Le Monde Diplomatique

Julio 2014 Edición N°9 01

» Edición 09 Julio 2014L. 35.00 Mensual - 12 Páginas

»Edición Honduras-UNAH

Tímida brisade izquierda » Pág. 6 y 7

Ignacio Ramonet: Dos horas más con Fidel

Un alcalde “comunista”

Los Nuevos golpes de Estado “light”

Pags. 3, 4 y 5Por Maurice Lemoine

Págs. 10 y 11Por Gérard Mauger

Págs. 8 y 9Por Ibrahim Warde

Pags. 12Por Matthieu Bonduelle

Desde una ventana del segundo piso, adonde un puñado de guardaespaldas lograron a duras penas hacerlo ingresar, Correa intentó pronunciar un discurso: “Esta ley mejorará sus condiciones. Trabajamos para la policía, ¡recuerden todo lo que recibieron!”. Fue abucheado. Llegó a escuchar:

“¡Atrápenlo! ¡Mátenlo!”. Los disturbios lo aturdían. Se aflojó entonces la corbata y se abrió el cuello de la camisa en un gesto de desafío: “Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: ¡mátenlo si les da la gana! ¡Mátenlo si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos!”. ¿Temeridad? ¿Imprudencia? Por su espectacularidad, el episodio no pasaría inadvertido.

En el campo literario, la palabra “populismo” hace su aparición, en francés, en 1929: “disposición de la escritura”, en rebeldía contra la novela burguesa pero apolítica, en oposición a los escritores comunistas y a sus imágenes de Épinal proletarias, este movimiento literario se propone “describir simple-

mente la vida de la ‘gente sencilla’”. Dentro del universo de las ciencias sociales, movido por una intención política de rehabilitación de lo popular, este movimiento aplica el relativismo cultural al estudio de las culturas dominadas (Volkskunde ou Proletkult).

La publicación el 29 de mayo, en The Wall Street Journal, de una información según la cual la multa impuesta al BNP-Paribas podría ascender a 10.000 millones de dólares produjo un shock. Al banco se lo acusa de haber infrin-gido, entre 2002 y 2009 y a través de su filial suiza, los embargos impuestos

por Estados Unidos a Cuba, Irán y Sudán. El affaire ilustra de manera espectacular la evolución de la jurisprudencia y de las prácticas judiciarias en materia de finanzas internacionales. Desde hace varios meses, otros dos establecimientos franceses, la Société Générale y el Crédit Agricole, también están en una situación delicada con las autoridades estadounidenses.

E ntre los numerosos discursos respecto de la justicia y de aquellos que la administran, surgen dos representaciones. Por un lado, la imagen de un juez autómata, indiferente a los sentimientos humanos, estrictamente sometido al derecho; por el otro, la de un juez omnipotente, demiurgo que hace y

deshace los destinos a su antojo. Según la primera percepción, la neutralidad sería la virtud cardinal del juez, cuyo papel se limitaría a “aplicar la ley”. El derecho mismo sería una herramienta desconectada de los fines a los que sirve, independizada de sus condiciones de producción.

Populismo, itinerario de una palabra viajera

Repolitizar la cuestión judicial

Volvieron los reguladores a Estados Unidos

02 Julio 2014 Edición N°9

Editorial

Correo electrónico: [email protected]

¿Culpa de Obama?

Por Serge Halimi*

No fue previsor ese se-nador de Illinois que en octubre de 2002 estimaba que una invasión de Irak sólo “avivaría las llamas

en Medio Oriente, alentaría los peores impulsos en el mundo árabe y reforzaría el brazo reclutador de Al Qaeda”? ¿Fue más visionario el vicepresidente de Es-tados Unidos, que en ese entonces pro-metió que los ejércitos estadouniden-ses serían “recibidos como liberado-res”? Hoy sin embargo es el segundo, Richard Cheney, quien acusa al prime-ro, Barack Obama, de haber actuado en Irak como un traidor y además, de manera torpe. Y concluye con singular descaro: “Pocas veces un Presidente de Estados Unidos se habrá equivoca-do tanto a propósito de tantas cosas en detrimento de tanta gente” (1).

Por ahora, Obama excluye el envío de tropas estadounidenses contra las fuerzas yihadistas que controlan una parte de Irak. Pero aceptó despachar trescientos “asesores” militares al régi-men de Bagdad, al tiempo que hizo sa-ber que el primer ministro Nuri Al-Ma-liki debía ser reemplazado. Hace casi sesenta años, Estados Unidos ya había suministrado “asesores militares” a un régimen autocrático y corrupto: el viet-namita de Ngô Dihn Diêm. Un día, indig-nado por la ingratitud de su protegido, dejó (o hizo) que lo mataran. Lo que su-cedió después quizás explique la actual reticencia del pueblo estadounidense a seguir los pasos de los belicistas: la es-calada militar, el conflicto en toda Indo-china, varios millones de muertos.

Travestir la historia

El balance de la intervención de las potencias occidentales es también ca-tastrófico para los pueblos del mundo árabe. Mezquinas cuando podrían con-tribuir al desarrollo económico y social de Túnez o Egipto, renunciando por ejemplo a cobrar sus créditos, dejan de pensar en el gasto en cuanto necesitan destruir al enemigo del momento, invo-cando en su contra los grandes prin-cipios humanitarios. Los mismos que nunca aplican a sus protegidos regio-nales: ni a Israel, ni a Qatar, ni a Arabia Saudita (2).

El pasado 13 de junio, el presiden-te Obama atribuyó al país que Estados Unidos devastó la responsabilidad de la tragedia que vive: “Durante la última dé-cada, las tropas estadounidenses han

Staff

Sumario

Serge HALIMI, Presidente, Director de Publicación

Alain GRESH, Director Adjunto

Bruno LOMBARD Director Gestión

Anne-Cécile ROBERTResponsable de Ediciones Internacionales y Desarrollo

Entidad EditoraUniversidad Nacional Autónoma de Honduras

Julieta Castellanos RuízRectora

Armando SarmientoDirector Honduras

Diana Perdomo Cristina AlvaradoEditoras

Lisa Marie SheranDiseño y Diagramación

Allan McDonaldIlustraciones

Francia

Honduras

Redacción:1, Avenida Stephen Pichon 75013 PARIS CEDEXTeléfono: 33.1 53-94-96-01Fax: 33.1 53-94-96-26

Blv. Suyapa, Ciudad Universitaria, Edificio Administrativo tercer piso Dirección de Comunicación Interna (DIRCOM) F.M. Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: (504)2232-2110

Correo electrónico : [email protected]

Contenido

¿Culpa de Obama?

El imperio de la desigualdad

Tímida brisa de izquierda

Los nuevos golpes de Estado “light”

Pags. 2

Pags. 7

Pag. 6 y 7

Pags. 3, 4 y 5

Pags. 10 y 11

Pag. 8 y 9

Pags. 12

Populismo itinerario de una palabra viajera

Volvieron los reguladores a Estados Unidos


hecho sacrificios extraordinarios pa-ra dar a los iraquíes la oportunidad de construir su propio futuro”. Al travestir así la historia, alentó a los neoconser-vadores, para quienes cada retirada de Washington precipita la decadencia es-tadounidense, el caos universal.

La guerra de Irak estaba “ganada” antes de que el actual Presidente in-gresara a la Casa Blanca, repite ahora el senador republicano John McCain. Según él, cualquier crisis internacional se resuelve mediante el envío de mari-nes. Por lo que el pasado 15 de marzo reclamó el envío de tropas estadouni-denses a Ucrania. Y el 13 de mayo, una intervención militar en Nigeria. En 2002, Obama no quería “avivar las llamas en Medio Oriente”. ¿Sabrá mostrarse tan perspicaz en los meses venideros?

1. Richard y Liz Cheney, “The collap-sing Obama Doctrine”, The Wall Street Journal, Nueva York, 18-6-14.

2. Véase Serge Halimi, “Impunidad saudí”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2012. En Qatar, de-cenas de miles de obreros extranjeros trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud en las obras de la Copa Mun-dial de Fútbol de 2022.

*Director de Le Monde diplomatique. Traducción: Teresa Garufi


Los nuevos golpes de Estado “light”

Por Maurice Lemoine*

Miami, 23 de septiem-bre de 2010. En las ins-talaciones de l lu joso

Bankers Club y bajo el auspicio del Instituto Interamericano por la Libertad y la Democracia, el anticastrista radical Carlos Al-berto Montaner presentaba la conferencia “El derrumbe de los modelos del socialismo del siglo XXI”. Entre los asistentes se encontraban algunos exilia-dos ecuatorianos muy cono-cidos: Mario Ribadeneira, ex ministro del gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) –el apogeo del neoliberalismo en Quito–; Roberto Isaías, prófugo de la justicia tras haber provo-cado la quiebra fraudulenta de su banco, Filanbanco, el más grande del país; el ex coronel Mario Pazmino, director del ser-vicio de inteligencia del ejército, destituido en 2008 por el jefe de Estado Rafael Correa por sus lazos demasiado estrechos con la Central Intelligence Agency (CIA).

Orador del día, el ex coronel y luego presidente ecuatoria-no Lucio Gutiérrez, expulsado del poder por una rebelión po-pular el 20 de abril de 2005, de-nunciaba la visión milenarista y mística de los socialistas, su marxismo pulverizado, su po-pulismo peligroso. Predecía la llegada de una nueva era de felicidad y progreso. Siempre y cuando, por supuesto, se res-petaran algunas condiciones… “Para acabar con el socialismo del siglo XXI, ¡es necesario ter-minar con Correa!”. Fue dicho e incluso grabado. Al igual que la explosión de aplausos que fes-tejó la intervención.

Una semana más tarde, du-rante la noche del 29 al 30 de septiembre de 2010, en Quito, en uno de los veintiún salones

del Swisshotel, una reunión de miembros de la oposición se prolongaba hasta las tres de la mañana. A las siete, en el canal de televisión Ecuavisa, el pro-grama “Contacto directo” re-cibía a Galo Lara. Frente a las cámaras, este dirigente del par-tido Sociedad Patriótica (SP) mencionaba la “ley de servicio público” que acababa de apro-bar la Asamblea Nacional e in-volucraba a diversas categorías de funcionarios, entre ellos, los policías. Ponía fin a una serie de privilegios: bonificaciones, primas por la entrega de meda-llas y condecoraciones, regalos navideños, etc. A cambio, les otorgaba otras ventajas, como el pago de horas extras y el ac-ceso a programas de viviendas sociales. Sin embargo, las pala-bras de Lara sonaban como la-tigazos: “El presidente Correa les quitó sus juguetes a los hi-jos de los policías. ¡Por eso tie-ne miedo de que lo linchen! ¡Por eso prepara sus valijas para abandonar el país!”. Vaya sor-presa… Un artículo apocalípti-co del editorialista estrella Emi-lio Palacio aparecía también en el diario El Universo.

