Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto NÚMERO 21459/LVII/06.- EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO

TÍTULO PRIMERO

DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1°. La presente Ley es de orden público y de aplicación general y tiene por objeto establecer las bases y principios rectores de la actividad notarial en el Estado de Jalisco, así como regular su organización y funcionamiento. Artículo 2°. La función notarial es de carácter vitalicio y se ejerce por los notarios con cuya intervención y asesoría se conforma el instrumento al que se le otorga fuerza legal y reconocimiento público en los términos del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3°. Notario Público es el profesional del derecho que desempeña una función pública, investido por delegación del Estado a través del Titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de formalizar y dar fe para hacer constar hechos, actos y negocios jurídicos a los que se quiera o deba dar autenticidad y seguridad jurídica. También le faculta intervenir como mediador, conciliador o árbitro, y en concurrencia con los órganos jurisdiccionales, en el trámite de negocios de jurisdicción voluntaria y de los procedimientos sucesorios en tanto no se suscite controversia entre los interesados, en los casos en que expresamente la Ley lo autorice. El notario podrá ser depositario de bienes, disposiciones testamentarias, acciones de empresas mercantiles y de otros títulos valor, que sean consecuencia de los actos jurídicos otorgados ante él, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 de esta Ley, y en los casos que prevea el Reglamento. Artículo 4°. El notario público, como profesional del derecho, tiene la obligación de asesorar personalmente e ilustrar con imparcialidad a quienes soliciten sus servicios, por lo que debe recibir, interpretar y dar forma a su voluntad, proponiendo los medios legales adecuados para el logro de los fines lícitos que se proponen alcanzar, y advertirles de las consecuencias legales de su voluntad. Artículo 5°. El notario tendrá plena autonomía e independencia en cuanto a su actividad, la que realizará bajo su responsabilidad y sujeto a las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos legales a los que debe circunscribir su actuar. Artículo 6°. La actividad del notario debe cimentarse en la capacidad, eficiencia y honorabilidad de éste. Artículo 7°. Los principios en que se funda la función notarial son los siguientes: I. Autoría notarial: el notario es el autor del instrumento público, el que lo autentifica y formaliza;

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II. Asesoramiento jurídico: como profesional del derecho, tiene la obligación de asesorar personalmente a las partes, sobre las consecuencias jurídicas de la voluntad que interpreta de aquéllas, en el otorgamiento del instrumento; III. Formalidad escrita o instrumental del documento notarial: su función se materializa en la autorización formal del instrumento que queda como un documento histórico que puede hacerse valer a futuro por las partes y también puede ser referenciado por terceros; IV. Imparcialidad y rectitud: el notario, al asesorar personalmente a las partes debe mantener una conducta neutral, de concentrador de las declaraciones de voluntad de las partes, sin que le sea permitido privilegiar los intereses de una parte sobre otra; V. Legalidad: el notario debe actuar siempre con sujeción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado, a esta Ley y a todas las normas de de carácter civil, mercantil, fiscal, y demás leyes que tengan aplicación en el acto notarial de que se trate, como profesional que es en derecho; VI. Rogación: el notario debe actuar a petición de parte legítima, no de oficio; VII. Inmediación: sólo le es dable al notario dar fe de aquello que percibe por los sentidos y lo que las partes están aportando; y VIII. Conservación: la conservación del instrumento notarial como un elemento de prueba del hecho, acto o negocio jurídico formalizado con la intervención del notario.

CAPÍTULO II De la Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado

Artículo 8°. Sólo podrá ser notario público en el Estado de Jalisco el tenedor de Patente de Aspirante al ejercicio del notariado que cumpla con los requisitos y exigencias establecidos por esta Ley. Artículo 9°. Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere: I. Ser mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad; II. Tener veintisiete años como edad mínima; III. Ser abogado o licenciado en derecho con título legalmente expedido; con postgrado en disciplinas afines al Derecho Notarial y con cinco años, por lo menos, de ejercicio profesional; IV. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; V. Tener su domicilio civil y residencia habitual en el Estado de Jalisco, con una antigüedad no menor de cinco años a la fecha de la presentación de la solicitud; VI. Haber practicado durante tres años por lo menos en alguna de las notarías del Estado. El aspirante deberá dar aviso a la Secretaría General de Gobierno y al Consejo de Notarios de la fecha de inicio y conclusión de su práctica notarial, manifestando por escrito que la misma fue autorizada por el Notario donde presta sus servicios; VII. No padecer enfermedad permanente que afecte sus facultades intelectuales, ni impedimento físico que limite las funciones del notario, en concordancia con el artículo 56 fracción I de esta Ley; VIII. No haber sido condenado a pena privativa de libertad por sentencia ejecutoria en proceso por delito doloso, ni haber sido declarado en suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; IX. No haber sido separado definitivamente, por sanción, del ejercicio del notariado;

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X. Acreditar mediante prueba testimonial ante la autoridad jurisdiccional, ser una persona honesta, de buenas costumbres y haber observado constantemente una conducta que inspire total confianza en la sociedad para el ejercicio notarial; y XI. No estar comprendido en los supuestos de incompatibilidad con el ejercicio notarial a que esta ley se refiere. Artículo 10. Los requisitos señalados en el artículo anterior se comprobarán: I. Los que fijan las fracciones I y II por los medios que establece el Código Civil del Estado; II. Los señalados en la fracción III con el título debidamente registrado en la Dirección de Profesiones del Estado y con el certificado oficial respectivo. La relativa al ejercicio profesional mediante la constancia expedida por las autoridades o instituciones públicas o privadas oficialmente reconocidas relacionadas con la actividad profesional; III. Los mencionados en las fracciones IV y V con la certificación expedida por la autoridad municipal correspondiente del domicilio del solicitante; IV. El de la fracción VI con las certificaciones expedidas por el notario ante quien se realizó la práctica notarial, y con las constancias que de ellas emitan tanto el Consejo de Notarios como la Secretaría General de Gobierno teniéndolas a la vista; V. La ausencia de impedimentos a que se refiere la fracción VII con el certificado expedido por la Secretaría de Salud del Estado; VI. Lo indicado en la fracción VIII se acreditará con el certificado de no antecedentes penales expedido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como la manifestación bajo protesta de decir verdad del solicitante; VII. Los citados en las fracciones IX y XI con la declaración por escrito bajo protesta de decir verdad del solicitante; y VIII. El de la fracción X con la resolución que expida la autoridad jurisdiccional. La acreditación de los requisitos señalados en las fracciones IV, V y de la VII a la XI del artículo anterior, tendrán una vigencia de seis meses a partir de la fecha de su expedición. Artículo 11. El aspirante al ejercicio del notariado presentará solicitud para la obtención de la patente al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría General de Gobierno, adjuntando la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos por esta ley. Artículo 12. Una vez acreditados debidamente los requisitos previstos en el artículo 9° de esta Ley, el titular del Ejecutivo, si lo estima pertinente, autorizará la presentación del examen, para lo cual remitirá el expediente al Consejo de Notarios para que practique el examen el día y hora que al efecto se determine conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno. Los exámenes a que se refiere este artículo deberán llevarse a cabo en orden cronológico de la fecha de recepción del expediente por el Consejo de Notarios. El titular del Poder Ejecutivo determinará anualmente el número de solicitudes de aspirantes para el ejercicio del notariado que serán admitidas. Artículo 13. El examen se efectuará en la sede del Consejo de Notarios ante un jurado compuesto por cinco sinodales que serán:

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I. El Presidente será el Titular del Ejecutivo o quien este designe; II. El Secretario será el Presidente del Consejo de Notarios o quien este designe, y que se encargará de levantar el acta circunstanciada; y III. Tres vocales: a) Dos que serán notarios nombrados por el Consejo a través de insaculación, ante la presencia de un representante de la Secretaría General de Gobierno; y b) Otro vocal será el Secretario General de Gobierno o quien este designe, con conocimiento en materia notarial. El representante del Titular del Poder Ejecutivo, deberá informarle que el examen se realizó apegado a derecho. En caso contrario, el Titular del Poder Ejecutivo declarará inválido el examen y ordenará que se realice nuevamente. Artículo 14. No podrán formar parte del jurado los notarios en cuyas notarías hubiese realizado su práctica el sustentante, ni su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, los afines hasta el segundo y los civiles, ni aquellos que tengan impedimento o excusa en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. El sinodal que tenga impedimento legal o excusa justificada para integrar el jurado, deberá comunicarlo a la Secretaría General de Gobierno dentro de los dos días hábiles que sigan al de la notificación de su designación, a fin de que esta dependencia lo haga del conocimiento al interesado y la autoridad o institución que represente, para que se proceda a una nueva designación o sustitución para integrar la vacante. El sustentante tendrá derecho a recusar únicamente a uno de los miembros del jurado, sin necesidad de que exprese causa alguna, salvo que se trate del sinodal designado por el Ejecutivo del Estado, que sólo podrá ser recusado con expresión de causa. Artículo 15. Al Sinodal que no concurra al examen sin causa justificada, o los que concurran encontrándose comprendidos en cualquiera de los impedimentos que señala el artículo anterior, serán sujetos de procedimiento disciplinario en los términos de las Leyes respectivas. Artículo 16. Al examen a que se refiere el artículo 13 de esta ley asistirá exclusivamente el sustentante sin apoyo documental ni técnico; versará sobre teoría y práctica notarial, el cual se podrá celebrar realizándose en una o varias sesiones en los términos previstos en las normas reglamentarias de la Ley. Artículo 17. Concluido el examen, el Jurado lo evaluará, quien determinará si el sustentante resultó aprobado o no. Para obtener la patente de aspirante se requiere una calificación no menor de 80 puntos sobre cien. Artículo 18. El Secretario del jurado levantará acta del desarrollo del examen, que será firmada por los sinodales y en su caso por el sustentante, debiéndose remitir ésta dentro de los tres días hábiles siguientes al Secretario del Consejo de Notarios para que dé cuenta en la siguiente sesión del Consejo y de conformidad con el resultado de dicho examen, lo comunique al titular del Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno, a fin de que esta expida o niegue la patente de aspirante. Se deroga segundo párrafo.

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Artículo 19. Quien no apruebe el examen o no se presente al mismo sin causa justificada, no podrá presentar solicitud para nuevo examen sino transcurridos 24 meses, contados a partir de la fecha señalada para la celebración del mismo. Artículo 20. La existencia de causas de impedimento o incapacidad para el desempeño de la función notarial, privará al aspirante del derecho de sustentar el examen y, en su caso, a que quede sin efecto la patente obtenida. La sustanciación del procedimiento se realizará en los términos del Reglamento.

CAPÍTULO III De los Requisitos para la Obtención del Nombramiento de Notario

Artículo 21. Para obtener el fíat de notario se requiere: I. Que exista declaratoria del Titular del Poder Ejecutivo de vacancia de una Notaría, ya sea de nueva creación o de una ya existente; II. Ser tenedor de patente de aspirante al ejercicio del notariado; III. Acreditar que continúa vigente el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 9°. fracciones IV, V, VII y VIII de esta ley, previa actualización de los documentos relativos; y IV. Haber sido aprobado y obtener la mejor calificación en el examen de oposición que al efecto deberá realizarse. En caso de un solo sustentante no será necesario el examen. Artículo 22. El titular del Poder Ejecutivo emitirá un acuerdo mediante el cual declarará la creación de una nueva notaría, con motivo del incremento de población en los términos de esta Ley o en los casos de vacancia, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad. La publicación en el Periódico Oficial a que se refiere el párrafo anterior, tendrá efectos de notificación personal para todos los interesados. El Acuerdo se comunicará al Consejo de Notarios para su difusión por cualquier medio. Artículo 23. En la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, se convocará a los interesados en los siguientes términos: I. Número de la notaría y municipio; II. Plazo dentro del cual deberán manifestar su interés para la obtención del fíat, el cual no podrá ser menor de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación; III. Acreditar los requisitos previstos en las fracciones II, III y IV del artículo 21 de esta Ley; IV. Fecha, lugar y hora del examen en los términos a que se refiere el artículo 25; dicho examen se realizará dentro de los treinta días posteriores al vencimiento del plazo previsto en la fracción II de este artículo; y V. Los demás que el titular del Poder Ejecutivo estime pertinentes. Artículo 24. Los notarios que deseen cambiar su adscripción, concursarán en igualdad de circunstancias con los interesados señalados en el artículo 22 de esta Ley, quienes también deberán observar lo dispuesto en el artículo precedente. Artículo 25. El examen se practicará por un jurado que se integrará por tres miembros, fungiendo como presidente el representante del Poder Ejecutivo, y los dos restantes serán notarios designados mediante insaculación por el Consejo de Notarios, dentro de los notarios, dentro de la

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relación de todos los notarios del estado. La insaculación se realizará ante un representante de la Secretaría General de Gobierno. Se deroga segundo párrafo. Las causas de impedimento y de responsabilidad para los notarios integrantes del jurado serán las mismas que se señalan para el jurado que practique el examen para la obtención de patente de aspirante al ejercicio del notariado; el sinodal que tenga impedimento legal o excusa justificada para integrar el jurado, deberá comunicarlo a la Secretaría General de Gobierno dentro de los dos días hábiles que sigan al de la notificación de su designación, a fin de que esta dependencia lo haga del conocimiento al interesado y a la autoridad o institución que represente, para que se proceda a una nueva designación o sustitución para integrar la vacante. Artículo 26. El examen de oposición deberá celebrarse en el domicilio del Consejo de Notarios de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento correspondiente, que determinará la forma y contenido en que se desarrollará el examen en su aspecto teórico. El jurado procederá a la calificación de los exámenes, determinará quién o quiénes aprobaron y entre éstos los que obtuvieron la mejor calificación y con esa prelación, el Consejo de Notarios informará al titular del Poder Ejecutivo para cubrir las notarías de nueva creación o vacantes. El secretario del jurado será el sinodal de menor antigüedad como notario, en caso de igualdad en la antigüedad, será secretario el de mayor edad; quien al final del examen levantará acta circunstanciada del mismo, que firmarán sus integrantes y los sustentantes; dentro de los tres días hábiles siguientes, remitirá el acta al Consejo de Notarios, para que en igual término proceda a comunicar al Titular del Poder Ejecutivo, el resultado de los exámenes, adjuntando el dictamen del jurado para que expida el o los fíats de notario público que correspondan. El titular de patente de aspirante al ejercicio del notariado o notario público interesado que no se presente al examen o que presentándose, hubiere obtenido una calificación inferior a ochenta sobre cien, no podrá comparecer a un nuevo examen sino transcurridos veinticuatro meses a partir de la celebración de aquél. El vocal designado por el titular del Poder Ejecutivo deberá informarle a este si el examen se efectuó con apego a las prevenciones de esta ley; en caso contrario, el titular del Poder Ejecutivo declarará inválido el examen y ordenará que se realice nuevamente. Artículo 27. El notario que hubiere concursado y que obtenga la máxima calificación en los términos de la Declaratoria, a partir del momento en que se le comunique su nueva adscripción, quedará sin efecto el nombramiento anterior, debiendo a su vez concluir los instrumentos pendientes de autorización y trámites relacionados con ellos, en un plazo máximo de treinta días hábiles, concluido este plazo deberá hacer la entrega del Protocolo y sello de autorizar con intervención al Director del Archivo de Instrumentos Públicos.

CAPÍTULO IV Del Desempeño del Notariado

Artículo 28. Únicamente podrán actuar en el Estado, los notarios que hubieren sido autorizados en los términos de Ley. El notario deberá desempeñar su cargo a petición de parte, dentro de los límites territoriales de la Región a la cual pertenezca el Municipio de su adscripción, salvo los casos previstos en esta ley. Los notarios adscritos a los municipios comprendidos en la fracción I del artículo siguiente, deberán tener su oficina notarial única en el municipio de su adscripción y establecer su domicilio particular en cualquiera de los municipios de la zona metropolitana.

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Los notarios adscritos a los restantes municipios deberán tener su oficina notarial única en la cabecera municipal de su adscripción, salvo cuando por acuerdo del Ejecutivo del Estado, se autorice el cambio a alguna otra Delegación del municipio, a solicitud del interesado o por exigencias del servicio, oyendo en estos casos la opinión del Consejo de Notarios; asimismo, deberán tener su residencia y habitación permanentes dentro del territorio del municipio de su adscripción. Durante el tiempo en que duren en funciones, los Notarios deberán demostrar la ausencia de impedimentos a que hace referencia la fracción VII del artículo 9 de esta Ley, debiendo presentar, por lo menos cada dos años, ante la Secretaría General de Gobierno, certificado expedido por la Secretaría de Salud, la cual servirá de base al Titular del Poder Ejecutivo para que en el caso de padecer enfermedad permanente que limite las facultades intelectuales o impedimento físico para ejercer las funciones del Notario, inicie el procedimiento respectivo y resuelva lo conducente en los términos del Título tercero de esta Ley. Artículo 29. En el Estado de Jalisco podrá haber máximo un notario por cada: I. Treinta mil habitantes en los siguientes municipios de la Subregión Centro Conurbada: Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga; y II. Veinte mil habitantes en los municipios no comprendidos en la fracción anterior. Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo del Estado podrá determinar la distribución y número de notarios, atendiendo a los siguientes factores: a) Población beneficiada y tendencias de su crecimiento; b) Estimaciones sobre las necesidades notariales de la población; c) Condiciones socioeconómicas de la población; d) En su caso, el número de actos inscritos en el Registro Público de la Propiedad del año inmediato anterior; y e) La opinión del Consejo de Notarios. Artículo 30. Cuando por cualquier circunstancia en alguna región no hubiere notario en ejercicio, los notarios de las regiones colindantes, podrán actuar en aquél previa autorización que otorgue el titular del Poder Ejecutivo y por la temporalidad que la misma prevea, debiendo agregar dicha autorización a su libro de protocolo y relacionarla en todas sus actuaciones. Artículo 31. Con la salvedad que contempla el artículo 29 de esta ley, el titular del Poder Ejecutivo, con base en el último Censo Nacional de Población realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, determinará el número y ubicación de las notarías de nueva creación. Artículo 32. Las regiones notariales en que se integran los municipios del Estado para los efectos de esta ley, son las siguientes: I. REGION 01 NORTE, que comprende los siguientes municipios: Bolaños. Colotlán. Chimaltitán. Huejúcar. Huejuquilla el Alto. Mezquitic. San Martín de Bolaños.

