin los correspondientes deberes, que sólo pueden ser exigidos en su plenitud a los ciudadanos que portan la nacionalidad8. Por otro lado, estaba el bloque que defendía un reconocimiento parcial del derecho de sufragio de los extranjeros. Los portavoces de esta postura provenían tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Par-tido Comunista de España (PCE), el primero con una orientación política socialdemócrata y el segundo de orientación marxista. Consideraban que la estabilidad social de un país depende en gran parte de la integración políti-ca de los inmigrantes y que, además, en los tratados internacionales ya se venía produciendo el reconocimiento del sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales. Finalmente, observaban una progresiva quiebra de la identificación entre nacionalidad y titularidad de derechos políticos, puesto que la propia integración de España en organismos supranacionales era un buen motivo para que se produjeran cambios en el régimen constitucional de los inmigrantes9. El escenario en el que se aprobó la enmienda del tan discutido inciso “sola-mente los españoles serán titulares de derechos políticos” fue la Comisión del Senado. Este acto se produjo después de que se admitiera que la enmienda pretende no prohibir en la Constitución el despliegue ulterior de una legis-lación ordinaria que extienda a los extranjeros los derechos políticos. En el ambiente estaba viva la preocupación por los derechos de los españoles de la época de la emigración masiva de España. El texto constitucional aprobado y condicionado a un desarrollo normativo posterior, se limitaba a reconocer el sufragio activo de los extranjeros: “Artículo 13.2: Solamente los españoles serán titulares de los derecho reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales”. El sufragio activo permite ser elector y el pasivo ser elegible. La limita-ción constitucional del sufragio a su dimensión activa obligó a que en 1992

8 En la argumentación de Fraga Iribarne, político español de derecha y que fuera ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969 durante la dictadura de Francisco Franco, el Estado nacional tiene su sentido si reserva los derechos políticos a sus “propios” ciudadanos. Véase una ampliación de este debate en Rodríguez-Drincourt (1997:328-329). 9 Constituyentes del PSOE fueron críticos con la propuesta excluyente. Haciendo memoria histórica, reclamaban ser solidarios con los inmigrantes que empezaban a llegar a España, es-pecialmente con los iberoamericanos. Reconocían la generosidad con la que estos acogieron a los exiliados políticos y emigrantes económicos españoles. Advertían que el reconocimiento de derechos políticos a los extranjeros evitaría en un futuro no muy lejano una reforma constitu-cional. Véase Rodríguez-Drincourt (1997:328-329) y Massó (1997:127).


se produjera la primera reforma de la Constitución española, porque este artículo era contradictorio con el Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht. En el Tratado se establece el derecho de los ciudadanos euro-peos a votar y ser elegidos en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Así pues, la ratificación del Tratado de Maastricht demandaba que previamente se produjera una revisión de la Constitución. Fue el pleno del Tribunal Constitucional, y por requerimiento del Gobierno de la Nación, el que decidió la reforma por la vía del artículo 167. Con esta reforma se pro-cedió a reconocer a todos los ciudadanos europeos el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, lo que suponía una extensión del estatuto de participación consagrado en la Constitución española de 1978 por vía de la reciprocidad.

La limitación parcial

Los extranjeros extra-comunitarios en España son los que ahora ven limitado el ejercicio de su derecho por falta de desarrollo normativo del artículo 13.2 de la Constitución. Los derechos políticos de los extranjeros, con esta enmienda, pasan a tener en la Constitución su fuente normativa. A la redacción origina-ria: “solamente los españoles serán titulares de los derechos políticos”, se dice ahora: “solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”10. Los derechos políticos de los extranjeros en la Constitución cumplen una función subjetiva y objetiva: por un lado, la norma constitucional estable-ce los límites subjetivos de la participación política y, por otro, esta norma determina que, en tanto derechos incluidos en el sistema jurídico y a pesar de los condicionamientos, pasan a irradiar toda la estructura normativa del Estado democrático de Derecho.

10 El artículo 23 de la Constitución establece: “1. Los ciudadanos tienen derecho a partici-par en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en con-diciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes”. La relevancia de los componentes “nacionalidad” y “extranjería” es evidente cuando se legisla sobre participación ciudadana y derechos políticos.


Antecedentes del debate legislativo

La primera Proposición no de Ley que puso en la agenda de la Cámara de Diputados el desarrollo legislativo del derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales de ciudadanos extranjeros no comunitarios data de 1998: Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida fueron los partidos promo-tores y buscaban una decisión que inste al Gobierno a promover la firma de Tratados Internacionales de reciprocidad. Ante la falta de éxito de su iniciativa, repiten la propuesta en 2000 y, pese a la indiferencia mayoritaria, en 2003 estas organizaciones políticas plantean una nueva Proposición de Ley, que tampoco llegó a ser debatida. En 2004, vuelven a presentar otra Proposición no de Ley que, a diferencia de las anteriores, fue debatida y rechazada (Ex-pediente 162/000078, BOCG, Congreso, Serie D, número 24). En 2006, la cuestión del sufragio de los extranjeros vuelve a la agenda del Congreso a propuesta de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya (Expe-diente 162/000427, BOCG, Congreso, serie D, número 327). La Proposición instaba al Gobierno a estudiar las reformas necesarias para que los inmi-grantes residentes en el Estado español puedan participar en las próximas elecciones municipales, previo diálogo con todos los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, ayuntamientos, interlocutores sociales, organiza-ciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes. Esta propuesta sí que generó un consenso básico: luego del debate celebrado fue aprobada por unanimidad con 309 votos a favor (Diario de Sesiones, Congreso Número 152, correspondiente al 21 de febrero de 2006)11. Llama la atención su aprobación por unanimidad, pese a no estar inicialmente entre las prioridades de ninguno de los dos grandes partidos. Seguramente pesaban razones relacionadas con posibles variaciones en el tamaño y composición del censo electoral12. Este consenso básico y unánime duró muy poco. En mayo de 2006 vuelve a tomar fuerza el temor del “fantasma de mil cabezas” que recorre Europa, y particularmente en España con la llegada de cayucos a las playas, la delin-cuencia de países del Este y las bandas latinas. Las noticias sobre la migración masiva llenan la agenda pública. Sin embargo y a pesar de este contexto, dos meses más tarde los portavoces del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Parlamentario Socialista presentan la última Proposición no de Ley en el periodo de la VIII Legislatura, aunque

11 Para conocer los detalles de este debate véase Rius (2007:363). 12 Tras la presentación de la propuesta, tanto representantes del PSOE como del PP se comprometieron públicamente con la promoción de la integración política de los inmigrantes; además, en aquel mes de marzo, el PP anunciaba la intención de presentar una Proposición no de Ley en el Congreso para pedir al Gobierno que fomente la firma de convenios de reciprocidad con países emisores de inmigrantes. Véase Cebolla y González (2008:211).


su debate quedó truncado. En las elecciones municipales de 2007, una vez más, los inmigrantes extracomunitarios, entre ellos los latinoamericanos, no pudieron expresar sus preferencias a través del voto. Todo parece indicar que la IX Legislatura del Congreso de los Diputados será el escenario clave para las reformas jurídicas que permitan el reconocimiento del derecho al voto de los inmigrantes. Por lo pronto, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ya tiene presentada ante la agenda del Pleno de la Cámara, la Proposición de Ley Orgánica para el reconocimiento del derecho de sufragio de los extranjeros (BOCG. Congreso de los Diputados Núm. B-62-1 de 22/04/2008 Pág. 1). Del mismo modo, finalizado el 37 Congreso Federal del PSOE, en el que se resolviera el apoyo a las reformas legales para el reconocimiento y ejerci-cio del derecho al voto de los inmigrantes residentes, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista anunció que los socialistas presentarían a vuelta del verano una propuesta de regulación del derecho a voto en las elecciones municipales de los inmigrantes que residan legalmente y de modo estable en España, de manera que este derecho subjetivo pueda hacerse efectivo en las elecciones municipales de 201113. Todas las iniciativas legales que se han presentado hasta la fecha han insistido en tres aspectos del debate: la reciprocidad, los tratados bilaterales y las reformas legales sobre el régimen electoral general y sobre la legisla-ción de extranjería; además, han argumentado las ventajas del colectivo de inmigrantes latinoamericanos para el ejercicio de este derecho, por razones de lazos histórico-culturales y porque ya existen tratados de reciprocidad suscritos pero que necesitan cierta voluntad política para ser concretados.

LOS TRATADOS DE RECIPROCIDAD CON LATINOAMÉRICA Y LOS MARCOS LEGISLATIVOS

En el proceso de reconocimiento de derechos políticos de los inmigrantes latinoamericanos en España juegan un rol importante los tratados de reci-procidad sobre doble nacionalidad y los tratados de reciprocidad que buscan potenciar la ciudadanía a través del derecho de residencia14. Esta dinámica de los tratados bilaterales no hace sino ratificar que el fenómeno migratorio compromete políticas a escala global, regional e inter-estatal.

13 El País, 9 de julio de 2008, p. 21. 14 Cabe mencionar, también, que en el ámbito de los derechos sociales y laborales están vigentes, con algunos países latinoamericanos, convenios de seguridad social y convenios sobre ordenación de flujos migratorios de trabajadores. Véase Vacas (2007) y Sánchez (2008).


Por un lado, la Constitución de 1978 fundó los tratados de doble nacio-nalidad “con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España” (artículo 11.3), caso típico de las antiguas colonias. Las razones histórico-culturales sirven también como discriminación entre residentes extranjeros en el proceso de adquisición de la nacionalidad española: si a los iberoamericanos se les exige 2 años de residencia, otros colectivos de extranjeros tienen que acreditar 10 años. Todo ello con el objeto de construir una comunidad de lealtades políticas sobre la base de pertenencias identitarias; pertenencia que se presupone de los latinoamericanos, pero no de otros extranjeros como, por ejemplo, los marroquíes, igualmente numerosos en suelo ibérico. De este modo, se activa la función del ethnos y el demos constitucional en la búsqueda de un determinado horizonte de integración social del extranjero. Los inmigrantes latinoamericanos en España cuentan con condiciones y plazos privilegiados en el requisito de la residencia para la adquisición de la nacionalidad y, por lo tanto, los derechos de ciudadanía. La transformación durante el siglo XX y XXI de la mayor parte de los Estados del llamado “primer mundo” en Estados de inmigración ha hecho más valiosa la posesión de la nacionalidad: es la llave, tanto para la entrada legal en el territorio nacional como para el disfrute de los derechos políticos (Aláez, 2006:124). Sin em-bargo, la doble nacionalidad no siempre aporta lealtades al Estado-nación, y no siempre genera equilibrios entre grado de participación en el autogobierno y grado de obediencia al marco jurídico aprobado en un determinado territo-rio. Por otro lado, a fin de potenciar la ciudadanía de los inmigrantes sin necesi-dad de recurrir a la adquisición de una nueva nacionalidad, España y algunos países latinoamericanos han proyectado la negociación de mecanismos de reciprocidad en el derecho al voto dentro de los “tratados de cooperación y amistad”. Estos tratados fueron firmados en el marco de la conmemoración del “V Centenario del Descubrimiento”, denominado también “Encuentro entre dos Mundos” en 1992. Este hecho histórico fue visto como una oportunidad para establecer acciones de cooperación mutua y para proyectar los intereses de una Comunidad Iberoamericana de Naciones con un espíritu de unidad y de destino compartido. Entre las razones que arguyen las partes para justificar este acuerdo se encuentra: la necesidad de fortalecer los profundos vínculos históricos y culturales, además de la convicción de que la plena vigencia del Estado de derecho sólo es posible en condiciones sociopolíticas afines con el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia participativa y la observancia del principio de legalidad, enmarcados en el respeto a la sobe-ranía popular y el desarrollo económico y social. Son conscientes de que las relaciones de amistad deben traducirse en el fortalecimiento de la cooperación en todos los campos, con un compromiso por la defensa y promoción de los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos


y en otros instrumentos internacionales sobre esta materia. Estos acuerdos se suscribieron con cinco países latinoamericanos: Ar-gentina (1988), Venezuela (1990), Chile (1990), Uruguay (1992) y Colombia (1992), pero si se habla de una matriz de Comunidad Iberoamericana estos acuerdos debieron extenderse a otros países latinoamericanos. Para el control y seguimiento de los acuerdos se establecían comisiones bilaterales de alto nivel que, sin embargo, han estado paralizadas a la fecha. La propia dinámica de futuros acuerdos, en general, quedó estancada.

Tratado de Cooperación y Amistad con Argentina (Falta acuerdo complementario)

El Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Argentina fue suscrito en 198815. En el artículo 9 se estipula que “Conforme a las normas que se establezcan en un acuerdo complementario, los nacionales argentinos y españoles podrán votar en las elecciones muni-cipales del Estado en el que residen y del que no son nacionales”. Se com-prometen también al impulso de otros derechos políticos, como el derecho de asociación para participar en la constitución y funcionamiento de consejos de residentes y asociaciones civiles. El reconocimiento de derechos a los extranjeros en la República Argentina, como siempre, transita entre las condiciones de la nacionalidad y el derecho de residencia. Los derechos civiles están garantizados en el artículo 20 de la Constitución. Dos años de residencia permiten obtener la nacionalidad16. En las elecciones nacionales, ya sean presidenciales o parlamentarias, según el artículo 1 del Código Electoral Nacional17, sólo participan los nacionales, argentinos por opción o naturalizados. En las elecciones provinciales y lo-cales, algunas provincias reconocen el sufragio de los extranjeros, otras lo reservan como derecho exclusivo de sus nacionales. La Constitución de la provincia de Buenos Aires es una de las pocas que reconoce este derecho a los extranjeros, condicionado a un desarrollo legislativo18. Esta diversidad de situaciones complica los criterios de reciprocidad con España. Mientras que a nivel nacional sólo es posible el sufragio activo de los naturalizados, a nivel provincial dependerá de su Constitución y normativa electoral.

15 Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE nº. 205, Madrid, 28 de agosto de 1989. 16 [http://www.diputados.gov.ar/]. 17 Decreto nº. 2.135/83, del 18 de Agosto de 1983, con las modificaciones introducidas por las Leyes número 23.247, 23.476, 24.012, 24.444. 18 Mediante ley 334 de 2000, modificada por la ley 570, se creó el Registro de Electoras y Electores Extranjeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


El Tratado a la fecha está paralizado. Éste traía consigo la exigencia de la firma de un acuerdo complementario para su ejecución. Argentina cuenta con una población de cerca de 40 millones. Si se remueven los obstáculos, se calcula que unos 260.000 españoles podrían ejercer este derecho en ese país, aunque limitado al sufragio activo; en España, en una población total de alrededor de 45 millones residen 145.315 argentinos, de los cuales en torno a 50.000 podrían llegar a ejercer el derecho de sufragio19.

Tratado de Cooperación y Amistad con Venezuela (Falta acuerdo complementario)

El tratado de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la Repúbli-ca de Venezuela fue firmado en 199020. En el artículo 11 se señala que “Los nacionales de ambas partes podrán votar en las elecciones municipales del Estado en que residan y del que no sean nacionales, de conformidad con los respectivos regímenes constitucionales y legales, y con las normas que se establezcan en un acuerdo especial”21. En cuanto a la ciudadanía y los derechos políticos, la Constitución vene-zolana de 1999 tiene establecido que los venezolanos y venezolanas son los titulares de derechos y deberes políticos. La ciudadanía, además de su fuerte vínculo con la nacionalidad, también se articula al referendo popular, es decir, con instituciones de democracia directa. Si bien es cierto que los derechos políticos son privativos de los nacidos en Venezuela, los naturalizados pueden ejercer cargos de diputados a la Asamblea Nacional, ministros, gobernadores y alcaldes de estados y municipios no fronterizos, pero deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de 15 años. Según el artículo 64 de la Constitución, el voto para las elecciones muni-cipales y estatales se hace extensivo a los extranjeros que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Las condicio-nes legales para ser elector se especifican en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política22 y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal23. En conclusión, los criterios de reciprocidad con Venezuela sólo son posibles en el estrecho margen del derecho de los extranjeros al sufragio activo en las elecciones locales, condicionado a un periodo de residencia de 10 años. Según

19 El País, 12 de julio de 2008, p. 12. 20 Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE nº 170, Madrid, 16 de julio de 1992. 21 [http://www.gobiernoenlinea.ve/legislacion-view] 22 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, nº. 5.233, Caracas, 28 de mayo de 1998, p. 41. 23 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, nº. 38.204, Caracas, 8 de junio de 2005, p. 10.


últimos datos, de concretarse la reciprocidad de sufragio, la medida afectaría a un porcentaje muy reducido de los 57.679 venezolanos no nacionalizados que residen legalmente en España24; en tanto que en Venezuela el acuerdo beneficiaría a unos 121.000 españoles.

Tratado General de Cooperación y Amistad con Chile (No requiere acuerdo complementario)

El Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Chile fue firmado en 199025. En el artículo 17 de ese Tratado se establece que “Se concederá a los nacionales de ambos países el derecho de voto en las elecciones municipales del Estado en que residan y del que no sean nacionales, de conformidad con sus respectivas legislaciones”. Además, se comprometen a promover el ejercicio de otros derechos políticos, como el de participar en la constitución y funcionamiento de consejos de residentes y de asociaciones civiles. Según la Constitución de la República de Chile, la ciudadanía no está reservada a los nacionales, aunque la soberanía resida esencialmente en la nación, “limitada por los derechos esenciales”. En este sentido, hay que diferenciar tres dimensiones: primero, los derechos de ciudadanía son ejer-cidos por todos los chilenos que han cumplido dieciocho años de edad y que no han sido condenados a pena aflictiva; segundo, los que han obtenido la nacionalidad vía naturalización tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas; tercero, los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, acreditados por un certificado otorgado por el Ministerio del Interior e inscritos en el registro electoral, podrán ejercer el sufragio activo en las elecciones municipales y los plebiscitos comunales26. Con este marco jurídico, Chile reúne todas las condiciones suficientes para la reciprocidad. El tratado está vigente y no está sujeto a ningún otro acuerdo complementario, por lo tanto, no existe razón jurídica que justifique la situación actual. Hoy por hoy, sólo hace falta que el “Gobierno comunicara a la Oficina del Censo Electoral que los chilenos con más de cinco años de residencia en España deben estar inscritos en el censo, según lo previsto en el artículo 176.2 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral Ge-

24 El País, 12 de julio de 2008, p. 12. 25 Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE nº. 223, Madrid, 17 de septiembre de 1991. 26 Tres leyes son las encargadas de desarrollar lo establecido en la Constitución: Ley Orgáni-ca Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral (Ley 18.556), Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695) y Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Ley 18.700).


neral). No obstante, consideramos que el mismo efecto podría conseguirse individualmente por cada residente chileno, simplemente instando su ins-cripción en cualquiera de las actualizaciones mensuales del censo, prevista en el artículo 38 de la LOREG” (Santolaya y Díaz, 2008:69-70). Es decir, la responsabilidad de la parálisis en que se encuentra el ejercicio del derecho subjetivo no está en el Parlamento, sino en la actividad del Ejecutivo y en el propio interés de los inmigrantes chilenos; es decir, si la administración no responde, los interesados en el ejercicio del derecho tienen legitimada la vía de la intervención judicial. El número de chilenos residentes en España se acerca a los 23.000, mientras que en el país latinoamericano viven unos 35.000 españoles.

Tratado General de Cooperación y Amistad con uruguay(Falta acuerdo complementario)

El Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay fue firmado en 199227. En el artículo 15 de este Tratado se señala que “Los nacionales españoles y uruguayos podrán votar en las elecciones municipales del Estado en que residen y del que no son nacionales, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado. A tal efecto, ambas partes establecerán un acuerdo complementario para el ejercicio del mencionado derecho de voto”. No obstante, la legislación interna de Uruguay desborda el marco de este acuerdo. Mientras que en Chile los extranjeros sólo pueden ejercer el sufragio activo en las elecciones municipales y los plebiscitos comunales, en Uruguay este derecho se extiende a todo tipo de procesos electorales, aunque luego, este “bondadoso” reconocimiento se vea rebajado por un exigente requisito de 15 años de residencia. En la Constitución Política de Uruguay se establece que a hombres y mujeres extranjeros se les reconoce el derecho al sufragio activo, condicionado a los siguientes requisitos: buena conducta, familia constituida en la República, poseer algún capital en giro o propiedad en el país, profesar alguna ciencia, arte o industria, y residencia habitual de 15 años. Si la prueba de la residencia, fundada en instrumento público o priva-do fuera satisfactoria, el extranjero quedará habilitado para el ejercicio del voto desde que se inscriba en el Registro Cívico (artículo 78). Las previsiones constitucionales están desarrolladas por la Ley de Elecciones nº. 7812 de 1925, modificada por Ley nº. 17113 de 1999. Mientras que la dimensión democrática se ve fortalecida con la extensión del sufragio de los extranjeros a todos los procesos electorales, la dimensión

27 Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE nº. 131, Madrid, 2 de junio de 1994.


del derecho subjetivo se ve recortada por la exigencia de una residencia de 15 años y por quedar limitado al sufragio activo. Pero sin duda, Uruguay es uno de los países con el que, superando las limitaciones jurídicas, es posible desplegar la reciprocidad e impulsar la firma del acuerdo complementario para que el Tratado con España sea vinculante. Son casi 80.000 los uruguayos en España, entre tanto, en Uruguay viven alrededor de 41.000 españoles.

Tratado General de Cooperación y Amistad con Colombia (Falta acuerdo complementario)

El Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República de Colombia y el Reino de España fue suscrito en 1992 y ratificado dos años después28. En el artículo 13 se acuerda “Conforme a las normas que se establezcan en un acuerdo complementario, los nacionales colombianos y españoles podrán votar en las elecciones municipales del Estado en que residen y del que no son nacionales, teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación de ese Estado”. Se propone también la promoción de derechos civiles y sociales, tales como la seguridad social de los trabajadores inmigrantes. En el artículo 100 de la Constitución colombiana se establece que “Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal y distrital”. En este sentido, el Congreso de la República aprobó en 2006 la Ley 107029 de desarrollo de este artículo, precisando reglas para el ejercicio del derecho de voto de los extranjeros residentes en territorio colombiano. El artículo 5 de esta ley es-tablece los siguientes requisitos: a) tener visa de residente de conformidad con las normas que regulen la materia; b) acreditar como mínimo cinco años continuos e ininterrumpidos de residencia en Colombia; c) poseer Cédula de Extranjería de Residente; d) estar inscrito en el respectivo Registro Electoral; e) no estar incursos en las inhabilidades constitucionales y legales. De esta manera, los extranjeros tienen reconocido por la Constitución y la Ley correspondiente el derecho de sufragio activo en las elecciones y consultas municipales o distritales. Constitucionalmente este derecho no

28 Jefatura del Estado, BOE nº. 182, Madrid, 1 de agosto de 1995. 29 Diario Oficial nº. 46.346, Bogotá, 31 de julio de 2006. Según la Constitución Política de Colombia, aprobada en 1991, se puede ser nacional por nacimiento o adopción. Para el caso de la nacionalidad por adopción, hay dos casos en los que se aplica el principio de reciprocidad: “b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia que, con auto-rización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren; c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos” (artículo 96).


está condicionado a ningún tratado ni a criterios de reciprocidad: el acuerdo complementario que dejó establecido el Tratado firmado con España resulta irrelevante. En este caso, la validez del sufragio activo de los extranjeros en las elecciones municipales depende sólo de la Constitución y la ley. Colom-bia ha definido ya sus condiciones para el voto de los españoles y, con o sin tratado de reciprocidad, “estas previsiones podrían permitir la extensión del derecho de sufragio activo en las elecciones locales a los colombianos residentes en España” (Santolaya y Díaz, 2008:71). Es decir, un gran por-centaje de los 280.705 colombianos que residen en España tendría expedito su derecho al voto en las elecciones municipales de 201130. Asimismo, cerca de 8.000 españoles mayores de edad tienen expedito su derecho para votar en las elecciones locales colombianas.

LAS DIFICuLTADES DE LOS TRATADOS DE RECIPROCIDAD

Los países latinoamericanos han generado condiciones para la reciprocidad con España, no sólo a través de los tratados sino también a través de la ley: sus marcos normativos implican tanto a la legislación internacional como a la legislación interna. En España no se ha prestado mucha atención al desarrollo de la reciprocidad a través la ley, se ha preferido la vía de los tratados de reciprocidad bilaterales pero, dados los resultados, sin el mayor entusiasmo. Echando un vistazo a otros países en los que se ha desplegado el argumento de los lazos históricos culturales para hacer efectiva la recipro-cidad, encontramos que Portugal ha firmado dos convenios de reciprocidad que reconocen el derecho de sufragio activo y pasivo, tanto con Brasil como con Cabo Verde, y otros seis convenios para el derecho de sufragio activo en elecciones locales con países más allá de su comunidad lingüística: Ar-gentina, Chile, Islandia, Noruega, Uruguay y Venezuela. Del mismo modo, Gran Bretaña ha optado por dar ese paso con relación a los ciudadanos de la Commonwealth y los irlandeses. España, por el contrario, no tiene ningún tratado de reciprocidad vigente con Latinoamérica, sólo mantiene operativo en la actualidad el celebrado en los noventa con Noruega, país europeo que no pertenece a la Unión. Ahora bien, si nos limitamos a desarrollar sólo los tratados de reciproci-dad posiblemente se cumplan los peores presagios, es decir, los resultados serían irrelevantes. Por esta vía “el derecho de sufragio sólo se extendería a un escaso 10% de los dos millones y medio de residentes legales” (Aja y Moya, 2008:20). En cambio, si paralelamente al desarrollo de la vía de los tratados

30 El País, 12 de julio de 2008, p. 12.


se aprueba una ley general, siguiendo en parte el modelo colombiano, se en-tendería de mejor modo una posterior reforma de la ley electoral y de la ley de extranjería. Esto supondría no desconocer el carácter abierto y dinámico del ethnos y el demos constitucional de 1978 y el propio sentido del texto sobre el sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, “que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley”. Se trata de encontrar una solución que produzca un fuerte impacto en la conquista de derechos entre los inmigrantes residentes y en la mejora del proceso democrático, en el marco de la relevancia de la autoridad de la Constitución.

A MODO DE CONCLuSIÓN: DE LAS RAZONES HISTÓRICO-CuLTuRALES A LAS RAZONES DE LOS DERECHOS HuMANOS SOBRE LA RECIPROCIDAD

Los latinoamericanos residentes legalmente en España, en la actualidad, tienen garantizado el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación, entre otros derechos de carácter político, situación que les permite el acceso a una participación “consultiva” en la dinámica política de los ayun-tamientos. Sin embargo, como casi todos los residentes extra-comunitarios, carecen del derecho al sufragio en las elecciones locales, hecho que les priva de la participación en decisiones y en resultados. Esto da lugar a un déficit democrático y a un déficit en el reconocimiento efectivo de derechos, nece-sidades e intereses de todos, en tanto vecinos y residentes de la ciudad. El presente trabajo ha analizado los argumentos que sirven de base al Estado español para condicionar el reconocimiento del derecho de sufragio de los inmigrantes en las elecciones municipales a criterios de reciprocidad, que puedan establecerse por tratado o ley. En este marco jurídico-político, se han analizado también aquellas alternativas que a la fecha sólo han centrado su atención en los “tratados de reciprocidad”, ignorando la posibilidad de un desarrollo del artículo 13.2 de la Constitución española a través de una disposición legal; vía que permitiría sortear de mejor modo las múltiples di-ficultades que presenta la firma de tratados país por país. El artículo 13 de la Constitución española de 1978 pretende articular tanto la dimensión de la nacionalidad como la de la extranjería como com-ponentes funcionales de los derechos de ciudadanía, extendiendo a los extranjeros, prima facie y de manera general, el disfrute de las libertades públicas que garantiza el Título Primero (De los derechos y deberes funda-mentales) a los españoles. Sin embargo, también trae consigo las limitaciones y discriminaciones en el ejercicio diferenciado de estos derechos propios de un Estado-nación, que se articula a través del demos pero también a través de lazos histórico-culturales. La nacionalidad requiere de preconcepciones histórico-culturales comunes, la residencia el compromiso con la ciudad,


con el municipio donde se vive bajo principios de igualdad y el respeto de las diferencias. El ejercicio por parte de los extranjeros de derechos políticos, y especialmente del derecho de sufragio en las elecciones locales, implica cambios políticos y constitucionales muy importantes. El cambio progresivo va de la discriminación por razón de lazos histórico-culturales hacia razones universalizadoras. Las razones histórico-culturales tienen sentido como argu-mentos transicionales; si se mantienen permanentemente en el tiempo pueden generar marcas odiosas. El debate sobre los vínculos histórico-culturales de las minorías inmigradas no debe alejarnos de la discusión acerca del origen de la igualdad de participación, bien sea por pertenencia a un grupo cultural nacional o por pertenencia a un sistema de derechos. Cuando los elementos histórico-culturales no funcionan como elementos de integración social se demanda un sistema de derechos para garantizar lo que ella no garantiza: la igualdad de participación. Hay que intentar entroncar el argumento del sufragio activo y pasivo en las elecciones locales en la urgencia de hacer visibles ámbitos fundamentales de la vida cotidiana y social para evitar la exclusión y el desarraigo de los inmigrantes. Participar en el seno de la sociedad implica tomar parte también en las deliberaciones y en las decisiones sobre un futuro compartido de nece-sidades e intereses legítimos. Fortalecer y extender el derecho de residencia a través de la participación política local es la apuesta por la construcción del sujeto-ciudadano, superando la instrumentalización del sujeto-contribuyente o del sujeto-usuario de los servicios públicos del municipio donde reside. Las reivindicaciones de los residentes inmigrados pasa por el derecho a la inclusión y a la representación de sus intereses y necesidades, para que no se ignore su voz y sus potencialidades en el desarrollo del país que los acoge. Esto implica incorporarse no sólo a las demandas del mercado y la economía, sino también a la representación política y al ejercicio de los cargos públicos. Las necesidades e intereses de todos tienen que solaparse en una cultura política común que, a su vez, permanezca abierta a los impulsos que puedan venirle de nuevas formas de vida aportadas por quienes llegan de fuera. No se puede dar por supuesta una armonía entre relaciones histórico-culturales y políticas, puesto que subyace una aporía entre ethnos y demos desde los orígenes de la constitución del Estado de Derecho moderno. Cuando se discute la ampliación de derechos políticos de los residentes inmigrados, al conceder a los individuos un medio para participar políticamente más allá del Estado-nación, aparecen vinculadas esferas subnacionales, nacionales y transnacionales. En este contexto, queda abierta una pregunta ¿Cómo desarrollar la clase de identidad y solidaridad comunes y necesarias para la estabilidad y el fortalecimiento de una Comunidad Iberoamericana de países que se inspiran en los principios del Estado democrático de Derecho, en los que el ethnos y el demos sean componentes funcionales y normativos de un patriotismo constitucional?


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CAPÍTULO 3LOS PIONEROS DE LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA

A ESPAÑA: EXILIADOS URUGUAYOS Y ARGENTINOS

Silvina Jensen y Enrique Coraza Universidad Nacional del Sur y Universidad de Salamanca

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende analizar las redes políticas y sociales de los exilios uru-guayos y argentinos en España, sus formas de organización y sus espacios de representación en una doble dimensión: al interior del espacio del exilio nacional y con la sociedad de acogida. La instalación de dictaduras cívico-militares, tras los golpes de 1973 en Uruguay y 1976 en Argentina, lanzó al exilio a miles de ciudadanos que, con-dicionados por la coordinación represiva regional conocida como “Operación Cóndor”, se vieron obligados a buscar refugios seguros más allá de los países vecinos que históricamente habían funcionado como espacios de protección y resistencia política.

SILVINA JENSEN Y ENRIQUE CORAZA66

Los exilios rioplatenses1 se sucedieron a lo largo de los años setenta, y aún en los primeros años de la década de los ochenta, y se esparcieron por una amplia geografía que abarcó desde Venezuela, Cuba o México en América Latina hasta Europa, África, Australia, Estados Unidos y Canadá. España fue uno de los destinos más importantes para estos exilios no sólo desde el punto de vista numérico, sino por las relaciones históricamente cimentadas entre ambos espacios, en lo familiar, cultural, económico, político o sindical. En esta época, uruguayos y argentinos coincidieron en España con otros grupos de exiliados e inmigrantes, principalmente chilenos y ecuatoguinea-nos, así como con otros de menor peso numérico. Madrid y Barcelona fueron las ciudades de mayor concentración de exiliados, donde se organizaron sus principales espacios de representación y al mismo tiempo se desarrollaron los intercambios más prolíficos con la sociedad nativa. Las redes y relaciones políticas y sindicales, así como de solidaridad y de-nuncia, que estos exilios generaron se establecieron a partir de dos elementos clave. Por un lado, reactivando las relaciones históricas que mantenían con sus organizaciones homólogas españolas de cara a sumar apoyos al trabajo político y de denuncia de las dictaduras rioplatenses. Dichos lazos se habían fortalecido a partir del arribo de exiliados republicanos españoles a Uruguay y Argentina en los años cuarenta. Y, por el otro, mediante la integración de los exiliados uruguayos y argentinos al trabajo político y sindical de las propias organizaciones españolas movilizadas en el contexto de transición democrática. Este artículo constituye un primer esbozo de estudio comparado entre los exilios uruguayo y argentino en España, y es deudor de las investigaciones realizadas en los últimos diez años y en forma individual por cada uno de los autores. En tal sentido, nuestro objetivo es dar cuenta de los avances por caso nacional y a la vez profundizar en la dimensión relacional, con miras a ponderar tanto la particularidad de España como destino de exilios, como las semejanzas y diferencias de ambos casos.

1 Argentina y Uruguay tienen como frontera común al Río de La Plata. Para referirnos a ambos exilios en conjunto, utilizaremos el gentilicio “rioplatense”.

CAPÍTULO 3. LOS PIONEROS DE LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA A ESPAÑA ... 67

LOS ESTUDIOS SOBRE LOS EXILIOS LATINOAMERICANOS: URUGUAY Y ARGENTINA

Silencios

Con síntomas de cambio en el último quinquenio, el campo de estudio sobre los exilios del Cono Sur, resultado de las dictaduras militares que surgieron en la década de los setenta del siglo XX, pone en evidencia un panorama donde existen más lagunas, lugares comunes y generalizaciones que investigaciones concretas. Investigaciones que permitan avanzar sobre preguntas básicas tales como quiénes, cuántos, por qué, dónde o cómo partieron al exilio, por qué se concentraron en determinadas sociedades, cómo se vincularon con ellas, cómo trabajaron en la denuncia de la dictadura y un amplio conjunto de otros interrogantes que incluyen categorías de género, grupos etarios más representados, construcción de redes políticas e intelectuales que dieron origen a culturas híbridas y cimentación de escenarios transnacionales de lucha antidictatorial y por los derechos humanos. El escaso interés de la comunidad científica y en concreto de los historia-dores parece reflejar los ritmos de la memoria social, que sólo muy tardía-mente y en ambos países, ha comenzado a ponderar al exilio como capítulo del trágico pasado dictatorial reciente. Este vacío historiográfico obedece a varios factores, a saber: los efectos de la mala prensa que los exiliados tuvieron durante las dictaduras, las fracturas y rivalidades entre los que se fueron y los que se quedaron y el intercambio de acusaciones, el silencio resultante de la culpa por haber sobrevivido y, en no menor medida, la persistencia de cierta forma de pensar el trabajo del historiador como divorciado de las pasiones del pasado cercano.

Iniciativas

Al analizar la literatura sobre los últimos exilios, la primera observación, co-mún a los países rioplatenses, es que se trata de una producción coyuntural y con pasajes por diferentes etapas, que antes parece responder a demandas sociales concretas que a la necesidad de recortar un campo de estudio, con sus perspectivas teórico-metodológicas, su repertorio de preguntas, su apa-rato conceptual y sus fuentes específicas. Tanto en Argentina como en Uru-guay, buena parte de los estudios pioneros se localizan en la coyuntura del retorno2 y están realizados por científicos sociales, en particular demógrafos,

2 La dictadura argentina se extendió entre el golpe del 24 de marzo de 1976 y la celebración de las elecciones democráticas del 30 de octubre de 1983. Los exilios se sucedieron a lo largo de toda la etapa dictatorial, aunque se reconoce antecedentes en el período 1974-1975 por la ac-


sociólogos, especialistas en relaciones internacionales y también psicólogos y psicoanalistas que daban cuenta de su experiencia clínica con pacientes que vivieron situaciones traumáticas. En buena medida, estas investigacio-nes tenían un fuerte contenido estadístico y la tendencia a incluir el exilio político en una dinámica emigratoria o de expulsión de población que había comenzado a perfilarse en la región en los años cincuenta y, sobre todo, en los sesenta del siglo XX. Sin embargo, los esfuerzos de cuantificación no siempre resultaron exi-tosos. Por un lado, los exilios fueron procesos desordenados y clandestinos en su salida de los países de origen. Por el otro, muchos de estos exiliados ingresaron a España haciendo uso de la doble nacionalidad que disponían como hijos o nietos de españoles o europeos. Finalmente, no hay que olvidar que España carecía por entonces de legislación de asilo y, por tanto, muchos arribos se hicieron bajo la condición de turista, hecho que dificultó aún más su registro estadístico o su identificación como exiliados políticos. Más allá de las limitaciones que los enfoques cuantitativos presentan –li-mitaciones que aunque peculiares no son privativas de este tipo de fuentes y análisis –, estos estudios al privilegiar la emigración como algo estructu-ral, no siempre coadyuvaron al reconocimiento de la especificidad del exilio entre otros viajes y desplazamientos, y en alguna medida contribuyeron al divorcio de la reconstrucción del exilio, de la historia de la violencia política y las dictaduras. Junto a las investigaciones de los científicos sociales, desde la coyuntura del retorno, el campo de los exilios aparece dominado por la producción testimonial, en mayor medida en Argentina y bastante menos en Uruguay. De hecho, dar testimonio fue un mandato, un compromiso y una necesidad durante el destierro. Motivados, primero, por la urgencia de la lucha anti-dictatorial y la necesidad de conseguir la solidaridad de las sociedades de acogida, y más tarde impulsados por el clima de “polémica” dentro del cam-po de los derrotados y el deseo de reivindicarse frente a sus connacionales,

ción represiva de bandas paramilitares como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y un período de máxima concentración de salidas entre 1976 y 1983. Los retornos más numerosos comenzaron a producirse tras la derrota en la guerra argentino-británica por el archipiélago de Malvinas (abril-junio 1982) y se extendieron hasta 1985. En Uruguay, la dictadura cívico mili-tar se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985. La salida de los primeros exiliados se produjo a partir de 1972, protagonizada por militantes de las organizaciones de la izquierda armada, teniendo una segunda etapa a partir del golpe de Estado, donde los exiliados fueron principalmente líderes sindicales, de la política y de la enseñanza universitaria, y un tercer momento en los años 1975-76 como resultado de un aumento de la represión militar y una extensión a capas cada vez más amplias de la sociedad civil. Los retornos comenzaron a darse en 1984 en el período llamado de la dictadura transicional y en 1985 con la recuperación democrática.


los exiliados han dado origen a una importante literatura testimonial. En entrevistas, historias de vida, reflexiones y ensayos de tinte autobiográfico han ido contando el destierro en clave individual, recuperando retazos de experiencias y modos disímiles de vivirlo, pensarlo y recordarlo. Sin embargo, desde finales de los años ochenta, los testimonios de los exiliados dejaron de escucharse. No sólo la prensa y otros espacios públicos no daban cabida a los antiguos desterrados, sino que prácticamente no volvieron a publicarse libros individuales o colectivos que hablaran de la experiencia del exilio. Otra nota común a la literatura del exilio en ambos países se refiere a la condición de los autores de las investigaciones. En su mayoría, los estudios han sido realizados por personas que sufrieron el exilio, compartieron viven-cias con la generación desterrada o vivieron algún tipo de desplazamiento, incluido emigraciones económicas y profesionales. Asimismo, han sido in-vestigadores (antropólogos y sociólogos especialmente) de las sociedades de acogida, miembros de organizaciones internacionales y nacionales de refugia-dos o de derechos humanos, o incluso los propios gobiernos (por ejemplo el holandés, sueco o francés para el caso de Uruguay), los que han propiciado abordajes del exilio. Entre todos estos, los primeros estudios que pretenden aportar a la reconstrucción histórica y que aunque apelan a la producción y uso de testimonios no quedan reducidos a la expresión testimonial, son algu-nas compilaciones de reciente aparición: para Argentina, Yankelevich (2004), Yankelevich y Jensen (2007); y para Uruguay, Dutrénit (2006) y Dutrénit et al. (2008). Finalmente cabe consignar, que en Argentina y Uruguay en la última dé-cada, el exilio no sólo ha ido ganando más terreno en el mundo académico - aumentan las tesinas y tesis de investigadores jóvenes de estos países que no vivieron la dictadura -, sino que se aprecia una creciente institucionali-zación de este campo de estudio, hecho que se evidencia en la organización de jornadas y simposios de investigación y reflexión.

Historia reciente: posibilidades y dificultades

Si como afirman Meyer y Salgado, “hablar del exilio lleva implícita la figura del exiliado, categoría modelada por la subjetividad, ambigüedad e incluso la contradicción” (1998:15), puede comprenderse el por qué las fuentes orales son uno de los recursos más ricos para la Historia del Tiempo Presente. Para recurrir a esas fuentes orales, es necesario comenzar a reconstruir las redes que se tejieron durante el exilio, utilizando el método de los informantes clave que sirven de soporte de información, contactos y fuente de contactos. Sin embargo, una historia que pretenda reconstruir el exilio en su complejidad y rehuya de la generalización fácil, sabe de la necesidad de cruzar diferentes tipos de fuentes. Las fuentes escritas sobre el exilio son variadas, sin embargo no siempre resultan de fácil acceso, ya sea por su dispersión, o porque se encuentran en


manos privadas y no siempre dispuestas a la consulta. Entre ellas, merecen mencionarse: 1. las producidas por organizaciones solidarias que actuaron como soporte de los exiliados en la tarea de denuncia o que fueron espacio de acción política y sindical; 2. las de partidos políticos y organizaciones sindicales de las sociedades de acogida; 3. la prensa periódica de los exilia-dos. En este último sentido y para el colectivo argentino en España, entre otros destacan Resumen de Actualidad Argentina de Madrid y Testimonio Latinoamericano de Barcelona, mientras que para el uruguayo la Revista Desde Uruguay publicada en España y ligada al PCU (Partido Comunista del Uruguay) y Nexo de la Casa del Uruguay en Barcelona. Con los archivos gráficos y audiovisuales, las dificultades también se presentan a la hora de reunir los materiales producidos. Desde el punto de vista gráfico, podemos mencionar fotografías, cartelería, folletería, documen-tales e informes televisivos, como los elaborados por Televisión Española en la contemporaneidad del hecho. Dos ejemplos son el documental “Crónica desde el exilio” (1975-1984), elaborado por Alexis Hintz y su esposa Elda, que cuenta en clave personal y contextual el exilio uruguayo, y el corto de Manane Rodríguez “Golpe a Golpe” (1992). Finalmente, registramos una propuesta novedosa impulsada por Silvia Dutrénit, que incursiona en las nuevas tecnologías como formato, pero también como depósito de memoria a la vez que generador de referencias y redes sobre el exilio: [http://www.eluruguaydelexilio.org/].

LOS EXILIOS URUGUAYO Y ARGENTINO EN LA ESPAÑA TRANSICIONAL

Etapas y rutas de llegada a España

Para los exiliados uruguayos y argentinos, la urgencia de salvar la vida o de conservar la libertad y la integridad física hicieron que las ventajas y desven-tajas de la tierra de exilio quedaran en muchas ocasiones en segundo plano. España no siempre fue el primer destino. No pocos exiliados recalaron allí luego de transitar por países limítrofes, aunque la coordinación represiva de las dictaduras dejaba poco margen para esta tradicional opción. Para el exilio uruguayo, sus primeros destinos fueron Chile, Argentina y Brasil. Para el argentino, Brasil y Perú fueron los países de espera. Pero, un mismo país funcionó, en ocasiones, como trampolín para continuar el viaje a Israel, México o Europa y, en otros, se convirtió en territorio de acogida (Yankelevich y Jensen, 2007). Las vías de salida fueron básicamente los aeropuertos internacionales -las más transitadas y a la vez las más temidas-, las fronteras terrestres hacia países limítrofes y de allí a Venezuela o México, y los barcos del exilio que cubrían la ruta Buenos Aires-Génova y recalaban en Montevideo, Río de Janeiro, Lisboa y Barcelona, donde descendía el grueso del exilio que para


entonces había construido lazos con los viejos republicanos españoles que regresaban a la Península tras casi 40 años de destierro, así como entre argentinos y uruguayos. España por entonces vivía el final del franquismo y los inicios de la tran-sición democrática, dado que la muerte de Franco en noviembre de 1975 fue sólo el primer paso en un largo proceso de cambio político, social y cultural. El arribo de los exiliados estuvo marcado, por una parte, por la ebullición de las luchas por las libertades, la democracia y la identidad nacional (el caso de Cataluña resulta emblemático en este sentido) y, por otra, con la ausencia de una legislación específica que amparara la situación de los perseguidos políticos, junto con la pervivencia de viejos acuerdos migratorios franquistas que en buena medida facilitaron el ingreso de los exiliados. Así, si la inexis-tencia de una legislación de asilo y refugio3 determinó algunas dificultades en lo laboral, asistencial y en el primer asentamiento (la irregularidad de la condición de turista perpetuo obligó a no pocos exiliados a recurrentes salidas hacia Portugal y Francia), la persistencia de los convenios de doble nacionalidad de la época franquista que preveían la equiparación en derechos laborales de latinoamericanos y españoles, morigeraron tales dificultades. Si bien no hay cifras concluyentes sobre los colectivos de exiliados del Cono Sur que se instalaron en España, a lo largo de estos años se han ma-nejado algunos números. Para 1979 el Pen Club Latinoamericano en España4 arrojaba la cifra de unos 120.000 latinoamericanos residentes. Organismos ligados a prestar ayuda solidaria a refugiados e inmigrantes – como el Fondo Internacional de Intercambio Universitario – elevaban esta cifra a 130.000, de los cuales, 60.000 eran argentinos (AA.VV., 1979: 6). Además, según las estimaciones de ACNUR, el número de extranjeros en condiciones de acogerse a la protección del refugio político en España rondaba en ese mismo año los 25.000: 15.000 argentinos, entre 2.000 y 3.000 uruguayos, 1.000 chilenos y de 5.000 a 7.000 guineanos5. Ya a principios de la década de los ochenta, Lutz y Walker (1985:22) evaluaban la magnitud de los latinoamericanos re-sidentes en España – incluido exiliados políticos – en 75.000, mientras que

3 Si bien desde 1974 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) venía implementando programas de ayuda a los refugiados del Cono Sur, la adhesión de España en 1978 a la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York impulsó el na-cimiento de organizaciones no gubernamentales, tales como la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) (1978) y la Associació Catalana de Solidaritat i d´Ajuda als Refugiats (ACSAR) (1979). No obstante, no fue sino hasta marzo de 1984 cuando las Cortes Españolas promulgaron la Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado. 4 Agrupación de escritores, traductores y editores originarios de los países latinoamericanos que residen actualmente en España. Informe 1981. 5 S/A “Exiliados políticos en España. Refugiados sin derecho”. Cambio 16, nº 388, 13/5/1979.


Cáritas Española afirmaba que hacia 1984 había aproximadamente 42.000 argentinos residentes en España (IOÉ, 1985:138). En los dos exilios aquí analizados es posible recortar etapas de salida y llegada a España que ponen de manifiesto perfiles sociopolíticos diferenciales y números variables en los contingentes, que hablan de la intensificación re-presiva hasta abarcar a buena parte de la trama de las sociedades uruguaya y argentina. En el caso uruguayo, pueden identificarse tres períodos claramente dife-renciables. Una primera etapa, en torno a los años 1972-73, se corresponde especialmente con el exilio de personas vinculadas a organizaciones armadas. Estos primeros exilios se dieron en un periodo de democracia autoritaria en Uruguay y, si bien se dirigieron principalmente a otros países como Chile, Argentina, Cuba, Suecia o Francia, se ha podido identificar un pequeño núcleo en España. La segunda corresponde al período comprendido entre el golpe de Estado (27 de junio de 1973) y los años 1975-77, protagonizado en general por el exilio de líderes sindicales, políticos y trabajadores de la edu-cación, así como otras personas que ya se mantenían en la clandestinidad o que sufrieron las primeras consecuencias de la represión. Nuevamente los destinos principales fueron países fronterizos o de la región y algunos países europeos como Suecia o Francia, pero también hubo una presencia en España, aunque identificada más con lo individual que con lo grupal. Finalmente, el tercer período abarca los años 1975-77 hasta el fin de la dictadura en 1984-85 y está marcado por una extensión de la represión en Uruguay a sectores progresistas cada vez más amplios y con el golpe de Estado en Argentina (el 24 de marzo de 1976). Estos fueron los años de mayor ingreso de exiliados uruguayos a España, así como de generación en este país de espacios de representación de este colectivo con una proyección social, política y sindical significativa. Los argentinos llegaron también a España en etapas sucesivas, marca-das por el ritmo y extensión de la violencia estatal. La primera etapa, en los años previos al golpe de Estado (1974-75), corresponde con los primeros exiliados políticos; la segunda está caracterizada por la llegada masiva de exiliados políticos (1976-78); y la tercera (1979/1980-83) está conformada por los últimos exiliados políticos propiamente dichos (liberados de campos de detención clandestina, beneficiados por la “opción” de salir del país, re-exiliados) y la llegada de otros emigrantes argentinos que huían del país en medio del descalabro del programa económico de la dictadura. En tal sentido, los primeros argentinos que llegaron a España huyendo de la persecución de bandas como la Triple A, fueron mayoritariamente militantes de la iz-quierda peronista pertenecientes a organizaciones guerrilleras como Monto-neros, el peronismo de base o la Juventud Peronista (JP), así como artistas e intelectuales más o menos vinculados a esa corriente política aunque no


necesariamente “encuadrados”6 . Si la primera etapa fue un lento goteo, la que se inicia con el golpe fue más bien de una densa corriente conformada, en primer lugar, por los líderes y cuadros superiores de Montoneros y otras organizaciones armadas como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)7. Además, en los años inmediatos al golpe se exiliaron algunos integrantes de los cuadros medios de los partidos tradicionales (Justicialista, Socialista, Comunista y Radical) (Mármora y Gurrieri, 1988:476). La intensificación del exilio en la segunda mitad de la década del setenta para ambos países tuvo una de sus explicaciones en la destrucción del tejido solidario que generó la represión militar. Sin esa solidaridad social era impo-sible sobrevivir y en esa circunstancia la fuga quedó como la única alternativa para los cuadros inferiores y medios de la militancia profesional, estudiantil, intelectual, sindical y política de izquierdas que se sintieron amenazados (Mármora y Gurrieri, 1988:476). En la década de los ochenta del siglo XX, la disminución del volumen de exilios fue equivalente al decrecimiento del número de desapariciones, muertes y encarcelamientos. En este sentido, aunque hubo exilios posteriores, los años 1979 y 1980 constituyen la última coyuntura de un exilio numéricamente significativo. Los exilios argentino y uruguayo en España se concentraron principalmente en las ciudades de Madrid y Barcelona. Las razones de esta elección fueron variadas. Influyeron el imaginario previo asociado a cada ciudad, la afinidad cultural, la posibilidad de inserción laboral, la presencia de un colectivo de connacionales ya instalado y, por tanto, la eficacia de las redes familiares, de amistad o profesionales, así como el prestigio cultural de estas urbes. En el caso de los exiliados más politizados, pesó en la evaluación la concentración de las principales sedes de las organizaciones políticas y sindicales españo-las con las que se tenían, o se desarrollarían, importantes lazos de cara a la denuncia de las dictaduras y la solidaridad con las víctimas, relaciones que en muchos casos- como veremos más adelante – tenían sus raíces en la emigración política de los derrotados de la Guerra Civil española hacia Latinoamérica. Hubo notorias diferencias en la distribución por ciudades de cada colec-tivo. En el caso argentino, en Madrid se concentraron figuras de relevancia política, sindical y cultural de primera línea, mientras que Barcelona atrajo

6 “Encuadrado”: dícese de la persona con pertenencia activa dentro de una organización político-militar. 7 Aunque en líneas generales el exilio argentino fue más bien una suma de decisiones in-dividuales, las organizaciones armadas protagonizaron repliegues grupales, discutidos dentro del grupo como forma de salvaguardar a sus cuadros más importantes y asegurar así la con-tinuidad de la lucha. Sin embargo, no fueron pocos los militantes encuadrados que decidieron romper la disciplina y optar por una salida no consensuada que los convertía per se en “que-brados” o en cobardes, e incluso susceptibles de ser enjuiciados por traición.


más bien a la militancia política, sindical y cultural de segundo orden, o al menos con menor visibilidad pública. En el caso uruguayo, por el contrario, en Madrid se concentró un número menor de exiliados, que actuaron dentro de un único espacio de representación y proyección social y política - aunque allí se ubicaron las principales representaciones políticas y sindicales de la resistencia –, mientras que en Barcelona el número de exiliados fue significa-tivamente mayor y se dio un abanico amplio de espacios, que abarcaron tanto las acciones políticas como de proyección cultural e identitario nacional.

La activación de viejas redes y la inserción social de los exiliados

Los perseguidos políticos rioplatenses rescataron los fuertes vínculos histó-ricos, culturales y de sangre que les unían a España a la hora de “elegirlo” como país de destierro. Esos lazos históricos no sólo representaban una memoria a la que apelar cuando era necesario cimentar solidaridades y con-seguir ayuda material o simbólica concreta, sino que estaban articulados por redes de raíces lejanas, que se originaban al menos en el siglo XIX y habían sufrido una resignificación en los años treinta y cuarenta del siglo XX con el arribo a Uruguay y Argentina de los derrotados del bando republicano. Si bien el arribo de exiliados republicanos no había sido numéricamente importante por las trabas que los gobiernos rioplatenses pusieron al ingreso de los definidos como “rojos y separatistas”, su influencia en la cultura y la política locales fue muy significativa. Poco a poco, tanto en Uruguay como en Argentina, los derrotados de la España republicana se integraron al mundo político, intelectual y sindical. El caso de los exiliados gallegos y su militancia en la Confederación General del Trabajo y la Unión General de Trabajadores de Uruguay es sólo uno de los ejemplos más conocidos. El reencuentro en España entre sociedades y personas que guardaban una larga historia de diálogo, colaboración y aprendizajes activó entre “huéspedes” y “dueños de casa” un proceso de revisión del pasado compartido, revisión que resultó tan conflictiva como lo fueron algunas de las relaciones concretas entre ellos en lo cotidiano, lo laboral o profesional. Más allá de las redes exis-tentes, de los lazos familiares, de amistad, político-sindicales o profesionales y, siendo que por entonces España carecía de un ordenamiento inmigratorio (hecho que per se facilitó el arribo de los huidos de las dictaduras), la expe-riencia de inclusión en la nueva sociedad no estuvo exenta de problemas. En la memoria de los exiliados uruguayos y argentinos, 1978-79 fue un momento que reveló todas las ambigüedades del sistema, a saber: la diso-nancia entre las declaraciones oficiales y las prácticas concretas, entre la ideología y la cotidianeidad. En este período, los exiliados se debatían entre la inexistencia de una ley de asilo reglamentada y la persistencia hasta bien avanzada la transición española de algunas disposiciones franquistas que favorecían laboralmente a los latinoamericanos. Asimismo, los desterrados sufrían la arbitrariedad de ciertos funcionarios de inmigración y el impacto


de la crisis económica que lanzaba a muchos españoles al desempleo. Por entonces, se generalizó el uso del término “sudaca”8 y la prensa dio cabida a polémicas entre “huéspedes” y “dueños de casa”, y aún entre los propios exiliados y entre ellos y otros compatriotas que iban llegando a España (La Vanguardia, 14/1/1981). En el bienio 1978-79, varias disposiciones del gobierno español9 sembraron preocupación entre los exiliados, que vieron amenazados sus derechos de residencia, trabajo, convalidación de títulos profesionales y colegiación. Ante estas disposiciones, los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados elevaron sus voces de protesta. Por una parte, el bloque Socialista presentó en las Cortes una Proposición de Ley sobre asilo político en la que definía al territorio español como un lugar de “asilo inviolable para todos los extranjeros perseguidos por hechos o delitos políticos” (El País, 21/10/1978). Por otra parte, la Entesa del Catalans10 constituyó en Barcelona una comisión de de-fensa de los refugiados políticos. Los objetivos de esta comisión formada por la Entesa, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Partit Socialista de Catalunya (PSC), Agermanament11 y el Colegio de Abogados de Barcelo-na fueron “canalizar y facilitar el soporte político” y brindar “asesoramiento jurídico” a las víctimas de persecución y refugiados en territorio catalán y en especial a los latinoamericanos (El País, 21/10/1978). La decisión del gobierno fue recusada también por la Secretaría de Emigración del sindicato

8 Término peyorativo que comenzó a utilizarse en España a final de los años setenta con el arribo masivo de exiliados del Cono Sur. Aunque no existe acuerdo, algunos atribuyen su auto-ría a Carlos Barral. Si bien en ocasiones servía para identificar a los inmigrantes sudamerica-nos en su conjunto, en general era utilizado contra argentinos y encerraba calificativos como el de ladrones, oportunistas, descarados, soberbios, etc. Más allá de esa connotación despectiva, el término “sudaca” fue utilizado por los propios exiliados para identificarse. Así, por ejemplo, El País publicó un artículo de Mario Benedetti (20/6/1983) en el que llamaba a los “sudacas del mundo” a unirse. En este llamado, el escritor uruguayo criticaba las pujas y discrepancias en el exilio sudamericano y apelaba a construir una unidad monolítica entre los que fueron víctimas de las dictaduras militares. 9 El Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, dio a conocer un decreto por el cual “los re-fugiados sin permiso de trabajo o de residencia” serían expulsados sin apelación del territorio español (El País, 21/10/1978). 10 Candidatura senatorial socialista, comunista y republicana en las elecciones de 1977. 11 Nacida en la década de los cincuenta y formada por cristianos progresistas e internacio-nalistas, Agermanament fue la primera institución en acoger a los perseguidos del Cono Sur. Su historia de trabajo solidario con, y en, varios países del Tercer Mundo durante los años sesenta (Chile, Camerún) la convirtió en un interlocutor particularmente sensible. Los activis-tas de Agermanament que habían participado de los procesos de liberación, democratización o en la experiencia socialista del gobierno de Salvador Allende en Chile, a partir de la sucesión de golpes militares en el Cono Sur y cuando el régimen de Franco llegaba a su fin, intentaron acoger a los perseguidos, gestionando la salida de sus países, consiguiéndoles becas de estudio o trabajo en Cataluña y aportando instalaciones y apoyo logístico para que los desterrados desarrollaran la tarea de denuncia internacional de las dictaduras desde España.


Unión General de Trabajadores (UGT) y por el Secretario General de Amnistía Internacional, el británico Martín Ennals. Luego de la inclusión del asilo como derecho constitucional, el gobierno dictó una Orden Ministerial que regulaba provisionalmente el reconocimiento de la condición de refugiado político (16 de mayo de 1979) e intentaba solu-cionar la situación de aquellos exiliados que, careciendo de documentación auténtica del país de origen o de contrato legal de trabajo, no hubiesen podido acogerse a la regularización exigida por el nuevo ordenamiento migratorio. No todo el exilio recibió con agrado dicha Orden Ministerial, por considerarla restrictiva y contradictoria con algunos principios básicos de la Convención de Ginebra de 1951 y del Protocolo de Nueva York de 1967. En ese sentido, uruguayos y argentinos reclamaron que la reglamentación del derecho de asilo debía incluir el respeto a la identidad del exiliado y un mayor compromiso de la sociedad receptora. Cuando el exilio argentino llegaba a su fin y Uruguay apuraba el final de su dictadura, las Cortes Españolas promulgaron la “Ley reguladora del De-recho de Asilo y de la condición de Refugiado” (BOE, 27 de marzo de 1984), la cual daba por fin una protección amplia a toda persona perseguida por motivos políticos. Pero tras la solución de los problemas legales, los exiliados debieron sol-ventar problemas concretos, como los de inclusión en el mercado laboral. A los obstáculos como la homologación de títulos – para un colectivo que tuvo una alta proporción de profesionales, técnicos y personas con niveles medios o altos de educación –, se sumaron la frustración de sus expectativas, por la obtención de empleos marginales, mal pagados y sin seguridad social. Adaptarse a cualquier oficio fue la norma. La consigna fue “hacer de todo”: “artesanos en Ibiza”, trabajadores en los tenderetes de la Rambla de Barcelo-na, “actores del nuevo cine español”, “periodistas en la prensa democrática”, trabajadores en las “plataformas petrolíferas de Tarragona”, “butaneros en las grandes ciudades”, “músicos ambulantes en el metro”, “dueños de res-taurantes de asado y pizza” y también profesores universitarios o maestros de escuela (El País, 3/2/1984). Dicho esto, es necesario indicar que la in-serción laboral de uruguayos y argentinos fue variada. Las posibilidades de encontrar trabajo y de hacerlo en aquello en lo que el exiliado tenía formación y experiencia dependieron del momento en que llegaron, de los contactos profesionales o personales previos, del crecimiento de la tasa de paro en Es-paña, de la competencia que supusieran los recién llegados en determinadas profesiones y/o de los nichos vacíos que encontraron y donde sus saberes fueron importantes para el desarrollo de la sociedad de acogida.

Formas de organización de los exilios

La marcha al destierro fue vivida en principio como un corte brutal. Si bien poco a poco las formas de militancia se reconvirtieron en denuncia anti-


dictatorial, en los primeros tiempos, ningún militante activo parecía poder encontrar sentido colectivo a su existencia. Sólo con el paso de los meses y como parte de esa recomposición del ser político y social, los desterrados comenzaron a organizarse en comisiones de solidaridad, casas, centros o comités y se intensificó su vinculación con partidos políticos, sindicatos y organizaciones humanitarias del país de destino. Principalmente en Madrid y Barcelona, uruguayos y argentinos multipli-caron sus espacios de representación. Más allá de sus peculiaridades, todos tenían similares objetivos, a saber: mantenerse unidos en el país de destie-rro como forma de preservar los lazos con el país perdido; luchar contra las respectivas dictaduras y por aquellos que aún sufrían cárcel, tortura o falta de libertades; dar solución a los problemas concretos de los perseguidos devenidos inmigrantes (alojamiento, asistencia sanitaria, trabajo, educación para los hijos, ayuda psicológica, asesoramiento legal, entre otros). En Madrid, ambos exilios tuvieron las cúpulas o los dirigentes más renom-brados de sus organizaciones políticas, sindicales y armadas – Frente Amplio en el Exterior (FAE), Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en el exilio o Convergencia Democrática del Uruguay (CDU), para Uruguay; Movimiento Peronista Montonero, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), para Argen-tina. Pero, mientras que en el caso del exilio uruguayo, este hecho determinó la cimentación de iniciativas unitarias más sólidas12; en el caso argentino, determinó no sólo una heterogeneidad creciente, sino la multiplicación de conflictos y rencillas13. Barcelona, por su parte, fue sede de la mayor concentración de exiliados uruguayos y argentinos. En el caso de Uruguay, estos dieron origen a un amplio abanico de formas organizativas, definidas por intereses e ideolo-gías político-partidarias. En concreto, pueden reconocerse grupos políticos, espacios de identificación nacional o de género, espacios culturales y de contención social. En el caso argentino, Barcelona no congregó a cuadros

12 Si bien hubo tensiones, éstas no se reflejaron mucho más allá de los ámbitos internos. Este hecho generó la idea de un exilio unido y con un alto grado de cohesión, como proyección hacia la sociedad y el ámbito político, sindical y de la solidaridad española. 13 En Madrid coexistieron: el Club para la Recuperación de la Democracia, el Centro Argen-tino, de cuyo seno nació la Comisión Argentina Pro Derechos Humanos (CADHU), y la Casa Argentina. Según el escritor Mario Paoletti, el Club fue el más duro, homogéneo y el que se mantuvo activo hasta la recuperación de la democracia. La Casa tuvo un perfil más similar a las asociaciones de inmigrantes europeos en Argentina, es decir, fue sobre todo un referente cultural y social: asado, dulce de leche y fútbol. En tanto, la CADHU, que aglutinaba a la iz-quierda marxista y combativa, fue la plataforma de denuncia sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina (Barón et al, 1985:40). Además, como en Suecia, Francia y México, el exilio Montonero promovió la formación del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).


políticos, de la guerrilla o sindicales de primera línea. Este hecho posibilitó que institucionalmente la colonia permaneciera más sólida y unida – una sola Casa Argentina entre 1978 y 1983, por ejemplo. Uruguayos y argentinos conocían de cerca el mundo asociativo de la gran inmigración europea decimonónica y el peso específico que tenían sus “casas regionales”. Así, casi contemporáneamente a su llegada, mientras los más po-litizados y los que estaban encuadrados en organizaciones políticas, sindicales o armadas creaban plataformas que a veces eran meros sellos de goma que legitimaban denuncias y pedidos a la sociedad receptora, otros se lanzaron a crear casas o referentes asociativos unitarios de carácter nacional. Para el exilio uruguayo, uno de estos espacios es la conocida Casa del Uruguay de Barcelona, institución que mantiene su presencia hasta el día de hoy dentro del panorama de las asociaciones de colectivos de inmigrantes latinoamericanos en Cataluña y España. Nació a partir de un grupo de exi-liados que llegaron a esa ciudad a mediados de los años setenta. En cierta forma reproduce el sentido de las Casas de Inmigrantes que nacieron en América Latina desde mediados del siglo XIX, fruto de las diferentes oleadas migratorias al continente, principalmente europeas14. Su labor se desarrollará intentando mantenerse en un plano de independencia frente a las distintas tendencias políticas y, si bien se sumará a las campañas de denuncia y solidaridad, sus actividades cubrían fundamentalmente los aspectos socio-culturales y de ayuda al exiliado y/o inmigrante. El exilio uruguayo construyó estos espacios, muchos de los cuales esta-ban referidos al ámbito cultural, solidario y asistencial. La Casona Orientala, en Barcelona, es otro ejemplo. Surgió a partir de la iniciativa de una mujer relacionada con los medios radiofónicos, Marta Nelly, a los que dedicará 50 años de su vida hasta retirarse definitivamente. Marta se radicó en Barcelona en el año 1973 donde inició, desde distintos medios de difusión radiofónicos, una labor de información sobre Uruguay. La Casona Orientala surge en 1978 con el apoyo del Instituto Catalán de Cultura Hispánica, contando con un antecedente denominado “La Peña” (creado meses antes), que intentaba reunir a los diferentes colectivos de exiliados latinoamericanos, pero especialmente los uruguayos.

14 A propósito de estos espacios, el historiador uruguayo Antonio Oddone (1966) dice: “pre-tenden perpetuar el espíritu regional, el dialecto comarcano, las manifestaciones populares que evocan la cultura de la comunidad de origen: el canto, los bailes, la representación teatral, las tradiciones religiosas, o aún la simple reunión en torno a la mesa de juego. A través de ese cotidiano contacto (...), y por encima de pequeñas rencillas de campanario, alienta la implícita exaltación de `la patria lejana´ -idealizada por la distancia- que viene a configurar también una forma de solidaridad y de defensa contra la presión del ambiente”.


Entre los argentinos y con referencia a Cataluña, merecen señalarse dos proyectos institucionales. El primero, de carácter mixto argentino-catalán, formado al amparo de Agermanament y siguiendo el ejemplo de los comités uruguayo y chileno: el Comité Català d´Informació i Solidaritat amb el Poble Argentí (CCISPA). El segundo, la Casa Argentina a Catalunya, institución que pese a tensiones, alejamientos y debates, mantuvo su funcionamiento hasta el final de la dictadura, aunque sufrió una crisis muy profunda con la guerra de las Malvinas. Los objetivos del CCISPA fueron recabar solidaridad, informar sobre la situación en Argentina y denunciar la violación de los derechos humanos. Todas sus actividades (actos políticos y culturales, conferencias, ruedas de prensa, exposiciones pictóricas, recitales, montajes teatrales, colectas de dinero, campañas de firmas, tareas de documentación y archivo) implicaron la vinculación no sólo con otros organismos unitarios15 de la resistencia argentina dispersos por el mundo, sino el diálogo fluido con sectores demo-cráticos de Cataluña (partidos políticos, plataformas unitarias, asambleas de intelectuales, colegios profesionales, organismos religiosos o asociaciones de vecinos, entre otros). La Casa Argentina de Cataluña fue su continuadora y su aparición res-pondió, por una parte, a las lógicas de la política local que dejaba ya su etapa de plataformas unitarias - como la que había unido a socialistas, comunistas y republicanos en la candidatura senatorial de la Entesa dels Catalans - y marchaba hacia una política partidaria más autónoma. Por otra parte, fue el resultado de la consolidación demográfica de la colonia y de una coyuntura en la que los argentinos lograron más o menos instalar en la opinión pública española e internacional la gravedad de la situación que vivía su país. La Casa Argentina se definía como una asociación de personas vinculadas a la Argentina por nacimiento, familia, residencia, simpatía o afecto y abierta a la participación catalana. Siendo una organización sin fines de lucro, se financió a través de las cuotas mensuales de sus asociados, la venta de en-tradas para actos y espectáculos, algún aporte del Ajuntament de Barcelona y la colaboración de los partidos políticos catalanes, que más que dinero le abrieron a los exiliados sus fiestas para que vendieran comidas o bebidas típicas. En tal sentido, la mayor parte de las actividades se realizaban gracias a los aportes individuales, la colaboración profesional de los miembros de la colonia (médicos, psicólogos, abogados, artistas, cantantes o pintores) y de la solidaridad de muchos artistas catalanes.

15 Se refiere a aquellos que se definían como apolíticos, es decir, integraban a las diferentes identidades político-partidarias, pero no actuaban como portavoces de ninguna de ellas.


Como el CCISPA, la Casa fue sobre todo un lugar para el ejercicio de la solidaridad y la asistencia: asesoramiento jurídico para la colonia en su conjunto (regulación del derecho de asilo) o a escala individual (gestiones relativas a permisos de residencia o trabajo y nacionalidad o tramitación de Habeas Corpus por familiares detenidos en Argentina), implementación de programas preventivos y asistenciales en medicina, asistencia psicológica gratuita ofrecida por profesionales de la colonia, entre varias funciones. A lo largo de su existencia, la Casa tuvo dos publicaciones: Palabra Argentina, que era un boletín de información para la colonia argentina – socios o no de la Casa – y también para los catalanes interesados por la realidad argentina, y El Mangrullo, que se editó los dos últimos años de existencia de la Casa y tenía un carácter más programático, con artículos de reflexión y debate a los que se sumaba la información sobre la actividad cotidiana de la institución. Aunque la Casa se pensó como un referente cultural, las referencias, identidades y conflictos políticos no podían estar ajenos, dado que reunía a exiliados. De hecho, hacia 1979 se produjo el alejamiento de algunos miembros que consideraron que la Casa había perdido su esencia y se había politizado, al plantear una definición democrática, antidictatorial y de defensa de los derechos humanos mucho más concreta. Para algunos, esta redefinición ponía en riesgo la unidad de la colonia porque instalaba lo político en el seno de una organización cuyo perfil debía ser eminentemente socio-cultural y lúdico. Entre los que se alejaron, figuraban varios miembros de la directiva que también estaban ligados a otro espacio de representación argentina en Cataluña como era la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos (COSOFAM), de la que se tratará más adelante.