Cuando, a las ocho de la ma-ñana, Correa se enteró de que, para protestar contra la famosa ley, los policías llevaban a cabo una huelga de brazos caídos en el predio del Regimiento Quito, no dudó un segundo, recuer-da su entonces ministro del In-terior, Gustavo Jalkh: “Se trata de un malentendido, voy a ne-gociar directamente con ellos”. Tras abandonar el palacio pre-sidencial de Carondelet, ambos se dirigieron al lugar. La noticia de su presencia se propagó en-tre la multitud de ochocientos miembros de las fuerzas del or-den allí concentrados. “¡Vienen los comunistas!”; “¡Fuera los chavistas!”, en referencia, por supuesto, al presidente vene-zolano Hugo Chávez (fallecido en 2013).

El intento de golpe sufrido por Rafael Correa, en 2010, representa un nuevo tipo de desestabilización que se repite, con variaciones, en distintos países de América Latina. Como la violencia ya no es tolerada por la opinión pública

internacional, facciones conservadoras emplean nuevos y sutiles métodos que buscan fijar el rumbo de la política.

Venezuela, Haití, Bolivia, Honduras, Ecuador y Paraguay


Imprudencia presidencial

Mezclados entre los policías rasos, los cabecillas –anteojos negros, radio-transmisores, celulares– organizaban los disturbios. Entre ellos, el infaltable Fidel Araujo, vocero del ex presidente Gutié-rrez y dirigente de la SP, su partido.

Empujones, insultos, gases lacrimó-genos arrojados al jefe de Estado. Desde una ventana del segundo piso, adonde un puñado de guardaespaldas lograron a duras penas hacerlo ingresar, Correa intentó pronunciar un discurso: “Esta ley mejorará sus condiciones. Trabajamos para la policía, ¡recuerden todo lo que re-cibieron!” (1).

Fue abucheado. Llegó a escuchar: “¡Atrápenlo! ¡Mátenlo!”. Los disturbios lo aturdían. Se aflojó entonces la corbata y se abrió el cuello de la camisa en un ges-to de desafío: “Señores, si quieren ma-tar al presidente, aquí está: ¡mátenlo si les da la gana! ¡Mátenlo si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre co-bardemente escondidos!”. ¿Temeridad? ¿Imprudencia? Por su espectacularidad, el episodio no pasaría inadvertido.

Cuatrocientos soldados tomaron el control del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. También fueron sitiados: la base aérea de Latacunga; la Asamblea Na-cional (por la Guardia Legislativa, que se supone está para protegerla); el puerto y los aeropuertos de Guayaquil, la se-gunda ciudad del país. Allí, a partir de las 9:00 hs, misteriosamente informadas de que las fuerzas del orden habían aban-donado las calles, bandas de delincuen-tes rompieron vidrieras, saquearon ne-gocios y cajeros automáticos, aterrori-zaron a los ciudadanos.

Al igual que en Venezuela aquel 13 de abril de 2002, durante el secuestro de Chávez en el intento de golpe de Estado, decenas de miles de ciudadanos salie-ron a las calles en señal de apoyo a su líder. En cambio, una parte de la oposi-ción llamada democrática condiciona-ba su apoyo; otra, al igual que el jefe del grupo parlamentario Pachakutik –brazo político de la Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (CO-NAIE)–, Cléver Jiménez, invitaba a los movimientos indígena y sociales (¡que no la seguirían!) a conformar un “frente nacional” para exigir la partida del Pre-sidente.

Herido, asfixiado por los gases lacri-mógenos, Correa debió refugiarse en el Hospital de Policía contiguo al Regi-miento Quito. Asediado en el tercer piso, amenazado por los amotinados, perma-necería allí secuestrado más de diez ho-ras, hasta que, a las ocho de la noche, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del ejército y elementos leales del Gru-po de Intervención y Rescate (GIR) de la policía fueron finalmente a rescatarlo. En los radiotransmisores de los policías apostados fuera del establecimiento se captaban llamados: “¡Saquen a Correa y llévenselo antes de que lleguen los chus-pangos [militares]!”; “¡Mátenlo, maten al presidente!”. Correa salió finalmente en medio de un intenso tiroteo. Un soldado que lo protegía cayó, mortalmente heri-do; otro, que le prestó su chaleco anti-balas, tenía el pulmón perforado. Se en-contrarían cinco impactos de balas en el vehículo del jefe de Estado; diecisiete en los automóviles que lo escoltaron. Saldo de la jornada: diez muertos y alrededor de trescientos heridos.

Algo más que insubordinación

¿Error de un movimiento espontá-neo? Desde hacía varias semanas, una lluvia de correos electrónicos y panfle-tos había inundado el seno de la insti-tución policial. Todos, desvirtuando sus términos, denunciaban la famosa ley. En los hechos, algunas facciones acos-tumbradas a la impunidad habían visto con malos ojos la detención y condena de miembros de una unidad especia-lizada, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), responsables de torturas y des-apariciones. En cuanto a la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer los crí-menes de la represión en los años 80 (2), algunos habrían prescindido con gusto de ella. A lo que se suma la política so-cial del presidente Correa, su cercanía a los gobiernos progresistas de la región y la integración de Ecuador en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), el cierre de la base militar estadounidense de Man-ta: bajo el elegante barniz de la defensa de sus intereses, se manipuló a los poli-cías. Ese 30 S (30 de septiembre) no se trató de una simple insubordinación, si-no claramente de un intento de golpe de Estado.

“Normalmente, aconsejados por sus equipos de seguridad, los presidentes no se exponen y permanecen encerra-dos en Carondelet, donde se encuentran más bien atrapados”, observa Oscar Bo-lilla, miembro de la Comisión 30 S, en-cargada de establecer la verdad sobre el levantamiento. El ministro de Cultu-ra, Francisco Velasco, completa la idea: “Con los policías acantonados en los cuarteles, grupos de delincuentes gene-rando caos afuera y obligando a los ciu-dadanos a permanecer en sus casas, el escenario era perfecto para que, al cabo de algunos días de una rebelión cada vez más intensa, un grupo de militares, vin-culados a diputados de la oposición y a los sectores ligados a los intereses inter-nacionales, declarara un vacío de poder e interviniera, en nombre de la ‘goberna-bilidad’”. Se sabe aquí cómo los gene-rales se han comportado en el pasado, durante rebeliones –populares aquéllas y no violentas– contra los presidentes Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Gutiérrez (2005): cuando la agi-tación alcanzó su paroxismo, el ejército los soltó, y, para calmar los ánimos, dio su aval a su destitución.

Paradójicamente, con la temeridad que le reprocharon en reiteradas oportu-nidades, desplazándose al Regimiento Quito y dejando al descubierto la cons-piración, el jefe de Estado alteró el esce-nario previsto –darle una “salida consti-tucional a la crisis”– y salvó la “Revolu-ción Ciudadana”.

Durante los dos días siguientes, la oposición y los medios de comunicación locales no se privarían de dar una versión muy particular de los hechos: no hubo intento de golpe de Estado; no hubo se-cuestro; no hubo intención de asesinar al presidente; el único responsable de la si-tuación era… el propio Correa. En El Uni-verso, un editorial de Palacio reclamaría

incluso su comparecencia ante la Cor-te Penal Internacional (CPI) por “crimen de lesa humanidad”, ya que “ordenó al ejército disparar contra un hospital”. El artículo generaría una acción judicial por parte del presidente, una polémica so-bre la “libertad de expresión” y el exilio de Palacio.

En el exterior, la mayoría de los perio-distas retomarían todos estos argumen-tos, o, en el mejor de los casos, los difun-dirían sin cuestionarlos: “La oposición […] considera que la imprudencia y la arrogancia del presidente generaron los excesos”, escribió por ejemplo Le Mon-de el 12 de enero de 2011.

La cruzada contra el “populismo”

Pese a haber sido poco analizado (3), vale la pena detenerse en el episo-dio ecuatoriano: representa un ejemplo de las nuevas estrategias implementa-das para expulsar del poder a un jefe de Estado que incomoda. Desde luego, le-jos parecen estar los tiempos en que en América del Sur, con la ayuda de Was-hington, los militares se deshacían de gobiernos constitucionales surgidos de elecciones democráticas. Sin embargo, cuando una ola de dirigentes carismáti-cos, de izquierda o centroizquierda, lle-gó al poder a partir de 1999 movilizando a los desfavorecidos, golpes de Estado y otros intentos de desestabilización, abortados o concretados, tuvieron lugar en Venezuela (2002, 2003, 2014), Haití (2004), Bolivia (2008), Honduras (2009), Ecuador (2010) y Paraguay (2012). Pero las fuerzas conservadoras aprendieron que, para la opinión pública internacio-nal, los métodos sangrientos resultan contraproducentes y que, al menos en América Latina, un “golpe” clásico ya no tiene cabida. Entonces, las técnicas evo-lucionaron.

Utilizada durante la guerra, la acción psicológica también desempeña un pa-pel importante en tiempos de paz. A co-mienzos de los años 70, el diario chile-no El Mercurio preparó activamente el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende (4). Pe-ro existían entonces, particularmente en Europa, publicaciones progresistas ca-paces de desmontar esta propaganda y denunciarla. Salvo escasas excepcio-nes, esto ya no sucede. La adhesión ge-neral al neoliberalismo así como al orden impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, la aparición de internet (donde lo mejor se codea con lo peor) y la ge-neralización del “copiar-pegar” unifor-maron la información de los medios de comunicación llamados “occidentales”.

Siempre igual a sí mismo, en Chi-le El Mercurio sirvió de ejemplo a otros (5): Clarín y La Nación en Argentina; O Globo y Folha en Brasil; El Nacional, Tal Cual y El Universal en Venezuela; La Ho-ra, El Comercio y El Universo en Ecua-dor; La Tribuna, El Heraldo y La Pren-sa en Honduras; El Deber y La Razón en Bolivia; El Tiempo y Semana en Co-lombia. Sin olvidarse de CNN, The Wa-ll Street Journal, The Washington Post o Miami Herald en Estados Unidos, Financial Times en Reino Unido, El País, El Mundo y ABC en España, Le Monde, Libération y los medios públicos audio-visuales en Francia, por sólo citar a al-gunos.

Semejante paisaje autoriza la imple-mentación, sin que todos sus actores sean siquiera conscientes de participar en ellas, de sutiles “psy-ops” (operacio-

nes psicológicas), destinadas a manipu-lar o desestabilizar internamente a los gobiernos en cuestión, y dar una imagen negativa de éstos en el exterior. Se ubi-can entonces mucho más allá de la ne-cesaria crítica de las políticas llevadas a cabo. Continuamente repetido, el térmi-no “populismo” (6) permite, por ejemplo, relegar a un segundo plano la reducción de la pobreza, la redistribución de la ri-queza y los avances sociales a veces muy importantes de los países en cues-tión, transformando sus decisiones so-beranas en “políticas irresponsables in-compatibles con la democracia”.

En Venezuela, a comienzos de los años 2000, ante la perspectiva del inten-to de golpe de Estado contra Chávez, la opinión pública sufrió el bombardeo de títulos escandalosos de El Nacional y, entre otros, de El Universal –“Talibanes en la Asamblea Nacional”, “Octubre ne-gro”, “Terroristas en el gobierno”– y lla-mados a derrocar al presidente: una eta-pa comparable a la preparación de arti-llería que precede al asalto en una cam-paña militar.