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Santa María de los Ángeles. Totatiche. Villa Guerrero. II. REGION 02, ALTOS NORTE, que comprende los siguientes municipios: Encarnación de Díaz. Lagos de Moreno. Ojuelos de Jalisco. San Juan de los Lagos. Teocaltiche. Unión de San Antonio. Villa Hidalgo. San Diego de Alejandría. III. REGION 03, ALTOS SUR, que se integra con los siguientes municipios: Acatic. Arandas. Cañadas de Obregón. Jalostotitlán. Jesús María. Mexticacán. San Julián. San Miguel el Alto. Tepatitlán de Morelos. Valle de Guadalupe. Yahualica de González Gallo. San Ignacio Cerro Gordo y Cuquio IV. REGION 04, Ciénega, comprendiendo los siguientes municipios: Jamay. La Barca. Ocotlán. Poncitlán. Tototlán. Zapotlán del Rey. Chapala. Jocotepec. Tuxcueca. Tizapán el Alto. Atotonilco el Alto. Ayotlán. Degollado. V. REGION 05, Sureste, comprendiendo los siguientes municipios: Concepción de Buenos Aires. Jilotlán de los Dolores. Manzanilla de la Paz. Manuel M. Diéguez. Mazamitla. Pihuamo. Quitupan. Tamazula de Gordiano. Tecalitlán.

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Valle de Juárez. VI. REGION 06, SUR, que comprende los siguientes municipios: Amacueca. Atemajac de Brizuela. Atoyac. Zapotlán el Grande. Gómez Farías. Sayula. Tapalpa. Techaluta de Montenegro. Teocuitatlán de Corona. Tolimán. Tonila. Tuxpan. San Gabriel. Zacoalco de Torres. Zapotiltic. Zapotitlán de Vadillo. VII. REGION 07, Sierra de Amula, integrada por los siguientes municipios: Atengo. Ejutla. El Grullo. Juchitlán. El Limón. Tecolotlán. Tenamaxtlán. Tonaya. Tuxcacuesco. Unión de Tula. Chiquilistlán. VIII. REGION 08, Costa Sur, integrada por los Municipios de: Autllán de Navarro. Casimiro Castillo. Cihuatlán. Cuautitlán de García Barragán. La Huerta. Purificación. IX. REGION 09, Costa Norte, integrada por los Municipios de: Cabo Corrientes. Puerto Vallarta. Tomatlán. X. REGION 10, Sierra Occidental, integrada por los siguientes Municipios: Atenguillo. Guachinango. Mixtlán. Ayutla. Cuautla. Mascota.

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San Sebastián del Oeste. Talpa de Allende. XI. REGION 11, Valles, que comprende los siguientes Municipios: Ahualulco de Mercado. Amatitán. Ameca. San Juanito de Escobedo. Cocula. El Arenal. Etzatlán. Hostotipaquillo. Magdalena. San Marcos. San Martín de Hidalgo. Tala. Tequila. Teuchitlán. XII. REGION 12, Centro, que comprende los siguientes Municipios. Acatlán de Juárez. El Salto. Ixtlahuacán de los Membrillos. Juanacatlán. Villa Corona y Zapotlanejo. XIII. SUBREGION CENTRO CONURBADA, comprendiendo los Municipios siguientes:

Ixtlahuacán del Río. Guadalajara. San Cristóbal de la Barranca. Tlaquepaque. Tonalá. Zapopan. Tlajomulco de Zúñiga. Artículo 33. La oficina notarial única deberá instalarse en lugar adecuado, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, fácilmente accesible al público y que reúna requisitos de seguridad para el personal, usuarios, libros, protocolos y documentos notariales de los que es depositario. En caso de asociación notarial, los notarios actuarán en oficina única en los términos de esta Ley. Artículo 34. El notario deberá prestar sus servicios cuando para ello fuere requerido, salvo los casos en que legalmente deba excusarse o estuviere impedido, en los términos de los artículos 38 y 41 de esta Ley. Cuando el notario actúe en un Municipio distinto al de su adscripción, pero dentro de su Región, además de cumplir con los requisitos que contempla el artículo 84 de la presente ley, deberá asentar el lugar en que se actúa y del solicitante. Artículo 35. La notaría será atendida personalmente: I. Por el notario adscrito; y

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II. Por los notarios asociados en caso de existir convenio de asociación notarial, quienes actuarán en el protocolo del notario con nombramiento de mayor antigüedad. Artículo 36. El ejercicio del notariado es incompatible con el desempeño de empleos o cargos públicos remunerados por la Federación, el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. El notario que deseare desempeñar alguno de los cargos incompatibles con el ejercicio del notariado, deberá sujetarse a lo dispuesto por el artículo 54 de esta ley. Artículo 37. No existirá incompatibilidad entre el ejercicio del notariado y las siguientes actividades: I. La docencia; II. La asistencia pública o social; III. Ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en los términos de lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios; y IV. Fungir como árbitro, amigable componedor, mediador o conciliador. Artículo 38. El notario sólo podrá excusarse de prestar sus servicios en los siguientes casos: I. Si estuviere ocupado en algún otro acto notarial; II. Por enfermedad o que se pueda poner en grave peligro su vida, su salud o sus intereses; III. Cuando no se le aseguren los gastos y honorarios del instrumento, salvo cuando se trate de otorgar un testamento en caso de urgencia. En este supuesto, sólo podrá rehusar la expedición del testimonio, mientras no le sea hecho el pago correspondiente; y IV. En días inhábiles o en horas que no sean de oficina, salvo cuando se trate del otorgamiento de un testamento en caso de urgencia o de la intervención a que se refieren las leyes electorales. Artículo 39. Se prohíbe al notario: I. Mantener oficina notarial diversa a la registrada ante las autoridades en los términos de esta Ley o lugar que haga las veces de esta; II. Actuar fuera de la Región a la que pertenece el municipio de su adscripción, salvo los casos que prevé esta Ley; III. Actuar cuando no conociere a alguna de las partes que soliciten sus servicios o no tuviere bases para su identificación plena. En los testamentos se estará a lo que dispone el Código Civil; IV. Autorizar actos en los que intervengan su cónyuge, sus ascendientes o descendientes en cualquier grado, sus colaterales consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado, y los comprendidos en el parentesco civil. Así como certificar documentos en donde se involucre a las personas referidas con anterioridad y el propio notario, salvo los casos que expresamente la Ley los faculte; V. Autorizar actos jurídicos en que se enajenan o se constituyan gravámenes sobre bienes inmuebles, sin insertar y protocolizar el certificado a que se refiere el artículo 87 de esta ley y con las salvedades que en el mismo se establecen, o autorizar actos jurídicos en contravención a lo que establecen los artículo 84 párrafo IV y 87 de esta ley; VI. Quebrantar la imparcialidad y rectitud que le corresponde como fedatario público;

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VII. Autorizar actos relacionados con asuntos de carácter contencioso, en los que haya intervenido como abogado él o sus parientes a que se refiere la fracción IV de este artículo; VIII. Patrocinar en negocios contenciosos a alguna de las partes que se relacionen con actos en los que anteriormente hubiese actuado como notario, salvo contra autoridades fiscales o registrales; IX. Intervenir y autorizar actos o hechos cuyo objeto sea ilícito; X. Actuar cuando la intervención en el acto o hecho corresponda, exclusivamente, a otro funcionario por razón de competencia por la materia; XI. Autorizar una escritura cuando los interesados no se presenten a firmarla dentro del término previsto en el artículo 98 de esta ley; XII. Revocar, rescindir, dejar sin efectos o modificar el contenido del instrumento público por simple razón o comparecencia, aunque sea suscrito por todos los interesados. En estos casos, deberá extenderse nueva escritura y anotarse en la antigua sobre el hecho; XIII. Raspar, borrar o alterar de cualquier modo el texto de las escrituras o actas, utilizando medios químicos, físicos o electrónicos; XIV. Permitir que se saquen de la notaría los folios o libros de protocolo, de registro de certificaciones y sus correspondientes libros de documentos, estando en uso o ya concluidos, salvo para ser encuadernados; XV. Vincularse con acciones de terceros para obligar al o a los interesados para que los actos que requieran de notario se realicen forzosamente en su oficio notarial o procurarse clientela por medios incompatibles con la ética y la dignidad notarial; XVI. Expedir testimonios de actos jurídicos sin que esté debidamente autorizada la escritura o sin que previamente se hubieren cubierto los impuestos que cause el acto jurídico de que se trate; XVII. Actuar en un instrumento donde también intervenga como corredor publico; XVIII. Incurrir en falta de probidad; y XIX. Actuar en contravención a cualquier disposición de esta Ley. La prohibición a que se refiere la fracción IV que le sea aplicable al notario asociado, afectará al o a los notarios con los que tenga celebrado convenio de asociación notarial. Artículo 40. El notario no será remunerado por el erario. Cobrará a los interesados honorarios por sus servicios personales de conformidad con el arancel autorizado, salvo el caso previsto por el párrafo final del artículo siguiente. Artículo 41. El notario está obligado en el ejercicio de sus funciones a prestar servicio social. El Consejo de Notarios emitirá reglas de aplicación general respecto de la forma y condiciones como debe prestarse dicho servicio, tomando en consideración en cada caso la edad, el estado civil, la relación de dependencia familiar y las condiciones económicas del solicitante, buscando que la carga de trabajo se distribuya entre los notarios de cada una de las regiones. Igualmente, el Consejo de Notarios acordará, mediante reglas de carácter general, la forma para que se distribuya entre los Notarios de cada uno de los municipios la carga de trabajo para la elaboración de las actas y escrituras mediante las cuales se consignen los actos o contratos para el cumplimiento de los programas para la titulación y financiamiento de vivienda o regularización de la tenencia de la tierra a cargo de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o Descentralizada y Fideicomisos Públicos de los gobiernos Federal, Estatal o Municipal.

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Para este efecto, los integrantes del Colegio de Notarios manifestarán al Consejo su disponibilidad y capacidad de trabajo para la formalización de tales actos y contratos. El Consejo de Notarios determinará en estos casos la contraprestación que deberá percibir el notario. Artículo 42. Previa solicitud por escrito, sólo tendrán acceso a los instrumentos notariales, y en su caso obtener testimonios de los mismos, quienes aparezcan haber intervenido en ellos o justificaren representar los derechos de esas personas. Tratándose de disposiciones testamentarias, después de la muerte del testador, los herederos o legatarios, albacea y los autorizados por mandamiento judicial o ministerial. Cuando el peticionario no se encuentre legitimado, se le hará saber por escrito, dentro del término de cinco días hábiles, el motivo y fundamento de la negativa. Procederá la expedición de fotocopias certificadas de los instrumentos públicos asentados en el protocolo y sus documentos cuando el agente del ministerio público lo requiera para la debida integración de una averiguación previa, en los términos de la legislación penal vigente. Cuando para la integración de averiguación previa, en la investigación por la comisión de un delito se requiera de documentación que exista en el protocolo a cargo de Notario, la autoridad investigadora procederá a su compulsa. El notario expedirá copias certificadas y testimonios por mandamiento judicial, que ser requieran para el ejercicio de una acción civil o penal. Artículo 43. El notario autorizante, el o sus asociados, asistentes, practicantes para el ejercicio notarial, empleados, dependientes y demás personas que puedan tener acceso a los libros del protocolo, así como el Director del Archivo de Instrumentos Públicos y los demás servidores públicos de esa dependencia, están estrictamente obligados a guardar el secreto profesional sobre actos que autorice el primero y aun sobre la existencia de ellos, salvo cuando lo requiera la Secretaría General de Gobierno o por orden judicial o ministerial, fundada y motivada, sean requeridos. Las personas señaladas en el párrafo anterior quedan sujetas en su caso a las disposiciones del Código Penal del Estado por el delito de revelación del secreto profesional. Artículo 44. La actividad notarial sólo podrá anunciarse por los medios y en la forma que determine el Consejo de Notarios; por lo tanto, este último autorizará expresamente y en cada caso particular el anuncio que pretendan hacer los notarios del Estado, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de esta Ley. Queda prohibido a toda persona que no sea notario en el Estado de Jalisco, efectuar o difundir por cualquier medio anuncios de prestación de servicios notariales, el trámite de ellos, o la realización de actividades que correspondan exclusivamente a la competencia de los notarios. Se equipara al delito de usurpación de funciones públicas y se sancionará con pena de dos a seis años de prisión y multa de quinientos a mil salarios mínimos vigentes, a quien sin ser notario o siéndolo se encuentre con suspensión o licencia concedida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado o sin tener fíat expedido por el Ejecutivo del Estado, ofrezca por cualquier medio de comunicación, prestar servicios notariales dentro del Estado de Jalisco o mantenga protocolos, libros, folios, sellos, hologramas, hojas membretadas para la utilización en testimonios, relacionadas con la actividad notarial. Cualquier persona hará del conocimiento del ministerio público el hecho delictuoso, quien de inmediato investigará los hechos denunciados y procederá al aseguramiento de los protocolos, libros, sellos, folios, hologramas, y hojas membretadas para la utilización en testimonios, que sean

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objeto del delito, dando aviso de ello con una copia al Archivo de Instrumentos Públicos del Estado, así como a la Secretaría General de Gobierno y al Colegio de Notarios. En lo señalado en los dos párrafos anteriores se observará lo estipulado en la legislación penal vigente y demás leyes aplicables.

TÍTULO SEGUNDO ACTIVIDAD NOTARIAL

CAPÍTULO I

Del Inicio, Asociación, Suspensión y Terminación de la Función Notarial

Sección Primera Del Inicio de la Función Notarial

Artículo 45. El notario no podrá iniciar el ejercicio de sus funciones sin que previamente rinda ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado la protesta de cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las demás disposiciones expedidas con arreglo a ellas. El notario deberá iniciar sus funciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que rinda la protesta. Igualmente, comunicará a la Secretaría General de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia, a la Procuraduría Social, al Consejo de Notarios, al Supremo Tribunal de Justicia, al Consejo de la Judicatura del Estado, a las Direcciones del Archivo de Instrumentos Públicos, de Profesiones y del Registro Público de la Propiedad del Estado, a los ayuntamientos de su región y a las oficinas de Hacienda federales, estatales y municipales respectivas, lo siguiente: I. La fecha en que iniciará su ejercicio; II. El sello y la firma de autorizar, así como la rúbrica o media firma que usará, estampándolos al calce del oficio; III. El domicilio en que ha establecido su oficina notarial; IV. Su domicilio particular; V. Sus números telefónicos y en su caso, el fax y correo electrónico; y VI. Horario de servicio al público. Los datos a que se refieren las fracciones que anteceden deberán actualizarse en el mes de enero de cada año. Artículo 46. Para autorizar los instrumentos a que se refiere esta ley, el notario usará un sello único de forma circular, de cuatro centímetros de diámetro, que llevará en el centro el Escudo Nacional y alrededor su nombre, apellidos, número de notaría y el municipio de su adscripción. Si existiere convenio de asociación notarial, el sello del asociado contendrá, además, dicha circunstancia; en caso de conclusión del mismo, el sello deberá entregarse para su guarda al Director del Archivo de Instrumentos Públicos. En caso de extravío, robo, alteración o deterioro del sello, éste será repuesto, haciéndolo del conocimiento de los directores del Archivo de Instrumentos Públicos y del Registro Público de la Propiedad, así como del Consejo de Notarios, a quienes se remitirá copia del acta que se levante ante el Agente del Ministerio Público en los tres primeros supuestos, en cuyo evento se le pondrá un signo al nuevo sello que lo diferencie del anterior.

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Artículo 47. Para el desempeño de las funciones notariales, son días de despacho obligatorio los que sean para las oficinas públicas dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. La notaría estará abierta al público por lo menos ocho horas diarias, durante cinco días hábiles a la semana como mínimo, debiendo comunicar su horario por escrito al Colegio de Notarios y a las autoridades que se mencionan en el artículo 45 de esta ley. Para los efectos del cómputo de los términos establecidos en esta ley, se consideran días hábiles los que se señalen en el calendario oficial del Poder Ejecutivo del Estado. El notario podrá ejercer sus funciones en días y horas inhábiles. Artículo 48. La oficina notarial única se denominará “Notaría Pública” y se identificará por su número. En el caso de existir asociación notarial, deberá señalarse plenamente esta circunstancia. Las notarías públicas deberán tener en sitio visible en el exterior de la oficina, el o los números de éstas, el o los nombres de los notarios y el horario en el que prestarán los servicios notariales. El Consejo de Notarios establecerá las reglas, cuando así se requiera, para que el servicio notarial se preste durante los días y horas inhábiles. El Colegio de Notarios publicará, en el mes de enero de cada año en el periódico oficial El Estado de Jalisco, los horarios de atención al público que tengan establecidos las notarías de la entidad. Asimismo, mantendrá permanentemente actualizada la información en su página de internet.

Sección Segunda De los Convenios de Asociación Notarial

Artículo 49. Para una mejor prestación de los servicios notariales podrán hasta tres notarios celebrar convenio de asociación notarial, cuyo clausulado será libre, cumpliendo con los siguientes requisitos: I. Que no se incluyan disposiciones contrarias a la equidad, a esta ley u otras disposiciones legales; II. Que los notarios formen parte de la misma Región notarial; y III. Que actúen en oficina notarial única. Artículo 50. Suscrito el convenio de asociación notarial, se deberá presentar a la Secretaría General de Gobierno, para que, de encontrarlo ajustado a derecho, se le de publicidad al acto de su celebración a través del periódico oficial El Estado de Jalisco. A partir de la fecha de publicación del convenio de asociación notarial, los notarios podrán actuar indistintamente en el protocolo del notario de mayor antigüedad en su nombramiento, quienes además lo deberán comunicar de inmediato a las Autoridades que se mencionan en el artículo 44 de esta ley. En caso de que el protocolo se encontrare parcialmente utilizado al autorizarse el convenio de asociación, se levantará acta por los asociados a continuación del último acto notarial asentado, la que será visada por el Director del Archivo de Instrumentos Públicos. En los mismos términos se procederá, en su caso, en los protocolos de los notarios asociados, los que se depositarán en el Archivo de Instrumentos Públicos para su guarda y custodia. Cada uno de los notarios será responsable de sus actuaciones.

