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Las 15 entradas más vistas del 2011

Por polémicas, incontestables, republicanas o constructivas, estas son las entradas que se

impusieron en nuestra cosecha 2011. Son las que ustedes eligieron para leer, compartir y

recomendar.

En su gran mayoría escritas por “ciudadanos y ciudadanas de a pie” desmitifican aquello

de que sólo nos interesa leer a los famosos. Lectura ciudadana hecha por ciudadanos,

estos son los textos que ustedes prefirieron.

La escuela en silencio: fin de la obligatoriedad de la educación musical, por Carlos Poblete

Lagos

Chile 2030: Siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad, por Ricardo Lagos

Desigualdad y riqueza extrema en Chile, por Julio Berdegué

HidroAysén: Racionalidad en un debate, por Ricardo Lagos

La inaceptable trampa que esconde el acuerdo del postnatal, por Leslie Power

Carta abierta a Sergio Bitar, por Iván Salinas

Carta por una Nueva Constitución para Chile, por Ignacio Iriarte

Carta abierta a Ezzati, por Carlos Sierralta

El año perdido: amenazas de Gobierno a los estudiantes, José Patricio Miranda

Por qué Chile no necesita duplicar su energía, por Pablo Astudillo

Sumando miserias: Chile y la privatización del litio, por Marcel Claude

El conflicto de interés de Camila Vallejo, por César Miranda

Alza de las Isapres: Carta Abierta al Superintendente de Salud, por Matías Goyenechea

7 argumentos contra HidroAysén, por Juan Chester

Los costos que el sector público no asume en la formación de especialistas, por Felipe

Cardemil

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La escuela en silencio: fin de la obligatoriedad de la educación musical 21 de noviembre de 2011, 23.172 accesos

Por Carlos Poblete Lagos

Durante julio del presente año, se promulgó el decreto exento 1363, (18 de julio de 2011), el cual, emanado desde el Ministerio de Educación, da cuenta de la aprobación del nuevo plan de estudios de 5° a 8° año de enseñanza básica.

Este documento modifica la anterior reforma educacional implementada desde la segunda mitad de los ’90, la cual fijaba un principio mínimo de obligatoriedad para el subsector de Artes Musicales entre 7° básico y 2° año medio, con 2 horas semanales.

Dicha reforma, si bien dista bastante de lo ideal en términos de una formación musical escolar continua desde primer ciclo básico hasta el fin de la enseñanza media, consiguió instalar unas condiciones mínimas de desarrollo para la asignatura, insertando además una mirada de la enseñanza musical con fuerte énfasis en su dimensión cultural y social, que contrasta con la precariedad en que quedó la asignatura después de la reforma de los años ’80, en términos de aprendizajes a desarrollar y de horas de trabajo frente a curso.

El decreto aprobado recientemente modifica sustancialmente estas condiciones de operación, al fijar un régimen de dos horas para el subsector de educación artística entre 5° básico a 8°, en los establecimientos que no implementan jornada escolar completa (JEC), y, para aquellos que la implementan, un total de dos horas para 5° y 6°, y de tres horas para 7° y 8°.

Esto quiere decir:

- Se reducen las horas fijadas por el currículo para la formación artística de los estudiantes.

- Las horas destinadas a educación artística son compartidas con otros subsectores.

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- Los subsectores de artes pasan a ser optativos, quedando sujeta su implementación al criterio de los directivos y sostenedores, y a los recursos con que cuenta cada escuela.

- Si bien es difícil cuantificar en forma precisa los efectos que esto tiene para la formación artística de los niños y jóvenes de nuestro país, la sola reflexión sobre los puntos antes mencionados debiera generar un estado de alerta, respecto al curso que toman las políticas educativas sobre enseñanza artística, y su compromiso con el desarrollo armónico de nuestra sociedad.

- Al respecto, es necesario tomar conciencia de que el currículo nacional no sólo constituye una selección de conocimientos a impartir, sino que representa la forma en que una sociedad se piensa y se construye a sí misma, pensando en formar a los ciudadanos que sostendrán el crecimiento del país en el futuro cercano.

- En ese sentido, la presencia de una disciplina o área al interior del currículo nacional busca asegurar unas oportunidades de acceso equitativo al conocimiento: definir la obligatoriedad de la educación musical en el currículo nacional implica que todos los estudiantes del país tienen asegurada la posibilidad de acceder a una formación musical mínima. Ella se constituye en un espacio único e irreemplazable de experiencias y aprendizajes para la vida, que no se reemplaza con una formación general en artes, ni menos con la implementación de talleres o actividades curriculares de libre elección (que por definición, no son accesibles a todos, y que dependen en gran medida de los recursos con los que cuente la escuela).

Asimismo, es necesario reconocer la escuela como un espacio riquísimo de conexión con la sociedad, el cual, más allá de las diferencias que podamos tener acerca del enfoque que adopte, constituye una instancia de socialización con el conocimiento, la formación en valores y la construcción social del país.

De allí que la gravedad que reviste este cambio curricular no radica solo en la pérdida de un espacio de trabajo y desarrollo para quienes nos vinculamos a la enseñanza musical: es privar a los niños y jóvenes en nuestras aulas del acceso al conocimiento, el desarrollo de habilidades y valores en torno a la música y sus posibilidades de expresión colectiva e individual. En otras palabras, privar a la sociedad que buscamos construir de toda una dimensión de conocimientos y experiencias culturales y sociales, ante lo cual resulta un deber el difundir esta información, y organizarnos para revertir esta decisión arbitraria y poco responsable con el futuro del país.

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Foto: c-fe / Licencia CC

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Chile 2030: Siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad 17 de marzo de 2011, 22.378 accesos

Por Ricardo Lagos

En unos años más, Chile habrá alcanzado un ingreso promedio por habitante cercano a los 20 mil dólares: ¿nos convertirá eso en un país desarrollado? Es importante no confundir desarrollo con crecimiento económico y comprender que la evidencia internacional demuestra que cuando se llega a esa cota de ingreso por habitante, la clave para lograr mayor bienestar para la población es mejorar la distribución del ingreso más que el crecimiento de la economía.

Es necesario definir hoy qué tipo de sociedad queremos construir en Chile durante los próximos veinte años, y abordar ahora, los cambios necesarios para sentar las bases de ese futuro. Esa tarea nadie la hará por nosotros.

Debemos dar un salto cualitativo y de largo plazo, definiendo políticas de Estado en un conjunto de materias. Hoy, los dirigentes y políticos no pueden hacerlo solos. Hay que abrirse a la ciudadanía. La sociedad tiene que ser convocada y escuchada para acordar, más allá de las diferencias políticas, un conjunto de temas que expresan los grandes desafíos del futuro.

Es el momento de cambiar de mirada. Chile tendrá que enfrentar al menos siete desafíos en los próximos veinte años, y para ello requiere de la suma de todos y de una ética social que sea la base de un gran pacto fiscal que sea capaz de disminuir las desigualdades generadas por el mercado. Estos desafíos son:

1) Democracia 2.0

2) De la gradualidad a la revolución en educación

3) Avanzar a una sociedad de garantías y obligaciones

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4) Chile nodo y las mejores ciudades para vivir

5) La población como motor del desarrollo

6) Crecer quebrando la tendencia en la distribución de ingreso

7) Chile, potencia en energías renovables

Compartimos a través de esta entrada, una propuesta sobre estos desafíos, que se irá completando y enriqueciendo en la medida en que más personas participen. Es un documento en proceso de discusión, para pensarlo y debatirlo con todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Esperamos que estas ideas sirvan para iniciar un debate.

Debemos trabajar en torno a la red y crear asimismo nuevas redes, pero también estar disponibles para compartir y discutir en debates presenciales a lo largo de todo Chile. Porque el gran hilo conductor que cruza estos siete desafíos es de qué manera Chile empieza a mirarse y a ser visto desde cada una de sus regiones. Es indispensable, entonces, que cada uno de estos desafíos esté atravesado por la mirada regional y se haga cargo de nuestra diversidad social y cultural.

Los invitamos, entonces, a discutir, participar, criticar y aportar en torno a esta propuesta. El Chile del 2030 nos pertenece a todos y entre todos lo debemos construir.

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Foto: Chile en colores - Voj / Licencia CC

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Desigualdad y riqueza extrema en Chile 9 de junio de 2011, 21.876 accesos

Por Julio Berdegué

Chile es el cuarto país con mayor desigualdad de ingreso en la región más inequitativa del planeta. Increíblemente, el problema no ha sido materia de política pública desde el retorno a la democracia, y la tendencia general ha sido a quedarse muy satisfechos, y sentir que hemos hecho la tarea porque efectivamente se ha reducido la pobreza en un grado importante. El consenso de las élites es que la desigualdad se combate con mejor educación. Sin duda la igualdad de oportunidades en materia de educación es uno de los grandes cimientos de las sociedades más equitativas (y, no casualmente, más desarrolladas) del planeta, como es el caso de los países nórdicos.

Aceptando sin conceder que se logre en un plazo razonable de tiempo ofrecer educación de buena calidad a todos los niños y jóvenes de Chile, lo que no entiendo es cómo esa fórmula resuelve la tremenda, la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza para llegar, no al nivel de Dinamarca o Suecia, pero sí al de Portugal o Grecia, que son los más modestos referentes que utiliza el Presidente Piñera como "umbral de desarrollo". El remedio ofrecido, la buena educación, no parece proporcional a la gravedad de la enfermedad.

