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ARTICULO ORIGINAL

LA TRANSICIÓN MEXICANA, UNA DEMOCRACIA CONSOLIDADA

Autor: Delgado García, Antonio**

Recibido: marzo de 2016

Aceptado: marzo de 2016

RESUMEN

Las décadas de finales de 1970 y 1980 suponen una serie de reformas electorales en México, que

facilitaran el proceso de transición democrática que se experimenta en las elecciones de 1994, 2000 y

2006, aunque esta última suscita serias críticas. La hegemonía septogenaria gubernativa del PRI vio

quebrar las bases de su pacto social por las medidas neoliberales de sus gobiernos, teniendo que ser

reemplazado en el poder por un PAN que le ha tomado el relevo en la Presidencia de la República.

PALABRAS CLAVE

AMLO, Democracia, Gobernabilidad, PAN, PRD, PRI, sistema de partidos, sistema electoral, Transición.

ABSTRACT

Decades of late 1970 and 1980 represent a series of electoral reforms in Mexico, to facilitate the process

of democratic transition that is experienced in the 1994 elections, 2000 and 2006, although the latter rise

to serious criticism. The hegemony of thePRI gubernatorial septogenaria break saw the foundations of

its social contract by theneoliberal policies of their governments, have to be replaced in power by

a PAN which has taken over as President of the Republic.

KEYBOARDS

AMLO, Democracy, Governance, PAN, PRD, PRI, Party Sistem, Electoral Sistem, Transition.

**Egresado del Master en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, investigador

categorizado en el CONACYT Paraguay, Consultor de la Presidencia de la República del Paraguay.

Email: [email protected]

Delgado García, A.: La Transición Mexicana, una Democracia Consolidada

Revista Científica de la Facultad de Filosofía – UNA (ISSN: 2414-8717)

Vol.2 Nº.1 Enero - Junio 2016. Pág. 51 -71

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1. INTRODUCCIÓN

Al analizar el recorrido político de México a mediados del siglo XX llama la

atención la preeminencia ejecutiva del partido institucional surgido de la Revolución

Mexicana, el PRI. Partido creado por el entonces presidente Plutarco Elías Calle en

1928, primeramente como el Partido Nacional Revolucionario, más tarde transformado

por Lázaro Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938; que

posteriormente sería transformado definitivamente en 1946 por el actual Partido

Revolucionario Institucional, PRI, vinculado desde sus inicios al corporativismo

institucional que desde dentro retroalimentaba.

El régimen político que se lleva a cabo durante siete décadas en el poder por

medio de elecciones fraudulentas e introducción del sucesor de la mano del predecesor

presidencial; irá variando en intensidad, pero entre sus constantes están el poder

autoritario ejercido y centralizado en el presidencialismo institucionalizado de tal modo

que el relevo presidencial se daba de la manera arriba citada. Un control corporativo

federal sobre los sindicatos e industrias nacionalizadas de importancia estratégica,

petróleo en 1938, electricidad 1960, azufre 1967; una gestión estatal de la deuda externa

que iría creciendo en los últimos mandatos atando el destino del país a un subdesarrollo

socio-económico basado en una economía de mercado interior y en un fuerte contraste

de desigualdad social.

Este pacto social para unos, dictadura político-burocrática para otros más

críticos, vino a desquebrajarse a fines de los 80 y 90, con gobiernos como el de Miguel

de la Madrid, con tímidas implementaciones de modelos económicos de corte

neoliberal, reformas estructurales y recortes presupuestarios, reconversión y

modernización industrial dejando un excedente de mano de obra desempleada y caída

de salarios, una inflación unida a la presión internacional (EE.UU. y organismos

financieros internacionales) de la deuda externa, y con una tendencia hacia la

privatización cuyos primeros síntomas era un creciente monopolio. Todo ello vino a

minar las bases del pacto social gestado en los años 30, fruto de unos ideales




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revolucionarios de la Constitución de 1917 que poco a poco vinieron a diluirse en la

preeminencia de las cuestiones de Estado antes que las sociales.