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Artículo 51. El convenio de asociación notarial se suspenderá al ocurrir cualquiera de las causas que afecten el ejercicio de las funciones de alguno de los asociados, en los términos del artículo siguiente, con excepción de lo previsto en su fracción III. La asociación volverá a surtir efecto cuando desaparezcan las causas que motivaron la suspensión. Deberá comunicarse a la Secretaría General de Gobierno la causa que motive la suspensión del convenio, así como la cesación de la misma. Artículo 52. El convenio de asociación notarial concluirá en los siguientes casos: I. Por voluntad de alguna de las partes; II. Por la suspensión en el ejercicio de la función notarial, que exceda de un año, en cualquiera de los casos previstos en esta Ley; o III. Por la falta definitiva de uno de los notarios asociados en los términos del artículo 57 de esta Ley. En el caso de la fracción I a que se refiere este artículo, cuando el ocurso sea suscrito por todos los asociados, el convenio dejará de surtir efectos a partir del momento de su suscripción y si sólo uno de los notarios sea quien lo termine, al momento de que lo notifique a los otros notarios. En ambos casos se levantará el acta a continuación del último instrumento y se dará aviso a la Secretaría General de Gobierno en 24 veinticuatro horas por cualquiera de las partes, para que por su conducto se haga la publicación correspondiente en el periódico oficial El Estado de Jalisco y se den los avisos a las autoridades competentes. El acta de terminación del convenio de asociación será visada por el Director del Archivo de Instrumentos Públicos o por quien haga sus veces, en el protocolo y en el libro de registro de certificaciones, en los que se hará constar la fecha en que dejó de surtir sus efectos, así como la fecha y número del periódico oficial en que se publicó, agregándose un ejemplar al libro de documentos generales. Artículo 53. Al concluir el convenio de asociación notarial o en caso de falta definitiva de cualquiera de los asociados, los notarios que permanezcan continuarán los trámites de los instrumentos públicos pendientes autorizados por el faltante. Si el notario faltante es aquel en cuyo protocolo se ha estado actuando, el asociado de mayor antigüedad conservará dicho protocolo, hasta concluir los trámites de los instrumentos autorizados por el faltante. El sello de autorizar del faltante deberá enviarse a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos para su destrucción inmediata, informándose de este hecho a las autoridades a que se refiere el artículo 45 de esta ley. Ante la falta definitiva de un notario asociado, el convenio de asociación notarial se tendrá por concluido, siempre y cuando no subsistan dos notarios asociados.

Sección Tercera De la Suspensión y Terminación de la Función Notarial

Artículo 54. El notario podrá suspender el ejercicio de sus funciones por 6 seis días hábiles, sin necesidad de dar aviso; y hasta por treinta días hábiles continuos, avisando al Secretario General de Gobierno, al Consejo de Notarios, al Director del Archivo de Instrumentos Públicos en la capital del Estado y al Director General del Registro Público de la Propiedad que corresponda a su adscripción.

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Cuando la suspensión exceda de ese plazo, sin que fuere definitiva, será necesaria la licencia previa del Ejecutivo. El notario tiene derecho a solicitar y obtener del Titular del Poder Ejecutivo licencia para estar separado de su cargo hasta por el término de un año improrrogable, con excepción de lo previsto en la Ley Electoral del Estado u otras disposiciones legales. Cuando exista causa justificada por razón de enfermedad comprobada, previa valoración del Titular del Poder Ejecutivo, el notario tendrá derecho a que se le otorgue licencia hasta por un año. Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo otorgará al notario licencia por todo el tiempo que dure en el desempeño de un puesto de elección popular o cargo público. Las licencias, en todo caso, podrán darse por terminadas a solicitud del notario, dando los avisos correspondientes a las autoridades competentes. Artículo 55. Cuando la suspensión de funciones sea voluntaria y no exceda del término de treinta días hábiles, el notario podrá conservar su sello y protocolo, actuando en éste, bajo su exclusiva responsabilidad, el o los notarios con quienes hubiere celebrado convenio de asociación notarial. Si la suspensión voluntaria excediere de treinta días hábiles, sin que fuere definitiva, deberá entregar el sello y el protocolo al Archivo de Instrumentos Públicos. Cuando el motivo de la suspensión de funciones sea consecuencia de una sanción impuesta, se procederá en los términos del artículo 190 de esta Ley. Artículo 56. Son causas de suspensión en el ejercicio de las funciones del notario: I. Padecer enfermedad o incapacidad física o psíquica, calificadas médicamente como transitorias, y que le impidan el desempeño de su función mientras subsista la causa. Desaparecida la causa que le impide el ejercicio de la función notarial, en los términos de esta fracción, podrá incorporarse a sus funciones como notario; II. La pérdida de la libertad mediante detención, arresto o prisión preventiva, mientras dure la misma; III. La suspensión voluntaria en los términos establecidos en el artículo 54 de esta ley; y IV. La que sea impuesta como sanción por autoridad competente. Artículo 57. Son causas de terminación de la función notarial las siguientes: I. La renuncia; II. La que se imponga como sanción por autoridad competente; III. La revocación del nombramiento en los términos de esta ley; IV. El impedimento físico o psíquico total y permanente que lo imposibilite para actuar como notario. La representación social por sí o a solicitud de cualquier persona con interés legítimo y apoyada en indicios que hagan probable la existencia de causa de incapacidad para el desempeño de su función, podrá solicitar que la Secretaría de Salud Jalisco dictamine sobre las condiciones del notario para los efectos de la fracción III de este artículo y fracción I del artículo anterior, lo cual se hará del conocimiento en forma inmediata al Secretario General de Gobierno; y

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V. El fallecimiento o declaración de ausencia del notario. En el caso del fallecimiento, los oficiales del registro civil o el Consejo de Notarios, cuando conozcan del mismo, deberán notificarlo inmediatamente a la Secretaría General de Gobierno. En los casos anteriores, el Titular del Ejecutivo emitirá el acuerdo correspondiente. Artículo 58. El notario renuncia en forma tácita al desempeño de sus funciones en los siguientes casos: I. Si dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo respectivo, no rinde la protesta de ley, no inicie funciones o no fije su habitación y oficina notarial en el lugar de su adscripción, sin causa justificada; II. Si transcurrido el término de la licencia no reanuda sus funciones dentro de los treinta días hábiles siguientes sin causa justificada; y III. Cuando sin justificación e ininterrumpidamente deje de ejercer la función notarial en un término de seis meses. Artículo 59. Las autoridades judiciales están obligadas a comunicar a la Secretaría General de Gobierno y al Consejo de Notarios la existencia de procedimientos tendientes a declarar el estado de interdicción de algún notario de la entidad, así como a enviar copia certificada de las sentencias que en ellos se dicten. Esta misma obligación existe en caso de que el notario se encuentre privado de su libertad en los supuestos señalados por la fracción II del artículo 56 de esta ley. Inmediatamente que la Secretaría General de Gobierno reciba las comunicaciones mencionadas en el párrafo anterior, el titular del Ejecutivo emitirá acuerdo fundado y motivado mediante el cual decrete la suspensión de las actividades del fedatario así como las medidas necesarias para el aseguramiento de los libros del protocolo y sellos de autorizar del notario, hasta en tanto la autoridad competente comunica la resolución definitiva que haya causado estado; en este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 190 de esta Ley. Artículo 60. Cuando la separación del notario sea definitiva, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de esta ley.

CAPÍTULO II

DEL PROTOCOLO

Sección Primera Del Protocolo Ordinario

Artículo 61. Protocolo es el conjunto de folios ordenados numérica y cronológicamente, en los que el notario, observando los requisitos establecidos en la presente ley, asienta las escrituras y actas que se otorguen ante su fe. También forman parte del protocolo los libros de documentos, los índices, las actas de apertura y cierre de cada tomo, así como sus soportes informáticos. Artículo 62. El Consejo de Notarios, a solicitud del notario y a costa de éste, autorizará imprimir los folios que formarán el tomo o tomos requeridos, mismos que serán remitidos al Archivo de Instrumentos Públicos, para su entrega. Artículo 63. El notario, para asentar las escrituras, utilizará folios consecutivos, que deberán ser de papel de buena calidad, en donde en el anverso se expresará el número de la notaría, el municipio de su adscripción; además, contendrá estampado o impreso el sello del notario. Los folios notariales deberán tener características uniformes.

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El Consejo de Notarios, previa autorización de la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, mediante reglas de carácter general, señalará: I. Las medidas y calidad del papel; II. El procedimiento y técnica de escritura; III. Las características de la impresión, buscando que sean adecuadas para su legibilidad, indelebilidad y conservación; IV. El número de folios que integrarán los tomos del protocolo; y V. El procedimiento para la impresión de los folios que requiera el notario para su actuación, conforme a la estimación de éste. Artículo 64. Para la impresión de los folios se utilizará cualquier procedimiento de escritura, siempre y cuando sea legible e indeleble, debiendo cubrirse su espacio útil en ambos lados, con excepción de la última página de cada instrumento, que se utilizará hasta donde concluya el texto y las firmas de la escritura. Todos los renglones de la impresión original deberán ser equidistantes, observando la anchura que determinen sus márgenes para tener como resultado una escritura limpia, proporcional y ordenada, debiendo contener un mínimo de treinta y cuatro y, un máximo de cuarenta renglones. Artículo 65. Al entregarse los folios que integrarán cada tomo del protocolo, el Director del Archivo de Instrumentos Públicos, o quien legalmente lo sustituya, levantará acta por duplicado que contenga el lugar, fecha, el número de folios, número del tomo que formarán, el nombre, apellido y número del notario a quien se destine, haciéndose constar el recibo correspondiente de cuya acta se remitirá copia a la Secretaría General de Gobierno dentro de los cinco días hábiles siguientes. En el supuesto de existir convenio de asociación notarial, se insertará en la referida acta la constancia de que se otorga a los notarios asociados, expresando que la asociación notarial tiene sustento en el convenio aprobado por el Ejecutivo y publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, expresando su fecha y número de ejemplar. El notario no deberá asentar acto jurídico alguno en los folios de un tomo sin haberse levantado el acta en los términos de los párrafos que anteceden. Artículo 66. Cuando un notario celebre convenio de asociación notarial, o de existir, éste quedare disuelto, a continuación del último instrumento pasado en los folios que integran el tomo en el que se actúa, con la intervención del Director del Archivo de Instrumentos Públicos o de quien legalmente lo sustituya, se levantará acta en donde se relacione el acuerdo respectivo y se deje constancia del número de folios por utilizar en ese tomo. Artículo 67. Todo instrumento se iniciará en el folio nuevo y consecutivo en su orden que le corresponda, y en ningún caso se iniciará en el anverso del inmediato anterior. Los folios se utilizarán en forma progresiva por ambos lados. Toda escritura será numerada progresivamente, iniciando su impresión con el número que le corresponda, abajo del membrete del folio. En todo instrumento el notario deberá asentar al calce, o en hoja anexa al libro de documentos generales, las siguientes notas: I. Las relativas a los avisos dados y al pago de créditos fiscales, con la expresión de la fecha de su presentación, el monto de los impuestos cubiertos y la fecha en que se asentó la nota;

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II. De las constancias de protocolización de documentos relacionadas con la escritura, si no se hubiese dejado constancia de ello en el texto de la misma; III. Las de expedición de los testimonios, indicando la fecha, número de fojas que lo integren, nombre del solicitante y razón de la expedición; IV. Las de revocación de poderes, testamentos y cancelación de gravámenes; y V. Cualquier otra que deba hacerse por mandamiento judicial, disposición de la ley o práctica notarial. Cada nota deberá ser autorizada con la firma del notario. Artículo 68. La numeración de los folios será única y progresiva, incluyendo aquellos que se inutilicen o en los que consten instrumentos no autorizados, pasando de folio a folio hasta agotar el tomo. Artículo 69. Dentro de los cinco días hábiles que sigan a la fecha en que se hubiese asentado el último instrumento de cada tomo, el notario dará aviso al Director del Archivo de Instrumentos Públicos en el sentido de haber concluido su uso, acompañando un índice general alfabético que contenga: nombre de los otorgantes, naturaleza del acto o hecho consignado y número de folio en donde se inicie el instrumento. Artículo 70. El notario, concluido el último libro de los que integran el tomo, levantará en pliego suelto, un acta de cierre que contendrá las escrituras asentadas, precisando las que fueron autorizadas y las que no pasaron, en cuyo caso expresará el motivo, además de señalar el número de folios utilizados, los inutilizados, el número de libros de que consta el tomo y los folios que integran cada uno. Dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la fecha de otorgamiento del último instrumento de cada tomo, el notario deberá presentar los libros que lo integran, junto con las actas de apertura y cierre, así como el duplicado del índice a que se refiere el artículo anterior, debidamente encuadernados, al Director del Archivo de Instrumentos Públicos, quien dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de su presentación, deberá revisar y devolver el tomo correspondiente, dejando constancia de lo siguiente: I. De que el acta se levantó y el tomo se presentó en la temporalidad prevista en esta ley; II. De si lo asentado en el acta es congruente con el contenido del tomo; y III. De si advirtió alguna irregularidad relevante en las escrituras asentadas en el tomo, en cuyo caso se consignará en acta por separado, de la cual se entregará un ejemplar al notario, al Colegio de Notarios y al titular del Poder Ejecutivo, acompañando la copia certificada de los documentos de los cuales se desprenden las irregularidades, para los efectos de la fracción tercera del artículo 147 de esta Ley. La Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos dispondrá de un plazo de diez días hábiles y, en su caso, retendrá el tomo revisado hasta en tanto el notario ocurra a recibir el ejemplar del acta. Artículo 71. Una vez iniciado el tomo de un protocolo, el notario podrá solicitar a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, los folios que formarán el siguiente tomo, los que una vez autorizados, se le entregarán bajo su responsabilidad, levantándose el acta a que se refiere el artículo 65 de esta ley, donde se extenderá el recibo de depósito de los mismos. Artículo 72. Cada libro, con excepción del último que integre un tomo, deberá tener 200 folios, salvo cuando el último acto notarial asentado dentro de ellos, requiera para su impresión de folios

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que hagan exceder esa cifra. En ningún caso un tomo excederá del número de folios que el notario hubiese recibido para su utilización. Artículo 73. Una vez utilizados los folios que integran un tomo, el notario podrá de inmediato actuar en los folios que formen el siguiente. Artículo 74. La encuadernación de los libros de cada tomo será en pasta entera y cubierta de material de buena calidad, de color negro; se imprimirá en el lomo de cada libro, con letra dorada en la parte superior, el número de la notaría y municipio de adscripción, y en la inferior el número del tomo y libro. Artículo 75. En el protocolo sólo se autorizarán escrituras por el notario a quien se le hubiese entregado y por los asociados cuando se celebre convenio de asociación notarial en los términos de este ordenamiento legal, debidamente autorizado y publicado.

Sección Segunda Del Protocolo Electrónico

Artículo 76. Protocolo electrónico es el conjunto de documentos, implementos y archivos electrónicos en que constan los hechos y actos autorizados por el notario por ese medio, los libros que se formen con la impresión de ellos, sus índices y actas de apertura y cierre. Artículo 77. Los instrumentos públicos redactados o impresos en soporte electrónico, conservarán ese carácter, siempre que contengan la firma electrónica certificada necesariamente integrada con impresión digital del notario y, en su caso, de los otorgantes, obtenidas éstas de conformidad con la normatividad aplicable al uso de firma electrónica. Artículo 78. La Secretaría General de Gobierno, a través de la dependencia competente, dispondrá la impresión de un registro simplificado de instrumentos públicos asentados en soporte electrónico, en el que los Notarios deberán hacer constar los que autorizan, en orden progresivo, de conformidad con su numeración, conteniendo además el día y hora de la autorización del acto, nombre de las personas cuyas firmas electrónicas se contienen en el documento e impresión del documento electrónico que servirá para formar el ejemplar que debe ser conservado por la autoridad competente antes mencionada; además se implementará el libro general de documentos, que deberá ser rubricado, firmado y sellado por el Notario. Cada tomo del protocolo informático contendrá ochocientos registros. Los notarios formarán el libro general de documentos conforme a las mismas reglas del correspondiente al protocolo. Artículo 79. Para la entrega del registro simplificado del protocolo electrónico se observarán las formalidades que para los tomos de protocolo establece el Capítulo II del presente Título. En el Reglamento de esta ley, se establecerán los requisitos indispensables para la autorización y conservación del instrumento público electrónico. Artículo 80. La intervención del notario en el documento público autorizado en soporte electrónico estará sujeta a los requisitos de todo documento público notarial autorizado en el protocolo y goza de fe pública cuando se haya realizado en los términos de esta y demás leyes aplicables. Artículo 81. Las copias autorizadas de las matrices podrán expedirse y remitirse electrónicamente, con firma electrónica certificada, por el notario autorizante de la matriz o por quien le sustituya legalmente, conforme a lo establecido en el artículo 128 de esta Ley. Artículo 82. Las copias autorizadas electrónicamente que se trasladen a los documentos respectivos para que continúen considerándose autenticas, deberán serlo por Notario Público o por

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los registradores de la propiedad y de comercio, las cuales rubricarán y firmarán haciendo constar la procedencia y carácter con que actúan. En el caso de que las copias sean trasladadas a papel por Notario deberá además adherir en cada hoja un holograma. Artículo 82 bis. El consentimiento de las partes para la celebración de actos jurídicos mediante instrumentos públicos podrá otorgarse a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología siempre y cuando se observen las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Certificada del Estado de Jalisco y sus Municipios. El notario otorgará la escritura mediante el procedimiento previsto en la presente Ley incluyendo la manifestación del párrafo anterior.

