LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE UN CAMBIO EN...
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INDICE Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO..…….…………………………………………………………………… 3 2. LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LAS
ACTUACIONES DE REFORMA DE VIVIENDAS Y DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE ÁMBITOS URBANOS………………………..……………………………. 9
3. EL MARCO LEGAL.…………………………………………………………………………………. 13 3.1. Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el empleo.………………. 13 3.2. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible…..…………. 18 3.3. Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.………………………………………………… 22
3.4. Régimen jurídico de las Infraestructuras Comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación (ICT)…………………………………………………………...…………………………... 23
4. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA REGULACIÓN Y EL FOMENTO DE
LA REFORMA DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE ÁMBITOS URBANOS.……………………………………………………..……………………… 24
4.1. Propuestas en materia tributaria.…………………………………………… 24 4.2. Propuestas en materia no tributaria.……………………………………… 29 I. Medidas a medio y largo plazo.……..……………………… 29 II. Medidas a corto plazo: un plan de choque.…………… 40
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1.- RESUMEN EJECUTIVO
La actividad de la construcción se considera uno de los sectores clave dentro
de la economía española, tanto por su importancia en la composición del P.I.B.
de España, como por el efecto arrastre que origina sobre el resto de los
sectores económicos. El sector de la construcción afecta a un conjunto de
actividades industriales y de servicios, ejerciendo un poderoso efecto en la
actividad económica y en la creación de empleo directo e indirecto.
Desde que aparecieran los primeros efectos de la crisis financiera internacional
en España, la inversión residencial no ha dejado de reducirse a un ritmo
acelerado. Teniendo en cuenta que los últimos datos de Eurostat –referidos a la
construcción en la Unión Europea -, señalan que en el mes de marzo de 2011 la
construcción en España registró un descenso interanual del 38%, lo que
supone la mayor caída de la Unión Europea, el impulso a las actividades
ligadas a la reforma y a la rehabilitación supone una oportunidad para paliar,
a corto plazo, las consecuencias de la caída del subsector de la edificación y, a
medio, sentar las bases para una economía sostenible de la actividad
constructiva de reforma y rehabilitación.
Se trata de un gran subsector dinamizador de la actividad y de la economía
local, e intensiva en mano de obra, y que constituye una práctica muy habitual
en los países de nuestro entorno, aspecto al que sería deseable pudiéramos
equipararnos.
Si bien es cierto que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno1 han
supuesto un importante avance en la regulación de este tipo de actividades,
para seguir avanzando en el desarrollo del sector y en el fomento de esta
actividad, se precisa la adopción de nuevas medidas. A estos efectos, desde la
CEOE se plantean diversas propuestas, tanto en el ámbito tributario como en el
no tributario.
1 Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el
empleo, la Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas
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Dentro de las propuestas en materia tributaria, cabe destacar:
I.- Ampliación de los casos en los que el tipo reducido de IVA es aplicable a las
obras. Debería procederse a la máxima reducción del tipo de IVA aplicable a las
obras, y en concreto en los siguientes aspectos y circunstancias:
a. Para las obras de mejora en la vivienda, tanto dedicadas a la mejora de
la eficiencia energética como a cualquier otro tipo de mejora de la
vivienda, e incorporación de nuevas tecnologías y servicios mediante el
uso de éstas, con independencia del coste de los materiales.
b. Ampliación del tipo reducido del IVA a las obras de demolición y
sustitución por nueva edificación (y en su caso reurbanización) en
operaciones de regeneración de áreas urbanas degradadas.
c. Facultar a toda la cadena de la construcción, incorporando a
instaladores, subcontratistas, proyectistas, directores de obra y
asistencias técnicas, para que pueda tributar al tipo reducido.
d. Establecer que la compra de materiales para las obras tribute al tipo
reducido.
e. Eliminar el límite cuantitativo exigido a las obras de rehabilitación de
edificios, -que hoy deben suponer un coste superior al 25 por ciento
del precio del inmueble- y el límite cualitativo de la obligación de que
más del 50 por ciento del presupuesto debe afectar a elementos
estructurales, ampliando así el espectro de obras sujetas al tipo
reducido.
f. Eliminar el límite cuantitativo referido a que el coste de los materiales
no deba exceder del 33% de la base imponible de la actuación. En el
caso de no pudiera procederse a la eliminación de dicho límite
atendida la normativa comunitaria, elevar el porcentaje anterior del
33% al 49%, a fin de dar cabida a aquellas reformas que exigen la
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aportación de más material. Eliminar el requisito de que en la factura
deba hacerse constar que el coste de los materiales aportados no
excede del 33% de la base imponible por lo dificultoso que resulta su
aplicación.
g. La suspensión del ingreso del IVA en Hacienda hasta que no se cobre la
factura correspondiente.
h. Aplicar una bonificación fiscal en la venta de materiales que se
apliquen en soluciones constructivas que cumplan el Código Técnico,
así como aquellos materiales y sistemas constructivos que aporten
eficiencia energética y ahorro de agua a la vivienda o edificio.
i. Estudiar la posibilidad de extender el IVA reducido para las obras
también a los distribuidores y almacenistas.
II.- Equiparación fiscal para el promotor que no es usuario final: En numerosas
ocasiones el promotor es un empresario que no va a ser el destinatario final del
inmueble pues su objeto social y fin empresarial es la adquisición de un edificio
para su rehabilitación y devolución al mercado sin haberlo integrado en su
patrimonio; esta es la razón por la que consideramos que se le debería aplicar el
régimen del IVA sin limitaciones, como un eslabón más de la cadena del
impuesto, en vez de la distorsionadora y poco igualitaria sujeción al régimen del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
III.- Considerar promotor a cualquier persona, física o jurídica, pública o
privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para
su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título, a
efectos de la Ley del IVA.
IV.- Considerar promotor de las obras de reforma de viviendas y de las zonas
comunes de los edificios no sólo a los propietarios, sino también a los
inquilinos, a efectos de aplicarles los mismos estímulos fiscales de toda clase.
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V.- Eliminar la actual limitación de la aplicación de los estímulos fiscales y
ayudas sólo a las obras que se efectúen en edificios principalmente destinados a
vivienda, para permitir gozar también de esos estímulos a las obras ejecutadas
en oficinas y demás instalaciones de las PYMES, así como en edificios de
servicios, tales como centros docentes, hospitalarios, penitenciarios, etc.
VI.- Mantenimiento, más allá del año 2012, de las actuales deducciones
fiscales en el IRPF por la reforma de la vivienda habitual.
VII. Eliminar los importes máximos de renta para la aplicación de las
deducciones fiscales.
VIII. Aumentar los incentivos fiscales a aquellos propietarios de pisos en
alquiler que cumplan antes de tiempo los objetivos de eficiencia energética
marcados por el gobierno o los excedan.
IX. Dotar a las empresas dedicadas a la rehabilitación de un régimen fiscal, en
el impuesto de sociedades, similar al de los artículos 53 y 54 del Real Decreto
Legislativo 4/2004 para las empresas dedicadas al arrendamiento.
