LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P semanal... · 2014-02-09 · 98. castilla y lÉon. caso gÜrtel. la...

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

RESUMEN ANUAL

(2009)

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo 2

ÍNDICE 1. CORRUPCIÓN EN EL PP. CASO GÜRTEL. DESMANTELAN UNA GRAN TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA VINCULADA AL PP 2. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE CORREA SE GESTÓ EN LA SEDE DEL PP EN MADRID 3. GARZÓN IMPLICA AL TESORERO DEL PP EN EL COBRO DE 1,3 MILLONES DE LA TRAMA CORRUPTA 4. CASO GÜRTEL. RAJOY SE LA JUEGA CON SU TESORERO: "NADIE PODRÁ PROBAR QUE NO ES INOCENTE" 5. CASO GÜRTEL. HACIENDA INVESTIGÓ AL TESORERO DEL PP POR INGRESAR 330.000 EUROS EN BILLETES DE 500 6. CASO GÜRTEL. RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS

7. CASO GÜRTEL. "AQUEL QUE HA SIDO IMPUTADO POR PARTE DE LA JUSTICIA TIENE UNA SUSPENSIÓN DE MILITANCIA INMEDIATA"

8. CASO GÜRTEL. LAS RELACIONES DE LA FAMILIA GALEOTE 9. CASO GÜRTEL. RAJOY: “ESTO ES LA INQUISICIÓN, EL GOBIERNO ESTÁ PERSIGUIENDO AL PP” 10. CASO GÜRTEL. RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y BARBERÁ COMO CANDIDATOS PESE A PODER ESTAR INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN 11. CASO GÜRTEL. RAJOY RECOMIENDA "INDIFERENCIA" Y OLVIDO ANTE EL ESCÁNDALO 12. CASO GÜRTEL. DECLARACIONES DE RAJOY EN ESTA TENEBROSA TRAMA 13. CASO. GÜRTEL. LA INVESTIGACIÓN DE LA RED GÜRTEL DESTAPA LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PP 14. RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL' 15. CASO. GÜRTEL. "AGAG ME PIDIÓ QUE ÁLVARO LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR, Y A BOTELLA LE ENCANTÓ" 16. COSPEDAL ASEGURA QUE EL GOBIERNO HA ORDENADO ESPIAR A DIRIGENTES DEL PP 17. COSPEDAL OLVIDÓ DECLARAR 27.000 EUROS, UN TERCIO DE SUS INGRESOS 18. CADA VEZ QUE VOTA COSPEDAL EN EL SENADO NOS CUESTA A LOS ESPAÑOLES 3.132 EUROS 19. EL PP VUELVE A CUESTIONAR SIN PRUEBAS EL FALLO DEL 11-M 20. RAJOY DA A OTROS TERRITORIOS LO QUE NIEGA A CATALUNYA 21. EL PP DEFIENDE QUE NINGUNO DE SUS BARONES ACUDIERA AL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 22. EL PP HACE FRACASAR LA CUMBRE CONTRA LA CRISIS 23. EL PP APOYÓ DURANTE OCHO AÑOS LAS ESCUCHAS DE SITEL 24. AZNAR, EL NEOLIBERAL, RECETA CONTRA LA CRISIS DESPIDO BARATO Y PRIVATIZACIONES 25. PAÍS VASCO. BASAGOITI, AL PP: 'QUE BLINDEN EL CONCIERTO O SI NO QUE SE PRESENTEN ELLOS EN EUSKADI' 26. PAÍS VASCO. CONDENAN A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EX EDIL DE URBANISMO DE VITORIA 27. CATALUÑA. ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO: "AQUÍ NO CABEMOS TODOS" 28. CATALUÑA. DIMITE EL SECRETARIO GENERAL DEL PP EN GIRONA


29. CATALUÑA. LA CARRERA DE SIRERA ROZA EL ABISMO POR UNA INVASIÓN DE SU INTIMIDAD 30. CATALUÑA. NEBRERA SE VA DEL PP Y DEJA SU ESCAÑO 31. GALICIA. EL PRESIDENTE GALLEGO MALVENDE LOS COCHES DE ALTA GAMA, LA MAYORÍA ADQUIRIDOS POR FRAGA 32. BALTAR DESAFÍA AL PP Y APOYA A SU HIJO PARA SUCEDERLE EN OURENSE 33. GALICIA. FAMILIARES DE LOS ALCALDES MÁS FIELES A BALTAR SACAN PLAZA EN LA DIPUTACIÓN 34. GALICIA. UNA DIRECTORA DE TRABALLO EMPLEÓ EN UN BAR Y EN CASA A UNA COCINERA SIN CONTRATO 35. GALICIA. EX EDILES DEL PP DAN LA ALCALDÍA DE SILLEDA A UNA TRÁNSFUGA 36. GALICIA. EL PP EVITA CONDENAR LA MOCIÓN DE CENSURA DE GONDOMAR 37. ANDALUCÍA. LA RED DEL ALCALDE DE ALHAURÍN RECIBIÓ MÁS DE 642.000 EUROS EN SOBORNOS 38. ANDALUCÍA. MARBELLA AUTORIZA EL PAGO DE 72.000 EUROS A LA EMPRESA DE UN EDIL DEL PP 39. ANDALUCÍA. UN EX ALCALDE AFRONTA 30 AÑOS DE CÁRCEL Y 111 DE INHABILITACIÓN POR PREVARICAR 40. ANDALUCÍA. CASO GÜRTEL. UNA EMPRESA SALPICADA POR 'GÜRTEL' HIZO DONATIVOS A ALHAURÍN POR 318.000 EUROS 41. ANDALUCÍA. EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA DEJA SUS CARGOS EN EL PP Y RENUNCIA A LA REELECCIÓN 42. ANDALUCÍA. UN PRESIDENTE DE NNGG DEL PP LOGRÓ SU PRIMER CONTRATO CON EL PP AL MES DE SER EMPRESARIO 43. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE QUE SU MAYOR VICTORIA LA LOGRÓ CONTRA GALLARDÓN EN EL 2004 44. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES 45. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. EL VICEALCALDE POPULAR DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE 46. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN" 47. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 48. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS 49. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. LOS NUEVOS VÍNCULOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON EL PP EN MADRID 50. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. EL GARGANTA PROFUNDA ACUSA: “AGUIRRE NO QUISO ESCUCHARME” 51. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. EL JUEZ IMPONE ALTAS FIANZAS A VARIOS DIPUTADOS DEL PP IMPLICADOS POR EL 'CASO GÜRTEL' 52. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. LOS TRES DIPUTADOS DE MADRID IMPUTADOS EN EL 'CASO GÜRTEL' DEJAN EL GRUPO POPULAR 53. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. CORREA OFRECÍA "SERVICIO DE CHICAS" A POLÍTICOS MADRILEÑOS 54. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS


55. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ADJUDICÓ MÁS DE 200 CONTRATOS A LOS DONANTES DE FUNDESCAM 56. COMUNIDAD DE MADRID. EL PRESIDENTE DE LA CEOE DONÓ 246.000 EUROS AL PP 57. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO, PÍO, PÍO" 58. COMUNIDAD DE MADRID. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS CUENTAS DE FUNDESCAM 59. COMUNIDAD DE MADRID. UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO 60. COMUNIDAD DE MADRID. ACUSAN A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A UN CONSTRUCTOR AMIGO 61. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LAMELA POR PREVARICACIÓN 62. COMUNIDAD DE MADRID. "SINVERGÜENZA, ¿VIENES A DENUNCIARNOS?" 63. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DA MÁS DE DOS MILLONES A UNA ONG BAJO SOSPECHA 64. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID, POR TERCERA VEZ EN NEGRO 65. COMUNIDAD DE MADRID. ENFRENTAMIENTO COBO (GALLARDÓN) VS. AGUIRRE. LAS SEIS 'PERLAS' DE COBO 66. COMUNIDAD DE MADRID. COBO: "TENGO MIEDO POR MÍ, POR MIS HIJOS Y POR VUESTROS HIJOS" 67. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN APRUEBA EL MINIVATICANO SOÑADO POR EL CARDENAL ROUCO 68. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. UNA EMPRESA LIGADA A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN ORGANIZA EVENTOS PARA EL PP 69. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. RICARDO COSTA PAGÓ TRAJES MEDIANTE LA ENTREGA DE DINERO A 'EL BIGOTES' 70. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS SE PRESENTA ANTE EL JUEZ SIN PRUEBAS Y SIGUE IMPUTADO 71. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL SASTRE RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE CAMPS NO PAGÓ LOS TRAJES 72. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA ESPOSA DE CAMPS, SOBRE UN REGALO DE EL BIGOTES: "TE HAS PASADO 20 PUEBLOS" 73. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. ORANGE MARKET AUMENTÓ SUS INGRESOS UN 78% EL AÑO DE LA CAMPAÑA DE CAMPS

74. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL BIGOTES: " TENEMOS UN MARRÓN "

75. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA COMPRÓ UN COCHE DE 80.000 EUROS PESE A DECLARAR QUE TIENE CUENTAS EN NÚMEROS ROJOS 76. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FEMP ACUSA A RITA BARBERÁ DE BORRAR EL RASTRO DE LA GÜRTEL 77. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL DE ZAPLANA DIO CONTRATOS POR 51 MILLONES A LA FIRMA DEL CASO BÁRCENAS 78. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA PAGÓ LOS TRAJES DE CAMPS 79. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS COMUNICA A SU ENTORNO QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE HAYA JUICIO ORAL 80. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. ´OS LO VOY A MONTAR EN MI PUEBLO CON UNAS TÍAS´ 81. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL CONTABLE DE CORREA ADMITE PAGOS DE LA 'CAJA B' DE LA TRAMA AL PP DE VALENCIA


82. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS RENUEVA SU ALIANZA CON FABRA 83. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CASO GÜRTEL. 'EL BIGOTES' GESTIONÓ LA COMPRA DEL DEPORTIVO EN EL QUE SE ESTRELLÓ COSTA 84. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA PIDIÓ A ÁLVARO PÉREZ QUE MEDIARA PARA QUE CAMPS LE HICIERA CONSELLER 85. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN “CUARENTENA” Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR 86. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA 87. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ACUSA AL PSOE DE QUERER DARLE EL 'PASEO' Y TIRARLE EN "UNA CUNETA" 88. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ ANULA EL INGLÉS EN CIUDADANÍA 89. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL PERITO DETECTA 300.000 DÓLARES SIN JUSTIFICAR EN LAS CUENTAS DEL IVEX 90. COMUNIDAD VALENCIANA. DE DÓNDE SACAN PARA TANTO COMO DESTACAN 91. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "YO NO SÉ LA CANTIDAD DE GENTE QUE HABRÉ COLOCADO EN 12 AÑOS" 92. COMUNIDAD VALENCIANA. CARLOS FABRA LLEVA YA SEIS AÑOS BAJO INVESTIGACIÓN JUDICIAL 93. COMUNIDAD VALENCIANA. PRISIÓN INCONDICIONAL PARA EL ALCALDE DE POLOP POR EL ASESINATO DE SU ANTECESOR 94. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FAMILIA DEL ALCALDE DE LA NUCIA URBANIZÓ 44.000 M2

95. CASTILLA Y LEON. CASO GÜRTEL. GÜRTEL SE COBRA UNA NUEVA VÍCTIMA EN EL PP: JESÚS MERINO PERCIBIÓ MÁS DE 100.000 EUROS DE CORREA

96. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. VALLADOLID DIO OBRAS A DEDO A ULIBARRI CON INFORMES NEGATIVOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 97. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. UNA CONSTRUCTORA QUE PAGÓ COMISIONES A CORREA SACÓ SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500 98. CASTILLA Y LÉON. CASO GÜRTEL. LA INVESTIGACIÓN IMPLICA AL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN EN LA TRAMA GÜRTEL 99. CASTILLA Y LEÓN SANCIONA A UN EX CARGO POR LA TRAMA SOLAR 100. CASTILLA-LA MANCHA – REGIÓN DE MURCIA. LÓPEZ DEL HIERRO, PROMETIDO DE COSPEDAL, ES EL "INVENTOR" DE LA PROCLAMA MURCIANA "AGUA PARA TODOS" 101. ISLAS CANARIAS. ISLAS CANARIAS. 'CASO FAYCÁN': LA TRAMA SE IDEÓ PARA FINANCIAR AL PP LOCAL 102. ISLAS CANARIAS. EL JUEZ IMPUTA A UN EX CONCEJAL DEL PP NUEVOS DELITOS DE COHECHO EN EL CASO ARONA 103. ISLAS CANARIAS. EL EX ALCALDE PEPERO DE TELDE Y OTRAS 10 PERSONAS, DETENIDOS POR CORRUPCIÓN 104. REGIÓN DE MURCIA. LOS IMPUTADOS 'RECOLOCADOS' POR EL PRESIDENTE VALCÁRCEL 105. REGIÓN DE MURCIA. LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS GOBERNADOS POR EL PP EN MURCIA, BAJO SOSPECHA EN LOS TRIBUNALES 106. REGIÓN DE MURCIA. UN EX CONSEJERO DEL PP DE MURCIA TENÍA 43.000 EUROS EN SU GARAJE 107. REGIÓN DE MURCIA. EL CONSEJERO DE CULTURA SE GASTA PARA ESPECTÁCULOS 20 MILLONES DE EUROS EN DOS AÑOS


108. REGIÓN DE MURCIA. LA GUARDIA CIVIL SOSTIENE QUE MORALES NO PUEDE JUSTIFICAR 647.592 EUROS Y QUE ES DUEÑO DE LA VIVIENDA DE IGUAZÚ 109. REGIÓN DE MURCIA. LOS MILLONARIOS SUELDOS Y GASTOS DE LOS "AUSTEROS" POLÍTICOS "POPULARES" MURCIANOS

110. ISLAS BALEARES. MATUTES COMPRÓ CAN BONAFÉ SÓLO UN DÍA ANTES DE QUE SE FIRMARA LA AUTOPISTA

111. ISLAS BALEARES. HACIENDA AFIRMA QUE EL ´PALACETE´ DE MATAS VALE EL TRIPLE DE LO QUE DECLARÓ 112. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DICE QUE MATAS COBRÓ MÁS SOBORNOS DE JOSÉ LUIS MORENO 113. ISLAS BALEARES. EL GOVERN DE MATAS ADJUDICÓ CONTRATOS POR 1,2 MILLONES AL ESTRATEGA ELECTORAL DEL PP 114. ISLAS BALEARES. HALLAN FACTURAS ‘HINCHADAS’ EN EL PALMA ARENA POR VALOR DE 4 MILLONES DE EUROS 115. ARAGÓN. "PERO... ¡¿CÓMO DICE USTED?!" 116. EXTREMADURA. EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BADAJOZ GASTA 48.000 EUROS EN UN COCHE OFICIAL 117. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. EL PP DE NAVARRA NO ENCUENTRA LÍDER NI GANA AFILIADOS 118. LA RIOJA. A 200 POR HORA EN EL COCHE OFICIAL 119. CIUDAD DE CEUTA. UNA MUJER DENUNCIA AL EX PRESIDENTE DEL PP DE CEUTA POR ACOSO SEXUAL 120. CIUDAD DE MELILLA. EL PP NO RETIRARÁ LA ESTATUA DE FRANCO EN MELILLA SI DEFENSA NO LE DA OTRA UBICACIÓN


1. CORRUPCIÓN EN EL PP. CASO GÜRTEL. DESMANTELAN UNA GRAN TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA VINCULADA AL PP Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales. Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez. Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). La policía judicial practicaba registros en domicilios particulares, empresas y despachos de diversas localidades de Madrid capital y de sus alrededores, así como en sedes institucionales de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la propia administración autonómica valenciana, además de en viviendas de Marbella y Sotogrande (Cádiz). Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas. Indicios de corrupción que serán verificados ahora con los testimonios de los imputados y las pruebas documentales obtenidas en los registros que hasta el momento se han realizado. Esta trama tiene un doble vínculo con el PP. Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía. La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Así, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz. Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral. Así, Rialgreen, firma del grupo, nunca detalló qué servicio prestó al PP en dicha campaña andaluza de 2004. No aportó facturas ni documento alguno. Igual ocurrió con las elecciones madrileñas de mayo de 2003, donde la suma de votos de PSOE e IU daban una victoria a la izquierda, que se frustró tras la deserción de dos diputados socialistas. Rialgreen, nuevamente, no aportó facturas. Y otro tanto ocurrió en las elecciones valencianas. El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado. Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003. Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate. En Special Events ha trabajado Antonio Cámara, ex secretario personal del presidente Aznar. Con cuatro empleados, Special Events logró unos ingresos de 4,4 millones de euros en 2003. (www.elpais.com, 07/02/09)


2. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE CORREA SE GESTÓ EN LA SEDE DEL PP EN MADRID Baltasar Garzón ha tirado de la manta y la nube de polvo cada vez cubre más capas del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional asegura que la organización dirigida por Francisco Correa, ya en prisión, "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación "Gürtel", al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa. El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". "Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban". Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos". No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes'. Además de inhibirse a favor del TSJ de Valencia, tal como le pidió ayer la Fiscalía anticorrupción, también cede parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al hallar indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP. En el primer auto acusa a Francisco Camps de recibir 12.783 euros en trajes a cambio de adjudicaciones por valor de cuatro millones a las empresas de Correa. No contento con esto, el discutido magistrado amplía las imputaciones a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. El juez retendrá temporalmente parte de la causa hasta que los tribunales superiores de justicia decidan si se la quedan. El PP, en boca de su portavoz en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría, "pone en cuarentena" la decisión de un juez "cuya trayectoria en este caso se ha distinguido por filtraciones a la prensa que han juzgado y condenado a determinadas personas en los medios de comunicación". El Gobierno valenciano ha declarado que iniciará "las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado" hechos en relación a la persona del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y mostró su confianza en la Justicia y en que "en los próximos días" se aclarará la "no relación" del jefe del Consell en los hechos. Garzón imputó a 37 personas (ahora hay otras seis) en la presunta trama corrupta encabezada por Francisco Correa. Ya ha interrogado a todos y ha enviado a la cárcel a tres de ellos: a Correa, a su primo Antoine Sánchez y a Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego. (www.publico.es, 06/03/09) Implicados del PP - Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. - Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia. - José Víctor Campos, ex secretario de organización del PP valenciano. - Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo. - Benjamín Martín Vasco, parlamentario autonómico de Madrid. - Alberto López Viejo, parlamentario de Madrid y ex consejero de Deportes. - Alfonso Bosch, diputado autonómico de Madrid. - Ginés López Rodríguez, alcalde de Arganda (Madrid). - Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid). - Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid). - Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid). - Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla. - Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.


- José Galeote, ex concejal de Boadilla. - Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga). (www.elpais.com, 06/03/09) 3. GARZÓN IMPLICA AL TESORERO DEL PP EN EL COBRO DE 1,3 MILLONES DE LA TRAMA CORRUPTA El juez Baltasar Garzón remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid todos los indicios de criminalidad existentes contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote, en la causa por la trama corrupta que afecta a instituciones y cargos del PP. El magistrado recibió el auto del tribunal en el que aceptaba la competencia sobre la totalidad de la causa de corrupción por existir indicios de delitos contra los aforados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Garzón había seguido investigando los hechos relativos a la implicación de aforados nacionales en la trama corrupta y así, tras recibir nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF), pudo determinar, "sin género de dudas", que Bárcenas, senador por Cantabria, se habría enriquecido por pagos de la trama corrupta en 1.353.000 euros y Galeote habría recibido otros 652.310. Por ello, el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción remitió los nuevos indicios al Tribunal Superior de Madrid, pero señalando que en su opinión la causa debería pasar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los delitos en los que habrían incurrido Bárcenas y Galeote serían asociación ilícita, blanqueo de dinero, delitos contra la Administración Publica y cohecho, porque "ambos estarían enmarcados dentro de la organización con el cometido de facilitar las actividades delictivas de la misma a través de la consecución de eventos y reparto de fondos procedentes de los mismos, en beneficio propio, prevaliéndose de su posición en el partido político al que pertenecían y de la capacidad de concesión o gestión de eventos para la organización, recibiendo por ello cantidades en efectivo o pagos en especie". La medida supuso "el rechazo más absoluto" por parte del PP y la presentación de una nueva querella de Bárcenas contra Garzón. Sin embargo, los hechos son incontestables, pues de la documentación intervenida en poder del contable de la trama corrupta, incluida la caja B de las empresas de Correa, se desprende que Bárcenas disponía de un archivo personal con apuntes contables encabezado por la frase "detalles entregas L. B.". Entre otros apuntes, en la cuenta caja B actual, figura una anotación de fecha 5 de junio de 2007 por 72.000 euros entregados por Pablo Crespo y Álvaro Pérez con referencia a Luis "el cabrón". La expresión "el cabrón" aplicada a Bárcenas por los jefes de la trama "estaría acreditada por la declaración judicial de uno de ellos, en la que alude a tal expresión como pronunciada por los miembros de la organización en las reuniones" internas "porque no les daba trabajo y les había cortado el que tenían". Los apodos eran habituales y así identificaban, por ejemplo, a González Panero como el Albondiguilla o a López Rodríguez como el Gafitas en las anotaciones de Caja B. Bárcenas recibió dinero por importe de 1.900.000 pesetas (11.419 euros), 15.000.000 (90.151 euros) y 30.000 euros, y a su vez aportó fondos a la organización que van a una caja de seguridad que posteriormente nutre la caja B de Serrano, con la anotación en un sobre sin contar. Dichas operaciones se refieren a la campaña electoral en Galicia del año 1998 y ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos. Además, está acreditada la adjudicación de la variante de la carretera de Olleros de Alba por la Junta de Castilla y León a la sociedad Teconsa. (www.elpais.com, 01/04/09) 4. CASO GÜRTEL. RAJOY SE LA JUEGA CON SU TESORERO: "NADIE PODRÁ PROBAR QUE NO ES INOCENTE" La mayoría de los dirigentes del PP que han hablado estos días con Mariano Rajoy estaban convencidos de que el jefe de la oposición iba a apoyar sin matices a su tesorero, Luis Bárcenas, al menos hasta que el Tribunal Supremo decida imputarlo, si es que eso llega a suceder. Sin embargo, la contundencia con la que el líder del PP se la jugó en Vitoria por Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote, acusados por el juez Baltasar Garzón de recibir sobornos de 1,3 millones de euros y 652.000 euros, respectivamente, de la red de Francisco Correa, sorprendió incluso a algunos marianistas. "Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes", sentenció Rajoy en Vitoria.


Hasta ahora, en el entorno del líder del PP se atacaba la instrucción de Garzón, pero al final de cada conversación los dirigentes siempre terminaban con la misma idea: "Y si todo se complica, Rajoy puede prescindir de Bárcenas y no pasa nada, porque este asunto no le toca al presidente, que rompió con Correa en 2004". Sin embargo, esta seguridad de Rajoy en que ningún juez podrá probar la culpabilidad de su tesorero le vincula, efectivamente, al desarrollo del juicio. Rajoy desoye así el clamor interno levantado entre diputados y senadores populares partidarios de la renuncia de Bárcenas. , el futuro presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestó de forma ambigua: "Cada uno tendrá que hacer lo que considere oportuno y cumplir con sus responsabilidades". En la decisión del líder de mojarse con su tesorero, en contra de su estilo habitual, han pesado dos cosas, según fuentes de la dirección. Por una parte, las pruebas que sobre todo Bárcenas, aunque también Galeote, han presentado ante Rajoy y Cospedal para demostrar cómo han hecho su patrimonio. El tesorero ha explicado con detalle a sus superiores cada venta y compra de pisos, cada herencia recibida por su mujer, cada jugada exitosa en la Bolsa. Cospedal y Rajoy han decidido creer su versión y obviar, al menos de momento, las numerosas pruebas ligadas a la contabilidad B de la trama de Correa que el juez Garzón ha hecho públicas. A este respecto, Bárcenas volvió a difundir un comunicado en el que niega "relación ilícita alguna" con Correa y sus empresas. También niega haber recibido dinero y haber mediado ante administraciones. Bárcenas niega "categóricamente" que las referencias bajo las siglas L. B. "tengan algo que ver" con su persona. En su auto, Garzón dice que los corruptos se referían al tesorero como "L. B.", "L.", "L. Barc" y "L. Bárcenas". El senador anunció nuevas querellas contra el juez y contra periodistas. Por otra parte, pesa la convicción, instalada en la cúpula del PP, de que los defectos de forma de la instrucción, la opinión contraria de la fiscalía, dependiente del Gobierno, y las mayores garantías que les merecen tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (tanto el instructor como el presidente son magistrados conservadores, de la APM, cercana al PP) como el Tribunal Supremo pueden dejar las acusaciones de Garzón en nada. (www.elpais.com, 03/04/09) 5. CASO GÜRTEL. HACIENDA INVESTIGÓ AL TESORERO DEL PP POR INGRESAR 330.000 EUROS EN BILLETES DE 500 Mucho antes de que estallara el escándalo del caso Gürtel, en el que está implicado el tesorero del PP, Luis Bárcenas, la Agencia Tributaria ya le había investigado por un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 que consideró sospechoso. Los bancos tienen la obligación de dar a conocer a la agencia cualquier ingreso superior a los 3.000 euros, especialmente en billetes de 500. Los inspectores del fisco decidieron interrogar a Bárcenas por ese sospechoso ingreso, realizado el 22 de enero de 2003. El senador del PP, que entonces era el gerente del partido -mano derecha del tesorero, un cargo que ocupó durante 20 años hasta que Mariano Rajoy lo ascendió a la cúpula en 2008-, ofreció a Hacienda la misma explicación a través de un portavoz. Según la versión de Bárcenas, que no recuerda si hizo el ingreso en billetes de 500 euros pero sí que lo hizo en efectivo, ese dinero correspondía a un crédito que había pedido el 9 de diciembre de 2002 al mismo banco donde luego lo ingresó, la oficina del Banco Popular de la calle de Cedaceros. Bárcenas sostiene que pidió un préstamo de 330.000 euros para comprar unos cuadros, que después retiró el dinero en efectivo para realizar la transacción con el vendedor y que, en el último momento, la operación se truncó. Por ello decidió cancelar el crédito un mes después de haberlo pedido. Por tanto, fue al banco con ese dinero para ingresarlo y saldar su deuda. Fue ese ingreso de 330.000 euros de golpe el que llamó la atención de la Agencia Tributaria, que abrió una investigación el 15 de febrero de 2008 y, aparentemente, dio por buenas las explicaciones del tesorero el 24 de marzo. Bárcenas ofreció con detalle las pruebas de la apertura y la cancelación de ese crédito tanto a la Agencia Tributaria como a EL PAÍS, al dar lectura a los documentos, con firma de notario incluida -Enrique José Rodríguez Cativiela-, que atestiguan la apertura y cancelación de la deuda. Bárcenas no explica cuánto le costó cancelar ese crédito en sólo un mes, aunque en los documentos figura una cifra de cancelación de 5,5% (17.500 euros). El crédito se hizo a tipo fijo (6,236%), con liquidaciones trimestrales. En lo que no quiere entrar Bárcenas, siempre a través de su portavoz, es en el motivo por el que una operación de ese calibre, tan importante como para pedir un crédito de 330.000 euros, se truncó en el último


momento de forma que, después de que él hubiera sacado el dinero -para hacer una transacción en metálico-, tuviese que cancelar la deuda y reingresar esa cantidad. La operación se inició en 2002. Bárcenas insiste en negar que él recibiera ningún tipo de cantidad de la red de Correa. Pero, según el auto de Garzón, precisamente en ese año 2002, el tesorero -a quien la policía identifica como la persona a la que corresponden las iniciales L. B. que figuran en los apuntes de la contabilidad secreta de la red- habría recibido varios ingresos entre enero y junio en concepto, según el juez, de sobornos. Uno de los seis apuntes que corresponden a paquetes de dinero para Bárcenas es precisamente de 330.000 euros. Figura en la contabilidad B de la red de Correa el 19/02/2002 con el concepto "paquete PC (20MM+15MM+25MM -5MM a paquete LB", y una cantidad asociada de 330.000 euros ingresados en Caja Madrid. Ese mismo día, según la documentación que Garzón aporta en el auto, hay otro concepto que señala "1 paquete LB (25MM +15MM+5m de paquete PC)". PC sería Paco Correa, y LB Luis Bárcenas, según Garzón. Ese año 2002 Bárcenas recibió, según los apuntes a los que hace referencia el juez, 780.000 euros, y en total el magistrado le acusa de percibir 1,3 millones de euros de la red. El conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de Luis Bárcenas, según él logrado gracias a herencias y compras y ventas exitosas, ha sentado muy mal entre algunos compañeros, que recuerdan que, al menos oficialmente, durante 20 años el tesorero no ha tenido otro ingreso que el sueldo de un funcionario cualificado del partido. (www.elpais.com, 29/04/09) 6. CASO GÜRTEL. RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS Después de varias semanas de dudas, y ante el goteo de noticias complicadas de digerir del caso Gürtel, y ya no provenientes del denostado juez Baltasar Garzón, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el PP decidió cortar por lo sano. Alberto Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, los tres diputados autonómicos madrileños implicados -los dos primeros ya imputados, y el tercero a la espera- dejaron temporalmente de ser miembros del PP por decisión del Comité de Garantías, esto es, por decisión de la dirección comandada por Mariano Rajoy. La suspensión cautelar de militancia es la medida más extrema en un partido, y además estos tres diputados no son dirigentes cualquiera. López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, ha sido una de las personas de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante muchos años, y Martín Vasco era el número dos del PP en la Asamblea de Madrid. Rajoy toma así medidas drásticas para evitar que el caso Gürtel le complique la campaña europea. Ya ha dejado fuera de las listas a otro implicado, Gerardo Galeote. Sin embargo, mantiene en su puesto al único implicado que es miembro de su dirección y por tanto que le toca directamente, porque él le nombró: el tesorero, Luis Bárcenas. Los tres diputados habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que fueron imputados dos de ellos no se tomó la decisión. Los tres seguirán como diputados, para no perder el aforamiento, lo que les devolvería a que les investigara Garzón. La suspensión complica aún más la situación interna de Francisco Camps, el único dirigente, con su mano derecha, Ricardo Costa, que pese a estar formalmente implicados a través de un auto judicial no han pedido la suspensión temporal de militancia. Si resulta imputado, será muy difícil de explicar que no sea suspendido cautelarmente. Asimismo, el magistrado instructor, Antonio Pedreira, mantuvo la situación de prisión provisional del ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en sus empresas. (www.elpais.com, 06/05/09)

7. CASO GÜRTEL. "AQUEL QUE HA SIDO IMPUTADO POR PARTE DE LA JUSTICIA TIENE UNA SUSPENSIÓN DE MILITANCIA INMEDIATA"

El portavoz del Partido Popular en el Senado y persona de máxima confianza de Mariano Rajoy, Pío García Escudero, decía "clarísimamente" en los Desayunos de Televisión Española que todo aquel que sea imputado por su relación en el caso Gürtel será suspendido de militancia de forma "inmediata".


"Yo en el caso Gürtel se lo digo clarísimamente, como se ha dicho por parte de la dirección y de muchos responsables de mi partido: Aquel que se demuestre que es culpable, el partido es inflexible con él, y desde luego, aquel que ha sido imputado por parte de la Justicia tiene una suspensión de militancia inmediata", afirmó literalmente García-Escudero.

Previamente, el portavoz del PP en el Senado recordaba que "a todos aquellos que se les ha imputado directamente, se les ha suspendido de militancia en el Partido Popular. Y luego –agregó Escudero-, habrá que esperar a ver que deciden los Tribunales".

Casualmente, tres horas después, la prensa desvelaba que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha citado a declarar a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y a Ricardo Costa, secretario regional del PP, como imputados en el caso Gürtel el próximo día 19 de mayo.

Cabe preguntarse si ante las últimas informaciones, Pío Garcia-Escudero seguirá defendiendo que el Partido Popular suspenda de militancia a todos aquellos que la Justicia ha imputado por su relación con la trama corrupta.

(www.elplural.com, 14/05/09)

8. CASO GÜRTEL. LAS RELACIONES DE LA FAMILIA GALEOTE El problema del eurodiputado Gerardo Galeote es que en la etiología de la enfermedad que mantiene convaleciente al PP él reúne todas las condiciones para formar parte del grupo de riesgo, el más expuesto a ser contagiado y a padecer todos los síntomas. Galeote está expuesto porque formó parte del aparato electoral del PP de Aznar, del cual han salido casi todos los acusados del caso Gürtel y que ha terminado por ser algo así como la cocina del infierno; se relacionó comercialmente con Francisco Correa, presunto jefe de los corruptores; está vinculado a alcaldes imputados; perteneció al grupo más próximo a Alejandro Agag, el yerno del ex presidente, que simbolizó una etapa en el partido, y hasta apunta cierta predisposición genética, porque su padre, José Galeote, y su hermano, Ricardo Galeote, han sido imputados por Garzón por idénticos delitos. Por tener, tiene en su historial clínico apuntes sobre el manejo de cuentas opacas. En 2003, el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, le impidió abrir una cuenta en Luxemburgo para que cada eurodiputado del partido ingresara 3.000 euros mensuales. Un año antes había negado su relación con la investigación que abrió la Oficina antifraude de la UE por la falta de justificación de más de tres millones de euros en el Instituto para las Relaciones Europeo-latinoamericanas (Irela), a cuyo comité perteneció. Gerardo Galeote (São Paulo, 1957) llegó al PP en 1989 de la mano de los democristianos, con los que había coincidido en las juventudes de UCD, tras iniciarse en la candidatura de Senadores para la Democracia en 1977. Empezó como asesor de José María Aznar en temas internacionales. Con el aparato de Génova entró en contacto en 1994, cuando fue como número 22 en la lista a las europeas que encabezaba Abel Matutes. Todo debió de empezar en ese momento, cuando participó en la organización de actos electorales. Con Jesús Sepúlveda y Luis Bárcenas, y con Francisco Correa y Álvaro Pérez. Por ese aparato del PP han pasado Francisco Camps, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. Es decir, casi todos los acusados por Garzón. A Correa le conoció en 1994 y el intercambio comercial por los actos del PP se convirtió en "cierta relación de amistad", y se prolongó hacia la familia, porque una de las hermanas Galeote, que es médico, ayudó a un familiar de Correa y éste siempre le mostró gratitud. Gerardo Galeote veranea en Tarifa y sólo ha coincidido en Marbella con Correa en un torneo de pádel en el que suelen participar Arenas, Sepúlveda y Bárcenas. En 1999 le compró a Correa un Mercedes de segunda mano, a nombre de Viajes Pasadena. Correa quería deshacerse del automóvil porque "tenía las instrucciones en alemán". Según su versión, lo pagó, al igual que los dos Land Rover que menciona Garzón. Galeote dice que tiene facturas y añade que hace cinco años que no ve a Correa. La relación contagió a su padre y a su hermano Ricardo, con quien Correa coincide en Sotogrande (Cádiz), donde ambos tienen casa. En el PP, Galeote pasa por ser trabajador y disciplinado. Acepta ser desplazado en las listas europeas según las necesidades del partido y, como muchos de los imputados, mantiene estrechas relaciones con Arenas, hombre clave de Génova, al que conoce desde UCD. El eurodiputado es muy amigo de Alejandro Agag, relación que se repite en otros imputados, como Correa, Pérez, López Viejo y Jacobo Gordon. Agag fue asistente de Galeote en la Eurocámara, justo antes de serlo


de Aznar en La Moncloa, y luego volvió a Bruselas como secretario general del PPE. Por cierto: Agag fue secretario general del congreso del PPE de Marbella de 1999, que, según Garzón, fue pagado por Correa. Galeote mantenía también estrecha relación con Aznar, al que acompañaba en sus viajes. Es jugador de pádel y aficionado al rugby, hasta el punto de que es asesor de la federación española de ese deporte y de que los últimos presupuestos de Boadilla incluyen una subvención de 60.000 euros al equipo de rugby que entrena en la localidad y en el que juega un familiar suyo. En Bruselas se machaca en el gimnasio del hotel y en Tarifa domina el windsurfing. Tiene casas en Madrid y en Tarifa, ambas con hipotecas. Con los ayuntamientos afectados por la metástasis, el eurodiputado tiene contacto a través de su hermano y su padre. El padre de Gerardo y Ricardo es José Galeote, que estuvo vinculado al PSOE como viceconsejero de la Junta de Andalucía en la preautonomía y luego se afilió al PP. Con este partido fue concejal de Boadilla entre 1995 y 2003 y, con posterioridad, asesor del alcalde Arturo González Panero, el Albondiguilla según el argot de la trama, también imputado, y consejero de la empresa municipal del suelo. Viajó a Miami con el Albondiguilla y ambos son compañeros habituales de golf. Ejerció como juez de paz, pese a estar afiliado al PP, y fue inspeccionado por la Seguridad Social por cobrar pensión de jubilación y trabajar en el Ayuntamiento. (www.elpais.com, 06/04/09) 9. CASO GÜRTEL. RAJOY: “ESTO ES LA INQUISICIÓN, EL GOBIERNO ESTÁ PERSIGUIENDO AL PP” El tono del rifirrafe que mantienen PP y PSOE en los últimos días está adquiriendo tal seriedad que, Mariano Rajoy se vio obligado a interrumpir sus vacaciones y comparecer ante la prensa, actividad que no es precisamente una de sus favoritas. Esforzándose para que un gesto serio acompañase a la dureza de sus palabras, dijo desde Pontevedra: “Esto es una inquisición. El Gobierno persigue a los miembros del PP, lo que genera muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones”. En este contexto, se empeñó en recalcar que, a estas alturas, ya no confía en el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni en el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por considerarlos las cabezas pensantes de la supuesta conspiración que los socialistas estarían perpetrando contra los populares. En cualquier caso, el líder de la oposición responsabilizó directamente al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber auspiciado investigaciones y recursos de la fiscalía, detenciones humillantes y hasta pinchazos telefónicos para “atacar” a los conservadores. “Puede que él no se haya enterado de todo esto porque está en un palacete de Patrimonio en Lanzarote”, ironizó Rajoy. En realidad, con este comentario jocoso trataba de devolvérsela a Zapatero y a los socialistas quien, en estos días, le han reprochado que se quedara “en el chiringuito” mientras el PP arremetía contra las instituciones del Estado. No obstante, el mayor interés de Rajoy era denunciar los modos utilizados en Palma para detener a algunos de sus cargos en el marco de la operación Espada (ligada a un posible delito de malversación de fondos públicos), así como la filtración de sumarios o actuaciones judiciales relacionados con el caso Gürtel. La trama de corrupción está otra vez de actualidad después de que un juez de Madrid reclamara a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) documentación sobre la época en que la alcaldesa Rita Barberá dirigía la organización y su secretario general, Álvaro de la Cruz, firmaba suculentos contratos con la red corrupta. Para Rajoy, resulta obvio que los socialistas están detrás de todos estos asuntos, como deja en evidencia, a su entender, que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunciara la semana pasada, desde Costa Rica, que la fiscalía iba a recurrir el archivo del caso Camps, adelantándose en el tiempo al propio fiscal general. Con estas tesis bajo el brazo y nuevas referencias a los métodos propios “de la inquisición”, exigió la comparecencia de Rubalcaba, de De la Vega y del fiscal Conde-Pumpido en las Cortes para que expliquen todo lo sucedido. Dicho esto, tuvo que hablar –aunque no por propia iniciativa– de las declaraciones de su número dos, María Dolores de Cospedal, sobre los supuestos pinchazos telefónicos que sufren en su partido. Respaldó tan grave denuncia y no descartó llevar el asunto a los tribunales, aunque lo dejó en un “ya veremos”. “¿Cree usted que su teléfono esté pinchado?”, le planteó un periodista. “No me preocuparía lo más mínimo. No tengo nada que ocultar. Me preocupa como ciudadano”, remachó. Eso sí, avisó de que el PP seguirá defendiéndose. (www.elperiodico.com, 16/08/09)


10. CASO GÜRTEL. RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y BARBERÁ COMO CANDIDATOS PESE A PODER ESTAR INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, confirmó a Francisco Camps y a Rita Barberá como candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales, a pesar de la implicación del presidente de la Generalitat valenciana en el caso Gürtel, que también ha salpicado a la alcaldesa de Valencia. Según Rajoy, "en Valencia la gente está con el PP y con el señor Camps", porque "saben que han sido objeto de un ataque profundamente injusto". "Celebro que los tribunales le hayan dado la razón", zanjó. El líder popular obvia así que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que exoneró a Camps de cohecho pasivo está recurrida ante el Tribunal Supremo; y también ignora que el auto del Tribunal Superior no da a Camps "la razón" en todo, porque confirma que el presidente valenciano recibió trajes gratis de la trama Gürtel, cosa que Camps negó. Rita Barberá no está imputada en el caso, aunque se vio salpicada por unas grabaciones en las que Álvaro Pérez, El Bigotes, asegura que hace años que regala bolsos a la alcaldesa de Valencia. Por otro lado, el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, está investigando los contratos firmados por la trama corrupta con la Federación Española de Municipios y Provincias cuando la presidía Barberá. El PP mantendrá una reunión en septiembre con presidentes provinciales y regionales para empezar a preparar las elecciones municipales y autonómicas de 2011. La intención de Rajoy es "llevar a los mejores", pero consideró que "es pronto" aún para hablar de candidatos. Sin embargo, al ser preguntado por si Camps y Barberá repetirán, exclamó: "¡Desde luego que sí! No tengo la más mínima duda". En su opinión, "son muchos más los españoles que apoyarían al PP si hubiera unas elecciones generales que la última vez". Respecto a si cree que José Luis Rodríguez Zapatero agotará la legislatura, Rajoy respondió que el presidente "siempre hará lo que le convenga a él" y recordó que tras el verano se van a debatir los Presupuestos Generales del Estado. "Es algo notable que a estas alturas no sepamos si los va a pactar con partidos de la derecha o de la izquierda", subrayó. "A él le vale cualquier cosa", dijo, porque en España "se gobierna a impulsos, las decisiones se toman en el día y no hay un camino definido". Según el líder del PP, el cordón sanitario que estableció el PSOE contra su partido ha quedado "roto" por las "propias necesidades del PSOE". Y cree que los populares han demostrado "a lo largo de la legislatura que tienen capacidad de pactar con fuerzas políticas y al mismo tiempo capacidad para defender sus posiciones". Por el contrario, añadió Rajoy, "el que se ha quedado en muchas ocasiones solo en esta legislatura es el Gobierno, porque ha sido incapaz de pactar y lo ha hecho muy mal". "Mi partido puede acordar temas que beneficien al conjunto de los españoles con cualquiera", concluyó. (www.elpais.com, 24/08/09) 11. CASO GÜRTEL. RAJOY RECOMIENDA "INDIFERENCIA" Y OLVIDO ANTE EL ESCÁNDALO Hay una imagen de Mariano Rajoy que ya es casi un cliché: en ella está fumándose tranquilamente un puro frente a los problemas internos más graves. En Santa Gadea del Cid (Burgos), un pueblo cercano a la central de Garoña, no le dio tiempo a su puro habitual de sobremesa, porque llegaba tarde a otro acto en Vitoria. Pero en sus palabras a los militantes dejó claro que su espíritu es de absoluta tranquilidad, al menos de cara al exterior. Sin aceptar preguntas ni referirse expresamente al caso Gürtel, Rajoy dio un consejo definitivo a sus compañeros ante las revelaciones del sumario que implican ya a cuatro comunidades: Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia. "Debéis estar con la gente, ocuparos de sus problemas, hacer oposición cuando se pueda y gobernar bien allí donde gobernemos, y olvidarse de todo lo demás. Hay que estar con lo que preocupa a los ciudadanos, que no suele coincidir con lo que preocupa a otros". Ese "todo lo demás" es el caso Gürtel. Rajoy y su entorno sostienen que ese asunto no tiene costes electorales y que las encuestas, que sitúan el PP cuatro puntos por encima del PSOE, demuestran que no interesa a los ciudadanos, que sólo piensan en la crisis económica. Rajoy exhibió esas encuestas para animar a los suyos. "Vamos bien, se han publicado encuestas, vamos bien aunque hay gente a la que no le gusta. Este partido va bien porque es capaz de conectar cada vez con más españoles". Pero el líder del PP quería dejar aún más claro el mensaje de que, frente a las revelaciones del caso Gürtel, hay que reaccionar como lo hace él: evitando responder preguntas y trabajando como si no existiera. "Éste es un partido que todo el mundo sabe tiene sus dificultades. Yo hablo bien de este partido porque me lo creo y porque la ensalada de voluntarios para hacer lo contrario habrá que contrarrestarla. Y os digo: vamos bien, estamos con fuerza, ganas, ilusión, espíritu deportivo, y un cierto sentido de la indiferencia ante algunas cosas, que nunca viene mal". Esto es, que Rajoy recomienda indiferencia ante Gürtel.