CAPÍTULO III De las Escrituras e Instrumentos Públicos

Artículo 83. Escritura pública es el instrumento que el notario asienta en el protocolo para hacer constar hechos, actos o negocios jurídicos que autoriza con su firma y sello en el caso del protocolo ordinario o con su firma electrónica certificada en el protocolo informático. Artículo 84. El notario redactará los instrumentos en idioma español, pudiendo utilizar palabras o expresiones en otro idioma cuando sean de carácter técnico y observando las reglas siguientes: I. Se escribirán con letra clara, sin abreviaturas, y expresando las fechas y las cantidades con número y letra; cuando no coincidan prevalecerá lo escrito en letra, siempre que no se altere el contexto del documento; II. Precisará el número y tomo que le corresponda, lugar y fecha en que se extiende, nombre, número y adscripción del notario; III. Anotará la hora y fecha en que se termina de firmar la escritura por los comparecientes y por el notario, quien imprimirá su sello, con lo que quedará autorizado el instrumento. En los supuestos en que la ley así lo prevenga, se hará constar la hora de inicio; IV. En su caso, consignará las declaraciones que hagan los otorgantes como antecedentes o preliminares, y relacionará los datos indispensables y necesarios que identifiquen el acto, hecho o negocio jurídico de que se traten con los documentos y testimonios originales que se le presenten, o bien insertará estos últimos. Si se tratare de bienes inmuebles, aún en las sucesiones, relacionará el instrumento que acredite la propiedad del bien o del derecho a que se refiere la escritura y expresará, cuando esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, los datos correspondientes. En el caso en que dichos inmuebles no estén inscritos, expresará la razón de ello, haciendo relación a los datos catastrales, con vista en el certificado catastral expedido por la autoridad municipal correspondiente. En el supuesto de que se transmitan inmuebles que no estuvieren registrados, cumpliéndose con lo estipulado en la Ley de Desarrollo Urbano, se deberá transcribir e insertar el certificado catastral con historial a partir de 1936. Cuando se trate de enajenación sobre bienes inmuebles inscritos, se insertará el certificado de libertad o gravamen actualizado, excepto en los casos en que la última escritura se hubiere otorgado dentro de 45 días hábiles. En todos los casos, se deberá agregar al Apéndice copia certificada de los documentos exhibidos por las partes, salvo que existan en la misma notaría, en este caso el notario cerificará esta circunstancia, señalando los folios del Apéndice en que consten.

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V. Al referir el nombre de algún notario, se expresará su número y adscripción, así como el número y fecha del instrumento; VI. Las manifestaciones de los comparecientes u otorgantes en relación con su nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y en su caso, régimen económico matrimonial, ocupación y domicilio. Cuando se advierta que alguna de las partes esté casado bajo el régimen de sociedad conyugal o legal y le puedan resultar derechos al cónyuge, deberán señalarse respecto de éste, los datos a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que alguna de las partes sea de nacionalidad extranjera, deberá acreditar su legal estancia en el País en los términos de la Ley General de Población, así como el aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para adquirir inmuebles en el territorio nacional. Los representantes de personas jurídicas manifestarán sus generales y se precisará sin abreviaturas la denominación o razón social de su representada; VII. Cuando algún guarismo, palabra o frase resulten equivocados o deban ser sustituidos por otros, se encerrarán dentro de un paréntesis y se testarán con una raya delgada en el centro que permita su lectura. Si un guarismo, palabra o frase se omitió o debe sustituir a otros, se anotará entre renglones y se encerrará entre comillas. En ambos casos, lo testado o puesto entre renglones se salvará antes de las firmas; VIII. Debe dar fe de conocimiento de los comparecientes o de que los identificó con documentos oficiales expedidos por autoridades federales, estatales, municipales o por el Instituto Federal Electoral que contengan la fotografía y firma del compareciente. En cualquier otro caso intervendrán dos testigos conocidos del Notario o identificados por éste, a través de los medios señalados en el párrafo anterior, los que deberán ser mayores de edad, saber leer y escribir, quienes autentificarán la identidad de los otorgantes, sin que puedan desempeñarse como tales los ciegos, sordos y mudos, además, la persona identificada deberá estampar sus huellas digitales, preferentemente de sus dedos índices, haciendo constar esta circunstancia; IX. Cuando se requiera que el instrumento se asiente además en algún otro idioma distinto al español, se podrá hacer ya sea dividiendo la plana de arriba a abajo por medio de una línea en dos partes iguales o a continuación del final del instrumento, escribiéndose primero el idioma español. En caso de que el notario no conozca el idioma diverso al español, deberá ser asistido por un perito traductor designado por el interesado, o en su defecto, por perito oficial o reconocido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debiendo observarse lo dispuesto en la fracción VI de este artículo. X. Hará constar que los otorgantes tienen capacidad y bastará que en ellos no observe manifestación de incapacidad natural y que no tenga noticia de algún impedimento legal; XI. En los contratos de compraventa en que proceda la designación de beneficiario y por voluntad del adquirente no se consigne la institución, se dejará constancia de haber informado a esa parte sobre el derecho que tiene de designarlo en los términos de la legislación civil; XII. En cumplimiento de disposiciones fiscales o administrativas, contendrá las menciones y liquidaciones que resulten aplicables al acto o hecho jurídico materia del otorgamiento; y XIII. Cuando el acto jurídico contenido en el instrumento adolezca de notoria injusticia para alguno de los contratantes, el notario deberá hacerle las observaciones correspondientes y sus consecuencias legales. Si insiste en formalizar el referido acto, al autorizar el instrumento se hará constar esta circunstancia.

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Artículo 85. Los instrumentos públicos sólo contendrán las declaraciones y cláusulas propias del acto o actos que en ellos se consignen y las estipulaciones de las partes redactadas con claridad y concisión, evitando toda palabra o fórmula inútil, debiendo expresar, con precisión, el contrato que se celebre si es nominado el acto autorizado. Los bienes que sean materia de la disposición o convención, se puntualizarán de modo que no puedan ser confundidos con otros. Si se trata de inmuebles, se determinará su naturaleza, ubicación, extensión superficial, medidas, colindancias, antecedentes de propiedad, número de cuenta catastral y datos de su registro; si son resultado de subdivisión hacer referencia a la fecha del acuerdo de su aprobación por la autoridad competente, agregando un plano o croquis debidamente firmado por los otorgantes al Libro de Documentos respectivo y otro al testimonio que de la escritura se expida. Cuando en un instrumento intervenga un representante, éste deberá declarar bajo su responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, sobre la capacidad legal de su representado y la vigencia de sus facultades de representación. Artículo 86. Cuando se trate de instrumentos que deban inscribirse en alguno de los registros reconocidos por la legislación mexicana, deberá el notario proceder a su presentación en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y al pago de los derechos a costa del interesado. Artículo 87. Cuando se pretenda constituir, transmitir o gravar derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado, el notario insertará certificado de libertad o de gravamen en el instrumento respectivo; dicho certificado tendrá una vigencia máxima de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición y deberá referirse a la misma finca, a su titular, a los gravámenes y a las limitaciones de dominio que reporte. En caso de escrituras sucesivas que se refieran al mismo inmueble, se podrán realizar aquellas con un solo certificado de libertad o gravamen, que tenga efectos vigentes, de lo que deberá cerciorarse el notario, bajo su responsabilidad. No será necesario lo prescrito en los párrafos anteriores cuando se trate de: I. Adjudicaciones en remate judicial o administrativo; II. Enajenaciones de inmuebles resultantes o que deriven de programas de regularización del suelo y su fraccionamiento, realizadas directamente por los ayuntamientos de la entidad o en asociación con particulares, en los términos estipulados por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; III. Donaciones; IV. Juicios Sucesorios; V. Cuando el adquiriente manifieste su conformidad para prescindir de la inserción del certificado de libertad o gravamen, de lo cual deberá asentarse razón clara y precisa en el instrumento respectivo; o VI. En el caso de escrituras o instrumentos públicos en los que intervengan organismos públicos de regulación de tenencia de la tierra. En los casos de contratos onerosos, el enajenante declarará bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad, que la situación registral del inmueble coincide con la manifestada en el instrumento. Artículo 88. Se podrá otorgar escritura rectificatoria, a petición de la parte legitimada e interesada con su sola comparecencia, en tratándose de enajenación de bienes inmuebles, hipotecas u operaciones de opción de compra, únicamente para corregir las medidas, linderos y colindancias materia de la escritura, o los datos de su registro, siempre y cuando correspondan a los que aparezcan en el título de propiedad del enajenante, debiendo darse los avisos correspondientes a

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las Direcciones de Archivo de Instrumentos Públicos, Catastro y Registro Público de la Propiedad. El notario deberá corroborar los motivos de la corrección con los siguientes documentos: el título original de propiedad del vendedor, el certificado catastral, el aviso de transmisión patrimonial del bien del que se trate, y el plano o croquis autorizado por perito en la materia. El notario deberá transcribir los documentos referidos en la escritura rectificatoria, haciendo constar que los agrega al libro de documentos de su protocolo; así mismo deberá hacerse la anotación correspondientes en la antigua escritura sobre el hecho respectivo. Artículo 89. Los notarios deberán extender en su protocolo todos los actos que autoricen, con las excepciones siguientes: I. Los testamentos cerrados. En este caso, se levantará acta dejando razón en el protocolo bajo el número que corresponda de haberse presentado por el interesado el sobre que se dice contiene el testamento y de las personas que en él intervinieron como testigos, debiendo el notario recabar en la escritura que se levante sus firmas y huellas, por tratarse de un acto solemne, además de identificar a los comparecientes; II. La certificación de autenticidad de firmas a que se refiere el artículo 86 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que se hará constar en el propio documento; III. La certificación de documentos, deberá contener: a) El nombre de quien solicita la actuación y de no ser conocido del notario se estará a las reglas generales de identificación de esta Ley; b) El número de fojas que consta, con la mención de si están impresas en uno o en ambos lados. Se deroga segundo párrafo. c) La fecha de la certificación; d) La firma del Notario y sello de autorizar; y e) En cada una de las hojas se estampará el sello de autorizar y su rubrica, incorporando el holograma o cualquier otro medio que el Consejo de Notarios haya dispuesto para su protección; IV. Las actas de certificación de hechos, protesto de títulos de crédito, notificaciones, interpelaciones y las demás actuaciones similares que se practiquen fuera de la oficina notarial, el notario las hará constar en acta levantada fuera de protocolo y en pliegos sueltos, expresando lugar, hora, día, mes y año en que se realice la actuación notarial, debiendo ser firmada por las personas que hayan intervenido, y si éstas no quieren o pueden hacerlo, así lo hará constar, sin que ello afecte la validez de la actuación. La protocolización del acta referida deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la actuación, expresando en la escritura la naturaleza del acto, las personas que intervinieron y las demás circunstancias que lo identifiquen. La falta de cumplimiento de los requisitos anteriores producirá la nulidad del acto y el notario responderá de los daños y perjuicios que causen. En caso de que una certificación de hechos levantada a solicitud de parte, ésta se desista en el transcurso de la misma, el notario deberá continuarla y siempre y cuando se relacione con los mismos hechos y a petición de quien estando presente, manifieste tener un interés legítimo, y una vez que se hubieren garantizado sus honorarios. En toda práctica de certificaciones de hechos el notario siempre deberá identificarse, salvo de que se trate de ventas al público en general;

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V. Las notas que deben poner al calce de otros instrumentos, en los casos de cancelación o cuando así se requiera; y VI. Cuando se trate de constancias expedidas por asociaciones religiosas y cuyos originales se encuentren en archivos parroquiales, el notario se trasladará al archivo para hacer el cotejo correspondiente; y levantará el acta en el mismo documento, en la que se deberá hacer constar esa circunstancia. Los mismos requisitos se observarán en tratándose de certificaciones que obren en algún otro archivo, sin invadir la función jurisdiccional. Artículo 90. Cuando deban invocarse documentos, ya sea porque acrediten la personería o personalidad de las partes, integren constancias de actuaciones judiciales o administrativas o guarden íntimo nexo con el negocio jurídico en que interviene, el notario dejará acreditados los supuestos indicados, en la siguiente forma: I. Relacionando o insertando en lo conducente los documentos respectivos, agregándolos en original o en copias cotejadas y certificadas al apéndice; en cuyo caso, se hará mención especial de ello en la escritura, así como en la nota relativa. No será necesario agregar nuevamente cuando el documento relacionado o insertado se encuentre asentado en el protocolo, o se encuentre agregado con antelación al libro de documentos del mismo notario. En ambos casos se hará mención especial de ello en la escritura, así como en la nota relativa; y II. Cuando en un acto o negocio comparezcan funcionarios o servidores del sector oficial, cuyo cargo sea público y notorio que desempeñan, no será necesario que acrediten su calidad, debiendo hacerlo constar el notario. En los casos en que se presenten poderes especiales para acreditar la personería de cualquiera de las partes, se agregará el original al libro de documentos. Cuando con el otorgamiento del instrumento no se agote la materia del mandato, o en caso de existir en éste otros actos pendientes de realizarse, se dejará copia certificada y se anotará en el testimonio que contenga el acto celebrado, debiendo dar aviso al notario ante quien otorgó el poder, de su utilización consignando los datos necesarios, para que realice la anotación correspondiente en su protocolo. Artículo 91. Los notarios sólo podrán admitir depósitos de sumas de dinero, valores, o documentos que representen en numerario, con motivo de los actos o hechos en que intervengan, en los casos siguientes: I. Dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, contribuciones o derechos causados por las actas o escrituras, o relacionados con los objetos de dichos instrumentos; II. Cheques librados a favor de acreedores en pago de adeudos garantizados con hipoteca u otros actos cuya escritura de extinción vayan a ser autorizados por ellos; III. Documentos mercantiles y numerario en los que intervengan con motivo de protestos; y IV. En los demás casos en que las leyes así lo permitan. En los casos señalados en las fracciones anteriores, el notario dará el destino que corresponda a cada cantidad recibida dentro de los plazos que señalen las disposiciones legales aplicables; en su defecto, tan pronto proceda. Artículo 92. Sólo se tramitarán y en su caso se radicarán en las notarías los procedimientos sucesorios a rogación de todos los interesados en los términos de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. En los casos de trámite sucesorio, por vía de testamento público abierto, el notario previamente a la publicación a la que se refiere el párrafo siguiente, deberá recabar información de la Procuraduría Social, del Archivo de Instrumentos Públicos y del Registro Público de la Propiedad,

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tanto de este Estado de Jalisco como del domicilio del autor de la sucesión, respecto de cual sea la última disposición testamentaria que tengan registrada como otorgada. Recibida la información a que se refiere este artículo, dispondrá la publicación de un aviso en un periódico de mayor circulación y en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, en los que se informe sobre la tramitación sucesoria. Artículo 93. En los casos en que deba intervenir como árbitro, el notario, sujetándose a la ley de la materia, levantará acta en la que hará constar la solicitud que en su caso le presenten los interesados para el desempeño del cargo o el documento donde aparezca su designación, y agregará al apéndice del protocolo todos los documentos que le presenten las partes y todas las actuaciones que levante para la práctica de las diligencias que correspondan, así como del laudo que dicte y de la notificación del mismo a las partes. Artículo 94. En los casos en que el notario deba insertar documentos, lo hará tal y como están escritos, aun con sus faltas gramaticales. Cuando estén escritos en idioma distinto al español, para su inserción podrá hacerlo en el mismo idioma, asentando la traducción del documento en los términos de la fracción IX del artículo 84 de esta ley, así como los datos del traductor. Artículo 95. En los actos en donde se requiera la asistencia de testigos instrumentales, se estará a lo dispuesto en el Código Civil del Estado. En el caso de que en el mismo acto deban concurrir además testigos de conocimiento, éstos deberán ser distintos a los instrumentales. Artículo 96. Cuando el otorgante sea ciego o no sepa o no pueda leer, designará a una persona de su confianza, para que en presencia del notario, lea el instrumento y manifestada su conformidad, firme o estampe en su caso sus huellas digitales debiendo ser preferentemente de los dedos índices en unión de la persona que hubiese leído el documento, concluyendo el acto con la expresión de esta circunstancia. Cuando el otorgante sea sordo o mudo, pero sepa leer y escribir, dará lectura al instrumento y pondrá de su puño y letra la frase "conforme previa lectura dada por mí", y firmará a continuación. Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, imprimirá sus huellas digitales y firmará a su ruego otra persona conocida y designada por el compareciente. En los demás casos de imposibilidad, se procederá como lo dispone el Código Civil del Estado. Artículo 97. El compareciente que no conozca el idioma español se asistirá de un traductor nombrado por él, salvo que el notario conozca a plenitud ese idioma, y estando conforme con ello, se hará constar en el instrumento. El intérprete deberá rendir ante el notario protesta formal de cumplir legalmente con su cargo, asentando razón de ello. Artículo 98. El instrumento deberá firmarse por los intervinientes dentro de los treinta días hábiles siguientes a su otorgamiento, salvo los testamentos que se firmarán de inmediato, como lo dispone el Código Civil del Estado. El notario hará constar la hora y fecha en que se terminó de firmar la escritura y autorizará el acto con su firma y sello inmediatamente después de la firma de los otorgantes. La falta de firma de alguno de los comparecientes motivará que se deje sin efecto el instrumento, debiendo inscribirse al calce la expresión "NO PASO" y la razón de ello, además de estampar únicamente su firma el notario, quien bajo ninguna circunstancia deberá estampar su sello, además de inutilizar el resto del folio. Artículo 99. Después de extendido el instrumento, si las partes quieren hacer alguna adición o variación, podrán hacerlo antes de que firme el notario y se asentará sin dejar espacio en blanco, mediante la declaración de que se le dio lectura, las cuales serán firmadas por todos los otorgantes y el notario, quien estampará su sello al calce del mismo.