Dentro de las propuestas en materia no tributaria, y dentro del extensísimo
abanico de propuestas contenidas en este documento, cabe destacar:
1.- Ante la diversidad de conceptos utilizados en nuestra normativa con relación
a las actuaciones de reforma y rehabilitación, se precisa una unificación de
conceptos.
2. La necesidad de una mayor simplificación administrativa, con
procedimientos ágiles y simplificados.
3. Resulta imprescindible disponer de un organismo público (Agencia,
Instituto, Centro,…) aglutinador de la información y responsable del
conocimiento del parque de vivienda, del análisis de las necesidades y de la
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promoción y potenciación de la rehabilitación, que coordine, agilice, recabe y
estructure toda la información y gestión referida a las ayudas públicas
existentes, que ofreciera además un servicio de asesoramiento y que
procediera a la unificación de criterios en materia de colaboración público-
privada, así como a su fomento, coordinación, cooperación, establecimiento de
recomendaciones legales/fiscales/técnicas, guías de apoyo, y asesoramiento.
4.- El Impulso a la Plataforma Social para el Fomento de la Rehabilitación, la
accesibilidad y la eficiencia energética de edificios y viviendas (RHÈ+).
5.- El desarrollo de planes de formación y especialización para trabajadores de
todos los sectores que participan en la cadena de valor, de tal manera que se
pueda permitir su cualificación y recualificación hacia actividades propias de
rehabilitación y reforma.
6.- La conveniencia de ampliar el ámbito de actuación de las Inspecciones
Técnicas de Edificios: sería positivo que éstas no se limitaran al análisis de
elementos estructurales del edificio, sino que, voluntariamente, pudieran
extenderse a elementos de uso frecuente que, con el paso de los años, generan
averías tales como pérdidas de agua o de calor. Se procedería a la elaboración
de unas recomendaciones de actuación a las comunidades de vecinos,
determinándose también la clasificación energética de los edificios.
7.- Se precisa, por parte de las Administraciones involucradas, el desarrollo de
campañas de comunicación institucional, a fin de dar a conocer las ventajas de
la realización de este tipo de actuaciones, concienciando además acerca del
ahorro producido.
8.- La necesidad de adaptar y flexibilizar la legislación y la normativa técnica y
urbanística a la realidad del parque edificado para permitir su mejora y
rehabilitación, incluyendo los elementos tecnológicos de que carezcan, y en su
caso la demolición y sustitución de los edificios, y para dar respuesta a las
nuevas necesidades residenciales.
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Finalmente, desde la CEOE se entiende necesario que se proceda a la adopción
de un Plan de choque que permita paliar los efectos de la actual crisis
fomentando la realización de obras en viviendas, oficinas y locales comerciales,
por parte de propietarios e inquilinos:
El Plan de choque tendría por objeto estimular al consumidor para la ejecución
de obras ligadas al acondicionamiento, confort, eficiencia y habitabilidad en
sentido amplio, bajo criterios de adecuación al Código Técnico de Edificación
(CTE), y a las reglamentaciones de instalaciones aplicables (por ejemplo, el
REBT), mediante un modelo de incentivo a la reforma ágil, proactivo y flexible
en los criterios de aplicación.
Supondría una subvención de un porcentaje de las obras –entre el 15 y el 20%
del importe de las mismas-, con un límite máximo a determinar, a abonar en un
plazo máximo de 90 días. Su vigencia sería anual y prorrogable en función de los
resultados obtenidos.
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2.- LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LAS
ACTUACIONES DE REFORMA DE VIVIENDAS Y DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS Y DE ÁMBITOS URBANOS
La actividad de la construcción se considera uno de los sectores clave dentro de
la economía española, tanto por su importancia en la composición del P.I.B. de
España, como por el efecto arrastre que origina sobre el resto de los sectores
económicos. El sector de la construcción afecta a un conjunto de actividades
industriales y de servicios, ejerciendo un poderoso efecto en la actividad
económica y en la creación de empleo directo e indirecto.
Desde que aparecieran los primeros efectos de la crisis financiera internacional
en España, la inversión residencial no ha dejado de reducirse a un ritmo
acelerado. Para evaluar el efecto de la misma en el sector, basta señalar que
sólo en 2009 se produjo una disminución del número de empresas
constructoras activas del 11,8%2 respecto a 2008 (lo que equivale a la
desaparición de 59.000 empresas), con los efectos negativos que ello supone en
el crecimiento y el empleo; y que la tasa de paro sólo en el ámbito de
materiales de la construcción pasó de un 6,87% (primer trimestre de 2008) a un
21,45% (cuarto trimestre de 2009).
Teniendo en cuenta que los últimos datos de Eurostat –referidos a la
construcción en la Unión Europea -, señalan que en el mes de marzo de 2011 la
construcción en España registró un descenso interanual del 38%, lo que supone
la mayor caída de la Unión Europea, el presente documento tiene como
directriz fundamental hacer del impulso a las actividades ligadas a la reforma
y a la rehabilitación una oportunidad para paliar, a corto plazo, las
consecuencias de la caída del subsector de la edificación y, a medio, sentar las
bases para una economía sostenible de la actividad constructiva de reforma y
rehabilitación.
2 Según estimación del INE publicada anualmente en el Directorio Central de Empresas (DIRCE)
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Se trata de un gran subsector dinamizador de la actividad y de la economía
local. La ejecución directa de las obras de reforma y de rehabilitación a menudo
la realizan pequeñas y medianas empresas muy vinculadas al territorio y a su
tejido social, y se trata de una actividad intensiva en mano de obra. Por ello,
una buena política pública de ayudas e impuestos contribuirá a hacer más
transparente un mercado que muy a menudo se ve abocado hacia la economía
sumergida.
Debe ponerse de manifiesto que la reforma y la rehabilitación constituyen una
práctica muy habitual en los países de nuestro entorno, aspecto al que sería
deseable pudiéramos equipararnos.
Las propuestas contenidas en este documento tratan de dar respuesta a
problemas de índole económico, social, energético, medioambiental,
industrial y modelo urbano, todos ellos vinculados a la necesidad de minimizar
los impactos económicos de la actual crisis, en el sentido de:
• Valores económicos:
o Generación de actividad económica intensiva en mano de obra.
o Fomento del consumo interno.
o Dinamización de diferentes sectores productivos.
o Contribución a la salida de la crisis.
• Valores sociales:
o Fomentar la creación de nuevos e importantes yacimientos de
empleo en torno a las actividades de reforma y rehabilitación.
o Incrementar la empleabilidad y especialización de los
trabajadores desempleados.
o Impulsar trabajos de mayor valor añadido, que incorporan un
mayor grado de tecnología e innovación, ayudando a mejorar la
productividad del sector.
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o Aumentar la satisfacción de los consumidores en un elemento
básico como es la adecuación de la vivienda a sus expectativas
vitales y a dotar de calidad de vida a los ciudadanos españoles.
o Reportar múltiples beneficios sociales: contribuye a dotar a las
ciudades, a sus edificios y viviendas de las adecuadas condiciones
de habitabilidad y sostenibilidad.
o Facilitar la actividad de las personas de movilidad reducida y la
recuperación de los barrios degradados de nuestras ciudades.