Aún hubo otra referencia indirecta al caso. El líder del PP criticó al fiscal general, Cándido Conde Pumpido, por solicitar el archivo del caso Faisán, en el que se investigaba un posible chivatazo desde la policía a ETA en plena tregua. "El sumario lleva tres años en manos de un juez, y ahora el fiscal general del Gobierno, muy diligente cuando se trata de investigar a partidos políticos, dice que dar un chivatazo no es delito. Los ciudadanos tienen derecho a saber si hay alguien en la policía que dio un chivatazo. Yo no aceptaré este uso sectario, partidista y antidemocrático de la Fiscalía General del Estado". A pesar del interés de Rajoy por aparentar y recomendar tranquilidad, en el partido hay gran preocupación, que según algunos dirigentes también afecta al líder. Las nuevas revelaciones afectan tanto al presidente Francisco Camps y dirigentes valencianos como Ricardo Costa, como al entorno de José María Aznar. Los marianistas se alegran de que ni Rajoy ni su entorno más inmediato se hayan visto de momento tocados, aunque admiten que el asunto le alcanza porque es el jefe del partido. El hecho de que la familia de Aznar, Alejandro Agag y Ana Botella incluidos, se haya visto tocada por las declaraciones de Francisco Correa preocupa a algunos dirigentes por lo que significa para el PP: "Es un golpe muy duro al corazón sentimental del PP, que está con Aznar", explicaba uno de ellos. Otros señalaban que en realidad lo más gordo, la financiación ilegal en la Comunidad Valenciana y la implicación del ex tesorero Luis Bárcenas, ya ha salido, por lo que el PP está ahora preparado para cualquier cosa. (www.elpais.com, 07/10/09) 12. CASO GÜRTEL. DECLARACIONES DE RAJOY EN ESTA TENEBROSA TRAMA - Chantaje al líder. "Soy sospechoso de muchas cosas, pero si algo he demostrado en política es que no acepto chantajes ni presiones. Dicho esto, a mí Bárcenas no me ha chantajeado. Yo no funciono a base de presiones". - Cajas de documentos. "No me consta que Bárcenas se haya llevado cajas de documentos del PP. Si me pregunta si se las ha llevado, yo no le sé, lo que digo es que no me consta". - El final de la película. "Es difícil saber cómo afectará Gürtel al PP. Tenemos problemas, problemas judiciales, pero hay que esperar a ver cómo terminan. La gran mayoría de los españoles no hacen un juicio del día a día, tienen la buena costumbre de esperar a ver el final de la película". - Cómo está el PP. "Somos un partido unido, hemos ganado las gallegas y las europeas, estamos muy animados y contentos. Yo sé dónde estoy y sé lo que estoy haciendo. El Comité de Dirección apoya lo que estoy haciendo". - Camps ya ha pagado. "La pena por el cohecho impropio son 2.500 euros. Es evidente que [Francisco] Camps lleva cuatro meses pagando una pena mucho mayor, y la pena de banquillo es aún mayor que esos 2.500 euros. Pero yo soy hijo de juez y creo en la justicia". - ¿Recibe usted regalos? "El cohecho impropio consiste en recibir regalos aunque sea a cambio de nada. Se habla de los usos sociales habituales, pero ¿qué son? Al final, esto lo interpreta y lo decide un juez. Todo el mundo sabe de qué va esto". - Los trajes de Camps. "Creo que Camps pagó sus trajes, pero creo que es absurdo pensar que un presidente se venda por tres trajes. Y el sentido común es importante en derecho". (www.elpais.com, 16/07/09) 13. CASO. GÜRTEL. LA INVESTIGACIÓN DE LA RED GÜRTEL DESTAPA LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PP La corrupción amenaza al corazón, al cerebro y al bolsillo del Partido Popular. La trama Gürtel, una red empresarial dirigida por Francisco Correa, envenenó con prácticas ilegales durante los últimos 10 años a algunas de las principales instituciones donde gobierna el PP y facilitó durante ese tiempo la financiación ilegal de esta formación política. En el camino, numerosos dirigentes populares, con cargo público y presupuesto suficiente, se enriquecieron con el negocio de Correa. Así se desprende del aluvión de indicios recogidos durante 14 meses de investigación judicial y recogidos en los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto.


Mariano Rajoy, presidente del PP, mostró "indiferencia" ante las nuevas revelaciones de un caso que ha costado el cargo ya a cuatro alcaldes, un eurodiputado y un consejero autonómico, además de la retirada del tesorero del partido. Muchas de las pruebas que sostienen la acusación sobre una decena de cargos del PP y otras 60 personas que continúan imputadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Supremo, se conocieron tras la decisión del juez Antonio Pedreira de facilitar copias de una parte del sumario a todos los implicados. La acumulación de pruebas sólo recoge una parte de la instrucción del caso, la que va de agosto de 2008 a abril de 2009, momento en que el juez Baltasar Garzón decidió inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. La documentación de las investigaciones sobre financiación ilegal del PP valenciano; el pago de comisiones ilegales por parte de diversas constructoras a Correa para que lo distribuyera entre políticos del PP y otros detalles del caso aún permanecen bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Madrid. Los indicios conocidos ahora proceden de fuentes de investigación diversas, desde conversaciones telefónicas grabadas a los principales miembros de la trama corrupta, hasta declaraciones judiciales de los implicados y numerosa documentación oficial, tanto de las Administraciones gobernadas por el PP como de las empresas de la trama, que tenían una contabilidad B con la que pagaban a los políticos por los favores prestados. Las pruebas afectan a los Gobiernos del PP en Valencia, Madrid, Castilla y León e incluso al Ejecutivo de José María Aznar; a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, gobernados por el PP, y a las organizaciones territoriales de este partido en Madrid, Valencia y Galicia, con sospechas documentadas de financiación ilegal que siguen siendo investigadas. Lo que sigue es un resumen de la parte del sumario analizada por este periódico con las pruebas recabadas por la policía para sustentar la acusación sobre los imputados: - 'El Bigotes de Valencia'. El tomo del sumario que recoge las transcripciones de las conversaciones telefónicas grabadas a los miembros de la trama destapa las íntimas relaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la empresa Orange Market, organizadora de todos los actos del PP y contratista de la Administración valenciana (ocho millones de euros en cuatro años, cuarenta contratos a dedo sin concurso) con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. En las conversaciones de Álvaro Pérez con el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, hablan de las gestiones para la adquisición de un vehículo de alta gama que Costa se compró; de un regalo de 20.000 euros con forma de reloj de acero que le hizo el ex alcalde de Alicante a Ricardo Costa y de los consejos que le daba El Bigotes para que no se lo pusiera cuando paseaba por Valencia; de las gestiones para conseguir que Camps se entrevistara con Barack Obama; y de un viaje secreto a Estados Unidos para gestionar la celebración de los Grammy en la Comunidad Valenciana para lo que contaban con el impulso del presidente autonómico. Para cerrar el círculo, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón que El Bigotes era íntimo amigo del alcalde popular de La Nucia, un municipio alicantino, y que medió ante Camps para que el Gobierno valenciano desbloqueara un proyecto urbanístico con problemas medioambientales. - La financiación gallega. Las cuentas del PP gallego entre 1996 y 1999 están bajo sospecha. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta que fue durante esos años secretario de Organización del PP en Galicia, se lamenta en una conversación que mantiene en la cárcel sobre una caja de seguridad que la policía ha descubierto donde guardaba documentación comprometida. En esos documentos aparecen las cuentas de la trama corrupta con el PP por los actos que le organizó durante tres años. Muchos de esos actos se habían hecho y cobrado, pero no existían facturas que lo justificaran. Crespo reflexiona sobre el delito y llega a la conclusión de que probablemente haya prescrito. "Si lo sacasen esta semana", cuenta Crespo en relación a los documentos de su caja de seguridad sobre la financiación del PP, "el lío sería morrocotudo". - Los negocios de Madrid. La estructura empresarial de Francisco Correa se soportaba en gran parte con los negocios de Madrid, donde no sólo se quedó casi en exclusiva con los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre, gracias a las gestiones del consejero de Deportes Alberto López Viejo, al que pagaban abundantes comisiones. Además, Correa logró el trato de favor de cuatro ayuntamientos gobernados por el PP, Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, que le adjudicaron diversos contratos, además de permitirle intermediar ante constructores y promotores inmobiliarios en operaciones de suelo muy lucrativas de las que obtuvo jugosas comisiones.


- Las obras de Castilla y León. Uno de los tomos de la parte del sumario sobre la que se levantó el secreto incluye todas las gestiones del juez Baltasar Garzón para aclarar una adjudicación de obra pública en Castilla y León que aparecía reflejada en la contabilidad B de la trama corrupta con el cobro de 72.000 euros en comisiones. La obra en cuestión fue adjudicada a una constructora de origen leonés, Teconsa, pese a que empató con otra empresa que se presentó al concurso. Esa constructora está bajo sospecha de pagar comisiones ilegales y de sacar grandes cantidades de dinero del banco en billetes de 500 euros. El consejero que adjudicó la obra, José Manuel Fernández Santiago, es presidente de las Cortes de Castilla y León. - El Gobierno Aznar y la trama. Francisco Correa relató al juez Baltasar Garzón cómo eran sus relaciones, desde muy joven, con Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Hasta el punto de que, en un momento dado, Agag le presentó a Álvaro Pérez, El Bigotes, y le pidió que le encargase de llevar los actos del presidente del Gobierno. Correa obedeció y el resultado fue óptimo. "Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido de la palabra, le encantó", declaró Correa al juez Garzón. El negocio de la trama corrupta se inició a la sombra de Aznar, al que montó todos los actos de partido durante sus ocho años como presidente. La investigación judicial tiró de un hilo que dejó Correa suelto en una conversación privada donde presumía de haber pagado "1.000 millones de pesetas" a Luis Bárcenas, entonces gerente del PP nacional y hasta hace unas semanas tesorero, de adjudicaciones de la etapa de Francisco Álavarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento. Correa dio algún detalle sobre este asunto en su declaración judicial en la Audiencia. Cuando detallaba cómo fichó a Pablo Crespo para dirigir sus empresas, recordó los años en que trabajó para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos". Francisco Álvarez-Cascos ha negado que su departamento ordenase favorecer a las empresas de Francisco Correa en AENA y ha esgrimido que en ese organismo estatal se cumplían las normas vigentes sobre contratación administrativa. (www.elpais.com, 07/10/09) 14. RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL' El PP no tiene intención de dar ningún paso atrás en su estrategia de las últimas semanas para enfrentarse al goteo de decisiones judiciales e informaciones que desvelan los vínculos del partido con la trama supuestamente corrupta del caso Gürtel. Los populares evitan colocarlo como el principal asunto en su agenda, pero cuando se les pregunta saltan. Esteban González Pons insistió con las supuestas escuchas ilegales para defender la tesis de su secretaria general, Dolores de Cospedal. "En el PP no se habla por teléfono con seguridad", concluyó en Radio Nacional. Al responder a una pregunta sobre la información en la que se señala que hay tres veces más procesados por corrupción del PP que del PSOE desde 2004, el portavoz popular sentenció: "Eso quiere decir que la policía y la fiscalía investigan tres veces más a los dirigentes del PP que a los del PSOE". Pocas horas después, en presencia de González Pons, la propia Cospedal ratificó sus palabras. Pero contó algo más. Preguntada sobre la posibilidad de que el PP abra una investigación interna para saber por qué los cabecillas de Gürtel pudieron llegar a introducirse en el corazón del partido y beneficiarse de sus finanzas -en un 90% derivadas de subvenciones públicas- la secretaria general admitió que eso ni siquiera está encima de la mesa. "El caso Gürtel está en los tribunales, y mientras esté allí ellos tienen prioridad. Además, ellos tienen más medios que el PP para investigar", sentenció. Sin embargo, Cospedal sí abrió una investigación interna hace pocos meses, por el caso del espionaje en Madrid. Poco después, quedó "en suspenso", aunque nunca se ha vuelto a abrir, ni siquiera cuando una juez ha imputado a cuatro funcionarios de la Comunidad de Madrid, todos ellos nombrados a dedo, por este supuesto espionaje. Cospedal criticó que mientras algunos jueces se han puesto en marcha para investigar las revelaciones periodísticas del sumario secreto de Gürtel, la fiscalía no actúe. (www.elpais.com, 08/09/09)


15. CASO. GÜRTEL. "AGAG ME PIDIÓ QUE ÁLVARO LLEVARA LOS ACTOS DE AZNAR, Y A BOTELLA LE ENCANTÓ" Las declaraciones de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, ante el juez Baltasar Garzón, constituyen un elemento definitivo para comprobar cómo operaba la trama, qué contactos de altísimo nivel político mantenía en el PP y cómo se creó a la sombra de Aznar y después se trasladó a Valencia, al entorno de Francisco Camps. Éstas son algunas de sus declaraciones: "¿Sabe qué pasa? Que esta gente [Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo] me quiere mucho. Bueno, yo iba a ser el padrino, cuando me detuvieron iba a Barcelona a ser el padrino de la hija de Álvaro. Son gente que yo he recuperado, por ejemplo este muchacho [El Bigotes], que me lo presentó Alejandro Agag, con el que yo tuve una excelente amistad y ahora no me hablo hace seis años. [Álvaro] piensa que soy íntimo de Alejandro porque fui padrino de su boda, fui amigo, le conocí hace muchísimos años. Alejandro me presentó a Álvaro, que es sobrino de Pajares. Se puede usted imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevar un tema serio empresarial. Y entonces me dijo Alejandro [Agag], ponle para que lleve los actos del presidente [Aznar] y yo... '¿Pero tú estás loco?' Uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él [Aznar] y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano [Rajoy], y entonces ese muchacho, Álvaro, dice que yo le debo toda su vida, porque efectivamente le hemos ayudado a centrarse, a llevar un tema serio. Cuando dejó de trabajar para Rajoy, Paco Camps se lo llevó a Valencia, y trabaja [allí] y le hace las campañas a Camps". Correa también implica a Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP en la época de Aznar y ex ministro de Fomento, de quien dependía AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era la de AENA, porque Paco Cascos, con el que yo tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía FITUR y se hacían un montón de eventos". Cascos siempre ha desmentido cualquier relación con la red y señala que él no decidió esos contratos. Pero lo cierto es que, según datos oficiales, Correa recibió contratos de AENA por cinco millones de euros mientras Cascos fue ministro. (www.elpais.com, 07/10/09) 16. COSPEDAL ASEGURA QUE EL GOBIERNO HA ORDENADO ESPIAR A DIRIGENTES DEL PP La secretaria general del primer partido de la oposición acusó sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora María Dolores de Cospedal aseguró, en una entrevista con la agencia Efe desde su lugar de vacaciones en Marbella, que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales", según el teletipo de la agencia. Cospedal se reafirmaba en sus palabras del miércoles, en las que acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Semejante acusación la hizo en un comunicado grabado en vídeo y nadie pudo preguntarle a qué se refería. se explayó. Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No dijo quiénes. Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Ni durante la entrevista, ni después, a lo largo del día, Cospedal explicó a qué se refería por lo que varios dirigentes socialistas exigieron que presente una denuncia por estos hechos o se retracte. El departamento de prensa del PP explicó que esa denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.


La denuncia, que el PP volvió a distribuir a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refiere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores. Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso decirlo así. En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones. Las denuncias de Cospedal son el último derrape en la estrategia del PP, liderada por Trillo, de poner todo el acento en las informaciones periodísticas sobre la corrupción en su partido para eludir el fondo del asunto. Llegan, además, en un momento de supuesto relajo de la tensión en torno a la corrupción, tras el archivo de la causa contra Camps, el lunes. La interpretación sui géneris del delito de cohecho que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSOE valenciano al Tribunal Supremo, que puede reabrir la causa en unos meses si no está de acuerdo con la decisión. (www.elpais.com, 07/08/09) 17. COSPEDAL OLVIDÓ DECLARAR 27.000 EUROS, UN TERCIO DE SUS INGRESOS María Dolores de Cospedal simultanea su labor como secretaria general del PP con su condición de diputada y líder de la oposición en Castilla-La Mancha. En septiembre de 2007 y en la obligada declaración de bienes que tienen que presentar los diputados en las Cortes regionales, Cospedal aseguró que sus ingresos anuales eran de 62.809 euros, pero siete meses después rectificó para elevarlos hasta 89.616, ya que faltaban varios extras procedentes del Senado. Una diferencia de casi 27.000 euros. El secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, cree que “es elocuente que Cospedal haya obviado declarar un tercio de su sueldo a las Cortes”. En su declaración de bienes al Parlamento regional presentada en septiembre de 2008 y referente al ejercicio 2007, Cospedal aseguró tener unos ingresos anuales de 62.809 euros. Siete meses y según apareció publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha el 30 de abril de 2009, la popular había rectificado para elevar los ingresos hasta 89.616, como ha publicado La Tribuna de Ciudad Real. La razón del desfase es que faltaban varios extras procedentes del Senado, en concreto por los el concepto de “indemnización por provincia” (24.650 euros), los gastos en móvil (1.349 euros) y por comunicaciones informáticas (675 euros). Estos ingresos extras no están sujetos a tributación pero sí deben ser declarados a las Cortes regionales. Cospedal recibiría asimismo del Senado una aportación de 3.500 euros a su plan de pensiones, según el diario ciudarrealeño. Los ingresos de la líder de la oposición manchega procedían en su mayor parte de su condición de senadora, lo que también le reporta un plus procedente de su grupo popular, y también cobra como abogada del Estado en excedencia (casi 3.000 euros anuales) y como diputada regional. Sus ingresos como secretaria general del PP no figuran en esa declaración de 2007, ya que asumió ese cargo en el junio del año siguiente. El reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha advierte en su artículo 22 de que “la ocultación o falsedad de datos relevantes por su importancia económica o social” en la declaración de bienes puede ser sancionada con la “pérdida de la condición de diputado”. El grupo socialista regional no ha evaluado si presentará una denuncia a la Mesa de las Cortes, el organismo encargado de sancionar las irregularidades en las declaraciones, si bien el secretario de organización del PSOE castellano-manchego, José Manuel Caballero, ha exigido a Cospedal que “explique” la razón de que no incluyera inicialmente todos sus ingresos. “Es elocuente que Cospedal haya obviado declarar un tercio de su sueldo a las Cortes de Castilla-La Mancha”, apuntó Caballero. (www.elplural.com, 07/05/09)


18. CADA VEZ QUE VOTA COSPEDAL EN EL SENADO NOS CUESTA A LOS ESPAÑOLES 3.132 EUROS Cada vez que María Dolores de Cospedal levanta la mano en el Senado o pulsa el botón del voto electrónico, nos cuesta a los españoles 3.132,55 euros, 2.251,60 euros más que el voto de cualquier otro senador que acuda regularmente a la Cámara Alta a cumplir con su obligación constitucional. Y es que la secretaria general del PP y senadora autonómica por Castilla-La Mancha, a pesar de que gana 78.940,49 euros al año (936.000 ptas/mes), sólo ha estado presente en 36 de las 128 votaciones que han tenido lugar en el Senado en esta legislatura y no pertenece a ninguna comisión, salvo a la Diputación Permanente. “Los Senadores tendrán el derecho y el deber de asistir a las sesiones plenarias y a las de las Comisiones de que formen parte, y a votar en las mismas, así como a desempeñar todas las funciones a que reglamentariamente vengan obligados”. Dice textualmente el artículo 20 del Reglamento del Senado que constantemente vulnera la secretaria general del PP y senadora autonómica, María Dolores de Cospedal, como así queda demostrado y recogido en el libro de sesiones de la Cámara Alta, donde De Cospedal se ha ausentado en 92 ocasiones (71,87%) y sólo ha estado presente en el 28% de las votaciones. O lo que es lo mismo, de las 128 votaciones que han tenido lugar en la presente Legislatura (1 de abril de 2008-17 de noviembre de 2009), la senadora sólo ha estado presente en 36. Si dividimos este número entre los 112.772 euros que ha cobrado a lo largo de estos 20 meses de supuesta actividad, nos dará como resultado una cantidad directamente proporcional a las veces que María Dolores de Cospedal levanta la mano o pulsa el botón electrónico. Es decir, cada voto de la secretaria general del PP en la Cámara Alta nos cuesta a todos los españoles la friolera de 3.132,55 euros, tal vez uno de los votos más caros de la democracia española y digno de formar parte del Libro Guinness de los Récords. Hay que tener en cuenta que el voto del resto de los senadores que habitualmente acuden a las sesiones plenarias, atendiendo a lo expresado en el artículo 20 del Reglamento, nos cuesta a los españoles 881,03 euros; 2.251,60 euros menos que el emitido por la senadora autonómica de Castilla-La Mancha y presidenta del PP en esta región. María Dolores de Cospedal, que, además de “La bien pagá”, se ha ganado a pulso el segundo título de “La ausente”, tiene derecho, según al artículo 23.1 del Reglamento del Senado a “la asignación, dietas e indemnizaciones por gastos necesarios para el desempeño de su función que se fijen en el Presupuesto del Senado”. En este sentido, la número dos de Mariano Rajoy se embolsa todos los meses 1.800 euros por estar empadronada en la casa de sus padres en Albacete cuando es sabido y demostrado que reside y trabaja en Madrid, por lo que no tendría derecho a esta indemnización. Después de las trampas, zancadillas y obstáculos que ha tenido que vencer Leire Pajín para ser senadora autonómica por Valencia, se alzan ya voces en el Senado donde se podría llegar a pedir que se aplique a María Dolores de Cospedal el artículo 23.2 del Reglamento en el que se advierte que “el senador que reiteradamente dejare de asistir a las sesiones, sin haber obtenido licencia de la Mesa, podrá ser privado de su asignación, por uno o más meses”. Las ausencias de De Cospedal quedan avaladas también por su inactividad como parlamentaria. Ni una sola intervención y unas cuantas preguntas escritas “enlatadas”, son la aportación de la senadora autonómica, que, eso sí, se apresuró a formar parte de la Diputación Permanente del Senado, junto a su compañero Luis Bárcenas, ex tesorero del PP imputado por el caso de la trama corrupta Gürtel, que le permite mantener su sueldo aunque la Cámara Alta sea disuelta por convocatoria de elecciones. De Cospedal, incluso, abandonó, el 16 de octubre de 2008, la vicepresidencia segunda de la Comisión General de Comunidades Autónomas, dos días después de que el Congreso de los Diputados tomara en consideración la Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, todavía encallado en la Cámara Baja por la negativa del PP a admitir los derechos de esta región en materia de agua. (www.elplural.com, 27/11/09) 19. EL PP VUELVE A CUESTIONAR SIN PRUEBAS EL FALLO DEL 11-M Hace dos años, el Tribunal Supremo zanjó la investigación judicial de los atentados del 11 de marzo de 2004. Y lo hizo en la línea de la Audiencia Nacional, atribuyendo la autoría de la masacre exclusivamente a terroristas islamistas. Para el PP, todavía en 2009, el caso no está resuelto. , un senador conservador, Luis Peral, insistió en la "necesidad" de seguir indagando los hechos. Se lo dijo en su cara al secretario de


Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que, perplejo, contestó que sólo el PP y "un partido excluido de las instituciones", en referencia a Batasuna, cuestionan las sentencias firmes. Después de un forcejeo verbal, Peral y sus otros tres compañeros de partido se marcharon y dejaron plantado a Camacho. Fue el desenlace tenso de una comparecencia del número dos del Ministerio del Interior que había comenzado a las 16 horas. Camacho primero tenía que explicar las actuaciones de su área en materia de violencia de género. Luego debía dar cuenta de la evolución de la criminalidad en España. Cuando llegó a ese punto, Peral embistió. Volvió al 11-M, un asunto que ya ha esgrimido más veces en esta legislatura. El senador sostuvo que había que investigar de nuevo el atentado, pues "los casos juzgados se pueden reabrir cuando se conocen nuevos hechos relevantes y se prueban", adujo en una nota el Grupo Popular. Los senadores de los otros dos grupos presentes en la sala, PSOE y Entesa, se mostraron turbados. "El socialista Francisco Jiménez y yo mismo -relató a Público Joan Sabaté, del PSC- dijimos a Peral que aquello no era un comportamiento respetuoso. Cuestionaba sentencias firmes, y eso crea en la ciudadanía desconfianza e inquietud en las instituciones". Camacho abundó en el reproche. Señaló que hay que acatar el Estado de derecho y deslizó que "sólo el PP y otro partido excluido" del Parlamento se atreven a dudar de fallos firmes de los tribunales. Peral entendió que comparaba al PP con Batasuna y le exigió una rectificación. Camacho se negó. No estaba equiparando a los conservadores con Batasuna -partido ilegal que ni mencionó-, dijo, sino evidenciando un "hecho objetivo", que el PP cuestiona sentencias firmes, como hacen formaciones ya extraparlamentarias. Peral insistió en su demanda. Camacho no cedió, así que los cuatro senadores del PP respondieron abandonando la sala. María Escudero, la portavoz socialista en la Comisión de Interior, mostró su "hartazgo" por que se utilice "una vez más" el 11-M y censuró la "falta de respeto al juego democrático" del PP. Sabaté juzgó "inaceptable" la "salida de guión" de Peral. 20. RAJOY DA A OTROS TERRITORIOS LO QUE NIEGA A CATALUNYA El recurso del PP contra 136 artículos del Estatut de Catalunya puso de manifiesto el doble rasero de los conservadores respecto al desarrollo autonómico del Estado. El partido de Mariano Rajoy considera que los apartados impugnados en julio de 2006 no se ajustan al marco legal que regula la Constitución. Pero el PP sí considera constitucionales los artículos de idéntica redacción o significado vigentes en los estatutos de otras comunidades autónomas. Las coincidencias se dan en los textos estatutarios de Andalucía, País Valenciano, Illes Balears, Aragón y Castilla-La-Mancha, que fueron reformados en la pasada legislatura. Los cuatro primeros ya están vigentes, mientras que el último sigue tramitándose en el Congreso por la falta de acuerdo entre PSOE y PP en torno a la polémica disposición que prevé el fin del trasvase Tajo-Segura. Todos esos estatutos fueron aprobados por unanimidad en los respectivos parlamentos autonómicos. El PP los apoyó en todos los casos. Las coincidencias entre los mencionados textos y el Estatut se producen a todos los niveles. Según un informe de la Generalitat de Catalunya, existen 119 similitudes. En su conjunto, la comparativa del Govern catalán demuestra que Andalucía, Illes Balears, Aragón y el País Valenciano ya tienen en vigor estatutos con 95 artículos que, en el caso catalán, están en el TC por supuesta inconstitucionalidad. El más llamativo es el caso del Estatuto de Andalucía que, como el Estatut, define en su preámbulo a la comunidad como una "realidad nacional". Este ha sido uno de los puntos más polémicos del texto catalán, ya que ha provocado las mayores críticas por parte de la derecha. Illes Balears, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha también incorporan en sus textos autonómicos la asunción de las competencias en materia de recaudación. Andalucía y Aragón prevén, además, que el Tribunal Superior de su comunidad asuma las máximas competencias judiciales. El PSOE se propuso, nada más llegar al Gobierno, en 2004, impulsar el desarrollo autonómico. Las comunidades autónomas presentaron desde entonces varias propuestas de reforma de sus respectivas normas básicas. Catalunya, Andalucía, Illes Balears, Aragón, País Valenciano y Castilla y León ya han reformado sus estatutos. El Congreso estudia los nuevos textos de Castilla-La Mancha y Extremadura. Algunos ejemplos de artículos copiados Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Estatut de Catalunya


Art. 95.1: “El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Catalunya y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de Catalunya es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los otros que puedan crearse en el futuro”. Estatuto de Andalucía Art. 140.1: “El TSJ de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de Andalucía es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro”. Agencia Tributaria Estatut de Catalunya Art. 204.1: “La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Catalunya, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña”. Estatuto Illes Balears Art. 133.2: “La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los tributos propios de la Comunidad de las Illes Balears, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears”. Renta de ciudadanía Estatut de Catalunya Art. 24.3: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”. Estatuto P. Valenciano Art. 15: “Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la ley”. Competencias financieras Estatut de Catalunya Art. 218.5: “Corresponde a la Generalitat el ejercicio de la tutela financiera sobre los gobiernos locales, respetando la autonomía que les reconoce la Constitución”. Estatuto de Aragón Art. 114.1: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera respecto de las entidades locales, respetando, en todo caso, la autonomía reconocida a las mismas en los artículos 137, 140, 141 y 142 de la Constitución”. Transporte Estatut de Catalunya Art. 169.2: “La integración de líneas o servicios de transporte que transcurran íntegramente por Catalunya en líneas o servicios de ámbito superior requiere el informe previo de la Generalitat.”.


Estatuto C-la Mancha Art. 128.2: “La integración de líneas o servicios de transporte que transcurran íntegramente por Castilla-La Mancha en líneas o servicios de ámbito superior a su territorio requerirá el informe previo de la Junta de Comunidades”. (www.publico.es, 10/12/09) 21. EL PP DEFIENDE QUE NINGUNO DE SUS BARONES ACUDIERA AL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Era la primera vez que un lehendakari acudía a celebrar el aniversario de la Constitución, pero las ausencias fueron casi más importantes que las presencias. El propio Patxi López denunció el "escándalo" que significaba que no hubiera acudido el domingo al Congreso ninguno de los presidentes autonómicos del PP. Los únicos presidentes regionales que sí estuvieron en la recepción fueron el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y los de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y Aragón, Marcelino Iglesias, todos socialistas. El propio Montilla, algo más comedido que López, calificó la ausencia de los presidentes del PP de "sorprendente" sobre todo porque faltaban, precisamente, aquéllos que se presentan como "máximos defensores" de la Constitución, cuyo aniversario se conmemoraba. Mientras, el PP ha defendido a sus barones y ha justificado todas y cada una de las ausencias. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que algunos socialistas también faltaron y que, además, son muchos los que pactan gobiernos con quienes atacan a la propia Constitución, en referencia a la Generalitat de Cataluña. En los mismos términos se ha pronunciado la secretaria general, María Dolores de Cospedal, para quien "hay algunos que no tienen que ir a actos nacionales para intentar tapar las vergüenzas de lo que hacen todos los días contra la Constitución". Cospedal, además, ha asegurado que el PP estuvo perfectamente representado por su presidente, Mariano Rajoy. (www.elpais.com, 07/12/09) 22. EL PP HACE FRACASAR LA CUMBRE CONTRA LA CRISIS La IV Conferencia de Presidentes confirmó los peores augurios. El PP no está dispuesto a dar ni un solo balón de oxígeno al Gobierno, aunque el objetivo último sea mejorar la situación económica de España y la de los más de cuatro millones de parados. El boicot de sus ocho presidentes autonómicos al intento de José Luis Rodríguez Zapatero de sumar a los gobiernos autonómicos a su estrategia contra la crisis se confirmó desde primera hora con la divulgación por el PP de un decálogo que, en su segundo párrafo, tachaba de "utópico" el planteamiento del Gobierno. Si algún atisbo de duda quedaba, lo despejó el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuando comenzó su intervención a puerta cerrada diciendo: "Del PP, hemos traído". Desde ese momento quedó meridianamente claro que los presidentes de las Comunidades gobernadas por el PP actuaban en bloque y que Feijóo, el que de ellos tiene una relación más estrecha con Mariano Rajoy, era su portavoz. Le habían precedido en el uso de la palabra los representantes de la patronal y los sindicatos, el presidente del Gobierno y, siguiendo el criterio de antigüedad de los Estatutos de Autonomía, los presidentes de Euskadi y Catalunya. Esta secuencia, unida a que lareunión comenzó con la aprobación por unanimidad del Reglamento de la Conferencia, hizo al Gobierno albergar una tibia esperanza de podría alcanzarse algún acuerdo, sobre la base de un texto de 14 folios que incluía la creación de varios "grupos de trabajo" para su desarrollo. La respuesta del PP fue de rechazo frontal. Aun así, Zapatero buscó el acuerdo hasta la extenuación, con la ayuda destacada del presidente de Canarias, Paulino Rivero, de Coalición Canaria, quien sostuvo que no podían salir de la reunión sin acuerdos. Para conseguirlo, presentó un "texto integrador", de 19 folios, en el que, según el presidente, se recogen "hasta el 80%" de las propuestas del PP nueve de las 10 de su decálogo, aunque "con algunos matices". Pero sus presidentes se abstuvieron en la votación, lo que impidió cualquier acuerdo de la Conferencia, para el que se exige un mínimo de dos tercios. Zapatero, en tono muy duro y dolido, hizo la siguiente lectura política: "Unos presidentes han dicho: Yo no me mojo. Me lavo las manos. En una palabra: no se quería llegar a un acuerdo. Han querido manifestar que


no se responsabilizan con el Gobierno de España en la lucha contra el paro y la recuperación económica. No es serio para con el país. Hace falta más lealtad y madurez institucional". A pesar de la falta de apoyo, afirmó que el Gobierno "hace suyo" el documento de síntesis y subrayó que, "con más o menos ayuda, el camino está fijado y nos vamos a comprometer (en las reformas) hasta las últimas consecuencias". (www.publico.es, 15/12/09) 23. EL PP APOYÓ DURANTE OCHO AÑOS LAS ESCUCHAS DE SITEL En la historia del PP, el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel ha sufrido altibajos. El mismo partido que dio a luz esta herramienta en 2001 ahora, ocho años después, ha decidido poner en tela de juicio su funcionamiento. Los recelos que ahora muestran los conservadores soninéditos en el partido. El PP, que ahora exige una ley orgánica para regular el Sitel, no hizo una sola gestión en esta dirección en los años que estuvo al frente del Gobierno. Tampoco cuando los socialistas llegaron a La Moncloa en 2004. Es más, en la oposición, el PP se ha preocupado, a través de iniciativas parlamentarias, del grado de implantación de este sistema. Las dudas han llegado en plena instrucción del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción del PP en los últimos 20 años. A continuación, se repasan los cinco momentos en los que los conservadores se han retratado con Sitel. 1. La compra. 11 millones de euros El Sistema Integrado de Interceptación legal de Telecomunicaciones (Sitel) llegó a España de la mano del Partido Popular, la misma formación que hoy mira con reservas esta herramienta, en 2001. Precisamente, el expediente de compra a la empresa danesa ETI A/S lleva la rúbrica del líder de los conservadores, por aquellas fechas, vicepresidente Primero y ministro del Interior. Por este concepto, el Gobierno presidido por José María Aznar desembolsó 11,3 millones de euros, una cantidad que en 2005, cuando ya gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que ser imcrementada en tres millones más para optimizar su funcionamiento. Desde 2001, cuando se realizó la compra, hasta el pasado 4 de noviembre, las siglas Sitel han permanecido prácticamente durmientes para el PP. Fue este día, cuando el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, compareció para acusar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber creado en España "una sociedad vigilada" al emplear un sistema "inconstitucional e ilegal". Las siglas acababan de convertirse en una prioridad para el PP. El titular de Interior tardó poco en devolver la pelota a los conservadores simplemente echando mano de los contratos que permitieron la creación y puesta en marcha del sistema. No sólo mostró el de la compra, firmado por el propio Mariano Rajoy. También, otros documentos mediante los que se prorrogaba el plazo de ejecución del proyecto hasta finales de 2003. En este contexto, la pregunta obligada es la de por qué el Gobierno de Aznar se desprendió de más de 11 millones de euros para dar cobertura a algo que en su propio partido tachan de ilegal. La respuesta llegó en boca de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Sáenz de Santamaría aseguró que el PP no llegó a poner en práctica el Sitel "porque no dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso". 2- Tres años sin ley. El olvido del desarrollo reglamentario Ateniéndose a las declaraciones de la dirección nacional del partido, desde la firma del acuerdo de adquisición de Sitel, el 24 de octubre de 2001, hasta que José María Aznar abandonó La Moncloa en 2004, el PP no tuvo tiempo de desarrollar la Ley Orgánica que ahora ven necesaria para vestir de legalidad a Sitel. En este periodo de tiempo, los conservadores no emprendieron una sola iniciativa legislativa para que el sistema, cuyo plazo de ejecución era de tres años a partir de 2002, se ajustase a la Constitución. Todo, en un momento en el que los conservadores, que disfrutaban de mayoría absoluta en el Congreso, no habrían tenido mayor problema en llevar adelante una iniciativa de este estilo en Las Cortes. Sí dio tiempo, explican desde la sede nacional del PP, a solicitar informes a 22 instituciones, entre otras el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Asociación de Internautas. El PP se abraza a las resultados de esta recopilación de estudios para respaldar su postura actual. "La conclusión que obtuvimos de estos informes es que antes de la entrada en funcionamiento de Sitel era necesaria la regulación mediante una ley orgánica", explica un alto dirigente.


Ya en la oposición, los conservadores se olvidaron de los 22 informes de expertos que alertaban de que la puesta en marcha de Sitel requería de una regulación legislativa. En estos cinco últimos años, el PP no ha puesto pega alguna a este sistema. Es más, se ha interesado por su implantación y por su dotación económica. Jamás por si el ámbito de actuación de Sitel se enmarcaba dentro de los límites de la Constitución. Así lo ponen de manifiesto las seis iniciativas promovidas por los conservadores en el Congreso entre los años 2004 y 2008 (las de 2009 sí se centran todas en las dudas sobre la legalidad de este sistema). La primera data precisamente de noviembre de 2004, cuando Rodríguez Zapatero apenas llevaba siete meses en La Moncloa. El Gobierno, estructuró la respuesta a Cosidó en dos apartados. En el primero de ellos, informaba de sus planes de migrar a Sitel "todos los objetivos a interceptar pertenecientes a los tres operadores de telefonía móvil ya implantados". En el segundo, revelaba sus planes de estudiar y preparar "la ampliación del sistema para la interceptación de otros servicios de telecomunicaciones a partir del año 2006". En noviembre 2007, el mismo diputado, también por el mecanismo de pregunta al Gobierno, se preocupaba por el "grado de ejecución del proyecto de desarrollar y desplegar el sistema Sitel con infraestructura y equipo en todas las Unidades de Investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y en junio de 2008 se interesaba por las "previsiones acerca de la implantación del sistema Sitel en todas las Comisarías Locales del Cuerpo Nacional de Policía". Tampoco en estas dos iniciativas parlamentarias el PP exhibía algún tipo de duda sobre el marco legal. En este contexto, entre el 5 de febrero de 2008 y el 5 de noviembre de este año, el Supremo ha avalado, en nueve sentencias, este sistema de escuchas. En la última, de este mes, el Alto Tribunal respaldaba a Sitel como un sistema de interceptación de comunicaciones "preferible" a los anteriores. 4- Apoyo a la ley. En 2007, con el Gobierno La conformidad del PP con Sitel en los últimos cinco años tuvo, además, un punto álgido: cuando en 2007 los conservadores votaron en el Congreso de los Diputados a favor del proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes de comunicación. Una ley que, en la actualidad, altos dirigentes del PP califican de "inconstitucional". Fue a través de esta iniciativa por la que se dio una nueva redacción al artículo 33 de la Ley General de Comunicaciones del año 2003, que originalmente sostenía que "los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo aportar las medidas técnicas necesarias. En la nueva redacción, se incorpora la obligación de los operadores de facilitar al "agente facultado" el acceso a una serie de datos entre los que se citan, además de la identidad del "sujeto objeto de la medida de la interceptación", la identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica. El PP no puso objeción a esta modificación del artículo. El diputado conservador José Ignacio Echániz Salgado fue el encargado de defender la postura de su partido ante este proyecto de ley sin una sola crítica de que apuntase a la ilegalidad o inconstitucionalidad de la misma. Sí mostraron reparos otros grupos parlamentarios. Desde CiU, Jordi Jané insistía en la necesidad de "preservar la garantía individual del secreto de las comunicaciones y que sólo sea posible interceptar esas comunicaciones cuando hay una autorización judicial de que hay indicios de una actuación delictiva". 5- La cortina de humo. Camps destapa la estrategia Tras estos años de silencio, el PP decidió resucitar Sitel el pasado 4 de noviembre. Era el mismo día que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, rendía cuentas sobre sus críticas a Esperanza Aguirre ante el Comité de Derechos y Garantías del partido. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, convocaba a los medios para presentar una proposición no de ley a fin de que Sitel fuese competencia exclusiva de la autoridad judicial y no directamente del Ministerio del Interior. Los conservadores hicieron todos los esfuerzos posibles para desvincular esta nueva estrategia de cargar contra una herramienta comprada por ellos mismos en la etapa de Aznar del caso Gürtel. Pero no lo lograron. Primero, porque no encontraron argumentos para explicar por qué adquirieron Sitel en 2001 y más tarde jamás se esforzaron en crear el marco legislativa que ahora demandan. Después, porque desde el pasado mes de agosto el PP ha hecho público su convencimiento de que altos cargos del partido, entre otros María Dolores de Cospedal, Federico Trillo y Francisco Camps, han sido espiados telefónicamente sin tener nada que ver con los sumarios de la Gürtel. Y ya, para rematar, por un patinazo en el seno del PP de la Comunidad Valenciana.


El pasado 21 de noviembre, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, anunció que el Consell estaba dispuesto a pedir la nulidad de todo el proceso en el supuesto de que se demostrase el empleo de Sitel para escuchar al president. Con ello, el PP acababa de echar por tierra su intento de evitar que la opinión pública relacionase sus iniciativas sobre esta herramienta con las supuestas escuchas ilegales. (www.publico.es, 05/12/09) 24. AZNAR, EL NEOLIBERAL, RECETA CONTRA LA CRISIS DESPIDO BARATO Y PRIVATIZACIONES "La economía de libre mercado no necesita ser refundada". Porque lo que ha fallado a escala planetaria y ha dado lugar a la peor crisis económica de los últimos tiempos no es el mercado: "Lo que ha fallado es el Estado". Lo dice José María Aznar, ex presidente del Gobierno, en su libro España puede salir de la crisis, que presenta el lunes en Madrid y que pretende ser un catálogo de recetas para regresar a la bonanza. También es un ataque frontal en 219 páginas al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien -sin citarlo- tacha de "funámbulo político", frívolo, ocultador, desleal, oportunista e irresponsable. "En estos tiempos difíciles no hay espacio para políticos con minúscula", avisa. Frente al intervencionismo y la cultura del "despilfarro", Aznar propone "más mercado": despido barato, sueldos flexibles, privatizaciones de servicios públicos. - La herencia dilapidada. Aznar afirma que Zapatero ha dilapidado la herencia de prosperidad que él dejó, transformándola en déficit y subida de impuestos. Sugiere que el PSOE prohibió por ley los contratos temporales -no es cierto- y sostiene que redujo del 35% al 1% el impuesto que pagan "los más ricos" en sociedades SICAV -pagan el 1% desde 2003, cuando gobernaba Aznar-. Él, subraya, cambió la ley del suelo para abaratar la vivienda (aunque ocurrió lo contrario). - Liberalizar servicios públicos. Entre las propuestas del ex presidente están el recorte del gasto público, no crear más puestos de funcionarios, bajar impuestos, una "nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas", participación de privados en servicios públicos, jubilación más flexible, "penalizar la falta de honradez empresarial" y que el salario mínimo no suba por encima del IPC. "No son recetas divertidas, lo sé", remata. - Reforma laboral. Es prioritario "desterrar el miedo a contratar por parte de los empresarios, es decir, cambiar la legislación laboral para que ningún empresario deje de contratar a causa de la rigidez de la normativa". Es decir, abaratar el despido. También plantea Aznar que se pueda "adaptar" los salarios "a las circunstancias de la empresa". Y rechaza "la espiral de creación de derechos" que puede dar lugar a "privilegios" de ciertos "grupos". "El Estado no puede asumir en exclusiva" tareas que "corresponden a las familias. Si el aumento del gasto público pone en riesgo la prosperidad, perderemos el bienestar". (www.elpais.com, 07/05/09) 25. PAÍS VASCO. BASAGOITI, AL PP: 'QUE BLINDEN EL CONCIERTO O SI NO QUE SE PRESENTEN ELLOS EN EUSKADI' El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha defendido el blindaje del Concierto Económico frente a la dirección de su partido, que manifestó ayer su negativa a votar a favor de esta medida en el Congreso de los Diputados. Ante las manifestaciones de María Dolores de Cospedal, Basagoiti instó a sus compañeros de la dirección nacional a atender los "argumentos racionales" que existen para blindar el Concierto y agregó que, si no lo hacen, "que vengan ellos a presentarse por el País Vasco". El líder 'popular' reconoció que la reacción de Cospedal es "normal" ante el "enfoque" que está dando el PNV a esta cuestión. El dirigente del PP vasco denunció que el debate está "absolutamente pervertido" porque el PNV lo ha planteado "en términos de órdago, chantaje y extorsión" ante la negociación de los Presupuestos generales del Estado. No obstante, advirtió de que, "si no se nos atienden los argumentos racionales" para blindar el Concierto y que "tienen que ver con la coherencia constitucional y la foralidad", su partido en Euskadi los seguirá reclamando. "Y, si no se atienden, sólo me queda decir que vengan ellos a presentarse por el País Vasco. Con argumentos racionales se entenderá y lo entenderán también las pesonas de mi partido a la que en este momento les cuesta entenderlo, porque el PNV lo ha planteado rematadamente mal", aseguró.