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Artículo 100. A fin de recabar la firma de aquellas personas que a juicio del notario no puedan ocurrir a su oficina notarial a suscribir los actos, lo hará en el lugar que corresponda dentro de su adscripción, para lo cual llevará los folios bajo su más estricta responsabilidad. El notario sólo podrá recabar firmas fuera de la Región de su adscripción, cuando se trate del otorgamiento de instrumentos en que participe alguna dependencia pública, autoridad judicial, organismo descentralizado, desconcentrado o fideicomiso público que mantenga su domicilio fuera de la Región de su adscripción notarial, siempre que se refiera a bienes ubicados y los demás contratantes tengan su domicilio en la circunscripción del notario y exclusivamente para recabar la firma del representante de cualquiera de las entidades antes mencionadas. Artículo 101. El notario será solidariamente responsable con las partes, en favor de la hacienda pública, cuando expida los testimonios relativos a actos o contratos autorizados por él, sin que se encuentren cubiertas las prestaciones fiscales correspondientes. Si transcurrido el término establecido en las leyes fiscales aplicables no se hubiese pagado el impuesto respectivo por causa imputable a las partes otorgantes, el notario se liberará de la responsabilidad solidaria, comunicando a la autoridad fiscal acreedora la existencia y exigibilidad del crédito fiscal, aportando datos para su cuantificación y localización del sujeto directo de la obligación fiscal, en los términos de la legislación fiscal aplicable.

CAPÍTULO IV De los Duplicados y Avisos

Artículo 102. De todo instrumento público se formará un duplicado por separado que será firmado por los comparecientes y autorizado por el notario, el cual será un ejemplar idéntico al instrumento público de que se trate, en donde invariablemente deberá aparecer el número de folio a fin de que pueda ser identificado, mismo que se remitirá al Archivo de Instrumentos Públicos. Artículo 103. Tratándose de protocolizaciones, junto con el duplicado del acto, se anexará copia certificada de los documentos protocolizados que hubiesen ingresado al Libro de Documentos y que no se hayan insertado en el instrumento. Artículo 104. La dependencia encargada de la conservación de los duplicados podrá mantenerlos en el soporte documental en que se le remitan, o utilizará medios que la cibernética ponga al alcance y faciliten su consulta, mediante la conservación de su contenido. Los duplicados a que se refiere este capítulo podrán ser destruidos por la dependencia encargada de su guarda, cuando coincidan en un mismo lugar con su matriz en forma permanente y dentro del mismo espacio físico. En caso de pérdida por siniestro de la matriz, y ésta o su duplicado hubiese sido reproducida en los términos del párrafo anterior, las copias auténticas extraídas del soporte en que se encuentren debidamente certificadas por la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, harán prueba plena respecto a su existencia y contenido.

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Artículo 105. De toda escritura o acta que autoricen los notarios deberán dar aviso a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la autorización respectiva, este plazo se ampliará un día hábil más tratándose de certificaciones de hechos, en ambos casos se anexará el duplicado del instrumento a que se refiere el artículo anterior. El Notario podrá optar por dar los avisos a que este capítulo se refiere a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en los términos de la legislación aplicable y reglas de carácter general que para el efecto expidan las autoridades competentes con acuerdo de las dependencias involucradas en las que se establezca además, la forma de recepción del soporte documental para ser agregado al libro de documentos, asentando razón de ello. Cuando se presenten a las Oficinas de Recaudación Fiscal avisos relativos a testamentos públicos abiertos, el duplicado de la escritura se remitirá en sobre cerrado con cinta adhesiva sobre la cual deberá estamparse el sello de autorizar, abarcando en la parte central la totalidad de la cinta y a ambos lados de ella parte del sobre, para que así se remita al titular del Archivo de Instrumentos Públicos. Los notarios que ejerzan sus funciones en las Regiones distintas a la XIII, Subregión Centro, presentarán este aviso invariablemente por conducto de la Oficina de Recaudación Estatal con sede en la municipalidad de su adscripción. Al aviso se anexará siempre el duplicado del instrumento, en los términos a que se refieren los artículos 102 y 103 de esta ley. Artículo 106. Si durante un mes de calendario el notario en ejercicio no hubiere autorizado algún instrumento, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente de aquel en que no actuó, dará aviso de esta circunstancia a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos. Se deroga segundo párrafo. Se deroga tercer párrafo. Artículo 107. El notario deberá dar aviso al director del archivo de instrumentos públicos, tanto de la actuación notarial fuera de protocolo, como de la protocolización respectiva, en la misma forma en que se prevé para las escrituras. Artículo 108. Todos los avisos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 115, deberán contener como mínimo los siguientes datos: el tomo, libro, número de escritura, fecha, otorgantes, naturaleza del acto y la hora en que se hubiese autorizado. Artículo 109. Cuando el notario autorice la constitución de fundaciones o asociaciones de asistencia social, además de los que se refieren en los artículos anteriores, deberá dar aviso al Instituto Jalisciense de Asistencia Social y remitir copias del acta constitutiva dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles de la fecha de su constitución, lo que podrá hacerse por correo registrado con acuse de recibo. Artículo 110. Los avisos a que se refiere esta Ley se presentarán por duplicado, de los cuales, el acuse de recibo deberá contener la anotación de la hora y fecha de recibido, el cual se deberá agregar al libro de documentos, asentando razón de ello. El notario podrá optar por dar los avisos en forma electrónica, mediante las reglas de carácter general que expidan las autoridades competentes con acuerdo de las dependencias involucradas en las que se establezca además la forma de recepción del soporte documental para ser agregado al libro de documentos, asentando razón de ello. Artículo 111. Los avisos y sus anexos, que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 102 y 107 deban ser presentados ante la Oficina de Recaudación Fiscal Estatal, se concentrarán en la

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Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, dentro de los diez días hábiles del mes que se siga al de su presentación. Esta obligación correrá a cargo de los jefes de dichas oficinas recaudadoras. Artículo 112. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 98 de esta ley, sin que hubiese quedado firmado el instrumento, el notario deberá remitir el duplicado correspondiente en los términos de este capítulo, con la anotación "NO PASO" y la razón por la cual no fue autorizada la escritura o acta. Artículo 113. Se deroga. Artículo 114. Cuando se trate de revocación o renuncia de poderes que no hayan sido otorgados en su protocolo, el notario lo comunicará al notario o a cargo de quien esté el protocolo en el que se extendió el poder que se revoca o renuncia, aún cuando éste pertenezca a otra entidad federativa, para que dicho notario se imponga de esa revocación o renuncia y proceda conforme a derecho. La comunicación referida se presentará por oficio si fuere del mismo municipio o por correo certificado con acuse de recibo si fuere foráneo. Artículo 115. Cuando al otorgarse un testamento, se revoque otro asentado en el protocolo de la misma notaría, se deberá hacer la anotación correspondiente; si pasó ante diverso notario, se le comunicará para que aquel la efectúe. El notario deberá dar aviso dentro de los dos días siguientes a la Procuraduría Social y a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, cuando se otorgue o revoque un testamento. En ambos casos el aviso deberá contener los siguientes datos: I. Nombre completo del testador; II. Nacionalidad; III. Fecha y lugar de nacimiento; IV. En su caso, Clave Única del Registro Nacional de Población; V. Estado civil, y en su caso, los nombres de sus hijos, de persona o personas con quien hubiere contraído matrimonio, así como su régimen, o la circunstancia de si vive en concubinato; VI. Nombres completos de los progenitores; VII. Tipo de testamento; VIII. Fecha, lugar y, hora de inicio y terminación del otorgamiento; IX. Número de la escritura y del tomo en donde quedó asentado el acto; y X. Nombre completo del notario, número de la notaría y municipio de adscripción. Esta disposición se aplicará aun cuando el protocolo del notario en donde se hubiere asentado el testamento que se revoque, pertenezca a otra entidad federativa.

CAPÍTULO V Del Libro de Documentos o Apéndice

Artículo 116. El notario por cada tomo del protocolo llevará una carpeta que se llamará “Libro de Documentos” o “Apéndice” en donde se depositarán los documentos debidamente sellados y foliados en forma numérica y consecutiva relacionados con los instrumentos, para que sean fácilmente localizables.

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Artículo 117. El documento que se agregue al apéndice, después de firmado un instrumento, deberá hacerse constar por medio de la nota al calce. Si el Apéndice correspondiente al tomo del protocolo donde se asienta el instrumento, se encuentra ya empastado, deberá agregarse al que esté en uso, haciéndose constar tal circunstancia en la nota de que se trate. Artículo 118. Los documentos que integran el libro relativo a un tomo del protocolo, se empastarán ordenadamente en volúmenes a juicio del notario, en atención al número de hojas que contengan, a más tardar 180 días hábiles después de la fecha del otorgamiento del último acto. Los documentos que hubieran sido empastados no deberán desglosarse.

CAPÍTULO VI Del Libro de Certificaciones y

su Libro de Documentos o Apéndice Artículo 119. Las certificaciones sobre autenticidad de firmas y ratificación de documentos privados se harán constar mediante acta que se levante al calce de los mismos documentos o a falta de espacio en hoja adherida, la que contendrá, además de las menciones a que se refieren las fracciones II, VIII y X del artículo 84 de esta ley, la fecha y número consecutivo de la certificación, la hora de la firma de ésta, los nombres de los comparecientes, sus generales cuando no obren en el documento y la personería cuando actúen a nombre de un tercero. El acta levantada deberá ser firmada por todos los comparecientes y autorizada por el notario y se adherirá el holograma. Los notarios agregarán al Apéndice o Libro de Documentos de Certificaciones un tanto del documento con el acta materia de la certificación y debidamente firmado por los interesados, y los demás documentos que tengan conexión con la certificación, el aviso a la Dirección de Archivos de Instrumentos Públicos, y en su caso, los comprobantes de los impuestos que se causen. Los notarios formarán el libro general de documentos conforme a las mismas reglas correspondientes al protocolo. Artículo 120. El Consejo de Notarios dispondrá la impresión de un registro simplificado en donde los Notarios deberán sentar razón inmediata de las que extiendan en riguroso orden progresivo, de conformidad con su numeración y contendrá día y hora de la certificación, nombre de una de las personas de cuyas firmas se autentifican o hacen la ratificación, la fecha y tipo de documento y las demás circunstancias especiales que identifiquen el acto. Cada tomo de certificaciones, contendrá mil registros. Para la entrega y cierre de este libro, se observarán las formalidades que para los tomos de protocolo establece esta Ley. Artículo 121. El incumplimiento de los requisitos que se citan en los dos artículos anteriores, producirá la nulidad de la certificación y el notario responderá de los daños y perjuicios que se causen.

CAPÍTULO VII De las Disposiciones Comunes a los Libros que llevan los Notarios

Artículo 122. El Estado es propietario de los folios, tomos, libros, sellos, discos y soportes informáticos que conforme a esta ley debe llevar el notario. El notario deberá conservarlos en su oficina notarial bajo su más estricta responsabilidad con el carácter de depositario; sin embargo, transcurridos cinco años a partir de la fecha del acta de cierre

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de los tomos del protocolo o libros de registro de certificaciones, podrá concentrarlos con sus correspondientes libros de documentos y soportes electrónicos en la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos. Artículo 123. Los libros o folios del protocolo, los soportes electrónicos en que consten instrumentos autorizados por notario y sus correspondientes Libros de Documentos estando en uso o ya concluidos, siempre deberán encontrarse dentro de la notaría, salvo que sean trasladados por el mismo notario, bajo su estricta responsabilidad, solamente en los casos determinados por la presente Ley. Artículo 124. Cuando judicial o ministerialmente se ordene el cotejo o reconocimiento de alguna escritura, se verificará en el local de la notaría en presencia del notario y se dejará a este, copia autorizada del auto en que se hubiese decretado la diligencia, en el que se deberá incluir en su caso, la facultad de tomar impresiones fotográficas y la compulsa o expedición de copias certificadas, la que se agregará al libro de documentos observándose lo dispuesto por el artículo 116 de esta Ley, asentándose acta detallada del cotejo o reconocimiento. Si los libros se encontraren en depósito de la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos se notificará al notario autorizante. Artículo 125. El notario que sufra la pérdida, destrucción o substracción de folios, libros, tomos o discos del protocolo o libros de certificaciones, ocurrirá por escrito ante el Ejecutivo del Estado, en el que solicite autorización de nuevos libros, folios o soportes informáticos para suplir los perdidos, destruidos o robados. El notario para acreditar la falta posterior de los documentos señalados en el párrafo que antecede, presentará la denuncia por la pérdida ante el ministerio público, y en su caso, satisfará los requisitos para la reposición. El Titular del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo, instaurará procedimiento con intervención del Consejo de Notarios del Estado, y sin sujeción a términos o trámites formales procesales y una vez acreditada fehacientemente su existencia y falta posterior con la documentación correspondiente, resolverá a la brevedad posible lo que corresponda. Si se declara procedente la reposición se autorizará la entrega de folios o soportes para la integración de los libros o tomos, haciendo constar en el acta correspondiente la circunstancia de autorizarse para reponer el perdido, la que firmará el Presidente del Consejo de Notarios o quien haga sus veces, observando en lo conducente lo dispuesto por el artículo 65 de esta ley. En dichos folios o soportes, con intervención del Director del Archivo de Instrumentos Públicos, se asentarán los instrumentos contenidos en los libros o tomos, folios o soportes informáticos perdidos o destruidos, mediante el cotejo de los tomos de duplicados existentes en esa dependencia, quien levantará el acta correspondiente. En caso de incurrir en más de uno de los supuestos previstos en el primer párrafo de este artículo, durante la utilización de un tomo de protocolo, se sancionará en los términos que señale esta Ley. Artículo 126. En el caso de pérdida o destrucción de duplicados autorizados, el notario afectado ocurrirá ante el Director del Archivo de Instrumentos Públicos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la autorización del instrumento, con los folios, libro o soportes del tomo del protocolo en que hubiese asentado la matriz, a fin de que dicho servidor público, hecha la compulsa y el cotejo con el instrumento, certifique que la copia que hará las veces de duplicado concuerda con su matriz que presente el notario. Artículo 127. En caso de daño o deterioro parcial en los folios, libros o soportes del tomo del protocolo por dolo o negligencia, se estará a lo dispuesto en los dos artículos que anteceden.

CAPÍTULO VIII

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De los Testimonios Artículo 128. El testimonio es el documento que contiene la trascripción fiel y literal del instrumento asentado en el protocolo, de las firmas, del sello estampado y de las notas que obren en el mismo. Constituye además el único instrumento legítimo que acredita el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para que un acto pasado ante notario pueda entrar a la circulación jurídica. Cada una de las hojas que lo integren deberá llevar al margen superior derecho preimpreso, realzado o estampado el sello de autorizar y además rubricarse. Para la impresión del testimonio deberá aplicarse en lo conducente lo previsto en el artículo 64 de esta ley. Tratándose de protocolizaciones, en los testimonios que se expidan deberá transcribirse, en su caso, el acta y el documento protocolizado. Cuando en un mismo instrumento se contengan dos o más actos jurídicos, se podrá expedir testimonio en el que se comprenda sólo alguno o algunos, de lo cual se hará mención expresa conforme al párrafo siguiente. Al final del testimonio, con letras mayúsculas, se pondrá la constancia de haberse sacado de su matriz, su número, el de orden y de hojas que lo integran, para quién se expide y la fecha, expresando que fue cotejado y en su caso, de haber existido testaduras y anotaciones entre líneas que fue corregido, autorizándolo con el sello y la firma del notario. No podrá expedirse el testimonio sin que el instrumento hubiere sido firmado por todos sus suscriptores, dados los avisos y pagadas las prestaciones fiscales que se hubiesen causado, las que se harán a través del propio notario; salvo en los casos de exención o de que se encuentre garantizado el interés fiscal a satisfacción de la autoridad acreedora, con motivo de consulta pendiente de resolución o de litigio respecto a la causación de la contribución. Para el registro del testimonio correspondiente se deberá acreditar a la autoridad registral el pago de todas las prestaciones fiscales que correspondan. Artículo 129. Las personas que intervengan o quienes tengan un interés legítimo en todo instrumento que se autorice, podrán solicitar la expedición de uno o varios testimonios, los que serán expedidos con la expresión del número y orden que les corresponda. Artículo 130. Para la expedición de un segundo o ulterior testimonio, el interesado lo deberá solicitar por escrito, previa identificación fehaciente. En este caso, el notario agregará la solicitud al libro de documentos, y al hacerlo, expresará en el mismo el número que le corresponda, asentando en el protocolo la nota correspondiente. Si a juicio del notario no queda demostrado el interés jurídico, podrá el interesado acudir para ello ante la autoridad judicial. Artículo 131. Cuando se trate de documentos, cuyos testimonios deban ir al extranjero o así lo pida alguna de las partes, podrán expedirse, además, en otro idioma, dividiendo la plana de arriba a abajo por medio de una línea en dos partes iguales para que de un lado se escriba en español y en el otro en el idioma diverso. En este supuesto, cuando el notario no dominare el idioma extranjero, se estará a lo que dispone la fracción IX del artículo 84 de esta ley. Artículo 132. Tratándose de instrumentos destinados a fundar una acción ejecutiva o hipotecaria, no podrá expedirse un segundo o ulterior testimonio al acreedor, salvo por orden judicial, acuerdo de los contratantes o a solicitud del obligado. La petición deberá constar por escrito, ratificado ante notario. La orden judicial o el escrito, se insertarán en el nuevo testimonio y se agregarán al Libro de Documentos.