• Valores energéticos:
o Incentivar la utilización de materiales, equipamientos y sistemas
que incrementen el aislamiento térmico de la edificación y
consigan un menor consumo energético de los edificios y
viviendas.
o Potenciar el empleo de energías renovables y sistemas de
generación de energía limpia para las comunidades de vecinos.
o Minimizar las emisiones de CO2 vinculadas a los edificios.
o Potenciar el uso de materiales de mayor calidad y vida útil.
o Impulsar el empleo de equipos, materiales y sistemas eléctricos
de bajo consumo.
o Fomentar la utilización de sistemas de grifería y sanitarios de
bajo consumo de agua potable.
• Valores medioambientales:
o Generar un menor impacto sobre el medio ambiente, ya que no
requiere de nuevos desarrollos urbanísticos, genera menos
residuos y colabora con la ecoeficiencia de los edificios.
o Disminuir el consumo de agua potable.
o Disminuir el consumo energético y aumentar la eficiencia
energética.
o Impulsar el cumplimiento de los compromisos de Kyoto.
o Concienciar a la sociedad sobre hábitos y modelos de consumo
basados en la conciencia medioambiental.
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o Potenciar las energías renovables.
• Valores industriales: Las medidas propuestas fomentarán la aplicación
de modelos de producción orientados al mercado y basados en criterios
de mejora de la calidad y de respeto del medioambiente.
• Valores urbanos:
o La adecuación del entorno urbano a las demandas de la
población y de creación de actividad económica, social y cultural
en el núcleo urbano.
o Permitir la reducción de costes de creación de suelo,
infraestructuras y equipamientos.
o Converger con las directrices europeas de conservación de
patrimonio y de la revitalización de los núcleos urbanos.
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3.- EL MARCO LEGAL
El Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible y el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas
para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitación de viviendas, constituyen las últimas modificaciones legislativas
en materia de reforma y rehabilitación.
3.1 Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo
El Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo supone una modificación sustancial del
régimen jurídico existente, incorporando reivindicaciones clásicas del sector,
toda vez que en los artículos 1 y 2 del Capítulo I (“Medidas en materia de
rehabilitación de vivienda”) se introduce una nueva deducción en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por obras de mejora en la vivienda
habitual, se amplia el concepto de rehabilitación estructural en la Ley del IVA, y
se modifica el tipo aplicable a la renovación y reparación de viviendas
particulares.
a) Nueva deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual
El Real Decreto-Ley añade una disposición adicional vigésimo novena en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF, por la que se introduce una
deducción por obras de mejora en la vivienda habitual.
Así, se estableció que los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a
53.007,20 euros anuales, podrán deducirse el 10 por ciento de las cantidades
satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley y hasta el 31 de
diciembre de 2012 por las obras realizadas durante dicho período en la vivienda
habitual o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por
objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del
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medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la
estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad,
agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las
viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012, así como por las obras de instalación de infraestructuras de
telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a
Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda habitual del
contribuyente.
No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en
plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros
elementos análogos.
La base máxima anual de esta deducción será de:
- 4.000 euros anuales, cuando la base imponible sea igual o inferior a
33.007,20 euros anuales.
- 4.000 euros anuales menos el resultado de multiplicar por 0,2 la
diferencia entre la base imponible y 33.007,20 euros anuales, cuando
la base imponible esté comprendida entre 33.007,20 y 53.007,20
euros anuales.
Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base
máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los
cuatro ejercicios siguientes. A tal efecto, cuando concurran cantidades
deducibles en el ejercicio con cantidades deducibles procedentes de ejercicios
anteriores que no hayan podido ser objeto de deducción por exceder de la base
máxima de deducción, el límite anteriormente indicado será único para el
conjunto de tales cantidades, deduciéndose en primer lugar las cantidades
correspondientes a años anteriores.
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En ningún caso, la base acumulada de la deducción correspondiente a los
períodos impositivos en que ésta sea de aplicación podrá exceder de 12.000
euros por vivienda habitual. Cuando concurran varios propietarios con derecho
a practicar la deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de
12.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en función de su respectivo
porcentaje de propiedad en el inmueble.
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción, las cantidades
satisfechas por las que el contribuyente practique la deducción por inversión en
vivienda habitual a que se refiere el artículo 68.1 de esta ley.
Finalmente, y a fin de reconducir la creciente economía sumergida, se señala
que la base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas,
mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque
nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o
entidades que realicen tales obras. En ningún caso, darán derecho a practicar
esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de
curso legal.
b) Ampliación del concepto de rehabilitación estructural en el IVA
El Real Decreto-Ley modifica la redacción de la letra B) del número 22º del
apartado uno del artículo 20 de la Ley del IVA, ampliándose el concepto de
rehabilitación estructural a través de una definición de las “obras análogas” y
las “obras conexas”.
Así, a efectos de aplicación de la Ley del IVA, se consideran obras de
rehabilitación de edificaciones las que reúnan los siguientes requisitos:
1.º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas,
entendiéndose cumplido este requisito cuando más del 50 por ciento del coste
total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación
o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras
análogas o conexas a las de rehabilitación.
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2.º Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25
por ciento del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado
aquélla durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras
de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificación
o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se
descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la
parte proporcional correspondiente al suelo.
A efectos de aclarar los requisitos indicados, el Real Decreto-Ley procede a la
definición de “obras análogas” y “obras conexas”.
Así, se entiende por “obras análogas” a las de rehabilitación:
a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación
condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada
su estabilidad y resistencia mecánica.
b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que
afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a
salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados.
Se consideran “obras conexas” a las de rehabilitación las que se citan a
continuación cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de
consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y,
en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén vinculadas a ellas
de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la
edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la fachada:
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a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.
b) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos,
instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra
incendios.
c) Las obras de rehabilitación energética. Entendiéndose por tales las
destinadas a la mejora del comportamiento energético de las
edificaciones reduciendo su demanda energética, al aumento del
rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la
incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía
renovables.
c) Reducción del tipo de gravamen aplicable a la renovación y reparación de
viviendas particulares
Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley y vigencia hasta el
31 de diciembre de 2012, se modifica el número 15º del apartado uno.2 del
artículo 91 de la Ley del IVA, permitiéndose la aplicación del tipo impositivo
reducido para las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas
en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan
los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o
profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso
particular.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se
comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando
su destinatario sea una comunidad de propietarios.
b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las
obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.
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c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su
ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 33 por
ciento de la base imponible de la operación.
d) Ampliación del límite cuantitativo del precio de los materiales en las obras
A efectos de tributación del tipo reducido, el coste de los materiales no debe
exceder del 33% de la base imponible de la operación.
3.2 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
El Capítulo IV de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible se
dedica al impulso de la recuperación del sector de la vivienda mediante
reformas centradas en el impulso a la rehabilitación y a la renovación urbanas.