(www.elmundo.es, 29/09/09) 26. PAÍS VASCO. CONDENAN A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EX EDIL DE URBANISMO DE VITORIA El Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria ha condenado al ex edil de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, a siete años de inhabilitación especial para ocupar un puesto de concejal y una multa de 9000 euros por un delito de prevaricación urbanística por haber permitido que una constructora levantase siete chalés en un solar vitoriano en el que legalmente sólo se podían edificar seis. La pena de inhabilitación no tendrá consecuencias prácticas, ya que Ibarrondo ha abandonado la política tras haber sido edil de la corporación vitoriana entre 1999 y 2007, bajo el mandato del popular Alfonso Alonso como alcalde. Contra la sentencia cabe recurso cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alava. La sentencia decreta además la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras que se otorgó a la empresa Construcciones Salgado SA en junio de 2005, aunque no ordena el derribo del chalé cuestionado. El fallo considera probado que Ibarrondo concedió la licencia de obra en dicho mes "conociendo que no podía hacerlo por ser contraria a la normativa urbanística" y sin que constase "ningún otro informe de técnicos del Ayuntamiento, o de técnicos externos al mismo de forma previa a la emisión de la licencia, y sin que se hubiera producido ninguna circunstancia nueva ni motivo conocido, todo ello "a salvo de su sola voluntad de otorgar la licencia". El fallo considera veraz el testimonio prestado por los técnicos del Ayuntamiento de que no tuvieron conocimiento de la licencia hasta finales del año 2006. Los técnicos municipales emitieron reiterados informes en sentido contrario a la concesión de la licencia para edificar siete viviendas, ya que la parcela en que se iban a levantar no alcanzaba el mínimo exigido por la normativa urbanística para ello. Existen incluso dos resoluciones denegatorias previas a la licencia emitidas antes por el propio Ibarrondo, y no consta informe alguno favorable a la concesión hasta diciembre de 2006, más de un año después de que la licencia hubiese sido otorgada. El fallo recuerda que "en modo alguno ha sido objeto del juicio el análisis de la existencia de alguna posible contraprestación a cambio del dictado de la resolución". Ibarrondo no había sido acusado de ello por ninguna de las acusaciones personadas en la causa. (www.elpais.com, 10/09/09) 27. CATALUÑA. ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO: "AQUÍ NO CABEMOS TODOS" "Aquí no cabemos todos". Lo ha dicho Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, cuando le han preguntado por la campaña contra la construcción de un oratorio musulmán en Badalona que ha lanzado el líder de su partido en esa localidad barcelonesa, Xavier García Albiol. SOS Racismo e IxC-Verds calificaron el discurso de Albiol de "xenófobo" y "racista". Camacho ha salido en su defensa. Sin detallar si se opone o no a la apertura del oratorio, Sánchez-Camacho ha asegurado que a ella también le llamaron racista y xenófoba por defender desde hace tiempo una regulación de los flujos migratorios. Pero no por ello ha cambiado su postura, ha añadido: sigue pensando que "los papeles para todos no sirven", y quiere "una inmigración legal y regulada". Un símil le ha servido para defender su postura: Si en una casa con diez personas llegan cien más, no estarían bien ni los diez ni los cien, ha explicado. Ante un auditorio en el que se encontraba el mismo García Albiol, que ya levantó sospechas de xenofobia cuando relacionó inseguridad ciudadana e inmigración en un vídeo electoral en 2007, Camacho ha reclamado a los inmigrantes "respeto por nuestros derechos y nuestros principios". Y se ha mostrado partidaria de "darles derechos", pero también "obligaciones". Camacho ha hecho estas declaraciones en el marco de un desayuno en el que también ha repetido el eslogan "Cataluña, país de acogida", para reivindicar su derecho a "amar a Cataluña" y sentirse, al mismo tiempo, "profundamente española, y orgullosa de ello". Desde esta posición, ha criticado a los políticos nacionalistas que, ha dicho, "se miran el ombligo" de forma "provinciana". (www.elpais.com, 12/02/09) 28. CATALUÑA. DIMITE EL SECRETARIO GENERAL DEL PP EN GIRONA


El secretario general del PP en Girona, Antonio Pelegrín, ha presentado su dimisión con duras críticas al presidente del partido, Enric Millo. Pelegrín, que renunció a una candidatura propia para ocupar la secretaría general, asegura que no se siente "cómodo" con la estructura de la actual dirección y que deja el cargo por la "ignorancia, indiferencia y falta de consideración" de Millo hacia él. En un comunicado, Pelegrín expresa su malestar porque, en su opinión, Millo no ha "respetado" los pactos precongresuales que motivaron la retirada de su candidatura a la presidencia del PP en Girona. Pelegrín agradece en su nota el apoyo de los militantes y compromisarios que le dieron su aval y reafirma su "lealtad" al PP. La candidatura única de Enric Millo y Antonio Pelegrín obtuvo el 94% de los votos el 29 de noviembre durante el 11º congreso del PP de Girona. La nueva dirección aseguró que se cerraba así una etapa "convulsa" y que se abría un periodo marcado por la "unidad". Ésta no es la primera crisis que se declara entre los populares gerundenses. En octubre de 2007 la dirección del PP destituyó de forma fulminante a la ejecutiva presidida por Concepció Veray por "desavenencias" con el comité electoral liderado por Alicia Sánchez-Camacho. En mayo de 2007, el partido expulsó y retiró el carnet al número dos de la formación en Girona y al presidente de Nuevas Generaciones por acusar de "actitudes dictatoriales" a la dirección. La crisis se agravó tras perder nueve concejales en las elecciones del 27 de mayo de 2007. Girona es la única circunscripción de España sin representación del PP. La formación conservadora mantiene un electorado fiel, con más de 40.000 sufragios. (www.elpais.com, 22/02/09) 29. CATALUÑA. LA CARRERA DE SIRERA ROZA EL ABISMO POR UNA INVASIÓN DE SU INTIMIDAD El presidente de los populares catalanes en el Parlament, Daniel Sirera, está en la cuerda floja por culpa de lo que casi todos los colores políticos consideran una invasión de la intimidad en toda regla. “Este partido es una mierda”, decía Sirera en el polémico SMS que envió durante el debate de política general a la diputada popular Carina Mejías y que fue fotografiado y publicado por el diario Avui. Según fuentes conservadoras, el enfado de la cúpula catalana del partido ha sido tan mayúsculo que este mensaje extinguirá, muy probablemente, las pocas posibilidades que Sirera tenía ya de repetir en la lista autonómica. Las que albergaba, en opinión de varios dirigentes del partido, pasaban por los apoyos que podría recabar en Madrid y que ahora difícilmente llegarán. La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ni tan solo le descolgó el teléfono a Sirera durante el día de y este tuvo que conformarse con dar explicaciones al secretario general del partido, Jordi Cornet. Explicaciones que no satisficieron a la cúpula, que consideró que el diputado debe reflexionar sobre lo sucedido y sobre cuál cree que debe ser su papel en el PPC. Es decir, le invitan a que sea él quien mueva ficha. Pese a todo, Sirera afirmó a este diario que no prevé cambios en su situación. El dirigente del PPC, que anunció que presentará una querella contra la publicación, admitió que la frase no fue “muy afortunada” y se defendió alegando que se trataba de un mensaje incompleto sacado fuera de contexto que hablaba sobre el hecho de que no se hubiera vuelto a presentar como candidato a presidir el partido. “El PP forma parte de mi vida y, por lo tanto, no puedo renegar de un partido al que quiero”, afirmó Sirera, quien también reiteró su compromiso con Camacho. Solo la portavoz de la formación, Dolors Montserrat, invitó pública y explícitamente a su compañero a abandonar el partido. “Si me llega a pasar eso a mí y las palabras fueran sinceras, sería consecuente y dimitiría”, afirmó Montserrat. Pero el dirigente del PPC no contempla, por el momento, esa posibilidad: “No pienso dimitir. No he hecho ni dicho nada en contra de mi partido”. De hecho, gran parte de los populares catalanes confían en que, dado que Camacho asistirá a la reunión de la dirección nacional y que es posible que el caso Gürtel origine nuevos titulares en los medios, el SMS de Sirera desaparezca en pocos días de la palestra. (www.elperiodico.com, 03/10/09) 30. CATALUÑA. NEBRERA SE VA DEL PP Y DEJA SU ESCAÑO “Yo entro como independiente. Es una posición complicada, ya veremos cuánto tiempo es posible mantenerla”. La primera confesión de Montserrat Nebrera como militante del PP, el 12 de septiembre del 2006, ya tiene respuesta: poco más de tres años. El flamante fichaje de Josep Piqué abandona el partido y


su escaño en el Parlament, pero no deja la política. La diputada se dispone ahora a sentar las bases de un nuevo proyecto político. Nebrera remitió por burofax, una carta al presidente del PP, Mariano Rajoy, a través de la notaría de Joan Rubies y Miquel Tarragona, para explicarle los motivos de su decisión. Luego compareció en la Cámara catalana para publicitar sus intenciones. En la misiva, a la que ha tenido acceso la diputada admite que ha fracasado en los objetivos de regeneración interna e ideológica que perseguía, y que la lealtad al partido y la capacidad de mantener un cierto criterio propio son máximas incompatibles. Ella misma definió, el día que llegó, cuál era el “dilema” del PPC: “Trabajar por Catalunya y ser capaz de hacerse entender en Madrid”. Los acontecimientos han demostrado la dificultad de casar ambos objetivos. Por ello, Nebrera afirma en la carta: “Cualquier aportación que pueda hacer [al PPC] habrá de partir de la renuncia personal. Por eso me voy”. La soledad en la que se encontraba Nebrera en el PP catalán comenzó el día que su valedor, Piqué, dio el mismo portazo que ahora ha secundado la que fue su número dos en las elecciones autonómicas del 2006. Había sido su apuesta personal, una apuesta heterodoxa alejada de la línea oficial. Demasiado alejada. Su intención era eliminar la “imagen estigmatizada” del PP en Catalunya, de la que culpaba a las “estridencias” de la dirección nacional. “Me equivoqué al pensar que era posible la reforma del sistema desde un partido político. Ahora comprendo que son demasiados los intereses que gravitan sobre las estructuras para impedirlo”, asume en la misiva. Y es que la abrupta salida de Piqué y la llegada de Daniel Sirera dejaron sus tesis –favorables a la entente con el nacionalismo moderado– en minoría. Sus reiterados reproches a la trayectoria y la gestión del PP catalán –llegó a pedir que el partido se refundase–irritaban a su grupo parlamentario, en el que convivía atrapada entre afines a Sirera y fieles del otro barón del partido, el portavoz municipal en Barcelona, Alberto Fernández Díaz. Pese a esa soledad, la militancia aprovechó su figura y su perfil poco dócil para dar un toque de atención a las formas de actuar del partido, en especial, por su supeditación a las órdenes de Madrid. En un convulso congreso, Nebrera rozó la victoria sobre la candidata oficialista, Alicia Sánchez-Camacho, impuesta por Rajoy para evitar el desgaste de la pugna entre Sirera y Fernández Díaz y que, a la postre, tuvo un efecto contraproducente. Nebrera obtuvo el 43,2% de apoyos y apenas 100 votos menos que su rival. Un tirón que puede generar otro dolor de cabeza en el PPC si la jurista lo arrastra ahora a su nuevo proyecto político. Camacho dijo no tener constancia de la renuncia de Nebrera, pero sí recordó los dos expedientes disciplinarios abiertos a la diputada por sus críticas al partido. Una relación tortuosa que Nebrera resume en su carta a Rajoy: “He aprendido lo que hay que hacer para ser alguien dentro de un partido, pero nadie que me importe entendería que me quedase donde tan pequeño objetivo determinase mi acción política”. (www.elperiodico.com, 19/10/09) 31. GALICIA. EL PRESIDENTE GALLEGO MALVENDE LOS COCHES DE ALTA GAMA, LA MAYORÍA ADQUIRIDOS POR FRAGA Alberto Núñez Feijóo continúa inmerso en su campaña de marketing, queriendo huir de todo lo que huele a lujo, por eso de las apariencias. El presidente gallego está queriendo deshacerse de 20 coches de gama alta, en estos momentos en posesión de la Xunta, pero hasta ahora sólo ha conseguido subastar tres vehículos, con los que ha recaudado apenas 28.870 euros. Feijóo anda ansioso por perder de vista el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que le valió de bastión en su campaña electoral presentándolo como un símbolo de despilfarro. Claro que entonces ocultó que su compañero de partido, Manuel Fraga, adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados como el de Touriño y que él mismo, en su época de vicepresidente utilizó un A8. La subasta organizada por el presidente gallego tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, donde un particular adquirió por el valor tasado de 9.830 euros uno de los coches. Otro se hizo con otros dos por 9.140 y 9.990 euros. Los dos primeros turismos son modelos A8 de la marca Audi, con más de 200.000 kilómetros y fecha de matriculación del año 2001 y 2000. El tercero es un Audi A6 de 2001 con casi 300.000 kilómetros. Toda esta campaña montada por Feijóo parece un poco precipitada, teniendo en cuenta que el mes pasado el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, confirmó que todavía no se había conseguido vender los


automóviles, pero pidió responsabilidad para abordar cuestiones “relacionadas con la seguridad” del presidente, con lo cual no descartó la compra de un blindado para el nuevo inquilino de San Caetano. La Xunta tiene la posibilidad de ir a una nueva subasta con un descuento del 15%, aunque la Consellería de Presidencia está estudiando utilizar los coches sin vender para abaratar el precio de futuras adquisiciones de vehículos, lo cual parece tener más sentido común. (www.elplural.com, 19/10/09) 32. BALTAR DESAFÍA AL PP Y APOYA A SU HIJO PARA SUCEDERLE EN OURENSE Temeroso del conflicto que se le podría abrir en Ourense, donde José Luis Baltar manda en el partido desde hace dos décadas, el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, había consentido una prórroga al sempiterno barón para ganar tiempo, programar un relevo calmado y cumplir así con sus anunciadas promesas de renovación. Pero Baltar, que cosecha en su provincia cotas de apoyo electoral de récord, a menudo por encima del 60%, eligió una vez más su camino. No opta a la reelección, para alfombrar así el camino a la presidencia provincial de su hijo José Manuel, vicepresidente del Parlamento gallego. Lo hizo tras consultar a los alcaldes, que en su mayoría le pidieron que siguiera. Mandó más su esposa, Alicia Blanco, que desde hace años, según él mismo ha reconocido, le invita a dejar la política. Cuando comunicó su retirada a Feijóo, todo lo que le pidió el presidente regional fue que mantenga la neutralidad en el cónclave que se celebrará el 30 de enero. Pero Baltar vuelve a decir no a su jefe de filas. En declaraciones a EL PAÍS, explica que la neutralidad pactada le obliga "como presidente del PP, no como padre". De hecho, admite que su papel en el proceso sucesor es así mucho más fácil: al presentarse su hijo, no tiene "necesidad" de explicar a los alcaldes a quién hay que apoyar. "No me lo preguntan, es mi hijo, no otro aspirante". De hecho, el menor de los Baltar, José Manuel, es el mejor colocado para suceder a su progenitor primero en el PP de Ourense y luego en la Diputación. Ha cosechado más de 2.805 avales frente a los 132 reunidos por su oponente, Juan Jiménez Morán, alcalde de Verín, que en su presentación esgrimió su cercanía a Feijóo. Baltar padre vigila por si acaso y pide al presidente gallego que cumpla con la "neutralidad pactada". (www.elpais.com, 23/12/09) 33. GALICIA. FAMILIARES DE LOS ALCALDES MÁS FIELES A BALTAR SACAN PLAZA EN LA DIPUTACIÓN Los alcaldes de Baltar ya han colocado a más familia. Las notas de las últimas oposiciones blindan laboralmente a hijos, nueras, yernos y esposas de regidores del PP orensano. Los mismos entre quienes circuló el mes pasado, para ser firmada, una carta contra el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien los baltaristas reprochaban el reparto territorial de poderes y le exigían rectificación. José Luis Baltar no pudo completar entonces su estrategia, según reconoció, al difundirse el escrito cuando apenas llevaba unos días en manos de los regidores. Sin embargo, el presidente orensano ha visto cerrado el círculo de su táctica política con estas oposiciones. El acceso a la Diputación de los familiares de los alcaldes consolida la fortaleza interna del barón con vistas al congreso de octubre en donde el baltarismo, puesto contra las cuerdas por Feijóo -primero los apartó de los principales puestos de la lista, después prescindió de ellos para los cargos de relieve en la Xunta y finalmente designó a uno de sus principales oponentes como delegado territorial-, se juega el poder en Ourense y su supervivencia. Las sospechas sobre la estrategia de Baltar llevó a las Xuventudes Socialistas a realizar una denuncia parodiada hace apenas diez días. Los jóvenes del PSOE representaron un número de magia a cargo del mentalista Toniño Blake. Éste metió en una urna el nombre de cuatro familiares de cargos del PP y tras pronunciar unas palabras mágicas selló la caja y les auguró el aprobado entre el centenar de aspirantes al mismo puesto. abrieron la urna y quedó constancia de que el mago sólo había errado uno de los nombres. Un error "leve", dicen las Xuventudes, ya que la difusión alcanzada por los nombres de los parientes de cargos del PP que iban superando los primeros exámenes hizo que algunos de ellos optaran por retirarse del proceso. Otros, como el cuñado del hijo de Baltar, contratado como técnico de recursos humanos, del grupo A, recibió un suspenso para una plaza de auxiliar administrativo, del grupo C2.


El ilusionista Toniño sí acertó el nombre de Rubén Álvarez, hijo del alcalde de Muíños y nuevo vicepresidente de la Diputación, Plácido Álvarez; el de la compañera del hijo del alcalde de Xinzo, Isaac Vila; y el del ex concejal en Nogueira de Ramuín, Raúl Soto Martínez. Junto a ellos consiguieron también plaza, en este caso de conserjes -sólo en el edificio cultural hay 33- el concejal del PP de Sarreaus Manuel Rodríguez Martínez y la mujer del alcalde de A Merca. El yerno del alcalde de Vilamarín y senador, Amador Vázquez, obtuvo plaza de técnico superior informático; y el hijo del ex alcalde de Vilamartín de Valdeorras y hermano de la actual alcaldesa, el empresario Ignacio Santiago Candal Jarrín, consiguió la de técnico en desarrollo local y recursos europeos. El acceso de allegados a cargos populares a plazas de funcionarios en la Diputación de Ourense viene de lejos. Buena parte de los regidores del PP orensano tienen ya colocados ahí a sus parientes cuando no a toda la familia. Es ilustrativo el caso del teniente de alcalde de Cartelle, Jaime Sousa. Primero consiguió colocarse él mismo; después accedieron sus dos hermanos José y Darío; más tarde, su hija Pamela, fruto de su primer matrimonio, y un poco después entró la hija de su actual pareja. Ahora se ha hecho con una nueva plaza su sobrina, Celia Álvarez Sousa. (www.elpais.com, 21/07/09) 34. GALICIA. UNA DIRECTORA DE TRABALLO EMPLEÓ EN UN BAR Y EN CASA A UNA COCINERA SIN CONTRATO Trabajaba como empleada de hogar en casa de María Díaz López, directora general de Formación y Colocación de la Xunta, y completaba su jornada como ayudante de cocina en el restaurante familiar del alto cargo de Traballo. Todo durante seis meses, sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol acaba de condenar por despido improcedente a la número tres de la Consellería de Traballo, María Díaz López, responsable, según el fallo, de haber despedido a la mujer que trabajaba en la cocina del bar de su familia, en la estación de autobuses de Ferrol. El falló condena subsidiariamente a Díaz López por haber sido ella quien comunicó el despido y por "crear confusión jurídica y material en dos relaciones laborales", la que empleaba a la trabajadora en el bar y como asistenta en el domicilio particular de la directora general de la Xunta.El Juzgado de lo Social número " de Ferrol obliga a la sociedad civil Delmiro Díaz Rodríguez y otro, del padre y del hermano de la directora xeral de Traballo, María Díaz López, a pagar el salario de tramitación, 1.500 euros, y a indemnizar o readmitir en su puesto a la trabajadora despedida. El juez considera el despido como improcedente y condena de forma subsidiaria al alto cargo de la Xunta. "La solidaridad", dice el fallo, "implica a la empresa y a las tres personas físicas [la directora de Colocación y Formación del Gobierno gallego, su padre y su hermano], "por crear confusión jurídica y material entre dos relaciones laborales". Para ninguno de los empleos, ni como ayudante de cocina en el bar, ni como asistenta en casa de María Díaz López, fue dada de alta la trabajadora en la Seguridad Social. El auto considera probado que, pese a no figurar en la sociedad, fue la ahora directora general, quien "despidió materialmente" a la empleada del bar. El juzgado envía la sentencia a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo. (www.elpais.com, 13/08/09) 35. GALICIA. EX EDILES DEL PP DAN LA ALCALDÍA DE SILLEDA A UNA TRÁNSFUGA Cinco ex concejales del PP y dos que lo fueron del PSOE dieron la alcaldía de Silleda, una pequeña localidad de Pontevedra de casi 10.000 habitantes, a la tránsfuga socialista Ofelia Rey. La nueva regidora se presentó ante el pleno como la "solución a la ingobernabilidad" del municipio, que ella misma y otro concejal de su grupo propiciaron al abandonar el Gobierno municipal y pasarse al grupo de los no adscritos. Sucedió en un tenso pleno celebrado en la Casa da Cultura, a donde acudieron varios miembros de Nuevas Generaciones del PP para jalear a los concejales que formalmente abandonaron esas siglas antes de aliarse con los tránsfugas y a éstos. Fueron la excepción entre un público -formado por unos 200 vecinos, aproximadamente- que clamó contra la censura y sus promotores. La alcaldesa saliente, Paula Fernández (PSOE), responsabilizó de la operación al presidente de la Diputación y del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, que nunca la condenó abiertamente.


Ofelia Rey se estrenó con una llamada a la Guardia Civil para que escoltase la salida del nuevo Gobierno municipal por la puerta de atrás del Ayuntamiento. (www.elpais.com, 20/10/09) 36. GALICIA. EL PP EVITA CONDENAR LA MOCIÓN DE CENSURA DE GONDOMAR El PP evita condenar la moción de censura presentada por sus concejales en Gondomar y que prosperó gracias al apoyo de los cuatro concejales socialistas que han sido expulsados del PSdeG. El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, su secretario general, Alfonso Rueda, y el presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, eludieron un rechazo explícito a la actuación de sus concejales, que Louzán incluso justificó como salida a la situación de "caos permanente" que existía en el ayuntamiento, por lo que cuestionó que pudieran ser considerados tránsfugas, como establece el pacto antitransfuguismo ratificado por el PP hace dos años. "Nuestra postura es muy clara y muy nítida: hemos dado de baja a todos los que firmaron la moción", afirmó Feijóo en lo que pudiera ser un lapsus del presidente, ya que los concejales de Gondomar se dieron ellos mismos de baja momentos antes de presentar la censura "para no causar problemas al partido", según reconoció el nuevo alcalde de la localidad, Martín Urgal. Urgal, en declaraciones a Radio Galega, admitió que con esta argucia evitan que el PP sea acusado de incumplir el pacto antitransfuguismo. La baja de los concejales en el partido fue el principal argumento utilizado por los dirigentes del PPdeG para defender que lo ocurrido en Gondomar es sólo "responsabilidad" de los ediles que hasta actuaban bajo las siglas del PP. "Quien apoyó la moción fue el PSOE, habría que preguntarle al PSOE por qué tenía un pacto con el BNG y ahora apoya al PP", esgrimió Feijóo. Alfonso Rueda, por su parte, señaló que su partido respeta el pacto antitransfuguismo en relación a la moción de Gondomar, pero mantuvo la ambigüedad respecto a su condena: dijo que ya había sido comentada por Rafael Louzán y añadió que "situaciones como ésta ya han tenido lugar". "El PP seguirá siendo el primero y siempre va a ser firme en mantener la exigencia de que se cumpla el pacto antitransfuguismo" si se confirmase que el mismo se vulneró en Gondomar, añadió Rueda en relación a un dictamen que deberá realizar la dirección del partido. A la pregunta de si los ex concejales del PP de Gondomar volverán a concurrir a las elecciones en sus listas, el secretario general del PPdeG se limitó a contestar que "no son afiliados del partido". Rafael Louzán enmarcó la censura de Gondomar en los "pactos antinatura" promovidos por PSdeG y BNG para toda Galicia y que en Gondomar "duró media hora, lo que la sesión de investidura". A su juicio, decir que en dicho ayuntamiento había una "situación de desgobierno" se queda pequeño: era un "caos permanente", afirmó, contra la voluntad de la "inmensa mayoría silenciosa" que interpretaron los promotores de la moción. "¿Pueden ser considerados tránsfugas cuando son la mayoría?", se preguntó retóricamente el líder del PP en Pontevedra. "Tendremos que esperar al dictamen de los expertos, pero hablamos de términos políticos que los vecinos no entienden." Manuel Vázquez, secretario general del PSdeG, acusó a Rafael Louzán de ser el "padre político" de la moción de Gondomar y reclamó a Feijóo "rotundidad" en su condena. "No debe dejar dudas de que no está con la trama de corrupción", señaló. Vázquez contrapuso la actitud del PSdeG expulsando a sus cuatro ediles, a los que acusó de "traición", con la "baja voluntaria" que solicitaron los del PP: "Cinismo político de alto voltaje". (www.elpais.com, 09/07/09) 37. ANDALUCÍA. LA RED DEL ALCALDE DE ALHAURÍN RECIBIÓ MÁS DE 642.000 EUROS EN SOBORNOS El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral. El PP, que mantiene en el cargo al regidor pese a estar imputado, salió en su defensa.


El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga imputa a Martín Serón los delitos de cohecho para acto delictivo, penado con dos a seis años de prisión; prevaricación urbanística (de seis meses a dos años) y blanqueo de capitales (de seis meses a seis años). El edil de Urbanismo, que, según el fiscal, "controlaba, contabilizándolos adecuadamente, los pagos efectuados y los que se debían efectuar", está imputado de prevaricación y cohecho. Según el escrito de López Caballero, los pagos de los promotores están "acreditados indiciariamente" por las anotaciones manuscritas y por los archivos informáticos intervenidos en los registros de los domicilios de los imputados y de las dependencias municipales. El fiscal recuerda que en una vivienda de Martín Serón se hallaron 64.780 euros en efectivo y otros 7.000 en su despacho de alcalde. La esposa del regidor, María Teresa Santos, asesora fiscal de profesión, también ha resultado salpicada en la trama: está imputada de blanqueo por "efectuar actos dirigidos a ocultar las ilícitas ganancias obtenidas" por su marido. El fiscal habla de "numerosos ingresos en efectivo" en las cuentas bancarias del matrimonio por 50.000 euros "sin que se conozca el origen del dinero". También señala que en las cuentas de la esposa se ingresaron 30.000 euros "en sólo seis operaciones". Las licencias ilegales otorgadas presuntamente por Martín Serón y Gregorio Guerra han permitido la construcción de 182 viviendas que no estaban contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, de 23.800 habitantes. Para otorgar los permisos irregulares, la trama contaba con la colaboración de Juan Burgos Gómez, asesor jurídico municipal. Este funcionario daba "siempre" el visto bueno a las licencias "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal y venían con informe negativo del arquitecto municipal". Otro asesor jurídico, Ildefonso Domínguez, informó favorablemente de una licencia irregular. Al menos en tres ocasiones, Burgos Gómez asegura en su informe jurídico que el arquitecto municipal está de acuerdo con la concesión de la licencia ilegal, lo que es "radicalmente falso", según el fiscal. El arquitecto municipal, Miguel Ángel Gutiérrez Montalvo, que al principio de la instrucción fue imputado, quedó provisionalmente eximido del caso a finales de octubre de 2008 por la juez instructora, Lidia Bermúdez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín. Desde que se destapó en enero de 2007, el caso Troya ha pasado por las manos de cuatro jueces. Martín Serón reaccionó al escrito del fiscal con la virulencia habitual: "¿Hasta dónde quieren llegar los socialistas?, ¿al estado policial? No es un movimiento del juzgado sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal jefe". El regidor se refería a Antonio Morales, fiscal de corte progresista que accedió a la jefatura de la Fiscalía malagueña el pasado martes. Martín Serón anunció que continuará en su puesto "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial". En las elecciones de junio de 2007 -celebradas seis meses después de su detención en Marbella tras un mitin de Mariano Rajoy- renovó la mayoría absoluta. El Partido Popular salió inmediatamente a defender al alcalde alhaurino. La dirección del PP malagueño considera que Martín Serón puede seguir en su cargo ya que confía "plenamente" en su inocencia. El secretario provincial popular, Francisco Salado, afirmó que la de "es una opinión más del fiscal". 38. ANDALUCÍA. MARBELLA AUTORIZA EL PAGO DE 72.000 EUROS A LA EMPRESA DE UN EDIL DEL PP El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha autorizado el pago de 72.500 euros a una empresa de la que es socio al 50% el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Antonio Espada. El desembolso corresponde a dos contratos de suministro de materiales de construcción que la oposición socialista llevó a los tribunales al entender que vulneran la Ley de Contratos del Sector Público. En sus recursos, solicitaron la suspensión cautelar de los contratos, algo que no se ha producido hasta el momento. Las facturas, de 11.418 euros y 61.014 euros, son por materiales de fundición y construcción para los servicios operativos del Ayuntamiento marbellí. Formaban parte de una relación de facturas mayores que se aprobó por unanimidad el pasado 27 de enero en Junta de Gobierno Local. La sesión estuvo presidida por la primera teniente de alcalde María Francisca Caracuel (PP), y, según el acta, el edil Espada no asistió. Los contratos de suministro, con número de expediente 92/08 y 34/08, reportarán unos ingresos totales de 230.000 euros a la empresa Materiales de Construcción La Juanita, de la que es socio Espada. El edil dejó de ser administrador de la empresa antes de ocupar su puesto de concejal en 2007, pero figura como apoderado y sigue obteniendo el 50% de los beneficios. Las adjudicaciones se hicieron el 30 de junio y el 12


de agosto de 2008 en dos juntas de gobierno. Saltaron a la luz en septiembre y crearon una agria polémica municipal. El primer contrato, de 190.000 euros, vino avalado por un informe genérico del interventor municipal redactado un año antes y que no contemplaba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ya que ésta no entró en vigor hasta el pasado 30 de abril. La segunda adjudicación, de 40.000 euros, se otorgó mediante un concurso cerrado al que la empresa del edil fue invitada a concurrir. El equipo de gobierno del PP defendió su legalidad amparándose en un nuevo informe técnico, pero terminaron invitando a la empresa de Espada a que no se presentara a más concursos municipales. La empresa, constituida en 1997, era suministradora del Ayuntamiento marbellí antes de la llegada del PP al gobierno. Consiguió algún contrato en la época de la Comisión Gestora y tramita el cobro de facturas de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL). Según el equipo de gobierno, el secretario y el viceinterventor llegaron a la misma conclusión, pero en el párrafo final del informe se incidía en que se consideraría incompatible si el edil fuese administrador de la empresa o apoderado, cargo que tiene Espada en su empresa. El Consistorio afirma que el término "apoderado" se incluyó "por error", lo que se subsanó con una nota al pie del informe. La nueva normativa prohíbe contratar con el sector público a "las personas jurídicas (empresas) en cuyo capital participen" en cuantía superior a un 10% "el personal y los altos cargos de cualquier administración pública, así como los cargos electos". El PSOE marbellí, en la oposición, interpuso dos recursos en el Juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Málaga pidiendo que se dejaran sin efecto las adjudicaciones. También pidieron al Ayuntamiento un informe específico sobre la situación de Espada como contratista, que no han recibido. En una providencia, fechada el 16 de octubre, el juez Carlos Javier Castillo reclamó al Consistorio los expedientes de contratación y les informó de los plazos para personarse en el procedimiento. El juzgado admitió a trámite los dos recursos, pero todavía no ha emitido veredicto alguno sobre la petición de suspensión cautelar de los contratos. (www.elpais.com, 17/02/09) 39. ANDALUCÍA. UN EX ALCALDE AFRONTA 30 AÑOS DE CÁRCEL Y 111 DE INHABILITACIÓN POR PREVARICAR El ex alcalde de Valle de Abdalajís (Málaga, 2.908 habitantes), Tomás Gómez Arrabal, del Partido Popular, se enfrenta a una petición del fiscal de 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para cargo público por doce delitos continuados de prevaricación urbanística. El Ministerio Público también acusa a otros cuatro concejales de la localidad, a los que se pide un total de 51 años de cárcel por participar en las juntas de gobierno local que concedieron numerosas licencias de obra ilegales entre 2001 y 2004, informa Efe. El fiscal entiende que dichas licencias se concedieron "a sabiendas de que los expedientes administrativos incoados para ello, no se habían tramitado por el procedimiento legalmente establecido". Los imputados otorgaban las licencias pese a que los expedientes no contaban con los preceptivos proyecto técnico y de actuación de las obras. En todos los casos el técnico municipal había emitido un informe en el que advertía de la necesidad de que se aportar tales documentos. El secretario de la Corporación también advirtió a los ediles de que los expedientes no reunían los requisitos necesarios para otorgar las licencias. A pesar de los citados informes, los acusados concedieron las licencias "a sabiendas de que por tratarse de una resolución contraria a derecho resultaban ser totalmente arbitrarias e injustas", dice el fiscal. (www.elpais.com, 18/04/09) 40. ANDALUCÍA. CASO GÜRTEL. UNA EMPRESA SALPICADA POR 'GÜRTEL' HIZO DONATIVOS A ALHAURÍN POR 318.000 EUROS El PSOE de Málaga encontró un punto de contacto entre dos de los escándalos de corrupción que afectan al PP: el archifamoso caso Gürtel -la red de empresarios y cargos públicos conchabados para lucrarse a costa de la administración y de paso financiar al partido- y el caso Troya, la trama supuestamente encabezada por el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, para recibir sobornos de


pequeños promotores a cambio de licencias urbanísticas irregulares. El elemento en común, según los socialistas malagueños, es la constructora leonesa Teconsa, del empresario José Martínez. Esta compañía, que parece que pagó 72.000 euros en comisiones a cargos del PP a través de Correa por la concesión de una obra pública, hizo donaciones al Ayuntamiento de Alhaurín en marzo de 2004 de 318.000 euros. Las donaciones de Teconsa al municipio malagueño se hicieron a través de la empresa promotora Proinsa. Esta sociedad, del mismo grupo, proyectaba levantar 2.500 viviendas con piscinas, campo de golf y helipuerto en la llamada Finca La Mota, un paraje de alto valor ecológico. Los regalos de la promotora fueron la redacción de un proyecto constructivo para la biblioteca y Fundación Gerald Brenan -valorado en 300.000 euros- y el patrocinio a un equipo de baloncesto local, con 18.000 euros. La finca La Mota pertenecía a Banesto: tras la venta de los terrenos a Proinsa, en el año 2000, el banco donó otros 300.000 euros al Consistorio alhaurino. El secretario de organización del PSOE malagueño, Francisco Conejo, recordó que entre 2000 y 2006, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande recibió donaciones en metálico o en especie de más de un millón de euros. En 2003, varias de estas donaciones, por valor de 600.000 euros, fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Málaga, que las acabó archivando. Ahora, el PSOE vuelve a intentarlo. Conejo anunció que facilitará a los instructores de los casos Gürtel y Troya la documentación sobre las donaciones. "A veces las donaciones se realizaban el mismo día en el que el donante lograba una licencia urbanística pese a los reparos del arquitecto municipal; otras, el permiso llegaba al día siguiente", aseguró Conejo. El regidor Martín Serón, en libertad bajo fianza de 100.000 euros imputado por prevaricación, cohecho y blanqueo, aseguró : "Teconsa no recibió nada a cambio de las donaciones. De hecho, la empresa no ha llegado ni a pedir una sola licencia sobre estos terrenos". También afirmó que, en caso de llegar a los tribunales, "este tema no va a tener ningún recorrido". Desde su detención en enero de 2007, el alcalde de Alhaurín ha disfrutado en todo momento del apoyo de su partido. , el secretario provincial del PP, Francisco Salado, acusó al PSOE de "correr tras fantasmas" y de tener "una absoluta obsesión con Alhaurín el Grande". (www.elpais.com, 08/10/09) 41. ANDALUCÍA. EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA DEJA SUS CARGOS EN EL PP Y RENUNCIA A LA REELECCIÓN El ex alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz) Juan Carlos Juárez presentó su dimisión como presidente del PP local por "razones estrictamente personales y profesionales", según anunció en un comunicado. Juárez -que abandonó la alcaldía hace algo más de un mes después de conocerse una sentencia que le inhabilitaba durante seis meses por desobediencia- también deja su cargo en la ejecutiva provincial de su partido. "Renuncio a la presidencia del partido y a todos los cargos inherentes que el puesto ostenta", dice en la nota el ex alcalde, para quien "ha sido un gran honor" presidir la alcaldía y la organización local del PP. Pero lo más significativo, ya que contradice lo que dijo tras ser inhabilitado, es que no tiene "interés alguno" en volver a presentarse a las elecciones municipales. El gesto del ex alcalde se produce 24 horas después de que los parlamentarios andaluces de la provincia y todos los cargos del PP en la localidad, con el secretario regional, Antonio Sanz, a la cabeza, diesen un espaldarazo público y unánime a su sucesor, el actual alcalde linense, Alejandro Sánchez. Un apoyo del que Juárez nunca gozó en sus 10 años al frente del consistorio linense, pese a ser uno de los alcaldes más votados de España. Deja tras de sí una ristra de asuntos que, poco a poco, va sacando a la luz el PSOE local, que mismo anunció que la deuda del Ayuntamiento, a fecha 21 de octubre, asciende a 126 millones de euros, 110 generados en la década de gobierno de Juárez. El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de esta ciudad, Miguel Tornay, calificó de "pantomima" la dimisión de Juárez y recordó que cuando fue inhabilitado también intentó presentar la orden judicial como una retirada digna: "No sorprende a nadie porque Juárez ya estaba muerto políticamente". Tornay acusó al PP linense de "querer dar una imagen de cambio que no resulta creíble". "Han buscado a un concejal que no estuviese imputado, lo cual ha sido difícil, sabiendo que la posibilidad de que Juárez volviese a ser alcalde no era remota, sino imposible", sentenció.


(www.elpais.com, 07/11/09) 42. ANDALUCÍA. UN PRESIDENTE DE NNGG DEL PP LOGRÓ SU PRIMER CONTRATO CON EL PP AL MES DE SER EMPRESARIO Intralia S.L. ha gestionado y gestiona numerosas actividades educativas y culturales en ayuntamientos de Granada. El administrador único de la sociedad, Javier Lisarte, es un joven militante del partido que fue elegido en mayo de 2005 presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Otura. Ese año fue muy gratificante para Javier Lisarte. A su tarea de nuevo líder juvenil del PP de Otura se le unió, en muy poco tiempo, un nuevo reto: ser empresario con tan solo 24 años. Lisarte fue nombrado administrador único de Intralia S.L. el 24 de agosto de 2005 en sustitución de quien había fundado la empresa un año atrás. Tres meses separan el ascenso de Lisarte al organigrama del PP con su desembarco en el mundo empresarial. Y un solo mes separa su ´estreno´ como empresario de la firma de su primer contrato. Fue con el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP. Según consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico, la Junta de Gobierno local decidió el 7 de octubre de 2005 adjudicarle a la empresa de Javier Lisarte "la realización del programa Itinerarios Culturales por la ciudad de Granada". Renovación. El Consistorio otorgó el contrato a Intralia por un importe de 12.000 euros. Intralia también había logrado el año anterior –cuando era dirigida por otra persona– la concesión del mismo programa educativo, presupuestado en el expediente con 9.000 euros. Con Lisarte logró la renovación del contrato para itinerarios culturales –y la ampliación de su dotación económica– para ese año y los posteriores, hasta 2009, según consta en los documentos oficiales del área de Contratación. Javier Lisarte ha compaginado durante años su condición de presidente de Nuevas Generaciones del PP con la de empresario adjudicatario de contratos de ayuntamientos, muchos de ellos del PP. En la cartera de negocio de su empresa también hay instituciones, particulares y otras entidades oficiales que no están vinculados al PP. Javier Lisarte ha dirigido además la Secretaría de Estudios y Programas de las Nuevas Generaciones del PP a nivel provincial. El empresario afirmó que en la actualidad no ocupa ese cargo pero se negó a aclarar en dos ocasiones si mantiene el cargo de presidente de NN GG en Otura. Fuentes del entorno municipal aclararon que en la actualidad no, aunque cuando firmó los contratos con Otura sí lo era. En la web oficial del PP andaluz aparece aún como presidente juvenil y secretario de Estudios y Programas. Intralia es la misma empresa que ha logrado en los últimos años numerosos de contratos de ayuntamientos del Partido Popular. Entre ellos el de Otura, municipio donde Javier Lisarte se presentó en el número 7 de la candidatura del PP encabezada por el actual alcalde, Ignacio Fernández. Intralia ha gestionado, al menos, las escuelas de verano de 2008 y 2009 y toda la programación cultural del municipio para este año. (www.laopiniondegranada.es, 16/09/09) 43. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE QUE SU MAYOR VICTORIA LA LOGRÓ CONTRA GALLARDÓN EN EL 2004 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que “la mayor victoria” que ha logrado hasta ahora en su carrera política ha sido alcanzar la presidencia del PP madrileño en el 2004. En aquella batalla de la que ahora guarda tan buen recuerdo, se enfrentó precisamente con Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, que estos días se halla pendiente de una sanción del partido por sus críticas a Aguirre. La dirigente popular hace esta confesión en el libro El club de las mujeres ambiciosas, que acaba de publicarse y en el que el periodista Jesús Rodríguez retrata, a partir del testimonio de las propias protagonistas, a varias mujeres que ocupan una posición relevante, como Leticia Ortiz o Carla Bruni. “Con lo de la presidencia del PP de Madrid me decían: ‘Vas a cargarte el partido’, ‘vas a crear un cisma con Alberto’, ‘te va a machacar’. Y ha sido la mayor victoria de mi vida política”, asegura Aguirre en el libro. A la hora de rememorar aquel pulso, la presidenta madrileña relata que para enfrentarse a Ruiz Gallardón contó, entre otros, con el apoyo de los fieles al exvicepresidente económico y virtual próximo presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. Y apunta: “Rodrigo me dijo que cuidara a su gente y he cumplido: todos están colocados”.