Primer elemento del acondiciona-miento destinado a la prensa y las diplo-macias extranjeras: la “sociedad civil” manifestaba su descontento. ¡Expresión mágica! El anuncio de una movilización de la “oposición de derecha” reviste un sentido que el lector promedio puede descifrar perfectamente; la presenta-ción de una “sociedad civil” por defini-ción simpática reviste otro sentido, aun cuando ésta –pero ¿para qué precisar-lo?– sólo representa, a la salida de las ur-nas, a una minoría.

En el marco de la crisis que estalló en febrero de 2014, se reemplazaría el tér-mino “sociedad civil” por el de “estu-diantes”, más presentable que “extrema derecha en acción”. Cabe recordar que, en Chile, bajo el gobierno de Allende, dos movimientos desempeñaron un pa-pel clave durante la preparación del gol-pe: el poder femenino, con sus marchas “de las cacerolas vacías” –justificadas por las penurias en gran parte orquesta-das–, y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC)…

Hacer que corra sangre

Para reforzar la imagen de una multi-tud pacífica enfrentando a una dictadu-ra, conviene poder mostrar a víctimas inocentes. El 11 de abril de 2002, siem-pre en Venezuela, mientras la famosa “sociedad civil” se manifestaba, un gru-po de francotiradores mataron a varios de sus miembros (así como a partida-rios del presidente). Se había encontra-do la excusa para que un grupo de mi-litares detuviera a Chávez, acusado de haber enviado a sus “milicias”, sus “ca-misas pardas”, a reprimir a la oposición. Doce años más tarde, los colectivos (de todo tipo: sociales, culturales, educati-vos, deportivos, etc.), sistemáticamente calificados con el adjetivo de “paramili-tares”, sufren la misma campaña de de-monización.

Los famosos francotiradores, ofre-ciendo la ventaja de no poder ser iden-tificados, también fueron utilizados, in-directamente esta vez, para provocar el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay. Mientras que, desde que asu-mió el poder, sus opositores mencio-naban regularmente, bajo los pretextos más diversos, la “destitución” del presi-dente, un conflicto campesino brindó la

Las fuerzas conservadoras aprendieron que, al menos

en América Latina, un “golpe” clásico ya no tiene

cabida.


ocasión de poner en marcha la operación. Ésta se desarrolló el 15 de junio de 2012, en un lugar llamado Marina Kue, cuando una intervención policial contra una ocupación de tierras arrojó el saldo, al término de un tiro-teo, de diecisiete muertos: on-ce campesinos y seis policías. La responsabilidad del drama se atribuyó a los “sin tierra”, que habrían tendido una embosca-da a las fuerzas del orden.

Sin embargo, el dirigente campesino Vidal Vega (entre otros testigos), que llevó a ca-bo una investigación paralela, afirmó que “infiltrados” habrían desatado el tiroteo disparando a la vez contra sus compañeros y los policías. Al término de un juicio político exprés, hábilmen-te impulsado por el Congreso, el episodio permitió destituir a Lugo, acusado de haber fomen-tado, con su política, la violen-cia contra los dueños de las tie-rras. Y Vega fue asesinado por dos sicarios encapuchados (7).

El 28 de junio de 2009, fue Honduras, miembro del ALBA, el que sirvió de laboratorio pa-ra este tipo de “golpe de Es-tado constitucional” –los más fáciles de conseguir que sean aceptados, ya que los golpis-tas pueden utilizar la expresión “renuncia forzada” (y hacer que la prensa internacional, no muy cuidadosa con el vocabu-lario, se refiera al “presidente depuesto”)–. Los parlamenta-rios destituyeron a Manuel Ze-laya con un pretexto falaz: su supuesta intención de hacerse reelegir violando la Constitu-ción, cuando en realidad había querido organizar una consulta, sin carácter vinculante, sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (8). Pe-ro el interés de la técnica utiliza-da reside sin embargo en lo que siguió.

El 28 de junio un comando militar detuvo a Zelaya, lo hizo subir a un avión con destino a Costa Rica y reprimió violenta-mente a sus partidarios que sa-lieron a las calles. Sin embargo, el ejecutor del trabajo sucio, el general Romeo Vásquez, entre-gó inmediatamente el poder al presidente del Congreso, Ro-berto Micheletti. La maniobra fue perfecta: “sometidos al po-der civil”, los militares permi-tieron una “sucesión presiden-cial”. Pronto, el régimen golpis-ta de Micheletti sería rebauti-zado “gobierno de transición”. En 2002, en Venezuela, una vez que cometieron el delito, los ge-nerales y almirantes traidores habían procedido del mismo modo entregando las llaves del palacio presidencial al patrón de los patrones Pedro Carmo-na.

En resumen, mientras que en el pasado los militares, tras haber actuado en favor de tal o cual facción, permanecían en el poder, actualmente regresan a sus cuarteles. Civil, la dictadu-ra se vuelve transparente, y na-die puede denunciar a un nuevo

Augusto Pinochet. Bastará con organizar, unos meses más tar-de, elecciones “controladas”, suspendiendo la breve margi-nación del país por parte de la comunidad latinoamericana (o internacional), y listo (9).

A comienzos del siglo XXI, Washington todavía concibe la democracia como una mera he-rramienta que permite el buen funcionamiento del mercado. La “nueva izquierda” latinoa-mericana escapa a su tradicio-nal hegemonía poniendo fin a la gran novela de la globalización feliz: nacionalizando sus recur-sos naturales, afirmando su in-dependencia. ¿Qué hacer? Ba-jo el gobierno de Richard Nixon y Ronald Reagan, armados con su biblia –la “doctrina de se-guridad nacional”–, las cosas eran claras: para mantener el control, se trataba de librar una guerra total, generalizada, ab-soluta. Con George W. Bush, lo siguen siendo: Estados Unidos está directamente implicado en el intento de golpe de 2002 en Venezuela.

En Bolivia, país que, gober-nado por el indio Evo Morales, “ya no tiene amos sino aliados” (10), el embajador estadouni-dense Philip Goldberg, quien llegó en octubre de 2006, man-tuvo continuas relaciones con la oposición de la Media Luna, los departamentos ricos en hi-drocarburos y gas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (11). De 2004 a 2006, había dirigido la misión estadounidense en Pristina, en Kosovo. Como por casualidad, con la lucha contra el proyecto “estatal, autoritario e indigenista” (“indigenista” re-emplaza aquí a “populista”) de Morales, Bolivia, “satélite del chavismo” (12), entró a su vez en un proceso de… balcaniza-ción.

A partir del 4 de mayo de 2008, los departamentos de la Media Luna organizaron suce-sivamente referéndums ilegales para aprobar un estatuto de au-tonomía que se parecía mucho a una declaración de indepen-dencia. Estallaron violentos dis-turbios. Grupos de choque “au-tonomistas” sembraron el te-rror, tomaron aeropuertos y edi-ficios del gobierno. En septiem-bre, grupos paramilitares asesi-naron a treinta campesinos en el departamento de Pando.

En ningún momento se pro-duciría la tradicional proclama golpista sobre la “toma del po-der”. Pero, al igual que en Ve-nezuela en 2014 (13), se trata-ba de hacer que corriera sangre –fuera a través de la “violencia espontánea” o de la represión gubernamental de esa “violen-cia espontánea”–. Y de volver al país ingobernable con el obje-tivo de lograr una condena ge-neral por parte de la “comuni-dad internacional” que tornara aceptable la renuncia forzada o la separación del jefe de Es-tado.

En Bolivia, apostando a la movilización popular antes que a la represión militar, Mo-rales, apoyado además por la Unión de Naciones Surameri-canas (UNASUR), haría fraca-sar el plan. ¿Hace falta decirlo? Cuando, el 10 de septiembre de 2008, La Paz le dio setenta y dos horas al embajador Gold-berg para abandonar el país, la fiebre separatista bajó brusca-mente.

Cuando los acontecimientos del 28 de junio de 2009 conmo-cionaron a Honduras, Barack Obama reemplazaba a Bush en la Casa Blanca. Sin embargo, el avión que procedió al trasla-do forzoso de Zelaya de Tegu-cigalpa a San José de Costa Rica (treinta minutos de vuelo) hizo escala en la base militar es-tadounidense de Palmerola, si-tuada desde los años 80 en te-rritorio hondureño. Pero, ¡nadie se dio cuenta de nada!

“Cuando le pregunté al pre-sidente Correa si Estados Uni-dos estaba detrás del 30 S, me respondió: ‘No existen prue-bas, pero… nunca hay que des-cartar esa posibilidad’”, señala sonriente, en Quito, Juan Paz y Miño (14). Posteriormente, el presidente ecuatoriano preci-saría su pensamiento cuando, desligando de responsabili-dad directa al presidente Oba-ma, pondría en tela de juicio a la CIA: “De lo que tenemos cer-teza es de que hay [en Estados Unidos] grupos de extrema de-recha, numerosas fundaciones que financian a los grupos y a muchos que conspiran contra nuestro gobierno…” (15).

En 1983, a instancias de Re-agan y bajo la égida del Con-greso, se creó la National En-dowment for Democracy (NED), destinada a “promover la de-mocracia” en el mundo. Junto con la Agencia para el Desarro-llo Internacional (USAID), el Ins-tituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Nacional Demó-crata (NDI) y el Instituto de Esta-dos Unidos para la Paz (USIP), pero también con una nebulosa de think tanks y fundaciones –Freedom House, Open Society Institute, etc.–, e incluso con ofi-cinas de regiones alejadas, co-mo Otpor (“Resistencia”), surgi-da en Serbia a fines del siglo pa-sado, la oposición y sus organi-zaciones no gubernamentales (ONG) son financiadas y pre-paradas tanto ideológica como técnicamente.

Sólo en el período 2013-2014, 14 millones de dólares llegaron por diversos canales a la oposición venezolana, tanto para las campañas electorales

como para las “protestas pací-ficas” de 2014, que presentan todas las características de una rebelión antidemocrática. La Mesa de la Unidad Democrá-tica (MUD) recibió 100.000 dó-lares para un proyecto de inter-cambio con organizaciones bo-livianas, nicaragüenses y argen-tinas con el fin de “compartir las lecciones aprendidas en Vene-zuela y permitir adaptar su ex-periencia a dichos países” (16).

Sólo suele recordarse, tra-tándose de la República Boli-variana de Venezuela, el inten-to de golpe de Estado de abril de 2002. En realidad, antes y después, la ofensiva nunca ce-só. Diciembre de 2001: huelga general (organizada por la pa-tronal); diciembre de 2002-ene-ro de 2003: desestabilización económica por la paralización de la empresa petrolera nacio-nal, militares llamando al levan-tamiento desde la “zona libera-da” de la plaza Altamira (barrios elegantes de Caracas); 2004: primeras guarimbas (bloqueos de calles y barricadas), incur-sión de un centenar de para-militares colombianos cerca de Caracas; 2014… “Aquí aplican lo que la izquierda llamaba la ‘combinación de todas las for-mas de lucha’. Y si uno hace la lista de actores implicados, son los mismos desde el comien-zo; las mismas estructuras, con algunas variantes. Lo que va cambiando, cada vez, es el mé-todo”, nos confía el ministro del Interior venezolano Miguel Ro-dríguez Torres.