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Artículo 133. Si se consignan en una escritura garantías reales o personales, podrán cancelarse, si se presenta el testimonio correspondiente del acreedor, con la nota firmada por quien deba hacerlo, dando su consentimiento, o bien, por orden judicial. La cancelación quedará asentada en una nota en el protocolo donde conste la escritura relativa. Cuando la cancelación de gravámenes fuera parcial, o siendo total se trate de instrumentos en que se hubiesen consignado contratos diversos a la obligación que se cancela, la nota deberá indicar el motivo por el cual se hace, los contratos u obligaciones que se cancelan, precisándose fecha y hora, insertándose al calce del testimonio respectivo y se agregará copia de los avisos al libro de documentos en uso. Si se trata de títulos inscritos, las cancelaciones serán comunicadas al Director del Registro Público de la Propiedad y al Archivo de Instrumentos Públicos, en los términos de los artículos 105 y 110 de esta ley. En caso de pérdida del testimonio original del acreedor, la cancelación se hará con un segundo testimonio, expedido en los términos del artículo anterior. También podrán cancelarse los créditos y las garantías a que se refiere este artículo, mediante escritura en que el acreedor o su representante legal declare su voluntad en ese sentido, salvo en tratándose de documentos otorgados por instituciones de interés y seguridad social. En este caso, se anotará el otorgamiento de la escritura de cancelación al calce de la constitutiva del crédito, o en la hoja agregada al apéndice para tales efectos. Artículo 134. Podrán expedirse y autorizarse testimonios, utilizando cualquier medio de reproducción o impresión indeleble. Podrán expedirse copias certificadas en donde se contenga sólo el acto autorizado y constancia de firmas, para efectos limitados que se expresarán en su texto, como: inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, trámites de construcción, afectación de inmuebles al régimen de condominio, justificación documental de haber recibido sumas en efectivo y otros similares.

CAPITULO IX Del Arancel

Artículo 135. Los honorarios que cobren los Notarios en ejercicio de sus funciones, no deberán exceder de lo que establece el arancel contenido en los artículos 133 y 134 del Decreto 14397, modificados por el diverso 15736 del Congreso del Estado, publicados el 7 de diciembre de 1991 y 7 de enero de 1995, ambos en sección segunda, respectivamente, los cuales continuarán vigentes para los efectos de esta ley. Artículo 136. Los honorarios previstos en el arancel comprenden los gastos incurridos con motivo de la organización y funcionamiento de la prestación del servicio. No se deberá cobrar cantidad alguna adicional a lo establecido en el arancel. Lo anterior sin perjuicio del cobro de los créditos fiscales que graven los actos jurídicos autorizados, el costo de documentos, constancias, certificaciones, publicaciones, avalúos, derechos registrales, permisos recabados por el notario por cuenta y orden del solicitante y que sean indispensables para el otorgamiento del instrumento, lo anterior sin perjuicio del pago de las obligaciones fiscales que del acto se desprendan. Artículo 137. Los honorarios del notario deberán constar en recibo que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación fiscal. Los pagos a que se refiere el artículo anterior se consignarán en un recibo único, en donde se precisarán los conceptos que correspondan a honorarios y en su caso pagos a terceros.

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El notario fijará en su oficina, en lugar visible al público, una copia legible del arancel autorizado en los términos de esta ley, con las características que establezca el Reglamento de esta Ley. Artículo 138. Las partes serán solidariamente responsables para con el notario por el importe de los honorarios y gastos generados, a menos que se haga constar lo contrario en la escritura o así lo disponga la ley.

TÍTULO TERCERO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS NOTARIOS

CAPÍTULO I De las Visitas

Artículo 139. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto del Procurador Social del Estado, realizará las visitas generales o especiales que señala la presente ley a las notarías de la entidad, para lo cual contarán con un cuerpo de agentes visitadores. En caso de queja, también podrán realizarse visitas en cualquier tiempo, para verificar el cumplimiento de los horarios, asistencia y permanencia del notario en el domicilio de la oficina notarial única. Artículo 140. Las visitas generales se practicarán por lo menos una vez al año y tendrán por objeto verificar que los notarios ajusten sus actos a disposiciones señaladas en la presente ley y demás ordenamientos aplicables. Artículo 141. Las visitas especiales podrán realizarse en cualquier tiempo. Se limitarán al objeto para el cual se hayan ordenado y si al practicarse la diligencia se advierten otras irregularidades, se podrá ampliar la misma observándose en lo conducente lo dispuesto en este capítulo. El Consejo de Notarios coadyuvará con la autoridad en la práctica de las visitas especiales a las notarías, cuando para ello fuere requerido. Artículo 142. Las visitas a los notarios se practicarán por mandamiento escrito que deberá expedir el Procurador Social del Estado, mismo que deberá ser fundado y motivado, en donde expresará el nombre del notario, el número de la notaría, el lugar donde deba llevarse a cabo, la especificación del tipo de visita, el período que comprenda y los documentos o soportes electrónicos que han de revisarse. Los agentes visitadores designados, actuarán conjunta o separadamente. Podrán ser substituidos, aumentados o reducidos en su número en cualquier tiempo, por quien lo ordenó, debiéndose comunicar esta circunstancia al visitado. Artículo 143. Las visitas generales deberán ser notificadas en la notaría con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas con el apercibimiento que de no encontrarse el día y hora señalados la diligencia se entenderá con cualquier persona que se encuentre, lo cual se hará constar en el acta correspondiente. Las visitas especiales se podrán verificar sin la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 144. La visita se llevará a cabo en el lugar, día y hora señalados para su práctica; al iniciarla, el visitador, visitadores o personal autorizado, se identificarán y requerirán al notario visitado o en su ausencia, a cualquier persona que labore en la oficina para que proponga dos testigos y en ausencia o negativa de aquél, serán designados por quien la practique. En caso de estar cerrada la oficina notarial, el visitador, previo acuerdo fundado y motivado, con la intervención de dos testigos, podrá forzar cerraduras, y dispondrá las medidas para la salvaguarda de los documentos, soportes electrónicos y valores que se encuentren en el domicilio notarial.

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El notario o en su caso la persona con la que se entienda la diligencia, deberá proporcionar y mantener a disposición de los visitadores desde su inicio y hasta la terminación de ésta, la totalidad de los libros, registros, documentos, soportes electrónicos y demás objetos sobre los que deba practicarse la inspección. Los visitadores podrán obtener copia de la documentación que estimen necesaria, para que previo cotejo con sus originales, se haga constar por aquellos que son coincidentes y se anexen a las actas que al efecto se levanten. Los visitadores levantarán acta por quintuplicado en la que se harán constar las irregularidades que observen, los puntos de la ley que en su opinión no hubiesen sido cumplidas, así como la argumentación que en su caso formule el notario, y deberá ser firmada por el visitador y todas las personas que hubiesen intervenido formalmente en la diligencia. En caso de que alguna persona se negare a firmarla, se hará constar en el acta sin que esto afecte su validez. El visitador entregará un ejemplar del acta al notario visitado y se remitirán copias a la Secretaría General de Gobierno y al Consejo de Notarios del Estado. Artículo 145. En caso de resistencia a la práctica de la vista, los visitadores podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. Artículo 146. Los visitadores podrán retener y en su caso asegurar los tomos, libros, folios, documentos y soportes electrónicos, tomando para ello las medidas que estimen pertinentes, incluyéndose la sustracción de éstos para concentrarlos donde queden resguardados, en los siguientes casos: I. Se encuentre cerrada la oficina notarial el día y hora señalado para la visita y se hubiere procedido en los términos del artículo 143; II. Se encuentren libros, folios de protocolo, hojas de testimonio y carpetas o sellos de autorizar que no sean de la responsabilidad del notario, salvo que pertenezcan a otro que ejerza la función notarial en el mismo local; III. Se advierta la existencia de libros de protocolo o de certificaciones o folios sin la autorización respectiva; y IV. El visitado o la persona con la que se entienda la visita, se niegue a permitir a los visitadores el acceso a los lugares en donde se deba realizar, así como mantener a su disposición los libros, folios del protocolo y soportes electrónicos objeto de la misma. Artículo 147. Cuando del acta de visita levantada se desprenda: I. La posible comisión de delito, el visitador deberá notificar al Procurador General de Justicia del Estado, quien iniciará la averiguación previa correspondiente; II. El incumplimiento de obligaciones fiscales por parte del notario o de las personas que intervienen en los actos notariales, deberá hacerse del conocimiento de la autoridad fiscal correspondiente; y III. La violación a lo establecido en la presente Ley, deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno para que determine lo procedente. Artículo 148. Los visitadores y demás servidores públicos que conozcan del contenido de las actas, están obligados a guardar el secreto profesional respecto de los actos y documentos inspeccionados, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

CAPÍTULO II

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De las Sanciones Artículo 149. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá la facultad de aplicar sanciones de carácter administrativo por infracciones a la ley. Las sanciones de carácter administrativo por infracciones a la ley serán impuestas por el Titular del Ejecutivo del Estado y consistirán, según el caso, en amonestación, multa, suspensión y revocación del nombramiento del notario. La responsabilidad notarial prescribe a los cinco años de cometida la infracción, sin perjuicio de la de carácter civil, penal o fiscal, que prescribirá en los términos previstos en las leyes de la materia. El término de la prescripción se suspenderá en la fecha en que el agraviado ratifique la queja o en la fecha en que de oficio se inicie el procedimiento. Artículo 150. Se amonestará por escrito al notario cuando incurra en la violación a las siguientes disposiciones legales: 4°, 15, 41, 45 tercer y cuarto párrafos, 46, 47, 48, 70, 72, 84, 86, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 125 y 130 de esta ley. Artículo 151. Se impondrá multa al notario, hasta un máximo de 200 días de salario mínimo, cuando incurra en la violación de los artículos 63, 64, 67, 68, 69, 74, 94 y 119 de esta Ley. Los salarios mínimos que servirán de base para la cuantificación de la multa, serán los generales vigentes en la Zona Metropolitana en la fecha del pago de la sanción. Artículo 152. El notario será suspendido en el ejercicio de sus funciones, hasta por un término de tres años, en los siguientes casos: I. Reincidir en cualquiera de los supuestos sancionados con amonestación que se precisan en el artículo 150; II. Reincidir en cualquiera de los supuestos sancionados con multa que se precisan en el artículo 151; III. Ser negligente en el desempeño de sus funciones a juicio del Ejecutivo del Estado, siempre y cuando se parta de causas fundadas; IV. Incurrir en falta de probidad durante su actuación; V. Autorizar actos sin que firmen los interesados; VI. Mantener oficina distinta a la oficina notarial única manifestada a las autoridades que se mencionan en el artículo 45 de la presente ley; VII. Incurrir en cualquiera de las prohibiciones previstas en el artículo 39 de esta Ley; VIII. Una vez recibidos los recursos económicos, no pagar el importe de los impuestos, derechos o pago a terceros que generen los actos jurídicos en los términos y plazos previstos en las leyes fiscales, sin causa justificada en los términos convenidos; IX. Actuar sin autorización fuera del territorio de la adscripción del notario; y X. Infringir lo dispuesto por los artículos 28, 30, 35, 39 en cualquiera de sus fracciones, 43, 50, 75, 87, 89 fracción IV, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 101, 102, 123, 126, 128, 132 y 135 de esta ley. Artículo 153. Para determinar las sanciones a que se refieren los tres artículos precedentes de esta Ley, el Titular del Poder Ejecutivo tomará en cuenta:

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I. La gravedad de la infracción; II. Los daños causados; III. Las condiciones del infractor; y IV. En su caso la reincidencia. Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo notario infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de dos años, contados a partir del día en que se cometió la primera infracción. Artículo 154. Se revocará el nombramiento del notario y se le inhabilitará definitivamente para desempeñar dicho cargo, cuando incurra en cualquiera de los siguientes casos: I. Existir en su contra sentencia definitiva ejecutoriada que lo haya condenado por delito intencional, que amerite pena corporal por más de un año de prisión. Cuando se trate de delitos patrimoniales contemplados en el Código Penal del Estado de Jalisco, se le impondrá la sanción cualquiera que haya sido la pena; II. Ejercer la función notarial, simultáneamente, con cargos públicos, en violación a lo que dispone la presente ley; III. Haber obtenido la patente de aspirante al ejercicio del notariado o el nombramiento de notario, utilizando documentación apócrifa o haciendo manifestaciones falsas; IV. Por no entregar el protocolo y sello de autorizar cuando sean requeridos por la Dirección de Archivo de Instrumentos Públicos en los términos de los artículos 189 y 190 de esta Ley; V. Permutar su adscripción; VI. Reincidir en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 152 de esta Ley; y VII. En los demás casos en los que así lo determinen las leyes. Artículo 155. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan disposiciones de otras leyes a las que corresponden varias sanciones, se aplicará la que corresponda a la infracción más grave. Artículo 156. Los notarios son civilmente responsables de los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de sus funciones por omisiones o violaciones de las leyes, siempre que aquellas sean consecuencia inmediata y directa de su intervención. Es Juez competente para conocer de los juicios en que se demande al Notario Público sobre nulidad de actos jurídicos formalizados en escritura pública, el de primera Instancia de la comprensión en que pasó la escritura. En caso de responsabilidad penal, el notario deberá ser oído desde el inicio de la averiguación correspondiente.

CAPÍTULO III Del Procedimiento Administrativo

Sección Primera

Del Procedimiento Administrativo

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Artículo 157. La aplicación de la presente ley, por violaciones a la misma o a las demás disposiciones aplicables, en el ejercicio de la función notarial, se sujetará al procedimiento administrativo previsto en esta sección. Las infracciones a esta ley, cometidas por los notarios y que no constituyan un delito, se considerarán como faltas administrativas y las sanciones correspondientes se impondrán por la autoridad administrativa facultada para ello, en los términos de esta ley, tomando en cuenta la gravedad y demás circunstancias que concurran en el caso de que se trate. Artículo 158. El procedimiento administrativo se substanciará y resolverán con arreglo a esta ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en esta sección, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 159. El procedimiento administrativo podrá iniciarse: I. A petición de parte por quien se considere agraviado; y II. De oficio, en los casos previstos en los artículos 70, 147 fracción III y 192 de la presente Ley. Artículo 160. Son partes en el procedimiento administrativo: I. El agraviado; II. El notario o notarios involucrados; III. La autoridad revisora de los actos jurídicos que asiente el Notario en el protocolo a su cargo; y IV. El Consejo del Colegio de Notarios del Estado, en los casos que se requiera de su intervención u opinión. Artículo 161. Las promociones y actuaciones en el procedimiento administrativo se deben presentar o realizar en idioma español; deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá sus huellas digitales de los dedos índices y firmará otra persona a su ruego ante dos testigos. Artículo 162. Quien promueva a nombre de otro, deberá acreditar la personalidad, personería o representación con que se ostente, con los documentos que establecen las leyes o reglamentos aplicables, o bien, en los términos que establece el Código Civil. No procederá la gestión de negocios en los procedimientos contemplados en esta Ley. Artículo 163. El Titular del Ejecutivo del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, sustanciará el procedimiento administrativo. Para este efecto, podrá delegar y facultar a uno o varios servidores públicos para la práctica de toda clase de citaciones, notificaciones y emplazamientos; presidir y desahogar audiencias; admitir, desechar y desahogar pruebas; emitir acuerdos de mero trámite; practicar diligencias, inspecciones, sentar certificaciones, certificar documentos y demás actos de carácter procesal que se requieran, levantando y autorizando al efecto las actas correspondientes. Artículo 164. No se dará curso a quejas irregulares o notoriamente improcedentes. Artículo 165. Las resoluciones que se pronuncien y los actos que se ejecuten con motivo de la aplicación del presente ordenamiento serán recurribles ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, en los términos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Sección Segunda

De las Notificaciones

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Artículo 166. Las partes en el primer escrito o en la primera diligencia en que intervengan en el procedimiento administrativo, deben designar domicilio en esta ciudad, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. En su defecto, se harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en lugar visible y de fácil acceso en el local de la Dependencia respectiva. Artículo 167. Se notificará personalmente a las partes: I. El acuerdo que ordene la celebración de cualquier audiencia, con una anticipación de cuando menos diez días hábiles antes de la fecha en que tenga verificativo, sin tomar en cuenta el día de la notificación, ni el de la celebración de la misma; II. El acuerdo que ordene la instauración del procedimiento; III. La resolución definitiva; y IV. Los demás casos en que así se determine. Artículo 168. La notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en el domicilio designado, en días y horas hábiles, y si no estuvieren presentes en la primera búsqueda, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en su domicilio, indicando día y hora para que espere a quien lo ha de notificar, lo que no podrá verificarse antes de las veinticuatro horas siguientes y, en caso de no atender el citatorio, la notificación se llevará a cabo por conducto de la persona que se halle presente en el lugar, a quien se le entregará copia del acuerdo que se notifica, así como de los documentos relativos. En el supuesto de encontrarse cerrado el domicilio y nadie responda al llamado para atender la diligencia, el citatorio se dejará en un lugar seguro y visible del mismo domicilio. Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio, que se encuentre en el domicilio en donde se realice la diligencia; y de negarse esta a recibirla o en caso se encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por cédula que se fijará en un lugar seguro y visible del domicilio. De esta diligencia, el servidor público que practique la notificación, asentará lo correspondiente en un acta circunstanciada, que deberá firmar, así como la persona con quien se entiende y en caso de que ésta se niegue a firmar, se hará constar tal situación. Artículo 169. Se autoriza realizar las notificaciones por medio del Servicio Postal mediante el sistema de correo certificado con acuse de recibo, sirviendo éste como constancia de entrega. Artículo 170. Las notificaciones a las autoridades y al Consejo de Notarios del Estado, se harán siempre por medio de oficio.

Sección Tercera De la Mediación y Conciliación

Artículo 171. Una vez presentada la queja o previo a su presentación, el interesado podrá solicitar se lleve a cabo el procedimiento de mediación o conciliación ante la Secretaría General de Gobierno o ante el Colegio de Notarios a través de la Comisión de Honor y Justicia o ante cualquier Centro debidamente autorizado, siempre y cuando: I. Se encuentre ajustada a las disposiciones de la presente ley; II. Se refiera a derechos disponibles y no constituyan un delito o faltas graves a la presente ley; y III. No afecte derechos de terceros;

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Tratándose de faltas graves, podrá ser objeto de mediación o conciliación, la reparación del daño, la cual será considerada como atenuante en la imposición de la sanción administrativa correspondiente. Artículo 172.- La autoridad o institución a la que se haya ocurrido, citará a las partes para que manifiesten su voluntad en someterse al procedimiento que contempla este capítulo, el cual será voluntario y deberá resolverse, en su caso, en un término que no exceda de 2 dos meses; caso contrario, se continuará con el procedimiento administrativo. Artículo 173. Una vez concluido el procedimiento, dentro del plazo de los 10 días siguientes, la autoridad o dependencia ante la cual se haya instaurado el procedimiento que contempla este capítulo, deberá hacer del conocimiento tanto a la Secretaría General de Gobierno como al Colegio de Notarios del Estado, el resultado del mismo.