Respecto a Mariano Rajoy, Aguirre niega que aspire a sucederle. Dice que nunca se ha postulado para un cargo y, en tono irónico, añade que parece que en los últimos tiempos ha pasado de ser “la tonta del PP” a “la mala malísima que le mueve la silla” a Mariano Rajoy. Eso sí, no oculta que si por alguien siente debilidad es por José María Aznar. “En el mundo –revela–, no me ha impresionado nadie. El Papa, Isabel II, el Dalai Lama... Lo siento, solo me impresiona Aznar. Y cuando él me ha mandado algo, en esas llamadas suyas de minuto y medio, no he osado a discutirle”. Cuando trascendió el contenido del libro, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se aprestó a aclarar que la mayoría de las declaraciones atribuidas a Aguirre fueron realizadas hace tres años. (www.elperiodico.com, 07/11/09) 44. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje, según han confirmado fuentes del ejecutivo regional. Un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones. El consejero Granados, de la máxima confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y secretario general del PP madrileño, asegura que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", según declaró. Peroo, el propio Peña ha confirmado, que su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados. Fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre aseguran que tanto la presidenta como el vicepresidente, Ignacio González -que mantiene tensas relaciones con Granados-, ignoran qué tipo de informes elabora dicho equipo del consejero de Interior. "Nos llama la atención el volumen de gente que ha fichado para unas labores que desconocemos y que están fuera del organigrama que preside el propio director general de seguridad. Sospechamos de su labor, pero la desconocemos", explican altos cargos de la. Granados asegura que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste asegura que sólo cuenta con tres ex guardias civiles: "Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Según el ex policía, no sólo son fiables, sino muy útiles por sus contactos: "Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía". Peña contradice a su consejero. De entrada, niega que su equipo haga contravigilancia: "No hacemos contravigilancias. No seguimos a nadie. Mi misión es otra". Y añade sobre sus funciones reales: "Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida". Cita diversos ejemplos. Peña recuerda que su equipo ha investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal de esa localidad, Ginés Jiménez. Los presuntos hechos delictivos que se imputan a Jiménez y otros miembros de la Policía Municipal de Coslada (extorsión a empresarios del ocio a cambio de licencias o de un trato favorable, así como a prostitutas que ejercen en las afueras del municipio) y que investiga un juez se destaparon en mayo de 2008 por obra de la policía cuando gobernaba el PSOE. No obstante, está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López, por presunto trato de favor a Jiménez. La investigación del equipo de Peña ha sido paralela a la investigación policial y judicial, que sigue abierta. Peña asegura haber conocido al elaborar su informe todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada. Peña también cita que sus hombres han investigado el caso Ciempozuelos, de 2006, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex alcalde) en la cárcel durante unos meses, justo antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, el Gobierno regional ha denunciado las implicaciones de corrupción que siguen pendientes de aclarar en este municipio. Según Peña, sus informes resumen algo parecido: "Los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan". Pero Peña no desvela aún el resultado del sumario particular que ha instruido su unidad.


Este escándalo también sigue en plena investigación judicial. También aquí se produce la irregularidad de que el equipo de espionaje de Granados trabaja en paralelo, sin control político ni judicial, sobre asuntos en los que trabajan la policía y los jueces. Sobre el caso Ciempozuelos, el ex policía Marcos Peña asegura que su investigación encontró vínculos con un suceso que afectó al propio consejero Granados, como fue el incendio supuestamente intencionado de su coche particular en el aparcamiento de su casa en Valdemoro. "Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto", alardea Peña. Granados, que antes de ser consejero fue alcalde de Valdemoro, negó que tal coche fuera un regalo de un constructor local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso -agonizó sin hallarse culpable del incendio- fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos. Carretero fue fichado posteriormente como director general de Política Interior por Granados, a cuyas órdenes sigue como gerente de la academia regional de policía. El equipo parapolicial, cuyos informes sólo conoce Granados, según la cúpula del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, también ha investigado, según Peña, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas y todo lo que rodea a este entorno, incluida la supuesta pasividad o connivencia policial o de las autoridades competentes. Granados declaró la semana pasada que las mafias se han adueñado de la noche madrileña, con lo que agitó los ánimos de los empresarios de las discotecas. La labor del servicio de información secreto de Granados tiene, según describe Peña, una serie de peculiaridades: nutren sus informes de la labor de campo que realizan los ex agentes, pero también de los datos que les suministran sus "enlaces" en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o lucha contra el crimen organizado. Todo ello, al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional. ¿Para qué? "A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", resume Peña. Alude al intento de los enemigos políticos del consejero, en la oposición y dentro del PP o del Gobierno regional, de vincular su coche particular, que fue incendiado, al regalo de un constructor. (www.elpais.com, 19/01/09) 45. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. EL VICEALCALDE POPULAR DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE El vicealcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, ha denunciado ante la Fiscalía el presunto espionaje sufrido por parte del Gobierno de Aguirre. Cobo ha anunciado que va a denuciar estos presuntos espionajes después de las informaciones publicadas por el diario El País. En concreto, Cobo quiere saber quién ha realizado esos seguimientos y "quién o quiénes" lo han ordenado, si esas personas tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración o entidad que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento, a "quién o a quienes" se entregaban los informes y con qué fin se realizaban. El 'número dos' de Gallardón ha confirmado todas las informaciones publicadas hasta el momento y ha asegurado que los seguimientos se han hecho "de forma ilegal". "No se puede realizar este tipo de actuaciones ni conmigo ni con nadie". Cobo no ha querido apuntar a nadie del Gobierno de la Comunidad de Madrid como responsables de los espionajes. "No quiero lanzar sospechas", ha dicho, y ha añadido que se tiene que poner bajo la tutela judicial. Además, no cree que haya sido por hacerse con el control de Caja Madrid, ya que en el mes de abril no tenía nada que ver. También ha declarado que lo considera un hecho "muy grave" y que no sabe "cuál era el objetivo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias se depuren responsabilidades". Ha apuntado a posibles equipos parapoliciales, por la jerga que utilizan, y ha asegurado que ha hablado con Granados, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, pero no con Rubalcaba, además de recibir mensajes de Esperanza Aguirre. El grupo de ex agentes de la Policía y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados, habría hecho seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón.


(www.publico.es, 21/01/09) 46. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN" Todos los dirigentes del PP señalaban estos días que la dirección concedía mucha credibilidad a las informaciones sobre el espionaje entre compañeros de partido que ha publicado EL PAÍS. Pero hasta ahora nadie lo había dejado tan claro como Mariano Rajoy en Barcelona. En una entrevista con la cadena de radio Rac 1 fue tajante al avalar las informaciones de EL PAÍS y contradecir, por tanto, la tesis de Esperanza Aguirre, que insiste en que todo es una "gran mentira" urdida por este periódico, a pesar de que se ha visto forzada a conceder la creación de una comisión de investigación. Preguntado expresamente por las informaciones de EL PAÍS, Rajoy señaló: "Una cosa es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos existen. Lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha ordenado. Yo quiero transparencia y claridad, es bueno que se sepa la verdad y por eso es bueno que se haya abierto una comisión de investigación". El líder del PP llegó incluso a sugerir que si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, como se ve en los que ha publicado este periódico, se pueden hacer pruebas caligráficas durante una investigación judicial. El departamento de Interior de Madrid no ha intentado esas pruebas caligráficas a las que se refiere el líder del PP. Rajoy señaló que si ha habido espionaje y dossiers -se hagan con dinero público o sin él- "es lamentable y bochornoso. Y si se hace con dinero público muchísimo peor", concluyó. Poco después de acudir a la radio, el líder del PP volvió a tratar de esquivar a los periodistas. Llevaba 18 días sin enfrentarse a una rueda de prensa, y se vio por qué. Apenas aguantó una pregunta sobre la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid: "Si usted conocía la existencia de los dossiers, ¿por qué no tomó cartas en el asunto?", le preguntaron. La réplica, breve y forzada, fue la siguiente: "No he visto jamás ningún dossier, si ustedes tienen uno, me gustaría verlo". En 2006, Álvaro Lapuerta, entonces tesorero del PP, informó a Rajoy de que tenía en su poder un dossier sobre concesiones irregulares de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El entorno del líder ha confirmado esta información. Aunque Rajoy no llegó a ver el dossier, sí supo de su existencia -es lo que le preguntaban- y en vez de ir al juzgado o a los medios, se lo contó en secreto a Esperanza Aguirre, según ha confirmado ésta. Y ahí quedó todo hasta que la prensa lo investigó. La siguiente pregunta fue si habrá alguna dimisión. Cambió el semblante e incluso su tono de proverbial ironía. Se limitó a replicar: "No responderé nada más sobre este tema y me remito a la nota que hizo pública el partido" el lunes. Hubo otro intento, también sin éxito. Y nada más. (www.elpais.com, 04/02/09) 47. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN El PP es, según sus dirigentes nacionales y madrileños, "el principal interesado" en que se descubra la verdad sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Pero es también el partido que está bloqueando de facto la comisión de investigación creada en el Parlamento autónomo para desentrañar el caso. La comisión entra hoy en su tercera semana y aún no tiene calendario de sesiones, porque el Grupo Popular está retrasando lo máximo posible el plazo para presentar su lista de comparecientes y, además, ha negado a la oposición más de la mitad de la documentación reclamada. A este ritmo, lo más probable es que los interrogatorios a los implicados -víctimas o presuntos responsables de los seguimientos- no empiecen hasta pasadas las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo, en las que el PP se juega mucho. - Retraso en las comparecencias. Según las normas pactadas por los tres grupos, éstos pueden solicitar comparecencias hasta cinco días después de recibir la documentación del caso (que podría empezar a llegar esta semana). PSOE e IU no han apurado ese plazo: presentaron su lista de comparecientes el día en que se constituyó la comisión, el 6 de febrero. Pero el PP aún no ha dicho esta boca es mía, y eso tiene bloqueadas las sesiones.


- Veto a las personas. Socialistas e IU pidieron la comparecencia de 37 personas con nombres y apellidos, y el PP ya les ha tumbado 13. Entre ellas, las de Mariano Rajoy, el ex tesorero y los actuales tesoreros del PP y varios empresarios relacionados con adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional. - Criba en la documentación. El principal palo en la rueda que han puesto los populares tiene que ver con la documentación del caso. El PP, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha rechazado más de la mitad de las solicitudes de PSOE e IU, incluidos documentos fundamentales para investigar. Por ejemplo: el Gobierno de Esperanza Aguirre no entregará a la comisión la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad, ni el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior, ni los informes internos sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad. Tampoco dará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la consejería a sus empleados, que PSOE e IU reclamaban para seguir el rastro de los autores del espionaje. (www.elpais.com, 23/02/09) 48. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA CAM. LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS La titular del juzgado número cinco de Madrid, Carmen Valcarce, ha citado en calidad de imputados a tres ex guardias civiles fichados como asesores por Francisco Granados por el espionaje al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre Alfredo Prada y al vicealcalde del Ayuntamiento madrileño, Manuel Cobo: José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez. Fuentes relacionadas con esta investigación vinculan esta citación con un primer informe remitido por Telefónica sobre los posicionamientos de ocho agentes de Granados sospechosos de tales seguimientos a ambos rivales de Aguirre en los meses en los que presuntamente fueron vigilados (abril, marzo y mayo de 2008). La citación judicial supone un doble escozor para Granados: no solo se trata de agentes suyos sospechosos de realizar un espionaje que intentó ridiculizar en Prensa y desbarató en sede parlamentaria, sino que se trata, encima, del personal de mayor confianza suya. Los fichó él personalmente por su conocimiento o amistad de cuando era alcalde en Valdemoro, guarnición de la que provenían los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios secretos que pululaban en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el fuego por estos tres agentes suyos que, paradójicamente, han sido los primeros en verse alcanzados por las llamas. Sus teléfonos estaban incluidos en la relación que envió la juez a Telefónica el pasado 6 de mayo para que se ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y Cobo. Ya existe un primer informe de Telefónica que ha sido requerido ampliar. Y en este contexto se ha producido una citación que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto. La lectura que hacen es unívoca: algo ha hallado ya la juez en los datos telefónicos para agilizar la citación de estos tres miembros de la guardia de corps de Granados. El PSOE, por boca de Maru Menéndez, portavoz socialista en la asamblea madrileña, suma otro elemento de sospecha: la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior que precisamente dejaba sin tareas de contravigilancia y avanzada a los agentes sospechosos del espionaje era una medida preventiva para soltar lastre ante el conocimiento o temor de que la justicia ya andaba cerca de los presuntos autores del espionaje. Granados, incluso, recientemente se curaba en salud diciendo que no tendría la menor trascendencia si, por mor de los posicionamientos telefónicos, se demostrara que algún presunto espía de su departamento coincidió en algún punto geográfico en los meses de los seguimientos a Prada y Cobo con alguno de los espiados. Y Granados anticipaba una posible coartada: sus agentes se han dedicado a realizar avanzadas (reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y contravigilancias (detección de defectos o riesgos en el personal escoltado), incluso domiciliarias. Y, según la consejería de Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a Prada. Sin embargo, ningún portavoz de la consejería de Granados supo precisar cuándo se había contravigilado a Prada o se le había aplicado una avanzada. "No hay ningún informe donde se detalle a quien se contravigila ni cuándo", precisaban en Interior. La consejería de Interior intentaba soltar humo sobre Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior también ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero no es cierto. No solo lo niega Prada, sino


los sindicatos de la consejería. "Esta medida la instauró Sergio Gamón como director de seguridad bajo el mandato de Francisco Granados al frente de Interior". Granados ha venido a dar la razón a la oposición, incluso a los sindicatos, cuando tachaban de ilegales tales avanzadas y contravigilancias, ya que la protección de los altos cargos corresponde al ministerio del Interior. Cuando ha anunciado que serán los futuros 80 policías nacionales que se integren quienes realicen estas tareas que hasta ahora copaban una decena escasa de sus agentes (los tres ex guardias civiles, los tres policías procedentes de la seguridad de Moncloa y los funcionarios José Manuel Pinto y José Palomo. Toda la labor que realizaba esta selecta guardia pretoriana que investiga la juez era legal según Granados, sin embargo, desde que este diario destapó el escándalo del espionaje este grupo quedó como mano de obra desocupada pero con sueldo, un generoso sueldo. Algunos, como Pinto y Palomo, incluso enfermaron. Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compró Granados "para reparto de correo interno" dejaron de usarse. Pero tanta autolimpieza no ha bastado. La jueza quiere levantar las alfombras del aparato de seguridad/espionaje de Aguirre. (www.elpais.com, 27/07/09) 49. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. LOS NUEVOS VÍNCULOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON EL PP EN MADRID Los trajes del alcalde - Arturo González Panero. El ex alcalde de Boadilla del Monte, al que aún mantiene el PP con responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento, recibió varios trajes de regalo de la empresa Easy Concept, según la responsable de esta compañía y del director de ventas de Milano, José Tomás. En las declaraciones de ambos que obran en el sumario se explican estos regalos. Además, González Panero habría recibido, según la investigación judicial, comisiones millonarias por su intermediación en concursos de suelo. Otro negocio en Arganda - Ginés López. El ex alcalde de Arganda del Rey, imputado en el caso de la corrupción masiva de la red del empresario Francisco Correa, llegó a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la trama. Según las declaraciones de Isabel Jordán, Ginés López se puso en contacto con ella para estudiar la posibilidad de privatizar la oficina de atención al ciudadano de Arganda, al igual que la red corrupta había hecho, con la connivencia del entonces alcalde Guillermo Ortega, en el Ayuntamiento de Majadahonda. Grúas para Boadilla - Alfonso Bosch. El diputado autonómico del PP trabajaba como director general de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte y, según la investigación policial, intentó que una de las sociedades de la trama corrupta se encargase de gestionar el servicio de la grúa municipal de ese municipio tras la instalación de parquímetros en el mismo. Llegó a contactar con los directivos de la red para que se encargaran de ese contrato, que tenía que salir a concurso. Al final, la operación no salió adelante. Contratos autonómicos - Alberto López Viejo. La Comunidad de Madrid fue uno de los clientes principales de la trama corrupta. En la facturación de las distintas empresas, la Administración gobernada por Esperanza Aguirre era, con diferencia, una de las que más facturaba. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue quien metió a la red de Correa en el negocio de los contratos públicos. Los técnicos de su departamento, según las pruebas que obran en el sumario, siempre llamaban a las empresas de Correa, incluso para actos no previstos. Negocios por amistades - Jesús Sepúlveda. El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón tenía amistades con los miembros de la trama corrupta, que aprovecharon para lograr contratos en el Ayuntamiento que presidía Sepúlveda. En el informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario sobre Easy Concept, una de las empresas pertenecientes a la red de Correa, aparece el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como uno de los clientes principales. En dos años, la facturación a Pozuelo declarada a Hacienda por Easy Concept casi alcanzó los 200.000 euros. Un piso para el regidor - Guillermo Ortega. El ex alcalde de Majadahonda recibió una vivienda como pago de una constructora, a cambio de que permitiera desmontar una torre de alta tensión ubicada en un solar edificable. Lo denunció con documentación un ex concejal del PP en Majadahonda ante la Fiscalía Anticorrupción. En la denuncia,


incluida en el sumario, detalló algunas componendas entre Francisco Correa, el jefe de la trama, y Ortega, al que destituyó Esperanza Aguirre como alcalde para hacerle director general de una empresa autonómica (www.elpais.com, 21/04/09) 50. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. EL GARGANTA PROFUNDA ACUSA: “AGUIRRE NO QUISO ESCUCHARME” "He visto unas imágenes en vídeo que me enseñó Correa donde salen el alcalde de Boadilla [Arturo González Panero], Bosch [Alfonso Bosh, diputado madrileño] y otro alto cargo municipal en torno a una mesa de la casa de Correa. Panero está contando dinero. Correa me dijo que hizo esta grabación para protegerse y extorsionar al alcalde de Boadilla". Es ésta una de las revelaciones que hizo en su momento el “garganta profunda” de la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, que fue el que denunció la mayor parte de la trama del caso Gürtel. Según consta en el sumario, Jose Luis Peñas denunció la corrupción en Majadahonda, pero fue expulsado del PP "porque Esperanza Aguirre no quiso escucharle", de acuerdo con su declaración. Por ello, decidió continuar su relación con Francisco Correa [el cerebro de la trama corrupta] para recabar así pruebas para la justicia. La documentación en poder de la Fiscalía recoge las razones alegadas por el ex concejal para hacer la acusación, quien asegura que estaba desencantado del PP. “Al conocer los hechos irregulares que he conocido de Paco Correa y de su entorno, tenía la opción de no denunciarlo e intentar hacer negocio con lo que sabía, o bien denunciarlo. Opté por denunciarlo, y por eso mantuve el contacto con Correa y su entorno, pero grabando algunas conversaciones". Las operaciones económicas de Correa tenían lugar en Serrano, 40, en la cuarta planta, puerta izquierda, según explicó Jose Luis Peñas en su confesión. “Allí se lleva la contabilidad de la empresa y hay dinero negro del que dispone Correa. En esta oficina se dirige la actividad de Inversiones Kintamani, Orange Market, Easy Concept y otras. La confección formal de la contabilidad y facturación se lleva a cabo por Asesoría Galher, que también les facilita facturas falsas. Esas facturas iban para Easy Concept por servicios no prestados, según supe porque me lo contó Isabel Jordan”, que era directiva de esta compañía. "El alcalde de Boadilla adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri, el tercero en la foto de portada] porque este empresario pagó tres millones de euros de comisiones a Paco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó, a su vez, en metálico al alcalde de Boadilla. Correa suele hacer entregas de dinero en efectivo, que lleva en una caja de zapatos. Ulibarri pagó a Correa y no directamente al alcalde de Boadilla porque era a quien conocía y con quien trataba profesionalmente. Y Correa, a su vez, era el que tenía relación directa con el alcalde", se recoge literalmente en el sumario, según publica hoy El País. "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, a la que montaba los actos institucionales, para cobrar una deuda de dos millones de euros. Me dijo que amenazara a López Viejo con que si no pagaban iba a contar que la Comunidad de Madrid había pagado facturas por servicios no prestados para financiar actos del PP. Correa quería que yo fuera en condición de letrado pero cuando supo que me quedaba una asignatura de la carrera de Derecho, me dijo que se lo iba a pensar", cuenta Peñas en su declaración. Peñas consiguió “un contexto de total confianza y cercanía" con Correa, quien le fue relatando detalles de sus negocios. Ambos pasaron una Navidad juntos en la que Correa "le habla de Luis Bárcenas [senador y tesorero del PP], Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de Madrid], de Arturo González Panero [ex alcalde de Boadilla del Monte] y de Guillermo Galeote [eurodiputado popular], según consta en los informes (www.elplural.com, 02/05/09) 51. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. EL JUEZ IMPONE ALTAS FIANZAS A VARIOS DIPUTADOS DEL PP IMPLICADOS POR EL 'CASO GÜRTEL' El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha impuesto al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco una fianza de 955.000 euros a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. El instructor del caso Gürtel imputa al parlamentario


autonómico la comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. Asimismo, le acusa de participar en la trama dirigida por el empresario Correa, de la que habría obtenido 437.000 euros, según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El diputado popular abandonó voluntariamente el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto caso de espionaje, que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la operación Gürtel no perjudicara al grupo parlamentario. (www.elperiodico.com, 05/05/09) El juez instructor del caso Gürtel ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), que han añadido que el magistrado Antonio Pedreira ha mantenido la situación de prisión provisional de Antoine Sánchez, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira imputó al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre por su implicación en el caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...". El ex consejero de Deportes es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. (www.publico.es, 07/05/09)

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira impuso un millón de euros de fianza civil a José Galeote, exconcejal del ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte y padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote, por haber cobrado presuntamente de la red corrupta que dirigía Francisco Correa 600.000 euros durante el 2002 y el 2003.

Esta es la fianza más alta que ha acordado el magistrado desde que inició la investigación del caso Gürtel. Hasta ahora había impuesto 955.00 euros al parlamentario de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y 750.000 al exviceconsejero de la presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

(www.elperiodico.com, 13/05/09)

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 750.000 euros al diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor y de 650.000 euros a la empresaria Felisa Isabel Jordán, ex administradora de tres empresas implicadas en la trama de corrupción liderada por Correa. Ambos están imputados por delitos de cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. De no abonar estas cantidades el juez ha ordenado que se decrete el embargo de sus bienes hasta que se complete la cifra fijada. (www.publico.es, 23/11/09) 52. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. LOS TRES DIPUTADOS DE MADRID IMPUTADOS EN EL 'CASO GÜRTEL' DEJAN EL GRUPO POPULAR Los tres diputados madrileños implicados en el caso Gürtel, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, han abandonado el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, según ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que también ha confirmado que los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, dejan los grupos municipales del PP.


Aguirre ha asegurado que ha pedido a los tres diputados regionales que entreguen su acta pero han decidido conservarlas, por lo que pasarán a formar parte del Grupo Mixto. No obstante, el PP, no pierde la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ya que de los 67 diputados que obtuvo en las últimas elecciones, mantendrá 64 de un total de 120. La presidenta madrileña, que ha analizado esta mañana la parte del sumario que ha sido levantada por el Tribunal Superior de Justicia, ha manifestado que tiene que defender la presunción de inocencia de los diputados pero ha asegurado que "como decisión política es la mejor" para el PP y ha recordado que el "acta no es propiedad el partido". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dicho que la última palabra en este asunto la tiene Esperanza Aguirre en su condición de presidenta del PP de Madrid, y ha afirmado tajantemente que cualquier decisión que ella adopte al respecto será "unilateral" y que "no le consta" que haya recibido "ninguna presión" por parte de la dirección nacional del partido para que actúe de un modo u otro, informa Efe. El vicepresidente ha insistido varias veces en que no le corresponde a él ni siquiera "opinar" acerca de si los tres diputados implicados en la trama deben o no dejar sus escaños en la Asamblea de Madrid. González ha subrayado que Aguirre, "a la vista de las cuestiones que se han planteado en este caso", será quien tome las decisiones y que lo hará "unilateralmente, sin presión alguna, sin referencia alguna y sin comunicación alguna". Respecto a si fueron "troceados" los 358 contratos que, según se refleja en el sumario, otorgó el Gobierno de Madrid a empresas relacionadas con la trama entre los años 2004 y 2008, cuyo importe superaba los tres millones de euros, González ha dicho que esta es "una cuestión antigua" que ya explicó "en su momento" el Gobierno de la Comunidad, a través del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. (www.elpais.com, 08/10/09) 53. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. CORREA OFRECÍA "SERVICIO DE CHICAS" A POLÍTICOS MADRILEÑOS El líder de la supuesta trama Gürtel, Francisco Correa, ofrecía "servicio de chicas" a políticos madrileños como los ex concejales del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno, con el fin de afianzar sus relaciones personales y empresariales con ellos. Así se desprende de las transcripciones de conversaciones entre varios imputados de la trama aparecidas en el sumario, parte del cual se dio a conocer . En concreto, Paco (Francisco Correa) ofreció los "servicios de chicas" a él y a Juanjo (Moreno) en una reunión celebrada el 26 de marzo de 2007, donde además de los dos ex concejales, estaban presentes los también imputados Pedro Fuster e Isabel Jordán, administradora de dos de las empresas implicadas en la trama de Correa. Durante esta reunión, los cuatro implicados hacen alusión a que en Pozuelo de Alarcón habrían pagado a un periodista para que hiciese fotos a algún funcionario del Ayuntamiento de esta localidad en "compañía femenina" para posteriormente hacerle chantaje. En otro punto de las transcripciones, Correa comenta que participó en una fiesta organizada en el chalé del alcalde de La Nucia (Alicante), Bernabé Cano, en la que había "cinco tías impresionantes". "Bernabé nos dijo que él les iba a montar una (fiesta) de puta madre con tías en su pueblo", llegó a decir el líder de la trama. Al parecer, las mujeres que estuvieron presentes en esta fiesta eran del este del Europa y entre ellas se encontraba una joven de "25 añitos, muy discreta, educada, calladita", según Correa, quien afirma que Jacobo Gordon, otro de los imputados, "se llevó una tía guapísima a la habitación". "Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía", aseveró. El cabecilla de la trama habla sobre una de las mujeres a la que conoció en esta reunión, a la que le ofreció un billete para ir a ver a sus padres que vivían fuera de España. "El problema es luego para entrar en España por el tema de los papeles", dijo Correa, que encontró en el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Carlos Clemente, la manera de sortear sus obstáculos. Las transcripciones señalan que Correa habló con Clemente, quien le dijo que le solucionaría el asunto "sin problema". La relación de Correa con las mujeres aparece también en unas conversaciones que mantuvieron José Luis Peñas e Isabel Jordán, en la que ambos hablan de las féminas con las que ha estado el líder de la trama. (www.publico.es, 08/10/09)


54. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa. Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones. Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos. La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel. Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa. - Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)". En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP. - Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB). - Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa. - Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa. En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la


comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado). - Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros. La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa. El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores. - UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación. - Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo. (www.elpais.com, 12/10/09) 55. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ADJUDICÓ MÁS DE 200 CONTRATOS A LOS DONANTES DE FUNDESCAM Entre los donantes que aportaron fondos a Fundescam no sólo había empresas que en aquel momento, en el año 2003, ya cobraban del Estado a través de numerosos contratos con administraciones gobernadas por el PP. Después de las elecciones, varias de ellas lograron buenos negocios con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Según los datos del Registro de Contratos, seis de las empresas o empresarios que aportaron donativos a esta desconocida fundación del PP de Madrid justo durante la campaña electoral de Esperanza Aguirre consiguieron después, a través de varios organismos que dependen de la Comunidad de Madrid, más de 300 millones de euros en adjudicaciones por medio de más de 200 contratos distintos. En cualquier caso, esa cifra es sólo orientativa y a la baja, dado que en el Registro de Contratos no figuran todos los adjudicados por el Gobierno de Madrid. Y los que figuran se incorporan muchas veces a la base de datos con años de retraso. De hecho, sólo 24 de 205 contratos analizados se adjudicaron en 2008 y no aparece ninguno de 2009. De este total, 84 se otorgaron mediante procedimiento negociado y sólo 11 previa subasta. Varias de estas adjudicaciones han sido objeto de polémica y alguna, como es el caso de una adjudicación a Siemens, ha acabado en los tribunales. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, anunció el pasado 23 de mayo su intención de llevar el caso Fundescam hasta los tribunales: "Hay sospechas para relacionar la financiación irregular del PP de


Madrid con la concesión de contratos a las empresas que han beneficiado económicamente los procesos electorales del PP y Aguirre". Special Events facturó a Fundescam gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy en las mismas fechas mayo de 2003, octubre de 2003 y marzo de 2004 en las que se recibieron los donativos de estas empresas. La semana pasada, el Partido Socialista de Madrid denunció este escándalo ante la Inspección de Hacienda y la Junta electoral. Mañana los socialistas tienen previsto presentar una tercera querella ante el Tribunal de Cuentas y el jueves han anunciado que elevarán el caso Fundescam a la Fiscalía Anticorrupción. Una veintena de empresas y empresarios donaron a esta fundación del PP de Madrid cerca de 800.000 euros. Según los documentos de la contabilidad de Fundescam todos los pagos llegaban en los meses de 2003 y 2004 en los que se produjeron campañas electorales: en la víspera de las dos autonómicas del ‘tamayazo’ y también los días antes de las generales de 2004. La mayoría de los donantes firmaron los justificantes de los donativos y muchos de ellos ya tenían contratos públicos. Dos documentos difundidos por ‘Público’ demuestran que Special Events facturó gastos de la campaña de Aguirre tanto a Fundescam como a FAES. El primero, con el membrete de la Tesorería del PP de Madrid, detalla los pagos que realizó el partido y FAES a esta empresa de la ‘trama Gürtel’, los números de los cheques y las facturas pendientes. El tercero es un listado de Special Events donde aparecen los “conceptos reales” de varias facturas endosadas al PP de Madrid y Fundescam. Special Events demandó en 2005 al PP por los pagos pendientes. El PP de Aguirre accedió a pagar. (www.publico.es, 01/06/09) 56. COMUNIDAD DE MADRID. EL PRESIDENTE DE LA CEOE DONÓ 246.000 EUROS AL PP La admiración que siente Gerardo Díaz Ferrán por Esperanza Aguirre está más que declarada. "Es que es cojonuda", se le oyó decir al presidente de la patronal española CEOE hace unas semanas ante un inesperado micrófono abierto. Pero Díaz Ferrán no sólo paga a Esperanza con sonoros piropos. El presidente de todos los empresarios también donó 192.200 euros al PP de Madrid durante 2003, el año del tamayazo, y otros 54.000 en marzo de 2004. Los 192.200 euros de 2003 se entregaron en tres transferencias a Fundescam, la desconocida fundación sin apenas actividad pública que depende orgánicamente del PP de Madrid y que pagó a la empresa Special Events, de Francisco Correa, parte de las facturas de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre de ese mismo año. En total, el empresario destinó 246.200 euros al PP madrileño a través de Fundescam en doce meses. El dinero siempre llegaba a la fundación en plena campaña electoral. Las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán, una por valor de 72.000 euros y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas en las cuentas de Fundescam el 19 y el 20 de mayo, a pocos días de las primeras elecciones autonómicas de Madrid, que se celebraron el 25 de mayo de 2003. La tercera donación, otros 72.000 euros, entra en la cuenta corriente de Fundescam el 25 de octubre de 2003, un día antes de que los madrileños votasen por segunda vez en ese año tras la espantada de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidieron a Rafael Simancas ser presidente de Madrid. A través de un portavoz, Gerardo Díaz Ferrán alegó que sus empresas hacen "donaciones a muchas fundaciones" y que, aunque no recuerda las efectuadas a Fundescam en 2003 y 2004, "no le extraña que la información sea correcta". Como ejemplo de la política de donaciones de Díaz Ferrán, su portavoz citó la de "500.000 euros a ONUART" para la cúpula de Miquel Barceló en Ginebra y las aportadas a la madrileña Fundación Síndrome de Down. Las tres donaciones efectuadas en 2003 por Díaz Ferrán a Fundescam se canalizaron a través de Seguros Mercurio SL, una de sus empresas. Las transferencias quedaron anotadas en varios certificados de donación a Fundescam a los que ha tenido acceso Público y que llevan fecha de entrega posterior a la que señala la contabilidad interna de la fundación. Las dos primeras transferencias, las de mayo, fueron certificadas unos meses después con fecha 10 y 11 de agosto por medio de un contrato por escrito firmado personalmente por Díaz Ferrán y por el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. En ese documento se justifican los donativos en concepto de colaboración y ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales. Sin embargo, Fundescam, usó parte de sus fondos procedentes de subvenciones y donaciones para pagar varias de las facturas de las campañas de


Esperanza Aguirre a Special Events, la empresa de Francisco Correa que está siendo ahora investigada dentro del caso Gürtel. Díaz Ferrán no sólo realizó donativos en el año 2003. A través de otras empresas propiedad o participadas por su grupo, también financió a Fundescam en los primeros días de marzo de 2004, de nuevo en las vísperas de otras elecciones: las primeras generales que perdió Rajoy ante Zapatero. El 3 de marzo, Hotetur Club S.L.dona 12.000 euros; el 4 de marzo, Transportes de Cercanías S.A. entrega 30.000 y Expacontra S.A., otros 12.000. En total, 54.000 euros en tres transferencias a través de tres sociedades distintas de Díaz Ferrán en sólo una semana. Su socio Antonio Mata Ramayo también colaboró: su empresa Aerolíneas de Baleares donó 12.000 euros a Fundescam el 11 de marzo de 2004. (www.publico.es, 22/05/09) 57. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO, PÍO, PÍO" Esperanza Aguirre no sabe, Esperanza Aguirre no contesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso pronunciarse sobre la información publicada por este periódico, que revelaba que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, empleó una red de financiación paralela en las dos elecciones autonómicas del año 2003, cuando ella era la candidata. Preguntada en dos ocasiones por los periodistas durante su visita a la Universidad Carlos III de Getafe para una entrega de premios, Aguirre no quiso entrar a precisar si la Comunidad de Madrid adjudicó contratos a empresarios que previamente habían financiado a la fundación Fundescam, dependiente del PP de Madrid. Tampoco explicó la forma en la que se gestiona Fundescam, una fundación de la que ahora es presidenta, y por qué no rinde cuentas desde el año 2002. Las únicas palabras que salieron de su boca al respecto es que en el año 2003 ella no era la presidenta del PP de Madrid: "En el 2003 yo no estaba. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", fue lo único que dijo la presidenta en alusión a su precedesor en el partido. En su equipo recuerdan que Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova hasta octubre de 2004, cuando fue escogida líder de los conservadores madrileños. En fechas anteriores su responsable era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Es a él, según explican fuentes de la Comunidad de Madrid, a quien habría que pedir explicaciones. Pío García Escudero, por su parte, tampoco ha querido responder directamente sobre el caso y sólo ha hablado en su nombre un portavoz de su equipo: "Tiene la conciencia muy tranquila de que todo se hizo bien mientras él estuvo [al frente de la fundación]". Esperanza Aguirre tampoco aclaró por qué el PP de Madrid acordó pagar en 2006 a Special Events unas facturas pendientes de la campaña electoral de 2003, después de que la empresa, propiedad de Francisco Correa, les llevase a los tribunales. Según la versión que ha defendido desde que estalló el caso Gürtel, la presidenta de Madrid ordenó a su equipo en el año 2004 que no pagasen nada a las empresas de Correa. Según esa versión, sólo el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo había incumplido esa orden. Sin embargo, López Viejo que también participó en la campaña electoral de Aguirre del año 2003 en calidad de director adjunto no decidía sobre los pagos del PP de Madrid en el año 2006. (www.publico.es, 20/05/09) 58. COMUNIDAD DE MADRID. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS CUENTAS DE FUNDESCAM ¿Hay algo que ocultar en las cuentas de Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 pagó gastos electorales de la campaña del tamayazo? La pregunta cobra de nuevo sentido después de que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya desoído el requerimiento notarial formulado por Público para que entregase las cuentas de Fundescam depositadas a partir de 2003. Desde que el 5 de mayo este diario solicitó los balances y memorias de actividades de Fundescam, depositados en el Registro de Fundaciones, a cuyos documentos la ley garantiza el libre acceso, el Ejecutivo de Aguirre ha utilizado toda clase de artimañas para evitar su entrega.


Entre la primavera de 2003 y la de 2004, Fundescam obtuvo casi un millón de euros por donaciones procedentes de significados empresarios, con Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la CEOE, en cabeza. La fundación, que carece de web y tiene su domicilio en la sede del PP de la madrileña calle Génova, no realiza actividad conocida. Por encargo de este periódico, el notario Fernando Molina Stranz acudió el pasado día 7 de julio al Registro de Fundaciones de Madrid, donde reclamó oficialmente copia de los balances y memorias anuales de la fundación que preside Esperanza Aguirre, aportó copia de todas las solicitudes de información realizadas desde mayo por Público y otorgó siete días de plazo para la entrega. Ocho días después, el fedatario público levantó acta para hacer constar la ausencia de respuesta. Una portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la que depende el Registro de Fundaciones, argumentó que la Ley de Procedimiento Administrativo concede a las administraciones tres meses de plazo para notificar una resolución. Pero acceder a una solicitud de información pública difícilmente se encuadra en el concepto "resolución administrativa". Al frente de Presidencia, que es la que deniega los documentos, se sitúa Francisco Granados, vicepresidente de Fundescam. Como desveló este diario, la sociedad Special Events SL, buque insignia de la trama Gürtel, endosó a Fundescam facturas que en realidad se correspondían con actos del PP. El concepto real se camufló para evitar su identificación, pero el jefe de la red corrupta, Francisco Correa, conservó un estadillo. Y ese estadillo, esgrimido ante el equipo de Aguirre para forzar el pago de unas deudas, refleja en qué se gastó de verdad el dinero. Cómo justificó en 2003 y 2004 el gasto de los más de 800.000 euros que le fueron transferidos por sus donantes constituye una de las grandes incógnitas del asunto. El PP ha repetido hasta la saciedad que sus cuentas estaban en orden y depositadas en el Registro. Pero lo cierto es que ese Registro sólo se avino a facilitar los balances previos a 2003, es decir, los correspondientes a la etapa de Pío García Escudero como presidente del PP madrileño y de Fundescam. Aunque Aguirre no llegó a la cúpula regional del partido hasta noviembre de 2003, cuando ya había ganado las elecciones autonómicas en segunda convocatoria tras el escándalo del tamayazo, las fuentes consultadas por este diario subrayan que los hilos de Fundescam estuvieron en manos de su equipo desde comienzos de año. (www.publico.es, 27/07/09) 59. COMUNIDAD DE MADRID. UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre. Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos en el dossier sobre González manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007. El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf. La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtiran en un espacio público. En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.


Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la “explotación de instalaciones deportivas”. Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”. González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias. Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha. Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital. De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí. Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron que, “hace aproximadamente un año”, Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf. (www.publico.es, 05/02/09) 60. COMUNIDAD DE MADRID. ACUSAN A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A UN CONSTRUCTOR AMIGO El 31 de octubre de 2007, Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior, vendió cuatro de las cinco parcelas que poseía junto con su esposa en el sector R-2 Canto Negro de Valdemoro por 1.440.000 euros. Granados no entregó los terrenos a cualquiera. Lo hizo a un constructor afín: David Marjaliza, uno de los principales empresarios de Valdemoro, y amigo de la infancia del consejero, con el que ha mantenido negocios inmobiliarios. La empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios, de Marjaliza, compró cuatro parcelas, con una edificabilidad de 839 m2, pagando el precio mediante dos cheques. En cada parcela sólo se puede levantar un chalé. Los terrenos están en una cuña de terreno al noroeste del casco urbano de Valdemoro (58.000 habitantes), entre el polígono industrial Albresa y los terrenos de la Guardía Civil. El negocio resultó provechoso para el consejero. Vendió las parcelas a 1.716 euros por metro cuadrado edificable. El precio de mercado en el área metropolitana en 2008 asciende a unos 1.080 euros por metro cuadrado construido, según datos de la consultora Grupo i. Un precio similar al que calcula el Ministerio de Vivienda. El consejero vendió el otro solar que poseía en el mismo sector a la familia de su mujer por 240.000 euros, a 1.100 euros el metro cuadrado edificable, más cerca del precio de mercado. Fuentes del PSOE aseguraron que "Granados obtiene un beneficio muy superior al que hubiera logrado un particular vendiendo las mismas parcelas". Un portavoz del gabinete de Granados apuntó, sin embargo, que el negocio con Marjaliza se hizo a precios de mercado. "Son parcelas grandes, de unos 600 metros, que tienen una edificabilidad para construir chalés y queda un gran espacio para el jardín. No hay muchos solares como éstos en Valdemoro", explica el portavoz, quien añade: "Es difícil asegurar cuál era el precio de mercado en esa época para estas parcelas, en pleno boom inmobiliario".


El solar, de 2.981 m2, fue recalificado como urbanizable en el plan general urbanístico aprobado por el PSOE en 1999. Granados, que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, se abstuvo hasta en cuatro ocasiones durante la tramitación del plan parcial que ordenaba la zona "por tener intereses". Pero en julio de 2002 firmó el decreto que autorizaba el Proyecto de Compensación del plan parcial, el acuerdo donde se establecen los terrenos que se ceden a viarios o conducciones públicas. Según ese documento, Granados mantiene los mismos metros y no cede terreno. "Pero recibe parcelas con menos edificabilidad que el resto", explica un portavoz del consejero. Fuentes del PSOE precisan que Granados "firmó el documento administrativo definitivo que establece los beneficios y cargas que tendrán los terrenos". El consejero vendió cuatro de los solares a Marjaliza a un precio de 360.000 euros cada uno, según consta en el registro de la propiedad. El solar restante lo vendió a la hermana de su mujer por un precio menor, 240.000 euros. En la escritura registral no figura el precio de ésta. Las cinco parcelas tienen una extensión similar, de unos 600 m2 de media. En total, Granados ganó 1.680.000 euros con la venta de las parcelas en Canto Negro. (www.elpais.com, 18/03/09) 61. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LAMELA POR PREVARICACIÓN

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, presentó el pasado 22 de abril una querella contra el ex consejero de Transportes de Madrid, Manuel Lamela, y contra su segundo, José Antonio Llano, ex director general del departamento. La fiscalía considera que podrían haber cometido presuntos delitos de prevaricación porque iniciaron proyectos de carreteras sin tener el preceptivo plan global y sin contar con una evaluación ambiental.

Lamela y su mano derecha en la Consejería de Transportes aprobaron los proyectos para ejecutar 17 desdoblamientos, siete nuevas carreteras y obras menores en travesías y cruces, entre ellas el cierre de la M-50, que la Comunidad bautizó como M-61 y que incluye un túnel bajo El Pardo.

La actuación del fiscal se produce a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción a principios de abril. "Actuaron sin planificación, eludiendo una ley regional y sin evaluación ambiental del plan global", detalla Paco Segura, de Ecologistas.

La Comunidad intenta hacer borrón y cuenta nueva. Para ello, ha modificado recientemente la ley que obliga a elaborar un plan de carreteras. Transportes se basa en un informe jurídico, elaborado por funcionarios regionales, que exime al Ejecutivo autonómico de contar con un plan global. Por otra parte, ha iniciado los trámites para aprobar un verdadero plan de carreteras 2009-2020.

El representante de Ecologistas, Paco Segura, explica que el Gobierno regional troceó el proyecto global para eludir los trámites. "Existe una descarada vulneración de la legislación ambiental por parte de la Comunidad madrileña", denuncia.

"El problema surge cuando a finales de 2007 presentamos un plan de carreteras 2007-2011. Era un conjunto de actuaciones que se iban a hacer en la legislatura, no un plan como tal. Fue una mala denominación", reconocen fuentes de la Consejería de Transportes. Pero esa mala denominación constituía lo que Ecologistas y la fiscalía reconocen como un verdadero plan global de transportes y que no está legalizado. "Un plan de carreteras es un documento estratégico, que fija los criterios que se deben cumplir y establece las zonas de crecimiento a largo plazo", precisan en la consejería. "Lo que presentamos no era un plan y no tenía que ser legalizado. No estamos obligados", remarca un portavoz, que añade que todos los proyectos cuentan con su evaluación ambiental. El consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, tachó de "impresentable" al fiscal por acusar a Lamela por cumplir con sus obligaciones.

(www.elpais.com, 26/05/09) 62. COMUNIDAD DE MADRID. "SINVERGÜENZA, ¿VIENES A DENUNCIARNOS?"