Las nuevas redes políticas y sociales

Desde sus primeros tiempos en la Península, los exiliados percibieron que tanto en la satisfacción de sus necesidades inmediatas y más urgentes (conse-guir alojamiento, trabajo, escuela para los hijos) o más profundas (asistencia legal, sanitaria, psicológica), como en la solidaridad con sus compatriotas que seguían bajo las garras de las sangrientas dictaduras y en el trabajo para cer-car y derrotar al enemigo, era necesario el apoyo de la sociedad de destino. En principio, algunos recurrieron a la iglesia, a asociaciones no gubernamentales de ámbito local, nacional o estatal (Pax Christi, Justicia y Paz, Agermanament, Cruz Roja, Amnistía Internacional), a las diferentes instancias gubernamen-tales (españolas y europeas) y también a partidos políticos y sindicatos. No hay que olvidar que se trataba de un exilio en buena medida de militantes políticos y activistas sociales que buscaron por todos los medios conseguir solidaridad con las víctimas, apoyo en la denuncia antidictatorial y sustento para el propio trabajo político o sindical en organizaciones hermanas o con aquellas con las que podían tener más proximidad ideológica. En el caso uruguayo, el Comité del Frente Amplio en el Exterior (FAE) con sede en Madrid estuvo a cargo del doctor Hugo Villar y mantuvo estrechas


relaciones con las organizaciones sindicales y políticas españolas. En muchos casos, el apoyo fue constante y tenía como propósito informar sobre la mar-cha de la situación política en Uruguay, a la vez que generar la solidaridad y colaboraciones tanto con el exilio como con la resistencia en Uruguay. Ello hacía posible hacer más sólidas las denuncias y acciones internacionales realizadas por las organizaciones españolas. Otro de los espacios políticos generados en el marco del exilio fue la Con-vergencia Democrática del Uruguay (CDU), que tuvo una representación en España. Se crea en 1980 a instancias de diferentes sectores de la oposición política contra la dictadura e incorpora además del Frente Amplio, a otros sectores de la oposición de los partidos tradicionales Blanco y Colorado. Este espacio fue considerado como un gran instrumento de reivindicación democrática, de difusión a escala internacional de lo que acaecía en Uruguay y un eslabón más de la cadena creada para la lucha por la defensa de los derechos humanos. Respecto a la presencia de las mujeres, en un inicio su militancia se pre-senta unida a organizaciones políticas del exilio en general, como forma de establecer las redes y estrategias de acción. Esta realidad responde a una percepción de que es necesario dilatar los tiempos necesarios para presentar el género como elemento identitario. Es importante recordar que, dentro de la izquierda, la actitud hacia la participación de las mujeres no distaba mucho del comportamiento en otros espacios, en el sentido que, permanecían su-jetas a decisiones o liderazgos que recaían en figuras masculinas. Si bien se reconocía la presencia de las mujeres y su valor dentro de las organizaciones, en los hechos, mantenían un papel secundario, excepto en ciertos ámbitos como los Comités de Familiares. Sin embargo, las mujeres comenzarán a construir sus propios espacios, algunos por decisión del partido u organización y otros por decisión propia, a partir de reconocerse como un sector específico/distintivo de acción. Dentro de estos espacios destacarán la Comisión Permanente de Mujeres Urugua-yas en Barcelona (apoyada por la Comisión Catalana de Solidaridad con las Mujeres Uruguayas) y la Asociación Lourdes Pintos de Mujeres Uruguayas en Madrid. Con las diferencias reseñadas entre Madrid y Barcelona, el exilio argentino en España fue comparativamente mucho menos significativo desde el punto de vista político que el instalado en Cuba, México, Francia e incluso Italia, donde, por ejemplo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) instaló sus escuelas de entrenamiento militar. Aunque todas las fuerzas políticas del arco parlamentario – obviamente de centro y centro izquierda - y aquéllas que operaban desde la clandestinidad (incluso antes del golpe) en ocasiones crearon pequeñas estructuras, sin embargo, no fueron estos espacios de re-presentación los más característicos del exilio argentino en España. Tanto en Madrid como en Barcelona, hubo representaciones de las múltiples corrientes del Peronismo, Confederación Socialista Argentina, Radicalismo, Comunismo,


Montoneros y sus varias divisiones: PRT y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). El arribo de los exilios rioplatenses coincide con los últimos estertores del régimen dictatorial en España, la muerte de Franco y el inicio de la compleja transición española, donde la lucha por las libertades políticas, la democracia, los derechos sociales y la autodeterminación nacional asumieron diferentes combinaciones y ritmos según las regiones. Los exiliados participaron de esa efervescencia, vieron la rearticulación del entramado político y sindical aletargado tras 40 años de dictadura y participaron del renacer de partidos y sindicatos. Si bien hubo relaciones más o menos fluidas con casi todos los partidos progresistas (de ámbito estatal, autonómico o municipal), e incluso con los partidos nacionalistas (en el caso catalán; Convergencia i Unió, por ejemplo), los vínculos más estrechos se tejieron con socialistas y comunistas. Por un lado, Montoneros en particular y el peronismo en general, habían sido las fuerzas más represaliadas y con alta representación en el exilio argen-tino. La organización político-militar mantuvo relaciones zigzagueantes con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pese a la dificultad de entender cómo era posible que existiera un peronismo de izquierda, Montoneros tuvo una buena relación con el PSOE de Felipe González, llegando a participar en las reuniones del partido en Madrid en su carácter de movimiento de liberación nacional latinoamericano. Luego sobrevino el distanciamiento, sobre todo por razones de política interior y a raíz de la profundización del enfrentamiento del gobierno socialista con ETA (Euskadi Ta Askatasuna), hecho que derivó en una reevaluación de la organización político-militar argentina en el exilio como organización terrorista. Por otro, los comunistas catalanes, a través de su Comissió d´Afers Inter-nacionals, expresaron la necesidad de definir las “relaciones políticas” del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) con el exilio argentino. Esta definición era difícil porque en Argentina el Partido Comunista Argentino (PCA) era un partido minoritario y que por su solidaridad con la URSS y China mantenía una actitud ambigua respecto al régimen militar. Para los catalanes resultaba incomprensible que el partido hermano en Argentina hablara de la benevolencia del gobierno de Videla ante la eventual avanzada del ala dura del régimen, sobre todo cuando el mundo conocía a diario las espeluznantes cifras de la represión. Más allá de mantener contactos tanto a título individual como institucional con militantes exiliados provenientes de los diferentes partidos argentinos y uruguayos de izquierda16, el PSUC priorizó su solidaridad con la izquierda

16 PRT-ERP, Partido Peronista Montonero, Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Comunista Argentino (PCA) o Partido Radical, para el caso argentino, y del Partido Co-munista del Uruguay (PCU).


argentina y uruguaya en un sentido amplio. Su compromiso no fue sólo de adhesión ideológica y apoyo simbólico a la denuncia, sino que implicó la inte-gración de los exiliados radicados en Cataluña en diversas áreas del partido – especialmente en la sección de Relaciones Internacionales y en concreto en la de “Relaciones entre Cataluña y Latinoamérica”. Otra forma de inclusión de los recién llegados fue la participación de los exiliados en las fiestas del partido. Esta participación tuvo dos efectos: en primer lugar, acercar a los exiliados a una situación política que, si bien no habían elegido, era la que les tocaba vivir y, en segundo lugar, dar posibilidad a que el tema uruguayo y argentino penetrara más ampliamente en la opinión pública catalana. De una forma similar se puede hablar de las relaciones con el PSOE a nivel nacional y con el Partit Socialista de Catalunya, en Cataluña. Muchos de los exiliados se integraron como trabajadores o colaboradores dentro de las filas del partido, a la vez que colaboraron activamente en la reorganización partidaria española en la coyuntura de la transición española. Es éste un ejemplo de cómo las relaciones entre los partidos socialistas de ambas orillas del océano continuaban una red que se había forjado desde inicios del siglo XX y se había profundizado durante la época del exilio español. Lo mismo se puede observar en la línea sindical socialista – Unión General de Trabajadores (UGT) - y comunista – Comisiones Obreras (CCOO) - donde las invitaciones a participar de los actos, reuniones, así como los apoyos financieros o de solidaridad y denuncia fueron frecuentes. Socialistas y comunistas incluso facilitaron medios e instalaciones para que los exiliados del Cono Sur pudieran dar cuerpo a las tareas de denun-cia. Para los perseguidos, contar con un espacio físico, una imprenta, una fotocopiadora, era tan importante como poseer el respaldo moral y político de los partidos catalanes y españoles que actuaban como puentes ante los gobiernos municipales, autonómicos o estatal, así como los Parlamentos, las Cortes, los organismos internacionales (OEA - Organización de Estados Americanos -, ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones para los Refugia-dos), las organizaciones no gubernamentales (Agermanament, Pax Christi, Justicia y Paz, Amnistía Internacional), la Iglesia Católica y los organismos cívicos (Federació d´Associacions de Veïns de Barcelona, colegios profesio-nales), entre otros. Asimismo, no hay que olvidar que en un contexto político en pleno renaci-miento, la experiencia de los exiliados sudamericanos no podía ser rechazada, no sólo para actividades logísticas o de entrenamiento político de cuadros, sino en la construcción y habilitación de los locales partidarios. Luego de 40 años de dictadura y de proscripción, los españoles necesitaban recuperar gimnasia política y el impulso/desesperación de los derrotados del Cono Sur era un capital nada desdeñable.


Las redes sindicales en acción

En el momento en que el exilio se torna una realidad para muchos urugua-yos, especialmente para aquellos integrantes del movimiento sindical, los contactos entre las organizaciones sudamericanas y las españolas se van a revertir en el sentido de apoyo a los perseguidos. La Convención Nacional de Trabajadores (CNT) uruguaya, con la mayoría de sus dirigentes encarcelados, desaparecidos, en el exilio o sujetos de represión e inhabilitación sindical, se verá obligada a funcionar como organización desde el exterior. Por esta razón, del 28 al 30 de mayo de 1979 se reúnen en la ciudad de Madrid sus representantes elegidos en el 2º Congreso Ordinario, donde acuerdan una serie de medidas. Estas medidas parten de la positiva valoración que se hace de las labores de denuncia de la situación vivida en Uruguay, pero también de la necesidad de organizar esta labor desde el mundo sindical. De esta forma se crea el Organismo Coordinador de las actividades de la CNT en el exterior. Los objetivos propuestos iban en la dirección de consolidar y ampliar el apoyo obtenido a nivel español e internacional, desarrollar una campaña de solidaridad con el pueblo uruguayo, trasmitir las tácticas y estrategias elaboradas por la Dirección de la Central que actuaba clandestinamente en Uruguay y estrechar las relaciones con las organizaciones sindicales en los países donde existan exiliados sindicales uruguayos17. En el caso argentino, desde la referencia sindical, destacaron las diferentes filiales de TYSAE (Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio). El escaso peso de las representaciones sindicales guarda estrecha relación con la escasa proporción de obreros exiliados. No obstante, en el exilio argentino hubo una proporción considerable de trabajadores sindicalizados ligados a empresas y dependencias del Estado, así como de abogados laboralistas que fueron un blanco privilegiado del aparato represivo. Dentro de los diferentes aspectos y aristas que tiene el exilio uruguayo en España, uno tiene que ver con las relaciones que las organizaciones sindica-les y políticas uruguayas desarrollaron con sus homónimas españolas en el exilio. En este marco, los contactos que se van a mantener a nivel sindical entre la Unión General de Trabajadores (UGT) española en el exilio, especial-mente desde su sede en Toulouse, y las organizaciones sindicales uruguayas, en Uruguay, serán fluidos y constantes. Estos contactos no fueron ajenos a las estrechas relaciones entre el exilio republicano y las fuerzas políticas y sociales uruguayas durante los años treinta a setenta del siglo XX.

17 Punto que se desarrollará más adelante al hablar de las campañas del exilio uruguayo en España.


El exilio español desarrolló una extensa red de comunicaciones a distintos niveles: por un lado, entre sus diferentes destinos, fundamentalmente desde las sedes centrales de las organizaciones políticas y sindicales españolas re-constituidas en el exilio en Francia hacia los otros puntos de asentamiento; por el otro, estas redes incorporaron a las diferentes fuerzas políticas y sindi-cales de los países de acogida de los exiliados o de sus representaciones. Será la CNT uruguaya en el exilio español la que entrará en contacto con la UGT y con la recién surgida Comisiones Obreras (CCOO) en España. Existe un amplísimo intercambio de correspondencia entre Manuel Simón, como Se-cretario de Relaciones Internacionales de la UGT, y la CNT. La documentación permite observar el interés permanente por el intercambio de información y la denuncia que la CNT efectuaba acerca de la situación de los trabajadores en Uruguay, y por la evolución de las relaciones sindicales con las autorida-des dictatoriales. Existe también en la UGT una amplia documentación de personas e instituciones uruguayas que solicitan apoyo para la repatriación de ciudadanos españoles, muchos otrora exiliados del régimen franquista, que la dictadura uruguaya persiguió y reprimió. Esta situación les había obligado a exiliarse en su patria de origen. Del mismo modo que la UGT, se pueden observar las conexiones y las acciones por parte de CCOO. En reiteradas ocasiones las organizaciones socialistas, comunistas y li-berales españolas servían de receptáculo de las denuncias de los socialistas uruguayos sobre la situación dentro de su país o aprovechando las visitas que los dirigentes de CCOO, UGT o PSOE realizaban a Uruguay y Argentina. Se denuncian las desapariciones y encarcelamientos de ciudadanos uru-guayos, incluso españoles, que vivían en Uruguay. La información generada abarcaba las circunstancias políticas y sociales de América Latina.

La lucha de los familiares de víctimas de la represión

A diferencia del exilio uruguayo, el exilio argentino construyó principalmente espacios de representación humanitaria, cuyo propósito básico era la recu-peración del familiar victimizado. Así, en la mayoría de los países donde éste se asentó, se crearon filiales de los organismos de familiares de víctimas de la represión que se organizaron en los primeros años de la dictadura en Argentina. Filiales de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y especialmente de Familiares de Presos Políticos y Detenidos o Desaparecidos tuvieron presencia en los exilios en España, México o Francia. En Cataluña, dos fueron las organizaciones más importantes ligadas a la defensa de los derechos humanos: la Comisión de Solidaridad con Fami-liares de Muertos, Desaparecidos y Presos Políticos (COSOFAM), nacida en la coyuntura del Mundial de Fútbol de 1978 y promovida en buena medida


por los impulsores de la Casa Argentina18, y la Asociación Catalana de Ami-gos de las Madres de Plaza de Mayo (SOLMA), que fue el último fruto de la institucionalización del exilio argentino. COSOFAM surgió como espacio de “recuperación” del familiar detenido o “desaparecido” y como instancia de contención y apoyo a los afectados directos de la represión o de su entorno. Asumió un rol público en la denuncia ante centros de poder nacionales e internacionales y un perfil político, en tanto la reparación del daño causado por las violaciones a los derechos humanos sólo era posible en el marco de la plena vigencia de la democracia. En los estatutos, COSOFAM fijaba entre sus objetivos: a) la defensa de los derechos humanos, en especial cuando estuvieran amenazados o conculcados tanto dentro como fuera del país; b) el apoyo al desarrollo de formas jurídicas que consolidaran una mejor defensa de estos derechos -reconocidos internacio-nalmente- y la identificación de nuevas figuras delictivas que, incorporadas a instrumentos legislativos, garantizaran la protección de los ciudadanos; y c) la acción solidaria con otras organizaciones, gubernamentales o no, de funcionamiento democrático y carácter civil, que defendieran los derechos humanos. Por otro lado, mientras los militares argentinos enfrentaban la derrota en la guerra de las Malvinas y la sociedad argentina era espectadora de lo que se conoce como “show del horror” (esto es, la multiplicación de noticias so-bre fosas comunes, “cadáveres NN” y hasta “confesiones” de represores), los exiliados argentinos junto a políticos y personalidades de la cultura catalana daban nacimiento en abril de 1982 a una asociación ligada a su homónima en Argentina y que tenía por nombre SOLMA. Los políticos, artistas, profesionales e intelectuales aglutinados en SOLMA asumieron el reclamo por los “desaparecidos”, sin juzgarlos y con el único propósito de saber dónde se encontraban, de qué se los acusaba y exigiendo un juicio justo en caso de que hubieran cometido algún delito. En febrero de 1983, dos de las principales referentes de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Adela Antokoletz, se entrevistaron con los presidentes del gobierno español, de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, y de la Diputació de Barcelona, y con el Alcalde de Barcelona, así como con otros representantes de los partidos políticos catalanes. En todos los casos, las Madres intentaron mostrar en qué medida la cuestión de los “desapareci-dos” comprometía a los españoles. COSOFAM Barcelona explicó a la opinión pública del país que Bonafini y Antokoletz también representaban a las ma-dres de “ciudadanos españoles desaparecidos en Argentina, entre los que se

18 A día de hoy sigue funcionando y es parte de la acusación particular como integrante de la Plataforma Argentina Contra la Impunidad de Barcelona en los juicios contra represores argentinos que se celebran en la Audiencia Nacional de Madrid.


cuentan varios catalanes” (COSOFAM, 1/2/1983). Las Madres querían que el Parlament de Catalunya se pronunciara oficialmente sobre el problema y que intercediera ante el gobierno del Estado español. Luego de las Malvinas, las acciones tendentes a aclarar la situación de los “desaparecidos” de origen español se multiplicaron a ambas orillas del Atlántico. En Octubre de 1982, un grupo de familiares de “desaparecidos” y detenidos por razones políticas entregaron al Cónsul General de España en Buenos Aires una lista de 82 personas españolas o descendientes de espa-ñoles “desaparecidas” en Argentina entre 1976 y 1978. En Enero de 1983 se constituyó una comisión senatorial para investigar la “desaparición” de súbditos españoles en países de América del Sur. Este hecho fue casi coincidente con la visita de Bonafini y Antokoletz, que dieron impulso a esta iniciativa aportando testimonios y documentación. Las autoridades españolas temían que estas acciones provocaran con-flictos diplomáticos entre España y Argentina. En este sentido, el gobierno socialista intentó adoptar una posición cautelosa, pero sin despegarse de sus colegas italianos y alemanes y del espíritu de las instituciones europeas. Cuando en noviembre de 1983 el Parlamento Europeo calificó el problema de los “desaparecidos” en Argentina como un “hecho inédito” – en tanto los detenidos fueron víctimas de hombres armados sin identificar que violaron los derechos humanos más básicos –, el gobierno español decidió presentar recursos de Habeas Corpus por cada uno de los “desaparecidos” españoles. Pretendiendo agotar la instancia judicial que podría llevar incluso hasta el Tribunal de Justicia de La Haya, el gobierno de Felipe González intensificó su acción para esclarecer el destino de éstos.

Las Campañas de solidaridad y de denuncia en Argentina y Uruguay

Los exilios sudamericanos de los años setenta y principios de los ochenta del pasado siglo convirtieron la denuncia antidictatorial en una de las ra-zones de su existencia. Si bien denuncia y solidaridad fueron coordenadas estructurales a estos destierros y parte fundamental de su trabajo político cotidiano, lo cierto es que a lo largo de la historia exiliar pueden reconocerse coyunturas críticas o momentos calientes. La celebración del campeonato mundial de fútbol de 1978 en Argentina fue una prueba de fuego para el exilio de este país. Fue la ocasión, por un lado, de medir fuerzas con una dictadura que permanentemente descalificaba sus denuncias, considerándolas parte de una campaña insidiosa de difamación protagonizada por “subversivos cobardes”, “antiargentinos derrotados”, culpa-bles del baño de sangre que había vivido el país. Por otro lado, la conformación de la colonia en España había llegado a su madurez, su presencia numérica era considerable y poco a poco se estaba logrando vencer las prevenciones e incomprensiones que desde la sociedad de acogida habían sufrido aquellos que intentaban denunciar al gobierno castrense que había derrocado a Isabel


Perón. Asimismo, fue una ocasión para reafirmar lazos con sus compañeros de destierro del Cono Sur – en especial chilenos y uruguayos – junto a quienes venían trabajando, como en el caso catalán, bajo el paraguas de Agermana-ment y la Lliga del Drets dels Pobles. Todo esto en un clima de lucha por las libertades, el retorno de los exiliados republicanos y el permanente trazado de paralelismos entre las dictaduras del Cono Sur y los fascismos europeos, como, por ejemplo, entre Franco y Pinochet. Finalmente, el Mundial fue un examen de la solidez de la pretendida unidad en la lucha por los derechos humanos y contra la dictadura. La discusión de cuál era la mejor estrategia para debilitar a la dictadura – debate que alcanzó al conjunto del exilio en el mundo y a los sectores solidarios en cada país de destierro – conmovió al exilio argentino en España y hasta cierto punto generó desconcierto entre las fuerzas progresistas españolas. A escala mundial19, desde principios de 1978, se había definido una es-trategia de boicot para impedir que el mundial se celebrara en Argentina o, como mínimo, que los países democráticos rehusaran enviar a sus respectivos seleccionados nacionales. Sin embargo, las principales organizaciones de la izquierda argentina (Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajado-res), conscientes de la sensibilidad que el fútbol despertaba en el pueblo de su país, se inclinaron a convertir el evento en un gran escaparate para la denuncia internacional de la dictadura. Con todo, las diferencias no hicieron llegar la sangre al río. Las colonias de Madrid y Barcelona mostraron más una diversidad de posiciones individuales que de comportamientos unitarios. A su vez, aunque tampoco se produjeron fracturas al interior del colectivo argentino, los resultados del mundial en términos de cerco a la dictadura fueron ambiguos. Finalizado el mundial, los exiliados hicieron las primeras evaluaciones sobre el impacto de la tarea de denuncia. Algunos consideraban que el fútbol había logrado instalar el tema argentino en la consciencia de los que hasta ahora eran indiferentes. Otros, se preguntaban acerca de cuál era el sentido de esa instalación pública de la cuestión argentina. En el exilio resonaba con fuerza no sólo la alegría desbordada del pueblo argentino en la jornada de la final, sino los signos de cómo la sociedad había asumido la propaganda triunfalista, autoritaria y nacionalista del régimen. Desde su exilio en México, el periodista Carlos Ulanovsky mostraba su preocupación por los cantos que se escuchaban en las tribunas de los estadios, que identificaban acrítica-

19 España también tuvo sus grupos pro boicot. A finales de febrero de 1978, se organizó en Cataluña el Comité de Boicot al Mundial de Argentina (COBOMA), en consonancia con las resoluciones tomadas por otros comités reunidos en diferentes países de Europa y con la participación de la mayor parte de los partidos de centro-izquierda, las principales centrales sindicales, la Coordinadora Feminista y la Organización de Argentinos Exiliados.


mente fútbol-Nación-gobierno: “Pasarella, Pasarella/ y si Kempes se lesiona lo ponemos a Videla” (Ulanovsky, 1983:78). En Cataluña, la prensa se hizo eco de la desazón de parte de la resistencia argentina en el exilio, que tras haber visto el fracaso del boicot deportivo, asistió a un epílogo no esperado. El fútbol, lejos de haber servido para mostrar al mundo cuál era la cotidianeidad de esta Argentina de los “desaparecidos” y los campos de concentración, se había revelado como una fuerza capaz de limar diferencias políticas y separaciones sociales, uniendo en la alegría a perpetradores y víctimas. La segunda coyuntura de la denuncia antidictatorial en Argentina coincidió con la visita a ese país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señaló que, entre 1975 y 1979, se había sufrido “graves, generali-zadas y sistemáticas” violaciones de los derechos y libertades fundamentales del hombre” (CIDH, 1980:292-294). El gobierno militar reaccionó poniendo en duda la legitimidad de ese organismo y de sus informantes argentinos, a saber, el movimiento de derechos humanos y el exilio.Ya en los días previos a la visita, la dictadura argentina había intentado clau-surar el debate público y la crítica internacional mediante la promulgación de dos leyes20 que, por una parte, daban reconocimiento legal a las “desapa-riciones” y, por la otra, constituían el primer intento oficial por clausurar el pasado, anulando las demandas de justicia de los organismos de derechos humanos (El País, 25/8/1979). La Junta Militar ofreció una “explicación verosímil” sobre la “desapari-ción”, a la que consideraba un procedimiento “que utilizaban frecuentemente los delincuentes terroristas para fabricar casos que permitieran imputar al gobierno una responsabilidad directa en las desapariciones” (Junta Militar, 1980:110). Desde su óptica, la propaganda del exilio por los “desaparecidos” ocultaba muertes “en combate” de guerrilleros que actuaban con nombres falsos, asesinados por las mismas organizaciones armadas que castigaban a los arrepentidos por desertores o traidores, en otras palabras, “subversivos fallecidos” enterrados en lugares desconocidos por sus pares o huidos que ocultaban su existencia por miedo a las represalias de sus ex compañeros (Junta Militar, 1980:69).

20 El 12/9/1979 fue promulgada la Ley 22.068 que establecía que “podría declararse el fallecimiento presunto de la persona cuya desaparición del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias, hubiese sido fehacientemente denunciada entre el 6 de no-viembre de 1974, fe.cha de declaración del “Estado de Sitio” por decreto nº 1368/74 y la fecha de la presente ley...”. La otra ley referida a los “desaparecidos” fue promulgada el 28/8/1979 y regulaba los beneficios provisionales en caso de ausencia de la persona. La Ley 22.062 esta-blecía que después de un año de ausencia de una persona se “faculta a quienes tuvieron un derecho reconocido por las leyes nacionales de jubilaciones y pensiones o de prestaciones no contributivas, subordinado a la muerte de esa persona, a ejercerlo en la forma prescrita por la presente Ley” (CIDH, 1980: 137-139).


Mientras tanto, el exilio argentino en España multiplicaba su presencia pública, su convocatoria a sectores políticos, sindicales y sociales solidarios, y ensayaba diferentes formas de denuncia. En primer lugar, el exilio se movilizó para presionar por la anulación de esas leyes que pretendían dar oficialmente por muertos a los “desaparecidos”. En este contexto, COSOFAM inició un encierro y huelga de hambre en la parroquia de Sant Medin de Barcelona y junto a la Casa Argentina de Barcelona organizaron varias marchas frente a la sede del consulado para protestar por la entrada en vigor de estas leyes. Entre tanto, las autoridades municipales y autonómicas españolas iniciaron una campaña de cartas y telegramas dirigidos al gobierno argentino y a ins-tituciones como el Secretariado de Estado del Vaticano, la CIDH, el Tribunal Internacional de La Haya o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para conseguir la anulación de las leyes sobre “desaparecidos”. La dictadura uruguaya no contó con el apoyo de los sectores mayoritarios de los partidos políticos tradicionales y del conjunto del Frente Amplio. Los apoyos con los que contó fueron de sectores principalmente rurales y algu-nos sectores minoritarios de los partidos Blanco (Herreristas, por ejemplo) o Colorados (Unión Colorada y Batllista), por lo que debió buscarse formas de legitimación propia, a la vez que desarrolló una campaña de represión y anulación de las expresiones político-partidaria, sindical y estudiantil. La cúpula militar no derogó la constitución vigente de 1966, sino que adecuó la legislación administrativa a su formato basado en la doctrina de la seguridad nacional, siguiendo el modelo de la dictadura brasileña, con la promulgación de “actos institucionales” (Gillespie, 1995: 65-66). En este contexto se produce el llamado a una reforma constitucional, un plebiscito convocado para noviembre de 1980, donde los militares pre-tendían buscar la legitimidad que no tenían por otros frentes21. La derrota de los planes de reforma de los militares tuvo importantes consecuencias para la evolución de la historia uruguaya. Pero, tal vez la consecuencia más importante fue que abrió la puerta para un proceso de transición hacia la recuperación democrática, o para la vuelta al protagonismo de los partidos políticos. En todo caso, de este resultado surgieron los interlocutores que en el futuro interactuarían a fin de encontrar una solución para la salida de la dictadura, es decir, se definiría los actores del conflicto que se extendió mas allá del 1º de marzo de 1985. Desde el exilio se seguía atentamente la evolución del país, no solamente considerando las acciones de denuncia ante organismos internacionales o gobiernos y sociedades extranjeras, sino también atendiendo a una acción

21 Los resultados del plebiscito fueron, con un 85 % de participación, los siguientes: por el NO (a la reforma de la Constitución) 57,9 % y por el SI un 42,0 % de votos.


política destinada a reforzar las acciones de resistencia desde dentro. En este sentido, la acción más notoria y mayoritaria la constituían los Comités del Frente Amplio en el exterior, las agrupaciones políticas en el exilio, los espacios creados por los exiliados y la Convención Nacional de Trabajadores en el exilio. Las jornadas organizadas por el NO a escala internacional, a la luz de los resultados del plebiscito, fueron vistas por el exilio como un triunfo y una reafirmación de sus estrategias de lucha. El resultado adverso para la dictadura significó una legitimación a los caminos seguidos por el exilio y a las acciones realizadas por los militantes y las diferentes organizaciones involucradas. Asimismo, para el exilio uruguayo, la campaña a favor de la libertad del General Liber Seregni fue un reclamo permanente, constituido en bandera del reclamo de la liberación de todos los presos políticos en las cárceles uru-guayas, así como de recuperación de libertades individuales y restauración democrática. Otra de las campañas promovidas por la CNT fue en torno a la reaparición de los desaparecidos, especialmente los relacionados con el mo-vimiento sindical. Para ello se realizaron importantes esfuerzos de denuncia de la situación de los presos políticos así como de los niños secuestrados. Para el exilio argentino, la última coyuntura caliente en la denuncia fue la guerra de las Malvinas. En esas circunstancias, el poder militar trazó una división nítida entre los “auténticos argentinos” y los “traidores”, divisiones que también afectaron a las diferentes comunidades del exilio en España. Al potenciarse la identificación nacional en una lucha que por años había estado definida en términos antidictatoriales, la unidad que el exilio había logrado en la defensa de los derechos humanos se vio conmovida. Los argentinos en Cataluña y Madrid enfrentaron un primer dilema: de-nunciar el carácter “político” de la decisión de la Junta militar o eludir esta discusión para afirmar frente al mundo los derechos que asistían a la nación argentina sobre el archipiélago del Atlántico Sur. A diferencia de lo ocurrido en la coyuntura mundialista, donde el exilio debatió sobre modalidades de denuncia pero coincidió en poner en primer plano la manipulación política del fútbol y del triunfo argentino en el campeonato mundial, en 1982 los exiliados discutieron sobre la utilidad de preguntarse si detrás de la decisión de Galtieri estaba el intento por renacer como el Ave Fénix de un régimen en derrumbe. Frente al conflicto de las Malvinas, el exilio argentino sufrió la más im-portante de sus fracturas 22. En Cataluña, la Casa Argentina, COSOFAM y

22 Para un estudio pormenorizado de los debates de los exiliados en torno a Malvinas, véase Jensen (2007a).


otras organizaciones del exilio vivieron fuertes debates. La Casa Argentina se posicionó rápidamente en contra de la decisión del presidente de facto Leopoldo F. Galtieri, a la que calificó de acto oportunista con apariencia pa-triótica, que pretendía ocultar los crímenes de la dictadura y el descalabro económico-financiero en el que había sumido al país. En este contexto, la Casa llamó a los partidos políticos, organizaciones sindicales y entidades civiles de Cataluña a pronunciarse “a favor de la paz en el Atlántico Sur” en la manifestación unitaria del 1º de mayo en Barcelona. La posición pública de la Casa Argentina, contraria a la guerra, a la dic-tadura y al imperialismo británico, y a favor de los “desaparecidos” y por el reclamo soberano pacífico sobre Malvinas, no debe ocultar que los debates al interior fueron intensos y terminaron en una fractura que se materializó en la aparición o consolidación de nuevos espacios de representación. El sector del exilio ligado al peronismo se alejó de la Casa durante los meses del conflicto con Inglaterra y se afirmó en los ya existentes Centro Argentino de Cultura Popular y Agrupación Peronista de Barcelona. La Agrupación Peronista de Barcelona no compartía la alarma sobre la estratagema patriotera que el régimen en agonía sacó de la galera para dilatar la entrega del poder a los civiles. Por el contrario, consideraba que, en esta ocasión, los militares estaban cumpliendo con su rol histórico: “preservar la soberanía nacional” (La Vanguardia, 4/4/1982). Mientras tanto, los secto-res solidarios españoles miraban con estupor los realineamientos dentro del exilio y procuraban comprenderlos. Por último, los exilios argentino y uruguayo también tuvieron una faceta cultural, que no se separaba de los objetivos generales, en cuanto a las labo-res de solidaridad y denuncia, sino que, muchas veces, era complementaria. En este sentido, los creadores de las diferentes ramas de la cultura realiza-ban sus actividades entre la vida personal, su compromiso profesional y su compromiso político. En 1979, Carlos Rama – autor del “Informe sobre Lati-noamericanos en España” del Pen Club Latinoamericano –, afirmaba que no sólo cientos de psicoanalistas, médicos y odontólogos, sino también artistas plásticos y teatrales, escritores y otros especialistas latinoamericanos vivían en ese país. Cada acto, cada actuación, cada presentación, cada premio o reconoci-miento obtenido por el exiliado se transformó en el destierro en una plata-forma para exponer la situación que estaban viviendo los países de origen y para denunciar la suerte corrida por miles de compatriotas que veían sus derechos violados y cercenados permanentemente. Esa producción cultural fue el reflejo implícito de cómo las culturas uruguaya y argentina se habían exiliado y proyectaban sus manifestaciones desde fuera, asumiendo nuevos lenguajes, explorando nuevos temas o resignificándolos, desde la experiencia dolorosa de la violencia sufrida y el desgarramiento identitario.


REFLEXIONES FINALES

Este trabajo pretendió sentar algunas bases para la comparación de los exilios uruguayo y argentino de los años setenta y ochenta del siglo pasado en España, haciendo especial hincapié en la reconstrucción de sus redes políticas, sus formas de organización y sus espacios de representación. Tras este rápido recorrido por las historias de los exiliados rioplatenses en España, podemos constatar:

1. Que el campo de estudios sobre los exilios rioplatenses, y específica-mente el que recaló en España, es un territorio más lleno de generalizacio-nes y lugares comunes que de investigaciones sólidas. Sin embargo, en los últimos años, tanto desde España como desde los países de origen de estos exilios, comienzan a articularse investigaciones que poco a poco permiten conocer cuestiones básicas de esta emigración política. Si, por un lado, sólo en los últimos años podemos hablar de cierta institucionalización en los países de origen – celebración de simposios y jornadas sobre el tema en el ámbito universitario, aparición de redes de estudio sobre el exilio, etc. –, en buena medida los avances en el conocimiento siguen produciéndose desde las tierras de exilio. Analizando en forma más cuidadosa el territorio de los exilios rioplatenses, mientras en Argentina la clave testimonial ha dominado frente a los enfo-ques provenientes de cualquiera de las ciencias sociales, en Uruguay, con las dificultades y ritmos que ya hemos mencionado, lo testimonial es muy minoritario y en cambio entre los trabajos más recientes se impone lo global y comparativo.

2. Respecto a las formas de salir del país, uruguayos y argentinos siguieron caminos similares. Hecha la salvedad que Argentina fue para los huidos uru-guayos un refugio privilegiado, al menos hasta que comenzó a intensificarse la violencia paraestatal previa al golpe del 24 de marzo de 1976 y mucho más tras éste, los viajes exílicos exploraron la salida a países limítrofes (Brasil, por ejemplo) y de allí a Venezuela o México, el avión y los barcos. En el caso español, y muy especialmente para la colonia rioplatense de Cataluña, la experiencia de los barcos del exilio no sólo fue importante como medio de escape, sino que quedó grabada en la memoria como lugar de encuentro entre perseguidos y (no sólo actuales sino) los viejos republicanos que tras la muerte de Franco y aún antes emprendían por fin el retorno.

3. El momento político, social y nacional que vivía España resulta un elemento insoslayable para comprender las dinámicas organizativas y de trabajo de denuncia y solidaridad para ambos exilios. En tal sentido, no es posible olvidar que las posibilidades y dificultades que vivieron uruguayos y argentinos estuvieron directamente relacionadas con los ritmos de la compleja


transición política española. Al tiempo que les deparó un plus de apoyo solida-rio por el reavivado recuerdo de la Guerra Civil, del masivo exilio republicano y su recepción latinoamericana en los años cuarenta del pasado siglo, les introdujo en las dinámicas políticas y sindicales locales que se reactivaban tras años de letargo, con todas sus divisiones y conflictos. No hay que olvidar tampoco que los exilios uruguayos y argentinos vivieron incluso la zozobra del intento de golpe de Estado en España, el 23 de febrero de 1981, y el temor de que la tierra de acogida se transformara en una nueva cárcel o peor, en el trampolín a las garras genocidas de las dictaduras rioplatenses.

4. La particularidad de España frente a los exilios en otras latitudes es una evidencia constatada no sólo en los testimonios de los propios exiliados y exiliadas, sino también en las características que comporta, como formas de organización o estrategias de acción y de relaciones. Esta particularidad tiene su sustento en una serie de acontecimientos que encadenan a los países del Río de la Plata con España a partir de la inmigración española, tanto en su vertiente económica como política, en función del exilio republicano español. Estos contactos fueron fundamentales a la hora de elegir un destino para la huida de los exiliados rioplatenses, pero también a la hora de relacionarse con las orga-nizaciones políticas y sindicales en el lugar de destino. Los fuertes contactos en estos niveles, tanto en el pasado como en el presente de los exilios, relacionó las fuerzas políticas y sindicales argentinas y uruguayas con la transición española, siendo importante en distintos campos de su realidad histórica.

5. Finalmente, otra de las características particulares de los exilios rio-platenses en España estará dada por la gran cantidad de espacios de repre-sentación a los que da lugar, principalmente en las ciudades de Madrid y Barcelona. Estos espacios muestran la complejidad de los mismos exilios, las diferentes formas y modalidades de relaciones que se establecen con la sociedad española, las fuerzas sindicales y políticas y las diferentes instancias de gobierno.

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CAPÍTULO 4“EL VOTO QUE EL ALMA NO PRONUNCIA”:

UN ANÁLISIS DE LAS MOVILIZACIONES Y LOS DISCURSOS SOBRE EL DERECHO AL VOTO DE LOS URUGUAYOS

EN EL EXTERIOR

Natalia Moraes MenaUniversidad de Murcia

Es el voto que el alma pronuncia, Y que heroicos sabremos cumplir! Es el voto que el alma pronuncia, Y que heroicos sabremos cumplir!

Sabremos cumplir! sabremos cumplir!Himno Nacional Uruguayo

INTRODUCCIÓN

Este fragmento del Himno Nacional uruguayo ha sido utilizado en varias ocasiones por diferentes actores sociales, pero en su versión negativa, bus-cando poner en evidencia la ausencia de un derecho. Con la frase “el voto que el alma no pronuncia”, migrantes, políticos y medios de comunicación

NATALIA MORAES MENA 104

han querido llamar la atención sobre una de las demandas más antiguas de la diáspora uruguaya: la posibilidad de ejercer el voto desde el exterior. De esta forma, se logra asociar el voto, en primer lugar, con un sentimiento, pro-ducto de formar parte de una comunidad nacional y, en segundo lugar, con un deber y un compromiso que se quiere cumplir. A través de esta estrategia discursiva se justifica, y a la vez se refuerza, un reclamo político, relacionán-dolo así con uno de los símbolos nacionales del país; el Himno. La relación entre la participación política desde el exterior y los debates sobre la nación y sus imaginarios no es un mero recurso propagandístico puntual. Como mostraremos en este capítulo, tanto en las reivindicaciones promovidas por los migrantes uruguayos en España como en los debates políticos acaecidos en Uruguay, los argumentos a favor y en contra del derecho al voto desde fuera del territorio nacional vienen a plantear diversas formas de concebir a la nación uruguaya y quiénes forman o no parte de la misma. El objetivo fundamental de este capítulo es mostrar cómo la participación política transnacional de los migrantes uruguayos, así como las moviliza-ciones y debates con relación a la misma, están influidos por una serie de factores estructurales y coyunturales, y por el papel que desarrollan diversos actores, tanto en el país de origen como en el país de destino. Los contextos específicos de origen y de destino y la influencia recíproca de diversos actores, entre ellos: la sociedad civil trasnacional (Fox, 2005), los partidos políticos, los medios de comunicación y el propio Estado uruguayo, son fundamentales para interpretar la evolución de determinadas prácticas políticas transna-cionales y la emergencia de ciertos debates y discursos sobre las mismas. Para cumplir este objetivo, en primer lugar, me voy a centrar en analizar las movilizaciones e iniciativas que la sociedad civil migrante llevó a cabo antes, durante y después de las elecciones nacionales de 2004 en reclamo del de-recho al voto. En segundo lugar, analizaré las iniciativas puestas en marcha, una vez el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) gana las elecciones. Especialmente me referiré a las medidas del Estado uruguayo con respecto a su diáspora, así como las acciones llevadas a cabo por algunos líderes políticos y por diversas asociaciones civiles para generar un debate público sobre la temática. Por último, me voy a ocupar de los discursos, tanto de los emigrantes como de los representantes políticos, sobre la extensión de los derechos de ciudadanía. El análisis de estos debates muestra cómo los discursos a favor o en contra del voto desde el exterior están relacionados con los imaginarios de nación. La posibilidad de participar desde fuera de Uruguay en la política formal y el hecho de que los emigrantes uruguayos puedan votar e incidir políticamente en el país ha generado una discusión sobre la cuestión nacional y sobre las fronteras reales e imaginadas de la nación uruguaya.

CAPÍTULO 4. "EL VOTO QUE EL ALMA NO PRONUNCIA": UN ANÁLISIS... 105

TRANSNACIONALISMO POLÍTICO Y REDEFINICIÓN DE LA NACIÓN

En las últimas décadas hemos presenciado cambios en las perspectivas y marcos utilizados en los estudios sobre las migraciones internacionales. Ac-tualmente se reconoce que los vínculos de los migrantes con sus países de origen no desaparecen una vez que se ha emigrado, sino que, por el contrario, los migrantes mantienen diversos tipos de vínculos con sus países, a la vez que se incorporan a la sociedad receptora. El desarrollo de la perspectiva transnacional en el análisis de las migraciones ha sido fundamental para comprender estos procesos1. Estos estudios han mostrado cómo los migrantes y sus descendientes participan en dinámicas familiares, sociales, económicas, políticas y culturales que se extienden a través de las fronteras nacionales y que vinculan al menos a dos países diferentes (Faist, 2000; Glick-Schiller et al., 1992; Guarnizo y Smith, 1999; Portes et al., 1999). Desde su inicio, estos enfoques han sido permanentemente debatidos y cuestionados, lo propio de todo cuerpo teórico aún en formación. El eje del debate ha estado centrado en su supuesta novedad, durabilidad y genera-lización. También se ha criticado la falta de reflexión sobre los criterios que se debía tener en cuenta al analizar quiénes desarrollan vínculos transna-cionales significativos y quiénes no (Guarnizo et al., 2003). Portes (2001; 2003) considera necesario centrar los análisis en aquellos individuos que están formal y regularmente vinculados en actividades económicas, políti-cas o socioculturales transnacionales. Otros estudios, en cambio, llaman la atención sobre las prácticas sociales, culturales y religiosas tanto formales como informales (Kim, 2006; Levitt y Glick-Schiller, 2004; Mahler y Pessar, 2006; Smith, 2006). Las actividades transnacionales implican, por tanto, múltiples dimensio-nes o ámbitos y diferentes escalas o alcances. En este sentido, la dimensión económica y cultural de las prácticas transnacionales ha gozado de mayor atención por parte de los investigadores que la dimensión política. Como señala Baübock (2007), la participación política transnacional ha sido un tema poco tratado en los estudios sobre el transnacionalismo. La discusión sobre la normativa para el voto desde el exterior es reciente y existen escasos trabajos que examinen sus causas y consecuencias (Baübock, 2007). Pero la dimensión política no implica sólo prácticas políticas formales. Como entiende Calderón (2006:46), lo que podemos concebir como política incluye “… desde la relación más elemental que los sujetos establecen con la autoridad, el poder, en sus múltiples formas: familia, religión, sistema

1 Una revisión de la evolución de los estudios de las migraciones desde enfoques transna-cionales se puede encontrar en Levitt y Jaworsky (2007).


político, Estado, hasta expresiones y actividades que buscan incidir en di-chas relaciones de poder a través de la participación política directa en sus múltiples vías: activismo cívico y partidista y por la vía electoral”. El transnacionalismo político es el lugar de los vínculos políticos (Vertovec, 1999); el espacio público en el cual las acciones políticas, tanto formales como informales, se extienden a través de las fronteras. Uno de los debates centrales que introduce la perspectiva transnacional tiene que ver con el cuestionamiento de una concepción de ciudadanía enmarcada en los bordes de un determinado Estado-nación. El transnacionalismo político desafía la noción de Estado-nación (Landolt, 2000; 2003), la cual supone el dominio exclusivo de éste sobre un territorio determinado. Como señala Landolt, tanto la participación política de los migrantes en un país donde ya no residen, como las estrategias extra-territoriales de los Estados que buscan reincorporarlos al proyecto nacional, apuntan hacia esta nueva situación. En este proceso se reconstruye quién forma parte del proyecto nacional y también quién es excluido del mismo: “El transnacionalismo político, a la vez que pone en duda nociones establecidas, apunta a una reconceptualización de la nación y, por ende, a una redefinición de los derechos y los deberes de los ciudadanos” (Landolt, 2003:34). El estatus político de los ciudadanos en el exterior es un tema que ha adquirido mayor relevancia en los últimos tiempos. Según Spiro (2006), his-tóricamente la práctica común de los Estados ha sido denegar los derechos políticos a los ciudadanos durante su ausencia del país. Esto ha ido cam-biando en las últimas décadas y la tendencia ahora es a permitir y facilitar la participación electoral de los ciudadanos en el extranjero, aún cuando se conviertan en ciudadanos de otros países (Spiro, 2006). Las principales estrategias seguidas por los Estados para extender los de-rechos políticos e incorporar a la diáspora han estado relacionadas con abrir la posibilidad a la doble nacionalidad y al voto desde el exterior. Mientras que el primer aspecto se ha generalizado entre un mayor número de países, el voto desde el exterior se ha convertido en un asunto más problemático, tanto entre los países que sí establecen este derecho como entre los que no. La mayoría de los escasos estudios existentes sobre el voto de los migrantes se ha centrado en aquellos casos en los que los migrantes pueden ejercer este derecho. Sin embargo, existen pocos análisis sobre las movilizaciones y los discursos existentes sobre este tema en aquellos países que aún no otor-gan a sus nacionales en el exterior el derecho al voto. Destacan al respecto los trabajos de Baübock (2003; 2007) y Spiro (2006), en los que se analizan las principales objeciones a la participación política desde el exterior. Según Baübock (2003), los principales argumentos en contra de la extensión de este derecho están relacionados con la idea de que aquellos que toman parte en las decisiones colectivas y en la elección de los representantes deben de estar implicados con el país y, en segundo lugar, con la idea de que deben vivir las consecuencias de estas decisiones. Por su parte, Spiro (2006) observa dos


argumentos principales que sostienen esta negativa, por un lado, los que tienen que ver con la restricción basada en la residencia. En este sentido, los tres posibles peligros percibidos de permitir el voto desde el exterior están relacionados con lo que la autora llama: el voto irresponsable, el voto desin-formado y el voto indisciplinado. Por otro lado, otro argumento esgrimido está relacionado con los problemas logísticos que pueden afectar la transparencia del proceso y el coste de financiación que implica el mismo. Nuestro objetivo en este capítulo es centrar el análisis en las movilizaciones y los discursos sobre el voto desde el exterior en un caso, como el uruguayo, en el que el derecho al voto de los migrantes, a pesar de ser una de las de-mandas más importantes de la diáspora, ha sido rechazado periódicamente por el parlamento de Uruguay. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio realizado en el marco de mi tesis doctoral, la cual investiga la relación entre migración, transnacionalismo político y nación a partir del estudio de la migración uruguaya en España. Me interesaba co-nocer, en primer lugar, los procesos de de-construcción y reconstrucción de la nación y de las representaciones e imaginarios nacionales a partir de los espacios sociales transnacionales generados por la migración. En segundo lugar, conocer las prácticas y vínculos transnacionales y los discursos e ima-ginarios relacionados con estos vínculos promovidos tanto “desde arriba”, por los Estados (principalmente por el Estado uruguayo), como “desde abajo”, por organizaciones de la “sociedad civil migrante”. La metodología de esta investigación ha sido una etnografía multisitial rea-lizada en Uruguay y España entre los años 2004 y 2007. También se incluyó un trabajo de campo en Internet, considerando al ciberespacio como otro contexto de investigación (Moraes, 2005). Se realizaron entrevistas etnográ-ficas a líderes de las asociaciones de uruguayos en España e integrantes de las mismas, también a personal de la representación diplomática uruguaya en España y del Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay, así como a miembros de las asociaciones civiles de Uruguay vinculados con la diáspora y a miembros de partidos políticos. Se realizaron además entrevistas grupales con miembros activos y pasivos de las asociaciones de uruguayos en varias ciudades españolas. Los datos obtenidos provienen también de la observación de reuniones, encuentros, manifestaciones, fiestas y asambleas, y de los análisis de documentos y publicaciones elaborados por las diferentes instituciones.

MIGRACIÓN Y DIÁSPORA URUGUAYA

Un repaso de la historia migratoria uruguaya muestra cómo la migración ha sido una constante en el país. La emigración es un problema estructural de la sociedad uruguaya que se reactiva en situaciones de crisis (Pellegrino, 1995; 2004). El acto de migrar es vivido por los uruguayos como una estrategia viable para enfrentar estas situaciones.


Los flujos de inmigrantes de principios de siglo XIX y XX llegados a Uru-guay, pero sobre todo el mito conformado en torno a este fenómeno y el hecho de considerarse un “país de inmigrantes”, han sentado las bases para que la migración sea percibida como una estrategia posible y necesaria en determi-nadas circunstancias. Por otro lado, los lazos y redes migratorias conformadas en estos procesos contribuyen a que la idea de migrar, como estrategia para enfrentar las dificultades, se presente como una alternativa válida. A fines de los años sesenta y comienzos de los setenta se empieza a re-conocer la existencia de un importante flujo migratorio hacia el exterior, producto de la crisis económica y política, y Uruguay llega a convertirse en el país sudamericano con la tasa de emigración más alta (Pellegrino, 1995). Algunos autores sostienen que entre los determinantes de la emigración uruguaya de esos años, además de motivos económicos o políticos, había que considerar la quiebra del imaginario nacional. Desde esta perspectiva, a partir de los años sesenta se produjo el deterioro general de una imagen de país anclada de forma importante en el imaginario de grandes sectores de la población: esto es, la concepción de Uruguay como una sociedad abierta, de fácil movilidad social, participativa e igualitaria. Por este motivo, para Filgueira (1987:11) “más importante que la crisis en sí, el detonante de la emigración fue la conciencia de esa crisis”. Parte de esa emigración retornó una vez finalizada la dictadura militar (Coraza, 2007). Pero la voluntad de emigrar no cesó con la restauración democrática. A principios de los noventa, existía una alta propensión mi-gratoria en la población, especialmente entre los jóvenes. La predisposición a la emigración alcanzaba al 33% de los jóvenes de Montevideo y al 16% de los del resto del país. Estos datos llevaron a considerar la existencia de una fuerte “cultura emigratoria” (Pellegrino, 1995:25). La crisis económica que se inicia en 1999 alimenta nuevamente un flujo importante de migrantes. Según la Encuesta de Caracterización Social, en el 3,86% de los hogares urbanos al menos un miembro del hogar había emigrado entre marzo y diciembre de 2002. La proporción de madres que declara tener descendencia viviendo en el exterior era del 7%. Un análisis comparativo de los datos ha llevado a los expertos a estimar un saldo neto migratorio cercano al 13% del total de la población (Pellegrino y Vigorito, 2004). Los datos extraídos de esta encuesta muestran también diferencias y similitudes en la emigración reciente con respecto a décadas anteriores. La mayor diferencia del flujo reciente es el cambio en los países de destino. El contexto internacional ha cambiado producto de la crisis que vive la región, de modo que los principales destinos, antes formados por los países veci-nos, se trasladan ahora a Estados Unidos y España. Según los datos de la encuesta realizada, la emigración uruguaya continúa estando compuesta principalmente por varones y jóvenes adultos y, así como en años anteriores, la migración reciente es relativamente más cualificada que la población que reside en Uruguay.


España ha sido uno de los destinos preferidos por los migrantes urugua-yos. Los vínculos históricos entre ambos países, las redes sociales y lazos familiares existentes y el hecho de compartir la misma lengua, han conver-tido a España en uno de los principales destinos de esta migración. En la historia migratoria de los uruguayos hacia España encontramos dos etapas muy diferentes que coinciden con las de la migración uruguaya en general. La primera se registra en los años setenta y se compone en gran medida por personas que escapaban de la represión militar y de la dictadura; la segunda se registra inmediatamente después de la más grave crisis económica que vivió el país en el año 2002. Estos dos flujos presentan características dife-rentes, tanto en relación al perfil de los migrantes como al contexto social, político y económico del que se partía y al que se llegaba. En la década de los setenta, en Uruguay se imponía una dictadura y en España se iniciaba una transición democrática. Mientras que en esos años España seguía siendo un país de emigrantes con escasa experiencia como país receptor, a inicios del siglo XXI España se convertiría en uno de los países europeos con mayor crecimiento de la inmigración. Con el retorno a la democracia en Uruguay en la década de los ochenta, muchos de los exiliados uruguayos en España regresaron a su país, otros permanecieron (Coraza, 2007). De ahí que la diáspora uruguaya en España actualmente esté formada tanto por migrantes recientes como por otros que llevan cerca de treinta años residiendo en este país. El hecho de que parte de la diáspora esté compuesta por una migración antigua y que muchos de los migrantes tengan ascendencia española - por la historia migratoria del Uruguay como país receptor de inmigrantes españoles - obliga a que en el análisis de datos estadísticos2 se incluya no sólo a los extranjeros de nacionalidad uruguaya, sino también a toda la población residente en España cuyo país de nacimiento es Uruguay, independien-temente de su nacionalidad3. La diferencia en las cifras dependiendo qué

2 Para analizar la migración en España contamos actualmente con varias fuentes de in-formación: los censos de población, la explotación del padrón municipal de habitantes, los anuarios estadísticos de extranjería y los anuarios de estadísticas laborales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en general cuando se habla de inmigración se ofrecen cifras de población extranjera, y no todo migrante es extranjero (como la segunda generación de migran-tes nacionales descendientes de españoles que conservan la nacionalidad y retornan al país o los migrantes extranjeros una vez nacionalizados), y no todo extranjero es migrante (como las personas nacidas en España cuyos padres son extranjeros). Esto está relacionado con el enfoque integracionista y centrado en el país de recepción que ha dominado la mayoría de los estudios sobre la temática hasta hace relativamente poco tiempo. 3 La adopción de una perspectiva transnacional lleva a considerar a todos los miembros de la diáspora, independientemente de su condición jurídica, ya que aspectos como la vinculación con el país de origen, el envío de remesas o el asociacionismo se mantienen en migrantes au-torizados e indocumentados, e incluso pueden fortalecerse a medida que el migrante se integra en la sociedad de acogida y logra ciertos derechos como la posibilidad de nacionalizarse (Guar-nizo et al., 2003; Portes, 2003).


dato consideremos es importante. Entre el año 2001 y 2006 la población residente en España cuyo país de nacimiento es Uruguay se multiplicó casi por tres, llegando a ser 79.346 personas a enero de 2007. Pero el crecimien-to en este período de extranjeros uruguayos, así como el de los extranjeros uruguayos con permiso de residencia, fue aún mayor. Esto indica que, si bien en comparación con otros colectivos de migrantes la diáspora uruguaya incluye un porcentaje importante de nacionalizados españoles, gran parte de los nuevos migrantes no posee esta nacionalidad. La migración uruguaya a España no registra un elevado índice de mascu-linidad como la emigración uruguaya en general (Macadar y Pellegrino, 2007). Durante todo el periodo analizado, de 2001 a 2006, y en las diversas fuentes consultadas se constata un relativo equilibrio demográfico entre los sexos. A enero de 2006, un 48,6% de los empadronados uruguayos en España eran mujeres y un 51,4% hombres. También hay cierto equilibro de sexos si consideramos a los uruguayos residentes con nacionalidad española o no española. Por el contrario, la distribución territorial de los migrantes uruguayos en España sí ha cambiado a lo largo de los años. Si en la década de los setenta la mayoría de los uruguayos se concentraba en Madrid y Barcelona, y en el 2001 se sumaban además las provincias gallegas, en los últimos años han adquirido mayor atractivo las zonas costeras del Mediterráneo, así como las Islas. Esto puede deberse a una mayor demanda de mano de obra en el sector servicios en estas comunidades debido a la industria turística. Pero además de este aspecto, en el trabajo de campo etnográfico realizado muchos de los argumentos de los migrantes sobre el por qué de la elección del lugar donde establecerse han estado relacionados con la similitud que encuentran con el país de origen. Los datos del padrón municipal nos permiten observar que a enero de 2006 las comunidades autónomas donde reside mayor número de personas nacidas en Uruguay son: Cataluña (el 30% de los uruguayos), Comunidad Valenciana (14%), Galicia (13%), Canarias (11,5%), Baleares y Madrid (ambas con un 8%).

PARTICIPACIÓN POLÍTICA TRANSNACIONAL DE LOS MIGRANTES URUGUAYOS EN ESPAÑA

La movilización política transnacional de los uruguayos residentes en el ex-terior no es nueva. Como han mostrado varios autores, entre ellos Jensen y Coraza en este mismo libro, pero también Markarian (2006), los exiliados uruguayos, a través de diversas redes transnacionales, tuvieron un papel im-portante en la denuncia de la violación de los derechos humanos en tiempos de la dictadura uruguaya de la década de los setenta. En este capítulo, en cambio, me voy a centrar en el análisis de la participación política transna-cional reciente, fundamentalmente la desarrollada a partir de los años 2000 y relacionada con la defensa del voto desde el exterior. Antes de llevar a cabo


esta tarea considero necesario explicar brevemente las características del sistema electoral uruguayo. En Uruguay todos los mayores de dieciocho años tienen obligación de votar en las elecciones. Obligatorio es también el voto en plebiscitos para refren-dar o rechazar las leyes que promueva el Parlamento o el Poder Ejecutivo. Existen medidas punitivas para quienes no cumplan lo que se considera un “deber cívico”, entre ellas, multas e impedimentos para obtener documentos públicos. De no votar en dos elecciones consecutivas se queda excluido del Padrón Electoral. En el período dictatorial se eliminó el voto interdeparta-mental4, por lo que si una persona reside fuera de su municipio de origen, debe trasladarse al mismo para poder ejercer el voto. Los que viven fuera del país sólo pueden votar si regresan al país para hacerlo, y siempre y cuando no hayan sido eliminados del padrón electoral. Desde la restauración de la democracia, distintos sectores de la izquier-da uruguaya habían presentado diversas iniciativas para lograr ampliar los derechos políticos a los uruguayos que residen en el exterior, pero estas ini-ciativas no habían llegado nunca a prosperar. La razón fundamental estaba relacionada con que para permitir el voto desde fuera del territorio se necesita una reforma constitucional que cuente con la aprobación de dos tercios de la Asamblea General, y ni siquiera dentro de la izquierda había existido hasta entonces unanimidad ni un proyecto común. Sin embargo, antes de las elec-ciones del año 2004 el debate se reaviva, fundamentalmente por la presión y la movilización de los migrantes, y el tema alcanza el dominio público tras la victoria de la coalición de izquierda EP-FA. La posibilidad de participación política en Uruguay desde el exterior ha sido una de las reivindicaciones más antiguas de la diáspora. Sin embargo, en el trabajo de campo realizado en España se constata que este tema atravesó en los últimos años por etapas de menor y mayor interés. Si analizamos la relevancia que este asunto ha tomado en las asociaciones de uruguayos en España, se observa que fue una cuestión debatida sobre todo en las fases iniciales de formación y constitución de muchas asociaciones. En un pri-mer momento generó ciertos conflictos internos en algunas de éstas, sobre todo antes de las elecciones uruguayas de 2004, ya que el debate sobre esta cuestión coincidía con que muchos uruguayos se encontraban en España en situación irregular. Algunos líderes asociativos se habían movilizado y habían colaborado con diversos movimientos, principalmente con la central sindical obrera uruguaya, en la recolección de firmas entre los migrantes en pro de varios plebiscitos, entre ellos la derogación de la ley de privatización de la ANCAP (empresa pública de carburantes) y la reforma constitucional

4 Uruguay está compuesto por 19 divisiones administrativas denominadas departamentos.


del agua. Esta actitud fue muy debatida al interior de algunas asociaciones, no tanto porque sus miembros no estuviesen de acuerdo en participar de estas actividades, sino más bien porque consideraban que no debía ser un asunto prioritario para las asociaciones. La situación de vulnerabilidad que atravesaban muchos uruguayos llevaba a que algunos miembros, sobre todo los migrantes más recientes, consideraran que la prioridad de la asociación debía ser mejorar la situación de estos migrantes en España y no el trabajar por cuestiones políticas de Uruguay, como manifestaba uno de ellos “nosotros tenemos que luchar para que los compañeros que están acá, estén en una situación digna” (Asamblea 2004, Valencia), otros manifestaban “…ahora que defiendan el agua los que están allá, nosotros ya nos mojamos los pies” (Asamblea 2004, Valencia). Si bien la mayoría de los migrantes considera que el voto desde el exterior debe ser un derecho de todos los uruguayos y debe aprobarse, cuando inicia-mos nuestro trabajo de campo hallamos que no todos los líderes asociativos y miembros de las asociaciones consideraban que el movimiento asociativo debía movilizarse en este sentido. Algunos se encontraban desbordados por el papel que estaban desarrollando como asociación para la integración de los recién llegados a la sociedad española y opinaban que emprender otro tipo de movilizaciones desgastaría a la asociación. Otros pensaban que era un tema difícil y con pocas posibilidades de ser aceptado, y que representaría un gasto de energías inútil. Finalmente, otros creían que si no existía ni siquiera un acuerdo entre las fuerzas de izquierda sobre cómo implementarlo, al existir en ese momento tantos proyectos diferentes, no eran las asociaciones las que debían indicar el camino. Sin embargo, las movilizaciones se incrementaron cuando se acercaban las elecciones uruguayas, y muchos líderes asociativos modificaron su postura inicial ante el cambio de gobierno y ante las manifestaciones realizadas por éste en relación a que el tema sería prioritario en su legislatura. Antes de las elecciones, la mayoría de las movilizaciones para lograr el voto desde el exterior no surgieron de las asociaciones sino de iniciativas individuales, como la de un grupo de migrantes que conformó una red por el voto de los uruguayos en el exterior y desarrolló una campaña de firmas en Internet denominada “Un uruguayo, un voto”. Esto no quiere decir que algunas asociaciones no hayan vivido el periodo electoral de forma particular. Una de las asociaciones de Madrid negoció con una agencia de viajes dirigida por un uruguayo la contratación de un charter para que los uruguayos que quisieran regresar a votar al Uruguay lo pudiesen hacer a bajo precio. Las asociaciones también cumplieron un importante papel difundiendo informa-ción sobre quiénes estaban aún inscritos en el padrón electoral y quiénes no, y también sobre las leyes uruguayas en materia de sufragio ya que, según nos comentaban directivos de las asociaciones, aunque pocos, algunos uruguayos se acercaban a preguntar dónde podían votar, qué consulado estaba habilitado para ello, desconociendo que en el caso de Uruguay el voto desde el exterior no está permitido. El día de las elecciones nacionales algunas asociaciones


realizaron votaciones simbólicas y organizaron encuentros y comidas para compartir la jornada electoral en grupo. En Málaga, por ejemplo, y a partir de la organización de la asociación de dicha localidad, los uruguayos se re-unieron en un bar propiedad de un compatriota. Desde primeras horas de la tarde y hasta bien entrada la madrugada, ante un televisor gigante y mediante conexión de Internet, más de cien uruguayos estuvieron presenciando lo que ocurría en el país y las declaraciones de los representantes políticos. Muchos llevaban banderas, así como todo tipo de elementos identificativos de sus agrupaciones políticas. Otros se dedicaban a enviar mensajes a los medios de comunicación del país comentando cómo estaban viviendo el acontecimiento desde la distancia. El momento más emotivo de la noche se vivió cuando el recién proclamado presidente Tabaré Vázquez anunció su victoria y en ese mismo discurso tuvo unas palabras para la diáspora uruguaya. Un aplauso generalizado inundó el recinto, muchos hombres y mujeres comenzaron a llorar, y los más jóvenes salieron a la calle a tocar los tambores. Pero este festejo se disolvió pronto, era madrugada del lunes en España y los vecinos comenzaron a denunciar el ruido que se estaba registrando en el barrio. Se puede decir que, por un lado, el inicio de una nueva política de vin-culación con los emigrantes por parte del Estado uruguayo y, por otro, la sensibilización existente en la sociedad uruguaya sobre el tema migratorio, ha creado las condiciones para que los migrantes consideren que el voto desde el exterior se convierta en una posibilidad real y los incentive así a movili-zarse en su defensa. Como señalan Martiniello y Lafleur (2008), las acciones de los Estados y las de los migrantes están interconectadas, los migrantes presionan a los Estados y las estrategias de los Estados pueden influir en el activismo político de los migrantes.

EL IMPACTO DEL VOTO MIGRANTE EN LAS ELECCIONES NACIONALES DEL AÑO 2004

Si bien no hay datos exactos, se estima que entre veinte mil y cuarenta mil uruguayos retornaron a votar al país5, lo que representa entre el 1% y el 2% del padrón electoral. Y fue por ese 1% de votos de más que el EP-FA pudo ganar en la primera vuelta las elecciones sin necesidad de llegar al balota-je6. El partido de izquierda se libró así de la posible derrota que la segunda

5 No existen datos concretos, según el EP-FA se logró movilizar a más de veinte mil urugua-yos desde el exterior, pero después de las elecciones municipales en mayo de 2005, se observó que faltaron casi cincuenta mil votos que hubo en las elecciones nacionales de 2004. 6 Adaptación gráfica de la voz francesa ballottage, usada en los países del Río de la Plata con el sentido de “segunda vuelta”. Se realiza entre los dos candidatos más votados cuando ninguno de ellos ha obtenido la mayoría requerida en la primera vuelta.


vuelta le hubiese generado al unirse las diversas fuerzas conservadoras del país en su contra. Como mencionamos antes, desde España se contrataron varios charter por parte de las asociaciones y la mayoría de los vuelos con destino a Uruguay en la semana de las elecciones llegaban completos. Se estima que desde este país viajaron más de mil uruguayos7. Pero las movilizaciones para promover el retorno de migrantes a votar no se desarrollaron sólo desde fuera del país. En Uruguay, la Comisión Dele-gada del Exterior del EP-FA, encargada de la vinculación con los miembros del partido exiliados y migrantes, también se movilizó en este sentido. Esta comisión se hizo cargo de coordinar la ayuda financiera para que pudiese retornar al país el mayor número posible de uruguayos. Desde la perspectiva del coordinador de esta comisión, la idea fue generar una red por el voto, a través de la cual los que no pudiesen retornar para votar por motivos perso-nales o laborales ayudasen a los que no podían hacerlo por razones econó-micas. Este proyecto políticamente estratégico se basó en el “pasaje amigo” y consistió en el envío de dinero de los migrantes, en general residentes en países de Europa y América del Norte, para pagar el billete de los migrantes uruguayos en Argentina. De esta forma, con lo que le costaría a un uruguayo en España retornar para votar, lo hacían tres o más uruguayos residentes en Argentina. Con esta campaña la comisión logró recaudar más de ciento cincuenta mil dólares. El voto desde Argentina fue considerado decisivo para la victoria de la izquierda en la primera vuelta. A esto hay que agregarle lo que se llamó el “voto Buquebus”8; esta empresa subsidió billetes para los uruguayos residentes en Argentina que quisieran volver a Uruguay a votar. El retorno de miles de uruguayos por las elecciones, y sobre todo la co-bertura mediática que generó este acontecimiento, contribuyó a consolidar el imaginario de país de emigración y, desde nuestra perspectiva, a alentar iniciativas estatales que posteriormente se pusieron en marcha con respecto a la diáspora. En este proceso de consolidación del imaginario emigrante también parti-ciparon grupos de asociaciones civiles uruguayas formadas en los años poste-riores al último flujo migratorio. Estas asociaciones, principalmente formadas por mujeres, habían comenzado a trabajar en la ayuda e información a los familiares de los migrantes y a articular actuaciones con las asociaciones de uruguayos de diversos países, especialmente con las de España. Las asocia-ciones de Uruguay se agruparon para formar una red denominada Red Diás-

7 Hay que tener en cuenta que la población de Uruguay no supera los tres millones y medio de habitantes. 8 Empresa naviera de pasajeros que cubre el trayecto Argentina – Uruguay.


pora, con el fin de coordinar las acciones y ser interlocutores válidos, tanto para el Estado como para las diferentes asociaciones en la diáspora. Cuatro días antes de las elecciones, esta Red organizó un encuentro en el Cabildo de Montevideo para dar la bienvenida a los migrantes que estaban retornando para votar. La importancia que en esos días empezaba a despertar el retorno masivo de los migrantes lo representa el hecho de que en esta fiesta quisieron estar presentes representantes de todos los partidos políticos, inclusive aquellos que en otros encuentros organizados por esta Red habían estado ausentes. Con la victoria del EP-FA, y después de la repercusión que había tenido el retorno para votar, la temática migratoria pasa a considerarse política de Estado. En el primer discurso que ofrece el presiente recién electo tras su victoria menciona a los emigrantes como parte importante de la nación, y en el discurso de asunción a la presidencia afirma que “… los países son no su superficie, no su bandera, no su escudo, todo ello pero mucho más: son su gente”. Se comienza a vislumbrar así un discurso del país y de la nación que incorpora el afuera del territorio y a los emigrantes como parte de la nación. Además se anuncia una serie de políticas de vinculación marcadas por la creación de una Dirección General y un programa específico denominado Departamento 20: Patria peregrina (el vigésimo departamento). El director de este departamento afirma “… esta política de Estado que está dando comienzo trata de construir un vínculo mucho más intenso y complejo con esta parte de la colectividad uruguaya … construir un vínculo a nivel de sociedad … lo que estamos iniciando ya, tiene que ver esencialmente con este nuevo vínculo que de alguna manera se expresa en un ejercicio de la ciudadanía más allá del territorio nacional, asumiendo que el concepto de nación, de uruguayo, hoy se expande fuera de los límites del territorio nacional, y entendemos que esto no significa la inhabilitación, la desaparición del carácter de naciona-lidad, sino que permite perfectamente su reafirmación obviamente a través de modalidades diferentes de las que existen naturalmente al interior del territorio nacional” (entrevista Radio Espectador, 2 de mayo de 2005). Entre los meses de abril y junio del año 2005 el Ministro del Exterior y el Director de Asuntos Consulares y Vinculación viajan por diferentes países donde se encuentran comunidades de uruguayos para explicarles el nuevo proyecto, además de relatar en diferentes entrevistas en medios de comuni-cación uruguayos las tareas de la nueva Dirección y las bases fundamentales de la iniciativa. Se destaca que con estas medidas y nuevas estrategias de vinculación no se busca promover el retorno, sino que lo que se intenta es construir un nuevo vínculo y promover el ejercicio de la ciudadanía en un territorio ampliado. En el marco de esta nueva relación con la diáspora, el EP-FA inicia un nuevo debate interno sobre la reglamentación del voto desde el exterior y llega a un acuerdo sobre un proyecto específico de voto epistolar. Este proyecto se comienza a debatir en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del parlamento. Si bien algunas de estas medidas ya estaban previstas antes de


las elecciones, el impacto social que tuvo el retorno de miles de uruguayos al país para votar convirtió a este tema en uno de los prioritarios para el nuevo gobierno. Pero sobre todo, logró hacer visible una ausencia, ya que a partir de ese momento en diferentes ámbitos los migrantes pasarían a estar ahora más que nunca presentes.

MOVILIZACIÓN TRANSNACIONAL EN DEFENSA DEL VOTO DESDE EL EXTERIOR TRAS LAS ELECCIONES 2004

Inmediatamente después de la asunción del nuevo gobierno, y paralelamente a las iniciativas que se comienzan a desarrollar con la diáspora, el diputado Ortuño, de uno de los sectores del EP-FA e integrante de la comisión del par-lamento de Constitución, Legislación y Códigos, impulsa una consulta a todos los migrantes relacionada con la voluntad o no de votar desde el exterior. Con tal objetivo crea una página web en la que se da información y se recogen firmas y comentarios. Esta página registró más de dos mil adhesiones de uruguayos de todo el mundo, pero también de uruguayos residentes en Uruguay. En esta página su promotor afirma “el Uruguay tiene una gran deuda con los uruguayos de fuera de fronteras, muchos de los cuales se han tenido que ir por no encontrar las oportunidades mínimas para vivir dignamente en su país. Ésta es una forma de comenzar a atenderla. Razón por la cual el pro-yecto debe aprobarse por razones de justicia y de conveniencia democrática. Si todos los uruguayos pueden decidir sobre el futuro del país, se fortalece la democracia, que es justamente lo que debemos hacer ampliando los dere-chos de todos. Más allá de modificaciones puntuales que se puedan hacer, la cuestión central es definir la voluntad política o no de permitir el voto fuera de fronteras … Mediante una interpretación restrictiva de la Constitución no se puede establecer uruguayos de primera y de segunda, cuestionando el carácter nacional de quienes no viven en el territorio. Los uruguayos residen-tes en el exterior son tan uruguayos como el resto y así lo sienten - incluso más que muchos de nosotros aquí. Muchos viven con nostalgia su ausencia del país y por ello viven “pegados” a la radio o la computadora, siguiendo de cerca al Uruguay, como un “cable a tierra” que debemos valorar, fomentando y manteniendo sus vínculos con el país. Hay que integrarlos no excluirlos”. Pero la movilización en defensa del voto y la campaña de firmas no ha sido promovida únicamente por representantes políticos. Con el apoyo de los recientemente formados consejos consultivos, se inaugura la Campaña Internacional por el Voto de los Uruguayos en el Exterior, y a iniciativa de diversas organizaciones sociales uruguayas integrantes de la Red Diáspora, se pone en marcha la Comisión por el Voto de los Uruguayos en el Exterior. Las movilizaciones desde fuera y dentro del país, sin embargo, no fueron su-ficientes para lograrlo. En octubre de 2007 el proyecto de ley sobre el derecho al voto es rechazado, una vez más, por el parlamento uruguayo.


DEBATES Y DISCURSOS SOBRE EL VOTO DE LOS URUGUAYOS EN EL EXTERIOR

No existen investigaciones rigurosas sobre la opinión de los uruguayos en relación a la posibilidad de que los emigrantes puedan ejercer el voto desde fuera del país. Contamos únicamente con encuestas de opinión realizadas por algunas consultoras privadas, en algunos casos, a solicitud de medios de comunicación. En abril de 2005 y cuando el proyecto de ley sobre el voto había sido enviado al parlamento, se realizó una encuesta de opinión sobre la posibilidad de votar de los uruguayos “que se fueron a vivir a otro país”. Según datos de la encuesta, más de un 60% de los uruguayos estaría a favor de permitir el voto desde el exterior, un 30% estaría en desacuerdo, mien-tras que a un 4% no le parecería ni bien ni mal esta posibilidad. En estas opiniones no hay grandes diferencias por sexo y edad, pero sí en relación al partido votado en las elecciones de 2004. La gran mayoría de los votantes frentistas, casi nueve de cada diez, apoya la idea. En cambio, entre votantes blancos y colorados gana (por poco) la posición contraria (Cifra, 2005). Estos datos estarían indicando que ni siquiera todos los votantes de los partidos tradicionales están en desacuerdo con la extensión de los derechos políticos a los migrantes. Sin embargo, la encuesta no pregunta cómo sería efectivo este voto. Y ha sido justamente este aspecto en el que se han centrado los partidos tradicionales para justificar su negativa. Entre los partidos políticos este debate se llevó a cabo fundamentalmente en el ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos del parlamento. Si los argumentos a favor tienen que ver con una redefinición de la nación más allá del territorio, los argumentos en contra se centran también en el territo-rio, en el hecho de estar residiendo en el país, como condición fundamental para participar políticamente. La negativa se sustenta tanto en argumentos administrativos como morales. Es decir, cómo mantener los requisitos de legalidad y transparencia (voto secreto, por ejemplo) y quiénes pueden gozar efectivamente de este derecho: cómo los que viven fuera pueden decidir el destino de los que viven dentro, cómo los que no “sufren” las consecuencias del gobierno elegido pueden participar en su elección, etc. Otro aspecto, aunque no manifiesto, es el coste político. Pero analicemos con mayor detalle algunos de estos argumentos. El tema de cómo garantizar la transparencia y evitar el fraude en un país como Uruguay, que se percibe a sí mismo como “uno de los regímenes electorales más confiables del mundo”, se manifiesta como el principal riesgo de extender estos derechos. En los debates de la Comisión de Constitución y Códigos un representante del partido blanco de la oposición afirma: “Para habilitar esta po-sibilidad hay problemas tanto de constitucionalidad como de legalidad…El voto epistolar es además doblemente inconstitucional, porque se agrega el elemento de que no se dan las condiciones que requiere el voto secreto en la legislación nacional” (Comisión de Constitución y Códigos, agosto 2007).


