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13 La ética en la investigación global: una agenda por desarrollar Rafael Loyola Díaz* Judith Zubieta García** Donde metes la mano ves cosas escalofriantes. Este es un país protector de privilegios a todos los niveles. EDUARDO PÉREZ MOTTS, Titular de la Comisión Federal de Competencia El problema Es común escuchar conceptos como “sociedad y economía del conoci- miento”, “sociedad de la información”, “cambio climático”, “calentamiento global”, “energías alternas”; de manera análoga, también es frecuente encontrarse con textos acerca de la intensa y creciente competencia entre los países desarrollados por el avance del conocimiento –en tanto factor estratégico para liderar el desarrollo mundial y afirmar supremacías; fortalecer su competitividad y buscar soluciones a los retos del nuevo siglo–. De igual manera, ya se volvió habitual encon- trarse con los esfuerzos magros y el continuo desinterés por parte del Gobierno mexicano en temas relacionados con la Ciencia y la Tecno- logía (C+T); no obstante, cada vez son más intensas y evidentes las * Doctor en Histoire et Civilisations, por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, Francia. Secretario técnico de Investigación y Vinculación de la Coordinación de Humani- dades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ** Doctora en Ciencias de Sistemas Sociales por la Universidad de Pensylvania, Filadelfia, Estados Unidos. Secretaria de Innovación Educativa en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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La ética en la investigación global: una agenda por desarrollar

Rafael Loyola Díaz* Judith Zubieta García**

Donde metes la mano ves cosas escalofriantes.

Este es un país protector de privilegios a todos los niveles.

Eduardo PérEz Motts, TitulardelaComisiónFederaldeCompetencia

El problema

Es común escuchar conceptos como “sociedad y economía del conoci-miento”, “sociedad de la información”, “cambio climático”, “calentamiento global”, “energías alternas”; de manera análoga, también es frecuente encontrarse con textos acerca de la intensa y creciente competencia entre los países desarrollados por el avance del conocimiento –en tanto factor estratégico para liderar el desarrollo mundial y afirmar supremacías; fortalecer su competitividad y buscar soluciones a los retos del nuevo siglo–. De igual manera, ya se volvió habitual encon-trarse con los esfuerzos magros y el continuo desinterés por parte del gobierno mexicano en temas relacionados con la Ciencia y la Tecno-logía (C+T); no obstante, cada vez son más intensas y evidentes las

* Doctor en Histoire et Civilisations, por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, Francia. Secretario técnico de Investigación y Vinculación de la Coordinación de Humani-dades de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

** Doctora en Ciencias de Sistemas Sociales por la Universidad de Pensylvania, Filadelfia, Estados Unidos. Secretaria de Innovación Educativa en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

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quejas de las comunidades académicas respecto a la escasez de recur-sos públicos en esta materia, la falta de continuidad de las políticas públicas, la estrechez de miras, y también el creciente reclamo sobre los constantes ofrecimientos incumplidos de corregir los rezagos en el sector, por parte de funcionarios.

Indiscutiblemente, estamos siendo testigos de un inicio de siglo caracterizado por un profundo desinterés en materia de ciencia y tec-nología, por parte de los responsables del sector, así como por una aguda pobreza en lo que se refiere a los limitados esfuerzos que se emprenden. Frente a un panorama de desaliento y de estrechos y erráticos esfuerzos del gobierno federal, al menos recientemente empiezan a trascender reflexiones y propuestas que no sólo constitu-yen una voz autorizada y legítima de diversos actores y grupos de nuestras comunidades científica y tecnológica, sino que, además, abonan a la discusión y aportan sugerencias de nuevas opciones hacia un futuro más promisorio.

Con estos antecedentes, en el presente trabajo nos proponemos recapitular sobre el estado que guardan la política y la oferta pública para el conocimiento y la innovación, al tiempo que pretendemos delinear las concepciones en boga para buscar y encontrar salidas y construir una plataforma que ayude a visualizar el tema desde una perspectiva integral. Asimismo, nos interesa enfatizar la relevancia de la ética en el fortalecimiento de la investigación, pretendiendo incor-porarla como uno de los ejes sobre los que debe reposar la investiga-ción en la era de la globalización y la digitalización.

En efecto, uno de los marcos a los que se alude con más frecuencia es el ético, aunque de ninguna manera este señalamiento puede inter-pretarse como derivado exclusivamente de una percepción social de conductas poco éticas por parte de académicos y científicos. Por lo contrario, la complejidad de los temas que actualmente se investi-gan en el ámbito científico, su multifactorialidad y la diversidad de contextos nacionales e internacionales en los cuales se ubican, obligan a la ponderación de esta dimensión en cualquier esfuerzo serio de análisis. De manera creciente, la comunidad científica en todo el mundo ha venido reconociendo la importancia de iniciar o acercarse a este tipo de diálogos, en ocasiones motivada por la trascendencia del impacto de no hacerlo.

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Ética, sociedad del conocimiento y mercado

La profesionalización de la investigación, la revolución del conoci-miento, el desvanecimiento de las fronteras disciplinarias, el surgi-miento de nuevos campos del saber y el fortalecimiento del papel de la ciencia y el conocimiento en una economía global, caracterizada por la productividad y la competitividad, han puesto de manifiesto la necesidad de incorporar la dimensión ética en toda reflexión crítica y propositiva, con la consecuente búsqueda de criterios, instrumentos y mecanismos que permitan abordar los dilemas o distorsiones que se plantean tanto en la producción de conocimiento como en su aplica-ción o aprovechamiento.