En el contexto político las corrientes opositoras se veían condicionadas por el

excesivo control y celo que el Ejecutivo priísta tenía sobre los procesos electorales, base

de la democracia, en los que de manera fraudulenta obtenía siempre una mayoría que le

daba de libertad de gobernar sin rendir cuentas, sumado al presidencialismo propio; y

sobre el sistema de partidos que se veía restringido por las excesivas limitaciones.

El debate principal sobre el estudio de la transición democrática de México gira

en torno de la “alternancia” política del Partido que está en el poder presidencial. Donde

la postura más defendida es que si no hay una alternancia en el poder central no hay una

transición genuina a la democracia, cosa que se dará entonces en las presidenciales del

2000. No se puede considerar que el régimen corporativo ha transitado hacia la

democracia si antes el partido hegemónico institucional no ha perdido el control central

de la República, si el PRI no sale de los Pinos. Aunque otra vertiente es la que considera

que tanto un partido hegemónico en su momento, PRI, como su contra-hegemónico más

directo por clivaje ideológico y por competencia de votos, siguen siendo elementos

estructurales de un mismo poder fáctico subyacente al Estado, y que dentro del mismo

sistema no cambia nada aunque cambien los actores, ésta es la versión que defienden

muchos seguidores de la izquierda que consideran que en las elecciones de 2006 se

abortó de nuevo el proceso de cambio a la transición mexicana.

2. LAS PROGRESIVAS REFORMAS ELECTORALES

Para que fueran posibles los inicios del cambio político hay que tener en cuenta

una serie de reformas de progresiva liberalización del sistema electoral que repercutiera

en lo político de manera directa, llevadas a cabo a partir de 1977.




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En 1977 el presidente José López Portillo (1976-1982), introdujo ciertas

novedades que trascenderían en el contexto político de la época. Se dio una amnistía a

los presos políticos vinculados a guerrillas; se promulgó una Ley Federal de

Organizaciones Políticas, y otra Ley de Procedimientos Electorales con tímidas

reformas de transparencia; se reconocieron a los partidos como entidades de interés

público nacional posibilitándose su rápida inserción en el continuum partidista, aunque

se viera limitada al discriminar a los más pequeños que no se veían representados.

También se reconoció a organizaciones prohibidas como el Partido Comunista

Mexicano y el PDM.

En 1987 al final del mandato de Miguel de la Madrid (1982-1988), se realizarán

reformas de carácter electoral que desde las bases repercutirá de forma directa en el

régimen político. Se creó un Código Federal Electoral como norma de funcionamiento

del sistema representativo electoral, y un órgano especial vinculado a la supervisión y

cumplimiento normativo de las elecciones, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que

a modo de tribunal constitucional velaba, en teoría, por el cumplimiento de las garantías

constitucionales referentes al voto y a la representación política institucional. Se creó

una serie de requisitos para el registro de partidos, poniendo en desventaja, nuevamente,

el papel de pequeños partidos y organizaciones. Y se pretendió dar una cierta

autonomía, aunque todavía tímida, a la Comisión Federal Electoral encargada de la

logística de las elecciones, y al Registro Federal de Electores que se encargaría del

censo de electores y de la expedición de la cédula de votar; hay que destacar la

importancia de este organismo al expedir tal cédula, ya que en México no existe un

carnet personal de identidad, salvo el pasaporte para el extranjero, o la cartilla militar

para los varones seleccionados para el mismo, con lo que este organismo al expedir tal

documento valido de identidad se relacionaba estrechamente con la SEGOB, Secretaría

de Gobernación (Vicepresidencia), y así se exponía a una relación estrecha y directa con

el Ejecutivo).




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Unido a este contexto, será con motivo de las reformas estructurales neoliberales

implementadas por Miguel de la Madrid, en que dentro del mismo PRI, surge una

tendencia disidente y crítica con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas al frente, que

liderara el Movimiento de Renovación Democrática. Al ser expulsados del PRI, tenían

la mejor ocasión a constituirse en un partido de oposición que integrara a las izquierdas

descontentas del PRI, tanto pequeñas facciones partidarias como organizaciones y

sindicatos (FARM, PFCRN, PPS), y constituirse como Partido de la Revolución

Democrática (PRD) en 1988.