La fórmula de la equidad de la educación tiene la gracia de colocar la mirada exclusivamente del lado de las personas que viven en condición de pobreza. Para disminuir la desigualdad hay que mejorar los ingresos de los pobres, y eso se logra con educación. Una verdad a medias. ¿No hay nada que hacer del otro lado de la curva de distribución de ingreso, es decir, del lado, no de los ricos, sino de los extremadamente ricos? Al final del día, los países con los que nos gusta compararnos, no solo tienen mucho

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menos pobres, sino que también bastante menos extremadamente ricos. Esto, proporcionalmente al tamaño de su población.

En Chile tenemos cuatro multi-billonarios en dólares, según el ranking de la revista Forbes. Tres de ellos dentro de los top 100. De menor a mayor: el Presidente de la República ($2,4 billones de dólares), los hermanos Matte ($10,4 billones), Horst Paulmann y su familia ($10, 5 billones) y la familia Luksic ($19,2 billones). Cuatro familias tienen una fortuna personal de $ 42,5 billones de dólares. Los cuatro países Nórdicos, con una población total de 25 millones de personas y un Producto Interno Bruto (ajustado por poder de compra) cuatro veces mayor que el de Chile, tienen el mismo número de familias que Chile en la lista Forbes de los 100 más ricos multi-billonarios. No es que sean rascas: es que son desarrollados.

La fortuna de estas cuatro distinguidas familias chilenas equivale al ingreso anual del 80% de la población de Chile. Sí, 80%. ¿Difícil de creer? Saque usted las cuentas, los datos están en Forbes.com, y en los resultados del ingreso por deciles de la encuesta CASEN en la página web de MIDEPLAN.

La verdad es que vamos a necesitar una educación muy buena para reducir solo por esa vía la gigantesca brecha de ingreso, hasta llegar a niveles compatibles con los de un país desarrollado. Alternativamente, hay que pensar en serio en políticas de equidad. Vale decir, en una estrategia que no dependa exclusivamente de la educación, y que incluya además políticas laborales que den real poder de negociación a los sindicatos, en políticas fiscales que limiten la extrema acumulación de la riqueza, en políticas contra la desigualdad de género y de etnia, y en políticas de cohesión territorial, es decir, de equidad de oportunidades entre regiones. Se trata entonces de una mesa con cinco patas, y no solo con una, por mucho que la igualdad de oportunidades educacionales sea esencial. Si no, Chile llegará a ser un país rico, pero no desarrollado. ¿O es que alguien sinceramente puede creer que Chile será un país desarrollado con este nivel de extrema concentración de la riqueza?

* Julio Berdegué es Doctor en Ciencias Sociales e investigador de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

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Foto: Santiago de Chile. El Golf. Estación Alcántara. Metro - Bracani....Antonio / Licencia CC

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HidroAysén: Racionalidad en un debate 16 de mayo de 2011, 14.889 accesos

Por Ricardo Lagos

La forma como se ha encarado el tema de HidroAysén me parece inadecuada para el interés superior de Chile. No se trata de decir sí o no a HidroAysén. En el estado que se encuentra hoy el proyecto, hay que decir no. Esto no significa que las fuentes hídricas que el país tiene no sean utilizadas, pero aquello debe ser en concordancia con nuestra realidad medioambiental y necesidades del país a futuro. Que la ciudadanía se exprese constituye un signo tremendamente positivo de estos tiempos, como de igual manera es positivo que la institucionalidad medioambiental sea respetada.

Tiene que haber una política energética clara, con mayúsculas, en la cual concordemos los chilenos. El hecho que sea necesaria la energía que pueda llegar del sur, no significa que se apruebe un proyecto a toda costa. Lo que ahora parece estar aprobado, tiene a mi juicio al menos tres deficiencias graves. La primera, que hasta donde yo sé, no existen las reservas de agua suficiente para poder desarrollar la agricultura que mañana probablemente va a ser indispensable en esa parte de Chile. Si continúa el calentamiento global y el desplazamiento hacia el sur de la agricultura chilena, este será un tema fundamental, y así lo señalé como Presidente, en Cochrane, el 1 de febrero de 2006. Segundo, no es razonable decir sí a la construcción de represas cuando la línea de transmisión de la misma todavía no está aprobada. Es un solo proyecto y por lo tanto no debe aprobarse parcialmente. Tercero, tal vez lo más importante, es indispensable que Chile defina con todos los resguardos del caso una política clara de apoyo a las Energías Renovables no Convencionales. Hasta ahora no existe nada en ese sentido por parte del actual gobierno. Este deja actuar solo a las fuerzas del mercado y así la matriz se seguirá carbonizando, ya que es la energía más barata. El mercado no mide el daño ambiental.

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He señalado con claridad lo que fue la política energética durante mi administración. Cuando fue necesario jugarse para sacar adelante Ralco, lo hice buscando y, creo que se logró, compatibilizar los intereses de la legislación indígena con la legislación medioambiental. En ese momento, Ralco representaba aproximadamente el 8% de toda la energía en el Sistema Interconectado Central. Entre el 2000 y 2004 se generaron más de 800 Mw hídricos y otros 800 Mw en centrales térmicas alimentadas, fundamentalmente, con gas, combustible menos contaminante que el carbón. El gas de Argentina se vendía, de acuerdo a los contratos, a un precio muy conveniente para Chile y el país se benefició grandemente de ese gasoducto construido en la época del presidente Frei. Desgraciadamente, a comienzos del 2004, comenzó a disminuir el gas argentino y a poco andar nos dimos cuenta que, a la larga, ese suministro llegaría a su fin. Por esa razón, se impulsó de inmediato un cambio en la matriz energética y se resolvió que ENAP encabezara un grupo para traer gas desde otras latitudes. El 2009 se inauguró la planta de Quintero y Chile ahora tiene pleno control sobre el gas. Es cierto, el gas es más caro que el carbón, pero la totalidad de las plantas térmicas que hoy están funcionando con ciclo combinado, han comenzado a utilizar el gas y contaminan menos.

Respecto de las energías renovables no convencionales, he recordado que en los últimos cinco años, éstas habían reducido sus costos en un 30% y seguirán disminuyendo por los avaneces tecnológicos. Por ello es ahora, y no antes, cuando es posible abordar con realismo la necesidad de energías renovables no convencionales.

No es posible que Chile apruebe plantas como Central Castilla -que será la planta a carbón más grande de América Latina con 2.100 Mw. Protesto por la aprobación de Castilla. Protesto porque no se ha tomado conciencia de lo que significa y protesto también porque no existe una racionalidad respecto de un proyecto como HidroAysén que son 2.800 Mw, que ha tenido una respuesta que me parece razonable por parte de la opinión pública, ya que no están dadas las condiciones para su aprobación. Mucho peor es lo que ocurrió en tiempo atrás con Central Castilla, en donde prácticamente no hubo protesta alguna. Por eso es que me parece tan indispensable introducir un debate transparente y que no caigamos descalificaciones los unos con los otros.

Este es un tema de país muy importante. La naturaleza nos ha colocado una vez más a prueba. Chile no tiene combustibles fósiles, ya sea gas o petróleo. Por tanto, tenemos que ser capaces de generar una matriz energética limpia de acuerdo con los tiempos del siglo XXI. Este es el fondo del tema y por ello he señalado dos caminos muy concretos. Primero, generar las condiciones para tener una gran planta solar en el norte, que entregue energía limpia y no contaminante a las empresas mineras. No queremos que nuestro cobre sea mañana sinónimo de un cobre carbonizado como consecuencia de la energía que se necesita para producirlo. De igual manera, hay que dar un paso, ahora, para una gran campaña a nivel nacional: que todas nuestras casas cuenten con energía solar en la mayor parte de Chile. Ese es nuestro verdadero capital, pero ello implica, entre otras cosas, modificar la ley eléctrica y que por el mismo alambre que cada casa u oficina recibe la electricidad cada día, pueda devolver la electricidad a la matriz sin gastar

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en baterías para acumularla que es lo que tiene más costo, por tanto la red eléctrica es la batería. De esa manera se daría un paso claro y definido, en donde todos seremos consumidores y generadores de energía.

En el intertanto, que siga el debate, pero esto no significa que tenga que aprobarse a toda eventualidad un proyecto como HidroAysén, si no están las condiciones cumplidas. Así de claro y así de simple, pero por favor más descalificaciones no ayudan a resolver este problema que es esencial para Chile. Como tantas otras veces, digo mis palabras con claridad porque siento que es lo mejor para Chile. Sería una lástima si no somos capaces de avanzar en la comprensión de un problema que nos afecta a todos.

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Foto: Río Baker - nrdc_media / Licencia CC

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La inaceptable trampa que esconde el acuerdo del postnatal 17 de agosto de 2011, 14.092 accesos

Por Leslie Power

Así de simple. Lo que nos han tratado de vender una y otra vez no es el postnatal de seis meses, prometido en campaña y mucho menos el que esperamos. Ese acuerdo entre cuatro paredes que algunos celebran, incluido el Presidente, no es el Postnatal que Chile necesita.

Vamos por orden, entendamos desde lo más simple a lo más complejo, porque a pesar de los anuncios, caras alegres, ministras y parlamentarios en fotos sonrientes, seguimos frente a un proyecto cojo, insuficiente, incumplido, que se llama “Permiso Parental” (no hable más de postnatal, que eso también es engaño). Vamos por partes.