Así, se recogen una serie de fines comunes de las políticas públicas para un
medio urbano sostenible que:
a) Posibiliten el uso residencial en viviendas en un contexto urbano seguro,
salubre y adecuado.
b) Mejoren la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones e
infraestructuras.
c) Fomenten unos servicios generales más eficientes.
d) Favorezcan, por contar con las infraestructuras, dotaciones y servicios
precisos, la localización de actividades de contenido económico
generadoras de empleo estable.
e) Garanticen el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y
servicios.
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f) Integren en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la
función residencial contribuyendo al equilibrio de ciudades y núcleos
residenciales.
g) Fomenten el uso de materiales, productos y tecnologías limpias.
También se establecen unos mecanismos de información al servicio de las
políticas públicas para un medio urbano sostenible, de forma que la
Administración General del Estado dispondrá de los siguientes instrumentos:
a) Censo de construcciones, edificios, viviendas y locales desocupados y de
los precisados de mejora o rehabilitación.
b) Mapas de ámbitos urbanos obsoletos.
c) Un sistema público general e integrado de información sobre suelo y
urbanismo, a través del cual los ciudadanos tendrán derecho a obtener
por medios electrónicos, toda la información urbanística proveniente de
las distintas Administraciones.
En materia de rehabilitación y renovación, la Administración General del
Estado favorecerá las acciones de rehabilitación y renovación de la ciudad y
demás núcleos residenciales existentes que reúnan las siguientes condiciones:
a) Tengan por objetivo la cualificación, revitalización y, en general, puesta
en valor de las tramas y los tejidos correspondientes garantizando en
todo caso un marco urbano coherente.
b) Se articulan preferentemente en planes, programas o instrumentos
integrales que combinen las medidas de creación o mejora del espacio
urbano con las de reequipamiento en dotaciones y servicios.
En relación con las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas de
edificios, especialmente de uso residencial, tendrán la consideración de
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actuaciones de transformación urbanística siéndoles de aplicación el régimen
legal establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo. Los programas, planes y
demás instrumentos ordenadores de la rehabilitación pueden aprobarse de
forma independientemente y tienen en todo caso, respecto de las
construcciones y edificios afectados, los mismos efectos que los planes de
ordenación urbanística.
La administración, o administraciones, que actúen pueden convenir los
términos y condiciones de su ejecución con los propietarios de edificios, pisos o
locales, las comunidades de propietarios y agrupaciones de éstas. También
mediante el correspondiente convenio puede establecerse la ejecución privada
de la rehabilitación por empresas que, sustituyendo a la propiedad del
inmueble, asuman la realización a su costa de la totalidad de las obras a cambio
de la cesión de parte determinada del edificio rehabilitado.
Además se autoriza al Gobierno a la aprobación del procedimiento básico de
certificación energética de edificios existentes.
Los usuarios de viviendas en edificios en que se realicen obras de rehabilitación
que les impidan el uso de la misma, tendrán derecho al realojo en otra vivienda
disponible en el propio edificio o edificio colindante cercano; en caso contrario,
tendrán derecho a una compensación económica.
En cuanto a las obras e instalaciones necesarias para la mejora de la calidad y
sostenibilidad del medio urbano, se establece que la administración puede
ordenar la realización de obras de mejora hasta el importe máximo del deber
legal, en el supuesto de que la construcción o el edificio de que se trate quede
afectado por un programa, plan o cualquier otro instrumento legal de
rehabilitación de viviendas, aprobado y en vigor, y se refieran a obras que sirvan
para garantizar los derechos reconocidos por Ley a las personas o vengan
impuestas por normas legales sobrevenidas por razones de seguridad y las
necesarias para reducir los consumos de agua y energía.
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La aprobación de los programas, planes e instrumentos y la orden de
ejecución de las obras comportan la declaración de la utilidad pública o, en su
caso, el interés social, a los efectos de la expropiación forzosa de bienes y
derechos necesarios para la ejecución. Las obras mencionadas tienen, a los
efectos de la Ley de Propiedad Horizontal, el carácter de necesarias, por lo que
deben ser obligatoriamente costeadas por los propietarios de la
correspondiente comunidad o agrupación de comunidades.
Lo anteriormente mencionado no será de aplicación cuando la unidad familiar a
la que pertenezca alguno de los propietarios de la comunidad tenga ingresos
anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM, excepto que las subvenciones o ayudas
públicas limiten el coste anual repercutido de las obras que le afecten al 33% de
sus ingresos anuales.
La conformidad o autorización administrativa del proyecto técnico de
cualquiera de las obras de mejora determina la afección real directa e
inmediata de las fincas constitutivas de elementos privativos de regímenes de
propiedad horizontal o de complejo inmobiliario, cualquiera que sea su
propietario, al cumplimiento del deber de costear las obras. La afección real se
hace constar en el Registro de la Propiedad mediante nota al margen de la
inscripción de dominio.
La ocupación de elementos comunes del edificio o complejo inmobiliario
privado no requiere el consentimiento de los propietarios integrantes de la
comunidad o comunidades integrantes. Además, la ocupación de aquella parte
de pisos o locales que sea indispensable para la instalación de servicios
comunes que estén previstos en planes, programas o instrumentos de
rehabilitación y en todo caso el de ascensor, se declaran necesarias para su
expropiación en beneficio de la comunidad de propietarios. La ocupación de las
superficies de espacios libres o de dominio público indispensable para la
instalación de servicios comunes, se declara causa suficiente para su
desclasificación y, en su caso, desafectación y enajenación posterior a la
comunidad o agrupación de comunidades.
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La ocupación de suelo por las instalaciones de ascensor así como del subsuelo y
vuelo correspondiente, no es computable en ningún caso a efectos del volumen
edificable, ni de distancias mínimas a linderos, a otras edificaciones o a la vía
pública.
3.3 Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización
y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de
viviendas.
El Real Decreto 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y
control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas ha
supuesto un nuevo avance en la regulación existente.
En la Disposición Final Primera del referido Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de
abril, se modifica la regulación de la deducción por obras de mejora en la
vivienda habitual introducida en la normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de Medidas
para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo.
En concreto, se amplía tanto el objeto de la deducción, que ya no estará
limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual sino que abarcará a
cualquier vivienda en propiedad, como el colectivo de potenciales
beneficiarios, al incrementarse el límite anual de base imponible para acceder a
la misma de 53.007,20 euros a 71.007,20 euros anuales.
Al mismo tiempo, se mejora la propia cuantía de la deducción, elevándose del
10 al 20 por ciento el porcentaje de deducción, y se eleva la base anual máxima
de la deducción:
- Cuando la base imponible sea igual o inferior a 53.007,20 euros anuales:
6.750 euros anuales.
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- Cuando la base imponible esté comprendida entre 53.007,20 y
71.007,20 euros anuales: 6.750 menos el resultado de multiplicar por
0,375 la diferencia entre la base imponible y 53.007,20 euros anuales.
Igualmente, se incrementa de 12.000 a 20.000 euros anual la base acumulada
de deducción.
La nueva regulación de la deducción resultará de aplicación a las obras que se
realicen desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el 31 de
diciembre de 2012.
