Tema: Lavado de Activos en el Sector Agropecuario.

Problema: Economía en negro y delitos precedentes del lavado.

Hipótesis: Las razones culturales, la evasión impositiva y la trata de personas lavan activos.

Metodología: Estudio de casos, comparativa.

Antecedentes históricos

A partir del nacimiento de nuestra Nación, la creación y organización de las instituciones junto a la evolución de la economía signada por un modelo agroexportador centralizado en el Puerto de Buenos Aires (incluso para recepción de mercaderías que comerciaba el Alto Perú) hicieron posible el crecimiento del país. Tras las guerras por la Independencia, las campañas del desierto y las decisiones políticas, se fue forjando y delineando la actividad agropecuaria, en tanto el reparto de tierras fue irregular, quedando distribuida la renta de forma inequitativa. Unas pocas personas son propietarias de la mayor cantidad de tierras aptas para la actividad agrícola-ganadera y el usufructo que proviene de ellas. Siempre fue un problema el hecho de conseguir mano de obra, ya sea por las grandes distancias o por la falta de especialización, por la merma provocada por las guerras y por las luchas internas (Unitarios vs. Federales, la ampliación de la frontera con el indio, etc). Fue tan grande el problema de escasez, que hubo que valerse de la inmigración para poder hacer frente a la que sería por muchos años y aún hoy en la actualidad, la actividad económica más relevante, siendo insuficiente la migración interna de los trabajadores golondrina, quienes se movían solos o con su familia a cuestas en la búsqueda de trabajo. El libre comercio con Inglaterra en esos años, incrementó la demanda de materias primas que les proveía nuestro país a cambio de productos manufacturados, motivo por el cual se hizo imperioso conseguir más gente parasatisfacerla.

A pesar de que la función de demanda laboral indica que, a mayor necesidad de mano de obra los salarios aumentan en forma proporcional, esto no sucedió sino todo lo contrario. Los trabajadores rurales cobraban jornales miserables y vivían en condiciones infrahumanas en su mayoría, extendiendo su jornada laboral de sol a sol, valiéndose de sus brazos para la siembra al boleo y la cosecha con herramental rudimentario o sin él, pasando frío, calor, lluvia, hambre y toda la problemática relacionada con un trabajo a cielo abierto.

Las luchas obreras fueron consiguiendo algunos resultados positivos en cuanto a reconocimiento de derechos, pero a un costo muy alto. Muchos de ellos fueron reprimidos y castigados e incluso muertos por las fuerzas de seguridad enviadas por los gobiernos de turno. A comienzos del siglo XX se creó la Federación Agraria (a partir de la protesta conocida como “Grito de Alcorta”) con el fin de dar una entidad representativa a los peones rurales y tener cierta fuerza como para debatir con la Sociedad Rural, organización formada por terratenientes, que dominaba toda actividad relacionada con el campo.

Con el correr de los años, ya en 1944, se proclama el Estatuto del Peón Rural, que abarcó desde la confirmación por ley de derechos y beneficios hasta un aumento significativo del salario. Luego Argentina tuvo vaivenes económicos, producto de la política pendular de los gobiernos siguientes, la coyuntura mundial y la inestabilidad democrática. Pasó por sistemas heterodoxos y ortodoxos en cuanto a las decisiones a nivel económico, pero algunas malas prácticas del Sector Agropecuario continuaron a pesar de ello, ajenas a toda política y cercanas a la maximización de beneficios, a como dé lugar en algunos casos, que merecen un análisis pormenorizado, trayéndonos hasta la actualidad.

Dudoso comportamiento empresarial

El objetivo de cualquier empresa comercial es la maximización de las ganancias. Esto significa, márgenes amplios, reducción de costos, optimización de la producción, buen volumen de ventas, posicionamiento en el mercado, etc. Teniendo en cuenta estos parámetros y centrando el análisis en el Sector Agropecuario, se verifican algunas prácticas que están alejadas de las buenas costumbres y forman parte de un conjunto de acciones que perjudican al país y, básicamente, son ilegales.

Evasión fiscal y laboral Trata de personas

Estas prácticas, citadas a modo de ejemplo, se traducen en un crecimiento en el nivel de ganancias de las empresas. Si bien el delito no tiene excusas ni atenuantes, se acepta como explicación que la falta de rentabilidad, las dificultades para exportar productos o materias primas, la alta presión impositiva, el atraso cambiario, las retenciones y el alto costo laboral, condicionan la actividad y deben apelar a la mayor creatividad para lograr sus objetivos comerciales y financieros, pero al mismo tiempo se constituyen en delitos precedentes del lavado de activos.

