Líderes asesinados y cultivos de uso ilícito Propuestas ...
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1 Líderes asesinados y cultivos de uso ilícito Propuestas para la protección del liderazgo social en Colombia en el escenario de construcción de paz Estudiante: Angie Lorena Ruiz Herrera Asesor: Michael Lee Weintraub Tabla de contenido 1. Introducción ............................................................................................................................... 2 2. Literatura: Elementos conceptuales para el abordaje de la violencia socio-política contra líderes y lideresas sociales en Colombia ............................................................................................. 5 3. Asesinato de líderes sociales y postconflicto .............................................................................. 8 3.1. Los cultivos de uso ilícito y la violencia ............................................................................. 9 3.2. Protección a líderes y lideresas: Las medidas existentes................................................... 11 4. Metodología .............................................................................................................................. 13 5. Resultados ................................................................................................................................. 16 5.1. Estadísticas descriptivas .................................................................................................... 16 5.2. Resultados del modelo ...................................................................................................... 18 6. Resultados cualitativos .......................................................................................................... 23 6.1. Explicaciones estructurales ............................................................................................... 23 6.2. Factores coyunturales ........................................................................................................ 25 6.3. Valoración de las políticas actuales................................................................................... 27 7. Discusión de resultados ............................................................................................................. 29 8. Recomendaciones de política .................................................................................................... 35 9. Conclusiones ............................................................................................................................. 42
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Líderes asesinados y cultivos de uso ilícito
Propuestas para la protección del liderazgo social en Colombia en el escenario de
construcción de paz
Estudiante: Angie Lorena Ruiz Herrera
Asesor: Michael Lee Weintraub
Tabla de contenido
1. Introducción ............................................................................................................................... 2
2. Literatura: Elementos conceptuales para el abordaje de la violencia socio-política contra
líderes y lideresas sociales en Colombia ............................................................................................. 5
3. Asesinato de líderes sociales y postconflicto .............................................................................. 8
3.1. Los cultivos de uso ilícito y la violencia ............................................................................. 9
3.2. Protección a líderes y lideresas: Las medidas existentes................................................... 11
4. Metodología .............................................................................................................................. 13
5. Resultados ................................................................................................................................. 16
5.1. Estadísticas descriptivas .................................................................................................... 16
5.2. Resultados del modelo ...................................................................................................... 18
6. Resultados cualitativos .......................................................................................................... 23
6.1. Explicaciones estructurales ............................................................................................... 23
6.2. Factores coyunturales ........................................................................................................ 25
6.3. Valoración de las políticas actuales................................................................................... 27
7. Discusión de resultados ............................................................................................................. 29
8. Recomendaciones de política .................................................................................................... 35
9. Conclusiones ............................................................................................................................. 42
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Abstract
Between 2010 and 2018 more than 680 social leaders were assassinated in Colombia. In this
context, one of the most recurrent official explanations associates these murders with the
presence of illicit crops. With a mixed methodology that integrated the analysis using a
dynamic panel data model and a thematic analysis from interviews and written accounts, we
found no relationship between illicit crops and the murder of social leaders during the 2010-
2018 period. On the other hand, we find a systematic link between the murder of social
leaders and the processes of eradication, both forced manual and by aerial spraying of
glyphosate. From these findings, we make public policy recommendations that contribute to
the comprehensiveness and complexity of the phenomenon.
Resumen
Entre 2010 y 2018 más de 680 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Frente a
éste panorama una de las explicaciones oficiales más recurrentes asocia dichos asesinatos a
la presencia de los cultivos de uso ilícito. Con una metodología mixta que integró el análisis
mediante un modelo de datos panel dinámico de las variables objetivo y un análisis temático
de las voces escuchadas; encontramos que no existe una relación entre los cultivos de uso
ilícito para el periodo 2010-2018 y el asesinato de líderes sociales. De otro lado, encontramos
un vínculo sistemático entre el asesinato de líderes y los procesos de erradicación, tanto
manual forzada como mediante aspersión aérea con glifosato. A partir de los hallazgos, se
elaboran recomendaciones de política pública que atienden a la integralidad y complejidad
del fenómeno.
1. Introducción
El liderazgo social a lo largo de América Latina se ha configurado como el mecanismo de
lucha para la consecución de derechos más importante, pues los esfuerzos inherentes a la
figura del líder social anclados a la defensa, promoción y protección de los derechos
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humanos, han permitido que se convierta en un agente de cambio y transformación,
especialmente, en contextos de violencia y vulnerabilidad de derechos, siendo la voz de
cientos de individuos y comunidades (Observatorio para la protección de los defensores y
defensoras de derechos humanos, 2018; Rojas, 2013).
El líder o lideresa social se convierten en intervinientes importantes en las comunidades,
permitiendo procesos de cambio y ordenamiento social que le han permitido ser fuente para
la resolución de conflictos (Observatorio para la protección de los defensores y defensoras
de derechos humanos, 2018). Ejemplo de lo anterior, se materializa de manera clara con las
labores asignadas a los líderes de juntas de acción comunal1, quienes a partir del ejercicio
democrático son elegidos para procurar el desarrollo comunitario, ofreciendo mecanismos de
solución contextuales ante las necesidades de las comunidades (Carreño & López, 2018).
Así mismo, en países como Colombia con graves dinámicas de conflicto sociopolítico, los
líderes y lideresas sociales se han convertido en bastiones de resistencia contra la guerra, por
lo cual, al eliminarlos, se disminuye la capacidad de las comunidades para la defensa de los
territorios (Mouly & Garrido, 2018). Como lo resalta García (2004) el liderazgo social en
Colombia ha sido un protagonista histórico, el cual se ha revelado ante los diferentes
conflictos políticos, económicos y sociales que han acompañado la configuración y
consolidación del Estado, siendo un mecanismo de demanda social que ha puesto de
manifiesto la incapacidad de este, especialmente a nivel rural. Además, como en su momento
lo resaltó la Agencia Colombiana para la Reintegración2 (2015) los líderes sociales han tenido
un rol activo en la construcción de la paz, pues su capacidad de socialización y aceptación
dentro de las comunidades les han permitido el agenciamiento de procesos vinculados a las
apuestas de paz en los territorios.
1 La JAC es definida según el Congreso de Colombia de acuerdo con la ley N.º 743 del 2002, Artículo 6, como
“una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un
desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la
gestión del desarrollo de la comunidad”. En el Artículo 8 las Juntas de Acción Comunal (JAC) se describen
como: “una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza
solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar
que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento
en el ejercicio de la democracia participativa” (Ley N.º 743, 2002) 2 En la actualidad Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de acuerdo con el Decreto Ley
897 del 29 de mayo de 2017.
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A pesar de lo anterior, el asesinato de líderes y lideresas sociales ha sido una práctica
reiterativa en varias regiones del país, en los últimos años múltiples organizaciones de
derechos humanos han denunciado el asesinato de líderes y lideresas, señalando la
sistematicidad de estas muertes tras el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, Ball, Rodríguez & Rozo
(2018) luego de cruzar diferentes bases de datos de organizaciones encuentran para el año
2016, 166 asesinatos de líderes sociales y 185 vulneraciones del derecho a la vida en 2017.
Por su parte, diferentes plataformas de derechos humanos mencionan que el año 2019 dejó
como saldo 103 líderes asesinados (Parra, 2020). Es interesante anotar que para el 2018, el
número de asesinatos ocurrió principalmente en los territorios postconflicto, registrando el
73,5% de los casos de homicidios contra líderes sociales (Pérez, 2019). Por su parte, el
CINEP (2019) denuncia la alta victimización a líderes sociales en las zonas con fuerte
presencia de grupos postdesmovilización paramilitar. Estos grupos han desarrollado procesos
de victimización contra pequeñas organizaciones en los territorios, bajo la idea de su
pertenencia a grupos guerrilleros.
Desde el Gobierno Nacional se ha desmentido dicha sistematicidad, señalando que el
fenómeno es consecuencia del problema del narcotráfico en el país el cual ha llegado a cifras
históricas (Somos Defensores, 2019b; Fiscalía, 2018; UNODC 2018). De tal forma, se
registran para el 2017, 171.000 hectáreas de cultivos de coca sembradas, siendo Colombia el
mayor productor a nivel mundial (UNODC, 2018). Con este argumento, el gobierno nacional
ha planteado y defendido el uso de la erradicación mediante aspersión aérea con el herbicida
glifosato, pues según la presidencia, esto contribuiría con la disminución de la violencia, y
específicamente, con la muerte de líderes sociales en los territorios.
Pero las posiciones de algunos líderes difieren frente a la asociación entre asesinatos a líderes
sociales y narcotráfico: “Uno que otro (de los muertos) se encuentra en zona cocalera, pero
la mayoría de líderes que han sido asesinados son de las bases, de las Juntas de Acción
Comunal y no se puede generalizar la situación” (Monsalve, 2019, p. 1); del mismo modo,
señalan que las muertes son producto de la defensa de las comunidades ante el histórico
abandono estatal.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación pretende estudiar si los cultivos de
coca, los cuales han presentado un aumento significativo tras el acuerdo de paz, se relacionan
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con la sistematicidad de asesinatos de líderes y lideresas sociales, específicamente, dentro
del periodo 2010 – 2018. Este análisis busca contribuir con estrategias de política pública
para la prevención de la muerte y la garantía al derecho a la vida del liderazgo social
colombiano. De este modo aportar elementos nuevos que contribuyan no sólo con el
entendimiento de la problemática sino también con mecanismos para su prevención.
La primera parte de este documento, presenta los antecedentes históricos de la victimización,
las investigaciones que se han acercado al problema y los mecanismos de protección de
líderes y lideresas existentes hasta el momento, continuando con la metodología de la
investigación y el reporte de los resultados cuantitativos y cualitativos; finalizando con un
apartado dedicado a la discusión de los resultados y la generación de propuestas para la
prevención y protección de los líderes y lideresas sociales en Colombia, esto a partir de los
resultados encontrados.
2. Literatura: Elementos conceptuales para el abordaje de la violencia socio-
política contra líderes y lideresas sociales en Colombia
La compresión de la violencia socio-política contra líderes y lideresas sociales parte del
entendimiento de la importancia que cumplen las instituciones del Estado en las diferentes
dinámicas sociales y económicas de las naciones (Arboleda, 2017). De esta manera, de
acuerdo con Velázquez (2008), las instituciones pueden ser formales (definidas por las leyes
y demás normas de los Estados) o informales (definidas por códigos culturales o
conductuales). La institucionalidad, específicamente la formal, permite regular las dinámicas
que se dan en los territorios, tanto a nivel económico, social y político, siendo fundamentales
para el funcionamiento de la sociedad. No obstante, cuando las instituciones no cumplen con
su rol regulatorio, ya sea por su ineficiencia o ausencia, se habla de un Estado débil o de su
presencia diferenciada. Este último caso cuando la institucionalidad no se hace presente de
manera integral, sino de manera específica, por ejemplo, mediante la presencia de las Fuerzas
Militares (Arboleda, 2017).
En el marco de las falencias de la institucionalidad del Estado, se generan diferentes tipos de
violencias que responden a su presencia diferencial o débil, reflejada en la negación al acceso
a derechos, el posicionamiento de actores armados ilegales en el territorio o economías
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ilícitas. Así, el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia se enmarca dentro de la
categoría de violencia socio-política, la cual se ha utilizado en la historia del país para
“mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con
el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su
afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no
organizado” (CINEP, 2016 p. 16). Este tipo de violencia, puede ser ejercida tanto por el
Estado, los grupos insurgentes y/o grupos o personas, quienes se identifican con una forma
de pensar o de actuar que entra en conflicto con posiciones o identidades diferentes,
derivando en acciones que finalicen con la destrucción de estas divergencias.
La historia de Colombia proporciona múltiples ejemplos en los cuales se demuestra la
intención por homogeneizar o destruir las diferencias, especialmente de pensamiento; de esta
forma, entender la violencia ejercida contra los líderes y lideresas sociales implica
entenderlos en el marco del conflicto socio-político del país y sus dinámicas históricas. Para
lo anterior, es importante aproximarse a los discursos que han ligado a los líderes y lideresas
con grupos insurgentes, esto por las luchas que han emprendido en los territorios,
especialmente en aquellos en donde la violencia ha sido históricamente más intensa. Por esto,
se retoma lo indagado por el Observatorio para la protección de los defensores y defensoras
de DDHH (2018), el cual resalta la influencia ideológica de la doctrina militar de Seguridad
Nacional3, basada en la existencia de un enemigo interno o “amenaza comunista”. Así, dentro
de las Fuerzas Armadas de Colombia se empieza a hablar de la noción del enemigo interno,
señalando no solamente a los grupos armados revolucionarios o de izquierda, sino también a
todo actor social o político que se identificara con dichas ideologías o que se opusiera al
orden político establecido (Cárdenas, Jerez & Duarte, 2017).