"Sinvergüenza, ¿vienes a denunciarnos?". Es el recibimiento con el que Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, se ha topado esta mañana al llegar al hospital Severo Ochoa de Leganés. El aguirrista ya está acostumbrado a los encontronazos con los sindicalistas, a los que suele descalificar siempre que tiene oportunidad, pero el motivo de las protestas no era su nefasta política sanitaria privatizadora sino su decisión de acudir a este centro apenas tres días después de que el Juzgado admitiera la querella del doctor Luis Montes –acusado y absuelto en el llamado caso Leganés- contra su antecesor en el cargo, Manuel Lamela. La actitud de Güemes ha sido considerada una "provocación" por los sindicatos, que se han apresurado a recordarle que "hoy no toca" porque le verán "el 9 de junio en el Juzgado". Los antecedentes más inmediatos del último rifirrafe entre Güemes y los manifestantes se remiten al viernes pasado, cuando el Juzgado admitió una querella de los doctores Luis Montes y Miguel Ángel López Varas contra Lamela y otros seis médicos por denuncia falsa y falsedad en el llamado caso Leganés. Las raíces del problema se remontan, no obstante, a mayo de 2005, cuando los médicos ahora denunciados elaboraron un informe a petición del entonces consejero acusando a Montes y a su equipo de sedaciones irregulares de enfermos terminales en las urgencias del hospital. El caso finalmente fue archivado por los tribunales, pero los perjudicados intentan resarcir su honor y se han querellado contra los que fueran sus inquisidores. El viernes pasado, además de admitirse la denuncia, se citó a Lamela el 9 de junio. Precisamente, a esta fecha se ha referido la comitiva que recibió a Güemes. “Hoy no toca. Mejor el 9 de junio en el Juzgado. Tú ve con Lamela, que nosotros acompañaremos a Montes”, rezaban las pancartas de una decena de trabajadores. “Sinvergüenza, ¿vienes a denunciarnos?”, gritaban. La secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en el hospital, Isabel Serrano, apuntalaba las protestas: “¿Por qué viene hoy, después de las noticias del viernes? Sigue con la provocación. No es el momento. Lo veremos el día 9”. Al increpado, entre tanto, no se le ha ocurrido otra cosa que atizar los ánimos con declaraciones muy de su estilo. Así, esta mañana ha asegurado que la querella contra Lamela es “puramente política” y debe situarse en un “contexto preelectoral”. El consejero ha desviado la atención preguntándose “por qué el PSM en colaboración con el doctor Montes promueve una querella contra Lamela y no contra la ex ministra (de Sanidad) Elena Salgado si hicieron exactamente lo mismo ese día” –remitir una denuncia de supuestas malas prácticas que llegó a la Consejería y al Ministerio a la Fiscalía-. Güemes ha recordado que la iniciativa legal se ha admitido pero “no va a llegar más lejos que la propia campaña electoral”, indicando que el aceptarla “no significa, ni mucho menos, que Manuel Lamela tenga ninguna responsabilidad”. El gracioso consejero también ha tenido tiempo para cargar contra el juez que instruyó el caso Gürtel, que nada tenía que ver en el asunto, asegurando que “las únicas querellas que no se admiten a trámite son las del juez Garzón”. Tales palabras no parecen, sin embargo, de su cosecha: Esperanza Aguirre había asegurado lo mismo el sábado 18 de abril. Aguirre, que acudió a los actos de posesión de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, afirmó que en el caso Leganés “no hay ninguna denuncia falsa”. Lo que ocurrió, según dijo, es que las referencias a “malas praxis o sedaciones excesivas” no se pudieron demostrar porque “no se habían hecho las autopsias”. Tal como ella cree, no es que las prácticas equivocadas no ocurrieran sino que no se consiguió probarlas. “Y como dice alguien en el mundo judicial: en día las únicas querellas que no se admiten a trámite son las que se hacen contra el juez Garzón, todas las demás se admiten”, concluyó en relación a la causa contra Lamela. (www.elplural.com, 21/04/09) 63. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DA MÁS DE DOS MILLONES A UNA ONG BAJO SOSPECHA La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Inmigración, sigue reservando cada año una parte muy cuantiosa de sus subvenciones a la Fundación Iberoamérica Europa (antes conocida como Cipie). Una asociación investigada por la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude (OLAF) desde 2007, que todavía no ha hecho pública ninguna conclusión. Bruselas indaga a esta ONG por malversar, presuntamente, las ayudas usándolas para los gastos privados de su presidente, Pablo Izquierdo, antiguo jefe de prensa de José María Aznar e incluso portavoz de los populares sobre cooperación en el Congreso de los Diputados (ocupó un escaño entre 1994 y 2004). La UE abrió la investigación a raíz de una denuncia privada. También audita esta ONG la Intervención General del Estado, aunque ese control es el rutinario que se efectúa sobre cualquier ayuda pública, precisan desde este organismo.


Desde 2005 Cipie está en los primeros lugares de las subvenciones regionales para cooperación. Un trato muy favorable que comparte con IUVE, gestionada por Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, muy cercana a los Legionarios de Cristo. O con Humanismo y Democracia, otra asociación próxima a los populares de la que fue presidenta de su patronato Concepción Dancausa, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid. En noviembre de 2008 el Gobierno regional aprobó una ayuda de más de un millón de euros para Cipie. Esa subvención fue la última antes de la marcha del viceconsejero Carlos Clemente, imputado en el caso Gürtel, para trabajar en la Fundación Alas, amadrinada por la cantante colombiana Shakira, representada por el ex ministro de Justicia José María Michavila. En concreto, las partidas en las que figura la asociación que preside Izquierdo son para "el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de Bolivia", por la que se les otorgan 750.014 euros; "el fortalecimiento de las instituciones del sector empresarial, de líderes sociales y jóvenes periodistas en Venezuela", con una dotación de 150.000 euros; y para un programa "de investigación y sensibilización en valores democráticos". A eso hay que añadir el dinero que Cipie obtiene por gestionar tres centros de inmigrantes (1.600.000 euros en dos años). Desde la consejería se insiste en que todos los concursos son públicos y cada paso administrativo que se da está medido. "Cada subvención que se otorga se hace con un criterio transparente", insiste una portavoz, que clarifica que la vaguedad de los enunciados de los programas no se corresponden con la documentación que la fundación entrega, que "es muy detallada". También se precisa que cada euro recibido debe justificarse con "absoluto rigor y las facturas en regla". La denuncia que llegó hasta Bruselas se debió a una acusación de varios trabajadores de la fundación. El motivo fue la supuesta manipulación de las facturas por parte de Pablo Izquierdo para justificar el gasto de casi un millón de euros provenientes de la UE y cuyo destino debía haber sido un proyecto de cooperación en El Salvador. "Aquello era muy común y vinieron muchos inspectores a llevarse papeles y revisar las cuentas", recuerda uno de los denunciantes. La Comisión Europea sólo investiga el uso de los fondos que provienen de sus arcas. De ese modo, las ayudas de Inmigración que no sean parte de un programa europeo no son fiscalizadas por la OLAF. Carlos Lamadrid, portavoz de Cipie, explicó hace unos meses a este periódico que su fundación se dedica a la cooperación desde hace años y tiene una sólida reputación. Esa definición que da Lamadrid es muy semejante a que la se da en su página de Internet: "La Fundación Iberoamérica Europa lleva cerca de 30 años impulsando, con sus actividades y proyectos, los procesos de integración y desarrollo económico, político y cultural en el mundo". En Valencia, comunidad gobernada por el PP y en la que esta fundación percibía con regularidad subvenciones, pasaron de recibir 650.000 euros en 2007 para dos proyectos en Perú a desaparecer de la relación de favorecidos en 2008. Las noticias que relacionan a Cipie con irregularidades o tratos de favor con administraciones del PP se remontan a 2004, cuando Ana Botella, desde la Concejalía de Empleo, otorgó 300.000 euros a Cipie, cuando había sido vicepresidenta (desde 1994 a 1996) de la fundación. (www.elpais.com, 05/09/09) 64. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID, POR TERCERA VEZ EN NEGRO La primera jornada de huelga de 24 horas convocada por CC OO, UGT y CGT en el ente público Radio Televisión Madrid (RTVM), integrado Telemadrid y Onda Madrid, ha comenzado este mediodía con la supresión de los servicios informativos y de toda la programación en directo. En un principio, la han sustituido por series o reportajes grabados, según han informado con un rótulo, pero 50 minutos más tarde la pantalla se ha fundido en negro. Se trata de la tercera vez que ocurre en un año. De momento, no hay datos de seguimiento entre sus 1.280 trabajadores. Así, el paro ha comenzado a las 12.00 con la programación habitual, ya que en ese momento se emitía la serie Walker, aunque se ha insertado un rótulo en el que se informa que una nueva huelga "impide que Telemadrid pueda ofrecer su información y programación habitual" y detalla que "la emisión se reanudará a las 12.00 del miércoles 15". Tras la emisión de esta serie se tendría que haber emitido el programa de Curri Valenzuela Alto y claro. A las 12.50, la emisión de la cadena pública madrileña se ha interrumpido al


quedarse la pantalla en negro. Telemadrid ya emitió en negro dos días hace diez meses, durante la huelga de junio de 2008. En la historia de la televisión en España, el único antecedente data de 1988, cuando un sindicalista cortó la señal en Televisión Española, en la huelga general del 14-D. Los sindicatos, que han cifrando en un 90% el seguimento de la huelga, han denunciado la "absoluta irresponsabilidad" de la dirección por convertir una empresa pública como ésta en "un cortijo al servicio de intereses puramente personales, particulares y partidistas". Los representantes de los trabajadores consideran que la actual dirección de RTVM "vulnera sistemáticamente" el derecho a la libertad de expresión, "cuando secuestra cintas en las que un grupo de ciudadanos abuchean a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre". Por su parte, la dirección, que no ha difundido cifras de seguimiento, ha dicho que es "un ejercicio de absoluto desprecio hacia los madrileños" al privarles "drástiamente por segunda vez en menos de un año de su derecho a la información". En un comunicado, Telemadrid ha criticado la "irresponsabilidad" de los sindicatos y les ha acusado de "abusar" del ejercicio sindical y perjudicar a los ciudadanos "que libremente deciden informarse y entretenerse con una programación de acentuada vocación de servicio público". Asimismo afirma que los paros "empiezan a ser tónica habitual en Telemadrid", ya que es la 18ª huelga que CC OO, UGT y CGT convocan desde 2004. Éste es el primero de los tres paros de 24 horas previstos para los días 14 y 19 de abril y 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. La Asamblea General de Trabajadores se ha reunido a primera hora de esta mañana con la empresa y ha decidido mantener la huelga, al no estar de acuerdo con las propuestas del ente público para desconvocar los paros. En un comunicado, CGT ha detallado las propuestas de Telemadrid, entre las que destaca la dedicada a la plantilla de la cadena y propone "mejorar el clima de relaciones laborales en la empresa" y considera que hay que "dotar a la plantilla de estabilidad laboral".Para ello, la cadena se compromete a "realizar bajas objetivas del personal fijo, si se estima necesario, y a ofrecer previamente un acuerdo pactado con los afectados". La representante de CC OO, Teresa García, ha explicado que los sindicatos no admiten esta propuesta porque lo que reivindican es la "estabilidad de la plantilla" y, en su opinión, lo único que proponen es que "van a seguir despidiendo a la gente aunque informando". Asimismo ha criticado que la cadena no ha aceptado los servicios mínimos que proponían los sindicatos: emisión de tres boletines de 15 minutos de información local, así como tres boletines de 10 minutos en la radio Onda Madrid. "Es una vergüenza que no hayan aceptado nuestra propuesta porque corremos el riesgo de ir a negro", ha recalcado la representante sindical. Los equipos que cubren habitualmente la agenda del Gobierno regional no han acudido a la rueda de prensa del consejero de Economía, Antonio Beteta, en la que ha presentado un balance del Plan de Lucha contra el fraude fiscal. (www.elpais.com, 14/04/09) 65. COMUNIDAD DE MADRID. ENFRENTAMIENTO COBO (GALLARDÓN) VS. AGUIRRE. LAS SEIS 'PERLAS' DE COBO El paso adelante dado por el vicealcalde... - Soy afortunado al tener cierta independencia y sé que es mucho en estos tiempos. Aunque intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, a través de esa gestapillo que montaron y espiándome como espiaban a Alfredo Prada. Pero estaban equivocados, porque aunque hubieran encontrado algo con que chantajearme, me hubiera dado igual, porque siempre diría lo mismo, a mí no me han gamoneado ni me van a gamonear nunca (por Sergio Gamón, alto cargo del Gobierno de Aguirre que montó la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid). Defensa de Rato para presidir Cajamadrid... - Los que no han dado a mi partido más que malas noticias y rumores de las peores cosas no pueden poner en este espectáculo de la miseria humana a Rodrigo Rato Figaredo. Es de vómito y más si viene de aquellas personas cercanas, hoy, a Esperanza Aguirre, presidenta de mi partido en Madrid, que deben a Rodrigo todo lo que son. Si tuvieran un gramo de vergüenza deberían decir todo lo que digo yo y más. Sobre el 'poder real' en el PP... - Pero la dirección nacional decide, repito, decide, entre otras muchas cosas, quién es la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y decide, repito, entre otras muchas cosas, toda la lista a la Asamblea de Madrid. Como lo hace también con la lista al Ayuntamiento. ¿Sobre qué espacio geográfico puede decidir la dirección nacional de mi partido? ¿Sobre asuntos que ocurran en Marte o sobre los que ocurran en Saturno? Pues no, decide sobre asuntos tan importantes como éste, que ocurren en España. Sobre el 'liberalismo' de Aguirre...


- Una cosa es ser liberal y otra muy distinta decirlo. Nunca he oído a nadie decir más veces que a Aguirre "soy liberal". Hola, soy Esperanza Aguirre, soy liberal. Siempre lo dice, soy liberal (...) Y cualquiera que vea Telemadrid y los que la veían antes comparen cuándo había más pluralidad. En el PP, con la sinceridad por delante... - Da igual lo que se diga en público, hemos llegado a la mayor hipocresía. Hay gente que todos los días hace un discurso en público, y en los confidenciales, en las comidas y, ¡ojo!, en las visitas que hacen a Rajoy, los mismos que hacen un discurso en público, ya no dicen lo mismo en privado. Las consecuencias de la entrevista... - A los socialistas les pido que no usen torticeramente alguna parte de esta entrevista y que repitan lo que digo de Zapatero. A los otros, a los sin escrúpulos, si reaccionan como lo han hecho en ocasiones anteriores, no contraargumentarán, sacarán la brigada acorazada y buscarán, como se hacía en el fascismo y el comunismo, algo de mí, de Gallardón o de mi familia que sea difamatorio o injurioso. Buscarán, porque ya lo hicieron antes, algún "trapo sucio", alguna foto mía con Zapatero, o de alguien con alguna señora o señor que piensen que compromete... Lo que sea para desacreditar a las personas, no las ideas. Pero da igual, busquen lo que busquen no conseguirán cambiar la veracidad de una sola coma de lo que he dicho. (www.publico.es, 27/10/09) 66. COMUNIDAD DE MADRID. COBO: "TENGO MIEDO POR MÍ, POR MIS HIJOS Y POR VUESTROS HIJOS" El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se reafirmó ayer en su censura a las prácticas del Gobierno de Esperanza Aguirre, aunque pidió disculpas a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP por hacerlas públicas en una entrevista en EL PAÍS y no en los órganos internos del partido. Lo que sigue es una reconstrucción de su discurso, elaborada a partir de los testimonios recogidos por este periódico entre algunos de los asistentes a la reunión. - Cargos a disposición del partido. "Todos mis cargos han estado y están a disposición de Alberto Ruiz-Gallardón y de Mariano Rajoy. Estoy de acuerdo con que las críticas hay que hacerlas en los órganos, yo no lo he hecho. Haced conmigo lo que queráis, lo que proceda. Estoy tranquilo, porque yo no callé cuando vinieron a por Rajoy. Apoyadle, y así podremos echar al peor presidente que ha tenido España". - Trato desigual. "Creo que alguien quiere darme un trato desigual y eso es injusto. Aguirre dijo en su día que algo se estaba haciendo no mal sino muy mal en la dirección nacional. Juan José Güemes [portavoz del PP en Madrid y miembro de la Junta Directiva Nacional, presente en la reunión] declaró que el PP andaluz no trabajaba y llevaba 30 años cómodamente instalado en la oposición. Desde el Gobierno de Madrid también se contó que el tesorero nacional del PP presionaba para favorecer a un empresario amigo. Y no hubo sanción. Pido disculpas a quien no haya entendido lo que he hecho. Me gustaría que hubiera servido para algo. Esto no lo he hecho por Gallardón, sino por Rajoy, por el PP, que es sólo un partido, no 17 partidos, y por mi país, España". - Espionaje. "Hay cosas de juzgado de guardia. Están en el juzgado. En Madrid, y lo ha sufrido Alfredo Prada [ex consejero de Justicia con Esperanza Aguirre], se nos ha espiado para hacernos dependientes de ellos. Hay cuatro imputados, entre ellos Sergio Gamón, persona de confianza de Aguirre. No soy ningún valiente. Me da miedo lo que hacen, tengo miedo por mí y por mis hijos, y por vuestros hijos. Cualquier cosa les vale. Todo para que entren a saco los calumnistas. Y si hay que hacerlo se hace a través de medios de comunicación con problemas. Esta revista [exhibe un número de Época] fue levantada por Aguirre porque ya no era necesario seguir apuñalándome al retirar mi candidatura. Dice: 'A por Rajoy, las maniobras de Gallardón, desvelamos los secretos de Cobo. El padre de Cobo, indultado de un delito grave". - La autoridad de la dirección. "Creo que la dirección nacional tiene la misma autoridad sobre la de Madrid que ésta sobre todos los militantes madrileños. Aguirre ha puesto 20 gestoras y a nadie le ha extrañado ni ha habido caceroladas. Pero esa mano de hierro no admite una orden de los que están por encima. No es un enfrentamiento Aguirre-Gallardón, es un pulso permanente a la dirección del partido. Si Alberto va en las listas, dimito. ¿Eso es chantaje? Exigian mi cabeza a cambio de Caja Madrid. ¿Eso es chantaje? Dice que los políticos no tenemos nada que decir sobre la caja. Y se reparten los cargos, utilizando al listo útil de Tomás Gómez [secretario general de los socialistas madrileños]. ¿Os imagináis la caja en manos de Aguirre? Podría ocurrir que a Rajoy se lo pusieran muy difícil para ser candidato en medios que hoy no están bajo su influencia cuando sus créditos dependieran de ella".


(www.elpais.com, 04/11/09) 67. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN APRUEBA EL MINIVATICANO SOÑADO POR EL CARDENAL ROUCO La operación Ciudad de la iglesia, que pone fin a 20 años de negociaciones, ha salido adelante en el Pleno municipal de Madrid con los votos a favor del PP y la oposición de PSOE e IU, así como de buena parte de los vecinos, que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la polémica medida. "Clero y Gallardón, roban un montón" o "Vaticano 2 en Madrid, no" figuraron como lemas en las pancartas que se agitaron en la plaza de la Villa, exigiendo al alcalde madrileño que diera marcha atrás en un proyecto que, en opinión de numerosos arquitectos y paisajistas, amenaza con destrozar una de las vistas más famosas de Madrid, la de las Vistillas, que han pintado desde Goya a Teixeira y produciría un importante impacto ambiental. La Federación Internacional de Ateos (FIDA) ha anunciado que se sumará a la convocatoria de una concentración, el domingo 1 de marzo a las 12 horas en el Parque de la Cornisa, organizada por varias asociaciones vecinales. Los manifestantes se oponen "a la entrada de hormigón y excavadoras en Parques y Jardines que se encuentran protegidos por el propio Plan General de Madrid, y a que la Iglesia Católica siga obteniendo constantes privilegios por parte de los poderes públicos". Para el portavoz del PSOE en el Consistorio, David Lucas, el complejo eclesiástico privará a los madrileños de más de 15.000 metros cuadrados de arbolado "y de unas vistas excepcionales", y acusó a Gallardón de "complicidad" con el Arzobispado de Madrid, a quien "ha autorizado a destruir" la Cornisa de San Francisco el Grande. "Es una fechoría urbanística y un atropello histórico", argumentó El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió al Arzobispado de Madrid una extensión de 25.000 metros cuadrados, en plena Cornisa de San Francisco, donde se construirá una biblioteca diocesana, una casa de la iglesia con 200 plazas de aparcamiento, una residencia para sacerdotes, oficinas y un hogar para indigentes. En el Arzobispado de Madrid se espera ahora que, después de que se aprobara el proyecto, las obras arranquen de inmediato, de modo que puedan estar finalizadas para el año 2011. La aprobación de este proyecto es una muestra más del omnímodo poder del cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, quien espera que su proyecto sea bendecido por el Papa Benedicto XVI, cuando acuda a Madrid en agosto de 2011 para la Jornada Mundial de la Juventud, a la que se asistirán unos dos millones de jóvenes, y cuya organización costará más de 50 millones de euros, provenientes de los fondos del Ayuntamiento, la Comunidad y el Estado. (www.elplural.com, 28/02/09) 68. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. UNA EMPRESA LIGADA A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN ORGANIZA EVENTOS PARA EL PP Funcionarios judiciales, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se desplazaron hasta la sede que tiene en la avenida de Aragón la Agencia Valenciana de Turismo, que dirige la consejera Angélica Such, para reclamar y requisar toda la documentación relacionada con la adjudicación a la empresa Orange Market del concurso para montar los pabellones de la Comunidad Valenciana en las ferias del turismo de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. El registro, que también se realizó en la sede que tiene Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia, forma parte de la desarticulación de una trama de personas afines al PP que, presuntamente, prestaba distintos servicios al partido a cambio de un trato de favor en las Administraciones gobernadas por este partido. La trama se extiende por distintas provincias españolas. Los dos funcionarios judiciales que se presentaron en la Agencia Valenciana de Turismo requisaron toda la documentación relacionada con el expediente 33/08, un concurso para montar los estands de las ferias de turismo en las que participa la Generalitat a lo largo de 2009. El concurso se adjudicó a Orange Market, frente a seis competidoras, con una baja sobre el presupuesto base de licitación del 14%. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el pasado 29 de enero la adjudicación a esta empresa del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid por importe de 916.000 euros. Orange Market se ha adjudicado ininterrumpidamente estos concursos desde hace casi un lustro.


Presidencia de la Generalitat se limitó a reconocer que unos funcionarios judiciales habían solicitado una información en la Agencia Valenciana de Turismo. "Se les ha dado y se han marchado", sentenciaron. Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez Alonso en Valencia, también se adjudicó la organización de una parte de los festejos de la salida de la Volvo Ocean Race (la regata de veleros alrededor del mundo) en Alicante. Esta empresa aspira a participar en el Gran Premio de España de Hípica que se celebrará la próxima primavera en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La firma que dirige Álvaro Pérez ha recibido otros contratos de empresas públicas de la Generalitat como Vaersa para realizar campañas de publicidad. Es además una de las empresas que trabaja para Feria Valencia. Orange Market se creó en julio de 2003 en Algemesí por Pablo Crespo, presidente de Special Events -firma que participó en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003 del PP, en las que el Tribunal de Cuentas detectó distintas irregularidades. La vinculación de Orange Market con la Generalitat también tiene ramificaciones personales. Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market, entre octubre de 2003 y diciembre de 2004 -año en el que fue delegado de Canal 9 en Madrid- es asesor de Presidencia con Francisco Camps, desde hace años. Pero donde Orange Market se mueve realmente como pez en el agua es en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Su responsable, Álvaro Pérez, mantiene una estrecha amistad con el secretario general, Ricardo Costa, y otros miembros de la dirección regional. De hecho, Orange Market es la empresa que organiza la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y aquellos en los que participa su presidente regional, Francisco Camps. La firma de Álvaro Pérez fue la encargada de organizar el último congreso regional del PP celebrado en el recinto de Feria Valencia el mes de octubre. En la sede del PP ha sido habitual en los últimos años ver entrar y salir a Álvaro Pérez, conocido como El bigotes. En círculos populares es elogiada, con frecuencia, su capacidad para organizar grandes actos y sus contactos a alto nivel. El presidente de Orange Market asesoró a Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. A Orange Market se deben la mayoría de los mítines multitudinarios del PP o la organización de la escenografía de los actos públicos del partido. Fuentes de la dirección popular indicaron que, desde 2003, se ha contratado con esta firma por su capacidad para organizar los actos del partido. La eficiencia de Orange Market ha hecho que también haya organizado las jornadas parlamentarias del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Las contrataciones del PP regional con Orange Market están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, que revisa la contabilidad de los partidos. "Estamos muy tranquilos", indicaron estas fuentes. Sin embargo, en el seno del PP reconocieron que la fluidez de Orange Market con la dirección regional del PP no es la misma con las direcciones provinciales del partido, con las que no existe el mismo nivel de colaboración. Por otra parte, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, en la que participa el Arzobispado de Valencia, negó que Orange Market participase en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El desmentido, provocado por el temor del Arzobispado a verse involucrado en un escándalo de corrupción, no se acompañó de la presentación de las cuentas, opacas desde hace años. (www.elpais.com, 07/02/09) 69. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. RICARDO COSTA PAGÓ TRAJES MEDIANTE LA ENTREGA DE DINERO A 'EL BIGOTES' La secretaria de Costa me llamaba, me encargaba trajes, me preguntaba cuánto había que pagar y, luego, venía Alvaro Pérez y pagaba.Si el dinero era suyo o no, eso, a mí, ya no me compete”. El ex encargado de las tiendas de Milano y Forever Young en Madrid, José Tomás, confirmó uno de los puntos más polémicos del auto de Garzón: los trajes comprados por algunos dirigentes del PP valenciano fueron pagados por Alvaro Pérez, alias El Bigotes, aunque el origen del dinero aún está por aclarar. El testimonio de Tomás confirma en parte la versión de fuentes próximas al PP que reconocen que el secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa, sacó dinero del banco en una ocasión, se lo entregó en metálico a Pérez a través de su secretaria y que el empresario imputado le hizo el favor de ir a abonar un traje a la tienda de Milano en Madrid. Las mismas fuentes aseguran que Ricardo Costa posee un extracto bancario que confirma dicha operación.


Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Camps, a quien también se le achaca la compra de trajes pagados posteriormente por Alvaro Pérez en nombre de Orange Market, asegura que siempre ha pagado directamente su ropa, una versión que varios trabajadores de la tienda Milano corroboraron hace dos semanas.En este sentido, la investigación de la operación Gürtel busca desentrañar quién pagó realmente los trajes de Costa, Camps y los dos dirigentes del PP imputados: el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Del mismo modo, este periódico ya desveló en su día que, durante la investigación, han aparecido diversas facturas de las tiendas de ropa que podrían haber sido falsificadas desde el exterior, utilizando una hoja de Excel y un rudimentario sello de papelería para imitar el logotipo de Milano. El objetivo de las falsificaciones podría ser un presunto fraude a Hacienda. Lo que sí resulta innegable es que la relación entre Alvaro Pérez y los dirigentes del PP era muy estrecha y ha derivado en una profusión de facturas, con importes que no cuadran con las ventas reales. El ex encargado de Milano asegura que algunas de las facturas vinculadas a Orange Market resultan “sorprendentes”, ya que son importes demasiado altos para una tienda de ropa como Milano. Del mismo modo, los investigadores también analizan la propia configuración de las facturas, ya que las procedentes de la tienda Milano están firmadas, mientras que los comprobantes de Forever Young, no. El testimonio de Tomás ante el juez Baltasar Garzón también podría desembocar en una querella del Partido Popular contra el ex encargado de Milano y Forever Young, por su posible implicación en la trama de las facturas falsas. El ex empleado asegura que él no tiene nada que ver con las facturas. (www.elpais.com, 07/03/09) 70. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS SE PRESENTA ANTE EL JUEZ SIN PRUEBAS Y SIGUE IMPUTADO Hubo regalos. Eso quedó claro en la declaración de Francisco Camps ante el juez que investiga en Valencia el caso Gürtel. El presidente de la Generalitat admitió haberlos recibido de su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre de confianza en Valencia de Francisco Correa, supuesto jefe de la trama corrupta. Pero argumentó que fueron en condición de amigo, que Pérez nunca le pidió que interviniera en nada y que él no favoreció a la empresa Orange Market desde su cargo, según fuentes del PP conocedoras de la declaración. Pero los 12.783 euros que la empresa de Álvaro Pérez pagó por trajes a Camps siguen sin aclararse. Ni un papel ni una factura. Camps sólo explicó que él se paga su ropa en metálico y que no guarda comprobantes. Y Pérez, que también declaró , admitió su amistad con el presidente y negó haberle pedido ningún favor a cambio de regalo alguno. El compromiso de Camps en las Cortes valencianas de aclarar en el tribunal todo lo ocurrido se redujo a un relato sin prueba alguna. Tampoco Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, despejó por qué Orange Market abonó trajes a su nombre. Camps, Betoret y El Bigotes salieron del Tribunal Superior de Valencia imputados por delito de cohecho, como entraron. Camps entró acompañado de los tres vicepresidentes autonómicos y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y contó con el respaldo de otros alcaldes y varios asesores. Fue coreado a favor y en contra a las puertas del tribunal: los gritos de "¡Camps a prisión!" se mezclaron con los de "¡Hasta la muerte con nuestro presidente!". Senyeras valencianas frente a pancartas y carteles con lemas como: "Amiguito del alma, ¿y las privatizaciones?" o "Camps, dimite ya". Hubo tensión entre el público y la policía tuvo que intervenir. La estrategia de Camps fue la de pedir un acto de fe al juez y a la acusación pública. El presidente popular afirmó que su vestuario se lo paga él y normalmente en efectivo. Dijo que Pérez nunca le pidió que le favoreciera y que confía en la legalidad de las adjudicaciones de su Gobierno. Su abogado intentó enfrentar el testimonio con la declaración que en su día hizo José Tomás, el sastre que le tomó medidas y al que admitió conocer. Todo sin papeles. La defensa de Camps trató de desacreditar al sastre, quien afirmó en la Audiencia Nacional que por encargo de Orange Market hizo trajes para el presidente autonómico. Tomás declarará hoy como testigo. Camps concluyó su paso por el juzgado con esta afirmación: "Estoy contento de haber podido dar mi versión de lo ocurrido estos meses, estoy satisfecho y espero que vaya rápido y lo mejor posible". Eso dijo al salir. Las otras declaraciones de no aportaron tampoco luz. Rafael Betoret admitió conocer a Álvaro Pérez, haberse reunido con él por razones de trabajo e ignorar cómo y porqué se le adjudicó durante varios años el


stand de la Comunidad Valenciana en Fitur. Pero ni un papel sobre los trajes que él recibió de Orange Market. El Bigotes se negó a responder a la fiscalía y con ello evitó escuchar las grabaciones comprometidas que obran en el sumario. Dijo a la sala ser amigo de Camps y no haberle pedido nunca que le favoreciera. Admitió haber hecho regalos, pero negó que fueran en pago a beneficio alguno. (www.elpais.com, 21/05/09) 71. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL SASTRE RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE CAMPS NO PAGÓ LOS TRAJES Francisco Camps no pagó los trajes. Así lo dijo José Tomás, ex responsable de tienda en Milano y Forever Young, ante el juez instructor del caso Gürtel en Valencia. Los trajes, que el propio Camps encargaba, según Tomás, los pagó siempre, entre 2006 y 2008, Pablo Crespo, hombre de Francisco Correa, en efectivo o a través de sociedades de Álvaro Pérez. Lo repitió varias veces a lo largo de un interrogatorio que duró más de cinco horas entre mañana y tarde. Tomás ratificó la declaración que realizó en marzo ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional y ante la Fiscalía Anticorrupción. En síntesis, que en las tiendas "jamás" pagaron en metálico ninguno de los políticos imputados en la investigación, ni el presidente de la Generalitat; ni Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; ni Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; ni Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo. Añadió que sólo Costa, en una ocasión, pagó con Visa un par de vaqueros y que la secretaria de Costa se había interesado por la manera de hacer frente a los pagos. Buena parte de la comparecencia se centró en el reconocimiento de facturas y tiques de caja aportadas al proceso por el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, que Tomás tuvo que identificar y relacionar con los artículos adquiridos para regalo por parte de los miembros de la trama. Se mostró muy prolijo en la descripción de las prendas adquiridos por la trama y pagados en efectivo por Crespo, y en alguna ocasión por transferencias de Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, también imputado. El interrogatorio recayó preferentemente sobre el presidente, especialmente en las fechas de sus compras. Y los intentos de precisión provocaron la protesta del testigo. En un momento determinado, Tomás alegó que hacía casi cuatro años de los hechos y pidió que se hicieran cargo: "Yo intento recordar lo más que puedo...". De nada sirvió a las defensas de los imputados tratar de presionar al testigo sobre imprecisiones entre la declaración que realizara ante la policía primero y ante Garzón después. Tomás se mantuvo en que ni Camps ni los demás imputados pagaron los trajes. También fue interrogado por alguna de las conversaciones telefónicas aportadas por la policía al sumario, entre ellas la que mantuvo con Pablo Crespo para comentarle que le habían llamado declarar de la Fiscalía Anticorrupción. Además, confirmó que el presidente Camps le había estado llamando al móvil en reiteradas ocasiones en las fechas en que fue llamado a declarar por Anticorrupción, José Tomás aseguró estar contento y tranquilo, afirmó que no había recibido amenazas, que Camps había sido siempre muy correcto con él, que sabía hace cinco días -por razones que no explicó- lo que el presidente iba a declarar ante el juez y que aún así, sabiendo que Camps trataría de desacreditar su versión, él se había mantenido en "la verdad". (www.elpais.com, 22/05/09) 72. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA ESPOSA DE CAMPS, SOBRE UN REGALO DE EL BIGOTES: "TE HAS PASADO 20 PUEBLOS" Grabaciones telefónicas efectuadas por la policía en el curso de la investigación sobre la trama corrupta vinculada al PP acreditan que Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, mantenía una estrechísima relación con Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red empresarial que dirigía Francisco Correa. Pérez y Correa están imputados por diversos delitos. Estas grabaciones, fruto de pinchazos telefónicos autorizados por el juez, también muestran cómo Pérez hizo regalos de alto valor a Camps, a su mujer y a su hija en enero de 2009. La esposa del presidente valenciano consideró que era un regalo excesivo, a tenor de las expresiones utilizadas durante la conversación que ella mantuvo con Álvaro Pérez, hasta el punto de sugerirle que le iba a devolver el regalo. Las nuevas revelaciones incorporadas al sumario se suman a las pruebas recabadas anteriormente sobre el pago por parte de la trama corrupta de 12.000 euros en trajes de las tiendas Milano y Forever Young para el presidente valenciano. Pérez, apodado El Bigotes, montó una empresa en Valencia meses después de que Francisco Camps ganase sus primeras elecciones autonómicas. Desde entonces, y durante los últimos cuatro años, la


empresa de Pérez, Orange Market, ha recibido contratos por más de cinco millones de euros de la Administración valenciana. Una portavoz del Gobierno valenciano aseguró que ni Camps ni su familia habían recibido regalos de Pérez y que, en cualquier caso, "los regalos de alto valor, se devuelven". (www.elpais.com, 23/04/09) 73. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. ORANGE MARKET AUMENTÓ SUS INGRESOS UN 78% EL AÑO DE LA CAMPAÑA DE CAMPS Casi al mismo ritmo en que se confeccionaban los trajes con destino, según el auto del juez Baltasar Garzón, a responsables políticos valencianos como el presidente, Francisco Camps, o su número dos en el partido y portavoz en las Corts, Ricardo Costa, la cifra de negocios de Orange Market, la marca valenciana de la supuesta trama corrupta vinculada al PP, se incrementó de forma exponencial. Según las cuentas de 2007 presentadas por la firma que preside el imputado Álvaro Pérez, disponibles desde hace unos días en las bases de datos mercantiles, la sociedad elevó ese ejercicio nada menos que un 78% sus ingresos, al pasar de 1.486.856 euros a 2.649.400 euros. Un espectacular aumento en el año de la campaña electoral autonómica de Francisco Camps, en la que Orange Market realizó numerosos servicios, y en el que la firma gozó igualmente de contratos de la Generalitat. Aquel 2007, un año verdaderamente de vino y rosas -culminó con la fiesta sorpresa en Marrakech que Pérez y otros contratistas del Consell dieron en diciembre al director general de RTVV, Pedro García-, tiene su contrapunto en la imputación de todos los gestores de Orange Market y dos ex responsables del Consell -Rafael Betoret y Víctor Campos- mientras el TSJ decidirá si imputa a Camps y a Costa. En 2006 la firma había logrado por segundo año la contrata del montaje del stand de Fitur y otras ferias, un encargo que supuso el 72% de todos sus ingresos de ese ejercicio. En 2007, además del stand por poco más de un millón de euros (contrata que ha mantenido hasta la última de 2009), Álvaro Pérez se ocupó de actos para la campaña electoral de Camps a la Generalitat. El importe no se conoce, pero la Sindicatura de Comptes censura que la empresa no le informara de servicios al PP por 175.000 euros. En la campaña de Camps de 2003 intervino Special Events, la matriz madrileña del jefe de la presunta trama Francisco Correa. Orange Market también participó en la presentación de la candidatura de Luis Díaz Alperi en Alicante en las últimos comicios locales de hace dos años. Los contratos de 2007 conocidos y cuyo importe ha trascendido suman 1,4 millones, el 52% de la facturación de la firma en aquel ejercicio. La empresa, creada en julio de 2003, tuvo ese año ingresos por tan solo 76.170 euros. Nada que ver con los 2,6 millones de 2007. Su facturación se ha multiplicado por 34 en cinco años. O, lo que es lo mismo, se ha incrementado en un 3.378%. Pese al volumen de negocio, la sociedad cerró el año con unos beneficios de sólo 4.971 euros, frente a los 13.374 de 2006. Claro que en 2003 los beneficios fueron 848 euros. La empresa, que cuenta con un capital social de 3.006 euros, aparece en informes comerciales con un endeudamiento considerado importante, de 483.816 euros, el 84% del total de su activo, que alcanza los 574.105 euros. El cuadro (abajo) muestra los ingresos y contratos hasta 2007, con lo que no se incluyen, además de los stands de Fitur de 2008 y 2009, trabajos como la fiesta de la Volvo Ocean (516.000 euros), la telemaratón de Canal 9 (2.500 euros), el congreso regional de 2008, una cena con Rajoy en Castelló, trabajos para la Fórmula 1, la Feria Hábitat (800.000 euros) o la despedida de Villalonga como gestor del Valencia CF, entre otros. Las cuentas fueron presentadas por Cándido Herrero, consejero delegado e imputado también por Garzón. Los datos señalan la baja como consejero, reflejada con fecha 19 de febrero pasado, trece días después de saltar el escándalo, de Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol que fue imputado por Garzón. Lo ha sustituido Nuria Pérez Alonso. (www.levante-emv.com, 21/03/09)

74. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL BIGOTES: " TENEMOS UN MARRÓN "

De que las cosas se estaban poniendo feas se percató Álvaro Pérez, el hombre de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana, antes de que intuyera que podía tener pinchado el teléfono. De haberlo sabido quizá habría sido más prudente en una de las conversaciones que mantuvo con el secretario general del PP en la Comunitat antes de que estallara la operación Gürtel y que el secretario general del PP y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, tuvo que escuchar el martes pasado durante su comparecencia ante el juez José Flors.


En la grabación se oye cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, le pide a la mano derecha del jefe del Consell que vaya a su despacho para hablar porque, dibuja gráficamente, "tenemos un marrón". Frente al nerviosismo del responsable de Orange Market, Costa parece asumir la cuestión con calma e incluso le dice a su ahora compañero de proceso que no sabe a qué viene tanta preocupación.

Ésta es sólo una de las pruebas que forman parte de la investigación por cohecho que está llevando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su mano derecha Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, además de El Bigotes.

Todos ellos han prestado declaración esta semana y han escuchado grabaciones dentro de una instrucción que pretende esclarecer si existe relación entre los trajes que presuntamente pagaron firmas del entramado empresarial de Francisco Correa -para regalárselos a los imputados- y las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta por parte de la Generalitat. Entre los contratos públicos y los firmados con el PP suman 8,2 millones sólo en los últimos cinco años.

Los testimonios que el magistrado ha escuchado esta semana son sólo una parte de la instrucción que ha de completarse con el análisis de numerosa documentación. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción está valorando recurrir a la Agencia Tributaria o a censores de cuentas. Entre las grabaciones se encuentra la del ex director de ventas de las tiendas donde se adquirieron los trajes, José Tomás, quien ha ratificado en el TSJ que Camps nunca pagó y que lo hacían empresas de Correa.

A los papeles que ya obran en poder del juez Flors se sumarán también otros documentos que en la actualidad se encuentran bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro de la pieza principal de esta causa, que serán remitidos a Valencia para su análisis en cuanto se levante la medida. A estas pruebas se unirá ahora la práctica de diligencias que plantee la nueva parte, en caso de que el magistrado acepte la personación en el proceso que el PSPV hará efectiva en los próximos días.

Esto, sin duda, prolongará una investigación que, fuentes cercanas al caso, aventuraban rápida hace menos de quince días.

Tanto es así que incluso estaban convencidas de que las declaraciones de esta semana prácticamente iban a ser una antesala al fin del caso en lo que al jefe del Consell respecta, para quien se vaticinaba el archivo de unas actuaciones que habrían seguido abiertas para el resto de los imputados y de las que Costa sería el que peor parado saliera.

No obstante, la causa sigue viva a la espera de que Flors concluya sus indagaciones y opte por abrir juicio oral para uno, varios o todos los imputados o la archive.

(www.levante-emv.com 24/05/09)

75. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA COMPRÓ UN COCHE DE 80.000 EUROS PESE A DECLARAR QUE TIENE CUENTAS EN NÚMEROS ROJOS El portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha adquirido un gran turismo, un híbrido entre un todoterreno y un turismo de alta gama, que cuesta cerca de 80.000 euros, lo que contrasta con la débil economía que dice tener. Cabe recordar, que el también diputado autonómico declaró la semana pasada que a fecha del pasado 28 de abril, el saldo de sus cuentas bancarias era de menos 1.435, 26 euros. Por tanto, el parlamentario en las Corts Valencianes ha adquirido este todo camino de lujo con números rojos, según hizo constar en su declaración de bienes registrada en la cámara autonómica. Precisamente, las altas prestaciones en materia de seguridad del Infiniti FX50S permitieron al dirigente popular salir ileso. De hecho, fuentes conocedoras del caso explicaron a Levante-EMV que el accidentado salió por la puerta del copiloto, debido al terrible impacto sufrido. La economía de Ricardo Costa le permite comprarse un coche de lujo valorado en cerca de 80.000 euros pese a que presenta un saldo negativo de cerca de 1.500 euros en sus cuentas, según reza en la declaración personal de bienes que presentó en las Corts Valencianes esta semana. Los recursos económicos con que cuenta el diputado valenciano, según su propia declaración son las cuentas bancarias en ING Direct, con un depósito de renta garantizada de 6.000 euros, y también en el Banco Sabadell Atlántico, Open Bank, Bancaja y Caja Rural.