Sección Cuarta De la Queja Administrativa

Artículo 174. Las quejas administrativas en contra de un notario serán formuladas por escrito y se presentarán por quien se considera agraviado ante el Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, con la documentación correspondiente. Artículo 175. Si se advierte que la queja es obscura o incompleta, o que no se adjuntaron los documentos señalados en el artículo que antecede de esta Ley, se requerirá al quejoso para que dentro del término de cinco días hábiles la aclare o exhiba los documentos aludidos o señale el lugar o archivo en que se encuentran, apercibiéndolo que de no hacerlo, se desechará de plano la queja y se tendrá por no presentada. Artículo 176. Se ratificará la queja ante el Secretario General de Gobierno, con excepción de las planteadas por autoridad o dependencia de la administración pública federal, estatal o municipal. Artículo 177. Ratificada la queja, se dará intervención al Consejo de Notarios del Estado, a fin de recabar su opinión debidamente fundada y motivada sobre la procedencia del inicio del procedimiento administrativo, la que se deberá remitir al Secretario General de Gobierno dentro del término de treinta días hábiles. Artículo 178. Transcurrido el término anterior, el Secretario General de Gobierno analizará la queja para determinar si se está o no en el caso de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. Artículo 179. En caso de que se considere procedente, el Titular del Poder Ejecutivo emitirá acuerdo en el que se ordene la instauración del procedimiento administrativo contra el notario inculpado, en el que se precisará la causa por la que se inicia, los hechos que lo motiven, los fundamentos legales, así como la referencia de las actas y demás documentos que lo originen, disponiendo notificar al Notario y al quejoso, entregándoles copia del mismo, así como de los documentos que lo funden. Artículo 180. En el mismo acuerdo de inicio del procedimiento, se señalará día y hora para que tenga verificativo una audiencia de avenimiento con intervención del Colegio de Notarios, a través de un representante designado al efecto por su Consejo, a la que deberán comparecer personalmente las partes, con el apercibimiento que de no asistir con justa causa, se les impondrá una multa hasta por el equivalente de 200 días de salario mínimo vigente en la Zona Metropolitana. Artículo 181. El servidor público que presida la audiencia de avenimiento, previa identificación de los comparecientes, los exhortará a conciliar sus diferencias. De llegar a una conciliación, se levantará el acta respectiva en la que se fijarán con precisión los puntos respecto a la forma de lograr la satisfacción de los intereses recíprocos de las partes, que deberán ser cumplidos en sus términos, sin ulterior recurso.

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En este supuesto, quedará suspendido el procedimiento administrativo, hasta que las partes hagan del conocimiento al Secretario General de Gobierno, el cabal cumplimiento a lo pactado en el convenio, para que pronuncie acuerdo decretando el sobreseimiento del procedimiento administrativo y el archivo del expediente como asunto concluido. Artículo 182. De no ser posible el avenimiento de las partes porque así lo hubieren manifestado o porque alguna de ellas no hubiere asistido, se asentará razón en el acta que se levante. Artículo 183. Agotada la etapa de avenimiento, el Titular del Ejecutivo emitirá acuerdo señalando día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que el Notario será oído en defensa, con intervención del quejoso, el cual será notificado a las partes con una anticipación de cuando menos diez días hábiles antes de la fecha de la audiencia, sin tomar en cuenta el día de la notificación ni el de la celebración de la misma. Artículo 184. Las partes dentro del procedimiento serán oídas dentro de la audiencia a que se refiere este capítulo, en comparecencia personal o por escrito, en la que podrán ofrecer los medios de convicción que a su derecho convenga y producir sus alegatos. Artículo 185. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación inmediata y directa con los hechos controvertidos, así como las que sean contrarias a derecho o a la moral. Artículo 186. En la audiencia, se dictará resolución indicando cuáles pruebas se admiten y procediendo a su desahogo en la misma diligencia si el caso lo permite, o en su defecto, señalándose nueva fecha para su reanudación. Artículo 187. Si no comparece el Notario a la audiencia, se tendrán por ciertos y admitidos los hechos materia del procedimiento, así como por perdido su derecho para ser oído y ofrecer pruebas. Artículo 188. Una vez desahogadas las pruebas admitidas, o en caso de no haber comparecido el Notario a la audiencia prevista en el artículo 180 de esta ley, el Titular del Ejecutivo dictará la resolución definitiva correspondiente. Artículo 189. La Secretaría General de Gobierno o la dependencia en quien delegue la facultad respectiva, para el cumplimiento de la suspensión impuesta o revocación del nombramiento, procederá a recoger los libros que integren el Protocolo y el sello de autorizar, los que se concentrarán en la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos. Artículo 190. En los casos de suspensión o revocación del cargo, ésta se ejecutará por conducto del Director del Archivo de Instrumentos Públicos o dependencia en quien la Secretaría General de Gobierno delegue la facultad respectiva, quien levantará acta circunstanciada en la que se indicará tanto el número del último folio utilizado, como del instrumento público y acta de certificaciones que consten en el Protocolo y en el de Registro de Certificación de firmas, así como las que estén pendientes de firmas. A partir de este acto de ejecución, el notario estará impedido para asentar y autorizar negocios, actos o hechos jurídicos, o actas de certificaciones. Artículo 191. Si la resolución que se pronuncie en el procedimiento administrativo, declara procedente la queja e impone sanción al notario, sólo en los casos de suspensión en el ejercicio de sus funciones o revocación del nombramiento, se publicará en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”; además se hará del conocimiento de todas las autoridades a que se refiere el artículo 45 de la presente ley.

CAPÍTULO IV Procedimiento Administrativo de Oficio

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Artículo 192. Al tener conocimiento el Titular del Ejecutivo del Estado, por parte de las autoridades revisoras facultadas para ello, o del Consejo de Notarios, de alguna infracción cometida por un notario, se procederá como sigue: I. Se emitirá acuerdo decretando el inicio del procedimiento administrativo contra el fedatario inculpado, en el que se precisará la causa por la que se inicia, los hechos que lo motivan, los fundamentos legales, así como la referencia a las actas y demás documentos que lo originen; II. En el mismo acuerdo, señalará día y hora para que tenga verificativo una audiencia en la que el notario será oído en defensa; y III. Se ordenará notificar al notario y a la autoridad correspondiente, entregándole copia del acuerdo, así como de los documentos que lo funden. Artículo 193. Las partes dentro del procedimiento serán oídas dentro de la audiencia a que se refiere este capítulo, en comparecencia personal o por escrito, en la que podrán ofrecer los medios de convicción que a su derecho convenga y formular alegatos por escrito. Artículo 194. En cuanto a la admisión, desahogo de las pruebas, son aplicables las disposiciones previstas en el capítulo anterior. Artículo 195. Una vez desahogadas las pruebas admitidas o en caso de no haber comparecido el Notario a la audiencia establecida en este capítulo, el Titular del Ejecutivo dictará la resolución definitiva correspondiente. Artículo 196. Si en la resolución que se pronuncie se impone como sanción la suspensión o revocación del nombramiento del notario, se procederá en los términos de los artículos 189, 190 y 191 de la presente ley.

TÍTULO CUARTO ARCHIVO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

CAPÍTULO ÚNICO

De la Dirección de Archivo de Instrumentos Públicos Artículo 197. Corresponde a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, el despacho de todos los asuntos relacionados con la función notarial en los términos de esta Ley, así como la conservación de los archivos de los notarios y de los instrumentos públicos. Artículo 198. Para los efectos de esta Ley, la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, tendrá a su cargo: I. La custodia de los libros de protocolo, de certificaciones, sus apéndices y soportes ordinarios o electrónicos de los notarios que hubiesen terminado su función en aquellos casos que esta ley prevé‚ así como de los notarios que estuvieren impedidos para actuar por licencia, incapacidad o sanción; II. La custodia de los duplicados de los instrumentos que los notarios le entreguen; III. Integrar el expediente de cada notario de la entidad, con la documentación propia de la función; IV. La custodia de los duplicados de los instrumentos públicos que los Notarios estén obligados a remitir, demás documentos, expedientes y libros que sean entregados a la Dirección; V. Llevar el registro de testamentos públicos y en su caso dar los informes que correspondan al Registro Nacional de disposiciones de última voluntad;

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VI. La custodia de los Archivos de Escribanos Públicos, de Tierras y Aguas y libros de Gobierno de la Audiencia de Guadalajara; y VII. Los demás que establezca la Ley. Artículo 199. El Director del Archivo de Instrumentos Públicos usará un sello de forma circular de cuatro centímetros de diámetro que llevará al centro el Escudo Nacional y alrededor la siguiente leyenda: “Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco”. Artículo 200. Compete al Director del Archivo de Instrumentos Públicos, en los términos de esta Ley: I. Autorizar y visar los libros de protocolo y registro de certificaciones y levantar las actas de su entrega; II. Recibir y ordenar los avisos y duplicados de los instrumentos que los notarios deben dar en el ejercicio de sus funciones; III. Levantar las actas, en los casos de depósitos de sellos, expedición de nuevos por pérdida, deterioro o destrucción de los anteriores; IV. Concluir los trámites de los instrumentos autorizados, dar los avisos y hacer las cancelaciones que procedan en los instrumentos asentados en los libros a que se refiere el artículo siguiente; V. Autorizar y expedir los testimonios y copias certificadas que soliciten los interesados, de instrumentos asentados en los libros de protocolo y de registro de certificaciones, que se encuentren en custodia del archivo por los motivos expresados en esta Ley; VI. Dar respuesta, previo acuerdo con el Secretario General de Gobierno o de la dependencia correspondiente, las consultas que le formulen el Consejo de Notarios y éstos en lo personal en relación con el ejercicio de la función notarial; VII. Responsabilizarse de la custodia y conservación del archivo notarial; VIII. Coadyuvar con las autoridades ministeriales proporcionando la información correspondiente, para la integración de las averiguaciones previas, que (sic) con motivo de los probables ilícitos; IX. Celebrar a través del Secretario General de Gobierno, convenios para acrecentar, conservar y difundir el acervo histórico documental que obra en el archivo; X. Rendir información a las autoridades judiciales y al Registro Nacional de Testamentarías, de los avisos de testamentos; y XI. Cumplir con las disposiciones establecidas en esta Ley y en otras que resulten aplicables. Las facultades a que se refieren las fracciones I, III, IV y V podrán ser ejercidas además, por quien legalmente esté facultado para ello dentro de la misma dependencia, por acuerdo de la Secretaría General de Gobierno. Artículo 201. El Director del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado sea que tenga a su disposición el protocolo y los documentos notariales, o los conserve en su oficina, hará en ellos las anotaciones que correspondan y expedirá los testimonios respectivos, de conformidad con lo que establece el presente Capítulo. Artículo 202. Cuando no existan las páginas o folios del protocolo relativas a algún instrumento o estén ilegibles, ni se encuentren los testimonios que se hubiesen expedido del mismo, harán legalmente las veces de éstos las copias certificadas que el Director del Archivo de Instrumentos Públicos extienda de los duplicados a que se refiere esta ley.

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TÍTULO QUINTO

COLEGIO DE NOTARIOS

CAPÍTULO I Del Colegio y Consejo de Notarios

Artículo 203. El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objetivo auxiliar al titular del Poder Ejecutivo en la observancia del cumplimiento de esta ley, los Reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen a través de su Consejo, así como de ser el órgano de representación legal y actuar en defensa de los legítimos intereses de los Notarios del Estado, subordinados a los de la sociedad, a efecto de garantizarle la prestación de un servicio notarial competente, eficaz, digno y responsable. Se conforma por todos los notarios del Estado y tendrá su domicilio en la capital del Estado, sin perjuicio de establecer delegaciones en otros lugares, cuando así lo determine el propio Colegio. Artículo 204. Quien haya obtenido el Fíat o nombramiento de Notario, para ejercer en el Estado, por ese sólo hecho, se integrará al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, dentro de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de su nombramiento. Los notarios cuyos nombramientos se hubiesen expedido de acuerdo con leyes anteriores, por ese solo hecho, quedan incorporados al Colegio. Artículo 205. El patrimonio del Colegio se integrará: I. Con las cuotas ordinarias o extraordinarias y otras aportaciones que establezca la Asamblea General; II. Con los rendimientos derivados de las actividades económicas conexas; III. Con las donaciones, y legados que se efectúen a su favor; y IV. Por ingresos obtenidos por cualquier otro acto lícito que sea compatible con sus funciones. Artículo 206. Los integrantes del Colegio tendrán los siguientes derechos y obligaciones: I. Derechos: a) Participar con voz y voto en las Asambleas; b) Ser votado para desempeñar el cargo de Consejero, salvo los que hayan obtenido licencia del Ejecutivo para suspender su ejercicio; c) Obtener los informes sobre la Administración del Colegio; d) Utilizar conforme a la normatividad establecida, los bienes y servicios del Colegio; e) Participar en los eventos, cursos de actualización y postgrados organizados por el Consejo de Notarios; f) Llevar el distintivo del Colegio; g) Recibir las distinciones acordadas por el Consejo; y h) Recibir los beneficios de la mutualidad notarial; y II. Obligaciones:

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a) Cumplir con las normas legales y observar una conducta digna en el ejercicio de la profesión; b) Observar las disposiciones contenidas en la Ley del Notariado, reglamentos y resoluciones del Consejo de Notarios; c) Participar en las comisiones que le fueren conferidas por la asamblea y el Consejo; d) Participar en los exámenes de aspirante o de oposición, debiendo actuar con objetividad, teniendo en cuenta el criterio de capacidad profesional; e) Guardar el secreto profesional de los asuntos que les sean encargados, así como la confidencialidad sobre los debates vertidos en las juntas de los Órganos Directivos; f) Pagar las cuotas ordinarias que acuerde la asamblea y que serán fijadas por cada folio que soliciten los notarios, así como las extraordinarias cuando se requieran; y g) Las demás que se contengan en esta u otras leyes. Artículo 207. La dirección, administración y representación del Colegio de Notarios del Estado, estará a cargo de un Consejo de Notarios, el que se integrará con veinte consejeros propietarios y mantendrá la estructura orgánica siguiente: I. Presidente; II. Vicepresidente Ejecutivo; III. Cinco Vicepresidencias Regionales; IV. Secretario; V. Tesorero; VI. Primer Vocal, que será Pro-secretario; VII. Segundo Vocal, que será Pro-tesorero; y VIII. Nueve Vocales. En caso de ocurrir alguna ausencia de algún Consejero, ésta será cubierta en el orden establecido de manera jerárquica. La primera Vicepresidencia Regional representará las regiones 01, 02 y 04. La segunda Vicepresidencia Regional representará las regiones 03, 05 y 09. La tercera Vicepresidencia Regional representará a las regiones 07y 08. La cuarta Vicepresidencia Regional representará las regiones 06 y 10. La quinta Vicepresidencia Regional representará a las regiones 11 y 12. Los Vicepresidentes Regionales deberán ser notarios públicos adscritos a cualquiera de los municipios que integren las regiones que representan, sin cuyo requisito no podrán ser electos para ese cargo. Los miembros del Consejo durarán en funciones 3 años y no podrán ser reelectos para el mismo cargo.