1. Desde 2007, el salario de los policías rasos aumentó de 355 a 886 dólares; el de un sar-gento, de 707 a 1.329 dólares.

2. Véase Hernando Calvo Ospina, Tais-toi et respire, Bru-no Leprince, París, 2013.

3. Véase “Etat d’exception en Equateur”, La valise diplomati-que, 1-10-10, www.monde-di-plomatique.fr

4. Véase Armand Matte-lart, “‘La Spirale’, quand l’an-cien monde refuse de mourir”, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 2013.

5. Véase Renaud Lambert, “En Amérique latine, des gou-vernements affrontent les mé-dias”, Le Monde diplomatique, París, diciembre de 2012.

6. Véase Gérard Mauger, “‘Populisme’, itinéraire d’un mot voyageur”, Le Monde diploma-tique, París, julio de 2014.

7. Véase “Paraguay: el reino del latifundio”, Le Monde di-plomatique, edición Cono Sur, enero de 2014.

8. Véase “Retour des gorilles au Honduras”, La valise diplo-matique, julio de 2009, www.monde-diplomatique.fr

9. Véase Renaud Lambert, “Honduras: retour à l’OEA, re-tour à la normale?”, La valise diplomatique, junio de 2011, www.monde-diplomatique.fr

10. Le Courrier, Ginebra, 30-6-07.

11. Véase Hernando Calvo Ospina, “Petit précis de désta-bilisation en Bolivie”, Le Mon-

Washington aún concibe la democracia como una herramienta

para el buen funcionamiento del

mercado.

de diplomatique, París, junio de 2010.

12. “Bolivia es un satélite ab-soluto del chavismo”, El País, Madrid, 9-8-08.

13. Véase Alexander Main, “Au Venezuela, la tentation du coup de force”, Le Monde di-plomatique, París, abril de 2014.

14. Juan J. Paz y Miño Cepe-da, autor de Insubordinación o golpe, Abya Yala, Quito, 2011.

15. Telesur, 4-1-11.16. “Eva Golinger - Sigue la

mano sucia de la NED en Vene-zuela”, 21-4-14, www.contrain-jerencia.com

*Periodista. Autor de Sur les eaux noires du fleuve, Don Qui-chotte, París, 2013.

Traducción : Gustavo Recal-de


El “todo para los ricos” que guía el gobierno de las grandes ciudades de EE.UU. se ve amenazado por el alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio.

Se convertirá realmente Nueva York en la “Nueva Habana”? Desde que, el 5 de noviem-bre de 2013, el demócrata Bi-ll de Blasio fue elegido para la alcaldía de la principal ciudad

estadounidense, este temor planea sobre el Partido Republicano, que designó como su “principal enemigo progresista” al sucesor de Michael Bloomberg. Según The New York Times, “los dirigentes republicanos ven en la incipiente administración de De Blasio la en-carnación de sus miedos ante el ascenso de una ‘nueva izquierda’, que se caracterizaría en particular por el desprecio populista ha-cia los ricos, una simpatía marcada hacia las organizaciones de trabajadores y una preo-cupación constante por la desigualdad de in-gresos” (1).

En efecto, desde las primarias demócra-tas por la alcaldía de Nueva York, De Blasio instaló el tema de las desigualdades en el centro de su discurso, repitiendo una y otra vez que la historia de Nueva York se había vuelto el “cuento de las dos ciudades” (2): la de los ultrarricos y la de los otros. Su progra-ma resueltamente social le permitió obtener la candidatura de su partido –ganándole con buen margen al candidato favorito de los me-dios, apoyado por el muy poderoso alcalde saliente (3)–, y después vencer con comodi-dad (el 72% de los votos) a su adversario re-publicano, Joe Lhota.

En su discurso de asunción, el 1 de enero de 2014, reafirmaba el objetivo de su man-dato: “Hemos sido elegidos para poner fin a las desigualdades económicas y socia-les que amenazan con acabar con la ciudad que amamos”. En Nueva York, donde el po-der económico es omnipresente, un progra-ma como éste promete una ardua carrera de obstáculos. Apenas pronunciada esta frase, un columnista de Slate, Matt Yglesias, com-partió un tweet intencionado: “Para su asun-ción del cargo, De Blasio sube a escena en compañía de los cuerpos momificados de Lenin, Mao y Ho Chi Minh”.

Acusaciones delirantes

Algunos días más tarde, la denuncia por comunismo adquirió un giro grotesco. Nueva York fue golpeada por una espectacular tor-menta de nieve; las rutas quedaron bloquea-

Tímida brisa de izquierda

Por Eric Alterman*

Un alcalde “comunista”


Por Eric Alterman*

das. Las publicaciones sensacio-nalistas se precipitaron al encuen-tro de ciudadanos irritados por los problemas del barrido de la nieve en el muy elegante Upper East Side de Manhattan. De Blasio les “da la espalda”, se enojó una vecina en el New York Post. “Al negarse a quitar la nieve del Upper East Side, está diciendo: ‘Yo no soy uno de ellos’” (4). La frase circuló en internet y se repitió insistentemente en los me-dios locales y nacionales –en par-ticular los de Bloomberg–. Pero De Blasio siguió fiel al discurso que le proporcionó el éxito electoral.

Para ganar la alcaldía de una ciudad tan multicultural, este hijo de inmigrantes alemán e italiano contó con su ascendencia familiar y con su situación conyugal: es-tá casado con una afroamericana. Su crítica severa a las requisas po-liciales injustificadas (el “stop and frisk”) que sufren las personas de color sedujo a una parte del electo-rado. Pero lo que parece haber ase-gurado definitivamente su victoria fue el mensaje económico, la ba-se de su programa. Nueva York es la tercera ciudad menos equitativa de Estados Unidos, que es a su vez el tercer país menos equitativo del mundo. En el barrio de Wall Street, las bonificaciones pagadas a los operadores –en promedio, 164.530 dólares por cabeza en 2013– y los salarios que superan los 20 millo-nes de dólares por año, como el de Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs, en 2013, no sor-prenden a nadie. La administración Bloomberg estaba enteramente dedicada al bienestar y al confort de esta minoría de ultrarricos, con el pretexto de que ellos son quie-nes más contribuyen con los ingre-sos fiscales de la ciudad: el 5% de los hogares neoyorquinos se repar-te el 38% de los ingresos globales. La isla de Manhattan, con departa-mentos por lo general vendidos en varias decenas de millones de dó-lares a una elite globalizada, brilla más que nunca. Pero, a pocos me-tros de allí, una parte nada despre-ciable de la clase media neoyorqui-na se desliza lentamente hacia la pobreza. Entre 2008 y 2011, según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el ingreso me-dio por familia cayó en un 6%. A fi-nes de 2011, la mitad de las familias de la ciudad ganaba menos de una vez y medio el ingreso que deter-mina el umbral de pobreza; el 17% de las familias en las que un miem-bro trabaja a tiempo completo, y el 5,2% de los hogares cuyos dos miembros tienen empleo vivían por debajo de este umbral. En ese mo-mento, los alquileres explotaron. Entre 2005 y 2012, el alquiler pro-medio (ajustado a la inflación) au-mentó en un 11%, mientras que el ingreso de los locatarios solo creció un 2%. Según el Centro Furman de Bienes Raíces y Políticas Urbanas, más de la mitad de los locatarios de Nueva York gastan al menos un ter-cio de sus ingresos en el alquiler (5).

La principal medida de la cam-paña de De Blasio, combatida por sus rivales, es la creación de un fondo especial para la educación universal desde la primera edad, financiada por una tasa del 0,05% sobre los ingresos que superen los 500.000 dólares. La propuesta re-

viste sobre todo un carácter sim-bólico: el alcalde de Nueva York no puede decidir por sí solo una impo-sición fiscal de esta naturaleza. De-be obtener el aval del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Ahora bien, aunque este aspirante a la candidatura demó-crata para la elección presidencial de 2016 se dice progresista sobre las cuestiones sociales –está a fa-vor del control de las armas de fue-go y del matrimonio homosexual–, reivindica, sin embargo, cierto con-servadurismo económico. Parti-cularmente en materia fiscal. En diciembre de 2011, en una carta a los habitantes del estado, se vana-gloriaba de haber “establecido el primer techo de impuestos sobre la propiedad” y de haber llevado los impuestos de la clase media “a su nivel más bajo desde 1968”. Las ambiciones de De Blasio podrían pues tropezar con la obsesión an-tiimpuestos de Cuomo. Estos dos hombres que tratan en vano de mostrarse amigos y presentarse como aliados políticos, en realidad, se muestran como los “mejores enemigos” del Partido Demócrata. Sus divergencias reflejan el conflic-to entablado entre partidarios de una economía más igualitaria, que ubican sus esperanzas en dirigen-tes como De Blasio o la senadora Elizabeth Warren, y el ala derecha del Partido, más preocupada por la libertad de las empresas y agru-pada en torno a Cuomo y a Hillary Clinton.

La ambigüedad de Cuomo

Dado que los estados son los encargados de distribuir las pres-taciones federales y de cobrar los impuestos, cualquier alcalde tiene interés en mantener buenas rela-ciones con el gobernador, sobre to-do si quiere introducir medidas au-daces. Pero Cuomo juega un juego ambiguo, destinado antes que na-da a preservar sus chances para 2016. Cuando los sondeos indica-ban que la opinión pública estaba a favor del proyecto de educación prematernal universal, el goberna-dor se asoció al candidato a la al-caldía de Nueva York para defender la propuesta. Pero a la hora de fi-nanciarlo, se opuso furiosamente a la creación de una nueva tasa. Al cabo de varias semanas de pulsea-das, De Blasio, finalmente, logró que el estado financie la iniciativa durante tres años.

El nuevo alcalde no dio prue-bas de la misma tenacidad sobre la cuestión de las charter schools, las escuelas públicas financiadas por fondos privados que escapan al control de los sindicatos docen-tes (6). Estos establecimientos es-colarizan a una débil proporción de los alumnos neoyorquinos (apenas el 6%). Mientras que la mayoría de los progresistas ven en las charter schools un medio de sabotear la escuela pública privándola de fi-nanciación y de los alumnos más necesitados, los republicanos y los administradores de fondos de pensión, siempre preocupados por reducir el rol del poder público, las defienden con uñas y dientes. Cuando De Blasio criticó el princi-pio de estas escuelas, Cuomo salió en ayuda de los defensores, obli-gando al alcalde a un retroceso hu-

millante. Para el público, el prime-ro se mostró como un novato y el segundo, como un político experi-mentado.

Pero De Blasio no es rencoroso. Cuando a fines de mayo de 2014, el Working Family Party, una coalición de militantes sindicales, asociacio-nes, etc. cercanas al Partido Demó-crata, se dividió por el apoyo que debía brindarse a Cuomo para la renovación de su asiento en 2015, De Blasio se peleó en los pasillos a favor suyo. Un alcalde de Nueva York no debe desafiar a su gober-nador cuando éste tiene el apoyo del mundo de las finanzas. Ahora bien, Cuomo ya recaudó más de 33 millones de dólares en vista de su reelección el año próximo, a pe-sar de que no tiene ningún opositor creíble.