Esta doctrina permea el actuar del Estado. Hernández (2015), por ejemplo, estudia las
políticas internas de las FFMM referidas a este asunto, encontrando que, a partir de 1997,
éstas focalizan al actor social como objetivo dentro del marco de las lógicas
3 En Colombia, esta Doctrina fue adoptada mediante la Ley 48 de 1968, convirtiéndose en la estrategia política
y jurídica contrainsurgente. Respecto a esta, menciona Huertas (2019): “son protagonistas los conceptos de
“enemigo interno” y “enemigo infame”, con estas denominaciones se identifica a aquellos que atentan contra
la soberanía nacional, las consecuencias de esto es el despojo de los derechos civiles y políticos de los
sospechosos, justificando cualquier tipo de actuar contra estos” (p. 177).
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contrainsurgentes. Así, en el marco de la Doctrina de Acción Integral se habla de “la amenaza
narcoterrorista e insurgente”, la cual se concibe como la combinación entre la estrategia
militar y política. En esta línea, se menciona la “guerra política” emprendida desde los grupos
armados insurgentes con la finalidad de desestabilizar los estamentos sociales del Estado;
para la materialización de esta guerra, se identifican “organismos fachada”, que desde la
lógica de las FFMM son integrados por los líderes y defensores de DDHH. Lo anterior,
permite la creación no solamente de estrategias de guerra, sino también de narrativas que
deslegitiman y criminalizan la acción social. Estos antecedentes, junto con la historia de
conflicto armado en Colombia, han permitido la estigmatización al movimiento de derechos
humanos, tanto por la institucionalidad colombiana, como por los diferentes grupos armados
ilegales (Observatorio, 2018).
De esta forma, el enemigo interno se ha encontrado en aquellos que mediante sus
manifestaciones intentan señalar su inconformismo y/o forma diferenciada de pensar, sean
estos, estudiantes, campesinos, víctimas, indígenas o afrodescendientes. Esta estigmatización
ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los líderes y lideresas, esto ante el claro
aumento de los homicidios y la persecución: "Cuando hay una movilización, se dice que es
impulsada por la insurgencia; cuando no les funciona eso para amedrentar a la gente, entonces
se estigmatiza a los líderes y se trata de meterlos a la cárcel" (El Nuevo Siglo, 2019. p. 1), de
manera clara, se evidencia que la lucha social, manifestada por medio de la protesta es
asociada con la insurgencia o el “narcoterrorismo”, lo cual, en el imaginario común, justifica
la muerte del líder social.
La Doctrina del enemigo interno es una de las manifestaciones de la debilidad de las
instituciones; asimismo, menciona Arboleda (2017) aspectos relacionados con la existencia
de derechos de propiedad que garanticen la distribución equitativa de la tierra, el control de
los grandes proyectos agroindustriales, entre otras características, son el reflejo de una
institucionalidad en buen funcionamiento. Sin embargo, como lo demuestra OXFAM (2016)
tras un análisis de la situación de desigualdad en América Latina, los contextos de violencia
son facilitados por la consolidación de modelos económicos que impactan el acceso a
derechos fundamentales por la mayoría de la población. Ante esto, surgen los liderazgos
sociales como respuesta, quienes, a su vez, enfrentan la victimización. OXFAM (2016)
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señala algunos elementos contextuales presentes en la región que facilitan la victimización
de los líderes sociales: 1) presencia y expansión de proyectos y actividades extractivas y 2)
la cooptación de las instituciones estatales en favor de poderes asociados a la criminalidad,
neutralizando su función de protección.
3. Asesinato de líderes sociales y postconflicto
En el escenario internacional, se encuentran algunos estudios que mencionan la prevalencia
del asesinato de líderes sociales en periodos postacuerdo, esto en conjugación con el
incumplimiento de los Acuerdos y la permanencia de los factores que desencadenaron la
lucha armada. Amnistía Internacional (2014) estudia el asesinato de líderes y defensores de
derechos humanos en tres países postacuerdo: Guatemala, Nicaragua y El Salvador;
encontrando la continuación de dinámicas propias del conflicto como factores explicativos a
la vulneración de DDHH de líderes sociales, así, las disputas relacionadas con la tierra, los
derechos de las comunidades indígenas y la presencia y expansión de megaproyectos son
algunas de las explicaciones.
Por su parte, Devia, Ortega & Magallanes (2014) resaltan cómo la falta de gobernabilidad y
soberanía en los territorios en estos países postacuerdo, permitieron la consolidación de
dinámicas de violencia asociadas a los carteles del narcotráfico, la violencia juvenil y la
exclusión política. Lo anterior, aunado a la percepción de desigualdad social que alimentó el
surgimiento de los movimientos insurgentes en estos territorios, siendo una variable que
continúa y alimenta los problemas sociales actuales, por ejemplo, al revisar el coeficiente de
Gini para estos países se encuentra: Nicaragua 46,2; Guatemala 48,3 y El Salvador 38 (Banco
Mundial, 2019).
A nivel nacional, Prem, et al. (2018) estudia el asesinato de líderes sociales como una
consecuencia de la paz, hallando un coeficiente positivo y significativo entre el cese al fuego
y el asesinato de líderes, así en lugares controlados por las FARC antes del cese al fuego
aumenta la tasa de líderes asesinados en 0,11 por 100.000 habitantes. Adicionalmente, revela
que, en los municipios expuestos a la influencia violenta de otros grupos armados, pero no
controlados previamente por las FARC, hay una caída estadísticamente significativa en el
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asesinato de líderes sociales después del inicio del alto al fuego permanente, señalando que
es el intento de control territorial por parte de grupos no FARC lo que provoca el asesinato
de los líderes. Adicionalmente, la Comisión Colombiana de Juristas (2019) señala que el
poco control que se ha tenido frente a las estructuras sucesoras del paramilitarismo ha
permitido el asesinato, pues serían estas estructuras las principales responsables de los
asesinatos, especialmente, en zonas de disputa por el control de cultivos de uso ilícito o
corredores de narcotráfico.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018)
identifica tres características comunes en los asesinatos de líderes sociales: la presencia de
economías ilícitas, altas tasas de homicidio y tasas de pobreza multidimensional más altas
que el promedio nacional. Relacionado con algunas de las variables señaladas desde el Alto
Comisionado, Gutiérrez, Marín & Carranza (2017) encuentran que los homicidios, NBI, el
Gini de tierras, el número de beneficiaros de titulación, los secuestros y la presencia de grupos
herederos del paramilitarismo son variables significativas que aumentan la probabilidad de
asesinato a líderes.
3.1. Los cultivos de uso ilícito y la violencia
Como se ha mencionado, tanto los cultivos de coca como el asesinato de líderes sociales,
presentan un aumento considerable luego de los acuerdos de paz. Al respecto, López, et al.
(2019), encuentran que el impacto en los cultivos de coca en el proceso es significativo solo
hasta el cuarto año de negociaciones en los municipios con tradicional presencia de FARC,
de esta manera, para el 2016 se tiene un aumento de 30804 ha. representando el 31% del
aumento total para el 2016, comportamiento que persiste para el año 2017. Dentro de las
explicaciones dadas, se relacionan las condiciones de marginalidad de las regiones, el
aislamiento de la dinámica económica de los territorios y la intensificación de las
incautaciones y destrucción de laboratorios en estos municipios (López, 2019). Otro impacto
del proceso de paz en la siembra de cultivos de uso ilícito, se relaciona con el Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) encontrándose como
estímulo perverso para el aumento de los cultivos (Garzón & Gélvez, 2019).
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Frente a las relaciones existentes entre homicidios en general4 y los cultivos de coca, la
Fundación Ideas para la Paz (2019) encuentra una correlación negativa entre cultivos de coca
y homicidios, es decir, mientras que el número de cultivos de coca aumenta, los homicidios
disminuyen; dentro de las explicaciones dadas por los autores se encuentran 1) la
consolidación de economías ilegales en los territorios, pues la violencia letal es una
manifestación de la incapacidad de los actores en disputa para llegar a acuerdos y 2) Observar
sólo el homicidio es desconocer la existencia de otro tipo de hechos, que tienden a
incrementarse en estas zonas, tales como el desplazamiento forzado y la desaparición.
Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación (s.f.), frente a las conexiones entre
narcotráfico en sus diferentes niveles (cultivo, procesamiento, distribución y venta) y
homicidios en general (es decir, no se discrimina si se es o no líder social), encuentra que
esta relación parece ser “menos robusta en los últimos diez años, en los que han mutado tanto
los mercados como las organizaciones que ejercen violencia (…) actualmente los municipios
de mayor densidad de cultivo de coca no son los más violentos” (p. 3). Lo anterior cambia al
estudiar las dinámicas urbanas del narcotráfico, en donde se encuentra que la presencia de
mercados de droga en grandes ciudades si se relacionan con los homicidios.
Frente a las conexiones en particular, se encuentra que el narcotráfico junto con otras
variables deben ser consideradas a la hora de estudiar el fenómeno del liderazgo social
amenazado, por ejemplo, Merizalde & Ucrós (2018) encuentran como explicación del
asesinato de líderes sociales la presencia de cultivos de uso ilícito, programas de restitución
de tierras y, paradójicamente, la presencia del Estado, estos resultados se explican por las
pugnas entre actores estatales e ilícitos por el territorio. Relacionado con estos resultados,
Marín (2020) encuentra un mayor efecto sobre el asesinato de líderes sociales de los
programas PNIS en los municipios con procesos de restitución de tierras, demostrando que
el problema histórico por la tierra es un factor importante a considerar en esta problemática.
4 En este estudio, la FIP (2019) no está estudiando el asesinato de líderes sociales, solamente el homicidio en
general, es decir, sin focalizar en un tipo de población específica.
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3.2. Protección a líderes y lideresas: Las medidas existentes
Frente a las estrategias generadas para frenar el asesinato de líderes y lideresas, se resalta a
nivel internacional la Declaración de los defensores de los derechos humanos, en la cual se
retoman los derechos de los líderes y se insta al Estado a la toma de medidas para su
protección5. En el ámbito nacional, desde el año 1997 se han venido generando medidas
legislativas buscando la protección de los líderes sociales. Por ejemplo, la Ley 418 de 1997
en su artículo 81 dispone la obligación al Ministerio del Interior de “poner en funcionamiento
un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su
vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o
ideológica, o con el conflicto armado interno” definiendo como sujetos objetivo de la medida
a “dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, gremiales,
sindicales, campesinas” (Congreso de Colombia, art. 81), entre otros. En el año 2000 se creó
el Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de
la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Para el año 2006 se diseñó un
programa de protección de los derechos humanos (Decreto 2816 de 2006), en el 2011 se creó
la Unidad Nacional de Protección con los decretos 4065 y 4912, en el 2016 la Comisión
Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos
Humanos, en el 2017 la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el Marco del
Acuerdo Final, impulsando diferentes medidas relacionadas, especialmente, con las rutas de
protección de líderes sociales y se reglamenta el sistema de alertas.
En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque se encuentran medidas
centradas en la mejora de las alertas tempranas, la persecución judicial y las medidas de
protección a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Lo anterior se refuerza en el
CONPES 3955 de diciembre de 2018 en el cual se presentan medidas dirigidas a la
cualificación de los líderes comunales; sin embargo, respecto al tema de seguridad solo se
habla del fortalecimiento de las rutas y la socialización de las mismas.
5 Algunos de los deberes señalados en la Declaración son: Adoptar las medidas legislativas, administrativas y
de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades, Realizar
una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos, Garantizar y apoyar
la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los
derechos humanos, entre otros (Organización de las Naciones Unidas, 1998).
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Adicionalmente, se encuentra el Plan de Acción Oportuna (PAO), el cual se define como
“como una serie de acciones articuladas a implementar por el Estado, con el propósito de dar
respuesta a la situación de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales,
comunales y periodistas, ante la situación de cualquier riesgo que se origina en el territorio
colombiano” (Ministerio del Interior, 2018, p. 24). El PAO cuenta con tres líneas de acción
1) Articulación y reingeniería institucional (articulación interinstitucional); 2) Actuación
estratégica en el territorio (focalización de municipios con entornos criminales); 3).
Estrategia de comunicaciones y capacitación (contrarrestar la estigmatización) (Ministerio
del Interior, s.f.); no obstante, los líderes manifiestan que el PAO se ha reducido a la provisión
material, es decir, carros y escoltas (Caracol Noticias, 2019). Lo anterior, no dista de lo
manifestado por Cardona (2019), quien menciona que las políticas del actual gobierno para
enfrentar las violaciones a los DDHH de los líderes sociales en Colombia se limitan a
medidas reactivas y de protección, olvidando las reclamaciones de los defensores que
responden a las dinámicas estructurales de abandono estatal.
No obstante, ninguna de estas medidas ha logrado impactar en la protección de los derechos
humanos de los líderes y lideresas, situación que lleva a que, desde agosto del 2019, el
gobierno nacional manifieste en diferentes pronunciamientos la necesidad de elaborar una
política pública para la protección de los líderes sociales; sin embargo, dicha política aún no
ha sido presentada por el gobierno nacional (Asuntos legales, 2019).
Así mismo, los procesos de investigación y judicialización han sido objeto de análisis por
diferentes organizaciones; por ejemplo, CAPAZ (2019), señala las debilidades de la Fiscalía
General de la Nación en la lucha contra la impunidad en estos casos. Así, aunque desde el
2016 se genera un plan de priorización de casos de investigación por los asesinatos de líderes,
se resalta que la Fiscalía no recoge todos los casos reportados, solamente aquellos que
provienen de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia (OACNUDH), implicando un gran sesgo respecto a la situación real
que denuncian las plataformas de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo. Con lo
anterior, la Fiscalía ha reportado el esclarecimiento del 55% de los casos entre el 2016 y
2018. No obstante, menciona CAPAZ, este esclarecimiento se refiere al avance en las
investigaciones, mas no a la captura y condena de los responsables.
