Pr omesas en su l aber intocambios y continuidades en l osgobier nos pr ogr esistas deAmr ica l atinaCarlos ArzeJavier GmezPablo OspinaVctor lvarezPromesasen su laberintoCambios y continuidadesen los gobiernosprogresistasde Amrica Latina Promesasen su laberintoCambios y continuidadesen los gobiernosprogresistasde Amrica Latina Carlos ArzeJavier GmezPablo OspinaVctor lvarezLander, Edgardo; Arze, Carlos; Gmez Javier; Ospina, Pablo; lvarez, VctorInstituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) / Centro de Estudios para elDesarrolloLaboralyAgrario(CEDLA)/CentroInternacional Miranda (CIM)Promesasensulaberinto:Cambiosycontinuidadesen los gobiernos progresistas de Amrica Latina / Carlos Arze, Javier Gmez, Pablo Ospina; Vctor lvarezIEE/CEDLA/CIM. La Paz: Agosto de 2013, x, 396 p.I.t.II.s.2013, IEE, CEDLA, CIMPrimera edicin: Agostode 2013Depsito Legal: ......................ISBN: .Produccin editorial:CEDLA. Av. Jaimes Freyre No. 2940, SopocachiTelfs. 2412429 - 2413175 - 2413223Fax: (591) (2) 2414625E-mail: cedla@cedla.orgURL: www.cedla.orgLa Paz - BoliviaIlustracin de tapa:CORBISCuidados de edicin:Patricia MontesDiagramacin:Alfredo Revollo JanImpresin:Imprenta Weinberg, S.R.L.Impreso en BoliviaPrinted in BoliviaNinguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de tapa, puede ser re-producida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningn medio, sin permiso previo del editor.DESCRIPTORES DESCRIPTORES GEOGRFICOS

vndicePresentacin ........................................................................................................................................................viiPrlogoTensiones/contradicciones en torno al extractivismo en los procesos de cambio: Bolivia, Ecuador y VenezuelaEdgardo Lander............................................................................................................................1Bolivia: El proceso de cambio nos conduceal Vivir Bien?Carlos Arze VargasJavier Gmez ....................................................................................................................................45Estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo antes que cambiarloLa revolucin ciudadana en Ecuador (2007-2012)Pablo Ospina Peralta ............................................................................................................177La transicin al socialismo de la Revolucin BolivarianaTransiciones logradas y transiciones pendientesVctor lvarez R. ..........................................................................................................................279viiPresentacinLos textos de este libro se proponen contribuir al debate sobre losprocesosdecambioqueseestndandoenBolivia,Ecuadory Venezuela. Se abordan crticamente las experiencias de los tres pa-ses, con un particular nfasis en las tensiones/contradicciones entre los objetivos de los procesos de cambio, tal como fueron formulados en sus procesos constituyentes fundantes y programas de gobierno, y lo logrado hasta el momento1. Se parte entonces de los propsitos formulados pblicamente por los gobiernos, y para evaluar sus avan-ces se toma como referencia cifras ociales que stos presentan en diversas fuentes.Los trabajos de Pablo Ospina sobre Ecuador, de Carlos Arze y Ja-vier Gmez sobre Bolivia y de Vctor lvarez sobre Venezuela parten de cuestiones comunes que pueden ser sintetizadas, entre otras, en las siguientes interrogantes: 1.Hasta qu punto estos procesos estn construyendo alter-nativas y transiciones ms all del capitalismo y ms all del desarrollo? Qu respuestas se estn dando ante la profunda crisisdeunacivilizacindecrecimientosinlmiteenun planeta acotado, cuyos lmites en trminos de capacidad de 1Los datos que fueron tomados como base para los tres anlisis fueron recopilados entre marzo y julio de 2012.viiiproduccin y reproduccin de la vida estn siendo sobrepa-sados? La dependencia del extractivismo est en aumento o en baja? En qu medida est encaminada una transicin al postextractivismo y a una insercin soberana en el mercado mundial? 2.Enqumedidalaspolticassocialessonredistributivasy rompen con el esquema neoliberal? En qu medida se han alterado las relaciones de propiedad y la estructura de los procesos productivos? Dnde se pueden identicar polticas que fomenten efectivamente el Buen Vivir/Vivir Bien? 3.En qu medida se ha profundizado la democracia ms all de la democracia representativa liberal? Cules son las formas efectivas de participacin popular que se han instalado en los tres pases? En qu medida existen transformaciones del sistema poltico hacia la plurinacionalidad donde sta gura entre los objetivos del cambio? Cul es el manejo de la cr-tica, la disidencia y la protesta? Hay capacidad de dilogo o existe criminalizacin al respecto?Como podr verse en la lectura de los textos, las interpretaciones y evaluaciones que se hacen de los diferentes pases tienen puntos de encuentro pero tambin nfasis diferentes y, en ocasiones, crite-riospolticosdivergentessobrelosprocesosactualesenellos.Con ellodebequedarclaroqueestostextosnoexpresanunaposicin necesariamente compartida entre los investigadores involucrados en este proyecto. Ms que buscar interpretaciones consensuadas, se ha considerado preferible presentar esta pluralidad de posturas e inter-pretaciones como contribucin al enriquecimiento del debate, que es algo en lo que estn completamente de acuerdo, las personas que aportaron a este libro con autoras o comentarios. El debate amplio y crtico es un aporte necesario a la transformacin social. Est de ms decir que cada uno de los autores es responsable del contenido de su propio texto. ixA pesar de que estos procesos polticos han sido debatidos inten-samente en cada uno de los tres pases, por lo general se hizo nfasis en el anlisis de las experiencias nacionales. Las referencias desde cada pas a los otros dos casos, as como los anlisis comparativos, han sido secundarias en su mayor parte. Si bien este libro no pretende llenar este vaco, s busca realizar aportes que permitan contribuir a abrir vas para esas miradas comparativas. El texto de Edgardo Lander aborda justamente los tres pases desde una mirada comparativa, analizando polticassociales,suimpactoylaaceptacinquehanlogradolos gobiernos que las han impulsado. Establece adems algunos criterios para el anlisis crtico de los procesos de cambio sociales, tomando en cuenta su complejidad, y haciendo nfasis en el procesamiento de las contradicciones que inevitablemente generan, tanto por los propios gobernantes como por sus crticos desde la izquierda. Javier Gmez 1PrlogoTensiones/contradicciones en torno al extractivismo en los procesos de cambio: Bolivia, Ecuador y VenezuelaEdgardo Lander1Ms all de los contenidos constitucionalesMs all de lo que pueda interpretarse directamente a partir del anlisis de los textos constitucionales, ninguno de estos tres procesos puede ser pensado o caracterizarse como si se tratase de un proyecto de cambio unitario o coherente, con una visin ms o menos acaba-da del modelo de sociedad al cual se aspira. No podra ser de otra manera en sociedades profundamente heterogneas, como lo son en particular Bolivia y Ecuador. Esto queda claro, en primer lugar, en el contenido de los propios textos constitucionales. stos no son en s mismos, ni podan serlo, plenamente coherentes, es decir, libres de tensiones,contradiccionesyposiblesinterpretacionesdivergentes. No se trata de documentos monolticos en los cuales se establezca conclaridadtantolasvasderupturaconelordenliberal/colonial como una preguracin del modelo de sociedad a la cual se aspira. Peromsimportanteaneselhechodequeelcontenidodelas nuevasconstitucionesexpresaunasdeterminadascorrelacionesde 1Doctor en Sociologa. Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Andina Simn Bolvar en Quito. Fellow del Instituto Trasnacional (TNI), msterdam. Invo-lucrado en forma directa en la dinmica de los Foros Sociales Mundiales, de las Amricas y Venezuela.2fuerzas en momentos especcos de crisis de los sistemas polticos imperantes y unas determinadas alianzas y acuerdos entre mltiples sujetos y agentes sociales. Se trata de consensos mayoritarios coyun-turales expresados tanto en las asambleas constituyentes como en los referndums aprobatorios realizados en cada uno de los tres pases, que no pueden, de modo alguno, entenderse como expresin de la realizacin de una nueva hegemona en el conjunto de la sociedad. De lo contrario no se entendera las contradicciones y tensiones que se han producido despus de la aprobacin de estas constituciones. En el caso venezolano, el horizonte del llamado Socialismo del Siglo XXIsoloaparecidespusdevariosaosdelaaprobacindela Constitucin del ao 1999.Adems de las diferencias y confrontaciones mltiples con dife-rentes sectores liberales y de la derecha, son mltiples las prioridades de los cambios, los imaginarios, las metas, los objetivos que se formu-lan los diferentes sectores y agentes y/o movimientos y organizaciones sociales en estos pases. Como ha sealado Ral Zibechi, en Amrica Latinaactualmentelarealidadpoltico-socialnoestcongurada por un solo escenario sino por tres: la lucha por la superacin de la dominacin estadounidense, por la superacin del capitalismo y por la superacin del desarrollo (Zibechi, 2010). Esto es, por la presencia simultnea de tendencias y direccionalidades antiimperialistas, antica-pitalistas y la bsqueda de alternativas al desarrollo. Tendra sentido agregar a dichos escenarios por lo menos un cuarto: el referente a proyectos nacional-populares que dan prioridad a la industrializacin, democratizacin, inclusin y redistribucin, lo que podra caracterizar-se como las tareas pendientes del imaginario, todava presente en estas sociedades, de la construccin de Estados nacionales democrticos.Estosdiferentesproyectosdefuturocoexistenencomplejas relaciones de tensin/contradiccin y de complementacin, tanto en las luchas y demandas de diversos sectores del mundo popular en diversas coyunturas, como en las polticas pblicas. Cmo se com-plementan entre s estos diferentes objetivos? Qu relacin tienen los 3objetivos antiimperialista y de soberana nacional con la bsqueda de la decolonizacin de la sociedad? Qu relacin tienen las tareas de la superacin del desarrollo y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza con las exigencias de polticas pblicas que mejoren a corto plazo las condiciones de vida de la poblacin excluida? Cmo se procesan las diferentes exigencias que con relacin al papel y el modelo de Estado estn en juego en estos diferentes escenarios? Cuando se da prioridad a la lucha antiimperialista y a la recupe-racin y defensa de soberana nacional ante amenazas externas, as como a la accin del Estado para responder a corto plazo a