La cuestión del alquiler será fun-damental para sondear la deter-minación de De Blasio. Durante la campaña, prometió crear doscien-tas mil nuevas unidades de vivien-das de alquiler moderado. Según la mayoría de los especialistas, el ob-jetivo será muy difícil de alcanzar. El mismo menciona “el más grande y más ambicioso de los programas de alquiler a precio moderado ini-ciado por una ciudad de este país en toda la historia de Estados Uni-dos”.

Ahora bien, el sector inmobilia-rio ejerce una influencia importante sobre el aparato político neoyorqui-no, y es conveniente no disgustar-lo. Los ricos, que pagan millones de dólares por un departamento frente al Central Park, pretenden además ser mimados, asegurarse los servi-cios de un portero, disponer de pis-cinas y gimnasios; no tienen ganas de compartir su barrio –y menos la entrada de su edificio– con la plebe que toma el metro. Por eso De Bla-sio juega hasta aquí al equilibrista manifestándose favorable a la pro-moción inmobiliaria, pero también preocupado por desarrollar la ofer-ta a favor de las clases medias y po-pulares.

Por el momento, su estrategia resultó eficaz, como lo confirma el asunto “Domino Sugar”. Desde hace varios años, el futuro de es-ta antigua refinería de azúcar en el corazón de Brooklyn suscita vivos debates. En 2012, el promotor Jed Walentas compró el terreno y pro-metió construir oficinas para las empresas de nuevas tecnologías, pero también dos mil trescientas viviendas, de las cuales seiscien-tas sesenta de alquiler moderado. Ahora bien, el alcalde conside-ró insuficientes estas cifras. A pe-sar de las amenazas del promotor de abandonar todo, y los ataques de toda la prensa, se mantuvo fir-me, y Walentas se comprometió a construir cuarenta habitaciones de alquiler moderado suplementarias.

De Blasio comprendió que era probable que toda política favora-ble a los pobres y a las clases me-dias provocaría pulseadas con la clase acomodada, sus aliadas en la capital del estado de Nueva York, Albany, y los medios que la defien-den. Por eso hizo la apuesta de ofrecer servicios reales a la gente, con el fin de subrayar la brecha en-tre las preocupaciones de los me-dios y sus problemas cotidianos. Mientras que la economía de la ciu-dad se mantenga bien, él estaría en condiciones de realizar las prome-sas del “progresismo urbano” que se desmoronó en los años 60. Tal vez Los Ángeles, San Francisco y hasta Chicago sigan el ejemplo neoyorquino…

1. Michael Barbaro y Michael M. Grynbaum, “Republicans cast De Blasio as

a leading liberal foe”, The New York Times, 14-5-14.

2. Nathaniel P. Morris, “De Bla-sio’s tale of two cities”, The Was-hington Post, 7-3-14. La fórmula

El estallido de la cri-sis económica en 2007/2008, que empezó en Esta-dos Unidos y se trasladó después

a Europa, puso al descubierto las trampas, las falacias y la rapiña practicadas por el gran capital fi-nanciero en el marco de la desre-gulación imperante. No obstante, ninguno de los máximos responsa-bles del cataclismo fue juzgado, y siguieron cobrando sus fabulosos bonus. El Estado acudió con cente-nares de miles de millones de dóla-res –dinero de los contribuyentes– a salvar a las instituciones financie-ras que eran “demasiado grandes para quebrar”.

Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial: su su-perioridad militar es apabullante; mantiene la vanguardia en el do-minio de las nuevas tecnologías, particularmente en el ámbito infor-mático y armamentístico, y está vi-viendo un renacimiento energético inesperado a causa de la introduc-ción a gran escala de la técnica del fracking (que implica graves da-

“Cuento o Historia de dos ciuda-des” retoma el título de una célebre obra del novelista Charles Dickens.

3. Véase Renaud Lambert, “Une élection selon Michael Bloomberg”, Le Monde diplomatique, junio de 2010.

4. Jennifer Gould Keil y Frank Rosario, “De Blasio ‘getting back at us’ by not plowing”, The New York Post, 21-1-14.

5. “#NYChousing. 10 issues for NYC’s next mayor”, Center Furman for Real Estate & Urban Policy, Uni-versidad de Nueva York, 2013.

6. Véase Diane Ravitch, “Giro ra-dical de una ex vicesecretaria esta-dounidense”, Le Monde diplomati-que, edición Cono Sur, octubre de 2010.

*Periodista.Traducción: Florencia Giménez

ZapiolaTraducción: Gustavo Recalde

ños ecológicos y unas inversiones cuantiosas) para liberar el gas y el petróleo encerrados en las forma-ciones rocosas.

Pero es, también, el país más endeudado del mundo: su deuda pública, se estima, llegará en 2014 a 18,3 billones de dólares (China y Japón son sus principales acreedo-res). Y es, además, un país donde las desigualdades aumentan acele-radamente: los ingresos medios del 1% más rico de sus habitantes cre-cieron un 271% en los últimos 50 años, en tanto los del 90% más po-bre lo hicieron en un 22%. La caída del salario real de los trabajadores ha sido espectacular: a comienzos de 2014 el salario mínimo era de 7,25 dólares por hora, un 23% me-nor, en valores constantes, que en 1968; si hubiese estado en relación con la inflación y el incremento de la productividad promedio, debería ser hoy de 25 dólares por hora.

(Fragmento de “Grietas en el im-

perio”, Introducción del Explorador Nº 1, Segunda Serie, dedicado a Estados Unidos).

© Le Monde diplomatique, edi-ción Cono Sur

El imperio de la desigualdad

Grietas en el sueño americano

De Blasio prometió durante su campaña crear doscientas mil nuevas unidades de viviendas de alquiler

moderado.


Por Ibrahim Warde*

Volvieron los reguladores a

Estados Unidos

Vigilancia y sanciones de geometría variable para los bancos

Pa publicación el 29 de mayo, en The Wa-ll Street Journal, de una información se-gún la cual la multa impuesta al BNP-Pa-

ribas podría ascender a 10.000 mi-llones de dólares produjo un shock. Al banco se lo acusa de haber in-fringido, entre 2002 y 2009 y a tra-vés de su filial suiza, los embargos impuestos por Estados Unidos a Cuba, Irán y Sudán. El affaire ilus-tra de manera espectacular la evo-lución de la jurisprudencia y de las prácticas judiciarias (1) en materia de finanzas internacionales. Desde hace varios meses, otros dos esta-blecimientos franceses, la Société Générale y el Crédit Agricole, tam-bién están en una situación delica-da con las autoridades estadouni-denses.

Incluso antes de este anuncio, el presidente François Hollande le había escrito a su homólogo esta-dounidense para avisarle acerca del “carácter desproporcionado de las sanciones previstas” contra BNP-Paribas. En cuanto a Christian Noyer, gobernador del Banco de Francia, expresó su sorpresa al ver la aplicación del derecho estadou-nidense en transacciones “confor-mes a las reglas, leyes, reglamen-taciones a nivel europeo y francés así como a las reglas que dictan las Naciones Unidas” (2).

Endurecimiento progresivo

Tal vez no estaría tan sorprendi-do si hubiese mirado mejor las evo-luciones políticas de las últimas dé-cadas. Desde fines de los años 80, mientras hacía furor el debate acer-ca de la decadencia estadouniden-se –frente al ascenso de Japón, en particular–, la politóloga británica Susan Strange insistía sobre el “po-der estructural” de Estados Uni-dos, “ese poder para determinar los marcos de la economía mundial

que permitieron elegir y modelar las estructuras en el seno de las cuales los otros países, sus instituciones políticas, sus empresas y sus pro-fesionales tienen que operar” (3).

En el transcurso de los años 90, el arsenal de sanciones puestas en práctica durante la Guerra Fría en contra de países e individuos “enemigos de Estados Unidos” se desarrolló considerablemente. La extraterritorialidad dio un paso adelante, en 1996, con la Iran and Lybia Sanctions Act (ILSA), que le permitía a Washington imponerles sanciones a empresas de terceros países en relaciones con Irán y Li-bia. Sin embargo, fue sobre todo después del 11-S que se reforzó el poder estadounidense frente a los bancos internacionales, en el mar-co de la “guerra financiera contra el terrorismo” (4).

La vigilancia de los flujos finan-cieros se volvió entonces de esca-la planetaria. Nuevo aspecto del “privilegio exorbitante” del que en otros tiempos hablaba el general De Gaulle, todas las transacciones en dólares, incluso cuando no se realizaban en territorio de Estados Unidos, caían a partir de entonces bajo el peso del derecho estadouni-dense. Finalmente, los poderes de la Oficina de Control de Activos Ex-tranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), encargada, en el seno del Departamento del Tesoro, de la buena aplicación de las san-ciones, no pararon de crecer.

Los grandes bancos interna-cionales ignoraron estas transfor-maciones. El BNP-Paribas, mal aconsejado, además multiplicó las torpezas. Ignoró las advertencias, como la visita en 2006, en su se-de parisina, de Stuart Levey, en ese momento subsecretario del Tesoro para el terrorismo y la información financiera, que había venido a ad-vertirles a los dirigentes en cuanto a sus relaciones con Irán. Siguió haciendo negocios con países em-bargados. Y tardó en reconocerlo, cuando en ese tipo de ocasiones lo

normal en Estados Unidos es bajar la cabeza y hacer acto de contri-ción. Entonces fue considerado co-mo “no cooperativo”. Las autorida-des estadounidenses habrían pro-puesto incluso el monto de 16.000 millones de dólares de multa (alre-dedor de 10.000 millones de euros), cuando lo que desembolsó fueron sólo 1.100 millones de dólares.

Director del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del es-tado de Nueva York, que es quien dirige el juego en este asunto, Ben-jamin Lawsky subió las apues-tas. Imponiéndose como la voz de sanciones más “creativas”, exigió que “rodaran algunas cabezas”. Exigencia satisfecha desde el mo-mento en que Georges Chodron de Courcel, que presidía el consejo de administración del BNP-Paribas Ginebra, así como también otros dirigentes, anunciaron su partida. Pero Lawsky hizo relucir otra ame-naza: una prohibición temporaria de las operaciones de compensa-ción en dólares de los clientes de BNP-Paribas, o incluso lisa y llana-mente sacarles la licencia.

Récord de multas

El affaire ilustra el gran regreso de las agencias de reglamentación financiera. En marzo pasado, el diario británico The Financial Times estimaba que el monto de las mul-tas que los bancos estadouniden-ses y extranjeros le desembolsaron a Estados Unidos en el curso de los últimos cinco años había alcanza-do los 100.000 millones de dólares. Sólo en 2013 ascendió a 52.000 mi-llones (5). Entre los estadouniden-

ses, JP Morgan Chase, el primero del país, tiene el récord, con 13.000 millones pagados a título de su res-ponsabilidad en la crisis inmobi-liaria. Acaso le pise los talones el Bank of America, quien, ya en la fa-se final de las negociaciones con el Estado federal, debería desembol-sar 12.000 millones de dólares por el mismo tipo de abuso.