No obstante, para el caso de México, al igual que como sucede en Francia y en otros países en los que el Estado desempeña una función determinante en el diseño de políticas y programas de financia-miento de la investigación científica y tecnológica, la demanda de una reflexión ética se presenta en todos los ámbitos, enmarcada en las siguientes evidencias:

México todavía carece de una política pública para el conocimiento y la innovación ambiciosa, pertinente y comprometida. Luego de los esfuerzos realizados por cuatro décadas –desde principios de los años sesenta del siglo xx– y de una política que tuvo rasgos de permanen-cia y continuidad desde 1989 hasta el año 2000 –con las reservas justas que se quieran señalar–, en los primeros años de este siglo xxi no se han registrado indicios de que los principales actores sociales, los tomadores de decisión y, especialmente, la esfera pública, hayan podido visualizar al conocimiento como valor estratégico para resol-ver problemas nacionales y diseñar el futuro. Desafortunadamente, tampoco se advierte que la C+T sea concebida como ingrediente fun-damental en la reconversión de la economía nacional o como factor esencial para detonar la productividad y mejorar la competitividad del país en el plano internacional. Incluso menos se considera su incorporación como elemento fundamental para avanzar hacia la sociedad del conocimiento.

De manera indicativa se puede señalar que las principales tensio-nes e insuficiencias en la materia son las siguientes: desarticulación,

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desorganización, tensión, burocratización o cancelación de progra-mas que habían aportado buenos resultados;1 desencuentros y aleja-miento de la comunidad de investigadores respecto a las instancias de coordinación y fomento de la investigación en el sector público federal; disminución del gasto en C+T a 0.33 por ciento del pib en 200� –cifra que además está muy por debajo del promedio de 0.�8 que se dedica a este rubro en América Latina, distante de lo que se dedica en economías emergentes y muy lejana de lo que asignan paí-ses desarrollados, por lo general entre 3 y hasta � por ciento, en algunos casos.

Peor aún, el nivel de competitividad del país, en su tendencia decre-ciente, se ha situado en el lugar �8, cuando en el año 2000 ocupaba el lugar 33. Este dato llama particularmente la atención en el contexto de los países miembros de la ocde en la que México se ubica entre las 10 economías más importantes, pero es el país que realiza la menor inversión pública en C+T respecto al pib nacional (0.41 por ciento).2

Al igual que como ocurre en otras latitudes, muy especialmente en Francia, actualmente ha cobrado relevancia la discusión sobre la relación entre conocimiento/aplicación o aprovechamiento social/desarrollo tecnológico. Esta discusión no se había abordado a profun-didad en México, posiblemente por el peso que tiene la investigación que se realiza dentro del sector público y por su todavía escasa rela-ción con el mercado; no obstante, ha adquirido una particular tras-cendencia a partir del cambio en el enfoque que se puso en marcha desde la administración del ex presidente Vicente Fox (2000-200�), en el que se enfatizó su relación directa en la mejora de la productividad y en la ayuda que puede brindar para resolver problemas sociales de diversa índole.

La administración foxista reforzó dos tendencias: en la primera, el Conacyt intentó enfocar sus esfuerzos hacia el “desarrollo tecnológico”, con lo cual canceló el propósito de la ciencia para la empresa; la segunda, derivada de esta modificación al modelo, replanteó programas y crite-

1 Verbigracia programas de retención y repatriación, sistemas regionales de investigación y el propio sistema de los ahora llamados Centros Conacyt, entre otros.

2 Cfr. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología en México, 2006, México, Conacyt, 200�.

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rios que hasta ese momento habían constituido el basamento de la polí-tica de C+T de las dos últimas administraciones priistas.

Durante los dos primeros años de gestión del equipo directivo del Conacyt conducido por el ingeniero Jaime Parada (2001-200�), se pusieron en entredicho iniciativas que habían sido fundamentales para el desarrollo y la consolidación de ciertos grupos académicos en el pasado reciente; otras fueron simplemente canceladas. Esta situación, junto con algunos incidentes y expresiones de intención, además de señalar que se deseaban nuevos rumbos, causaron una gran irritación en la comunidad científica del país.3 Esta situación empezó a percibirse mediante cambios precipitados en las formas de operar de algunos pro-gramas de gran trascendencia para México, dado el tamaño de su comu-nidad. Entre las modificaciones, por ejemplo, cambió la política de reco-nocimiento a las tareas formativas especializadas en el nivel de posgrado; peor aún, se percibió la intención, finalmente remediada, de reducir o limitar el número de becas a los programas incluidos en el entonces padrón de posgrados de excelencia del Conacyt.

Entre otras modificaciones, también se registra la revisión –y la desorganización en la instrumentación– de los fondos sectoriales con-siderados en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecno-lógica (lficyt), junto con la apresurada necesidad de replantear los protocolos de investigación y propiciar el reciclamiento de los inves-tigadores hacia los nuevos esquemas de financiamiento.