Esa serie de reformas, que posibilitaran los siguientes episodios electorales de

1988 y sus conflictos postelectorales que dan inicio a la llamada transición a la

democracia mexicana; se culminarán en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de

Gortari (1988-1994), en que se aprueban una nueva medidas electorales, el Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde nació (o se refundo con

una reforma muy amplia) la actual y vigente institución encargada del censo y de los

procesos electorales, el Instituto Federal Electoral, IFE, en teoría, autónomo e

independiente de cualquier otra institución gubernativa, aunque se vio estrechamente

enlazada a la SEGOB por motivos como el arriba citados y otros de ejercicio de la

autoridad debido a su importancia. Posibilitando esto que su máximo órgano de decisión

se mantenga bajo el control directo de la SEGOB. La reforma también tocó al Tribunal

Federal Electoral estructurándolo en competencias y jurisdicciones limitadas. Seguirán

diversas reformas, pero ya dentro de la misma estructura del IFE y de sus normativas

fundadoras.

En 1993 se reguló en materia importante como es el de la financiación de los

partidos políticos, mayoritariamente subvencionados por el Gobierno Federal, pero a la

vez se contempló la financiación privada, empresarial de la que se receló atendiendo al

adagio mexicano de “el que paga manda”. A la vez, se reguló en los tiempos y medios

disponibles para los spots propagandísticos a los que los partidos podían acceder en los

medios de comunicación masiva. Incluso en esta línea se tipificaron delitos electorales

incluidos en el Código Penal, ampliando los Tribunales procesales de lo penal sus




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competencias y jurisdicción dentro del terreno de los Tribunales electorales, lo que vino

a desatar una crisis y duras críticas hacia la supuesta imparcialidad judicial.

En 1994 se reguló, nuevamente, el padrón electoral, ésta vez supervisado en

auditoria interna nacional por un consejo técnico, y externa por observadores

extranjeros. Una medida muy aplaudida por su democratización interna de los órganos

de poder (que sería suprimida después por ser contraria al control corporativo), fue la de

“ciudadanizar” el Consejo General del IFE, integrando a seis ciudadanos no vinculados

a partidos, que actuarían como una mayoría neutral ante el resto de miembros del

consejo, si politizados.

Son períodos de reformas estos, de transmitir un mensaje de transparencia en los

procesos electorales, la base del sistema democrático de partidos y del régimen político

del Estado. Dándose una apertura con diferentes grados de justicia electoral, hacia una

independencia en materia electoral, en que poco a poco se desmonta el rígido control

corporativo que el Gobierno tenía sobre los procesos que, para muchos, culminarán en

las elecciones de 1994 donde los ciudadanos conducen el proceso electoral hacia el

cambio presidencial; y para otros, donde todavía se manifiestan esos lazos de poder en

una continuidad cambiada de color.

En 1996 se sucede otra reforma electoral, el Tribunal Federal Electoral se

incluyen en el organigrama y dependencia del Poder Judicial, de la Procuraduría de

Justicia de la República, como un órgano colegiado jurisdiccional especializado. Se

reforma el Consejo General del IFE, compuesto por ocho consejeros y un presidente. Se

establecen fórmulas equitativas para el financiamiento de los Partidos, con un mayor

acceso a los medios de comunicación ahora de forma permanente pero equilibrada.

Como novedad se le da un peso específico a la Asamblea de Representantes del D.F., a

la cabeza un Jefe de Gobierno, papel de Gobernador, (algo que no ocurre en

Washington D.C. que no tiene representación de gobernador ni senador). Se establece

un máximo de 300 curules para un solo partido, diputados de su misma coalición sobre

un máximo de 500, en representación en el Congreso de la Unión.




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La última reforma data de 2007 promovida por el Congreso ante las críticas del

uso abusivo de spots propagandísticos en la campaña presidencial de 2006, con lo que

nuevamente se vuelve a regular sobre la emisión de propaganda electoral y de campaña

en medios de comunicación, ésta vez dando un mayor poder a los partidos y a los

medios de masas, lo que ha venido cuestionándose por ser claramente un retroceso en

materia de regulación que se le escapa al IFE de control.