La mayoría de los grandes esta-blecimientos financieros interna-cionales también están en la mira de los reguladores estadouniden-ses. En 2012, el holandés ING y el británico Standard Chartered tu-vieron que pagar multas respecti-vamente de 619 y 667 millones de dólares por transacciones con paí-ses con embargo. Otro británico, el HSBC, pagó 1.900 millones de dó-lares por complicidad en lavado de dinero, ayuda a la evasión fiscal y omisión de embargo. A unos cuan-tos bancos suizos también se los sancionó por haber ayudado a es-tadounidenses a cometer fraudes frente al fisco. El Crédit Suisse re-cibió una multa de 2.600 millones de dólares; fue el primero en veinte años en declararse culpable.

Resumiendo, algo nunca visto desde fines de los años 80, cuando el escándalo de las cajas de ahorro generó más de 1.000 demandas ante la justicia presentadas por los reguladores estadounidenses por fraude y abusos diversos. Ocho-cientos responsables fueron enton-ces condenados a la cárcel (6). Pe-ro, inmediatamente después, el sis-tema de regulación financiera pasó por una fase de laisser-faire sin pre-cedentes desde las reformas intro-ducidas por el New Deal.

La ideología de la desregula-ción acelerada modificó en efecto la situación. Presidente de la Re-serva Federal de 1987 a 2006, Alan Greenspan repetía sin parar que la única regulación capaz de favore-cer la innovación financiera –motor, según él, de crecimiento económi-co– era la del mercado autorregu-lador; los que infringían sus leyes

Las duras sanciones económicas aplicadas por las autoridades estadounidenses a varios bancos internacionales –entre ellos al francés BNP-Paribas, por haber violado los embargos contra Cuba, Irán y Sudán– marcan el retorno de ciertas formas de regulación tras una larga etapa de laissez-faire.

condenaban al país a la decaden-cia. La expansión fulminante de los mercados y la aparente buena sa-lud económica de Estados Unidos (más de diez años de expansión continua a partir de marzo de 1991) estaban ahí para demostrarlo.

Con el pretexto de una moderni-zación considerada necesaria, im-portantes leyes pusieron en prácti-ca estos principios liberales. Así, la Gramm-Leach-Bliley Financial Ser-vices Modernization Act de 1999 hizo oficial el fin de la separación entre la banca comercial y los otros sectores financieros, mientras la Commodity Futures Moderniza-tion Act de 2000 favorecía el creci-miento exponencial de los produc-tos derivados, fuera de todo control efectivo. Los mismos reguladores, que se suponía estaban para com-batir las faltas a la legalidad, esta-ban penetrados por esta ideología. De donde se desprendía su com-placencia raramente desmentida –salvo en materia de terrorismo o de sanciones económicas–. Cuando un banco estaba en falta, apenas se le pegaba un poquito en la ma-no: la perspectiva de una peque-ña multa, “sin reconocimiento ni respuesta de los hechos que se le reprochan”, de acuerdo con la fór-mula establecida, no tenía ningún efecto disuasivo.

En este mundo en el que todo, o casi, era tolerado o estaba permi-tido, se aplicaba la regla del “si no lo viste, perdiste”. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, los regu-ladores no tenían armas –las sub-prime y los Credit Default Swaps que estaban en el origen del de-rrumbe no eran ilegales– y estaban sobre todo desamparados. Los bancos responsables de la crisis habían además tomado como re-hén a una economía real acechada por la depresión. En sus recientes memorias, el ex secretario del Te-soro, Timothy Geithner, describe su dilema de la siguiente manera: “El furor populista del momento recla-maba una venganza bíblica, pero

En este mundo en el que todo, o casi, era tolerado o estaba

permitido, se aplicaba la regla del “si no lo

viste, perdiste”.


nosotros decidimos apagar el fue-go, incluso si eso les daba a algu-nos de los pirómanos la posibilidad de escapar del castigo que se me-recían” (7).

De la indiferencia al rigor

En realidad, los pirómanos in-cluso fueron los principales benefi-ciarios de las gigantescas subven-ciones destinadas a salvarlos del incendio que ellos habían iniciado. Extremadamente costosas para los contribuyentes, esas subven-ciones (estimadas en 13 billones de dólares (8)) le permitieron al sec-tor financiero, y en menor medida a la economía del país, que le vol-viera un poco el color a la cara. Al-gunos reguladores, durante mucho tiempo criticados por su clemen-cia, cambiaron entonces la táctica –aunque capas enteras de las fi-nanzas están fuera del alcance de su ira–. Quieren demostrar cuál es el precio a pagar por desafiar la ley. Por lo que decidieron castigar ahí donde pueden, y sobre todo bus-can que se sepa. En el seno mismo de los bancos, a los encargados de lanzar las alertas (whistleblowers) se los incita a denunciar eventua-les infracciones, a cambio de una compensación financiera y la ga-rantía de conservar su trabajo.

Se entiende, en estas condicio-nes, el aumento de poder de los departamentos de conformidad re-glamentaria (compliance), que im-ponen una vigilancia a cada instan-te para asegurarse de que las leyes sean escrupulosamente respeta-das. Armados con nuevos poderes gracias a la ley Dodd-Frank, votada en 2010, ponen trabas dobles. Sin que por eso el sistema se vuelva más seguro o más estable.

La resolución de estos litigios, y en particular el monto de las mul-tas, es arbitraria. Porque la gestión de estas crisis implica a muchos actores en un contexto movedizo. Las diversas agencias guberna-mentales están motivadas por una multitud de consideraciones lega-les, ideológicas, financieras y polí-ticas. Para las agencias federales, la política exterior puede jugar un papel nada despreciable, mientras que las que dependen de los es-tados, como el DFS del estado de Nueva York, están manejadas por segundas intenciones electoralis-tas y por preocupaciones de polí-tica interior. En cuanto a los bancos implicados, están asesorados por ejércitos de abogados y de consul-tores, principalmente en el campo de la comunicación y de las relacio-nes públicas.

En este contexto, las estrategias adoptadas y la contratación, como la de ex altos funcionarios que se pasaron al sector privado, pueden jugar un rol determinante. El caso de HSBC, por ejemplo, empanta-nado en asuntos de lavado de di-nero, evasión fiscal y otras infrac-ciones, parecía desesperado. El banco organizó la transferencia de valijas de billetes para un cartel de drogas mexicano. Pero salió bien parado, con una multa de 1.900 millones de dólares, y sin conse-cuencias penales. Hay que decir que tuvo el buen tino de contratar

como director de asuntos jurídicos a Levey, el ex subsecretario del Te-soro para el terrorismo y la informa-ción financiera. El mismo que, en 2006, había llevado a cabo la gira de los grandes bancos europeos –BNP-Paribas, pero acaso también HSBC– para ordenarles que no hi-cieran negocios con los países con embargo, en particular Irán…

1. Véase Antoine Garapon y Pie-rre Servan-Schreiber (dir.), Deals de justice. Le marché américain de

l’obéissance mondialisée, Pres-se universitaires de France, París, 2013.

2. Sébastien Pommier, “Ils veu-lent sauver le soldat BNP-Paribas”, L’Express, París, 4-6-14.

3. Susan Strange, States and Markets, Pinter, Londres, 1988.

4. Ibrahim Warde, Propagande impériale et guerre financière con-tre le terrorisme, Agone-Le Mon-de diplomatique, Marsella, París, 2007.

5. Richard McGregor y Aaron Stanley, “Banks pay out $100bn

in US fines”, The Financial Times, Londres, 25-3-14.

6. Gretchen Morgenson y Loui-se Story, “In financial crisis, no pro-secutions of top figures”, The New York Times, 14-4-11.

7. Timothy F. Geithner, Stress Test: Reflections on Financial Cri-ses, Crown Publishers, Nueva York, 2014.

8. Karen Weise, “Tallying the full cost of the financial crisis”, Bloom-bergBusinessWeek, Nueva York, 14-9-12.

*Profesor adjunto en la Fletcher School of Law and Diplomacy (Me-dford, Massachusetts). Autor de Propagande impériale & guerre fi-nancière contre le terrorisme, Ago-ne-Le Monde diplomatique, Marse-lla-París, 2007.

Traducción: Aldo Giacometti


Populismo, itinerario de una palabra viajera

Por Gérard Mauger*

“Tratar de encontrar, detrás del sustantivo, la sustancia”

Dos días antes del escrutinio eu-ropeo del 25 de mayo pasado, en su primer ac-to de campaña,

en Villeurbanne, el primer ministro Manuel Valls llamó solemnemente a la “insurrección democrática con-tra los populismos”. “Populismo”: ¿quién no escuchó, en boca de los encuestadores, periodistas o so-ciólogos, esa palabra-comodín con que se alude, aleatoriamente, a to-dos los opositores –de izquierda o de derecha, votantes o abstencio-nistas– a las políticas implementa-das por los organismos europeos?

La inconsistencia del sustantivo “populismo” responde, en parte, a lo variado de sus usos. En el ámbito político, la historia de esa etiqueta

evidencia la amplitud del espectro que abarca: de la visión idealizada de los campesinos, mistificados por el populismo ruso (narodniki) a la revuelta de los granjeros del People’s Party de Estados Unidos a fines del siglo XIX, de los popu-lismos latinoamericanos (Getúlio Vargas en Brasil, Juan Perón en Ar-gentina) al macartismo, del pouja-dismo al lepenismo en el siglo XX, de Vladimir Putin a Hugo Chávez en la era de la globalización, del Uni-ted Kingdom Independence Par-ty (UKIP) a Amanecer Dorado, en la Europa del siglo XXI, o de Mari-ne Le Pen a Jean-Luc Mélenchon en el actual Hexágono. El dibujan-te Plantu ilustró (literalmente), en el semanario L’Express (19-1-2011), esta última confusión -hoy triviali-zada-, al representar a la dirigente del Frente Nacional (FN) y al vice-presidente del Frente de izquierda (FG) con el brazo en alto, ostentan-do ambos un brazalete rojo y leyen-

do el mismo discurso: “¡Todos po-dridos!”

En el campo literario, la palabra “populismo” hace su aparición, en francés, en 1929: “disposición de la escritura”, en rebeldía contra la novela burguesa pero apolítica, en oposición a los escritores comunis-tas y a sus imágenes de Épinal pro-letarias, este movimiento literario se propone “describir simplemente la vida de la ‘gente sencilla’ (1)”.

Dentro del universo de las cien-cias sociales, movido por una in-tención política de rehabilitación de lo popular, este movimiento aplica el relativismo cultural al estudio de las culturas dominadas (Volkskun-de ou Proletkult). Ignorando, o res-tando importancia a las relaciones objetivas de dominación, atribuye a las culturas populares el mérito de una forma de autonomía, y celebra su resistencia, hasta invertir los va-

lores hegemónicos y proclamar “la excelencia de lo vulgar”. Pero ade-más, se ubica en las antípodas de una forma común de desprecio que vincula a las clases dominadas con la incultura y la naturaleza, cuan-do no con la barbarie. Característi-co de la burguesía y de la pequeña burguesía cultivada, ese racismo social se basa en la “certeza propia de una clase de monopolizar la de-finición cultural del ser humano, y por ende de los hombres, que me-recen plenamente ser reconocidos como tales (2)”.