1. La suma que no da

Es obvio, pero cierto. Esto es un “permiso parental” que se suma al actual postnatal y no un Postnatal de 6 meses. Esto no es menor, ya que más allá del nombre de fantasía que hoy tiene, da cuenta de su espíritu, llevando desde el título la famosa letra chica. Si no me cree sume: 12 semanas que se suman a las 12 actuales da un total de 24, es decir 5 meses y medio, que no alcanzan a los 6 promovidos por la OMS.

2. El engaño de las 54 UF

Las cosas claras, hoy las mujeres cuentan con un tope de 66 UF durante su licencia por maternidad y este proyecto plantea un rebaje descarado. Por la prensa se ha transmitido

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que el proyecto tendrá un límite discriminatorio con las mujeres que ganan más 54 UF y que ese era el “gran acuerdo” al que se había llegado entre parlamentarios de distintos sectores, el que por cierto se realizó a puerta cerrada.

La gravedad de este hecho, es que en la indicación que se ingresará al Congreso ni siquiera se habla de las 54 UF que el Sernam ha difundido a través de su sitio y otros medios. Si bien en el primer proyecto se explicitaba en el 197bis que la base de cálculo no podía exceder 30 UF, ahora dice que:"...dicha base no podrá exceder de la cantidad de un millón de pesos, la que se convertirá unidades de fomento de acuerdo al artículo 9° del decreto..."

Nunca se habla de 54 UF, ni siquiera en bruto. Se aproxima a las 45 UF, pero en el fondo se está limitando a un millón de pesos bruto, al que se le descuentan leyes sociales.

El problema es que en el Congreso se vota el artículo tal como viene, los parlamentarios no pueden modificar sino solo aprobar o rechazar. Se espera aprobar ley prontamente pero difícilmente al momento de la promulgación de la misma el cálculo del millón bruto nos daría una cifra equivalente a las 54 UF que se han estado promocionando, sino que una cifra cercana a las 45 UF que en algún minuto se le escuchó a gente de Gobierno. ¿Se dieron cuenta de esto los “honorables” concertacionistas al momento de llegar a acuerdo? Esto plantea un franco retroceso respecto de las actuales 66 UF de cobertura con que contamos las mujeres como derecho.

3. ¿Qué es eso del Banco de Horas?

El proyecto considera que las mujeres puedan “complementar su subsidio trabajando en jornadas parciales o mediante un banco de horas durante el postnatal parental, hasta igualar la remuneración que tenían antes de irse a prenatal”. Este banco es totalmente ilegal según código de trabajo para mujeres embarazadas (Art. 202), sobre todo atendiendo que dicho período es entregado a las mujeres para resguardar su salud, pero sobre todo la del bebé en gestación.

Pero si fuera aceptada tal modificación cabe peguntarse si esas horas acumuladas también se pagarán como horas extra y cómo se diferencian las horas extras para ser usadas en “permiso parental” de las que se deben pagar.

¿Por qué la mujer tiene que trabajar horas extras para poder hacer uso de su derecho y deber de darle el mejor alimento y brindarle los cuidados necesarios a su recién nacido? Esto atenta contra Convención Internacional contra toda Violencia y Discriminación hacia la Mujer (CDAW) y contra Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN).

¿Por qué la mujer -y el hijo menor de 2 años-, si paga más en Isapre, además tendrá que trabajar horas extras para acumular horas en el banco de horas? ¿Qué valor se le está otorgando a la familia? El mensaje es claro: “Trabaje más y deje de estar con su familia, si quiere tener su sueldo habitual”, o “si quiere permiso parental, que le cueste” total, para seguir instructivo bíblico “parirás con dolor” y también criarás con dolor.

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4. La trampa de la flexibilidad

¿No era postnatal 6 meses para todas las madres? Mire al Presidente. ¿Por qué algunas si y otras no? En este punto también se atenta contra la CDAW y contra nuestra Constitución Política, en su artículo 1:

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. …El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece (...) Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta…”

También en su artículo 19:

1. “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”.

2. “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados… hombres y mujeres son iguales ante la ley”, “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”,

7. “El derecho a la libertad personal y seguridad individual.”

¿Por qué entonces el tope arbitrario de un millón de pesos? ¿No hay recursos? ¿Sabe cuánto dinero se ha estado ahorrando el Gobierno con la silenciosa y arbitraria puesta en marcha, en marzo de este año, de la circular 2727, dictada por la Ministra del Trabajo, Sra. Evelyn Matthei y frente a la cual el Ministro de Salud Sr. Jaime Mañalich ha mantenido completo silencio?

Esta circular ha impedido que muchas madres hoy puedan cuidar a sus hijos gravemente enfermos y que deban recurrir a un montón de trámites y gasten dinero en carísimos exámenes, para poder acreditar su estado de enfermedad, con el consecuente riesgo a la salud de los hij@s.

Por qué no pedirle a los ministros que transparenten el ahorro que están haciendo (que es mucho, según los cálculos que hemos podido hacer), a costa del gasto de tantas madres que hoy están siendo castigadas por tener a sus hijos enfermos y que no están recibiendo el pago de sus licencias por esta circular que beneficia a las Isapres, pero que más grave aún, fue puesta en marcha sin contar con la aprobación de un postnatal de seis meses, por lo que es un incentivo perverso y una presión indebida para que se apruebe un proyecto mal concebido, que pasa por sobre la salud de los lactantes y de las angustias de sus madres.

5. Traspaso de semanas al padre

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El padre no cuenta con las hormonas necesarias para producir leche materna, hasta lo que sé, no aún. Hay que recordar que el principal objetivo del postnatal, perdón, “Permiso Parental”, es garantizar la salud de tod@s los hij@s, fomentando lactancia materna, la que según OMS, Unicef, AAP, AEP, IHAN, INOCENTTI, SOCHIPE y otras organizaciones internacionales con las que nuestro país se ha comprometido, recomiendan sea mínimo seis meses de manera exclusiva y a libre demanda.

¿Por qué algunos hijos e hijas podrán y otros y otras no? ¿Por qué si se trata de garantizar la salud de todos los hij@s de Chile, tenemos que contar con madres angustiadas frente a la perversa decisión a la que el Estado la obliga: decidir frente a la plata que sin duda es fundamental para el presupuesto familiar o la salud de mi hij@? ¿Acaso el Ministro de Salud no sabe que la estabilidad emocional de una madre en puerperio es crucial para que se pueda dar un buen vínculo de apego y lactancia? ¿Sabrá que si hay una madre estresada, llena de cortisol (hormona del stress) hace que la oxitocina y prolactina (hormonas encargadas de producir leche materna) se escondan, provocando, la disminución hasta llegar al corte de leche? Estoy segura lo sabe, pero su conocimiento lo calla.

6. Jornada parcial, el nuevo costo para las madres y lactantes

Las mujeres que ganan menos de un millón se quedan en sus casas cuidando a sus hij@s y las mujeres de clase media y alta que ganan más de un millón (muchas de ellas endeudadas con créditos para estudio, ya que muchas son jefas de hogar) "deben" volver a trabajar.

Si hacemos el cálculo al valor UF de hoy, 45 UF, el "permiso parental" les costaría a esas mujeres, una cantidad nada despreciable de dinero. Esto significa que durante tres meses sus cotizaciones en Isapres y en Fonasa, bajan. ¿Quién paga la diferencia? Para criar a sus hijos y cumplir con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, estas madres serán castigadas en sus cotizaciones y por ende en su pensión, cuando ya pagan cinco veces más que un hombre en Isapre.

La madre trabajadora de clase media y alta, en pleno puerperio, deberá “negociar” con su empleador las horas que significan la jornada "parcial", eso implica definir carga de trabajo, parcial o total en menos horas, también como toma su hora de alimentación y luego la de amamantamiento. ¿Sabe? Es mejor que quede por escrito y en letra grande, eso de la jornada parcial, de lo contario a un paso del abuso de poder, ¿le suena?

Esto nuevamente nos pone frente a una gran contradicción. ¿Cómo se puede garantizar la salud de los recién nacidos a través de la lactancia a libre demanda, exclusiva, por al menos seis meses, si los lactantes no tienen necesidades parciales, ni exigen en “media jornada”?

Si se persiste en este punto, es que sencillamente no se entiende el objetivo central de esta política de Estado: la salud de los hij@s y también la salud de la mujer (la lactancia

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previene cáncer mamario, ovarios, osteoporosis, protege de depresión post parto, fomenta el vínculo de apego seguro, etc.).

7. Para todas, es para todas: ¿qué pasa con las temporeras?

Las temporeras que trabajan por temporadas deben tener 8 cotizaciones en los 24 meses previos (muchas de ellas trabajan temporadas de 2 meses al año) y tener 12 meses de afiliación a sistema de salud previo al embarazo. ¿Cree que un gran número cumplirá estos requisitos? Pero esto no termina ahí. El cálculo para el subsidio se hará “promediando” las cotizaciones “dividiéndolas por 24”. Como esa fórmula en muchos casos podrás dar una cifra ínfimamente ridícula, se indica que el piso del subsidio será medio sueldo mínimo ($90.000), dándosele la posibilidad a la trabajadora de retornar al trabajo (¡no se especifica límite máximo, por lo cual podría retornar incluso por jornada completa!) durante el período de permiso parental. Acá, nuevamente, no se cumple el objetivo de la ley: garantizar el mejor cuidado del recién nacido y el subsidio se aplica como bono de pobreza.