Caso concreto de evasión fiscal

Procelac denunció a nueve empresas y a cinco personas por asociación ilícita tributaria al funcionar como "pantalla" o "prestanombres" (también llamadas “empresas carpeta” en la jerga contable) para lavar granos comprados en negro a productores agropecuarios y así poder exportarlos. Estas operaciones se realizaron entre 2009 y 2011 y se estima que el monto asciende a casi $ 1.400 millones. Dicha organización creó “sociedades comerciales ficticias", es decir, sin actividad real, o adquirió firmas existentes para ocultar la verdadera identidad de los dueños del cereal obligados a tributar los impuestos a las Ganancias y a los débitos y créditos bancarios, entre otros.

Cabe señalar que las empresas dedicadas a la comercialización de granos poseen una alícuota muy inferior del impuesto al cheque (0,75 por mil en lugar de 6 por mil).

Existe también la sospecha de que hay un posible lavado de activos de origen ilícito, dado que se comprobó la compra de importantes sumas de dólares con fondos provenientes de la acreditación de depósitos de cheques y con transferencias recibidas de otras cuentas entre las cuales existe vinculación con los firmantes y que no cuentan con un respaldo sobre su origen legítimo. Estas compras de moneda extranjera se hicieron en efectivo, presentando como respaldo documental comprobantes de liquidaciones de venta de cereales entre compañías que se encuentran relacionadas por sus firmantes, sin que exista causa que las justifique. Los domicilios declarados por quienes hicieron las

liquidaciones corresponden a oficinas ofrecidas en alquiler temporario.

La Procelac hace la denuncia a partir de una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) basada en los reportes de operaciones sospechosas informadas por cinco bancos con los que operaba el grupo y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Operatoria de empresas fantasma

Creación:

Son firmas formalmente constituidas, inscriptas en el Registro de Operadores de Granos, con clave fiscal y aptas para obtener Cartas de Porte (necesaria para transportar mercadería).

Integrantes:

Productor agropecuario: es quien vende en negro, cubierto por testaferros.

Testaferros: aparecen como vendedores primarios, generalmente insolventes, sin bienes a su nombre y residentes en la zona de las empresas fantasma. Hasta hace poco eran inscriptos como monotributistas, pero debido a los mayores controles, hoy utilizan productores fundidos e incluso fallecidos. Eso dificulta la llegada al productor oculto, por la falta de algún tipo de documentación que permita probar su vinculación.

Datero: nexo entre el productor y la empresa fantasma.

Valijero: es quien efectiviza el pago en negro de los cereales a los productores. En este momento aparecen las empresas fantasma, ingresando al circuito legal la operación surgida en la informalidad. El destino final puede ser un acopio, algún molino, aceitera o exportador.

Según la complejidad de la operación, pueden aparecer una o más “empresas carpeta” en un mismo circuito. El objetivo es blindar la evasión y no dejar huellas. Por un lado está la parte “física” de la operación y por otro el circuito del dinero. Se compran o venden comprobantes falsos de insumos y servicios relacionados con actividades de siembra y cosecha. Ergo también se simula el cumplimiento de medios de pago exigidos.

Todas estas operaciones son de corto plazo, casi siempre menor a tres meses, dado que la mayor permanencia en el mercado aumenta el riesgo de ser detectadas. Convengamos que la Afip puede tardar entre seis meses y un año en investigar y desbaratar una operación de este tipo. A pesar de que se han endurecido los controles, estas organizaciones delictivas se adaptan rápidamente al medio y siempre encuentran resquicios legales como para permanecer en la marginalidad.

Caso concreto de trata de personas

Antes de exponer el caso, cito 2 expresiones que refieren al empleo digno y a la trata de personas.