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Lo anterior, resalta la necesidad de la derivación de propuestas del proceso investigativo, las
cuales, puedan trascender de las iniciativas de corto plazo que se han generado desde el
Estado colombiano, impactado en la generación de políticas públicas efectivas.
4. Metodología
Para responder a los objetivos de la investigación se lleva a cabo un diseño mixto. Los
métodos mixtos, de acuerdo con Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista (2014)
representan “un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información
recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (p. 534). Así, teniendo
en cuenta la complejidad del fenómeno, se decide favorecer una perspectiva que contribuya
con una visión holística y profunda del problema de estudio, permitiendo “obtener una
‘fotografía’ más completa del fenómeno” (p. 536).
En este sentido, para el componente cuantitativo se conforma una base de datos mediante la
consolidación de los casos de asesinatos a líderes sociales reportados por Somos Defensores
para el periodo considerado por la investigación. Adicionalmente, se toman los datos del
panel de conflicto y violencia del CEDE de la Universidad de Los Andes; las variables que
conforman la base de datos se presentan en el anexo 1.
Teniendo claro esto, se realiza un modelo de panel de datos dinámico, el cual incorpora la
estimación de las relaciones de causalidad que se generan en el interior del modelo, como
forma de tratar los problemas de endogeneidad, es decir, la existencia de variables que no se
controlan y que se presentan en el error que correlacionan con la variable dependiente, por
ejemplo, cambios en la dinámica socio-política, decisiones de grupos ilegales asociados con
el narcotráfico, entre otras (Labra & Torrencillas, 2014). Este modelo dinámico permite
corregir la presencia de medias móviles, en particular, si se presenta autocorrelación de
segundo orden (Cameron, 2009), tal como lo muestra el test de Arellano y Bond para este
caso. Este estimador es efectuado mediante el mecanismo de dos etapas recomendado por la
literatura para la estimación de la matriz de pesos heterocedástica (Labra & Torrencillas,
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2014). Así mismo, se fortalece el análisis incorporando el rezago de la variable dependiente.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el modelo que se presenta a continuación,
así como la metodología ya descrita, no necesariamente soluciona el problema de
endogeneidad, por lo cual no se puede inferir de los resultados derivados una relación causal
entre los asesinatos de líderes sociales y los cultivos ilícitos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se genera un modelo que tiene en cuenta las variables
asociadas a cultivos de uso ilícito como explicativas:
Yit = α Yi,t-1 + xit1 + ηXi + εit
Donde:
Yit es la variable dependiente asesinato de líderes sociales en el municipio i en el tiempo t
Yi,t-1 es el rezago de la variable dependiente en municipio i en el tiempo t-1
xit1 es la variable hectáreas de coca del municipio i en el tiempo t
ηXi los controles (para municipio i en el tiempo t se incluye erradicación aérea con glifosato;
erradicación manual ; asaltos6 de grupos armados ilegales; incursiones7 de grupos armados
ilegales; hostigamientos8 de grupos armados ilegales; capturas GAO; capturas ELN; capturas
FARC).
εit9 es el error.
6 Ataque perpetrado por un comando armado que se dirige contra un objetivo específico que se encuentra dentro
de una vivienda, un establecimiento comercial o una finca. El asalto implica el acto de irrumpir en un espacio
fisco delimitado (CNMH, 2016, p. 17). 7 Es la ocupación transitoria de un territorio que implica el uso de medios y hombres en un número suficiente
para el despliegue de una operación de mediana o alta escala, Se distingue del asalto por el número de hombres
que intervienen en el hecho y los medios utilizados, a saber, un número plural de vehículos y motocicletas
(CNMH, 2016, p. 18). 8 Es un ataque leve de un grupo armado organizado a una fuerza armada estatal en movimiento, temporalmente
detenida o que ocupa una instalación fija. El propósito en ambos casos es inquietar al enemigo. El parámetro
para diferenciarlo de la emboscada es la capacidad de infligir daño al enemigo, la cual es medida como la
causación de afectaciones, letales o no letales, a tres o menos combatientes de la fuerza atacada, así como la
ausencia de daños materiales cuando se produzca un ataque contra una instalación (CNMH, 2016, p. 4). 9 Donde el εit incluye el componente: 𝜇𝑖 = 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 (Labra & Torrencillas, 2014).
15
Adicionalmente, se genera un modelo que tiene en cuenta los cambios en el número de
hectáreas sembradas por municipio en relación con el año anterior, manteniendo los demás
controles presentados en el anterior modelo.
Yit = α Yi,t-1 + xdt1 + ηXi + εit
Donde xdt1 es la variable que indica los cambios en el número de hectáreas.
Para el componente cualitativo se realizaron 5 entrevistas a expertos, en donde se discutió
alrededor de los siguientes temas generales: 1. Relaciones entre narcotráfico y persecución
del liderazgo social 2. Instrumentos actuales de protección de líderes y lideresas 3.
Alternativas para la protección de líderes y lideresas en el escenario de crecimiento de
cultivos de uso ilícito y grupos armados al margen de la ley 4. Estrategias para la prevención
(Se anexan formato de consentimiento informado y protocolo de entrevista semiestructurada
aprobadas por el Comité de ética de la Escuela de Gobierno).
Además, se incluye dentro de este apartado cualitativo, la escucha que se han realizado por
otras entidades, específicamente la adelantada por la Comisión de la Verdad en los “Diálogos
para la No Repetición”, en donde se indagó, mediante seis jornadas colectivas, sobre el
fenómeno de estudio con expertos en el tema, es importante aclarar que esta información es
de acceso público. Estas jornadas fueron presididas por los comisionados y comisionadas de
la verdad con líderes y lideresas sociales de todo el país, incluyendo diferentes tipos de
liderazgos -juveniles, JAC, tierras, campesinos, cocaleros, entre otros- asimismo, fue
acompañada por funcionarios del gobierno nacional, Fiscalía General, Procuraduría,
Defensoría del Pueblo y otras instituciones gubernamentales; adicionalmente, participaron
académicos, periodistas, alcaldes y gobernadores de los territorios. Las jornadas se realizaron
en Bogotá, Quibdó, Arauca y Córdoba en el segundo semestre del año 2019.
Para el análisis de la información cualitativa anteriormente mencionada se desarrolla un
análisis temático, este permite “organizar la información producida en el marco de la
investigación, guiar la comprensión o interpretación y hacer viable su recuperación y
socialización” (Mieles, Tonon & Alvarado, 2012, p. 216). De esta forma, el análisis temático
contribuye a la identificación de patrones comunes y relaciones, mediante el uso de códigos
o categorías, temas y temas globales.
16
5. Resultados
5.1. Estadísticas descriptivas
En el periodo 2010 a 2018 se presentaron 680 asesinatos a líderes y lideresas sociales, siendo
el año 2018 el que reporta una mayor frecuencia, presentándose 155 homicidios. Respecto al
tipo de liderazgo, los líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) o comunales, los líderes
étnicos (indígenas y afrodescendientes) y los líderes de restitución de tierras o campesinos,
son los tipos de liderazgos más afectados en el periodo estudiado
Gráfica 1. Número de líderes sociales asesinados según el tipo de liderazgo y el año de los
hechos
Fuente: Elaboración propia a partir de Somos Defensores (2010-2018)
Frente al comportamiento del fenómeno a nivel departamental, se encuentra que los
departamentos del Cauca (126), Antioquia (115), Valle del Cauca (48) y Nariño (44),
reportan el mayor número de líderes muertos en el periodo de análisis. En los departamentos
donde menor número de asesinatos de líderes se presentaron fueron en Amazonas (0), San
Andrés (0), Vaupés (0), Guainía (0), Vichada (1), Boyacá (2) y Guaviare (3). Referente al
comportamiento municipal, ciudades capitales como Medellín y Bogotá encabezan el listado
con el mayor número de líderes asesinados en el periodo en cuestión; así mismo, se observan
17
varios municipios del departamento de Cauca dentro de los 10 municipios con mayor número
de reporte de asesinato de líderes.
Gráfica 2. Asesinato de líderes sociales por municipios (se presentan los 14 municipios con
mayor frecuencia)
Fuente: Elaboración propia a partir de Somos Defensores (2010-2018)
En lo relacionado con los cultivos de uso ilícito, en el anexo 3 se muestra el comportamiento
de la siembra por año, evidenciando un pico en los años 2016, 2017 y 2018, siendo esto
coincidente con el aumento del número de líderes asesinados10. Respecto a los lugares de
mayor cultivo, se encuentran Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Frente al
comportamiento por municipios, en varios municipios del pacífico nariñense y caucano se
encuentran mayores cantidades de siembra de cultivos de coca, seguidos por tres municipios
10 Ahora, frente al número de ha. erradicadas, se presenta en el periodo de análisis que en el departamento de
Nariño se han erradicado mediante aspersión aérea 127.571 ha. de coca (M= 14.174,56; SD = 15194.98) y
mediante erradicación manual forzosa 36.365 ha. (M= 5.195; SD = 5.634,05), este seguido por los
departamentos de Putumayo (55.360 ha. aspersión aérea, M = 6.151,11, SD= 4.839,39; 7.594 erradicación
manual, M=1.265,66, SD=1.354,43), y Caquetá (51.851 ha. aspersión aérea, M=5.761,22; SD= 5.873,16; 3.672
erradicación manual, M=524,57, SD= 445,77). Respecto a la erradicación aérea, en el periodo considerado los
municipios de Magui (Nariño), Miraflores (Guaviare) y San José del Guaviare (Guaviare) fueron los municipios
con mayor número de hectáreas erradicadas mediante aspersión aérea con glifosato. Frente a la erradicación
manual, esta es encabezada por los municipios de Tumaco (Nariño), Tarazá (Antioquia) y El Retorno
(Guaviare).
27
24
24
21
12
11
11
9
9
8
8
8
8
8
0 5 10 15 20 25 30
Medellín
Bogotá, D.C.
Caloto
Túquerres
Corinto
Ábrego
Tierralta
Alcalá
Guadalajara de Buga
Ituango
Tarazá
El Tambo
Jambaló
Puerto Caicedo
18
del departamento de Norte de Santander y Putumayo. Cuando se comparan los departamentos
y municipios en donde se presenta mayor número de asesinato de líderes sociales, se
encuentra que en departamento de Nariño se reporta una alta frecuencia tanto en el asesinato
de líderes como en la siembra de cultivos ilícitos, a nivel municipal, es el Tambo uno de los
municipios en los que se vislumbran las dos problemáticas.
Gráfica 3. Ha. de cultivos de coca por municipios (se presentan los 10 municipios con mayor
frecuencia)
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel Municipal del CEDE (2010-2018)
5.2. Resultados del modelo
Los resultados se encuentran en la Tabla 111. Se observa que existe una relación negativa
entre el número de hectáreas de coca sembradas y el asesinato de líderes sociales. Así mismo,
se evidencia que los asesinatos de líderes sociales acontecidos en el periodo anterior se
encuentran relacionados de manera inversa y significativa con la variable dependiente; es
decir, entre menos asesinatos de líderes sociales se presenten en el periodo anterior, mayor
será el número de asesinatos en el presente periodo.
11 Se realizan correlaciones con todas las variables de la base de datos, estos resultados se presentan en el anexo
2.
19
Tabla 1. Efecto de los cultivos ilícitos sobre el asesinato de líderes sociales (sin variables
control)
Variables Lideres
L.Líderes -0.284***
(0.00159)
H_coca -3.73e-05***
(7.12e-06)
Constant 0.0768***
(0.00413)
Observations 8,984
Number of codmpio 1,123 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Cuando se agregan los controles propuestos en el modelo se observan las mismas relaciones
en lo referido a las variables “Hectáreas coca” y el rezago de la variable dependiente. Por
otro lado, se evidencia una relación positiva con el asesinato de líderes sociales cuando se
trata de las variables de erradicación área con glifosato y erradicación manual.
Tabla 2. Efecto de los cultivos ilícitos sobre el asesinato de líderes sociales (con variables
control)
Variables Líderes
L.Líderes -0.156***
(0.000235)
Hectáreas coca -1.06e-05***
(4.07e-07)
Erradicación aérea 7.42e-06***
(5.71e-07)
Erradicación manual 5.04e-05***
(1.01e-06)
Asaltos a población 2.203***
(0.0751)
Incursión a población 0.564***
(0.0369)
Hostigamientos -0.0221***
(0.000781)
20
Capturas GAO 0.000480***
(1.94e-05)
Capturas ELN 0.00513***
(0.000132)
Capturas FARC 0.00332***
(5.84e-05)
Constant 0.0478***
(0.00292)
Observaciones 8,984
Número de municipios 1,123 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Cuando la variable independiente es el cambio en el número de hectáreas sembradas en
relación con el periodo anterior, se observa que existe una relación positiva pero no
significativa entre esta variable y el asesinato de líderes sociales.