Sin embargo, la idea de la difícil instrumentación de este proceso y falta de garantías esconde la visión instalada desde la dictadura de que todos los migrantes son de izquierda. También el temor de lo que podrían representar los votos desde el exterior, ya que abriría la posibilidad de votar a cerca de 250 mil personas, lo que implica casi el padrón de la segunda ciudad del país en número de votantes y del departamento que se ha convertido en decisivo en los últimos años para ganar las elecciones. Consideramos que es ese temor, el temor a que el voto desde el exterior represente “otro Canelones”9, uno de los principales impedimentos para que el proyecto sea aprobado, a pesar de las continuas propuestas y debates en el parlamento. Pero ¿cuál es el principal argumento de los uruguayos en España para reclamar el derecho al voto desde el exterior? Las principales razones que manifiestan los migrantes están relacionadas, en primer lugar, con el sen-tido de pertenencia. Los migrantes consideran que aún forman parte de la comunidad nacional y que están vinculados a la misma de diversas maneras: enviando remesas, informándose de lo que ocurre en el país, cooperando con instituciones sociales en origen, etc., por tanto, también deberían poder par-ticipar en ámbitos políticos. Argumentan que en algunos casos la migración ha provocado que sus lazos de pertenencia y su identificación nacional sean aún más fuertes que cuando vivían en Uruguay y, por consiguiente, deberían poder votar. Como nos comentaba el miembro de una de las asociaciones “…desde que estoy en España soy más uruguayo que nunca” (entrevista Barce-lona A2). En segundo lugar, manifiestan que para muchos de ellos el residir fuera del país es una situación transitoria, ya que aunque no saben si el retorno se producirá y si se producirá pronto, el deseo de volver está siempre presente y por esta razón deberían de contar con ellos para la elección de sus representantes. En tercer lugar, se argumenta que la mayoría de los países latinoamericanos y muchos otros países del mundo permiten el voto desde el exterior, por lo que negándoseles este derecho, el Uruguay, antes modelo y precursor de leyes y derechos sociales, se ubica por detrás de la mayoría de los países latinoamericanos, europeos e incluso de muchos africanos. Otro argumento está relacionado con que, en definitiva, las leyes actuales lo que hacen es restringir el voto de los uruguayos que no pueden desplazarse al país a votar, no el de los no residentes, ya que si se viaja en periodo de elecciones y no se ha sido eliminado aún del padrón, se puede ejercer este derecho. Por tanto, los realmente perjudicados son los migrantes con menos recursos o que se encuentran en situación administrativa irregular en el país de destino. Por último, se manifiesta que sin posibilidad de ejercer el derecho al voto ni en Uruguay ni en España, teniendo en cuenta que los uruguayos

9 Segunda ciudad en importancia del país en número de residentes.


no nacionalizados españoles o de la Unión Europea todavía no pueden votar en este país, se está convirtiendo a los migrantes uruguayos en “ciudadanos de ningún sitio”. No tienen los derechos políticos ni en su país de origen ni en su país de residencia habitual.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha descrito las movilizaciones y debates que se han ge-nerado en los últimos años en Uruguay sobre los derechos políticos de los emigrantes. Como he señalado, las movilizaciones se reactivaron después de las elecciones del año 2004 y tras la victoria, por primera vez en la his-toria del país, de una coalición de izquierdas. Esta reactivación puede ser interpretada tanto en relación a los cambios en el contexto de origen, entre ellos la posibilidad real de un nuevo rumbo político, como a los cambios en el contexto de destino, en parte gracias a cierta estabilización y organización de la red asociativa constituida con el nuevo flujo migratorio. Además, en este trabajo he mostrado la influencia recíproca de distintos actores en la promoción de la participación política transnacional, así como en los debates públicos sobre la misma. Si por un lado los migrantes, sus organizaciones y la Red Diáspora influyeron en las iniciativas promovidas por el gobierno, que se traduciría después en una política de Estado en materia de emigración y en la creación de un programa específico de vinculación, por otro lado, el Estado y los partidos políticos a través de sus estrategias y discursos han influido en el activismo político de los migrantes y organizaciones de la so-ciedad civil transnacional. Como apunto más arriba, la principal oposición manifiesta a reglamentar este derecho se basa, principalmente, en motivos relacionados con la resi-dencia en el territorio, como medio fundamental de estar involucrado en los problemas del país y en el destino nacional, y con las dificultades procesuales que implica el voto desde el exterior. Según Baübock (2007) y Spiro (2006), muchos de estos argumentos se ven superados por el contexto. Las tecnologías de la información y el abaratamiento de los viajes, así como la emergencia de los campos sociales transnacionales, hacen que los migrantes puedan estar implicados en la política electoral de su país de origen. Actualmente los me-dios de comunicación permiten conocer de primera mano las noticias sobre lo que sucede en diferentes puntos del planeta. Los migrantes pueden no estar menos desinformados que los ciudadanos residentes en el país (Baübock, 2003), porque ya no es necesario vivir en el terreno para estar informado de lo que ocurre en éste. Los migrantes, además, siguen habitualmente la política de su país de origen porque mantienen intereses en éste, como propiedades, negocios e inversiones. Están interesados también en aspectos que tienen que ver con su propio colectivo, como leyes de nacionalidad y de protección diplomática en el exterior. Muchos, por otra parte, piensan retornar y por eso


se preocupan por el curso de los acontecimientos (Spiro, 2006). En el caso uruguayo, como he planteado, el rechazo al voto desde el exterior estaría re-lacionado también con el imaginado coste político que para algunos sectores tendría esta medida. Los partidos que tradicionalmente han ejercido el poder buscan preservar el statu quo, y las incertidumbres políticas que implican los no residentes se convierten en un obstáculo para regularizar su participación electoral (Spiro, 2006:220). En el caso analizado, las movilizaciones de los migrantes han estado centradas en poder votar desde el exterior. Llama la atención que la posibilidad de ser elegido no formase parte hasta el momento de la investigación de las principales reivindicaciones. Llegados a este punto sería oportuno plantearse las siguientes preguntas: ¿hasta qué punto estas prácticas desarrolladas por los migrantes uruguayos en un contexto histórico específico de cambio político tendrán continuidad en el futuro? y ¿en qué medida las movilizaciones emprendidas por los migrantes serán cooptadas por distintos sectores y partidos y serán funcionales a los mismos?. Para responder a la primera pregunta quizás debamos remontarnos al exilio y comparar las movilizaciones y vínculos establecidos en el periodo con los de la migración reciente. Éste es un trabajo aún por realizar, que ya ha suscitado el interés de algunos de los autores de este libro. Sin em-bargo, podemos sugerir la idea de que, en consonancia con lo apuntado por Østergaard-Nielsen (en este libro) los contextos social, político y económico de origen y de destino influyen en la actividad transnacional, de modo que el campo político transnacional se activa en determinadas circunstancias y los migrantes pueden entrar y salir del mismo. La segunda pregunta, en cambio, queda abierta, a la espera de nuevas investigaciones que nos hagan conocer mejor las conexiones entre los distintos actores del campo político transnacional y las relaciones de poder existentes. Para finalizar, me gustaría insistir, no tanto en lo que las movilizaciones y el retorno para votar representaron en las elecciones, que, como vimos, sí tuvo un impacto importante, sino más bien resaltar lo que representó esta práctica concreta para el imaginario nacional. Después del 31 de octubre de 2004, no sólo cambió un gobierno, sino también se consolidó un imaginario que pasó de ser el de un “país de inmigrantes” a un “país de emigración”. Las ausencias se hicieron más presentes que nunca y los emigrantes comenza-ron a formar parte de la identidad nacional del país. En el trabajo de campo realizado en Uruguay fuimos testigos de cómo el adentro y el afuera fluían permanentemente, de cómo las conexiones transnacionales estaban reconfi-gurando la nación y la cotidianidad de los uruguayos, y de que la presencia ausente había llegado para quedarse.


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CAPÍTULO 5EL CAMPO POLÍTICO TRANSNACIONAL DE LOS COLOMBIANOS

EN ESPAÑA Y EL REINO UNIDO

Anastasia Bermúdez TorresQueen Mary, University of London

INTRODUCCIÓN

En décadas recientes, Colombia se ha convertido, al igual que otros países latinoamericanos, en una gran fuente de emigración, no sólo dentro de la región o dirigida a los Estados Unidos, sino también hacia otros destinos alternativos como Europa occidental. Las tasas de emigración han venido incrementándose desde los años sesenta, y sobre todo a partir de la década de los noventa, a medida que la situación social, económica y política de Co-lombia se deterioraba y aparecían nuevos destinos atractivos como España. Se calcula que actualmente hay entre 3 y 5 millones de colombianos viviendo fuera del país (aproximadamente el 10% de la población nacional), con co-munidades importantes de expatriados en al menos veinte países repartidos entre cuatro continentes (Guarnizo, 2006a). La mayoría de estas personas, como en el caso de los flujos migratorios latinoamericanos actuales en general, emigran por razones socioeconómicas, ya sea para acceder a un mejor trabajo

ANASTASIA BERMÚDEZ TORRES126

y mayores ingresos, o para estudiar y ganar experiencia. Aún así, en el caso colombiano es importante considerar también la emigración forzada hacia el exterior, relacionada con el conflicto armado interno que vive el país desde hace más de medio siglo. Según datos de las Naciones Unidas, el número de refugiados colombianos ha crecido significativamente en la última década, llegando a sumar casi 600.000 personas a finales de 2007 (UNHCR, 2008)1. A pesar de ello, los migrantes y refugiados colombianos han recibido poca atención, tanto a nivel académico como político. Este capítulo analiza la migración colombiana hacia Europa, más concre-tamente a España y el Reino Unido, los dos países europeos con mayor po-blación colombiana, y las prácticas políticas transnacionales de los migrantes en estos dos contextos específicos2. El enfoque transnacional aplicado a las migraciones internacionales se centra en cómo los migrantes crean y man-tienen relaciones sociales multidimensionales que los vinculan tanto a las sociedades de origen como a las de recepción (Basch et al., 1994). Este nuevo marco teórico no surgió con ímpetu sino hasta la segunda mitad de la década de los noventa, y principalmente dentro del contexto de la migración laboral latinoamericana hacia los Estados Unidos. Sin embargo, desde entonces se ha convertido en uno de los instrumentos principales para analizar los impactos de las migraciones internacionales, tanto para los países emisores y recep-tores como para los mismos migrantes y a escala global. En un principio, el enfoque principal de los estudios sobre las prácticas transnacionales de los migrantes se centraba en los vínculos económicos (remesas y comercio étnico) y sociales (con familia, amigos, comunidades), pero más recientemente éste se ha extendido para cubrir toda clase de “prácticas sociales, económicas y polí-ticas de los migrantes a través de diferentes continentes” (Al-Ali et al., 2001: 579)3. El estudio de las prácticas políticas transnacionales de los migrantes en el contexto europeo es más reciente y está menos desarrollado, en parte debido a diferencias transatlánticas dentro del mundo académico y también en el desarrollo de los flujos migratorios (ver Martiniello y Lafleur, 2008). En el caso de Colombia, la investigación que existe sobre la formación de “comunidades transnacionales” y los vínculos económicos, sociales o políticos

1 Esta cifra incluye a refugiados, personas en situación de refugio, solicitantes de asilo� y �refugiados retornados, según la nomenclatura de UNHCR. Además, en Colombia hay aproxi-madamente 3 millones de desplazados internos o en situación de desplazamiento interno� reconocidos por la UNHCR (2008). 2 Este capítulo es fruto de mi tesis doctoral, defendida en la Universidad de Londres (Queen Mary) y financiada por el ESRC (PTA-030-2002-01565) (2003-2008), así como de la información recabada durante la participación en el proyecto de investigación “Migrantes como Actores Políti-cos en Espacios Locales y Transnacionales” financiado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía (2008). 3 Ver Vertovec (2004) para una revisión integral de este marco teórico.

CAPÍTULO 5. EL CAMPO POLÍTICO TRANSNACIONAL DE LOS COLOMBIANOS ... 127

de éstas con el país de origen arroja conclusiones ambiguas. Por un lado, se reconoce que dentro de la emigración actual colombiana están apareciendo densas redes transnacionales, tanto a nivel económico, como político y so-ciocultural, que vinculan a los migrantes con su país de origen (Guarnizo y Díaz, 1999). Según Guarnizo (2003: 25), esto ha transformado a Colombia en una “formación social transnacional”, lo que significa que “tanto la sociedad civil como el ejercicio del poder a través del Estado, trascienden las fronteras territoriales de la nación”. Por otro lado, se hace hincapié en que la mayoría de estas redes transnacionales se constituyen a nivel individual más que colectivo, primando la prácticas privadas sobre las públicas (principalmente envío de remesas y contactos con familiares y amigos), en contraste quizás con las experiencias de otros colectivos de migrantes como los mexicanos en los Estados Unidos y su participación en “asociaciones de paisanos”. La mayoría de los estudios, centrados principalmente en la migración colombiana más numerosa y de mayor antigüedad hacia los Estados Unidos, culpabilizan de esto a los “altos niveles de desconfianza entre los inmigrantes colombianos, nacida de la inseguridad en su país y los efectos del comercio de las drogas ilícitas”, y la ausencia de “una participación política continua con su patria”, así como de organizaciones que sean amplias y representativas (Guarnizo et al., 2003:1219; ver también Guarnizo et al., 1999). Investigaciones más recientes sobre la participación política transnacional de los colombianos en el exterior, ampliadas a otras comunidades, también hacen hincapié en estos problemas (Guarnizo, 2006b, sobre colombianos en Londres; Landolt et al., en este libro, sobre organizaciones latinoamericanas en Toronto; Portes et al., 2008, sobre el mismo tema en los Estados Unidos). Sin embargo, en este capítulo se argumenta que el campo político trans-nacional que conecta a los migrantes colombianos con su país de origen es amplio y complejo, y está adquiriendo una importancia significativa. Sin obviar las divisiones y desconfianza existentes dentro de las comunidades colombianas en el exterior, que son en parte reflejo de la situación social y política en el país de origen, el trabajo en que se basa este capítulo encontró que la participación política transnacional de los colombianos en España y el Reino Unido es multidimensional y variada, y que en muchos casos se compagina con actividades políticas dirigidas a la sociedad de incorporación. A nivel individual, estas prácticas varían dependiendo de factores como el tipo de migración, el género, la clase social y las experiencias políticas pre-vias, mientras que a nivel colectivo influye también el contexto de acogida y el desarrollo de las diferentes comunidades estudiadas. Estos resultados son fruto de la adopción de una definición de participación política trans-nacional amplia, basada principalmente en el trabajo de Østergaard-Nielsen (2003a y en este libro), que incluye tanto la política “formal” (en elecciones, partidos políticos, etc.) como “informal”, y que ella categoriza en cinco tipos fundamentales (“immigrant”, “emigrant”, “homeland”, “diaspora” y “translo-cal”). Asimismo, se consideraron tanto las prácticas políticas transnacionales


“desde abajo” (provenientes de los mismos migrantes), como “desde arriba” (incluyendo las políticas e iniciativas puestas en marcha desde Colombia, no sólo desde el Estado sino también por parte de intereses privados, para conectar a la diáspora colombiana con el país de origen) (ver Smith y Guar-nizo, 1998). Por último, es importante reconocer la importancia del contexto de recepción. La migración colombiana hacia Europa, y en particular hacia España y el Reino Unido, tiene algunas similitudes, pero también diferencias significativas con los flujos que se han dirigido hacia los Estados Unidos. Estas diferencias se encuentran igualmente, aunque a escala menor, entre los colectivos establecidos en los dos países que aquí se comparan, tal y como se analiza en el resto del capítulo4.

MIGRACIÓN COLOMBIANA HACIA ESPAÑA Y EL REINO UNIDO

Colombianos en España: un colectivo en expansión

El colectivo colombiano en España es bastante reciente, ya que no podemos olvidar que hasta hace relativamente poco España era un país de emigrantes, más que de inmigrantes. Aunque hay una amplia historia de movimientos poblacionales entre España y América Latina, dados los lazos históricos entre las dos regiones, es a partir de los años noventa que los flujos migratorios latinoamericanos hacia España se intensifican, y con la entrada del nuevo siglo ya lo hacen de forma espectacular y más diversificada5. De esta ma-nera, entre 1993 y 1999, el número de migrantes colombianos creció muy lentamente, y aún no era muy alto; pero desde el año 2000 la comunidad se ha duplicado en número casi todos los años (IOM/UN, 2003). Según datos oficiales, a principios de 2007 habría casi 300.000 colombianos en España (INE, 2008), lo que colocaría a este colectivo de migrantes entre los cinco más

4 La investigación de campo que avala estos resultados se llevó a cabo en España (Madrid, Barcelona y Sevilla) entre 2005-2006 y 2008, y en el Reino Unido (Londres) en 2006-2007. La metodología usada fue cualitativa, realizándose más de 100 entrevistas semi-estructuradas, así como observación participante y análisis de documentos. Se entrevistaron principalmente a colombianos, hombres y mujeres, que habían emigrado por razones económicas, políticas, de estudios u otras, y que tenían algún tipo de participación política transnacional (aunque tam-bién se incluyó en el estudio algunos migrantes con poca o nula actividad política), así como a expertos y otras personas no colombianas de interés. El año de llegada de estas personas al país de acogida variaba desde finales de los setenta, hasta algunos que acababan de llegar. El grupo de muestra fue resultado de los contactos mantenidos con organizaciones e informantes clave, así como del uso de la técnica de “bola de nieve” y, por lo tanto, no pretende ser representativo sino “ilustrativo” (Valentine, 1997: 112). 5 A pesar de lo reciente de estos flujos, ya hay una amplia literatura sobre el fenómeno de la migración latinoamericana a España (para un resumen ver, por ejemplo, Gil Araújo, 2004).


numerosos. No obstante, el número real podría ser más alto si se tienen en cuenta los migrantes en situación “irregular”. Aunque los colombianos se han establecido en casi toda España, las concentraciones más grandes se encuentran en las comunidades autónomas de Madrid, seguido de Cataluña (principalmente Barcelona) y Valencia, y en menor grado en Andalucía y Canarias. Las cifras disponibles señalan un ligero predominio de mujeres, en común con otros grupos latinoamericanos, aunque con una tendencia hacia un mayor equilibrio entre los sexos a medida que la comunidad se establece. En general, la población colombiana en España es un colectivo principalmente en edad productiva y con niveles de educación relativamente altos, aunque también con bastante población joven, fruto de su reciente establecimiento en el país. La mayoría trabaja en el sector servicios, incluyendo el servicio doméstico, la hostelería y el comercio, seguido de la construcción, y en menor medida los sectores de la industria y la agricultura (IOM/UN, 2003; Garay Salamanca y Medina Villegas, s.f.). En cuanto al origen regional de los migrantes colombianos en España, estos vienen principalmente de los departamentos de Valle del Cauca, Cun-dinamarca, Antioquia, Santander y Caldas (y sobre todo del Eje Cafetero). La mayoría de los colombianos dicen emigrar principalmente para mejorar su situación socioeconómica, aunque algunos mencionan la situación de violencia y malestar social en Colombia como factor secundario (AICODE, s.f.; Garay Salamanca y Medina Villegas, s.f.; IOM/UN, 2003). Sin embargo, también existe un pequeño contingente de estudiantes6 y refugiados7. Otro motivo primordial de que los colombianos elijan a España como destino es el hecho de que algunos ya tenían familia, amigos o conocidos viviendo allí. Esto explicaría la relación entre zonas de origen en Colombia y destinos espe-cíficos dentro de España, lo cual refleja “la existencia y enorme importancia de las redes migratorias a partir de los vínculos familiares, comunitarios y de amistad” (IOM/UN, 2003:176). La importancia de estas redes también queda manifiesta en los vínculos que se mantienen con el país y la región de origen, así como los que se desarrollan con otras comunidades colombianas en el exterior. Ejemplo de ello es la creciente relevancia de las remesas eco-nómicas enviadas por los migrantes (ver Garay Salamanca y Medina Villegas, s.f.). Estudios recientes sugieren que alrededor del 90% de las remesas de los migrantes colombianos provienen de cuatro países, incluyendo España (aproximadamente el 10%) y el Reino Unido (6,5%) (Guarnizo, 2006c).

6 En muchos casos estos terminan prolongando su estadía, bien sea por razones profesionales o personales, convirtiéndose de hecho en “migrantes”. 7 España no es uno de los principales países receptores de refugiados colombianos, pero el número de solicitantes de asilo ha aumentado recientemente, a pesar de que pocos reciben el estatus oficial de refugiados (ver CEAR, 2008; Cruz Zúñiga, 2008)


Los colombianos en Londres: una comunidad “invisibilizada”

Los latinoamericanos son actualmente uno de los colectivos de migrantes de más rápido crecimiento en el Reino Unido. A pesar de ello, ésta es una migración muy reciente y minoritaria en comparación con otras de más larga historia en el país. El hecho de que no proviene de países de la Commonwealth y su falta de categorización como “grupo étnico” convierten al colectivo latino-americano en prácticamente invisible, aunque esto ha empezado a cambiar más recientemente (ver el capítulo de Però en este mismo libro; McIlwaine, 2007a). Dentro de este colectivo más amplio, la población colombiana sería la segunda más importante en número, después de los brasileños, aunque la migración colombiana al Reino Unido probablemente preceda a la brasileña8. Según Guarnizo (2006b), Inglaterra, y particularmente Londres, siempre ha ocupado un lugar especial para las clases altas colombianas, atrayendo a políticos, jóvenes profesionales y estudiantes. Más tarde, a partir de los se-tenta, estos vínculos se extendieron a otros sectores de la población. Actual-mente se estima que la población colombiana en el Reino Unido está entre las 50.000 y 150.000 personas (o incluso 200.000 según otros cálculos), con un alto índice en situación legal irregular (Guarnizo, 2006b). Según un estu-dio relativamente reciente (Open Channels, 2000), la migración colombiana a Inglaterra se puede dividir en tres etapas: 1975-1979, cuando muchos, sobre todo mujeres, llegaron con permiso de trabajo para ocupar empleos principalmente en el sector servicios; 1980-1986, cuando a pesar del final del sistema de permisos de trabajo se da un período de crecimiento rápido de la comunidad en base a las redes migratorias que se habían establecido; y 1986-1997, que coincide con un aumento significativo en la llegada de solicitantes de asilo. Aunque la llegada de refugiados colombianos al Reino Unido data de principios de los setenta, esta migración creció aceleradamente durante los ochenta y noventa, a medida que la violencia se intensificaba en el país. Sin embargo, a partir de esa fecha los números empiezan a reducirse, a la vez que se endurecen las leyes de inmigración británicas. Finalmente, al igual que en España, en Inglaterra reside un número significativo de estudiantes y profesionales colombianos. Por tanto, en comparación con España, el colectivo colombiano en el Rei-no Unido es de más antigua implantación, aunque bastante más pequeño, y goza de una posición en general menos favorecida como grupo9. Además, y en

8 Hasta el momento no hay datos concretos sobre el número exacto de latinoamericanos viviendo en el Reino Unido y la información que existe proviene principalmente de algunos es-tudios recientes. 9 Aunque muchos de los colombianos que llegaron en los años setenta, ochenta o incluso noventa, tienen residencia legal o doble nacionalidad, las dificultades con el idioma, así como


contraste también con España, la población colombiana (y latinoamericana en general) en el Reino Unido está mucho más concentrada geográficamente, residiendo principalmente en Londres o sus alrededores10. Aún teniendo en cuenta la heterogeneidad presente en este colectivo, la mayoría de los mi-grantes provienen de zonas urbanas, sobre todo de Bogotá y otras ciudades grandes o medianas del Valle del Cauca, Eje Cafetero y Antioquia, y son de extractos sociales medios o de clase trabajadora. No obstante, entre los pro-fesionales y estudiantes hay una proporción significativa de migrantes de extracto social más alto. En general, y al igual que en España, los migrantes colombianos en el Reino Unido tienen un nivel de educación formal relati-vamente alto, aunque la mayoría trabaja en empleos de baja cualificación, principalmente limpiezas (domésticas y de edificios comerciales o públicos), hostelería y comercio (Lagnado, 2004; McIlwaine, 2005). También hay una proporción importante de autónomos, sobre todo en negocios étnicos. El porcentaje de mujeres parece ser una vez más mayor que el de hombres, pero no por mucho, y es una población principalmente en edad activa (20-50 años). Los estudios disponibles sugieren que la mayoría de estos migrantes dejaron su país por razones socioeconómicas y sólo una minoría lo hizo para escapar la violencia. Sin embargo, otras investigaciones ponen de manifiesto la dificultad existente en separar en muchos casos unas razones de otras (Bermúdez Torres, 2008; McIlwaine, 2005).

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS DIRIGIDA AL PAÍS DE ORIGEN

Los derechos políticos formales de los colombianos en el exterior y su movilización política

Colombia ha sido descrita como “uno de los paradigmas democráticos de la región latinoamericana en términos de extensión de derechos políticos para los ciudadanos que viven en el exterior” (Serrano Carrasco, 2003:115). Los migrantes colombianos obtuvieron el derecho a votar en las elecciones presi-denciales de su país en 1961, siendo Colombia uno de los primeros países en la región en otorgar ese beneficio a sus ciudadanos. Más tarde, la Constitu-ción de 1991 reforzó los derechos políticos de los colombianos en el exterior al permitir la doble ciudadanía, así como la posibilidad de que los migrantes

el carácter minoritario e “invisible” de este grupo, contrastan con la posición más “privilegiada” de la inmigración latinoamericana a España en base a los lazos históricos existentes. 10 La información que sigue a continuación está tomada principalmente de Guarnizo (2006b) y Open Channels (2000).


votaran, o incluso fueran elegidos, en elecciones para el congreso11. Según los investigadores, esto se debió en un principio más a los deseos de las élites políticas de salvaguardar sus derechos, por ejemplo en caso de tener que exiliarse, así como a sus intentos de fortalecer el sistema político en respuesta a la creciente crisis política y social en el país, que a la demanda organizada de los migrantes en el exterior (Guarnizo, 2001; Serrano Carrasco, 2003). Sin embargo, a medida que la emigración hacia el exterior se incrementaba y se diversificaba, estos derechos pasaron a ser de disfrute de una mayoría. A pesar de ello, los resultados en la práctica han sido discutibles. Para empezar, los índices de votación desde el exterior han sido general-mente bajos. En las últimas elecciones presidenciales de 2006, de un total aproximado de 320.000 votantes potenciales en el exterior, sólo votaron un 38%, comparado con el 45% (de un total de de 26.7 millones de votantes potenciales) de votos que se obtuvieron dentro del territorio nacional (Re-gistraduría Nacional del Estado Civil, República de Colombia, 2007). Sin embargo, estas cifras hay que contextualizarlas. En primer lugar, en general los porcentajes de votación desde el exterior suelen ser bajos en casi todos los casos en los que este voto se permite, por razones varias que tienen que ver principalmente con dificultades legales y administrativas a la hora de votar, la situación de vulnerabilidad de muchos migrantes, así como la distancia política que a veces se toma con el país de origen12. En segundo lugar, para analizar la participación de los colombianos en el exterior en las elecciones a su país de origen hay que partir de la base de que ésta, a nivel nacional, ha sido tradicionalmente baja en comparación con otros países de la región13. Este patrón electoral reflejaría ciertos aspectos de la cultura política colom-biana, como la desconfianza en el Estado, la baja estima en que se tiene a los partidos políticos y una percepción negativa general del proceso político (Guarnizo, 2003). Como es de esperarse, estas percepciones afectan también a los migrantes. En el caso de los colombianos en España y el Reino Unido, las tasas de participación electoral en las elecciones presidenciales de 2006 estuvieron entre las más bajas (29% y 30% respectivamente). Entre los mi-grantes entrevistados, algunos expresaban esta visión negativa y de rechazo al sistema político:

11 La cámara de representantes permite la elección de cinco miembros como parte de las circunscripciones especiales: dos en representación de las comunidades indígenas, dos para los afrocolombianos y uno para los colombianos en el exterior. 12 En España, menos del 23% de electores potenciales en el exterior votaron en las elecciones generales del año 2000 (Calderón Chelius, 2003). 13 La media de participación en elecciones presidenciales durante las décadas de los cuarenta a los noventa ha estado más o menos alrededor del 40% (García y Hoskin, 2003). Sin embargo, hay que añadir que a diferencia de otros países de la región, la votación en Colombia no es obligatoria.


Nunca me gustó la política, ni en Colombia, estando allá, y ahora menos desde aquí, ... no me gusta estar como mucho en la política, nunca me ha gustado ... como todos son tan mentirosos, entonces pues nada, no votamos. Y desde aquí, en España, no, menos (Blanca, Madrid)14.

No, nunca he votado en mi vida, hasta el día de hoy ... Ni en Colombia, ni aquí, ni en ningún lado ... ni voy para un lado, ni para otro, no (Julieta, Londres).

Pero entre los migrantes, la baja participación electoral se debe asimismo a otras causas, como problemas de información o dificultades para cumplir con los trámites administrativos requeridos. Entre las razones que dieron los entrevistados también constaban factores personales, tales como la falta de tiempo debido a los trabajos que se realizan y/o las obligaciones familiares, dificultades económicas o de distancia geográfica de los puntos de votación, o incluso la reticencia a acercarse a los consulados y embajadas, sobre todo entre los migrantes “irregulares” o los refugiados. Hay que tener en cuenta que, a pesar de los esfuerzos que han venido realizando las oficinas diplomá-ticas colombianas en estos dos países para promocionar entre los migrantes el voto en las elecciones en Colombia, en ambos casos las comunidades de colombianos son todavía relativamente recientes y, por lo tanto, pueden estar en situación de más vulnerabilidad y menos estabilidad. A esto hay que añadir la distancia geográfica que los separa de su país de origen, comparando, por ejemplo, con las comunidades más antiguas que se han establecido en los Estados Unidos. Esto es algo que los representantes diplomáticos colombia-nos entrevistados en Londres y Madrid consideraban clave para explicar los bajos índices de votación. La distancia geográfica y la historia más reciente de emigración colom-biana hacia Europa en grandes números también tiene que ver con la me-nor representación y actividad de los partidos políticos colombianos entre las comunidades estudiadas. Los partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador) cuentan con representantes y una amplia presencia en actos políticos en épocas de campaña electoral en las comunidades colombianas más numerosas y antiguas de los Estados Unidos (Nueva York, Miami y Chicago). Esta presencia fue mucho menor y más “virtual” en el caso de la campaña electoral 2006 en España y el Reino Unido. A pesar de ello, durante estas últimas elecciones, hubo al menos dos partidos o movimientos políticos “jóvenes” que se movilizaron ampliamente entre el electorado migrante para ganar nuevos adeptos. Uno de ellos es el Polo Democrático Alternativo (PDA). El PDA, una coalición de izquierdas recién formada, que se convirtió en el

14 Los nombres usados son seudónimos.


primer partido de oposición al gobierno de Uribe en Colombia, ha consegui-do organizar una amplia red de simpatizantes en Europa que convocaron reuniones y actos diversos en varios países durante el periodo electoral. En este caso, la actividad de los militantes de izquierda refugiados jugó un papel clave, que ha quedado reconocido dentro del partido, tal y como expresó un di-rectivo del Polo a su paso por Madrid para participar en un acto de campaña:

En el imaginario de los militantes del Polo, el colombiano en el exterior se asocia digamos a un núcleo de personas, de compatriotas que tuvieron que salir del país en muchos casos por razones asociadas al conflicto armado ... Entonces digamos que hay una gran sensibilidad en el Polo con respecto a ese núcleo, y en general frente al tema de la migración.

Esta participación no terminó con los comicios de 2006, sino que se convirtió en parte institucional del partido, con representaciones desde el exterior movilizándose ampliamente en posteriores congresos y otros actos partidistas. Así, en la página web del PDA hay un apartado “internacional” que ofrece información sobre las actividades y participación que se lleva a cabo en varios países, incluyendo España e Inglaterra, y donde se expresa el interés estratégico del partido por la emigración15. La participación de mili-tantes colombianos de izquierda asentados en España fue desde un principio protagonista de este proceso, llevándose a cabo varias reuniones en territorio español para organizar el apoyo al partido a nivel nacional y europeo. El apoyo organizado al partido en el Reino Unido se dio más tarde y de una manera más débil, en parte debido a lo que varios informantes explicaron como las divisiones que ha habido dentro del colectivo colombiano refugiado en este país, fruto de que muchos de ellos provienen de una izquierda más antigua y radical. Además, algunos refugiados, sobre todo aquellos que cuentan ya con una larga estancia en el país, se han alejado de la política colombiana, dedicándose a sobrevivir o prosperar personalmente, y la comunidad se ha quedado estancada al haberse reducido significativamente la llegada de personas afectadas por la violencia política debido al endurecimiento de las políticas migratorias. Esto contrasta con el caso español, donde la comunidad colombiana en general, al ser más reciente y de un crecimiento mayor, es más diversa e incluye a muchos militantes políticos, defensores de derechos humanos o estudiantes que siguen involucrados activamente en la política de su país.

15 [http://www.polodemocratico.net/].


El otro caso interesante de mencionar en este contexto es el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), que se describe a sí mismo como un movimiento con “vocación social”, y como tal, la mayor parte de su labor está dirigida a lo que se consideran grupos vulnerables, entre los cuales incluyen a los colombianos en el exterior16. Este partido está vinculado a una iglesia cristiana y también ha obtenido ciertos éxitos electorales a pesar de su reciente creación, sobre todo en el exterior. Según explicó su representante en Londres, el partido tiene oficinas por toda Europa, con la coordinación regional asentada en Madrid. La labor principal de estos representantes del partido en el exterior (al igual que en territorio nacional) es la provisión de servicios sociales a los que lo necesiten, y en el exterior particularmente a la comunidad de migrantes. A cambio, en épocas electorales se espera obtener votos:

aquí la gran mayoría que votaron por MIRA son personas que nunca en su vida habían votado acá ... se interesaron fue por votar porque vieron digamos la labor social que nosotros estamos haciendo, entonces dijeron, oiga, yo sí les doy el voto y le voy a decir a un amigo mío que me acompañe (representante de MIRA, Londres).

Para ello, MIRA busca potenciar su visibilidad dentro de las comunida-des de migrantes organizando servicios sociales y culturales para estos, así como estando presente en eventos comunitarios, tales como las fiestas que se organizan por motivo del Día de la Independencia. Así, el partido se dio a conocer en Londres durante una caminata para recoger fondos organizada por el servicio diplomático colombiano, en la que miembros del partido vis-tieron camisetas con su logo y repartieron propaganda entre los asistentes. También durante una celebración del Día nacional de Colombia en Sevilla, voluntarios de MIRA portando sus camisetas se ocuparon de vender las be-bidas y comida, así como de repartir folletos con los servicios que ofrecían en la ciudad, y recogieron los datos de todos aquellos migrantes que necesitaban hacer trámites consulares en Madrid, pero no podían asistir personalmente, para facilitarles ellos la gestión. Además de la actividad organizada de los partidos, tanto en el caso de España como en el del Reino Unido, durante el estudio llevado a cabo se re-cabó información con respecto a la elección del representante al Congreso de los colombianos en el exterior. En Madrid se entrevistaron a tres candidatos potenciales, todos hombres y con experiencia política y comunitaria previa (en Colombia, en el país de acogida o en ambos). Por ejemplo, uno de ellos

16 [http://www.webmira.netfirms.com/webmira/es].


mostraba un historial de activismo de izquierdas en Colombia y además había contribuido a crear un partido político de inmigrantes en España, mientras que otro pertenecía a uno de los partidos políticos tradicionales en Colombia y se había dedicado al trabajo comunitario con inmigrantes desde su llegada a Madrid. Otro de los aspirantes era líder de una organización de inmigrantes con oficinas en España y el Reino Unido, donde contaba con el apoyo de la coordinadora de la sede de la organización en Londres, una mujer colombiana que al igual que él posee experiencia política tanto en Colombia como en el país de acogida. Finalmente, aunque la participación continuada en actividades partidistas o electorales provenga sólo de una minoría de migrantes, esto no se traduce en un desentendimiento total del proceso político formal, como indican otros estudios. La mayor parte de los colombianos entrevistados en este estudio, aún aquellos que no votaron y decían no tener ninguna participación políti-ca, seguían el debate electoral y la situación política colombiana en general más o menos de cerca, y tenían algo que opinar al respecto. Entre los que participaban más activamente, y sobre todo en posiciones de liderazgo, había más hombres que mujeres y predominaban los migrantes de clase media o profesionales, así como los refugiados (en el caso del PDA), la mayoría con experiencia política previa. Los análisis de género existentes señalan que hay diferencias en la participación política transnacional de los migrantes. Por un lado, los hombres suelen dominar las actividades políticas orientadas hacia el país de origen, sobre todo a nivel institucional, mientras que las mujeres se implican más a nivel social, y sobre todo hacia la sociedad de acogida (Goldring, 2001; Itzigsohn y Giorguli-Saucedo, 2005). Aunque los resultados de este estudio corroboran esto, al menos a nivel de participación formal, lo que refleja el predominio masculino en este tipo de actividades en general, lo mismo no se puede decir del total de la participación política transnacional de los migrantes colombianos, como quedará de manifiesto en los siguien-tes apartados. A pesar de estas diferencias, casi todos los entrevistados con experiencia de participación política hicieron hincapié en el hecho de que si los colombianos en el exterior estuvieran más unidos y participaran más ac-tivamente, la diáspora podría jugar un papel clave en la política colombiana, algo que empieza a ser reconocido dentro de Colombia, tal como se señaló en un seminario reciente:

Colombia tiene aproximadamente el 10% de su población residiendo en el exterior. La integración de esta comunidad colombiana que reside en el exterior al desa-rrollo del país y a la defensa de sus intereses los hace parte de la agenda del país. Los lazos de nuestros conciudadanos con su patria de origen deben fortalecerse mediante el desarrollo de los mecanismos de participación política previstos en la Constitución de 1991 (Colombia Nos Une, 2003:143).


La acción colectiva transnacional de los migrantes colombianos

Tal y como se ha podido ver, en algunos casos, la participación política transnacional de los migrantes colombianos está ligada a la acción comuni-taria. A pesar de que estudios anteriores han hecho hincapié en la falta de organizaciones fuertes y activismo político entre las comunidades colombia-nas en los Estados Unidos, un proyecto de investigación reciente registra la existencia de aproximadamente 664 asociaciones y 13 federaciones u orga-nizaciones “paraguas” colombianas de ámbito transnacional establecidas en todo el mundo, la mayoría en el continente americano (78%) y en Europa (20%) (Mejía, 2006). Una gran parte de estas organizaciones tiene un carác-ter mixto (como por ejemplo, las asociaciones de paisanos), dedicándose a varias actividades (culturales, sociales, etc.) a la vez, mientras que algunas tienen un objetivo más específico (de solidaridad u otros) o representan a un grupo en particular (de estudiantes, por ejemplo). Aún así, muchas de ellas son relativamente pequeñas y/o de tipo informal. Según este estudio (Mejía, 2006), la emergencia y concentración de estas organizaciones tiene que ver principalmente con: la existencia de comunidades relativamente grandes y crecientes, conciencia de las necesidades del grupo, la presencia de un cierto tipo de capital humano dentro de la comunidad, la existencia de los vínculos necesarios con las autoridades locales y la disponibilidad de recursos. En este sentido, los contextos de recepción de España y el Reino Unido, así como el desarrollo de los colectivos de migrantes colombianos en estos dos países, ofrecen oportunidades y límites diferentes vis-a-vis las comunidades en los Estados Unidos y entre ellos. A pesar de ser comunidades más recientes y pequeñas, los colombianos residentes en España y en el Reino Unido están detrás de una amplia red de organizaciones, grupos, iniciativas, negocios y otras actividades colectivas tanto “etnonacionales” como “multiétnicas” (“latinas”)17. Esto se explica en parte por ser el colectivo colombiano uno de los más antiguos o numerosos dentro de la población latinoamericana en estos países, así como por sus altos niveles de capital humano y experiencia comunitaria (ya sea porque muchos de estos colombianos son de clase media y poseen altos niveles de formación, o por la presencia de refugiados)18. Dentro de éstas, caben destacar, por su carácter político (informal) y transnacional, las organizaciones y actividades

17 Para una caracterización de estos dos tipos de organizaciones en el contexto canadiense, ver el capítulo de Landolt et al en este mismo libro. 18 Portes et al., (2006), en su estudio sobre organizaciones transnacionales de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, ya apuntan al carácter de “clase media” de muchas de las organizaciones colombianas (asociaciones profesionales, filantrópicas), en comparación con las de mexicanos y dominicanos.


de dos tipos (entre otras)19. 1) Por un lado estarían las organizaciones comunitarias generales. Tanto en Londres como en Madrid y Barcelona (y en menor medida en Sevilla) hay una amplia red de organizaciones latinas y colombianas que principalmente practican lo que Østergaard-Nielsen (2003:762, y en este libro) define como “immigrant politics” - “las actividades políticas que migrantes o refugiados emprenden para mejorar su situación en el país que los recibe”. En el caso de Londres, existen organizaciones dirigidas a la comunidad latina en general, muchas de ellas lideradas por (o con alta presencia de) colombianos, sobre todo mujeres, muchos de ellos refugiados, como las organizaciones CARILA (Latin Amercian Welfare Group) e IRMO (Indoamerican Refugee and Migrant Organisation), y otras de carácter sectorial (para mujeres, la tercera edad y demás). Éstas ofrecen servicios de apoyo a los inmigrantes, tales como asesoría legal y laboral, cursos de inglés y otras temáticas para mejorar la inserción sociolaboral, así como actividades de ocio, culturales y educativas para los migrantes y sus hijos. A pesar de ser descritas a menudo como “apolíticas” y “asociaciones benéficas” (ya que dependen de subsidios públicos) (ver el capítulo de Però en este mismo libro), estas organizaciones han servido para reforzar el tejido comunitario latino, dando lugar recientemente a otras ini-ciativas de carácter más “político”, como por ejemplo el Frente Latino y la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos, con amplio protagonismo de activistas colombianos en ambos casos20. El caso del Frente Latino es es-pecialmente relevante para esta discusión, ya que se trata de una iniciativa ligada a ACULCO (Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica) Londres, una organización proveedora de servicios a la comunidad latinoamericana, liderada por una activista colombiana con amplia trayectoria comunitaria y de participación política activa tanto en Colombia como en el Reino Unido21. Landolt et al., en su capítulo en este mismo libro, enfatizan la importan-cia de los esfuerzos organizativos de los migrantes como comunidad, aún en asociaciones que puedan parecer apolíticas, para los procesos de integración política en la sociedad de acogida. Aunque la mayoría de las organizaciones latinas en Londres están orientadas hacia el país de incorporación, algunas

19 En las ciudades estudiadas se investigó también las actividades transnacionales de organi-zaciones y grupos relacionados con los medios de comunicación, así como actividades religiosas y filantrópicas, que aquí no se tratarán por falta de espacio. 20Para una información detallada de estas dos organizaciones, ver el capítulo de Però en este mismo libro. 21 Además de ser miembro del partido Liberal colombiano y haber participado activamente en varias campañas para la circunscripción electoral en el exterior, Gloria Gómez es una de las organizadoras del Frente Latino y se presentó a las elecciones locales en Lambeth (Londres) por el partido Liberal Demócrata.


actividades tienen una vertiente más transnacional, tales como la organi-zación de cursos y eventos para ayudar a mantener la cultura del país de origen. Además, algunas organizaciones mantienen lazos más directos con el país de origen, como es el caso de Nueva Generación, un proyecto de jó-venes latinos (la mayoría colombianos) interesados en el arte, la cultura y los derechos humanos, asociado a IRMO, que trabaja en colaboración con grupos similares en Colombia (y otros países). Este es el caso también de ACULCO, una organización con sede no sólo en Londres, sino también en España (Madrid y otras ciudades), además de en Colombia (Bogotá). Tanto ACULCO como AESCO (América España Solidaridad y Cooperación), otra de las principales organizaciones latinas en España, fueron creadas a principios de los noventa (en Madrid), inicialmente como organizaciones colombianas y orientadas al país de origen. La primera empezó como un intento, por parte de algunos estudiantes colombianos preocupados por la mala imagen de Co-lombia en el exterior, de promover otros aspectos de la cultura colombiana. La segunda fue iniciativa de un grupo de refugiados colombianos y algunos españoles que luchaban por los derechos humanos y la paz en Colombia. Sin embargo, con el tiempo estos objetivos se modificaron en respuesta tanto a cambios en el país de origen como en la sociedad de acogida. Por un lado, el crecimiento de la población colombiana, y latina en general, en España, han determinado que estas organizaciones empiecen a centrarse más en las necesidades de los migrantes, estableciéndose programas para cubrir principalmente los aspectos socioeconómicos y culturales de la migración. Por otro lado, este cambio de orientación también se debió al deterioro de la situación de conflicto político y social en Colombia, que ha llevado a cierto pesimismo sobre una posible solución. Sin embargo, más recientemente estas organizaciones han vuelto su mirada de nuevo al país de origen, pero de manera diferente, al incorporar el concepto de “codesarrollo”22, demandar una mayor protección para los nacionales en el exterior por parte del Estado colombiano, y fomentar una vinculación más activa de los migrantes con Colombia. Sus actividades hoy, por tanto, se dividen entre el servicio a las necesidades de los migrantes y la defensa de sus derechos, tanto en España (y el Reino Unido en el caso de ACULCO) como en Colombia, y la contribución al desarrollo socioeconómico de las comunidades de origen de estos migrantes. Esta investigación también ha encontrado organizaciones comunitarias colombianas, o latinas dirigidas por colombianos, en Barcelona y Sevilla, aunque más pequeñas y en general de menor relevancia (con la excepción del Colectivo Maloka en Barcelona, del que se hablará más adelante). La

22 Ver Escrivá y Ribas (2004) para una descripción y desarrollo histórico de este término.


orientación de estos grupos varía dependiendo del contexto en el país de origen y acogida y los objetivos de sus líderes. Además, al menos en el caso de las organizaciones en Madrid, también más recientemente han aparecido iniciativas que promueven la participación política de los migrantes a nivel local en el país de acogida. ACULCO y AESCO, por ejemplo, formaron parte activamente en las “Mesas de Convivencia y Diálogo” organizadas en Madrid, una iniciativa del gobierno local encaminada a promover la integración y la participación de la sociedad civil (incluyendo migrantes) a nivel de vecindario23. En el caso de una de las organizaciones exploradas en Barcelona (Maloka), se han encontrado asimismo amplios vínculos con la sociedad civil local, sobre todo en iniciativas y programas dirigidos a las mujeres. 2) El Colectivo Maloka forma parte de otro tipo de organizaciones colom-bianas con participación política transnacional, los grupos de defensa de los derechos humanos y por la paz en Colombia que trabajan desde fuera del país. Actualmente hay un interés creciente por analizar el papel positivo (o a veces negativo) que las comunidades de migrantes en el exterior, o las diásporas, pueden jugar en el desarrollo social, económico y político de sus países de origen (por ejemplo, a través del codesarrollo o las remesas de los migrantes). Este papel puede ser aún más crucial en situaciones de conflicto armado, cuando la sociedad civil se convierte en parte integrante de la búsqueda de una salida negociada al conflicto, o durante la reconstrucción posconflicto (ver Al-Ali et al., 2001; Zunzer, 2004). En sociedades con una amplia diáspora en el exterior que mantiene sus vínculos con el país de origen, ésta también pasaría a ser parte de una sociedad civil “diaspórica” o “transnacional” (ver McIlwaine, 2007b). En el caso de la diáspora colombiana, las conexiones con la situación de conflicto en Colombia son evidentes, aunque raramente tra-tadas en la literatura existente. Por un lado, en muchos casos los migrantes colombianos son el resultado, directo o indirecto, de este conflicto. Por otro lado, a pesar de la apatía política que aparenta imperar entre las comuni-dades de migrantes en el exterior, la inmensa mayoría de los colombianos entrevistados tenía una opinión o posicionamiento al respecto y un interés en seguir lo que pasaba en Colombia. En general, y simplificando un poco, las opiniones se han ido dividiendo entre aquellos que apoyan la visión del conflicto del actual gobierno colombiano; los que toman una postura más de oposición, criticando la situación de derechos humanos en el país y la falta de interés en conseguir una paz duradera; y los que ven problemas por ambos

23 No en vano, la antigua directora de AESCO, Yolanda Villavicencio, fue elegida a la asam-blea de Madrid en las elecciones locales de 2007, la primera persona de origen latinoamericano en ocupar tal posición política. El director de ACULCO, por su parte, tenía amplia experiencia política en el país de origen, por ejemplo, como candidato a la circunscripción electoral en el exterior y promocionando el voto de la diáspora.


lados (aparte de un pequeño grupo que no opina sobre este tema o no parece interesado). Estas opiniones son importantes, pues se puede argumentar que los esfuerzos recientes del Estado colombiano, y otros intereses dentro del país, por mejorar la imagen de Colombia en el exterior responden en parte al trabajo de cabildeo que vienen haciendo grupos de exiliados y de derechos humanos internacionales denunciando la situación política en el país. A nivel organizativo o colectivo, la mayoría de las actividades políticas trans-nacionales de los colombianos en el exterior que tenían que ver directamente con este tema provenían de asociaciones de refugiados más o menos formales, donde han participado tanto hombres como mujeres, y de organizaciones de defensa de los derechos humanos en Colombia (algunas mixtas, con miembros no sólo colombianos sino también del país de acogida; o incluso organizadas directamente por grupos de la sociedad civil local). Actualmente existe una amplia red de individuos, grupos y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Colombia a nivel internacional desde el exterior, aunque esto no se ha explorado aún en el ámbito académico (a diferencia de los casos uruguayo y argentino que han sido más analizados, como se ve en el capítulo de Jensen y Coraza en este mismo libro). Los colombianos en el exterior han participado de distintas maneras en los esfuerzos para terminar con el conflicto armado en Colombia. Serrano Carrasco (2003) señala cómo la diáspora colombiana jugó un papel relevante en el plebiscito de 1990 sobre la reforma constitucional y en la “consulta por la paz” de 1997 (ver también Pérez-Brennan, 2003). En el caso de España, como ya se indicó, organizaciones como AESCO comenzaron como un intento de apoyar el trabajo en defensa de los derechos humanos y por la paz de la sociedad civil colombiana. Aunque el enfoque de esta organización ha cambiado con el tiempo, se han hallado otros grupos más pequeños trabajando este tema, como por ejemplo COMADHECO (Comité Madrileño de Derechos Humanos por Colombia) en Madrid, y el Colectivo Maloka en Barcelona, ambas organizaciones creadas por exiliados colom-bianos y algunos españoles. El principal objetivo de estas organizaciones, tal y como explicaron sus miembros, es sensibilizar a la sociedad, ya sean migrantes o autóctonos, “sobre la problemática colombiana, visibilizar lo que están haciendo los movimientos sociales en Colombia y apoyarlos” (Sarah, Barcelona). Para ello se organizan talleres “sobre la realidad de Colombia”, se traen miembros de organizaciones de derechos humanos o de la sociedad civil colombiana para que expliquen su situación o se parti-cipa directamente en proyectos en Colombia. Pero su trabajo, al igual que en el caso de las asociaciones comunitarias de inmigrantes, no está dirigido exclusivamente en una dirección. COMADHECO, por ejemplo, presta ayuda práctica a los refugiados y solicitantes de asilo colombianos que llegan a Madrid, mientras que Maloka está involucrado en actividades y proyectos relacionados con la defensa de los derechos de los migrantes en la sociedad de acogida, y en particular para cubrir las necesidades de las mujeres inmi-


grantes. Las actividades de estas organizaciones y otras parecidas, aunque minoritarias, pueden adquirir una relevancia significativa, como demuestra el hecho de que España fuera escogida como escenario para llevar a cabo la II Plenaria Internacional por la Paz de Colombia y la I Asamblea Internacional de Mujeres por la Paz, la Defensa de los Derechos Humanos y Contra la Guerra en Colombia, ambas celebradas en Madrid a finales de 2007. En Londres también se han encontrado iniciativas parecidas, ya sea de organizaciones puramente colombianas (CORAS, Colombian Refugee Association), mixtas (Colombian Solidarity Campaign) o británicas con participación colom-biana (Justice for Colombia). Sus actividades, una vez más, incluyen acciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia, y el apoyo a los exiliados colombianos en el Reino Unido (o migrantes en general en el caso de CORAS). Sin embargo, la principal diferencia con España es que estos grupos en Londres (con excepción de los puramente británicos), al igual que las organizaciones comunitarias, son menos, más pequeños y más débiles, al depender principalmente de subsidios públicos (que se han ido reduciendo con el tiempo) y tener menor protagonismo tanto entre el colec-tivo colombiano (o latinoamericano) como en la sociedad civil en general. Así mismo, es importante considerar las diferencias y divisiones existentes dentro del colectivo colombiano en Londres, descritas anteriormente. Aún así, el trabajo que llevan a cabo estas organizaciones, que entraría en el concepto de “diaspora politics” desarrollado por Østergaard-Nielsen (2003a:763, y en este libro) – que normalmente tiene que ver con disputas políticas sobre asuntos como la soberanía o la seguridad nacional - puede llegar a ser significativo. Este tipo de actividades, por un lado, representa una fuente importante de apoyo directo a las iniciativas de la sociedad civil que funcionan en Colombia, visibilizando su presencia, protegiendo a sus miembros (ofre-ciendo protección internacional o ayuda para salir del país) o proveyendo fondos, tal y como reconocieron algunos de los entrevistados. Por otro lado, apuntan a tener un impacto frente al gobierno nacional del país de asentamiento, así como la comunidad internacional en general, para que estos contribuyan a mejorar la situación en Colombia. En el caso del tra-bajo realizado en España y el Reino Unido, su relevancia aumenta debido al papel de Europa en la lucha internacional por los derechos humanos, y más específicamente en el conflicto armado en Colombia y la búsqueda de la paz24 .

24 Para mayor información al respecto, ver CIP-FUHEM y su proyecto Colombia/Europa [http://www.fuhem.es/cip-ecosocial/].


La creación de programas e iniciativas “desde arriba” dirigidas a los colombianos en el exterior

Además de considerar los vínculos políticos que los migrantes colombianos desarrollan con el país de origen, tanto a nivel individual como colectivo, esta investigación incorporó el estudio de los esfuerzos recientes que “desde arriba” buscan la movilización de la diáspora en favor del país de origen. Aunque las políticas y otras prácticas de los Estados dirigidas a incorporar a sus diásporas no son un fenómeno nuevo o extraño, como argumenta Gamlen en su capítulo en este mismo libro, es innegable que dichas prácticas se han intensificado recientemente en base a la importancia que ha asumido la migración internacional en algunos países, así como a los avances tecno-lógicos que permiten este tipo de acciones25. Éste ha sido el caso en América Latina, donde en los últimos años los diferentes Estados y gobiernos, así como otras instancias, han desarrollado un número creciente de mecanismos y políticas de vinculación con sus diásporas (ver el capítulo de Moraes et al., en este mismo libro). Hasta hace relativamente poco, el Estado colombiano no había mostra-do mucho interés por la emigración de sus nacionales, pero esto empezó a cambiar en la segunda mitad de la década de los noventa, a medida que los flujos migratorios crecían exponencialmente (Guarnizo, 2006a; Díaz, 2006). Desde entonces se han creado programas para fortalecer los lazos entre la diáspora y la patria que van más allá de limitar los efectos del “brain drain” para convertir la migración en “brain gain” (Meyer et.al., 1997). El más recien-te, “Colombia Nos Une”, se lanzó en 2002 con el objetivo oficial de “fortalecer los vínculos con las comunidades colombianas en el exterior, reconocerlas como parte vital de la Nación y hacerlas objeto de políticas públicas”26. Ésta es una iniciativa bastante ambiciosa, dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya labor se desarrolla en torno a nueve ejes temáticos que in-cluyen: fomentar las remesas y otras inversiones por parte de los migrantes, la creación de redes transnacionales entre los migrantes y el país de origen, potenciar la información y los análisis que se tienen sobre la diáspora colom-biana, incrementar la participación política transnacional de los migrantes y mejorar su situación en los países de acogida. En el área político-cultural, este programa también busca cimentar la “lealtad” de los migrantes hacia su patria, por medio de su identificación con ciertos elementos nacionales o pa-

25 Recientemente ha surgido una amplia literatura sobre este tema (ver, por ejemplo: Levitt y de la Dehesa, 2003; Østergaard-Nielsen, 2003b; Smith, 2003). 26 Página web Programa Colombia Nos Une/Objetivos: [http://www.minrelext.gov.co/wps/portal/colnosune].


trióticos, y la difusión de una imagen “positiva” de Colombia en el exterior27. En el caso de Colombia, estas iniciativas estatales se han complementado con la creación de otros programas de origen privado y objetivos similares, ya sean comerciales o de la sociedad civil. Entre los más conocidos está el programa “Conexión Colombia”, cuyos ejes de actuación principal son la promoción de una “filantropía diaspórica”28, que consiste en buscar aporta-ciones (no sólo monetarias) de los colombianos (y “amigos de Colombia”) a causas sociales en el país de origen, reforzar los vínculos de todo tipo entre los colombianos de todo el mundo y fomentar la solidaridad entre ellos29. Esta iniciativa está respaldada por varias empresas y fundaciones colombianas, junto con el gobierno colombiano y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y al igual que Colombia Nos Une y las que se mencionan a continuación, funciona principalmente por medio de su página web. Más o menos al mismo tiempo han aparecido otras dos iniciativas que implican directamente a los migrantes en el exterior, como son “Colombia es Pasión” (dirigida por el Departamento de Exportaciones, Proexport, pero que también cuenta con participación privada) y “Yo Creo en Colombia” (que se define como fundación de iniciativa privada)30. La finalidad principal de estos dos programas es mejorar la imagen de Colombia y los colombianos, pero con objetivos variados. Mientras que la primera va dirigida sobre todo al exterior del país, con la idea de atraer más inversión, comercio y turismo hacia Co-lombia, la segunda se dirige tanto al exterior como al interior del país, para mejorar los recursos y desarrollar el potencial de éste. Ambas iniciativas buscan involucrar a los migrantes en calidad de “embajadores honorarios”. Todos estos esfuerzos han tenido, de momento, efectos ambiguos. Por un lado, a pesar de la desconfianza y falta de solidaridad que parecen existir dentro de las comunidades colombianas en el exterior, programas como Conexión Colombia se han declarado como innovadores y exitosos, reci-biendo el apoyo de organismos internacionales y sirviendo de modelo para otros países31. Tanto ésta como las otras iniciativas mencionadas eran más

27 Tal y como argumenta Gamlen en su capítulo, en este mismo libro, los Estados otorgan nuevos derechos a sus ciudadanos en el exterior, pero también buscan extraer obligaciones de éstos. 28 Para más información sobre este concepto, ver la página web de la “Philanthropic Initiative” (y el documento que contiene sobre Colombia) [http://www.tpi.org/tpi_services/strengthening_global_philanthropy.aspx]. 29 Ver página web: [http://www.conexioncolombia.com/]. 30 Ver páginas web: [http://www.yocreoencolombia.com/quienes/index.htm] y [http://www.colombiaespasion.com/marca.php]. 31 Según su página web, desde su lanzamiento a finales de 2003, el programa ha logrado recaudar aproximadamente un millón y medio de dólares por año, proveniente de Colombia y el exterior.


o menos conocidas entre los migrantes entrevistados en España y el Reino Unido, sobre todo las de iniciativa privada (Colombia Nos Une resulta la más desconocida). Sin embargo, la participación activa en ellas era bastante baja. Los más informados o involucrados son sobre todo las personas de clase so-cial media o alta, la mayoría empresarios, profesionales y estudiantes, y en especial mujeres32. Por ejemplo, tanto en el equipo de Conexión Colombia en Madrid como en el de Colombia es Pasión en Londres han predominado las mujeres. Como apuntábamos antes, esto contradice en parte el análisis de género predominante en los estudios sobre migración y transnacionalismo político, ya que en el caso colombiano al menos hay amplia participación transnacional de mujeres, y sugiere más bien una división en el tipo de ac-tividades políticas (formal o informal) y en las posiciones que se ocupan (de liderazgo o apoyo)33. Además, algunos ya formaban parte de dichas iniciativas antes de instalarse en el exterior, como uno de los coordinadores de Yo Creo en Colombia entrevistado en Londres. Entre las motivaciones ofrecidas para participar en este tipo de iniciativas, priman las de tipo patriótico, como el sentido de obligación hacia el país de origen; político, como el deseo de me-jorar la imagen que el resto del mundo tiene de Colombia; sociales, es decir, contribuir a mejorar las condiciones de los que aún vivían allí, tal y como se desprende de algunas respuestas:

¿por qué me metí? Pues me contaron del proyecto e incluso la embajada nos invitó a la inauguración ... nos comentó qué hacía Conexión Colombia ... y pues la verdad yo no dudé, porque uno se da cuenta digamos trabajando desde el área social ... que lo que falta son recursos ... que en Colombia no hay plata para hacerlo, entonces, es la sociedad civil la que tiene que, ponerse un poco al hombro ...

... yo ahorita estoy trabajando y estoy feliz en Conexión Colombia, pienso que sí es importante, una que ha tenido como la oportunidad de salir, de ver, de saber, pues también ayudar a la gente de mi país que no tiene esa oportunidad, ¿no?, es un poquito coherente con mi perfil social (voluntaria de Conexión Colombia, Madrid).

para nosotros también es muy importante cambiar la imagen de Colombia en la comunidad local [en Londres]. No es un secreto que la percepción que tiene la gente

32 El que estas iniciativas se manejen principalmente por Internet ya de por sí fomenta dife-renciaciones en cuanto a su uso, ya que como otros estudios han demostrado, el acceso a las nuevas tecnologías varía en función de factores tales como el estrato social, el género o la edad, lo que también afecta a los migrantes (ver, por ejemplo, Benítez, 2006). 33 Esta diferencia en el análisis de género se explicaría por la definición de prácticas políticas transnacionales que forman la base de los diferentes estudios, así como por el papel que en el caso colombiano juegan los migrantes de estratos sociales medios o altos y los refugiados (comparado con los casos mexicano, centroamericano o caribeño, más estudiados en los Estados Unidos).


sobre Colombia es muy negativa ... hay que darle más herramientas de juicio para que vean la realidad, o sea que no todo es malo, que existen unos problemas pero que además ... tenemos cosas buenas ...

... algo que siempre hago por principio es hablar bien del país, y pues hacer lo que yo pueda por cambiar la imagen del país, y es algo que siempre voy a hacer, mientras tanto estoy involucrado muy activamente ... Yo Creo en Colombia es algo personal (coordinador de Yo Creo en Colombia, Londres).

Por otro lado, la participación más amplia en estas iniciativas de las co-munidades de migrantes estudiadas está condicionada no sólo por la falta de información o tiempo, sino también por la opinión que se tiene de ellas. Aunque los programas o iniciativas más de corte patriótico reciben una cierta aceptación, o incluso éxito, ha habido también mucha crítica y desconfianza, sobre todo en cuanto a los intereses gubernamentales o privados que se su-pone hay detrás, o a la imagen de Colombia que se está “vendiendo”, reflejo de la polarización política y social que existe en el país de origen:

Es una iniciativa oficial ... para promover el consumo de los colombianos en el exterior dentro del país, eso lo vienen promocionando las grandes empresas co-lombianas con ayuda oficial ... tratando un poco de hacer una venta de una nueva cara de Colombia, es eso. Es como cuando yo te invito a mi casa, mando pintar la fachada, a ponerla muy bonita y organizo el jardín y planto un rosal, ¿si? Y entras al salón, el salón es espectacular, con todas las comodidades y todo el lujo, y luego dentro las habitaciones, pues duermen en el suelo, las sillas están boca abajo, la nevera está vacía. Así, esas son las campañas de Colombia (Marisol, Madrid, opinando sobre Colombia es Pasión).

es importante que existan esos medios de comunicación, esos canales ... pero creo que todavía hay mucho manejo por parte de la información y por parte de todo. Por ejemplo, Conexión Colombia todo lo pinta muy bonito, tú sabes ¿no?, el amor a Colombia y tal, pero no estamos hablando de eso, Colombia lo que necesita es otra cosa, es soluciones más drásticas, no podemos estar hablando de maravillas, de las maravillas de Colombia, cuando la gente se está muriendo en Colombia ... sí que hay que alimentar esa parte, de lazo emotivo con Colombia, pero creo que hay que también mantener la parte de no, es que no se puede así ... no se puede mantener ese sistema político, y esa forma de vida violenta, hay que despertar y hay que decir, mira es que no se está viviendo tan bien en Colombia, eso es falso, nos están engañando (John, Madrid).


CONCLUSIONES

El interés en el estudio de la migración latinoamericana y la formación de comunidades transnacionales y sus prácticas es relativamente reciente. En el caso de Colombia, el éxodo masivo de sus ciudadanos hacia el exterior también es un fenómeno reciente, y como tal, aún no está suficientemente estudiado. Sin embargo, es clara la importancia que está tomando la creciente diáspora colombiana, no sólo en términos económicos, sino también políticos. Este capítulo ha ofrecido un pequeño repaso de los diferentes tipos de participación política transnacional que los colombianos en el exterior mantienen, usando como estudios de caso a los colectivos migrantes en España y el Reino Unido. Se ha pretendido hacer contrapeso a los estudios que se centran en la aparente apatía política y desconfianza dominante dentro de estas comunidades, a re-sultas de las investigaciones en los Estados Unidos. Usando una metodología cualitativa y conceptualizando la participación política transnacional de una manera amplia, se ha podido demostrar la relevancia, actual y potencial, que estos vínculos políticos transnacionales asumen. Estos se dan tanto a nivel individual como colectivo y están fomentados “desde arriba” y “desde abajo”. La manera en que estos vínculos se crean y desarrollan, y cómo los migrantes responden a las iniciativas estatales o privadas que desde el país de origen buscan su apoyo, depende de factores como el tipo de migración, la clase social, el género y las experiencias políticas previas. El contexto socioeco-nómico y político, tanto en el país de origen como en el de acogida, también influye en el desarrollo de este campo político transnacional. Por un lado, la evolución del conflicto político y social en Colombia sirve para explicar cómo han evolucionado algunos vínculos transnacionales colectivos, tanto desde abajo como desde arriba. Por otro lado, la comparación entre los colectivos en España y el Reino Unido ha permitido ver cómo diferencias en la historia migratoria, desarrollo de las comunidades migrantes y en los marcos insti-tucionales y legales locales, han favorecido un tipo u otro de participación. Todos estos factores tendrán que tenerse en cuenta a la hora de seguir analizando la evolución de estos vínculos políticos transnacionales y la formación de una sociedad civil colombiana diaspórica, o transnacional, la cual podría jugar un papel clave en la búsqueda de una paz duradera en Colombia. Para una mayoría de los colombianos entrevistados resulta claro que la diáspora puede y debe jugar un papel importante en lo que ocurra en el país de origen. Incluso entre aquellos que no se sienten involucrados po-líticamente, algunos creen que si se solucionan las necesidades básicas y se fomenta más la unidad, se puede potenciar la importancia del trabajo político de los migrantes colombianos. Para ello, hace falta además mayor interés por parte de las instituciones y la sociedad civil colombiana en los migrantes en el exterior, su situación y relevancia, así como más concienciación por parte de la diáspora. Es difícil prever el impacto actual que pueda tener esta diáspora en Colombia, dada la situación aguda de conflicto político y social, y la po-


larización ideológica que vive el país (problemas que se reproducen entre las comunidades en el exterior). Lo que sí resulta cada vez más aceptable, como se indicó en un seminario reciente, es que las comunidades de colombianos en el exterior, por medio de sus vínculos transnacionales, puedan tener efectos profundos en “el desarrollo económico del país, la relación entre el Estado y la sociedad civil, y, quizás más importante, en la búsqueda y posible solución del prolongado conflicto que asola al país” (Guarnizo, 2003:26).

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PARTE IILATINOAMERICANOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

EN EUROPA Y NORTEAMÉRICA

CAPÍTULO 6LAS MOVILIZACIONES POLÍTICAS DE LOS

LATINOAMERICANOS EN LONDRES1

Davide PeròUniversity of Nottingham

INTRODUCCIÓN

Desde principios de la década de los noventa el Reino Unido ha venido reci-biendo nuevos flujos de inmigración que, a diferencia de los que llegaron tras la segunda guerra mundial, ya no provienen principalmente de países de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones)2. Tal y como argumenta

1 Traducción al español del original en inglés realizada por Anastasia Bermúdez, con permiso del autor. 2 Me gustaría dar las gracias a todos los que han participado en esta investigación por compartir información tan valiosa. Espero que encuentren mi representación de los hechos lo más real posible, a pesar de mis consideraciones a veces críticas. También quiero agradecer con cariño a David Kertzer, Deborah Reed-Danahay y Elisabetta Zontini sus comentarios a la

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Vertovec (2006), la inmigración en el Reino Unido está adquiriendo nuevas características. Éstas serían: el asentamiento de una población migrante importante sin lazos coloniales directos; una mayor diversidad lingüística (en Londres ya se hablan más de 300 idiomas); la aparición de multitud de pequeños grupos migrantes (como colombianos, rumanos, ghaneses, kurdos, afganos y otros) que conviven con “comunidades étnicas” de mayor tamaño y establecimiento más antiguo; una mayor diversidad y fluidez de situaciones legales entre los migrantes; y el mantenimiento por parte de los migrantes de mayores vínculos transnacionales (sociales, religiosos, políticos). Este nuevo escenario sugiere que ya no sería posible hablar del Reino Unido como un país “posinmigrante” como se hace en algunos estudios y en el ámbito de las políticas públicas. Más bien, el Reino Unido sería un país de nueva in-migración, como Italia o España, pero con una heterogeneidad etnocultural preexistente mucho mayor. Estos cambios en la sociedad británica son a los que se refiere Vertovec (2006) con el término “superdiversidad”. Paralelamente a esta nueva inmigración, en la segunda mitad de la pri-mera década del siglo XXI, se ha dado un creciente “neoasimilacionismo” que ha cuestionado el “multiculturalismo” británico, hasta ahora la actitud prevalente a nivel público y político. Este “azote contra la diversidad” (Grillo, 2005) proviene no sólo de la derecha política, sino también de importantes sectores de la izquierda que argumentan que: 1) el Reino Unido es demasiado diverso; 2) esta diversidad afecta la cohesión y solidaridad social; 3) el mul-ticulturalismo lleva al separatismo; 4) las minorías étnicas deberían adoptar en mayor medida los valores nacionales y la forma de vivir británica3. Además, el discurso político británico sobre integración ha tratado a las minorías y a los migrantes como objetos de política y gobierno4, ignorando su agencia política. Como mucho, a veces se incorpora las voces de las minorías que llevan más tiempo asentadas en el país y están reconocidas como tales, pero no las de los nuevos grupos de migrantes. Como contrapeso, este trabajo le da prioridad a la perspectiva de estos nuevos migrantes y, sobre todo, a sus esfuerzos colectivos para mejorar las condiciones en que se encuentran en este país. También es una alternativa a los estudios recientes que se han centrado en la participación transnacional o diaspórica de los migrantes, tanto cultural como política, y que en general han priorizado las prácticas políticas identitarias, aislándolas de las prácticas de ciudadanía de los mi-

primera versión de este artículo, presentada en la Conferencia Anual de la Asociación Antropo-lógica Americana, en Washington, diciembre de 2005. 3 Un buen ejemplo del neoasimilacionismo “progresista” sería Goodhart (2004). Para una discusión crítica, ver Grillo (2005), además de Black et al., (2002), Cheong et al. (2005), Però (2007a; 2007b) y Vertovec y Wessendorf (2005). 4 Para una discusión antropológica ver Però (2005a; 2005b).

CAPÍTULO 6. LAS MOVILIZACIONES POLÍTICAS DE LOS LATINOAMERICANOS EN LONDRES 157

grantes en el contexto de acogida. La pregunta clave aquí sería: ¿cuáles son las preocupaciones que llevan a estos nuevos migrantes a movilizarse en la sociedad de acogida?

EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA DE LOS MIGRANTES DESDE LA ANTROPOLOGÍA

Los estudios sobre la acción colectiva de los migrantes no se han caracterizado por su interdisciplinariedad. Los pocos antropólogos que se han dedicado a este tema no han tomado muy en cuenta los estudios existentes enfocados desde otras disciplinas o campos académicos, y viceversa. En el caso de la antropología esto ya fue resaltado por Escobar (1992:400), el cual lo atribuyó, entre otras cosas, a las divisiones académicas, la importancia que recibió en la década de los ochenta el tema de la representación política en detrimento de otros aspectos políticos, la importancia de la individualidad versus la co-lectividad, o incluso el declive de la acción colectiva en los Estados Unidos en esta misma década. Pero esta falta de interés antropológico en los movimientos sociales puede ser parte de un “problema” mayor que la disciplina ha tenido con la política desde hace algún tiempo. Según Spencer (1997), la antropología ha tratado a lo político como algo separado de lo cultural, al menos hasta principios de la década de los setenta, para luego abandonar por completo el estudio de la política y las instituciones políticas. Paradójicamente, al mismo tiempo que otros investigadores – sobre todo sociólogos – empezaban a descubrir la importancia de la dimensión cultural en el estudio de la política (por ejemplo Touraine, 1971; Melucci, 1985), los antropólogos – al menos según Spencer – ya la habían descartado. Aunque Spencer no se refirió explícitamente a esto, no cuesta mucho ver que, tal como sugiere Gibb (2001), la manera restrictiva y rígida de entender la política que caracterizó a la antropología política ha podido contribuir a la falta de atención que los movimientos sociales han recibido por parte de esta disciplina. Ya ha pasado una década desde las críticas de Escobar, pero no parece que las cosas hayan cambiado mucho, tal y como señalan Edelman (2001) y Gibb (2001), o más recientemente Nash (2005). Con respecto al estudio de la acción colectiva de los migrantes y las minorías, la falta de atención por parte de la antropología ha sido aún ma-yor. Esto en parte podría deberse a que esta disciplina no se ha dedicado al estudio de los migrantes y las migraciones hasta hace relativamente poco (ver Brettell, 2000; Foner, 2003). Debido al interés por estudiar las “culturas” como unidades territorializadas y delimitadas (Brettell, 2000), e informados por “metafísicas sedentaristas” (Malkkii, 1997), los antropólogos se dedicaron principalmente a estudiar a los que se quedaban e ignoraron a los migrantes.

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Por otro lado, si la antropología ha estudiado poco las acciones colectivas de los migrantes, el campo de estudio multidisciplinario de las migraciones sólo ha estado un poco más atento a éstas. Al igual que los que crean las políticas públicas, este campo de estudio ha considerado a los migrantes como objetos y no como sujetos de estas políticas (Kofman et al., 2000; Zontini, 2002). Esto en parte tiene que ver con la influencia de los paradigmas estructuralistas y marxistas que han representado a los individuos y su comportamiento como determinados por limitaciones estructurales (Martiniello, 2005). Otra razón que explica porqué a los migrantes no se les ha considerado como actores políticos reside en su falta de derechos políticos formales y el entendimien-to general de que la participación política se restringe al comportamiento electoral y a las actividades de los políticos (ver Ireland, 1994). Está claro que esta conceptualización limitada de la participación política no es la más adecuada para explicar las iniciativas políticas que los migrantes desarrollan ante la falta de derecho al voto. A pesar de todo, algunos estudios recientes han tratado el tema de los migrantes como actores políticos. Estos estudios se pueden dividir entre aquéllos que intentan explicar el comportamiento político y los que tratan otros aspectos de la política de los migrantes. Aquí solo me referiré a los primeros. Los estudios sobre el comportamiento político de los migrantes se han llevado a cabo principalmente desde la perspectiva teórica de las “estructuras de oportunidad política” (POS, por sus siglas en inglés). La perspectiva de las POS se aplicó originalmente al estudio de los movimientos y protestas sociales, y en particular a explicar cómo surgieron estos. Su principal contribución es la de haber resaltado el papel que juegan las estructuras institucionales y las políticas públicas de un país en las iniciativas políticas colectivas de sus residentes. Esta perspectiva parte de la “teoría de la movilización de recur-sos” (RMT, por sus siglas en inglés), la cual entiende las acciones colectivas como el resultado de cálculos racionales de costos y beneficios, así como de la habilidad para movilizar recursos como condición previa a esta movilización. La perspectiva de las POS complementa y desarrolla este enfoque al localizar la acción colectiva en su contexto político y relacionarlo con lo que le rodea (Koopmans y Statham, 2000). Ireland (1994) fue uno de los primeros en aplicar la perspectiva de las POS al estudio de las migraciones. El trabajo de Ireland surgió de la insatis-facción con los modelos existentes que explicaban las acciones colectivas de los migrantes por medio de la clase social y la etnicidad. Estos modelos veían las acciones colectivas como determinadas por la organización capitalista de los medios de producción o las características étnicas de los migrantes. Ire-land cambió la clase social y la etnicidad por la estructura de oportunidades políticas como el factor principal (la “variable independiente”) que explicaba


la movilización de los migrantes5. De hecho, la clase social y la etnicidad no son factores de movilización en sí, ya que su mayor o menor importancia depende del ambiente político e institucional que los migrantes encuentran. Para demostrar esto, Ireland (1994) estudió a los mismos grupos étnicos asentados en varias localidades de Francia y Suiza. A partir de aquí cada vez más autores han usado la perspectiva de las POS (por ejemplo, Garbaye, 2000; Koopmans y Statham, 2000; Odmalm, 2004). Debido a la importancia que le dan al clima institucional al explicar las acciones colectivas de los migrantes, a estos autores se les ha identificado como los “nuevos institucionalistas”. Es indiscutible que la perspectiva de las POS es ahora dominante en el estudio de las movilizaciones políticas de los migrantes. Este artículo intenta ver la relevancia de esta perspectiva teórica en el contexto de la migración latinoamericana a Londres.