“Cuando la afectación a la dignidad del trabajo es por demás severa y extrema, el incumplimiento de las normas laborales abre paso a un encuadre de trabajo forzoso o reducción a la esclavitud o servidumbre” (2)

“El trabajo es el medio para dar rienda suelta al potencial humano, a la creatividad, a la innovación y a la imaginación. Es esencial para que la vida humana sea productiva, útil y significativa. Permite a las personas ganarse la vida, es un canal de participación en la sociedad, proporciona seguridad y confiere un sentido de dignidad. El trabajo está inherentemente e intrínsecamente ligado al desarrollo humano. Pero es importante reconocer que no existe una relación automática entre el trabajo y el desarrollo humano. No todo trabajo contribuye a mejorarlo. La explotación laboral, especialmente la explotación de mujeres y niños, priva a las personas de lo que les corresponde, de sus derechos y de su dignidad. Del mismo modo, un trabajo que sea peligroso, que no cuente con medidas de seguridad, con derechos laborales o con una protección social no es propicio para el desarrollo humano”.(3)

El Renatea realizó un operativo en una finca llamada “Estancia I Porá”, lugar de cosecha de yerba mate y lugar de establecimiento de “Yerbatera Misiones SRL” en medio de los montes misioneros. No había trabajadores registrados, la mayoría de ellos vivía en condiciones precarias, en el medio del campo, se comprobó que recibían comida cada tres días, se les cobraba por la instalación de las carpas en donde vivían, no había acceso al agua potable. Además está montado un sistema de vales con los que los tareferos pueden adquirir algunos alimentos y otros enseres para la vida cotidiana, pero las compras las deben hacer en una proveeduría que es propia de los dueños de la estancia y de la yerbatera.La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) denunció ante la Fiscalía Federal de Posadas la comisión de delito de trata por parte de “Yerbatera Misiones SRL”, que además es propiedad de un ex gobernador de la provincia. La investigación se basa en la explotación verificada contra 61 tareferos, acaecida a partir de una estructura de tercerizaciones (contratistas y subcontratistas) que hacen prácticamente invisible la relación laboral directa y por ende, la responsabilidad de quien genera esta telaraña. No solo se trata de explotación de trabajadores sino que en algunos casos, tiene el agravante de que las víctimas son menores de edad. La ganancia extra que generan estas acciones son resultado de la falta de inversión en mínimas estructuras que brinden las condiciones básicas como para que los trabajadores puedan desempeñar sus labores. Se violan los artículos 24 (alimentación sana), 27 (agua potable) y 28 (servicio sanitario y pago mínimo legal) entre otros, de la Ley del Peón Rural. Además de abusar de las personas, el dueño de la sociedad es un funcionario público y sujeto obligado.

Marco Legal

Resoluciones de la UIF

La resolución 11 de la UIF define como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas a las cooperativas que realicen operaciones de crédito, las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual y las entidades que gestionan préstamos.

La resolución 12 establece las medidas y procedimientos que deberán observar el INAES y los órganos locales competentes "para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de lavados de activos y financiación del terrorismo".

En ambos casos la política de prevención prevé auditorías periódicas, capacitación del personal y elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y de aquellas que se considere sospechosas. En este último caso se deberán comunicar cambios de objeto social sin razón aparente, variaciones significativas de capital social o alzas sustanciales de depósitos en las cuentas bancarias, no justificadas con las actividades o giro comercial habitual.

Asimismo se reportará la constitución de cooperativas o mutuales con un capital social de monto muy significativo o poco significativo, no acorde a las necesidades operativas. La estructura societaria integrada por una cadena de sociedades vehículos constituidas en paraísos fiscales y/o en jurisdicciones "off shore" constituye también motivo de reporte.

El INAES tendrá que reportar además las variaciones patrimoniales significativas, de un ejercicio económico al siguiente, sin debida justificación, y cuando el volumen de los préstamos otorgados por las entidades exceden en forma sustancial al capital social.

Los aportes de asociados o depósitos de cheques en las cuentas bancarias del sujeto obligado, cuyos firmantes son explotaciones agropecuarias o provienen de actividades disímiles a su actividad declarada, serán otro motivo de reporte a la UIF. También las operaciones de salida de fondos de las cuentas corrientes bancarias y los movimientos importantes de depósitos en cuentas de terceras personas vinculadas, a fin de "transferir, adquirir o cancelar productos financieros con el objeto de dificultar la identificación y seguimiento del dinero".

Otro motivo de reporte es la liquidación de operaciones de venta de cereales, otros productos agropecuarios o bienes en general, por montos elevados, a asociados de la entidad, cuyo perfil no se corresponde con los montos liquidados, por ejemplo, por su categoría fiscal de monotributista.