3.4 Régimen jurídico de las Infraestructuras Comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de Telecomunicación (ICT)
En cuanto al régimen jurídico de las Infraestructuras Comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de Telecomunicación (ICT), destaca el Real
Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, y su nuevo reglamento de desarrollo
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
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4.- PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA REGULACIÓN Y EL FOMENTO DE LA
REFORMA DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE ÁMBITOS
URBANOS
Tanto el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de
la recuperación económica y el empleo, como el reciente Real Decreto-Ley
5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo
sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, han supuesto un
importante avance en la regulación de este tipo de actividades.
No obstante, para seguir avanzando en el desarrollo del sector y para el
fomento de esta actividad con utilización intensiva de mano de obra, se precisa
la adopción de nuevas medidas.
En este sentido, a continuación se plantean diferentes propuestas
distinguiéndose entre propuestas en materia tributaria y propuestas en
materia no tributaria, y dentro de estas últimas, según se trate de actuaciones
de “reforma”, “renovación y reparación”, o de “rehabilitación”. Entendiéndose
como actuaciones de “reforma”, “renovación y reparación” (conforme a la
nueva denominación establecida en el Real Decreto-Ley 6/2010) aquéllas que
se centran en las viviendas y orientadas a propietarios e inquilinos de éstas y
cuya implementación requiere de una serie de procedimientos de rápida puesta
en marcha, y por actuaciones de rehabilitación aquéllas centradas en barrios
degradados, edificios antiguos, turísticos y de valor histórico, y comunidades de
vecinos que, por la importancia que poseen a medio plazo, requieren de un
tiempo adaptado a las prescripciones técnicas que regulen los mínimos que
deben satisfacer estas actuaciones.
En adelante, la utilización del concepto “obras” se refiere a ambos tipos de
actuaciones.
4.1 PROPUESTAS EN MATERIA TRIBUTARIA
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El régimen tributario actual, en relación a la posibilidad de la utilización del
tipo reducido del 8% por ciento a las obras de reforma y rehabilitación,
resulta desalentadora. Así lo evidencia la escasa utilización de estos beneficios
fiscales por parte de los potenciales beneficiarios.
La normativa tributaria en relación al tema que nos ocupa sigue siendo
mejorable de manera que para un satisfactorio desarrollo se debería evitar la
hasta ahora interpretación restrictiva de estas normas por parte de la
Administración Tributaria, por cuanto esta interpretación ha recortado las
posibilidades de actuación de los particulares y empresarios más allá de lo que
el propio texto legal y la normativa europea permitían.
En definitiva, se hace necesario y conveniente seguir introduciendo una serie de
mejoras en nuestro sistema tributario, en línea con las propuestas que se
apuntan a continuación.
I.- Ampliación de los casos en los que el tipo reducido de IVA es aplicable a las
obras.
Debería procederse a la máxima reducción del tipo de IVA aplicable a las obras,
como forma de evitar el fraude fiscal, y en concreto en los siguientes aspectos y
circunstancias:
a. Para las obras de mejora en la vivienda, tanto dedicadas a la mejora de
la eficiencia energética como a cualquier otro tipo de mejora de la
vivienda, e incorporación de nuevas tecnologías y servicios mediante el
uso de éstas, con independencia del coste de los materiales.
b. Ampliación del tipo reducido del IVA a las obras de demolición y
sustitución por nueva edificación (y en su caso reurbanización) en
operaciones de regeneración de áreas urbanas degradadas.
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c. Facultar a toda la cadena de la construcción, incorporando a
instaladores, subcontratistas, proyectistas, directores de obra y
asistencias técnicas, para que pueda tributar al tipo reducido.
d. Establecer que la compra de materiales para las obras tribute al tipo
reducido.
e. Eliminar el límite cuantitativo exigido a las obras de rehabilitación de
edificios, -que hoy deben suponer un coste superior al 25 por ciento
del precio del inmueble- y el límite cualitativo de la obligación de que
más del 50 por ciento del presupuesto debe afectar a elementos
estructurales, ampliando así el espectro de obras sujetas al tipo
reducido.
f. Eliminar el límite cuantitativo referido a que el coste de los materiales
no deba exceder del 33% de la base imponible de la actuación. En el
caso de no pudiera procederse a la eliminación de dicho límite
atendida la normativa comunitaria, elevar el porcentaje anterior del
33% al 49%, a fin de dar cabida a aquellas reformas que exigen la
aportación de más material. Eliminar el requisito de que en la factura
deba hacerse constar que el coste de los materiales aportados no
excede del 33% de la base imponible por lo dificultoso que resulta su
aplicación.
g. La suspensión del ingreso del IVA en Hacienda hasta que no se cobre la
factura correspondiente.
h. Aplicar una bonificación fiscal en la venta de materiales que se
apliquen en soluciones constructivas que cumplan el Código Técnico,
así como aquellos materiales y sistemas constructivos que aporten
eficiencia energética y ahorro de agua a la vivienda o edificio.
i. Estudiar la posibilidad de extender el IVA reducido para las obras
también a los distribuidores y almacenistas: El aspecto más difícil que
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sería la prueba de que esos materiales van a utilizarse en una obra de
reforma o rehabilitación, podría resolverse haciendo imperativo que la
compra sea realizada por empresa instaladora habilitada, que firme en
el momento de la adquisición un escrito donde figure la dirección del
lugar donde se van a realizar las obras de rehabilitación.
II.- Equiparación fiscal para el promotor que no es usuario final.
El IVA es un impuesto que grava directamente al consumidor final por lo que
cuando el promotor sea el propietario del edificio o de la vivienda –incluyendo
en este caso a las comunidades de propietarios- y tenga el carácter de
consumidor final, debe soportar el IVA correspondiente.
Sin embargo, en numerosas ocasiones el promotor es un empresario que no va
a ser el destinatario final del inmueble pues su objeto social y fin empresarial es
la adquisición de un edificio para su rehabilitación y devolución al mercado sin
haberlo integrado en su patrimonio; esta es la razón por la que consideramos
que se le debería aplicar el régimen del IVA sin limitaciones, como un eslabón
más de la cadena del impuesto, en vez de la distorsionadora y poco igualitaria
sujeción al régimen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
De esta manera, se simplificarían los regímenes fiscales, se homogeneizarían
obligaciones entre todos los intervinientes en el proceso de reforma o
rehabilitación, y se permitiría la deducción del IVA en todos los bienes y
servicios utilizados para la rehabilitación del edificio, incorporando con ello a
todos los agentes, por pequeños o esporádicos que sean, al sistema tributario
del impuesto.
III.- Considerar promotor a cualquier persona, física o jurídica, pública o
privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para
su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título, a
efectos de la Ley del IVA.
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IV.- Considerar promotor de las obras de reforma de viviendas y de las zonas
comunes de los edificios no sólo a los propietarios, sino también a los
inquilinos, a efectos de aplicarles los mismos estímulos fiscales de toda clase.
V.- Eliminar la actual limitación de la aplicación de los estímulos fiscales y
ayudas sólo a las obras que se efectúen en edificios principalmente destinados a
vivienda, para permitir gozar también de esos estímulos a las obras ejecutadas
en oficinas y demás instalaciones de las PYMES, así como en edificios de
servicios, tales como centros docentes, hospitalarios, penitenciarios, etc.