Además paga una hipoteca de 120.000 euros por un piso de Castelló, otra de 25.000 euros por otro de Valencia, y un préstamo personal de 30.000 euros, declarado en la Conselleria de Economía y Hacienda, con la que adquirió un vehículo en enero. Además, Costa se ha beneficiado de un privilegio que conceden las Corts a aquellos diputados que ejercen una actividad privada, al margen de la propia del cargo del parlamentario. El parlamento autonómico costea el seguro de autónomo del número dos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana pero para ello tuvo que renunciar a la exclusividad en el ejercicio del cargo y, por tanto, a cobrar 365,60 euros mensuales. A cambio, la Cámara le reintegra los más de 920 euros al mes del máximo de cotización como autónomo, y paralelamente, Costa puede seguir trabajando como asesor fiscal y económico en virtud de una reforma del reglamento auspiciada por su partido a finales del mandato pasado. Por otro lado, el también portavoz del grupo popular en les Corts, dimitió recientemente como presidente de la comisión de Desarrollo Estatutario mediante un escrito en el que comunica su renuncia “dado que sus obligaciones orgánicas y parlamentarias le impiden dedicarle al cargo el tiempo que requiere”. Aunque su intensa dedicación a la responsabilidad política y parlamentaria es innegable, resulta difícilmente justificable alegar trabajo en el partido para abandonar una responsabilidad parlamentaria —de donde se percibe el sueldo— mientras no se renuncia a la actividad privada y se solicita a les Corts que te costeen un seguro que la mayor parte de los ciudadanos se tienen que pagar de su bolsillo con gran sacrificio. El turismo que conducía Costa el pasado sábado cuando sufrió el accidente se conoce en el mercado norteamericano por las siglas S.U.V, un turismo grande capaz de adaptarse a la carretera o la montaña con las máximas prestaciones de velocidad, potencia y comodidad. En 2008, se vendieron un centenar de unidades y en España solamente hay cuatro concesionarios, dos en Barcelona, uno en Madrid y uno en Valencia. El de la capital del Turia se inauguró hace un año y las ventas que realiza son muy contadas debido a los elevados precios de los distintos modelos. (www.levante.emv.com, 04/05/09) 76. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FEMP ACUSA A RITA BARBERÁ DE BORRAR EL RASTRO DE LA GÜRTEL El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha ordenado rastrear todas las facturas emitidas por empresas adscritas a la trama Gürtel durante el mandato de la dirigente del PP Rita Barberá (1995-2003). Así lo confirmó Castro después de que Público desvelase cómo la empresa Pasadena Viajes SL, una de las firmas con que operaba el grupo de Francisco Correa, facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003. Este periódico intentó sin éxito que Barberá, alcaldesa de Valencia, ofreciese una explicación sobre el peso creciente alcanzado durante su mandato por Pasadeja Viajes, que llegó a copar el 30% del presupuesto de la FEMP para desplazamientos. "Hemos encontrado más documentación y la estamos revisando", explicó a este diario el máximo responsable de la organización municipalista. Y, según sus palabras, el hallazgo, aún incompleto, ha resultado penoso: "Dejaron [el equipo de Barberá] los cajones de la FEMP más limpios que la patena de un cura. Todo el material que está apareciendo estaba en el trastero, en el sótano, dentro de los archivos como perdido, yo creo que no se lo llevaron porque no lo vieron". Pasadena, que cargó a la FEMP más de 200 facturas en dos años y medio, no fue la única empresa de la red tejida por Correa que prestó servicios a la asociación de municipios bajo mandato de Barberá. Special Events organizó tanto la asamblea general de la Federación celebrada en 1999 como la de 2003. Por la adjudicación a dedo- de esos dos actos cobró 800.000 euros. La contabilidad secreta del grupo de Correa consigna un pago de 30.000 euros al entonces secretario general de la FEMP y ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, el ex diputado del Parlamento andaluz por el PP Álvaro de la Cruz. Ahora, el sucesor de Barberá al frente de la FEMP ha venido a confirmar que los trabajos de gestión de viajes y alojamiento de los miembros de la FEMP se le encomendaron a dedo a Pasadena Viajes. "No hay ningún convenio", asegura Castro. Ni ningún papel indicativo de que la federación seleccionó a Pasadena tras pedir ofertas a distintas empresas. Si existiera, aduce el también alcalde de Getafe (Madrid), quedaría constancia en los archivos. Convertido en bestia negra del PP desde que en diciembre definió a los votantes de derecha como "tontos de cojones", Castro subrayó que la llegada del socialista Francisco Vázquez a la cúpula de la FEMP en noviembre de 2003 significó el cerrojazo para Special Events y Pasadena Viajes.


El motivo, enfatiza, fue estrictamente económico: "Entonces no sabíamos lo que iba a ocurrir cuatro años después, pero simplemente se vio que el servicio que ofrecían era el peor y el más caro". Es decir, no sólo las tarifas ofertadas eran las más altas sino que, por ejemplo, en el caso de gestión de billetes y de contratación de hoteles "daban menos prestaciones, menos complementos que las demás empresas". Frente al silencio de Barberá, arreciaron las críticas de la oposición valenciana. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, exigió a la alcaldesa que aclare "con cuántas empresas de la trama Gürtel contrató durante su presidencia y por qué". A través de una nota, Alborch se lanzó en tromba contra Barberá: "Consintió, y por tanto tiene que dar explicaciones, que el secretario nombrado directamente por ella contratara con empresas ahora mismo vinculadas con el caso Gürtel". "El Estado de Derecho no puede permitir que se dé cobijo a presuntos delincuentes", espetó Alborch, a cuyo juicio, la alcaldesa de Valencia "no puede lavarse las manos ante las contrataciones y actuaciones de su mano derecha". Ferviente defensora del presidente de Valencia, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, Barberá sostuvo el jueves que, con el PSOE, "se pudre el Estado de Derecho". , Alborch le dio la réplica: "La alcaldesa, que parece tan preocupada por el Estado de Derecho, debería tener en cuenta que obliga a cumplir las leyes y a no dar tratos de favor. O a lo mejor le gustaría que sólo se aplicara el Estado de Derecho para sus intereses particulares o partidistas". También la portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Mónica Oltra, se lanzó en tromba contra Barberá. "El caso Gürtel en Valencia no es sólo una cuestión de Camps. Es una marea negra que podría manchar al Ayuntamiento de Valencia". Recientemente expulsada del pleno parlamentario por vestir una camiseta con el lema "se busca" junto a la foto de Camps, Oltra cree que Barberá "se está cubriendo las espaldas", aunque su estilo "autoritario" y "sin transparencia" hace presumir a la diputada izquierdista que podría no ser "ajena a los tentáculos del caso Gürtel". (www.publico.es, 30/05/09) 77. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL DE ZAPLANA DIO CONTRATOS POR 51 MILLONES A LA FIRMA DEL CASO BÁRCENAS Constructora Hispánica, una de las empresas investigadas en el procedimiento judicial abierto contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, recibió 51 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat Valenciana entre 1999 y 2002. Por esos años la constructora realizó presuntamente pagos por valor de 1,6 millones de euros a empresas de la red que lideraba Francisco Correa. Ese dinero se utilizaba después, según la investigación de la rama madrileña de la trama Gürtel, para el pago de dádivas. Constructora Hispánica recibió el grueso de las adjudicaciones del Gobierno valenciano en los últimos años de Eduardo Zaplana como jefe del Consell. Desde 2002, fecha en la que el ex presidente se marchó a Madrid como ministro de José María Aznar, el Consell sólo ha firmado con Constructora Hispánica dos contratos, ambos de la Conselleria de Infraestructuras por valor de 3,4 millones. Entre los supuestos receptores del dinero que salió de Constructora Hispánica en dirección a las firmas de Correa estaría el senador Bárcenas, imputado ahora por el Tribunal Supremo. El guardián del dinero del PP habría recibido diferentes cantidades en efectivo del grupo del encarcelado Correa, que según el alto tribunal era "un entramado de sociedades que obtenían ilícitamente contrataciones de administraciones públicas a través de pagos a funcionarios". El mayor de los contratos recibidos en la Comunitat Valenciana por Constructora Hispánica en estos años fue el de la construcción del Centro de Investigación para la Promoción de la Salud Pública, ubicado en la Avenida de Cataluña, y que fue adjudicado en septiembre de 2002 por 25,9 millones. Durante su construcción el edificio sufrió el derrumbe de parte de su estructura. El accidente, ocurrido en julio de 2005, causó dos heridos y obligó a rediseñar el edificio. Ese mismo año la empresa se hizo con el contrato para construir el centro de salud de Natzaret por 4,1 millones y meses antes logró el de la rehabilitación del antiguo hospital Peset para centro de media estancia y atención a enfermos crónicos y larga estancia por 14,9 millones. El presidente de Constructora Hispánica es Alfonso García-Pozuelo Asins quien está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red de Correa. Según el informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario, la empresa justificaba los pagos de esas cantidades al entramado Gürtel a través


de facturas falsas que a su vez realizaban otras firmas sin personal ni estructura o ilocalizables. Constructora Hispánica también optó en marzo de este año a la construcción del edificio que acogerá la futura sede de los grupos políticos en las Corts. La firma también era una habitual en las contrataciones del Ministerio de Fomento en la época en que Álvarez Cascos dirigía ese departamento del Gobierno de Aznar, al que Zaplana se incorporó en julio de 2002 como ministro de Trabajo. Los numerosos contratos recibidos por esta firma causaron malestar en el resto de empresas e incluso la Sindicatura de Comptes halló anomalías en algunas contrataciones. (www.levante-emv.com, 30/06/09) 78. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA PAGÓ LOS TRAJES DE CAMPS El juez del caso "Gürtel" en Valencia afirma que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en diferentes tiendas fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market y no por él mismo, "como afirmó en su declaración" judicial. Así lo indica el auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors, quien sostiene que estos hechos pueden constituir un delito de "cohecho pasivo", por aceptar "dádivas o regalos" ofrecidos "en consideración a su función". La resolución atribuye una conducta similar al secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, todos ellos imputados por cohecho. "Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora", los imputados "resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado. Además, precisa que, aunque el precio de esas prendas pudiera parecer "escaso o ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas", esto "no es excluyente del desvalor de su acción objetivamente considerada". El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, José Flors, decidió continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por el supuesto delito de cohecho. Así, fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15. Según ha anunciado el TSJCV, Flors asegura que existen "suficientes indicios racionales" para estimar que los hechos investigados en el llamado caso Gürtel pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho. En el auto del magistrado se mantiene que siguen como imputados el secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. (www.publico.es, 06/07/09) 79. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS COMUNICA A SU ENTORNO QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE HAYA JUICIO ORAL El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho, ha clarificado a las personas de su máxima confianza que no piensa dimitir, ni siquiera en el caso de que el TSJ valenciano abra juicio oral contra su persona. Así lo afirman a La Vanguardia fuentes próximas al president, que añaden que "ahora el único escenario que podría hacer variar su posición es que hubiera una sentencia condenatoria tras un juicio". Estas fuentes reconocen que Camps está "afectado y preocupado" por el caso, pero que "no tiene dudas de que debe mantenerse en el cargo y está confiado en que todo se resolverá para bien". Tanto el pasado viernes, tras la reunión del Consell, como el pasado martes, tras su visita al Ministerio de Fomento, Camps mantuvo sendas reuniones con su círculo de máxima confianza. En ambas se valoró la evolución de la instrucción del TSJ valenciano y las repercusiones políticas. Camps, según estas fuentes, "transmitió que quiere seguir luchando por demostrar su inocencia". Y añaden que "reiteró su voluntad de aguantar a pesar de la presión mediática". Entre tanto, el juez José Flors rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de incorporar como


imputados en la instrucción del TSJ valenciano a los cabecillas de la trama del caso Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias 'el Bigotes'. El instructor justificó su decisión en que estas personas ya son objeto de un proceso "más amplio" en el TSJ de Madrid. La fiscalía Anticorrupción, no obstante, va a recurrir inmediatamente la decisión, porque estima que puede ser decisiva para el futuro del proceso. La tesis de los fiscales es que no hay oposición ni redundancia entre la investigación que se lleva a cabo en Madrid y la de Valencia, porque se refieren a hechos distintos. Los cabecillas de Gürtel están imputados en Madrid, pero por supuestos intentos de soborno ocurridos en esta comunidad. La Fiscalía va a plantear al TSJ de Valencia que para el esclarecimiento de las relaciones que Camps hubiera podido tener con las empresas de la red y con sus ejecutivos es muy necesario que se cuente con el testimonio de los antiguos responsables de Gürtel. La decisión del juez se produjo antes de que se iniciara la vista preliminar en el proceso sobre la rama valenciana del Caso Gürtel, en la que están imputados por cohecho Francisco Camps, su número dos Ricardo Costa y los ex altos cargos de la Generalitat Víctor Campos y Rafael Betoret. Los letrados de los imputados solicitaron, sin éxito, que se suspenda el proceso mientras se resuelven sus recursos ante el TSJ. (www.levante-emv.com, 16/07/09) 80. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. ´OS LO VOY A MONTAR EN MI PUEBLO CON UNAS TÍAS´ Francisco Correa, el cabecilla de la trama de corrupción a la que estarían supuestamente vinculados cargos del PP, se jacta, en un nuevo fragmento de las más de 26 horas de grabaciones incluidas en el sumario del caso que desveló la cadena Cuatro, de la organización en Valencia de una fiesta con participación de mujeres que pone en evidencia al alcalde de La Nucia y diputado provincial del PP, Bernabé Cano, al que se cita por su nombre de pila en la grabación difundida por la emisora de televisión. Bernabé Cano, que no contestó ni a las llamadas ni a los mensajes de este periódico, ya apareció supuestamente ligado a Correa tras conocerse la investigación, el pasado mes de febrero, cuando en otra grabación se hablaba de una operación urbanística en el municipio de La Nucia en la que la red corrupta tenía intereses. En aquel momento, Cano sí logró esquivar la polémica. En esta nueva grabación, de apenas 24 segundos, el líder de la trama, actualmente encarcelado, describe cómo organizó una fiesta en un restaurante de Valencia con presencia femenina, y alude a la asistencia del primer edil nuciero, al que se refiere como Bernabé. Francisco Correa asegura que el también diputado provincial del PP, uno de los hombres de confianza de Camps en la Marina Baixa, "se lo pasó tan bien" que, a renglón seguido, les ofreció organizar una fiesta similar, también con la asistencia de mujeres, en su propio municipio. La transcripción textual de las palabras de Correa es como sigue: "Vino el alcalde... Bernabé... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante... Y entonces dijo éste: 'Yo os lo voy a montar en mi pueblo, con unas tías de puta madre, como las que hay en Pigmalión... que son unas tías de puta madre'". No es la primera vez que el nombre del primer edil ni el de La Nucia, una localidad que ha registrado un impresionante desarollo urbanístico durante la última década, aparece ligado a la operación Gürtel. Tanto es así que, en una de las primeras grabaciones de Correa que salió a la luz, el cabecilla de la red corrupta aludía a la posibilidad de hacerse con un jugoso proyecto urbanístico en la localidad (el plan de Pie de Monte), que estaba entonces paralizado por el Consell. Correa apuntaba que el entonces responsable del urbanismo valenciano, Esteban González Pons, le buscaría una salida para que el proyecto pudiera desbloquearse y que parte de los beneficios los repartiría con el alcalde y con el Bigotes, que tiene un chalé de su propiedad en una urbanización situada a caballo entre los términos de La Nucia y l'Alfàs del Pi. Bernabé Cano rechazó de plano entonces cualquier acusación sobre un proyecto urbanístico que, todavía a día de hoy, no se encuentra en ejecución. Cano, amigo de Álvaro Pérez, también ha salido a la palestra a cuenta de un intento de adjudicación para Orange Market. El responsable de Ciudades del PSOE, Antonio Hernando, se refirió al recurso del presidente Camps sobre los pagos de los trajes y subrayó que sus "excusas" y su "defensa" demuestran que "nunca pagó los trajes y que es un mentirosos compulsivo". En respuesta, la vicesecretaria de Comunicación del PPCV, Marta Torrado, subrayó que Antonio Hernando es una "marioneta" de la secretaria de Organización del PSOE,


Leire Pajín, y del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y exigió que se disculpe "inmediatamente". agencias valencia (www.levante-emv.com, 18/07/09) 81. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL CONTABLE DE CORREA ADMITE PAGOS DE LA 'CAJA B' DE LA TRAMA AL PP DE VALENCIA La investigación judicial de la trama de empresas que dirigía Francisco Correa apenas ha seguido el hilo de la supuesta financiación ilegal del PP pese a los indicios aparecidos en la documentación incautada a la red corrupta. Un testimonio conocido ahora, el de José Luis Izquierdo, contable de las principales empresas de Correa, arroja alguna luz sobre estas supuestas prácticas. En marzo pasado, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia, según figura en un informe del sumario. El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". La investigación, según figura en el informe incorporado al sumario, considera que "no existe ninguna lógica en el traspaso de 420.000 euros de la trama corrupta hacía el PP de Valencia, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política que no debería participar en este tipo de operaciones". Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa". Dichos pagos, que apuntarían a la financiación ilegal del PP valenciano, no han sido investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dado que éste sólo aceptó instruir un caso de supuesto cohecho impropio de dirigentes del PP y descartó analizar el supuesto tráfico de influencias a favor de la trama que había visto, durante su instrucción, el juez Baltasar Garzón. La documentación incautada a la trama recogía el pago al PP, y la posterior declaración del contable lo ha confirmado. Garzón entendió, y así lo escribió en un auto, que la trama que dirigía Correa se podría haber beneficiado de sus relaciones de amistad con el Gobierno de Francisco Camps, al que hizo numerosos regalos, para conseguir a cambio contratos públicos. Cuando Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia el pasado marzo, sólo había logrado acreditar un contrato adjudicado por concurso por la Administración valenciana a la trama para el montaje del pabellón de Fitur en Madrid. Pero, la investigación posterior ha logrado acreditar al menos otros 40 contratos menores adjudicados a dedo y algunos de ellos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público. Y eso sólo referido a Orange Market, una de las empresas de la red que hizo negocios en Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia asumió la instrucción del caso pero entendió que no había indicios suficientes para investigar el tráfico de influencias, por lo que sólo indagó si los regalos recibidos por los dirigentes del PP valenciano entraban dentro del supuesto de cohecho impropio. Aunque el juez instructor entendió que había suficientes indicios de que se hubiese producido ese delito, un recurso de los imputados permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, archivar el caso. La fiscalía recurrió la decisión ante el Supremo, que deberá resolver de manera definitiva el mayor escándalo que ha afectado al presidente Camps durante su mandato en Valencia. La trama de corrupción logró cerca de ocho millones de euros en adjudicaciones, la mayoría a dedo, a su filial valenciana Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Éste mantenía vínculos estrechos con el presidente valenciano, a quien supuestamente hacia regalos caros de forma habitual. Otros apuntes encontrados por la policía en la documentación incautada a la red de corrupción también sugieren distintas vías de financiación ilegal del PP. En Valencia, por ejemplo, se recoge un cobro en dinero negro procedente supuestamente del PP por 150.421 euros en relación con la organización del congreso del PP valenciano de septiembre de 2002. La mecánica sería muy parecida a la que investiga -por un caso distinto- el Tribunal Superior de Justicia de Baleares: allí se ha encontrado documentación que acreditaría cómo el PP balear pagó en dinero negro 70.000 euros a una agencia de publicidad que se encargó de su campaña electoral. En ese caso, alguno de


los trabajadores de la agencia de publicidad ya han declarado al juez que cobraron el dinero negro del PP porque había sobrepasado el límite legal de los gastos electorales. (www.elpais.com, 06/09/09) 82. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS RENUEVA SU ALIANZA CON FABRA El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiere dejar cabos sueltos en un curso que se presenta cargado de tensión. El jefe del Consell renovó su alianza con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para garantizarse la estabilidad interna en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. Especialmente frente al sector que lidera José Joaquín Ripoll en Alicante, que ha adelantado la celebración de las asambleas locales del partido para evitar la hegemonía del campismo en la provincia. Ripoll, consciente de la situación, aprovechó el encuentro con Camps en la catedral de Valencia -donde se celebró un funeral por el consejero fallecido José Ramón García Antón- para acercarse a saludarle y departir durante varios minutos con él. Por la mañana el presidente de la Generalitat había obtenido en Madrid, nuevamente, el apoyo explícito de Mariano Rajoy. Pero a estas alturas del partido, Camps tiene clara cuál es su hoja de ruta. El jefe del Consell acudió a Castellón para almorzar con Fabra en compañía de los vicepresidentes primero y segundo, Vicente Rambla y Gerardo Camps, respectivamente, y el secretario regional del PP, Ricardo Costa. En el almuerzo, según desveló el propio Fabra, estuvieron presentes la secretaria provincial del PP y portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marisol Llinares; el vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez; el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y su hombre de confianza Javier Moliner. Algunos de los asistentes prolongaron la reunión hasta entrada la noche.En la reunión se abordaron distintas cuestiones, como la manera de reconducir los grandes proyectos de la Generalitat en la provincia de Castellón -la Ciudad de las Lenguas, la Ciudad de la Música, el aeropuerto- e impulsar grandes infraestructuras como el hospital de Vall d'Uixó, las depuradoras, las plantas de basura y las carreteras pendientes. Cuestiones que tendrán que tener su traslación en los presupuestos de la Generalitat para 2010 que se presentan en las Cortes Valencianas a finales de octubre. Cuestiones que hicieron que Gerardo Camps fuese uno de los últimos en marcharse de la jornada con Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón logró, además, apalabrar una reunión con el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Contino, la próxima semana para desbloquear la construcción de varios campos de golf en la provincia. La discreción con la que se planteó la cumbre entre Camps y Fabra -que continuó en el domicilio plo del presidente de la Diputación- motivó las críticas de la diputada socialista María José Salvador. "Se tienen que reunir a escondidas porque sólo hablan de sus causas judiciales y no de los problemas de Castellón", dijo la parlamentaria socialista, que lamentó que el presidente de la Generalitat vaya "poco a Castellón y que cuando lo haga sea a escondidas porque sabe que no tiene respuesta para explicar por qué sigue manteniendo a Fabra a pesar de sus graves imputaciones judiciales". La relación entre Camps y Fabra fue una de las cuestiones comentadas en las numerosas reuniones informales que mantuvieron distintos cargos populares que acudieron a Valencia para asistir al funeral por el fallecido José Ramón García Antón. El PP de la Comunidad Valenciana no ha dejado de ser un hervidero desde hace meses, en donde los sobresaltos se suceden uno tras otro. En menos de una semana, los populares han asistido a una reorganización del Consell; al relevo del director general de RTVV, Pedro García; y a la posibilidad de que se adelantasen las elecciones a las Cortes Valencianas. Y todo ello, en vísperas de un gran mitin en la plaza de toros de Valencia con el que el PP pretende realizar una nueva demostración de fuerza. Un acto que contará con la presencia del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. (www.pais.com, 03/09/09) 83. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CASO GÜRTEL. 'EL BIGOTES' GESTIONÓ LA COMPRA DEL DEPORTIVO EN EL QUE SE ESTRELLÓ COSTA La trama corrupta podría haber mediado en la compra del Infiniti modelo FX50 que conducía el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, hasta el pasado mes, cuando sufrió un accidente y el coche


quedó siniestro total. El mandatario popular niega la intervención del entramado y muestra las facturas y los movimientos bancarios que, supuestamente, acreditan que emitió un cheque de 65.000 euros para pagar el vehículo de alta gama. Pero la versión de Costa choca con la que se desprende del sumario. Según las conversaciones intervenidas por la Policía, El Bigotes tramitó el asunto con un hombre dedicado al mundo del motor, llamado Eduardo y apodado El Obama Blanco, y después amarró la operación con el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Según una conversación entre El Bigotes y Eduardo del día 11 de diciembre de 2008, el plan era ayudar a Costa a vender su Mercedes para después comprar el Infiniti. “Escúchame, yo necesito quedar contigo, llevarte el coche de Ricardo para ver si lo vendemos y que hablemos del Infiniti. Yo estoy en Valencia y necesito que me llames y me digas 'Álvaro, tráete el Mercedes el lunes que viene' y yo te dejo el Mercedes, lo vendes y, mientras tanto, vas haciendo el pedido y ya está”, dice El Bigotes. “Pues ya está, vente el lunes y ya está. Yo puedo tener ya a alguien en firme para el Mercedes. Lo vendemos, lo formalizamos y dejamos una señal para el tema del Infiniti y el resto se lo das a Ricardo. Ya cuando esté lo del Infiniti hacemos el pago”, contesta. En una conversación anterior entre Crespo y Pérez, fechada el 3 de noviembre de 2008, el ex secretario de Organización del PP gallego comenta lo sumamente interesado que está Costa en adquirir el vehículo. En la conversación, El Bigotes afirma, refiriéndose a Costa, que éste le ha dicho “que a ver si esta semana podemos ir, para ver a Eduardo y tal, que por favor que le venda el coche”, y que él le ha tranquilizado: “Digo, no te preocupes, que ya verás cómo te lo vende”. El Bigotes dice entonces que va a pedir a Costa que elija el color, mientras Crespo le urge: “Dile por favor que lo decida, anda”, y añade, “que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior. Lo único que puede decir es color exterior, color interior y las llantas. Los datos de Costa niegan la mayor. Según el número dos del PP valenciano, él conoció al gerente de la marca Infiniti a finales del año pasado tras un acto con empresarios y enseguida se interesó por uno de los modelos. El pasado 27 de enero, Costa recibió un préstamo de su madre por valor de 30.000 euros para afrontar la compra. Un movimiento que incluso se plasmó en la Consejería de Economía. Un día después, el dirigente popular sacó un cheque por valor de 65.000 euros de su abultada cuenta personal para comprar un Infiniti kilómetro 0 (56.034 euros más 8.965 de IVA). La compraventa se materializó el 30 de enero. Un día después, Costa vendía su Mercedes Benz a su dentista por 29.000 euros para contrarrestar el desembolso del día anterior. (www.elmundo.es, 07/10/09) 84. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA PIDIÓ A ÁLVARO PÉREZ QUE MEDIARA PARA QUE CAMPS LE HICIERA CONSELLER El sumario del caso Gürtel revela que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Álvaro Pérez, tenían una relación muy cercana con Ricardo Costa y que éste incluso recurrió a El Bigotes para intentar entrar en el Consell. El Bigotes se refiere a Costa como "un amigo de verdad", al que querría aunque fuera "un pobre de pedir". En una charla telefónica del 27 de diciembre de 2008, Costa le pide a Pérez que le transmita a Camps que le está "quemando" ("socarrando") y que le sería "más útil" si le diera una "labor de coordinación política del partido del Gobierno". Especifica que quiere ser como Alfonso Fernández Mañueco, consejero y secretario general del PP de Castilla y León y argumenta que ello le dará fuerza para "arreglar mucho" del PP de Alicante porque podrá hablar con su presidente, José Joaquín Ripoll, "institucionalmente en el mismo nivel". El Bigotes se muestra de acuerdo y adelanta que pondrá como ejemplo lo que le pasó a Javier Arenas, que "ahora causa rechazo por el socarramiento al que le sometió Aznar los últimos tres años de Gobierno". Pérez está de acuerdo en que estar en la Generalitat daría fuerza a Costa para controlar a Ripoll o al castellonense Carlos Fabra. "Tú vas a ver a Ripoll con una consejería de su interés o a ver a Fabra con una consejería de su interés y a la vez que vas a arreglar eso te la tienen que comer porque les interesa", argumenta Pérez. Otras conversaciones abundan en la estrecha relación con Costa. Por las mismas fechas, Pérez informa a Crespo que le está resolviendo "un marrón a Ricardo" de cara al Congreso del PP de Alicante. Tres días después, el 12 de diciembre, le envía un sms al propio Costa y le dice que imagina que Castelló lo tiene controlado y "Alicante, Dios dirá" y termina diciéndole "que es el mejor y que le quiere". También Francisco Correa demuestra una relación estrecha con el "número dos" del PP valenciano.


Costa se encuentra con Pablo Crespo cuando éste recibe una llamada de Correa (el 12 de noviembre de 2008) y se pone también al teléfono Correa: Pero tú pero tú serás el futuro presidente del Gobierno de este país. Costa: Sí, sí, tú eso, eso le toca a mi otro..., al otro Costa (en referencia a su hermano, el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa), eso le toca... Correa: Correa: Ya lo verás, ya lo verás. Costa: Eso lo dices Correa: Dentro de unos años, tú eres el futuro presidente del Gobierno, porque si no, el que tenéis, el candidato que tenéis ahora, bueno, yo espero que no le... no le votéis en 2011, no, pero vamos, no vais a ganar nunca, y entonces tú dentro de poco tú eres el que vas a mandar ahí, macho. (www.levante-emv.com, 07/10/09) 85. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN “CUARENTENA” Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR Una “cuarentena” hasta que escampe el temporal para dar satisfacción a Génova pero con billete de vuelta al cargo. El presidente Camps intentó por todos los medios convencer a Ricardo Costa, su mano derecha estos años y conocedor de las “alcantarillas” del PPCV, para que acepte la propuesta que hoy propondrá a los 94 miembros del comité ejecutivo regional: Su destitución “temporal” como secretario general pero dejando vacante el cargo y manteniéndolo como portavoz en las Corts. La solución, según responsables campsistas, daría satisfacción a la exigencia de depuraciones de la dirección nacional sin segar la carrera política de Costa, a la espera de futuros acontecimientos. Costa, sin embargo, se resistía anoche a aceptar esta componenda al no fiarse de que no esté con ello cavando su tumba política y cargando con el mochuelo de la rama valenciana del caso Gürtel. De ahí la negativa a dimitir y el órdago a Camps de que, si quiere (o si se atreve), que lo destituya en el comité regional. Algunas informaciones apuntaban anoche que el número dos barajaba emitir un comunicado dejando claro que él no hizo sino cumplir órdenes de Camps. Fuentes cercanas al todavía “número”?dos recordaban que no fue él quien trajo a Orange Market a la Comunitat —vino de la mano del propio Camps— y que fue el único que logró la unanimidad de los jueces en el archivo del TSJ. El presidente, que no acudió al desfile de las Fuerzas Armadas, se empleó a fondo para convencer a Costa de que aceptara el arreglo. Camps —al igual que sus personas de confianza— alabará la gestión del “número” dos como coordinador del partido y su trayectoria “intachable”. Un homenaje antes de la sentencia. Dirigentes populares resaltaban que no está imputado ni acusado de nada, y que tampoco, a la luz del sumario, ha metido la mano en la caja. La propuesta de Camps, según las mismas fuentes, tendría el aval de Génova, que el viernes, a lo largo del 9 d´Octubre más tempestuoso que se recuerda, exigió al jefe del Consell la cabeza de Costa. Ante la negativa del secretario general a dimitir (al alegar que no ha cometido ninguna irregularidad), el presidente convocó para hoy el comité ejecutivo. La “cuarentena” de Costa sería una vía intermedia que Camps, demostrando su autonomía de decisión, habría arrancado a Madrid, según las citadas fuentes. El “acuerdo” serviría para acallar a todas las partes en un escenario que, recalcan, no es comparable al alcance del caso en Madrid, sino que es un “problema de estética” en los comportamientos. Habrá que ver si esa solución —un paripé, según los críticos, que subrayan que la destitución temporal “no existe”— es suficiente para Rajoy y también si Costa, quien intervendrá para leer su informe, asume ese papel o se defiende abriendo la caja de los truenos. Las mismas fuentes destacan el enfado con el vicepresidente Juan Cotino, a propósito de los supuestos informes del Consell sobre cargos del partido. De no haber solución negociada, se tendría que votar. (www.levante-emv.com, 13/10/09) 86. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA


La investigación de las actividades de la trama corrupta vinculada al PP ha destapado el cobro de al menos un millón y medio de euros en comisiones ilegales por parte de varias empresas -principalmente de la red que dirigía Francisco Correa, que se habría embolsado más de un millón- como consecuencia del reparto de los beneficios logrados por la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006. El Gobierno valenciano ha negado en todo momento la vinculación de la red Gürtel con este evento. Sin embargo, las cuentas de la visita del Papa, sobre las que el Gobierno de Francisco Camps se ha negado a informar repetidamente, incluso en el Parlamento valenciano, han sido siempre objeto de polémica. Un informe policial detalla cómo Correa y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, urdieron un plan para hacerse con parte de la organización de la visita del Papa y obtener beneficios millonarios. Para la celebración de este acto se creó una fundación en la que participaban el Arzobispado de Valencia, cuyo representante era el arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco; la Generalitat (Francisco Camps, presidente), el Ayuntamiento (Rita Barberá, alcaldesa) y la Diputación Provincial (Fernando Giner, presidente). Esta fundación decidió adjudicar la exclusiva de la distribución de la señal institucional de televisión al ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV), dependiente de la Generalitat y adscrito a Presidencia del Gobierno. El director general de RTVV era entonces Pedro García Jimeno, quien, según la investigación del caso Gürtel, recibió múltiples regalos en forma de trajes de Álvaro Pérez, El Bigotes, y realizó viajes privados en compañía de los miembros de la trama corrupta para preparar otros negocios. García Jimeno había llegado al cargo de la mano de Camps, después de ser su secretario de Comunicación. García Jimeno decidió contratar a una empresa externa para la sonorización de todo el acto y para el montaje de pantallas de vídeo por 6,4 millones de euros. Eligió para el trabajo a la constructora leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de montajes y que se dedicaba a la construcción de carreteras, edificios y viviendas y a la compraventa de inmuebles. Teconsa aparece directamente vinculada a la trama de corrupción que dirigía Correa por el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras en Castilla y León, por numerosos apuntes en los libros de contabilidad de la red Gürtel y por conversaciones grabadas entre el presidente de la constructora y el líder de la trama. Como carecía de experiencia para la sonorización del acto, Teconsa subcontrató el servicio con tres empresas especializadas: la firma de ingeniería alemana Sirius Show Equipment SG y las españolas Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones. La policía halló en un piso de seguridad que la trama de Correa tenía en la calle del General Martínez Campos, en Madrid, los contratos entre Teconsa y alguna de las empresas con las que subcontrató la constructora leonesa la sonorización de la visita del Papa. Entre los archivos hallados en el piso de seguridad se encontraron apuntes de la contabilidad que llevaba Correa, donde registró cobros por 957.000 euros en concepto de comisión por intermediar en favor de las citadas empresas sevillanas para que se encargaran de todo el montaje. "Es decir", explica el informe de la Brigada de Blanqueo, "la organización utilizó a la empresa Teconsa de pantalla, merced a su solvencia económica, para entregar finalmente el contrato a las empresas audiovisuales de las que recibió la comisión". Además de los 957.000 euros, la red de corrupción apuntó otro ingreso de 230.000 euros a favor de Castaño Corporate (sociedad de Correa gestionada por Jacobo Gordon) y 200.000 más para Teconsa, la empresa que había puesto su nombre para hacerse con el millonario contrato de RTVV. La investigación también señala que Pablo Crespo, número dos de la trama, viajó a Sevilla a recoger las comisiones ilegales, pues allí se encontraban radicadas las empresas subcontratistas del evento. El dinero de la comisión ilegal lo ingresó luego en una caja de seguridad y parte de ella pasó a engrosar la caja B que supuestamente utilizaba la organización de Correa para hacer sobornos a políticos del PP. Del dinero ingresado en la citada caja B por la comisión de la visita del Papa salieron además 15.000 euros para la compra de un vehículo modelo Jeep y otros 60.000 euros para una empresa de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo en su boda con Ana Aznar (hija del ex presidente del Gobierno) e imputado en el caso Gürtel como una de las piezas clave en el entramado inmobiliario de Correa. El informe policial destaca que no sólo hay una relación directa entre Correa y El Bigotes con el ya ex director de Canal 9, sino también con miembros de la fundación que organizaron la visita del Papa a Valencia. (www.elpais.com, 16/10/09)


87. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ACUSA AL PSOE DE QUERER DARLE EL 'PASEO' Y TIRARLE EN "UNA CUNETA" Precisamente el día antes de que Mariano Rajoy dé comienzo a una convención política en la que quiere pasar página, Francisco Camps le aguó la fiesta. El presidente de la Generalitat valenciana, cuyo estado anímico preocupa a muchos dirigentes del PP, perdió los papeles en la última sesión de control de las Cortes de este año. Camps llegó a acusar al portavoz socialista, Ángel Luna, de querer matarlo. El grosor de la acusación fue tal, que la oposición afirma ya que el presidente valenciano no está capacitado para seguir en su cargo. "A usted le encantaría coger una camioneta y venirse de madrugada a mi casa y que, por la mañana, apareciese yo boca abajo en una cuneta", soltó Camps en un estado de crispación evidente. Casi diez horas después, se disculpó. La afirmación fue aplaudida por la gran mayoría de la bancada popular, aunque el estupor y el disgusto afloraron en el rostro de varios diputados del PP. Contrariamente a lo que es habitual, ningún parlamentario salió a despedir al presidente una vez terminada su comparecencia. "En la anterior sesión de control le hablaba de enajenación política; tras su declaración casi tendría que plantear el adjetivo que le puse al sustantivo", replicó Luna. El portavoz socialista acusó a Camps de estar "de los nervios" tras la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación irregular del PP. Todo el debate quedó eclipsado por la acusación de Camps contra Luna de que, si pudiese, le daría el paseo. La acusación abrió el debate sobre la factura que el caso Gürtel empieza a pasar al presidente valenciano y que se produce justo cuando el PP se prepara para celebrar una convención política pacífica, y cuando el foco público se centraba en el Gobierno por su gestión de la crisis por el secuestro del Alakrana. "Camps no está capacitado para seguir como presidente", aseguró el portavoz adjunto socialista, Joaquim Puig, que tachó las afirmaciones de Camps de "propias de la mafia". "Hacen falta elecciones y que ningún implicado en el caso Gürtel sea candidato", explicó la portavoz de Compromís, Mònica Oltra. Para la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, las manifestaciones de Camps "son la muestra palpable de la pérdida de sentido común del presidente del Consell". "Ha sido un espectáculo vergonzoso que demuestra que Camps está incapacitado", dijo. Casi diez horas después, el presidente rectificó: "Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho. De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona". (www.elpais.com, 13/11/09) 88. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ ANULA EL INGLÉS EN CIUDADANÍA La asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunitat Valenciana no se podrá dar, definitivamente, en inglés, ni los alumnos de segundo de la secundaria obligatoria, donde es materia curricular, podrán aprobar sin asistir a clase ni por medio de un trabajo a elegir el tema. Así lo dictamina el Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) en sendas sentencias, acordadas por unanimidad de los miembros de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo, que conocieron los recurrentes a la orden de la Conselleria de Educación sobre su impartición: el Ministerio de Educación y el sindicato CC OO. La orden, motivo de uno de los mayores conflictos en la enseñanza valenciana, que ha provocado la rebelión de los directores de institutos, una huelga general en el sector -de padres, profesores y alumnos y dos de las manifestaciones más masivas de los últimos años- ha quedado prácticamente sin efecto en sus apartados mas conflictivos. El TSJ-CV anula, por ser contrarios a derechos: la objeción de conciencia, la posibilidad de elegir la denominada opción B (elaboración de un trabajo) y la impartición de la materia en inglés que contemplaban varios artículos de la orden de la Conselleria de Educación por la que establece las formas de organización pedagógica para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC). La sala estima estos dos recursos -aunque en el caso del del ministerio no se cuestionaba el inglés- y aún quedan otros tres de distintos sindicatos por resolver.


Los jueces consideran que "no cabe duda" de que se debe rechazar la obligación de impartir EpC en inglés porque la orden de conselleria desarrolla "una motivación confusa, contradictoria e incongruente" al asegurar que se ampara en la disposición adicional del decreto 112/07 del Consell y luego la misma conselleria lo niega. "Se pone de manifiesto una evidente contradicción con el texto de la propia orden y creando una confusión de tal índole que llevara a la sala a la misma conclusión." Según indican, la imposición de la impartición de una asignatura curricular en lengua extranjera "no puede ampararse en la orden que se trata", entre otros motivos, porque la autorización de la implantación de un programa de educación plurilingüe debe ser solicitada a la conselleria por los centros y no establecer, con carácter obligatorio para todos los alumnos y centros, que se imparta en inglés, como es el caso que se trata. Además, para que los alumnos adquieran destrezas en idiomas extranjeros, debe ser "consignado en el marco curricular del sistema educativo" por Educación. En cuanto a la objeción a EpC, la sala recuerda que la asignatura tiene un contenido mínimo que está establecido en el Real Decreto 1631/2006 de enseñanzas mínimas y "se debe asegurar una formación común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español", pero el que accede a la opción B no accede a todos los contenidos de la materia. Un año justo ha durado este litigio. La conselleria emitió la orden el 10 de junio de 2008 y, en julio de ese mismo año, el TSJ-CV ya se pronunció con una auto suspendiendo cautelarmente la opción B. Esto dio lugar a una posterior resolución de Educación, en la que se contemplaba la presencia de dos profesores en el aula: el de inglés y el titular de la materia (licenciado en Geografía e Historia o en Filosofía), medida que también está recurrida. No obstante, la polémica se iba arrastrando. A comienzos del curso 2007-08 -a un curso de que se implantara la nueva materia obligatoria- el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció que EpC se impartiría en inglés. (www.levante-emv.com, 25/07/09) 89. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL PERITO DETECTA 300.000 DÓLARES SIN JUSTIFICAR EN LAS CUENTAS DEL IVEX El Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) contabilizó un gasto de un concierto de Julio Iglesias en México algo superior a 300.000 dólares (unos 224.000 euros) sin que estuviera suficientemente justificado. Así se deduce de un informe pericial entregado al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, que investiga supuestos pagos dobles de los conciertos del cantante, contratado por el Ivex en 1997 para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana. La investigación se inició por un supuesto contrato B con el cantante que la Generalitat no presentó en las Cortes. Según declaró en el juzgado el ex director financiero del Ivex, Joaquín Barber, se firmó un contrato por los derechos de imagen (sobre el que se conocieron los pagos) y dos anexos por más de 5,5 millones de euros, el doble de lo que oficialmente se dijo. Bajo sospecha, que Julio Iglesias cobró más de un evento dos veces porque el Ivex abonó gastos que no le correspondían por orden del entonces director general del Ivex, José María Tabares, huido de la justicia. El perito hizo para el juzgado un primer informe en el que aseguró que los apuntes contables del Ivex eran correctos, pero que faltaban partidas a cuya documentación no había tenido acceso. Ahora, en la ampliación de ese informe, se acredita por primera vez que se pagaron cantidades que no se documentaron convenientemente. El evento en cuestión fue el concierto de México, sobre el que ni siquiera una costosa comisión rogatoria fue capaz de aclarar qué pago quién y por qué. Lo que parece claro es que el Ivex pagó más de 300.000 dólares por el evento y esa cantidad no ha sido debidamente justificada por facturas. Las respuestas las tiene presumiblemente José María Tabares, condenado por la Audiencia de Valencia a cinco años de cárcel por un delito de estafa cometido también desde su responsabilidad en el Ivex en relación con unos supuestos negocios en el norte de África. Tabares eludió la acción de la justicia y cuando le iba a ser notificada la orden de ingreso en prisión, huyó. Los datos de que se disponen le sitúan como hombre de negocios en Japón, país sin convenio de extradición con España. El juez decidirá, tras la ratificación del perito, cómo debe avanzar la causa. (www.elpais.com, 08/04/09)


90. COMUNIDAD VALENCIANA. DE DÓNDE SACAN PARA TANTO COMO DESTACAN Todos llevan años dedicándose a la política, periodo en el que han ido acumulando propiedades y bienes: casas, fincas, apartamentos, coches de lujo. Su incremento patrimonial ha sido objeto de investigaciones judiciales. Alcaldes, diputados o presidentes de Diputación con un tren de vida elevado que han ido alcanzando, en muchas ocasiones, gracias a sus relaciones personales y amistades con empresarios relacionados con la construcción. Estos son tan sólo cinco ejemplos de políticos que han hecho fortuna. BERNABÉ CANO Alcalde de La Nucia Su patrimonio está incorporado en el sumario del juez Garzón en el caso Gürtel, junto con comprometidas conversaciones de algunos imputados en la trama corrupta sobre negocios inmobiliarios en La Nucia. A Francisco Correa lo grabaron contando el negocio que iban a hacer con el PAI Pie de Monte (casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo), del que acabarían repartiéndose 72 millones de euros. Las malas compañías de las que se rodeó el alcalde Bernabé Cano -desde que en 2002 contratara a Special Events para organizar en La Nucia la gala de los premios periodísticos Luis del Olmo- han acabado siendo su perdición. Que se sepa hasta hoy, con Cano se han relacionado Francisco Correa, Jacobo Gordon, Álvaro Pérez (del que reconoció su íntima amistad) o Pablo Crespo, que incluso tenía un barco en el Club Náutico de Altea. Su empecinamiento por invertir en La Nucia fue más que evidente. Y ahora los cuatro amigos de Cano están imputados en el caso Gürtel y los planes urbanísticos paralizados. Pero al margen de las relaciones político-empresariales del alcalde, Bernabé Cano ha ido engrosando su patrimonio. Este mismo año escrituró dos pisos que compró en Altea en 2003. El ático, pagado al contado, fue inscrito por casi 480.000 euros, menos de la mitad de su valor de mercado. En las escrituras, la notaría advirtió que faltaba por justificar el pago de 215.000 de los 823.000 euros abonados por ambas casas. El edificio ha sido construido por empresarios con intereses urbanizadores en el municipio. Cano ha conseguido demostrar el origen del dinero, que procede de donaciones familiares y recursos propios, pero no que haya pagado los 215.000 euros del reparo notarial. JUAN CANO Alcalde de Polop Ha visto crecer exponencialmente su patrimonio personal desde que accedió al poder en 1995. Al actual precio de mercado, sólo a su nombre y el de su mujer tendrían bienes por valor de 1,3 millones de euros, según fuentes del mercado inmobiliario. Un piso, el chalé donde viven (valorado en casi un millón de euros), un garaje, cuatro locales comerciales y el 25% de cuatro parcelas tasadas en 600.000 euros conforman el patrimonio personal, al margen del que atesoran las cuatro empresas que manejan. Cano mantiene hipotecas por un importe total de 585.000 euros, todas en la CAM. Su salario neto en el Consistorio apenas llega para pagar las cuotas de estos préstamos. Desde el año pasado, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha estado investigando los movimientos de las empresas. En ocho informes de la Agencia Tributaria se reflejan todas las operaciones dinerarias e inmobiliarias efectuadas, que descubren ingresos idénticos de 223.000 euros en los ejercicios 2006 y 2007 (cuando no era concejal) procedentes de una de las empresas urbanizadoras con intereses en el municipio. Cano fue el artífice de la homologación del Plan General de Polop, aprobado en 2003, que contemplaba 11 sectores urbanizables en 7 millones de metros para construir casi 10.000 viviendas. En 2005 actuó en representación del entonces concejal de Turismo, Jaime Narbó. Ambos obtuvieron importantes plusvalías con la venta a una empresa de suelo urbanizable en uno de los sectores. Narbó sacó 480.000 euros por una parcela que le costó menos de 10.000 y Cano 290.000 por la compra de un suelo que un año antes le había vendido el mismo Narbó por 7.500 euros. PEDRO ANGEL HERNÁNDEZ MATEO Alcalde de Torrevieja El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, admite entre su círculo de amistades personales que de profesión es "comisionista", es decir, gana dinero de la compra y venta de bienes inmuebles. De hecho, tiene fincas en San Miguel y Los Montesinos. Pero la operación que más quebraderos de cabeza le provocó y le situó en el centro de la polémica fue una venta de unos terrenos en Almoradí con los que ganó 5,2 millones de euros. El edil compró en el año 2000 una finca en Almoradí 18.3 hectáreas por 180.000 euros a un promotor al que antes le había adjudicado una urbanización en Torrevieja. Dos años más tarde el alcalde vendió este terreno por 5,4 millones de euros. Hernández Mateo realizó esta compraventa con la


promotora Edén del Mar, beneficiada con adjudicaciones del Consistorio antes, durante y después de la operación. Durante la instrucción judicial, y a instancias del fiscal Anticorrupción, se desveló que el alcalde ingresó 432.000 euros, además de su sueldo público, entre enero de 2000 y febrero de 2005. Los extractos bancarios incluyen, al menos, una docena de apuntes (ingresos y gastos) entre los 36.000 y 42.000 euros. Sin embargo, el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitía un auto en el que rechaza la competencia para investigar la causa abierta contra el regidor y diputado autonómico por un supuesto delito de tráfico de influencias. El tribunal considera, de acuerdo con las diligencias que instruyó el juzgado número 4 de Torrevieja, que no hay indicios de delito en "la ventajosísima" operación. CARLOS FABRA Presidente de la Diputación de Castellón En 1999, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tenía cinco parcelas en la urbanización La Coma, en Borriol, un inmueble en el pequeño municipio de Culla y dos viviendas, una de ellas en Castellón y, la otra, en el municipio castellonense de Forcall. Según la documentación remitida por los peritos al Juzgado número 1 de Nules, donde se le investiga ante la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal, el valor catastral de este patrimonio era de poco más de 150.000 euros. En 2004, según la misma documentación, el valor de sus bienes ascendía a más de 600.000 euros repartidos entre una vivienda en la urbanización Les Platgetes, en Oropesa, un piso en la plaza de Las Salesas, en Madrid, la casa de Culla y otra vivienda que heredó de su madre, en Castellón. En cualquier caso, Carlos Fabra siempre ha negado haber registrado un incremento patrimonial y, de hecho, poco después de que estallara el llamado caso Fabra detalló ante notario la relación de bienes de su familia para entregarla a la prensa. A la declaración unió un informe respaldando su afirmación y basado en las variaciones en su capacidad de endeudamiento. Además del patrimonio, Fabra aún no ha explicado, ante el juez, el origen de los 600.000 euros que durante 1999 registraron las cuentas que estaban a su nombre y al de su esposa. FRANCISCO MARTÍNEZ Vicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castellón y mano derecha de Carlos Fabra, llegó a la alcaldía de la Vall d'Alba en 1991. Poco más de diez años después era titular de más de 15 propiedades en el municipio. De ellas, un total de 12 le fueron entregadas como donación por particulares. Entre los bienes que componen su patrimonio, 225.000 metros cuadrados de suelo le ha salido gratis. Sus padres le donaron 45.000 metros mientras que el resto procede de particulares. Martínez justificó la acumulación de patrimonio apelando a que todas las son "legales y están declaradas" y aseguró que algunas de ellas procedían de familiares. La inscripción de estas donaciones precisó de la aplicación de un artículo de Ley Hipotecaria que permite inscribir bienes no registrados siempre que existan testigos que "acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad". Con este método se alzó con diez propiedades de las que dos funcionarios del mismo Ayuntamiento de la Vall d'Alba acreditaron, en todas las ocasiones, que los donantes eran titulares del suelo. (www.elpais.com, 05/12/09) 91. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "YO NO SÉ LA CANTIDAD DE GENTE QUE HABRÉ COLOCADO EN 12 AÑOS" "Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años...". Lo que era un secreto a gritos finalmente se puede oír en voz del propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), en una grabación en la que admite utilizar la Administración para "colocar" a gente de la que, después, espera su "voto agradecido". "Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente (...), y con las oposiciones puedes meter a uno o dos ayudantes", añade. Para Fabra, ganar las elecciones "supone mucho poder en un ayuntamiento, en una diputación". La grabación, desvelada por la Cadena SER, corresponde a una conversación, antes de las pasadas elecciones municipales, con un miembro de su partido, el PP. Esos comentarios suponen, a juicio de la oposición, una "autoinculpación" de Fabra, a quien un juzgado de Nules investiga por supuesto fraude fiscal y tráfico de influencias. El portavoz socialista en la diputación, Francesc Colomer, exigió una "explicación inmediata".