las de-mandas de la poblacin mediante polticas sociales, se argumenta la necesidad de un Estado nacional no solo recuperado del desmontaje neoliberal, sino tambin de un Estado centralizado con capacidad de captar y redistribuir recursos al conjunto de la sociedad. Esta lgica estatista entra rpidamente en tensin con las expectativas de la trans-formacin profunda de estos Estados nacionales liberal-coloniales en direccin a la construccin de Estados plurinacionales en el caso de Bolivia y Ecuador o de un Estado comunal en el caso de Venezuela. Las exigencias temporales (corto, mediano, largo plazo) operan en forma diferente para estos diferentes proyectos. Como veremos ms adelante, lo que puede corresponder a las exigencias a corto plazo de unas determinadas demandas y proyectos sociales puede operar como obstculo o freno al logro de otros objetivos de ms largo plazo. Las visiones sobre la prioridad relativa de estos diferentes objetivos en diferentes coyunturas pueden variar mucho tanto dentro del Estado y la dirigencia poltica de los procesos de cambio, como entre diferentes organizaciones y movimientos sociales y populares, as como en los diferentes mbitos de la academia. Adicionalmente, las miradas sobre el manejo de estas tensiones ante la prioridad relativa de estos diversos objetivos del proceso de transformacin de la sociedad suelen ser muy diferentes desde la ptica del Poder Ejecutivo y de la direccin poltica de cada pas (y a partir de la razn de Estado) a las prioridades que se formulan 4desde diferentes sectores de la sociedad y del mundo popular y sus organizaciones y movimientos. Una primera mirada: el Estado de bienestar socialy los imaginarios nacional-populares Una primera aproximacin a estos procesos se reere a cmo han respondido a las demandas sociales y econmicas ms inmediatas de los sectores populares. Se trata de derechos sociales y econmicos que han sido consagrados constitucionalmente en estos tres pases. Estas demandas y expectativas han sido tradicionalmente asociadas con la socialdemocracia, con el Estado de bienestar social y los proyectos nacional-populares. No se trata aqu de dimensiones revolucionarias del cambio poltico, ni de cambios conducentes al postcapitalismo o al postdesarrollo, pero no por ello dejan de ser objetivos polticos que juegan un papel prioritario en el corto plazo. Cmo han respondido estos gobiernos ante las carencias y urgencias sociales de la mayor parte de poblaciones cuyas condiciones histricas de exclusin haban sido profundizadas tan dramticamente por las polticas neoliberales y por el retraimiento del Estado?Como resultado tanto del crecimiento econmico sostenido de la ltima dcada en prcticamente todo el continente (crecimiento que ha continuado incluso en las adversas condiciones internacio-nales de la crisis econmica global), y del cuestionamiento amplio a las polticas neoliberales en el mismo perodo, se ha producido un incremento en el gasto pblico social y las polticas sociales han contribuido a una signicativa mejora en los indicadores sociales tradicionales.Veamoscmohanoperadoestastendenciasenlos tres pases en cuestin2. 2Las cifras sobre gasto social que se presentan aqu corresponden a la base de datos es-tadsticaCEPALSTAT,delaCEPAL.Lascomparacionesquesehacenacontinuacinson entre el ao inmediatamente anterior a aquel en que Hugo Chvez, Evo Morales y Rafael Correa asumieron la presidencia y los datos correspondientes al ltimo ao para el cual hay informacin. Cuando faltan los datos de un ao, se utilizan las cifras del ao ms cercano (CEPAL, CEPALSTAT, 2013).5DeacuerdoconlaCEPAL,enBoliviaelgastopblicosocial como porcentaje del gasto pblico total del gobierno central pas del 26% en el ao 2005 (ltimo ao antes del inicio del gobierno de Evo Morales) al 40% en el ao 2009. Entre esos aos el gasto pblico del gobierno central como porcentaje del PIB pas del 12% al 14%. La participacin porcentual del gasto educativo y en salud se mantuvo sin variacin entre esos aos: 6% y 2%, respectivamente. El gasto social per cpita del sector pblico no nanciero pas de $US 184 en el ao 2005 a $US 211 en el ao 20083. En Ecuador el gasto pblico social del gobierno central, como porcentaje del gasto pblico total, pas del 21% en 2006 (ltimo ao antes de que asumiera Rafael Correa) al 26% en el ao 2010. El gasto pblico social como porcentaje del PIB se duplic: del 5% en 2006 al 10% en 2010. El gasto social en educacin como porcentaje del PIB pas del 3% al 5%, y el de salud, del 1% al 2% en ese mismo perodo. El gasto social per cpita pas de $US 139 en el ao 2006 a $US 314 en el ao 2010, un incremento del 126%.De acuerdo con las estadsticas de la CEPAL, en Venezuela el gasto pblico social como porcentaje del PIB pas del 39% en 1999, primeraodelgobiernodeChvez,al45%en2009.Elgastoen educacin como porcentajes del PIB pas del 4% al 6%. En el mismo perodo, el de salud pas del 1% al 2% y el de seguridad social de 2% a 4% del PIB. El gasto social per cpita pas de $US 398 en el ao 1999 a $US 735 en el ao 2009, un incremento del 85%. Sin embargo, estas estadsticas subestiman severamente la realidad del gasto pblico social en Venezuela en estos aos, fundamentalmente debido al hecho de que una proporcin signicativa de ste se realiza por vas diferentes al presupuesto del gobierno central, especialmente mediante el gasto social que realiza directamente Petrleos de Venezuela (Aponte Blank, 2010). De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Repblica Bolivariana de Venezuela, 2013), la inversin 3Calculado en dlares del ao 2006.6pblica social como porcentaje de la inversin pblica total pas del 47,9% en el ao 1998 al 70% en el ao 20104.Impacto del gasto social SegnlasestadsticasdelaCEPAL,encadaunodeestostres pases se han producido cambios importantes en las condiciones de vida de la poblacin a lo largo de estos gobiernos5. Esta tendencia, sin embargo, es compartida por la mayor parte de los pases de Sud-amrica, gracias al sostenido crecimiento econmico y al hecho de que aun los gobiernos de derecha han abandonado las formas ms extremas del neoliberalismo de los aos anteriores.En Bolivia, entre los aos 2004 y 2009, la tasa de pobreza se redujo del 32,1% al 19,8% de la poblacin, y la tasa de indigencia, del 15% al 11%6. La distribucin del ingreso en este pas ha sido extraordinaria-mente voltil en los ltimos lustros. La relacin del ingreso medio per cpita entre el decil de la poblacin con mayores ingresos y el decil con menores ingresos pas de 55,5 a 1 en el ao 2004, a 63 a 1 en el ao 2009, despus de haber llegado a 107 en el ao 2007, cifra solo superada en aos recientes por la astronmica cifra de 219 en el ao 4De acuerdo con los datos de la CEPAL, a pesar de estos signicativos incrementos, el gasto social en los tres pases estudiados sigue siendo inferior al de otros pases sudamericanos. Con nes comparativos, tiene sentido ver las cifras correspondientes a otros pases de la regin en el ao 2009. En Argentina el gasto social del gobierno, consolidado como por-centaje del PIB fue del 28% y el gasto social per cpita, de $US 1.601. En Brasil, el gasto social del gobierno, consolidado como porcentaje del PIB, fue del 27% y el gasto social per cpita de $US 1419. En Uruguay el gasto social del gobierno, consolidado como porcentaje del PIB, fue del 23% y el gasto social per cpita fue de $US 1.503. En Chile el gasto social del gobierno central como porcentaje del PIB fue del 16% y el gasto social per cpita $US 1.266 (CEPAL CEPALSTAT, 2013). 5Porrazonesquehansidoampliamentedebatidas,estosindicadoressocialesylascon-cepciones y medidas de la riqueza y el bienestar humano sobre las cuales estn basados, principalmente por su carcter radicalmente monocultural, no son adecuados para analizar los procesos de cambio que se busca realizar en estos pases. Sin embargo, siguen siendo, por el momento, las nicas aproximaciones cuantitativas comparables disponibles.6Carlos Arze Vargas arma en su texto en este libro que Los niveles de pobreza en el pas, tanto moderada como extrema, han bajado en el ltimo quinquenio: la pobreza moderada desde el 60,6% al 49,6% lo que hace un descenso acumulado de 18% y la pobreza extrema o indigencia del 38,2% al 25,4% correspondiente a una tasa acumulada del 33%.71999. Sin embargo, segn el ndice de Gini, se constata una tendencia a la mejora en la distribucin del ingreso. Este ndice baj de 0.561 en el ao 2004 a 0.508 en el ao 2009.La tasa de mortalidad infantil (tasa por mil nacidos vivos) baj de 49 en el ao 2005 a 39,3 en 2011, cifra solo superada por Hait en toda Amrica Latina y el Caribe. La tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) baj de 240 en el ao 2005 a 190 en el 2010. Esta cifra es solo superada por Guyana y Hait. La matrcula escolar en primaria baj de 1.508.194 en el ao 2006 a 1.429.084 en el ao 2010. La matrcula secundaria tuvo un leve incremento, de 1.043.127 en 2006 a 1.059.641 en 20087. En Ecuador la tasa de pobreza pas del 17,2% al 12,9% entre los aos 2006 y 2011. Entre esos mismos aos la tasa de indigencia pas del 5,4% al 4,5%. La relacin entre el ingreso medio de las personas del decil 10 (mximo ingreso) y el decil 1 (mnimo ingreso) se redujo de 18 a 1 en el ao 2006 a 13,4 a 1 en el ao 2010. El ndice de Gini baj de 0.527 en el ao 2006 a 0.460 en el ao 2011. La matrcula en educacin primaria tuvo un leve incremento del 4,4% entre los aos 2006 y 2010, pasando de 2.006.430 a 2.095.003 estudiantes. En contraste con esto, la matrcula en el mbito de la educacin secundaria pas de 1.103.258 en 2006 a 1.478.555 en 2010, un incremento del 34%8. La tasa de mortalidad infantil baj de 23,2 en el ao 2006 a 19,6 en el ao 2011. La tasa de mortalidad materna (110) no tuvo alteraciones entre los aos 2005 y 2010.En Venezuela el peso de las polticas sociales, a cargo de las mi-siones, ha tenido un impacto mucho ms notorio. Esto se debe a la mayor disponibilidad de recursos y al mayor tiempo en el gobierno, pero tambin al hecho de que la amplia gama de misiones implemen-7En la base de datos de la CEPAL, las estadsticas sobre educacin terciaria en Bolivia estn incompletas.8En la base de datos de la CEPAL estn incompletas las estadsticas sobre educacin terciaria en Ecuador.8tadas ha sido la primera prioridad de la poltica interna del gobierno. A la creacin de la Misin Barrio Adentro en el ao 2003 le sigui la creacin de misiones para abordar sucesivamente cada una de las reas de poltica social a las cuales el gobierno les fue otorgando prioridad: alfabetizacin y educacin en todos los niveles, atencin a madres de barrios, atencin a adultos mayores, produccin y distribucin de ali-mentos, creacin de cooperativas, vivienda, reforma agraria, desarrollo cientco-tecnolgico y dilogos de saberes, transferencias monetarias directas a familias necesitadas con hijos menores, etc.9 Las estadsticas de la CEPAL muestran que las tasas de pobreza y de indigencia bajaron del 22,6% y el 9,0%, respectivamente, en el ao 1999, al 10,5% y el 4,2%, respectivamente, en el ao 2011. La re-lacin del ingreso medio de las personas entre el decil 10 de mximo ingreso y el decil 1 de mnimo ingreso se redujo a ms de la mitad, al pasar de 37,8 a 1 en el ao 1999 a 16,1 a 1 en el ao 2011. El ndice de Gini baj de 0.498 en el ao 1999 a 0.397 en el ao 2011, lo cual convierte a Venezuela en el pas menos desigual dentro de la profunda desigualdad que caracteriza a todo el continente. Sin embargo, como seala Vctor lvarez en su texto en este libro, esta signicativa mejora en la distribucin del ingreso no es fruto de transformaciones en la estructura productiva o en las relaciones de propiedad; es fundamentalmente el resultado de las masivas transfe-rencias de recursos hacia los sectores populares que han sido posibles en estos aos por el enorme aumento de la renta petrolera durante los ltimos aos. La continuidad de estas polticas es altamente de-pendiente de que se mantengan los elevados precios del petrleo en el mercado internacional. 