LA IMPORTANCIA DEL COLECTIVO LATINO

Dentro de esta “superdiversidad” que existe actualmente en Londres y en el Reino Unido, hay un grupo migrante que ha recibido poca atención a pesar de su peso numérico, y es el latinoamericano6. Al contrario que en los Estados Unidos, donde la población latinoamericana está mucho más establecida y es cuantitativamente muy superior, en el Reino Unido los latinos son en su mayoría un “nuevo grupo de inmigración” sobre el que no tenemos siquiera datos estadísticos fiables. Según estimaciones de los propios migrantes la-tinoamericanos, su número llegaría al medio millón. Esta cifra estaría com-puesta principalmente de unos 250.000 brasileños, 200.000 colombianos (ver el capítulo de Bermúdez en este mismo libro) y 50.000 ecuatorianos, aparte de grupos más pequeños de otras nacionalidades7. Los latinoamericanos han ido llegando al Reino Unido por medio de diferen-tes canales de inmigración y su situación legal es muy variada. Muchos son estudiantes, migrantes irregulares o sin papeles (algunos no han renovado el

5 Ireland resalta el hecho de que las POS asumen formas distintas en sitios diferentes y producen diversos tipos de participación entre los migrantes de un mismo país de origen. 6 En un principio mi investigación de campo iba dirigida a los colombianos, pero pronto me di cuenta de que muchas de las iniciativas colectivas de este grupo con referencia a su situa-ción en el Reino Unido (que era el foco de mi investigación) involucraban a otras nacionalidades latinoamericanas de habla hispana. Además, estas iniciativas se identificaban como “latinas”, lo que me hizo enfocar mi investigación hacia el colectivo latino. 7 Al menos para el caso de los colombianos estas estimaciones coinciden con las mencionadas por Bermúdez (2003) y McIlwaine (2005). Es probable que el número de personas con raíces latinas en el Reino Unido aumente aún más debido a los altos índices de natalidad en este grupo (Lewenstein, 2006:2).

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visado de entrada, otros entraron con documentación falsa), solicitantes de asilo y refugiados. La mayoría emigraron por razones “económicas” (como la pobreza o la falta de oportunidades para desarrollarse personalmente), aun-que, tal y como suele ser el caso entre los colombianos, a veces es por una mezcla de razones “económicas” y “políticas” (McIlwaine, 2005). En el caso colombiano no sólo hay un grupo importante de refugiados, sino que tam-bién hay muchas personas que dejaron su país debido al clima de violencia, miedo e inestabilidad generalizada que, junto con la pobreza, caracteriza a amplias regiones de Colombia. La población latina en Gran Bretaña reside principalmente en Londres, con concentraciones importantes en los barrios de Lambeth, Southwark, Is-lington y Camden8. Trabajan principalmente para compañías subcontratadas (frecuentemente por multinacionales) que se dedican a la limpieza de edificios públicos y comerciales (como oficinas u hospitales), en muchas ocasiones en condiciones de explotación9. Además, han creado una amplia gama de negocios y actividades culturales “étnicas”10. Los latinos no provienen de países de la Commonwealth y en su mayoría no hablan inglés como segundo idioma. Tal y como muchos de ellos admi-ten, su dominio del inglés cuando llegan es en general bastante bajo y sólo mejora gradualmente con los años. Su voz, por tanto, ya sea en los medios de comunicación o en el discurso político británico, está generalmente au-sente. A pesar de esta marginación, los latinos tienen sus propios medios de comunicación “étnicos” o “comunitarios” (en español), un sector bastante desarrollado y creciente que incluye varios programas de radio y revistas de noticias que se distribuyen gratis y ampliamente, y que cubren lo que pasa en Latinoamérica además de en el Reino Unido. Al dirigirse a todo el colectivo latinoamericano de habla hispana en el Reino Unido, los medios de comuni-cación latinos están facilitando a la misma vez que la población latina en este país se imagine como una “comunidad” (Anderson, 1983; Chavez, 1991). Los inmigrantes latinos, a diferencia de los de la Commonwealth o la Unión Europea, no pueden votar en las elecciones en el Reino Unido. Esta situa-ción les empuja aún más fuertemente a adoptar un concepto de política que prevalece en algunos estudios de ciencia política, y que va más allá de votar o presentarse como candidato para incluir una gama amplia de iniciativas políticas colectivas.

8 Según McIlwaine (2005) también hay grupos relativamente importantes de latinos en los barrios de Totenham, Hackney y Newham. 9 Ver Lagnado (2004) para un análisis más profundo de la participación latina en este sector. 10 Hay restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, tiendas de comida (pequeños supermerca-dos, carnicerías, etc), locutorios, tiendas de giros, doctores, dentistas, barberías y peluquerías, lavanderías y sastrerías, tiendas de alquiler de videos y tiendas de música, entre otros. Estos negocios se suelen ubicar en áreas de alta concentración latina.


Por último, es importante resaltar que esta variedad de iniciativas e intercambios sociales, culturales y económicos que acabo de reseñar está generando contactos físicos y virtuales, así como creando redes entre los migrantes latinos, no sólo de una misma nacionalidad sino también entre diferentes nacionalidades. Estos encuentros e intercambios están reforzando la creación de una identidad latina que, tal y como veremos, se ha empezado a utilizar recientemente de una manera más política.

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA MOVILIZACIÓN LATINA EN LONDRES

Una manera resumida de conceptualizar las movilizaciones de los latinos en el Reino Unido es dividirlas en dos arquetipos: aquéllas que tienen que ver con Latinoamérica y las orientadas hacia el país de acogida. Sin embargo, en la práctica, las personas y las organizaciones se involucran simultánea-mente en formas de hacer política “multidireccionales”, dirigidas al país de origen y destino, o incluso a terceros países o a ningún país en particular (ver Bermúdez, sobre el colectivo colombiano, en este mismo libro). La naturaleza de estas maneras de hacer política no tiene porqué ser la misma. Por ejem-plo, podemos tener organizaciones o individuos que mantienen una ideología marxista con respecto a la situación política en Latinoamérica, pero que a la hora de movilizarse en el Reino Unido prefieren adoptar una postura apolítica o participar en organizaciones con estatus “benéfico”, es decir, que se dedican principalmente a la provisión de servicios para la comunidad. Las primeras instancias de movilización política de los latinos en el Reino Unido fueron las de los refugiados chilenos en los años setenta, un grupo pequeño pero activo y muy bien organizado que se constituyó principalmente para oponerse al régimen dictatorial de Pinochet. En las décadas siguientes, y especialmente en los noventa, con la llegada de los “migrantes económi-cos” y “solicitantes de asilo” de otros países latinoamericanos, especialmente colombianos (que son la mayoría de los migrantes latinos de habla hispana en Gran Bretaña), la movilización latina aumentó. Aparte de las iniciativas políticas transnacionales o dirigidas hacia el país de origen, surgieron otro tipo de organizaciones que iban dirigidas cada vez más a ofrecer información, consejo y ayuda a sus “usuarios”, sobre todo en asuntos legales, de vivienda, salud y otros aspectos sociales clave para su asentamiento. Estas iniciativas adoptaron un estatus organizativo “apolítico” como “asociaciones benéficas” dependientes de subsidios públicos. Más recientemente, hay que destacar que las movilizaciones dentro del colectivo latino parecen reflejar un interés cre-ciente por asuntos que tienen que ver con el asentamiento a largo plazo, tales como la explotación, la marginalización, la falta de reconocimiento, el estatus legal, el racismo, el sectarismo religioso, la adicción a las drogas, la violencia doméstica y la exclusión política.

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Sin pretender ser exhaustivos, sugiero aquí una descripción somera de las formas de organización, complejas y heterogéneas, que encontré durante mi investigación. He omitido o disfrazado deliberadamente los nombres de individuos y organizaciones para evitar aumentar las divisiones, rivalidades, malentendidos y polémicas que caracterizan las iniciativas latinas, las cuales conviven con la colaboración, el apoyo y la solidaridad. Una forma de organización es la “comunista ortodoxa”. Estas organiza-ciones tienden a involucrarse en la política de los países de origen y tienen membresía exclusivamente latina. Están organizadas rígida y jerárquica-mente y sienten desconfianza de las organizaciones de izquierda que son más horizontales y abiertas (a las que ven como “trotskistas”), las cuales, dicen, no tienen ni idea de lo que es la “verdadera” lucha política. A su vez, estas organizaciones son vistas como dogmáticas, “estalinistas”, cerradas al debate, sectarias, centradas en un líder y con una idea de organización de la lucha de arriba a abajo. También se les ve como machistas, ya que las mujeres sólo tienen acceso a posiciones y actividades subordinadas, o incluso homófobas. Entre las organizaciones que cuentan con una estructura horizontal y más flexible hallamos las “latinoamericanistas”. Estas organizaciones están dirigidas por británicos y tienen una membresía mayoritariamente britá-nica. A veces se les critica por dejar poco espacio y papeles secundarios a los mismos latinos. También se les critica por cooperar poco entre ellas por razones que tienen que ver con su posición en la arena política británica y que – desde el punto de vista latino – no ayudan. A pesar de estas críticas, los latinoamericanos en general aprecian el trabajo y compromiso de estas organizaciones y sus miembros. No es raro que los miembros británicos de estas organizaciones tengan parejas o esposos/as latinos/as. Las organizaciones latinas juveniles se caracterizan igualmente por una estructura horizontal y flexible. Estas organizaciones participan principal-mente en una política de ámbito más bien cultural, relacionada con la pro-ducción artística y cultural (por ejemplo, realizan obras de teatro sobre la condición de los migrantes latinos en Londres). Estas organizaciones suelen cuestionar a otras por no tener la sensibilidad ni el interés suficiente en los asuntos y preocupaciones de la juventud y la segunda generación de latinos. A su vez, estas organizaciones son criticadas algunas veces por el estilo de vida “demasiado liberal” y “relajado” de algunos de sus miembros. Asimismo hay organizaciones de mujeres dedicadas a la protección y pro-moción de las latinas en el Reino Unido. Estas organizaciones ofrecen servicios muy importantes que van desde la formación profesional hasta el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica. Además, están muy bien organizadas y son bastante eficaces, al estilo de las ONGs británicas más profesionales. A estas organizaciones se les critica (incluso por las mismas mujeres que cues-tionaron y abandonaron algunas de las organizaciones machistas descritas anteriormente) por ser excesivamente separatistas, dogmáticas e incluso un


poco heterofóbicas en la provisión de servicios dentro de un área que, por lo demás, se considera crucial. Por último, muchas son las organizaciones que – con un mayor o menor grado de profesionalización y eficacia – trabajan en la provisión de servicios y asistencia a la inmigración en asuntos de vivienda, salud o acceso a los servicios sociales. Estas organizaciones constituyen la mayoría de las activi-dades organizadas cívicas y comunitarias, pudiendo variar con respecto a su sensibilidad de género o a la igualdad entre sus miembros. A algunas se les critica dentro de la “comunidad” por ser simplemente proveedoras de servi-cios, estar despolitizadas y divididas, ser competitivas y celosas las unas de las otras, e incapaces de innovar para incorporar cuestiones de “integración” que van más allá de la etapa de llegada. Todas estas iniciativas políticas latinoamericanas de las que hemos hablado serían de carácter “progresista”. Con respecto a las formas de participación más “conservadoras”, éstas no se articulan a través de organizaciones cívicas o políticas de la misma manera. Si los “progresistas” tienden a privilegiar las iniciativas y organizaciones colectivas cara a cara, los “conservadores” parecen preferir los programas de radio y revistas populares (y populistas). Los líderes “conservadores” suelen tener un estatus económico más alto y en muchos casos son dueños de exitosos negocios. Su manera de hacer política acos-tumbra a consistir en promover la no participación y una actitud de “laissez fair”, aparte de estigmatizar a aquellas otras iniciativas que intenten alterar el statu quo hacia una dirección más igualitaria y participativa. Como ejemplo contamos con la respuesta que ha generado la reciente creación de la Asocia-ción de Trabajadores Latinoamericanos, la cual, aparentemente, fue descrita en un programa de radio conservador como una iniciativa de extremistas de la que la gente debería alejarse11. Parece ser que los “conservadores” tam-bién trabajan más codo con codo que los “progresistas” con las instituciones diplomáticas de los países de origen. Aparte de esto se me informó que hay algunas actividades del tipo cara a cara de orientación “conservadora” que tienen que ver con las iglesias evangélicas latinoamericanas12. Aunque claramente esquemática, esta reseña de la vida asociativa latina da una idea de los diferentes ejes de diferenciación que separan a muchos

11 Cuando pregunté por qué a los “conservadores” no parece gustarles que otros latinos luchen por mejorar sus condiciones de trabajo y acabar con la explotación que sufren en el Reino Unido, uno de mis informantes contestó con toda la paciencia que se le ofrece a los que son de fuera y un poco inocentes: “¡No, si ellos y sus amigos son los que manejan los negocios que explotan a sus compatriotas, en ese caso no!”. 12 Se dice que estas organizaciones “absorben” a sus miembros y empleados y que los aíslan socialmente, tanto de las asociaciones comunitarias latinas como de la sociedad civil en general. Esta estrategia es muy diferente de la usada por la iglesia católica, la cual tiene contactos con las organizaciones latinas (aunque aún son pocos los curas latinos).

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migrantes latinos, a la vez que unen a otros. Este escenario ya de por sí amplio y heterogéneo se ha diversificado aún más recientemente. Desde mediados de 2004, ha habido una especie de nueva ola de iniciativas más políticas, dirigidas a mejorar las condiciones de los latinos pero desde una perspectiva de integración a más largo plazo. Tal y como uno de mis infor-mantes manifestó:

Estamos tomando conciencia de que ya es hora de hacer algo para mejorar nues-tras condiciones aquí, en vez de seguir pensando todo el tiempo en Colombia, ya que aquí tenemos muchos problemas, de marginalización, falta de oportunida-des, educación, religión (con las sectas “Cristianas”), drogadicción, ... y la socie-dad de aquí no es la única culpable de todos estos problemas, sino también la mentalidad de los mismos latinos. ... Nos estamos dando cuenta que se necesita una nueva manera de aproximarnos a la política de este país ... más que apoyar automáticamente al Partido Laborista, creemos que tenemos que volvernos más contestatarios y darnos cuenta del peso político y electoral que representamos, para usarlo como contrapeso.

A continuación, examino dos de las más importantes de estas nuevas iniciativas colectivas, el Frente Latino y la Asociación de Trabajadores La-tinoamericanos (vinculada al “Transport and General Workers’ Union”, T&G – sindicato inglés de trabajadores del transporte y otros sectores).

EL FRENTE LATINO

Sin duda, la iniciativa política latina más ambiciosa en Gran Bretaña hasta ahora ha sido el Frente Latino (LF, por sus siglas en inglés). El LF surgió en el segundo semestre de 2004, a partir de la iniciativa de dos mujeres colom-bianas de clase media e ideología política liberal que pretendían representar políticamente los intereses de los latinoamericanos en el Reino Unido. Los objetivos oficiales de la organización incluían: fomentar un sentido de co-munidad; conseguir reconocimiento como grupo étnico; cuantificar el “peso” político latino (para poder negociar políticamente); y hacer lobby a las insti-tuciones británicas y europeas, para fomentar los derechos de los residentes latinoamericanos a una condición legal regularizada, a un trabajo decente, a la seguridad social, a votar, a los servicios de educación y salud, y a la nacionalidad británica para aquellos niños nacidos en el Reino Unido. Al menos en su primer año de existencia, el LF fue capaz de canalizar y expresar las preocupaciones de los latinoamericanos, principalmente el ser reconocidos como minoría étnica y mejorar sus condiciones de vida a largo plazo. Igualmente importante fue el deseo de regularizar a todos aquellos migrantes que viviendo en una situación de irregularidad, o sin papeles, sufren gran precariedad, inseguridad, vulnerabilidad y marginalidad. De


una manera más o menos organizada y con mucho empuje e iniciativa, el LF asumió el papel de organización o movimiento “paraguas”, con la ambición de agrupar a todas las organizaciones e iniciativas civiles y crear una “voz” fuerte y única que representara a la “comunidad” frente a las instituciones británicas. Como uno de los fundadores dijo, “el Frente Latino es un grupo político, pero no partidista”. Es por esta razón que la posibilidad de organi-zarse como “asociación benéfica” se descartó. El bagaje político de los activistas del LF es bastante heterogéneo. Las dos fundadoras tienen una identidad política centrista y liberal. Una de ellas, por ejemplo, estaba involucrada con el partido Liberal Demócrata en Gran Bre-taña, donde se presentó como candidata a concejal en las elecciones locales de 2006. También era miembro del partido Liberal en su país de origen y, gracias a cambios en las leyes electorales, había intentado su nombramiento como candidata al congreso en representación de las comunidades en el extranjero (ver el capítulo de Bermúdez en este mismo libro)13. Sin embargo, la mayoría de los otros activistas tienden a ser de una orientación más de centro-izquierda, sobre todo los refugiados y todos aquellos que tuvieron que salir de su país por la violencia política. Algunos ya habían participado en iniciativas políticas o cívicas en Inglaterra, ya fuera en partidos políticos locales o en organizaciones latinas comunitarias. En general, el Frente La-tino, al menos en su primer año de actividad, fue una iniciativa colectiva desarrollada por un grupo de personas con diversos tipos de socialización, sensibilidad e identidad política14.

La política del Frente Latino

La principal área de trabajo del Frente Latino es la política partidista. Desde un principio, el LF se dedicó a hacer lobby a los principales partidos políticos e instituciones británicas. Por ejemplo, al final de su primer año de existen-cia aproximadamente, se organizaron tres grandes eventos públicos con los partidos británicos y una reunión con el Ministro del Interior. Estos eventos se celebraron en uno de los principales centros comerciales latinos de Lon-dres y se cuidó mucho la organización y presentación, con la intención de representar al LF, y en general a la comunidad latinoamericana, de manera

13 Esto demuestra que la participación política orientada hacia el “país de origen” se puede articular no sólo simultáneamente, sino también en sinergia con iniciativas políticas dirigidas al país “de acogida”. 14 Entre los activistas principales del Frente Latino había periodistas y otros profesionales de la comunicación, estudiantes, profesores, limpiadores, doctores, comerciales y asesores jurídicos.

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poderosa y con autoridad15. Políticamente, el tema principal en el que se ha centrado el Frente Latino ha sido el del reconocimiento. El LF se movilizó desde un principio para hacer que los latinoamericanos fueran más visibles y reconocidos como “minoría étnica” en Gran Bretaña. También han sido importantes sus demandas de regularización para todos aquellos latinoamericanos que viven y trabajan en el Reino Unido sin autorización y para sus hijos, especialmente los nacidos en este país. Para ello, el LF ha seguido una estrategia deliberadamente ambigua y flexible en su acercamiento a las instituciones políticas británicas. Por un lado, ha tratado de no aliarse desde un principio a ningún partido político específico, sino más bien se ha relacionado y negociado con todos los partidos simultáneamente, para tratar así de alimentar una cierta competencia entre éstos por ganarse al Frente Latino y a la población latina que esta organiza-ción dice representar. Esto fue posible en parte gracias a las redes y el capital político que una de sus fundadoras había acumulado en el ámbito local con su activismo. Desde un principio, el LF también ha tenido cuidado al tratar con las instituciones diplomáticas latinoamericanas y con su personal en el Reino Unido. Para poder funcionar con plena autonomía se mantuvo deliberada-mente una distancia cortés, a fin de prevenir que diplomáticos poderosos y hábiles interfirieran con sus agendas (orientadas hacia el país de acogida o el de origen). Por otro lado, para poder ampliar su base de apoyo y construir una ima-gen fuerte de cara a las instituciones británicas, el Frente Latino jugó con mucho tino con una política identitaria al usar estratégicamente la etiqueta de “latino”. Esta categoría, en líneas generales, se vuelve importante fuera de Latinoamérica para englobar ciertas características etnoculturales que los nacionales de esta región tendrían en común y que los distinguiría de otras poblaciones. En un principio, la categoría “latino” había circulado “espontá-neamente” en el día a día en la arena “social” de Londres, pero no se había usado de una manera crítica. Algunas organizaciones cívicas ya habían usa-do el término para atraer a una población más amplia de usuarios, pero no con motivos explícitamente políticos, al menos de manera tan evidente. Esto

15 Para ello se colocaron dos mesas largas formando una “L”. Frente al público se sentaron los políticos británicos y un moderador del Frente Latino, mientras que en el otro lado había periodistas de la prensa latina observando el evento para luego dar cuenta a la comunidad. También se puso un podium con micrófono junto a los políticos. Se imprimió y distribuyó un programa, y todos los participantes y periodistas llevaban chapas de identificación y tenían sus cartelitos con el logo y nombre de su organización. Además, se filmó y fotografió profesional-mente todo el evento, y se colocó un cartel grande con el letrero “Frente Latino” encima de la mesa principal.


quiere decir que el LF es hasta ahora el intento más importante de hacer que el término “latino” se convierta en una categoría crítica en la arena política británica, explotando la identidad, redes y recursos latinos ya existentes. Al englobar a todas las nacionalidades latinoamericanas (e incluso algunas del sur de Europa)16, la idea ha sido crear el concepto de la existencia de un colectivo grande y políticamente organizado, comparable a los de otras mi-norías étnicas y que, por lo tanto, merece la misma atención por parte de las instituciones británicas. Esta estrategia es un reflejo de la importancia del “multiculturalismo” en el Reino Unido, que promueve la movilización sobre la base de la etnicidad. Sin embargo, la idea de organizarse alrededor del factor étnico no consti-tuye un hecho meramente “instrumental”, derivado de una consideración en frío de los costes y beneficios, sino que también fue el resultado del conven-cimiento “genuino” de que organizarse como latinos es una etapa intermedia necesaria para crear un movimiento confederado más amplio que proteja los

16 Como ocurre de manera similar en el caso de Toronto, Canadá, bajo el término de “hispa-no”, retratado en el capítulo de Landolt et al., en este libro.

Fotografía 1.

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intereses de todos los migrantes. Tal y como Ubaldo explicó: “los latinos de-bemos aprender a organizarnos políticamente y después colaborar con otras comunidades de inmigrantes. Si no estamos unidos entre nosotros, ¿cómo podemos potenciar la unión a nivel más amplio?”. Con este fin el Frente Latino ha sido rápido en aprovechar todas las opor-tunidades posibles de presentarse de una manera activa y visible. Quizás uno de los ejemplos más emblemáticos han sido los esfuerzos que se llevaron a cabo para reforzar los vínculos con la comunidad brasileña tras el caso Menezes (la muerte de un migrante brasileño, Jean Charles de Menezes, a manos de la policía, que lo identificó erróneamente con un terrorista islámi-co). El LF organizó varios eventos relacionados con este caso en su momento (por ejemplo, reuniones con la policía) y ofreció su apoyo y solidaridad a las manifestaciones y otras iniciativas organizadas por la comunidad brasileña. De este modo consiguió aumentar su visibilidad y reforzó sus lazos no sólo con los brasileños, sino también con las instituciones públicas británicas17. A partir de entonces, uno de los miembros del LF ha llegado a formar parte de varios comités creados por la policía y otras instituciones, como represen-tante de la “comunidad” latinoamericana. Pero la política identitaria del Frente Latino se extiende no sólo horizontal-mente, atravesando líneas étnicas o nacionales, sino también verticalmente, atravesando clases sociales y buscando atraer a latinos de toda clase y expe-riencia. Sin identificarse muy bien con la división derecha-izquierda y de una manera un poco populista y ambigua, el LF ha hecho de la transversalidad política y el ecumenismo su propia bandera política. De hecho, el liderazgo del LF parece considerar las divisiones entre derecha e izquierda como poco útiles en su intento de crear una voz comunitaria latina fuerte en Gran Bre-taña. Este carácter transversal del LF representa para muchos algo bueno, ya que los latinos (de todo tipo de afiliación política) comparten dificultades similares en el país de acogida18. Tal y como una de las fundadoras dijo en una de sus reuniones: “todos los esfuerzos de las organizaciones latinoamericanas deben unirse en un solo bloque, amplio y fuerte”. Otros latinos que no participan activamente en el LF también parecen compartir esta opinión. En palabras de Juana, “muchos

17 Una vez más, esta iniciativa no fue meramente estratégica o instrumental, sino también reflejo de la ansiedad que se extendió entre los latinos en general (muchos de los cuales están en situación irregular), al pensar que a partir de ahora se les sometería a controles antiterroris-tas debido al color de su piel (que a los ojos de la policía podía ser similar al estereotipo de los terroristas islámicos). 18 A pesar de lo anterior, durante mis investigaciones encontré cierto recelo por parte de algunos simpatizantes del Frente Latino que pensaban que la organización estaba asumiendo una “imagen más izquierdista”. En su opinión, si esto fuera verdad, no sólo los alejaría a ellos, sino que atraería la hostilidad de otros sectores de la “comunidad” Latina.


latinos tenemos un interés común en que una sola voz nos represente ..., por ejemplo, muchos trabajan y pagan sus impuestos y les gustaría regularizarse o que hubiera una amnistía”.

Críticas y éxitos

A pesar de la popularidad que obtuvieron durante el primer año de actividad y el apoyo que recibieron de parte importante de los medios de comunicación latinos, no todos los miembros de la “comunidad” creían en la idea de unirse bajo la organización y el liderazgo del Frente Latino. De hecho, la mayoría de las organizaciones latinas cívicas y políticas existentes no aceptaron la invita-ción de unirse al LF. Hay varias razones para esto. Por una parte, surgieron dudas acerca de la naturaleza política, más bien ambigua, del LF y sobre la agenda y afiliación política personal de algunos de sus líderes, en referencia también al país de origen. Muchos latinoamericanos de izquierda rechazaban la idea de una organización transversal y no clasista organizada en torno a la etnicidad, prefiriendo otras alternativas (ver abajo). Otros criticaban que entre el liderazgo del LF hubiera mucho “politiqueo” (en referencia tanto al país de acogida como al de origen), que tenía que ver con el “intercambio de votos” principalmente. Por otra parte, para algunos miembros del Frente Latino, la falta de apoyo de las organizaciones latinas se debió a “los celos”, la competencia y el miedo de éstas a perder la visibilidad, estatus y beneficios adquiridos creándose un nicho. Además, criticaron que estas organizaciones comunitarias usaran un modelo de participación obsoleto, orientado especialmente hacia la provi-sión de servicios y asistencia en asuntos de inmigración, vivienda y acceso a servicios sociales, sin resolver preocupaciones nuevas que están surgiendo relacionadas con la integración a más largo plazo (por ejemplo, problemas de educación, marginalización o el derecho al voto). A pesar de estas críticas, y aún sin lograr sus objetivos, el Frente Latino ha conseguido visibilizar a la población migrante latinoamericana ante los políticos y las administraciones locales y nacionales británicas. El LF tam-bién ha ayudado a crear la impresión de una cierta capacidad y recursos organizativos dentro de la comunidad, incluso cuando estos no son todavía suficientes para los interlocutores locales, tal y como expresara un concejal laborista de Lambeth:

Pregunta: ¿Qué piensa usted de los eventos que organizó el LF el año pasado en el centro comercial?

Respuesta: Bueno, lo primero que me impresionó fue el aforo, estuvo muy bien que tanta gente fuera ... Pero en cuanto al funcionamiento, no era la manera más apropiada de agrupar a la gente ... aún así daba la impresión de que es una co-munidad lo bastante amplia como para que se les tenga en cuenta a nivel político,

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pero para conseguir esto hay que intentar reunir a una buena cantidad de gente, para poder decirle a los políticos “aquí estamos”, “¿tienen algo que decirnos?”, “¿quieren escuchar lo que tenemos que decir nosotros?” [...] Así que para empezar fue un buen punto de partida, pero no se ha profundizado en estos asuntos de una manera práctica, ni se ha puesto en marcha la organización necesaria para seguir adelante. No se ha conseguido llevar este proceso más allá. [...].

Finalmente, tras las iniciativas que el LF llevó a cabo en 2005 algunos de sus líderes han pasado a formar parte de comités públicos generales como el Refugee and Asylum Seekers Listening Group (Grupo de Apoyo a Refugiados y Demandantes de Asilo), que incluye a la Policía Metropolitana de Londres. Aunque esto se podría considerar como cooptación, al menos sugiere cierto grado de reconocimiento por parte de las instituciones británicas, y estos comités representan un foro institucional donde dar voz a las preocupaciones y demandas de la comunidad. Por último, el Frente Latino, a través por ejemplo de los mítines públicos que organizaron, también ha servido para aumentar el sentido de poder entre los migrantes latinoamericanos y su autoestima. Esto ha ayudado a que los miembros de esta comunidad tengan un mejor conocimiento de los recursos y habilidades necesarias para convertirse en una fuerza colectiva capaz de ejercer influencia en asuntos relacionados con su integración en el Reino Unido.

LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES LATINOAMERICANOS

La Asociación de Trabajadores Latinoamericanos (LAWA, por sus siglas en inglés) fue fundada por tres sindicalistas colombianos y uno chileno, todos hombres, como parte del sindicato británico Transport and General Workers Union (T&G) en el segundo semestre de 2004, después de existir unos meses de manera más informal19. La creación de LAWA se tomó como un paso ne-cesario para proteger y apoyar más eficientemente al gran número de traba-jadores latinoamericanos que sufren explotación y abusos de varios tipos en su trabajo. Hasta que se creó LAWA, el trabajo era un aspecto crucial de la vida de los migrantes que “no cubrían” las organizaciones latinas existentes. Tal y como explica uno de los fundadores:

La Asociación es el producto de una necesidad que ha surgido progresivamente, después de que muchos latinos han solucionado sus problemas de inmigración,

19 Antes de organizarse a través del T&G, LAWA funcionaba informalmente desde cafeterías, restaurantes de comida rápida o casas privadas.


vivienda y beneficios. ... Además de tratar la explotación que los trabajadores lati-nos sufren en Gran Bretaña, LAWA lucha para ayudar a los trabajadores latinos a salir de la invisibilidad en que se encuentran, pero con dignidad, no pidiendo sino exigiendo. Nosotros compartimos con otras organizaciones de trabajadores – como los portugueses, turcos y africanos – las mismas necesidades de clase.

LAWA empezó a raíz de la necesidad de Marcelo y Arturo de luchar contra los muchos abusos que sufrían los latinoamericanos en su puesto de trabajo. Junto a Fernando y Pedro buscaron el apoyo del movimiento sindicalista bri-tánico para poder hacerlo de manera más efectiva. Esta necesidad de proteger a los trabajadores latinos fue crucial para la creación de LAWA, como contó Irene, otra de sus activistas:

La gente se moviliza porque tiene necesidades, si no, no lo haría. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores inmigrantes aquí [en el Reino Unido], se organizan porque tienen una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La explotación que sufren por parte de las compañías de limpieza y a manos de los mismos colombianos o latinoamericanos [supervisores y managers] que explotan a otros latinoamerica-nos [limpiadores]. Existe una necesidad, y no es porque falten las estructuras, las estructuras están ahí, pero la gente no sabe, porque ésta es una comunidad de inmigrantes reciente y siempre hay gente nueva, y ninguno de estos tipos [mana-gers] les va a decir “tú tienes derecho a esto y a lo otro”, al contrario, les dicen que no tienen derecho a nada. Así que esta misma necesidad es la que lleva a que la gente se organice: “me están quitando mi salario, me pagan de menos, me echan sin justificación, están violando mis derechos”; por esto es por lo que la gente se organiza. Si la gente tuviera de todo, no se organizaría.

Otra integrante de la organización, Inés, nos contó el tipo de problemas laborales que los latinoamericanos sufren en el Reino Unido y las actividades que lleva a cabo LAWA:

Acoso sexual, abuso psicológico,... abusos que tienen que ver con el horario de trabajo, abusos verbales y todo tipo de discriminación. Esencialmente, todo esto pasa porque no sabemos las leyes [británicas] ... y la gente [la patronal y los je-fes] se aprovechan de esto y abusan el poder que tienen ... Yo misma sufrí esto, y una vez que lo superé seguí trabajando con ellos [LAWA] de voluntaria. Yo sufrí abusos verbales y psicológicos de parte de mis jefes. ... Sucedió en una tienda de ropa para la que trabajaba. Un día alguien robó ropa interior que se vendía a una libra la prenda y mi manager montó una escena terrible. Nos llamó a todos al almacén y nos amenazó conque nadie se iría hasta que le mostráramos nuestra ropa interior. Yo me opuse, diciendo que me parecía injusto y que era como si me estuviese culpando a mí, y que yo tenía mi dignidad y que no tenía ninguna manera de probar que yo había robado la ropa interior. ... Muchas de las chicas que había allí le mostraron la suya, pero yo me negué y desde entonces empezó a

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perseguirme todo el tiempo. Se aprovechó de mí porque era colombiana, y por la espalda se refería a mí con expresiones como “la rata” y cosas así. Yo me aguanté por algún tiempo porque no tenía ni idea de que la ley me protegía, independien-temente de que yo fuera estudiante y estuviera trabajando más de las 20 horas que se me permitían. Pero entonces supe de LAWA y busqué su consejo y apoyo. Lo pasé muy mal, la manager nos tenía trabajando sin descansos ni nada. Traba-jábamos seis o siete horas continuas, sin descanso, sin tomarnos ni siquiera un té, y si alguien decía que tenía que ir al servicio hacía comentarios como “¿qué te pasa, tienes problemas de orina?” y cosas parecidas. El maltrato al que nos so-metía era horroroso. ... Estaba renovando mi visa de estudiante y había mandado mi pasaporte al Home Office [Ministerio del Interior], y éste puede tardar uno, dos o tres meses en contestarte, pero eso no me quitaba mis derechos ... A pesar de ello, en frente de todos me dijo que yo era ilegal y que por eso debería irme de la tienda, y gritó esto delante de los clientes y todo. ... Al final gané el caso [en los juzgados] pero no me fui inmediatamente de ese trabajo, sino que continué unos meses más ... ella empezó a abusar de los trabajadores coreanos y chinos que había ... cuando me di cuenta de que estaba empezando a hacer lo mismo con otros me dije “No, no me puedo ir hasta que esté segura de que esto no va a pasar de nuevo”, así que empecé otra vez a escribir cartas, hubo reuniones y al final la compañía se libró de ella.

Inés, por otra parte, explicó que su necesidad de movilizarse a través de LAWA tenía relación no sólo con sus condiciones de trabajo, sino también con su identidad, formación y valores políticos y cívicos:

Sí, fue como una manera de protegerme a mí misma, porque afiliarme no sólo me servía para este caso, sino que me protegía de problemas futuros. Nos sirve de protección como trabajadores, como individuos y como seres humanos. ... Yo también siempre había querido colaborar con mi comunidad ... no es posible que esta explotación esté sucediendo en un país desarrollado y que la gente lo ignore. ... Así que me dije, “mi comunidad lo necesita, hay pocos voluntarios y además a mi me apasiona este tipo de trabajo”... Cuando llegué aquí, más o menos a los tres meses empecé de voluntaria con una iniciativa ... Me quedé con ellos como dos años ... También trabajé con mi iglesia, haciendo trabajo social, hasta que me surgió la oportunidad de trabajar con el sindicato [LAWA] ... Yo siempre he tenido la necesidad de ayudar políticamente a la gente, desde que estaba en el instituto. ... Mi madre siempre me decía que yo era “el abogado de los pobres”, que siempre estaba defendiendo ésta o aquella causa.

Aunque en principio los trabajadores latinos podrían conseguir apoyo de los sindicatos británicos, este apoyo no es en la práctica accesible por pro-blemas de comunicación o confianza, y por la falta de relaciones o vínculos entre el T&G y el colectivo latino, en parte debido a los pocos esfuerzos por parte de los sindicatos en atraer a los trabajadores migrantes.


Por otra parte, una preocupación importante de los fundadores de LAWA ha sido el tema de la autonomía. Los fundadores de LAWA siempre habían pensado en formar una organización política, más que cívica o comunitaria de tipo “benéfico”. Se ha querido evitar el depender de fondos públicos, tal y como otras organizaciones normalmente hacen, porque esto lleva a la de-pendencia económica del Estado (una institución que ellos no ven como pro-motora de los intereses de los trabajadores, y en especial de los trabajadores migrantes) y a restricciones políticas (al recibir fondos públicos y el estatus de “organización benéfica”). Al final, la idea de los cuatro fundadores sobre la necesidad de formar una organización como LAWA fue correcta, puesto que la organización ha crecido rápidamente desde un principio (y con ello las afiliaciones de latinos al T&G), de tal manera que tras unos meses de existencia LAWA empieza a tener problemas para atender todas las demandas que reciben. En cuanto a la experiencia, socialización política y otros detalles de los fundadores, todos tienen experiencia de sindicalismo en su país de origen, lo que está relacionado con los motivos por los que emigraron. Otros miembros del comité ejecutivo también tienen experiencia de activismo en su país de origen, aunque no necesariamente en sindicatos. No obstante, se comenzó a atraer a gente joven hacia LAWA con una experiencia política más limitada (en parte debido a su edad), como en el caso de Inés. Antes de fundar LAWA o de afiliarse, todos sus miembros han partici-pado anteriormente en una o más organizaciones latinas cívicas. Algunos han estado activos desde su llegada al Reino Unido, mientras que otros han tardado un poco en incorporarse, debido en parte al medio social al que lle-garon (principalmente parientes y conocidos) y, en parte, por su situación psicológica. Muchos de ellos habían dejado a sus familiares y amigos más cercanos atrás para llegar a un país del que no hablaban ni su idioma y en el que sus cualificaciones no eran reconocidas. En el caso de Fernando, antes de organizar LAWA trabajó limpiando (a pesar de su título de bachillerato) y también se vinculó a varias ONGs latinas, pero esto no le satisfizo del todo. Aún reconociendo la importancia del trabajo cívico y comunitario, contó que lo que de verdad le llena es el trabajo sociopolítico del sindicato, y eso es de verdad para lo que él sirve, aparte del hecho de que los latinos en Londres están bastante necesitados de protección en este sector. Los organizadores no se conocían en América Latina, ha sido su parti-cipación en el movimiento cívico y político latino lo que les ha puesto en contacto y, a su vez, ellos ahora – por medio de la creación de LAWA – están fortaleciendo y completando este sector. Estos vínculos simbióticos con el sector latino asociativo se mantienen por medio de la participación de los miembros de LAWA en otras organizaciones latinas, lo cual a su vez contri-buye al crecimiento de LAWA, al mandarles éstas a personas con problemas de trabajo.

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La política de LAWA

El campo de acción de LAWA puede describirse como “sociopolítico”. LAWA no está interesada en la política partidista o en hacer lobby a políticos ni a las administraciones, ya sea a nivel nacional o local (como hace el Frente Latino). Sus iniciativas principales se engloban en la esfera socioeconómica, en temas como la protección de los trabajadores, o a un nivel más general, la justicia material. Además de ofrecer protección a los trabajadores latinoamericanos en el Reino Unido, LAWA ha establecido conexiones con las iniciativas de los Foros Sociales y el Global Justice Movement (Movimiento por la Justicia Global). En el año 2004, por ejemplo, la organización participó en el Foro Social Europeo que se celebró en Londres. También ha establecido vínculos internacionales o transnacionales con sindicatos de Latinoamérica. En cuanto a la “política identitaria” de LAWA, ésta sería una mezcla par-ticular de clase social y etnicidad, al fomentar un mayor reconocimiento etnocultural de los latinoamericanos dentro del esquema de clases del sindi-calismo. En general, para LAWA es importante formar parte de un sindicato británico grande y bien organizado, pero a la vez reconoce ciertas cualidades etnoculturales específicas que necesitan de un tratamiento “a medida”. Por eso surgió la idea de organizarse como latinos dentro del T&G. Sin embargo, tal y como Fernando dijo, “el objetivo y la esencia de nuestra lucha y lo que nos une con otros grupos de inmigrantes, es una cuestión de clase”. El dis-curso de los miembros de LAWA con respecto a los trabajadores migrantes irregulares ayuda aún más a formarnos una idea de su visión política. En palabras de Irene, “el trabajo es un derecho de todos los seres humanos, que seamos ilegales o no, no es algo que nos diferencie ... y por esto tenemos que luchar por los inmigrantes ilegales también”. Además de la atención personalizada que LAWA ofrece en sus oficinas, la organización realiza talleres sobre derechos laborales para sus miembros. También ha participado en varias iniciativas en favor de la mejora de las con-diciones para los trabajadores, por ejemplo, apoyando la huelga y protestas de los trabajadores que se ocupan de la limpieza en el edificio de la Cámara de los Comunes en Londres.

LOS TRABAJADORES LATINOAMERICANOS Y EL T&G: LA CAMPAÑA JUSTICE FOR CLEANERS

Es importante señalar que los latinoamericanos están participando cada vez más activamente en el campo sindical, a través del T&G (y no sólo LAWA). Éste es en buena medida el resultado de los importantes esfuerzos que re-cientemente se han dado para organizar a los migrantes que trabajan en el sector de limpiezas – por ejemplo con la campaña Justice for Cleaners (Jus-ticia para los Limpiadores). Sin estar organizado en relación con la etnicidad


(como el Frente Latino), el movimiento sindical se está convirtiendo en un campo de participación latina creciente. Esto no sólo es importante en sí mismo, sino que también es crucial reconocerlo, si queremos evitar el “etni-cismo” (Brah, 1996) o el “culturalismo” (Vertovec, 1996) limitador de cierto tipo de literatura sobre migrantes y minorías que los considera únicamente como sujetos etnoculturales, ignorando otro tipo de identidades, relaciones y participación política. En cuanto al campo político que ocupa, movilizaciones como la de Justice for Cleaners es típicamente una iniciativa que gira en torno a la clase social, donde el componente socioeconómico predomina y el etnocultural es complementario, aunque igualmente importante, por la siguiente razón. A pesar de que esta iniciativa ha estado dirigida a los trabajadores en general, independientemente de sus características etnoculturales, se da el hecho de que en el sector de limpiezas suelen ser todos migrantes (con una participación importante de latinoamericanos). De ahí que en la campaña se utilice a orga-nizadores de origen migrante. Aparte del Justice for Cleaners, recientemente el T&G ha empezado a reforzar sus posiciones “promigrante”, por ejemplo, con una campaña para la regularización de los “sin papeles”, reconociendo

Fotografía 2.

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que su condición los hace más vulnerables a la explotación y el abuso, y los condena a la exclusión y la marginalidad. Para LAWA, la actitud que prevalece dentro del T&G hacia los inmigrantes sin papeles es de inclusión; se les ve como trabajadores, independientemente del estatus legal que el Estado les quiera otorgar. El T&G, a través de su campaña Justice for Cleaners, ha adoptado una estrategia o modelo de organización particular. Según se me explicó, éste consiste en lo siguiente: acercarse a los migrantes que trabajan en el sector de limpiezas y ayudarles a crear una especie de avanzadilla sindical en el sitio de trabajo. A partir de ahí, los trabajadores negocian ellos mismos de manera colectiva con la compañía que les contrata, sin tener que acudir a sindicalistas de la oficina central para que actúen de mediadores o les asis-tan de alguna otra manera (excepto en circunstancias excepcionales). Esta estrategia, que consiste en organizar a los trabajadores, se diferencia de la actividad principal de LAWA, que es ayudar a los migrantes de manera indi-vidual cuando acuden a sus oficinas.

Críticas y éxitos

Aunque en líneas generales el T&G y LAWA trabajan en colaboración y man-tienen una actitud más o menos parecida con respecto a los trabajadores mi-grantes, como en cualquier otra organización grande también hay diferencias y fricciones. Analizar esto en detalle no es pertinente a este artículo, pero sí se puede diferenciar entre la estrategia “organizativa” y la de “provisión de servicios” que tienen una y otra organización. Por ejemplo, la campaña Justice for Cleaners ha recibido varias críticas, en parte por atacar principalmente a las grandes corporaciones, ignorando a los trabajadores de la limpieza de compañías más pequeñas que pueden necesitar atención individualizada. Aún así, este modelo organizativo también ha cosechado éxitos, al darle nuevo vigor al movimiento sindical en muchos países desarrollados. Finalmente, existen diferencias entre los dos modelos, en cuanto a su burocratización, moderación y dirigismo. Con respecto a los logros obtenidos por LAWA y el T&G, en primer lugar cabría mencionar el número importante de afiliados latinoamericanos que han conseguido (unos mil). Este proceso se ha dado en un lapso de tiempo relati-vamente corto y salvando ciertos temores y prejuicios, tales como el miedo a ser deportado (algo que es muy común entre los migrantes sin papeles) o la identificación que hacen algunos colombianos entre sindicalistas y guerrilleros (que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia). El segundo logro consistiría en haber hecho efectiva la protección de los trabajadores latinos, tanto por parte de LAWA como del T&G. En tercer lugar, ambas organizaciones han ganado en visibilidad y popularidad dentro del colectivo latinoamericano, e incluso han conseguido concienciar a los empresarios de que si abusan de los trabajadores migrantes tarde o temprano tendrán que enfrentarse con


los sindicatos. Finalmente, todas estas actividades han reforzado los niveles de integración del colectivo de migrantes latinoamericanos con la sociedad británica, especialmente en la esfera sociopolítica.

CONCLUSIONES

Este artículo ha tratado de ver a los migrantes no como objetos pasivos de políticas, sino como actores políticos, analizando la acción colectiva de los latinoamericanos en Londres como caso de estudio. Lo que muestra es que los latinos han participado políticamente desde que los primeros empeza-ron a llegar en los años setenta, cuando aún eran pocos. Con el tiempo, su movilización política ha crecido y se ha diversificado progresivamente, tanto en referencia al país de origen, a nivel transnacional, como a la sociedad de acogida (ya sea en una política de corto plazo, preocupada con la llegada y el asentamiento, o de largo plazo, buscando la integración). Aquí nos hemos refe-rido más específicamente a esto último y hemos analizado dos de los ejemplos más importantes y recientes de acción política colectiva: el Frente Latino y la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos. Esto ha permitido demostrar que los latinoamericanos en Londres no sólo son políticamente activos20, sino que cada vez están más involucrados en la lucha contra la marginalización a la que están expuestos. También permite ver un poco las razones por las cuales los latinoamericanos se movilizan en el Reino Unido y cómo lo hacen. En general, su movilización es un reflejo de las condiciones de invisibilidad y explotación que experimentan. Por medio de acciones colectivas fuera del sistema político formal, este grupo lucha por obtener reconocimiento (como minoría etnocultural y como residentes) y justicia material (unas condiciones de trabajo y formas de vida dignas)21. En el nivel teórico, el material etnográfico usado aquí confirma la impor-tancia de la estructura de oportunidades políticas en el país de acogida, al explicar de una manera más concreta cómo esta estructura ha contribuido a configurar la acción colectiva de los latinos. Por ejemplo en este caso, el contexto multicultural británico, organizado alrededor de comunidades ét-nicas más antiguas, ha contribuido a que los migrantes latinoamericanos de diferentes nacionalidades se movilicen alrededor de una identidad étnica común en el Frente Latino. Asimismo, la presencia de sindicatos como el

20 Como Martiniello (2005) observó, la “presencia de sindicatos” y la “creación de actores colectivos” son indicadores de participación política. 21 Resulta interesante ver cómo en el debate público y político actual entre los “multicultu-ralistas”, que defienden el modelo actual británico de integración, y los “neoasimilacionistas”, la cuestión de la justicia material no se trata.

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T&G ha ayudado a que otros migrantes latinos se movilicen alrededor de la categoría de clase social, formando la Asociación de Trabajadores Latinoa-mericanos como parte integral del movimiento sindical. Con todo, se han mostrado las limitaciones de la teoría de las POS, por ejemplo, a efectos de diversidad y cambio. Aunque esta teoría tiene en cuenta variaciones entre comunidades en la movilización de un grupo étnico espe-cífico, de acuerdo a diferencias en el contexto institucional (ver, por ejemplo, Ireland, 1994), no explica los cambios que se pueden dar dentro de un mismo grupo en un mismo contexto institucional estable, como por ejemplo en el caso de los latinos en Londres. Si acaso, al tratar a los grupos étnicos como entes homogéneos, la teoría de las POS muestra cierta tendencia “etnicista”. Otro problema reside en la estrecha y rígida gama de formas que las POS habitualmente asumen. De momento, éstas quedan limitadas al aparato institucional y político de la sociedad de acogida, pero el material expuesto en este artículo sugiere la importancia de ampliar y flexibilizar lo que se en-tiende por POS, a fin de incluir tanto las organizaciones de migrantes como sus acciones colectivas, así como las actitudes culturales más generales que existen en el contexto de llegada con respecto a las diferencias entre colecti-vos. Por ejemplo, después de organizarse en parte gracias a la oportunidad ofrecida por el T&G, LAWA pasó a representar en sí misma una oportunidad para la movilización de muchos migrantes latinos. Igualmente, la estrategia del Frente Latino de movilizarse como minoría étnica sobre la base de la identidad latina es el resultado no solamente de instituciones y políticas es-pecíficas, sino también de la “cultura multicultural” que caracteriza al Reino Unido y la cual, a pesar de la nueva ola neoasimilacionista, todavía fomenta la idea de una identificación y movilización étnica. Además de no conceptualizar la estructura de oportunidades políticas transnacionalmente (Østergaard-Nielsen 2003a, y en este libro)22, la teoría de las POS actual, estrecha e institucionalista, revela un problema a la hora de teorizar, ya que toma a las instituciones y los gobiernos como referentes clave y olvida a las personas (en este caso los migrantes). Esta tendencia nos obliga a (re)pensar realmente a quién y a qué nos debemos a la hora de teo-rizar, y cómo nosotros, como investigadores, nos posicionamos con relación a los procesos de gobierno. Este material etnográfico también sugiere la presencia de otras influencias que nos llevan a pensar que las razones que explican la acción colectiva son más complejas que lo que ofrece la teoría de las POS. Una es la importancia de la socialización, historia, experiencia y valores políticos de los migrantes.

22 La dimensión transnacional de las POS ha quedado ilustrada, aunque brevemente, en este artículo cuando describíamos cómo una de las líderes del Frente Latino participaba políticamente atravesando las fronteras de una manera sinérgica.


Por ejemplo, una persona que ha estado activa en el movimiento sindical y cuya visión del mundo gira en torno a la lucha de clases (como Fernando), es probable que refleje esto en el tipo de movilización que ejerce en su nuevo país. Al mismo tiempo, alguien con una trayectoria política más liberal, ten-drá cierta inclinación a reflejar esto en su movilización en el país de llegada. Igualmente, aquellos que estén acostumbrados a tomar una posición crítica o antagonista, tenderán a movilizarse de manera diferente que aquellos que asumen una posición más gubernamental o hegemónica. Otro factor importante son las condiciones de vida en los contextos de recepción. Para muchos migrantes latinos en Londres, estas condiciones in-cluyen la explotación, la marginación y la exclusión. Cuando les preguntaba a mis informantes qué es lo que les hizo movilizarse, todos mencionaron los problemas y dificultades que el colectivo latinoamericano sufre en general. En este sentido, para ellos, a la hora de movilizarse han sido más importan-tes las limitaciones estructurales que las oportunidades. De hecho, parece que su determinación por cambiar esta situación fue tanta que les hizo ir en contra de la corriente y resistir (la presión institucional) para organizarse como “organización benéfica” financiada por el Estado. Un último factor que este estudio etnográfico sugiere se relaciona con las redes y el capital social de los migrantes. Por medio de estas redes, circuitos y capital social que han surgido dentro del colectivo latino y la “comunidad” más amplia con la que tienen contacto, se encuentran y discuten sus ideas; gracias a estas redes empezaron a participar y hallaron las oportunidades para movilizarse. Todos estos factores que, junto (y en conjunción) con la estructura de oportunidades políticas, dan forma a las movilizaciones de los migrantes constituyen una lista sólo tentativa, en progreso y abierta a cambios y nuevos desarrollos. No pretende incluir una tipología definitiva de todos los factores tras la movilización de los migrantes, sino sólo una indicación de las influen-cias que explican su participación política. Por supuesto, esta lista no busca descartar las estructuras de oportunidades políticas como irrelevantes, sino sugerir una nueva conceptualización más completa, flexible e interactiva, que considere a los migrantes como actores, para evitar el determinismo institucional mono-causal. Nuevas investigaciones sobre este tema deberían explorar más la gama de factores que afectan la acción colectiva de migrantes y cómo interactúan entre sí. Dado que los antropólogos siempre han tenido un cuidado especial por los detalles, las dinámicas a nivel micro y la perspectiva demótica, están en una buena posición para contribuir de manera significativa al desarrollo interdisciplinario de las investigaciones sobre la acción colectiva y, de esta manera, acabar con la posición marginal que han tenido respecto a este tema tan importante.

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CAPÍTULO 7CHILENOS EN SUIZA: DE UNA COMUNIDAD POLÍTICA

A UNA COMUNIDAD DE RESIDENTES

Claudio BolzmanHaute École Spécialisée de Suisse occidentale

INTRODUCCIÓN

Diversos autores perciben la incorporación1 de los refugiados y de los inmi-grantes a una nueva sociedad principalmente como una cuestión de tiempo (Stein, 1981; Vásquez y Araújo, 1987): cuanto más dura su permanencia en

1 El término incorporación es empleado por autores como Portes y Rumbaut (1990), para distinguir diferentes maneras que tienen los grupos de inmigrantes de participar en la estructura socioeconómica de las sociedades de residencia. Los autores prefieren utilizar este término en lugar del de integración, que tiende a confundir los aspectos descriptivos y normativos en el análisis de la realidad social. De hecho, la integración supone que en algún momento se debe producir una convergencia entre las condiciones socioeconómicas de los grupos de inmigrantes y las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población que ya residía en las socieda-des receptoras. Según Portes y Rumbaut, esta última perspectiva ignora la segmentación del mercado de trabajo y la estratificación social de las sociedades receptoras. En cambio, la noción de incorporación no presupone un desenlace preestablecido a los modos de participación de los inmigrantes. Sin embargo, la incorporación supone que la sociedad de residencia pasa a ser la referencia principal en la vida de los inmigrantes, en detrimento de la sociedad de origen.

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esta sociedad, más numerosos serían los refugiados e inmigrantes que defini-rían su estancia como permanente. En la perspectiva clásica de la inmigración los científicos van incluso mucho más allá: conciben la adaptación no sólo como un proceso lineal, sino también como un proceso inevitable y deseable, que debe llevar a la desaparición de los inmigrantes como comunidad étnica y a su asimilación2 a la nueva sociedad (Eisenstadt, 1954; Hoffmann-Nowotny, 1985). Estos científicos observan que si la reagrupación en comunidades étnicas es una fase necesaria en la vida inmigrante, es sin embargo, una fase transitoria en el camino hacia la asimilación. Por ejemplo, en su estudio sobre los refugiados vietnamitas que llegaron durante los años setenta a los Estados Unidos, Montero observa que estos tienden a formar enclaves étnicos en las grandes ciudades norteamericanas, siguiendo el modelo de los grupos de inmigrantes chinos y japoneses que llegaron a ese país a principios del siglo XX. Sin embargo, argumenta que estos enclaves étnicos serán de corta duración y que los vietnamitas alcanzarán una nueva fase de adaptación socioeconómica y de “asimilación final a la sociedad americana en general” (Montero, 1979: 644). La asimilación es vista desde esta perspectiva como un proceso inevitable y necesario. Por el contrario, se ha criticado mucho últimamente el concepto de “asi-milación” como tal y se han demostrado sus límites. Las transformaciones que han ocurrido en Norteamérica durante los últimos veinte años, tales como la reducción de puestos de trabajo medianamente cualificados y la emergencia de un desempleo duradero, muestran que el contexto económico que había favorecido la asimilación de diversas olas de inmigrantes ya no es probablemente tan eficiente como en el pasado (Gans, 1992; Portes y Zhou, 1993). Portes y Zhou (1993) introducen el concepto de asimilación segmen-tada para analizar las formas más diversas y variables de incorporación de los inmigrantes a la sociedad de residencia Siguiendo el razonamiento de estos autores, en este articulo planteamos que la incorporación a una nueva sociedad no es necesariamente un proceso lineal dependiente exclusivamente del tiempo de residencia. También sos-tenemos que la asimilación no es necesariamente el resultado final de este proceso. En nuestra opinión, los enfoques lineales y asimilacionistas descui-dan el contexto macrosocial3 y, en menor medida, la estratificación social,

2 Las definiciones de la asimilación pueden ser muy variadas, sin embargo, todas coinciden en que se trata de un proceso que lleva gradualmente a la desaparición de las características culturales específicas que distinguen a los inmigrantes de los que ya se encontraban en la so-ciedad de residencia. La asimilación puede ser el resultado de una adaptación unilateral de los inmigrantes a la nueva cultura o de la interpenetración entre ambas culturas (Gordon, 1964). 3 Descuidan incluso el estudio de las causas de la emigración, que en el caso del exilio, por ejemplo, son muy importantes para comprender los modos de incorporación ulteriores de los inmigrantes a las sociedades de residencia (Bolzman, 1993).

CAPÍTULO 7. CHILENOS EN SUIZA: DE UNA COMUNIDAD POLÍTICA... 185

que son variables importantes que influencian el proceso de incorporación de los inmigrantes a una nueva sociedad. Si compartimos con estos enfoques el hecho de concebir la incorporación como un proceso dinámico donde es posible distinguir ciertas fases impor-tantes, discrepamos con ellos en cuanto a que sería posible definir estas fases sin considerar los factores contextuales. El estudio empírico de los refugiados chilenos en Suiza muestra la importancia de estos factores en la definición de las diversas fases del exilio. Por otra parte, contrariamente a los enfoques asimilacionistas, pensamos que la incorporación no es necesariamente una cuestión relevante para los exiliados que llegan a una nueva sociedad. La atención que le prestan a este tema depende, de hecho, de la percepción de su situación tanto con respecto a la sociedad de origen como con respecto a la sociedad de acogida. A través del ejemplo del exilio chileno examinaremos en qué fase la cuestión de su participación en la vida social de la sociedad de residencia se convierte en central para ellos como comunidad. Este punto nos parece particularmente importante, porque muchos debates actuales sobre la participación social de los inmigrantes en las sociedades de residencia olvidan a menudo el punto de vista de los inmigrantes sobre esta materia. De hecho, planteamos que, con más intensidad que en el caso de los in-migrantes económicos, las formas de incorporación de los refugiados al país de acogida, y de organización de sus comunidades, están influidas por acon-tecimientos políticos en el país de origen. Los exiliados son particularmente sensibles a los acontecimientos que suceden en su país y buscan generalmente influir, con los medios de que disponen, en el cambio de la situación. Las diversas etapas del exilio chileno que presentamos en este artículo se basan en un estudio longitudinal que fue realizado entre 1983 y 1988 en Suiza, combinando entrevistas en profundidad con 179 exiliados chilenos, entrevistas semi-dirigidas con los dirigentes de la comunidad, análisis do-cumental y observación participante en la vida de la comunidad (Bolzman, 1996). Después de la democratización de la sociedad chilena, que intervino en 1990, hemos continuado observando regularmente las nuevas tendencias en la vida de la comunidad (Bolzman, 2002).

EL MARCO CONCEPTUAL

Definimos el exilio como una migración forzada, es decir, como la obligación de salir del país para escapar de una situación de violencia política y buscar asilo en otro Estado durante un período cuya duración no puede ser predi-cha (cf. Bolzman, 1994; 1996). El exilio es una situación dinámica donde es posible distinguir diferentes fases. Cada fase se caracteriza por la existencia de un acontecimiento central a nivel macrosocial, que ejerce una influencia sobre los recursos de los actores y

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sobre su percepción de la situación. Cada fase se caracteriza entonces por una manera específica de vivir el exilio a escala individual, por formas específicas de expresión a nivel comunitario y por modos específicos de relacionarse tanto con la sociedad de origen como con la sociedad de acogida. Es necesario precisar estos conceptos principales que utilizamos para definir cada fase del exilio. Un acontecimiento es un suceso que ocurre en el nivel macrosocial, por lo general independientemente de la voluntad de los actores, y que tiende a modificar su situación social. El acontecimiento puede ocurrir en la sociedad de origen (fin de la situación de violencia política, por ejemplo) o en la sociedad de acogida (crisis económica, xenofobia contra los refugiados, entre otros). Por lo tanto, un acontecimiento puede modificar las formas de incorporación de los exiliados a la sociedad de residencia, así como sus relaciones con la sociedad de origen. En definitiva, un acontecimiento delimita la estructura de oportunidades políticas que orienta, facilita o restringe la movilización de los recursos de la comunidad exiliada (Giugni y Passy, 2003). Los recursos son los “capitales” que poseen los actores y que definen su posición social. Son también medios que pueden ser movilizados para hacer frente a una situación cambiante. Algunos acontecimientos cuestionan el conjunto de los recursos de los actores (por ejemplo, la persecución política), mientras que otros afectan solamente a una parte de estos recursos; otros acontecimientos favorecen en cambio la movilización de parte o del conjunto de los recursos. Los recursos provienen de la historia compartida de los actores como grupo (recursos colectivos) o de los itinerarios específicos de los individuos que son miembros del grupo (recursos personales)4. Aquí nos centraremos en los recursos colectivos, que son principalmente simbólicos (lengua, metas compartidas, valores y representaciones, historia y memoria común) y que contribuyen a moldear la identidad comunitaria; los recursos sociales, como la experiencia de formas de autoorganización, la capacidad de desarrollar contac-tos con otras organizaciones o personalidades y de movilizar la comunidad en torno a ciertos objetivos, constituyen otra dimensión importante; una tercera dimensión está dada por los recursos culturales, o la capacidad de la comu-nidad de proyectar una imagen positiva de sí misma a partir de actividades artísticas (literatura, música, cine, etc.), culinarias, deportivas y demás.

4 Los recursos individuales se relacionan con la noción de capital de Bourdieu (1979) y pue-den ser de diferentes tipos. Distinguimos cinco tipos principales: recursos económicos (medios materiales y financieros), recursos sociales (tamaño e importancia de la red social), recursos culturales (diferentes tipos de saberes adquiridos y su nivel de reconocimiento social), recursos sanitarios (nivel de autonomía para ejercer las actividades de la vida cotidiana) y recursos jurí-dicos (derechos formales y capacidad para hacerlos respetar).


La percepción de la situación se refiere principalmente a la evaluación temporal que los actores hacen de la realidad que están viviendo en el país de acogida: ¿se trata de una situación permanente o transitoria? y si es pro-visoria, ¿es a corto o a largo plazo?. Se trata de un concepto próximo al de “socially expected durations” (duraciones sociales previstas) de Merton (1984). Es importante subrayar que los cambios en la percepción de la situación pueden modificar la orientación de los recursos movilizados: por ejemplo, es posible pasar de una fuerte orientación hacia el país de origen, a una orientación principalmente dirigida hacia al país de residencia y al revés, o mezclar las dos. La interacción entre los acontecimientos en el ámbito sociopolítico, los recursos y la percepción de la situación ejerce una influencia directa sobre la identidad colectiva de los actores. En las situaciones de exilio, las transfor-maciones abruptas del contexto sociohistórico tienen, en efecto, una influencia sobre las identidades de los grupos y de los individuos. La redefinición de la identidad resulta de la interacción entre la comunidad, como estructura con su propia dinámica, y los individuos. Los individuos son generalmente más permeables a las experiencias vividas en el país de acogida, ya que se les solicita cotidianamente que adapten y transformen sus modos de vida anteriores en función de las presiones del nuevo entorno. Los grupos son generalmente más sensibles a la realidad del país de origen, ya que se cons-tituyen con el fin de preservar o recobrar, al menos en parte, la continuidad con las experiencias anteriores al exilio5. En la definición de su identidad, los actores también consideran la manera cómo son categorizados por otros actores en un contexto de relaciones sim-bólicas de poder entre grupos sociales, lo que Bourdieu (1980) define como “luchas de posicionamiento”. Desde esta perspectiva, tanto los exiliados como otros migrantes intentan desarrollar en el nuevo contexto, por lo menos en el ámbito colectivo, formas de redefinición de su identidad que cuestionen las atribuciones estigmatizantes, tanto por parte de las sociedades de origen como de residencia, y que den una imagen positiva de sí mismos. En los lí-mites de un contexto específico y de una percepción definida de la situación, intentan afirmar una identidad que les permita adquirir el “poder de definir según sus propios intereses los principios de definición del mundo social” (Bourdieu, 1980:69). Como veremos, esta meta no es fácil de alcanzar en situaciones como el exilio.

5 Esto no quiere decir que los grupos se desentiendan de lo que sucede en la sociedad de residencia. En ciertos momentos de la historia de la comunidad pueden incluso movilizarse para buscar un mayor reconocimiento del lugar de la comunidad en esta sociedad (Bolzman, 1997).

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EL EXILIO CHILENO EN SUIZA

El exilio chileno puede definirse como una migración política masiva. Los refugiados se vieron obligados a salir de su propio país para escapar de una situación de persecución política y buscar asilo en otro Estado durante un período de duración imprevisible. El exilio chileno comenzó después del gol-pe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno socialista democráticamente elegido del presidente Salvador Allende. El nuevo régimen se mostró particularmente represivo contra los militantes y simpatizantes de los partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones populares. Se estima que, entre 1973 y 1988, cerca de un millón personas (casi el 10% de la población chilena) salieron del país huyendo de la persecución política directa o indi-recta6. Una situación sin precedentes en la historia del país, caracterizada hasta entonces por movimientos de emigración laborales limitados, en parti-cular hacia Argentina. Esta emigración masiva afectó a personas de todas las condiciones sociales y edades. El número de refugiados chilenos en Europa occidental fue de aproximadamente 100.000 (Bolzman, 1993). Otros tantos llegaron hasta Norteamérica y, en especial, Canadá (capítulo de Landolt et al., en este libro). Suiza acogió alrededor de 4.500 exiliados. Los primeros chilenos llegaron a Suiza entre los últimos meses de 1973 y enero de 1974. Eran parte de un contingente de 255 refugiados, seleccionados por un funcionario suizo entre la gente que buscó asilo en diversas embajadas extranjeras en Santiago. Otros 450 chilenos llegaron a Suiza con la ayuda de un movimiento de solidaridad llamado “Acción Plazas Gratuitas” (Action Places Gratuites en francés y Freiplatz Aktion en alemán), creado por grupos suizos humanitarios, religiosos y de izquierda, con el objetivo de promover la acogida de un número mayor de refugiados chilenos en Suiza. De hecho, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, la admisión de un grupo de refugiados no se decidió por medio de un amplio consenso, sino que fue el resultado de la movilización colectiva de diversos actores sociales que ejercieron una importante presión sobre las autoridades políticas. Si la mayor parte de los exiliados chilenos obtuvo el asilo durante los años setenta, la política hacia ellos llegó a ser más restrictiva durante los años ochenta. Mientras que durante los años setenta el 85% de los que presentaron una demanda de asilo obtuvo el estatus de refugiado, tal fue el caso de sólo el 12% en los años ochenta (Bolzman, 1993). Luego de un período de inestabilidad, los exiliados se instalaron princi-palmente en los grandes centros urbanos suizos: Ginebra y Lausanne en la

6 Estimaciones citadas, entre otros, por la Revista Chile-América, Roma, mayo-junio de 1977, p.108, en Bolzman (1993:20).


Suiza francesa, Zurich en la Suiza alemana. Por razones de oportunidades laborales o de formación, muchos de los chilenos que llegaron inicialmente a la Suiza italiana, más próxima desde el punto de vista lingüístico y cultural, se desplazaron ulteriormente hacia los centros urbanos mencionados. Tras la elección de un gobierno democrático en Chile en 1989, cerca del 20% de los residentes chilenos en Suiza regresó a su país de origen. Sin embargo, la gran mayoría de los exiliados permaneció en Suiza ya no como refugiados, estatus al que renunciaron, sino con el nuevo estatuto jurídico de residentes extranjeros permanentes. Con el tiempo, un número creciente de ellos adquirió la nacionalidad suiza. Distinguimos cuatro fases principales de la comunidad exiliada chilena en Suiza, que permiten describir las transformaciones en los modelos comuni-tarios de organización colectiva, de movilización de los recursos y de relación tanto con el país de residencia como con el país de origen: la comunidad po-lítica, entre una comunidad política y una ”antepolítica”7, la diferenciación comunitaria y la formación de una comunidad de residentes.

Primera fase: la construcción de una comunidad política

Durante el primer período, entre 1973 y 1976-77, los exiliados se organizaron como comunidad política. Para ellos el compromiso político era el centro de la vida cotidiana en su país de origen y lo que daba sentido a su existencia. Además, la causa de su exilio fue su oposición al régimen militar y, final-mente, la razón principal de la legitimidad de su presencia en Suiza fue la persecución política en su país. No es pues extraño que los exiliados inten-taran establecer un puente entre el pasado y el presente y que vislumbraran el futuro integrándose activamente en diferentes actividades de solidaridad con su país. Crean, en función de su proximidad ideológica, asociaciones que les permiten conocer a otros exiliados y a ciudadanos suizos, y traba-jar juntos en un entorno desconocido. Esta dimensión se consolida por el hecho de que los exiliados son percibidos, incluso antes de llegar a Suiza, como gente muy comprometida, como militantes activos, rebeldes y víctimas de la dictadura militar. Por su parte, los militantes suizos de los diferentes partidos de izquierda contribuyen en alguna medida a recrear las fronteras ideológicas que ya existían en Chile entre los exiliados. Así, las dos principales organizaciones de solidaridad con Chile que se constituyen en Suiza en esos años son el Comité Salvador Allende y el Comité Chile. El primero reúne a militantes de los partidos comunista y socialista chilenos y suizos, así como

7 El concepto de “comunidad antepolítica” es definido más adelante en este artículo al tratar de la segunda fase del exilio.

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de otros partidos que formaban parte de la coalición de Unidad Popular en Chile. El segundo reune a la izquierda extraparlamentaria chilena (MIR) y suiza (Liga Comunista Revolucionaria, grupos maoístas) y los sectores más radicales de la Unidad Popular8. Esta importancia dada a la ideología en la construcción de las organizacio-nes comunitarias va acompañada por la visión del exilio como una realidad efímera y por la idea que sería posible retornar muy pronto al país de origen. Así, los exiliados viven durante los primeros años con “las maletas listas”. Los problemas experimentados directamente por ellos en Suiza en este período se consideran como relativamente secundarios. Por otra parte, la búsqueda de otras prioridades, tales como la integración laboral en función del nivel de calificación adquirido, aparece a los refugiados como ilegítima. De hecho, los exiliados se sienten culpables de haber salido de su país, porque tienen la impresión que abandonaron la lucha contra la dictadura. Entonces, toda tentativa de integrarse en el nuevo contexto es sentida como ilegítima; el deber de cada uno es trabajar en la solidaridad y prepararse para el retorno. En este contexto, no existe mucho margen entre las identidades colectivas e individuales y la comunidad de exiliados ejerce un fuerte control social sobre sus miembros. Las formas principales de expresión colectiva son en esta etapa los parti-dos políticos y los grupos organizados de solidaridad. Los objetivos de estas organizaciones se orientan exclusivamente hacia el país de origen: apoyar a la oposición al régimen militar y ayudar a las víctimas de la represión. Los diversos grupos desarrollan actividades de información sobre la situación política y la violación de los derechos humanos en Chile, organizan campañas para obtener la libertad para los presos políticos o prevenir la ejecución de personas condenadas, recolectar dinero para las organizaciones de derechos humanos o los grupos de resistencia. Para llevar a cabo estos objetivos or-ganizan diferentes tipos de actividades: conferencias, manifestaciones, actos de solidaridad. Estas actividades permiten también presentar a la población local diversas formas de expresión de la cultura chilena y latinoamericana (tales como música, exposiciones, comida típica), pero se subordinan siempre a un propósito político o de solidaridad.

8 La Unidad Popular era una coalición de partidos formada por el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana (IC) y un sector del Partido Radical. El Comité Salvador Allende estaba formado principalmente por militantes de estos partidos chilenos. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) era la principal fuerza de izquierda extraparlamentaria. En el Comité Chile, fuera de los miembros del MIR había también militantes de ciertos sectores del PS, del MAPU y de la IC. En ambos Comités militaban miembros de partidos suizos cercanos ideológicamente a los partidos chilenos.


Los partidos políticos y las organizaciones de solidaridad establecen tam-bién relaciones con algunos partidos suizos, sindicatos, iglesias y personali-dades locales. Estos diversos contactos son facilitados por la imagen positiva que tienen estos actores de los exiliados chilenos y de la izquierda chilena. También se desarrollan contactos entre los chilenos viviendo en diferentes regiones de Suiza o en otros países europeos. Los exiliados chilenos contribuyen a estas actividades según sus recur-sos y el lugar que ocupan dentro de su organización: los papeles que cada refugiado asume pueden ser muy diferentes (líder, artista, portavoz, cocine-ro, decorador, y muchísimos otros) y no a todos se les valora de la misma manera. Sin embargo, durante estos años, la mayor parte de los miembros de la comunidad participa activamente en estas tareas: por un lado, porque están convencidos de su necesidad y, por el otro, porque es la única manera de ser reconocido como miembro de pleno derecho de la comunidad. Las relaciones entre los exiliados se definen sobre la base de criterios ideológicos. Eligen a los amigos normalmente entre los miembros de la mis-ma organización. El hecho de haber experimentado situaciones similares en el país de origen y en el país de acogida no es un criterio suficiente para facilitar el acercamiento entre los exiliados de diversos partidos políticos. Si los partidos cooperan entre ellos para desarrollar campañas de solidaridad con la izquierda chilena, se mantienen sus divergencias ideológicas que son exacerbadas a veces por la derrota política: las organizaciones se atribuyen unas a otras la responsabilidad del golpe militar. Las divergencias también se acentúan porque las organizaciones políticas suizas tienen su propia lectura de la situación chilena. Durante esta etapa, no hay estructuras comunitarias que se ocupen de la resolución de los problemas de los exiliados mismos, que son sin embargo importantes. La única actividad organizada en ese sentido es la participación en la acogida y orientación de los recién llegados. La falta de interés de los exiliados por la búsqueda de soluciones a sus propias preocupaciones per-sonales se puede explicar por su percepción de la situación como provisoria: ¿por qué asumir colectivamente la realidad del exilio, si es una situación a corto plazo? Por otro lado, un sentimiento de culpabilidad impide acordar la atención necesaria al grupo, cuando los problemas de los compatriotas que permanecen en Chile se consideran mucho más graves. Los exiliados estiman que su permanencia en Suiza sólo se puede justificar por su compromiso activo con la oposición chilena. Así, en esta primera fase, la cuestión de la incorporación a la sociedad suiza no surge realmente.