Las sucesivas reformas atacaban ese corporativismo autoritario que fusionaba las

estructuras del Estado con un solo Partido, el PRI. A través de medidas de evitar que el

Ejecutivo interviniera en las elecciones, y posibilitando el financiamiento mixto de los

partidos, público y privado; y de potenciar a dos controladores del proceso electoral,

primero el IFE, segundo el Poder Judicial especializado, ambos en teoría autónomos e

independientes, se iba consiguiendo una lenta pero progresiva transición democrática

hacia la apertura de nuevas tendencias en el Gobierno (a pesar de los voces críticas que

surgen en todo momento y que niegan la transición dicha y el valor de las medidas).

Estas condiciones se han venido a señalar como los elementos estructurales que

han permitido que los diferentes partidos y organizaciones no pudieran cuestionar los

resultados de las elecciones posteriores, y ante cualquier conflicto postelectoral que

pudieran acudir a los cauces legales oportunos y vías judiciales competentes. Son

muestra de diferentes medidas que reflejan un consenso habido entre las diferentes

facciones sobre los asuntos del régimen político y sistema de partidos resultantes en las

elecciones. “La transición mexicana se ha empantanado reiteradamente al llegar a ese

momento elemental, y fundante, de toda legitimidad democrática: la hora de contar los

votos y decidir, honradamente, quién ganó una elección y quién debe asumir el poder”

(Camou: 1996: 6).

La alternancia política previa a la presidencial del 2000, surge como un

fenómeno disperso en la geografía mexicana, y de manera muy fragmentada y en ciertas

regiones, donde se da primeramente en gobiernos locales y alguna entidad federativa; en




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total desde 1958 a 1979, se da en 10 municipios de 8 estados federales, protagonizados

por cuatro partidos minoritarios, excepto el del PAN (Luque Rojas: 2010: 7).

3. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1988

Se viene señalando el inicio de la crisis en este año de 1988 conocido como “el

año que calló el sistema” (título de la periodista Martha Anaya) por el más que aparente

pacto entre las principales fuerzas, PRI y PAN para dar el poder a su candidato, salinas

de Gortari, que ambos satisficiera y pudiera controlar a los poderes subyacentes del

Estado. Así como hay que tener en cuenta el cambio de signo en las elecciones locales

y estatales de 1988, la elección de intendentes municipales y gobernadores estatales

vistas como un parteaguas, que puedan servir de termómetro para las presidenciales,

donde de acuerdo a diferentes índices de competitividad se fueron dando resultados

favorables al cambio de signo político de los Estados federativos (Méndez de Hoyos:

2007: 73).

Sin embargo en los Comicios federales de junio de 1988 los resultados priístas

fueron preeminentes, pero dejando entrever resquicios de un cambio incipiente en el

comportamiento del electorado y de sus próximas trayectorias. Los diversos partidos

que concurrieron se vieron muy limitados todavía para sacar una rentabilidad a sus

votos. El FDN no consiguió el apoyo obrero que esperaba debido a las luchas internas

de los que tenían preferencia en la defensa de sus trabajos y salarios y no tanto en la

lucha política; unido a su transformación que le llevaría a su nueva marca PRD. Las

diversas organizaciones corporativas se unieron a la línea del gobierno priísta. El PAN

en cambio buscó un acercamiento al ejecutivo para legitimarse desde el poder, y

pretender una sucesión institucional legada por el PRI.

El ejecutivo priísta ante la crisis generada o agravada aún más por sus reformas

estructurales, buscó nuevos apoyos fuera de sus nicho, encontrándolos en la Iglesia con

quien estrechó nuevos lazos, y realizando concertaciones con el PAN a quien facilitaría




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y reconocería sus triunfos estatales en 1991, a cambio de su apoyo en el Congreso de la

Unión para la reforma constitucional, electoral y económica del Estado.