VI.- Mantenimiento, más allá del año 2012, de las actuales deducciones
fiscales en el IRPF por la reforma de la vivienda habitual.
VII. Eliminar los importes máximos de renta para la aplicación de las
deducciones fiscales. Es incoherente, ya que quien gana menos por lo general
no puede emprender una obra, siendo las rentas más altas las que pueden
acometer las obras animadas por las deducciones. El impulso de las obras no
debe ser el campo de distribución de renta.
VIII. Aumentar los incentivos fiscales a aquellos propietarios de pisos en
alquiler que cumplan antes de tiempo los objetivos de eficiencia energética
marcados por el gobierno o los excedan.
Se precisa ajustar la legislación del IRPF en materia de alquiler, de forma que se
hagan depender las deducciones de alquiler a favor del propietario del
cumplimiento de unos estándares mínimos de eficiencia energética, y las
deducciones sean mayores cuánto mejor se cumplan o sobrepasen esas
medidas. De esta forma, se obligaría a los propietarios que no quieren
emprender obras, a realizar las mismas si quieren seguir beneficiándose de las
deducciones fiscales, y los que cumplan sobradamente, verán recompensada su
inversión.
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IX. Dotar a las empresas dedicadas a la rehabilitación de un régimen fiscal, en
el impuesto de sociedades, similar al de los artículos 53 y 54 del Real Decreto
Legislativo 4/2004 para las empresas dedicadas al arrendamiento.
4.2 PROPUESTAS EN MATERIA NO TRIBUTARIA
I.- Medidas a medio y largo plazo
a) Unificación de conceptos
En el ordenamiento jurídico español, se utilizan diferentes conceptos con
relación a las actuaciones de reforma y rehabilitación, según nos encontremos
en el derecho administrativo, el derecho civil, o el fiscal o financiero, en
detrimento de la necesaria seguridad jurídica.
Existe una pluralidad de significados de las “obras de reforma o rehabilitación”
en el Código Técnico de la Edificación, en la Ley de Ordenación de la Edificación,
en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y en la normativa
fiscal. Este último caso, el de la normativa fiscal, es aún más grave al utilizar
diferentes terminologías según nos encontremos en la regulación del Impuesto
Sobre el Valor Añadido o en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.
Este régimen jurídico ha creado innumerables problemas de inseguridad
jurídica, ya que con frecuencia se han aprobado normas que han introducido
términos nuevos sin definirlos –como, por ejemplo, el de rehabilitación integral
de edificios-, que años después han sido objeto de definición en el Código
Técnico de Edificación. Como ejemplo más reciente, en sus propuestas para
afrontar la crisis, el documento del Gobierno utilizaba el término “rehabilitación
estructural”, sin definirlo.
A pesar de la nueva regulación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril de
medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, así como
del Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, sigue existiendo una dispersión
terminológica.
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Si bien es cierto que en el Real Decreto 6/2010 se ha definido de forma precisa
el concepto de rehabilitación, dando un paso más, definiéndose cuáles son las
obras análogas a las obras de rehabilitación, introduciendo y definiendo lo que
son obras conexas a las obras de rehabilitación e incluso definiendo la nueva
categoría de obras de rehabilitación energética, se ha dejado pasar una
oportunidad para incluir una misma definición, tanto en el impuesto sobre el
Valor Añadido como en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, del
concepto de reforma de vivienda. Así la modificación efectuada del I.R.P.F. se
hace en términos de obras de mejora en la vivienda habitual, y la del IVA
introduciendo el concepto de obra de renovación o reparación. En
consecuencia, se requiere su equiparación legal.
Por ello resulta conveniente la utilización de conceptos homogéneos y
rigurosos que faciliten la distinción conceptual entre actividades promovidas
por los propios usuarios finales de las obras, sujetos pasivos del IRPF y
destinatarios del IVA, y actividades promovidas por empresas, cuyo objeto es
devolver al mercado edificios o conjuntos de edificios una vez rehabilitados.
Del mismo modo, establecer condiciones para que el IVA soportado lo sea al
tipo reducido o para poder deducirlo totalmente, cobra pleno sentido si se trata
de estimular las conductas de los particulares, que son los llamados a soportar
el impuesto, dada su condición de usuarios finales, cuestión totalmente
diferente si afecta a las empresas que promueven la rehabilitación de edificios,
ya que para ellas el IVA debería tener carácter estrictamente neutral, como
para todas las demás empresas.
En definitiva, se precisa establecer un concepto claro, concreto y universal de
rehabilitación, distinguiendo entre rehabilitación de edificios, de viviendas y
locales y de ámbitos, determinando un mismo límite del deber de
conservación para todo el Estado, distinguiendo las actuaciones voluntarias de
las obligatorias, y, para las primeras, las obras que dan derecho a ayudas
financieras, económicas y fiscales, así como las exentas y no exentas de
aseguramiento, entendiendo que dichas ayudas y exención proceden, en todo
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caso, para las obligatorias. El instrumento adecuado podría ser la propia Ley de
Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano.
b) Medidas concretas en materia de reforma y rehabilitación
• En materia de reforma, se propone:
o Generar ayudas directas dirigidas a fomentar la reforma y
acondicionamiento de la vivienda que constituye el domicilio. Los
Planes Renove se han ido corrigiendo y modificando en el tiempo
y son un buen ejemplo a tomar en consideración.
o Eliminación del ICIO para las obras de reformas de vivienda.
o En colaboración con entidades financieras, crear préstamos
blandos y flexibles para la reforma y acondicionamiento de la
vivienda, o vincularlos a los préstamos hipotecarios de acuerdo
con medidas que no supongan una maximización del riesgo para
las entidades.
o Estimular el mantenimiento y reforma de viviendas en alquiler:
- Mediante ayudas o desgravaciones fiscales al inquilino
condicionadas a “pactos de reforma” con el propietario.
- Mediante ayudas o desgravaciones fiscales al propietario
de viviendas en alquiler.
- Mediante el impulso al propietario para obtener un
certificado energético determinado.
o Que las segundas residencias sean tomadas en consideración a la
hora de la aplicación de las medidas propuestas en el presente
documento.
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o Se precisa un ambicioso y adecuado plan de comunicación por
parte de la Administración, a fin de lograr concienciar a la
población acerca de las ventajas de proceder a las reformas de
las viviendas en cuanto a mejoras con relación al
acondicionamiento, confort, eficiencia y habitabilidad en sentido
amplio.
o Establecimiento de bonificaciones en el IBI de las viviendas en
función de la calificación energética de las viviendas.
• En materia de obras de zonas y elementos comunes de los edificios, se
propone:
o Disponer ayudas específicas para la reforma de las zonas y
elementos comunes de los edificios no incluidos en áreas de
rehabilitación o renovación urbana, ofrecerlas a comunidades de
vecinos cuyos edificios superen una antigüedad determinada y
ampliar las ayudas a dichas obras cuando los edificios están en
zonas urbanas degradadas (del mismo modo que el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación establece ayudas para los ARIS y los
ARUS).
o Incentivar a las comunidades de vecinos para que apuesten por
la reforma de los elementos comunes de sus edificios, aplicando
los criterios técnicos que mejoren su eficiencia energética.
o Incentivar a las entidades financieras para la concesión de líneas
de crédito para comunidades de propietarios que acometan
actuaciones de reforma de viviendas y de zonas o elementos
comunes de los edificios. Apoyo a través de líneas ICO a las
comunidades.