Segunda fase: la tentativa de construcción de lazos entre las lógicas política y antepolítica a nivel comunitario

El modelo de organización descrito anteriormente no va a durar. Los cambios en el contexto macrosocial durante la segunda mitad de los años setenta

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conducen a cambios en la percepción del exilio y en las maneras de movilizar los recursos. El acontecimiento principal a nivel macrosocial es, contrariamente a las expectativas de los exiliados, una estabilización relativa del régimen militar en Chile. Esta situación hace imposible el regreso al país en un futuro próxi-mo. Los exiliados se ven obligados a modificar su percepción de la situación. Incluso si la mayor parte de ellos continúa pensando que su estancia en la sociedad de residencia no se va a eternizar, al mismo tiempo toman conciencia de que ésta puede durar muchos años. Frente a esta nueva perspectiva, los exiliados dejan de vivir unas existencias orientadas solamente hacia Chile y comienzan a interrogarse sobre su lugar y el lugar de sus hijos en Suiza. El “aterrizaje” en el nuevo contexto comporta “que deshagan las maletas” y que comiencen a movilizar sus recursos para insertarse9 en él. La nueva lectura de la situación tiene implicaciones concretas: un número cada vez mayor de refugiados comienza a definirse no sólo con respecto al compromiso político, sino también con respecto a otros ámbitos de la existencia como la vida pro-fesional, la familia y las redes sociales. Es decir, intentan definirse a partir de una perspectiva multidimensional, tanto a escala individual como colectiva, conforme a los requisitos de la vida cotidiana en la sociedad suiza. La importancia cada vez mayor que los exiliados acuerdan al nuevo entorno crea una nueva dinámica: por un lado, notan que deben adaptarse a los re-quisitos de la sociedad dominante en algunas dimensiones importantes de la existencia, tales como la relación con el tiempo y el espacio10; por otra parte, constatan que deben introducir más flexibilidad en la vida de la comunidad para integrar nuevas preocupaciones y necesidades de los exiliados. No es objetivo de este artículo describir en detalle los diversos cambios en la vida cotidiana que resultan de la aculturación de los exiliados a la sociedad de residencia11. Nos limitaremos a señalar que estos cambios traen consigo

9 El concepto de inserción debe entenderse aquí como una orientación más marcada por parte de los exiliados hacia la sociedad de residencia. Esta orientación implica, en particular, una preocupación por la participación en el mercado laboral en adecuación con su nivel de cua-lificación y una mayor participación en la vida local. El concepto de inserción tiene un alcance más limitado que el de integración estructural, que supone la desaparición de las características socioeconómicas específicas del grupo de inmigrantes con respecto a las de la población de la sociedad de residencia (Hoffmann-Nowotny, 1986). 10 Por ejemplo, tener que funcionar con nuevos horarios en la vida cotidiana, nuevos ritmos de trabajo, introducir el uso de la agenda en su vida profesional, acostumbrarse a llamar por teléfono antes de ir a visitar a un conocido suizo, evitar hacer ruido después de cierta hora, controlar a los niños para que no corran en las escaleras del edificio, entre otros. 11 Redfield, Linton y Herskovitz (1936) definen clásicamente la aculturación como “los fenómenos que resultan del contacto directo y continuo entre grupos de individuos de cultura diferente, con modificaciones posteriores que afectan los tipos culturales originarios de los grupos implicados.” Una descripción detallada de los cambios ligados a la aculturación se encuentra en Bolzman (1996: capítulo 7).


especialmente una privatización cada vez mayor de la vida familiar, al mismo tiempo que se crean más expectativas y necesidades centradas en el grupo doméstico. Pero la familia tiene menos recursos que en Chile para resolver estas demandas y las tensiones dentro del grupo tienden a aumentar. Para aliviar a las familias al menos de una parte de esta nueva carga, los exiliados buscan construir espacios comunitarios en los cuales sea posible trabajar en conjunto sobre algunas cuestiones (tales como la educación de los hijos o los problemas sociales de las mujeres, que habían sido confinadas dentro del espacio doméstico). En consecuencia, las nuevas asociaciones fundadas en este período surgen centrándose en actividades recreativas o de socialización de los niños a una identidad latinoamericana. Estas asociaciones se crean alrededor de 1977-78. Su meta no es esta vez ni política ni de solidaridad, sino tomar en cuenta las necesidades de la comunidad exiliada como tal. Un ejemplo es el “Taller infantil chileno”, fundado en Zurich en 1977. El Taller lo crea un grupo de padres de diversos partidos políticos y con la ayuda de estos. El objetivo del grupo es disponer de un espacio de socialización para los niños. En palabras de uno de los miembros, la idea es “tener un lugar para dar a nuestros hijos la oportunidad de participar, como chilenos, en un cierto número de activi-dades”. Los talleres son también un lugar de reunión importante para las mujeres. Les permiten tratar algunos problemas comunes relacionados con el exilio, cuestiones ligadas a la situación escolar de los hijos y cuestiones de género. En palabras de una mujer activa en la asociación: “los hombres participaban a nivel del partido, pero las compañeras pasaban la semana entera en la casa con los niños, entonces el sábado tenían la posibilidad de encontrarse para discutir cuestiones específicas a nosotras como mujeres o para discutir sobre el sistema escolar suizo con los profesores suizos”. El taller se prolonga por cerca de tres años. Junto al problema de la falta de recursos materiales para apoyar a la asociación, ésta sufre una politización excesiva de las relaciones sociales. Como uno de los miembros explica: “durante esos tres años fue una lucha contra los padres, contra la presión de la gente: “no pongas a tus niños en el Taller, porque van los socialistas, los mapucistas y así sucesivamente (…). El sectarismo de los padres llevó a la desaparición del Taller”. Este ejemplo demuestra que los refugiados buscan en esta etapa combinar, con más o menos éxito, la necesidad de solucionar problemas que encuentran en la vida cotidiana con la necesidad de mantener una identidad ideológica comunitaria compartida. De hecho, las nuevas asociaciones expe-rimentan dificultades para reunir dos lógicas: la política y la que Oriol (1985) define como antepolítica. En el primer caso, la cohesión del grupo proviene de una ideología compartida, en el segundo, de una experiencia compartida y de objetivos prácticos comunes. Dos resultados son los más frecuentes: o el grupo desaparece bajo la presión de divergencias ideológicas o se despo-litiza, como en el caso de la mayoría de las asociaciones deportivas creadas en ese período (Bolzman, 1996). Sin embargo, para un número significativo

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de exiliados la compatibilización de estas dos dimensiones sigue siendo una necesidad y una meta deseable.

Tercera fase: la diversificación de la vida comunitaria

A partir de los años 1983-84 Chile se encuentra en una situación de incer-tidumbre: el régimen militar puede prolongarse durante mucho tiempo o, gracias a la actividad de la oposición política, el país puede volver rápida-mente a un régimen democrático. Esta situación confusa tiene consecuencias diferentes para los exiliados: algunos consiguen la autorización para visitar el país de origen o incluso para volver. Para otros, el país sigue estando total-mente cerrado. Este contexto es evaluado de maneras muy diferentes por los exiliados. Los que mantienen un compromiso político importante y conservan un contacto regular con el país de origen perciben en estos acontecimientos el signo de la posibilidad de un retorno rápido a Chile. Los que se habían alejado de las actividades políticas y tienen relaciones menos regulares con Chile, continúan pensando que se quedarán durante mucho tiempo o incluso permanentemente en Suiza. Estas diferencias de percepción, junto con dife-rencias sociales importantes entre los exiliados, producen una gran diversidad de modos de vida y formas de incorporación a la sociedad suiza. En los estratos sociales medios, el modo de vida dominante se caracte-riza por los rasgos principales siguientes: el compromiso político como eje estructurador de la identidad, las actividades extraprofesionales orientadas hacia el país de origen, una cierta participación en la vida social del país de residencia y un fuerte apego a la idea del retorno. Hemos llamado a este modo de vida el compromiso intercultural. Sin embargo, existen otros tres modos de vida menos importantes en la vida de la comunidad, pero que tienden a adquirir una mayor relevancia: la búsqueda alternativa, el interculturalismo antepolítico y el individualismo adaptativo. La búsqueda alternativa es repre-sentativa de los exiliados que intentan combinar una sensibilidad militante con su realización personal, a través de prácticas “alternativas” orientadas principalmente hacia la sociedad de residencia, incluso si no desechan la idea del retorno. Es el caso, por ejemplo, de militantes que aplican sus con-cepciones humanistas en el trabajo social con poblaciones marginalizadas, o de otros que se implican en los movimientos de “okupas” o por la defensa del medio ambiente. El interculturalismo antepolítico es característico de los exiliados que se movilizan por la promoción de la cultura chilena en Suiza, pero que lo hacen disociando esta actividad de la militancia política. Crean por ejemplo grupos musicales o empresas étnicas. El individualismo adaptativo es propio de los exiliados que intentan desarrollar un proyecto personal o familiar orientado hacia la sociedad de residencia en la cual piensan quedar-se definitivamente. En este último caso, los exiliados se retiran del ámbito público y privilegian su vida privada. Este modo de vida es el más cercano a la forma clásica de incorporación al país de acogida que ha sido definida


con el término de asimilación (véase también Bolzman, 1989; 1990; 1996). En los estratos sociales populares, dos modos de vida son dominantes, ambos caracterizados por un repliegue de los exiliados al interior de la comu-nidad étnica, los hemos llamado: el “compromiso comunitario” y la “sociabi-lidad comunitaria”. Ambos modos de vida se relacionan con la experiencia de formas de segregación social, económica, educativa y cultural vividas por estos refugiados12. En palabras de uno de ellos: “la sociedad suiza ha creado las condiciones para una falta de integración: mantiene a los extranjeros en su condición de extranjeros, como seres humanos de segunda categoría”. En el primer tipo, el compromiso comunitario, la identidad se define por la participación sociopolítica - orientada esencialmente hacia la sociedad chilena - y otras actividades dentro de la comunidad que permiten mantener viva la identificación con el país de origen y la idea del retorno. Las mujeres de este tipo subrayan también la importancia de la unidad familiar como valor cen-tral. En el segundo tipo, la sociabilidad comunitaria, predominan los valores expresivos y la valorización de las relaciones sociales con los compatriotas, al mismo tiempo que se critican las actividades políticas porque se conside-ran divisorias de la comunidad chilena. De hecho, estos exiliados intentan reproducir, por lo menos durante el tiempo libre, las mismas formas de vida cotidiana que conocieron en Chile. A la diversidad de modos de vida corresponde también una gran variedad de formas de expresión comunitarias. Fuera de los grupos políticos aparecen nuevas asociaciones, bastante pequeñas, que acentúan al mismo tiempo la solidaridad y las relaciones de amistad entre sus miembros. Estas asocia-ciones reúnen a personas que tienen alguna característica social común y se organizan de una manera autónoma: grupos de mujeres, gente joven, ha-bitantes de un mismo barrio en Suiza o gente que viene de la misma región chilena. Como en el período anterior, buscan combinar en su vida asociativa una lógica política y antepolítica. También se fundan clubes deportivos, gru-pos de artistas, comercios “étnicos”. La mayor parte de las asociaciones vive períodos de efervescencia a la vez que de desaliento. Estos períodos coinci-den generalmente con la evolución de la situación en el país de origen. Los exiliados experimentan en su vida colectiva, bajo sus condiciones concretas, los cambios que ocurren en Chile. El renacimiento de diversas formas de organización colectiva y de iniciativas populares allá da legitimidad a sus propias asociaciones acá: pueden encontrar en los nuevos actores sociales chilenos a interlocutores privilegiados. Esta mayor actividad es particular-mente visible entre 1983 y 1985, los años de protestas y movilización activa

12 Si bien es cierto que algunos exiliados pertenecientes a los estratos sociales medios tam-bién vivieron experiencias de segregación, sus experiencias fueron menos sistemáticas que en el caso de los estratos sociales populares.

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contra el régimen militar en Chile. Sin embargo, estas nuevas asociaciones experimentan un declive progresivo y desaparecen hacia 1988, siguiendo un proceso similar al de la oposición social activa en Chile. El ejemplo del grupo chileno de Avanchet ilustra esta evolución. En este suburbio de Ginebra vivían varias familias chilenas. Una parte de ellas acostumbraba a reunirse con objetivos sociales. En septiembre de 1982, después de una actividad social exitosa, deciden crear una estructura más formal y encontrarse regularmente para desarrollar tareas de solidaridad con asociaciones en Chile. Uno de los miembros describe así la atmósfera del grupo: “las reuniones eran típicamente chilenas; mientras compartía-mos, los niños corrían por los pasillos, los adolescentes jugaban ping-pong, los adultos jugábamos al dominó y para terminar nos tomábamos un vaso de vino y comíamos empanadas o tortas”. Durante casi tres años el grupo organiza diversas actividades: cursos de cueca (danza folclórica chilena), lecciones de español para los niños, apoyo a un grupo chileno de teatro que vive en el mismo barrio, publicación de una revista con noticias políticas y deportivas de Chile, informaciones y “chismes” sobre la vida de la comunidad chilena en Ginebra, recetas de cocina chilenas, chistes. En septiembre (mes del aniversario de la independencia de Chile), el grupo organiza una fiesta de solidaridad que logra un gran éxito, varios centenares de personas partici-pan en ésta. El grupo prepara también varias veces al año comidas sociales chilenas típicas, con el fin de conseguir dinero para apoyar actividades de solidaridad. Pero la motivación inicial disminuye progresivamente, entre otras razones, por divergencias en cuanto al uso del dinero recaudado, ya que no existe consenso sobre el tipo de asociaciones en Chile a las que se debe enviar los fondos: algunos desean enviarlos a las iglesias, otros a asociaciones más militantes. Los miembros abandonan progresivamente el grupo, que termina por desaparecer a fines de los años ochenta.

Cuarta fase: del exilio a cuestiones relacionadas con la incorporación y la diáspora

La cuarta fase comienza cuando los factores de violencia política que fueron la causa de la huida de los exiliados cesan de existir. En el caso chileno, esta fase comienza con el proceso de “transición hacia la democracia” de marzo de 1990, momento en que un gobierno democrático, presidido por Patricio Alwyn, asume el poder ejecutivo. A partir de esta etapa, la mayor parte de los exiliados ya no está obligada a vivir fuera de su país de origen por razones políticas. Enfrentados a una nueva situación, similar a la que viven otros tipos de migrantes, pueden retornar libremente a su país de origen o por lo menos pueden visitarlo. Pueden también permanecer en el país de residen-cia, pero con otra legitimidad que la política. Su situación ya no se puede definir como una situación de exilio, a pesar de que es el resultado de una situación anterior de exilio.


Durante esta nueva etapa, muchos de los que habían estructurado sus vidas en torno a la idea del retorno, se enfrentan a tener que distinguir en-tre la parte de mito y de realidad en esta idea. La posibilidad de concretar el proyecto de retorno lleva a considerar otros factores determinantes en la decisión de quedarse o retornar. Esta decisión se ve influida fuertemente tanto por el contexto sociopolítico de Chile como por el de Suiza: por una parte, los exiliados evalúan - quizás por primera vez - sus posibilidades de adaptación cultural y psicosocial a ambas sociedades y consideran también su situación política, social, económica y legal en éstas; por otra, las medidas adoptadas por cada uno de los gobiernos adquieren mayor relevancia. Así, por ejemplo, el número de exiliados que decide retornar a Chile aumenta a principios de los años noventa, gracias a que el gobierno suizo promueve medidas de ayuda a los retornados. Sin embargo, el retorno es un fenómeno selectivo que atañe a una minoría. Se estima que no más del 20% de los exiliados chilenos en Suiza ha vuelto a Chile (Bolzman, 1996). De hecho, es en esta etapa que los exiliados, en tanto comunidad, consi-deran por primera vez la idea de la incorporación permanente a la sociedad suiza. Así, una migración que fue concebida como transitoria en un comienzo se va convirtiendo en una realidad permanente. Esto no significa que la mayor parte de los exiliados opte por la asimilación al país de acogida. La mayoría desarrolla formas específicas de identidad cultural y mantiene diversos modos de relación con su país de origen (Bolzman, 2002). Es importante subrayar que, en el ámbito de la comunidad, también por primera vez se instituyen asociaciones de chilenos, representativas del con-junto de los chilenos que vive en un mismo cantón. Además, por primera vez estas asociaciones buscan promover activamente la ciudadanía y los derechos de los Chilenos Residentes en Suiza. Por ejemplo, en Ginebra, la “Asociación de Chilenos Residentes” participa activamente en la campaña para obtener el derecho al voto a escala local para los extranjeros. La asociación se implica, asimismo, en diversas manifestaciones culturales importantes en el plano local, como la “Fiesta de la Música”. Más recientemente, después de la apro-bación por el parlamento ginebrino de una Ley Cantonal sobre Integración, los chilenos presentaron en enero de 2003 un candidato a la Comisión Cantonal Consultiva que supervisaba la puesta en práctica de la política de integración en Ginebra. Varios chilenos con doble nacionalidad se presentaron también como candidatos a regidores a las elecciones municipales en las listas de los partidos ginebrinos de izquierda. Con respecto a las relaciones entre Estados, las asociaciones de chilenos se movilizan y logran que las autoridades chilenas y helvéticas firmen un acuerdo bilateral de seguridad social entre ambos países. Este acuerdo es el primero firmado por el Estado suizo con un Estado del “Tercer Mundo”. Esto demuestra que la comunidad chilena puede utilizar sus numerosas e importantes relaciones políticas, establecidas durante los años del exilio, para promover una mejora de su situación social. Los recursos colectivos son

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movilizados en este caso en una campaña de lobby exitosa. Cabe señalar que durante las negociaciones sobre el acuerdo bilateral las autoridades suizas fueron más receptivas que las chilenas a las demandas de la comunidad chilena. Por otra parte, como comunidad de residentes permanentes en el ex-tranjero, los chilenos de Suiza se organizan junto a chilenos en otros países para obtener del Estado chileno el pleno reconocimiento de la diáspora como realidad duradera. Sus preocupaciones más importantes tienen relación con el reconocimiento de la nacionalidad y demás derechos ciudadanos de los chilenos en el exterior. Las asociaciones de la diáspora chilena requieren el reconocimiento de la doble nacionalidad, exigen que los hijos de los chilenos nacidos en el exterior obtengan automáticamente la nacionalidad chilena, en vez de la obligación de un año de estancia en Chile para obtenerla, exi-gen asimismo que los chilenos que perdieron su nacionalidad durante los años de la dictadura militar puedan recuperarla. Se movilizan, además, por el derecho al voto de los chilenos que viven al exterior, por lo menos en elecciones parlamentarias y presidenciales (Bolzman, 2002). Las demandas con respecto a la nacionalidad han sido satisfechas, sin embargo la reivin-dicación con respecto al derecho a voto sigue pendiente (como en el caso de Uruguay, ver capítulo de Moraes, en este libro). Los chilenos residentes en Suiza se han implicado activamente en estas demandas. En 1997 publicaron un documento que argumenta las demandas y muestra que muchos Estados en el mundo ya están aplicando estos derechos a sus conciudadanos en el exterior (Coordinacion, 1997). Este documento fue distribuido entre otras comunidades chilenas en forma de folletos y a través de Internet. También los miembros del parlamento chileno lo recibieron. Finalmente destacar que la situación política del país de origen sigue ejerciendo una influencia sobre la vida comunitaria de los chilenos en Suiza, como lo demostró el “caso Pinochet”. Cuando el exdictador chileno, Augus-to Pinochet, es arrestado en Londres en octubre de 1998, en casi todos los países europeos, y Suiza no es una excepción, los chilenos organizan ma-nifestaciones. Durante los diecisiete meses de su detención, salen a la calle para apoyar al juez español Baltasar Garzón, que pide su extradición hacia España donde debería ser juzgado. Muchos chilenos que residen en Suiza apoyan la acción de sus compatriotas que se manifiestan cotidianamente frente a la residencia donde Pinochet se encuentra detenido en el Reino Unido, e incluso algunos viajan durante los fines de semana a Londres para unirse a las manifestaciones contra el exdictador. Estas acciones constituyen la cara más visible de un trabajo más general de las comunidades en favor del respeto de los derechos humanos y del juicio a los responsables de las violaciones de estos derechos (Bolzman, 2002). Cuando los exiliados empiezan a concebir su presencia en Suiza como una realidad permanente, surgen nuevos interrogantes y cuestionamientos en la comunidad. Se dan cuenta de que se va produciendo un hiato cada vez


más difícil de aceptar entre su situación jurídica y su situación de hecho: son ciudadanos en un Estado donde no son residentes y residentes en un Estado donde no son ciudadanos. En la práctica, carecen de derechos políticos en ambos Estados. La cuestión de la participación en la vida social a diversos niveles pasa a ser para ellos un tema importante. Se descubren a sí mismos como minoría étnica en Suiza y como parte de una diáspora con respecto a Chile.

CONCLUSIÓN

Para concluir, quisiera volver al punto de partida de este capítulo, la tesis según la cual la incorporación de los exiliados a una nueva sociedad no es un proceso lineal que conduce necesariamente a la asimilación, sino que es un proceso fuertemente marcado por los cambios en el contexto sociohistórico. Hemos visto que la comunidad exiliada otorga relevancia a la cuestión de la incorporación a la sociedad de residencia solamente cuando ésta deja de definir su presencia en el país de acogida como temporal. Esta nueva definición de la situación no sólo está influida por el tiempo pasado en la sociedad de residencia, sino más específicamente por los cambios en la si-tuación política que ocurren en la sociedad de origen. Es solamente cuando los refugiados sienten realmente que pueden decidir libremente donde vivir - es decir, cuando ya no hay obstáculos políticos mayores que impidan su retorno - que asumen al mismo tiempo la cuestión de su participación en la vida social de la sociedad de residencia como un tema importante. Esto no impide que mantengan numerosos lazos con su sociedad de origen. Nuestro estudio de caso se refiere a una comunidad que Kunz (1981) de-fine como de “refugiados identificados con la mayoría”, que corresponde a la de los exiliados que experimentan un fuerte sentimiento de pertenencia a su nación de origen. El proceso de incorporación podría ser diferente en el caso de lo que Kunz define como los “refugiados identificados con una minoría”, en el que los exiliados ya han experimentado una discriminación étnica o religiosa fuerte en su país de origen y se identifican menos con éste. En este último caso habría que analizar si los refugiados son tan sensibles al contexto político de la sociedad de origen como lo han sido los exiliados chilenos. Sin embargo, el ejemplo de los exiliados chilenos muestra también que la identidad étnica no es sólo un resabio del pasado, sino que se modifica y ac-tualiza bajo la influencia de los cambios en el contexto social y la percepción de la situación que van desarrollando los exiliados. Diversos estudios tanto en Norteamérica como en Europa han demostrado que la inserción progresiva de las comunidades de inmigrantes en las sociedades de residencia no ha conducido a su desaparición como grupo, sino a su transformación a nuevas formas de afirmación colectiva en la sociedad de residencia y a nuevas mane-ras de relacionarse con su sociedad de origen (Bolzman y Fibbi, 1991; Oriol, 1985; Rex et al., 1987). Además, se dan nuevas relaciones con compatriotas

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que residen en otros países, dando lugar a la formación de diásporas más o menos “fluidas” o “consolidadas” (Medam, 1993). En nuestro estudio, la movilización política y la movilización cultural (o dicho de otra manera, las lógicas política y antepolítica) parecen ser con-tradictorias en algunos momentos, pero las modificaciones del contexto histórico pueden facilitar la articulación de ambas formas de organización y movilización. Por otra parte, en algunos contextos la movilización cultural puede permitir acumular recursos que son utilizados de una manera más política posteriormente, como hemos observado en el caso de las asociaciones italianas y españolas en Suiza (Bolzman, 1997). La primacía de formas políticas de expresión colectiva puede juzgarse, a primera vista, como un freno a la incorporación de los exiliados en la sociedad de acogida. En el caso de la comunidad chilena, hemos visto que este tipo de movilización ha jugado ese papel en alguna medida durante el período de exilio. Pero, en la fase ulterior al exilio, los recursos acumulados gracias a la movilización política constituyen una ventaja importante para la comu-nidad a fin de facilitar su participación en la sociedad de acogida, como lo demuestra el ejemplo del acuerdo bilateral de seguridad social entre Suiza y Chile. En este caso, la comunidad mostró su capacidad de transferir el saber adquirido en torno a acciones orientadas hacia la sociedad de origen, para utilizarlo en acciones orientadas, al menos en parte, hacia la sociedad de residencia. Además, obtuvo el reconocimiento de ese saber por parte de sus interlocutores locales. Se trata en todos los casos de un desafío que deben enfrentar las comunidades de inmigrantes en las sociedades receptoras. Es importante estudiar la vida de una comunidad de refugiados como un proceso dinámico, que interactúa tanto con el contexto sociohistórico como con la trayectoria de los miembros individuales de la comunidad. Esta perspectiva puede ayudarnos por lo menos a acercarnos a la complejidad del fenómeno.

BIBLIOGRAFÍA

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CAPÍTULO 8LAS ORGANIZACIONES DE MIGRANTES LATINOAMERICANOS

EN TORONTO: ENTRE LA POLÍTICA DE bASE y EL IMPERATIvO DE LA ETNIZACIóN DEL ESTADO MULTICULTURAL1

Patricia Landolt, Luin Goldring y Judith BernhardUniversity of Toronto, York University y Ryerson University

INTRODUCCIóN

La población latinoamericana en Toronto ha mantenido una variedad de organizaciones comunitarias, de naturaleza ecléctica y dinámica, desde principios de los años setenta, cuando inmigrantes de dicha región empeza-ron a llegar al país y a la ciudad en cifras significativas. Históricamente, la población latinoamericana se ha caracterizado por ser notablemente activa, partícipe en la creación de una amplia gama de organizaciones sociales (Schugurensky y Giginiewicz, 2006). Con el paso del tiempo, dicha población ha transformado su agenda, ampliándola más allá de las necesidades de

1 Traducción al español por Luz María Vázquez, Dolores Figueroa y Ángeles Escrivá.

PATRICIA LANDOLT, LUIN GOLDRING Y JUDITH BERNHARD204

los inmigrantes de primera generación, para incluir aquellas propias de las generaciones posteriores. Las necesidades más apremiantes de la primera generación correspondían a su asentamiento reciente en el país: empleo, servicios sociales, educación, apoyo a mujeres; las mismas que siguen siendo relevantes ante el continuo arribo de inmigrantes latinoamericanos. Por otra parte, dicha agenda también ha venido incluyendo necesidades propias de las generaciones posteriores, como pueden ser: la representación política, acciones anti-racistas, atención a jóvenes, demandas de los profesionales y espacios para las expresiones artísticas. Estos cambios en la agenda social y política reflejan tanto los procesos activos de asentamiento y de continua incorporación de nueva población inmigrante, como la experimentada ca-pacidad de aprendizaje y organización institucional de la comunidad lati-noamericana. Por su parte, estos cambios han requerido e implicado una serie de procesos de negociación paralelos y a veces coincidentes, tanto del contenido de la agenda como de la dimensión política de la construcción de la identidad dentro y entre organizaciones etnonacionales latinoamericanas, y entre organizaciones nacionales y pan-étnicas por un lado, e instituciones canadienses, incluyendo al Estado, por el otro. En este capítulo examinamos la política de incorporación de los inmigran-tes latinoamericanos en Canadá, centrándonos en la relación entre el trabajo organizativo comunitario, el asentamiento y las necesidades y servicios so-ciales, y la política étnica del multiculturalismo canadiense. Nuestro análisis se centra en los modelos organizativos y las agendas de las organizaciones latinoamericanas, particularmente aquéllas cuyas actividades incluyen el proceso de asentamiento. Investigamos si sus agendas responden a formas de gestión política variadas y duraderas; los problemas que surgen entre las prioridades y negociaciones internas frente a las oportunidades y limitacio-nes externas; y su capacidad para incorporar y adaptarse a las emergentes y cambiantes prioridades que van enfrentando. Este trabajo arroja luz sobre las experiencias de los latinoamericanos y sus organizaciones, y sobre la forma en que estos desarrollan sus propias estrategias para ser reconocidos como representantes y actores legítimos en los escenarios del multiculturalismo canadiense y la organización de comunidades. Dos son las cuestiones que orientan y dan sentido a nuestro análisis so-bre los servicios sociales y de asentamiento para inmigrantes. La primera se refiere al hecho de que las organizaciones comunitarias de inmigrantes, como por ejemplo aquéllas orientadas a prestar ayuda y servicios sociales relacio-nados con el asentamiento en Ontario, crean espacios donde los inmigrantes pueden dedicarse al quehacer político y al trabajo orientado al cambio social (Bloemraad, 2006). En Canadá, tradicionalmente el Estado ha identificado a las organizaciones que proveen servicios sociales y de asentamiento como

CAPÍTULO 8. LAS ORGANIZACIONES DE MIGRANTES LATINOAMERICANOS EN TORONTO... 205

sitios importantes para la socialización política y la incorporación2. Desde los años cincuenta, el gobierno provincial y federal se ha asociado con actores no gubernamentales como las iglesias, las organizaciones etnonacionales y multiétnicas y las organizaciones de vecinos, para definir la agenda de asen-tamiento inmigrante y para proveer fondos para servicios sociales dirigidos a los recién llegados (Lanphier y Lukomskyi, 1994). Desde comienzos de los años ochenta, el famoso “modelo Canadiense” de servicios de asentamiento se ha basado en la distribución de servicios a través de las organizaciones comunitarias financiadas por el Estado (Richmond y Shields, 2005). De esta manera, las agencias de asentamiento y servicios sociales representan un importante espacio institucional de socialización política y un puente de acercamiento y compromiso político con la sociedad de destino (Gerstle y Mollenkopf, 2001). La segunda razón corresponde al hecho de que en Canadá el tema de la etnicidad es un elemento central en las políticas de reconocimiento y, espe-cialmente, de incorporación del inmigrante. Las políticas multiculturalistas canadienses han dado lugar a un peculiar modelo y proceso de etnización que orienta y organiza los procesos de asentamiento y la provisión de servicios sociales, así como otras arenas de encuentro entre el Estado y la sociedad civil. Conceptualmente distinguimos tres dimensiones en la política de etnización del reconocimiento. En primer lugar, los procesos de racialización y formación de la identidad cultural enfatizan la diferenciación entre grupos sobre la base de su origen étnico, religión, idioma, nacionalidad y costumbres, entre otros. El multiculturalismo en sí mismo celebra y requiere la diferenciación de lo étnico. En segundo lugar, al mismo tiempo, la tremenda diversidad de países y regiones de origen de los inmigrantes, junto con su dispersión geográfica a lo largo y ancho del Canadá y dentro de las ciudades, fomenta el organizarse en torno a un pequeño número de agrupaciones multinacionales y pan-étnicas (Anisef y Lanphier, 2003). Los procesos de racialización también imponen categorías arbitrarias, simplificadoras y ahistóricas sobre poblaciones que no son blancas (Anderson, 1991; Das Gupta, 1999). De esta manera, se pone en funcionamiento un mecanismo paralelo de presión sobre las poblaciones para constituir bloques pan-étnicos aglutinadores y fácilmente identificables (racializados), bajo las etiquetas de “chinos”, “surasiáticos” o “latinoameri-canos”. El resultado de esto es una tensión entre las políticas estatales y las directrices de financiación que enfatizan la diferenciación basada en marcas muy particulares de identidad cultural (folclóricas y reificadas), y aquéllas que conducen a formas organizativas basadas en líneas pan-étnicas amplias

2 Usamos “incorporación” en lugar de asimilación o integración para dar cabida teórica a la incorporación diferenciada y la incorporación acompañada por la exclusión.


y aceptables como el idioma (hispano, francófono) o la región (Latinoamérica, sur de Asia). En tercer lugar, la presión para organizarse sobre la base de la identidad étnica - ya sea formulada como super-distintiva, ya como más homogénea, racializada y pan-étnica - impone las características culturales en general (Levitt, 2005) y etnonacionales en particular, como si se tratase de la dimensión más relevante en la experiencia social, por tanto ocultando que las identidades de clase, raza, religión, género, experiencia migratoria, partidistas, etcétera, se entrecruzan (cf. Glick Schiller et al., 2006; también Però, en este libro)3 . Como resultado de esto, la capacidad de establecer un diálogo y de plan-tear demandas al Estado y a las burocracias no estatales reside en la habili-dad de estos grupos (excepto para el caso de los blancos anglosajones) para constituirse ellos mismos en colectividades étnicas coherentes y aceptables, y mantener organizaciones “comunitarias” que reflejen y representen las necesidades, prioridades y agendas de sus colectividades. En este contexto, las negociaciones organizativas dentro y fuera del grupo se convierten en un espacio importante de aprendizaje político, socialización e incorporación. De esta manera, las políticas de etnización del reconocimiento juegan un rol clave en la definición de las agendas de asentamiento y servicios sociales, en la distribución de programas y en los acuerdos institucionales a través de los cuales todo esto se organiza. Los procesos de formación étnica y etnonacional se entrecruzan tanto con: a) la toma de decisiones que de manera vertical lleva a cabo la burocracia para decidir quién debe recibir servicios “de asen-tamiento”, por cuánto tiempo, a través de qué canal institucional, con qué prioridades sectoriales en mente, entre otros; como con: b) las negociaciones para la definición de la agenda al interior de los grupos. Nuestro análisis sobre los inmigrantes latinoamericanos en Toronto se basa en información recabada como parte de un proyecto más amplio ti-tulado “Cohesión Social y Migración Internacional en una Era Globalizada: Solidaridades Transnacionales y la Incorporación de Nuevos Inmigrantes en Canadá”4. Entre octubre de 2004 y junio de 2005, llevamos a cabo dieciocho grupos de discusión temáticamente organizados en los que participaron algo más de cien personas latinoamericanas y canadienses. Para este tra-bajo usamos también el material recopilado a través de grupos de discusión

3 El que se considere a la religión o a la nacionalidad como más o menos importantes puede depender del grupo, o ciertamente de cambios en el tiempo. La religión fue una dimensión im-portante dentro de las políticas étnicas canadienses antes de los años cincuenta, y a partir del 11 de septiembre se ha convertido de nuevo en una preocupación central. 4 Este proyecto fue dirigido por Michael Lanphier de la Universidad de York y financiado por el Social Sciences and Humanities Council of Canada (SSHRC). Para más detalles sobre el componente latinoamericano del proyecto ver: [www.yorku.ca/cohesion/LARG/html/largindex2.htm].


con activistas comunitarios de cuatro poblaciones de migrantes refugiados: chilenos, salvadoreños, guatemaltecos y colombianos; además de un grupo de discusión con siete personas, invitadas por su participación directa en organizaciones “paraguas” latinoamericanas. Finalmente, utilizamos material de entrevistas individuales llevadas a cabo por Luin Goldring5 entre 2000-2001, y de entrevistas de seguimiento realizadas por Patricia Landolt y Luin Goldring entre 2007-2008. Se identificaron dos modelos organizativos paralelos en los que están en juego las políticas de etnización del reconocimiento del multiculturalismo canadiense: el modelo de organización basado en el país de origen (etnona-cional) y el modelo pan-étnico. En cada caso nos interesa analizar cómo las políticas étnicas surgen y se disputan, y la forma en que estas organizacio-nes latinoamericanas definen sus agendas de asentamiento y de provisión de servicios sociales. En el resto del artículo, tras un breve recuento de los orígenes y composición de la comunidad latinoamericana en Canadá, ana-lizamos, primero, las organizaciones basadas en el país de origen. En cada nueva oleada de inmigrantes latinoamericanos el factor “país de origen” ha sido un importante punto de partida para el desarrollo comunitario, inclu-yendo la creación de organizaciones formales e informales involucradas en la cuestión del asentamiento. Las organizaciones etnonacionales han ayudado a las familias de inmigrantes a cubrir sus necesidades básicas, propias de las personas recién llegadas al país, sobre todo a través de arreglos informales de ayuda mutua. Cada población migrante desarrolla su agenda de asentamiento, que refleja su propia experiencia migratoria, su condición social, económica y política, así como sus formas de quehacer y gestión política. La cuestión del asentamiento también se entrecruza discursiva y organizativamente con las prioridades específicas de cada grupo, como la política transnacional del exilio, o bien, la búsqueda de oportunidades profesionales y comerciales. La organización basada en el país de origen o en la etnonacionalidad no ha menguado con el paso del tiempo, sino que es actual y cambiante, generan-do un panorama político latinoamericano multidimensional, sectorialmente diverso y políticamente complejo. En la sección final, nos centramos en las políticas de las agencias pan-étnicas latinoamericanas que ofrecen servicios múltiples. La comunidad latinoamericana en Toronto ha creado diferentes tipos de organizaciones de servicios sociales y redes multinacionales. Instituciones tales como el Centro para Gente de Habla Hispana y el Consejo de Desarrollo Hispano se debaten entre competidas agendas e intereses de una población inmigrante

5 Luin Goldring dirigió el proyecto sobre La Participación Cívica de los Latinoamericanos en Toronto, con fondos del Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement (CERIS) del proyecto internacional de Metrópolis.


profundamente diversa, por un lado, y la necesidad de presentar una “agen-da de necesidades” homogénea y coherente a los ojos de los representantes estatales y no estatales e instituciones donantes, por otro. A pesar de la mar-cada tendencia a organizar la agenda de prioridades en torno a la solución de problemas propios de las primeras fases del proceso de asentamiento, o sobre asuntos leves que generan un amplio apoyo, la inclusión de temas sectoriales e intersectoriales críticos ha sido frecuente en el activismo y en el trabajo de asentamiento de la comunidad latinoamericana. La comuni-dad latinoamericana de activistas y trabajadores sociales ha desarrollado una importante especialización dentro del sector de servicios sociales, por ejemplo, trabajando temas como la lucha contra el racismo, el feminismo y cuestiones relacionadas con las mujeres, las personas de la tercera edad, la homosexualidad y la educación. En el marco de un proceso continuo de negociación de las agendas, de bús-queda de financiación, y en relación tanto con miembros internos y externos a la comunidad, se han venido generando agendas más controvertidas, que transforman los espacios institucionales establecidos del panorama domi-nante de servicios sociales y para el asentamiento latinoamericanos. Muchos ejemplos resaltan la compleja relación entre las agencias pan-étnicas que ofrecen servicios múltiples, y entre ellas y las organizaciones de carácter etno-nacional (como las basadas en el país de origen) y sectorial. Nuestro análisis enfatiza los múltiples niveles de organización comunitaria que subyacen bajo las actividades más visibles de las agencias pan-étnicas de servicios múlti-ples, y cuyo trabajo hace contrapeso a los procesos de etnización influidos por el Estado. Mientras que estos procesos tienden a delimitar el espacio en términos del número de actores y voces que participan, los múltiples niveles de organización comunitaria presionan en torno a una serie de cuestiones más amplia, que podrían resultar de corte demasiado político para las orga-nizaciones pan-étnicas de servicios múltiples y del tipo “paraguas”.

La comunidad latinoamericana en Canadá

La población latinoamericana en Canadá es bastante heterogénea en lo que se refiere a las modalidades de entrada, estatus migratorio y país de origen. Mata (1985) caracterizó la migración latinoamericana a Canadá en cuatro fases distintas, basadas en los cambios en la política migratoria canadiense y en los distintos acontecimientos acaecidos en los países de origen. La “primera oleada” data de principios de los años sesenta y fue encabezada por migrantes de origen europeo, cuyos parientes migraron de Europa a Sudamérica en un proceso de migración por etapas. El segundo período abarca desde finales de los sesenta a principios de los setenta con la “oleada andina”, integrada por migrantes económicos ecuatorianos, colombianos y peruanos. La tercera fase, la “oleada del golpe militar”, de refugiados políticos de Chile, Argentina y Uruguay, se inició en 1973 y continuó a lo largo de esa década. Posterior-


Tabla 1. Inmigrantes y Residentes No-Permanentes de América Latina:

País de Nacimiento por Período de Inmigración a Canadá

Inmigrantes [1]

País de Antes de 1961- 1971 1981- 1991 - 2001- Residentes Totalnacimiento 1961 (a) 1970 (b) 1980 (c) 1990 (d) 2000 (e) 2006 (f) No- Inmi- Permanentes grantes y [2] (g) residentes

Argentina 645 1.200 3.180 2.790 3.980 6.200 1.785 19.780Bolivia 50 160 320 775 1.150 1.025 285 3.765Brasil 500 1.090 1.765 2.345 4.750 5.075 2.725 18.250Chile 155 515 10.995 7.190 4.805 2.325 805 26.790Colombia 175 520 3.520 2.935 6.845 25.305 3.405 42.705Costa Rica 30 60 75 850 1.140 780 760 3.695Cuba 150 275 295 715 3.515 4.240 535 9.725Rep. Dominicana 65 80 310 1.670 3.165 1.310 295 6.895Ecuador 65 385 4.285 2.165 3.250 2.400 410 12.960El Salvador 15 60 1.145 23.780 14.725 2.870 1.025 43.620Guatemala 40 125 930 6.215 6.405 1.255 445 15.415Honduras 0 50 355 1.190 2.705 660 200 5.160México 1.445 2.140 4.865 9.660 14.450 16.520 11.550 60.630Nicaragua 0 45 125 4.695 3.840 455 150 9.310Panamá 30 60 220 640 1.375 340 165 2.830Paraguay 785 1.210 1.115 1.075 1.230 1.080 150 6.645Perú 180 585 2.330 5.660 8.245 5.385 1.115 23.500Puerto Rico 20 30 65 50 95 65 85 410Uruguay 55 790 2.285 1.385 1.570 880 510 7.475Venezuela 270 525 805 1.490 3.165 4.260 1.115 11.630Total América Latina 4.675 9.905 38.985 77.275 90.405 82.430 27.515 331.190

Fuentes: Columnas a, b, c, d: elaboración propia a partir del Censo de Canadá de 2001, Tabla 9 (Statistics Canada 2001) y las Columnas e, f, g del Censo de Canada de 2006. Statistics Ca-nadá. Catalogue Number 97-557-XCB2006007.

Notas:[1] Se entiende por inmigrantes aquí las personas que han recibido el estatus legal de “residente permanente”. A un residente permanente (landed immigrant) se le otorga el derecho a residir de manera permanente en Canadá. Algunos inmigrantes han vivido en Canadá por un periodo relativamente largo y otros viven desde hace poco tiempo en el país. La mayoría de los inmi-grantes ha nacido fuera de Canadá. Aquí se incluyen inmigrantes que recibieron su residencia permanente antes del dia del Censo Nacional, 6 de mayo de 2006. [2] Como residentes no-permanentes se incluye a personas nacidas en otro país que en el día del censo solo tenían un permiso de trabajo, un permiso de estudio o eran solicitantes o familiares de un solicitante de asilo en Canadá.


mente, tiene lugar la “oleada centroamericana”, compuesta de migrantes que huían de las guerras civiles en Centroamérica durante la década de los ochenta; ésta también fue la etapa en la que una gran cantidad de migrantes dominicanos, bolivianos y ecuatorianos llegaron a Canadá, dejando atrás sus países afectados por la reestructuración económica neoliberal (Phillips, 1999). Información más reciente sugiere la existencia de una quinta etapa migratoria, que comienza a principios de los años noventa, caracterizada por una diversificación en las modalidades de entrada y en las caracterís-ticas socioeconómicas de los recién llegados. La migración latinoamericana a Canadá ahora incluye a un creciente número de trabajadores migrantes sin permiso, provenientes de Costa Rica, Brasil, México y Argentina; una expansión del número de trabajadores migrantes temporeros contratados por medio de programas gubernamentales; y un nuevo flujo de inmigrantes independientes, la mayoría profesionales y empresarios de México, Colombia y Argentina; así como la continua llegada de solicitantes de asilo y refugiados, principalmente de Colombia, pero también de países como México (Goldring, 2006; Veronis, 2006). La Tabla 1 muestra la población inmigrante latinoamericana distribuida por país de origen y periodo de llegada a Canadá, sobre la base de los datos de los censos de 2001 y 2006. Esta información confirma la existencia de cinco oleadas migratorias asociadas con diferentes regiones de Latinoaméri-ca. También podemos ver que ningún país predomina como principal fuente de origen del flujo migratorio hacia Canadá. La mayor parte de los chilenos, por ejemplo, llegaron entre 1971 y 1980, luego del golpe de Estado y la inter-vención militar (Díaz, 1999). Igualmente, la Tabla muestra el movimiento de centroamericanos, quienes dejaron sus países marcados por la violencia y la guerra civil durante los años ochenta (Kowalchuk, 1999a; 1999b). En el total de “inmigrantes” y “residentes no permanentes”, los países que predominan como fuente de origen son México (18%), El Salvador (13%), Colombia (13%) y Chile (8%) (ver Tabla 1). Existen tres características básicas que marcan la migración latinoame-ricana a Canadá: 1) la naturaleza involuntaria de la mayoría de estos flujos migratorios; 2) la violencia política como causa de fondo para la salida de los países de origen y como principio organizador de las narrativas comunitarias acerca del por qué el grupo está en Canadá; 3) la fuerte presencia del Estado canadiense en el manejo de los asuntos referentes a la llegada y asentamiento de los refugiados y de la población inmigrante latinoamericana en general (Basok y Simmons, 1993; Landolt, 2008; Landolt y Goldring, 2006; Nolin, 2006). Fuentes estadísticas y el estudio de las políticas gubernamentales de en-trada hacia los latinoamericanos confirman el predominio de la migración


de refugiados. La Base de Datos Longitudinal sobre Migración6 (IMDB, por sus siglas en inglés) muestra que, durante el periodo 1980-2001, cerca de una tercera parte de los latinoamericanos que obtuvieron su permiso como residentes permanentes (31%) originalmente había ingresado al país como refugiado o asilado. El 37% entró bajo la categoría de “familiar” y otro 30% bajo la categoría de “independiente”. El 43% de los inmigrantes latinoamericanos registrados en la IMDB entró a Canadá a través de un programa especial aso-ciado con la migración de refugiados (Rootham, 2005). Por ejemplo, durante este tiempo se crearon medidas especiales para amparar a los prisioneros políticos de El Salvador, así como salvadoreños y guatemaltecos residentes en los Estados Unidos que quisieran solicitar asilo en Canadá. Aunque no se incluyan en los datos del IMDB, de los aproximadamente 10.000 chilenos que entraron a Canadá entre 1973 y 1978, 7.000 lo hicieron bajo categorías especiales y programas asociados con la huída de refugiados (como por ejem-plo, los permisos de emergencia ministeriales y el Programa de Prisioneros Políticos Chilenos) (Díaz, 1993). En años más recientes, un creciente número de solicitantes mexicanos y colombianos también ha pedido refugio en Ca-nadá. En el caso de México, aunque el porcentaje de aceptados varía pero en general es bajo, esto ha convertido al país en una de las mayores fuentes de refugiados para el Canadá (Canadian Council for Refugees, 2007).

LOS DIvERSOS CAMINOS HACIA EL ASENTAMIENTO y LA PROvISIóN DE SERvICIOS: LAS ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS ETNONACIONALES

Entre la población latinoamericana, el factor país de origen o etnonacionalidad ha constituido un importante punto de partida en la creación de todo tipo de organizaciones comunitarias, incluyendo grupos partidistas, asociaciones deportivas y religiosas y otras organizaciones más específicas7. Dentro de esta trayectoria general, las condiciones de salida de los países de origen, especialmente si ésta fue forzada o voluntaria, y la duración y modalidades de la violencia de Estado, así como el contexto canadiense de recepción, son factores determinantes en las formas y bases de organización de los inmi-grantes latinoamericanos cuando llegan (Landolt y Goldring, 2006; Portes et

6 La IMDB es una base de datos manejada por el gobierno que contiene datos de llegada e información personal sobre las declaraciones de impuestos de los inmigrantes que llegaron a Canadá durante el periodo 1980-2001. 7 La única excepción en esta tendencia la constituye las organizaciones latinoamericanas indígenas, de las que hay muy pocas. Éstas tienen poco contacto con las organizaciones etno-nacionales y más bien prefieren trabajar con los grupos indígenas canadienses.


al., 2007). Los migrantes que dejan atrás conflictos políticos relativamente bien definidos y que tuvieron la oportunidad de ingresar a Canadá bajo el estatus de refugiado, comúnmente mantienen bases políticas estables de organización. Ejemplos de este patrón incluyen el caso de los refugiados de Chile y El Salvador (Díaz, 1999; Kowalchuk 1999b; Landolt, 2008). En contraste, aquellos que provienen de contextos donde la violencia política es más generalizada, provocando un temor extendido entre la población, han manifestado dificultad para el desarrollo de organizaciones comunitarias, o bien han tendido a organizarse bajo ciertas modalidades que evaden temas políticos relacionados con su país de origen. Un ejemplo del primer patrón lo constituyen los guatemaltecos (Dunn, 2000; Nolin, 2006), mientras que el segundo se observa entre los colombianos (Riaño-Alcalá y Goldring, 2006). Inmigrantes y refugiados provenientes de países donde el conflicto civil no es tan grave, o bien no está claramente articulado, se han organizado de distin-tas maneras, por lo general también ligadas a una identidad etnonacional. Los ecuatorianos y peruanos, por ejemplo, han creado grupos deportivos y culturales (Romero, 1985). Una preocupación central en nuestro trabajo ha sido la trayectoria orga-nizativa de cuatro poblaciones de migrantes refugiados, a saber: chilenos, salvadoreños, guatemaltecos y colombianos. Estos cuatro grupos capturan una amplia gama de experiencias de los inmigrantes latinoamericanos en Toronto. Ellos representan tres momentos de la historia de la inmigración latinoamericana a Toronto: la oleada de los golpes de Estado de los años se-tenta, la oleada centroamericana de los ochenta y la fase más diversificada de la década de los noventa. Así también, cada grupo refleja una diferente experiencia migratoria, trae consigo competencias sociales, económicas y políticas específicas, y desarrolla distintas maneras de hacer política. Al llegar a Toronto, cada grupo encara también un panorama diferente en el asentamiento y una estructura de oportunidades institucional distinta. Las formas de hacer política que los grupos traen consigo dan forma a: (1) lo que ellos definen como su agenda de asentamiento y, (2) los arreglos institucio-nales a través de los cuales la llevan a cabo. Los esbozos que ofrecemos a continuación sobre las formas de organización basadas en el país de origen ilustran variados modelos organizativos y distintos espacios institucionales a través de los cuales estos grupos entran al escenario del asentamiento y la provisión de servicios sociales multiculturales en Toronto.

Los chilenos

La mayor oleada de chilenos llegó a Canadá tras el golpe de Estado de 1973 que derrocó al presidente socialista Salvador Allende. Los refugiados chilenos encontraron un panorama de provisión de servicios sociales y de asentamiento muy limitado y mal preparado para lidiar tanto con las necesidades, como con las formas de activismo político de una comunidad bien organizada de


militantes de habla hispana. Los chilenos se apoyaron en sus camaradas de partido y en otros contactos secundarios para crear redes de apoyo mutuo a través de las cuales encontraron empleo y casa, además de desarrollar un sentido de comunidad (Landolt y Goldring, 2006). Los primeros esfuerzos organizativos de la comunidad chilena reflejan tanto su socialización política premigratoria dentro del Chile socialista, como sus continuos vínculos con los partidos políticos chilenos en el exilio y la oposición clandestina existente en su país. Los chilenos desarrollaron una estructura dual de activismo polí-tico que incluía las asociaciones partidistas chilenas y una organización que englobaba todos los partidos llamada la Sociedad Chilena de Toronto. Con la certeza de un inminente regreso a casa, el trabajo político de los chilenos se centró en Chile, con actividades como: la recaudación de fondos para or-ganizaciones partidistas; el trabajo de sensibilización con canadienses sobre las violaciones a los derechos humanos y la represión; y la denuncia del rol de las corporaciones canadienses en su país. El proceso de asentamiento de los refugiados surgió sin premeditación, como algo de último momento, y fue explícitamente incorporado a la agenda del exilio (para una comparación, ver capítulo de Bolzman, en este libro). En términos organizativos, la agenda de asentamiento chilena se desarrolló dentro de instituciones diseñadas y con-troladas por los chilenos. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Toronto creó la Escuela Presidente Salvador Allende (EPSA) para fomentar el aprendizaje y uso del español entre los niños chilenos y enseñarles sobre la historia chilena, fortaleciendo de esa manera su autoestima. La filosofía de la EPSA reflejaba la dualidad de la agenda del exilio: promover una sana participación de los niños y la juventud chilena en el sistema educativo canadiense y, al mismo tiempo, prepararles para su posible retorno a casa. Otro ejemplo es el del Club Cultural y Deportivo Barrabases, que llevó a cabo trabajo de solidaridad y recaudación de fondos para la resistencia clandestina en Chile, al mismo tiempo que entrenaba y patrocinaba grupos de fútbol participantes en ligas locales de la ciudad.

Los centroamericanos

El grueso de la migración salvadoreña y guatemalteca llegó a Canadá en la década de los ochenta, como resultado de la guerra civil y la violencia política. La intensa labor de cabildeo de una red nacional defensora de los derechos de los refugiados presionó al gobierno canadiense para el establecimiento de medidas de regulación y autorización de la entrada de refugiados, primero salvadoreños y guatemaltecos más tarde (Ferris, 1987; García, 2006). De esta manera, y a diferencia de lo que ocurría en los Estados Unidos, la migración centroamericana a Canadá no aprovechó las redes migratorias existentes, sino fue más bien un flujo de refugiados controlado por el Estado. En Toronto, y más generalmente en el sur de Ontario, los centroamericanos consiguieron acceder a una variedad de servicios sociales y de asentamiento a través de


agencias étnicas específicas y trabajadores sociales de habla hispana, así como de organizaciones religiosas no gubernamentales (Menonitas, Cuáqueros) con amplia experiencia en la facilitación de ayuda a poblaciones de refugiados. Dada la ausencia de redes sociales premigratorias ampliamente definidas y el papel de actores externos en el manejo del proceso de asentamiento de los centroameri-canos, las redes de ayuda mutua de carácter informal entre connacionales sólo consiguieron reunir pequeños grupos de parientes y amigos y funcionaron más bien como complemento a los servicios financiados por el Estado. Los primeros esfuerzos organizativos de los centroamericanos en Toronto muestran un panorama político bifurcado. Primero, las organizaciones par-tidistas transnacionales trazaron una agenda local que reflejaba las priori-dades estratégicas de las organizaciones político-militares de sus países de origen, como la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y en El Salvador el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Dichas organizaciones partidistas no participaron directamente en el proceso de asentamiento de los refugiados, pero crearon una agenda de asentamiento e incorporación como complemento de su política transnacional. Sus es-fuerzos se centraron en temas como la preservación de la herencia cultural y la educación política bajo la tutela de subgrupos y comités controlados por estas mismas organizaciones partidistas. Bajo este esquema, hubo poco acercamiento y contacto con instituciones canadienses relevantes. Una segunda serie de iniciativas de asentamiento centroamericanas se desarrolló bajo los auspicios de instituciones canadienses, particularmente dentro de organizaciones religiosas no gubernamentales tales como la Quaker Refugee Committee (Comité Cuáquer para los Refugiados) y el Jesuit Centre for Social Faith and Justice (Centro Jesuita para la Fe Social y la Justicia). Ejemplos de este modelo organizativo incluyen la Comunidad Centroamerica-na de Toronto (CONCENTO), la organización Apoyo Mutuo entre Refugiados Centroamericanos (AMERCT) y el grupo Acción para Hombres Refugiados (ARM, por sus siglas en inglés). En estos grupos dominaba la presencia de salvadoreños, aunque también participaban guatemaltecos. Los grupos es-taban vinculados entre sí por una narrativa transnacional de refugio político y el compromiso de perseguir la justicia social en un marco de diversidad política. Sus actividades iniciales comprendían el intercambio de información, el acompañamiento, la celebración y preservación de la herencia cultural y la recuperación de los traumas de la guerra civil. Tales iniciativas sirvieron como plataforma de base para la formación de grupos de mujeres, la celebra-ción de un retiro familiar anual durante el verano, la creación de una coo-perativa agrícola que duró poco tiempo, el establecimiento de equipos y más tarde de una liga de fútbol y, finalmente, el inicio de las primeras acciones encaminadas a la creación de cooperativas de viviendas para salvadoreños y guatemaltecos en Toronto.


Los colombianos

En el caso de la migración colombiana a Canadá se detecta un flujo constante que va desde los años sesenta hasta las dos oleadas más recientes, una en los ochenta y la otra que comienza a finales de los noventa y continúa hasta nuestros días. En el periodo 1990-2004, 29.236 colombianos adquirieron la residencia permanente en Canadá; de los cuales cerca del 50% fueron reconocidos como refugiados (Riaño-Alcalá y Goldring, 2006). Décadas de violencia política y la más reciente escalada y paramilitarización del conflicto han dado lugar a un temor y desconfianza generalizados que han afectado las relaciones sociales en Colombia, así como entre los propios refugiados y migrantes en el exterior (Guarnizo et al., 1999; Hristov, 2009). El reconoci-miento público de las causas de la violencia y sus vínculos con los procesos migratorios es poco frecuente y controvertido (Díaz Barrero, 2007; Guarnizo et al., 1999; Riaño-Alcalá y Goldring, 2006). En Toronto, los colombianos tienden a distanciarse entre ellos, y especialmente de los paisanos militantes partidistas y de las organizaciones y actividades explícitamente políticas. Los inmigrantes que van llegando resuelven individualmente la mayoría de sus necesidades dentro de un escenario de servicios sociales bien organizados. Si bien una amplia gama de temas económicos, políticos y culturales en torno al asentamiento motivan la organización comunitaria colombiana, existe muy poca colaboración formal y puntos de encuentro informal entre las organizaciones o sus agendas. Son las amistades o problemáticas con-cretas las que aglutinan alrededor de proyectos colectivos y organizaciones; sin embargo, se trata de experiencias que no van más allá de una iniciativa específica y raramente dan lugar a una presencia institucional más estable, amplia y multisectorial (para una comparación, ver capítulo de Bermúdez, en este libro). Los colombianos se organizan para: celebrar sus fiestas, realizar trabajo caritativo en su sentido tradicional e intercambiar información acerca de la injustificable demora en el proceso de reagrupación familiar (Bernhard et al., 2008). En algunos casos, los colombianos llevan a cabo sus activida-des de manera independiente de las agencias de asentamiento y servicios sociales y, aunque a veces hay acercamientos con éstas, los contactos son superficiales y de corta duración. La dimensión institucionalmente más estable de la agenda de asentamiento colombiana es la cuestión de las oportunidades de inversión comercial y el reconocimiento de los títulos profesionales. Ha surgido un gran número de organizaciones profesionales y comerciales, junto con grupos virtuales, con la finalidad de facilitar su incorporación económica. Estos grupos buscan facilitar el intercambio de información y la discusión en torno a las dificul-tades que los colombianos enfrentan en el campo laboral. La Asociación Colombiano-Canadiense de Profesionales se encuentra entre las más visibles de dichas organizaciones, aunque los esfuerzos por aumentar su membresía incluyendo a otros grupos de latinoamericanos no han dado resultado. En


términos organizativos, los grupos colombianos de empresarios y profesionales encajan dentro de la tendencia que caracteriza a la “oleada diversificada” de inmigrantes latinoamericanos, y van más allá del ámbito institucional más tradicional del sector de servicios de asentamiento para conectarse con el medio predominante de las políticas migratorias. Sin duda, los primeros años del siglo XXI representan un periodo de efervescencia de las organizaciones pan-étnicas latinoamericanas de negocios y profesionales (principalmente mexicanas y colombianas). Así, por ejemplo, la Cámara Hispana de Comer-cio y la Expo Hispano Americana se crearon en 2004. En ese mismo año se creó la Asociación Canadiense de Profesionales, Comerciantes y Empresarios Latinoamericanos (CALAPTE, por sus siglas en inglés), organización que capitalizó el acalorado debate en torno al tema de la infrautilización de las aptitudes y destrezas de los inmigrantes en el mercado laboral canadiense (Reitz, 2005). En resumen, las cinco corrientes migratorias latinoamericanas que ca-racterizan la población en Toronto (y Canadá) han desarrollado a través del tiempo distintas agendas sobre el asentamiento, que son reflejo de las parti-culares experiencias migratorias de cada grupo, las formas de gestión política y el cambiante escenario institucional que enfrentan al llegar a Canadá. La agenda de asentamiento chilena refleja la importancia de las organizaciones partidistas y las prioridades del exilio. El interés por el asentamiento surge como parte y complemento de una agenda política transnacional centrada en el cambio de régimen en Chile y el retorno de los exiliados. Entre los centro-americanos, la preocupación por el asentamiento, aunque discursivamente en diálogo con la política transnacional, funciona organizativamente de forma distinta. A pesar de que las organizaciones partidistas transnacionales aso-ciadas con grupos de oposición en los países de origen constituyen proyectos de asentamiento, es más bien el trabajo autónomo de las organizaciones de refugiados de ayuda mutua el que desarrolla una agenda de asentamiento centroamericana coherente. Finalmente, en el caso colombiano, la agenda de asentamiento es claramente apolítica, orientada a problemas concretos. Siendo la colombiana una población migrante abrumadoramente desconfiada, la amistad y el pragmatismo sirven de base para la generación de su agenda etnonacional de asentamiento. Asimismo, cada grupo de migrantes genera una relación organizativa diferente con las instituciones que figuran en el escenario de asentamiento canadiense. La agenda chilena inicial se desarrolla dentro de organizaciones autónomas controladas por los propios chilenos, las cuales luego de definir la agenda proceden a entrar en diálogo con las instituciones canadienses. La constitución de la agenda de asentamiento salvadoreña y guatemalteca se lleva a cabo dentro de dos espacios organizativos que mantienen diferente tipo de relación con las instituciones canadienses. Las organizaciones po-líticas transnacionales desarrollan iniciativas autónomas que, a diferencia de las chilenas, no generan un compromiso estable con las organizaciones


canadienses. Las iniciativas de asentamiento no partidistas emergen de las asociaciones de ayuda mutua arraigadas en instituciones canadienses, en particular en organizaciones religiosas no gubernamentales. Si bien este espacio organizativo genera importantes relaciones de largo plazo y diálo-gos de colaboración, carece del grado de libertad característico del modelo chileno. Finalmente, aunque bastante nueva, la agenda de asentamiento co-lombiana sugiere la falta de dimensiones transnacionales, una relación muy superficial y la ausencia de diálogo continuo con el tradicional escenario de asentamiento canadiense. En otros terrenos, como el ocupado por los profe-sionales inmigrantes y sus defensores, los colombianos están desarrollando una fuerte presencia organizativa. Aunque fuera del alcance del presente capítulo, en nuestra investigación en curso argumentamos que el carácter de las relaciones institucionales entre una población inmigrante y las insti-tuciones canadienses, particularmente la gama de contactos sectoriales y la naturaleza de la relación (autónoma, arraigada, superficial, etcétera), tiene impactos acumulativos sobre las trayectorias de incorporación (c.f. Landolt y Goldring, 2006). Finalmente, no debería subestimarse la importancia de las organizaciones etnonacionales y la especificidad de sus variadas formas de hacer política y definición de prioridades y agendas, dentro y para el escenario de asenta-miento en Toronto. Las organizaciones de chilenos, salvadoreños y en menor medida de guatemaltecos continúan siendo importantes actores institucio-nales que “representan” a su respectivo grupo en diferentes espacios institu-cionales, a la vez que siguen participando en el establecimiento de la agenda de asentamiento y provisión de servicios sociales para los latinoamericanos en Toronto. En particular, la primera generación de inmigrantes chilenos y salvadoreños ha superado en buena medida las diferencias políticas al inte-rior de sus grupos, constituyendo verdaderas organizaciones etnonacionales ecuménicas y políticamente progresistas. Después de un periodo de relativa inactividad al final de la dictadura, los chilenos que cuentan con una larga historia de activismo a través de organizaciones partidistas transnacionales, fundaron en 2004 la Casa Salvador Allende Toronto (CASAT, http://www.ca-sasalvadorallende.com/). A través de esta organización, los chilenos continúan manteniendo una agenda transnacional de asuntos que les preocupan, tales como que se les reconozca y tenga en cuenta su voz política tanto en Chile como en Canadá. Por su parte, y también alrededor de 2004, los salvadoreños asociados a organizaciones partidistas transnacionales y grupos de ayuda mutua para el asentamiento reunieron esfuerzos a fin de crear la Asociación Salvadoreña Canadiense (ASALCA). ASALCA busca mejorar la inserción de los salvadoreños canadienses en la sociedad a través de la promoción de valores culturales (salvadoreños), trabajando en temas de justicia social y apoyando su organización y participación en la sociedad civil (http://www.asalca.ca/). Estas dos organizaciones encarnan las distintas trayectorias migratorias y políticas de los chilenos y salvadoreños en Toronto, reflejando también las


agendas transnacionales y el compromiso de cada grupo por la justicia social que se proyecta en sus actividades. Esto subraya la causalidad acumulativa de las trayectorias organizativas en las que distintas historias migratorias, aptitudes y formas de quehacer político contribuyen al siempre cambiante panorama de asentamiento. Es importante tener en mente la complejidad y diversidad de este escenario institucional al abordar el proceso paralelo de constitución de un paisaje pan-étnico latinoamericano de asentamiento y provisión de servicios sociales.

LA NEGOCIACIóN DE UNA AGENDA PAN-ÉTNICA LATINOAMERICANA

Las coaliciones de organizaciones, en virtud de su capacidad para atraer a una variedad de miembros o afiliados, y en su afán de responder a las necesi-dades de esta diversidad de actores, tienen que negociar múltiples demandas e identidades y superar las limitaciones propias de contextos específicos. Las organizaciones latinoamericanas o hispanas en Toronto enfrentan el reto de responder a prioridades y necesidades de asentamiento y servicios sociales extremadamente diversas, en un contexto donde las instituciones guberna-mentales y organismos donantes acostumbran apoyar a “una organización” de “cada grupo.” La construcción de un sujeto pan-étnico hispano o latino-americano identificable y legítimo implica englobar a una gran variedad de poblaciones migrantes bajo el supuesto de que todos comparten una misma lengua (el español) y una misma herencia cultural (latinoamericana o “his-pana”). Sin embargo, la composición de un sujeto pan-étnico latinoamerica-no o hispano a partir de etnonacionalidades diversas resulta conflictiva en muchos sentidos. En el proceso, se tergiversa, suprime u olvida la diversidad de experiencias migratorias y formas de hacer política que se reflejan en las organizaciones etnonacionales y sus agendas de asentamiento. Esto da lugar a que se excluya a poblaciones con experiencias de migración y asentamiento potencialmente similares, como los brasileños y nacionales de países de habla inglesa de América del Sur y Centroamérica, mientras que se incluye (al menos dentro del término hispano) a grupos como los españoles, cuya experiencia de migración difiere considerablemente de la latinoamericana. Al resaltar la etnonacionalidad como criterio principal en la construcción del sujeto pan-étnico latinoamericano, se invisibilizan otras dimensiones de la identidad, como el género, raza, clase y orientación política. Estas tensiones y omisiones no son simplemente conceptuales o discursivas; al contrario, forman parte de la política organizativa que enmarca las relaciones entre las agencias de servicios sociales pan-étnicas y las diferentes partes interesadas, incluyendo los tres niveles de gobierno, organismos donantes no gubernamentales y las organizaciones que componen la comunidad inmigrante latinoamericana. Los retos organizativos se multiplican a medida que las agencias pan-étnicas de servicios múltiples se ajustan a los cambios en el diseño estatal de


los servicios sociales y de asentamiento. El “modelo canadiense” de provisión de servicios para el asentamiento que floreció en los años ochenta se basó en la administración de servicios a través de organizaciones comunitarias finan-ciadas por los diferentes niveles de gobierno (Richmond y Shields, 2004). En los años noventa, el modelo empezó a hacer agua, tras la implementación de la Nueva Teoría de la Gestión Publica y la reestructuración de las relaciones entre el Estado y las ONGs con relación a la provisión de servicios sociales. A partir de aquí, la financiación se reduce y se reorienta, pasando de dispo-ner de un presupuesto estable a partidas dirigidas a programas específicos de tiempo delimitado. Esto sin duda dio a las agencias menos autonomía para definir una agenda de necesidades y prioridades de asentamiento que reflejara los cambios en las condiciones sobre el terreno, y también limitó la oportunidad de planificar y realizar proyectos. Los requisitos administrativos aumentaron, y la competencia entre agencias empezó a amenazar la existencia de las organizaciones más pequeñas, así como las alianzas establecidas en periodos anteriores (Richmond y Shields, 2004; 2005). Además, hubo presión para que se separaran las actividades de apoyo y defensa de las de provisión de servicios, debido a que las primeras pasaron a considerarse actividades de interés especial que no debían ser auspiciadas con dinero de los contri-buyentes. A continuación se examina la historia de dos organizaciones pan-étnicas actualmente activas en Toronto: el Centro para Gente de Habla Hispana (CSSP, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Desarrollo Hispano (HDC, también conocido por sus siglas en inglés). Nos vamos a fijar en cómo ambas instituciones se mueven entre: (a) el deseo gubernamental de mantener una interlocución canalizada y ordenada con un sujeto latinoamericano pan-étnico, capaz de articular una agenda coherente de necesidades y servicios de asistencia; y (b) las presiones internas procedentes particularmente de las organizaciones latinoamericanas etnonacionales y las especializadas sectorial o temáticamente (por ejemplo, de mujeres), para responder a las diversas y cambiantes necesidades y mantener una agenda política explícita. La historia de cada organización revela una tensión recurrente entre, por un lado, las agendas políticas que buscan abogar por los derechos y propiciar el cambio social y, por el otro, las agendas pragmáticas que se centran en resolver las necesidades de asentamiento que determina el Estado y siempre que cum-plan con los estándares de transparencia, gestión, eficiencia y buen manejo administrativo. El primer tipo de agendas estimula la innovación en los pro-gramas, así como la capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes de las comunidades; el segundo tipo conduce a la institucionalización y la burocratización. En cada caso, se examina cómo esta tensión influye en las estructuras organizativas de toma de decisiones, los procesos de formulación de agendas y planificación y la forma en la que se identifica nuevos programas y servicios para su incorporación en el abanico de servicios ya existente.