Los candidatos presidenciales fueron Carlos Salinas de Gortari, por el PRI,

elegido con el 50,36%, quien gana las elecciones presidenciales con el mandato de 1988

al 1994, consiguiendo que México se integre en la OCDE y con la firma del Tratado de

Libre Comercio, TLC, con los EE.UU. (apoyada por los dos grandes partidos, PRI y

PAN), medida neoliberal por antonomasia que sumió a México en una compra sin venta

al exterior en situación desfavorable de dependencia, cabe destacar que a partir de ese

momento todo candidato presidencial de cualquier signo introduce una mención a que si

gana revisará el TLC, lo cual luego nunca sucede al ser una política de Estado impuesta

por la más que decisiva influencia de EE.UU. en México. Una de las consecuencias de

estas elecciones fue que el PRI perdió, por primera vez, la mayoría de las terceras partes

del Congreso necesarias para poder hacer reformas en la Constitución, supeditándose a

las alianzas necesarias con el PAN para llegar a pactos sobre políticas y reformas clave.

Otros candidatos fueron Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD, quien obtuvo el

31,12% de los votos; y Manuel J. Clouthier, de la coalición de derechas que descansaba

en el PAN, consiguiendo el 17,07% de los votos.

Tras el triunfo de Salinas de Gortari, como recientemente intenta apoyar en su

obra “Democracia Republicana”, su estrategia fue la reformular un pacto social que

cubriera la brecha producida por las reformas neoliberales. Fue una etapa de transición

hacia la economía de mercado o liberalismo social. Una política social que mantuviera

el equilibrio y cohesión social mediante programas destinados a los más desfavorecidos

de la sociedad, estrategia fraguada en el Programa Nacional de Solidaridad,

PRONASOL, con una serie de ayudas y subsidios en su cara favorable pública, y una

batería de medidas de reestructuración centralizada del poder local y estatal priísta,

mediatizando la movilización social, manipuladora en cara más amarga.




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Hubo un intento de modernización del PRI al renovar sus estatutos y métodos

asemejándose al funcionamiento de la PRONASOL. Dentro del PRI hubo una estrategia

salinista, primera versión de las estrategias aperturistas de supervivencia priístas, de

fundar un bipartidismo con el PAN, apostando por un acercamiento y facilitación del

camino hacia el PAN.

Habría que esperar a los Comicios estatales de 1991, con los triunfos del PAN al

ganar gobernadores arrebatándoselos al sempiterno PRI, para empezar a ver señales de

cambio institucional en el poder. El sistema político del PRI empezó a resquebrajarse en

1994 con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, favorito de

Salinas de Gortari, (a quien se cree que se le quitó de en medio por poder plantear un

cambio radical en la apertura del sistema hacia la transición plena, o por ser continuador

de la misma). Una de las espinas de este malestar general, estalló en la región de la

selva lacandona con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional liderado

por el Subcomandante Marcos, en contra de las medidas neoliberales que sumían al

país, y sobre todo a las regiones más pobres de población indígena campesina en niveles

de pobreza crónica, el día 1 de enero de 1994 fecha en que entraba en vigor el TLC.


Los Comicios federales de 1994 (Gráfico 1), acabaron con la victoria del PRI,

como era de esperar, con Ernesto Zedillo ala cabeza, que consigue la abrumadora cifra

del 48,69%, 17.181.651 de votos, en la misma línea de acuerdo a años anteriores. El

abogado y gobernador estatal Diego Fernández de Cevallos, con el PAN consiguió el

25,92%, 9.146.841 de votos. Nuevamente Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD, el

16,59%, 5.852.134 de votos.

Ahora bien, la estrategia del PRI, cambió de rumbo, hacia el zedillismo, que

consistía en apoyarse estratégicamente en dos partidos; en mirar a hacia el PRD en el

ala izquierda, y al PAN en el ala derecha, creando un bipartidismo periférico que se




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repartiera el volátil electorado, para poder seguir teniendo el liderazgo y sobresalir de

nuevo el PRI.

Por su parte la estrategia posterior del PAN, fue la de ganarse a las élites y clases

acomodadas, además de contar con una amplia base social de clivaje conservador y

religioso, ofreciendo alternativas económicas para el cambio y el progreso a través de

mostrar modelos sociales y económicos de orden y seguridad en los momentos, p.e.,

difíciles del alzamiento del EZLN en 1994 y los conflictos como el suceso de la

matanza zapatista de Acteal en Chiapas, que tras su alzamiento puso a México y a su

gobierno en el punto de mira de la comunidad internacional, a la cual conmovió y entró

en interés en los procesos electorales y de cambio que se sucedían, momentos que

aprovecho el PAN para aliarse con las voces críticas ante el abusivo predominio priísta

acomodado en la Presidencia.