Tabla 3. Efecto del cambio en el número de ha. de coca sobre el asesinato de líderes
sociales (sin controles)
Variables Líderes
L. Líderes -0.176***
(0.00182)
Diferencia Ha. 6.89e-06
(7.75e-06)
Constant 0.0686***
(0.00376)
Observations 8,984
Number of codmpio 1,123 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Cuando se agregan los controles, se evidencia que el cambio en el número de hectáreas
sembradas en relación con el periodo anterior presenta una relación negativa y significativa
entre esta variable y el asesinato de líderes sociales. Las demás variables presentan un
comportamiento similar al compararse con los resultados del modelo anterior. Los resultados
21
se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4. Efecto del cambio en el número de ha. de coca sobre el asesinato de líderes
sociales (con controles)
Variables Líderes
L.Líderes -0.137***
(0.000238)
Diferencia Ha. -1.14e-05***
(7.40e-07)
Erradicación aérea 7.21e-06***
(6.32e-07)
Erradicación manual 7.21e-06***
(4.86e-07)
Asaltos a población 0.222***
(0.0711)
Incursión a población 0.299***
(0.0356)
Hostigamientos -0.00796***
(0.000438)
Capturas GAO 0.00103***
(3.41e-05)
Capturas ELN 0.00838***
(0.000192)
Capturas FARC 0.00185***
(4.33e-05)
Constant 0.0480***
(0.00295)
Observations 8,984
Number of codmpio 1,123 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
En los dos modelos las variables ancladas con las acciones de los grupos armados ilegales,
muestran una relación directa cuando se trata de asaltos e incursiones a la población, mientras
que la variable hostigamientos presenta una relación inversa. Ahora, frente a las variables
relacionadas con las capturas, todas muestran una relación directa y significativa con la
variable dependiente.
22
Como se pudo evidenciar mediante los análisis descriptivos de las variables de la base de
datos empleada para el estudio, los departamentos de Norte de Santander, Cauca y Caquetá,
son los que presentan ataques e incursiones por parte de los grupos armados ilegales, siendo
esto coincidente con un importante número de cultivos de uso ilícito dentro de estos
territorios, especialmente, dentro del departamento de Norte de Santander y la zona del
Catatumbo.
Estos resultados permiten evidenciar que los grupos armados asociados con el narcotráfico
han dirigido actos de violencia contra los líderes sociales en los territorios con cultivos de
uso ilícito, pues a diferencia de la modalidad de hostigamiento, el asalto y la incursión, no se
realizan, necesariamente, contra otro actor armado legal o ilegal, sino contra personas
específicas en espacios determinados y contra territorios definidos (Observatorio de Memoria
y conflicto –CNMH-, 2016). Lo anterior, posiblemente, porque los líderes sociales en los
territorios cocaleros y sus luchas, algunas veces a favor de la sustitución voluntaria, entran
en conflicto con los intereses económicos de los actores armados. Sin embargo, con esto, no
se pretende que se olvide que existen otro tipo de intereses asociados a diversas dinámicas
económicas que han sido denunciadas por los líderes sociales como relacionadas con su
persecución y muerte (Comisión de la Verdad, 2019).
Frente a las variables de capturas, se evidencia que todas tienen una relación significativa y
positiva con el asesinato de líderes sociales, lo cual demuestra que la perturbación de los
órdenes impuestos por los grupos armados, se debilitan ante las capturas de los integrantes
de esos grupos, incidiendo en los asesinatos. Al respecto, Garzón & Gélvez (2019b)
mencionan que los grupos armados generan un tipo de regulación ilegal que controla la
violencia letal, esto, es consecuencia de los vacíos de regulación, así, cuando incursiona la
Fuerza Pública mediante las capturas, se rompe el vacío de regulación y el equilibrio
impuesto, generando un aumento en la violencia. De esta manera, para detener las dinámicas
de violencia, menciona Garzón (2017) “se requiere de un nuevo equilibrio en estas zonas,
que puede ser el resultado de la predominancia de un actor criminal o de la presencia
fortalecida del Estado y la “domesticación” de las facciones ilegales, es decir, que el Estado
logre que estas organizaciones al margen de la ley no incurran en violencia” (p.1).
23
Sin embargo, se ha encontrado que la militarización de los territorios cocaleros ha derivado
en el número de acciones de violencia letal por parte de los diferentes grupos armados que
se disputan el control del territorio, lo anterior, por las políticas antinarcóticos actuales que
desvían la atención de las condiciones estructurales de la violencia ancladas a la débil o
diferenciada presencia estatal y desprotección de las comunidades (Garzón, 2017).
6. Resultados cualitativos
Como se mencionó, el ejercicio cualitativo se llevó a cabo mediante la realización de 5
entrevistas a docentes de entidades de educación superior con conocimiento en el tema en
cuestión; asimismo, se sistematizaron y categorizaron los seis Diálogos para la No Repetición
para entender la problemática de los líderes y lideresas sociales en el país, evento público
realizado por la Comisión de la Verdad. Las explicaciones dadas por las voces escuchadas
deben entenderse desde dos perspectivas: causas estructurales que inciden en la violencia
contra los líderes y lideresas sociales y factores coyunturales, los cuales, se enmarcan en
procesos históricos y sociopolíticos macro12.
6.1. Explicaciones estructurales
Al indagar por la relación entre el asesinato de los líderes sociales y los cultivos de uso ilícito,
las voces escuchadas coincidieron en afirmar que este es un factor importante, pero que debe
ser visto en el marco de problemáticas estructurales; las cuales, de acuerdo con las respuestas
escuchadas se agrupan en las siguientes categorías: Factores socio-culturales, debilidad
estatal, tenencia y distribución de la tierra y economías ilícitas.
En la categoría factores socio-culturales, se agrupan las respuestas que hacen alusión a las
continuidades históricas de exclusión de la diferencia, en específico, las voces escuchadas
aluden a la creación de un enemigo interno, categoría en la cual se ha etiquetado al líder
social, justificando acciones de violencia de los diferentes actores armados legales e ilegales,
siendo a su vez, mecanismo de legitimación social de la violencia. La estigmatización como
guerrilleros, subversivos o de izquierda es una particularidad que resaltan las voces
12 En el anexo 8 se encuentra el árbol de categorías derivado del análisis temático.
24
escuchadas, como uno de los factores más importantes para entender la violencia contra los
liderazgos, pues dentro de este molde, se agrupa la persecución a los diferentes movimientos
de lucha, sean estos, campesinos, cocaleros, estudiantiles, sindicales u otros.
Se encuentra una segunda categoría que agrupa las alusiones a la debilidad estatal, una
debilidad manifestada en la presencia militar del Estado como el único mecanismo para hacer
frente a los problemas territoriales, problemas que obedecen a la histórica ausencia en política
social. Anclado a esto, se resalta la no ocupación de territorios dejados por las FARC-EP,
luego del acuerdo de paz, situación que permitió la continuidad e incluso, la intensificación
de la violencia; pues diversos actores armados llegaron a demandar las rutas de
narcotráfico13. Esta debilidad estatal se ancla a la tercera categoría, en esta se agrupan las
respuestas que mencionan como causa estructural del asesinado líderes y lideresas la lucha
por la tenencia y distribución equitativa de la tierra, problema que se considera como uno
de los más relevantes en la explicación de la violencia sociopolítica del país y que retoman
los líderes y expertos escuchados, esto teniendo en cuenta las luchas ancladas al territorio, la
tierra y su uso y los múltiples movimientos o asociaciones campesinas creadas alrededor del
problema de la tierra.
Sin embargo, la pugna por la tierra no solamente se sostiene con grandes multinacionales
extractivistas o con las posturas y políticas del gobierno que facilitan un modelo de desarrollo
que las favorece; también, los líderes y lideresas, así como los expertos escuchados, ponen
de manifiesto la permanencia de las economías ilícitas y los actores armados que las rodean.
Así, el problema de los cultivos de uso ilícito en los territorios y la minería ilegal son dos
tipos de dinámicas ilícitas que se identifican como estructurales para entender la situación de
los liderazgos sociales: “Una de las causas son las rentas ilícitas, con el Estado se firmaron
acuerdos de sustitución y el estado no acudió a la disposición de sustituir los cultivos, esto
ha causado persecución a los líderes por parte de los actores armados” (Participante
13 Esta debilidad estatal fue reclamada, principalmente, en los territorios étnicos, pues anclado a la violencia
estructural e histórica contra comunidades indígenas y negras de nuestro país, se encuentra el centralismo en la
administración y concepción de políticas, en este caso, para la prevención de la violencia y protección de los
líderes y lideresas, siendo unas “políticas hechas desde lo urbano y no hecha desde lo rural, hechas desde
Bogotá” (Participante Diálogos para la No Repetición 017). Esta debilidad estatal, de acuerdo con las voces
escuchadas, se refleja en la pobreza estructural de los campos, motivaciones para la lucha social que demanda
el acceso a oportunidades, la reivindicación de la ruralidad y la re- significación del sentido de la tierra.
25
Diálogos para la No Repetición 021). La persistencia de la economía del narcotráfico, será
identificada, a su vez, dentro de los factores coyunturales para la violencia, las cuales tienen
de antesala estos problemas estructurales.
6.2. Factores coyunturales
De las diferentes voces, se identificaron factores coyunturales de la violencia, estas
respuestas se agrupan en las siguientes subcategorías: Persecución por actores armados en
disputa territorial, persecución por oposición a economías ilícitas y defensa de la sustitución
voluntaria de cultivos de uso ilícito y la persecución oficial.
En este sentido, la persecución por actores armados en disputa territorial remonta a la
presencia y reconfiguración de la acción armada ilegal en los territorios; de esta manera, las
pugnas por el control territorial, en lo referido a los órdenes sociales y negocios ilegales, son
una constante amenaza para los líderes sociales, la cual, se agrava con la salida de las FARC
de los territorios luego de la firma del acuerdo de paz, pues como muestra de la debilidad
estatal, la institucionalidad no logra cooptar los espacios dejados, facilitando la consolidación
de actores armados históricos o la llegada de nuevos grupos posdesmovilización paramilitar
anclados a las economías ilegales. La presencia estatal, mencionan las voces escuchadas, solo
se logra en algunos territorios mediante la militarización de estos, aumentando los niveles de
violencia y las consecuencias de ella, no solo para los liderazgos sociales, sino también para
la población civil en general.
En este contexto, los líderes y lideresas se oponen a las economías ilegales amenazando,
como lo mencionaba un líder social “la gasolina de los violentos”, específicamente, mediante
la defensa de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito impulsados por el
Acuerdo de Paz. Esta defensa motiva a los actores armados a la persecución de los líderes
sociales, no solamente porque frena los intereses de estos o amenaza su sostenimiento
económico, también, porque desde los actores armados el líder empieza a concebirse como
aliado del gobierno y sus políticas: “Se presenta victimización de líderes que están en frente
de procesos de sustitución voluntaria con el fin de frenar procesos y continuar con el cultivo
(…), además los actores armados dicen ustedes hicieron arrancar la coca, son aliados del
gobierno” (Participante Diálogos para la No Repetición 025).
26
Anclado a esto, se encuentran las luchas continuas contra las políticas antidrogas,
específicamente, contra la aspersión con glifosato, medida señalada por las voces escuchadas
como herramienta represiva que afecta los mecanismos de subsistencia y la salud de las
comunidades.
Lo anterior, es para los líderes y expertos escuchados un reflejo de la responsabilidad del
gobierno en los asesinatos y la persecución, específicamente por el incumplimiento de lo
acordado, así el incumplimiento en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la
no llegada de la institucionalidad luego de la salida de las FARC-EP y la categorización del
cultivador de coca como criminal, han permitido la victimización.
Ahora, la oposición de los líderes y lideresas no se relaciona solamente con la continuidad
de los cultivos de uso ilícito o demás economías ilegales, es importante resaltar la
persecución oficial, existen así alusiones relativas a la denuncia de la corrupción en los
territorios y por la comisión de violaciones a los DDHH y al DIH ejercido desde los actores
armados legales. Así, una de las voces escuchadas, menciona: “El líder no lo asesinan solo
en torno a lo ilegal, también los que están sentados en el poder mandan a asesinar líderes,
porque están en un entramado parapolítico que no ha dejado de existir” (Participante
Diálogos para la No Repetición 032). Añade la representante legal de una organización para
la defensa de comunidades indígenas, lo siguiente: “Empiezan los señalamientos, amenazas,
intentos de asesinatos, comienza a incrementarse las amenazas con la reclamación de
derechos porque ya no le tapaba a nadie (…) en su momento dijeron ‘vea para que deje de
denunciar la muerte de los niños vamos a buscarle un contrato para que se quede callado,
entonces mira no denuncies eso, te damos un trabajo, un contrato’, pero eso no es, entonces
como vieron que no se cayó en esa dinámica empezaron a controvertir todo lo que hacía el
líder” (Comunicación personal, 20 de febrero del 2020) La corrupción en las entidades del
Estado son una motivación para la denuncia, encarnando a partir de allí, la persecución por
esta denuncia hacia la oficialidad: “el hecho de empoderar la base empieza a molestar a
aquellos que lo veían como idiotas útiles (…) se empieza a denunciar a todos esos políticos,
entonces al ver una comunidad empoderada, empiezan las persecuciones no solo contra el
líder sino contra la comunidad en general” (Comunicación personal, 21 de febrero del 2020).