El Centro para Gente de Habla Hispana

El Centro para Gente de Habla Hispana (CSSP), creado en 1973, es la orga-nización latinoamericana pan-étnica de provisión de servicios más antigua del área metropolitana de Toronto. Lo fundaron tres mujeres españolas, exiliadas políticas, con el propósito principal de proveer “atención y servicios de asentamiento a trabajadores migrantes de países de habla hispana, ade-más de ser catalizador de actividades para la comunidad hispana” (Center for Spanish Speaking Peoples, 2006). Algunos participantes en los grupos de discusión nos informaron que el Centro se inició con financiación del partido comunista español, e inicialmente ofreció servicios de guardería y atención a mujeres cuando los refugiados chilenos empezaron a llegar a Ca-nadá. Durante los años setenta, con la llegada de más exiliados políticos de América Latina, la oferta de servicios se amplió y empezaron a ofrecer clases de inglés, entre otros. Además, en 1974, el Centro comenzó a recibir apoyo del gobierno federal, a través del Programa de Asentamiento y Adaptación de los Inmigrantes (ISAP, por sus siglas en inglés). Como organización nacida del exilio político de españoles y chilenos, el CSSP ha luchado siempre por mantener una doble misión que incluye la provisión de servicios y la creación de espacios para la organización comu-nitaria dirigida al cambio social. Habida cuenta la diversidad y composición cambiante de la población latinoamericana de Toronto, esta doble orientación ha sido fuente de innovación, ya que se implementan nuevos servicios y acti-vidades en respuesta a cambios en las necesidades sociales de la población y las prioridades de las políticas de refugio y asentamiento. La historia del CSSP sugiere una constante tensión entre la dinámica de administración de servi-cios y el activismo político, así como con los diferentes factores que alimentan la construcción negociada de las necesidades sociales de la “comunidad”. Estos factores incluyen: cambios en la agenda estatal de asentamiento; la llegada constante de población migrante con diversas necesidades y maneras de hacer las cosas; y un diálogo continuo entre el CSSP, las organizaciones etnonacionales y las sectoriales (partidistas, religiosas, de mujeres), que ejercen presión para influir las agendas y prioridades de esta organización de servicios múltiples étnicamente específica. Nuestra investigación revela cuatro momentos clave en la relación entre la orientación hacia los servicios y el activismo político, a lo largo de los cuales la habilidad del CSSP para sostener una agenda flexible, autónoma y crítica ha ido disminuyendo en el marco de las directivas estatales y las restricciones presupuestarias. Durante los primeros años del CSSP (en los setenta y principio de los ochenta), las necesidades de servicios y la política estuvieron profundamente interrelacionadas. El trasfondo político del grupo fundador de la organización fomentó la identificación con los exiliados latinoamericanos, y su solidaridad se expresó en formas de provisión de servicios vinculadas a las agendas y prioridades políticas. El Centro se organizó internamente a manera de colec-


tivo dirigido por una Junta Directiva que tomaba decisiones de forma demo-crática y mantenía relaciones horizontales entre todos sus miembros. Tanto los voluntarios como los trabajadores de esta organización tenían experiencia directa de migración y exilio. Desde los inicios del Centro hasta finales de los años ochenta, la mayoría de los directores ejecutivos, personal y miembros de la Junta Directiva fueron líderes reconocidos entre la comunidad latinoa-mericana, cuyas relaciones estrechas con los partidos socialista y comunista chilenos eran bien conocidas. Los servicios de asentamiento que ofrecía el Centro se definieron en base a necesidades pragmáticas de asentamiento (como por ejemplo, el cuidado de niños y, más tarde, las clases de inglés). Al mismo tiempo, el Centro se dio a conocer como un espacio abierto al activismo de la comunidad, donde se planeaban y realizaban eventos de solidaridad, sensibilización y recaudación de fondos. Los múltiples roles asumidos por el personal del CSSP eran evidentes en su compromiso y participación también en los eventos políticos y organizaciones comunitarias de compatriotas. El éxito temprano que tuvo el Centro en la provisión de servicios en un contexto de demanda creciente de estos servicios dio paso a un segundo momento, caracterizado por el crecimiento del CSSP y su consecuente ins-titucionalización, que implicó el desarrollo y establecimiento de diversas alianzas y la diversificación de fuentes de financiación. La expansión de su área de programas fue posible gracias a los fondos gubernamentales que se distribuyeron entre las organizaciones comunitarias de base, tal como dictaba el emergente “modelo canadiense” de provisión de servicios a los inmigrantes (Richmond y Shields, 2005). El período que abarca los años ochenta hasta la primera parte de los noventa fue testigo de la incorporación de nuevos programas al CSSP, a la vez que se crearon similares programas en otras organizaciones y agencias de la ciudad (por ejemplo, programas para mujeres, portadores de VIH/SIDA y jóvenes). Algunos de estos programas, como los dirigidos a las mujeres, se constituyeron para dar respuesta a las necesidades y demandas realizadas por mujeres inmigrantes y refugiadas politizadas que llegaron a Canadá entre la década de los setenta y principios de los ochenta, habiendo constatado que tras haber luchado contra la opresión en sus países de origen, ahora tenían que enfrentar fuertes asimetrías de poder - en casa y en la comunidad (Landolt y Goldring, 2008). Por su lado, los programas dirigidos a la juventud se crearon, en parte por la preocupación interna de la comunidad, en parte al desatarse la alarma externa por el ascenso de la actividad pandillera en Toronto, particularmente tras la llegada de población centroamericana (Carrillos, 2000; Carrillos et al., 2003). Después de un periodo de diversificación y expansión de programas, los cambios en la política provincial y federal dieron inicio a un tercer momento en la historia del CSSP. El Estado presionó para que la provisión de servicios se acomodara a un modelo de gestión y una lógica de búsqueda de recursos que transformó las estructuras organizativas y la toma de decisiones internas, alterando así las relaciones del CSSP con otras organizaciones e iniciativas


latinoamericanas. El Centro respondió a este escenario nuevo de políticas públicas con la creación de una nueva Junta Directiva y la profesionalización de su personal. Como reflejo del cambio en los criterios de los líderes que ahora iban más allá de las políticas progresistas para incluir capacidades de gestión y captación de fondos, se contrató por un tiempo a un director ejecutivo que no era latinoamericano. Una de las consecuencias positivas no previstas de este cambio en la organización del personal de CSSP es que la comunidad centroamericana, que históricamente se había sentido excluida de la administración y liderazgo del Centro, tuvo la oportunidad de ganar espacio dentro de la organización8. Sin embargo, los activistas comunitarios vieron con escepticismo los cambios dictados por la reestructuración, cues-tionaron la formación de una estructura más jerárquica y se preocuparon de que el Centro se volviera cada vez más receptivo a los requerimientos de los donantes y menos a las demandas del personal y usuarios. La presión por separar la acción política de la provisión de servicios en este contexto de recortes presupuestarios se reflejó en varias dinámicas organizativas paralelas. El CSSP viró hacia una institucionalización de sus servicios sociales para asegurar la continuidad de la financiación, acción que redefinió su relación con la población inmigrante. En este nuevo escenario la comunidad de inmigrantes se convirtió en “clientes”, más que compañeros de un proceso en marcha de acción colectiva y cambio social. La provisión de servicios que históricamente había abrazado un compromiso político-social – como en los programas de asistencia a mujeres y portadores de VIH/SIDA - se institucionalizó y de ese modo la participación en temas de incidencia política, como las campañas antiracistas, se canalizó por medio de otras instancias de acción ajenas al CSSP9. La colaboración y los diálogos sectoriales que se habían desarrollado en periodos anteriores desaparecieron y prevaleció un espíritu de competencia. Como consecuencia, las relaciones entre el CSSP y las redes de activistas y organizaciones prestadoras de servicios para muje-res latinoamericanas se enrarecieron. El trabajo de éstas fue recortado y las organizaciones creadas por latinoamericanas feministas para salvaguardar su trabajo fueron desprovistas de financiación estable. Algunas feministas latinoamericanas culparon a las grandes organizaciones, como el CSSP, de

8 El CSSP en los años setenta tuvo un presidente de la Junta Directiva de origen salvadoreño, pero esto fue una excepción, ya que durante casi toda esa década la organización fue dominada por chilenos. 9 A modo de ejemplo de esta situación, el uso por parte de la Policía de Toronto de imáge-nes de jóvenes hispanos con mensajes negativos desató una fuerte campaña de protesta y de activismo antiracista que culminó en la creación de la llamada Coalición Latinoamericana en Contra del Racismo (LACAR). Uno de los miembros fundadores de LACAR trabajaba en el CSSP. LACAR era considerada parte de las organizaciones de base afiliadas al Centro, pero la coalición operaba independientemente del CSSP.


no dejar lugar a las pequeñas, quitándoles oportunidades de financiación. En cambio, otras vieron en la institucionalización de los programas de atención a la mujer un mal necesario. Este periodo de reestructuración y despolitización culminó en un conflicto laboral. A finales de 2003 y principios de 2004 se convocó una huelga de nueve semanas en el Centro. Los días de la estructura gerencial colectiva se habían ciertamente acabado y el Centro luchaba por permanecer a flote. Al conflicto laboral le siguió una reorganización interna y la implementación de un nuevo acuerdo colectivo. El informe anual de 2003/04 incluye una carta del entonces presidente de la Junta Directiva señalando los retos que supone trabajar: (1) en un contexto de recorte de presupuesto y financiación, (2) con una población en crecimiento con demandas diferentes de las que había cuando se fundó el Centro y (3) con el reto añadido de responder a la reorganización interna derivada de la huelga y mejorar la moral del personal (Center for Spanish Speaking Peoples, 2004). Poco antes de que estallara la huelga, en el afán de mantener el con-tacto con las diferentes comunidades de la ciudad, el CSSP se trasladó del centro de la ciudad hacia el noroeste, donde los hispanohablantes se están concentrando de manera significativa. El cambio de residencia y la nueva organización interna reflejan un emergente cuarto momento en la historia del Centro, el cual se caracteriza por una reorientación marcada por una cierta repolitización que mantiene elementos de continuidad, pero que también toma en cuenta la situación actual de diferentes maneras. Primero, en lugar de sólo retomar las viejas formas del quehacer político de las comunidades exiliadas y sus lazos partidistas, el trabajo político hoy incluye un interés por las relaciones laborales y los derechos humanos de los trabajadores indocumentados. Al mismo tiempo, continua siendo importante el mante-nimiento de coaliciones con una amplia gama de organizaciones, incluidas las latinoamericanas. Segundo, la variedad de clases, niveles educativos y afinidades políticas de los latinoamericanos recién llegados ha comportado cambios en lo que se entiende por compromiso con la comunidad y por pro-visión de servicios considerados “necesarios”. Con respecto a la cuestión del compromiso con la comunidad, se ha realizado un esfuerzo deliberado por re-unir el activismo político con la provisión de servicios, según se refleja en el Informe Anual 2007, que identifica como las principales prioridades del Centro: mejorar la calidad de sus servicios y programas y “participar más activamente en los asuntos cotidianos de nuestra comunidad” (Center for Spanish Speaking Peoples, 2007). El Centro también ha hecho un esfuerzo por reabrir sus puertas a la comunidad y a su activismo de base. A fin de no perder (o incluso ganar) relevancia, el Centro retiene sus pro-gramas estrella en las áreas de asistencia legal y atención a mujeres, jóvenes y portadores de VIH/SIDA. También es importante el nuevo programa de voluntariado, que le proporciona al centro más horas de trabajo y, por otro lado, ofrece “experiencia laboral canadiense” a aquellos inmigrantes que bus-


can empleo, en especial a quienes necesitan el reconocimiento oficial de sus méritos y titulaciones. El área donde más se evidencia una agenda política crítica es en el trabajo que el Centro realiza con individuos que presentan un estatus legal precario. Este trabajo lo desempeña una profesional con largo recorrido en el Centro, muy activa en iniciativas comunitarias externas al CSSP y comprometida con que la ayuda legal continúe siendo un trabajo central en los nuevos tiempos. A manera de resumen diríamos que la historia del CSSP está marcada por la tensión entre un modelo de provisión de servicios basado en el activismo social y unas preocupaciones más pragmáticas (menos políticas). Esta ten-sión resultó productiva en los primeros años de crecimiento institucional y expansión de programas del Centro, pero se volvió problemática cuando se recortó la financiación para servicios sociales a mediados de los noventa. Más recientemente, los esfuerzos por reintegrar las dos tendencias están produciendo áreas programáticas más “seguras”, así como también acciones de naturaleza más crítica e innovadora. Nuestra discusión ha resaltado la importancia de las oportunidades y limitaciones de la financiación estatal en modelar la trayectoria de la organización. También se ha enfatizado el papel de la composición cambiante de las comunidades latinoamericanas y la diversificación de sus necesidades en la apertura de nuevas áreas de atención y programas. En conjunto, la necesidad de dar respuesta a los nuevos usuarios, a las prácticas de etnización del Estado, a las oportuni-dades de financiación y sus límites y a la definición de agendas y desarrollo de programas por parte de las organizaciones etnonacionales y sectoriales, componen un contexto muy complejo en el cual el CSSP se ha movido entre programas innovadores oficializados y una apuesta más arriesgada en otras áreas programáticas. A lo largo de todo el proceso, el Centro ha mantenido relaciones estrechas con la comunidad, particularmente a través del contacto con los grupos de latinoamericanos que siguen llegando. Aunque ha habido tensiones asociadas con el proceso de burocratización, el Centro se mantie-ne como un actor institucional clave dentro de la comunidad y del sector de provisión de servicios sociales en general.

El Consejo de Desarrollo Hispano

En 1978, “trabajadores comunitarios y activistas” que se desempeñaban en el área del asentamiento de inmigrantes y refugiados constituyeron el Consejo de Desarrollo Hispano. EL HDC es una organización dedicada al desarrollo comunitario, el análisis de políticas y el cabildeo, cuya misión es “continuar fortaleciendo el desarrollo saludable y sostenible de la comunidad hispana, con un énfasis en la equidad social, económica y medioambiental” (Hispanic Development Council, 2005). La organización del HDC es similar a la de otras muchas ONGs; cuenta con el mismo director ejecutivo desde hace tiempo, un mínimo de perso-


nal fijo, pasantes que van y vienen y una Junta de Gobierno. El desarrollo comunitario, el análisis de políticas públicas y los estudios se realizan con fondos y proyectos externos. En este sentido, el Consejo se presenta como la organización hispana con capacidad para llevar a cabo investigación, análisis y cabildeo. Aún cuando el HDC no es una organización proveedora de servi-cios en sentido estricto, sí ofrece algunos programas propios, en especial los dirigidos a la juventud (Carrillos et al., 2003; Poteet, 2002). El HDC ha desarrollado una amplia trayectoria en investigación y análi-sis sobre la comunidad latinoamericana. Sin embargo, la manera cómo se diseñan e implementan determinados proyectos resulta un tanto ad hoc. Una revisión de los proyectos mencionados en su página web muestra que el HDC ha obtenido fondos para la investigación, así como para programas y proyectos específicos, como por ejemplo el programa de pasantías “Jóve-nes Profesionales Internacionales” y un proyecto de ecología social. El HDC también ha desarrollado alianzas con otras organizaciones pan-étnicas de inmigrantes, como se puede apreciar en su participación en el Grupo de Planificación Alternativa (APG, por sus siglas en inglés), una coalición de agencias pan-étnicas de chinos, surasiáticos, africanos y latinoamericanos, cuyo objetivo incluye el “desarrollo interétnico comunitario” y la reorienta-ción de la planificación social municipal, de manera que se tome en cuenta la diversidad étnica (Alternative Planning Group, n.d.; cf.Veronis, 2006). El HDC se ha posicionado asimismo como el interlocutor preferido por los ministerios de gobierno y fundaciones interesadas en construir alianzas y redes con una organización no gubernamental hispana con base comuni-taria. Las capacidades de investigación y difusión del HDC y su autoprocla-mada legitimidad entre la comunidad latinoamericana le convierten en un atractivo interlocutor para los grupos de interés externos. Esto se constata en el hecho de que el HDC participe en el APG, y en que los funcionarios del gobierno vean al HDC como la organización comunitaria a través de la cual realizar investigación sobre la población latinoamericana10. Esto es evidente también en las numerosas evaluaciones de las necesidades de la comunidad que se han realizado bajo el auspicio del HDC a lo largo de los años. Más recientemente, al HDC se le encomendó realizar una investigación sobre la diáspora colombiana para una conferencia organizada por la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas11, y uno de los miembros del personal fue

10 Comunicación personal entre una de las autoras y uno de los miembros del personal del International Development Research Centre (IDRC - Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo) (2005). 11 Foro Especializado sobre el Desarrollo de Capacidades para la Paz y el Desarrollo: Los Roles de la Diáspora. UPeace: Toronto, Octubre 19-20, 2006. [http://www.upeacecanada.org/resources.html]


invitado a formar parte de una delegación de inmigrantes latinoamericanos para participar en un encuentro en México12. Además de presentarse a sí mismo como la organización de base latinoa-mericana – o hispana – más reconocida frente a las instituciones externas, el HDC aparenta tener amplios lazos horizontales con el resto de la comu-nidad. La página web del Consejo enumera más de 66 organizaciones afilia-das, incluyendo hospitales, agencias no étnicas o multiétnicas proveedoras de servicios múltiples y unas pocas organizaciones latinoamericanas. Esta información refuerza la legitimidad del HDC como representante de sus afi-liados, aunque el número limitado de organizaciones latinoamericanas en la lista podría llevar a cuestionar los reclamos implícitos y las prácticas de facto sobre su representación y representatividad dentro de la comunidad, cuestionamiento que han elevado varios sectores latinoamericanos. Esta capacidad institucional y cercanía con interlocutores externos del HDC no siempre la valoran positivamente los trabajadores y activistas co-munitarios. Durante las entrevistas y grupos de discusión con activistas de distintas organizaciones se escucharon quejas sobre la representatividad y legitimidad del HDC, así como sobre su capacidad de colaboración con los demás. Varios aspectos explican las dudas y recelos que algunos tienen con respecto al HDC. Primero, los participantes en los grupos de discusión con experiencia de activismo en organizaciones de mujeres y grupos políticos de naturaleza variada comentaron que el HDC (y las grandes organizaciones proveedoras de servicios múltiples en general) ya no utilizan la provisión de servicios como un medio de organización comunitaria, sino que han caído en la trampa de la competición por conseguir fondos, de modo que son los donantes quienes dirigen los planes estratégicos y establecen las agendas. Segundo, estos mismos participantes notaron la ausencia de mecanismos para asegurar el diálogo interno, la transparencia y la representación en las estructuras de toma de decisiones. Los participantes en los grupos de discusión y otros entrevistados sentían que aunque se vea al HDC como representante de la comunidad, no hay mecanismos para asegurar siquiera un mínimo de representación de las opiniones heterogéneas y cambiantes de sus miembros. Una tercera razón de sospecha tiene que ver con la manera en que el HDC se relaciona con otras organizaciones latinoamericanas e iniciativas de trabajo en red, una relación inconsistente y a veces tensa. Como ejemplo, mencionar los manejos que hubo detrás del cierre del Centro Comunitario

12 El Consejo de Desarrollo Hispano participó en la Primera Cumbre de Comunidades Mi-grantes Latinoamericanas, México (mayo de 2007) [www.migrantsummit.org]. La delegación canadiense recibió apoyo de la Fundación Walter y Duncan Gordon, a través de la beca que recibió FOCAL.


Latinoamericano (LACC, por sus siglas en inglés), una organización proveedora de servicios múltiples que cerró en 1997 en medio de acusaciones de mala gestión financiera. Mientras que algunos miembros de la comunidad bien informados mencionaron la posibilidad de que esto fuera verdad, también sospechaban que los dirigentes de la entonces organización competidora ayudaron a armar el caso en contra de la ahora clausurada organización, y que el HDC contribuyó a sellar el destino de LACC. No pretendemos aquí establecer lo que aconteció ni la verdad en este asunto, sino enfatizar que el proceso de cierre de LACC se desarrolló con mucha acritud, pues circu-laron documentos internos que revelaban comunicaciones entre individuos a favor de la organización y agencias de financiación, como la United Way, y entre seguidores y detractores del Centro. Estas comunicaciones indican que durante el proceso los donantes consultaron al HDC, el cual no pareció interceder a favor de LACC o quizás incluso se puso en su contra. La im-portancia de mantener su credibilidad frente a las agencias de financiación externas pudo haber sido determinante para el HDC, particularmente durante aquella coyuntura en la que la escasez y competencia por los recursos entre las organizaciones era muy evidente. No obstante, lo fundamental aquí es que esta controversia revela las tensiones subyacentes dentro de un sector de la “comunidad” latinoamericana que se tiene que ajustar a las políticas estatales de etnización y a las políticas comunitarias que tiran en direcciones contrarias. Un segundo ejemplo de estas tensiones se manifiesta en la relación entre el HDC y las iniciativas de organización de las mujeres latinoamericanas. En este caso el Consejo jugó un papel importante en facilitar el proceso que culminó con la institucionalización de los programas sobre mujeres y violencia doméstica, pero falló en mantener una relación de trabajo con las organizaciones clave. A finales de los setenta, el HDC patrocinó un foro sobre violencia doméstica en la comunidad latinoamericana que reunió a unos 600 participantes. Para coordinar el foro, el HDC contrató a una de las fundadoras del Colectivo de Mujeres Latinoamericanas, la primera organización feminista latinoamericana en Toronto (Landolt y Goldring, 2008; San Martín, 1998). El evento fue un éxito, por cuanto atrajo la atención sobre este tema dentro de la comunidad; catalizó el desarrollo de redes entre las latinoamericanas y otras mujeres y organizaciones de mujeres trabajando el tema de la violencia doméstica; y condujo a la formación de la Coalición Latinoamericana para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niños (LACEV, por sus siglas en inglés). LACEV se convirtió en una importante organización sectorial (de mujeres) pan-étnica, que posteriormente dio lugar a MUJER, organización que todavía hoy continúa activa (Landolt y Goldring, 2008; MUJER, 2005). Sin embargo, la relación inicial entre el HDC y las feministas latinoamericanas no continuó: ni LACEV ni MUJER mantuvieron sus vínculos con el HDC. Esto ilustra, por un lado, la habilidad del HDC para obtener fondos destinados a aquellas áreas programáticas donde existe una clara “demanda” comunitaria,


pero, por otro lado, sugiere que la búsqueda de fondos se ha realizado más bien de forma ad hoc y oportunista, en vez de basarse en una agenda firme o en una planificación y compromiso a largo plazo para trabajar en áreas concretas. La colaboración del HDC con grupos latinoamericanos autónomos ha sido limitada y puntual. No está muy claro hasta qué punto esto se debe a las oportunidades o limitaciones de la financiación. Varios informantes de nuestros grupos de discusión le echaron toda la culpa al tema de los recursos, argumentando que cuando los fondos abundaban había mucha más colaboración, pero que con los recortes presupuestarios la competencia entre organizaciones se había incrementado. De cualquier modo, existen diferencias en la manera en que el HDC y el CSSP manejan y definen sus agendas, que van más allá de las diferencias en sus mandatos. Para el HDC resulta central la interlocución con actores externos y la innovación puede surgir tanto de oportunidades de financiación interesantes como de proyec-tos coordinados a los cuales el HDC es invitado (por ejemplo, al Grupo de Planificación Alternativa). En el CSSP, las nuevas áreas de trabajo surgen de la relación entre el personal de la organización y los usuarios y miembros de la comunidad. Así, la consejería legal del Centro, que hasta entonces se dedicaba exclusivamente a temas de normativa laboral, expandió su área de trabajo para incorporar la defensa de los inmigrantes con un estatus legal precario. Sin embargo, cabe señalar la fuerte tendencia existente también en el CSSP a institucionalizar muchas de sus áreas, como resulta ser el caso de los programas para mujeres. Para resumir, el CSSP y el HDC son dos importantes actores dentro del escenario de las organizaciones latinoamericanas pan-étnicas en Toronto. Ambas organizaciones surgieron de la acción colectiva que buscaba dar respuesta a las necesidades de los inmigrantes latinoamericanos, en un mo-mento en que los exiliados políticos empezaron a llegar a Canadá en grandes cantidades. El CSSP adoptó desde el comienzo una agenda de provisión de servicios sociales, que inicialmente estuvo muy orientada hacia el cambio social. Por su parte, el HDC tomó una orientación distinta, asumiendo el rol de portavoz y defensor, así como de generador de conocimiento sobre la comunidad. Además de sus diferentes áreas y actividades, estas dos organi-zaciones difieren considerablemente en sus relaciones con la comunidad y los actores institucionales externos, así como en sus formas de organización interna e identificación de agendas. El CSSP esta más ligado y responde de manera más directa a las necesidades cotidianas de la comunidad, mientras que el HDC necesariamente se ha tenido que distanciar más, al acceder a fuentes de financiación externas. Los programas multiculturales canadienses, las políticas de etnización y el modelo asociado de provisión de servicios para el asentamiento han contribuido a la asignación de roles específicos a cada una de estas dos organizaciones étnicas. Para los donantes externos y otras organizaciones


comunitarias e individuos, el CSSP se ha convertido en un claro interlocutor, aliado y receptor de fondos, por su función como organización proveedora de múltiples servicios a un colecto étnico específico. Esto ha obligado al CSSP a acomodarse a los requerimientos impuestos por los donantes y a tratar a los miembros de la comunidad como clientes, aunque su compromiso tam-bién le ha permitido mantenerse en contacto con la comunidad a través de programas dirigidos a las necesidades siempre cambiantes de una población en evolución. En cambio, el HDC sólo resulta un claro interlocutor a ojos de aquellos actores externos que se interesan por tener a una “organización comunitaria” como contraparte o colaboradora en la investigación social y el análisis de políticas públicas. Aunque esto ha ayudado al Consejo a reforzar sus pretensiones de representatividad de “la comunidad”, ha dejado a su vez al descubierto su gran heterogeneidad.

CONCLUSIONES

Las formas de organización de la comunidad latinoamericana en Toronto son numerosas y complejas. Por un lado, las organizaciones etnonacionales han resultado una plataforma importante para la organización autónoma, que ha generado además diversos caminos hacia la formación y el asentamiento de la comunidad. Por otro lado, las organizaciones pan-étnicas que abordan temas específicos (por ejemplo, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, artistas, etc.) mantienen fuertes vínculos con las organizaciones etnonacio-nales, a la vez que ofrecen a los usuarios espacios de participación paralelos. Estas formas de organización de base mantienen conexiones con coaliciones pan-étnicas proveedoras de servicios múltiples que están más condicionadas por las políticas y los programas de etnización. De este modo, el panorama institucional de las organizaciones comunitarias latinoamericanas opera a múltiples niveles de institucionalización, interlocución y complejidad. Las políticas estatales, especialmente en tiempos de escasez de recursos, favorecen el trabajo con un pequeño número de organizaciones pan-étnicas “representativas”. No obstante, el establecimiento de las organizaciones pan-étnicas sobre la base de una supuesta herencia cultural e idioma común, oculta la diversidad interna. Esta imposición de la pan-etnicidad al estilo canadiense como la dimensión más relevante de la identidad y ubicación social, margina otros elementos significativos de la experiencia social de los migrantes, como son sus historias migratorias, militancias políticas, condicio-namientos de género, clase, capital social y raza. Las políticas multiculturales en un contexto fiscal neoliberal también allanan las diferencias ideológicas, permitiendo un diálogo político benigno (por ejemplo, en torno a la agiliza-ción de los casos de reagrupación familiar, el reconocimiento de credenciales profesionales, etc.) y reprimiendo la acción política (por ejemplo, en torno al cumplimiento de los estándares laborales para todos los trabajadores, inde-


pendientemente de su estatus migratorio). Estos dos patrones son evidentes en las dinámicas organizativas tanto de las organizaciones latinoamericanas por país de origen como las pan-étnicas. La comunidad latinoamericana en Toronto ha ayudado a construir varios tipos de organizaciones multinacionales de servicios sociales y estructuras de trabajo en red. Instituciones como el Centro para Gente de Habla Hispana (CSSP) y el Consejo de Desarrollo Hispano (HDC) responden a dos órdenes: por un lado, a una población inmigrante política y socialmente muy diversa; y por otro, al imperativo de presentar una cara institucional hispana coherente a los donantes e interesados. El CSSP ha implementado procesos oficialis-tas e institucionalizadores, al mismo tiempo que ha tratado de mantenerse receptivo a las necesidades y agendas emergentes de una base en constante cambio. Por el contrario, el HDC se ha centrado en el diálogo con actores externos, de manera que su legitimidad entre los activistas y organizaciones de la comunidad latinoamericana se ha cuestionado. Teniendo en cuenta las limitaciones que se derivan de las políticas et-nizadoras impuestas por el Estado, cada una de las formas organizativas creadas por los latinoamericanos ayuda a definir el terreno en el que los inmigrantes hacen política y construyen la comunidad. Todos ellos, los gru-pos etnonacionales por país, las organizaciones sectoriales y de temáticas específicas pan-étnicas, y las coaliciones y agencias multiservicios, participan en la construcción y política de la comunidad. Sin embargo, la capacidad de maniobra política de cada una de ellas está restringida de varias maneras. En concreto, las limitaciones presupuestarias y el modelo de provisión de servicios privilegian a las organizaciones pan-étnicas de servicios múltiples y a las coaliciones y redes, al tiempo que condicionan sus acciones. En cuanto a las organizaciones etnonacionales o basadas en el país de origen, aún cuando no disfruten de interlocución con el Estado, continúan contri-buyendo a ampliar el escenario institucional y sus acciones se conectan, aún de manera indirecta, con las agendas dictadas por las instituciones pan-étnicas latinoamericanas y multinacionales de provisión de servicios. De igual manera, las organizaciones sectoriales y de temáticas específicas que han adoptado posiciones críticas (por ejemplo, las organizaciones de mujeres feministas) encuentran que sus agendas son institucionalizadas por las grandes organizaciones multiservicios, lo cual no les impide seguir contribuyendo al proceso de discusión y definición de la agenda. Por tanto, nuestro análisis de las formas de organización comunitaria entre los latinoa-mericanos y de la política étnica en el contexto de las políticas etnizadoras del multiculturalismo canadiense, enfatiza las contradicciones de estas políticas. La etnización limita y canaliza las expresiones de la diversidad aceptables, despolitizando y reduciendo las oportunidades para un diálogo más amplio y polivalente. En vez de proveer de canales significativos para la expresión de diversidades múltiples, el multiculturalismo etnizador y las políticas de racialización limitan el terreno (Das Gupta, 1999).


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parte iiiLaS pOLÍtiCaS De ViNCULaCiÓN

De LOS eStaDOS CON SUS MiGraNteS

CapÍtULO 9eL “eStaDO De eMiGraCiÓN” Y LOS VÍNCULOS

CON La DiÁSpOra1

Alan GamlenOxford University

iNtrODUCCiÓN

En estos últimos años, en el mundo académico y dentro de las políticas pú-blicas los debates sobre la globalización han señalado la falta de un marco multilateral para regular los flujos migratorios a escala internacional. Este marco se percibe como algo necesario para poder conciliar los intereses, a veces conflictivos, de los Estados emisores y receptores, así como de los mismos migrantes, y de esta manera lograr una cooperación por el bien co-mún global (GCIM, 2005; Sachs, 2008)2. Por eso, la llamada a gobernar la

1 Traducción al español del original en inglés realizada por Anastasia Bermúdez, con permiso del autor. 2 Ver también: [http://globaleconomicgovernance.org/migration/]

ALAN GAMLEN238

migración a nivel global está asumiendo cada vez más prominencia, tanto en foros sobre el tema como en otros contextos variados como, por ejem-plo, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, el Grupo Global sobre Migración, la Agenda Internacional para la Gestión de la Migración de la Iniciativa de Berna, el Diálogo Internacional sobre la Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales, la Resolución sobre Trabajadores Migrantes de 2004 de la Organización Internacional del Tra-bajo (OIT), el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) sobre Migración Internacional y Desarrollo y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo (ver ILO, 2007). Para los proponentes de una gobernanza global de la migración, uno de los primeros pasos ha sido centrarse en aquellas áreas temáticas donde la cooperación internacional en migración podría ser relativamente menos con-flictiva (Jenny, 2008). El eslogan “migración y desarrollo” representa una de las más importantes de estas áreas. En el año 2006, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, declaró que el Foro Global sobre Migración Internacional y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo deberían entenderse como “el principio de una era de cooperación duradera sobre migración y desarrollo” (ILO, 2007:6). “Migración y desarrollo” se refiere a la noción de que la migración no es un juego de suma cero, sino más bien que potencialmente puede terminar en ganancia para los principales agentes involucrados: los Estados emisores, los Estados receptores y los migrantes (Faist, 2008; Skeldon, 2008; 1997). Los Estados receptores ganan en mano de obra y capital humano, los Esta-dos emisores también ganan, ya sea al disminuir los niveles de desempleo con la emigración, ya por medio de las remesas o por las transferencias de conocimiento desde la diáspora, y los migrantes y sus familias se benefician al mudarse (voluntaria y no forzadamente) a áreas con salarios más altos. Si la teoría sobre migración y desarrollo es correcta, entonces las políticas al respecto son un buen lugar donde empezar a cooperar en materia de go-bernanza global de la migración, dejando para más tarde otras áreas más difíciles donde los intereses de los diferentes Estados empiezan a divergir. Consecuentemente, ha habido una especie de campaña para buscar políti-cas que permitan aumentar los ya existentes efectos colectivos benéficos de la migración para el desarrollo. Además de las políticas para incrementar la migración “circular” y el retorno de expatriados cualificados, las políticas para “vincular a la diáspora” con el desarrollo de sus países de origen han sido de las más anunciadas. Estas últimas se definen como un remedio para el atraso existente en diferentes ámbitos de los países de origen de los migran-tes, desde el subdesarrollo económico hasta el subdesarrollo democrático (De Haas, 2006; Ionescu, 2006; Kuznetsov, 2006; Lowell y Findlay, 2001; Meyer, 2001; Newland y Patrick, 2004; Van Hear et al., 2004).

CAPÍTULO 9. EL "ESTADO DE EMIGRACIÓN" Y LOS VÍNCULOS CON LA DIÁSPORA 239

Sin embargo, al mismo tiempo, algunos autores más escépticos han inter-pretado estas políticas más bien como síntomas de ese mismo subdesarrollo. Para algunos, dichas políticas representan un desbordamiento del chovinis-mo étnico (Anderson, 1992; Glick Schiller, 2005; Glick Schiller y Fouron, 1999; Joppke, 2005; Skrbis, 1999) o una muestra del largo brazo de algunos regímenes autoritarios que tiranizan incluso a los que consiguen escapar (Basch et al., 1994). Para otros, es un síntoma de debilidad: un indicio de la incapacidad de un Estado para prevenir ingerencias externas en sus asuntos domésticos (Fitzgerald, 2006) o de su esclavitud voluntaria al capital (Larner, 2007). Para muchos, aspectos como la ausencia de una democracia liberal en el país de origen, o políticas inadecuadas hacia las minorías y otros obs-táculos para la integración en la sociedad de acogida, son los que favorecen el transnacionalismo (Faist, 2000)3. Este capítulo sostiene que ambas perspectivas sobre las relaciones Estado-diáspora son erróneas y reflejan lo que Agnew (2003; 2001) llama “la imaginación geopolítica moderna”: una visión del mundo como un todo integrado, compuesto de áreas primitivas y modernas, donde la forma más elevada de organización política es el Estado-nación territorial. El Estado-nación territorial se concibe como una unidad de soberanía diferenciada que pulcramente separa la “política interna”- donde un solo gobernante mantiene el orden – de la “política exterior”, donde reina la anarquía y los Estados-nación se enfrentan unos a otros en la búsqueda perpetua de la primacía en un tablero de juego internacional fijo (Agnew, 2003; 2001). Algunos de los supuestos básicos de los discursos sobre gobernanza global y migración reflejan este pensamiento geopolítico moderno. Por ejemplo, la política global se identifica normalmente con la política internacional, descuidando otras escalas dentro de lo “global” (Agnew, 2001). La migración se concibe como un asunto doméstico que concierne a los Estados receptores y a los inmigrantes, o como un tema internacional a tratar entre Estados emisores y receptores. La conjunción entre migración y desarrollo ayuda a que las áreas más pri-mitivas alcancen a las más modernas al reemplazar la competencia entre los Estados por la cooperación. Las políticas internas que van más allá de las fronteras del Estado son una desviación del modelo ideal del Estado-nación territorial. Aquí se ofrece una visión alternativa de las relaciones Estado-diáspora como una forma normal de organización política que el pensamiento geopolí-tico moderno ha pasado por alto. Dentro de esta perspectiva, cada inmigrante es a la vez un emigrante vinculado a una sociedad y un Estado de origen. Los Estados emisores pueden influir en esos vínculos incluso más allá de

3 Para una discusión sobre este tema, ver también Østergaard-Nielsen, en este libro.

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sus poderes coactivos territoriales, a través de una maquinaria que opera a escala transnacional dentro de la política global. De esta manera convierten a los emigrantes en suyos al tratarlos como miembros de la sociedad de origen, con derechos y obligaciones asociadas. Aunque las limitaciones a la salida de personas del territorio del Estado-nación disminuyeron con la caída del Muro de Berlín, el gobierno de la inmigración sólo es un aspecto del “Estado de migración” (Hollifield, 2004). La visión de los vínculos diaspóricos como un indicio del “atraso” de un Estado no se había cuestionado mucho hasta ahora principalmente por dos razones. Primero, porque la gama de mecanismos y de Estados que los es-tudios existentes abarcan es limitada y sesgada. Así, hay muchos estudios de caso sobre Estados de regiones “atrasadas”, como el sureste de Europa, África, Asia o Latinoamérica y el Caribe, que se vinculan con sus diásporas (por ejemplo, Basch et al., 1994; Hugo, 2003; Levitt y de la Dehesa, 2003; Ong, 1999; Østergaard-Nielsen, 2003a; Van Hear et al., 2004; Yeoh y Willis, 2004), y casi ninguno sobre regiones “avanzadas” como el norte de Europa y América o el sur del Pacífico. Segundo, porque estos estudios se realizan aisladamente sin usar un marco comparativo amplio. El objetivo principal de este capítulo es, por tanto, examinar el conocimiento acumulado en referencia a los vínculos diaspóricos, comparando una gama de mecanismos y Estados más amplia de lo que se ha intentado hasta ahora. Para decidir si estos vínculos son excepcionales, se establece una serie de preguntas: ¿en qué consisten estos vínculos con la diáspora?, ¿existen sólo en el caso de unos pocos Estados o de muchos?, ¿se dan sólo en Estados “anormales” o en todo tipo de Estados?, ¿se trata de una “estrategia” delibe-rada (Larner, 2007)?. Pero antes de contestar estas preguntas, es necesario esbozar algunas definiciones operacionales para las principales categorías analíticas que se usan en el estudio.

LOS eStaDOS, LaS DiÁSpOraS Y La MeMBreSÍa DiaSpÓriCa

Dentro de la concepción moderna del Estado - que todavía hoy aparece como dominante en la teoría sobre este campo de estudio - el Estado se de-fine como “un complejo institucional que como autoridad política suprema reclama su soberanía dentro de un territorio definido de cuyo gobierno es responsable” (Hay y Lister, 2006:5). Esta perspectiva tiene una dificultad, y es que tiende a equiparar un área geográfica definida (el territorio) con el conjunto de instituciones y personal que define esa área como un territorio (a través del proceso de “territorialización”). Esto puede llevar al error - muy común – de concebir que el Estado es el territorio, mientras que todo lo que está por fuera del territorio por definición no es el Estado, sino externo a éste. Por eso, aquí vamos a ser cuidadosos al distinguir entre estas dos categorías analíticas: la palabra “Estado” se reserva para referirse al complejo institu-


cional en sí mismo – que algunas veces se menciona como “aparato estatal” (por ejemplo, en Clark y Dear, 1984) – y no en referencia al territorio sobre el que este complejo institucional ejerce su control. Después se analiza cómo estos complejos institucionales (Estados) se relacionan con sus poblaciones extraterritoriales o “diásporas”. Dentro del consenso teórico actual, una diáspora es un grupo disperso geográficamente que se mantiene unido por ciertas prácticas que delimitan al grupo y está orientado hacia un lugar de origen (Brubaker, 2005; Butler, 2001). Ha habido bastante debate sobre cuán duraderas estas y otras características deben ser para que un grupo merezca la etiqueta de “diáspora” (Cohen, 1997; Safran, 1999), persistiendo una división entre los teóricos que reservan dicho nombre para los casos más arquetípicos – los judíos, armenios y demás – y los que mezclan este término con las discusiones sobre globalización y trans-nacionalismo (Hugo, 2006). Esta confusión conceptual ha permitido darnos cuenta de que las diásporas no son necesariamente grupos preexistentes con características estáticas que cumplen o no ciertos criterios académicos, sino que pueden ser poblaciones heterogéneas que conscientemente se imaginan y se convierten en colectivos a través de los proyectos de los emigrantes y los Estados (Dufoix, 2008; Moraes, en este libro). En este estudio se usa “diáspora” como un concepto (paraguas) que engloba a los diferentes tipos de grupos extraterritoriales con los que interactúa un Estado. Estos incluirían, por ejemplo, a migrantes temporales o transnacionales que dividen su tiempo entre el Estado emisor y otros lugares, emigrantes de primera generación que ya llevan tiempo establecidos en otro país y descendientes de emigrantes que – en determinadas circunstancias – se identifican como diáspora. Las diásporas no son por tanto entidades homogéneas, al igual que los Estados no son actores unitarios, y este análisis no trata de presentarlas como tales. La cuestión es que al igual que tiene sentido dibujar un círculo alrededor de una serie de instituciones y prácticas heterogéneas dentro de un territorio y llamarlo “el Estado”, también se puede dibujar un círculo alrededor de un conjunto de grupos extraterritoriales heterogéneos sobre los que el Estado tiene impacto y llamarlo “diáspora”. Esta distinción es útil porque permite subrayar cómo, por medio de ciertas instituciones y prácticas, los Estados pueden convertir a estas poblaciones extraterritoriales heterogéneas en miembros de una diáspora que comparten una identidad centrada en el Estado. A cada grupo extraterritorial se le apli-can diferentes medidas, y esto lleva a distinguir entre diferentes “niveles” de membresía dentro de la diáspora (Barry, 2006; Bauböck, 1994; Brand, 2006; Escobar, 2006; Fitzgerald, 2000; Laguerre, 1999; 1998; Lee, 2004; Smith, 2003a; 2003b). Parte del objetivo de este estudio ha sido definir qué tipo de instituciones o prácticas llevan a qué tipos de membresía. Para ello, es importante distin-guir entre dos conceptos de membresía formal o ciudadanía. En el primero, ciudadanía expresa pertenencia a una comunidad – esta “comunidad” se

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constituye por la existencia de ciudadanos, o la ciudadanía es el reconoci-miento formal de comunidades preexistentes (Staeheli, 2008). En el segundo concepto, la ciudadanía más que la expresión de una comunidad es un estatus legal que se le otorga a algunos individuos, el cual conlleva ciertos derechos y obligaciones formales (por ejemplo, Baübock, 1994). Según esto, este estudio distingue entre dos tipos de políticas de vinculación con las diásporas: 1) políticas de construcción de comunidades, las cuales buscan crear comuni-dades diaspóricas o incorporar institucionalmente a las ya existentes; y 2) aquellos mecanismos que extienden los derechos civiles, sociales y políticos a ciudadanos no residentes, a cambio de su lealtad y obediencia. Estos dos tipos se elaboran y explican en más detalle en el resto del texto.

CONStrUCCiÓN De COMUNiDaDeS

No todos los grupos de emigrantes son diáspora. Las diásporas no son simple-mente grupos dispersos geográficamente, sino que también son comunidades que se atribuyen una identidad común de grupo y mantienen una orientación hacia su patria (Brubaker, 2005; Butler, 2001; Cohen, 1997; Safran, 1991). Muchos Estados, ya sea de manera deliberada o sin pensarlo, reconocen, cultivan e institucionalizan comunidades diásporicas, ya sea porque piensan que es de su interés o porque asumen que es parte de su razón de ser. Estas iniciativas son a las que me refiero con el término “construcción de comu-nidades”. Por un lado, la construcción de comunidades conlleva cultivar un sentido de membresía dentro de la comunidad diaspórica, cuando el sentido de comunidad puede ser muy débil o no existir. Por otro lado, significa man-tener estructuras institucionales que reconozcan e incorporen formalmente a las comunidades diaspóricas existentes.

Cultivando la diáspora

Con frecuencia, los Estados alientan a sus nacionales en el exterior a iden-tificarse con su comunidad nacional imaginada. Otra manera habitual de cultivar la identidad diaspórica es celebrar el papel que los expatriados juegan dentro de la nación. Varios estudios han identificado cómo en no pocos Es-tados se ha dado un cambio bastante distintivo, al pasar de denunciar a los emigrantes como desertores a aclamarlos como héroes (por ejemplo, Castles y Delgado-Wise, 2008; De Haas, 2007; Martinez-Saldaña, 2003; Nyiri, 2004). El Pravati Bharatiya Divas (Día de los Expatriados de la India), cuyo lema en 2008 fue “Vinculando a la Diáspora: el Camino a Seguir”, es quizás una de las celebraciones de este tipo más famosas. Pero es práctica común que los representantes diplomáticos en el exterior lideren las celebraciones que se organizan durantes las fiestas patrias, algunas de las cuales (por ejemplo, el día de San Patricio para los irlandeses) pueden ser bastante multitudinarias.


A escala más pequeña, aunque igualmente importante, Nueva Zelanda con-voca sus premios anuales World Class New Zealand (Una Nueva Zelanda de Categoría Mundial) para aquellos expatriados con altos cargos que trabajen en industrias estratégicamente importantes. Armenia, Jamaica, Chipre y muchos otros países organizan congresos diaspóricos regularmente para discutir el papel de la diáspora en sus naciones (ver Østergaard-Nielsen, 2003a). Algunos Estados incluso han incluido a la diáspora en sus estatutos. Por ejemplo, la constitución irlandesa declara una “afinidad especial” con los irlandeses que viven fuera, mientras que uno de los objetivos constituciona-les del Estado esloveno es “mantenerse interesado” por los eslovenos en el exterior y fomentar sus contactos con la patria. A veces, los políticos se han atrevido a afirmar retóricamente que representan a, o gobiernan para, la diáspora – como hizo Jean Bertrand Aristide en Haití (Glick Schiller y Fouron, 1999), Vicente Fox en México (Martinez-Saldaña, 2003) y Mary Robinson en Irlanda (Levitt, 2001). Mantener la cultura nacional en el extranjero es otra manera de cultivar esta identidad diaspórica. Esto se consigue principalmente a través de la proyección de los medios de comunicación nacionales – televisión, radio, pe-riódicos – en el exterior; las páginas web para los expatriados patrocinadas por los Estados se han vuelto omnipresentes (como ejemplos en Sudamérica, ver Moraes et al., en este libro). A veces los Estados fundan nuevas asocia-ciones de migrantes – ya sea las recientemente creadas “redes diaspóricas” (Kuznetsov, 2006) de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Chile o Escocia (entre muchas otras), o grupos para ejercer el control sobre la comunidad de migrantes, como los Amicales de Marruecos, fundados en los años setenta – con el objetivo expreso de cultivar una diáspora leal (Brand, 2006; De Haas, 2007).

incorporando a la diáspora

Los Estados no pueden incorporar a sus emigrantes dentro del territorio, pero sí pueden incorporarlos dentro de sus instituciones. Para empezar, pueden llevar a cabo investigaciones y recopilar estadísticas sobre los emigrantes y sus descendientes. Normalmente, éste es el primer paso a dar por aquellos gobiernos que buscan vincular a sus diásporas de manera deliberada. En algunos casos estas actividades no son bien vistas porque se interpretan como intentos de vigilancia por parte del Estado (de lo que se acusa típica-mente, entre otros, a Marruecos o Rusia). Sin embargo, en muchos casos estas investigaciones del Estado sobre la diáspora han sido lideradas por lobbies de emigrantes, que no sólo aprueban sino que buscan activamente su incorporación dentro del Estado emisor, los cuales incluso producen sus propios estudios estadísticos (a fin de alcanzar dicho objetivo). En el caso de la India, se creó la High Level Comission (Comisión de Alto Nivel) en respuesta a la presión ejercida por grupos de emigrantes (High Level Commission on the Indian Diaspora, 2001), y lo mismo se puede decir de la Taskforce on Policy

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Regarding Emigrants irlandesa (Comisión de Políticas hacia los Emigrantes) (Cowen, 2002). En el caso de Australia, la investigación del Senado sobre la diáspora (Australian Senate, 2005) fue provocada en gran parte por el cabildeo de algunos grupos de emigrantes, como el Southern Cross Group (Grupo de la Cruz del Sur) y el Lowy Institute for Public Policy (Instituto Lowy para el estudio de Políticas Públicas), un gabinete estratégico influyente (Fullilove y Flutter, 2004). De forma parecida, el Institute for Public Policy (Instituto de Políticas Públicas) británico recientemente publicó un estudio titulado “Los Británicos en el Extranjero”, donde se crea un mapa de la población emigrante y se aboga por políticas más coherentes hacia ellos (Sriskandarajah y Drew, 2006). Para incorporar a las comunidades diaspóricas institucionalmente se re-quieren estructuras burocráticas dedicadas a ello. Los servicios consulares ofrecen un conjunto de dichas estructuras: por ejemplo, la red mexicana de alrededor de 50 consulados en los Estados Unidos (EE.UU.) es crucial en las relaciones con los mexicanos asentados en ese país. Con frecuencia, estos servicios se sustituyen por, o se conectan con, programas u oficinas especiales de duración limitada dentro de agencias estatales – normalmente secretarías laborales así como servicios diplomáticos – que tengan interés en la emigración. Estos a menudo acaban convirtiéndose en unidades perma-nentes de mayor tamaño o incluso ministerios específicos. De los 64 países que se comparan en la Tabla 1, no menos de 44 (76%) tenían algún tipo de estructura burocrática para tratar con los expatriados y en 11 casos eran estructuras ministeriales4. Dos de las estructuras más famosas son el Insti-

4 A continuación se ofrece una breve descripción de cómo se creó la Tabla 1. Esta investi-gación empezó como una revisión de fuentes documentales sobre relaciones Estado-diáspora, durante la cual se encontraron datos desperdigados sobre instituciones y prácticas en 70 Esta-dos. Estos datos se recopilaron de manera rudimentaria en una primera tabla que indicaba qué instituciones y prácticas se daban en qué Estados, y luego clasificaba éstas como importantes para la construcción de comunidades o en la ampliación de derechos y obligaciones. Las casillas en negrita marcan aquellos casos donde hay abundantes mecanismos. Donde sólo hay unos pocos mecanismos la casilla se colorea de gris. Cuando hay propuestas serias para establecer una maquinaria de vinculación con la diáspora, se marca de gris claro. Los Estados con muy pocos mecanismos para conectarse con la diáspora fueron eliminados de la Tabla, quedando al final una relación de 64 Estados, tal y como muestra la Tabla 1. Este método presenta dos limitaciones importantes. Primero, no fue posible revisar con profundidad todas las instituciones y prácticas relevantes de todos los Estados. Aunque tam-bién se llevó a cabo investigación de campo (por ejemplo, mediante la revisión de documentos relacionados con políticas o entrevistas), la revisión se limitó principalmente a la literatura existente sobre relaciones Estado-diáspora, la cual, como se mencionó antes, se ocupa de una gama de fenómenos y Estados limitada. Como la mayoría de las revisiones, ésta solo muestra las puntas de muchos icebergs. En segundo lugar, la Tabla contiene datos transversales y no contiene información sobre relaciones Estado-diáspora en épocas anteriores – aunque ésta es una área de investigación importante (ver, por ejemplo, Cano y Delano, 2007; Sherman, 1999; Smith, 2003a; Thunø, 2001). Este mismo marco puede facilitar estudios comparativos de épocas


tuto de los Mexicanos en el Exterior (IME) (Cano y Delano, 2007) y la Irish Abroad Unit (Oficina para los Irlandeses en el Extranjero).

aMpLiaCiÓN De DereCHOS

Aunque para algunos la ciudadanía es la expresión de un sentimiento de identidad de grupo, preexistente o creado por el Estado (ver, por ejemplo, Staeheli, 2008), para otros es más un estatus prosaico que emerge de un contrato social con derechos y obligaciones específicas. La construcción de comunidad suele ser más simbólica que sustantiva: incluso cuando hay pla-nes y políticas concretas para vincular a la diáspora, los gobiernos pueden no tener los mecanismos necesarios para otorgar a los miembros de la diás-pora ciertos privilegios o exigirles que cumplan las obligaciones que implica la membresía. Sin embargo, a los migrantes les pueden parecer inútiles o incluso engañosas las “políticas” gubernamentales de “vinculación” que no definan los beneficios que obtendrán las dos partes. La concepción clásica de Marshall (1950) de ciudadanía, la cual incluye derechos civiles, políticos y sociales, sigue siendo la piedra de toque de las teorías de ciudadanía – y un esquema útil para categorizar un amplio espectro de mecanismos de vinculación con la diáspora.

Derechos políticos

Los Estados emisores se pueden clasificar, dentro de un amplio espectro, desde los que son completamente excluyentes hasta los más incluyentes, en términos de los derechos políticos que otorgan a sus emigrantes. En el extremo más excluyente estarían aquellos Estados que prohíben a sus emi-grantes participar en la esfera pública – como ocurre en Sri Lanka, Palestina y Afganistán, países donde el Estado está enzarzado en conflictos que abarcan a parte de la diáspora (Van Hear, 2006). Pero estos Estados son los menos. En el otro extremo del espectro, la tendencia a permitir el voto extraterritorial se ha acelerado últimamente. Estados como la India y México se han rendido a la presión ejercida por sus diásporas para obtener la doble ciudadanía y el derecho al voto desde el exterior – y finalmente se han dado cuenta de que el miedo a la interferencia externa no tenía base, ya que pocos emigrantes

anteriores, pero esto deberá dejarse para una investigación futura. A pesar de estas debilida-des, este método ha permitido una comparación sistemática más amplia de las actividades de vinculación con la diáspora que no se había intentado hasta ahora y ofrece una plantilla útil para estudios comparativos futuros.

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votan5. Como Robert Smith (2003b; 1998) apunta, en algunos casos opera la lógica de “dar la mano y coger el brazo”: los grupos de interés de emigrantes logran concesiones de los Estados y entonces usan su creciente influencia para conseguir más derechos, constituyendo gradualmente una esfera pú-blica transnacional. A medida que más Estados atraviesan este proceso, la participación política extraterritorial se está volviendo cada vez más normal y de hecho norma-tiva. Aunque muchos estudios sigan considerando la participación política extraterritorial como empírica y normativamente (Baübock, 2003) anómala, un cúmulo de investigaciones cada vez mayor demuestra que la mayoría de Estados ya permite algún grado de participación política de sus emigrantes (por ejemplo, ver Spiro, 2006). En una muestra de 144 países, Collyer y Vathi (2007) encontraron que 115 (80%) permitían la participación electoral de sus emigrantes en alguna forma. Estos autores identifican cinco tipos diferentes de sistemas electorales extraterritoriales:

1. Países donde los emigrantes pueden votar desde fuera como si estuvie-ran en sus distritos de origen (61.8%). Este grupo incluye a la mayoría de las democracias liberales del mundo, así como cierto número de sistemas recientemente establecidos, como por ejemplo el de la República Demo-crática del Congo.2. Países donde los emigrantes deben volver a sus distritos de origen para votar (9%). Aquí estarían incluidos algunos países pobres que no prohíben el voto extraterritorial pero no pueden permitirse pagar la logística externa que esto requeriría.3. Países donde los emigrantes pueden votar directamente por sus repre-sentantes (9%). La mayoría de estos sistemas electorales fueron creados después de 1995, normalmente para corregir desequilibrios en la in-fluencia de sus emigrantes – como en el caso de las Islas Cook, donde a los emigrantes se les ha reservado sólo uno de los 26 escaños que tiene la asamblea legislativa, aunque en realidad son más numerosos que los ciudadanos que residen en las Islas. 4. Países en los que los emigrantes no pueden participar en las elecciones (13.3%). Algunos de los países de este grupo tienen poca población, lo que quiere decir que incluso si votara un pequeño número de emigrantes podría alterar el resultado de las elecciones.5. Países sin elecciones (4.9%): Bhután, Brunei, Libia, Korea del Norte, Arabia Saudita, Somalia y los Emiratos Árabes Unidos.

5 En otros Estados este temor sigue pesando y por ello continúan negando el derecho al voto desde el exterior, aún después de muchos años de caída de sus dictaduras (ver los capítulos de Moraes y Bolzman, en este libro, para los casos uruguayo y chileno, respectivamente).


Resulta interesante que, tal como el análisis de Collyer y Vathi (2007) demuestra, países con una diáspora y flujos de remesas proporcionalmente grandes no presenten una tendencia mayor a permitir la participación externa de sus ciudadanos que otros países. La representación directa puede asumir varias formas, desde la asignación de escaños en las asambleas legislativas (como en Francia, Italia o Colombia) (ver Bermúdez, en este libro), hasta el nombramiento por parte del ejecutivo de legisladores con amplio conocimiento de los asuntos que conciernen a los emigrantes (como, por ejemplo, en Irlanda). En algunos casos, los Estados consultan a los consejos de emigrantes, los cuales tienen sus propios sis-temas electorales. Por ejemplo, el Consejo Nacional para las Comunidades

Tabla 2.Migrantes oficiales como porcentaje de la población local y acuerdos

internacionales sobre Seguridad Social en el año 2000.

RegiónNacionales extranjeros como porcentaje de la

población local (%)

Nacionales en el extranjero como porcentaje de la

población local (%)

Número de acuerdos

África 1,5 2,1 342

Asia 1,1 1,4 121

Europa 6,0 6,1 2.561

Latinoamérica 1,1 3,5 220

América del Norte 10,3 0,7 277

Oceanía 17,7 3,1 95

Mexicanas en el Exterior, integrado por 11 ministerios, consulta sobre asuntos de los emigrantes con un consejo consultivo formado por 157 representantes de las comunidades de mexicanos en el extranjero organizados en diferentes comités. El órgano ejecutivo de esta estructura es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, mencionado anteriormente. Es importante resaltar que esta ampliación de los derechos políticos no es ni un fenómeno nuevo para muchos Estados ni algo que deriva de su “atraso”. Países desarrollados y con un pasado imperial como Canadá, Nueva Zelanda y España (Rhodes y Harutyunyan, 2007) hace tiempo que se consideran una comunidad política transnacional más amplia. En el caso de estos Estados, el voto extraterritorial estuvo presente en las luchas por el reconocimiento

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que se llevaron a cabo hace ya bastante tiempo6. Aunque estos derechos sean parte integral de las relaciones Estado-diáspora, no forman parte de ninguna estrategia diaspórica reciente, sino más bien constituyen un elemento normal del funcionamiento de estos Estados.

Derechos civiles y sociales

La protección de sus ciudadanos es uno de los aspectos más básicos que subraya la legitimidad de un Estado. Sin embargo, más allá del recurso falible a los tratados y convenciones internacionales, la habilidad de los Estados emisores para proteger los derechos civiles y humanos de sus emigrantes, sin infringir la soberanía territorial de los Estados receptores, es limitada. El Artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 define las funciones consulares y, por tanto, delimita la protección legítima que los Estados emisores pueden prestar a sus nacionales en el extranjero (United Nations, 1963). Este Artículo menciona varias funciones esenciales, específicamente: la expedición de pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado emisor, realizar funciones de registro notarial y civil, salvaguardar los intereses de sus nacionales en materia de herencias, la protección a menores no acompañados del país emisor y proveer una repre-sentación legal adecuada para aquellos nacionales que lo puedan requerir. También menciona otras funciones menos específicas y más discrecionales – tales como, “proteger y salvaguardar los intereses de los nacionales” o “ayudarlos y asistirlos” - lo cual permite cualquier cosa que no sea ilegal en el país receptor o esté prohibida por alguna otra convención. La parte más importante de los servicios consulares consiste en la conver-sión de documentos oficiales del país emisor - que tengan que ver con naci-mientos, defunciones, matrimonios, nacionalidad y permisos de conducir – a sus equivalentes en el país receptor. Aunque frecuentemente se use más como una justificación para controlar a la población emigrante, el registro en los consulados para obtener protección o beneficiarse de una evacuación en caso de conflicto o desastre natural es también uno de los objetivos principales de los servicios consulares - algunos autores han empezado a cuestionar si esto debería seguir siendo un derecho básico para aquellos ciudadanos con doble nacionalidad o para los transmigrantes (White, 2007). En 1904, los EE.UU. mandaron barcos de guerra a Marruecos para hacer valer su punto de vista en el rapto de un supuesto ciudadano americano por tribus rebeldes7. Incluso

6 Luchas que culminaron, en el caso de España, con el reestablecimiento de la democracia y la promulgación de la Constitución de 1978 (ver capítulo de Fernández, en este libro). 7 En vista de este ejemplo, uno se queda perplejo cuando oye a los comentaristas en los EE.UU. sorprenderse por los extensos servicios consulares que México ofrece en este país.


los prisioneros tienen derecho a ser visitados por oficiales consulares de su país de origen, y los derechos de los prisioneros emigrantes siempre ocupan un lugar destacado en las agendas políticas sobre emigración – particularmente si el Estado emisor los ve como prisioneros políticos (Flood, 2007). Por tanto, aunque los servicios consulares son una función estándar para todos los Estados del sistema internacional, en la práctica tienen una definición muy flexible. Casi todos los Estados al menos dicen tratar de pro-teger a sus ciudadanos y los Estados más poderosos son capaces de pasar por alto las protestas de los Estados receptores a la hora de proteger a sus emigrantes. En el otro extremo, no todos los emigrantes reciben servicios consulares, dependiendo de dónde proceden y dónde han elegido vivir. Entre un extremo y otro existen multitud de variaciones en servicios consulares, desde aquellos consulados que se ubican en un local pequeño y básico que apenas sirve para autorizar documentos de viaje, hasta los que son auténticos palacios vallados que funcionan como corazón de la vida comunitaria de la diáspora. Los acuerdos bilaterales sobre seguridad social, pensiones e impuestos también constituyen medidas estándares para que los Estados puedan asegurar los derechos sociales de sus nacionales en el exterior (ver Tabla 2) (Holzmann et al., 2005). Éste es otro ámbito donde se considera que los Estados periféricos son inusuales por intentar hacer lo que los Estados del centro practican sin más. En un estudio realizado en el año 2005, Holzmann muestra que los países europeos reunen un total de 2.561 acuerdos bilate-rales de este tipo, mientras que los países africanos cuentan sólo con 342, los cuales se concentran en Argelia (30) y Marruecos (58). Turquía (59) y las Filipinas (21), considerados ambos países asiáticos semiperiféricos, suelen mencionarse por sus políticas de vinculación diaspóricas, pero nunca se señala que Canadá (180) y los EE.UU. (97) tienen más acuerdos bilaterales que todos los países asiáticos juntos (121). Aunque los acuerdos bilaterales son algo “normal” de las actividades “normales” de los Estados, generalmente se suelen negociar como parte de las agendas diplomáticas en vez de las internas, y como resultado son frecuentemente arbitrarios y en algunos casos – como, por ejemplo, en el de las pensiones que el Reino Unido paga en el exterior dependiendo del lugar de residencia - “manifiestamente injustos” (Clark, 2002). Al igual que los servicios consulares, estos acuerdos se desarrollan a través de procesos históricos idiosincráticos y terminan impactando sobre diferentes grupos de nacionales en el exterior de una manera ad hoc, y no de forma estratégica. Algunos Estados otorgan tarjetas de identidad especiales para sus nacio-nales no residentes – tanto como gesto simbólico para fomentar la identidad diaspórica, como para facilitar el acceso a servicios sociales. Por ejemplo, la Matrícula Consular permite a los mexicanos en EE.UU. acceder a servicios sanitarios y educativos ofrecidos por el Estado mexicano, y está reconocida como una identificación válida para los servicios que proveen algunos Estados

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americanos. Otros Estados latinoamericanos han seguido el ejemplo de Méxi-co, así como de países tales como la India, Marruecos, Pakistán y Turquía. Las Filipinas dicen proteger el bienestar de sus trabajadores emigrantes desde su contratación hasta su vuelta, incluso al extremo de llegar a intervenir en disputas laborales (Alcid, 2003). Así mismo, Irlanda ofrece asistencia antes de la partida (al igual que Alemania) y apoyo a las agencias proveedoras de servicios básicos en el exterior. A veces, los servicios que proporcionan los Estados emisores incluyen oportunidades para estudiar el idioma, la cultura e historia nacionales en el país de destino – esto se ve normalmente no sólo como un medio para fomentar la identidad diaspórica, sino también como derechos culturales de la ciudadanía que el Estado emisor está obligado a proteger cuando los Estados receptores no lo hacen.

La eXtraCCiÓN De OBLiGaCiONeS

Esta sección analiza los mecanismos que utilizan los Estados para alentar a las diásporas a cumplir con ciertas obligaciones y servicios a la patria. Un aspecto importante de las políticas de vinculación con la diáspora suele ser el no exigirles determinadas obligaciones ciudadanas, especialmente el servicio militar obligatorio (como, por ejemplo, en Armenia) (Rhodes y Harutyunyan, 2007) – paralelamente se intenta obtener favores económicos y políticos a través de apelar a su lealtad. Los favores económicos normalmente se ex-traen mediante políticas de inversión dirigida (Levitt y de la Dehesa, 2003), mientras que los favores políticos suelen perseguirse mediante la promoción de lobbies de expatriados.

políticas de inversión

Es normal que los Estados cobren impuestos a los ciudadanos que pasan periodos definidos en el exterior, pero hay diferencias con respecto a cuánto tiempo un ciudadano permanece dentro del sistema impositivo después de dejar el territorio nacional. En un extremo se ubican unos pocos países, incluyendo los EE.UU. y Suiza, que cobran impuestos a todos sus expatriados – algunos dirían que un precio justo a pagar por la protección (o neutralidad) que estos Estados les aseguran. Otros pocos extraen pagos obligatorios a través de canales menos formales – como el caso del healing tax (impuesto de recuperación) que Eritrea creó durante la guerra como medida de emergencia, pero que luego se impuso por presión social (Koser, 2003). En el otro extremo están los Estados que son incapaces de hacer efectivas sus leyes impositivas dentro del país, menos aún con referencia a la diáspo-ra. De todas maneras, estos Estados intentan canalizar los fondos de los no residentes hacia el erario nacional, convenciéndoles por medio de incentivos económicos y exhortaciones patrióticas para que contribuyan, o explotándo-


les como mercados para las exportaciones – por ejemplo, a través del roots tourism (turismo de raíces) practicado por Ghana, Irlanda y Marruecos. Numerosos Estados han implementado políticas para facilitar y capturar las remesas. Esta área de la regulación de remesas está en constante evolu-ción. Aunque por límites de espacio no se puede ofrecer una revisión completa, a continuación se enumeran algunas de las iniciativas más conocidas:

a) México creó el programa de “fondos concurrentes” Tres por Uno, por el cual cada peso enviado al país por asociaciones de migrantes en los EE.UU. se incrementaba con otro peso aportado por el gobierno estatal y otro peso del gobierno federal.b) Las Filipinas opera el sistema de la caja del balikbayan8, bajo el cual los emigrantes que regresen pueden repatriar sus bienes libres de impuestos.c) Pakistán y la India ofrecieron la expedición de pasaportes gratis a los que envíen remesas por encima de cierta cantidad.d) La India ofreció tasas de interés preferencial para animar a los nacion-ales en el exterior a mandar dinero a casa.e) La India y Filipinas emitieron bonos en moneda extranjera para los expatriados.f) Nigeria y Ghana ofrecieron cuentas bancarias en moneda extranjera con límites de depósito muy bajos.g) El Banco Mundial recomendó incrementar el acceso a las infraestruc-turas para mandar remesas y aumentar la competencia en el mercado de envío de remesas (World Bank, 2005).

Los dos últimos ejemplos muestran cómo las “políticas” de remesas en países en vías de desarrollo son a veces antecedentes o substitutas de una infraestructura financiera robusta y abierta que se considera un aspecto nor-mal de las economías “desarrolladas”. Una vez más, no parece correcto asumir que los Estados son “anormales” por intentar facilitar los flujos financieros de sus diásporas. Más bien, parece ser que los Estados que hacen esto con más eficacia – los poderosos, las democracias liberales desarrolladas – son tratados como “normales”. Muchos países buscan captar inversiones a gran escala de sus expatria-dos como parte de sus estrategias generales de desarrollo. El papel que los irlandeses-americanos jugaron en el boom económico de Irlanda (el Celtic Tiger – Tigre Celta) en la década de los noventa ya es legendario; algo que la Agencia de Desarrollo Irlandesa buscó insistentemente. Muchos Estados han

8 Nota de la traductora: la caja del balikbayan hace referencia a las cajas de regalos que los filipinos residentes en el exterior suelen llevar a su vuelta a casa.

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apoyado la creación de redes empresariales y juntas asesoras de la diáspora que ayuden a los expatriados a montar negocios en el país emisor – como, por ejemplo, el programa Beach-heads (cabezas de playa) de Nueva Zelanda, que está dirigido por una mujer de negocios neozelandesa muy prominente, casada con el director financiero de Microsoft, el cual también es neozelandés. Otros Estados han creado productos financieros especiales, como “bonos diaspóricos” en moneda extranjera para fomentar las inversiones (Chander, 2001). También han atraído “peces más gordos” con iniciativas más ambicio-sas para generar inversiones por parte de los expatriados (ver Faist, 2004), como la creación de zonas económicas especiales (China, Taiwan e India) o el establecimiento de oficinas de relaciones con los inversores de alto nivel para atraer inversores providenciales expatriados y agilizarles todos los trámites burocráticos (High Level Commission on the Indian Diaspora, 2001). Cada vez es más común que los Estados emisores se dirijan a los expatria-dos altamente cualificados y a los científicos investigadores para que ayuden al crecimiento económico del país de origen mediante la transferencia de ideas innovadoras y habilidades cruciales. Por un lado, los Estados emisores intentan beneficiarse de las habilidades y conocimientos de los expatriados mientras estos residen en el extranjero – por ejemplo: creando skills banks (bancos de destrezas) de investigadores y emprendedores emigrados, fo-mentando la colaboración en investigaciones y operaciones comerciales entre emigrantes y locales, y creando redes diaspóricas (Kuznetsov, 2006). Por otro lado, muchos Estados están convenciendo a los expatriados cualificados para que vuelvan a casa a cubrir puestos para los que falta personal adecuado. Por ejemplo, tanto la campaña Jobs Ireland (Trabajos en Irlanda) de finales de los noventa y principios del nuevo siglo (Hayward y Howard, 2007), como la que todavía existe en Nueva Zelanda, New Zealand Now (Nueva Zelanda Ahora)9, se dirigen a los emigrantes cualificados con anuncios tipo “ven a casa, tu país te necesita”, mientras que Australia convoca unas becas de in-vestigación – incluyendo los prestigiosos Federation Fellowships – para atraer a los mejores científicos, ya sea de forma temporal o permanente (Hugo et al., 2003).

promoción de lobbies

Algunos Estados han implementado políticas para alentar a los emigrantes – tanto a aquellos que ocupan posiciones poderosas o prominentes en las principales sociedades de acogida o corporaciones transnacionales, como a los que se encuentran en los escalones socioeconómicos más bajos – a

9 Ver: [http://newzealandnow.info/].


asumir un papel de lobby o portavoz, para cooptarlos una vez lo hayan hecho (Demetriou, 2003; King y Melvin, 1999). Una vez más, a pesar del aumento en el interés por este tipo de políticas, nada sugiere que esto sea nuevo o anormal. Muchos Estados-nación del mundo surgieron de estos manejos. En nuestros días, muchos Estados emisores abiertamente aspiran a cultivar el equivalente de los lobbies de emigrantes israelíes o irlandeses en Washington DC. A un menor nivel, es frecuente que estos Estados hagan esfuerzos para convertir a sus emigrantes en buenos “embajadores” del país emisor – por ejemplo, mediante el mantenimiento de relaciones cercanas y cooperativas entre consulados y asociaciones de migrantes. Algunos autores sugieren que los Estados emisores otorgan derechos políticos y sociales a los emigrantes de manera instrumental, para que luego puedan legitimar la extracción de beneficios económicos y políticos (Bauböck, 2005; Itzigsohn, 2000; Østergaard-Nielsen, 2003b). Reconociendo cierta validez en este argumento, debe señalarse que separar analíticamente los “intereses” del Estado de los de la diáspora no es la manera más correcta de entender que los derechos extraterritoriales por definición incorporan a los emigrantes dentro del Estado. Sin embargo, esto no quiere decir que no se requiera nada de los emi-grantes en pago por su incorporación dentro del Estado. Por el contrario, el reconocimiento de los no residentes como miembros del Estado, con sus derechos asociados, invoca un contrato social que permite al Estado reclamar igualmente la lealtad y recursos de sus ciudadanos. Aunque adopten la forma de llamamientos sutiles al compromiso, lealtad y obligaciones patrióticas – mezclado con incentivos que fomenten el consentimiento – estos son de alguna manera reclamos soberanistas.

CONCLUSiONeS

Este capítulo ha pretendido llevar a cabo una comparación más amplia que las existentes entre las políticas de vinculación con las diásporas de un gran número de países. El objetivo ha sido delinear el papel del Estado en los procesos transnacionales a nivel “macro”, y de esta manera complementar los estudios de caso a nivel “micro” sobre identidades y actividades diaspóricas, los cuales han sido más habituales. Para ello, el texto distingue entre dos tipos de políticas de vinculación con las diásporas: las “políticas de construc-ción de comunidades”, que ayudan a crear nuevas comunidades diaspóricas o a incorporar institucionalmente a las ya existentes; y los mecanismos creados para extender los derechos cívicos, sociales y políticos a grupos de nacionales no residentes, y a la vez atraer su lealtad a la patria. A través de estas instituciones y actividades, los Estados emisores buscan influir en las identidades y el comportamiento de diferentes grupos de emigrantes y sus descendientes, convirtiéndoles en miembros de una “diáspora”.

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Todos los Estados del mundo tienen emigración y este estudio demuestra que, al contrario de lo que se cree, muchos de ellos dedican una parte impor-tante del aparato estatal a este fenómeno. Aquí propongo que se denomine a esta parte del aparato estatal como “Estado de emigración”. El Estado de emigración ha sido parcialmente ignorado, porque para la imaginación geopo-lítica moderna, que considera la unidad territorial y competitiva del Estado-nación el modelo ideal de organización política, es algo inesperado. Mientras se siga pensando la política mundial de esta manera, las políticas migratorias sólo podrán ser conceptualizadas como políticas “internas” de inmigración, o re-laciones “internacionales” entre países emisores y receptores. Al mismo tiempo, las instituciones y actividades estatales transnacionales se piensan como algo anormal, o incluso sospechoso. De ahí que el concepto de Estado de emigración pueda ser una lente útil para examinar las dinámicas y escalas de la política global que el pensamiento moderno geopolítico deja a un lado. “Diáspora” y “Estado de emigración” son categorías analíticas útiles, pero no son entidades homogéneas con intereses racionales separados. En primer lugar, las diásporas y los Estados de emigración se constituyen el uno al otro: las diversas políticas pueden ayudar a convertir a diferentes grupos de nacionales no residentes en miembros de una diáspora, pero éstos a la vez influyen el desarrollo de estas políticas. En segundo lugar, aunque las polí-ticas delineadas en este capítulo son las unidades esenciales de los Estados de emigración, cada Estado las usará de manera diferente, tal y como sugiere la Tabla 1. Un Estado puede otorgar derechos y extraer obligaciones de su diáspora a través de diferentes políticas diaspóricas, o puede usar mecanismos de construcción de comunidades que incluyan intentos de coordinar aquellas políticas que tengan dimensiones diaspóricas. Sin embargo, es raro que un Estado no tenga ninguno de estos tipos de mecanismos, o ambos a la vez. Por ello, más que constituir una unidad homogénea con una estrategia coherente, es útil pensar en el Estado de emigración como un “régimen soberano” pero más difuso (Agnew, 2005; 1999) – o sea, una configuración particular de la autoridad central estatal (poder despótico legítimo) y territorialidad política (la administración del poder infraestructural) (véase también Mann, 1984). En la imaginación geopolítica moderna, las unidades competitivas y terri-toriales del Estado-nación están abocadas al conflicto, y la cooperación por un mayor bien global requiere grandes esfuerzos de coordinación a escala internacional. Dentro de esta visión del mundo, parece poco probable que el objetivo de crear una gobernanza global de la migración tenga éxito. Los Estados de emigración no son necesariamente la respuesta a estas preocu-paciones, pero su existencia subraya que hay otras formas de organización política fuera de la imaginación geopolítica moderna – formas a las que hay que dar protagonismo mientras se piensa cómo podría funcionar una mejor gobernanza global de la migración. Reconocer los Estados de emigración como algo que existe y no asumir que éstos son inusuales o incluso sospechosos, puede ser, esperemos, un paso adecuado.


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CAPÍTULO 10EL ESTADO ESPAÑOL Y LA EMIGRACIÓN, 1880-1985

María José Fernández VicenteUniversidad de París-Est

Este capítulo analiza el papel del Estado español en materia migratoria, desde los tiempos de la emigración masiva (1880-1930) hasta el fin del “ciclo emigra-torio” (mediados de los años ochenta del siglo XX). Se expone cómo la política migratoria ha estado condicionada y definida, en cada una de las diferentes etapas, por una determinada visión estatal del fenómeno migratorio y de la figura del emigrante, así como por la propia naturaleza y características del flujo migratorio durante esos años.

LA POLÍTICA MIGRATORIA DURANTE LA ETAPA DE LA EMIGRACIÓN MASIVA (1880-1930)

Entre 1880 y 1930 más de 4 millones de españoles emigraron. Los destinos privilegiados fueron las antiguas colonias ultramarinas, destacando Cuba (independiente a partir de 1898), Argentina y Brasil. Tras estas repúblicas latinoamericanas se situaban dos destinos más modestos: Francia (espe-

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ VICENTE266

cialmente en el periodo de entreguerras) y Argelia, a donde se dirigía una emigración temporera vinculada a los ciclos de la alfalfa y la viña1. Lejos de ser un hecho aislado, esta emigración se integraba en el seno de una ola migratoria aún mayor, que recorrió la Europa de estos años y que afectó sobre todo a los países del sur y este del continente.