9Misin Barrio Adentro, Misin Guaicaipuro, Misin Hbitat, Misin Identidad, Misin Cultura, Misin Mercal, Misin Miranda, Misin Piar, Misin Robinson, Misin Ribas, Misin Sucre, Misin Vuelta al Campo, Misin Zamora, Misin Vuelvan Caras, Misin Milagro, Misin Son-risa, Misin Ciencia, Misin Negra Hiplita, Misin Caricuao, Gran Misin AgroVenezuela, Misin Amor Mayor, Misin Hijos de Venezuela, Gran Misin Saber y Trabajo, Gran Misin Vivienda Venezuela.9Durante el gobierno de Chvez ha habido muy poca variacin en la matrcula en educacin primaria: de 3.261.343 estudiantes en el ao 1999 a 3.466.230 estudiantes en 2011, un incremento de solo 6,3% en 12 aos. La educacin secundaria, por el contrario, subi de una matrcula de 1.439.122 en 1999, a una de 2.287.393 en 2011, lo que representa un incremento del 59%. El cambio ms notorio fue en la educacin terciaria, en la que se pas de 668.109 estudiantes en el ao 2000 a 2.123.041 estudiantes en 2009, un extraordinario salto de 218% en solo nueve aos, como resultado del nuevo sistema nacional de educacin universitaria, la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta institucin han sido muy importantes las polticas de inclusin y bsqueda de opciones a la construccin disciplinaria de los conoci-mientos de la academia tradicional. La preservacin de la relacin de los estudiantes con sus comunidades de origen ha sido una prioridad. Sin embargo, esta acelerada expansin de la matrcula de la Univer-sidad Bolivariana se ha dado al costo de mucha improvisacin, que se ha traducido en irregulares niveles de calidad en la formacin de los estudiantes de esta institucin. Las restricciones presupuestarias que ha confrontado el sistema tradicional de universidades autno-masenelltimolustrohantenidoseriasconsecuenciasnegativas para su funcionamiento. La mayor parte del presupuesto se gasta en salarios (crecientemente devaluados), con muy pocos recursos para actividades de investigacin, reposicin de equipos, mantenimiento, publicaciones, etc.Cmo evala la poblacin el funcionamiento de la democracia y la gestin de estos gobiernos?Las sucesivas victorias en las mltiples elecciones realizadas du-rante los ltimos aos, sobre todo en Venezuela, permiten constatar que, a pesar de la permanente conictividad social que ha caracteri-zado a estos procesos, estos gobiernos preservan elevados niveles de legitimidad y de apoyo electoral, sobre todo en los sectores populares. 10Para contar con una fuente adicional de datos comparables sobre los tres pases, que permitan documentar la evaluacin que hace la poblacin del funcionamiento de la democracia en cada uno de stos y la satisfaccin o insatisfaccin con la gestin del gobierno, resulta til utilizar las encuestas de opinin de Latinobarmetro (Corporacin Latinobarmetro, 2004-2001 y 2013)10. En Ecuador, durante los aos de gobierno del Presidente Correa, se ha dado un cambio muy signicativo en la satisfaccin con la de-mocracia existente en el pas y en el nivel de apoyo de la poblacin al gobierno, lo que sin duda est asociado con la estabilidad despus delasturbulenciaspolticasdeladcadaanterior,yalregresodel Estado, despus de la experiencia neoliberal. En el ao 2005 solo el 14% de la poblacin se manifest como muy satisfecho o mas bien satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el pas, solo un punto porcentual ms que Per, que ocup ese ao el lugar ms bajo en la escala de 18 pases latinoame-ricanos estudiados, y que tuvieron un promedio del 31%. En respuesta a la pregunta sobre cun democrtico es el pas, la respuesta ecua-toriana fue igualmente la segunda ms negativa entre los 18 pases estudiados. En el ao 2006, un ao antes de que Correa asumiese la presidencia, solo el 23% de los encuestados aprobaba la forma en que el presidente est dirigiendo el pas (el nivel ms bajo para toda Sudamrica),apenasel8%tenaconanzaenelgobierno,el10% tena conanza en el presidente y el 11% consideraba que se est gobernando para el bien de todo el pueblo. En 2011, la aprobacin para la forma en que el presidente est dirigiendo el pas se haba elevado al 64% (una de las cifras ms altas del continente). Para ese mismo ao, el 43% de los entrevistados consideraba que la distribucin 10Esta informacin se utiliza a pesar de que el contenido de las preguntas de la encuesta de Latinobarmetro est bsicamente enmarcada dentro de un acotamiento de democracia liberal. Esto limita su utilidad, ya que aporta poco al conocimiento de las posturas de la poblacin en relacin a las transformaciones culturales y estructurales ms profundas que forman parte de los debates polticos de estos procesos: Buen Vivir, Socialismo del Siglo XXI, etc.11del ingreso en el pas era muy justa o justa (la cifra ms elevada delcontinente).Esigualmenteelevadoelniveldeconanzaenel Estado. El 66% de los entrevistados considera que el Estado puede solucionar (todo o gran parte) los problemas de la delincuencia, narcotrco, pobreza y corrupcin. Para ese mismo ao, el 49% de los entrevistados arma estar muy satisfecho o mas bien satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el pas. En Bolivia, en 2004 (ao anterior a la eleccin de Evo Morales), exista una evaluacin muy negativa del gobierno y del funcionamiento de la democracia en el pas. Solo el 16% de la poblacin armaba estar muy satisfecha o ms bien satisfecha con el funcionamiento de la democracia en el pas y el 79% consideraba que el pas iba por mal camino. Igualmente, un 76% consideraba que el pas est gobernado porunoscuantosinteresespoderososensupropiobenecio.Sin embargo,paradjicamente,el48%delosentrevistadosarmque aprobaba la gestin del gobierno que encabeza el presidente Carlos Mesa (Corporacin Latinobarmetro, 2004).En contraste con la informacin de Latinobarmetro correspon-diente a Ecuador, en Bolivia durante los aos del gobierno de Evo Morales no se ha producido mayor variacin ni en el grado de satis-faccin con el funcionamiento de la democracia en el pas, ni en la aprobacin al gobierno. El nivel de aprobacin a la forma en que el presidente est dirigiendo al pas ha ido descendiendo desde el 54% y el 60% en los dos primeros aos de gobierno hasta el 41% en 2011. El 37% arma tener mucha o algo de conanza en el gobierno. En ese mismo ao, solo el 28% de los entrevistados arma que est muy satisfecho o ms bien satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el pas, cuando el promedio latinoamericano fue del 39%. El 31% arma que el pas es muy democrtico y solo el 23% considera que el pas est gobernado para el bien de todo el pue-blo. Igualmente, solo el 21% est de acuerdo con que la distribucin del ingreso en el pas es muy justa o justa. Igualmente, solo 42% considera que el Estado puede resolver todo el problema o gran 12parte del problema de la delincuencia, el narcotrco, la pobreza y la corrupcin, muy por debajo del promedio latinoamericano, que es del 57% (Corporacin Latinobarmetro, 2011).EnVenezuela,deacuerdoconlosdatosdeLatinobarmetro, la democracia y el gobierno han logrado en los aos de gestin de Hugo Chvez un elevado grado de legitimidad y apoyo de la pobla-cin. En el ao anterior a la primera presidencia de Hugo Chvez, un 35,7% de los entrevistados arm estar muy satisfecho o ms bien satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el pas. Esta cifra llega al 59,3% en el ao 2006, y baja al 45% en 2011, ocupando el quinto lugar entre los 18 pases encuestados por Latinobarmetro. En una puntuacin de 1 (menos democrtico) a 10 (ms democrti-co), el promedio para los encuestados venezolanos fue del 7,3 en el ao 2011, solo un poco por debajo de la evaluacin que hacen los costarricenses y los uruguayos de sus propias democracias. Un total del 55% considera que el pas es muy democrtico, solo por debajo de Uruguay, y muy por encima del promedio latinoamericano, que alcanza el 36%. Un 14% arma que el pas es nada democrtico. En los ltimos aos las cifras de apoyo a la democracia (la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno) han sido, junto con Uruguay, las ms altas del continente. En el ao 2011, con un 77%, se obtiene el nivel ms elevado registrado entre los 18 pases investi-gados. En ese mismo ao el 39% de los entrevistados consider que el pas est gobernado para el bien de todo el pueblo, nivel solo inferior a los correspondientes de Uruguay y Nicaragua. Una elevada proporcin de la poblacin (68%) tiene conanza en la capacidad del Estado para resolver todo el problema o gran parte del problema deladelincuencia,elnarcotrco,lapobrezaylacorrupcin.Sin embargo, a pesar de la permanente mencin del socialismo en el dis-curso poltico ocial, el 77% de los entrevistados arma estar muy de acuerdo o de acuerdo con que la empresa privada es indispensable para el desarrollo del pas (junto con Panam, la cifra ms elevada de todo el continente).13Los retos de las transformaciones: ms all del capitalismo, del desarrollismo y del Estado liberal/colonialLascifrasreferidasalosincrementosenelgastosocialysus impactos en estos pases, as como las citadas encuestas de opinin de Latinobarmetro, nos permiten constatar la existencia de mayores nivelesdesatisfaccindelapoblacindeEcuadoryVenezuelay menos satisfaccin de la poblacin boliviana en relacin con lo que podra denominarse el funcionamiento de un Estado liberal orienta-do por los valores del bienestar social. Sin embargo, poco nos dicen a propsito de las profundas transformaciones societales que estn contempladasenlasconstitucionesdeBoliviayEcuador(elVivir Bien) o el proyecto del Socialismo del Siglo XXI, la propuesta actual del gobierno venezolano. La lucha por la construccin de una sociedad