8. Publicidad en fórmulas: otro pelo en la sopa

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente hay otro feo pelo nadando en esta sopa. El pasado 8 de agosto un acuerdo entre el Gobierno y los parlamentarios permitió que por primera vez, se abra la posibilidad de publicitar la leche de fórmula, la que reemplaza a la materna.

¿Habrá que explicarle nuevamente a los ministros y parlamentarios los beneficios de la leche materna y la inconveniencia de promover el uso de la fórmula? Con esta medida se atenta claramente sobre la promoción de la lactancia. Una nueva contradicción, una nueva presión indebida.

Así de claro, esto no es el esperado postnatal de seis meses, es una improvisación de un “permiso parental” que ha tenido, urgencia cuando ha sido conveniente y luego la ha dejado de tener, cuando ha sido nuevamente conveniente para la clase política. Es un proyecto, que de manera vergonzosa se ha planteado restar derechos adquiridos a las mujeres, las mismas que hemos estado de cabeza, trabajando y agrandando las letras, para no dejar que nos pasen “gato por liebre”.

* Leslie Power Labbé es Psicóloga Clínica y es parte de Espacio Crianza. Su Twitter es @powerlesliecl

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Foto: sean dreilinger / Licencia CC

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Carta abierta a Sergio Bitar 23 de agosto de 2011, 12.695 accesos

Por Iván Salinas

Señor Bitar

Corría el año 2005 y su jefe, el presidente de la República -al que iban a llamar después “Rey Lagos”- se enfrentaba a las protestas de los estudiantes universitarios de la CONFECH. ¿El motivo? La promulgación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Usted era el Ministro de Educación. De lo que recuerdo, nunca nos dieron una tribuna para decirles nuestros argumentos en la protesta. Nunca nos ofrecieron ningún espacio televisado y abierto, en vivo, para plantear nuestros reparos a la ley que usted ayudó a promulgar. Estos reparos eran simples: no se puede subsidiar a la banca con dineros públicos con la excusa de la igualdad de oportunidades. Simples y contundentes. Ustedes en el gobierno, sin embargo, nos trataron de egoístas, de poco solidarios con los estudiantes de las privadas. Y, por supuesto, nos reprimieron con esa soberbia típica de la que ostentaron mientras fueron gobierno. Nos acallaron e hicieron su política igual, entre las cuatro paredes de quizás dónde. Le regalaron un negocio a los bancos. Un negocio suculento que implica el flujo de enormes cantidades del erario público para asegurarle al banco el ‘riesgo’ de educar pobres. Con la excusa de que ‘todos tienen que estudiar’ ahora muchos vivirán como esclavos de esas deudas, al mismo tiempo que ‘disfrutarán’ de trabajos precarios con los que jamás podrán consumir como tanto especulan los economistas afines a sus ideas. Su crédito tan publicitado debería llamarse ahora “Esclavitud con Aval del Estado.” Y más encima con fondos públicos.

El lunes 22 de agosto lo vi en un debate con un dirigente estudiantil. Se le notó mal, desenfocado y enojado. Debo decirle que no le vi la energía que desplegó cuando nos mandó (usted o su gobierno) a reprimir hace seis años. O al menos cuando nos trataba de egoístas en los medios, junto a todo ese grupo de concertacionistas oportunistas que hoy desesperados se suben al carro de la demanda estudiantil, rogando por un poco de

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oxígeno de la calle, que tanto denostaron con su actitud. Su temple incluso se desdibujó cuando por fin se enfrentó a un joven honesto – Francisco Figueroa-, un dirigente formado durante la decadencia de su coalición de gobierno, que le dijo en su cara lo que muchos están (estamos) pensando. Usted en su arrebato defensivo incluso sacó a relucir, como muchos de los que son parte de ese desteñido arcoíris, sus credenciales democráticas. Nos saca en cara sus cicatrices de la dictadura como si ello disculpara su aporte inmenso a la desigualdad de este país. Su aporte a que hoy tengamos este clima de segregación, con educación para pobres y educación para ricos, con deudas para pobres y consumo despreocupado para ricos. Estaba tan enfadado que casi se le arrancó un insulto a mi amigo Pancho. Le quería decir ‘pendejo,’ pero se acordó que estaba en la tele y lo llamó ‘niño’.

Usted demostró esa soberbia típica de una clase política que se niega a aceptar que han creado un sistema en que se equivocaron. No. Usted encuentra que lo importante es que el sistema creció. Es como si hubiésemos detectado un tumor cancerígeno y usted, en vez de escuchar a quien lo diagnosticaba para tomar alguna medida de reparo a tiempo, lo hubiese dejado ser y crecer. Hoy ese tumor es un cáncer con metástasis. Y usted se siente orgulloso de ello.

Pero, ¿sabe algo? Creo que no estoy solo cuando digo que disfruté su intervención. O más bien, disfruté que le dijeran en su cara lo que muchos le queremos decir a la clase política. Por supuesto, algo que usted no está dispuesto a reconocer, pues su arrogancia es más grande. Me pareció como el final de una película en que a uno le cae bien el protagonista, y justo comienzan a ganar los buenos que lo acompañan. Usted, claro, no me parece del club de los que ganan en la película, sino que es del club que en la realidad ha hecho ganar a los mismos de siempre, usando a los pobres como excusa. Usted, quiéralo o no, ya representa algo que no queremos más. Usted mismo dijo, cuando sacó a relucir su supuesta altura moral, que se ha dedicado a la política toda su vida. Es justamente eso lo que nos molesta a muchos. Esa especie de credencialismo democrático que muchos consideramos como un título añejo y dispensable, pues el sistema no da el ancho. Y acá no se trata de no reconocer la experiencia. Se trata de que sean críticos con sus acciones como políticos. Pero eso mismo ustedes no lo entienden. No lo entiende usted que fue ministro, no lo entienden sus camaradas, y no lo entienden los que gobiernan hoy en día designando senadores. Ustedes son los que están perdiendo, y cada vez más demuestran que no saben hacerlo.

Que tenga usted un buen pasar, pues con el sistema de esclavitud a los bancos que usted proclamó para muchos, un buen pasar ya es un lujo.

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Carta por una Nueva Constitución para Chile 23 de junio de 2011, 12.673 accesos

Por Ignacio Iriarte

Señor Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República de Chile

Señor Guido Girardi Lavín, Presidente del Senado de Chile

Señor Patricio Melero Abaroa, Presidente de la Cámara de Diputados de Chile

Señor Milton Juica Arancibia, Presidente de la Corte Suprema de Chile

De nuestra consideración,

Las chilenas y chilenos queremos una nueva Constitución para nuestro país, una que lleve la firma de todas y todos.

Queremos una nueva Constitución porque tenemos la convicción que nuestra carta magna debe estar legitimada por cada una de las ciudadanas y ciudadanos de Chile, construida en común a través de procedimientos abiertos e informados que permitan el diálogo y el intercambio de opiniones y que la propuesta final sea sometida a la voluntad soberana del pueblo a través de un plebiscito.

Queremos una nueva Constitución porque queremos un país más equitativo y justo, y para ello requerimos construir un marco institucional que nos represente a todas y todos, que promueva la democracia, la transparencia, el pluralismo, el bienestar general, los derechos sociales y la participación ciudadana como ejes orientadores de nuestra convivencia.

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Queremos una nueva Constitución porque consideramos que la vigente, cuya estructura principal fue definida cuando en nuestro país los derechos civiles esenciales no eran respetados, no representa a la sociedad chilena actual.

Queremos una nueva Constitución porque necesitamos reencontrarnos y para ello es fundamental se reconozcan, escuchen y recojan las demandas que se expresan con fuerza y convicción en las múltiples manifestaciones de malestar que hoy recorren Chile.

Queremos una nueva Constitución porque tenemos una deuda con las futuras generaciones de chilenas y chilenos, y es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos hacernos cargo de nuestro devenir, construyendo entre todos el camino que queremos recorrer.

Es por lo anterior que solicitamos a ustedes, como máximas autoridades del Estado de Chile, que inviten a la ciudadanía a la apertura de un proceso constituyente que culmine con una nueva Constitución para nuestro país, para nosotros y nuestras hijas e hijos.

Atentamente,

Las y los abajo firmantes.

Si estás de acuerdo con esta carta, te invito a adherir a ella firmando acá.

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Carta abierta a Ezzati 18 de febrero de 2011, 10.574 accesos

Por Carlos Sierralta

Sr. Ricardo Ezzati

Arzobispo de Santiago

Gran Canciller Pontificia Universidad Católica de Chile

Mediante la presente, quienes suscriben convienen exigir la salida de Monseñor Andrés Arteaga del cargo de Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Usted, como representante del Vaticano en el país, debiera expandir la reciente condena al sacerdote Karadima hacia quienes durante años presenciaron tales hechos, callando, encubriendo y protegiendo -tanto en público como en privado- al mentado clérigo. Monseñor Arteaga asumió tal postura, por la cual incluso llegó a desestimar los testimonios de las víctimas, convirtiéndose así en un cómplice más de la red de protección de Karadima. No olvide, señor Arzobispo, que complicidad también es falta. Como personas afectiva y profesionalmente ligadas a la Casa de Estudios, demandamos que se le exija al Sr. Arteaga su renuncia inmediata. Es el gesto que la Universidad, en su rol de faro para la sociedad del siglo corriente, requiere.