Circulando así de un campo a otro, de un siglo a otro, de un conti-nente a otro, la etiqueta parece ha-ber perdido toda consistencia. De modo tal que aquellos que se afa-nan en explicar su sentido cometen un clásico error, que el filósofo Lud-wig Wittgenstein expresó así: “tra-tar de encontrar, detrás del sustan-tivo, la sustancia”. Porque si se pre-

tende definir el populismo, como propone el politólogo Pierre-André Taguieff (3), por el llamamiento di-recto al pueblo, obviamente no se deja afuera a nadie de las socieda-des occidentales: ese método es inherente a la democracia, “gobier-no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. E incluso, si se reserva la denominación de populista a un estilo de llamamiento que privilegia la proximidad y cultiva el carisma del jefe, con gran ayuda de la pro-paganda de televisión, es muy di-fícil encontrar un dirigente actual que escape a ella (4). Asimismo, si se define el populismo como una incitación al alzamiento contra las “élites” (económicas, políticas, me-diáticas) habría que incluir entre los sospechosos a François Hollande, cuando en su discurso en Bourget, el 22 de enero de 2012, denunció a su “verdadero adversario: el mundo de las finanzas, que no tiene nom-bre ni rostro”, o a Nicolas Sarkozy,


cuando vituperó en Tolón a un “ca-pitalismo financiero que perdió la cordura, a fuerza de no estar sujeto a ninguna regla” (25-9-2008).

La politóloga Nonna Mayer con-sidera que la característica más compartida entre los movimientos europeos calificados de populistas en los análisis poselectorales, se-ría la xenofobia (5): dentro del “mo-saico eurófobo” compuesto por Le Monde (28-5-2014), catorce de los dieciséis partidos mencionados son contrarios a la inmigración. Pe-ro algunos editorialistas, que aso-cian el cuestionamiento de los or-ganismos europeos con una forma de hostilidad a los extranjeros, tam-bién ponen la etiqueta populista a la izquierda radical griega, española o francesa (Syriza, Podemos, FG), poco sospechosa, sin embargo, de racismo. Entonces, se impone reflexionar acerca de sus concep-ciones del pueblo y discutir el reem-plazo de una etiqueta por la otra.

Esquemáticamente, pueden distinguirse tres figuras del “pue-blo” (6). “Populismo” deriva del latín populus, “democracia” se forma a partir de la raíz griega dêmos, y am-bas palabras significan “pueblo”. El pueblo a que hace referencia la democracia es el cuerpo cívico en su conjunto, el pueblo-nación. De ahí la tendencia, siempre posible, hacia el nacionalismo –una de cu-yas formas, contemporánea y me-nos vituperada que la otra, exalta la “competitividad de Francia den-tro de un mundo globalizado”-. Por otro lado, el pueblo al que se dirigen los populistas corresponde a dos definiciones distintas.

En la versión de derecha, este es más ethnos que dêmos: pue-blo invadido o amenazado de in-vasión, opuesto al extranjero y al inmigrante. Más o menos abier-tamente xenófobo y, en la Francia contemporánea, antiárabe o isla-mófobo, defiende la identidad del pueblo-ethnos, supuestamente in-tacto y homogéneo en lo cultural, contra poblaciones provenientes de la inmigración y supuestamente inasimilables. Este se presenta co-mo nacional. A este respecto, y si bien en relación a Europa y la glo-balización son contrarias, las estra-tegias electorales de la Unión por un movimiento popular (UMP) y del FN son idénticas. Para sellar una alianza en principio improbable, pero electoralmente necesaria, con las clases populares, esta versión de la derecha se propone sustituir, en su visión del mundo, “ellos (los de arriba)”/”nosotros (los de aba-jo)”, por un enfoque que opone un “nosotros” (“los de abajo”) a “aque-llos que no trabajan ni quieren tra-bajar” (desocupados, inmigrantes, beneficiarios de la ayuda social); en suma, a un “ellos” inferior a “noso-tros” (7). Así se reactiva el conflicto latente entre personas socialmen-te afianzadas y personas margina-les (8), sacando partido del miedo al desclasamiento.

La reivindicada adhesión de los medios populares a las clases me-dias, la ostentación de la hones-tidad y la estigmatización moral de los delincuentes y los “vagos”, permiten diferenciarse de la repre-

sentación dominante que asimila clases trabajadoras y clases peli-grosas. Por eso, la derecha propo-ne medidas tales como la restric-ción de la inmigración “laboral”, o declara su voluntad de establecer un máximo para los ingresos de los beneficiarios de ayudas sociales y de obligar a ellos a realizar trabajo comunitario. De esa manera, pre-serva la especificidad de aquel que “trabaja duro” y favorece la alianza entre un sector de las clases domi-nantes en decadencia (los peque-ños empresarios) y el sector social-mente afianzado de las clases po-pulares.

En la versión de izquierda, por el contrario, el pueblo designa al pue-blo obrero, al populacho celebrado por Jules Michelet, el pueblo-ple-be, “los de abajo”, y en el plano po-lítico, al pueblo movilizado, en opo-sición a los de arriba, la burguesía, las clases dominantes, el establish-ment, los privilegiados, los deten-tadores de los poderes económico, político, mediático, etc.

En cuanto a los contornos de ese “pueblo popular”, si bien la cla-se obrera fue largamente su centro y su vanguardia (el populismo se convierte entonces en obrerismo), estos incluyen también a los em-pleados –mujeres, en su aplastante mayoría- y más allá, a una fracción medianamente extensa del cam-pesinado y la pequeña burguesía (docentes, personal de la salud, técnicos, ingenieros, etc.) Esto es, en el caso de Francia, más de tres cuartas partes de la población ac-tiva, cuya mitad está exclusiva-mente compuesta por los obreros y empleados. “Somos el partido del pueblo”, decía el dirigente comu-nista Maurice Thorez el 15 de mayo de 1936 (antes de que ese partido se convirtiera, varias décadas des-pués, en el partido de la “gente”, según Robert Hue). De inspiración más o menos marxista, este tipo de “populismo”, defensor de las cla-ses populares en tanto explotadas, oprimidas, en lucha contra las cla-ses dominantes, suele presentarse como socialista.

Las representaciones que sub-yacen a los llamamientos al pue-blo-ethnos (populismo nacional) y las que, por el contrario, invocan al “pueblo popular”, son tan opuestas como la derecha y la izquierda. Pe-ro los defensores de un populismo popular cultivan gustosos –tanto por convicción como por necesi-dad- una visión idílica, a veces es-tetizante, de un pueblo idealizado. Ellos prestan al “hombre común”, trabajador explotado y dominado, una reivindicación espontánea de igualdad. Postulan un conjunto de virtudes indisociables del ethos po-pular tradicional: solidaridad, au-tenticidad, naturalidad, sencillez, honestidad, sentido común, luci-dez, cuando no sabiduría. Esas cualidades acaban por cristalizar en el concepto de “decencia co-mún” (common decency), caro al escritor británico George Orwell: “En una civilización industrial, los trabajadores manuales poseen una serie de características que les son impuestas por sus condiciones de vida: lealtad, ausencia de cálculo, generosidad, odio hacia los privile-

gios. Ellos desarrollan su visión de la sociedad futura a partir de esas inclinaciones, lo cual explica que la idea de igualdad esté en el corazón del socialismo de los proletarios” (9).

No obstante, no podría soste-nerse que los discursos de la se-guridad y la xenofobia del FN ca-rezcan de resonancia en las clases populares. En las últimas eleccio-nes europeas, si bien el 65% de los obreros se abstuvieron (así como el 68% de los empleados y el 69% de los desocupados), más del 40% de quienes votaron habrían elegido a ese partido, o sea, alrededor del 15% del total de ese grupo (según el instituto Ipsos). Eso es a la vez poco y mucho: si bien es cierto que la posición mayoritaria de las capas populares sigue siendo la absten-ción (10), una fracción de ellas vota a la extrema derecha, convencidas de “que no se hace nada por ellas y que los ‘ellos’ de arriba y los ‘ellos’ de abajo prosperan a expensas su-yas” (11). En ese caso, el éxito de lo que ofrece el FN refleja la capa-cidad de ese partido de alimentar la confusión entre pueblo ethnos y pueblo demos. Y de establecer una alianza entre los sectores de las cla-ses medias y las clases populares, dirigida, al mismo tiempo, contra los muy pobres y los muy ricos –es-trategia que también lleva adelante, en Rusia, Putin-.

Este tipo de proyecto político saca partido del “racismo de cla-se” que expresan, sin percatarse siquiera, quienes cobran por co-mentarlo. En sus plumas, ese pue-blo que vota mal, implícitamente reducido al estado de populacho, padecería una propensión innata a la estrechez de miras, al repliegue sobre sí mismo, a un resentimiento adquirido de mal alumno respecto a las élites (que su bajo nivel de es-tudios demostraría) y a una incultu-ra política: sus supuestas pulsio-nes, credulidad e irracionalidad lo harían propender a las propuestas simplistas y lo convertirían en una presa fácil para los demagogos. En sentido inverso, este discurso re-serva a las “élites” las virtudes de la apertura, la inteligencia, la sutileza y la superioridad moral. La denun-cia del pueblo popular, encarnada por el personaje del “beauf” (12), machista, homófobo, racista, is-lamófobo, etc., es pues una con-tinuación de la filosofía conserva-dora de fines del siglo XIX y de su desconfianza hacia las masas y la democracia –las de Hippolyte de Taine y de Gustave Le Bon. Deduce esas infamias mediante una simple inversión de las virtudes de que ha-ce acreedoras a las “élites” que, por construcción, se supone que son rigurosamente impermeables a ese tipo de desviaciones.

De manera que, hoy como ayer, se enfrentan dos representaciones diametralmente opuestas de lo po-pular: el racismo de clase de los unos sirve para denunciar el popu-lismo de los otros.

1. Philippe Roger, “Le roman du populisme”, dans Populismes, Cri-tique, n° 776-777, París, enero/fe-brero-2012.

2. Claude Grignon y Jean-Clau-de Passeron, Le Savant et le Popu-laire, Seuil, París, 1989.

3. Pierre-André Taguieff, L’Illu-sion populiste. De l’archaïque au médiatique, Berg International, Pa-rís, 2002.

4. Véase Serge Halimi, “Le po-pulisme, voilà l’ennemi!”, Le Monde diplomatique, abril de 1996.

5. Nonna Mayer, “Le populisme est-il fatal?”, Populismes, Critique, op. cit.

6. Eso propone Jacques Ran-cière con “L’introuvable populis-me”, en Qu’est-ce qu’un peuple?, La Fabrique, París, 2013. En cuan-to a las “Vingt-quatre notes sur les usages du mot peuple” propuestas en el mismo libro por Alain Badiou, sin gran dificultad pueden reducir-se a tres: “nacional”, “obrero”, “ra-cial”.