27
Anclado a lo anterior, está la omisión a la protección, cuestión que se ampliará en la
valoración de las políticas existentes por parte de líderes y expertos, pero que se encuentra
en las respuestas sobre las motivaciones para la victimización, de esta manera, se denuncia
de manera clara que el Estado no se preocupa por cumplir con las medidas existentes y hace
caso omiso a las alertas tempranas de la Defensoría del pueblo, mecanismo que resaltan como
medida de prevención, no obstante, esta no está siendo acatada por el gobierno, facilitando
la victimización. Además, el etiquetamiento por parte de los entes gubernamentales o
búsqueda de explicaciones que legitiman la violencia, tales como los “líos de faldas” o el ser
“narcotraficantes” son asociados al estigma histórico y construcción de enemigo interno, que
impiden la apertura de investigaciones judiciales, incentivan la impunidad y se configuran
como estímulos perversos que reproducen las violencias.
6.3. Valoración de las políticas actuales
En esta categoría se agrupan las respuestas que califican o valoran las políticas actuales para
la protección de los liderazgos sociales en el país, una de las alusiones principales se refiere
a la no aplicación de las medidas existentes, seguida por valoraciones que señalan la
existencia de medidas sin tener en cuenta las necesidades específicas de los territorios y sus
liderazgos, siendo evidencia del centralismo estatal y la desterritorialización como enfoque
de política, también se encontraron alusiones referentes a la inaplicabilidad de las medidas o
a la corrupción e impunidad que las rodea a estas y a las entidades encargadas de
implementarlas.
En primera medida se encuentra la inaplicabilidad de las medidas existentes y como denuncia
principal el caso omiso que se realiza a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del
Pueblo. Anclado a esto, se menciona que, como estrategia de silenciamiento, se han
desarrollado estrategias para el destierro de los liderazgos en los territorios, lo cual, ha
derivado en desestructuración de procesos comunitarios, en tal medida, mencionan las voces
escuchadas, “la aplicabilidad de las medidas existentes no se puede reducir a sacar del
territorio a los líderes sociales” (Participante Diálogos para la No Repetición 002).
Por otro lado, se encuentran valoraciones referidas al enfoque de las medidas creadas, las
cuales fueron calificadas de urbanas, reactivas y generales: “además todo está hecho desde
28
la percepción de Bogotá detrás de un escritorio con un desconocimiento de las dinámicas de
los territorios, (…) si bien el vehículo sirve, tener a personas que conozcan el territorio da
algo de tranquilidad, no es suficiente porque al desconocer todo no se puede aplicar el
esquema” (Comunicación personal, 21 de febrero de 2020). Este relato, pertenece al
representante legal de una organización de líderes indígenas, quién denuncia las medidas
descontextualizadas que se han aplicado para la protección de los liderazgos sociales, esto,
se conecta con el centralismo denunciado por las diferentes voces, que lo ven como una
explicación estructural para la persecución al liderazgo social, pues se considera que la
ausencia de diálogo con los territorios y el desconocimiento del contexto, anula las
intenciones de generar medidas que realmente incidan en la protección de la vida de líderes
y lideresas.
Por otro lado, se menciona que las políticas existentes son reactivas y no continuas. En este
sentido, las medidas físicas como el chaleco o el carro blindado se reconocen como medidas
que pueden proteger la vida del líder social, no obstante, mencionan las voces escuchas, estas
no deben ser el único recurso ante los problemas estructurales que rodean el asesinato de
líderes sociales. Por el contrario, estas medidas deben ser complementarias o parte de un
programa integral con enfoque preventivo, reconociendo las particularidades de los
territorios. Adicionalmente, se menciona que las medidas que son proporcionadas por la
Unidad Nacional de Protección, no son medidas continuas, situación que ha puesto en riesgo
al líder y su colectivo: “Dicen que se debe activar un sistema de autoprotección, dan unas
charlas que no tienen continuidad, por ejemplo, nos desmontaron el esquema de seguridad
y ahorita nos dieron un esquema colectivo con cuatro hombres y dos carritos, entonces si
pasa algo aquí o allá no lo podemos cubrir, y lo vivimos finalizando enero, no pudimos evitar
que mataran a cuatro personas y el Estado lo sabía, movimos Defensoría, Policía, Ejército
y con todo eso los mataron, lo único que les falto fue que vieran la muerte de eso”
(Comunicación personal, 20 de febrero del 2020). El relato anterior, es claramente diciente
de la inoperatividad de las medidas, las cuales, son en algunos territorios sinónimos de
militarización, situación que pone en un riesgo mayor a los liderazgos.
Anclado a estos problemas, se encuentra la corrupción e impunidad que rodea la aplicación
de las medidas. En este sentido, las voces escuchadas manifiestan la intervención de las
29
instituciones encargadas de aplicar las medidas y de ejercer procesos de investigación, pues
se denuncian actos de corrupción y filtración de la información que agudizan los riesgos a
los cuales son sometidos por su labor de liderazgo: “si se denuncia algo a la Fiscalía los
primeros que saben quién denunció son ellos, ¿cómo así que ellos saben que nosotros los
denunciamos?” (Comunicación personal, 21 de febrero del 2020). Lo anterior, de manera
clara incide en la confianza de los líderes en las instituciones y el Estado en general.
Anclado a la desconfianza, se denuncian las barreras de acceso a las medidas de protección,
las cuales, señalaban algunos de los entrevistados, solo fueron posibles cuando el caso se
elevó a entes como la Corte Constitucional, mecanismo que contribuyó al
desencadenamiento de la protección, el cual, también es cuestionado, pues se encuentran
estrategias descontextualizadas de las vivencias territoriales. De manera concreta, una de las
voces escuchadas manifestaba lo siguiente “Chaleco y control de pánico donde no hay señal”
(Participante Diálogos para la No Repetición 009). Frente al acceso a las medidas, se
menciona: “siempre te dan un riesgo ordinario o extraordinario y siempre el Estado por
ahorrarse plata, toco acudir a que la Corte Constitucional, todo lo que le dieron fue por vía
tutela” (Comunicación personal, 20 de febrero del 2020).
Así mismo, la capacidad de la justicia para la investigación, es señalado como aspecto
importante para su mejoramiento e incluso como causa que alimenta la continuidad de los
asesinatos de líderes sociales, pues se reconoce, que en las zonas más apartadas no existe
infraestructura en investigación y continua permeada por la corrupción: “Mientras haya
impunidad no hay justicia, si usted denuncia corruptos y no pasa nada, si la Fiscalía y los
entes de control están corruptos nunca vamos a salir del lío en el que estamos, si el Estado
no es fuerte, si no hay instituciones fuertes, no hay nada, que medidas podemos pedir si quien
las adopta se puede dejar corromper” (Comunicación personal, 25 de febrero de 2020).
7. Discusión de resultados
El interés investigativo que impulsó el presente trabajo, giró en torno al asesinato de los
líderes y lideresas sociales en Colombia, especialmente, estudiando su relación con los
cultivos de uso ilícito. De este proceso, se puede argumentar que el asesinato de los líderes
30
sociales en Colombia es un fenómeno complejo que no se explica de manera aislada. Así,
pretender explicar el asesinato de líderes sociales como resultado de los cultivos de uso
ilícito, tal como se manifestó en su momento por parte del gobierno nacional (Somos
Defensores, 2019b; Fiscalía, 2018), es ignorar su sistematicidad histórica y la responsabilidad
estatal en la prevención y protección del liderazgo social.
De esta manera, tanto los resultados cuantitativos como cualitativos, demostraron que no
existe una relación entre los cultivos de uso ilícito para el periodo 2010-2018 y el asesinato
de líderes sociales, lo anterior, se explica al considerar que la violencia socio-política contra
líderes y lideresas sociales no se agota en el asesinato, existiendo diversas formas de
violencia; siendo además, una dinámica compleja, sistemática e histórica anclada a preceptos
socioculturales que la han facilitado, perpetuado y legitimado.
En este sentido, como lo demuestra Somos Defensores (2019c) el asesinato no es la única
modalidad de victimización, así, para el primer semestre del año 2019 se presentaron hechos
de amenaza, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones y robo de
información, como modalidades alternas al asesinato; siendo la amenaza, la modalidad con
mayor número de casos. Lo anterior, contribuye al entendimiento de los resultados
cuantitativos, especialmente, los relacionados con la relación negativa entre el rezago de la
variable dependiente y el asesinato de líderes sociales, pues, aunque el número de asesinatos
disminuya, se elevan otras modalidades de violencia; por ejemplo, como lo menciona Somos
Defensores (2019c) los asesinatos en el mismo periodo de tiempo del año 2018 fueron
superiores en comparación con el 2019; sin embargo, los atentados, las detenciones
arbitrarias y las amenazas se incrementaron sustancialmente “los atentados incrementaron en
un 17%, las detenciones arbitrarias en un 450% y las amenazas en un 75%” (p. 91). Estos
resultados, plantean importantes retos investigativos para el abordaje de los diferentes hechos
de violencia y su relación con otro tipo de variables, así como en los mecanismos de política
pública a generar.
Por su parte, se sostiene que el asesinato de líderes sociales es un fenómeno complejo,
sistemático e histórico. En este sentido, la complejidad del fenómeno parte en situarlo dentro
de un marco general que comprende una institucionalidad estatal débil que ha derivado en la
configuración de dinámicas de violencia en los territorios, actores armados ilegales y
31
economías extractivistas que atentan contra las comunidades; como respuesta, nacen los
liderazgos, con la intensión de desestructurar estas dinámicas establecidas, teniendo como
resultado, la intención de acallamiento y desaparición por aquellos que ostentan el poder y
pretenden mantener el estado de cosas impuesto (Zuluaga & Insuasty, 2019). La complejidad
del fenómeno, parte por reconocerlo históricamente, este reconocimiento explica a su vez los
resultados de esta investigación y sus limitaciones, pues, aunque se da una mirada a un marco
temporal específico, las dinámicas acaecidas en este marco temporal se anclan a un
comportamiento histórico; un ejemplo claro de la historicidad y sistematicidad muy bien
documentado y reconocido, es el genocidio político de la Unión Patriótica, movimiento
político de izquierda surgido luego de los Acuerdo de Paz llevados a cabo entre la guerrilla
de las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur, genocidio que derivó en la muerte de
más de 1600 miembros de esa colectividad (Huertas, 2019); demostrando la continuidad de
las doctrinas de eliminación.
Relacionado con esto, tal como es señalado por Arboleda (2017) un rasgo fundamental del
funcionamiento institucional es la existencia de derechos de propiedad bien establecidos,
evitando conflictos de tierras; evidentemente, en Colombia esta es una tarea histórica no
resuelta que, en voces de las diferentes personas escuchadas para esta investigación, se
constituye como un problema estructural para entender la violencia contra líderes sociales.
Precisamente, el problema de la concentración de la tierra, la no titulación y baldíos, ha
permitido no solamente la consolidación de grandes proyectos agroindustriales, sino también
la expansión de los cultivos de uso ilícito que han instaurado junto con los actores armados
ilegales, patrones de vida y desarrollo excluidos de la institucionalidad formal; lo cual, ha
llevado al Estado a generar estrategias que han derivado en la victimización de líderes
sociales, al respecto menciona Arboleda (2017) “No hay que negar tampoco que con la
implementación de la política antidrogas en Colombia se generaron una serie de impactos en
los territorios, los procesos de militarización y control territorial bajo el discurso de lucha
contra el comunismo y los procesos de aspersión con glifosato para evitar la expansión de
los cultivos de coca, también generaron profundas secuelas en las comunidades afectadas, no
solo desencadenando procesos de confrontación armada, sino también destruyendo los
cultivos que garantizan el sustento económico” (p. 43).
32
Lo anterior, se ancla con los resultados de esta investigación que relacionan de manera directa
los procesos de erradicación14, tanto manual forzada como mediante aspersión aérea con
glifosato, con el asesinato de líderes sociales; pudiendo afirmar que las luchas sociales de los
líderes en los territorios cocaleros se han anclado a la defensa de su territorio y mecanismos
sostenibles de erradicación, lo cual, ha entrado en conflicto con las dinámicas económicas de
los actores armados ilegales en los territorios, quienes, han logrado una consolidación
económica y social tras la salida de las FARC-EP de las regiones, lugares no ocupados por
la institucionalidad estatal.
Por ejemplo, la Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones (2018), evidencian
que la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)
ha sido una de organizaciones más afectadas por las agresiones y asesinato de sus líderes,
precisamente por liderar los procesos de sustitución de cultivos, especialmente, luego del
Acuerdo de Paz. Resultados similares son los encontrados por Marín (2020) al evidenciar
que los programas alternativos de sustitución de cultivos de uso ilícito aumentan en un 266%
la tasa de asesinatos de líderes sociales y en 105% su probabilidad; observando además que
los efectos del PNIS aumentaron en 2018, precisamente, por la expansión del programa. Lo
anterior, es resultado del poder e influencia de diferentes actores armados relacionados con
el negocio del narcotráfico que han disputado el control de los territorios más afectados por
cultivos de uso ilícito, precisamente, para su control y dominio; convirtiéndose los líderes
sociales el objetivo de los ataques cuando estos irrumpen con sus dinámicas de economía
ilegal.