Tabla 1. Emigración europea por décadas (1881-1930)

País 1881-1890 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930

España 572.000 791.000 1.091.000 1.306.000 560.000

Italia 992.000 1.580.000 3.615.000 2.194.000 1.370.000

Portugal 185.000 266.000 324.000 402.000 995.000

Alemania 1.342.000 527.000 274.000 91.000 564.000

Reino Unido-Irlanda 3.259.000 2.149.000 3.150.000 2.587.000 2.151.000

Fuente: Mitchell (1998:129)

Este carácter masivo del flujo migratorio español, unido al impacto que en la opinión pública tuvo el trágico episodio de Saida2, hicieron que, por primera vez, los poderes públicos se plantearan la necesidad de reglamentar el fenómeno migratorio. Los debates políticos que precedieron la aprobación de la primera Ley española de emigración (1907) estuvieron marcados por el triunfo de la tradicional visión negativa que el Estado español venía de-fendiendo en lo relativo al fenómeno migratorio y a su protagonista: el emi-grante. Los actores vinculados al partido conservador defendían una visión profundamente negativa en la materia; la emigración era para ellos un “mal a evitar”. Esta visión negativa se basaba en dos tipos de argumentos. Por un lado, argumentos demográficos heredados de la época del Antiguo Régi-men, periodo durante el cual el pensamiento mercantilista y poblacionista dominante vinculaba el poder de un reino al número de súbditos que po-blaban sus territorios. Acusada de despoblar una España ya de por sí poco y desigualmente poblada, la emigración era pues considerada como muy

1 Las divergencias existentes entre las estadísticas españolas y latinoamericanas, la importan-cia que tuvo la emigración clandestina, así como las numerosas salidas por puertos extranjeros, complican sobremanera los cálculos relativos al número de salidas. 2 El 11 de junio de 1881, el asalto de un grupo de Kabiles en la localidad argelina de Saida se saldó con 193 víctimas españolas, lo cual generó una importante ola de retornos de la población española instalada en estos territorios (Nadal, 1966:175-176).

CAPÍTULO 10. EL ESTADO ESPAÑOL Y LA EMIGRACIÓN, 1880-1985 267

nociva para el país. Por otro lado, numerosos actores del partido conservador recurrían igualmente a argumentos “nacionalistas”. Partiendo de la idea de que la Nación y los intereses nacionales estaban por encima de los intereses individuales, la retórica nacionalista era utilizada para negar la libertad de emigrar, en la medida en que se consideraba que la emigración masiva ponía en peligro la supervivencia de la propia nación.

Los apologistas de la emigración y del cosmopolitismo, y los que en todas partes ven asechanzas para las libertades y los derechos del hombre, protestan enérgicamente contra lo que representa una restricción o limitación directa, y repiten una y cien veces, aquello de que el derecho de emigrar es el derecho de vivir. Arrastrados por sus propias exageraciones, olvidan que todas las libertades y todos los derechos, aún los más sagrados dentro del orden social y en circunstancias determinadas encuentran limitaciones naturales, lógicas y necesarias; olvidan también que las libertades y los derechos de cada individuo limitan las libertades y derechos de los demás, y olvidan, por último, que pueden restringirse directamente las emigraciones quedando a salvo lo que es esencial en los derechos del hombre. No negamos, ni podemos negar, los principios fundamentales del individualismo; pero, al propio tiempo, reconocemos de buen grado que las naciones tienen derecho a la vida, y que nadie, ni un hombre, ni pocos, ni muchos, puede privarlas de la existencia3.

La pérdida de las últimas colonias en 1898 afianzó el peso de este tipo de argumentos en el debate político finisecular, en la medida en que esta pérdida neutralizaba la única ventaja que estos actores acordaban al hecho migratorio: la posibilidad de utilizar la emigración para asentar la autoridad y la presencia blanca y española en estos territorios ultramarinos. Desde el bando liberal, la visión negativa del acto migratorio se combinaba con una cierta tolerancia y comprensión hacia el emigrante y su “aventura” migratoria. Para muchos de estos políticos liberales, los emigrantes eran sobre todo y ante todo pobres gentes, cuya ignorancia e inocencia hacía de ellos víctimas perfectas de abusos y engaños durante el periplo migratorio.

La emigración es un triste remedio para los males económicos, políticos, finan-cieros y sociales que padecemos; el ciudadano que apela al durísimo y violento recurso de emigrar es porque no encuentra otro a su alcance. Los aventureros, los ambiciosos son los menos; los necesitados, los miserables son la masa, el número mayor de nuestros emigrantes. (...) [En estas circunstancias] si el Estado prohíbe la emigración será injusto, porque atropella una de las más naturales libertades, y

3 Cánovas del Castillo, “Concepto de Nación”, Discurso en el Ateneo, Madrid, 1882, en Botella (1888: 143).


además será inhumano, porque arrebata a muchos infelices su última esperanza. (...) La dolorosa hemorragia que la emigración produce no se contiene con vendajes ni represiones o cauterios administrativos, y no se evitará en cuanto no se vigorice el organismo nacional, para que absorba y pueda contener los jugos vitales que por su debilidad desasimila4.

En 1907 se aprobaba en España la primera ley de emigración, destinada a sintetizar y superar la dispersa legislación en materia migratoria anterior. Esta ley optó por sintetizar las visiones liberal y conservadora que se venían enfrentando en los debates políticos sobre la cuestión. De esta manera, si por un lado la ley reconocía en su artículo nº 1 la libertad de todo español para emigrar, limitando esta libertad por razones de “carácter tutelar” (lo cual justificaba, por ejemplo, las restricciones a la emigración de menores de edad y de mujeres solteras de menos de 23 años, exigiendo a las mujeres casadas un permiso marital), la misma ley acababa poniendo innombrables cortapi-sas a la emigración colectiva (entendida, según el artículo 6º, como aquella “que afecte a la despoblación de una comarca, pueblo, aldea o parroquia”); emigración colectiva que quedaría sujeta a un permiso especial del Consejo de Ministros (arts. 3º, 4º y 5º). Del mismo modo, y a partir de una mezcla de argumentos poblacionistas y tutelares, la ley de 1907 acabó prohibiendo la recluta de emigrantes, toda actividad de propaganda de la emigración, así como la existencia misma de agencias de emigración. Igualmente, al otorgar el conjunto de competencias en la materia al Ministerio de la Gobernación (que equivaldría al actual Mi-nisterio del Interior), la ley de 1907 insistía en el trato “policial” que el Estado reservaba al “hecho migratorio”. Sin embargo, durante los años sucesivos se asistió a una transformación progresiva del concepto de emigrante y de la visión estatal del fenómeno de la emigración. En efecto, la creciente conflictividad social que caracterizó la España de principios de siglo, y el nacimiento de los primeros “Estados sociales” en Europa, obligaron a los actores políticos de la Restauración a situar la llamada “cuestión social” en el epicentro del debate político. Integrada de facto en el seno de la cada vez más preocupante “cuestión social”, la cuestión migratoria habría de sufrir los mismos avatares que esta última. Y así, a medida que la cuestión “social” comenzó a orientarse cada vez más hacia el mundo laboral y hacia la categoría del “trabajador”, la concep-ción del emigrante y de la emigración empezó a sufrir esa misma orientación. De este modo, si el marco jurídico consideraba al emigrante como miembro de las clases más desfavorecidas de la sociedad (“pobres” seres obligados a

4 Informe elaborado por el diputado liberal Piernas Hurtado, citado en Nadal (1966: 174).


emigrar por las malas condiciones en que transcurría su existencia), la Ley de emigración de 1924, que sustituiría a la anterior, hacía hincapié en la condición laboral del emigrante, que de “pobre individuo” pasaba a ser un trabajador en busca de un mejor trabajo5. La inserción de la cuestión migratoria en el seno de la problemática socio-laboral determinó igualmente que las competencias en la materia pasasen, en 1920, de la esfera policial al recientemente creado Ministerio de Trabajo (Aragón, 1990:66). Sin embargo, la importancia que la “cuestión social” adquirió en el debate político de la España de la Restauración no llegó a cuestionar el tradicional laissez faire del Estado español en materia de emigración. De este modo, la política migratoria española de estos años estuvo caracterizada por un marcado desfase entre una visión “moderna” y un carácter “social” del fenómeno mi-gratorio y del emigrante, y por la continuidad de un laissez faire en la materia que reducía la intervención del Estado a la simple tutela del emigrante. Este desfase entre la concepción y la acción recorre el conjunto de la le-gislación migratoria española. Por un lado, las diferentes normas y medidas legales parecían institucionalizar esta visión “social” del emigrante-trabajador, así como el compromiso del Estado para con él6; pero, por otro lado, éstas seguían reduciendo el papel y la acción estatal al control de las salidas y a una simple tutela y protección de esos “obreros que se expatrían”7. Pero esta protección tutelar, si bien más amplia que en etapas anteriores (en la medida en que abarcaba igualmente la estancia del emigrante en el extranjero), estaba aún muy lejos de constituir una verdadera protección social. Fue necesario esperar la llegada de la República democrática y social de 1931 para que el Estado español abandonase su tradicional laissez faire y optase por una política migratoria más voluntarista.

5 “Serán considerados emigrantes a los efectos de esta Ley, los españoles o sus familias que, por causa de trabajo, abandonan el territorio nacional para establecerse fuera de él definitiva o temporalmente”. Art. 2 de la Ley de emigración de 20 de diciembre de 1924 (Gaceta, 17 de enero de 1925). 6 Esta visión “ social ” justificaba, por ejemplo, que la expedición del pasaporte a emigrantes fuese una competencia atribuida a los inspectores de emigración del Ministerio de Trabajo y no al cuerpo policial. 7 Los inspectores de emigración tenían como misión proteger al emigrante antes de su salida (comprobando el estado de los barcos, además de la presencia en los puertos de embarque de agencias clandestinas de contratación o de trata de blancas), así como durante el viaje y en el momento del desembarco. Durante la estancia del emigrante en el país de acogida, la tutela la ejercían los llamados Patronatos; creados por Decreto Real de septiembre de 1929 y presididos por las autoridades consulares de la circunscripción. Los Patronatos eran organismos que reunían a representantes de las principales sociedades españolas (sociedades culturales, de socorros mutuos, de beneficencia etc.), siendo éstas las verdaderas responsables de la asistencia a la colonia española.


LA ACCIÓN DEL ESTADO DURANTE LOS AÑOS DEL PARÉNTESIS MIGRATORIO (1931-1945)

La crisis de los años treinta y los años de guerra civil y posguerra mundial marcaron el fin del periodo de la emigración masiva. Especialmente debido a los efectos del crack de la bolsa de 1929, las repúblicas latinoamericanas optaron por cerrar sus puertas a la inmigración, protegiendo así a sus obreros de la competencia ejercida por la mano de obra extranjera.

Tabla 2. Estadísticas anuales de emigración española (1930-1936)

Año Entradas Salidas Saldo

1930 41.600 41.600 0

1931 14.400 53.900 - 39.500

1932 10.200 47.500 - 37.300

1933 6.700 31.700 - 25.000

1934 15.700 20.000 - 4.300

1935 17.000 15.200 + 1.800

1936 ... ... ...


Ante la drástica disminución de las salidas, la política migratoria republica-na se orientó hacia la importante colonia española instalada en el extranjero. Uno de los objetivos básicos de esta política fue proteger a los miembros de esta ingente colonia de expatriados españoles, afianzando los vínculos entre estas colonias y la Madre Patria. Para ello, la nueva Constitución republi-cana introdujo importantes reformas en materia de nacionalidad; reformas destinadas a flexibilizar el ius sanguinis, así como a favorecer los acuerdos de doble nacionalidad con los países que pertenecían a la Comunidad Ibero-americana de Naciones (formada por España, Portugal y sus antiguas colonias latinoamericanas). De este modo, la Constitución republicana establecería que los españoles emigrados que quisiesen conservar su nacionalidad ya no tendrían la obligación de registrarse en la embajada o consulado español correspondiente; igualmente, los españoles no habrían de perder la nacio-nalidad española al adquirir una nacionalidad latinoamericana. Del mismo modo, la extensión en la aplicación del ius sanguinis garantizaba a todo hijo de españoles el acceso a la nacionalidad española, tuviese o no la naciona-lidad del país de acogida (Moreno, 1999:127). Otro de los objetivos de la política republicana fue favorecer la repatriación de los españoles más afectados por la crisis económica. Para una gestión


más eficaz de estas numerosas repatriaciones, el gobierno republicano optó por un transvase provisional de competencias en materia de emigración: del Ministerio de Trabajo éstas pasaban al Ministerio de Estado (que equivaldría al actual Ministerio de Asuntos Exteriores8). En 1935, año en que en razón del aumento del número de salidas el saldo migratorio volvía a ser positivo, las competencias volvieron a los actores del Ministerio de Trabajo9. El año de 1935 marcó así la lenta pero progresiva reanudación del flujo migratorio español. Pero poco habría de durar esta reactivación; el estallido de la guerra civil en el verano de 1936 volvería a obstaculizar las salidas, paralizando de nuevo este flujo. Durante los años de la inmediata posguerra, la emigración española enseñó su más trágica faz: miles de republicanos, los vencidos de la contienda civil, fueron empujados al exilio. A finales de enero de 1939, durante la retirada que siguió a la caída de Cataluña, la mayor parte de estos exiliados optó por cruzar la frontera pirenaica: alrededor de medio millón de españoles entraron en Francia durante los primeros meses de 1939. Otros, los menos, se dirigie-ron en su trágica y precipitada huida hacia las repúblicas latinoamericanas (México y Argentina sobre todo) (Dreyfus-Armand, 1999:53). Al final de la guerra, el territorio español quedó pues a merced de los vencedores de la guerra fratricida. Desde el día de la victoria, dos objetivos prioritarios empezaron a perfilarse en las filas franquistas: la ruptura radical con respecto a la etapa anterior y la construcción de un nuevo Estado, e in-cluso de una nueva sociedad, sobre bases muy diferentes de las que habían caracterizado la España republicana. En un primer momento, Franco impuso un modelo estatal de tipo policial, cuya legitimidad estaba basada en la vic-toria del bando nacional en la guerra civil. Se trataba así de una legitimidad construida en torno a una dialéctica bélica “amigo/enemigo” que marcaba la separación entre dos Españas consideradas como irreconciliables: la Es-paña legítima de los vencedores, invitada a colaborar en la construcción del Nuevo Estado español, y la España “ilegítima” de los vencidos, convertidos en enemigos de esta “Nueva España” y, por ello, objeto de una brutal y masiva represión. Como se analizará a continuación, el maniqueísmo que presidió la relación entre el Nuevo Estado y la sociedad española dejó su huella en la política migratoria de estos años.

8 El decreto de 20 de octubre de 1931, que dictaminaba este transvase de competencias, lo justificaba de la siguiente manera: “ [la] protección eficaz de los trabajadores emigrantes requiere una clara y concreta diferenciación de funciones y servicios establecidos para defensa y tutela de aquéllos, articuladas de manera que quedan bien definidas sin posibilidad de interferencia alguna ”, citado en Tabanera (1999:88). 9 Véase el decreto de 30 de octubre de 1935.


Los años de la posguerra civil fueron años de paralización del movimiento migratorio español (a excepción, como se vio, de la corriente vinculada al exilio). Dos fueron los principales factores de esta parálisis: por un lado, las restricciones que el Régimen franquista impuso a toda salida y entrada del territorio nacional; y, por otro, las dificultades al tráfico marítimo de pasa-jeros provocadas por las operaciones militares derivadas de la conflagración mundial.

Tabla 3. Movimiento migratorio español (1939-1945)

Año Salidas Entradas

1939 1.000 700

1940 2.900 2.100

1941 7.900 1.500

1942 3.400 800

1943 2.300 1.100

1944 2.000 1.700

1945 3.500 2.600


Durante esta primera etapa, la política migratoria franquista estuvo marcada por una suerte de doble faz: tras una fachada de aparente conti-nuidad, empezaron a diseñarse profundas rupturas con respecto a la etapa republicana. En general, la política migratoria de estos años optó por seguir las pautas de los gobiernos republicanos, a saber: el mantenimiento de la ley de emigración de 1924, la cual, entre otras cosas, reconocía la libertad de emigrar; la importancia otorgada a la protección de las colonias españolas instaladas en el extranjero (en América Latina sobre todo); y, por último, la voluntad de favorecer la repatriación de los emigrantes españoles que se ha-llasen en dificultad10. Sin embargo, y tal y como se analizará a continuación, la manera en que se aplicó esta política migratoria, así como algunos detalles de su formulación, nos muestran que esta aparente continuidad no fue sino una simple fachada legal.

10 Véanse sobre todo el Decreto del Ministerio de la Presidencia sobre Repatriación, Bonos, Acción Social y Consejo Central de Emigración de 1 de agosto de 1941, así como la Orden del Mi-nisterio de Trabajo sobre Repatriación y Concepto del Emigrado de 6 de noviembre de 1942.


Si bien es cierto que las autoridades franquistas optaron por no derogar el marco jurídico de 1924, también es verdad que éste no fue en absoluto aplicado durante estos años, siendo substituido por medidas “excepciona-les” que ponían en serio entredicho el espíritu “liberal” de la ley. De manera general, la tolerancia con respecto al hecho migratorio institucionalizada por la ley primorriverista fue sustituida por una consideración fuertemente negativa del acto migratorio y del emigrante. Igualmente, y al contrario de lo establecido por la ley de 1924, la expedición de pasaportes a emigrantes pasó de la esfera social al ámbito de lo policial. En efecto, en vísperas de la guerra civil, y en un contexto de fuerte tensión social, estas competencias fueron transferidas “excepcional y provisionalmente” a la Dirección General de Seguridad (DGS) del Ministerio de la Gobernación. Normalizada la situación al final de la contienda, estas competencias no volvieron al Ministerio de Trabajo, ante la desesperación de unos inspectores de emigración que no dudaron en multiplicar sus quejas al respecto11. La principal consecuencia del mantenimiento de esta irregularidad jurídica fue la no-aplicación de la libertad de emigración proclamada por la ley de 1924. Y así, el control policial en la expedición de pasaportes a emigrantes conllevó una clara restricción del derecho a emigrar. Gran parte de las solici-tudes de pasaporte se saldaron con una denegación: sometidos a un estricto control, los pasaportes a emigrantes eran otorgados con cuentagotas. Las exigencias de la guerra y las vinculadas posteriormente a la reconstrucción, una marcada desconfianza hacia los emigrantes vinculada a la confusión entre emigración y exilio (la emigración se consideraba a menudo como un exilio “disfrazado” que permitía la huída de los “enemigos” del Régimen), etcétera explicarían esta voluntad de restringir, de facto y por la vía administrativa, la emigración. El segundo eje de la política migratoria franquista, igualmente inspirado en la política migratoria de la etapa anterior, fue la firme voluntad de proteger las colonias de españoles establecidos en el extranjero. Sin embargo, pronto empezaron a hacerse excepciones. Considerados como enemigos del Régimen, los exiliados fueron excluidos de esta acción protectora; ello conllevó que la labor asistencial destinada a la importante colonia de españoles instalada en Francia, tierra privilegiada por el exilio español, fuese bastante irrisoria. La política migratoria en general, y la acción “protectora” en particular, se orientó mayoritariamente hacia las Repúblicas “hermanas” de Hispanoamérica.

11 Sobre la cuestión, véase lo afirmado por González-Rothvoss (1949: 5-6 y 100), director de la Sección de emigración del Ministerio de Trabajo. Véanse igualmente los comentarios al respecto del inspector de emigración Vicente Borregón (1952: 86-92).


Pero tampoco el contacto con la Patria puede quedar roto para quienes, separa-dos de ella por exigencias familiares o de fortuna, deseen percibirla a través de instituciones que (...) sean una muestra de la atención y el desvelo que España siente hacia ellos.

Coordinando estos afanes de una tutela cerca de nuestros emigrados de América (...) para vincularlos materialmente a nuestro propio destino12.

Al igual que la republicana, la protección propuesta por las autoridades franquistas giraba en torno a dos objetivos principales: propiciar un acer-camiento entre estas colonias y la Madre Patria, y poner en marcha una generosa política de repatriaciones. Pero una vez más, la forma en que esta política fue llevada a cabo nos muestra cómo la voluntad de continuidad fue más teórica que real. Intensificar los vínculos con las colonias españolas de América Latina fue una ardua tarea atribuida a la diplomacia franquista y al Servicio Exterior de Falange, encargado este último de la propaganda del Nuevo Estado en el extranjero (González, 1994:280). Sin embargo, las primeras tentativas de acercamiento mostraron a los actores franquistas que estas colonias no constituían un bloque homogéneo. La guerra civil había provocado en ellas profundas divisiones: mientras una parte se mostraba fiel al bando sublevado, y a continuación al Estado franquista, otra parte, más numerosa y movilizada por la acción de los exiliados republicanos, hacía valer su enérgica oposición al Régimen dictatorial; por último, la colonia española contaba con el grupo de lo que las autoridades franquistas dieron en llamar “tibios”, ya que no parecían mostrar ni una clara adhesión ni una marcada oposición al Régimen franquista (Pardo, 1993). Durante los años de la guerra civil y de la inmediata posguerra, la prin-cipal preocupación de las autoridades diplomáticas y falangistas fue clasifi-car, en cada uno de estos tres grupos, al conjunto de los miembros de esta numerosísima colonia española instalada en Latinoamérica. El objetivo de esta clasificación era obvio: que la acción del Estado franquista para con estos españoles expatriados dependiese de su afiliación ideológica. Dicho de otro modo, el Régimen franquista no hizo sino aplicar a los españoles en el extranjero el maniqueo esquema “amigo/enemigo” que caracterizaba sus relaciones con aquellos que permanecieron en España13. Para los miembros

12 Decreto del Ministerio de la Presidencia sobre Repatriación, Bonos, Acción Social y Consejo Central de Emigración de 1 de agosto de 1941. 13 Los representantes diplomáticos fueron los responsables de estas labores de “clasificación”. A ellos se les encargó la elaboración de censos de españoles opuestos al franquismo, así como de los “tibios” (“ya desafectos, ya tibios”). Una vez confeccionadas, estas listas habrían de ser


pro-republicanos de la colonia, el Estado franquista previó medidas de vi-gilancia, así como una represión administrativa a distancia (denegación del pasaporte español, entre otros)14. En cuanto a la colonia considerada como “leal”, la acción de los actores franquistas tuvo como principal objetivo fa-vorecer su unificación, encuadrándola en el seno del partido falangista. Y por fin, los “tibios” fueron objeto de una política de cooptación destinada a hacerlos entrar en la categoría de los “leales”15. No obstante, esta política de control y de encuadramiento de los sectores leales y neutros de la colonia se saldó con un estrepitoso fracaso: los conflictos de competencias entre la familia falangista y los representantes de la diplomacia franquista, así como la desconfianza de una colonia española reacia a integrarse sin reservas en las filas políticas falangistas, fueron algunos de los elementos que explican este fracaso. Ante las dificultades halladas en el acercamiento con las colonias espa-ñolas, las autoridades franquistas competentes optaron por concentrarse en el tema de las repatriaciones, tercer eje de su política migratoria.

Precisa, pues, que el Estado se preocupe hoy no de regular las corrientes de emi-gración, sino más bien de arbitrar fórmulas para el reintegro a la Patria de aquellos de sus hijos que, lejos de ella, ansían su colaboración en la hora difícil y feliz de su engrandecimiento16.

Pero una vez más, el interés que el Régimen mostró por las repatriacio-nes se desmarcaba del carácter tutelar y asistencial de la época anterior. En realidad, las repatriaciones franquistas obedecieron a los imperativos de la reconstrucción nacional en una España devastada por la guerra. Dos ele-mentos parecen corroborar la importancia que las autoridades franquistas concedían a esta falta de brazos: en primer lugar, la importante política de fomento de la natalidad con que el Régimen trató de compensar las pérdi-das demográficas vinculadas a la guerra y al exilio; y, en segundo lugar, el

enviadas a las autoridades policiales franquistas, encargadas de elaborar fichas personales en previsión de la posible vuelta a España de alguno de ellos (Pardo, 1993: 584). 14 Las acciones represivas de que fueron víctimas los republicanos españoles en América se prolongaron hasta 1945. A partir de esta fecha, la amenaza de una condena internacional, que pesaba sobre el Régimen de Franco cual espada de Damocles, determinó un cambio en la orientación de la política franquista. La represión de que habían sido víctimas los sectores pro-republicanos de la colonia española dio paso a una política de atracción, cuyo objetivo era no solamente apaciguar la propaganda anti-totalitaria lanzada por los aliados en contra del Régimen de Franco, sino también “deslegitimar” unas organizaciones políticas republicanas que pretendían ser una alternativa al Estado franquista (Pardo, 1993: 579-580). 15 Sin embargo, la imprecisión del concepto de “tibio” dificultó en gran medida esta tarea (Pardo, 1993:581). 16 Decreto del Ministerio de la Presidencia sobre Repatriación, Bonos, Acción Social y Consejo Central de Emigración, de 1 de agosto de 1941.


hecho de que las medidas de repatriación incluyeran familias numerosas latinoamericanas deseosas de contribuir a la reconstrucción de España. El que estas medidas privilegiasen igualmente la repatriación de españoles que tuviesen que volver a España para cumplir con sus obligaciones militares muestra igualmente cómo, en la práctica, la política de repatriaciones fran-quista divergía de la llevada a cabo en la etapa anterior, destinada a repatriar a aquellos españoles cuya situación económica o laboral así lo justificase17.

Art.9º En la concesión de Bonos a emigrados, los organismos autorizados para ello observarán las reglas siguientes:

(…)3ª Que sean preferidos los individuos comprendidos en algunas de las condiciones siguientes, por el mismo orden que se enumeran,

a) Obligados a regresar a España para cumplir sus deberes militares.b) Náufragos.c) Indígenas [entiéndase “autóctonos”, esto es, latinoamericanos ], y de entre éstos, aquéllos cuyas familias sean más numerosas, cuando regresen con ellas.d) Menores de edad18.

Sin embargo, esta política de repatriaciones constituyó igualmente un so-nado fracaso y las cifras de españoles repatriados fueron bastante modestas durante todo el periodo, sobre todo si se las compara con las repatriaciones llevadas a cabo durante la etapa republicana19.

EL ESTADO ESPAÑOL ANTE EL CAMBIO DE RUMBO DEL FLUJO MIGRATORIO ESPAÑOL (1946-1970)

A finales de 1946, las estadísticas migratorias franquistas empezaron a constatar un aumento progresivo del flujo migratorio hacia América Latina; aumento que fue corroborado en los años siguientes. La reactivación del

17 Recordemos que las Repúblicas latinoamericanas se vieron muy afectadas por la crisis de 1929. Arruinados o en el paro, muchos españoles emigrados optaron por solicitar del gobierno español su repatriación. 18 Decreto del Ministerio de la Presidencia sobre Repatriación, Bonos, Acción Social y Consejo Central de Emigración de 1 de agosto de 1941. 19 Entre 1932 y 1933, el Consulado general de Cuba repatrió a unos 6.000 españoles, lo que corresponde al conjunto de repatriaciones organizadas por las autoridades franquistas entre 1942 y 1945 para el conjunto de países latinoamericanos. Las cifras relativas al Consulado español en Cuba aparecen en Tabanera (1999: 91). Las cifras de repatriación de los años de la posguerra figuran en las estadísticas migratorias del Ministerio de Trabajo español.


tráfico marítimo tras el final de la conflagración mundial, la demanda de mano de obra extranjera por parte de unas repúblicas latinoamericanas en plena expansión, así como la crítica situación en que se encontraba España, propiciaron este aumento progresivo del número de salidas.

Tabla 4. Emigración española a América Latina (1945-1956)

Año Salidas

1945 2.736

1946 5.575

1947 13.532

1948 19.156

1949 41.910

1950 55.314

1951 56.907

1952 56.648

1953 44.572

1954 52.418

1955 62.237

1956 53.082

Fuente: Estadísticas del Consejo Superior de la Emigración; cf. Yáñez (1993:37-38)

Lejos de constituir un hecho aislado, nuevamente esta corriente migra-toria española se insertaba en el contexto más amplio de reactivación de las migraciones a escala internacional. Paralizados por los efectos de la crisis de 1929 y por los avatares de la II Guerra mundial, los flujos migratorios em-pezaron a activarse una vez finalizada la contienda. Dos fueron los destinos privilegiados: los países de la Europa industrializada, que reclamaban mano de obra extranjera para asegurar su propia reconstrucción, y unas repúblicas latinoamericanas necesitadas de brazos para alimentar la fuerte expansión económica de la que eran objeto. Desde la esfera económica de estos países se empezó a solicitar la apertura de las fronteras a la libre circulación de personas y mercancías, topándose sus exigencias con la voluntad de los Estados-Nación de seguir ejerciendo su soberanía en lo relativo a las entradas y salidas de personas y mercancías al interior de sus fronteras. De este modo, las políticas de inmigración y de emigración se caracterizaron durante estos años por lo que James Hollifield ha denominado: la “paradoja del liberalismo” (1997), esto es, el enfrentamiento


entre una lógica económica de tipo liberal y el proteccionismo derivado del ejercicio de la soberanía por parte de los Estados. De manera que, durante estos años, las políticas migratorias se rigieron por la voluntad de controlar, seleccionar y canalizar los flujos migratorios. Sin embargo, el aislamiento internacional a que fue sometido el régimen de Franco durante la década que siguió al final del conflicto mundial dificultó la puesta en marcha de una verdadera política migratoria por parte de las autoridades franquistas. Durante estos años, solamente la Argentina amiga del general Perón aceptó la firma de un Convenio de Emigración con el que regular el tradicional flujo migratorio entre ambos Estados20. A mediados de los años cincuenta, y coincidiendo con la ruptura del ais-lamiento internacional y la normalización de las relaciones del Régimen con las principales potencias extranjeras, la corriente migratoria española optó por alterar su curso tradicional: las economías latinoamericanas, en crisis otra vez, fueron progresivamente sustituidas por unas economías europeas en creciente expansión. Francia, Alemania y Suiza, destinos mayoritarios de

20 Se trata del Protocolo de emigración Franco-Perón de octubre de 1948.

Gráfico 1. Movimiento migratorio español (1946-1975)

Fuente : Estadísticas de migración exterior del Ministerio de Trabajo español, para la variable América Latina y Estadísticas de los países de destino (más fiables), para la variable Europa. Cf. Nadal (1966:203 y 207)

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la emigración española, reemplazaban así los tradicionales destinos latinoa-mericanos (Argentina, Brasil y Uruguay)21. Eliminado el escollo que para la supervivencia del régimen de Franco suponía el ostracismo internacional, las autoridades franquistas adoptaron nuevos desafíos. El primero y principal consistió en hacer de la modernización y del desarrollo económico de España la fuente de legitimación del Nuevo Estado. La solución de los problemas domésticos de España se convertía así en principal baza para conseguir un reconocimiento interno e internacional que habría de asegurar la supervivencia del régimen. El gobierno nombrado en febrero de 1957 marcaba el ascenso de una nueva élite política encargada de diseñar y aplicar los planes desarrollistas del Régimen. Reunida en torno a la figura de López Rodó y avalada por la influyente figura del militar Carrero Blanco, esta élite tecnocrática se hizo con los principales Ministerios económicos, otrora ocupados por miembros de la familia falangista. Este relevo supuso el final de los ideales autárquicos defendidos por el falangismo, substituyéndolos por un liberalismo económico encargado de modernizar España y de integrar su economía en el seno del capitalismo mundial. La política en materia de emigración de estos años estuvo marcada por la ruptura con respecto a épocas anteriores. En efecto, en la medida en que los actores competentes se dieron cuenta de que el flujo migratorio español podía constituir una importante baza para el triunfo de la política de desarrollo económico y modernización, la tradicional visión negativa del hecho migratorio y del emigrante español fue sustituida por una visión positiva, destinada a no poner trabas a las salidas de trabajadores españoles a Europa.

La emigración se ha considerado frecuentemente como un fenómeno calamitoso, como un drenaje de la potencialidad de trabajo de la economía nacional. (...) [Pero] la realidad nos muestra (...) que la emigración, si es hábilmente dirigida por la política económica del gobierno, equivale a un intercambio de energías o posibili-dades (...) en forma de remesas que pueden significar (...) un eficacísimo recurso para financiar el desarrollo (Hermida et al., 1959:119).

Para poner la “cuestión migratoria” al servicio de los imperativos desarro-llistas del régimen, los actores del régimen se sirvieron de dos instrumentos fundamentales: la creación de un nuevo marco político-administrativo - el Instituto Español de Emigración (IEE) – y de un nuevo marco jurídico: la Ley de emigración de 1960.

21 La importante y novedosa emigración a Venezuela constituyó una excepción durante estos años. El boom petrolífero venezolano generó, durante la década de los cincuenta y principios de los sesenta, una importante corriente migratoria española.


El IEE, creado en 1956, sería en adelante el organismo encargado de di-señar y aplicar la política migratoria del régimen. Del mismo modo, en 1960 veía la luz la Ley de Bases de la Emigración, convertida en 1962 en ley arti-culada. Con ella, el Estado español abandonaba definitivamente el tradicional laissez faire en materia de gestión del flujo migratorio español, optando por la regulación de la corriente migratoria española y por una activa protección al emigrante.

La Ley de 17 de julio de 1956 [creación IEE] inició una orientación nueva en la política migratoria española. Las normas anteriores, de acuerdo con la tónica de otras épocas, contemplaban el fenómeno emigratorio como un problema con as-pectos meramente negativos para el país de origen, que había de paliar adoptando medidas precautorias y mediante una protección benéfica de angostos límites. (...) Con la disposición antes citada la acción pública se ensanchaba impregnándose de sentido social, al estimar la emigración como un amplio campo de posibilida-des abiertas ante la libertad del individuo y, al propio tiempo, fuente poderosa de vínculos y relaciones entre pueblos, que puede proporcionar resultados bene-ficiosos económico-sociales y en otros órdenes de la vida humana no sólo al que emigra y a sus familiares, sino en bien general de los países tanto de origen como de establecimiento22.

Esta corriente emigratoria, se decía, no solamente podía amortiguar los efectos negativos de los programa de estabilización y desarrollo económico, sino que incluso podía contribuir al éxito mismo de estos planes. Por un lado, las remesas de los emigrantes supondrían una importante inyección de las tan deseadas como escasas divisas; por otro lado, este fenómeno migratorio habría de propiciar la creación de un espacio de diálogo y de negociación con los países de la Europa desarrollada, sobre todo de cara a una posible entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE); y por último, la política migratoria debía servir para evacuar la importante mano de obra excedente con que se había saldado la estabilización de la economía espa-ñola. Por todo este abanico de razones, el Estado español debía favorecer la emigración, tratando al mismo tiempo de controlarla.

Un Plan de Desarrollo programa el ajuste de la economía a la población en un proceso gradual, determinando una tasa de creación de puestos de trabajo am-biciosa en los cuatro años de vigencia. (...) El Plan prevé una tasa de emigración (...) y prevé así mismo, en forma flexible, el ajuste de las cifras de emigración a

22 Introducción al Proyecto de Ley de Bases de la emigración de 22 de octubre de 1960 (BOC de 22 de octubre de 1960).


las necesidades del Plan de Desarrollo. (…) Coyunturalmente, en tanto en cuanto ese plan nacional consigue crear esos puestos de trabajo (...), la emigración es la válvula de escape, la válvula de seguridad que permite llevar adelante nuestro de-sarrollo sin fricciones sociales y sin desajustes entre los factores de la producción, que retrasaría nuestro desarrollo económico23.

Siguiendo con las consignas esbozadas durante la etapa anterior, las autoridades franquistas debían abandonar el secular laissez faire, sustitu-yéndolo por una firme y activa “planificación, selección y canalización” del flujo migratorio.

No se trata ya de un simple problema de barcos y, a lo sumo, de control sanitario; múltiples problemas de información, selección técnica y profesional, colocación, transporte y sostenimiento de las familias ( ) se plantean en la actualidad ( ). En la mayoría de los países [se opta] por una nueva política migratoria planificada, que aspira a obtener el máximo provecho del fenómeno migratorio, permitiendo la salida de las personas que verdaderamente no son necesarias para la economía del país de emigración, y viceversa, la entrada de los que pueden ser verdaderamente útiles para el desarrollo económico y social del país de recepción24.

Para ello, la puesta en marcha de programas estatales (los llamados pro-gramas de emigración asistida), así como la firma de acuerdos bilaterales con los principales países que solicitaban trabajadores españoles, se imponían como principal condición sine qua non. Los programas de emigración asistida se pusieron en marcha y la normalización de las relaciones diplomáticas con las principales potencias europeas, unido al vivo interés que éstas mostraron por la mano de obra española, acabaron igualmente propiciando la firma de estos acuerdos. Ahora bien, esta política migratoria habría de aplicarse a un flujo migratorio dispar. De ahí que las enormes diferencias entre las corrientes migratorias continental y ultramarina (en cuanto al perfil del emigrante, duración de la emigración, condiciones socio-económicas a la llegada, políticas de inmigra-ción de los países de destino, etc.) dieran lugar a una política migratoria bien diferenciada. Política migratoria que, como veremos a continuación, tendió a favorecer el flujo continental en detrimento del ultramarino. El primer elemento que determinó la preferencia de los actores franquistas por el flujo continental fue el carácter altamente selectivo de las políticas de

23 Discurso de Álvaro Rengifo, director del Instituto Español de Emigración; Cf. III Congreso de la emigración española a Ultramar, octubre 1965, IEE, Madrid, 1966: 197. 24 Punto de vista del Gobierno en relación al fenómeno migratorio de cara a la creación de un Instituto Español de Emigración (BOC,14 de julio de 1956).


inmigración latinoamericanas, que tendían a privilegiar casi exclusivamente los trabajadores altamente cualificados; trabajadores éstos tan escasos como necesarios en una España en pleno desarrollo25. Las políticas de las potencias industrializadas europeas, por su parte, buscaban sobre todo una mano de obra no cualificada, barata, abundante y rápidamente obtenida: “brazos” con los que alimentar una economía en plena expansión26. Obsesionados por deshacerse de una cantidad importante de trabajadores no cualificados, que no hacían sino aumentar las cifras de desempleados, los actores del IEE privilegiaron los acuerdos europeos, acompañando de esta manera un flujo migratorio que venía prefiriendo estos destinos. Del mismo modo, el carácter espontáneo que había venido teniendo la emigración ultramarina constituía un segundo escollo para que los actores franquistas tratasen de alentar esta corriente migratoria. En efecto, la llamada de familiares o amigos instalados en estos países seguía siendo el principal mecanismo migratorio, lo cual constituía un obstáculo para una política migratoria franquista deseosa de planificar y regular los flujos migratorios. Esta espontaneidad se oponía al carácter dirigido que los actores franquis-tas atribuían a la emigración continental, más marcada por las exigencias burocráticas.

(...) los nuevos movimientos migratorios [son] bien distintos de aquellos otros donde, una vez salvada la barrera de entrada en un país (...), el individuo puede desenvolver libre y plenamente su personalidad y ejercer cualquier oficio (...). En el mundo actual, (...) los movimientos migratorios intraeuropeos (...) responden a la complejidad de los sistemas económicos modernos, a la rigurosa planificación de sus recursos (...). Los países que están recibiendo ahora trabajadores no acep-tan, en general, la posibilidad de que ese trabajador pueda desempeñar un oficio distinto de aquel para el cual va a ser o ya ha sido contratado. (...) Es preciso, por consiguiente, establecer una complicada serie de trámites27.

Por otro lado, la emigración ultramarina parecía atraer a emigrantes de una zona geográfica bastante restringida: la fachada atlántica y, sobre todo, las provincias gallegas. En cambio, la emigración continental parecía afectar,

25 “ (…) lo que a nosotros nos sobra (…) es justamente lo que también abunda en los países de acogida; es decir, peonaje, individuos técnicamente sin calificar. ” Discurso de Carlos M. Rodríguez de Valcárcel, director del IEE, durante el II Congreso de la Emigración española a Ultramar; cf. II Congreso de la Emigración española a Ultramar, Madrid, IEE, 1960: 61. 26 “ Los países de inmigración [europeos] no nos piden los trabajadores españoles por fa-vorecernos, nos los piden porque les hacen falta. (...) Lo que quieren no es preparación, no les interesa más que en ocho o diez días puedan salir de España para trabajar. ” (García-Trevijano, 1963:47). García-Trevijano fue nombrado director del IEE en 1963. 27 Discurso de Álvaro Rengifo, director del IEE; cf. III Congreso…, op. cit., p. 187.


en mayor o menor medida, a todas las regiones y provincias de España, sobre todo a regiones como Andalucía y Extremadura, fuertemente afectadas por el paro y el sub-empleo. La emigración continental, se decía, serviría de válvula de escape y permitiría evitar tensiones en estas regiones28. Además del carácter espontáneo del flujo migratorio latinoamericano, un tercer elemento parecía no convenir a las autoridades del régimen: su carácter definitivo que reducía e incluso paralizaba el envío de remesas y ahorros del emigrante a España (García-Trevijano, 1963: 26). Por el contrario, la emigra-ción continental, al revestir un carácter más bien temporal, se consideraba como una emigración más “rentable”.

Otra de las ventajas de la emigración de estos años a Europa, ha sido su formación humana y, en ocasiones, su formación profesional, puesto que el emigrante regresa. De hecho, la mayor parte de nuestros trabajadores han sido peones sin calificar, y han adquirido en su estancia en países industriales (...) el conocimiento de lo que es una empresa moderna, la disciplina superior y supraindividual, etc. (...) Otra ventaja importante: desde el punto de vista nacional, ese ahorro que era uno de los móviles que llevaron al emigrante al exterior; ese ahorro penosamente logrado se convierte en divisas y ha venido a ser una de las contribuciones y renglones más importantes de la balanza de pagos de España29.

El carácter definitivo de la emigración ultramarina estaba vinculado en buena medida a su carácter familiar, favorecido por unas autoridades lati-noamericanas deseosas de fijar definitivamente en sus vastos y despoblados territorios a estos inmigrantes-colonos europeos. La emigración continental, inversamente, poseía un notable carácter masculino e individual, reforzado por el hecho de que gran parte de los países de destino se oponía férreamente a la reagrupación familiar. Y por último, la participación de los trabajadores españoles en el mercado laboral europeo se consideraba una oportunidad sin precedentes de favorecer la integración de España en la economía europea y, por ende, en la economía mundial.

La movilidad en todos los factores de la producción, salvo la tierra, está condu-ciendo a esta incorporación de España a la economía del mundo (...). Pero esta incorporación se produce fundamentalmente, y se va a producir más en el futuro, a través [del] desplazamiento del trabajo español a los países europeos30.

28 Íbid. p. 180. 29 Discurso de Álvaro Rengifo, director del IEE; cf. III Congreso…, op. cit., p. 195. 30 Discurso del ministro de Comercio, el tecnócrata Ullastres ; cf. Martínez (1963:29).


De este modo, si la emigración española había sido tradicionalmente sinó-nimo de emigración “ultramarina”, a partir de estos años la cuestión migra-toria perdería su carácter “marítimo” para identificarse cada vez más con la emigración continental. El carácter masivo que esta emigración continental adquirió durante estos años, unido a la mayor adaptación de este flujo a los intereses y prioridades económicas del régimen, explicarían este cambio de orientación.

EL ESTADO ESPAÑOL Y SUS CIUDADANOS EN EL EXTERIOR (1971-1985)

Los años setenta marcaron el final del ciclo migratorio español. La crisis europea y el desarrollo y modernización de España ponían fin a una rica y antiquísima tradición migratoria, sentándose las bases de su transformación en país de acogida de inmigrantes. Frenadas en su expansión por los efectos de la crisis energética, las po-tencias industrializadas optaron por cerrar las puertas a la inmigración. La

Gráfico 2. Movimiento migratorio español (1971-1985)

Fuente: Estadísticas de migración exterior del Ministerio de Trabajo

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llegada de mano de obra extranjera se redujo de forma significativa y, afectados por el impacto de la crisis en el mercado laboral de estos países, muchos de los inmigrantes ya instalados optaron por regresar. Por su parte, la política migratoria franquista estuvo marcada por una cierta continuidad con respecto a la etapa anterior, si bien las prioridades se invirtieron. En unos años en que la emigración española empezaba a mostrar claros signos de agotamiento, la regulación de los flujos migratorios vía los programas de emigración “asistida” pasó a un segundo plano. Los actores del IEE optaron así por concentrarse en el segundo eje de la política migratoria: la protección de los trabajadores españoles instalados en el extranjero, así como de sus familias, hasta su definitivo regreso a España. Para dar más fuerza a esta vertiente “social” de la política migratoria, los actores competentes optaron por transformar una vez más el marco jurídico existente. En mayo de 1971 se aprobaba así una nueva Ley de emigración, que substituía a la aprobada una década antes e institucionalizaba esta nueva filosofía política en materia de emigración.

(…) [El contenido de] la Ley de 3 de mayo de 1962 (…) resulta ahora de todo punto inadecuado ante la necesidad de emprender una línea más en consonancia con la problemática social que suscita el hecho migratorio31.

Durante estos años, las medidas de asistencia se multiplicaron y diver-sificaron (formación profesional, educación de los hijos, etc.). Pero, más allá de proteger al emigrante e igualarlo en derechos con la población residente en España, el régimen franquista pretendía con estas medidas estrechar los vínculos con estas colonias de emigrantes.

Se presenta como exigencia inexcusable la de proveer todo cuanto fuere necesario para que no se atenúen ni debiliten los vínculos jurídicos, espirituales y cultura-les que ligan al emigrante con la Patria, a cuyo efecto hay que arbitrar múltiples medidas; desde las que impidan la ruptura de la unidad de la familia, a través de los oportunos procesos de reagrupación familiar, y las que garanticen el mante-nimiento de sus derechos civiles y políticos, hasta aquellos otros que, según los casos y circunstancias, requieran el establecimiento de un amplio entramado de servicios sociales que le dispensen la adecuada asistencia, en especial los orientados y dirigidos a su formación profesional, y los que, tanto a él como a sus hijos les sitúen, respecto a los demás españoles, en un plano de igualdad de oportunidades en materia educativa y de acceso a los distintos grados y niveles de enseñanza32.

31 Introducción al Proyecto de Ley de emigración presentado a las Cortes españolas el 17 de mayo de 1971 (BOC de 21 de mayo 1971). 32 Íbidem.


El fantasma del retorno explicaría el cuidado que esta ley puso en la equi-paración de derechos de los españoles emigrados (y sus familias) con el resto de españoles. Un retorno que las autoridades españolas decían favorecer, deseosas de recuperar una mano de obra formada profesionalmente en los países de acogida y perfectamente adaptada a las necesidades del mercado laboral español (el sector de la construcción y de la industria, en expansión en España, fueron los dos principales sectores en que se emplearon los emi-grantes españoles en Europa).

Art. 8º.- El Estado facilitará, entre otras ayudas posibles, y en la forma que regla-mentariamente se determine, le reincorporación a la vida laboral de los emigrantes, ( ) la realización de cursos de readaptación y formación profesional, y reconocerá el derecho a prestaciones de la Seguridad Social33.

Sin embargo, cuando los efectos de la crisis energética en Europa provo-caron el retorno de miles de emigrantes, las autoridades del IEE optaron por echar tierra al asunto. Con el pretexto de que en ningún caso se trataba del “regreso masivo” de los tres millones y medio de españoles instalados en el extranjero, y argumentando que la gestión de los efectos negativos de estos retornos sobre el mercado laboral español eran “competencia de la política de empleo del gobierno”34, las autoridades del IEE no pusieron en marcha ninguna política de asistencia al retorno que favoreciese el regreso y la in-serción socio-laboral de esos trabajadores y sus familias. Por otro lado, el ocaso del régimen empezó a reactivar la conciencia política de gran parte de los españoles emigrados, sobre todo de aquéllos instalados en las viejas y consolidadas democracias del mundo occidental, como testi-moniaba el agregado laboral y delegado del IEE en Francia.

Hemos observado un estado anímico individual y colectivo en nuestros emigrantes desde hace varios meses (...). Hay (...) como un estado de flotación, de inquietud y de espíritu reivindicativo que no responde en muchos casos a problemas concretos, sino a una posición que pudiéramos calificar de ofensiva y que se ha traducido en un estado de atentismo y de combatividad que ha mitigado las relaciones que tenía esta Agregaduría o sus Oficinas Laborales con las Asociaciones, Hogares y Centros españoles.

Tengo la impresión de que este mismo fenómeno se ha producido a nivel consular.Grupos de españoles asociados a entidades culturales, recreativas o familiares de

33 Ley de emigración de 13 de julio de 1971 (BOC de 16 de julio de 1971). 34 Véase la entrevista realizada al director del IEE por el Nuevo Diario el 12 de enero de 1975, en Archivo General de la Administración (AGA) Trabajo 74/13940.


tipo apolítico que eludían el trato y el contacto con otras entidades más o menos politizadas, no eluden ahora la relación. Tal vez este fenómeno sea reflejo del que se está produciendo en España en el ambiente político, económico, social y sindical35.

Deseosas de participar en la ola democratizadora que recorría la España de mediados de los setenta, las colonias de emigrantes españoles multiplicaron las movilizaciones en pro de una democratización de la vida política española. Estas movilizaciones, más importantes cuanto mayor era la presencia de exilia-dos políticos, reforzaron y alimentaron el proceso de transición democrática. Con la caída definitiva del régimen muchos españoles optaron por regresar, deseosos de incorporarse a una España en pleno proceso de cambio social, económico y político. Muchos de los que no volvieron optaron por continuar su lucha desde fuera, exigiendo del gobierno español el reconocimiento de

35 Carta de Francisco Carrilero, agregado laboral en París, a Francisco Guerrero, director del Servicio de Relaciones Exteriores Sindicales, de 24 de marzo de 1976; Cf. AGA Sindicatos 35/68-205,68-303/21.145.

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Gráfico 3. Emigración y retorno (1971-1985)

Fuente: Estadísticas de migración exterior del Ministerio de Trabajo


los derechos políticos y sociales de los emigrantes, así como una “política democrática de la emigración”.

Ya está bien de política paternalista, destinada por una parte a aparentar, es decir, a intentar engañar a los españoles en general y a los emigrantes en parti-cular y, por la otra, destinada igualmente a favorecer �tinglados� que sirven para que algunos se forren. Es necesario que desaparezcan los reflejos, aún vivos, de la época dictatorial y que se aplique la democracia a la política de la emigración. Las consecuencias inmediatas serán el saneamiento económico y la eficacia de todos los mecanismos que articulan la vida de este trozo de España que se llama emigración36.

En la medida en que la mayor parte de los retornos tenía como punto de par-tida los destinos europeos, la política migratoria de los años de la transición siguió identificando emigración con emigración continental, descuidando a la numerosísima colonia española de Latinoamérica. De manera general, la política migratoria de la primera década democrática giró en torno a dos ejes fundamentales: la democratización de la política y la administración emigratoria, y la elaboración de una política de asistencia al retorno. Ambos ejes habían sido reflejados en el artículo 42 de la Consti-tución española, punto de partida de una nueva visión estatal del fenómeno migratorio que aspiraba a sustituir el tradicional derecho a emigrar por un derecho al retorno.

Art.42.- El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos eco-nómicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Por su parte, la democratización de la condición de emigrante debía superar dos fracturas fundamentales: las discriminaciones que sufrían los emigrantes con respecto al resto de los españoles, y aquéllas que venían sufriendo los exiliados con respecto a los emigrantes “económicos”. La legislación demo-crática debía, pues, aspirar a hacer del emigrante y del exiliado “ciudadanos españoles en el exterior”. La equiparación del emigrante y del exiliado con los ciudadanos residentes en España pasaba, en primer lugar, por el acceso de estos al voto; voto que habría de transformarles de sujetos en actores políticos.

36 �Los trabajadores españoles en Francia contra el paternalismo. Exigen una política demo-crática de emigración�, El País, 12 de agosto de 1977.


Art. 68.- (...) 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio de los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

Si este derecho al voto les fue concedido por la Constitución de 1978, al mismo tiempo que al resto de los ciudadanos, su ejercicio contó, en la práctica, con numerosos obstáculos. Así lo relataba el director general de Documentación e Información de Procesos electorales a los miembros de la Comisión Permanente del IEE el 11 de enero de 1984:

(...) la legislación en vigor (...) no facilita la necesaria dinámica electoral de los emigrantes, pues como es sabido, la Ley actual sólo prevé el voto por correo para estos trabajadores. Si a ello se añade el corto plazo previsto por la legislación para la inscripción censal (21 días), así como algunos errores en el censo, se puede entender el reducido porcentaje de emigrantes censados y el muy bajo índice de votos emitidos (entre un 16% y un 30% del total censado). En efecto, el Censo Electoral oficial de residentes ausentes en el extranjero a 31 de marzo de 1982 era de 254.134. A esta cifra se eleva por el momento el número de emigrantes que puede ejercer su derecho al voto37.

De este modo, la ausencia de un censo completo y fiable de los ciudadanos españoles expatriados ha constituido un importante obstáculo al ejercicio del derecho al voto, haciendo que estos se consideren a sí mismos, hasta épocas muy recientes, como “ciudadanos de segunda clase”38. Si el derecho al voto permitía al emigrante el acceso a la ciudadanía po-lítica, aún quedaba mucho por hacer, en los años de la transición, en ma-teria de “ciudadanía social”. En primer lugar, el proceso de democratización debía suponer la puesta en marcha de una verdadera política de asistencia al ciudadano español en el exterior; política democrática que pusiese fin al paternalismo que había venido caracterizando la acción del Estado español para con sus emigrantes. Esta política debía, por ejemplo, poner fin a la dis-criminación con que el régimen de Franco trataba a los exiliados españoles, así como terminar con el carácter arbitrario con que se concedían las ayudas a los diferentes centros y asociaciones de españoles, subvencionados en fun-

37 Acta de la Comisión Permanente del IEE celebrada el 11 de enero de 1984, p. 11. Biblioteca de la Dirección General de Emigración del Ministerio de Trabajo. 38 El importante porcentaje de ciudadanos instalados en el exterior que poseen determinadas Comunidades Autónomas explica el impacto de su voto en las elecciones regionales. Por ejemplo, los emigrantes constituyen hasta el 13% del electorado en Galicia.


ción de su afinidad ideológica para con el régimen o su carácter apolítico39. Sin embargo, los primeros gobiernos de la democracia utilizaron a menudo los tratados de seguridad social firmados con estos países para limitar en la práctica las ayudas a las colonias españolas en el extranjero, concentrándose los esfuerzos y los medios materiales en la política de asistencia al retorno. Este hecho acabó perjudicando a las colonias españolas instaladas en Amé-rica Latina, en la medida en que el Estado del Bienestar, bastante menos consolidado en estos países, había impedido la firma de este tipo de acuerdos; durante algunos años aún, las Sociedades de Socorros Mutuos y los organismos de beneficencia seguirán asegurando la cobertura social de miles de emigran-tes españoles. Esta discriminación social se vio agravada por la crisis política, económica y social que estos países sufrían en estos años. Así lo expresaba un miembro del grupo socialista del congreso en diciembre de 1985.

Tenemos entendido que de los dos millones de españoles que aproximadamente han emigrado al extranjero, alrededor de 1.200.000 residen en América, y especial-mente en ciertos países de América del Sur, como Argentina, Venezuela y Brasil. Al Grupo Parlamentario socialista le preocupa muy primordialmente la situación de estos trabajadores españoles en el extranjero, especialmente en esta zona del mundo como es Iberoamérica. Hay que pensar que se trata de países en los que la consolidación de las libertades democráticas está todavía en proceso, en que la crisis económica es muy profunda y en que, además, por otra parte, los sistemas de seguridad social en estos países están menos desarrollados que en Europa40.

Conscientes de su nuevo papel de “actores”, los emigrantes empezaron igualmente a exigir el contar con representantes dentro de los organismos decisorios de la política migratoria, así como el estar presentes durante la firma de acuerdos bilaterales en materia de emigración. Para ello, habrá que esperar a la creación de los Consejos de Residentes y del Consejo General de la Emigración en 1987.

Una de las preocupaciones básicas del Instituto [IEE] en este último año, ha sido poner en marcha el proceso de democratización de las estructuras administrativas de la emigración, tanto en el exterior como en el interior, concertándose su actua-ción en las siguientes actividades: (...) 2) Apoyo a fórmulas que permitan elegir democráticamente representantes de los emigrantes, que canalicen y planteen sus demandas y puntos de vista ante los responsables de la política española en materia de emigración (...); 3) Creación de las Juntas Consulares para distribuir, con la

39 Sobre la cuestión, véase Fernández (2007). 40 BOC nº 386 de 19 de diciembre de 1985 p. 11.695.


participación de los interesados, las ayudas incluidas en los Planes Asistenciales y 4) Participación de representantes de los emigrantes en las negociaciones de los Tratados Internacionales que les afecten41.

En segundo lugar, el acceso a la ciudadanía social pasaba igualmente por la aplicación de una política de asistencia a emigrantes retornados con la que se propiciase la inserción socio-económica de éstos a su regreso a España. El grupo parlamentario socialista presentó, en diciembre de 1978, una propuesta de Ley de asistencia a emigrantes retornados. Basándose en el carácter obsoleto y caduco de la ley de emigración de 1971, que había olvidado el importante aspecto del retorno, la propuesta de ley socialista pre-tendía facilitar la reinserción social de los emigrantes retornados, postulando “un derecho a la información, un derecho a una información suficiente de todos los derechos, beneficios, ayudas y condiciones que el emigrante puede encontrar dentro de España”42. La propuesta de ley presentada por este grupo parlamentario giraba en torno a los puntos siguientes: la posibilidad dada a éstos de disfrutar del subsidio de desempleo, ayuda a la jubilación para todos aquellos emigran-tes retornados que por circunstancias especiales tuviesen problemas para emplearse en España, concesión de ayudas al retorno que compensasen los gastos de viaje, exención de tasas por la expedición de certificados y otros documentos diplomáticos y consulares, beneficios aduaneros, ayudas des-tinadas a facilitar la escolarización de los hijos de emigrantes retornados y facilidades para el acceso a viviendas sociales. Pese a todo, ni esta Ley de Asistencia al emigrante retornado ni una Ley General de Emigración vieron la luz, ni siquiera tras la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1982. Tanto los gobiernos de la transición como el primer gobierno socialista optaron por una concep-ción sectorial de la cuestión migratoria, frente al carácter “horizontal” del tratamiento (mediante una ley general que englobaba todos los aspectos de la cuestión migratoria) de la época anterior (Kreienbrink, 2004). Y así, para solucionar la cuestión de la asistencia al retornado se recurrió a la legislación sobre el seguro del desempleo; del mismo modo, y tras la incorporación de España a la CEE, muchas de las cuestiones relacionadas con la circulación de trabajadores y los derechos laborales quedaron enmarcadas dentro de la legislación comunitaria. En efecto, en virtud del principio de libre circulación de mano de obra que constituye uno de los pilares del Tratado de Roma, los

41 Acta nº 10 de la Reunión del Consejo del Instituto Español de Emigración, celebrada el 27 de abril de 1978 p.9. Biblioteca de la Dirección General de Emigración del Ministerio de Trabajo. 42 Diario de sesiones del Congreso, 21 de diciembre de 1978, nº 147, p. 5.920.


actores políticos españoles empezaron igualmente a preocuparse por la posible entrada de numerosos trabajadores: nacía así la problemática “inmigratoria”, que habría de dominar progresivamente la agenda política española. La inserción de España en el marco jurídico y socio-económico de la CEE, la disminución progresiva de la cifra de retornos, así como la incorporación de la cuestión de la “inmigración” en la agenda política española43, fueron algunos de los factores que explicarían la escasa importancia que los pri-meros gobiernos democráticos otorgaron a la cuestión “emigratoria”. Habrá que esperar épocas más recientes para ver satisfechas algunas de las más acuciantes demandas de las colonias españolas instaladas en el extranjero44. El peso que algunas de éstas han tenido en las últimas elecciones regionales

43 En 1985 se aprueba la Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los Extran-jeros (BOE de 3 de julio de 1985). 44 Hasta la aprobación de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, relativa al Estatuto de Ciu-dadanía española en el exterior.

Tabla 5. Volumen migratorio (1970-1984)

Año Salidas Retornos

1970 114.430 80.322

1971 128.139 100.588

1972 110.143 82.380

1973 101.144 75.999

1974 55.281 89.645

1975 24.477 111.262

1976 15.496 75.148

1977 14.522 77.586

1978 15.621 52.724

1979 17.198 36.609

1980 17.413 20.259

1981 20.850 15.901

1982 23.469 17.183

1983 22.764 18.144

1984 22.605 18.780

Fuente: Intervención de Raimundo Aragón Bombín (Director del IEE), en el Congreso, en: BOC nº 386 de19 de diciembre de 1985, p. 11690


(como es el caso de los gallegos y vascos residentes en América Latina) parece haber sido uno de los factores decisivos del retorno de la problemática de la emigración a la agenda política española.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Este recorrido por las diferentes políticas migratorias del Estado español nos ha permitido elucidar los diferentes criterios (económicos, sociales, ideológicos) que han intervenido en la construcción de una visión estatal del fenómeno migratorio; visión a partir de la cual se han ido instituyendo sucesivas políticas públicas. Se ha analizado cómo la visión liberal y profundamente negativa de fina-les del siglo XIX fue sustituida, en las décadas centrales del siglo XX, por una visión dirigista y positiva con la que se pretendía poner la emigración continental española al servicio de los imperativos desarrollistas del régimen franquista en su etapa tecnocrática. Del mismo modo, hemos visto cómo las diferentes políticas en materia de emigración han estado condicionadas por las propias características y el volumen del flujo migratorio: su carácter eminentemente ultramarino y masivo durante las décadas finales del siglo XIX y principios del XX, el saldo negativo y el flujo de repatriaciones de los años treinta y cuarenta, su cambio de rumbo y su carácter temporal a partir de finales de los años cincuenta, y por fin, su eclipse definitivo a principios de la década de los ochenta. De manera general, dos han sido los ejes de la política migratoria española: el control (o la simple vigilancia en los años de la emigración masiva) del flujo migratorio y la asistencia a las colonias de españoles emigrados. Esta última, reducida a la simple repatriación en los años de la emigración masiva, se ha ido reforzando con el paso de los años, a medida que la llamada “cuestión social” ha ido poniendo al trabajador (y por ende, al emigrante) en el epicentro del debate político. Sin embargo, esta asistencia ha tenido, hasta épocas muy recientes, un carácter profundamente paternalista, producto de una visión marcada por una conmiseración que hacía del emigrante un sujeto político sin voz ni voto. La llegada de la democracia y la construcción progresiva del Estado del Bienestar han marcado el fin del paternalismo que venía caracterizando las relaciones entre la Madre Patria y sus hijos expatriados: el emigrante pasa a ser considerado como un ciudadano español residente en el extranjero y la política migratoria proclama y apoya el derecho al retorno. Empieza así el largo camino hacia la ciudadanía política y social de los residentes españoles en el exterior. Para terminar, es interesante resaltar el impacto que la política migratoria española viene teniendo sobre el retorno de los emigrantes y sus descendien-tes. En efecto, al centrarse sobre todo en la emigración continental y cultivar


el llamado “mito del retorno”, tan presente en esta última, los actores políticos han favorecido todo un conjunto de prácticas transnacionales (desarrollo del mundo asociativo, clases de español para hijos de emigrantes, convalidación de estudios, promoción de la cultura y lengua españolas) que a la larga han contribuido a hacer realidad el deseo de retorno de muchos de estos emi-grantes “europeos”. A su vez, y tal y como afirma Oso (2008:239-260), estas prácticas transnacionales y el propio “mito del retorno”, transmitido de padres a hijos, explican el carácter de “retorno a las raíces” que viene adquiriendo la vuelta al país de sus progenitores de muchos de los hijos de emigrantes residentes en Europa, que cumplen de este modo con el sueño añorado por sus padres. Al contrario, la mayor distancia geográfica ha ido debilitando la idea de un retorno entre los emigrantes instalados en los países latinoame-ricanos. Para sus descendientes, las “raíces” españolas constituyen más un medio que un fin en sí mismo. Empujados por la inestabilidad económica y política de sus países, estos jóvenes utilizan su nacionalidad española para optar por un futuro mejor, instalándose así en el país que vio nacer a sus padres o abuelos.

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CAPÍTULO 11ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN DE

LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS CON SUS DIÁSPORAS:

UN ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR COLOMBIA, PERÚ, BRASIL Y URUGUAY1

Natalia Moraes, Universidad de MurciaAnastasia Bermúdez, University of London

Ángeles Escrivá, Universidad de HuelvaBeatriz Padilla, ISCTE de Lisboa

INTRODUCCIÓN

La perspectiva transnacional se ha convertido en un marco de creciente acep-tación para analizar las migraciones internacionales y el impacto de éstas en las sociedades de origen y de destino. Las investigaciones desarrolladas

1 Este texto es una revisión ampliada de trabajos anteriores en donde las autoras han re-flexionado sobre las estrategias de vinculación desarrolladas por los Estados latinoamericanos y el impacto entre sus emigrantes (Escrivá, 2004; Moraes, 2006; Moraes, Bermúdez y Escrivá, 2008; Padilla y Moraes, 2007).

NATALIA MORAES, ANASTASIA BERMÚDEZ, ÁNGELES ESCRIVÁ y BEATRIZ PADILLA298

desde este enfoque han puesto en evidencia los múltiples vínculos sociales, políticos, económicos y culturales establecidos entre los migrantes y sus países de origen. A pesar de los debates aún existentes sobre las bases teóricas y metodo-lógicas de esta perspectiva, lo que parece claro es que estos estudios han ayudado a comprender los cambios que se han producido en las dinámicas migratorias a partir de los nuevos procesos de globalización y reestructura-ción capitalista y han propuesto una nueva forma de mirar las migraciones actuales, entendiéndolas como “…un proceso dinámico de construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran la movilidad espacial y la vida laboral, social, cultural y política, tanto de la población migrante como de familias, amigos y comunidades en el país de origen y destino, o destinos” (Guarnizo, 2006:81). Desde los estudios que analizan la dimensión política transnacional se ha resaltado la importancia no sólo del papel de los migrantes como actores políticos, tanto en origen como en destino, sino también la relevancia de las estrategias desarrolladas por los Estados de origen para vincularse con su diáspora2. Los intentos de extender el alcance del Estado incorporando a un sector de la población más allá de las fronteras están contribuyendo a recons-truir la ciudadanía, la soberanía y el propio Estado-nación. A través de estas estrategias los Estados están reinscribiendo el lugar de la nación dentro de un campo social transnacional (Gamlen, 2006). Los Estados latinoamericanos no han estado ajenos a estas prácticas. En los últimos años muchos de ellos han desarrollado toda una serie de medidas con el objetivo de fortalecer las relaciones con sus diásporas e involucrarlas en la construcción nacional. El objetivo de este capítulo es analizar las iniciativas acometidas por cuatro países de la región - Perú, Colombia, Brasil y Uruguay -, examinando especialmente el impacto de estas medidas en la comunidad de emigrantes de estos países en la Península Ibérica. Este análisis está basado en las in-vestigaciones que las autoras han venido desarrollando sobre las migraciones uruguayas, colombianas, peruanas y brasileñas a Europa y las prácticas políticas transnacionales de estas comunidades de migrantes (Bermúdez, 2008; Escrivá, 2004; Moraes, 2004; Padilla, 2005). En primer lugar, el análisis que se presenta a continuación tiene como objetivo describir las similitudes y diferencias entre los programas de vin-culación y las medidas específicas de relación con la diáspora emprendidas por los Estados de estos cuatro países. En segundo lugar, nos proponemos apuntar algunos elementos para la reflexión sobre el impacto de las diferentes

2 Estos estudios han puesto en cuestión conceptos clásicos como los de Estado-nación, ciudadanía y nacionalismo. Ver por ejemplo Baübock (2003), Faist (2000), Smith (2003), Yeoh y Willis (2004).

CAPÍTULO 11. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS... 299

medidas. Como han señalado algunos autores, para entender mejor los deter-minantes de las vinculaciones transnacionales entre los migrantes y los países de origen y destino(s), es necesario tener en cuenta los contextos específicos, en su dimensión espacial y temporal, y los factores políticos, económicos y sociales en juego (Guarnizo, 2006; Portes et al., 2006). En este sentido, la realización de trabajo de campo cualitativo es fundamental porque puede dar cuenta de los complejos fenómenos que involucran a los migrantes con las políticas y estrategias desarrolladas por sus países de origen. Además, como señalan otros autores, los estudios no deberían centrarse únicamente en las medidas establecidas, sino también en su implementación (Goldring, 1999). No basta, por tanto, un análisis discursivo de las propuestas gubernamenta-les o un análisis de contenido de los programas y proyectos que los Estados de origen plantean o llevan a cabo. Como las autoras de este capítulo han podido comprobar a lo largo de sus investigaciones, los análisis discursivos y de contenido de las iniciativas revelan únicamente aspectos parciales de las características reales y alcance de las medidas promovidas. Este tipo de análisis puede conducir a errores y a hacer pensar, por ejemplo, que ciertas iniciativas de vinculación pueden considerarse como “integrales” cuando en muchos casos, al analizar su aplicación y alcance entre la comunidad de migrantes, se observa que se quedan en meras retóricas de inclusión (Padilla y Moraes, 2007).

TRANSNACIONALISMO POLÍTICO Y EL PAPEL DEL ESTADO COMO ACTOR TRANSNACIONAL

Los debates sobre la perspectiva transnacional han cuestionado la novedad de las prácticas transnacionales de los migrantes (Kivisto, 2001; Morawska, 2004; Waldinger y Fitzgerald, 2004). Así como éstas no son nuevas, tampoco lo son las estrategias de vinculación de los Estados con sus nacionales en el exterior3. El Estado italiano ha sido uno de los pioneros en desarrollar estra-tegias en este sentido. En 1901 la Ley de migración institucionalizó el vínculo del Estado italiano con sus emigrantes, por este motivo puede considerarse a este país como el creador del programa original para los migrantes en el extranjero (Smith, 1999). En el caso de España, como muestra Fernández en su capítulo, durante el gobierno republicano de los años treinta se produjeron las primeras iniciativas destinadas a afianzar los vínculos entre la comunidad de emigrantes y el país. Se establecieron medidas de protección de los ciuda-

3 En su capítulo, en este mismo libro, Gamlen argumenta que estas estrategias, más que algo “anómalo” o síntoma de países en vías de desarrollo, son parte normal de la vida de muchos Estados.


danos en el exterior, así como reformas en materia de nacionalidad. También se favoreció la repatriación de los españoles que se encontraban afectados por la crisis económica y en situación de vulnerabilidad. En el período fran-quista, la política de vinculación con los emigrantes españoles pretendió ser continuista con las acciones anteriormente emprendidas aunque, a tenor de los hechos, esta continuidad fue más teórica que real. Portugal también desarrolló mecanismos de vinculación con su diáspora, fundamentalmente en la década de los setenta, después de la restauración democrática (Macaísta y Caldeira, 2003). Pero es a finales del siglo XX y principios del XXI cuando estas iniciativas de vinculación adquieren mayor intensidad y se extienden entre un mayor número de países. Los Estados de origen comienzan a reconocer la impor-tancia que puede ejercer la comunidad de emigrantes e inician un proceso de potenciación e institucionalización de los vínculos con la diáspora. Diversos organismos internacionales y supranacionales llaman la atención sobre la relación entre migración y desarrollo en el marco de la gestión global de las migraciones y hacen recomendaciones específicas sobre la responsabilidad de los Estados en la promoción de estrategias de relación y fortalecimiento de los vínculos con sus emigrantes. En la comunicación de 3 de diciembre de 2002, la Comisión Europea da cuenta de los vínculos existentes entre migración y desarrollo. Tres años más tarde y continuando con este texto, reconoce a las diásporas como actores potenciales de desarrollo en sus países de origen y realiza algunas recomendaciones al respecto. Éstas ponen el énfasis en dos áreas de trabajo: la identificación y vinculación con las organizaciones de la diáspora, involucrándolas en las estrategias de desarrollo; y la creación de registros y bases de datos donde miembros de la diáspora puedan apuntarse voluntariamente (Ionescu, 2006). El creciente interés en las políticas de vinculación, tanto por parte de los Estados como por otros actores internacionales y transnacionales, ha dado lugar a la emergencia de una extensa literatura que intenta aportar elemen-tos para la reflexión sobre las medidas que los distintos países han puesto en marcha para reforzar los vínculos con sus emigrantes. Desde el aspecto político, los Estados pueden, y a menudo desean, jugar un papel importante en la reproducción de sujetos transnacionales: “los Estados emisores están asegurando su propia supervivencia contribuyendo a la constitución de nue-vos sujetos bifocales con doble ciudadanía e identidades políticas múltiples” (Guarnizo y Smith, 1998:91). Los principales debates sobre las iniciativas de vinculación se han centra-do, por un lado, en reflexionar si en realidad se puede hablar de “políticas” para referirnos a las acciones de vinculación promovidas por los “Estados migrantes” (Hollifield, 2007) y, por otro, en analizar los motivos que ayudan a explicar el interés creciente de los Estados por sus respectivas comunidades de emigrantes. Con respecto al primer aspecto, los estudios que hablan de políticas para referirse a estas estrategias centran su atención en distinguir


los tipos de acciones que emprenden los Estados de origen. En este sentido, Smith diferencia entre políticas diaspóricas (o global nation policies)4 y políti-cas de circulación y repatriación. Las políticas diaspóricas no promueven el retorno, sino que buscan contribuir al asentamiento exitoso de los migrantes en sus diferentes destinos e incentivan el fortalecimiento de los vínculos de los migrantes con el país de origen. Las políticas de circulación y repatriación serían aquéllas encaminadas a crear instituciones para favorecer y facilitar el retorno de los migrantes (Smith, 1999). Según este autor, la distinción entre los dos tipos de políticas no es absoluta, ya que los Estados pueden aplicar ambas a la vez o pasar de una a la otra sucesivamente. Por su parte, Goldring (1999) aplica una diferenciación similar, pero las denomina como políticas de intromisión y políticas de extensión. Otros autores, en cambio, sugieren no hablar de políticas de Estado para definir estas iniciativas. Como señala Gamlen (2006), las acciones y los acuerdos promovidos por los Estados se han puesto en marcha en tiempos distintos, por razones diferentes, operan a través de diferentes escalas y con niveles diferentes dentro del propio Estado, por lo que no deben ser vistas como parte de acciones continuas y coordinadas de los Estados-nación. El cuestionamiento de Gamlen se podría superar quizás si distinguimos, como propone González Gutiérrez, entre políticas de Estado y políticas de gobierno. La diferencia entre ambas estaría relacionada con el tiempo y el alcance de las mismas. Las políticas de gobierno serían políticas a corto plazo y estarían centradas en la promoción de acciones de interés para el gobierno incum-bente, mientras que las políticas de Estado serían políticas a largo plazo, independientes de los gobiernos de turno, y cuyo objetivo central consistiría en fortalecer el sentido de pertenencia de los migrantes hacia el país de origen (González Gutiérrez, 1999). Es necesario introducir también la diferencia entre políticas a nivel nacional y local; el impacto de las políticas de los gobiernos locales y sus articulaciones en una política de Estado más amplia puede ser muy diferente, dependiendo de las características específicas de cada país (Padilla y Moraes, 2007). El segundo aspecto discutido en la literatura sobre la temática tiene que ver con los motivos que pueden explicar el interés creciente de los Estados en promover estrategias de vinculación. Las investigaciones desarrolladas han mostrado que los Estados entran en el campo transnacional cuando el fenómeno ya es evidente (Portes, 2005), es decir, las estrategias de vincu-lación de los Estados serían respuesta a las demandas de la sociedad civil

4 El concepto original de Smith de global nation policies se traduce en un texto publicado en Mummert (1999) como políticas diaspóricas. Creemos que el concepto original abarca más que su traducción. La idea de “global nation policies” sugiere una única política para la nación diaspórica y justamente éste es el elemento más criticado de su propuesta.


transnacional de fuera y dentro del país, y a las recomendaciones de orga-nismos internacionales. Sin embargo, no siempre las medidas emprendidas son reactivas, en algunas ocasiones las estrategias de vinculación o algunas iniciativas desarrolladas por los Estados son proactivas, ya que se comien-zan a desarrollar sin existir reclamos específicos al respecto, sobre todo de la comunidad de migrantes, como veremos más adelante en los casos de Colombia y Brasil. Además, el hecho de que muchas iniciativas se hayan puesto en marcha como respuesta a las crecientes demandas de diversos actores y organismos internacionales y transnacionales, no quiere decir que ésta sea la única explicación ni la más relevante. Existen distintas interpretaciones sobre las motivaciones de los países emisores para el desarrollo de estas iniciativas. Itzingsohn (2000) explica las recientes estrategias de vinculación de los Es-tados como resultado de las nuevas formas estructurales de inserción en la economía-mundo. En el nuevo contexto, las remesas monetarias de los migrantes se transforman en un capital vital para los países de origen (Canales, 2006; Escrivá y Ribas, 2004; SELA, 2004). De esta manera, asegurar el flu-jo continuo de las mismas sería el principal incentivo de los Estados para participar en la vida transnacional. Pero la dependencia de las remesas no es el único factor determinante. Se ha señalado, también, el intento de los Estados por aprovechar el capital humano de los migrantes cualificados e incorporarlo a través de medidas que logren transformar la “fuga de cerebros” de una pérdida (brain drain) en una ganancia (brain gain). Con todo, el interés de los Estados en sus diásporas no se puede explicar únicamente desde una perspectiva económica. Algunos autores destacan las motivaciones políticas de estas iniciativas. Los migrantes pueden convertirse en los principales defensores del país de origen en el país de destino, desarro-llando lobby o haciendo diplomacia en beneficio de los intereses nacionales (Baübock, 2003; Levitt, 2001; Portes y Rumbaut, 2006). Los migrantes pue-den también convertirse en actores políticos de peso y a los partidos políticos de origen puede interesarles recibir el apoyo de la diáspora (Guarnizo, 2006; Itzigshon, 2000). Asímismo pueden tener interés en neutralizar la acción de los grupos disidentes en el exterior (Østergaard-Nielsen, 2003a, en este libro) Los factores señalados sirven para explicar qué lleva a los Estados a pro-mover estrategias de vinculación, pero no por qué algunos desarrollan más un tipo de medidas que otras. Levitt y de la Dehesa identifican algunos puntos que influyen en la forma, tiempo y efectividad de las políticas estatales. En primer lugar, hay que tener en cuenta el grado de interdependencia de cada Estado con la economía global, el impacto de las remesas de sus emigran-tes y la emergencia de normas internacionales restrictivas con la migración que llevan a algunos Estados a salir en defensa de sus nacionales. Influyen igualmente factores que tienen que ver con la estructura de los Estados de los países emisores y su capacidad para desarrollar políticas creíbles, así como el potencial económico y político de los emigrantes, su tamaño y grado de


organización. Por último, puede ser relevante el rol que juegan los partidos políticos y sus intereses de vinculación con la diáspora (Levitt y de la Dehesa, 2003). Por su parte, Jones-Correa (1998) plantea que un condicionante en la decisión de adoptar determinadas medidas es el coste económico, y también político, que éstas suponen. Desde su perspectiva, los Estados promoverán aquellas iniciativas de bajo coste, o de mayor provecho político, obedeciendo así a determinadas coyunturas. Si estos factores pueden explicar por qué algunos Estados desarrollan determinadas medidas, la continuidad de las mismas en el tiempo de-penderá del grado de institucionalización alcanzado. Como veremos más adelante, ésta ha sido una de las principales críticas hacia las iniciativas desarrolladas en Latinoamérica. El coste político de las medidas y el grado de institucionalización de las acciones explican en buena medida por qué determinados vínculos políticos no llegan a funcionar más allá de una coyuntura determinada o, por el contrario, sobreviven a la voluntad de un gobierno y pasan a convertirse en políticas de Estado. No obstante, es necesario recalcar que gran parte del éxito y continuidad de las iniciativas de los Estados depende de la repercusión que tengan en la comunidad de emigrantes y el grado de aceptación, aprobación y credibilidad que ésta les otorgue. A continuación nos centraremos en las respuestas extraterritorializadoras (Goldring, 1999) promovidas por los Estados latinoamericanos, analizando especialmente los casos de Colombia, Perú, Brasil y Uruguay. Estos cuatro países presentan semejanzas y diferencias que nos permiten explorar los di-ferentes aspectos de las vinculaciones con sus diásporas. Las investigaciones que venimos desarrollando sobre esta temática y los análisis comparativos de esos cuatro casos nos han permitido observar que la historia migratoria, la composición, tamaño y organización de las comunidades emigradas, así como el contexto político en origen y destino, influyen en el tipo, orientación y alcance de las iniciativas, y también en el grado de institucionalización de las vinculaciones políticas transnacionales y el papel que juegan los migrantes en estos procesos.