7. Cf. Robert Castel, “Pourquoi la classe ouvrière a perdu la partie”, en La Montée des incertitudes. Tra-vail, protections, statut de l’indivi-du, Seuil, 2009.

8. Sobre esta distinción entre “established” y “outsiders”, cf. Nor-bert Elias et John L. Scotson, Logi-ques de l’exclusion. Enquête so-ciologique au cœur des problèmes d’une communauté, Fayard, París, 1997 (1re éd. : 1965).

9. New English Weekly, Londres, 16-6-1938. Citado por Jean-Clau-de Michéa, Orwell, anarchiste tory, Climats, Castelnau, 2000.

10. Véase Céline Braconnier y Jean-Yves Dormagen, “Ce que s’abstenir veut dire”, Le Monde di-plomatique, 5-2014.

11. Robert Castel, “Pourquoi la classe ouvrière a perdu la partie”, op. cit.

12. El “beauf” es un personaje de historieta inventado por Cabu en los años 70. Encarna a un ideal-tipo racista, sexista y homófobo. En esa misma época, la historieta de Bi-net Les Bidochon pone en escena a personajes de ese mismo estilo.

*SociólogoTraducción: Patricia Minarrieta



Por Matthieu Bonduelle*

E ntre los numero-sos discursos res-pecto de la justicia y de aquellos que la administran, sur-gen dos represen-

taciones. Por un lado, la imagen de un juez autómata, indiferente a los sentimientos humanos, estric-tamente sometido al derecho; por el otro, la de un juez omnipotente, demiurgo que hace y deshace los destinos a su antojo.

Según la primera percepción, la neutralidad sería la virtud cardi-nal del juez, cuyo papel se limitaría a “aplicar la ley”. El derecho mismo sería una herramienta desconecta-da de los fines a los que sirve, inde-pendizada de sus condiciones de producción. Sin embargo, el dere-cho es un precipitado político o al menos el producto más manifiesto de la política institucionalizada, ya que es fabricado por el Estado, o en marcos definidos por éste. Uno podría aceptar que tal ley es “de iz-quierda” y tal otra “de derecha”, ya que de todos modos es difícil hacer abstracción total de los represen-tantes electos que votan los textos; pero, in fine, bajo el efecto de una forma de represión de lo político, llegaría a hablarse del derecho co-mo de un sistema que va de suyo.

En un artículo clásico para los sociólogos, muy poco estudiado en las facultades de derecho, Pie-rre Bourdieu describe los efectos de “neutralización” y “universaliza-ción” que se generan en el campo jurídico. Éstos se revelan no sólo en la lengua (giros impersonales, retórica de la constatación oficial, presente atemporal), sino también en la situación judicial, que opera una “neutralización de los objeti-vos”. Pero Bourdieu lo recuerda: “Dada la extraordinaria elasticidad de los textos, que llega a veces a la indeterminación o la ambigüedad, [el juez] dispone de una inmensa libertad. Sin duda, no es extraño que el derecho, instrumento dócil, adaptable, flexible, polimorfo, sea de hecho utilizado con el fin de con-tribuir a racionalizar decisiones en las cuales no tuvo parte alguna...” (1). Así, el acto de juzgar es nece-sariamente político, ya que el juez

debe decidir. Los juristas, teóricos o prácticos, lo saben bien: “aplicar la ley” quiere decir todo y no quiere decir nada.

En estas condiciones, podría pensarse que la cuestión política no es tabú en el universo jurídico. Lo que significaría olvidar que el derecho, “forma por excelencia del discurso legítimo”, no puede “ejer-cer su eficacia específica sino en la medida [...] en que se desconoce la parte más o menos grande de arbi-trariedad que está en el origen de su funcionamiento” (2). O, tal como escribe Jacques Ellul, que “el sur-gimiento del derecho se sitúa en el punto donde el imperativo formula-do por uno de los grupos que com-ponen la sociedad tiende a adquirir un valor universal por su puesta en forma jurídica” (3).

Se entiende pues que la creen-cia en la neutralidad del derecho y de los juristas se haya expandido tanto, incluso entre estos últimos. Esta creencia explica el éxito de las “corporaciones” en las faculta-des de derecho, y del sindicalismo “apolítico” en los palacios de justi-cia; éxito que, a su vez, contribuye a reforzarla (4).

De un reduccionismo a otro

A priori en el lado opuesto a es-ta primera concepción se encuen-tra aquella que tiende a sobreesti-mar el papel del juez, atribuyéndole intenciones –y facultades– que no tiene. En este caso, ya no se borra al magistrado: se lo resalta. Existe a la vez el convencimiento de que es todopoderoso y que sus objetivos están desconectados de la lógica judicial. Se cree entonces descu-brir detrás de cada decisión una to-ma de posición política, al punto a veces de deducir de ella la cercanía del juez a tal o cual partido, e inclu-so su participación en un complot. Así, cuando un ex presidente de la República en decadencia o alguno de sus amigos es acusado, se infie-re que los jueces de instrucción es-tán necesariamente guiados por la voluntad de eliminarlo políticamen-te; sobre todo, desde luego, si son miembros, reales o supuestos, del demoníaco Colegio de la Magistra-tura. Se observará además que es-ta acusación de parcialidad apunta siempre a magistrados de “izquier-

da”, como si los demás estuvieran por definición al abrigo de semejan-te vicio.

Pero el conspiracionismo no es sino la forma más exacerbada de una ideología intencionalista mu-cho más difusa. El relato periodís-tico le otorga un amplio espacio, tan imperioso le parece “encar-nar” sus temas, pero también por-que, de hecho, la persona del juez nunca es totalmente indiferente. Se llega entonces a indagar sobre su reputación, sus gustos, su tempe-ramento, sus convicciones, hasta su mirada, como para encontrar allí la clave del misterio judicial (5). Los propios abogados y magistrados contribuyen a alimentar esta per-cepción; porque es humano creer-se más importante de lo que se es, pero también porque a fuerza de frecuentarse, los actores piensan que se conocen.

Así se delinea un espacio deli-mitado por dos reduccionismos: el reduccionismo neutralista y el reduccionismo intencionalista. En ambos casos, se despolitiza: en el primero por defecto, en el segundo por exceso. Se despolitiza porque se desocializa la situación judicial, y especialmente al magistrado: robo-tizándolo en un caso, endiosándolo o demonizándolo en el otro, imagi-nándolo cada vez. De esta manera, se causa un doble daño. Primero, se impide que las cuestiones rela-cionadas con la justicia puedan de-batirse verdaderamente en el seno de la ciudad: en el primer caso por-que sólo daría lugar a discusiones entre especialistas; en el segundo, porque se vuelve constantemen-te a la discusión política, cuyo ob-jetivo se reduce a la búsqueda del poder. Por otra parte, se construye una figura imposible del magistra-do, y se tiende así a separarlo de la sociedad.

Quiérase o no, hay y habrá siem-pre entre la ley y el caso particular un intersticio, que el magistrado está en condiciones de llenar, con su conciencia, sus valores, sus opi-niones, sus emociones; sus “afec-tos”, diría Spinoza. El magistrado es humano; dejemos pues de que-rer neutralizarlo en nombre de las apariencias. En cambio, es funda-mental que sea imparcial, es decir, que no tenga interés en la solución

del problema que se le plantea; que no prejuzgue, que no se encierre en el “listo para juzgar”, que descon-fíe de sí mismo. Eso supone no sólo que se conozca, sino que asuma lo que es, con el fin de evitar en la me-dida de lo posible el retorno de lo reprimido.

Al respecto, el compromiso sin-dical, asociativo o político, lejos de ser una anomalía o una enferme-dad vergonzosa, tal como se lo per-cibe cada vez más, constituye una riqueza y una contención. La im-parcialidad pasa también por una fuerte deontología, y más aun por garantías objetivas –como la cole-giación, la obligación de exponer los motivos, las vías recursivas...–, lamentablemente malogradas con frecuencia por el poder político en una lógica de gestión.

El resto no sólo es ilusorio sino peligroso. Así se han visto surgir “cuestionamientos”, la mayoría de las veces masculinos, sobre la im-parcialidad de jurisdicciones ex-clusivamente femeninas para tra-tar casos de violación o agresión sexual. Al ser los violadores hom-bres, ¿de qué manera la objetividad de un hombre sería superior a la de una mujer? Se han visto también magistrados cuestionados por te-ner un apellido judío.

Del mismo modo, debido a que el Colegio de la Magistratura cues-tionó fuertemente la política y las posturas de Nicolas Sarkozy du-rante su presidencia, un miembro de esta organización sería nece-sariamente parcial respecto de és-te. Cuando se sabe que este hom-bre político generó el movimiento de protesta más importante jamás visto en la Magistratura (6), y que la propia Unión Sindical de Magis-trados denunció los “momentos oscuros” de su mandato (7), ¿qué magistrado podrá pues ocuparse bien de los asuntos que lo involu-cran? Más allá de las estrategias de distracción de unos u otros, es una concepción de la esencia del juez la que se banaliza, y se llega a soñar en voz alta con una justicia propia-mente inhumana.

La verdad del oficio de magis-trado es que está directamente re-lacionado con cuestiones muy po-líticas y que la materia judicial es

irreductiblemente concreta, singu-lar. Resulta pues imperioso repoli-tizar la cuestión judicial, con el fin de acabar con la doble fantasía del magistrado neutral y el magistrado a neutralizar. Repolitizar para re-humanizar la mirada que tenemos sobre la justicia. Repolitizar para enriquecer el debate público so-bre estas cuestiones y permitir su apropiación por parte de los ciuda-danos.

1. Pierre Bourdieu, “La force du droit. Eléments pour une sociolo-gie du champ juridique”, Actes de la recherche en sciences sociales, N° 64, París, 1986.

2. Ibid.3. Jacques Ellul, “Le problème

de l’émergence du droit”, Annales de Bordeaux, Tomo 1, 1976.

4. En las últimas elecciones pro-fesionales en la Magistratura en Francia, en junio de 2013, la Unión Sindical de Magistrados (USM), considerada “apolítica”, obtuvo el 68,4% de los votos; el Sindicato de la Magistratura (SM), considera-do de izquierda, el 25,2%, y Fuer-za Obrera-Magistrados, también “apolítica”, el 6,4%.

5. Véase, por ejemplo, Pasca-le Robert-Diard, “Tapie, Dassault, Sarkozy: le juge Serge Tournaire, omniprésent et invisible”, Le Mon-de, París, 12-3-14.

6. “La quasi-totalité des tribu-naux en grève”, L’Express.fr, 9-2-11.

7. “Le principal syndicat de ma-gistrats critique le bilan Sarkozy”, LeMonde.fr, 12-4-12.

*Magistrado, juez de instrucción del Tribunal Civil de Créteil, ex se-cretario general del Colegio de la Magistratura francés.

Traducción: Gustavo Recalde

Sobre la neutralidad en el derecho

“Tratar de encontrar, detrás del sustantivo, la sustancia”

El acto de juzgar no es, como pretende el discurso generalizado sobre la justicia, un acto neutral (y deshumanizado), sino un acto necesariamente concreto y político.

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