Desde luego, no se puede relegar la drástica reducción en los recursos que en los últimos años habían sido destinados para finan-ciar un exitoso plan de apoyo a propuestas de investigación debida-mente evaluadas y seleccionadas por comités de pares.

A fines del año 2001, en cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, el Conacyt dio a conocer el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-200� (pecyt), en el cual se expresó con nitidez la elección del rumbo. Pese a ello, desde su presentación llamó la atención que en éste se plantearan metas extremadamente ambiciosas y difíciles de cumplir, no sólo por lo imponderable del financiamiento público sino

3 Cfr. Los artículos publicados en el diario La Jornada, México, 19 y 21 de noviembre de 2000, 11 de febrero y 1� de abril de 2002.

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porque no se sustentaban en las tasas reales de crecimiento de algu-nos indicadores; entre ellos sorprendía la formación de doctores, el crecimiento de la planta de investigadores y la creación de institucio-nes dedicadas a ciencia y desarrollo.

Sólo para tener una idea de la magnitud de la empresa que el pecyt proponía, es conveniente mencionar algunas de sus principales metas:

i. Incrementar el gasto del gobierno federal en C+T a 4 por ciento en 200�, cuando en los últimos seis años el promedio había sido de 2.�4 por ciento.

ii. Elevar la participación del gasto interno en investigación y desarrollo experimental (gide) a 1 por ciento del pib para 200�, porcentaje inexplicable dado que el promedio en los últimos años había sido de 0.42 por ciento.

iii. Formar 2,300 doctores anuales al término del sexenio, teniendo como antecedente que en los seis años anteriores se habían gra-duado en promedio 9�0 doctores en todas las instituciones de educación superior (ies) del país.

iv. Mejorar la posición de México a nivel mundial en materia de infraestructura científica, ascendiendo de la posición 4� a la 34, en el entendido de que en la proyección se pretendía que el país avanzara a la posición 20 en el año 202�.4

Estos propósitos desmesurados se enmarcaron en un plan estraté-gico definido por los siguientes ejes: las actividades de ciencia y tecno-logía (C+T) deberían estar encaminadas a elevar el nivel de vida de la población, mejorar el bienestar e incrementar la competitividad de las empresas. Para el caso, el Conacyt se pronunció por coordinar los esfuerzos públicos y privados de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) –entendida como política de Estado–; apoyar prefe-rentemente aquellos proyectos dirigidos a la solución de problemas sociales y a mejorar la competitividad, o los que garantizaran un

4 Las cifras y los promedios de los indicadores en Investigación y Desarrollo se tomaron del Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2003, México, Conacyt, 2003.

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mayor impacto social;� por un cambio estructural en el Sistema de Ciencia y Tecnología y por buscar una mayor participación del sector privado en el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo experimental (ide).�

No está por demás reiterar que la visión comprendió un acento particular en el fomento de la investigación dirigida u orientada, fra-seada con el viejo y desgastado concepto de la investigación aplicada, con vistas a que las actividades científicas y tecnológicas tuvieran una mejor articulación con el sector productivo y gubernamental.

Esta visión también ha sido compartida por sectores de la comuni-dad científica y tecnológica vinculados a la administración del Partido Acción Nacional, o simplemente del medio científico y académico. En efecto, no son pocas las voces que con cierta frecuencia reclaman una “ciencia que sirva”, en el entendido de que todo esfuerzo presupuestal que se realice para apoyar la actividad científica tiene que mostrar resultados prácticos en el horizonte inmediato o cuasi inmediato.

Al final de la administración del ex presidente Fox, justo cuando diversos sectores sociales empezaron a formular propuestas con vis-tas al cambio del gobierno federal, se discutió un proyecto de pro-puesta de política para el sector, titulado Bases para una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación, el cual fue elaborado por el Seminario de Discusión sobre las Políticas de Ciencia y Tecnología del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (fccyt) y sometido a discu-sión por su coordinador general, el doctor José Luis Fernández Zayas, en el mes de mayo de 200�.�

En el entendido de que ese documento del fccyt fue desechado y cambiado por otra propuesta más equilibrada, en la que se rescataba la investigación básica, pareciera conveniente analizar cuidadosa-mente su visión, no sólo porque sintetiza una de las concepciones con

� En la presentación del pecyt, el director general del Conacyt se pronunció en esta dirección y retomó una frase de entre las expresiones del titular del Ejecutivo Federal sobre la temática, enfatizando el papel de la tecnología y su importancia para las empresas privadas.

� Se planteó que hacia 200� el sector privado participaría con 40 por ciento del financia-miento, en el entendido de que en 2002 era de apenas 24 por ciento.

� El documento se difundió en el portal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; otra versión de este documento, con la sola supresión del capítulo I y otras adecuaciones menores, se publicó con el título Diagnóstico de la política científica, tecnológica y de fomento a la innovación en México (2000-2006), promovido por el mismo Foro Consultivo e “impreso” con el apoyo del Conacyt, México, octubre de 200�.