postcapitalista en elsigloXXIsedenominesociedaddelBuenViviroSocialismo delSigloXXI,enparticularenelcontextosudamericano,tiene que responder necesariamente a retos y exigencias que superan en mucho los imaginarios de la transformacin social de los ltimos dos siglos, y muy especialmente los del socialismo del siglo pasado. Una alternativa al capitalismo y a la democracia liberal en este contexto debe ser forzosamente una alternativa radical al Socialismo del Siglo XX. Esto se reere a tres asuntos fundamentales que caracterizaron a estas sociedades: su conanza ciega en el progreso y en las fuerzas productivas del capitalismo, su carcter monocultural y sus severas limitaciones en el campo de la democracia. Sobre el supuesto de que las fuerzas productivas del capitalismo daran la base material para la sociedad socialista, no se reconoci que aquellas son ciencias y tecnologas capitalistas, que responden a las necesidades del capitalismo, y que sobre ellas no se poda produ-cir ms que capitalismo, aunque la propiedad pasara de ser privada a estatal. Se trata de patrones cientco-tecnolgicos sustentados en las separaciones binarias entre sujeto y objeto, entre razn y cuerpo, 14entre cultura y naturaleza, en las concepciones patriarcales y antro-pocntricas del hombre como centro de la existencia. Se trata de un patrn cientco-tecnolgico que, basado en el mito del progreso y del crecimiento sin n, se propone el pleno sometimiento de todas las dimensiones de la llamada naturaleza para la acumulacin y el consumomaterial,consideradocomolamedidadelbienestaryla felicidad humana. La crisis ambiental nos est sealando dramtica-mente que esta ciencia y tecnologa, lejos de poder darnos respuesta a las exigencias de frenar la lgica destructiva hoy dominante en el sistema-mundo,sonunapartefundamentaldelproblema.Unaso-ciedad postcapitalista en el siglo XXI debe ser necesariamente una sociedad que cuestione los mitos del progreso y asuma la transicin en direccin de una sociedad del postdesarrollo.Asociadoestrechamenteconesasnocionesdelprogreso,del desarrollo siempre ascendente de las fuerzas productivas y a su meta-narrativa universal, estuvo el intento de la construccin de sociedades monoculturales industriales modernas identicadas con una supuesta cultura proletaria universal que superara los particularismos y los atrasos de las otras culturas. Esto convirti a los Estados socialistas del siglo pasado en maquinarias de sistemtica colonizacin en las cuales las nicas diferencias celebradas eran las referidas al folclore. En este continente, la lucha por la construccin de una sociedad postcapitalista en el siglo XXI tiene como una de sus tareas medulares el desmontar medio mileno de sometimiento colonial monocultural. En este sentido la decolonizacin, el reconocimiento de la pluriculturalidad y la cons-truccin de sociedades plurinacionales no pueden ser considerados comoadjetivacionesaccesorias,sinocomoejesmedularesparala posibilidad misma de construir otro mundo posible.La crtica a la democracia capitalista como dictadura de la burgue-sa sobre el conjunto de la sociedad termin por desconocer la impor-tancia de las conquistas histricas de las luchas democrticas de los sectores populares en las sociedades capitalistas. Se trat de conquistas producto de largas y conictivas confrontaciones, no de concesiones 15de la burguesa11. Al asumir que, en el contexto de la dominacin de una clase sobre otra, esas conquistas democrticas eran meramente formales, se termin por negar toda posibilidad democrtica. Desde la autodenominada vanguardia, desde el Estado, a nombre el proleta-riado y de la Revolucin, termin por imponerse una dictadura sobre el conjunto de la sociedad. Como alternativa democrtica superior al orden de explotacin capitalista, ese socialismo del siglo XX fue un rotundo fracaso. No solo no super las limitaciones formales de la democracia liberal burguesa, sino que construy un orden autoritario burocrtico y estatista que termin por anular toda idea de democracia. Una sociedad postcapitalista en el siglo XXI tiene que ser nece-sariamente ms democrtica que la sociedad capitalista. Se trata, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, de la construccin democr-tica de una sociedad democrtica. Si se plantea la idea del Socialismo delSigloXXIcomounaexperienciahistricanueva,radicalmente democrtica, que incorpore y celebre la diversidad de la experiencia cultural humana y tenga capacidad de armona con el conjunto de lasformasdevidaexistentesenelplaneta,serequiereunacrtica profunda de esa experiencia histrica. Sin un diagnstico crudo de las razones por las cuales el modelo de partido-Estado sovitico condujo al establecimiento del orden autoritario que tuvo su mxima expresin en el estalinismo, se carece de herramientas tericas y polticas para prevenirse en contra de la amenaza de su repeticin. Sin un cuestio-namiento radical de la losofa de la historia eurocntrica que predo-min en el socialismo-marxismo de los siglos XIX y XX, no es posible incorporar una de las conquistas ms formidables de las luchas de los pueblos de todo el planeta en las ltimas dcadas: la reivindicacin de la inmensa pluralidad de la experiencia histrico-cultural humana 11Estas conquistas histricas que hicieron posible el voto universal, los derechos a la orga-nizacin, a la libertad de expresin, que hicieron posible los Estados de bienestar social yunareduccinrelativadelasdesigualdadesenlassociedadescapitalistas,hanestado siendo revertidas aceleradamente a travs de la contrarrevolucin neoliberal del capital de las ltimas dcadas, proceso que se ha acelerado en la Unin Europea y los Estados Unidos con la actual crisis econmica global.16y el derecho de los pueblos a la preservacin de sus identidades, sus modos de pensar, de conocer, de sentir, de vivir. Sin una crtica a los supuestosbsicosdelmodelocientco-tecnolgicodelasociedad industrial occidental, aun los proyectos de cambio que se presenten como ms radicalmente anticapitalistas no podrn sino acentuar los patrones autoritarios y destructivos de esta sociedad.Tensin/contradiccin entre cambio civilizatorio o Buen Vivir (derechos de la naturaleza) y desarrollismo/extractivismo Tensin/contradiccin entre cambio civilizatorio o Buen Vivir (derechos de la naturaleza) y desarrollismo/extractivismoEl rechazo al extractivismo y la destruccin ambiental en general, as como la defensa de los territorios de los pueblos indgenas y campe-sinos ante la lgica expansiva de la acumulacin por desposesin, fue uno de los ejes principales de las luchas anti-neoliberales de los lustros anteriores. Esto qued recogido con especial nfasis en los nuevos textos constitucionales de Bolivia y Ecuador, atravesados por las nocio-nes del Buen Vivir/Vivir Bien (suma qamaa, sumak kawsay). En la constitucin ecuatoriana, en lo que representa una ruptura radical con el antropocentrismo dominante del sistema mundo colonial capitalista, se incorporan en forma expresa los derechos de la naturaleza.12 Y, sin embargo, en estos tres pases, as como en el conjunto de los pases de Sudamrica, en la ltima dcada se ha acentuado la dependencia primario-exportadora. En cada uno de estos pases es muy elevada la participacin de los productos primarios como proporcin del valor total de las exportaciones. Se ha mantenido o incrementado en los aos de los gobiernos de cambio. En Bolivia pas de ser el 89,4% 12Art. 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneracin de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podr exigir a la autoridad pblica el cumplimiento de los derechos de la na-turaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarn los principios establecidos en la Constitucin, en lo que proceda [...].17en el ao 2005 al 92,6% en 2010 (CEPAL, 2011: 97). En Ecuador tuvo pocas variaciones entre 2005 y el ao 2010 (90,4% a 90,2%) (Ibd.) En Venezuela la variacin fue acentuada. El peso de los productos primarios como porcentaje del valor total de las exportaciones fue del 90,9% en el ao 2000 (CEPAL, 2008: 186). Para los aos 2010-2011 el petrleo represent el 96% del valor total de las exportaciones (Banco Central de Venezuela, 2013a). En Bolivia y Ecuador, dada la centralidad que tuvieron estos asun-tos tanto en las luchas anteriores como en los procesos constituyentes, y dado el peso extraordinario de las organizaciones y movimientos de los pueblos indgenas en estos procesos, el tema del desarrollismo/extractivismo se ha convertido en uno de los motivos fundamentales de las confrontaciones entre los gobiernos y muchos de los movimien-tos y organizaciones indgenas y ambientalistas que en los momentos inicialesestabanentresusprincipalesfuentesdeapoyo.Destacan entreestosconictoslaoposicindelospueblosamaznicosala explotacin de petrleo en sus territorios y los severos conictos en torno a la construccin de la carretera del Tipnis en Bolivia. Son diversas las causas por las cuales dirigentes y movimientos polticos que llegaron al gobierno sobre una ola de luchas antineoli-berales, y en buena medida antidesarrollistas, se convierten en ejecu-tores de polticas pblicas que acentan los rasgos extractivistas de estas economas.Ha sido determinante la visin que han tenido estos gobiernos de la urgencia de responder a corto plazo a las demandas y expectativas que tienen los sectores populares en relacin con aquellas cosas que se supone que debe hacer un gobierno popular. Ante una larga his-toria de Estados coloniales excluyentes y del retraimiento del Estado social que se produjo en las dcadas neoliberales, estos gobiernos se encontraron con sociedades profundamente desiguales en las cuales los derechos bsicos de acceso a alimentacin, agua, servicios edu-cativos, de salud y la seguridad social, estaban severamente limitados para amplios sectores de la poblacin. La necesidad de responder a 18estas demandas y expectativas de los sectores populares se convirti en la primera prioridad de estos gobiernos, tanto por razones de justicia social, como por la necesidad de preservar su legitimidad y su apoyo electoral, sin los cuales no se podra dar continuidad a los procesos de cambio en marcha.El acelerado crecimiento de algunas de las llamadas economas emergentes del sur, de los BRICS, pero muy especialmente de China, ha generado incrementos muy sustanciales tanto en la demanda como en el precio de los productos primarios con los cuales cuentan estos pases(especialmentehidrocarburos,minerametlicayproductos agropecuarios)13. Polticas de nacionalizacin de algunas corporacio-nes transnacionales, de incremento de la participacin scal en las ganancias de estas actividades, y el incremento de los volmenes de produccin/exportacin han sido consideradas por estos gobiernos comolanicaformadeincrementarsustancialmentelosrecursos scales a corto plazo.Ilustrativas del tipo de tensiones que se generan en torno al de-sarrollismo/extractivismo en Bolivia, son las respuestas del Vicepre-sidente lvaro Garca Linera a las crticas a estas polticas que se han formuladodesdeorganizacionesindgenas,movimientossocialesy algunos sectores intelectuales que en momentos anteriores apoyaban al gobierno.14 13A diferencia de las tendencias histricas caracterizadas por Ral Prebisch como de deterioro de los trminos de intercambio entre los precios de los bienes primarios y los bienes indus-triales, la tendencia actual es a un incremento ms acelerado en el precio de las llamadas commodities.Entreelao2005yelao2010losndicesdepreciosdelosprincipales productos bsicos de exportacin de Amrica Latina y el Caribe tuvieron incrementos muy signicativos: productos agropecuarios 59,3%; materias primas silvoagropecuarias y pesqueras 69,6%; minerales y metales 74,4% y productos energticos 37,9% (CEPAL, 2011: 115). 