Habiendo expresado esto, se despiden cordialmente los alumnos y ex-alumnos aquí firmantes.

Si eres alumno/a, ex-alumno/a o estás vinculado de alguna manera a la comunidad formadora de la Pontifica Universidad Católica de Chile, te invito a adherir a esta carta firmando la petición aquí.

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El año perdido: amenazas de Gobierno a los estudiantes 27 de julio de 2011, 10.194 accesos

Por Jose Patricio Miranda

Solo una vez en la historia se ha finalizado el año escolar de forma anticipada. Esto ocurrió en Arkansas, Estados Unidos, al alero de uno de los hitos más importantes del movimiento por los derechos civiles del pueblo Afro-Americano. Corría el año 1954, donde en pleno Apartheid, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación de escuelas públicas, prohibiendo la separación de colegios para gente blanca y colegios para gente de color. Esto quedó plasmado en la Carta de Educación de Topeka, que contraviene la decisión de 1896, donde el Estado permite y promueve la segregación.

Luego de la decisión de la Corte, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en inglés), intentó inscribir a estudiantes de color en colegios históricamente para blancos. Es así como un grupo de 9 estudiantes Afro-Americanos, denominados “Little Rock Nine”, ingresan a la Escuela Central de Little Rock, capital de Arkansas, hecho que generó una gran cantidad de protestas en contra de la medida.

Por esta razón, muchos segregacionistas aconsejaron bloquear el ingreso a la escuela de los estudiantes de color. Atendiendo a esto, el Gobernador Orval Faubus desplegó tropas de la Guardia Nacional de Arkansas el 4 de septiembre de 1957. La línea de soldados bloqueando el paso a los 9 estudiantes colmó los titulares y llevó a una polarización de la Nación. Posteriormente en 1958, y pasando a llevar todos los derechos constitucionales, Faubus ordenó el cierre de todos los colegios, lo que derivó en una escalada de violencia contra la gente de color. Este hecho completamente autoritario, que implicó la pérdida del año escolar, es conocido históricamente como “The Lost Year”, o El Año Perdido.

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Otro país donde se estuvo cerca de perder el año escolar fue en Irán el 2009, donde se desarrollaron Teherán, impugnando la reelección del Presidente Mahmoud Ahmadinejad. Pero ni siquiera en un país como Irán, de sabida efervescencia social, se logró repetir el hito de Arkansas.

Sin duda que en Chile vivimos un momento histórico, donde la ciudadanía se ha tomado las calles para luchar por la democratización de nuestro país, pero ha sido a manos de los estudiantes que se ha levantado y mantenido esta lucha. ¿Qué se ha obtenido de parte del Gobierno? La típica respuesta de un Gobierno de derecha, ofrecer con un poco más de plata, cuando a lo que apunta el movimiento estudiantil es conseguir cambios fundamentales.

Por más de 2 meses y medio se han prolongado las tomas de más de 700 colegios y liceos a lo largo del país. Debido a esto, el Gobierno busca desesperadamente que las movilizaciones sean depuestas, amenazando a los estudiantes con la pérdida del año. Sin embargo, por varias razones que se detallan a continuación, esto no puede pasar más allá de un mero amedrentamiento hacia el movimiento estudiantil.

- El Gobierno no tiene la capacidad de aumentar el número de matriculas para primero medio al doble de aquí al próximo año.

Bien es sabida la crisis en todo el país por la carencia de colegios y liceos. Tal como ocurre en nuestras cárceles, hay una evidente sobrepoblación de estudiantes en los colegios municipalizados, quienes incluso, en casos extremos, realizan sus clases en salas improvisadas y en condiciones paupérrimas. Según el último anuncio del Presidente en el Gran Acuerdo Social por la Educación, se construirán 30 nuevos colegios de excelencia, los que sumarán 60 a lo largo de Chile.

- Los municipios tendrán una grave crisis económica por no recibir las subvenciones del gobierno.

Por otro, lado están los municipios, los cuales se sabe que no utilizan los dineros de la subvención (sistema de financiamiento aberrante que paga por asistencia de alumno) solamente en la educación, sino que muchas veces, estos dineros sirven para ser su caja chica. Es por eso que éstas se quedarían, evidentemente, sin recursos si el año se pierde. En base a eso, muchos municipios que se encuentran al borde de la quiebra y sólo se han sostenido gracias a los dineros de educación, tendrían serios riesgos de quebrar.

- El Gobierno no podrá tolerar que una generación completa de estudiantes no entre a las Universidades que tanto lucro produce.

El fin del lucro ha sido uno de los ejes centrales de las movilizaciones estudiantiles. Cada año son más 50.000 los estudiantes que ingresan a universidades del CRUCH, cifra que se multiplica por 5 al contar las matriculas cursadas en Universidades Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Claramente la pérdida del año escolar generaría un caos en los ingresos económicos, al no recibir a estos cerca de 300.000 estudiantes nuevos que se integran a los diferentes planteles.

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- La pérdida del año permitiría que los estudiantes no tuvieran motivo para deponer las tomas.

Una vez que los estudiantes asuman la pérdida del año escolar, el Gobierno pierde absolutamente toda la presión que ejerce sobre ellos, permitiendo de esa forma que sigan protestando libremente. Esto hará que siga aumentando la crisis en La Moneda, lo cual claramente llevaría a un clima de violencia e ingobernabilidad insostenible.

Claramente todas las movilizaciones dejarán un gran saldo para los estudiantes y, sin duda, el proceso que están viviendo, se convertirá en el mayor proceso de aprendizaje en los últimos 30 o 40 años. Los contenidos formales de la educación inútil que se imparte en colegios y universidades, es posible incluso descargarlos desde internet. Pero por lo que han pasado estos meses, donde han tenido charlas con intelectuales que no frecuentan los planteles educacionales debido a que no son admitidos, es una experiencia de vida impagable. En estos meses han tenido una necesaria introducción en la vida cívica y política como nunca antes; han aprendido del conflicto, han logrado una gran reflexión política y han comprendido que la unión de la sociedad es la que llevará un triunfo a las reivindicaciones que buscan.

“Yo, por ejemplo, si necesitara derivar una ecuación, tendría que aprender cálculo de nuevo. Ya se me olvidó. Pero la experiencia de vida de manejarse en el conflicto, la apertura de mente que implica ver pasar delante de tus ojos diferentes puntos de vista que nunca puedes ver en la educación formal, es imborrable”, dice el economista Marcel Claude.

En los próximos días vamos a ver cómo se cumple el plazo para que se depongan las tomas. Tenemos un Gobierno intransigente que amedrenta a los estudiantes de forma inusitada para que se rompa el movimiento social más grande en la historia de Chile, cuando, por primera vez, la ciudadanía es la que avanza democráticamente hacia una nueva Constitución Política. Vamos a ver si Piñera es capaz de apoyar la pérdida del año escolar, y de paso, hacer que el movimiento alcance ribetes históricos a nivel mundial, poniéndose a la altura del movimiento de Arkansas, además teniendo que lidiar con la quiebra de Universidades y Municipios. Ciertamente es algo de lo cual La Moneda no se podría recuperar y es el motivo para creer firmemente, que el cierre anticipado del año escolar, no es más que una medida desesperada e impracticable, que no pasará más allá de solo amenazas.

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Por qué Chile no necesita duplicar su energía 7 de marzo de 2011, 9.053 accesos

Por Pablo Astudillo

Comenzaré esta columna parafraseando mi propia columna anterior aquí en Elquintopoder.cl: muchas columnas se han escrito sobre el tema energético... y aun así, sigue siendo un tópico sensible a nivel nacional. Nuestras autoridades se pasean por el mundo firmando convenios para promover la energía nuclear con algún país europeo, mientras son incapaces de visitar a los países de la región que se han convertido en líderes en energías renovables no convencionales. Se aprueba, en una suerte de fast-track, la central a carbón más grande de Sudamérica a pasos de un desierto que puede dar más energía aún. Y los ciudadanos, miles, se manifiestan en contra de éste y otros proyectos.

Y todo, porque Chile necesita duplicar su energía, o su electricidad (una de muchas formas de energía), según el experto o según la preferencia. Para el siguiente ejercicio intelectual, supongamos que, efectivamente, energía es sinónimo de electricidad.

Hace algunos días, mantuve un breve intercambio epistolar en un medio de prensa. Mi contraparte manifestó que las estadísticas internacionales demuestran que los países que incrementan su consumo energético, poseen un mayor ingreso per cápita. Por ende, Chile necesita duplicar su energía para superar la pobreza, a través de la generación de empleo. La demostración de esta premisa proviene de las propias estadísticas chilenas, que muestran que el aumento del consumo de energía crece a la par con el PIB nacional. Estas cifras se muestran en un estudio de la CNE, y que sirven de sustento para la famosa y manoseada premisa "Chile necesita duplicar su energía".

Pero, ¿es así en otros países? ¿Crece el PIB con el consumo eléctrico en países desarrollados? Escogí a seis países para investigar esta pregunta: Alemania, Canadá,

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Dinamarca, Inglaterra, Japón, España y Estados Unidos, además de Chile. Pudieron haber sido más (o distintos) países, pero como ejercicio, éstos son ideales por ser modelos a seguir, algunos de ellos con una gran influencia en términos de inversiones en el país, en el modelo de economía adoptado, y que mantienen relaciones comerciales de importancia con Chile.