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mayor peso en la actualidad, en términos de la definición de las polí-ticas públicas para la investigación y el desarrollo tecnológico, sino porque muy probablemente será determinante en la configuración de la política para el sector en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así, por ejemplo, baste señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo, presentado el 31 de mayo de 200�, el párrafo relacionado con ciencia se ubicó en el renglón de la economía, subrayando el objetivo de estre-char el vínculo “entre el sector público, la academia y el sector empre-sarial” con el propósito de plasmar “exitosamente los nuevos conoci-mientos en procesos productivos”. Además, si bien el citado plan se pronuncia por apoyar la investigación básica, lo hace en tanto “fuerzas motrices”, junto con el desarrollo tecnológico, “del crecimiento econó-mico y del bienestar social”.8 En esta tesitura, se sigue situando concep-tualmente en la misma línea de la administración del ex presidente Fox y, como se verá más adelante, de la fallida propuesta del foro.9

Así las cosas, la mencionada propuesta del foro subrayó la nece-sidad de impulsar la investigación de excelencia y pertinente para el país, fomentar la investigación aplicada y realizar esfuerzos adicio-nales para el desarrollo tecnológico y la innovación; lograr más impacto social mediante una atención especial a la articulación con el sector productivo; profundizar la regionalización o descentraliza-ción de tales actividades; e instrumentar una política y gestión del Sistema Nacional de Innovación que resuelva, en su opinión, la ten-sión entre la centralidad otorgada al Conacyt para conducir la polí-

8 El Plan Nacional de Desarrollo se pronuncia por impulsar la ciencia, el desarrollo tecno-lógico y la innovación, así como por el fortalecimiento de las capacidades científicas y de inge-niería, para lo cual pone el acento en la formación. También se inclina por fortalecer el presu-puesto público y el privado para el renglón, sin dejar de reconocer su precariedad frente a lo que destinan las principales economías y los países emergentes; empero, el acento se pone en la fórmula ciencia-desarrollo-tecnológico-innovación-productividad; por ejemplo, la propuesta sugiere fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de manera tal que favorezca “un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación y el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la econo-mía”. Asimismo, el plan se pronuncia por impulsar la evaluación de los recursos públicos para el sector, por la descentralización de tales actividades y por fortalecer la infraestructura perti-nente. Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Poder Ejecutivo Federal, Gobierno de los Esta-dos Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 200�.

9 Naturalmente, lo que resta por saber es cómo serán reconocidos tales propósitos en el Pro-grama de Ciencia y Tecnología que deberá presentar próximamente la administración del presidente Felipe Calderón. Sin duda, la comunidad científica y académica está en espera de tal propuesta.

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tica en el ramo y la existencia de un grupo significativo de ies y centros públicos de investigación (cpi) descentralizados que disponen de un alto grado de autonomía. La propuesta también se pronunció por un cambio en la concepción de la relación entre ciencia y tecno-logía, por mayor inversión pública en el ramo, a la par de fortalecer la privada; por otra dinámica entre los agentes que intervienen en la ciencia y la tecnología, por la renovación de la planta de investigado-res y por una revisión a fondo de las políticas de estímulos con el objetivo de favorecer la investigación aplicada, la vinculación, la articulación de la ciencia con el mundo productivo y el trabajo de excelencia y en equipo con la finalidad suprema de fortalecer el men-cionado sistema de innovación.

Por el amplio abanico de enfoques, temas y problemas que com-prendió la propuesta en cuestión, surgieron dudas y preocupaciones que provocaron un debate intenso y llevaron, como ya se apuntó, a que la coordinación general del foro desechara el documento y ela-borara otro más alineado con la filosofía de una propuesta presentada por el doctor Octavio Paredes al momento de terminar su gestión como presidente de la amc.10 A continuación se enlistan algunos de los puntos que provocaron mayores cuestionamientos:

• Más que una propuesta de política pública, el documento se presentó como un ejercicio de tipo académico influido de un lenguaje elabora-do, con el interés de mostrar el manejo de una visión sistémica en la que los procesos son ahistóricos, en la que se da por sentada la exis-tencia de un sistema de ciencia, tecnología e innovación (cti) que no se sabe de dónde viene ni quiénes han sido sus responsables y promo-tores, y en la que se pierde el enredo político y la disputa de visiones que desembocaron en las dos primeras leyes en la materia; pareciera como si el sistema siempre hubiera estado ahí y que sus distorsiones fueran problemas menores que se resuelven con ajustes en los “agen-tes” y en su mecánica interna.

• La propuesta era continuista, pero no de las administraciones previas sino de la administración foxista. Por lo mismo, los puntos estratégi-

10 Octavio Paredes López, Por un nuevo paradigma de política pública para el conocimiento y la innovación en México, del 24 de abril de 200�, el cual estuvo en el portal de la amc; la propuesta de recambio fue publicada por el Foro Consultivo como Conocimiento e innovación en México: hacia una política de Estado. Elementos para el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2006-2012, México, noviembre de 200�.

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cos de la propuesta se dirigieron a fortalecer la investigación orientada o pertinente a los requerimientos del país, a lograr una mayor vincu-lación con el sector productivo, a favorecer la competitividad, a mejo-rar la gestión en las ies y en los cpi para que integraran el espíritu empresarial. Dicho de otra manera, la propuesta se resumió en pro-mover la ciencia para fortalecer el entorno productivo y mejorar la competitividad. Por lo mismo, el documento carecía de un análisis sobre la gestión en la materia de la administración del presidente Fox, siendo por demás complaciente.