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o Adaptación de la normativa urbanística a las circunstancias y
necesidades que permitan las actuaciones necesarias para la
rehabilitación de comunidades, como el aumento de superficies
construidas que faciliten el incremento de la envolvente del
edificio, así como la ocupación de espacio público para
instalación de ascensores en edificios donde no caben en el
interior del edificio, etc.
En definitiva, las ordenanzas municipales deben tener en cuenta
las actuaciones de rehabilitación, tanto desde el punto de vista
del resultado (hay exigencias de habitabilidad que pueden
cumplir las nuevas construcciones pero no los edificios
existentes) como de la ejecución, relevando de aquellas
obligaciones que resulten inadecuadas.
• En materia de rehabilitación, se propone:
o Incluir incentivos a la rehabilitación de edificios y de ámbitos
urbanos o a la reforma de viviendas destinadas al alquiler, en
especial a los que no hayan sido incluidos en las actuaciones
protegibles por el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (ARIS
y ARUS).
o Bonificación y/o reducción del ICIO en la rehabilitación de
edificios, con objeto de reducir el coste para las comunidades y
promotores en este tipo de obras.
o Ayudas a la reforma de viviendas o rehabilitación de los edificios
de especial valor histórico, cultural o turístico.
o Crear planes estratégicos para los sectores implicados en la
industria y el comercio de la construcción, orientados a fomentar
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el desarrollo de materiales eficientes y óptimos desde el punto
de vista medioambiental y su inclusión en el mercado.
o Acciones específicas de mejora de aislamiento acústico de
fachadas de edificios situados en zonas expuestas a niveles muy
elevados de ruido o en Zonas de Situación Acústica Especial.
o Fomento de los instrumentos de colaboración público-privada.
Fomentar la coordinación entre la iniciativa pública y la privada
en la gestión de las áreas de rehabilitación integral, siendo los
organismos públicos los encargados de designar dichas áreas de
rehabilitación integral y gestionar el realojo de los ocupantes de
los edificios a través de las herramientas y medios de que
dispone, para posteriormente poner en manos de la iniciativa
privada los diferentes suelos y edificios para su posterior
desarrollo.
o Debe dotarse a las empresas de los medios legales para lograr el
desalojo forzoso (acompañado de las cautelas que sean
necesarias y de la obligación de proporcionar el realojo) y en un
plazo económicamente viable de los edificios que deban ser
objeto de una rehabilitación importante.
o Utilizar el parque de viviendas vacías para realojo temporal de
los vecinos de áreas en rehabilitación, obteniendo estas
viviendas los organismos públicos bien mediante alquiler de las
mismas o compra.
o Ayudas a la Renovación Urbana y a la recuperación de espacios
mediante las correspondientes obras de demolición y, en su
caso, sustitución por nuevas edificaciones en zonas no protegidas
o degradadas, de manera que la normativa vigente sea
compatible con lo dispuesto en el Dictamen del Comité de
Regiones (del 9 y 10 de junio de 2010) sobre el papel de la
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regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano de
Europa.
o Incremento del aprovechamiento urbanístico en ámbitos
urbanos y edificios de rehabilitación facilitando con ello la
financiación de los propietarios de las viviendas. La dificultad
jurídica y la imposibilidad práctica de expropiar a los propietarios
de las viviendas que no cumplan con la obligación de rehabilitar,
conlleva necesariamente el incremento significativo del
aprovechamiento urbanístico en los ámbitos de renovación
urbana, al efecto de que, con cargo a los mismos, puedan
comprenderse los costes que la Administración o empresas no
propietarias deban asumir en defecto de los propietarios. Eso
mismo debe llevar a no establecer límites para la sustitución de
edificios o las actuaciones de nueva edificación.
o Gran parte de los edificios existentes no fueron concebidos,
diseñados ni construidos para cumplir con las exigencias técnicas
actuales relativas a la habitabilidad y utilización, por lo que se
debe acometer una adaptación urgente de las normas de
carácter técnico para permitir la viabilidad de la rehabilitación de
inmuebles. Como ejemplo, podemos citar las dificultades
existentes para la instalación de ascensores en edificios antiguos,
no sólo para su ubicación sino también por dificultades en
relación con la estructura del edificio, con la necesidad de
modificar fachadas, etc., cuestiones que dificultan el desarrollo
de esta actividad.
o Hay que adaptar y flexibilizar la legislación y la normativa técnica
y urbanística a la realidad del parque edificado para permitir su
mejora y rehabilitación, incluyendo los elementos tecnológicos
de que carezcan, y en su caso la demolición y sustitución de los
edificios, y para dar respuesta a las nuevas necesidades
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residenciales. No se trata de reducir las exigencias de calidad,
seguridad, habitabilidad o medioambientales, sino de ser más
flexibles en su aplicación en los edificios existentes. Así como
facilitar la adaptación de las tipologías de viviendas y la oferta a
la demanda actual (viviendas más pequeñas). No se puede
imponer la obligación, por ejemplo, de que las casas que superen
un cierto número de plantas estén dotadas de ascensor tras su
rehabilitación, si éste no cabe y si, en tal caso, el municipio no
está dispuesto a innovaciones tales como permitir construir el
ascensor por fuera del edificio, como hace el de Barcelona.
o No deben fijarse límites cuantitativos para llevar a cabo
demoliciones dentro de las áreas de renovación o regeneración
urbana.
• En materia de medidas transversales, se propone:
o Fijar procedimientos ágiles y simplificados para acogerse a este
tipo de actuaciones a través de información directa y útil.
o Resulta imprescindible disponer de un organismo público
(Agencia, Instituto, Centro,...) aglutinador de la información y
responsable del conocimiento del parque de vivienda, del análisis
de las necesidades y de la promoción y potenciación de la
rehabilitación, que coordine, agilice, recabe y estructure toda la
información y gestión referida a las ayudas públicas existentes,
que ofreciera además un servicio de asesoramiento y que
procediera a la unificación de criterios en materia de
colaboración público-privada, así como a su fomento,
coordinación, cooperación, establecimiento de recomendaciones
legales/fiscales/técnicas, guías de apoyo, y asesoramiento.
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Se trataría de un instrumento, con presencia en todo el territorio,
que debe ser fuertemente pro-activo y dinamizador social,
participado por todos los agentes del sector y capaz de promover
y desarrollar políticas de rehabilitación innovadoras en los
aspectos sociales, económicos y medioambientales.