14Como bien seala Carlos Arze Vargas en su texto sobre Bolivia, las posturas del Vicepre-sidente lvaro Garca Linera no constituyen la nica perspectiva existente en el gobierno y en la direccin poltica del MAS. Es, sin embargo, quien formula con mayor precisin y fundamentacin terica la defensa de las actuales opciones extractivistas, no solo para Bolivia, sino en todos los procesos de cambio que se estn dando en Sudamrica. Por esta razn es citado reiteradamente. 19Garca Linera ha argumentado que no es posible romper con la divisin planetaria del trabajo desde un solo pas.El comunismo o es planetario o jams se dar. Y mientras haya una pre-dominancia general del capitalismo, en cuyo interior emergen destellos y tendencias de luchas de un potencial nuevo modo de produccin que no puede existir localmente, ste solo podr estar presente como eso: una tendencia, una lucha, una posibilidad; ya quesuexistenciasolamenteserposiblecuandoexistaenuna dimensin geopoltica planetaria.La Comuna de Pars, la Repblica de los Soviets en los momentos leninistas, o la China de Mao, no rompieron con esta base material planetaria. No podan hacerlo. Ms bien lo que hicieron fue tomar como punto de partida su ubicacin en la divisin del trabajo y susfuerzasproductivasalcanzadas,paradesdeah,comenzara revolucionarizar las estructuras econmicas internas mediante un largo proceso de socializacin de las condiciones de produccin, e impulsar un an mayor y largo proceso de revolucionarizacin de las relaciones econmicas internacionales (Garca Linera, 2012: 103).Garca Linera caracteriza las polticas extractivistas impulsadas por el gobierno como una primera etapa que permitir crear las condicio-nes materiales que permitan salir del extractivismo.[] en una primera etapa acaso no es posible utilizar los recur-sos que brinda la actividad primaria exportadora controlada por elEstadoparagenerarlosexcedentesquepermitansatisfacer condiciones mnimas de vida de los bolivianos, y garantizar una educacininterculturalycientcaquegenereunamasacrtica intelectualcapazdeasumiryconducirlosemergentesprocesos de industrializacin y de economa del conocimiento? (Ibd.: 109).20Se trata igualmente de responder a las necesidades de la pobla-cin. Acusa los crticos acrticos del extractivismo de hacerle el juego a las fuerzas conservadoras que buscan restaurar el neoliberalismo.Conqusuperaralextractivismo?Acasodejandodeproducir, cerrandolasminasdeestao,lospozosdegas,retrocediendo en la satisfaccin de los medios materiales bsicos de existencia, tal como lo sugieren sus crticos? No es sta ms bien la ruta del incremento de la pobreza y el camino directo a la restauracin de los neoliberales? El amarrar las manos al proceso revolucionario en aras del rechazo extractivista, no es acaso lo que ms desean las fuerzas conservadoras para asxiarlo? (Ibd.: 108).[] los crticos irreexivos a favor del no extractivismo [...] en su liturgia poltica mutilan a las fuerzas y a los gobiernos revolucio-narios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la poblacin, generar riqueza y distribuirla con justicia; y a partir de ello crear una nueva base material no extractivista que preserve y ample los benecios de la poblacin laboriosa (Garca Linera, 2012: 107-108).Detrs del criticismo extractivista de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla pues la sombra de la restauracin conservadora (Ibd.: 110)Uno de los obstculos que confronta la posibilidad de dilogos convergentes sobre la direccin que debera tomar el proceso de cam-bio y las polticas pblicas en Bolivia, que se expresa en el tono de continua confrontacin que ha asumido el debate entre el gobierno y sus crticos de izquierda, tiene que ver con que parecen estarse de-fendiendo dos proyectos polticos, dos modelos de sociedad, no solo diferentes, sino incompatibles entre s. Mientras la crtica al extractivis-mo se hace fundamentalmente desde la perspectiva de la bsqueda de alternativas civilizatorias a la sociedad depredadora del desarrollo sin 21n (capitalista, pero no solo capitalista), las intervenciones de Garca Linera buscan desplazar el debate hacia el tema de la construccin del socialismo: [...] el debate central para la transformacin revolucionaria de la sociedad no es si somos o no extractivistas, sino en qu medida vamos superando el capitalismo como modo de produccin ya sea en su variante extractivista o no extractivista (Ibd.: 103).A diferencia de la crtica al extractivismo en sus dimensiones ci-vilizatorias de asalto a la Madre Tierra, considera que se trata de un sistema tcnico de procesamiento de la naturaleza compatible con cualquier tipo de sociedad.[...] es ingenuo creer que el extractivismo, el no-extractivismo o el industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la explotacin y la desigualdad, porque en s mismos no son ni modos de pro-ducir ni de modos gestionar la riqueza. Son sistemas tcnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo, y pueden estar presentes en sociedades pre-capitalistas, capitalistas o sociedades comunitaristas.Los crticos del extractivismo confunden sistema tcnico con modo de produccin, y a partir de esa confusin asocian extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades no-extractivistas, las industriales plenamente capitalistas!Puedehabersociedadesextractivistascapitalistas,nocapitalis-tas,pre-capitalistasopost-capitalistas.Ydeigualforma,puede habersociedadesnoextractivistascapitalistas,nocapitalistaso post-capitalistas.Elextractivismonoesundestino,peropuede ser el punto de partida para su superacin. Ciertamente en l se condensa toda la distribucin territorial de la divisin del traba-jomundial,distribucinmuchasvecescolonial.Ypararomper esasubordinacincolonialnoessucientellenarselabocade injuriascontraeseextractivismo,dejardeproduciryhundiren mayor miseria al pueblo, para que luego regrese la derecha y sin 22modicarlosatisfagaparcialmentelasnecesidadesbsicasdela poblacin (Ibd.: 107-108).El desplazamiento del tema de la transformacin civilizatoria y el Buen Vivir hacia la construccin del socialismo se formula con claridad en los siguientes trminos: En eso consiste el Vivir Bien: en utilizar la ciencia, la tecnologa ylaindustriaparagenerarriqueza,deotramaneraconquse podranconstruircarreteras,levantarpostassanitarias,escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades bsicas y crecientes de la sociedad.Pero a la vez necesitamos preservar la estructura fundamental de nuestro entorno natural para nosotros y las generaciones que ven-drn, que tendrn en la naturaleza la realizacin de sus innitas capacidades para satisfacer sus necesidades sociales (Ibd.: 70).As como en Bolivia los debates a favor y en contra del extractivis-mo pueden ser asociados a visiones confrontadas sobre la sociedad a la cual se aspira (socialismo o sociedad del Vivir Bien, suma qamaa), en Ecuador puede identicarse igualmente la contraposicin entre el proyecto y/o imaginario de la sociedad del Buen Vivir (sumak kawsay) defendido por las organizaciones indgenas y el proyecto y/o imagi-nario gubernamental que parece desplazarse entre la construccin/consolidacin de un Estado liberal moderno (la Revolucin ciudadana) y referencias recurrentes al socialismo. Las tensiones que se produjeron en la Asamblea Constituyente, cuya expresin ms pblica fue la que se dio entre el Presidente Rafael Correa y el presidente de dicha Asam-blea, Alberto Acosta, permiten armar que desde las fases iniciales del gobierno de Alianza Pas existan diferentes proyectos de futuro.Eldesacuerdodelgobiernoconalgunasdisposicionesbsicas del texto constitucional se manifest tan pronto como se comenzaron 23a tomar decisiones sobre las prioridades del modelo productivo. La decisin de impulsar la gran minera y el contenido de las leyes del agua y de la minera deni un punto de inexin que indicaba el futuro de las relaciones del gobierno con muchos de los movimientos indgenas y ambientalistas que lo haban apoyado en la fase consti-tuyente. Estas decisiones fueron catalogadas como contrarias tanto al espritu como al texto de la Constitucin, en particular en lo referido a los derechos de los pueblos indgenas y los derechos de la natura-leza. Ilustrativo de hasta donde lleg esta ruptura entre muchos de los movimientos sociales y populares y el gobierno fue el Maniesto del encuentro de movimientos sociales del Ecuador por la democracia y la vida producto de la reunin de dirigentes de pueblos y nacionalida-des, de las centrales sindicales, los maestros, campesinos, pescadores, ecologistas, feministas en Quito a mediados el ao 2011. Este tiene como eje central la crtica a las polticas extractivistas y con relacin a los pueblos indgenas (Instituto de Estudios Socio-econmicos, 2011). Al cabo de 5 aos ha quedado claro que el gobierno de Correa ha traicionado el proyecto poltico por el cual el pueblo ecuatoriano vot. El proyecto corresta representa un modelo autoritario y co-rrupto de modernizacin capitalista. Para legitimar una supuesta imagen de izquierda, el gobierno uti-liza un discurso de apariencia radical, pero se trata de un doble discurso. El Estado Plurinacional se ha quedado en los papeles y la propuesta ha sido vaciada de contenido. La economa social y solidariasereduceaunasubsecretariaconunavisinmarginal yrecursoslimitadossinavanzarhaciaelmodelodedesarrollo econmico como lo establece la constitucin. Los derechos de la naturaleza y los territorios indgenas son reconocidos de palabra, pero el modelo extractivista que el gobierno impulsa los contradice y ataca brutalmente.24[] los pueblos, los movimientos y organizaciones sociales que hoy resistimos a este modelo, as como ayer resistimos al neoliberalismo, y que no hemos doblado nuestras espaldas frente al autoritarismo del gobierno. A medida que se evidencia el