Para más detalle conviene leer en la página 21 del manuscrito en cuestión, el párrafo que dice:

El excesivo énfasis hacia la investigación surgida al interior de la co-munidad académica, guiada por la curiosidad, se sobrepone a los limi-tados incentivos para fomentar la investigación orientada a problemas nacionales;

dicho de otra manera, y siguiendo este razonamiento, para qué culti-var la curiosidad ya que sólo distrae de la atención de “sus” problemas nacionales.

• El documento fue reiterativo en su inclinación por favorecer el llama-do Sistema Nacional de Innovación, razón por la cual se privilegió o dominaron las propuestas dirigidas a la promoción de la investigación aplicada, la atención a los problemas nacionales, el desarrollo tecno-lógico, la vinculación con el entorno productivo y la formación de los especialistas que se requerirían. Empero, no quedó clara la posición de la ciencia, de la investigación fundamental, y la relación entre inves-tigación y desarrollo tecnológico.

• Si bien se puede conceder que, en opinión de los autores de la propues-ta, la ciencia incluye las humanidades, quedó la duda del lugar o la relevancia que otorgan a las ciencias sociales y a las disciplinas huma-nísticas. En el documento mencionado no solamente se les dejó de lado sino que se privilegiaron las ingenierías y el desarrollo tecnológico, así como también quedó desdibujada la investigación fundamental. Aún más, en las propuestas que ofrecieron de campos de interés no figuró ninguno que competa a esas disciplinas.

En esta circunstancia, al no haber considerado todas las discipli-nas se incurrió en una visión sesgada y limitada de la investigación,

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con el riesgo de desconocer la dimensión social del conocimiento o del componente social de problemas que son del dominio de las ciencias exactas y naturales, o incluso de dejar fuera de su visión problemas que tienen que ver con los efectos sociales de la innovación y el cam-bio tecnológico, la reestructuración de los modelos sociales en curso o la exploración de las sociedades del siglo xxi; asimismo, esa visión dejó de lado el obligado y cada vez más necesario trabajo en equipo y transdisciplinario.

• En el capítulo de puntos por debatir se incluyeron temas de dominio público, como el balance entre investigación básica y “orientada”; los criterios para asignación de recursos públicos, la evaluación o la renovación de la planta académica; empero, en los hechos, la pro-puesta intentó resolver el primer punto al inclinarse por una visión utilitaria de la ciencia al servicio del sector productivo, además de ha-ber dejado fuera temas torales de discusión como la interacción entre investigación básica y aplicada, la relación entre investigación e inno-vación, la vinculación entre investigación y formación, el trabajo pluridisciplinario, los cambios en el manejo y disponibilidad de los fondos públicos, la estrategia para lograr que la cti sea incluida en-tre las prioridades nacionales, la internacionalización del conoci-miento, los modelos de gestión o la cooperación internacional, así como la responsabilidad social de los investigadores y las implicacio-nes éticas de su oficio en la era de la digitalización, la sociedad del conocimiento y la genética.

En suma, más allá de los enfoques, de sus coincidencias o diver-gencias, los documentos en cuestión y el momento de la investigación científica y humanística en México plantean retos y una reflexión que se debe abordar de frente, la cual atañe tanto al desarrollo del cono-cimiento como a su aplicación y aprovechamiento, al igual que a las responsabilidades sociales de los actores involucrados, mismas que también pasan por su dimensión ética.

En esta medida, se debe reflexionar sobre el desarrollo del conoci-miento en una perspectiva integral que considere desde su generación hasta su aprovechamiento social, así como las ciencias y las humani-dades; que precise los puentes entre la investigación básica y el desarrollo del conocimiento con la investigación aplicada, el desarro-llo tecnológico y la innovación; que comprenda los modelos de ges-

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tión para el conocimiento y la formación especializada; que reflexione sobre los mecanismos de financiamiento en la época de la globaliza-ción, la descentralización y el impulso hacia un nuevo federalismo y en el proceso de fortalecimiento del sector privado en tanto conductor del desarrollo económico y del incremento de fondos internacionales para la investigación. De igual manera, se deben establecer criterios y directrices para la definición de nuevos campos de oportunidad sin detrimento de ninguna disciplina ni de la exploración o búsqueda de conocimiento frontera; así como ensayar estrategias para la colabo-ración transdisciplinaria, interinstitucional e internacional, sin perder de vista que los retos para el conocimiento en el siglo xxi van de lo local a lo global.

Finalmente, en la discusión y búsqueda de un nuevo modelo para el desarrollo del conocimiento y la innovación se deben discutir y generar propuestas que aborden la responsabilidad social del investi-gador y de los organismos de investigación, partiendo de la genera-ción del conocimiento, pasando por la evaluación de proyectos y resultados y hasta su impacto social, dimensión que debe conducir a la precisión de reglas, principios y mecanismos que diriman las implicaciones éticas, a la vez que también se deben anular las fron-teras y las mejores prácticas de colaboración entre los organismos públicos y privados.