LOS ESTADOS SUDAMERICANOS Y LA VINCULACIÓN CON SUS DIÁSPORAS

En América Latina se desarrollan las primeras iniciativas de vinculación de los países de la región con sus emigrantes en la década de los noventa. Esto no quiere decir que en algunos países no se hubiesen puesto en marcha, con anterioridad, medidas específicas de relación con sus nacionales en el exterior, como veremos más adelante. Pero es en la segunda mitad de los noventa, y fundamentalmente a partir del año 2000, cuando este tema comienza a formar parte de la agenda política de los diferentes Estados.


La mayoría de los estudios realizados hasta el momento sobre la vincula-ción de los Estados latinoamericanos con sus diásporas se han centrado en los casos de México y países de América Central y el Caribe. Las iniciativas desarrolladas en América del Sur han estado escasamente analizadas. Se destacan los trabajos de Levitt y de la Dehesa (2003), en el que se incluye un breve análisis sobre Brasil, y de Guarnizo (2006), centrado en Colombia. Habría que señalar también la ausencia de trabajos comparativos entre países sudamericanos que incluyan un análisis de las iniciativas que sus diferentes Estados han emprendido al respecto5. A pesar de la escasa atención que la literatura le ha otorgado a este tema, el papel del Estado en relación con su diáspora viene siendo en los últimos años un tema de interés creciente para los países de la región. En la Cuarta Conferencia Sudamericana sobre Migraciones que se realizó en el año 2003, se planteó la necesidad de intercambiar información sobre las acciones que los distintos países estaban acometiendo. Con este fin, en el año 2004 se realizó en Uruguay el Taller “Prácticas de Vinculación de los Estados con los Nacionales en el Exterior”, convocado por el gobierno uruguayo, la Conferen-cia Sudamericana de Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En este evento, en el que participaron representantes de casi todos los países sudamericanos, se analizaron los diferentes programas que se estaban implementando y sus principales problemas. Las principales dificultades percibidas por los ejecutores de estos programas estaban rela-cionadas con la baja presencia del tema emigratorio en las agendas nacio-nales, la baja institucionalidad que tienen la mayoría de estos programas, la ausencia de estructuras jurídicas adecuadas y la discontinuidad de algunas de las iniciativas emprendidas, así como también la falta de recursos para el desarrollo de las mismas (Moraes, 2006). En las sucesivas Conferencias Sudamericanas de Migraciones este tema vuelve a ser central en la agenda. En la del año 2005 se destaca la impor-tancia de los Estados emisores en la asistencia y protección de los derechos humanos de los nacionales en el exterior, y en la del año 2006 se relaciona la migración con el desarrollo, afirmando en la declaración final que uno de los objetivos de las políticas de los Estados debe ser “facilitar la vincula-

5 Si bien el estudio de Vono (2006) ofrece un panorama de las iniciativas promovidas por los diferentes países de la región, su análisis se limita a describir los principios básicos de los programas y acciones planteados por los Estados, sin incluir un análisis de su implementación y repercusión en las comunidades de migrantes. Este tipo de estudios es importante porque permite comparar las características generales de las estrategias promovidas por los diferentes Estados, pero tiene la limitación de ofrecer una única perspectiva, la del actor-Estado. Como hemos mencionado más arriba, una cosa es lo que dicen los documentos relacionados con los proyectos del Estado hacia su diáspora, y los discursos de sus ejecutores, y otra muy distinta puede ser lo que efectivamente se lleve a cabo luego.


ción de los emigrados con sus países de origen, de forma tal que permita la transferencia de habilidades y oportunidades de inversión para contribuir al desarrollo de sus comunidades, al mantenimiento de la cultura de origen y a la organización de las colectividades de migrantes en las sociedades de acogida” (Declaraciones Conferencia Sudamericana de Migraciones, 2006). En las conclusiones del Encuentro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, organizado por la Secretaría General Iberoamericana y realizado en Madrid en julio de 2006, también se dedica un capítulo específico a la vinculación de los Estados con sus emigrantes. Las principales líneas de acción que se pro-ponen en este documento tienen que ver con la protección de los emigrantes y la defensa de sus derechos, la promoción de la cultura de los países origen, contribuir al abaratamiento de las remesas, promover y potenciar las redes transnacionales existentes, así como las acciones de codesarrollo, asumir el desafío que implica impulsar el retorno de los migrantes y llenar vacíos de información existentes sobre las comunidades de emigrantes y retornados (Conclusiones Preliminares, Encuentro de Migración y Desarrollo, 2006). Si bien parte de los debates e intercambios de experiencias entre los países de la región gira en torno a las características, alcance y dificultades de los programas de vinculación llevados a cabo, existen otras medidas que influyen en el fortalecimiento de los vínculos con la diáspora a través de la extensión de derechos a los emigrantes, entre ellos, el derecho al voto desde el exterior y a la doble nacionalidad. En este sentido, la experiencia de los países de la región ha sido diversa. Si bien, por un lado, el derecho a la doble nacionali-dad se ha extendido en la mayoría de los países, el derecho a la participación política desde el exterior ha sido un asunto más conflictivo. Mientras que en la última década algunos países que aún no lo habían hecho han aprobado el derecho al voto para los que viven fuera6, en otros, a pesar de la presión de sus comunidades de emigrantes, este tema aún sigue siendo debatido a nivel político y público7. Por otro lado, la mayoría de los países que han aprobado el derecho al voto desde el exterior no incluye la representación política de la diáspora. Antes de analizar los cuatro casos que nos ocupan, es menester referir-nos a las características del contexto específico marcado por las migraciones latinoamericanas al Sur de Europa.

6 Antes de los noventa: Colombia (1961), Brasil (1965), Perú (1979). En los noventa: Argentina (1993), Ecuador (1998), Venezuela (1998). Ver Calderón (2004). 7 Especialmente en Chile y Uruguay, como se ha visto en los capítulos de Bolzman y Moraes, en este libro.


MIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Los vínculos históricos entre la Península Ibérica y Latinoamérica, producto, en primer lugar, de que gran parte del territorio latinoamericano formó parte de las coronas española y portuguesa en tiempos de la colonia y, en segundo lugar, de que Latinoamérica recibió una importante inmigración de estas antiguas metrópolis a fines de siglo XIX y comienzos del XX, hacen de esta región de Europa un contexto de recepción de la migración latinoamericana con características específicas. Además, a diferencia de otros contextos como el estadounidense, la migración latinoamericana en Europa suroccidental es mucho más reciente y procede fundamentalmente de Sudamérica. A pesar de ser una migración reciente, se pueden distinguir diversas ten-dencias en su composición y carácter. Los cambios en la composición de la migración latinoamericana en España y Portugal pueden ser comprendidos como expresión de las condiciones sociales, económicas y políticas por las que han transitado cada uno de los países de origen (Gil, 2004). En el caso de España, encontramos dos flujos importantes de migración latinoamericana. El primero abarcó desde la década de los setenta hasta los ochenta con la llegada de los exiliados políticos del Cono Sur. El segundo flujo se inicia en los años ochenta pero se manifiesta de forma más intensa a finales de los noventa, a raíz de la crisis económica por la que atraviesan varios países de la zona. La migración latinoamericana pasa con ello a ser más diversa, tanto en cuanto a países de origen como en las características sociodemográficas de los migrantes. Predominan ahora los flujos proceden-tes de la región andina (Perú, Ecuador y Colombia, y más recientemente Bolivia), pero también aumenta considerablemente el número de migrantes procedentes del Cono Sur (sobre todo Argentina y Uruguay), aunque en este nuevo contexto su peso en el total de la migración latinoamericana pasa a ser mucho menor al de décadas anteriores. Si bien la migración latinoamericana a España parece responder más re-cientemente a causas estrictamente económicas, la creciente complejidad de los flujos migratorios y la interrelación entre sus diferentes causas hace difícil diferenciar entre tipos de migración (Bertrand, 1998; Black, 2003; Richmond, 2002). Cabe tener en cuenta, por ejemplo, que el número de peruanos que solicitaron asilo político en España a comienzos de los noventa fue elevado (Bermúdez y Escrivá, 2007), y que Colombia fue el principal grupo solicitante de asilo en España en el año 2006 (CEAR, 2007). En el caso de Portugal, la migración latinoamericana es fundamentalmente de origen brasileño. Esto se explica en gran medida por las relaciones históri-cas entre estos dos países. Los primeros brasileños que llegan a Portugal son los que provienen de la antigua colonia y vuelven a la “madre patria”. Pero es en la década de los sesenta cuando el flujo de brasileños a Portugal se hace más evidente, seguido posteriormente del retorno de los descendientes de inmigrantes portugueses en Brasil y de los refugiados políticos de la dicta-


dura brasileña. Ya en los noventa el flujo se dispara, llegando a representar actualmente la mayor comunidad de inmigrantes del país (Padilla, 2005; 2007).

LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR COLOMBIA, PERÚ, BRASIL Y URUGUAY

Las aportaciones de diversos autores han señalado que las principales ini-ciativas desarrolladas por los Estados para fomentar la vinculación con sus diásporas se pueden clasificar en: a) reformas ministeriales y consulares para mejorar la atención a la comunidad emigrada, b) medidas de extensión de derechos políticos, como el derecho al voto desde el exterior y a la doble nacionalidad, c) medidas para fomentar el envío de remesas, las inversiones y los proyectos de desarrollo en el país de origen, d) extensión de la protección y los servicios prestados a los nacionales en el exterior y e) la implementa-ción de medias simbólicas para, por un lado, fomentar la cultura de origen y, por otro, potenciar la lealtad y el sentido de pertenencia de los emigrantes (Gamlen, 2006; en este libro; Guarnizo, 2006; Levitt y De la Dehesa, 2003). Muchas de estas medidas forman parte de programas específicos de vincula-ción diseñados con el objetivo de fomentar el nexo con la diáspora, mantener la lealtad de sus emigrantes y los lazos que les unen con su país de origen. De los casos que nos ocupan, Colombia es el país con mayor trayectoria de vinculación institucional con la diáspora (Guarnizo, 2006). Los primeros antecedentes de estas iniciativas deben interpretarse más como programas de repatriación o circulación que como programas específicos de vinculación. En 1970, por ejemplo, Colombia pone en marcha el Programa de Repatriación de Cerebros Fugados, con el objetivo de reincorporar al país a los profesionales y especialistas que se encontraban ejerciendo en el extranjero. En el caso de Uruguay, en 1985 se crea el Programa de Repatriación y la Comisión Nacio-nal de Repatriación, con el objetivo de facilitar el retorno y prestar asistencia a los exiliados que volvían al país tras la restauración democrática. Estos programas fueron acotados en el tiempo y en cuanto a la población benefi-ciaria, pero esto no quiere decir que no hayan tenido resultados positivos. En el caso de Uruguay, si bien el programa de repatriación estaba destinado a todos los exiliados, tuvo una especial repercusión entre la comunidad de científicos y profesionales vinculados al medio académico. Esto propició la generación de otros organismos, como la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), a partir de los cuales se crearon programas específicos orien-tados a revertir la fuga de cerebros. También facilitó la creación de la red de uruguayos en el exterior, a través de la cual se promovió la relación entre las comunidades de emigrantes y la comunidad científica nacional, se estimuló el retorno y la revinculación de científicos y se promovió la creación del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) (Pellegrino, 2003).


No obstante, habrá que esperar hasta bien entrada la década de los noventa (en el caso colombiano y brasileño), o a partir del nuevo siglo (en el caso de Uruguay y Perú) para que estas iniciativas se vuelvan más ambiciosas. En este período, los programas desarrollados por estos cuatro países han sido diversos. En algunos casos, las primeras iniciativas han consistido en refor-mas burocráticas y administrativas y, en otros, en programas de corte más bien simbólico y con un énfasis especial en la “extracción de obligaciones” (Gamlen, 2006) mediante la promoción de las inversiones en el país, el envío de remesas o la búsqueda de la contribución de los emigrantes altamente cualificados. En Brasil, las primeras iniciativas del Estado hacia los emigrantes con-sistieron en reformas burocráticas de adaptación de los servicios consulares y la creación de la Unidad de Atención a los Brasileños en el Exterior. Estas reformas se comienzan a dar cuando Fernando Henrique Cardoso es mi-nistro de Relaciones Exteriores y se intensifican una vez que éste asume la presidencia en 1995. En el caso de Colombia, en 1996 se crea el “Programa Colombia para Todos”, entre cuyos objetivos estaba atender las necesidades de los emigrados, proporcionarles asistencia jurídica y adaptar el rol de los consulados (Hazán, 2001). Uruguay, por su parte, instituye en el año 2001 el “Programa de Vinculación con los Uruguayos en el Exterior” dirigido a los emigrantes cualificados, en gran parte debido al impulso de las redes científicas establecidas en los ochenta y de la Universidad de la República. En ese mismo año, Perú comienza a desarrollar sus primeras iniciativas de vinculación motivadas, en primer lugar, por la demanda de los mismos mi-grantes, pero también por el interés de países receptores como España de lograr acuerdos específicos en materia de migración. El contexto político, económico y social de cada país ha determinado en buena medida la emergencia de las iniciativas, sus características y repercu-siones, así como el camino que han seguido cada una de ellas. Por ejemplo, la tardía implementación de acciones dirigidas a sus emigrantes, por parte de Perú, obedece en parte a la fuerte crisis que vivió el país y la permanencia de un régimen semi-dictatorial durante los años noventa. En consecuencia, la emigración asume un mayor protagonismo político con la caída del fujimo-rismo (Berg y Tamagno, 2006). Es entonces cuando se oficializa la expresión “El Quinto Suyo” (la quinta provincia) para denominar a la diáspora de forma incluyente, como también hará Uruguay con la expresión “Departamento 20” años más tarde. A partir del Quinto Suyo se promueven programas y proyec-tos económicos y sociales para vincular a los peruanos con el país natal. En Uruguay, la puesta en marcha de un programa de vinculación destinado en una primera instancia a los migrantes altamente cualificados, en un con-texto de crisis económica e inicio de un importante flujo emigratorio, generó cierta indiferencia, cuando no rechazo, entre la comunidad de emigrantes. Este programa era interpretado como “elitista”, y al ser impulsado por un gobierno cuestionado por su papel ante la crisis, tuvo escasa repercusión


entre la diáspora. Posteriormente, tras la victoria electoral del Encuentro Progresista-Frente Amplio en el año 2004, el nuevo gobierno impulsa una serie de iniciativas de vinculación tendentes a construir un nuevo vínculo entre el país y sus emigrantes, creando el programa “Departamento 20: Patria Peregrina” (ver capítulo de Moraes, en este libro). En Colombia, el desarrollo de las iniciativas de vinculación ha estado de-terminado, por un lado, por la existencia y agravación del conflicto armado, así como por la violencia social y la polarización ideológica y política del país, que afecta también a las comunidades en el exterior. Por otro lado, también ha sido relevante la creciente importancia de las remesas Estos factores, todavía en juego, ayudan a explicar el surgimiento en fechas más recientes de programas estatales como Colombia Nos Une (2002) o iniciativas priva-das como Conexión Colombia (2003). Estas iniciativas, además de buscar incrementar los vínculos con la diáspora, ponen el énfasis en fomentar su filantropía, por medio de aportaciones a causas sociales en el país de origen, así como en crear una imagen más positiva del país en el exterior, en parte en respuesta al trabajo político que los migrantes desde afuera han ejercido como agentes de denuncia de los derechos humanos en el país (ver capítulo de Bermúdez, en este libro). En el caso de Brasil, a pesar de que desde la década de los noventa se vienen implementando un gran número de iniciativas tendentes a extender los derechos y la protección de sus emigrantes, el escaso interés que este tema recibe se hace evidente en los discursos políticos brasileños. Señalar, además, la escasa movilización, aunque incrementándose en los últimos años, que ha llevado a cabo la diáspora brasileña al respecto. A la par del desarrollo de estos programas, y en algunos casos en el marco específico de éstos, los países analizados han promovido una serie de medi-das específicas de vinculación con la diáspora. A continuación analizaremos cada una de estas acciones, agrupadas por áreas que siguen la clasificación propuesta por otros estudios y también de acuerdo a nuestras propias in-vestigaciones.

Reformas burocráticas y administrativas

En los cuatro países se han registrado reformas burocráticas y cambios ad-ministrativos con el fin de acercarse a la diáspora y agilizar la atención de los servicios diplomáticos en el exterior. Embajadas y consulados han visto aumentadas sus funciones en los últimos años y los ministerios de Relacio-nes Exteriores de estos países han creado áreas específicas dedicadas a la atención de la comunidad en el exterior. Estas estrategias responden en buena medida a las demandas de los emigrantes de mejoras en los servicios diplomáticos y consulares, pero están diseñadas también para superar la desconfianza (o incluso hostilidad) exis-tente entre los migrantes hacia la labor desarrollada por sus representaciones


diplomáticas. Esta falta de confianza puede explicarse por el papel negativo que cumplieron los consulados y embajadas en períodos dictatoriales, as-pecto especialmente resaltado por la comunidad uruguaya en España, o por funcionar como organismos a expensas del gobierno de turno con capacidad de ejercer control sobre las actividades de los migrantes. Esto es incluso más relevante en el caso de Colombia, debido a la polarización política y la situación de conflicto que vive el país. En el marco de estas reformas, Brasil crea en el año 1991 la Unidad de Asistencia a los Brasileños en el Exterior y en 1995 la Oficina de Asuntos Consulares se eleva de rango a Dirección General. Con el gobierno de Lula da Silva esta Dirección pasa a ser Subsecretaría General de Cooperación y de las Comunidades en el exterior. Los demás países adoptaron medidas si-milares, aumentando paulatinamente el rango de importancia de las oficinas encargadas de velar por el tema migratorio. Junto a estos cambios ministeriales, también se ha llevado a cabo toda una serie de reformas en los servicios consulares que implica desde una modernización tecnológica, hasta la creación de consulados itinerantes, in-cremento de los horarios de atención, sustitución de cónsules honorarios por profesionales cualificados y el abaratamiento de trámites administrativos. Los consulados también pasaron a ejercer otros roles más allá de los de oficinas de registro y acta notarial, entre ellos, los de promotores de la generación de información sobre el número de migrantes y su situación, así como del ejercicio de los derechos de los migrantes, y de apoyo a la organización e institucionalización de las comunidades en el exterior, tanto a través del fomento de las asociaciones de migrantes como los consejos consultivos. A pesar de ello, para gran parte de la comunidad de emigrantes las mejoras realizados no son suficientes y se necesita tiempo para lograr revertir años de laissez faire y despotismo, por un lado, y desconfianza, por otro. Agregar además, que algunas de estas reformas dependen, en parte, del liderazgo de turno en las oficinas consulares, cuya labor está escasamente fiscalizada, aunque la creación de los consejos consultivos podría ayudar en esto.

Organización de la comunidad en el exterior

Entre los principales objetivos de las iniciativas de vinculación de estos cuatro países destaca el de favorecer y potenciar la organización y la participación ciudadana fuera del territorio nacional. Uno de los mecanismos desarrollados para canalizar esta participación ha sido la constitución de consejos con-sultivos (Perú, Uruguay y Colombia) o consejos ciudadanos (Brasil) en cada circunscripción consular. Estos consejos son definidos como organizaciones de la sociedad civil integradas por miembros de la comunidad de migrantes en sus diferentes destinos, cuyos representantes son elegidos de diversas maneras (incluyendo democráticamente). Han sido formulados como organizaciones absolutamente


separadas del Estado y los partidos políticos, pero que deben cumplir ciertas bases normativas establecidas por el Estado. Mientras que Brasil, Perú y Uruguay han promovido la institucionalización de este tipo de organizacio-nes entre la diáspora, la experiencia de organización de consejos consultivos entre las comunidades de colombianos en el exterior es todavía incipiente. La puesta en marcha de los consejos consultivos como forma de organizar y representar a la diáspora no ha sido simple ni ha estado exenta de problemas. Ha sido más bien un proceso conflictivo que sigue cuestionándose dentro de algunas comunidades de migrantes específicas. A modo de ejemplo, mencionar los conflictos acontecidos en la organización de los consejos consultivos de uruguayos y peruanos en España. En el caso de los uruguayos, los primeros inconvenientes estuvieron marcados por el temor de que estos consejos se convirtiesen en una institucionalización “desde arriba” de sólo algunas de las más de cuarenta asociaciones de uruguayos existentes en España. Ante esta posibilidad, se constituyó un Comité por el Estatuto de los Ciudadanos Uruguayos en el Exterior que sería el encargado de proponer mecanismos de coordinación entre las asociaciones y las formas organizativas propuestas por el gobierno uruguayo. En el caso de Perú, los conflictos han estado relaciona-dos con la politización y cooptación de estos consejos por parte de afiliados y simpatizantes de partidos políticos peruanos establecidos en España. Ante esta situación, ex miembros de los consejos consultivos y otros individuos de la colectividad formaron en 2007, en Madrid y Barcelona, sendas Federaciones de Entidades de Peruanos intentando desmarcarse de este partidismo para hacer política hacia el Perú y España de otras maneras. El análisis de estas experiencias muestra cómo los intentos de cooptación política desde el país de origen y las luchas de poder entre los líderes de la diáspora han influido en la formación, funcionamiento y representatividad de este tipo de organizaciones. Si bien no todos los consejos consultivos discurren entre pugnas partidistas8, y la mayor o menor politización de los mismos depende de las características de cada comunidad, cierto es que en los casos analizados esta cuestión ha sido motivo de debate entre los miem-bros más activos de la diáspora. Más aún, este tema no sólo ha preocupado a la comunidad emigrada. Recientemente en Uruguay, el nuevo director del Departamento 20, quien pertenece al partido de la oposición, ha manifestado su intención de desmantelar algunos aspectos de la estructura de esta Di-rección, lo que podría incluir a los consejos consultivos, por considerar que estos funcionan como una red de comités de base en el exterior del Frente Amplio (partido de gobierno) (Periódico Brecha, 04/04/08). De igual forma y

8 Los consejos consultivos de peruanos y colombianos en Londres, por ejemplo, parecen estar formados por personas independientes y destacadas de la comunidad, y no por miembros de partidos políticos (Moraes, Bermúdez y Escrivá, 2008).


con el objeto de limitar la posibilidad de reclamo y movilización de la diáspora frente a las actuaciones del gobierno y sus representantes en el exterior, los consejos consultivos de peruanos han visto ya reducidas sus capacidades (Resolución Ministerial 1414 de 09/12/08). Además de las entidades promovidas por los Estados como son los con-sejos consultivos, existe una gran cantidad de asociaciones creadas por los emigrantes. Las estrategias estatales hacia estas asociaciones han sido diversas, pero en general las relaciones se han canalizado a través de los consulados y embajadas, mediante iniciativas de corte más bien simbólico, como son el fomento de actividades culturales o de promoción de la cultura de origen, como veremos más adelante. En algunos casos, estas asociacio-nes han colaborado estrechamente con sus representantes diplomáticos, en iniciativas para fomentar el voto desde el exterior, mejorar las condiciones de los migrantes en el país de acogida, o incluso fomentar el establecimiento de acuerdos bilaterales que protejan los derechos de los migrantes en ambas sociedades. Tal sería el caso de asociaciones de larga implantación en España, creadas por colombianos aunque de alcance latinoamericano, como AESCO o ACULCO (ver capítulo de Bermúdez, en este libro).

Extensión de derechos políticos: doble nacionalidad y ejercicio del voto desde el exterior9

La extensión y promoción de derechos políticos es uno de los mecanismos desarrollados por los Estados para fomentar la vinculación de los migrantes con su país de origen. La doble nacionalidad y el poder votar desde el exterior han sido dos de los derechos más extendidos en los últimos años. En el caso que nos ocupa, los cuatro países analizados presentan tiempos y procesos distintos en la implementación de estos derechos, fundamentalmente en lo que respecta a la extensión del derecho al voto. Sin embargo, su repercusión entre la comunidad emigrada presenta características similares. En la década de los noventa casi todos los países latinoamericanos habían aprobado leyes que permiten el mantenimiento de la nacionalidad de origen en caso de adquirir otra. Este derecho fue aprobado por Brasil en 1998, con reformas posteriores que incluyen a los hijos de los brasileños registrados en los consulados. En Colombia se incluyó en la Constitución de 1991 y en Perú

9 Es necesario destacar la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, conceptos que frecuen-temente se utilizan como sinónimos. Como señala Jones-Correa (2002), la nacionalidad se refiere al estatus legal de pertenencia a un Estado, mientras que la ciudadanía determina los derechos y deberes en tanto que miembros de una comunidad política. La nacionalidad entendida como pertenencia a una patria no siempre va acompañada de la ciudadanía en tanto que capacidad de ejercer derechos como miembro de esa comunidad.


en la reforma constitucional de 1995, a petición sobre todo de la numerosa colonia establecida en los Estados Unidos, país que exige la renuncia a la nacionalidad de origen al adquirir la estadounidense. En Uruguay, la posi-bilidad de doble o múltiple nacionalidad ha estado garantizada de manera indirecta ya desde principios del siglo XX, en la Constitución de 1934. A diferencia de otros países receptores de migrantes, España reconoce por ley el mantenimiento de la nacionalidad de origen a muchos nacionales latinoamericanos. En concreto, y en coyunturas sociales y políticas muy diferentes de las actuales, Perú y Colombia suscribieron convenios de doble nacionalidad con España (en 1959 y 1980 respectivamente) para garantizar este derecho tanto a los peruanos y colombianos residentes en España como a los españoles residentes en esos dos países. A pesar de que estos conve-nios no fueron suscritos con todos, como es el caso de Uruguay, gracias a la relativa rapidez con que los latinoamericanos pueden solicitar la nacio-nalizad española una vez obtenida la residencia legal10 y a la existencia de colectividades españolas residentes en América Latina que han trasmitido su nacionalidad a sus descendientes (especialmente en el caso uruguayo), muchos uruguayos, colombianos y peruanos gozan actualmente de las ven-tajas de poseer ambas nacionalidades, la de origen y la española11. Brasil, por su parte, ha suscrito varios tratados específicos con Portugal. El primer Acuerdo de Amistad, Cooperación y Consulta data de 1953. En el año 2000 se firma un nuevo acuerdo en el que se establece el Estatuto de Igualdad. Si bien este tratado puede ser interpretado como un avance en las relacio-nes entre estos dos países y en la protección de los migrantes brasileños en Portugal, por otra parte restringe la participación política, ya que se prohíbe expresamente el ejercicio de derechos políticos a los brasileños que se acojan a dicho estatuto, lo que no ocurre con los que gozan de la doble nacionalidad (Padilla, 2008). La posibilidad de votar desde el exterior en elecciones presidenciales es otro mecanismo de carácter político que Perú, Colombia y Brasil utilizan para fomentar los vínculos de los emigrantes con su país de origen. Colombia fue el primer país en aprobar este derecho en 1961, Brasil lo hizo en 1964 y Perú en 1979. En Uruguay, en cambio, el derecho al voto desde el exterior todavía no se ha aprobado, pese a ser uno de los principales reclamos de la diáspora. Con el gobierno actual del Frente Amplio y en el marco del Departamento

10 El requisito para solicitar la nacionalidad en España es de una residencia previa y conti-nuada de dos años o de un año en caso de matrimonio con español/a, según se aplica a todos los nacionales de países iberoamericanos, así como a los guineanos, filipinos y sefardíes. 11 Según datos del Padrón, a enero de 2007, un 10,5% de los nacidos en Colombia, 23% de los nacidos en Perú y 30% de los nacidos en Uruguay empadronados en España poseían la nacionalidad española.


20 se presentó un proyecto de ley para reglamentar este derecho, pero fue rechazado en octubre de 2007 por el parlamento uruguayo (ver Moraes, en este libro). Si en Perú la salida de la dictadura, en Colombia el exilio político y en Brasil el proceso de modernización del Estado han sido los escenarios en los que se acuerda conceder el derecho al voto a los residentes en el ex-terior, incluso sin contar en ese período con una comunidad de emigrantes numerosa o relevante, en el caso de Uruguay sucede lo contrario. Parte de la negativa de los partidos tradicionales a reglamentar este derecho puede interpretarse en clave de coste político. Para un ala de la clase política uru-guaya todavía hoy el electorado en el exterior constituye una amenaza, dado que se supone que la diáspora uruguaya está formada principalmente por exiliados políticos y que éstos votaran a los partidos de izquierda. Sin embargo, no todos los argumentos que frenan la aprobación del dere-cho al voto o los mecanismos facilitadores de este derecho están relacionados con el coste político. También se aducen motivos de orden moral y económico u organizativo. Las elecciones en el exterior representan un considerable desembolso económico y esfuerzo de organización, porque a medida que la comunidad migrante ha ido creciendo, se ha requerido habilitar más lugares de votación y aumentar los medios humanos y materiales. Esto ha llevado a que no se potencien los mecanismos para facilitar el voto de los migrantes, o, como en el caso peruano, que se cuestione su obligatoriedad. Ahora bien, mientras el voto desde el exterior es uno de los principales reclamos de algunos colectivos de migrantes, como los uruguayos (Moraes, 2007), el nivel de participación electoral ha sido, por lo general, bastante bajo entre aquellos latinoamericanos que sí pueden votar desde el exterior como por ejemplo, entre los dominicanos (según señalan Itzigsohn y Vilacrés, 2007). Con todo, se registran importantes diferencias en dos de los casos aquí analizados. Mientras que la abstención de los colombianos residentes en España en las elecciones presidenciales de 2006 alcanzó un 70%, entre los peruanos, en elecciones en ese mismo año, ésta no superó el 32%. Una explicación plau-sible de este comportamiento diferencial reside en la obligatoriedad del voto en el caso peruano, así como en la desconfianza y alejamiento de la política formal que se da en Colombia en respuesta a décadas de conflicto político y social (Escrivá et al., próximamente; Bermúdez, 2008). En el marco de la extensión de los derechos políticos, otro aspecto de interés tiene que ver con la posibilidad de ejercer representación política directa, a través de la designación de uno o más escaños en el parlamento nacional a los representantes de los residentes en el exterior. De los países analizados, sólo Colombia tiene una circunscripción electoral representativa de los emigrantes. No obstante, este tema ha sido reclamado por las comuni-dades de emigrantes tanto de Perú como de Brasil. En el caso de Perú, esto está en fase de aprobación en el congreso después de haberse dictaminado favorablemente una propuesta de ley al respecto en 2007.


Promoción de la inversión y las remesas

El interés de los Estados por mantener la vinculación con sus diásporas no se traduce únicamente en la protección a los emigrantes y la extensión de derechos más allá del territorio nacional. Una de las prioridades ha consistido en desarrollar mecanismos para promocionar vínculos económicos con el país de origen, ya sea fomentando la inversión o el envío de remesas. Las remesas no tienen la misma importancia económica para los cuatro países aquí reseñados. Colombia se coloca en la cima de la dependencia, ya que sus remesas suponen un 4,1% del PIB, mientras que en el caso perua-no representan un 1,6%, en el brasileño un 1% y en el uruguayo un 0,3% (Canales, 2006). Ahora bien, el flujo de remesas hacia estos países viene experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años, más acusado en el caso uruguayo. Es por esto que los cuatro países han llevado a cabo diferentes acciones con respecto a estas remesas, empezando por intentar un abaratamiento de los costes de gestión de las transferencias de dinero, en atención a su magnitud macroeconómica y a las demandas de los emi-grantes (y de organismos internacionales). En el tratamiento de las remesas comúnmente se distingue entre remesas familiares o individuales, y remesas colectivas o solidarias. En relación a las primeras, los Estados han generado o promovido acuerdos con entidades financieras para canalizar estas remesas y ofrecer diferentes servicios bancarios a los residentes en el exterior. En el caso de Brasil, estas iniciativas han tenido un carácter más bien local, como, por ejemplo, las acciones desarrolladas en la ciudad de Valadares, llamada también “Valadólares”, en Minas Gerais, que se transformó en un icono en el país por los mecanismos generados para atraer a las remesas. Con respecto a las remesas colectivas, los gobiernos han elaborado programas específicos en asociación con organizaciones no gubernamentales para fomentar la co-operación y el envío de dinero para proyectos de desarrollo, como es el caso de Junín Global en Perú. En el caso de Colombia, en el año 2004 se creó la iniciativa Alianza País para avanzar en el estudio de la migración colombiana y el impacto de las remesas sobre la economía familiar y local. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno, así como de organismos financieros del país, organizaciones de migrantes en el exterior e instituciones internacionales. A los Estados de origen también les interesa promover y atraer las inver-siones de los emigrantes hacia el país. En 2001, Brasil creó un fondo de in-versión con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de bancos privados para ofrecer apoyo y asesoramiento a las inversiones de brasileños emigrados. Uruguay propuso un proyecto de portafolio de inversiones con el fin de recopilar proyectos locales a través de las intendencias municipales y poder ofrecérselos a los migrantes que quisieran invertir en el país. Perú y Colombia han desarrollado iniciativas como ferias inmobiliarias en el extranjero, desti-nadas especialmente a emigrantes, para fomentar la compra de viviendas en origen y contribuir al desarrollo del sector inmobiliario de estos países. En


esta línea, con el apoyo de peruanos residentes en el exterior, se constituyó la cámara de comercio del Perú en España y Europa, a fin de promover las opor-tunidades de negocio tanto entre inversionistas locales como inmigrados12. Otro aspecto de interés para los Estados es poder aprovechar la presen-cia y el conocimiento acumulado de los migrantes para desarrollar iniciati-vas comerciales, mejorar la imagen del país y promover el consumo de los productos nacionales en los países de acogida. En este sentido, en uno de los encuentros con la comunidad de emigrantes uruguayos en Sevilla, el ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo mencionó el hecho de que Uruguay “exporta gente” y que, teniendo en cuenta esta realidad, el Depar-tamento 20 debía contribuir a que “esa gente ayude a exportar productos uruguayos”. En dicho encuentro se afirmó también el deseo de que algunos emigrantes pudiesen convertirse en “antenas de tipo económico-comercial”, contribuyendo a la búsqueda de los mecanismos necesarios en cada contex-to, para que las pequeñas y medianas empresas uruguayas puedan colocar sus productos o desarrollar vínculos comerciales con otras empresas en los diferentes lugares de asentamiento de la diáspora. En el caso de Colombia, el interés por el potencial económico de la diáspora se vincula además con un interés por mejorar las relaciones internacionales y atraer la inversión extranjera, mediante la promoción de una imagen positiva de la democracia y la organización política colombiana.

Implementación de políticas simbólicas

Además de las iniciativas administrativas, políticas y económicas que se ha detallado, los Estados de estos cuatro países han implementado medidas simbólicas, con el objetivo de promover el sentido de pertenencia de los mi-grantes a su comunidad de origen y potenciar un nacionalismo a distancia que fortalezca los vínculos con el país. Dentro de este tipo de acciones des-tacan las relacionadas con la promoción de la cultura de origen, la genera-ción de canales de comunicación específicos con la diáspora, el apoyo y la organización de encuentros con organizaciones de migrantes, y otra serie de medidas orientadas a resaltar la importancia que tienen los migrantes para cada uno de estos países. Las principales actividades encaminadas a promocionar la cultura de origen se han llevado a cabo a través de los consulados o embajadas y con-

12 Otro tipo de iniciativas económicas menos exploradas consiste en la promoción de dona-ciones (monetarias y de otras clases) de los migrantes a proyectos sociales en el país de origen, como por ejemplo el caso de Conexión Colombia, que aunque de origen privado cuenta con el apoyo del gobierno colombiano y organismos internacionales. Para más información sobre “filan-tropía diaspórica”, visitar la página web de The Philanthropic Initiative [http://www.tpi.org/].


sisten en la organización de fiestas y eventos culturales, así como el apoyo a algunas de las actividades organizadas directamente por las asociaciones de migrantes. Cabe destacar el caso de Perú, que, con el fin de remarcar la importancia que tienen los emigrantes para este país, ha designado el 18 de octubre como Día de los Peruanos en el Exterior. Para celebrarlo, el ministerio de Relaciones Exteriores rinde homenaje y premia a los peruanos destacados en el exterior por haber desarrollado acciones de carácter social en beneficio de sus compatriotas. También buscando transmitir la cultura de origen a las segundas generaciones y facilitarles un futuro retorno, Perú ha puesto en marcha un programa de educación a distancia para hijos de peruanos en el exterior. Por medio de este programa se presta orientación pedagógica y se transmiten los valores históricos y culturales del país, a la vez que se posibilita la conclusión de los estudios y se extiende la certificación oficial del Ministerio de Educación del Perú, evitando a los migrantes tener que realizar los trámites de convalidación o revalidación al retornar. Aunque no se dispone de datos sobre el éxito de este tipo de iniciativas, habida cuenta que muchos peruanos dejan sus estudios empezados en el Perú con el deseo de acceder a títulos extranjeros y el proyecto de retorno es muy limitado, no parece que estas medidas vayan a obtener mucha respuesta. Por otro lado, los cuatro países han organizado diversos encuentros con la comunidad de emigrantes. Colombia lleva a cabo periódicamente seminarios y conferencias en diferentes ciudades donde reside un número importante de emigrantes. Uruguay, Perú y Brasil celebran reuniones en suelo nacional con los representantes de los consejos consultivos. En Uruguay estas reuniones comenzaron en 2006, en Perú en 2003, mientras que en Brasil la primera conferencia de las Comunidades Brasileñas en el Exterior tuvo lugar en Río de Janeiro recientemente, con la asistencia de cerca de cuatrocientos parti-cipantes. Pero estos contactos personales no tienen lugar únicamente en el país natal, sino que representantes gubernamentales, como por ejemplo del Departamento 20 uruguayo, han realizado también visitas a comunidades de uruguayos en el exterior y han mantenido reuniones con los líderes asociativos. Por último aquí, los cuatro países han creado espacios específicos en Internet para la diáspora, generalmente gestionados por sus respectivos Mi-nisterios de Relaciones Exteriores13. Éstos sirven de canales de comunicación con, y entre, la diáspora, con el propósito de recabar información sobre los migrantes o para informarles sobre temas que le incumben, así como para ayudar a mantener los vínculos con la patria. El Programa Colombia Nos Une, por ejemplo, ha promovido la creación del proyecto RedEsColombia

13 Brasil (www.abe.mre,gov.br), Perú (www.quintosuyo.com), Colombia (www.minrelext.gov.es), Uruguay (www.conexionuruguay.gub.uy).


para incentivar los intercambios de información, competencia y conocimiento entre los emigrantes14. Merecería consideración especial la repercusión y el impacto de estas me-didas simbólicas en la comunidad de emigrantes. Las investigaciones que han desarrollado las autoras permiten apuntar que, si bien el impacto depende de las características de cada comunidad y del contexto receptor, en algu-nos casos, las iniciativas de promoción cultural tienen un alcance limitado y llegan a un número pequeño del total de migrantes. Fundamentalmente, la mayoría de las actividades se difunden entre aquellos migrantes más vinculados a las representaciones diplomáticas de estos países, entre ellos, personalidades destacadas del ámbito social y cultural y líderes asociativos. Las organizaciones de migrantes juegan, por tanto, un papel medular, por un lado, como interlocutores ante los representantes consulares y, por otro, como promotores y a su vez receptores de éstas y otras actividades culturales.

CONCLUSIONES

Los estudios recientes sobre las políticas e iniciativas de vinculación de-sarrolladas por los Estados migrantes se han realizado en el marco de la perspectiva transnacional en las migraciones. Gran parte de la literatura al respecto ha puesto de manifiesto los múltiples vínculos que unen a los Estados con sus emigrantes y que unos y otros buscan potenciar y rentabilizar. En el caso de América Latina, la mayoría de las investigaciones se ha centrado en las experiencias de América Central y México, que son las regiones de más tradición migratoria hacia los Estados Unidos, mientras que las iniciativas desarrolladas por los Estados de América del Sur han sido menos analizadas. En este capítulo se ha pretendido contribuir al conocimiento y reflexión sobre las medidas que han sido promovidas por los Estados sudamericanos y que han afectado en especial a sus nacionales asentados en Europa. Con este fin, se han descrito las iniciativas de vinculación con los emi-grantes implementadas por Colombia, Perú, Uruguay y Brasil, analizando el origen de los programas promovidos por estos cuatro países, así como las similitudes y diferencias entre las acciones emprendidas por sus gobiernos. Asimismo se han apuntado algunos elementos explicativos sobre las reper-cusiones de estas medidas entre la ciudadanía latinoamericana residente en Portugal y España. En concordancia con los resultados de otros estudios, se observa que las estrategias de vinculación desarrolladas por estos cuatro países han estado

14 Ver [www.redescolombia.com].


motivadas, en primer lugar, por aspectos que tienen que ver tanto con fe-nómenos globales, dígase la reestructuración capitalista y la inserción en la economía-mundo, como con factores del contexto histórico-político propio de cada país. En segundo lugar, fortalecer los vínculos con la diáspora se ha convertido en una recomendación de organismos internacionales y transna-cionales, especialmente para los países del Sur, en el marco de los debates sobre migración y desarrollo. El contexto político, económico y social de cada país resulta un factor re-levante a la hora de interpretar la emergencia, características, repercusiones y trayectorias de las iniciativas de vinculación implementadas. El contexto de conflicto armado y violencia de Colombia, la crisis económica y las formas semi-dictatoriales de gobierno recurrentes en el Perú, la búsqueda de la modernización del Estado brasileño y el sentimiento de amenaza para los sectores tradiciona-les en Uruguay tras la restauración de la democracia, y más recientemente la inauguración del primer gobierno progresista, son algunos de los factores que explican en parte el por qué de determinadas medidas y cambios introducidos en las estrategias de vinculación. Pero éstas no pueden comprenderse sólo desde el contexto actual de cada país. La historia migratoria, la composición, tamaño y organización de las comunidades de emigrantes, así como el contexto político en destino, han influido igualmente en el tipo, orientación y alcance de las acciones emprendidas, y en el grado de institucionalización de las vinculaciones y el papel que juegan los migrantes en estos procesos. El interés de los Estados por vincularse con sus diásporas incluye aspectos tanto económicos, como políticos y culturales. En este trabajo se han clasifi-cado las acciones desarrolladas en: reformas burocráticas y administrativas, organización de la comunidad en el exterior, extensión de derechos políticos, promoción de remesas e inversiones, e implementación de medidas simbó-licas. A pesar de que este recuento se ha centrado en las características de las iniciativas, se han mencionado asimismo algunas de las repercusiones que han derivado de las mismas entre la comunidad emigrada. Han quedado así demostradas algunas diferencias tanto en relación a las expectativas de los migrantes sobre determinadas iniciativas, entre ellas, con respecto al ejercicio del voto desde el exterior, como sobre el alcance y repercusión de las medidas simbólicas promovidas por estos países. Si bien con este trabajo se contribuye a un mejor conocimiento de la am-plia gama de medidas, consideramos necesario la realización de un mayor número de investigaciones comparativas que permitan analizar el impacto de las diferentes iniciativas de vinculación de los Estados latinoamericanos con sus diásporas. En este sentido, el camino hacia un mayor conocimiento de las relaciones Estado-diáspora requiere incorporar en los análisis no sólo el discurso y la perspectiva del Estado y los representantes gubernamentales, sino también la de los propios migrantes.


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CONCLUSIONES

CapítULO 12CONCLUSIONES

Ángeles Escrivá ChordáUniversidad de Huelva

LaS mIgraCIONES LatINOamErICaNaS a EUrOpa y NOrtEamérICa

En este libro se han abordado diversas facetas, tiempos y escenarios de las migraciones latinoamericanas a Europa y Norteamérica, las cuales con el tiempo han ido adquiriendo mayor volumen, visibilidad y heterogeneidad. Aunque ciertamente una mayor visibilidad está relacionada con un creciente volumen de los colectivos de latinoamericanos residentes en el exterior, en parte también responde a la importancia adjudicada a la presencia de estos nuevos ciudadanos en los distintos órdenes de la vida. La actividad investi-gadora en torno a las migraciones latinoamericanas, más abundante en los Estados Unidos, ha contribuido a dar notoriedad a esta población, aunque no siempre con suficiente amplitud de miras. En primer lugar, hay que resaltar la heterogeneidad del colectivo que co-múnmente llamamos latinoamericano. Por un lado, los diversos tiempos y escenarios en los que se han producido las corrientes migratorias a Europa y Norteamérica han dado lugar a una variada presencia. A lo largo de los


estudios reflejados en este libro se detectan diferencias no sólo entre lati-noamericanos, sino también dentro de nacionalidades y grupos, producto de la propia diversidad de las sociedades de origen, las causas que motivaron las salidas y las realidades que hallaron al incorporarse a un nuevo espacio: exiliados, migración laboral circular o de temporada, varones o mujeres solas, asentamiento familiar, estudiantes, empresarios y profesionales transnacio-nales, entre otras. Por otro lado, mientras que en países receptores como los Estados Unidos la mayoría de latinoamericanos procede de México, Centro-américa y el Caribe, en Canadá los migrantes son originarios de una gran variedad de países, y en Europa predominan los procedentes de Sudamérica. Consecuentemente, a la heterogeneidad interna de la población migrante latinoamericana hay que añadir la diversidad de contextos de instalación y, dentro de ellos, las diferentes circunstancias que le ha tocado vivir a cada grupo. Aspectos como la normativa sobre extranjería, asilo e inmigración y el tenor de las relaciones de los Estados receptores con los Estados latinoa-mericanos han determinado en buena medida las posibilidades de vida y reconocimiento de los migrantes. Los estatus legales se adquieren por razones y momentos distintos. La última amnistía en los Estados Unidos data de 1986, en ese mismo año en España tuvo lugar el primero de los procesos de regularización de extranjeros residentes y desde entonces han habido cuatro más hasta 2005. Mientras muchos latinoamericanos en España poseen documentos que les autorizan a residir y trabajar, el porcentaje de indocumentados en Canadá es algo mayor y en los Estados Unidos llega a ser elevadísimo. Debido a una larga histo-ria de migraciones transatlánticas y a convenios firmados recientemente o bastante tiempo atrás, además, en España se naturalizan de forma rápida o llegan como españoles una elevada proporción de latinoamericanos. Desigual también es la condición de los refugiados, procedentes de diferentes países en distintas etapas y periodos, y asentados en varios lugares. Algunos grupos de solicitantes de asilo son reconocidos más rápidamente que otros quienes finalmente, si se les deniega este estatus, quedan a merced de políticas de repatriación más o menos efectivas. Uno de los casos que se destaca en este libro es el de la acogida al exilio chileno de la década de los setenta. En Espa-ña, argentinos y uruguayos tuvieron más dificultades para su reconocimiento legal, pero aún así, fueron socialmente aprobadas las motivaciones políticas de su traslado. No ha ocurrido lo mismo con otras poblaciones que llegaron posteriormente solicitando asilo como los peruanos y colombianos. En segundo lugar, es importante prestar atención a los condicionantes históricos de los actuales flujos de América Latina a España u otros destinos. La huella española y europea en general en América Latina ha determinado la composición y dirección de los movimientos migratorios internacionales desde el continente americano. Esta huella no se forja solamente de perso-nas que buscaban enriquecerse rápidamente o salir de la miseria en la vieja Europa, sino también de quienes tuvieron que refugiarse en tierras lejanas

CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES 331

por sus ideas y convicciones. Parte del exilio republicano español que se ins-taló en Francia o América Latina se incorporó a estructuras políticas afines pero, como Landolt y colaboradoras o Jensen y Coraza nos recuerdan, una parte de éste se vio obligado a redirigirse hacia otros países como Canadá, o volver a España, en el periodo de represión política que tuvo lugar en los Estados del Cono Sur. Asimismo, entre los migrantes de América Latina a España se encuentra todavía hoy un número de españoles, cónyuges y sus descendientes que retorna a la Madre Patria. El exilio político latinoamericano, oficial o no oficialmente reconocido, ofre-ce además una diversidad que en estas páginas no ha podido ser recogida. Durante décadas determinados regímenes latinoamericanos han obligado a exiliarse a muchos militantes de la izquierda, pero también los regímenes socialistas han motivado la escapada, más o menos forzada, de las capas más pudientes y de la antigua élite hacia países del Norte. El papel político de ese otro tipo de exilio político está mucho menos estudiado (a excepción del caso cubano de la Florida) y deberá ser tema de atención en lo sucesivo en Europa y Norteamérica. Este aspecto ayudaría a explicar las diferencias en cuanto a orientación político-ideológica entre los latinoamericanos, co-múnmente de izquierda en quienes proceden del antiguo exilio del Cono Sur o de grupos proscritos y partidos de tradición marxista de Centroamérica y la región andina, por ejemplo; más de derecha, neoliberal o conservadora, en otros grupos de clase media y alta.

EL CapItaL CívICO y pOLítICO dE LOS mIgraNtES

A pesar de la heterogeneidad dibujada, se tiende a concebir a los migrantes latinoamericanos como individuos o colectivos poco o nada politizados. Esto se debe, por un lado, a que se parte de que son principalmente factores econó-micos y no políticos los que motivan hoy por hoy las migraciones y, por otro, a que estos flujos se entienden como una vía para evitar la confrontación (salida y no voz) entre la población y sus gobernantes. Estas presunciones pasan por alto que las migraciones suelen estar determinadas por una conjunción de factores de diversa índole, que la política no se hace sólo desde la primera fila, y que las expresiones políticas se activan principalmente en coyunturas concretas (como han demostrado los capítulos de Moraes y Bermúdez en este libro). De hecho, como a menudo constatamos cuando inquirimos directa-mente a los informantes en el trabajo de campo, los prejuicios, el temor o desconocimiento provocan que determinadas actitudes y comportamientos políticos no se les reconozca como tales. Ver las migraciones como una forma de pérdida de voz en los asuntos del país de origen, así como entender que por su orientación laboral reflejan el desinterés por la organización social del país receptor y otros aspectos globales, resulta claramente un análisis parcial y sesgado.


Todas las comunidades e individuos expresan una cultura política, enten-dida como el conjunto de valores y creencias compartidos y que determinan el funcionamiento y evolución de sus estructuras de organización política. Cuando las personas se mudan, las formas de entender y hacer política que traen consigo experimentan algunos cambios, como consecuencia de un proceso de acomodo a la vida política del nuevo lugar de residencia, influido también por la comunidad de coétnicos establecida en el exterior, la evolu-ción de la situación en el país de origen e incluso otros factores en el ámbito internacional. Además y en contra de la percepción habitual, no podemos entender este acomodo como un proceso unilineal, puesto que, como en varios ejemplos en este libro se apunta, se producen intercambios y transferencias entre actores ubicados en diferentes espacios. Mucho se ha centrado la li-teratura en explicar las bondades del capital económico, humano y social que acumulan los migrantes, menos atención se ha prestado a los capitales cívico-políticos, probablemente por inferir que éstos son escasamente apro-vechables, como ya discutimos en un anterior volumen1. Asimismo, existe escasa evidencia, por falta de estudios, sobre el impacto de las actitudes y prácticas políticas de los migrantes latinoamericanos en las sociedades de origen e incorporación. Una dificultad de los estudios reside en su limitada capacidad para indagar en el dinamismo y multidimensionalidad de esta rea-lidad. Conceptos como los de integración, re-socialización o re-aprendizaje se utilizan a menudo desde referentes normativos y etnocéntricos que colocan la sospecha de que los migrantes parten de valores políticos de inferior valía y, por tanto, el contacto social no debe tener otra consecuencia que su re-educación en los valores de la superior sociedad receptora. Con esta actitud se pasa por alto que los migrantes pueden y suelen ser en muchos casos sujetos políticos activos y se desaprovechan muchas de sus ideas, aspectos que van más allá de su mera condición de fuerza de trabajo. Una vez clarificado esto cabría preguntarse cómo se determina qué prác-ticas individuales y colectivas serían relevantes para el estudio de la acción política y cuál es el ámbito en el que circunscribir la investigación sobre la participación política latinoamericana. Con respecto a la primera cuestión, varios de los textos aquí incluidos recogen las interrelaciones entre el quehacer político y los condicionantes de índole jurídica, social o económica. Esto se traduce en el capítulo de Bolzman en una dificultad para distinguir nítidamen-te lo que está afectado por lo político de lo que no lo está, hecho que le lleva a señalar la complementariedad existente entre lo que el autor denomina las lógicas políticas y ante-políticas. Así, las organizaciones y colectividades de

1 Migración y Desarrollo. Estudios sobre remesas y otras prácticas transnacionales en España, editado por Angeles Escrivá y Natalia Ribas (2004), Córdoba: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.


los exiliados caracterizadas inicialmente por una fuerte orientación político-partidista, en los capítulos de Bolzman y Jensen y Coraza, pasaron según la coyuntura de dirimir en exclusiva asuntos de orden político-ideológico a preocuparse más por otros temas como la integración social y cultural de sus miembros, base para un posterior reconocimiento formal como sujetos políti-cos en la sociedad receptora. Visto a la inversa, estos mismos autores, junto a Landolt y colaboradoras, advierten que, aún surgiendo en un principio de intereses no estrictamente políticos, las experiencias de participación colec-tiva de orden social o cultural han demostrado su capacidad para catapultar intereses políticos en determinados momentos, y Bolzman y Fernández en sus capítulos ofrecen como ejemplo el caso de la emigración española en la década de los setenta cuando el régimen franquista toca a su fin.

mULtIdImENSIONaLIdad dE La partICIpaCIóN pOLítICa

En cuanto al ámbito en el que circunscribir la participación política de los migrantes latinoamericanos, enumerar que, y dependiendo de los contextos explorados, a los latinoamericanos se les ha visto participando en elecciones a los gobiernos locales, regionales y nacionales de los países de incorpora-ción, así como a gobiernos de los países de origen. También se ha recogido su participación en organizaciones y movimientos surgidos por propia ini-ciativa o en colaboración con otros grupos de ciudadanos, tanto de origen autóctono como inmigrado. Sus voces e intereses se han escuchado a través de medios convencionales o alternativos de comunicación, y algunas de sus reclamaciones han trascendido hasta alcanzar acciones políticas y legisla-ciones nacionales e internacionales. En términos de niveles de participación, este volumen identifica los si-guientes tres: la participación que se genera desde las instituciones y normas del Estado, la que se canaliza a través de organizaciones y grupos, y la que surge como iniciativa o respuesta individual. Sin embargo, habida cuenta que la metodología utilizada por los estudios aquí referidos ha sido básicamente cualitativa y las unidades de análisis principal de los autores los Estados y los individuos dentro de organizaciones, ha quedado fuera de los límites de este libro presentar un recuento de la intensidad y orientación política individual del conjunto de los migrantes latinoamericanos. En defensa de esta apuesta señalar que la recopilación de datos estadísticos a escala micro podría no resultar tan relevante si se parte de la evidencia de que, aunque minorita-rias dentro de un grupo, determinadas actividades políticas individuales o colectivas logran una gran incidencia y suponen consecuencias importantes para el resto de la colectividad. De igual manera podría sostenerse que la acción de los Estados, aún no secundada por la mayoría, ejerce de factor de motivación o disuasión para la práctica política de los migrantes, así como de impulsor de las relaciones entre Estados y con otros actores internaciona-


les. Esto nos conduce a un nuevo nivel de diferenciación en el análisis de la participación política al que contribuye este volumen, y es el que existe entre la práctica política orientada al ámbito local utilizando recursos locales, y la que se dirige y construye cruzando fronteras nacionales, la conocida como transnacional. Esta distinción, no obstante, no siempre es bien entendida, ya que como Østergaard-Nielsen nos recuerda en su capítulo, la particularidad de las prácticas políticas transnacionales no reside en el lugar hacia donde se orientan, sino en el lugar donde se ubican los recursos que se utilizan para ellas. Veamos seguidamente cuáles son los factores que determinan las diferentes prácticas políticas.

La INCOrpOraCIóN a LaS SOCIEdadES rECEptOraS

La participación de los migrantes en la política y escenario local de la sociedad de incorporación viene determinada por un conjunto de factores, algunos de los cuales han sido abordados en este libro. Por un lado, la historia de relaciones previas entre las diferentes instituciones y actores políticos. Este factor se destaca sobre todo en el texto de Jensen y Coraza cuando apuntan la centralidad que las relaciones entre sindicatos y partidos políticos de iz-quierda de España y América Latina tuvieron en la posterior incorporación política de los exiliados del Cono Sur. Asimismo hubo lugar para la acogida de los exilados en entornos políticos de países como Suiza (Bolzman) donde existían grupos políticos afines. Ahora bien, no sólo la experiencia del exilio repercute en las vivencias de muchos, españoles y latinoamericanos, sino también la difusión de ideas que se ha ido dando entre ambos continentes hasta nuestros días, gracias al uso de una lengua común. Este elemento marcaría una diferencia entre España y otros países, en concreto, en las posibilidades de incorporación de los latinoamericanos sindicalistas y de otras tendencias políticas a las instituciones nativas, aspecto destacado por Bermúdez Torres y Però para el caso del Reino Unido. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el rico panorama organizacional latinoamericano, del que se ofrece una pequeña muestra en este libro, ha venido favorecido por el bagaje político de sus miembros. Exiliados ó no, un porcentaje significativo de latinoamericanos emigra después de un recorri-do en organizaciones y movimientos de distinto calado, con los que todavía puede mantener vínculos desde el exterior. Este bagaje facilitará en algunos casos, según Però, dificultará en otros, tanto la incorporación de los migran-tes a fórmulas políticas preexistentes como el mantenimiento o formación de fórmulas propias, en su afán por verter el capital político acumulado en un nuevo entorno y desde una distinta posición. En el capítulo sobre Canadá, Landolt y colaboradoras destacan que el acceso de los grupos de migrantes al espacio político local suele seguir en un principio las lógicas etnonacio-nales. Pero más adelante, o en paralelo a las anteriores, se desarrollan a su


vez experiencias de organización multinacional y panétnica como estrategia de interlocución con otros actores, e incluso de participación en iniciativas trasversales para toda la ciudadanía. Esto sucede cuando se forjan alianzas y se hallan puntos de encuentro sobre la base del género, la clase social, la ideología o las inquietudes ambientales, por citar algunos. Por último, cabe señalar que en varios textos del libro se comparte una visión crítica a la explicación habitual de la participación política de los mi-grantes en función de las estructuras de oportunidades políticas. Si bien es cierto que, como se ha visto, aspectos tales como la existencia de alianzas previas entre países y sus ciudadanías y el compartir elementos de comuni-cación, facilitan el proceso de incorporación, defiende Però que, en muchos casos, esta participación o movilización de los latinoamericanos se entiende más como una reacción a la falta de oportunidades (a la marginalización e invisibilidad), que a su existencia. Esta misma es la razón que arguye Mo-raes Mena para explicar las movilizaciones de los uruguayos hacia el país de origen, dado que son de los pocos latinoamericanos que aún no han ganado el derecho al voto desde el exterior. Con todo, en este volumen se comprueba que la participación política en el nuevo lugar de residencia viene modelada por las políticas de reconocimiento de los grupos y de relaciones políticas por conglomerados. Los autores de los capítulos sobre el Reino Unido y Canadá demuestran que son en parte las políticas multiculturales de estos Estados las que obligan a la formación de fuerzas panétnicas (en nuestro caso, “latinoamericanas”), que toman especial protagonismo en la interlocución entre los migrantes y las autoridades del lugar. La organización panétnica resulta rentable a los migrantes tanto para la adquisición de recursos económicos con los que operar, como para el logro de un reconocimiento social y la lucha por los derechos de sus miembros más desfavorecidos en sociedades caracterizadas por la “superdiversidad”. En cambio, según Landolt y colaboradoras, el multiculturalismo etnizante del Estado a quien le es conveniente porque reduce en número las organizaciones que solicitan fondos, cada vez más escasos, limita y canaliza a su vez las formas de diversidad aceptables, y en ese sentido, despolitiza determinados ámbitos para una discusión más rica y variada. En el caso español, aunque los análisis cuantitativos utilizan las etiquetas de “latinoamericanos” por contraposición a las de “europeos del Este”, “asiáti-cos”, “magrebíes” y “subsaharianos”, ni el Estado ni los propios migrantes han definido sostenidamente formas de relación con los diferentes grupos sobre la base de una identidad genérica panétnica. Al contrario, más bien hallamos una tendencia a mantener las diferencias nacionales, como atestiguan las casas por países establecidas por el gobierno de la Comunidad de Madrid, la sonada celebración de fiestas nacionales (por país) y el establecimiento de federaciones de asociaciones de una misma nacionalidad por parte de los propios migrantes. Probablemente, en la medida en que cada colectivo latinoamericano cuenta con muchos miembros y las condiciones de acceso


a la ciudadanía jurídica y social en España son sensiblemente diferentes a otros países, las formas de organización y de movilización cívica y política de los migrantes responden a parámetros distintos. La especificidad española residiría en: a) el relativamente rápido proceso de adquisición de la nacio-nalidad, tras sólo dos años de residencia para iberoamericanos y filipinos, b) la fuerte tendencia a la asimilación, en especial de los latinoamericanos de ascendencia europea, c) la escasez de fondos públicos para la provisión de servicios a las minorías y la tendencia a que estos servicios se integren en las estructuras generales, d) la fuerte relación que no sólo los migrantes, sino otros muchos ámbitos de la sociedad española mantienen con distintos países de América Latina, en donde hay un fuerte sentido de singularidad de cada realidad, más que una generalización. Habrá que estar atentos, no obstante, al impacto que los medios de co-municación que construyen una imaginada comunidad latinoamericana, así como otras iniciativas de movilización panétnica, puedan tener en el refuerzo de identidades más globales. Además de una posible agrupación en torno a lo panétnico, no debería minusvalorarse la importancia de las formas de organización multinacionales sobre asuntos trasversales, en especial en las segundas y subsiguientes generaciones de hijos de migrantes, como Østergaard-Nielsen nos recuerda. En este libro ya se aportan indicios de que la participación política de los migrantes no se circunscribe solamente a las llamadas organizaciones étnicas, sino que cruza otro tipo de identida-des, relaciones y tipos de participación, como por ejemplo, la sindical o la de defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, la paz, y contra la discriminación y la violencia de género.

La OrIENtaCIóN haCIa EL paíS dE OrIgEN

A pesar de haberse constatado que las vías y motivaciones para la movilización política trascienden los límites nacionales, continúan siendo mayoritarios los estudios que tienen como eje central la incorporación de los migrantes a las estructuras locales y los que ponen el énfasis en las formas de movilización por país de origen, dirigidas principalmente hacia el lugar de residencia. Sólo recientemente los esfuerzos realizados desde una parte de las ciencias sociales, gobiernos y organismos internacionales para vincular migración y desarrollo han llevado a atender la otra cara de la moneda. Ésta consiste en reconocer que el tránsito de ideas, tanto de Europa a América como a la inver-sa, se potencia en la actualidad gracias a unos intensos flujos migratorios. Si bien el impacto de estas transferencias ideológicas no se percibe claramente, o incluso se considera problemático en las sociedades receptoras (aspecto destacado por Østergaard-Nielsen), la urgencia por repercutir en los países de origen ha convertido en deseables las prácticas políticas transnacionales de los migrantes bajo el objetivo del llamado codesarrollo.


Ciertamente, los migrantes, como individuos que por lo general se rigen e interesan por los asuntos de al menos dos Estados-nación, el de origen y de residencia, han de adaptar sus respuestas políticas a los valores, normas y características de ambas realidades. Desde la perspectiva transnacional se ha insistido en que no suele haber lugar a una absoluta ruptura en la vida de las personas que transitan por varios espacios, sino que imaginaria y ma-terialmente siguen contando asuntos y personas de lo que uno consideró su hogar o donde se ha marcado la referencia. El caso de los exiliados del Cono Sur en Europa y Norteamérica refleja bien la actualidad del país natal en la vida, sobre todo en los primeros años, de los que tuvieron que marcharse. Desde luego, el recuerdo añorado del país de origen resulta más profundo para quien tuvo que salir obligado que para quien ideó un plan. Sin embargo, los asuntos públicos del país de origen no atraen sólo a las comunidades de exiliados. Algunos grupos se consideran ellos mismos au-torizados para opinar y actuar, por su vivencia o poder económico e incluso político alcanzado en el exterior. Más crucial aquí se ha revelado la voluntad de los Estados de origen, de todo el mundo (Gamlen) pero especialmente los latinoamericanos (Moraes y colaboradoras) por incorporar, revincular a la diáspora, en todos los ámbitos de la vida del país. Los Estados latinoameri-canos, como se ve en los ejemplos de Colombia, Uruguay, Perú y Brasil, han creado crecientemente las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía política a través de las fronteras con la extensión de derechos y el incentivo a la organización de la diáspora. Tanto para los reclamos de los nuevos emi-grantes como para los nuevos Estados de emigración sudamericanos (objeto principal de estudio en este libro) resultan modélicas las relaciones con la diáspora que han establecido otros Estados con más tradición de migración a los Estados Unidos, como el mexicano o salvadoreño, así como las expe-riencias italiana o española de vinculación con sus ciudadanos en el exterior, de alguna manera reflejada en el capítulo de Fernández. Ahora bien, como Østergaard-Nielsen oportunamente nos recuerda, la política transnacional ejercida por los migrantes no abarca solamente la locución directa con sus países de origen, sino que engloba actores locales e internacionales. Ahí la importancia de las redes, por ejemplo, las organizacio-nes no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, que pueden tener implantación local o más comúnmente regional o internacional. La existencia de legislaciones, instituciones y vehículos de comunicación con los poderes ha constituido por lo general estructuras de oportunidades políticas que se han valorado sobre todo a escala local o nacional. En cambio, como a lo largo de los distintos capítulos se demuestra, el estudio de las estructu-ras de oportunidades debiera contemplar una dimensión transnacional. De esta manera, podría entenderse mejor porqué lo que se considera una baja implicación en política nacional del lugar de incorporación, se convierte a veces en una alta participación política transnacional y orientada a asuntos del país de origen o a temáticas debatidas a escala universal. En realidad,


como diversos autores han destacado, la orientación transnacional no está generalmente relacionada con una menor actividad política local, sino que ambas orientaciones se correlacionan.

rEpENSaNdO LOS EStadOS

Finalmente, este volumen contribuye a repensar el papel de los Estados ac-tuales en la configuración de los procesos migratorios. En un primer estadio, los Estados promueven o motivan las migraciones por efecto o defecto, como reguladores - o al menos contenedores -, de las actividades económicas, políticas y socioculturales que tienen lugar dentro de su territorio y en las relaciones internacionales. Más tarde además, unos mucho más que otros, aplican normas y toman medidas que afectan a sus poblaciones expatria-das, quienes a cambio pueden o no exigir más intervención de sus Estados de origen. Estas demandas serán atendidas en la medida que supongan un beneficio, o al menos no impliquen un coste político importante. De este modo se han ido configurando los llamados “Estados de Migración” que, to-mando el énfasis de Gamlen, no corresponden a fórmulas tercermundistas ni anómalas de reciente invención, sino que caracterizan también ayer y hoy a los países más desarrollados. Irónicamente, mientras que no dudamos en adjudicar un carácter transnacional a los grandes e influyentes actores en la escena mundial, cuesta reconocer esta capacidad a los migrantes y Estados menos favorecidos. En el nuevo orden mundial que surge tras el final de la guerra fría, de-terminados Estados reafirman su identidad nacional e independencia, otros reordenan sus alianzas políticas y generan las condiciones para el afianza-miento de nuevas identidades supranacionales (Europa, Cono Sur, los Andes). La pérdida de centralidad de Latinoamérica para los Estados Unidos, unido al aumento del papel de España dentro de Europa principalmente en el mundo occidental, ha dinamizado un espacio político Iberoamericano preexistente que pasó por momentos más o menos álgidos según los regímenes políticos de turno. No es casual que con el incremento de las migraciones latinoameri-canas a España se esté produciendo igualmente un mayor grado de contacto entre la clase política de una orilla y otra del Atlántico. La generación de temas compartidos tales como la preocupación por las poblaciones expatriadas, las empresas y capitales transfronterizos y la difusión de productos culturales y educativos, a consecuencia de las migraciones, conducen cada vez más a hacer política excediendo los límites territoriales. El caso de España como país de emigración durante buena parte del siglo anterior nos hace pensar en muchos de los debates sobre migración y Estado en América Latina hoy. Del retrato de la realidad española del siglo pasado que realiza Fernández se desprende que, por una parte, los migrantes fueron tanto el resultado de la represión y la guerra, como motores a largo plazo


de cambios políticos internos y en las relaciones con los territorios en que se instalaron. Por otra parte, al igual que la crisis económica de los años treinta en los países latinoamericanos obligó a un mayor intervencionismo del Estado para la repatriación de los españoles, similares condiciones en las que pudiera encontrarse un número importante de ciudadanos latinoame-ricanos en España en estos momentos exigirían parecido esfuerzo de parte de sus Estados de origen. La particularidad del momento actual reside en que antes de regresar a estos países, de ser necesario, algunos podrían lle-var consigo una doble ciudadanía y unos derechos sociales adquiridos con el trabajo en el exterior. De este modo, se asegurarían las bases para que, a falta de oportunidades, el retorno al país natal fuera más llevadero, o quizás sólo un estadio temporal mientras se abren nuevos caminos para la futura re-emigración, a España u otros países en los que sea posible el acceso. Aún no siendo éste el caso, estos retornados estarían en posición de incorporarse a las comunidades de españoles residentes en el exterior, con los cuales el Estado español ha ido fortaleciendo y extendiendo su alcance. Visto así, el retorno de latinoamericanos nacionalizados españoles supondría, tras un largo periodo de atracción y llamada a España, un nuevo despliegue de la ciudadanía española por América Latina, lo que traería consigo a su vez una expansión mayor del alcance del Estado español en esos territorios. Concluido el repaso de las cuestiones más importantes que aborda este libro y de algunos de los asuntos pendientes con sugerencias para seguir adelante, sirva este volumen como invitación para que, entre otros, el mundo académico y las instituciones públicas europeas y americanas fomenten la profundización en la temática y construyan puentes de diálogo y trabajo tan necesarios.

Libro Migración y Participación Politica (completo y final)

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