Por su parte el PRD viró hacia formas de posicionamiento en la centroizquierda,

donde poder ganar a ese electorado volátil de clivaje liberal, que no se sentía a gusto en

el PRI, y que no compartía la ideología panista pero que necesitaba un modelo

alternativo. El PRD intentó en vano acercarse a los poderes fácticos clásicos de México,

las élites y la Iglesia, pero que pedió definitivamente tras los sucesos insurgentes de

1994, haciendo que estos importantes actores virasen definitivamente hacia la derecha

panista (si es que no todos lo habían hecho ya), buscando el orden y la seguridad antes

que los ideales sociales.

Cabe destacar que después de que el PRD perdiera las elecciones, en 1996 en la

renovación de su cúpula directiva, es la primera vez en México que dentro de un partido

se diera un proceso de democracia interna, celebrada el 14 de julio de 1996 en que ganó

las internas el futuro candidato y líder político Andrés Manuel López Obrador. Dentro

de este partido se democratizó su estructura desde la base social partidaria,

consiguiendo unificar el partido de izquierdas y darle una imagen de garante en la

transición democrática pendiente consiguiendo romper esa Ley de Hierro oligárquica

que predomina en el resto de formaciones (Freidenberg: 2006).




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Tras 1994 el pacto social estaba más que roto, inexistente, “si hoy existe

inestabilidad, falta de credibilidad y una menguada capacidad para mantener el orden

público (leyéndose todos estos elementos como indicadores de una situación de serio

déficit de gobernabilidad), es por la falta de democracia; por lo tanto, la apertura

democrática consumada traerá la gobernabilidad que hoy se ha puesto en entredicho”

(Camou: 1996: 7).

El camino hacia el cambio era más que necesario, momento por el cual se

da el pacto de los “20 Compromisos por la Democracia”, conocidos como “Acuerdo por

la paz, la justicia y la democracia”, las Negociaciones de Barcelona, que sienta las bases

para las reformas electorales posteriores. También se instaura el primer debate

presidencial público entre los candidatos presidenciales de las principales fuerzas; y la

creación del Grupo San Ángel formado por miembros de los partidos, empresarios,

académicos y ciudadanos para canalizar y reducir las tensiones políticas a través del

diálogo y propuestas, como una medida de fomentar las relaciones de capital social

implicado en la política activa.


Los Comicios federales del 2 de julio de 2000 (Gráfico 2), supusieron un cambio

de paradigma, con la esperada alternancia política en la Presidencia. Lalarga campaña

de dos años de la derecha del PAN, liderada por Vicente Fox, consiguió la victoria del

42,52%, un total de 15.989.636 de votos, cifra histórica del Partido, permitiéndole ser el

nuevo Presidente de la República dando la alternancia al desbancado PRI. Sin embargo

este triunfo no se debió exclusivamente al PAN, ya que Fox se presentó en un conjunto,

la Alianza por el Cambio, liderada por el PAN pero compuesta también por el Partido

Verde Ecologista, y contando con los apoyos del Partido Auténtico de la Revolución

Mexicana.




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El PRD, postuló de nuevo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien consiguió el 16,64%,

6.256.780 de votos. Frente a una lenta retirada del PRI, con Francisco Labastida Ochoa

a la cabeza, que consiguió el 36,11%, 13.579.718 de votos, cifra significativa para este

partido que siempre había “obtenido” el máximum de votos y de suficiencia electiva

para mantenerse en los Pinos.

El creciente consenso democratizador, de apostar por el cambio político para

salir del círculo vicioso del institucionalismo corporativo priísta, unidos a las puertas

que se fueron abriendo desde dentro del sistema a través de las reformas electorales

(resquicios liberalizadores del mercado electoral de manera progresiva), fueron

posibilitando el empuje de otra postura política que avanza ganando terreno como fue el

caso de la derecha panista.

Se van a ir posibilitando las condiciones para la consumación de la alternancia

de signo político presidencial, produciéndose una nueva instauración democrática que

destituye y relega al viejo régimen corporativista del PRI. La campaña electoral en la

sociedad tuvo un gran impacto motivado por las expectativas de cambio político, y bajo

un lema, repetido en contextos diametralmente opuestos, de el “!No nos falles!” (Martín

Sánchez: 2007).