Dicho de otra manera, y en el entendido de que la ética debe con-temporizar con la transformación social y evitar una rigidez que entorpezca el avance de la investigación, de ahí la prudencia y la flexi-bilidad con la que se debe trabajar, se puede decir que el fortaleci-miento del aparato de investigación en México, los avances del cono-cimiento, la internacionalización del quehacer investigativo y los retos planetarios que enfrenta la humanidad, sin la desaparición de aquellos de menor dimensión, conducen a repensar los modelos sobre los que se ha sustentado el avance del conocimiento, sugiriendo la conveniencia de incorporar la ética para abordar y enfrentar dilemas que no se resuelven en la práctica de la investigación ni en el desarro-llo de una disciplina o campo de conocimiento; por el contrario, su incorporación en la cultura científica y humanística posibilitaría evi-

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tar distorsiones, facilitando así una buena práctica de investigación y gestión institucional.

El tercer factor que incide en la reflexión actual de la ética en la investigación tiene que ver con el agotamiento o la insuficiencia de los mecanismos de evaluación. Este agotamiento encuentra su explica-ción en factores como los siguientes:

1. El eje de la actividad científica tuvo un cambio radical al haberse mo-vido de la búsqueda o el apetito por el avance del conocimiento a una interacción con el mercado, a su valorización y demanda por su ca-rácter estratégico para la productividad y competitividad.

2. La creciente valoración del impacto social de la investigación; dicho de otra manera, en la actualidad ya no sólo se evalúa el conocimien-to por los avances que representa en los saberes, sino que se busca que tenga un impacto social, sea para ayudar a resolver problemas o por las aplicaciones sociales que deriven, incluyendo las de benefi-cio económico.

3. En la evaluación intervienen nuevos actores sociales, siendo el caso de los proveedores de recursos, los usuarios, los potenciales benefi-ciarios o los agentes públicos o privados encargados de regular y dirigir las actividades de investigación y desarrollo tecnológico; di-cho de otra forma, el conocimiento, su producción y aplicación o aprovechamiento social ya no sólo compete a los investigadores sino que es un asunto de interés social; parafraseando a la doctora Julia-na González, la ciencia y la producción de conocimiento se afirman como un acto social.11

4. Para el caso mexicano se deben tomar seriamente en consideración los efectos y el papel que están jugando los sistemas de evaluación del desempeño académico, los cuales son de dos tipos: los internos de cada institución y el Sistema Nacional de Investigadores, mecanismos que presionan a la “productivitis”, en virtud de que son la fuente primor-dial de ingresos, indicador de estatus académico y patente de corso para acceder a financiamientos, comités de diverso tipo y reconoci-mientos. Esta situación es la que explicaría el fortalecimiento de la investigación individual, el trabajo de corto plazo y una serie de irre-gularidades del oficio de investigador que pueden situarse dentro de las prácticas con implicaciones éticas.12

11 Cfr. Ponencia de la doctora Juliana González en el coloquio “Ciencia y Ética en la Globa-lización”, del 2� de octubre de 200�.

12 Cfr. Martín Aluja y Andrea Birke, “Panorama general sobre los principios éticos aplicables a la investigación científica y la educación superior”; también César Domínguez Pérez-Tejada y

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Una reflexión de la ética desde la Academia Mexicana de Ciencias (amc)

A principios del año 2003, la amc realizó un encuentro en torno al papel de la ética en la investigación y la educación superior.13 En esa ocasión, no sin ciertas tensiones e incomodidades por parte de algu-nos miembros de las comunidades científica y académica, se tuvo el cometido de alentar la reflexión y el debate sobre la relación entre ética e investigación, abarcando aspectos poco explorados tales como la relación del conocimiento con el mercado, los negocios y las empresas; así como impulsar la reflexión en temas de absoluta ac-tualidad como la clonación, la manipulación genética, la ecología, etcétera. Además, la reunión tendió a reforzar lo que los organiza-dores denominaron “cultura de integridad” en las comunidades mencionadas, así como a señalar y difundir lo que calificaron de conductas “éticamente inaceptables o cuestionables”, preocupación que fue de la mano con el interés de contribuir al diseño o la defini-ción de comportamientos denominados de honestidad intelectual e integridad científica.

Con tales preocupaciones fue que los participantes en dicho encuentro se manifestaron interesados en construir un andamiaje normativo que orientara el quehacer científico y académico –donde la formulación de códigos de conducta estaría entre las más altas prio-ridades– y en detectar y analizar aquellas prácticas que estuvieran claramente enmarcadas en la dimensión ética. De esta forma, se llamó la atención sobre problemáticas como el aborto, la eutanasia o la clo-nación, así como en los aspectos concernientes a la producción y uso del conocimiento.

Por su parte, la reflexión también abundó en la formulación de criterios, valores y pautas de conducta que permitieran un ejercicio apropiado de la práctica científica y académica. Sobresalieron los pos-tulados sugeridos por Paulette Dieterlen para las ciencias de la vida, además del largo listado de valores que Martín Aluja y Andrea Birke Rogelio Macías-Ordóñez, “‘El que no tranza no avanza’: La ciencia mexicana en el espejo”, en Martín Aluja y Andrea Birke (coords.), El papel de la Ética en la investigación científica y la educación superior, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

13 M. Aluja y A. Birke (coords.), op. cit.

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proponen para toda investigación, así como el tipo de prácticas que serían catalogadas como una “mala conducta de la investigación” y su preocupación en torno a las irregularidades o faltas que se regis-tran en el momento de las evaluaciones o los arbitrajes, incluso aque-llas otras que se detectan en el manejo de las instituciones. Entre estas últimas encontramos ejemplos indicativos: la costumbre de que el titular de un organismo de investigación incluya su nombre junto al de los autores en muchas publicaciones; el uso de los bienes públicos para la promoción personal o de grupo o hasta prácticas de claro nepotismo y corrupción.