carcter del gobierno, laconfrontacinpolticaseagudizayseactivalamovilizacin social. Aqu estn las luchas antimineras, las luchas de los pueblos del manglar, de los pueblos afros y montubios y de los pescado-res artesanales, las luchas ambientalistas y ecologistas, las luchas de los maestros y maestras, las luchas estudiantiles, las luchas del movimiento feminista y de la diversidad sexual, las luchas de traba-jadoras y trabajadores pblicos, las movilizaciones de los pequeos comerciantes, el levantamiento indgena y campesino por el agua y por la tierra, y por la construccin del estado plurinacional, las lucha de los moradores de los barrios populares [...]Las mltiples tensiones y confrontaciones de imaginarios de cam-bio quedan maniestas en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno en el ao 2009 con el nombre de Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (Repblica del Ecuador, 2009). Un primer aspecto que podra destacarse, comn a los tres pases, es el papel que se le otorga al tradicional instrumento de planes quinquenales elaborados por ocinas centrales de planicacin para la transforma-cin radical del Estado (Estado plurinacional o del Estado comunal). Este plan, partiendo de las orientaciones constitucionales, aborda la compleja y contradictoria tarea de disear, desde la gestin pblica, una transicin hacia la sociedad del Buen Vivir. Al igual que en Boli-via, el plan se propone en su fase inicial profundizar el extractivismo como condicin que permita producir riqueza y responder a las ne-cesidades de la poblacin. Se trata de lineamientos de planicacin de mediano y largo plazo, con un horizonte de 16 a 20 aos. (Ibd. 95). La primera fase, denominada Acumulacin para la transicin y profundizacin de la distribucin, es denida en trminos de acu-mulacin, en el sentido de dependencia de los bienes primarios para 25sostener la economa.... El plan est atravesado por tensiones entre los objetivos del Buen Vivir15, la plurinacionalidad y la interculturalidad, por un lado, y opciones modernizantes en las cuales las soluciones fundamentales para el desarrollo del pas estaran dadas por la inves-tigacin y desarrollo, por la innovacin tecnolgica y por el desarrollo denichosespeccoscomolabiotecnologaynanotecnologaen los cuales Ecuador, gracias a su inmensa biodiversidad, podra tener ventajas comparativas. Ilustrativa de la forma en la cual el Presidente Rafael Correa ex-presa su opinin sobre quienes critican las opciones polticas de su gobierno es la siguiente declaracin: Siempre dije que el mayor peli-gro para nuestro proyecto poltico, una vez derrotada en las urnas la derecha, era y es el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil; qu lstima que no nos equivocamos en aquello (El Universo, 2009).En torno al tema del extractivismo (petrleo), en Venezuela no se han dado mayores contradicciones ni dentro del gobierno ni entre el gobierno y la mayor parte de las organizaciones populares. Dada la amplia hegemona de la cultura rentista/desarrollista que se ha instalado en el pas como resultado de cien aos de historia pe-trolera, y la mayor debilidad tanto de los movimientos y organizaciones de los pueblos indgenas como de los ambientalistas, los conictos en torno al extractivismo han sido ms acotados. Lejos de transformarse en confrontaciones polticas de alcance nacional, han estado limitados 15En el Plan se dene el Buen Vivir en los siguientes trminos: la satisfaccin de las ne-cesidades, la consecucin de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, yelorecimientosaludabledetodosytodas,enpazyarmonaconlanaturalezayla prolongacin indenida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplacin y la emancipacin, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplen y orezcan de modo que permitan lograrsimultneamenteaquelloquelasociedad,losterritorios,lasdiversasidentidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningn tipo de dominacin a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo pblico para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros entre diversos pero iguales a n de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealizacin y la construccin de un porvenir social compartido (Repblica del Ecuador, 2009: 10).26aalgunosconictosregionalesoterritorialesparticulares,comoha sido el caso de la resistencia indgena a la explotacin del carbn y a la ganadera, y en reclamo de sus territorios ancestrales de los pueblos Yukpa, Bari y Japreria en la Sierra de Perij. Durante los aos del gobierno de Hugo Chvez el peso del petr-leo en los ingresos de divisas se ha incrementado en forma sostenida. En 1998, ltimo ao antes de Chvez, el petrleo represent el 68,8% del valor total de las exportaciones, mientras que en 2012 represent el 95%. Este incremento no se debi a un aumento de las exporta-ciones de petrleo, sino fundamentalmente a las muy signicativas variaciones en los precios de crudo en el mercado internacional y al comportamiento del resto de los sectores de la economa durante estos aos. Entre 1998 y 2011 se produjo una disminucin en el volumen de petrleo exportado por Venezuela, debido tanto a una reduccin del volumen de la produccin como al incremento de la demanda interna.Sinembargo,elvalortotaldelasexportacionespetroleras salt de US$ 12.178 millones en el ao 1998 a US$ 88.132 millones en 2011. Durante este perodo ha sido notoria la cada sostenida de las exportaciones no petroleras y las exportaciones del sector privado en general. En el ao 1998 las exportaciones no petroleras fueron de US$ 5.529 millones; para el ao 2011 stas haban descendido a US$ 4.679. Entre esos aos las exportaciones privadas, casi exclusivamente no petroleras, se redujeron a la mitad al pasar de US$ 4.162 millones en el ao 1998 a US$ 2.131 millones en el ao 2011 (Banco Central de Venezuela, 2013b). En el mismo perodo la participacin del sec-tor industrial en el producto interno bruto baj del 17,4% al 14,5%, mientras que las actividades nancieras y de comunicaciones tuvieron importantes incrementos. Las actividades nancieras pasaron del 2,4% del producto en el ao 1998 al 4,4% en el ao 2011 y las comunica-ciones pasaron del 2,5% al 6,6%. El peso de la categora resto, que incluye a la agricultura, permaneci prcticamente inalterado al pasar del 5,7% al 5,9% (Banco Central de Venezuela, 2003a). 27La centralidad que a futuro se le otorga a los hidrocarburos en el modelo productivo del pas apareci en forma expresa en el primer plan nacional de desarrollo denominado como socialista: el Proyecto Nacional Simn Bolvar. Uno de los siete ejes u objetivos denidos enesteproyectodedesarrolloeseldeconvertiraVenezuelaen una potencia energtica mundial. De acuerdo con este proyecto: El petrleo continuar siendo decisivo para la captacin de recursos delexterior,lageneracindeinversionesproductivasinternas,la satisfaccin de las propias necesidades de energa y la consolida-cindelModeloProductivoSocialista(RepblicaBolivarianade Venezuela, 2007).Para ello estaban previstos saltos substanciales en la produccin petrolera, con participacin masiva de capitales extranjeros tanto p-blicos como privados por la va de empresas mixtas en las cuales a PDVSA le corresponda una mayora accionaria. Un nmero signicativo de empresas ha sido estatizado (compaa nacional de telfonos, siderrgica, fbricas de cementos, generacin y distribucin de electricidad, principal fbrica vidrio, alimentacin, etc.). Numerosas empresas han tenido modalidades de control o de participacin obrera en su gestin16. A pesar de esto, el aporte del sector pblico a la economa, tal como ste se expresa en las cifras del producto territorial bruto, no se ha alterado en estos aos (lvarez, 2011). El sector denominado social de la economa contina teniendo una participacin insignicante. Se ha profundizado la sobrevaluacin histrica de la moneda, y con ello la llamada enfermedad holandesa. Se ha acentuado la economa de puertos, y se est lejos de avanzar en la direccin de la soberana alimentaria contemplada en la Constitucin del ao 1999. Hoy la economa venezolana es ms rentista que nunca. 16Un nmero signicativo de estas empresas opera con prdidas. stas se mantienen abiertas solo gracias al subsidio provisto por el ingreso petrolero. La combinacin de ineciencia y corrupcin que caracteriza a muchas de las empresas pblicas amenaza con conrmar, ante la poblacin venezolana, los estereotipos neoliberales sobre las virtudes de lo privado y las carencias de lo pblico. 28Lascoyunturaselectorales,sobretodoenunpastanprofun-damentepolarizadocomoVenezuela,sesuponequesonelmejor momento para debatir pblicamente las opciones de futuro que se presentan a la poblacin. La comparacin de los programas presenta-dos por el gobierno y la oposicin para las elecciones presidenciales de octubre de 2012 nos permiten identicar las reas de desacuerdo y de coincidencia entre las dos propuestas en lo referido a la poltica petrolera y las visiones respectivas del papel del petrleo en el futuro de la sociedad venezolana.El programa de gobierno presentado por el Presidente Chvez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012, contiene formula-ciones que podran apuntar hacia un cuestionamiento del patrn pe-trolero extractivista y de las perversas consecuencias que este modelo ambientalmente depredador tiene en la constitucin de una sociedad cultural y polticamente rentista (Chvez, 2012).Porunlado,sereconocequesigueprevaleciendoelrentismo petrolero capitalista, y que es necesario avanzar hacia otro modelo, denominado modelo productivo socialista: No nos llamemos a enga-o: la formacin socioeconmica que todava prevalece en Venezuela es de carcter capitalista y rentista (Chvez, 2011).En consecuencia, se formula la necesidad de Propulsar la trans-formacindelsistemaeconmico,enfuncindelatransicinal socialismobolivariano,trascendiendoelmodelorentistapetrolero capitalista hacia el modelo econmico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas (Chvez, 2012: 9).Igualmente, en reconocimiento de la severidad de la crisis am-biental planetaria, uno de los cinco grandes objetivos histricos que se formulan en este plan consiste en Preservar la vida en el planeta y preservar la especie humana. Esto est precisado en los siguientes trminos: Construir e impulsar el modelo econmico productivo eco-socialista, basado en una relacin armnica entre el hombre y la naturaleza, 29que garantice el uso y aprovechamiento racional, ptimo y soste-nible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.Proteger y defender la soberana permanente del Estado sobre los recursos naturales para el benecio supremo de nuestro Pueblo, que ser su principal garante. Contribuir a la conformacin de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climtico que