Por otra parte, la investigación permite afirmar que las estrategias y/o políticas para la
prevención de la vida de los líderes sociales son inaplicadas, insuficientes,
desterritorializadas y atravesadas por la corrupción. Al respecto, menciona Somos
Defensores (2019c) el reconocimiento de la existencia de diversas medidas para la protección
a los líderes sociales, las cuales, argumenta el mismo gobierno, se encuentran dispersas y los
14 La evidencia ha demostrado que las campañas de erradicación no reducen los cultivos de coca (Ávila et al.,
2017; Mejía et al, 2017), por el contrario, generan efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente
(Camacho & Mejía, 2017).
33
responsables de la administración de las mismas no son claros; así, señalada Somos
Defensores (2019c) esta situación:
…al hacer un barrido por los diversos discursos, pronunciamientos y llamados
de los altos funcionarios del Estado y Gobierno (…) hablan de mejorar la
protección para estas personas, pero sin saltar a la esfera de una política
pública robusta y vinculante que vaya al fondo del problema, que garantice el
ejercicio de la defensa de los DDHH. Cada institución se ha preocupado por
sacar directivas y resoluciones (softlaw), sin embargo, no son vinculantes ni
obligantes, mucho menos demandables, ni objeto del derecho administrativo.
(p. 68).
Esta lectura acotada, de acuerdo con Somos Defensores (2019c) no solamente se refleja en
medidas superficiales, también ubican a los líderes sociales como sujetos de protección, esto
implica, el reconocimiento de medidas solo para aquellos que están amenazados o
clasificados de acuerdo con los riesgos de la UNP, olvidando a las demás personas que
ejercen algún tipo de liderazgo social en los territorios, quienes no son objeto de recepción
de medidas que permitan la modificación de las condiciones estructurales que los pondrían
en peligro; es decir, se mantiene una política pública reactiva, sobre una política pública
preventiva. Lo anterior, fue encontrado en las voces de las personas escuchas, quienes de
manera reiterativa mencionaron la inaplicabilidad y/o insuficiencia de estas medidas de
protección, las cuales, se reducen al aprovisionamiento de medidas físicas que, en algunos
casos, no son aplicables en los territorios, precisamente, por las condiciones en las que estos
se encuentran, demostrando una vez más medidas de descontextualizadas, realizadas desde
el desconocimiento.
Adicionalmente, es importante resaltar en este punto, la continuidad de medidas anteriores,
de enfoque militarista que ponen en riesgo a los líderes sociales, ejemplo de esto, es el
establecimiento de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral –ZEII, definidas en la
Política de Defensa y Seguridad PDS - Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad y
el Decreto 2278 del 16 de diciembre de 2019. De acuerdo con la política, estas zonas son
“espacios del territorio con ausencia o déficit de legalidad; vacíos de institucionalidad o con
una precaria presencia estatal; ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente
34
que están en alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico” (p.
38) y se reconoce que en estas zonas la violencia es permanente, estando en especial riesgo
los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo cual:
La intervención integral en estas zonas estará precedida del despliegue de
unidades de las Fuerzas Militares y de Policía y será acompañada por la acción
unificada del Estado, que contribuirá a eliminar los principales factores de
amenazas a la seguridad. En las ZEII habrá una sola estrategia y unidad de
mando y control civil para su ejecución, no obstante, ésta sea interagencial
(…) Además, las Fuerzas Militares prestarán servicios esenciales básicos de
emergencia, por un periodo corto, mientras se crean las condiciones mínimas
de seguridad requeridas para que puedan concurrir a la mayor brevedad las
instituciones públicas titulares de tal responsabilidad. (p. 38).
Se evidencia, el énfasis en la militarización de estas zonas, las cuales fueron definidas
mediante el Decreto 2278 del 16 de diciembre de 2019: 1) Pacífico Nariñense. 2) Zona Bajo
Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba. 3) Catatumbo. 4) Arauca. 5) Chiribiquete y Parques
Nacionales Naturales Aledaños; precisamente, en donde se encuentra la mayor victimización
a los líderes sociales y las siembras de cultivos de uso ilícito. Ante esto, los líderes sociales
señalaron a esta investigación que este tipo de medidas son riesgosas para su seguridad, más
aún, cuando estas no son acompañas de medidas integrales que ataquen las desigualdades
existentes en sus territorios.
Finalmente, el proceso de escucha adelantado, permite señalar como un factor transversal a
las problemáticas que explican la victimización de los líderes, la histórica falta de voluntad
estatal por cumplir con los acuerdos, no solo de índole nacional como el Acuerdo de Paz,
sino también aquellos a los cuales se ha llegado en los territorios; situación que ratifica la
debilidad de sus instituciones, la desconfianza de la población civil en ellas y la impunidad
que legitima la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos en
Colombia. Al respecto, Somos Defensores (2019c), presenta varios ejemplos, así el Pacto
por la Vida firmado en Apartadó el 23 de agosto de 2018 en donde se planteó la creación de
una política pública de protección y prevención, hasta el momento no se ha materializado en
medidas reales; las instituciones encargadas de la investigación y el control como la
35
Procuraduría tampoco han derivado en resultados importantes que permitan incidir en la
problemática, reconociendo a su vez, la participación de funcionarios del Estado ya sea por
acción u omisión, labor que contribuiría con el reconocimiento de la problemática y sus
responsables.
Adicionalmente, menciona Somos Defensores (2019c) que la negación del conflicto social y
armado en Colombia y la atribución al narcotráfico de la alteración del orden público y el
incremento de hechos violentos, son mecanismos que no permiten reconocer la
responsabilidad del Estado en la problemática, en tanto su rol de proteger y garantizar la
seguridad de todos los colombianos.
8. Recomendaciones de política
El ejercicio investigativo permite identificar puntos y problemáticas en común producto del
análisis y escucha de la información, tanto cualitativa como cuantitativa; es por esto que, a
continuación, se presentan unas recomendaciones de política15 frente a la problemática
estudiada, recogidas en una propuesta que integra dimensiones y ejes. Esta propuesta
reconoce, por un lado, los esfuerzos que desde el Estado colombiano se han adelantado, pero
también, las demoras, falencias y vacíos en las medidas existentes. Es importante anotar que
esta propuesta intenta imprimir una perspectiva territorial que tenga en cuenta la
problemática de los cultivos ilícitos en los territorios y la incidencia que esta tiene en la
prevención y protección de la vida de líderes y lideresas.
Propuesta de Plan Integral para el fortalecimiento de la prevención del asesinato y
persecución de líderes y lideresas en los territorios con cultivos de uso ilícito en el escenario
de construcción de paz
Esta propuesta parte del reconocimiento de la sistematicidad de los asesinatos de líderes y
lideresas sociales, así como del contexto de conflictividad social y política aún existente en
15 Es importante tener en cuenta que los insumos para la formulación de las recomendaciones presentadas, se
derivan del proceso de escucha adelantado, tanto con los expertos como en los diferentes Diálogos para la No
Repetición ya descritos en el apartado de Metodología.
36
el país. De esta manera, el Plan plantea los siguientes principios bajo los cuales deben
entenderse cada una de las dimensiones y estrategias contenidas.
El asesinato de líderes y lideresas sociales es un fenómeno sistemático, así como las
demás vulneraciones a los DDHH sufridas por estos.
El Plan reconoce la existencia de causas históricas y estructurales que inciden en esta
problemática, tales como: la noción de enemigo interno gestada como política
contrainsurgente; el problema de la distribución desigual de la tierra y la presencia
diferenciada del Estado en los territorios.
Desde la propuesta, se está de acuerdo con que se deben generar estrategias
diferenciales y con enfoque territorial, específicamente, teniendo en cuenta la
problemática de los cultivos de uso ilícito en los territorios. Reconociendo que las
dinámicas rurales y de zonas cocaleras distan de las particularidades urbanas.
Como marco importante para la protección de los líderes y lideresas en contextos de
cultivos de uso ilícito, se reconoce el Acuerdo Final alcanzado con la antigua guerrilla
de las FARC-EP, pues las voces escuchadas manifiestan que este atiende a los
problemas estructurales y que, de la voluntad política para implementarlos, se
derivarán menores hechos de violencia hacia los líderes sociales. Se hace énfasis, en
el Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores y
defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos,
este, encontrado en el Punto 3 concerniente al Fin del Conflicto; como herramienta
marco para la protección de los líderes y lideresas.
Teniendo en cuenta estos principios orientadores, la propuesta cuenta con tres grandes
dimensiones: La prevención, la protección y el acceso a la justicia y la no repetición.
Primera dimensión: La prevención
El objetivo de esta dimensión se ancla con las problemáticas estructurales y sociales
denunciadas por los líderes y lideresas, generando desde una perspectiva integral, primeros
pasos para la transformación a largo plazo de los precipitantes estructurales.
37
Estrategia 1. Fortalecimiento de la presencia y capacidad institucional en materia social y de
acceso a derechos básicos en los territorios rurales con mayor presencia de hectáreas de
cultivos de uso ilícito.
Este fortalecimiento se dirige tanto a la capacidad de las instituciones del Estado en los
territorios como aquellas propias de las comunidades étnicas, reconociendo, la necesidad de
articulación y empoderamiento de estas últimas, ante su conocimiento de las necesidades y
dinámicas de los territorios. La necesidad del fortalecimiento de la institucionalidad étnica
y territorial se deriva de las propuestas escuchadas, en donde se manifiesta la poca agencia
de los consejos comunitarios y los resguardos indígenas, dependiendo de una
institucionalidad nacional ausente. En este sentido, la potencialización de presupuestos
propios y el reconocimiento real como autoridades étnicas, permitiría la generación de
espacios de denuncia que activen rutas de apoyo con el nivel territorial y nacional, también,
mecanismos de divulgación y educación para los derechos humanos de acuerdo con las
particularidades de cada consejo o cabildo y, mediante el reconocimiento y manejo de
recursos, la generación de soluciones a los problemas locales.
Está demostrado que la institucionalidad del Estado en las zonas cocaleras se materializa por
medio del despliegue de la fuerza pública, situación que en algunos casos ha empeorado la
situación de orden público, pues se evidencian las contrariedades entre una presencia estatal
de corte militarista frente el reconocimiento de la actividad de siembra de cultivos ilícitos
como la actividad de sustento. Ante esto, se debe propender por el fortalecimiento de la
institucionalidad social, sin excluir la presencia de las fuerzas armadas; las dos estrategias,
la militarista y la social deben ir acompañadas y conjugarse para garantizar los derechos
humanos y el acceso a los servicios básicos en estos territorios. De manera específica, el
fortalecimiento de la institucionalidad social, implica identificar y priorizar de manera
coordinada con las autoridades territoriales y étnicas, los problemas sociales que consolidan
las dinámicas asociadas con los cultivos de uso ilícito, delimitando, las responsabilidades de
cada uno de los actores, para de esta forma desplegar política y administrativamente acciones
sociales que permitan la trasformación de los condicionantes sociales que permiten las
dinámicas de violencia.
38
Estrategia 2. Transformación del enfoque actual de la política antidrogas: favorecimiento y
cumplimiento de los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Los resultados de la investigación demostraron que el uso de fumigación con glifosato se
relacionaba de manera positiva con el asesinato de líderes sociales, asimismo, variadas
investigaciones (Walsh, Sánchez-Garzoli & Salinas, 2008) han demostrado las
consecuencias negativas de esta práctica en la salud humana y en los cultivos de pancoger de
las comunidades, lesionando los mecanismos de subsistencia existentes en el ámbito rural.
Dado esto, se defiende la eliminación de esta práctica dentro de la política antidrogas y se
llama al cumplimiento de los diferentes acuerdos con las comunidades en materia de
sustitución voluntaria, como mecanismo importante para la lucha efectiva contra las drogas
y las desigualdades sociales en los territorios cocaleros y, de esta manera, como estrategia
para la prevención de las vulneraciones a los DDHH de los líderes y lideresas.
Esta estrategia, se deriva de la escucha adelantada por la investigación, en la cual, se llama
la atención sobre el cumplimiento del punto 4 del Acuerdo Final relativo a la solución al
problema de las drogas ilícitas, así como los acordados en las diferentes mesas con las
comunidades étnicas. Esta estrategia como alternativa de prevención, reconoce que el cultivo
de uso ilícito en los territorios se ha convertido en la única alternativa para la subsistencia de
campesinos y campesinas, por lo cual, las medidas ancladas a la erradicación de estos cultivos
deberán acompañarse de medidas sociales reales, cumpliendo los compromisos con las
familias que se han comprometido con la sustitución.
Estrategia 3. Educación, denuncia y empoderamiento comunitario.
El objetivo de esta estrategia es reconocer la labor del liderazgo social, los mecanismos de
denuncia existentes y la construcción participativa de herramientas para la solución de
conflictos en el marco de contextos de alta conflictividad. En este sentido, de esta estrategia
se derivan las siguientes acciones:
a. De la estigmatización al reconocimiento: mediante la incidencia en el sistema
educativo, privilegiando las formas de enseñanza rural, se pretende que las ideas
ancladas al líder social como insurgente justificando su eliminación, sean eliminadas,
permitiendo un reconocimiento de la importancia de la existencia de los líderes y
39
lideresas y de la denuncia de la vulneración a los derechos fundamentales y humanos.