El resultado o balance de este ejercicio de reflexión y debate con-sistió, a entender de los organizadores, en que contribuyó a la elabo-ración de un documento sobre comportamientos éticos aceptables, los cuestionables y los que se pudieran calificar de incorrectos. En esta medida, se puso el acento en asuntos procedimentales, dejando de lado o apenas mencionando cuestiones que tienen que ver con los valores en el momento de la producción del conocimiento, lo mismo que el debate de para qué la ciencia en el mundo contemporáneo y el de las particularidades o diferencias que tienen su origen en las disci-plinas, como sería el caso de las ciencias sociales y de las humanida-des, entre sí y respecto a otras disciplinas.

No obstante, visto desde otra perspectiva, se puede decir que el ejercicio en cuestión también tuvo relevancia al llevar la discusión del terreno de los estudiosos de la ética -en este caso, los filósofos- al de los actores responsables de las conductas o prácticas en cuestión, al de los que tienen la experiencia en el área y se dan cuenta de dimensiones que exceden la práctica de la investigación, ameritando así un tratamiento específico. De la misma manera, también se incorporó la visión de aquellos otros que han sido afectados por actitudes o prácticas que se podrían considerar inapropiadas o éti-camente inaceptables.

La reunión se llevó a cabo luego de que habían transcurrido ya dos años de una nueva administración federal, que sucedió a un periodo de 12 años en el que la investigación en México se benefició de cierta continuidad en cuanto a las políticas públicas en la materia y se reco-nocían aciertos claros en lo relativo a la profesionalización de la tarea

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de investigación, así como en la creciente incorporación de criterios y prácticas como la evaluación, la competencia por el financiamiento y la búsqueda de la dimensión internacional.

En efecto, a principios del tercer año del gobierno foxista, ya se resentía la modificación abrupta de la política pública para la investi-gación, la ciencia y las humanidades, la cual estuvo caracterizada por el desdibujamiento de la ciencia y la búsqueda del conocimiento, la primacía de las exigencias del mercado y la demanda de que la inves-tigación se dirigiera a resolver los “problemas nacionales”. Este cam-bio no sólo representó el rompimiento de una cierta continuidad en programas y apoyos federales, sino que implicó la afectación y can-celación de programas que estaban dirigidos al fortalecimiento de la ciencia, así como la pérdida de rumbo.14

Tres años después de esa reunión, la propia amc promovió otro ejercicio de reflexión, pero en esta ocasión lo hizo en colaboración con la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, además del Institut de Recherche pour le Développement (ird), organismo científico de cooperación de la República Francesa.1� La reunión se realizó los días 24 y 2� de octubre de 200�, en las instalaciones del Instituto de Astronomía de la unam y tuvo como objetivo alentar la reflexión sobre las implicaciones éticas en la investigación científica y humanista, sobre la base de que todavía es un pendiente en la agenda de investigación nacional y por ser un tema que atañe cada vez más, a la ciencia a nivel internacional; incluso la ética se extiende y reclama en otros dominios, como en los de la tecnología, la industria, las cor-poraciones y el sector público, así como en organismos sociales de diverso tipo. Al igual que la transparencia y la rendición de cuentas, paulatinamente se afirma la ética como elemento estratégico de la gestión, tanto pública como privada.

14 Cfr. Rafael Loyola y Judith Zubieta, “La política de ciencia y tecnología en el gobierno del cambio. Nuevo paradigma o disfuncionalidad del discurso”, en Alberto Aziz N. y Jorge Alonso (coords.), El Estado mexicano: herencias y cambios, t. ii, México, Centro de Investigaciones y Estu-dios Superiores en Antropología Social (ciesas), Miguel Ángel Porrúa/H. Cámara de Diputados LIX Legislatura, 200�, pp. 229-2�1.

1� El coloquio se llamó “Ciencia y ética en la globalización” y contó con el apoyo y la colaboración de la Embajada de Francia en México.

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Posibles impactos de la globalización en la ética del conocimiento

En acuerdo con la percepción del Comité de Ética del Institut de Re-cherche pour le Développement,1� estamos en un contexto interna-cional señalado por la competencia del conocimiento y las tecnolo-gías, por una disputa acendrada en la economía en el marco de la globalización y por un creciente impulso de la diversidad que deriva más y más en tensiones sociales y enfrentamientos, lo cual explica las dificultades para establecer relaciones de equidad y la búsqueda del bienestar social.

Como se apuntó líneas arriba, en México no se tiene el privilegio de que el conocimiento y la innovación estén entre las prioridades nacionales, pero no por ello se deja de constatar que la investigación y el desarrollo tecnológico se han afirmado, en la compleja competen-cia internacional, como uno de los elementos estratégicos para elevar el nivel de vida de la población, reestructurar el modelo económico, afirmar supremacías nacionales o buscar una posición entre los paí-ses que marcan el rumbo.