"Ni sé", dice Fabra en referencia al número de personas que ha colocado. Y cita entre las entidades donde ha practicado el enchufismo la Diputación, donde mantiene contratados a más de una treintena de asesores. También asegura haber colocado a conocidos en el Hospital Provincial, el Instituto de Promoción Cerámica, dependiente de la Diputación; la Escuela Taurina, un proyecto puesto en marcha por Fabra; el complejo socioeducativo de Penyeta Roja, también dependiente de la Diputación, y el Puerto de Castellón, integrado en Puertos del Estado pero cuyo personal está transferido a la comunidad autónoma, con lo que la designación de su plantilla y del consejo de administración, al que pertenece Fabra, depende de la Generalitat Valenciana. En todos ellos y en algunos otros, según palabras del propio Carlos Fabra, se puede "colocar a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, asesores de los consejeros, directores territoriales, secretarias de no sé qué... (...). Y toda esa gente es un voto cautivo. Ese es un voto cautivo, que lo tengáis muy claro", añade. Fabra pone un ejemplo, una "tontería", según él. "Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana. Está muy difícil. No hace falta, Fabra llama a Baila y Baila mete en ese colegio y esa señora es un voto agradecido". Se refiere a Francisco Baila, entonces director territorial de Educación en Castellón y actualmente director general de Centros Docentes de la Generalitat Valenciana, que está siendo investigado por un posible delito de prevaricación después de que CC OO lo acusara de intervenir irregularmente en el proceso de matriculación del colegio de la Consolación, pero no de Burriana, sino de Castellón. (www.elpais.com, 25/02/09) 92. COMUNIDAD VALENCIANA. CARLOS FABRA LLEVA YA SEIS AÑOS BAJO INVESTIGACIÓN JUDICIAL El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó, hace unas semanas, a España por la demora de cuatro años con la que el Tribunal Supremo resolvió un recurso sobre un litigio comenzado diez años atrás. Fue una cuestión civil sobre la que se sucedieron las resoluciones judiciales, pero existen otros muchos casos en los que la lentitud de la justicia no se limita a este periodo procesal. El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, está siendo investigado por varios presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias y cohecho, entre otros) y por fraude fiscal. Hace ahora seis años que el juzgado de Nules registró la querella presentada por el empresario Vicente Vilar que le acusaba de cobrar cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El proceso está, prácticamente, en la primera parte del procedimiento, en el momento en el que, tras admitir la existencia de indicios sobre un presunto delito, se emprende la investigación. Las pesquisas duran ya seis años y el grueso del llamado caso Fabra no ha pasado de ese punto, de la imputación. Ni archivo, ni acusación. Mientras, el dirigente del PP de Castellón ha declarado haberse sentido "absuelto" por las urnas. La investigación fue fructífera, sobre todo, en los primeros años. Vicente Vilar fue acompañando sus acusaciones con documentos. Presentó escritos de diputados populares y de distintos cargos en los ministerios de Sanidad y Agricultura del gobierno de José María Aznar en los que se demostraba el interés y la "preocupación" por unos determinados productos fitosanitarios. Provocó la declaración de cuatro ex ministros que ratificaron la existencia de dicho "interés". También mostró facturas de joyas y relojes supuestamente regalados a Fabra y a sus "mediadores". Y facturas firmadas por el propio presidente provincial del PP, como asesor, por la elaboración de unos informes que resultaron ser copia de otros documentos colgados en Internet o guías de grandes compañías. Mientras, la Agencia Tributaria presentó una denuncia por fraude fiscal y por el desfase hallado entre sus ingresos declarados y los movimientos en sus cuentas. Hasta 600.000 euros, de los que se le imputaron directamente 300.000. Aún no ha justificado su origen.Fue a finales de 2005 cuando el juzgado decidió que la investigación se extendiera a toda la familia Fabra al considerar que, en este tipo de casos, no resulta "infrecuente" que el lucro obtenido se "trate de ocultar en la esfera familiar". Para la elaboración del informe pericial que rastreara ingresos, gastos y patrimonio entre 1999 y 2004 se designó a dos inspectores de Hacienda adscritos al Banco de España, ya que la fiscalía anticorrupción tiene firmado un convenio de colaboración con la entidad para investigaciones y peritajes. Algunos bancos y cajas se mostraron más reticentes que otros a la hora de aportar documentación, pero también tardó en llegar la orden de que fuera la policía judicial la que acudiera a las entidades a exigir la información y el Banco de España nunca llegó a advertirles de su deber de colaboración con la justicia. El caso es que cuatro años después, el informe aún no ha sido entregado al juzgado.


Sí se aportaron las relaciones de cuentas de los miembros de la familia, sus declaraciones de hacienda y su patrimonio, pero no el análisis que determine si con los ingresos que declararon se conrresponden con el patrimonio y gastos detectados. Otro de los motivos que se achacan al lento procedimiento al que está siendo sometido Carlos Fabra es el continuo tránsito de jueces y fiscales que han formado parte de la instrucción del caso. Hasta ahora han sido nueve jueces y cuatro fiscales. En el caso de los jueces, el hecho de que el de Nules sea un juzgado de paso hacia el ascenso a magistrados es el origen de la mayoría de los cambios, que han conllevado sus correspondientes sustituciones. En el de los fiscales, después de que la Fiscalía Anticorrupción asumiera el caso, apartando así al fiscal jefe de Castellón, el tránsito ha sido por el abandono de los representantes públicos hacia otras actividades profesionales. En este momento, existe un juez titular, Jacobo Pin, que aunque fue cuestionado por sus vinculaciones personales con el PP, ha adoptado ya algunas iniciativas. El nombramiento del actual fiscal, Luis Pastor, también resultó polémico ya que éste había trabajado como asesor para dos ministros del PP. Pastor lleva ya tres años como representante de Anticorrupción en el caso Fabra y, poco a poco, su trabajo ha sido más activo. Carlos Fabra tampoco ha renunciado a su derecho a recurrir y recurrir cada una de las determinaciones adoptadas por el juzgado. Los recursos no deberían paralizar el procedimiento pero, en el caso de muchos jueces, la admisión de pruebas puede demorarse. Uno de estos recursos fue al que se acogió el presidente de la Diputación de Castellón para evitar el interrogatorio sobre la acusación de fraude fiscal por la que, de momento, no ha prestado declaración aunque, públicamente, siempre ha negado tanto el fraude como el incremento patrimonial. Existe otra causa abierta contra Carlos Fabra. Los jueces se negaron a unir las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho con una supuesta falsificación de análisis de los productos fitosanitarios que ha sido investigada en otro juzgado. EL CASO FABRA - La denuncia. En diciembre de 2003, el empresario Vicente Vilar acusó a Carlos Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. - Cuentas y patrimonio. El juzgado de Nules extendió, en 2005, la investigación al patrimonio y las cuentas de toda la familia de Fabra. - Fraude fiscal. El presidente de la Diputación no ha sido interrogado por el supuesto fraude fiscal. - Informe pendiente. Los peritos llevan cuatro años sin concluir un informe sobre ingresos y gastos. - Juicio a la vista. La fiscalía anticorrupción pide dos años de cárcel a Fabra por falsificación de análisis y documentos en otra causa que quedó al margen.

(www.elpais.com, 24/12/09)

93. COMUNIDAD VALENCIANA. PRISIÓN INCONDICIONAL PARA EL ALCALDE DE POLOP POR EL ASESINATO DE SU ANTECESOR La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hasta ahora alcalde de Polop, Juan Cano, por el asesinato a tiros de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, hace dos años. El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y ha abandonado los juzgados de La Vila Joiosa pasadas las 15.30 de la tarde en un vehículo escoltado por una veintena de policías y guardias civiles que han intentado evitar que se acercaran cámaras de televisión y fotógrafos para captar imágenes. La declaración del hasta ahora alcalde ha despertado una gran expectación. El detenido ha llegado a las 7.45 horas de esta mañana al Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa en un coche camuflado, pero el interrogatorio no ha comenzado hasta horas después. Cano fue detenido en la madrugada del martes por su presunta relación con la muerte de su antecesor, Alejandro Ponsoda, quien falleció tiroteado en la puerta de su casa en octubre de 2007. Ambos eran militantes del PP, aunque el partido suspendió a Cano de militancia nada más conocer su arresto.


Los agentes de la UCO de la Guardia Civil, que llevan la investigación del crimen, registraron el domicilio particular de Cano y el Ayuntamiento. Cano se enfrentó a Ponsoda por el control del partido en Polop y le obligó a incluir a su gente y a él mismo en la lista de las elecciones municipales de 2007 tras un mandato en el que el detenido quedó desvinculado del Ayuntamiento supuestamente por unas grabaciones comprometedoras. El detenido ocupaba la concejalía de Urbanismo y Hacienda cuando sustituyó en el cargo al asesinado Alejandro Ponsoda. El urbanismo emerge como trasfondo del móvil del asesinato de Ponsoda. Cano fue grabado en dos ocasiones en un supuesto intento de cobro de comisiones a promotores. Ponsoda y Cano discrepaban sobre el desarrollo urbanístico del municipio. El regidor asesinado se opuso a un plan de 5.000 casas que impulsaba Cano a principios de este mandato. El asesinato de Ponsoda, según la investigación, se planeó en el club de carretera Mesalina, a las afueras de Benidorm. Cano es asiduo a los locales de estas características, según sus conocidos. En el lupanar contactó con el resto de los miembros de la trama, entre ellos, un narcotraficante, un empresario de calzado y los dos pistoleros de nacionalidad checa que ejecutaron a Ponsoda. Uno de ellos trabajaba en el mencionado club de alterne, y el segundo, en otro local de la comarca. Por estos hechos también han sido arrestados el gerente y el dueño del prostíbulo Mesalina. Los seis ya han sido encarcelados por la juez. En la resolución del caso han sido clave cinco testigos protegidos, vinculados al prostíbulo. (www.elpais.com, 26/11/09) 94. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FAMILIA DEL ALCALDE DE LA NUCIA URBANIZÓ 44.000 M2 La familia del alcalde de La Nucia, el popular Bernabé Cano, tiene experiencia en la gestión de proyectos urbanísticos. El Ayuntamiento de La Nucia acordó el 7 de octubre de 2002 adjudicar la condición de agente urbanizador del sector La Favara, de 44.241 m2, a Ángeles y Gabriel García Saiz, madre y tío del alcalde, Bernabé Cano. La corporación aprobó el PAI, el proyecto de urbanización, el estudio de detalle y el proyecto de reparcelación que presentaron los familiares de Cano. Y lo hizo bajo el régimen de adjudicación preferente y con la abstención plenaria del alcalde, dado que la familia era la propietaria de la totalidad del suelo del sector. Tan solo dos meses después, la familia del alcalde cedió la condición de agente urbanizador a la empresa Saga Bonperal, SL, que pagó a los parientes del primer edil más de tres millones de euros por tres parcelas del PAI que sumaban 10.551 m2. Según los datos de Registro de la Propiedad, estas parcelas tenían unas cargas de urbanización de 275.000 euros, lo que le otorgaba una valoración al suelo ya urbanizado de 312 euros el metro. Además de esta venta, la familia del alcalde se quedó con otras siete parcelas edificables con una superficie total de 10.397 metros, por las que tuvieron que afrontar unas cargas de urbanización de 267.000 euros. Finalmente, Saga Bonperal también edificó estos solares. La urbanización cuenta con casi 400 viviendas, otros tantos garajes y docenas de locales comerciales.Saga Bonperal, SL, la promotora que se encargó de urbanizar y construir las parcelas de la familia del alcalde, Bernabé Cano, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Ambos, tras desarrollar el PAI La Favara de la familia del alcalde continuaron su excelente relación con el alcalde en La Nucia y se han adjudicado la urbanización de los PAI de la Serreta y Pie de Monte. Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme son vicepresidente y consejero delegado, respectivamente, de la empresa Cases del Pinar, SL, que recibió la condición de agente urbanizador del PAI de la Serreta en junio de 2005, una actuación de 2,8 millones m2 en los que se prevén construir 3.884 viviendas y un campo de golf, aunque el Ayuntamiento todavía debe aprobar el proyecto de reparcelación que tiene en estudio. En Cases del Pinar, SL aparece como socio mayoritario el grupo Ballester. Los dos promotores también son administradores de Montemar La Nucia, SL, agente urbanizador del PAI Pie de Monte, que lidera otro conocido constructor de Benidorm, Francisco Murcia Puchades. Según se publicó el pasado 7 de febrero, una de las grabaciones obtenidas que sirvió de base para desmantelar la trama de empresas corruptas vinculada al PP que dirigía Francisco Correa desvela que éste manifestó que el alcalde tenía unos amigos constructores con los que iba a hacer negocios. "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo", afirmaba Correa en la conversación grabada.


Correa visitó, al menos dos veces, Benidorm para cerrar la compra de un porcentaje del PAI Pie de Monte con los responsables de la empresa urbanizadora y, finalmente, consiguió el compromiso de obtener un tercio del suelo en una opción de compra que no llegó a ejecutarse. También participó en la negociación Pablo Crespo, administrador único de Orange Market y señalado por el sastre de Forever Young, José Tomás, como autor de los pagos con fajos de billetes de 500 euros de los trajes que, supuestamente, eran para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos, además del mismo Álvaro Pérez. No obstante, quien cerró la opción sobre el PAI Pie de Monte fue Jacobo Gordon, amigo de infancia de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar. El negocio debía reportarle a la trama 72 millones de euros de beneficios, según dijo Correa. El PAI Pie de Monte fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en septiembre de 2004, pero tiene un informe de impacto ambiental con 22 reparos y no dispone del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que la Comisión Territorial de Urbanismo, que lo llegó a estudiar, lo rechazó a finales de 2007. Precisamente "el tema ambiental" era el trámite que debía sortear Correa utilizando su supuesta influencia en la Administración valenciana. Una gran parte del millón de metros que comprende se quemó en un incendio provocado por un temporal. (www.elpais.com, 02/04/09)

95. CASTILLA Y LEON. CASO GÜRTEL. GÜRTEL SE COBRA UNA NUEVA VÍCTIMA EN EL PP: JESÚS MERINO PERCIBIÓ MÁS DE 100.000 EUROS DE CORREA

La investigación del caso Gürtel sigue dando sorpresa. La presunta trama de corrupción en el seno del Partido Popular no sólo parece ampliarse dentro de la formación sino también extenderse a través del territorio nacional. Las investigaciones de las últimas semanas han implicado a Jesús Merino Delgado, diputado nacional del PP por Segovia y ex vicepresidente de Castilla y León. Merino habría recibido más de 100.000 euros en metálico de Francisco Correa.

La fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder el último informe policial sobre el caso Gürtel con una novedad que trasladaría las sospechas de corrupción al Congreso de los Diputados y aumentaría la posible implicación de la cúpula nacional, ya señalada con la implicación en el caso del tesorero del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote. El diputado nacional por Segovia y ex vicepresidente de Castilla y León habría recibido más de 100.000 euros de la trama corrupta, según la contabilidad B de las empresas de Correa y sus socios.

Había fundadas sospechas que recaían sobre Merino, que podría haber creado junto a Bárcenas y el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, una empresa fantasma (Astrolago de Inversiones) con el fin de suministrar facturas falsas a la trama de Correa. Su mujer, Ana Isabel Gutiérrez, envió a este medio una nota de rectificación asegurando que la empresa no tenía actividad alguna, "por lo cual resulta muy difícil que sirviera de 'tapadera' para nada".

El documento que recoge estas últimas investigaciones ya está en manos de la fiscalía Anticorrupción, que ahora debe pronunciarse ante los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Valencia, que son los que instruyen el caso, para saber cómo proceder con esta nueva implicación.

La presunta aceptación de estos sobornos tiene una gran relevancia por dos motivos. Por una parte, apunta una vez más al sector nacional del PP y, concretamente, a un aforado por su calidad de diputado del Congreso. Por otra parte, extiende en el espacio el alcance de la presunta trama corrupta, que alcanzaría a una nueva comunidad: Castilla y León. Hasta ahora, las sospechas en esta región caían exclusivamente sobre el empresario José Luis Ulibarri, quien por su parte sí tiene muy buenas relaciones con el Gobierno castellanoleonés.

Según las cuentas secretas de Correa, Merino podría haber recibido más de 100.000 euros. En las primeras investigaciones realizadas por la Policía sobre la caja B de las empresas implicadas aparecían gran cantidad de nombres, algunos sin completar. Muchas de estas personas contaban con nombre vulgares que la Policía pasó por alto, pero que tras una mayor profundización están destapando casos como éste.

(www.elplural.com, 11/05/09)


96. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. VALLADOLID DIO OBRAS A DEDO A ULIBARRI CON INFORMES NEGATIVOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL Los informes de los técnicos municipales desfavorables no parecen un obstáculo para que el empresario José Luis Ulibarri, uno de los implicados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, consiga jugosos contratos del Ayuntamiento de Valladolid, gobernado con mayoría absoluta del PP desde 1995. El Plural ya informaba de algunas de estas adjudicaciones. También ha salido a la luz otro escandaloso caso: el consistorio de Francisco Javier León de la Riva otorgó un concurso a Begar, la empresa del magnate castellano-leonés para ampliar el museo de Colón en la ciudad. Tres semanas después ampliaba este contrato adjudicando a la sociedad nuevas obras de remodelación del centro sin sacar éstas a concurso y pese a que la Secretaría del Consistorio emitió un informe en el que dudaba de la legalidad de la ampliación del contrato. Son muchas las ciudades y municipios de Castilla y León que han beneficiado al magnate José Luis Ulibarri, ahora imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel que salpica al PP, con jugosos contratos y adjudicaciones. Valladolid, gobernada desde 1995 con mayoría absoluta por el popular Francisco Javier León de la Riva es uno de los feudos de este empresario, del que ha recibido desde 2003 cerca de 22 millones y medio de euros en adjudicaciones. El diario Público recoge uno de los contratos más polémicos entre el Ayuntamiento y el empresario. Se trata de la adjudicación que se hizo a Begar, el conglomerado de empresas de Ulibarri, para ampliar el museo Casa Colón con motivo de la celebración de quinto centenario de la muerte del descubridor. Las obras de ampliación salieron a concurso con un precio de licitación de 1,73 millones de euros, y optaron a su ejecución dos empresas además de Begar, todas con ofertas inferiores a dicho precio. La adjudicataria fue la sociedad de Ulibarri, que proponía un coste de 1,5 millones, una rebaja de un 13 por ciento sobre el precio propuesto por el consistorio. Sin embargo, sólo tres semanas después los honorarios de Begar se vieron incrementados con creces: a la empresa se le adjudicaron también otras obras de remodelación de la casa museo que no estaban previstas en un principio, y por las que se pagaron 930.000 euros más. En este caso, las obras no salieron a concurso, pese a la oposición de la Secretaría del Ayuntamiento, que emitió un informe en el que subrayaba la importancia de que la nueva adjudicación saliera de nuevo a concurso público. La Secretaría apuntaba en su informe sus dudas sobre la legalidad de ampliar el contrato sin publicitar y sin convocar un nuevo concurso. Según señalaban, ambos contratos deberían haberse licitado conjuntamente, ya que de otro modo se ponía en duda el cumplimiento de la ley de Contratos de las AAPP. Sin embargo, la Junta de Gobierno, integrada exclusivamente por miembros del PP, dio carpetazo al asunto alegando que no era necesario sacar estas obras a concurso, sino que era mejor que las asumiera directamente Begar, a la que ya se habían dado las primeras obras, para terminar antes los trabajos. De hecho, el consistorio aprobó la nueva adjudicación a Ulibarri y en las actas ni siquiera mencionó el informe desfavorable de la Secretaría. (www.elplural.com, 14/04/09) 97. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. UNA CONSTRUCTORA QUE PAGÓ COMISIONES A CORREA SACÓ SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500 El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas. En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicación de Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el diputado Jesús Merino, se detalla cómo la investigación de los tentáculos de la red de Francisco Correa en Castilla y León ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se están investigando. La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.


Garzón detallaba, basándose en los informes de los investigadores, que la red de Correa había anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicación, y 12.255 la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación, un dinero que éste repartió después entre algunas personas aún sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el más habitual para comisiones de adjudicaciones. Más tarde, los investigadores encontraron otra documentación que apunta en el mismo sentido [ver gráfico]: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León" sobre otro reparto similar de 96.100 euros. Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realizó un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leonés. Según se puede leer en ese documento [ver gráfico reproducción de la izquierda], "la información recibida en relación con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007". En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de TECONSA, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de TECONSA), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe. Este mismo organismo ya había destapado en ese mismo informe que Constructora Hispánica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que también habrían ido a parar en parte a Bárcenas, según la fiscalía- había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA. A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP. (www.elpais.com, 27/07/09) 98. CASTILLA Y LÉON. CASO GÜRTEL. LA INVESTIGACIÓN IMPLICA AL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN EN LA TRAMA GÜRTEL Después de tocar Madrid, Valencia y Galicia, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa alcanza al Gobierno de Castilla y León, también del PP. Un nuevo informe policial remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica a José Manuel Fernández Santiago, actual presidente del parlamento de Castilla y León y ex consejero de Fomento, en una adjudicación amañada con reparto de comisiones ilegales. La constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontándole el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.


Otro de los beneficiados es T. O., unas siglas que la policía investiga desde febrero y que podrían corresponder a Toti, el sobrenombre por el que se conoce a Fernández Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la polémica adjudicación de la variante a Teconsa. La investigación policial de este caso arrancó en febrero, cuando se halló una carpeta de color azul registrada como "R-16 Documento 02" en poder de José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta. En el interior de la carpeta había "cuatro papeles cogidos con un clip, dos de ellos grapados", que contenían un fax remitido desde la consejería de Fomento de Castilla y León con los datos de la adjudicación definitiva de la obra: "Adjudicataria Tecnología de la Construcción SA (TECONSA), 12 meses de ejecución y un presupuesto de 2.847.959 euros". En ese fax aparecía, manuscrita, la cantidad de 2.455.137 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicación descontándole el IVA. Y debajo, otras dos cifras: "73.650=12.255". La investigación interpreta que la primera, cifra, 73.650, se refiere a euros y es el 3% del presupuesto de adjudicación sin IVA. La segunda cifra, 12.255, se refiere a su traducción en pesetas (12.255.000 pesetas). Entre los cuatro folios en poder del contable de Correa también figura el reparto de la supuesta comisión ilegal, que la policía interpreta así: - "Sobre con 24.000 euros (4 millones de pesetas) T. O. (aún sin identificar) que entrega PC (Paco Correa) el 17 de enero de 2003". - 16.400 euros para "G" (aún sin identificar). - 18.600 euros para "J" (aùn sin identificar) - 17.500 euros para PC (identificado como Paco Correa) - 18.600 euros para L, quien se identifica también con las siglas LB, que se corresponden con Luis Bárcenas, actualmente senador electo por Cantabria. La policía concluyó que se había producido una supuesta "adjudicación amañada en la variante de Olleros de Alba, en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que puede influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de Castilla y León". Entre las grabaciones de las conversaciones de Correa que autorizó el juez Garzón figuran algunas que mantuvo el jefe de la trama corrupta con José Luis Martínez Parra, directivo de Teconsa. El actual presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, declaró en su día que no conocía de nada a Correa y que el expediente de adjudicación de la obra era "impecable". (www.elpais.com, 06/10/09) 99. CASTILLA Y LEÓN SANCIONA A UN EX CARGO POR LA TRAMA SOLAR La Junta de Castilla y León ha ratificado que su ex secretario territorial en la provincia de Zamora Manuel Méndez, participó en la concesión irregular de licencias para la instalación de placas fotovoltaicas en su propio beneficio o en el de sus familiares. Se trata de un nuevo capítulo del conocido como el caso de los parques solares que salpica al Gobierno regional y al PP de la comunidad desde el pasado verano y que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios dependientes de la Junta. Méndez fue uno de ellos, ya que, nada más estallar la polémica, en agosto de 2008, tuvo que dimitir de su puesto como representante en Zamora del Gobierno de Juan Vicente Herrera. Ahora, la Junta propone una sanción de dos años y medio de suspensión laboral para él, que, según fuentes del Ejecutivo regional, ocupa un nuevo puesto en la consejería de Familia. En rueda de prensa el pasado martes, la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, explicó que la Junta "resolverá de forma inmediata los recursos planteados por seis de los funcionarios" que fueron apartados de sus cargos, entre ellos el del propio Méndez. También recurrió el ex secretario general del Gobierno regional en León, Javier Lasarte, que fue el primero que fue cesado de su puesto por el caso de los parques solares. El pasado mes de abril, el portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó lo que se confirmó en el caso de Manuel Méndez. Al parecer, la Junta ya sopesaba sancionar a los expedientados


con entre uno y tres años de suspensión laboral por una falta de compatibilidad de sus puestos en el Ejecutivo regional con el negocio de los huertos solares. Desde el primer momento, la Junta defendió que el Gobierno regional reaccionó con "rigor y transparencia" sobre la presunta trama. Y en estos mismos términos se expresó la consejera Alonso. Pero no opinan lo mismo los socialistas castellano leoneses. El procurador del PSOE, Manuel Fuentes, lamentó este miércoles que, por el momento, no se hayan atribuido responsabilidades políticas. Asimismo, recordó que el PP rechazó, en septiembre del año pasado, la apertura de una investigación en las Cortes regionales al respecto. Y es que, en su opinión, "todavía hay mucho que investigar". En concreto, Fuentes justificó sus argumentos a través de una información publicada por este diario el pasado 15 de junio. Público desveló que la vicepresidenta de las Cortes castellano leonesas, Carmen Luis Heras, forma parte de una empresa con intereses en el sector fotovoltaico que, además ha gestionado la conexión a la red eléctrica de varias placas solares en Zamora. (www.publico.es, 30/07/09) 100. CASTILLA-LA MANCHA – REGIÓN DE MURCIA. LÓPEZ DEL HIERRO, PROMETIDO DE COSPEDAL, ES EL "INVENTOR" DE LA PROCLAMA MURCIANA "AGUA PARA TODOS" Corría el año 1979 cuando se desató la polémica. El gobernador civil de Toledo, nombrado por Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación (ahora Interior) y miembro del ala azul de UCD, concedía una entrevista a La Hoja del Lunes de Murcia en la que avalaba el flamante Trasvase del Tajo-Segura. Y lo hacía con una frase que daría pie al actual lema que enarbola Murcia contra Castilla-La Mancha para mantener el traspaso de agua: “Hay agua para todos”. Ahora, la confrontación podría resucitar, a la vista de que aquel joven gobernador, Ignacio López del Hierro, se convierte en el marido de María Dolores de Cospedal, número dos del PP y líder de los populares manchegos, firmes opositores del Trasvase. Este antiguo militante de UCD, que en su día fue el gobernador civil más joven de España, con 29 años, ahora está apartado de la política. Sin embargo, tampoco ha escapado de polémicas más actuales. Es el caso de su espantada de la Caja de Castilla-La Mancha, de donde huyó junto a los consejeros populares por orden de su prometida en medio de la mala situación de la entidad. “Agua hay para todos y lo que ha pasado con el trasvase Tajo-Segura es que cuando se realizaron las obras no se contó con las provincias afectadas”. Así hablaba López del Hierro en 1979, año en que se inauguró el trasvase, que ya empezó con polémica. Aquellas palabras parecen resonar todavía en las reivindicaciones murcianas y valencianas contra Castilla-La Mancha y que se encauzan bajo el lema: “Agua para todos”. La voz del Tajo reprodujo a finales de aquel agosto las palabras que Del Hierro había pronunciado ante la hoja murciana, acompañadas de críticas del entonces alcalde de Toledo, Juan Ignacio de Mesa; del presidente de la Diputación, Gonzalo Payo Subiza; del “alcalde accidental” de Talavera, Julián E. González; y del dirigente del PCE de Toledo, Gabriel Ramos Aparicio. Tal debió ser la convulsión que en la misma página se incluía un artículo con “precisiones” de Del Hierro. “Esta frase de si hay agua para todos, aunque no sé si la pronuncié o no (…), la dije en un concepto general, es decir, dentro de una conversación, no como una frase sola”, defendía el futuro marido de Cospedal. Quizás, esta actitud de estar en misa y repicando al mismo tiempo, más que enfurecer a la dirigente popular puede haber supuesto el definitivo flechazo. Y es que Cospedal podría haber encontrado a su pareja ideal, a la vista de los juegos de malabares que también la dirigente popular debe realizar debido a su doble faceta de número dos del PP nacional y número uno del PP manchego. Así las cosas, Cospedal se suele ver obligada a rechazar con vehemencia el Trasvase del Tajo-Segura de cara a los manchegos, al tiempo que tiene que apoyar los intereses de sus compañeros de partido, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, partidarios de aquel “Agua para todos” que inauguró su prometido. Por ejemplo, hace casi un año, Cospedal evitó ir al Congreso de los Diputados a defender el Estatuto de Castilla-La Mancha (que había pactado con el PSOE manchego y que preveía el fin del Trasvase para 2015) para no levantar aún más ampollas en el núcleo del PP. Esta falta de sentido común fue criticada por


Valcárcel: “Cospedal juega a cierta ambigüedad. Le he oído asumir en su totalidad el Estatuto y, horas después, asumiendo la totalidad de la política hídrica del PP adoptada en el Congreso de Valencia”. A partir de ahora, seguro que de Cospedal y López del Hierro tienen un tema apasionante sobre el que debatir encendidamente y con el que llenar el que esperamos que sea un largo futuro marital. Seguro que consiguen una mayor sintonía sobre el Trasvase que la que mantiene Cospedal con Valcárcel. (www.vegamediapress.com, 03/09/09) 101. ISLAS CANARIAS. ISLAS CANARIAS. 'CASO FAYCÁN': LA TRAMA SE IDEÓ PARA FINANCIAR AL PP LOCAL El juez del 'caso Faycán', Francisco Javier García García-Sotoca, ha dictado el auto por medio del cual la instrucción pasa a procedimiento abreviado y solicita el escrito de calificaciones del fiscal, para que éste exponga los argumentos de la acusación. En su escrito, el juez diseccionado un entramado de presuntas corrupciones que tendría como planteamiento inicial la financiación ilegal del Partido Popular de Telde. Seguidamente, el juez concluye que, a la hora de la verdad, no constan ingresos irregulares en el PP, sino que todas las comisiones pasaron al "peculio privado" de varios de los imputados. En concreto, señala al ex alcade Francisco Valido y a la ex concejal María Antonia Torres, su esposo Enrique Orts (interventor municipal) y el ex concejal de Hacienda Carmelo Oliva como ejes de la trama. El magistrado, al mismo tiempo ha dictado el sobreseimiento de las imputaciones a varios de los encausados en el 'caso Faycán', entre los que se encuentran los ex ediles del Partido Popular (PP) Sonsoles Martín, José Suárez y Domingo Ramírez, y a la ex edil de CIUCA Candelaria Sánchez se le sobreseen dos de los delitos que se le imputaban, el de tráfico de influencias y cohecho. En la lista de imputados en el 'caso Faycán' se mantienen, entre otros, María Antonia Torres, considerada la cabecilla de esta presunta trama de corrupción en Telde; su marido, el interventor municipal Enrique Orts, hoy día apartado provisionalmente de sus funciones; el ex asesor de Torres, Francisco Gordillo; el ex alcalde Francisco Valido Sánchez, y los ex concejales María del Carmen Castellano, Carmelo Oliva , Candelaria Sánchez y Guadalupe López. El total de imputados queda ahora en 37 personas, pasando de 53 a 37. (www.canarias7.es, 10/02/09) 102. ISLAS CANARIAS. EL JUEZ IMPUTA A UN EX CONCEJAL DEL PP NUEVOS DELITOS DE COHECHO EN EL CASO ARONA El juez del "caso Arona" ha imputado al ex concejal del PP del Ayuntamiento de Arona Félix Sierra Melo nuevos delitos de cohecho y tráfico de influencias, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sierra Melo, que ya estaba imputado por prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio, ha declarado en el juzgado de primera instancia e instrucción Nº 7 de Arona. El "caso Arona", sobre supuesta corrupción municipal, se inició tras la presentación en 2007 por parte de la Fiscalía Anticorrupción de una querella contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona durante los años 2003-2007 Todavía prestarán declaración en el mismo juzgado Antonio Luis Sosa Carballo, imputado por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación; y Clara María Pérez Pérez, imputada por prevaricación y tráfico de influencias. (www.canarias7.es, 10/09/09) 103. ISLAS CANARIAS. EL EX ALCALDE PEPERO DE TELDE Y OTRAS 10 PERSONAS, DETENIDOS POR CORRUPCIÓN Los escándalos de corrupción golpean otra vez la localidad grancanaria de Telde. La Policía ha detenido a once personas, entre ellas el ex alcalde y actualmente miembro del comité local del PP, Francisco Valido, ya imputado por cuatro delitos de corrupción por el Caso Faycán, y el ex jefe de Urbanismo, José Luis Mena, también implicado en el mismo caso.


Los detenidos en esta nueva trama son empresarios, arquitectos y funcionarios municipales acusados, al menos, por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental, aunque aún no se han determinado comisiones ni cantidades económicas concretas. El caso está relacionado con la redacción de la nueva ordenación urbanística de varias parcelas y fue denunciado por el propietario de uno de los terrenos, el promotor Félix Machín, quien asegura que hubo trato de favor desde la concejalía de Urbanismo que permitió edificar en unos terrenos donde hasta entonces no se dejaba Fuentes de la investigación han confirmado a ELPAÍS.com que esta sigue abierta y que se esperan más detenciones. (www.elpais.com, 11/11/09) 104. REGIÓN DE MURCIA. LOS IMPUTADOS 'RECOLOCADOS' POR EL PRESIDENTE VALCÁRCEL - Antonio Alvarado. Gerente de la Fundación Cluster. Ex director general de Calidad Ambiental, ahora llamada de Planificación y Control Ambiental, a la que sigue adscrito como asistente. Firmó la declaración de impacto ambiental que permitió reclasificar terrenos protegidos. - Encarna Muñoz. Ex directora general del Medio Natural y ahora directora ejecutiva del Parque Científico de Murcia. Retiró la protección a parte del suelo de La Zerrichera. - Manuel Alfonso Guerrero. Ex director general de Vivienda y Urbanismo, ahora responsable del Urbanismo en Lorca. Firmó el planeamiento declarando la finca urbanizable cuando un año antes hizo un informe en contra. - José María Ródenas. Subdirector de Vivienda y Urbanismo. Firmó primero en contra y luego a favor de la recalificación y acabó proponiendo la modificación del PGOU de Águilas con La Zerrichera como urbanizable. - Ignacio Sánchez Gelabert. Era jefe del servicio de Calidad Ambiental y ahora mantiene el mismo puesto en la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Informó de forma positiva pese a que el suelo estaba incluido en la Red Natura. - Juan Ramírez. Alcalde de Águilas. Convocó un pleno para recalificar los terrenos antes de estar aprobada la declaración ambiental positiva. - José López. Ex concejal de Águilas. Es el único que ha dimitido. Compró una parte de la finca y luego la vendió al empresario Trinitario Casanova antes de votar favorablemente en el pleno a la recalificación. (www.elpais.com, 07/03/09) 105. REGIÓN DE MURCIA. LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS GOBERNADOS POR EL PP EN MURCIA, BAJO SOSPECHA EN LOS TRIBUNALES En el mapa de la corrupción de España, Murcia se lleva la palma. Actualmente hay al menos 11 alcaldes imputados por diversos delitos urbanísticos. Todos ellos conservan el cargo. Desde noviembre de 2007 hasta ahora, tres regidores elegidos en las listas del PP han sido detenidos: el de Totana, el de Torre Pacheco y el de Librilla. El asunto más relevante hasta la fecha lo constituye el llamado caso de La Zerrichera, donde se investiga la recalificación de un espacio protegido en el municipio costero de Águilas. Águilas: ‘caso Zerrichera’ y Hacienda El Hornillo Águilas tiene abiertos dos frentes. Por una parte el caso “Zerrichera”, y por otro Hacienda El Hornillo. En el primero están imputados el alcalde, Juan Ramírez, el empresario Trinitario Casanova, directores generales, empresarios y también el ex consejero y ex delegado del Gobierno Francisco Marqués, quien fue detenido en Madrid y se encuentra en libertad sin fianza pero con cargos. A Marqués se le encontraron 50.000 euros en billetes de 500 en un trastero de una casa suya. Marqués sería también quien con sus declaraciones puso sobre aviso la presunta corrupción en Águilas, a través de la empresa Hacienda El Hornillo, quien entregó a Marqués, y a la consejera de Hacienda, Inmaculada García, pisos a un bajísimo coste. Los dueños de la empresa Hacienda El Hornillo también fueron detenidos y se encuentran en libertad sin fianza pero imputados por cohecho. Se trata del apoderado de la empresa José Cárceles, y el notario de Lorca y presidente de Hacienda El Hornillo Sebastían Fernández.