Fruto posterior de esta transición política, es el acuerdo político, declaración de

buenas intenciones, llevado a cabo en 2001 entre las principales fuerzas políticas que

dio a la luz el llamado Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, APDN, que

debería ser ratificado por el Congreso de la Unión para convertirse en una hoja de ruta

hacia una plena y más democrática transición. Se ha querido comparar al Acuerdo con

los llamados Pactos de la Moncloa de 1977, fruto de la Transición Española a la

Democracia (modelo que se ha nombrado numerosas veces en toda la América Latina

en momento de crisis política del Estado), acuerdos celebrados antes de la Constitución

Española de 1978, y de la instauración de un modelo de Estado de Derecho, etc.,

queriendo hacer un paralelismo entre sendos recorridos históricos de ambas naciones

inmersas en esos momentos en coyunturas económicas de déficit e inflación galopantes.




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En los comicios presidenciales de 2006 (Gráfico 3), el candidato por el PAN, fue

el actual presidente Felipe Calderón, quien cosechó una votación del 35,89%,

15.000.284 votos. Ante el principal PRD de una coalición, que le siguió de cerca con el

35,31%, 14.756.350 de votos, agrupados en la Coalición por el Bien de Todos, liderado

por el carismático Andrés Manuel López Obrador, que agrupaba al PRD, Partido del

Trabajo, y Convergencia. Y el PRI con el 22,26%, 9.301.441 de votos, nadie imaginaba

esta debacle tan grande en comparación con comicios anteriores.

El proceso electoral del 2006 se cree que vino a descarrilar el curso de la

transición política mexicana, encauzando las elecciones y su resultado a permitir otra

perpetuidad en el poder, rodeada de una marea de críticas ante un posible fraude

electoral (Cruz Parcero: 2007). El candidato mejor posicionado era López Obrador,

desarrolló una extensa campaña mediática, tuvo el liderazgo carismático de reunir una

alianza de partidos y organizaciones de centro y de izquierda agrupada bajo el PRD.

En el transcurso del período preelectoral hubo los primeros encontronazos entre

posturas del PRD frente al PRI y al PAN, a la hora de elegir a los miembros del Consejo

General del IFE, donde no pudo imponer ni aconsejar a sus candidatos. Se sabe que

desde los círculos empresariales de Monterrey y Ciudad de México, la clase

conservadora de Guadalajara, y las élites de la capital, tuvieron campaña secreta

utilizando todos sus medios para evitar que el “populista” de AMLO (como estos

círculos le llamaban, y como López Obrador ha puesto de manifiesto en numerosas

intervenciones), pudiera llegar a la Presidencia.

Entre varios puntos sobre la campaña en su contra está el famoso predio de El

Encino, que so excusa de ser una expropiación, se intentaba pedir el desafuero de

AMLO para que no pudiera inscribirse como candidato, lo que desencadeno en grandes

movilizaciones y protestas sociales en el Zócalo en abril de 2005. Parte de su campaña




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electoral previa tuvo que ser fuera del PRD por los diversos impedimentos legales que

desde la Presidencia de Fox se le ponían para evitar la serie competencia a su candidato

partidario Felipe Calderón.

Las principales reivindicaciones de López Obrador se condensan en su programa

de cincuenta puntos conocido como “Proyecto Alternativo de Nación”, que posee una

fuerte vinculación ideológica con la base social que le apoya, en términos de

representación programática (luna: 2007), que desde el folclor popular mexicano es

conocido como el “camino del Peje”, (cocodrilo en extinción de Tabasco, estado natal

de López Obrador). La confrontación entre las dos grandes propuestas, conservadora

ultra-neoliberal de Calderón y la progresista reformadora de López Obrador (una vez

reinstaurado como candidato de la Coalición), centró toda la campaña en los medios de

comunicación, promoviendo por su parte un programa propio en TV Azteca, “La Otra

Versión”, donde poder atacar a las censuras y campaña mediática que Televisa lanzaba

en su contra. Incluso en el mismo día de la votación el Programa de Resultados

Electorales Preliminares dio una excesiva preferencia en la información transmitida del

conteo de votos dando un margen de beneficio a Calderón de diez puntos sobre López

Obrador. Lo que se interpretó como una manipulación mediática más que condicionaba

el transcurso de la votación a lo largo de la jornada, violando una clara “neutralidad”

desde las instancias ligadas al Gobierno.