Se obtuvieron los datos de consumo eléctrico per cápita y de PIB per cápita para los años 1990, 2000 y 2005. Nuevamente, pudieron haber sido más años los seleccionados, pero tres datos bastan para hacer un ejercicio ilustrativo (realizado en el poco tiempo libre que deja la vida moderna). Al observar los datos, se observa que nuestro país presenta, efectivamente, este perfil descrito por los expertos: un PIB que crece de la mano con el consumo eléctrico. Sube el consumo, sube el PIB. ¿Qué pasa con los seis países restantes? A excepción de España, que se encuentra en una situación intermedia, en los demás países se observa una situación diferente: un aumento del PIB sin un aumento apreciable del consumo eléctrico (Figura 1; la línea verde indica el consumo eléctrico per cápita normalizado respecto al valor de 1990, mientras que la línea amarilla indica el PIB per cápita, normalizado también por el valor correspondiente de 1990). Es más, debemos dejar bien en claro: en 15 años, el consumo eléctrico per cápita no ha aumentado considerablemente en estos países; se ha mantenido relativamente estático. Sin embargo, en cada uno de estos países el PIB se ha incrementado, lo que derriba el mito de que, para aumentar el PIB, debemos aumentar necesariamente el consumo eléctrico. España se encuentra en una situación intermedia: ha aumentado notablemente su consumo, pero gran parte de este aumento, especialmente en la última década, consiste en ERNCs, que componen hoy una gran parte de su capacidad de generación.

Otro de los indicadores disponibles para estos países es el PIB por unidad de energía; es una medida de la eficiencia con la que el consumo energético se traduce en crecimiento económico, y es el indicador que, según mi contraparte en nuestro intercambio epistolar, demuestran una relación directa entre el ingreso per cápita y el consumo energético. No obstante, entre todos los países analizados, Chile ha sido el menos eficiente en traducir el consumo energético en un mayor PIB, pese a ser el país que más ha aumentado proporcionalmente su consumo eléctrico per cápita (Figura 2). Es interesante notar que el otro país que ha sido ineficiente en traducir el mayor consumo eléctrico en un mayor PIB es España, el otro país que presenta un comportamiento similar a Chile (en el sentido que ha aumentado su consumo eléctrico per cápita).

Más aún, en los últimos 18 años, Chile es el país que más ha aumentado, respecto a 1990, sus emisiones de CO2, como lo demuestran los datos. Nuevamente llama la atención que Chile sea seguido por España. Otra similitud más entre ambos países (Figura 2).

Habiéndose derribado el mito de que el PIB sólo crece cuando aumentamos el consumo, una segunda pregunta surge: ¿Es el crecimiento del PIB lo que necesita el país? ¿Qué, exactamente, nos dará a todos los chilenos un mayor PIB? ¿Nos hará superar la pobreza, como sugieren los expertos? De los siete países analizados, Chile es el que presenta el

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peor índice GINI, el cual casi duplica al de Alemania, Dinamarca o Canadá. Chile, pese a ser el país de mayor aumento del consumo eléctrico, tiene la peor distribución del ingreso. El aumento del consumo no ha sido la receta para superar la pobreza. ¿Por qué habría de serla ahora?

Los argumentos de los expertos son, al menos, cuestionables. ¿Qué hay de la parte final de toda esta historia? Podemos aceptar que Chile necesita aumentar su matriz energética; después de todo, se supone que somos un país en desarrollo. Pero, ¿duplicar nuestra energía? (seguimos asumiendo que energía = electricidad).

Supongamos que Chile posee 13.000 MW de potencia instalada al momento de escribir este artículo. Si Chile duplicara su energía, tendríamos un aumento anual del consumo eléctrico del 7%. ¿Es una tasa razonable? La International Energy Agency (IEA) publica, cada año, un "outlook" del panorama energético mundial incluyendo cálculos actualizados de varios indicadores, incluyendo el aumento anual del consumo eléctrico. En la versión del año 2010, la IEA ha calculado que el aumento del consumo eléctrico promedio en el mundo será de 2,2%, más de tres veces menor que el 7% de aumento necesario para que Chile duplique su energía. Además, los países OCDE (como Chile), serán responsables sólo del 10% de este aumento; los países OCDE han ido frenando su consumo eléctrico, principalmente debido a los altos costos de generar electricidad. Cálculos para los últimos 10 años muestran que el consumo eléctrico de Chile ha aumentado, en promedio, un 6% anual, aunque gran parte de este aumento se explica por el crecimiento a inicios de la década, habiéndose calculado esta cifra en sólo un 4,5% entre los años 2003 y 2007. Y, repitiendo lo anteriormente expuesto, siguiendo una política que no ha dado resultados en términos económicos. Suponer que nuestro consumo eléctrico debe aumentar un 7% anual es más que irracional.

Finalmente, si la única evidencia de que Chile necesita duplicar su energía para aumentar el PIB, podríamos detenernos un instante en el PIB, ese indicador mágico que es sinónimo de prosperidad para unos pocos, al menos en Chile, el 13° país del mundo con la peor distribución del ingreso. El PIB fue inventado hace más de 60 años, y su propio creador llamó la atención sobre la imposibilidad de usar el PIB como un indicador del bienestar de una nación. En esa época, no existía el concepto de calentamiento global. Ni el de ERNCs. Ni el de economía verde. Ni otros similares. Hoy, muchos economistas en el mundo han intentado promover una nueva medición de los ingresos nacionales, distinto al PIB, y que incluya los costos medioambientales y sociales. Dos ejemplos son el ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) o el GPI (Genuine Progress Indicator). Curiosamente, el ISEW ha sido calculado para unos pocos países, incluyendo Chile. De acuerdo a un estudio publicado en 1999, mientras el PIB creció un 88,6% entre los años 1965-1995, en el mismo período el ISEW nacional disminuyó un 4,9%. Es decir, si consideramos los costos sociales, ambientales, y otros, en el cálculo, nos daremos cuenta que nuestro país está lejos de crecer.

En resumen: los países desarrollados no han aumentado su consumo eléctrico para aumentar su PIB; Chile, pese a ser el único país que ha aumentado ostentosamente su

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consumo eléctrico, es el país con la peor distribución del ingreso y pobreza (de los analizados), el que más ha aumentado su producción de CO2, y el menos eficiente en traducir el consumo energético en un mayor PIB, por lo cual no es verdad que duplicar nuestra energía nos ayude a superar la pobreza, y la premisa misma de duplicar la energía corresponde a lo que en términos técnicamente más elegantes se conoce como una "sobreestimación".

La falta de capacidad para evaluar y analizar datos, nos ha llevado a esta encrucijada, a esta premisa en la que debemos duplicar nuestra energía para superar el desempleo y la pobreza. Ésta es la raíz de todos los males, al menos en lo que al tema energético se refiere. Del desenfreno en la aprobación de proyectos nocivos, dañinos para nuestro ambiente único y para nuestro planeta.

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Foto: Light - arekiiu / Licencia CC

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Sumando miserias: Chile y la privatización del litio 1 de agosto de 2011, 8.876 accesos

Por Marcel Claude

Bolivia ha entendido el valor estratégico del litio para su desarrollo, es por ello que ha emprendido el camino de la industrialización de este mineral, a través de un proyecto 100% estatal encabezado por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). En esta dirección, en junio pasado, firmaba un acta de entendimiento con las compañías Kores y Posco, de Corea del Sur, para que éstas brinden apoyo tecnológico en la elaboración de partes de baterías de litio del salar de Uyuni, que cuenta con 140 millones de toneladas de litio y es una de las más grandes reservas a nivel mundial de este mineral.

En Chile, contrariamente a lo que ocurre en nuestro vecino del altiplano tan menospreciado por nuestro ethos cultural, se prepara la licitación-privatización de los yacimientos de litio, pasando por alto la limitación jurídica que impide las concesiones de este mineral y, cómo no, amparado por la ya consabida y maldita institución de los “conflictos de intereses”. Al respecto, cabe mencionar que la privatización encubierta e ilegal del litio está más que asegurada. Por una parte, porque el actual ministro de minería recién designado y que no podemos asumir ingenuamente que su nombramiento es tan fortuito como una puesta de sol, es el señor Hernán De Solminihac, hermano del actual subgerente general de Soquimich (SQM), la mayor exportadora de litio del país. Por otra parte, el subsecretario de minería, Pablo Wagner, ya sabemos es un contumaz partidario de las privatizaciones, al punto que, independientemente del gran soporte financiero que Codelco ha sido para el desarrollo de Chile, sostuvo que la nacionalización del cobre había sido un error histórico. Claramente, este subsecretario no está allí para que se cometa otro error histórico, ahora con el litio. Lo preocupante es que, según el Diario Financiero (1 de agosto 2011), todo está en manos del subsecretario, es decir, tal como lo reconoce el portal La República del Perú, Chile privatizará los yacimientos del litio.

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En el caso de Bolivia, no estamos frente a un dogmatismo ideológico tan característico de nuestras autoridades políticas y económicas, dado que si bien el Estado se hará cargo de la explotación y producirá carbonato de litio para comercializarlo, está abierto a las inversiones de otras empresas para la segunda y tercera fases del proyecto de explotación, que incluye la elaboración de baterías para vehículos eléctricos. La salvedad la puso el propio Presidente Evo Morales, quien después de reunirse con diversas empresas extranjeras interesadas en la exploración de litio boliviano, ha dejado muy claro que para lograr acuerdos con el sector privado, Bolivia debe quedarse con el 60% de los beneficios.