Totana: ‘operación Tótem’ En Totana, entre otros, fue detenido el alcalde José Martínez Andreo, quien tras pasar dos meses en prisión fue puesto en libertad provisional. Andreo continua al mando del consistorio y se deja ver con altos cargos del PP en Murcia. Junto a él también fue detenido, y en libertad bajo fianza de 200.000 euros, el anterior alcalde de Totana y diputado regional del PP Juan Morales. Hubo 18 detenciones para destapar una trama de corrupción, en donde el alcalde pedía importantes comisiones para recalificar terrenos. Alcantarilla El fiscal ha pedido seis años de cárcel para el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, por un presunto delito medioambiental de contaminación del río Segura a su paso por la ciudad. También está imputado el gerente de la empresa que gestiona el servicio de aguas de la localidad. Recientemente, IU acusó al alcalde y al consejero Bascuñana de gestionar una residencia de ancianos donde había habido abusos sexuales por parte de uno de los trabajadores contra un anciano. Torre Pacheco El alcalde de Torre Pacheco también estuvo en prisión, y se encuentra en la actualidad en libertad provisional. A pesar de su paso por la cárcel y las imputaciones sigue al frente del ayuntamiento. El arquitecto municipal también estuvo en prisión. Entre otros imputados se encuentran el empresario local Facundo Armero, uno de los fundadores de Polaris World, el secretario del ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. También el presidente de Polaris World, José Luis Hernández. Se les acusa de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Fuente Álamo. La alcaldesa, María Antonia Conesa, estaba imputada por delitos similares a los de Torre Pacheco. Algunas de las presuntas actuaciones delictivas se cruzan entre los dos municipios vecinos. Se imputó a tres concejales y al arquitecto municipal. Abanilla Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos. Archena Existen varias denuncias contra el alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y la primera teniente de alcalde, Patricia Fernández. El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización. Por otra parte, la edil del PP Patricia Hernández mintió para darse de alta como funcionaria en ASISA, recibiendo prestaciones de la compañía durante los últimos años. En su solicitud, declaró ser funcionaria, y el ayuntamiento le ha estado pagando la cuota de ASISA. Cieza La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo. Villanueva del Río Segura Actualmente se llevan diligencias en los juzgados de Cieza contra el alcalde, José Luis López Ayala, y la corporación municipal, por la construcción de la urbanización La Morra, en pleno corazón del Valle de Ricote. La urbanización no tiene autorización para agua de la Confederación Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, además de ocupar parte de zona de dominio público hidráulico del río Segura. Ulea El alcalde firmó siete convenios urbanísticos, que convertirían a esta localidad de 900 habitantes en una ciudad de 65.000 personas, con campos de golf y hoteles. El alcalde José Bolarín, tiene varias denuncias en el juzgado, tanto relativas al plan urbano, como a la presunta manipulación del censo municipal. Se puso


un sueldo de 4.150 euros mensuales más dos pagas extras y gastos de protocolo. Ulea es uno de los pueblos más pequeños y pobres de la Región de Murcia. San Javier El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal. Murcia En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Mula La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP. Puerto Lumbreras Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo. Cartagena La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo. Fortuna Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP les acusara de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida. Alguazas La Fiscalía ha pedido un año de cárcel para el alcalde, José Antonio Fernández Lladó, acusado de un delito medioambiental y contra el patrimonio, al haber autorizado la construcción de un restaurante en una zona histórica donde está situada la torre medieval conocida como la torre de Los Moros. El restaurante, a 25 metros del edificio histórico, es una réplica de la torre. Librilla La policía detuvo al menos a diez personas relacionadas con un presunto delito de corrupción urbanística. El alcalde José Martínez, y su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, ingresaron en prisión y posteriormente fueron puestos en libertad provisional. Los integrantes de la supuesta trama pudieron obtener 7 millones de euros. La balsa Jenny La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya fueron a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel. El expediente se encuentra en paradero desconocido. (www.vegamediapress.com, 18/05/09) 106. REGIÓN DE MURCIA. UN EX CONSEJERO DEL PP DE MURCIA TENÍA 43.000 EUROS EN SU GARAJE El ex consejero de Medio Ambiente de Murcia Francisco Marqués guardaba 43.000 euros en billetes de 500 euros en el garaje de una de sus seis viviendas, que desde el pasado miércoles han sido registradas por los


agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía que le detuvieron en Madrid, según confirmaron fuentes de la investigación. Éstas resaltan que los agentes investigan una empresa que Marqués posee en Panamá y también un viaje que hizo a Suiza acompañado de empresarios. Marqués, que también fue consejero de Sanidad y durante dos meses delegado del Gobierno en Murcia bajo el Ejecutivo de José María Aznar, está imputado por cohecho y prevaricación por la reclasificación de un paraje protegido en el que una sociedad del empresario Trinitario Casanova Abadía pretendía construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. En el caso están imputadas otras nueve personas, entre ellas Casanova y el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez. La empresa de Casanova compró la finca de La Zerrichera a un grupo de agricultores por un precio de 30 millones de euros. Tras aprobar el Ayuntamiento de Águilas (PP) la reclasificación, Casanova vendió el proyecto a una empresa de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por 105 millones, lo que supone un beneficio de 75 millones de euros sin poner un ladrillo. Las denuncias de los grupos de la oposición y la investigación inicial del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, coincidió con la salida de Marqués del Gobierno de Valcárcel, que fichó con un sueldo millonario por la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, una de las mayores empresas de Murcia. El sucesor de Marqués en Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó el proyecto. , el consejero de Agricultura y Medio Ambiente murciano, Antonio Cerdá, aseguró en La Verdad que en La Zerrichera "no se pondrá ni un ladrillo". Marqués se declaró "inocente, por supuesto", al ser preguntado por los periodistas cuando salía de la Comisaría de Policía Nacional de Murcia para pasar a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Antonio Alcázar. Por otra parte, la Junta de Fiscales de Murcia emitió una nota en la que se defiende de los ataques del PP. En ella, aclara que "ninguna de las querellas o denuncias presentadas por la fiscalía han sido archivadas por juzgado o tribunal alguno", en relación a las críticas del PP de que las causas en Murcia abiertas por el fiscal habían sido archivadas. La fiscalía aclara que si hay casos cerrados es porque la propia fiscalía los archivó. Sobre la acusación de que sólo actúa contra cargos del PP, la Junta de Fiscales aclara que ha interpuesto "ocho denuncias o querellas" a responsables del PP y tres contra responsables del PSOE y que además fue su actuación la que permitió reabrir la denuncia del PP contra un ex alcalde socialista. (www.elpais.com, 07/03/09) 107. REGIÓN DE MURCIA. EL CONSEJERO DE CULTURA SE GASTA PARA ESPECTÁCULOS 20 MILLONES DE EUROS EN DOS AÑOS Los madrileños que pasearon por Callao esta primavera pasada vieron, quizá asombrados, un cartelón de una veintena de metros de alto desde el que un ‘tipo’ con aspecto de profesora les llamaba la atención sobre la excelencia no típica de Murcia. Era el mismo personaje que también pudieron ver todos los españoles en sus pantallas de televisión profiriendo un alarido pseudo-operístico para que fijaran sus mentes en los atractivos turísticos de esa región uniprovincial del rincón sureste de la piel de toro. Fue la última, hasta el momento, gran boutade cultural del responsable regional de la cosa, Pedro Alberto Cruz, quien desde su nombramiento en junio de 2007, ha gastado más de veinte millones de euros en promociones culturales cuanto menos discutibles. O al menos, así les parece a representantes de algunos sectores culturales de la Región. A otros, que participan de la fiesta, obviamente no. La última ha sido la participación con un pabellón “de Murcia” en la Bienal del Venecia, que ha acogido a un solo artista de la comunidad y ha costado unos 240.000 euros, según lo publicado en la prensa regional recogiendo información oficial. Con ese último cuarto de millón de euros, las cuentas, no exhaustivas, de gasto en “eventos” artístico-culturales han llegado a los casi 20 millones de euros desde junio de 2007. Lo del profesor antropólogo estrambótico y gritón que se hacía llamar Vladimir Karabatic, de procedencia croata, y que en realidad era el actor catalán Josep Seguí, no dejaría de ser una más de las salidas de pata de banco con pretensiones de ultramodernidad –o posmodernidad– a que tiene acostumbrada la Consejería de Cultura a los murcianos, si no fuera porque la broma costó tres millones de euros, más otros 600.000 para pagar el lema (‘Murcia no typical’) “inventado” por el falso profesor. Pero ésa no es más que la punta del iceberg de un Gobierno cuyo presidente, Ramón Luis Valcárcel, tío


político del consejero, alardea de tener la estructura más reducida de las 17 autonomías españolas. Sólo Cataluña se permite el lujo de ir por libre a Venecia. Los críticos a esa política de dispendio cultural se preguntan si los 50 millones de euros ahorrados en los últimos meses (diciembre-junio), según anunció el Ejecutivo regional a principios de junio pasado, han servido para pagar los dos millones y medio de euros, Cruz dixit, gastados en el festival SOS 4.8 de mayo de 2009, superando el millón novecientos mil usados en la edición de 2008. En ese año, nada más hacerse cargo de la Consejería, Pedro Alberto Cruz utilizó 776.000 euros en el polémico festival bianual PAC (Proyecto de Arte Contemporáneo) 2008, según se publicó en su momento. Otro festival oficial de arte, el Alter Arte, tuvo 250.000 de presupuesto. La Agencia de las Artes, 500.000. Y el Plan de Dinamización-Impulso de la Industria Cultural, la friolera de 9,7 millones de euros. La lista hasta llegar a los 20 millones de euros en dos años no es exhaustiva, pues no incluye lo gastado o presupuestado para la nueva sede de la Editora Regional o el Centro de Investigación y Fomento del Diseño o el nuevo Archivo Musical, por poner dos ejemplos. Ni las subvenciones de la Consejería en 2009 que serán de 3.819.000 euros. La perspectiva es que el sobrino político del presidente regional continúe con su política de coleccionar famosos nombres que visitan Murcia, dicen sus críticos. Quienes la aceptan como buena esgrimen que la región está ya en primera línea del arte y el espectáculo mundial, gracias a esa política precisamente, aunque siga a la cola de la mayoría de los índices socioeconómicos entre todas las autonomías españolas. Cruz, indiferente a las críticas, piensa continuar en la misma línea. El PAC 2010 tendrá más presupuesto que el del 2008. La novedosa participación murciana en la Bienal Europea en Viena, costará tres millones de euros, lo mismos que la pasada campaña del falso antropólogo croata Karabatic. Aunque, quizá en un rasgo de sensatez probablemente debido a la situación de crisis económica, el consejero se ha dirigido a través de la prensa local a la nueva ministra socialista de Cultura, Ángeles González Sinde, para que le ayude con los fastos vieneses. Y así sucesivamente. (www.vegamediapress.com, 10/07/09) 108. REGIÓN DE MURCIA. LA GUARDIA CIVIL SOSTIENE QUE MORALES NO PUEDE JUSTIFICAR 647.592 EUROS Y QUE ES DUEÑO DE LA VIVIENDA DE IGUAZÚ La Guardia Civil sostiene que el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, “no puede justificar la procedencia” de 647.592 euros, parte de los cuales fueron transferidos a Brasil. Asimismo, asegura que es “el verdadero propietario” de la vivienda y del local comercial construidos en Foz de Iguazú, donde el político tenía previsto retirarse con su novia brasileña, Vaneide Freita. Así se recoge en el informe patrimonial ordenado por el Tribunal Superior de Justicia y realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Después de prestar declaración ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado que instruye la causa por posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo de dinero a raíz de la Operación Totem, el ex alcalde de Totana manifestó que la Guardia Civil había elaborado “un informe falso” que habla de cantidades en las que él no tiene nada que ver. Dicho informe está basado en las declaraciiones efectuadas en Brasil a nueve testigos, entre ellos la madre y el hermano de Vaneide Freita; así como al director y al gerente del Banco de Bradesco y del Banco de Brasil, respectivamente. Los investigadores concluyen que Morales envió a Brasil un total de 347.592 euros, y que para ello “utilizó a Vaneide Freita y a Claudia Rodrigues”, esta última amiga del diputado murciano antes de conocer a su novia actual. De esta cantidad, 288.159 euros fueron enviados a una cuenta del Banco de Brasil de las que son titulares Vaneide Freita y su madre Nair Dos Santos. Otros 47.933 euros se transfieron a otra cuenta del Banco de Bradesco a nombre de Vanilson Dos Santos y su madre Nair Dos Santos. Por su parte, Claudia Rodrígues recibió 11.500 euros de Juan Morales. En relación a la vivienda construida en Foz de Iguazú, la Unidad Central Operativa sostiene que Morales “es el verdadero propietario”. Explica que según el ingeniero civil que realizó el proyecto de construcción, el inmueble sstá valorado en 250.000 reales brasileños (unos 86.565 euros) y que la propietaria nominal es Vaneide Freita. En el balance patrimonial, el informe señala que Morales no puede justificar la procedencia de las remesas enviadas a Brasil ni otros 300.000 euros detectados en el curso de las diligencias.


En las declaraciones realizadas en Brasil, la UCO señala que la madre y el hermano de Vaneide no pudieron justificar cómo la vivienda fue sufragada por la familia. Asimismo, un corredor de inmuebles brasileño, Jilson José Pereira, manifestó que fue Morales quien dirigió la negociación para alquilar el bajo comercial del inmueble. Explicó que el ex alcalde “daba órdenes a los empleados sobre la mejor manera de colocar ciertas reformas, cristales y pasamanos”. (www.laverdad.es, 15/10/09) 109. REGIÓN DE MURCIA. LOS MILLONARIOS SUELDOS Y GASTOS DE LOS "AUSTEROS" POLÍTICOS "POPULARES" MURCIANOS En tiempo de crisis económica como el que se está pasando es muy recomendable conocer lo que cobran del erario público, de los impuestos de todos los ciudadanos, los cargos políticos. En el caso de la región murciana, donde la mayor parte de los cargos públicos está en manos del Partido Popular, cuyo presidente es Ramón Luis Valcárcel, y su secretario general, Miguel Ángel Cámara, sus sueldos y gastos se detallan a continuación en las antiguas pesetas, para que los lectores puedan verlos con más claridad. Valcárcel cobra más de trece millones de pesetas anuales, además de disponer de ocho millones como presidente de la comunidad, y otros ocho mil millones de pesetas al año en concepto de gratificaciones, asesores personales, material de oficina y llamadas de teléfono. Su correligionaria en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cobra de sueldo unos 15 millones anuales, y el ‘popular' alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, otros tantos. Miguel Ángel Cámara cobra otros trece millones de sueldo como alcalde de Murcia, más otros 60 millones para gastos de la alcaldía. La alcaldesa de Cartagena, la ‘popular’ Pilar Barreiro, cobra un cuarto de millón por cada asistencia a pleno municipal, más su sueldo como diputada del Congreso, en donde cobra un sueldo mínimo de medio millón de pesetas mensual, a lo que hay que añadir las sustanciosas dietas como parlamentaria de provincias. Los alcaldes de Molina de Segura, Eduardo Contreras, y Mazarrón, Francisco Blaya, no se quedan atrás y cobran 14 millones de sueldo cada uno, además de los gastos de protocolo. Los siete concejales del PP de este último municipio cobran más de siete millones de pesetas anuales cada uno. El alcalde de un municipio con 2.000 habitantes como Villanueva, José Luis López Ayala, también del PP, cobra siete millones de pesetas al año, que compatibiliza con sus negocios de asesoría y hostelería. Además, este ayuntamiento gasta 8,9 millones en protocolo; 6,6 en telefonía; 19,4, en material de oficina; 9,9, en propaganda, y 6,6 millones de pesetas, en reuniones y conferencias. Pero más cobra su correligionario del PP y alcalde de Ulea, de 800 habitantes, que supera los nueve millones de pesetas de sueldo al año. El de Ulea, Víctor Manuel López, la mitad que su compañero de partido, pero que suma después otros gastos. El de Ricote (1.300 habitantes), el también ‘popular’ Miguel Ángel Candel, cobra casi lo mismo que el de Ulea, pero estando a “tiempo parcial” en el Ayuntamiento, pues tiene que atender sus clínicas veterinarias de Archena y Blanca, además de disponer de mil euros mensuales para gastos “sociales”. Juan Ramírez, alcalde de Águilas, cobra también más de diez millones de pesetas al año. El de Alcantarilla, Lázaro Mellado, doce millones, al que suma 55 millones de gastos de protocolo de la alcaldía. El de Cieza, Antonio Tamayo, o concejales de su ayuntamiento, como Joaquín Ruiz, María Antonio Giménez, Concha Marín o María José García, también todos del PP, unos diez millones cada uno. También una concejala de las Torres de Cotillas como Yolanda Muñoz (PP) se lleva al año de sueldo otros diez millones de pesetas. Un concejal de Archena, como Pedro José Martínez, seis millones, y su compañera de partido en este ayuntamiento, Patricia Hernández, cuatro millones al año por atender a los vecinos a tiempo parcial seis horas a la semana. (www.vegamediapress.com, 18/09/09)

110. ISLAS BALEARES. MATUTES COMPRÓ CAN BONAFÉ SÓLO UN DÍA ANTES DE QUE SE FIRMARA LA AUTOPISTA

Los terrenos de Can Bonafé que el Govern de Jaume Matas expropió para la construcción de la autopista ibicenca habían sido adquiridos sólo un día antes de que se aprobara el citado proyecto, el 16 de abril de 2003. El conseller Jaume Carbonero desveló en sede parlamentaria esta particularidad del contrato que


supuso el ingreso de 5,8 millones de euros para la agrupación Fiesta Hoteles, del grupo del financiero y ex ministro ibicenco Abel Matutes.

La firma compró por algo menos de un millón de euros –según diversas fuentes– estos terrenos a un particular, José Luis Ayguavives Tur. Apenas un día después, el Govern de Jaume Matas firmaba el proyecto; pero en el proceso de exposición pública los terrenos seguían a nombre de Ayguavives, y se especifican 11.462 metros de expropiación, 12.283 de ocupación temporal y 1.369 de servidumbre de paso de la finca, que fue valorada por el Govern por 150 euros el metro cuadrado, según la plataforma antiautopista, aunque el precio original había sido de 9,8 euros.

Sin embargo, tal expropiación se hizo de manera incorrecta, considerando urbano un terreno calificado urbanizable. Ambos problemas, según dijo el conseller Carbonero fueron "destapados y resueltos" por el Govern del Pacto, y se preguntó retóricamente "qué hubiera pasado" de haberse mantenido el PP en el poder. Como resultado de tales pesquisas, Matutes se ha visto obligado a devolver 3,5 millones de euros al Ejecutivo.

"O desconoce usted la realidad o miente", señaló Carbonero al diputado Josep Juan Cardona, que acusaba al conseller de dar un trato de favor al senador Pere Torres, en idéntica situación que Matutes. "Quisiera creer lo primero", dijo Carbonero, con escepticismo. El titular de Obras Públicas detalló ante la Cámara el estado de todos los expedientes de expropiación. En total se han pagado 15,22 millones de euros por 323 fincas, de manera que únicamente quedan 218 solares cuyos expedientes, según manifestó, seguramente vayan al Juzgado Provincial de Expropiación.

(www.diariodemallorca.es, 13/05/09)

111. ISLAS BALEARES. HACIENDA AFIRMA QUE EL ´PALACETE´ DE MATAS VALE EL TRIPLE DE LO QUE DECLARÓ La Agencia Tributaria en Balears ha constatado en un informe entregado a la Guardia Civil que la vivienda que posee el matrimonio Matas-Areal en la calle San Felio de Palma tiene un valor real de tres millones de euros. Es decir, Hacienda afirma que el conocido "palacete" de Matas vale el triple de lo que declaró el ex president Matas para justificar esta compra con los ingresos económicos que percibía como político en activo. Este informe de los peritos de Hacienda fue solicitado por la Guardia Civil, y se ha añadido a la amplia documentación que recoge toda la investigación sobre el patrimonio del ex president, que tras perder el poder en las últimas elecciones autonómicas decidió trasladar su residencia a Estados Unidos. La Guardia Civil lleva meses intentando aclarar cuál es exactamente el patrimonio que tiene el ex president, ya que hay fundadas sospechas de que se habría enriquecido ilegalmente aprovechando su cargo público.Dentro de todas las operaciones inmobiliarias que rodean el patrimonio del ex president, la más sospechosa de todas es el "palacete" que adquirió hace pocos años el matrimonio Matas-Areal. Se trata de una lujosa casa de una superficie de más de 400 metros cuadrados que está enclavada en una antigua casa señorial del casco antiguo de Palma. Es una finca que era propiedad de una orden religiosa, que se vendió para realizar pisos. La finca se dividió en siete viviendas. Jaume Matas y su esposa adquirieron la más grande de todas. En la documentación que tiene en poder la Guardia Civil figura un precio catastral del "palacete" de 251.334 euros. Pocas veces el valor catastral coincide con el valor real de la finca. Matas ha declarado que pagó algo más de un millón de euros por esta casa (sin reformar) y que la pudo comprar tras vender un chalet que tenía en la barriada de Cas Català y con una hipoteca. Con este préstamo abonó los gastos de reforma, aunque los investigadores han comprobado que el ex president ya ordenó que se iniciaran obras en la finca mucho antes de que comprara el piso. Este millón de euros que, según afirma Matas, vale la casa, en nada coincide con el valor que señala el informe de los inspectores de Hacienda, que han realizado un estudio de mercado de esta zona de Palma para alcanzar esta conclusión. Durante la investigación de la denominada "Operación Buckingham" que se realiza bajo la supervisión de la fiscalía Anticorrupción, se ha llamado a declarar a más de 30 personas, entre las que se incluye a albañiles y decoradores que han trabajado en la equipación de la casa. También se ha hablado con propietarios del mismo inmueble. Uno de ellos, por ejemplo, ha afirmado que compró su piso, que tiene la mitad de superficie que la vivienda del ex president, por un valor de 1,7 millones de euros. A juicio de los investigadores, este vecino sí habría abonado por su casa el valor que marca el mercado en una de las mejores zonas de Palma. Lo que desconocen los investigadores es cuánto dinero llegó a pagar Matas por esta finca, aunque sospechan que si es verdad que sólo abonó el millón de euros, este precio tan bajo habría sido a cambio de algún favor político.


Además del "palacete" la Guardia Civil sospecha que el matrimonio posee un lujoso piso en Madrid, que figura a nombre de un ex conseller de su gobierno, donde residen en la actualidad los hijos del ex president. La persona que figura como propietario afirma que Matas le paga un alquiler. (www.diariodemallorca.es, 22/04/09) 112. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DICE QUE MATAS COBRÓ MÁS SOBORNOS DE JOSÉ LUIS MORENO Luis Velasco, el principal testigo de cargo en unas diligencias de los fiscales anticorrupción contra una supuesta trama de corrupción político-empresarial en torno a la primera etapa de la televisión autonómica, IB3, postula que su ex jefe, el productor y artista José Luis Moreno, pagó al ex president del Govern del PP Jaume Matas otros sobornos, aparte del que ya denunció que le había abonado en una gala en el Casino de Mallorca. De forma paralela, el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, estudia las diligencias de sus subordinados Horrach y Carrau sobre el supuesto desfase patrimonial de Jaume Matas para decidir si denuncia el caso o lo cierra. La fiscalía general del Estado sí que ha autorizado la prórroga, por un máximo de otros 6 meses, de las diligencias informativas que los fiscales anticorrupción de Balears abrieron en diciembre pasado respecto a una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la primera etapa de IB3. En las diligencias también aparece como sospechoso Jaume Matas, defendido por Rafael Perera. Luis Velasco, un ex directivo de IB3 y antiguo hombre de confianza del productor José Luis Moreno en Balears, acusa a Matas de haber cobrado un soborno de 250.000 euros, en billetes de 500, durante la gala inaugural de la televisión del Govern, celebrada el 4 de septiembre del 2005 en el Casino de Mallorca. Velasco, al que en medios de la investigación se da credibilidad, pese a que fue denunciado por Moreno por amenazas y acoso, mantiene que su ex patrón dio en su presencia al president del Govern el sobre y, más tarde, le comunicó que ese era el "primer pago" para Jaume Matas. La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga este caso, y el del incremento patrimonial dudoso, y planea citar a declarar a Maria Umbert y a Arturo Orrico, dos de los máximos responsables de la televisión autonómica en esa época. Velasco ha vinculado a Umbert y Orrico con otros pagos sospechosos de Moreno. Umbert, defendida por Josep Zaforteza, ha negado tajantemente los hechos. El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, está estudiando el contenido de las diligencias informativas contra el ex líder del PP balear Jaume Matas, cuya prórroga no ha autorizado el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. No obstante, cualquier ciudadano o colectivo pueden denunciar ante el juez a Matas e, incluso, ejercer la acción popular e impulsar las pesquisas contra el ex dirigente conservador. El fiscal general dejó en manos del fiscal superior de Balears la posibilidad de denunciar el caso Matas ante el juez de guardia o darlo por cerrado. Con independencia de la postura de Barceló, cualquier persona podría acudir ante el juez o la Policía y denunciar a Matas y a sus posibles cómplices, en calidad de cooperadores necesarios o testaferros. Esta denuncia, de ser asumida por el juez, supondría la apertura de unas diligencias previas, a las que se uniría todo el material de las pesquisas ya efectuadas por fiscalía y por Guardia Civil, que ha rastreado a fondo el patrimonio de Matas y las compras efectuadas por su familia. (www.diariodemallorca.es, 13/07/09) 113. ISLAS BALEARES. EL GOVERN DE MATAS ADJUDICÓ CONTRATOS POR 1,2 MILLONES AL ESTRATEGA ELECTORAL DEL PP Las agencias de publicidad encargadas de organizar la campaña del PP en 2007 consiguieron contratos millonarios del Govern de Jaume Matas. Una de estas empresas, la madrileña Over MCW, recibió encargos de la Administración Autonómica valorados en más de 1,26 millones de euros, casi 210 millones de pesetas. Esta firma ha trabajado de forma muy estrecha con los populares tanto en Balears como en la Península. Entre otras tareas, trazó la estrategia electoral de Matas en 2003 y 2007, colaboró con el político conservador durante su etapa en el ministerio de Medio Ambiente y diseñó la campaña de la actual presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.


Su nombre ha saltado a escena con motivo de la investigación del caso Palma Arena. El juez instructor y los fiscales anticorrupción se interesaron por Over MCW –administrada por Daniel Mercado– durante la declaración del ex gerente del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal. Hace tres años, la empresa de marketing madrileña también suscitó controversia, pero aquella vez en el Parlament de las islas. El diputado socialista Antoni Diéguez formuló una pregunta en la Cámara balear con motivo de una nota hallada en las dependencias del entonces conseller de Interior, José María Rodríguez. Ese papel remitido en 2005 por el administrador de Over MCW hacía referencia a unos trabajos futuros que debían desarrollarse en 2007, año de elecciones autonómicas y municipales. "Querido conseller, en las próximas semanas nos reuniremos con Miquel Ramis [entonces portavoz del PP] para otros temas de 2007", escribió el propietario de la agencia de publicidad. El contenido de aquella nota cobra vigencia a raíz de la investigación sobre el Palma Arena y los indicios de presunta financiación ilegal de los populares. El análisis de las adjudicaciones llevadas a cabo por las conselleries de Deportes y Vicepresidencia, en manos de Rosa Puig y Rosa Estaràs respectivamente, arrojan contrataciones millonarias a las agencias de publicidad que luego participaron en la campaña del PP. Estos dos departamentos hicieron encargos a Nimbus, del publicista imputado en el caso Miguel Romero, por 2,2 millones de euros. Muchos de los contratos se trocearon en paquetes de 12.000 euros para evitar su salida a concurso público. En el caso de Over MCW, las conselleries de Rosa Puig y Rosa Estaràs también fueron las más generosas. Le adjudicaron tareas por 450.000 y 287.000 euros respectivamente, tal como consta en una intervención parlamentaria del que era conseller de Economía y Hacienda, Ramis d´Ayreflor. (www.diariodemallorca.es, 04/09/09) 114. ISLAS BALEARES. HALLAN FACTURAS ‘HINCHADAS’ EN EL PALMA ARENA POR VALOR DE 4 MILLONES DE EUROS Cuatro millones de euros. Ese el importe del sobreprecio de las facturas en el complejo deportivo Palma Arena detectado por los peritos judiciales. Los peritos han elaborado varios informes a instancias del juez que instruye la causa bajo secreto desde que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia por una supuesta trama de corrupción en una de las principales obras impulsadas por el anterior Govern de Jaume Matas. Las facturas ‘hinchadas’ en el polideportivo, inaugurado en 2007, corresponderían a una serie de trabajos complementarios a la obra principal, algunos de ellos no ejecutados, cuyo elevado importe no se corresponde con los precios del mercado, según han declarado los peritos ante el titulard el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro. La causa inició su recorrido en los juzgados cuando el actual Govern presidido por Francesc Antich encargó una auditoría sobre el velódromo, que reveló un aumento sustancial del presupuesto inicial. El coste del Palma Arena ascendía, en principio, a un poco más de 48 millones de euros, pero esa cifra, prácticamente, se triplicó al final, hasta alcanzar los 110 millones, aproximadamente. La instalación está infrautilizada y presenta series deficiencias, tal y cómo pudo comprobar ‘in situ’ una comisión judicial en noviembre de 2008. 115. ARAGÓN. "PERO... ¡¿CÓMO DICE USTED?!" El PP de Aragón ha lanzando una campaña publicitaria para ser emitida en la radio en la que denuncia lo que considera la imposición del uso del catalán en la Comunidad Autónoma. En la cuña, de 20 segundos de duración, se reproduce cómo una mujer pregunta a un hombre en castellano: "¿Podría decirme donde está la plaza del Pilar?". "Gire a la derecha y todo recto", le contesta el interpelado en catalán. La respuesta (textualmente "Giri a la dreta i tot recte" en vez de "Gire a la derecha y todo recto") provoca la indignación de la señora, que alterada responde: "Pero... ¡¿cómo dice usted?!" Una voz en off remata el anuncio con una frase de intenciones: "Seguramente que a ti tampoco te parece normal. No a la imposición del catalán, no a la ley del PSOE. Partido Popular". La secretaria general del Partido Popular de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, ha entregado en la sede del Gobierno de Aragón las firmas que los conservadores han recogido en la campaña "No a la imposición del catalán", para la que han creado una página web dedicada en exclusiva a combatirlo.


(www.publico.es, 16/12/09) 116. EXTREMADURA. EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BADAJOZ GASTA 48.000 EUROS EN UN COCHE OFICIAL Las polémicas por las compras de coches de lujo por parte de dirigentes políticos no se limitan a las que en los días previos a las elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo salieron a la luz en Galicia. El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el popular Miguel Celdrán, ha aprobado la compra de un Volvo modelo S80 por un precio de 48.000 euros, una cifra que a la oposición socialista le parece escandalosa. Sobre todo porque el pasado mes de marzo se aprobó un “código ético de conducta” destinado a los cargos de la Junta para evitar que el gasto de los coches oficiales sobrepase los 30.000 euros. La idea de este código partió del propio PP, que pidió austeridad a los cuatro vientos después de que la vicepresidenta de la Junta adquiriese un Lexus valorado en 68.000 euros. Fue el pasado mes de noviembre cuando el PP extremeño, presidido por José Antonio Monago, puso el grito en el cielo al conocer que la vicepresidenta de la Junta, Dolores Aguilar, había adquirido como coche oficial un Lexus valorado en más de 68.000 euros. En plena crisis económica, cuando el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, desarrollaba un discurso de austeridad por la mala situación de las arcas extremeñas, la compra fue considerada por los populares un escándalo, y el propio Monago propuso la creación de un “código ético de conducta” para los dirigentes políticos. Fernández Vara estuvo de acuerdo: como “medida ejemplarizante” que le pedía el PP devolvió el Lexus y pidió disculpas públicas. Después, el pasado 31 de marzo, el citado código ético se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura y establecía que los consejeros de la Junta sólo podrán adquirir coches con un valor máximo de 30.000 euros, mientras que los vehículos de los directores generales no pueden superar los 18.000. Aunque PP y PSOE coincidieron en que esta norma debe extenderse a todos los ayuntamientos y organismos institucionales de Extremadura, de momento solo está aprobada para el Gobierno, y el alcalde popular de Badajoz no ha pasado esto por alto, desencadenando de nuevo la polémica. Miguel Celdrán, que desde el primer momento se mostró contrario al código ético alegando que a él le enseñaron la ética de niño y en su casa, no ha dudado en aprobar la compra de un Volvo S80 por un precio de 48.000 euros, muy por encima de la cifra máxima fijada en el código –pese a que ésta se refiere a los coches de la Junta, cuyo presupuesto, recuerda el PSOE, es muy superior al del Ayuntamiento pacense. La Junta de Gobierno local tomó la decisión tres días antes de la publicación del código ético, y no le dio ninguna publicidad, por lo que la oposición socialista de la ciudad denunció además la falta de transparencia al equipo de Gobierno. Por otra parte, el PSOE municipal recordó que en mayo del año pasado la Alcaldía había adquirido otro vehículo de la misma marca y modelo, en sustitución de otro coche más antiguo. Los socialistas, indignados, han pedido “que se paralice el proceso” de compra “porque si se lleva a cabo, se trataría del único alcalde de una ciudad de 150.000 habitantes que tiene dos Volvos”. Para la oposición, “Celdrán intenta quedar por encima del código ético de Monago” con este acto que consideran “una chulería y una provocación a los vecinos” por parte de su equipo. Este nuevo coche, que estaría al servicio de todos los concejales del equipo de Gobierno (el alcalde utiliza el otro Volvo mencionado), podría ser sustituido, según apuntan los socialistas, utilizando taxis “para los desplazamientos de los concejales”, una medida con la que además se ayudaría “a este sector de autónomos que no está en su mejor momento”. “Con 48.000 euros se pueden hacer 2.400 viajes por todos los barrios de Badajoz a una media de 20 euros el recorrido”, destacaron. Pero, Celdrán ya ha asegurado que no piensa devolver este nuevo coche, y trató de zanjar el asunto asegurando que “hay quien viaja en el coche de la Junta para ir a jugar al golf y lleva los palos en el maletero”. Además, aseguró que confía en esta marca y que no va a adquirir “uno 150.000 pesetas más barato para que dure dos años”. Además, el primer teniente de alcalde, Fco. Javier Fragoso, apuntó que los 48.000 euros fijan el precio de licitación de salida, “aunque probablemente el nuevo vehículo cueste menos”, y señaló que no se informó de esta compra porque en su momento no se consideró un asunto destacable. La indignación de la oposición se ha trasladado también a la ciudadanía y ha llegado hasta internet, donde una página web sugiera que si algún pacense quiere un coche, no tiene más que pedírselo al alcalde. "No te cortes, él no se corta: pídele un Volvo a Celdrán", apunta irónicamente la web. (www.elplural.com, 17/04/09)


117. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. EL PP DE NAVARRA NO ENCUENTRA LÍDER NI GANA AFILIADOS Después de la ruptura con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y tras 17 años, a finales del pasado octubre, el PP decidía volver a asentarse en la Comunidad Foral. El 28 de noviembre, el partido de Mariano Rajoy abrió su primera sede en Pamplona. Y este lunes, el líder conservador inaugura otra en Tudela. Pero el PP de Navarra (PPN) no termina de arrancar. Le fallan la falta de afiliación y la de un liderazgo claro y definido. Al frente del partido hay una comisión constituyente, coordinada por el senador José Ignacio Palacios. Entre las tareas que se le encomendaron estaban la de implantar el partido en los municipios más importantes y la de convocar un congreso, en el plazo de tres meses, para elegir a su presidente. Y aunque luego Rajoy habló de celebrar el cónclave fundacional durante "el primer cuatrimestre", éste no tiene fecha. Comienza a darse por sentado que se aplazará hasta otoño. Primero, porque en el PPN prefieren centrarse en las europeas y, segundo, porque sus dirigentes quieren aprovechar las fiestas patronales del verano para hacer pueblos y ganar afiliados. El tiempo les puede venir bien para encontrar a alguien que se ponga al frente. El grupo de personas que compone el PPN es muy heterogéneo y en las últimas semanas han comenzado los movimientos para hacerse con el control. Se manejan varios nombres. Hay quien ha tanteado a algún independiente, un sector está promoviendo al senador José Cruz Lapazarán y otro quiere impulsar a Javier Trigo, ex director general del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, concejal de Egües y primer cargo público de UPN que abandonó esa formación para ingresar en el PPN. También se habla de Nieves Ciprés, hija del último presidente de Alianza Popular. La ex concejala del Ayuntamiento de Pamplona afirmaba hace sólo unos días en el Diario de Navarra que se sentía "animada" a dar el paso. La decisión es muy delicada porque es común que quien se hace con las riendas sea la persona que se convierte en candidata a las elecciones. La cita es en 2011 y desde la sede nacional no ayudan a impulsar a un candidato. No parecen tener muy claro el perfil adecuado para enfrentarse a la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, de UPN. Hay en el PP quien piensa que el diputado Santiago Cervera podría encarnar la imagen joven y centrista, pero éste siempre se descarta y recuerda que tiene mucho trabajo que desarrollar en el Congreso. El miércoles, Palacios mantuvo que "no es momento de pensar" en un líder. Cuando se conozca el nombre del elegido habrá otros flecos pendientes, como la estrategia política a seguir. Aquí, se abren dos vías. Unos defienden que debe mantenerse cierta fluidez con UPN y que su electorado es el de derechas con profundas convicciones religiosas. Otro grupo apuesta por la moderación y por diferenciarse de los regionalistas defendiendo que estos están "en manos del PSOE" y en "declive". Además, tienen que concentrarse en buscar apoyos. Durante los días posteriores a la ruptura, más de 200 personas se adhirieron a través de Internet y algunos cargos de UPN se pasaron a sus filas. El pasado 20 de enero, el líder del PP entregaba carnés a los 200 primeros afiliados. Pero la situación se ha paralizado y, tal y como reconocen desde el PPN, la tarea está resultando más complicada de lo que se esperaban. (www.publico.es, 23/03/09) 118. LA RIOJA. A 200 POR HORA EN EL COCHE OFICIAL La legislación en materia de Tráfico no vale para el consejero de Presidencia del Gobierno conservador de La Rioja, Emilio del Río. Al menos eso es lo que denunció el PSOE de esa comunidad autónoma. Según el relato de los socialistas, Del Río exigió al conductor de un coche oficial saltarse los límites para llegar a Zaragoza antes de que partiera su tren. Tras la negativa del conductor, Del Río le habría quitado las llaves del Audi A6 y se habría puesto a conducir a más de 200 kilómetros por hora. El PSOE pide su cese o su dimisión. "Era materialmente imposible que se pudieran recorrer estos kilómetros en ese tiempo con las limitaciones de velocidad que marca la ley", recoge un comunicado de los socialistas, que critica la doble moral del Gobierno regional al pedir prudencia en la carretera y, al mismo tiempo, saltarse las normas y conducir peligrosamente. En el escrito, apuntan que "el Gobierno de Sanz hace aguas, sus consejeros no tienen ética, han tomado a La Rioja por su cortijo y se creen que todo les está permitido, creyendo que nada tiene consecuencias y que nadie osará reprobar sus conductas". Los socialistas añaden que el asunto se ha convertido "en la comidilla de cientos de funcionarios escandalizados por la irresponsabilidad del consejero de Presidencia". (www.publico.es, 18/12/09)


119. CIUDAD DE CEUTA. UNA MUJER DENUNCIA AL EX PRESIDENTE DEL PP DE CEUTA POR ACOSO SEXUAL Una mujer musulmana, de 33 años, muy cercana al PP, denunció ante la policía haber sufrido "acoso sexual" por parte del ex vicepresidente de Ceuta y ex líder del PP en la ciudad, Pedro Gordillo, que dimitió sin dar explicaciones hace 12 días. La mujer asegura que ella grabó con su teléfono móvil un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con Gordillo en el despacho, cansada del acoso que sufría desde principios de año por parte de Gordillo. Pero, dice, la grabación ha sido borrada y no pudo aportarla en su denuncia. No lo hace por venganza, sino por dignidad, asegura. "Me prometió que me iba a dar un trabajo evaluando las viviendas de protección oficial pero después me fue dando largas. Siempre decía que la cosa estaba muy mal y que yo tenía que hacer algo a cambio", relata. En su denuncia, la mujer explica que le contó a Mohammed Chaib, miembro del PP, que había sido víctima de malos tratos, estaba sin empleo y tenía dos hijos pequeños. Chaib se ofreció como intermediario para que pudiese hablar con Pedro Gordillo. En las primeras visitas al despacho de Gordillo, la denunciante afirma que el político siempre le daba un beso en la boca y cerraba su despacho. Allí, y en ocasiones en su casa, jura que se produjo el acoso. Lo cuenta así: "Me abrazaba nada más entrar al despacho y me apretaba fuerte contra él. Estaba muy excitado, me sobaba. Se ponía nerviosísimo. Me proponía sexo y me decía al oído que yo le ponía cachondo". Así, asegura, estuvo un tiempo yendo al Ayuntamiento, siempre con promesas de una vivienda, un trabajo, una ayuda. Ella, sin empleo, con dos hijos, con un desahucio en la casa, estaba en una situación límite. El 30 de octubre, un viernes, señala que salió del despacho con lágrimas en los ojos y se fue a ver a un pariente suyo, guardia civil. "Qué tonta eres", le dijo, "este hombre hace esto con muchas chicas, te ha engañado". Se hartó. Con la complicidad del pariente y un periodista que éste contactó, que ella asegura que trabaja en una televisión local, fue al despacho de Gordillo. Llevaba el móvil encendido, según su relato, con la cámara de vídeo activada. "Se ve cómo me da la mano y me lleva a una parte del despacho. Me dice cosas sucias. Me obliga a hacerle una felación". El martes, 3 de noviembre, el periodista pasó la grabación del móvil a un CD. "Esto le interesa a [Juan] Vivas [presidente de Ceuta] para quitarse de en medio a Gordillo", cuenta en la denuncia que dijo el periodista, que se queda finalmente con el CD. Relata la denunciante, el guardia civil y el periodista van a su casa y le piden el móvil. Se lo devuelven seis horas después "sin el vídeo, con todo borrado". La mujer, declara, nunca ha vuelto a saber nada de estas dos personas, a quienes pone nombre y apellidos en su declaración ante la policía. Le dicen, además, que es para enseñárselo a Vivas y a cuatro consejeros más. Dimitido Gordillo, número dos del Gobierno, una persona que estaba haciendo sombra al propio presidente, Vivas ahora tiene todo el poder. Según fuentes del PP, Vivas, nada más comenzar la crisis por la existencia de la grabación, se puso en contacto con la dirección nacional de su partido, y al cabo de varios días forzó la dimisión de Gordillo. Ahora él aglutina todo el poder en Ceuta. El PSOE local ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción en un escrito que investigue las causas de la dimisión de Gordillo y todo el escándalo. El Gobierno, por su parte, declara que no tenía nada que ver con este asunto. Vivas, al ser preguntado si él había visto el vídeo respondió: "No puedo contestar a eso". Este periódico se puso en contacto con el entorno de Gordillo para conocer su versión de la historia, pero él no quiso ponerse al teléfono. (www.elpais.com, 11/11/09) 120. CIUDAD DE MELILLA. EL PP NO RETIRARÁ LA ESTATUA DE FRANCO EN MELILLA SI DEFENSA NO LE DA OTRA UBICACIÓN El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, ha asegurado que no retirará la estatua de Franco de la ciudad, la única que queda en España en una vía pública, a no ser que el Ministerio de Defensa le busque otra ubicación en algún acuartelamiento o en el Museo Militar. Imbroda ha manifestado que la estatua se retirará para "llevarla a algún sitio concreto", por lo que se va a tramitar "por escrito" al Ministerio de Defensa la solicitud de que sea trasladada a alguna dependencia del Ejército. "Si no, si resulta que esto no está cuajando, se quedará ahí", ha afirmado la primera autoridad melillense.


Imbroda ha querido dejar claro que el monumento, que se encuentra situado en Melilla a la entrada del puerto de la ciudad, a los pies de las murallas antiguas, no está dedicada a Franco como caudillo, sino al comandante de La Legión que en 1921 salvó a la ciudad del sitio en el que se encontraba. "Estamos hablando del año 1921, de un militar y del Ministerio de Defensa", ha dicho el presidente, quien ha considerado que la estatua tiene poco sentido que se lleve a un museo civil o arqueológico, de ahí que se pida una ubicación a Defensa. En el caso de que no se encuentre otro emplazamiento, el mandatario autonómico ha aseverado que seguirá en el mismo lugar en el que se encuentra y en el que está como comandante de una unidad militar, no como Generalísimo. Según Imbroda, la llegada de La Legión hace más de 80 años al mando de Franco hizo posible que Melilla siguiera siendo española, por lo que ha señalado que esa figura no sólo le representa a él, sino a todos los que vinieron en aquellos momentos. "Si el Ministerio de Defensa nos dice que no se lo lleva a sus instalaciones militares, que a lo mejor nos dice que sí, nosotros en un museo no lo vamos a poner, por lo que se quedará allí", ha insistido. En opinión del presidente de Melilla, el hecho de dejar la figura de Franco no vulneraría la Ley de Memoria Histórica y ha señalado que, en ese caso, que sea el Gobierno de la Nación el que diga qué es lo que hay que hacer. No obstante, ha deseado que se busque un lugar a la figura del comandante Franco y ha aclarado que no fue él el que mandó colocarla, como tampoco fue el PSOE el que la ha querido quitar mientras gobernó en Melilla. El Gobierno melillense se comprometió públicamente en septiembre, durante el transcurso de una sesión plenaria, a retirar la estatua con el comienzo de las obras de la muralla a cuyos pies se ubica. Dichas obras ya han comenzado, por lo que, según Imbroda, "se apartará" para poder ejecutarlas y a la espera de que Defensa conteste sobre su futuro. Tras la retirada el pasado mes de diciembre de la estatua ecuestre de Santander, Melilla se quedó como único lugar de España con un monumento de Franco en la vía pública. A la escultura le acompañan tres placas, una con un escudo franquista, otra con un escudo de la ciudad y otra con la inscripción "Al Comandante de la Legión D. Francisco Franco Bahamonde 1921-1977". (www.publico.es, 13/04/09)

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