Sin embargo, esta actividad deberá implementarse también dentro de las fuerzas
armadas, reconociendo la fuerte presencia que estas realizan en zonas cocaleras y la
coexistencia de una doctrina de seguridad del enemigo interno; de esta forma, se
deberá, de manera efectiva, desmontar de los entrenamientos ideológicos la idea del
líder social como brazo político de las guerrillas, esto contribuirá tanto con la
eliminación de la estigmatización como el compromiso real desde las fuerzas armadas
para la protección de los líderes y lideresas.
b. Empoderamiento comunitario: se reconoce que uno de los mecanismos más efectivos
para la prevención es el conocimiento de las rutas de denuncia e instituciones
encargadas de la protección; en este sentido, dentro de esta estrategia se propone la
educación en materia de derechos humanos y denuncia de las comunidades, lo cual,
permitirá el reconocimiento del liderazgo, pero también respuestas comunitarias
tempranas ante los hostigamientos de los actores armados contra los líderes y
lideresas, construyendo de esta manera un entorno protector y de prevención. Lo
anterior, deberá realizarse en compañía de las autoridades étnicas y territoriales, pues,
como se mencionaba en una de las estrategias anteriores, el reconocimiento de estas
autoridades, permitirá que desde estas se gestionen estos mecanismos de
empoderamiento y de denuncia con el acompañamiento y articulación de la
institucionalidad departamental y estatal. En este punto, se reconoce la utilidad del
Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones
en los territorios, el cual, hace parte del Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha
contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y
masacres, que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos; en el cual, se insta a la creación de
programas de promotores/as comunitarios de paz y convivencia, protocolos de
protección para territorios rurales y apoyos a la actividad de denuncia de las
organizaciones de derechos humanos en los territorios. Lo anterior, en cabeza del
Ministerio del Interior.
Segunda dimensión: La protección
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El objetivo de esta dimensión es el fortalecimiento de las medidas existentes ante el reporte
o identificación de riesgo de victimización de líderes o lideresas; reconociendo el aparato
normativo e institucional y la poca articulación entre estos.
Estrategia 1. Fortalecimiento y articulación entre las instituciones de denuncia y protección
Uno de los mayores problemas para la protección de los líderes y lideresas se relaciona con
la no aplicabilidad de las medidas existentes, en este sentido, se omiten los llamados de las
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, pudiendo generar mecanismos para la
preservación de la vida del líder o lideresa.
En este sentido, se propone la consolidación y evaluación de las medidas existentes de la
mano con las autoridades étnicas y territoriales para establecer la viabilidad de las mismas,
siendo estas autoridades enlaces para la coordinación y aplicación de las medidas de
protección ante la amenaza de los líderes y lideresas, permitiendo un relacionamiento más
cercano entre la institucionalidad y la realidad rural.
De esta manera, los enlaces territoriales conformarán equipos que en articulación con los
gobiernos departamentales y la institucionalidad nacional (en cabeza de la Unidad Nacional
de Protección16), acompañarán los procesos de denuncia del líder o lideresas, la aplicabilidad
y al continuidad de medidas de protección físicas (chaleco, vehículo blindado, escoltas); así
mismo, los equipos conformados por el enlace coordinaran con entidades locales,
plataformas de DDHH, con la Defensoría del pueblo17 o quien haga sus veces, la
identificación del riesgo, su magnitud y las medidas más oportunas y eficaces para protección
del líder, la lideresa y su familia. En concreto, se propende por la conformación de una Red
de protección que surja desde lo local con el apoyo, respaldo y toma de responsabilidad
nacional.
16 En el proceso de escucha se encontraron llamados para la reestructuración de la Unidad Nacional de
Protección, la cual, de acuerdo con los líderes, ha sido cooptada por los actores armados e intereses aliados a la
desaparición del liderazgo social en los territorios, impidiendo que ejerza con eficiencia la labor de protección;
lo cual, se ve manifestado en la negación de medidas, demora en la asignación de riesgo, filtración de
información y demás irregularidades que ponen en riesgo al líder social. De esta forma y ante eventuales
transformaciones, los enlaces territoriales contribuirán como veedores para el cumplimiento de la
responsabilidad desde la Unidad y la adecuada atención y protección de los líderes y lideresas en riesgo. 17 La escucha derivó en el llamado del fortalecimiento de la capacidad de la Defensoría del Pueblo como entidad
en la cual se encuentra una confianza superior y el acatamiento de las alertas tempranas, mecanismos que se
considera como eficiente para la prevención inmediata de la victimización.
41
Estrategia 2. Medidas colectivas de autoprotección
Esta estrategia contempla el fortalecimiento de las guardias campesinas, cimarronas e
indígenas, considerando la poca capacidad institucional que existe en los territorios; sin
embargo, se hace énfasis en la desconcentración de la militarización en los territorios, pues
como ya se ha anotado, esto favorece el riesgo para la vida de los líderes sociales. Anclado a
estas medidas de autoprotección, está la creación de mecanismos de protección que no
necesariamente se ligan con el fortalecimiento de las guardias o un pie de fuerza comunitario,
también, se hace alusión a la organización de las comunidades, señalando la importancia de
los comités de DDHH para preservar la vida de los líderes. Las anteriores medidas en íntima
articulación y comunicación con la institucionalidad, pues se reconoce que la protección a la
vida continúa siendo tarea principal del Estado colombiano, el cual deberá acercarse al
problema mediante la creación de política sociales integrales con enfoque territorial que
tengan en cuenta la participación de las diferentes comunidades y cosmovisiones.
Tercera dimensión: Acceso a la justicia y no repetición
El objetivo de esta dimensión es romper con las dinámicas de impunidad y corrupción que
involucran el acceso y la investigación de las victimizaciones a los DDHH de los líderes y
lideresas; así mismo, se reconoce la poca capacidad institucional en materia de justicia en los
territorios, situación que problematiza el acceso a la justicia y la no repetición de los hechos.
Estrategia 1. Lucha contra la corrupción
Un factor importante para la continuidad de las acciones de violencia, se relaciona con la
inoperancia de las instancias de justicia, especialmente, resaltan las voces escuchadas, la
corrupción en el manejo de la información y las investigaciones, pues, se insiste, que el
denunciar las persecuciones y las amenazas ante las instancias competentes, resulta en la
agudización del riesgo. Ante esto, se propone que la mesa o equipo conformado por el enlace
territorial, funcione como veedor en las investigaciones, no solamente para garantizar la
celeridad y buen uso de información, sino como un mecanismo de soporte al líder o lideresa,
quien se enfrenta a un escenario hostil por su labor de defensa de los derechos humanos. Lo
anterior, tiene el objetivo de proteger al líder social cuando se comprueba que los encargados
de administrar justicia en los territorios están cooptados por los actores armados o bandas
42
ilegales, generar mecanismos de protección ante riesgos inminentes de manera oportuna y
servir de soporte emocional al líder y su familia.
Adicionalmente, el equipo de enlace territorial, el cual, deberá ser reconocido y protegido
por las instancias del gobierno nacional, elevará a los órganos competentes las irregularidades
que se presenten en el manejo de las investigaciones a líderes y lideresas sociales, siendo un
apoyo y fuente de información importante para los entes de control.
Estrategia 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de justica en los
territorios rurales.
Otro de los problemas frecuentes para garantizar el acceso a la justicia de los líderes y
lideresas, se trata de la ausencia de la institucionalidad en materia de justicia para elevar las
denuncias pertinentes. Ante esto, es necesario que se apoye y fortalezca el accionar de la
Fiscalía General de la Nación, facilitando, los mecanismos para que el líder o lideresa pueda
acercarse a la institucionalidad.
Estrategia 3. Visibilidad y memoria histórica
Esta estrategia tiene el objetivo de concientizar a la sociedad colombiana respecto a la pérdida
que representa el asesinato o silenciamiento de un líder o lideresa, de esta manera, se pretende
con esta estrategia la generación de campañas de sensibilización y reconocimiento a la labor
de liderazgo a partir del uso de medios de comunicación masivos, televisión, radio y redes
sociales; una campaña que permita transformar esos impactos propios del conflicto
relacionados con la naturalización de la violencia, concepto que emergió de la escucha
adelantada por la investigación, de esta forma, se espera que ante el conocimiento de la
necesidad y gravedad de la pérdida ante la eliminación de un líder y lideresa, la sociedad
colombiana se apropie y vigile la situación de sus líderes, demandando, acciones efectivas
para su protección.
9. Conclusiones
Este proceso de investigación permite el reconocimiento del problema del asesinato de los
líderes y lideresas como un fenómeno complejo, cuya explicación no puede comprenderse
43
mediante la generación de causalidades. Por el contrario, como los fenómenos sociales, debe
entenderse de manera amplia y heurística, generando soluciones de la misma naturaleza para,
de esta manera, impactar en la transformación de la problemática.
Así mismo, se reconoce que con los Acuerdos de Paz se visibilizó el fenómeno del asesinato
de líderes sociales y la continuidad de nociones que históricamente han favorecido su
eliminación. Adicionalmente, es importante que se reconozca que el homicidio no es la única
modalidad de violencia ejercida en contra de los líderes y lideresas; por el contrario, existen
otras modalidades que deberán ser atendidas mediante una política pública integral que tenga
la finalidad de prevenir la victimización y eliminación de los liderazgos sociales
colombianos.
Esta investigación permite comprender que la variable de cultivos de uso ilícito analizada no
se debe apartar de otros fenómenos, pues la complejidad de la problemática, provocó el
llamado de atención a la investigación desde las voces escuchadas, quienes, si bien
reconocían que esta variable era importante para comprender la dinámica del asesinado y
persecución de los líderes sociales; mencionaban, como se ha resaltado, la historicidad del
fenómeno e incluso las raíces socioculturales del mismo; factor que poco ha sido reconocido
tanto en investigaciones académicas como en estrategias de política pública.
Mediante esta investigación, se generan ideas que desde el proceso de escucha y análisis de
datos se logran consolidar como complementarias para la formulación de políticas públicas
para la prevención de la victimización y la protección de la vida de los líderes y lideresas,
política pública anunciada por el gobierno nacional en el año 2019 pero que no se ha
materializado; demostrando no solamente la vigencia de la cuestión, sino la necesidad de la
vigilancia y puesta en marcha de recomendaciones desde la academia y la sociedad civil.
Finalmente, se reconocen las limitaciones de la investigación, es necesario que futuras
investigaciones focalicen en las dinámicas territoriales que dotan de características
específicas los fenómenos sociales, pudiendo de esta forma, enriquecer la generación de
estrategias para la mitigación y solución de la problemática. Así mismo, es importante centrar
la atención en los impactos diferenciales de la violencia contra líderes y lideresas sociales,
reconociendo que sobre estas últimas existen señalamientos y reproches por el
incumplimiento de los roles asignados históricamente en el marco de sociedades patriarcales.
44
Adicionalmente, es importante que se desagregue por tipos de liderazgos y que las medidas
de política pública sean lo suficientemente potentes para reconocer las motivaciones
diferenciales, tanto al tipo de luchas como sujetos involucrados en ellas, siendo esto, un
reconocimiento del pluralismo consagrado por la carta política colombiana.
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51
ANEXOS
Anexo 1. Listado de variables de la base de datos de la investigación
Variable Fuente
Departamento
Código de Municipio DANE
Año
Hectáreas de coca CEDE
Erradicación aérea CEDE
Erradicación manual CEDE
Asesinato líderes sociales SOMOS DEFENSORES
Asesinato líderes étnicos SOMOS DEFENSORES
Asesinato líderes JAC SOMOS DEFENSORES
Asesinato líderes juveniles SOMOS DEFENSORES
Asesinato líderes LRC SOMOS DEFENSORES
Asesinato líderes sindicales SOMOS DEFENSORES
Asesinato líderes víctimas SOMOS DEFENSORES
Asesinatos otros liderazgos SOMOS DEFENSORES
Población rural CEDE
Población urbana CEDE
Población total CEDE
Acuerdo de paz CEDE
Ocurrencia desaparición forzada CEDE
Ocurrencia desplazamiento CEDE
Ocurrencia homicidio CEDE
Ocurrencia secuestro CEDE
Asalto población civil CEDE
Incursión población civil CEDE
Hostigamientos CEDE
Capturas GAO CEDE
Capturas ELN CEDE
Capturas FARC CEDE
Acceso a crédito pequeño productores CEDE
Acceso a crédito medianos productores CEDE
Acceso a crédito grandes productores CEDE
Establecimientos educativos CEDE
Total docentes CEDE
Total alumnos CEDE
Cobertura salud subsidiado CEDE
Número de centros de salud CEDE
Inversión total CEDE
Gasto total CEDE
Déficit CEDE
Gasto inversión CEDE
52
Anexo 2. Consentimiento informado
Consentimiento Informado e Información sobre el estudio “Líderes y lideresas asesinadas y
cultivos de uso ilícito. Propuestas para la protección del liderazgo social en Colombia en el
escenario de construcción de paz”
Introducción de investigador(a):
Buen día, mi nombre es Angie Lorena Ruiz Herrera y soy estudiante de la Maestría en Políticas
Públicas de la Universidad de Los Andes.