En Chile, la más patriótica actitud después de “un largo período de estudio de tres meses” a cargo de Cochilco, será la licitación de los yacimientos de litio, bajo la fórmula de los llamados contratos especiales de operación que son un símil de los CEOP, es decir, los contratos especiales de operación petrolera que han permitido traspasar a privados la explotación de hidrocarburos en la Región de Magallanes. La ventaja de este mecanismo es que no requiere de un cambio legal y permite soslayar el obstáculo de que el litio no se puede concesionar. Uno se pregunta con cierta ironía, qué es lo que estudiaron en Cochilco, bajo el liderazgo de Golborne –ya en campaña presidencial- ¿la mejor forma de explotar este mineral para beneficio de Chile o la mejor manera de privatizarlo? Yo no tengo ninguna duda que estuvieron tres meses viendo la mejor manera de poner este recurso a disposición de los depredadores que hoy tienen a Chile convertido en el paraíso de la acumulación privada, la concentración de la riqueza y la desigualdad.

Resulta repugnante darse cuenta de cómo se tejen los hilos en Chile. Mientras por una parte, los estudiantes dan una lucha épica por educación pública, lo que obviamente pasa por disponer de los recursos financieros necesarios para ello; los hospitales están sumidos en una severa escasez de camas, médicos, paramédicos; las viviendas sociales son una muestra de la falta de respeto por la vida y el bienestar de las personas. Por la otra, las autoridades chilenas se aprestan para dar curso a otro nicho de negocios que tiene a los empresarios-depredadores expectantes, dado que el litio es un recurso estratégico para el desarrollo futuro, más aún en el escenario de la creciente sustitución del petróleo por energías no convencionales, que requieren usar ampliamente la acumulación de energía, es decir, baterías que utilizan el litio como insumo fundamental.

Nuevas fortunas se levantan en el horizonte de la patria, mientras tanto, los chilenos, ya no solo los pobres, sino también, los estudiantes, los usuarios del Transantiago, los pacientes de los hospitales públicos, los pensionados, los trabajadores públicos y del retail, los consumidores, los endeudados, seguirán esperando una oportunidad en la historia en que la clase política dirigente se tome en serio el interés público y deje de ser la sirvienta de los intereses privados del capital.

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Foto: ferrando / Licencia CC

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El conflicto de interés de Camila Vallejo 28 de junio de 2011, 8.839 accesos

Por César Miranda

Camila Vallejo acaba de insistir en la idea de que "Lavín no es un interlocutor válido" para los alumnos. Esta idea ya había sido expresada con anterioridad por varios dirigentes estudiantiles. ¿La razón? El supuesto conflicto de interés que el titular del Ministerio de Educación tendría con la causa en virtud de su historia con la Universidad del Desarrollo. El tema se prendió aún más cuando Lavín respondió afirmativamente a la pregunta de Villegas en Tolerancia Cero sobre si éste había recuperado o no el dinero que había "invertido" en la Universidad del Desarrollo.

Aquí Piñera y sus asesores merecen un tirón de orejas. Cualquiera en sus cabales políticos sabía que Lavín en Educación tendría un lastre tremendo si se gatillaba un conflicto educacional universitario. Por muy buenas que fuesen las intenciones del Ministro, era obvio que su relación pasada con la Universidad del Desarrollo iba a despertar suspicacias de su contraparte estudiantil. Es más, con dos dedos de frente política se podía predecir que dichas suspicacias iban a ser explotadas por los dirigentes como una razón para aletargar la posibilidad de diálogo.

¿Tiene Joaquín Lavín un conflicto de interés? El razonamiento de Vallejo y el resto de los dirigentes ha quedado bastante claro. El problema es que sobre la base de esa misma premisa Camila Vallejo (y un gran número de dirigentes estudiantiles) también lo tienen.

¿Por qué? Precisamente por su militancia política. No me malentienda. Creo que es rescatable que se empiece a participar en partidos políticos y sus respectivas juventudes

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desde que se cumple la mayoría de edad. Sin embargo, es lógico preguntarse: ¿ante quién responde efectivamente un militante?

Y esto no es un tema menor. A muchos les generó molestia el carácter empresarial de una gran cantidad de personeros del Gobierno, incluido el Presidente, precisamente por el temor de que éstos tomaran decisiones cuidando los intereses de su entorno económico, en desmedro de los intereses de la sociedad, era una preocupación más que atendible.

Por lo mismo muchos exigieron al Presidente que abandonara sus intereses económicos en LAN, Colo Colo, etc., como también se le exigió a ministros, subsecretarios, intendentes, seremis, entre otros. ¿Por qué entonces no podemos exigir lo mismo a nuestros dirigentes estudiantiles? Como mencioné más arriba, es sumamente razonable preguntarse ante quién responde un militante que además es dirigente. ¿Responde ante los intereses de su partido o los del grupo que lo eligió? No lo podemos saber.

Y el problema es que este tipo de cosas genera suspicacias y muchas veces sospechas fundadas. Dígame mal pensado, pero no soy lo suficientemente ingenuo para creer que la presencia de Jaime Gajardo, militante del PC, y de la bancada parlamentaria del mismo partido es una alegre coincidencia.

No estoy en contra de mejorar las deficiencias que actualmente presenta la educación en nuestro país, no es esa mi intención con esta columna. Esto lo escribo porque creo que es importante dejar en claro que la transparencia es un camino de doble vía, un camino en el que si se exige transparencia en los intereses del contrario también hay que ser transparente en los intereses propios.

Si estamos hablando de mejorar la educación del país, y si efectivamente esto llega a buen puerto, es fundamental también regular la transparencia de los gobiernos estudiantiles, procurando evitar que sus dirigentes presenten conflictos de intereses con partidos políticos u otras organizaciones que pudiesen mermar la imparcialidad deseada en ellos. Una buena forma de hacerlo sería mediante la incompatibilidad de la militancia actual o pasada (a lo más un año antes de la elección) al momento de ser elegidos.

Todos sabemos el importante rol que han alcanzado los gobiernos estudiantiles a lo largo de la historia del país en tiempos de democracia, y siendo realistas, es muy probable que su poder e influencia se siga acrecentando con el pasar del tiempo. Sin embargo, el poder implica responsabilidad y regulación, y los dirigentes estudiantiles no escapan de dicha premisa.

Sé que a aquellos que les gusta la política les resultará particularmente difícil decidir entre actuar en un partido político o actuar en los gobiernos estudiantiles. Sin embargo, dicha división de intereses es necesaria, en pos de la transparencia y de la adecuada protección de los intereses de aquellos que lo eligieron para estar allí.

* César Miranda es vocero de Red Liberal // Foto: FuncionariosJGM / Licencia CC

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Alza de las Isapres: Carta Abierta al Superintendente de Salud 1 de abril de 2011, 8.711 accesos

Por Matías Goyenechea

Señor

Luis Romero

Superintendente de Salud

Gobierno de Chile

De nuestra consideración,

Los abajo firmantes, todos clientes de instituciones de salud previsional (Isapres) que nos veremos afectados por las desmesuradas alzas en nuestros planes de salud que han sido anunciadas en los últimos días, le solicitamos que, en el marco de las atribuciones que la ley le entrega a la Superintendencia, haga gestiones para que puedan ser reducidas y eventualmente anuladas las alzas informadas.

Entendemos que las Isapres son instituciones que, respetando el marco legal, son libres de fijar los valores de los planes que ofrecen a sus clientes, pero también es cierto que cuando los aumentos ocurren de manera sistemática y simultánea entre todas las empresas del sector, nuestras opciones como consumidores quedan al arbitrio de lo que ellas decidan como proveedoras del servicio.

Adicionalmente, nos mueve la convicción sobre la injusticia del fundamento del alza de este año. Según las propias Isapres, la razón principal es el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional que indica que el uso de la tabla de factores de riesgo para el cálculo del precio de los planes es discriminatorio y arbitrario, ya que encarece los planes según sexo y edad.

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La respuesta de las Isapres será, entonces, subir de manera exagerada el valor promedio a todos sus clientes, asegurando sus utilidades y castigando a sus clientes. Lo anterior en condiciones que durante el año 2010, las utilidades de las mismas aumentaron un 92% respecto de 2009.

Le saludan atentamente,

Los abajo firmantes.

Si quieres unirte a esta campaña, firma aquí.

(*) Matías Goyenechea integra el movimiento ciudadano Salud Un Derecho

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Foto: f-sosa / Licencia CC

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7 argumentos contra HidroAysén 7 de marzo de 2011, 8.607 accesos

Por Juan Chester

A través de la siguiente entrada quiero mostrar mi punto de vista acerca del proyecto HidroAysén, y además intentar demostrar que no se trata de un mero capricho pro ecologista, sino que más bien es una posición que tiene cierto grado de reflexión acerca de este asunto y con argumentos que a mi parecer son sólidos y que intentan acercase a la verdad y ser objetivos. Esta información la obtuve de varios medios de información y páginas especializadas.