ocurrencomoconsecuenciadelmodelocapitalistadepredador (Chvez, 2012: 9).Sin embargo, y muy contradictoriamente, otro de los grandes ob-jetivos del plan consiste en Consolidar el papel de Venezuela como potencia energtica mundial (dem.) Para ello propone ms que du-plicar en seis aos los niveles de produccin petrolera, especialmente mediante la expansin de produccin en la Faja del Orinoco, y una inmensa expansin en la explotacin de gas. Alcanzarlacapacidaddeproduccindecrudohasta4MMBD17 para el ao 2014 y 6 MMBD para el ao 2019. Alcanzar la produccin de gas natural para el ao 2014 hasta 9.247 MMPCD18 y en el ao 2019 a 11.947 MMPCD.Desarrollar las reservas probadas de la Faja Petrolfera del Orinoco para alcanzar una capacidad de produccin total de 4 MMBD para el 2019 (Ibd.: 27).Conestaextraordinariaexpansin,querequiereelevadsimos montos de inversin y tecnologas con las cuales no cuenta el pas, 17Millones de barriles diarios.18Millones de pies cbicos diarios.30no solo se acenta a largo plazo la dependencia de la economa ve-nezolana del petrleo, sino que igualmente se ampla la participacin de corporaciones petroleras transnacionales, pblicas y privadas, en el negocio petrolero. En los contratos mediante los cuales se obtuvieron masivos crditos por parte de China se establece que stos sern pa-gados con petrleo. Esto implica que solo para mantener a futuro los actuales niveles de ingresos scales, el Estado venezolano no tendra margen de juego y estara comprometido a largo plazo a aumentar los niveles de produccin y exportacin de crudo. Desde el punto de vista del impacto socioambiental, las conse-cuencias de este salto en los niveles de produccin seran, con toda seguridad, mucho ms severos que los devastadores efectos que ha tenidounsiglodeproduccinpetroleraenelpas,especialmente ellagodeMaracaiboelmayordeAmricaLatinaconvertido tanto por las empresas transnacionales como por la empresa estatal de petrleo en uno de los daos ambientales colaterales de mayor escala en la historia de la produccin petrolfera en todo el planeta. Los depsitos de la Faja del Orinoco, las mayores reservas de com-bustibles fsiles conocidas, estn compuestos por petrleos pesados, extrapesadosyarenashidrocarburferascuyaexplotacinrequiere descomunales volmenes de agua y produce muchos ms desechos txicos contaminantes que la explotacin de petrleos ms livianos. El pas (as como el continente y el planeta) corre el riesgo de que el extraordinario sistema uvial del Orinoco y su delta sufran las mismas consecuencias que el lago de Maracaibo. De acuerdo con este documento, lo que dene el carcter revo-lucionario de la poltica petrolera del gobierno venezolano est dado por tres criterios: el Estado captura la renta, se maximiza el valor que se obtiene de esta renta, y estos ingresos son utilizados en benecio del pueblo.Porltimo,nuestrapolticapetroleradebeserrevolucionaria,lo cual tiene que ver con quin captura la renta petrolera, el cmo se 31capta y cmo se distribuye. No cabe duda que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, con base en mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en benecio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del pas, en condiciones ms justas y equitativas. Este es el elemento que nos diferencia de cualquier otra poltica petrolera.Paragarantizarunapolticanacional,popularyrevolucionaria, entonces,debemosponerlarentapetroleraalserviciodelpue-blo. Esto signica, que quien captura y controla la renta petrolera debe ser el Estado. As mismo, para maximizar esa renta el Estado debe procurar una poltica soberana que incluya el control sobre la base de recursos y su mxima valorizacin como un requisito fundamentalparagarantizarunajustarecaudacin.Luego,se debe garantizar que la renta petrolera se destine a los proyectos, planesyprogramasquegaranticeneldesarrollosocialintegral del pas bajo la orientacin del gobierno Nacional Bolivariano y Revolucionario, alineado con los planes de desarrollo de la Nacin (Chvez, 2012: 12).La propuesta de duplicar la produccin petrolera y esta visin del extractivismo rentista como revolucionario constituye una clara op-cin estratgica que no puede sino conducir a reforzar la dependencia petrolera de la economa venezolana y su lgica rentista.El anlisis de las propuestas de la oposicin, la Mesa de Unidad Democrtica y su candidato Henrique Capriles Radonski, permite cons-tatar tanto oposiciones profundas en aspectos fundamentales referidos al petrleo, como por lo menos un acuerdo bsico. En ambas propues-tas se destaca con insistencia la necesidad de superar el rentismo. Sin embargo, en lugar de propuestas de transicin hacia una sociedad postpetrolera, postrentista, ambos coinciden igualmente en que hay que duplicar los niveles actuales de produccin de petrleo en los prximos seis aos, para llevarlos a seis millones de barriles diarios.32Entre estos dos programas hay profundas diferencias respecto al tipo de sociedad a la cual se aspira, respecto al papel relativo que se asigna al Estado y al mercado en la organizacin de la produccin. Hay interpretaciones muy divergentes del contexto regional e inter-nacional y sobre las formas en las cuales el pas debe participar en estas dinmicas. Mientras el programa de gobierno que ofrece el Pre-sidente Chvez apunta en la direccin de la transicin al socialismo, el programa de Capriles Radonski reivindica el papel del mercado y de la inversin privada.Apropsitodelapolticapetrolerahayigualmentecontrastes fundamentales. Son particularmente notorias las divergencias en tor-no al papel asignado al capital privado en la industria. De acuerdo a la Mesa de Unidad Democrtica, se debe incluir empresas privadas, venezolanasono,cuyaparticipacinentodaslasetapas(incluso sinasociacinconPDVSA),argumentandoquelasdisposiciones constitucionales admiten y estimulan la participacin privada en la industria (Mesa de Unidad Democrtica, 2011: 69). Mientras que para el gobierno la prioridad ha estado en la defensa de los precios del petrleo en el mercado internacional, la oposicin critica el hecho de que Venezuela haya perdido espacio como exportador en el mundo (Capriles Radonski, 2012). Son profundas las diferencias con relacin a las modalidades de gestin que deben prevalecer en PDVSA y al papel que sta debe desempear como empresa pblica. El programa de la oposicin cuestiona lo que considera que ha sido la politizacin de PDVSA, y se formula como objetivo su despolitizacin para que sta se concentre en su funcin productiva, sin participar en la eje-cucin ni nanciamiento directo de programas pblicos de inversin en infraestructuras y en polticas sociales19. Se indica que se separara el papel rector de la poltica petrolera que debera tener el Ministerio 19Aparentemente la Mesa de Unidad Democrtica considera que el paro petrolero dirigido por la alta gerencia de la empresa en los aos 2002-2003, que tena como objetivo nico el derrocamiento del Presiente Chvez, no constituy una forma extrema de politizacin de PDVSA. 33de Energa y Minas, mientras que PDVSA se limitara a su papel de producir hidrocarburos. Son radicalmente divergentes las concepcio-nes sobre si las ventas de petrleo a los pases latinoamericanos con los cuales existen acuerdos de integracin deben incorporar criterios polticos y/o solidarios, o si, por el contrario, deben fundamentarse exclusivamente en criterios mercantiles. En el programa de gobierno deCaprilesselamentaqueentregamosnuestrasriquezasaotros pases, perdiendo con ello recursos que podran ser invertidos en los venezolanos (Capriles Radonski, 2012).Podra concluirse sobre la base de todo lo anterior que se trata devisionesdepastotalmentedivergentes,quenotienennadaen comn. Sin embargo, en otro plano, en la concepcin del papel que debe desempear el petrleo en el futuro de Venezuela, hay entre los dos programas como se seal anteriormente un acuerdo bsico. El primer punto de la propuesta de poltica petrolera presentada por CaprilesensupresentacinPetrleoparatuprogreso,consisteen producir ms petrleo. Arman que Venezuela es uno de los pases petroleros del mundo que menos producen con respecto a sus reser-vas naturales (Ibd.) Considerando que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, se propone, por lo tanto, duplicar la produccin petrolera en los prximos seis aos (Ibd.).Con este acuerdo bsico se cierran las puertas a la posibilidad de un debate no solo importante, sino urgente para el futuro del pas y del planeta. El sistema poltico y la lgica cultural del rentismo, as como la devastacin socioambiental que produce la explotacin de los hidrocarburos parecen ser asumidos en este gran consenso nacional comounaespeciedeeternoeinamovibleestadoontolgicodela sociedad venezolana.El debate sobre el extractivismo: comentarios nalesLascrticasqueseformulandesdelaizquierdaalaspolticas extractivistassuelendarlepocoreconocimientoaalgunosaspectos fundamentales de las condiciones en las cuales operan estos gobiernos. 34En primer lugar, la sociedad del postdesarrollo y del postextractivismo que ha sido central en la agenda de los movimientos, en particular de los pueblos indgenas, y que es el horizonte normativo contemplado en las constituciones de Bolivia y Ecuador no es de ninguna manera un consenso nacional ampliamente compartido. Se trata de un mbito cultural en disputa. Para una signicativa proporcin de los sectores populares, en particular los sectores urbanos y en general la parte no indgena de la poblacin, las prioridades parecen estar en polticas pblicas que tengan incidencia a corto plazo en sus condiciones de vida(empleo,alimentacin,accesoaserviciodesalud,educacin, seguridad social). Esto podra estar produciendo un desfase entre las agendas poltico-culturales estratgicas de los cuadros y las direcciones de muchos de los movimientos sociales, en particular indgenas, y la respuesta de los sectores populares, incluso las bases sociales de estas mismas organizaciones, a las polticas sociales gubernamentales. Esto podra explicar que en Ecuador, por ejemplo, a pesar de la ruptura delasorganizacionesindgenasysocialesdemayortrayectoriaen el pas con el gobierno de Correa, a propsito entre otras cosas del extractivismo, el gobierno ha continuado teniendo elevados nivel de popularidad y apoyo electoral. Son igualmente importantes los retos que confrontan estos gobier-nos por las amenazas a su estabilidad representadas por los intereses transnacionaleseimperialesafectadosporsuspolticas,yporlas derechas y sectores empresariales internos que han sido derrotados polticamente en la coyuntura, pero que no por eso dejan de tener una presencia activa y permanente en la escena poltica.Sinembargo,cuandosecomienzaaverenemigosportodas partes, si la preservacin del poder se convierte en un horizonte om-nipresente de los gobiernos y todas