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ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JURISDICCIONAL

ASONAL JUDICIAL NACIONAL Personería Jurídica No. 00484 de Enero 16 de 1976

Filial CUT-Fenaltrase

LA REFORMA A LA JUSTICIA Y LA LUCHA FRONTAL CONTRA LA

CORRUPCIÓN EN LA JUDICATURA SON IMPERATIVOS

INMEDIATOS

El pleno de la XVII Asamblea Nacional de Delegados de Asonal Judicial

realizada en la ciudad de Bogotá los días 31 octubre, 1 y 2 de noviembre de

2013, ante el clamor de varios sectores sociales, gubernamentales, políticos y

religiosos por la necesidad de una reforma a la justicia; clamor acelerado por

algunos actos de corrupción denunciados en los últimos días, y luego de un

amplio análisis sobre estos fenómenos que afectan la legitimidad del poder

judicial; decidió por unanimidad, adoptar la alternativa de impulsar una

verdadera reforma democrática a la Administración de justicia, que se dirija

primordialmente a posibilitar el acceso a la misma de la población

colombiana, a la idoneidad y trasparencia en la escogencia y elección de los

magistrados de altas Cortes y demás funcionarios, por la dotación de un

presupuesto adecuado y garantías para que los principios de autonomía e

independencia judicial sean una realidad en nuestro ordenamiento jurídico, y

de paso se eliminen las causas para los brotes de corrupción que demeritan la

denodada labor de una inmensa mayoría de funcionarios y empleados

honestos,

DECLARA

1.- Los recientes sucesos relacionados con la reprochable conducta del

magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura Henry Villarraga Oliveros al comprometerse con el coronel

Robinson González del Río, sindicado de cometer crímenes de lesa

humanidad en el Departamento de Caldas, a gestionar para que sus casos

pasaran a ser investigados por la jurisdicción penal militar, han revivido el

debate nacional en torno a la necesidad de emprender una reforma a la

administración de justicia.

2.-La reforma judicial por la cual claman los colombianos, no puede sin

embargo convertirse en un vehículo para debilitar más y más la independencia

y autonomía de la Rama Judicial, ni tampoco debe ser una vía para que las

Altas Cortes --por encima del interés general-- hagan prevalecer los intereses

individuales y corporativos de sus miembros a través de presiones indebidas,

sino que debe constituirse en un espacio verdadero de deliberación en el que

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los destinatarios de la justicia sean escuchados, en orden a que puedan acceder

a una tutela judicial efectiva, en vez de padecer horrorizados los más

aborrecibles actos de descomposición ejecutados impune y sistemáticamente

por algunos miembros, claramente identificables, de la administración de

justicia, hoy señalados una y otra vez por los medios masivos de

comunicación social.

3.- La reforma tampoco puede ser pretexto para desconocer las directrices

establecidas por los organismos internacionales de protección de los derechos

humanos en punto a la investigación y juzgamiento de los miembros de la

fuerza pública que, desconociendo sus deberes del servicio, cometen crímenes

de lesa humanidad, los cuales deben ser conocidos por la jurisdicción

ordinaria y no sustraídos de ella a través del manejo veleidoso de los

incidentes de colisión de competencias.

4.- La reforma judicial debe erigirse en una suerte de oxigenación democrática

como elemento que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia, y

garantizarles que sus conflictos se resuelvan por la vía de la civilidad y del

derecho. En ese sentido, debe preservarse el autogobierno del poder judicial,

en el entendido, que la independencia de los jueces no es un privilegio

estamental, sino, un derecho de toda la sociedad.

5.- En la medida en que tres de los cuatro Magistrados de la Sala

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior denunciados no cumplen con

los requisitos para ostentar dicha investidura, resulta esencial e inaplazable,

primero DENUNCIAR a la Comisión de Verificación del Congreso porque

evidentemente no cumplió con la función de confirmar sus calidades y,

segundo, EXIGIR la inmediata renuncia de los Magistrados que sin cumplir

los requisitos hoy fungen como tales, siendo ellos los precisamente señalados

ante la opinión pública como actores de las prácticas corruptas conocidas por

el país.

6.- Creemos que a las altas Cortes se debe llegar a través del concurso de

méritos y no mediante un larvado sistema de elección clientelista como sucede

en la actualidad, y que los miembros de esas Corporaciones deben tener un

juez que los investigue y juzgue con la celeridad y objetividad que el

momento reclame, pues es incuestionable que se carece de un sistema

efectivo de juzgamiento, por la inoperancia cómplice de la Comisión de

Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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7.- Decidimos intervenir en todos los escenarios que se convoquen para la

discusión de la reforma a la justicia, y señalamos que el lodo que cubre las

actuaciones de deshonestas personas vinculadas a algunas instancias

jurisdiccionales, no puede salpicar a los magistrados, jueces y empleados que

todos los días entregan lo mejor de sus energías para que en Colombia exista

una justicia democrática y protectora de los derechos.

8.- Mientras se crean las condiciones para una discusión franca y abierta,

exigimos públicamente a los Magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro

Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, a quienes refirió

el renunciante Henry Villarraga Oliveros que acudirían a dialogar con el

miembro del ejército interesado en la decisión que habría de tomar la Sala que

integran, a que presenten su renuncia inmediata e irrevocable de su cargos,

para que el poder judicial no sea asociado a sus censurables comportamientos.

9.- Reclamamos además, la pronta investigación y culminación de la legalidad

o no de los 33 casos que en los últimos cuatro meses han pasado de la Justicia

ordinaria a la Penal Militar los cuestionados Magistrados de la Sala

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al igual que el proceso

iniciado desde el mes de abril de 2010 por las irregularidades en el reparto de

más de 70 casos en la misma corporación, lo mismo que los posibles delitos

cometidos por los cuatro citados funcionarios en la elección de Magistrados

Auxiliares y de Consejos Seccionales debidamente informados al ente

acusador.

10.- En síntesis, exigimos que abandonen al poder judicial quienes carecen de

estatura ética para investigar a los Magistrados, Jueces y abogados de

Colombia.

11.-Informamos al pueblo colombiano que hemos decidido convocar al

componente honesto de la Rama Judicial a participar de las movilizaciones y

jornadas de protesta necesarias para lograr la depuración de la judicatura de

tan nefastos personajes, en fecha pronta que desde ya analizamos; y llamamos

a la sociedad en general, para que llegada la hora comprendan y nos

acompañen en las jornadas que serán programadas.

Bogotá, D. C., 5 de noviembre de 2013.