7. CONCLUSIÓN

La transición comenzada a finales de los 80 y consolidad a lo largo de los 90,

hasta su cambio presidencial en el 2000, ha venido a mostrar distintos niveles de

democracia resultantes, tanto de estas reformas electorales como de las victorias de la

lucha por el poder político, ha venido a robustecer y dar mayor transparencia y

eficiencia al sistema democrático mexicano.




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Gracias a las continuas reformas del sistema electoral, base de la democracia, se

fue transformando paulatinamente el sistema de partidos políticos, liberalizándose las

cotas de poder de manera gradual. Poco a poco se va poniendo fin al corporativismo

estatal-partidario, rompiendo los lazos clientelares y corruptos entre el Estado, el

Partido Hegemónico y parte de la Sociedad.

Uno de los principales resultados es la pérdida de hegemonía del PRI, dejando

de ser un partido de Estado, su crisis y pérdida de terreno, debida a la pérdida de

credibilidad en su mercado electoral y a la falta de un camino programático propio, (se

ha apropiado de modelos económicos neoliberales de índole conservadora).

Sin embargo, ahora le hegemonía es dual, compartida entre el PRI y el PAN

como grandes partidos de élites y de masas, que además comparten los mismos modelos

económicos y su estrecha relación subordinada a los intereses nacionales de las élites

empresariales.

Ha habido un recorrido histórico de acabar con el corporativismo priísta (aunque

siga vigente en determinadas estructuras gubernativas) y el escudo democrático que

esgrimía solo de fachada; para transcender ese sistema electoral fraudulento, y de

democracia delegativa, hacia fórmulas de democracia liberal que estrena el PAN de

Fox; pero a la que le falta todavía un largo recorrido para llegar a ser una democracia

genuina de tod@s l@s ciudadan@s, donde un ciudadano sea un voto y su equivalente

más directo, y no aproximaciones porcentuales que dependan de la mayoría.

De esta evaluación final de la transición mexicana a la democracia, cabe destacar

la pérdida del excesivo poder de la figura presidencial, de ese presidencialismo

decretista y de funciones meta-constitucionales. El presidencialismo mexicano actual no

tiene las muestras de excesivo poder como en sus orígenes, hoy día el Presidente de la

República se ve, en un grado mínimo, controlado por el Congreso de la Unión, aunque

solo sea a titulo de informales debidamente.




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Los procesos electorales de 2006, sospechosos de fraudulencia para una mayoría

mexicana, pueden llevar a la conclusión de que el proyecto de transición democrática en

México se vio abortado, según defienden esa tesis, recalcando que el autoritarismo sigue

en el poder ejecutivo controlado por los intereses empresariales el país que apoyan a

uno de los dos partidos tradicionales, arropándolos en su nicho de poder, sin dejar la

puerta abierta a una opción de oposición de cambio. Frente a este tesis, está la tesis

panista de defender la legalidad de los mismos resultados y sus consecuencias legales

efectivas en el mandato subsiguiente de Fox a Calderón. Y es que en México no todo

son votantes y elecciones, hay una serie de poderes fácticos y subyacentes al Estado,

que articulan las direcciones de la política, no solo de los Partidos sino del Estado

inclusive.

Si bien México ha caminado en avances claros de democracia, todavía no ha

podido posicionarse como una democracia consolidada y fuerte, ya que en cada

campaña electoral y los conflictos postelectorales que despierta en torno a la

legitimidad, y a la alternancia política en el poder, despiertan serias críticas que tornan

en volverse dudas de la fortaleza de la democracia.

Tal vez, y sea hipotético como todo avance de lo que pueda pasar, el verdadero

camino de la transición democrática mexicana lleve al estadio del parlamentarismo de

los grupos de los partidos políticos, adecuándose a su estructura federal.




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