las crticas y oposiciones son vistas como amenazas que tienen que ser suprimidas, cuando se prioriza la preservacin del poder por encima del contenido de su ejercicio, se pone en tela de juicio el sentido mismo del carcter democrtico de la sociedad que se quiere construir. Esto ocurre, por ejemplo, cuando a 35nombre de la continuidad del proceso de cambio se pretende justi-car la represin y la criminalizacin de las protestas y la movilizacin popular. La experiencia del socialismo del siglo pasado tiene todava mucho que ensearnos sobre las implicaciones de esta concepcin del poder. La historia nos muestra que existe un punto de inexin en el que el objetivo de un cambio emancipatorio de la sociedad se convierte precisamente en su contrario, sin que necesariamente los actores que ejercen el poder institucional a nombre de este cambio se den cuenta de ello. El cambio social no es una guerra de posiciones (como apareca durante la Guerra Fra) y el control del Estado y de las instituciones no es la nica, ni necesariamente siempre la mejor va para lograrlo. El cambio social necesita de la efervescencia y crea-tividad de una multiplicidad de fuerzas sociales, sin que ninguna de ellas detenga la razn sobre las dems. Rosa Luxemburg (2011) haba reconocido este gran desafo, que en nuestra poca es ms vigente que nunca:Lonegativo,ladestruccin,puededecretarse;loconstructivo, lopositivono.Territorionuevo.Milesdeproblemas.Solola experiencia puede corregir y abrir nuevos caminos. Solo la vida sinobstculos,efervescente,llevaamilesdeformasnuevase improvisaciones, saca a la luz la fuerza creadora, corrige por su cuentatodoslosintentosequivocados.Lavidapblicadelos pases con libertad limitada est tan golpeada por la pobreza, es tan miserable, tan rgida, tan estril, precisamente porque al ex-cluirse la democracia, se cierran las fuentes vivas de toda riqueza y progreso espirituales.Tampoco se ha dado el reconocimiento requerido a los complejos retos que plantea la presencia de organizaciones internacionales de diverso tipo que, con bases a sus propias agendas, estn actuando en muchos de los territorios indgenas y campesinos del continente. Ejemplo de esto es la exigencia del derecho a acceso a los recursos 36de REDD20, sin injerencia del Estado, que fue incorporada como una de las demandas del movimiento de oposicin la carretera del Tipnis. De estas consideraciones, sin embargo, no se puede derivar que, como consecuencia de la maldicin de los recursos, o de la coyuntura internacional, los contenidos constitucionales sobre el Buen Vivir y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza queden como letra muerta, como poticas declaraciones de intencin que nada tienen que ver con la realidad poltica y el ejercicio del poder pblico. Tampoco puede concluirse que esas ambiciosas transformaciones civilizatorias deban posponerse para etapas posteriores de los procesos de cambio en las cuales ya se hayan producido transformaciones en la divisin internacional del trabajo o suciente acumulacin y abundancia ma-terial basada en el extractivismo como para pensar en ir ms all del desarrollo. Como argumenta Fernando Coronil (2002: 7), al tratar de aprovechar su ventaja comparativa, estas naciones exportadoras de naturaleza a menudo vuelven a asumir su papel colonial de fuentes de productos primarios, papel ahora reescrito en trminos de la ra-cionalidad neoliberal del capitalismo globalizante.Si hay un compromiso con la transformacin postextractivista y del postdesarrollo, las transiciones econmicas, polticas y culturales tienen que tener expresin concreta en el presente. En primer lugar est la necesidad de responder a las urgencias que plantea la crisis ambien-tal global. Cada nuevo informe sobre el estado del planeta presenta conclusiones y prospectivas ms alarmantes que el informe anterior con relacin al cambio climtico, al derretimiento de los casquetes polares y los glaciares, a la perdida de la diversidad gentica, a la 20REDD es el programa de las Naciones Unidas para la reduccin de emisiones de la defores-tacin y la degradacin de bosques. Ha sido desarrollado al interior de las negociaciones globales de cambio climtico como parte de los mecanismos del mercado de carbono. A travs de este programa las empresas contaminantes del norte pueden comprar el derecho a seguir contaminando mediante el pago a comunidades campesinas e indgenas habitantes de bosques para que preserven esos ecosistemas de manera que puedan seguir desempe-ando sus funciones ambientales de absorcin y retencin de carbono. De hecho, estos contratos han implicado la entrega, por parte de estas comunidades forestales, del derecho a continuar realizando sus actividades productivas y cultuales tradicionales.37sobreutilizacin y contaminacin de las aguas, a la deforestacin... Las consecuencias de estas transformaciones no son impactos potenciales a futuro sino realidades del presente, tal como se puede constatar en los eventos climticos extremos, sobre todo de sequas y tormentas e inundaciones que estn afectando anualmente a centenares de millones de personas. No es posible predecir en qu momento los efectos de retroalimentacin de las mltiples dimensiones de la crisis climtica puedan conducir a un punto de inexin a partir del cual la vida, tal como la conocemos, ya no sea posible en el planeta Tierra. A pesar de los actuales niveles de carencia material de amplios sec-tores de Bolivia, Ecuador y Venezuela, no es posible pretender repetir las mismas secuencias del desarrollo de los pases hoy ms industria-lizados para, posteriormente, desde mayores niveles de abundancia material, impulsar polticas alternativas orientadas al postdesarrollo y a vivir en armona con la Madre Tierra. A pesar de que la responsa-bilidad principal por la devastacin ambiental y de la elevacin de la temperatura atmosfrica es de los patrones de produccin y consumo histricos y presentes de los pases desarrollados, los impactos ms severos se estn dando en los mbitos geogrcos del sur global, lo cual hace que para los habitantes de estos territorios sean mayores las urgencias. No basta con defender las posturas ms radicalmente crticas en las conferencias climticas internacionales, si la bsqueda de opciones a estos patrones productivistas no se constituye en una prioridadinmediatadelaspolticaspblicasdeestospases.Silos glaciares, fuente de agua de una importante proporcin de las tierras altas bolivianas, se derriten, la vida humana dejar de ser posible en estos territorios independientemente de quin tenga mayor grado de responsabilidad por estos fenmenos.Es cierto que, como ha dicho Garca Linera, muchos de los pases capitalistas industrializados del norte tienen en sus propios territorios modelos productivos no extractivistas. Sin embargo esto no implica que sus patrones de produccin y consumo no se basen en el extractivismo, solo que ste ocurre en otra parte, fundamentalmente en los pases 38del sur sometidos a la actual lgica de acumulacin que profundiza la divisin internacional del trabajo colonial del sistema capitalista. El extractivismo en los pases del sur contina hoy alimentando la masiva maquinaria de destruccin del capitalismo global. En esta fase de acu-mulacin por desposesin se han acelerado la creacin de capacidades nancieras y tecnolgicas para buscar superar la mayor parte de los obstculos que hasta relativamente poco tiempo hacan que regiones enteras del planeta (Amazona, Cordillera de los Andes, etc.) estuviesen relativamente protegidas del agresivo proceso de mercantilizacin y comodicacin de la vida. Estos son los territorios en los cuales vive una elevada proporcin de los pueblos y comunidades campesinas e indgenas que, a pesar de medio milenio de sometimiento colonial, han logrado preservar modos de vida no plenamente sometidos a la lgica del capital y de la modernidad colonial. Las resistencias de pueblos indgenas y campesinos del sur, en la defensa de sus territorios, sometidos al renovado vigor del asalto extractivista,constituyenhoylasfuerzasmsvigorosasdefrenoy contencin a la lgica devastadora del crecimiento sin n que est destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Expresan estas luchas los intereses estratgicos de la humanidad por la preservacin de la vida. De modo alguno pueden ser caracteri-zados como respondiendo a posturas, infantiles y fundamentalistas (Rafael Correa) o de como un particularismo corporativo regional o sectorial (Garca Linera). De la misma manera, los procesos de devastacin ambiental que han producido histricamente y continan produciendo los grandes emprendimientos extractivistas (devastacin de pueblos y territorios en la Amazona ecuatoriana, destruccin de las fuentes de agua por la minera en gran escala a cielo abierto, la destruccin del lago de Maracaibo) son procesos cuyas consecuencias a largo plazo son de carcter irreversible. Seraunacruelparadojahistricaqueseanprecisamenteestos gobiernos populares producto de las luchas de los pueblos ind-39genas que impulsaron los procesos constitucionales orientados a la construccin colectiva del Estado plurinacional y el Buen Vivir los que con sus carreteras, minera a cielo abierto y explotacin petrolera terminen por llevar este proceso moderno-colonial hasta sus ltimas consecuencias en trminos de devastacin ambiental y de aniquilacin de la diferencia.Las formas mediante las cuales se da la creacin de valor suponen tanto la formacin de sujetos como la produccin de bienes, y se obje-tivan en instituciones y creencias sociales. Involucran simultneamente losmbitosenloscualeselliberalismohafraccionadolarealidad histrico-social: economa, poltica y cultura (Coronil, 2002: 6). Por ello, el extractivismo est lejos de ser simplemente una relacin tcnica con la naturaleza. Como lo demuestra la experiencia venezolana, la lgica econmica, poltica y cultural del rentismo, una vez instalada en la sociedad, adquiere una dinmica inercial de autorreproduccin que muy difcilmente puede ser revertida. La lgica rentista refuerza un modelo de Estado vertical y centralizado incompatible con la plu-rinacionalidad y con un Estado comunal y socava en forma sistemtica toda posibilidad de autogobierno participativo y democrtico. 41lvarez, Vctor 2011Lo que no debe heredar del siglo XX el Socialismo del siglo XXI, ponenciaenSeminario:Pensamientocrtico,movimientossociales yalternativasregionalesantelacrisisglobal.CentrodeEstudios Latinoamericanos Rmulo Gallegos, Caracas, 7 de octubre. Aponte Blank, Carlos 2010El gasto pblico social durante los perodos presidenciales de Hugo Chvez: 1999-2009, Cuadernos del CENDES, ao 27, nm. 73, enero-abril.Banco Central de Venezuela 2013aPIB por actividad econmica,en pgina web,Informacin Esta-dstica. 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