1.- Es cierto que Chile tiene una estrechez energética, la cual se extenderá hasta el año 2014 – 2015 de acuerdo con los pronósticos. Este es uno de los argumentos que más ayudan al proyecto HidroAysén. Sin perjuicio de lo anterior, hay que señalar que el proyecto no llega a solucionar ninguna crisis energética, puesto que su construcción demorará aproximadamente 10 años, esto quiere decir que estará listo aproximadamente el año 2019 0 2020, de lo cual podemos deducir que en esos años habremos superado el problema energético del país, por lo tanto el proyecto HidroAysén llega tarde a solucionar el problema.

2.- En el mismo período de construcción (10 años), Chile podría dedicarse a fomentar otras energías, como las energías renovables no convencionales, en este caso la fotovoltaica, eólica, geotérmica, y termo solar. En el caso de las energías solares, siendo Chile el país con mayor radiación solar en el mundo; además esta energía, para ser almacenada requiere de un mineral sobre el cual Chile posee ventajas mundiales: el salitre. Tan sólo ayer el premio nobel de física y ex director del CERN, Carlo Rubbia, de paso por el país, recomendaba a las autoridades presentes, (entre ellos el presidente Ricardo Lagos), que el país use esta energía, pues el crudo se acaba rápidamente. Respecto de la geotérmica, Chile cuenta con el 10% de los volcanes activos del mundo, y en materia eólica Chile también posee un tremendo potencial, por lo tanto nuestro país no requiere la intervención ni destrucción se zonas de una riqueza y belleza natural incomparables, que además generan otro tipo de industria, como el ecoturismo.

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3.- HidroAysén presentó a la Conama (corporación nacional del Medio Ambiente) únicamente el análisis de impacto ambiental de la Mega represa (que destruiría casi seis mil hectáreas de Aysén), y no el de el tendido eléctrico, que por tiene un largo de 2.200 kilómetros y atraviesa 8 regiones del país, lo cual aumenta dramáticamente el impacto sobre la naturaleza que producirá el proyecto en su conjunto. Como se puede deducir lógicamente, a los ejecutivos del proyecto no les sirve una represa sin tendido eléctrico y tampoco les sirve un tendido eléctrico sin una represa.

4.- Aunque parezca un cuento difícil de creer, las hidroeléctricas SÍ producen gases contaminantes, puesto que al inundar zonas que contenían grandes bosques, (en este caso casi seis mil hectáreas), aquellos bosques inundados de agua comienzan a descomponerse de manera anaeróbica, puesto que el oxígeno casi desaparece del fondo de estas posadas de agua y producen gas metano (CH4), que es uno de los gases que colaboran con el calentamiento global.

5.- El proyecto de la mega represa no generará de manera permanente más allá de 200 puestos de trabajo (una vez terminada), puesto que al ser de última generación requeriría muy poco personal. A diferencia de lo que ocurre con las energías renovables no convencionales que son una gran oportunidad de desarrollo científico y tecnológico para el país.

6.- El tendido eléctrico requerido. Si hubiera existido hace uno o dos años, no habría soportado por ejemplo: la erupción del volcán Chaitén (el tendido pasa muy cerca de ese volcán), u otro más frecuente en Chile: un terremoto. En consecuencia la vulnerabilidad del tendido eléctrico hace muy riesgoso el proyecto, y si dimensionáramos que ocurra una eventualidad como esta, el sistema interconectado central (SIC) vería disminuida su capacidad en un 25%, lo cual habría hecho colapsar inmediatamente y sin previo aviso al país.

7.- Ya aprendimos de la experiencia con el Gas Argentino que no debíamos depositar todos los huevos en una sola canasta, y que deberíamos diversificar la matriz energética. HidroAysén significaría cometer dos veces el mismo error, pero ya conocemos la historia y no estamos condenados a repetirla. Proyectos como este, no sólo producen un daño gigantesco al medioambiente, sino que además no nos permitirían convertirnos en una verdadera potencia energética en América Latina a raíz de las fuentes de energía renovable no convencionales que son infinitas y no dependen de las oscilaciones del agua.

Vía: Mi blog

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Los costos que el sector público no asume en la formación de especialistas 23 de abril de 2011, 8.246 accesos

Por Felipe Cardemil

Con frecuencia se menciona que existe un déficit de médicos especialistas y subespecialistas en los hospitales públicos, sobre todo a nivel regional, reportándose que entre un 64% y 73% de los especialistas se concentran en la zona centro. Por otro lado, se plantea que este déficit no es real en términos absolutos; a nivel nacional, habría médicos para disminuir esta brecha, pero existe un problema de distribución que determina que los médicos no permanezcan en el sector público luego de terminar su formación, produciéndose una fuga hacia el sector privado (sólo 44% de los médicos trabaja en el sector público). Por más criticable que esto sea, lo que nunca se menciona es la otra parte de esta situación.

Un médico puede acceder a un programa de especialización inmediatamente a continuación o con posterioridad del pregrado, que dura 7 años. De acuerdo a datos arancelarios actuales, un programa de pregrado implica un costo de entre $23.100.000 y $44.800.0000, dependiendo del arancel (que varía entre $3.300.000 y $6.400.000 por año en las distintas universidades, públicas y privadas), sin considerar gastos extra como alimentación, material de estudio, ni transporte. Los programas de especialización duran en su mayoría 3 años más, y su costo es entre $10.500.000 y $13.500.000 ($3.500.000 y $4.500.000 por año), a lo que hay que agregar gastos adicionales, como vivienda, locomoción, y alimentación. El estudiante, que ya es un profesional, se desempeña durante ese tiempo en jornadas completas de 44 horas semanales en hospitales públicos, más turnos correspondientes, sin recibir una remuneración ni beneficio alguno. Además, muchos programas exigen dedicación exclusiva, con la consiguiente imposibilidad de

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trabajar extra en algún otro lugar, con la idea de no sobreexigir al estudiante ni afectar su formación.

Al ser médicos titulados, los estudiantes en programas de especialización pueden atender pacientes en sala, en policlínico, y participar como ayudantes en cirugías, todos procesos indispensables para el funcionamiento de un hospital, y que generan disminución de las listas de espera. De la misma manera, tienen responsabilidad médico legal por sus acciones.

Lo curioso de todo esto es que Chile es el único país del mundo donde las especializaciones médicas no sólo no son remuneradas, sino que hay que pagar para realizarlas. Llevando las cifras a la realidad, y considerando que un porcentaje importante de familias pagan los aranceles o piden créditos para los estudios (bancarios o con aval del estado), formar un médico especialista puede llegar a costar entre$33.600.000 y $58.300.000, esto sin considerar gastos adicionales, ni los costos de una subespecialización, que aumentan en 2 años la formación, elevándolo a entre $40.600.000 y $67.300.000. Considerando que el sueldo por cada jornada de 11 horas para un especialista o subespecialista es aproximadamente $200.000 mensuales más asignaciones al comenzar trabajando en un hospital, y que al partir la vida profesional un médico puede tener niveles de endeudamiento elevados, surgen razones para justificar la no permanencia en el sector público.

En contados casos, algunos servicios de salud financian médicos en especialización, pagando el arancel universitario y entregando un estipendio mensual, generando contratos de vínculo por un período de 3 a 6 años posterior a la formación, lo que obliga a los especialistas a “devolver” trabajando por ese período en el sector público. En muchos casos este vínculo se prolonga, debido a que se forman equipos y ambientes de trabajo favorables, y porque se genera una sensación de reciprocidad que actualmente no existe a nivel masivo. Otras formas de formar especialistas que sí consideran remuneración, son los programas de etapa de destinación y formación (EDF, antiguos “generales de zona”), y las becas de especialistas para la atención primaria de salud (APS), pero que representan un porcentaje menor del total de especialistas en formación. En el caso del EDF no incluye retornar al sector público (ya que trabajaron entre 3 a 6 años en un lugar rural), y en el de los especialistas APS, participan en actividades asistenciales en la APS en paralelo a su formación. Sin embargo, la gran mayoría de los médicos en formación sigue siendo “autofinanciado”.

Existen muchas experiencias internacionales en que los sistemas de formación de especialistas son financiados por el Estado, bajo el supuesto que los profesionales que desempeñan funciones en el sector público deben ser remunerados, y que es necesario fomentar la permanencia en los hospitales. En este sentido, el escenario actual de condiciones económicas mucho más favorables en el sector privado, sumado al endeudamiento al terminar, actúan como mecanismo para desincentivar este vínculo.

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Mucho se puede discutir respecto al verdadero sentido de vocación en los egresados, o la mercantilización actual de la salud; sin embargo, como en cualquier profesión, existen desde personas que estudiaron sólo por los ingresos económicos, a otras que lo hicieron por un verdadero sentido de servicio. De la misma manera, hay médicos que trabajan sólo en el sector público, ganando 4 o 5 veces menos de lo que percibirían como “médicos privados”, sólo porque creen que es lo correcto. El punto no es atacar a unos o defender a otros, sino encontrar como país mecanismos para fomentar la permanencia en el sector público que sean justos.

Aparentemente, las necesidades de especialistas en los hospitales exceden la masa crítica que por contrato debe retornar a éstos a futuro, lo que genera cada vez más incertidumbre respecto a la evolución de la brecha en los próximos años. Ante esto, la pregunta es ¿no será tiempo que el estado chileno asuma su rol y financie la formación de especialistas, como política pública?

* Felipe Cardemil es integrante del movimiento Salud un derecho

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Foto: Pontificia Universidad Católica de Chile / Licencia CC