Por ello, es urgente que México también participe de tal dinámica so pena de profundizar sus rezagos o desatender reclamos sociales; además, está impelido a hacerlo puesto que se atisban problemas a los que estará obligado encontrar soluciones, como sería el caso de los efectos del cambio climático, la preservación y mejora del ambiente, el agotamiento del modelo social y de la organización estatal, y el incre-mento de dilemas como la migración, el rezago educativo, la desigual-dad social y hasta la creciente inseguridad pública, por sólo citar algu-nos ejemplos.

Empero, es conveniente reflexionar sobre los impactos que este fenó-meno conlleva en términos de las condiciones para participar en la revolución del conocimiento y en el uso social de sus aplicaciones, dadas las inequidades para acceder a las fuentes de la investigación de van-guardia, a la competencia de los países desarrollados por captar a los mejores talentos, a la legítima búsqueda por parte de los investigadores

1� Cfr. Guide des Bonnes Pratiques de la Recherche pour le Développement, 1� de mayo de 200�, en www.ird.fr

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jóvenes de mejores oportunidades y a las complicaciones para la trans-ferencia social del conocimiento con fines que vayan más allá del interés privado o de los celos de los grandes consorcios internacionales.

A estos dilemas se agrega la creciente disputa por las materias primas, con la circunstancia de que éstas suelen estar en los países del sur o en los menos favorecidos, y el potencial de la biodiversidad tam-bién suele encontrarse en esas regiones.

Por lo mismo, es necesario incluir y reforzar la agenda de la ética en la búsqueda de referentes y normas que ayuden a mitigar los lace-rantes desequilibrios sociales del siglo que recién inicia, para generar mejores condiciones de acceso a la sociedad del conocimiento y lograr que su aprovechamiento social contribuya a mejorar el bienestar de la población, abonar para una sociedad equitativa y tolerante, así como para encontrar las fórmulas de convivencia que fortalezcan la democracia en la era de la diversidad.

La inagotable revolución del conocimiento y su acelerada difusión por medio de la sociedad de la información y las repercusiones socia-les de los cotidianos cambios tecnológicos, plantean dilemas que toda-vía hace algunos años eran inimaginables; el día de hoy se debe encontrar la manera de abordar realidades tales como la mono y la homoparentalidad, las relaciones estables entre personas de un mismo sexo o incluso el cambio de sexo; los cuestionamientos y las repercu-siones jurídicas de las aplicaciones médicas de las células troncales, junto con el resguardo y aprovechamiento social de la biodiversidad, particularmente en las poblaciones originales. Problemas y retos que no se circunscriben a una región ni a una disciplina científica o huma-nística, sino que son de un amplio dominio social.

La profesionalización del oficio de investigador, la competencia por el conocimiento y el reconocimiento, y la obligada, creciente e imparable articulación con el mercado han generado problemas y distorsiones que ya no es posible tratar desde los criterios y loables esfuerzos de las comisiones de honor y justicia.

En el mundo de la competencia, el mercado y la internacionaliza-ción del conocimiento, los investigadores y las instituciones de cien-cia, humanidades y desarrollo tecnológico están obligados a reflexio-nar y sugerir normas y procedimientos básicos sobre temas como la

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responsabilidad social del investigador, el propósito de su investiga-ción y la manera en que la lleva a cabo; los beneficiarios de los resul-tados, el profesionalismo de la divulgación, la distinción entre hacer ciencia o proselitismo político con ropaje académico, la relación y el uso de los sujetos de investigación o de los “informantes”, la confiden-cialidad de las fuentes y hasta el complejo tema de las evaluaciones que van desde el investigador, pasando por las publicaciones, hasta los organismos académicos; dicho de otra manera, es urgente debatir sobre la ética del evaluador.

De modo similar, es conveniente reflexionar acerca de los princi-pios y las reglas básicas que conduzcan a una buena práctica de la investigación, así como en las instancias que emitan opiniones y, en los casos de transgresiones, que impliquen afectaciones graves a ter-ceros, daño patrimonial, consecuencias negativas al ambiente, al mercado o a la sociedad.

De este breve análisis indudablemente se desprende una función que bien podría asumir la Academia Mexicana de Ciencias: contribuir en el diseño de indicadores y mecanismos que reflejen con mayor pre-cisión las condiciones que prevalecen en las instituciones nacionales en las que se realiza la I+D mexicana, además de fomentar la realiza-ción de estudios rigurosos sobre la dimensión ética que tan escasa atención ha recibido, tanto de las autoridades encargadas de impulsar la Ciencia y la Tecnología en nuestro país, como de nuestra propia comunidad científica.

Como dijera hace un buen número de años el doctor Ruy Pérez Tamayo, “la crisis está haciendo cada vez más difícil la vida y el tra-bajo de los científicos mexicanos”.1� Lo más grave es que 20 años después, esta afirmación sigue teniendo validez y sustento.

1� Cfr. Ruy Pérez Tamayo, “Acerca de Minerva”, xxiv. La Fuga de Cerebros, México 198�, en: http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/40/htm/sec_3.html

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