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El desempeño del cargo de Consejero será honorífico y sin remuneración alguna y no será renunciable sin causa justificada. La cesación en el ejercicio del notariado producirá automáticamente la del cargo. Artículo 208. El Consejo será electo en Asamblea General que se verificará el primer sábado del mes de diciembre de cada tres años, mediante voto universal, personal, directo, secreto, libre y por escrito en el lugar y hora señalados por el Consejo en funciones. Los notarios que participen en el proceso electoral como candidatos para integrar el Consejo de Notarios, deberán sustentar su elegibilidad en programas de trabajo y propuestas constructivas en beneficio del Colegio de Notarios, sin que por ningún motivo puedan denostar de palabra u obra, directa o indirectamente a los demás contendientes. Las denuncias presentadas en este sentido, serán de la competencia de la Comisión de Honor y Justicia, la que una vez seguida la indagatoria correspondiente con audiencia de los denunciados, podrá negar el registro como candidatos a quienes hubieren actuado en contravención a lo dispuesto por el párrafo anterior. La plantilla que obtenga la mayoría de sufragios coordinará con el Consejo saliente, la entrega-recepción del patrimonio del Colegio y tomará posesión en sesión solemne en la fecha que señale durante el mes de enero siguiente al de la elección. Artículo 209. La Asamblea de Notarios constituye el órgano supremo del Colegio de Notarios, la que tratándose de primera convocatoria funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría simple de sus integrantes, mientras que en segunda convocatoria, la que podrá celebrarse en la misma fecha cuando menos media hora posterior a la señalada para la primera, salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 210 de esta ley, serán válidos sus acuerdos, cualquiera que sea el número de asistentes. En ambos casos las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes; y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Artículo 210. La asamblea se reunirá cuando menos una vez al año, el primer sábado de diciembre, en donde invariablemente se conocerá de los informes del tesorero y del presidente y cada tres años del proceso electoral a que se refiere el artículo 208 de esta Ley. En este último caso de no reunirse el quórum legal en primera convocatoria, se celebrará la asamblea el segundo sábado del mes de diciembre, con quienes concurran. En las asambleas fungirán como Presidente y Secretario quienes lo sean del Consejo. La convocatoria para las asambleas la hará el Presidente al cumplimentar el acuerdo del Consejo, o bien, cuando se lo soliciten un tercio de los miembros del Colegio. La convocatoria en donde se contenga el orden del día se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado de Jalisco, con una anticipación no menor a quince días naturales previos al día de su celebración, sin perjuicio de su envío, que se haga para el conocimiento de los Notarios, por medios electrónicos o fax en las direcciones que tengan registradas los miembros del Colegio. La falta de envío no afecta la legalidad de la convocatoria. Artículo 211. Las diferencias que se susciten entre los integrantes del Colegio de Notarios, deberán someterse a los procedimientos de mediación y arbitraje a que se refieren las fracciones II y III del artículo 219 de esta Ley. Artículo 212. Son atribuciones del Consejo de Notarios: I. Auxiliar al Poder Ejecutivo del Estado en la vigilancia y cumplimiento de esta ley y demás disposiciones relativas, promoviendo ante él las reformas a la legislación notarial y la que se vincule con esta;

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II. Fungir como órgano de representación y defensa de los legítimos intereses de los notarios del estado subordinados a los de la sociedad; III. Coadyuvar en la práctica de visitas a las notarías de la entidad; IV. Promover la cultura jurídica en general y en particular la de sus asociados, procurando la superación profesional del gremio, y su actualización; V. Tomar las medidas para que la función notarial se preste bajo el criterio de eficiencia y observando los valores éticos; VI. Resolver las consultas que le hicieren las autoridades y los notarios, así como las diferencias que surjan entre éstos y los particulares respecto de las funciones que competan a este Colegio; VII. Celebrar en representación de los Notarios del Estado, convenios de vigencia general para la prestación de servicios a los organismos de promoción de la vivienda y regularización de la tenencia de la tierra, así como el otorgamiento de disposiciones testamentarias; VIII. Implementar los mecanismos necesarios para la prestación del servicio social notarial; IX. Organizar, establecer y reglamentar para el mejor desempeño de la función notarial los órganos académicos y de investigación que estime convenientes, así como celebrar convenios con instituciones de educación superior para apoyar la actualización e investigación en materia notarial. Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el Consejo de Notarios deberá organizar cursos periódicos de actualización, procurando incluir en ellos temas novedosos que sean impartidos preferentemente por profesores universitarios, los cuales tendrán una duración mínima de veinte horas anuales, siendo obligatorios para todos los Notarios; X. Expedir por conducto del Presidente y Secretario del Consejo, credenciales que acrediten a los integrantes del Colegio como Notarios en el Estado; XI. Emitir su opinión sobre las quejas administrativas por presuntas infracciones a esta Ley; XII. Participar en los exámenes de aspirante y de oposición a que se refiere la presente Ley; XIII. Convocar a asambleas de asociados; XIV. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros; XV. Elaborar sus estatutos y reglamento interno; y XVI. Representar al Colegio como su apoderado general judicial y para actos de administración, así como para suscribir títulos de crédito y abrir cuentas de cheques y girar a cargo de las mismas, para lo cual gozará de las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a los tres primeros párrafos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco y 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como conferir poderes y revocar los que hubiesen otorgado. Las facultades para actos de dominio se reservan en forma exclusiva al Colegio de Notarios constituido en asamblea. La facultad de abrir cuentas de cheques y girar contra las mismas, se entiende también reservada al Presidente, Tesorero y Protesorero del Consejo, a quienes se les deberá facultar para ejercerlo conjunta o separadamente. Artículo 213. Son facultades del Presidente del Consejo de Notarios, o de quien haga sus veces:

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I. Convocar a las Asambleas del Colegio y a juntas del Consejo; II. Presidir las sesiones tanto del Colegio como del Consejo; III. Ejecutar las resoluciones del Colegio y del Consejo, para lo cual tendrá la firma social; IV. Promover el cumplimento de los acuerdos de la Asamblea y del Consejo de Notarios; V. Autorizar en unión del Secretario del Consejo, las actas de asamblea del Colegio y de las juntas de Consejo; VI. Vigilar la recaudación y aplicación de los fondos que constituyan el patrimonio del Colegio; VII. Autorizar los folios que se decrete su reposición y los del patrimonio inmueble federal; VIII. Rendir informe de las actividades del ejercicio; y IX. Las demás que le confieran la Asamblea de Notarios y el Reglamento Interno del Consejo. Artículo 214. El Vicepresidente Ejecutivo del Consejo tendrá las atribuciones siguientes: I. Sustituir al presidente en los casos de excusa o en sus faltas temporales o definitivas; II. Autorizar los libros del protocolo del Presidente; III. Cumplir con las comisiones que le encomiende el Presidente del Consejo; IV. Coordinar las comisiones permanentes a que se refiere el artículo 217 de esta Ley; y V. Las demás que le confieran los estatutos del Colegio y el Reglamento Interior del Consejo. Los Vicepresidentes Regionales deberán celebrar cuando menos una vez al mes reuniones que tengan por objeto el análisis de los problemas comunes y recomendaciones para sus resoluciones y tendrán la representación del Consejo cuando el Presidente les delegue esta facultad. Artículo 215. Corresponderá al Secretario del Consejo o a quien haga sus veces: I. Dar cuenta al Presidente de los asuntos y comunicar los acuerdos; II. Suscribir con el Presidente, las convocatorias para la celebración de asambleas del Colegio o juntas del Consejo; III. Redactar las actas de sesiones del Colegio y del Consejo; IV. Llevar la correspondencia, libros de registro, archivo y cuidar la biblioteca del Colegio; V. Expedir las constancias que en el ejercicio de sus funciones atañen al Consejo de Notarios, y copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; y VI. Las demás que le confieran los estatutos y el reglamento Interior del Consejo. Artículo 216. Son deberes del Tesorero o de quien haga sus veces: I. Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias y las de la mutualidad a cargo de los miembros del Colegio;

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II. Efectuar pagos, previo acuerdo del Presidente del Consejo, o de quien legalmente hiciere sus veces; III. Llevar la contabilidad del Colegio; IV. Rendir cuentas al término de cada ejercicio; y V. Las demás que le confieran los estatutos y el Reglamento Interior del Consejo. Artículo 217. En auxilio del Consejo, se designarán por el mismo, comisiones asesoras permanentes, que fungirán específicamente en diversas áreas de trabajo y podrán concurrir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo. Las comisiones se integrarán por tres a nueve notarios en ejercicio, salvo cuando para la atención de alguna cuestión específica se considere necesario hacer la encomienda a una sola persona. El Reglamento Interior del Consejo establecerá las funciones de las comisiones.

CAPÍTULO II De la Comisión de Honor y Justicia

Artículo 218. La Comisión de Honor y Justicia se integrará por el Presidente y Secretario en funciones del Consejo y por los ex Presidentes del Colegio de Notarios y tendrá el carácter de permanente. Artículo 219. Son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia: I. Determinar las normas de conducta a las que deben sujetar su actuación los notarios, a través de su Código de Etica Notarial; II. Desempeñar la función de mediación, conciliación y en su caso arbitraje, en los conflictos que surjan entre los notarios por la violación a las normas de la ética notarial, cuando el interesado o afectado lo solicite y la otra parte en conflicto lo admita voluntariamente, de acuerdo a la observancia del reglamento que al efecto se establezca y con sujeción a la ley de la materia; III. Conocer de las denuncias que se formulen por los notarios cuando consideren que en el ejercicio de la función notarial se infringen las normas previstas por ésta u otras leyes que regulen esta última, determinando si procede, la instauración del procedimiento arbitral en los términos de este capítulo o por su gravedad se requiera hacerlo del conocimiento del Ejecutivo del Estado para el inicio del procedimiento de responsabilidad respectivo; IV. Opinar en los asuntos que por su trascendencia les sean sometidos a su consideración por el Consejo o por el Colegio de Notarios; y V. Las demás que deriven de la propia ley o del Consejo de Notarios.

CAPÍTULO III De la Mutualidad del Colegio de Notarios de Jalisco

Artículo 220. El régimen de prestaciones sociales de los notarios del Estado de Jalisco, estará a cargo de una mutualidad, que funcionará bajo la dirección del Consejo de Notarios. Artículo 221. El órgano de gobierno de la mutualidad estará a cargo de una Comisión que será presidida por el Presidente del Consejo de Notarios o el Notario en quien delegue esta función y se integrará además por un Vicepresidente Regional y cinco Notarios designados por el propio Consejo.

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Artículo 222. La Comisión de Mutualidad se integrará cada tres años en la primera sesión que celebre el Consejo de Notarios posterior a su elección, permaneciendo en su cargo los designados hasta en tanto son sustituidos o ratificados. Artículo 223. La Mutualidad del Colegio de Notarios tiene como finalidad crear un sistema de prestaciones en beneficio de los Notarios del Estado de Jalisco, sus beneficiarios o causahabientes, en los términos del Reglamento que al efecto se expida. El órgano de gobierno de la Mutualidad presentará al Colegio de Notarios un programa integral de prestaciones o su actualización, en su caso, dentro de los sesenta días siguientes, al en que tomen posesión de su cargo. Artículo 224. El patrimonio de la Mutualidad se formará con los siguientes recursos económicos: I. Con las aportaciones ordinarias periódicas y las extraordinarias fijadas en forma general por la asamblea y que efectúen los Notarios del Estado de Jalisco; II. Con los donativos efectuados en su favor, tanto por los Notarios del Estado como por terceras personas; III. Con los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Colegio y que destine a formar parte de su patrimonio; IV. Con los rendimientos de las inversiones y de los bienes que formen parte de su patrimonio; V. Con los ingresos que se obtengan por las actividades de proveeduría de bienes y servicios que efectúe la Mutualidad a favor de los Notarios; VI. Con los recursos económicos que les transfiera el Colegio de Notarios; y VII. Con los demás bienes y recursos que les sean transmitidos. Artículo 225. Las prestaciones que se concedan a favor de los Notarios del Estado deberán ser las suficientes de acuerdo con la capacidad económica de la Mutualidad y de tal manera que subsista el patrimonio para que el beneficio se mantenga igual para todos los derechohabientes.

CAPÍTULO IV

De la Academia Jalisciense de Derecho Notarial Artículo 226. La actividad de investigación en el campo del derecho notarial, estará a cargo de un órgano técnico que se denomina “Academia Jalisciense de Derecho Notarial”. Artículo 227. La Academia Jalisciense de Derecho Notarial se integrará por aquellos Notarios del Estado que hubieren sido admitidos previo el cumplimiento de los requisitos fijados por los estatutos aprobados por el Consejo de Notarios del Estado. Artículo 228. La Academia Jalisciense de Derecho Notarial tendrá como objetivos: I. Constituir el órgano técnico permanente de investigación, consulta y opinión jurídica del Consejo de Notarios del Estado; II. Promover y difundir los valores de la actividad notarial; III. Realizar y promover los proyectos tendientes a la superación académica y deontológico de los Notarios; IV. Emitir opinión al Consejo, respecto a las consultas escritas que les sean turnadas por éste;

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V. Participar en los diversos actos de índole académico; VI. Colaborar con trabajos académicos y de investigación jurídica para su publicación; VII. Promover la enseñanza del derecho notarial; y VIII. Patrocinar y organizar conferencias, cursos, jornadas o seminarios de derecho o técnica notarial y de temas afines. Artículo 229. La Academia en cuanto a su régimen interior, se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos aprobados por el Consejo de Notarios.

TRANSITORIOS PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. SEGUNDO. Se abroga la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, contenida en decreto número 14397 y publicada el día 7 de diciembre de 1991 en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” con sus reformas y adiciones, con la excepción de lo establecido en el artículo 135 de este ordenamiento, y se derogan todas las disposiciones que se oponga a la presente ley. TERCERO. Los convenios de asistencia recíproca celebrados con antelación a la vigencia de la presente ley y que hubieren sido autorizados por la Secretaría General de Gobierno y publicados en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, quedarán sin efecto, concediéndose noventa días naturales para dar por concluidas las actuaciones notariales pendientes, debiendo surtir sus efectos a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. CUARTO. Los convenios de asociación notarial celebrados con antelación a la vigencia de la presente Ley, y que hubieren sido autorizados por la Secretaría General de Gobierno y publicados en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, continuarán surtiendo todos sus efectos legales. QUINTO. Lo dispuesto por la Sección Segunda del Capítulo II, del Título Segundo de esta Ley, entrará en vigor el día primero de julio del año 2007. SEXTO. Los procedimientos administrativos instaurados por quejas presentadas en contra de Notarios hasta antes de la vigencia de la presente Ley, les serán aplicables las disposiciones relativas de la ley del notariado que se abroga. Las quejas administrativas que se presenten a partir de la vigencia de la presente Ley, les serán aplicables las disposiciones contenidas en este ordenamiento, independientemente de la fecha en que se atribuya la comisión de la falta. SÉPTIMO. Los integrantes del Consejo de Notarios electos bajo la vigencia de la Ley del Notariado que se abroga, tendrán el impedimento a que se refiere el artículo 207 penúltimo párrafo de esta Ley. Los integrantes del Consejo de Notarios en funciones durarán en su encargo, hasta en tanto no tome posesión el nuevo Consejo electo. OCTAVO. Al entrar en vigor el presente decreto, el Vicepresidente del Consejo de Notarios y los Consejeros representantes de las Regiones Notariales del Estado, asumirán en forma simultánea los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidentes Regionales a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 207 de esta Ley. NOVENO. Los Notarios adscritos a alguno de los municipios de los señalados en la fracción I del artículo 29 de esta Ley, que tengan su oficina notarial en un municipio distinto al de su adscripción con antelación a la vigencia de la presente Ley, ya sea por disposición legal o por acuerdo del Titular del Ejecutivo, podrán mantener su oficina en ese municipio.

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DÉCIMO. Los actuales notarios suplentes continuarán fungiendo como tales, conservando los derechos y facultades que les confiere la Ley que se abroga, y pasarán a ser titulares hasta que se declare vacante la notaría de su adscripción. DÉCIMO PRIMERO. Los notarios suplentes tendrán el derecho que les otorgaban los artículos cuarto y noveno transitorio del decreto 19471, si optan por ejercer dicho derecho dentro de los treinta días naturales a la vigencia de la presente Ley. DÉCIMO SEGUNDO. Los exámenes de patente de aspirante al ejercicio notarial que hubieren sido autorizados por el Ejecutivo, así como los procedimientos en donde se hubiese decretado la vacancia de una notaría con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su conclusión conforme a la legislación que se abroga. DÉCIMO TERCERO. Para los efectos del régimen interno de funciones, estructura y disposiciones presupuestarias, del Colegio de Notarios, la Mutualidad y de la Academia, se estará a lo dispuesto por los estatutos o Reglamento Interior que para este efecto se autoricen en asamblea ordinaria por el Colegio de Notarios. El Consejo de Notarios deberá expedir sus estatutos o Reglamento interior dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. DÉCIMO CUARTO. Hasta en tanto se instale Consejo de la Judicatura, la obligación contenida en el artículo 45, se tendrá por cumplida notificando al Consejo General del Poder Judicial.

Salón de Sesiones del Congreso del Estado Guadalajara, Jalisco, 12 de septiembre de 2006

Diputado Presidente

Salvador Cosío Gaona

Diputada Secretaria Celia Fausto Lizaola

Diputado Secretario

Jesús Elías Navarro Ortega

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento. Emitido en Palacio de Gobierno, sede del poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 14 catorce días del mes de septiembre de 2006 dos mil seis.

El Gobernador Constitucional del Estado Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña

(rúbrica)

El Secretario General de Gobierno Mtro. Gerardo Octavio Solis Gómez

(rúbrica)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 21432

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º. de enero del 2007, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. SEGUNDO.- Las autoridades obligadas deberán emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

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TERCERO.- Las reformas contenidas en el artículo tercero del presente decreto relativas a la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 21595

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, salvo lo establecido en los artículos siguientes. SEGUNDO.- Los párrafos primero y segundo del numeral 87 del artículo primero del presente decreto entrarán en vigor el día 22 de enero del año 2007. TERCERO.- Hasta en tanto entran en vigor los párrafos primero y segundo del artículo 87 que se reforma, para constituir, transmitir o gravar derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado, se estará a lo siguiente: I. Las escrituras se realizarán insertando certificado de libertad o gravamen, que ya se hubiere expedido o que se expidan antes del 22 de enero del año 2007, o en su caso; II. Se realizarán insertando el certificado de libertad o gravamen con cautelar inserto que se hubiere expedido en términos del artículo 87 que se reforma; y III. En caso de escrituras sucesivas que se refieren al mismo inmueble, y que se encuentren en trámite de registro, se podrá realizar insertando un sólo certificado de libertad de gravamen o bien el certificado de libertad o gravamen con cautelar inserto, siempre y cuando se encuentren vigentes éstos, de lo que deberá cerciorarse el notario bajo su responsabilidad. El Titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, mediante acuerdo administrativo, podrá establecer, en su caso, las bases para la debida aplicación y cumplimiento del presente artículo.

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

DECRETO 21432/LVII/06.- Se expide la Ley de Firma Electrónica Certificada para el Estado de Jalisco y sus Municipios y se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil, Ley del Registro Público de la Propiedad, Ley del Notariado, Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica del Poder Judicial y Código de Procedimientos Civiles, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco. Sep.14 de 2006. Sec. II. DECRETO 21595/LVII/06.-Se reforman, adicionan y derogan los artículos 18, 25, 30, 67, 84, 87, 88, 89, 90, 105, 106, 113, 115 y 208 de la Ley del Notariado y el artículo 99 de la Ley del Registro Público de la Propiedad, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.-Nov.16 de 2006. Sec. II. Fe de erratas al Decreto 21595.-Nov.28 de 2006. Fe de erratas al Decreto 21459.-Dic.23 de 2006. Sec. III. DECRETO 21843/LVIII/07.- Se reforman los artículos 45, 92, 115, 139 y 142 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco.-Mar.31 de 2007. Sec. V. DECRETO 22146/LVIII/08.- Se reforma el artículo 87 de la Ley del Notariado.-Mar. 6 de 2008. Sec. V. DECRETO 22187/LVIII/08.- Reforma el artículo 32 fracciones III y XII de la Ley del Notariado (regiones notariales).-Abr. 3 de 2008. Sec. III.

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LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO

APROBADA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. PUBLICADA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006. SECCIÓN II. VIGENCIA: 26 DE OCTUBRE DE 2006.