El objetivo de su participación en el estudio es incluir sus voces y opiniones expertas en la
contrastación de los resultados cuantitativos de la investigación titulada Líderes y lideresas
asesinadas y cultivos de uso ilícito. Propuestas para la protección del liderazgo social en Colombia
en el escenario de construcción de paz. La información que usted nos dé durante este proceso
contribuirá a la construcción de recomendaciones de política pública que contribuyan a enfrentar la
vulneración al derecho a la vida de los líderes y lideresas en Colombia. Este proyecto de investigación
hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.
Descripción de Actividades:
Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección de datos
cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales:
Escuchar atentamente los resultados cuantitativos de la investigación El liderazgo comunal
amenazado: Los cultivos de drogas ilícitas y su relación con el asesinato de líderes
y lideresas sociales en Colombia, 2010-2018
Contestar preguntas relacionadas con su trayectoria investigativa
Participar en una conversación colectiva sobre el tema expuesto con otros expertos y la
investigadora a cargo bajo la modalidad de grupo focal.
Participar en una entrevista individual sobre el tema expuesto (si no ha participado en el grupo
focal) con la investigadora a cargo de la investigación.
Riesgos:
Las preguntas no cubrirán temas personales o incómodos, estas giraran en torno a la evaluación de
los resultados cuantitativos y la construcción de alternativas de política para la prevención y
mitigación del problema.
Beneficios:
Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos puede
ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a construir alternativas de política pública para
garantizar el derecho a la vida de los líderes y lideresas en Colombia.
Confidencialidad:
Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento se
revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos
serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos. No
obstante, si desea que su nombre aparezca en el documento final, deberá responder la siguiente
pregunta de manera afirmativa:
53
Desea usted que su nombre aparezca en el documento final derivado de la presente
investigación Sí ____ No ____
Participación Voluntaria:
Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide retirarse
del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida participar o
no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio.
Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a Angie
Lorena Ruiz cel.: 320 2870114, correo: [email protected]
En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al
Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico
¿Quisiera usted participar en el estudio? Sí _____ No______
¿Podemos grabar las actividades en audio? Sí _____ No______
_____________________________________ ___________________________________
Firma del Participante Fecha
54
Anexo 3. Protocolo de entrevista
Entrevista individual sobre el estudio “El liderazgo comunal amenazado: Los cultivos de
drogas ilícitas y su relación con el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, 2010-
2018”
A continuación se presenta la guía de entrevista para la toma de información a expertos, con el fin de
contrastar los resultados cuantitativos de la investigación titulada “El liderazgo comunal
amenazado: Los cultivos de drogas ilícitas y su relación con el asesinato de líderes y lideresas
sociales en Colombia, 2010-2018”, así mismo, con el objetivo de construir o tomar insumos para la
elaboración de alternativas de política pública que den frente a la problemática analizada.
Condiciones de la entrevista:
La entrevista será grabada en audio, no se tomarán videos o fotografías del procedimiento.
La entrevista será realizada en la ciudad de Bogotá o por medios tecnológicos (Ej.: Skype)
cuando la persona no se encuentre residiendo en Bogotá,
Para los expertos residentes en Bogotá, la entrevista será realizada en las instalaciones de la
Universidad de Los Andes, previa autorización de espacios o en los lugares de trabajo
(Universidades) de los investigadores.
La duración de la entrevista será alrededor de una hora y media, duración que fluctuará de
acuerdo a la dinámica de la entrevista.
Estructura de la entrevista
Momento inicial: lectura y explicación del consentimiento informado
Desarrollo de la entrevista
1. Trayectoria académica, investigativa o experiencial
¿Cuál ha sido su experiencia académica, investigativa o experiencial relacionada con
el tema del liderazgo social, los cultivos ilícitos o la defensa de DDHH?
2. Relaciones entre narcotráfico y persecución del liderazgo social
¿Cree que el aumento de cultivos ilícitos si ha influido en la muerte de líderes
sociales?
¿Podría identificar hitos o momentos históricos asociados a la historia del
narcotráfico en Colombia en donde se haya presentado una situación similar de
persecución y asesinato a los líderes sociales? En estos momentos ¿Se puede hablar
de la influencia del narcotráfico en las vulneraciones a los DDHH de líderes?
Si no existe relación entre las variables ¿Por qué cree que se presenta entonces el
aumento de líderes sociales? ¿La siembra de cultivos puede que no influya con los
asesinatos, pero influye con otros fenómenos de victimización?
Se ha encontrado que los líderes sociales están en desacuerdo con la relación entre
narcotráfico y asesinato de líderes ¿Qué piensa de esto?
Por el contrario, el gobierno nacional ha mencionado que los líderes asesinados son
consecuencia del aumento de los cultivos ilícitos ¿Qué piensa de esto?
¿Cree que la firma del Acuerdo de Paz ha tenido alguna relación con el aumento de
los asesinatos de líderes sociales?
55
3. Discusión sobre los instrumentos actuales de protección de líderes y lideresas
¿Cree que se han tomado las medidas adecuadas para la protección de líderes
sociales?
¿Cuál considera ha sido el enfoque de estas medidas (prevención, seguridad,
criminalización)?
¿El gobierno actual ha actuado oportuna y eficientemente frente a esta problemática?
¿Qué no ha hecho y que sí ha hecho el gobierno para enfrentar este fenómeno?
4. Alternativas para la protección de líderes y lideresas en el escenario de crecimiento de
cultivos ilícitos y grupos armados al margen de la ley
Es imposible ocultar el crecimiento de la violencia en los territorios tradicionalmente
golpeados por esta, ante esta situación ¿Cómo proteger a los líderes sociales?
Ante la incursión de nuevos cárteles de narcotráfico en el país y la consolidación de
grupos armados ilegales (GAI) ¿Cómo conciliar la protección a la ciudadanía
(incluyendo líderes sociales) con el enfrentamiento a los eslabones de producción de
estos (Ej.: medidas como la aspersión con glifosato que ha demostrado efectos
adversos para la salud)?
5. Estrategias para la prevención
¿Cuál deberá ser el enfoque de política que el gobierno nacional debería adoptar
(prevención, mitigación, criminalización? ¿Cómo materializarlo?
Desde la investigación se defiende el enfoque preventivo, esto implica pensar que el
asesinato de líderes sociales no solamente responde a elementos contextuales (por
ejemplo los cultivos ilícitos en los territorios) sino también a fenómenos históricos
en la historia colombiana que han permitido la criminalización de aquellos que se
sitúan al margen del orden establecido, ante esta posición ¿Cómo crear una política
pública preventiva (que permita deconstruir dichos elementos históricos)?
Momento final:
Agradecimiento y resolución de preguntas si hay lugar.
56
Anexo 4. Ha. de coca cultivadas por año (2010-2018)
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel Municipal del CEDE (2010-2018)
Anexo 5. Capturas grupos armados ilegales desde 2010 a 2018
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel Municipal del CEDE (2010-2018)
57
Anexo 6. Estadísticas descriptivas de capturas 2010-2018 por departamento
Departamento Capturas GAO Capturas ELN Capturas FARC
Amazonas 46 0 6
.4646465 0 .0606061
2.046.965 0 .2791453
Antioquia 9424 407 1808
8.376.889 .3617778 1.607.111
2.040.075 1.706.111 6.318.246
Arauca 106 735 503
168.254 1.166.667 7.984.127
5.387.636 1.331.141 1.213.299
Atlántico 586 5 27
2.830.918 .0241546 .1304348
1.039.396 .1539012 .7742151
Bogotá 328 31 316
3.644.444 3.444.444 3.511.111
1.787.534 2.554.952 262.414
Bolívar 1809 480 152
4.369.565 115.942 .3671498
1.377.583 3.752.474 1.591.589
Boyacá 99 66 46
.0894309 .0596206 .0415537
1.322.413 .4378819 .3295135
Caldas 68 5 84
.2798354 .0205761 .345679
1.749.818 .2122014 1.200.831
Caquetá 102 0 942
.7083333 0 6.541.667
3.094.943 0 1.034.974
Casanare 175 132 108
1.023.392 .7719298 .6315789
3.898.647 1.859.958 1.544.991
Cauca 321 213 1055
.8492063 .5634921 2.791.005
2.823.924 1.825.967 5.997.897
Cesar 941 140 78
4.182.222 .6222222 .3466667
1.156.185 1.783.967 1.200.744
Choco 1430 290 297
5.125.448 1.039.427 1.064.516
1.277.962 2.486.341 3.943.321
Córdoba 3493 1 189
1.293.704 .0037037 .7
2.291.506 .0608581 4.356.212
58
Cundinamarca 98 9 243
.0938697 .0086207 .2327586
.5405873 .0924909 1.242.596
Guainía 48 1 125
.5925926 .0123457 154.321
2.897.317 .1111111 5.406.129
Guaviare 196 0 228
5.444.444 0 6.333.333
7.485.011 0 9.377.785
Huila 188 19 738
.5645646 .0570571 2.216.216
2.293.168 .5374973 5.741.005
La Guajira 908 34 142
6.725.926 .2518519 1.051.852
1.513.444 1.285.502 264.665
Magdalena 1627 2 21
6.025.926 .0074074 .0777778
2.201.071 .0859062 .3304085
Meta 1513 8 1135
5.796.935 .0306513 4.348.659
1.088.617 .2461612 9.309.481
Nariño 1393 399 1474
2.418.403 .6927083 2.559.028
1.370.066 2.477.239 1.538.005
Norte de Sant. 2049 820 740
5.691.667 2.277.778 2.055.556
2.156.423 5.627.782 8.773.042
Putumayo 259 0 615
2.213.675 0 525.641
5.299.364 0 1.019.056
Quindío 208 4 65
1.925.926 .037037 .6018519
5.348.952 .2338594 1.701.785
Risaralda 185 31 55
1.468.254 .2460317 .4365079
4.288.937 .8734896 1.536.208
San Andrés 68 0 0
3.777.778 0 0
88.288 0 0
Santander 705 160 132
.9003831 .2043423 .1685824
5.237.118 .9279031 .8669457
Sucre 762 1 48
325.641 .0042735 .2051282
8.656.689 .065372 .6009786
Tolima 61 34 637
.144208 .0803783 150.591
.8349636 .4495051 4.532.593
Valle del Cauca 2149 49 719
59
5.685.185 .1296296 1.902.116
1.521.931 .7787771 6.437.493
Vaupés 2 2 28
.037037 .037037 .5185185
.2721655 .2721655 1.356.198
Vichada 294 21 79
8.166.667 .5833333 2.194.444
1.210.785 2.047.647 8.038.548
Total 31641 4099 12835
3.130.603 .4055605 1.269.912
123.091 2.261.121 610.199
Anexo 7. Correlaciones con todas las variables de la base de datos
Variables Líderes
L.Líderes -0.0167***
(8.52e-05)
H_coca 8.72e-07***
(8.85e-08)
errad_aerea -4.34e-06***
(8.48e-08)
errad_manual -1.08e-05***
(1.10e-07)
ETNICO 0.997***
(2.39e-05)
JAC 1.003***
(5.61e-05)
JUVENIL 0.987***
(0.000211)
LRC 1.002***
(9.43e-05)
SINDICAL 1.011***
(0.000152)
VICTIMAS 0.994***
(0.000406)
pobl_rur -3.29e-07***
(3.36e-09)
pobl_tot 9.18e-09***
(1.02e-10)
o_desap_for -0.000392***
(5.65e-06)
o_desplaza 1.16e-05***
(8.60e-08)
o_homic -0.000131***
(1.19e-06)
60
o_secuest -0.00180***
(1.66e-05)
hostig_MD -0.00146***
(6.26e-05)
captu_GAO_MD 6.13e-05***
(7.12e-07)
captu_ELN_MD -0.000280***
(6.66e-06)
captu_FARC_MD -0.000502***
(3.69e-06)
t_establ -4.10e-05***
(6.18e-07)
docen_total 6.90e-07***
(2.85e-08)
alumn_total -4.91e-08***
(2.69e-09)
Cobertura_subsidiado 0.0384***
(0.000391)
DF_gast_inv -4.23e-10***
(0)
y_cap_regalias -5.86e-10***
(0)
deficit 3.05e-10***
(0)
g_total -1.93e-10***
(0)
y_total 0***
(0)
sedes 9.49e-05***
(1.67e-06)
nuf_grandes 8.34e-05***
(5.23e-07)
nuf_medianos -2.30e-05***
(1.65e-07)
nuf_peq -1.69e-05***
(1.42e-07)
Constant -0.0191***
(0.000527)
Observations 2,037
Number of codmpio 567 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
61
Anexo 8. Árbol de categorías
Categorías
Explicaciones
Estructurales
Factores socioculturales
Debilidad Estatal
Tierras
Economías ilícitas
Coyunturales
Disputa territorial AA
Oposición a Economías ilícitas
Sustitución de cultivos ilícitos
Persecución oficial
Valoración de las políticas actuales
InaplicablesEnfoque de las
medidas
Centralistas
No continuas
Reactivas
Corrupción e impunidad