En todo caso, la necesaria claridad en la transmisión de la
información es fundamental.
o Impulso a la Plataforma Social para el Fomento de la
Rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de
edificios y viviendas (RHÈ+).
o Para que el apoyo a un sector sea eficaz es imprescindible una
mayor simplicidad administrativa, que se traduzca en una mayor
agilidad en el abono, y que dicho apoyo se lleve a cabo a través
de un sistema de ayudas basado en la claridad y sencillez de las
condiciones de acceso y trámites, que es lo que genera confianza
y seguridad en poder obtener dichas ayudas, y por tanto, la
dinamización del sector de la vivienda.
o La posibilidad de acumular las ayudas procedentes de los
distintos niveles de la Administración.
o Desarrollo de planes de formación y especialización para
trabajadores de todos los sectores que participan en la cadena
de valor, de tal manera que se pueda permitir su cualificación y
recualificación hacia actividades propias de rehabilitación y
reforma en colaboración con las Fundaciones Paritarias de
ámbito nacional.
o Recomendar la elaboración de unos certificados para los
propietarios de viviendas que han acometido obras para
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conseguir una mayor eficiencia energética, donde se certifique
que tras la obra efectuada, la vivienda o edificio en cuestión
ahorra energía.
o Elaborar a nivel nacional un mapa de edificios catalogados por su
antigüedad, de forma que se pueda controlar el momento en
que estos edificios vayan a acometer obras de reforma
estructural, y aprovechar al máximo esta oportunidad para
incentivar a los propietarios a realizar simultáneamente obras
para conseguir una mayor eficiencia energética, vía deducciones
fiscales especiales.
o Fomentar la creación de empresas de servicio energético (ESE´s)
como impulsoras de la mejora de eficiencia energética de los
edificios a la vez que financiadoras de estas actuaciones.
Fomentar asimismo que las ESE´s nazcan de la unión de
empresas de diferentes actividades implicadas en la
rehabilitación energética de los edificios (ejemplo: experiencia
piloto Navarra, Plan Moderna).
o Desarrollar el R. D. Ley 6/2010 dando cobertura jurídica a la
asunción de los costes de mejora de la eficiencia energética de
edificios por las empresas de servicios, obteniendo éstas la
compensación económica con cargo a los ahorros de consumo.
o Potenciar entre las empresas del sector el I+D+i para el
desarrollo de programas piloto en el campo de la eficiencia
energética de los edificios que mejore la eficiencia energética y
estandarice su implantación.
o La conveniencia de ampliar el ámbito de actuación de las
Inspecciones Técnicas de Edificios: sería positivo que éstas no se
limitaran al análisis de elementos estructurales del edificio, sino
que, voluntariamente, pudieran extenderse a elementos de uso
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frecuente que, con el paso de los años, generan averías tales
como pérdidas de agua o de calor. Se procedería a la elaboración
de unas recomendaciones de actuación a las comunidades de
vecinos, determinándose también la clasificación energética de
los edificios.
o Estudiar la posibilidad de que las compañías aseguradoras,
pudieran tomar en consideración en la determinación de las
primas de seguro, las ITE´s realizadas, las recomendaciones de
actuación referidas en el apartado anterior y las reformas
efectuadas para su aplicación.
o Se precisa, por parte de las Administraciones involucradas, el
desarrollo de campañas de comunicación institucional, a fin de
dar a conocer las ventajas de la realización de este tipo de
actuaciones, concienciando además acerca del ahorro producido.
o Adaptación del Código Técnico de modo que incluya la necesidad
de equipar a las viviendas con aquellos aparatos y materiales que
reducen el gasto energético en el interior de las viviendas tanto
de agua como de calor y frío, además de los aislantes más
conocidos y la energía solar combinada para la producción de
calor y agua caliente. Todas las instalaciones deberán incluir
materiales homologados en España.
o Actualización ambiciosa del Documento Básico HE1.
o Adecuada divulgación acerca del funcionamiento de las líneas de
mediación del ICO.
o Establecimiento de una comisión de seguimiento de las
subvenciones. El desarrollo actual de las mismas está haciendo
que en muchas Comunidades Autónomas no se hayan
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desarrollado las bases para la correcta adjudicación de
subvenciones y control de las mismas, lo que lleva a que no se
ejecuten los presupuestos para esas áreas.
II.- Medidas a corto plazo: un plan de choque
Sin perjuicio de las propuestas a medio y largo plazo arriba referidas, desde la
CEOE se considera necesaria la adopción de medidas a corto plazo, cuya
adopción no debiera demorarse en el tiempo. En concreto: la adopción de un
Plan de choque que permita paliar los efectos de la actual crisis fomentando la
realización de obras en viviendas, oficinas y locales comerciales, por parte de
propietarios e inquilinos.
Se precisa de un incentivo directo a la actividad de reforma, de manera similar a
las medidas anticíclicas que se han tomado para ayudar a otros sectores, y que
han tenido un indudable efecto positivo. Un sector de esta envergadura en
términos de PIB, empleo y efecto arrastre, debe ser merecedor de un Plan
como el que a continuación se propone.
a) El Plan de choque
El Plan de choque tendría por objeto estimular al consumidor para la ejecución
de obras ligadas al acondicionamiento, confort, eficiencia y habitabilidad en
sentido amplio, bajo criterios de adecuación al Código Técnico de Edificación
(CTE), y a las reglamentaciones de instalaciones aplicables (por ejemplo, el
REBT), mediante un modelo de incentivo a la reforma ágil, proactivo y flexible
en los criterios de aplicación.
Supondría una subvención de un porcentaje de las obras –entre el 15 y el 20%
del importe de las mismas-, con un límite máximo a determinar, a abonar en
un plazo máximo de 90 días. Su vigencia sería anual y prorrogable en función
de los resultados obtenidos.
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Asimismo, debería preverse la posibilidad de que los referidos porcentajes se
vieran incrementados en determinados supuestos tales como familias
numerosas, familias monoparentales, etc.
A este respecto, se plantean dos posibles líneas de financiación:
� Dotación directa a cargo del Fondo de Economía Sostenible.
� En el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, dentro del Capítulo IV
“Ayudas Renove de rehabilitación y eficiencia energética”, dotado
con 2.500 millones de euros, cabría crear una partida orientada a
promover el referido Plan de Choque.
Entre otros aspectos, permitiría:
• Generar empleo directo en el sector e indirecto en el de la industria de
materiales de construcción, sector más damnificado por la crisis, en especial
con la finalización de las obras ligadas al Fondo Estatal de Inversión Local. En
suma, beneficia a toda la cadena de valor de la construcción, industria,
comercios y gremios por igual.
• Fomentar la introducción de liquidez en el mercado evitando, en definitiva,
la desaparición o cierre de un porcentaje superior al 30% de empresas,
ahogadas por la morosidad y la falta de financiación al ser considerado un
sector de alto riesgo.
• Reconducir la economía sumergida en el sector, al ligar la obtención de la
subvención a la presentación de facturas justificativas de la obra realizada. En
consecuencia, se reforzarían las buenas prácticas, que suponen una garantía
de satisfacción o reclamación del consumidor frente a la indefensión
manifiesta de la economía sumergida.
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• Recuperar el importe subvencionado por la Administración. La
administración recupera el importe que ha subvencionado -e, incluso,
obtiene un retorno considerable a medio plazo- mediante:
- El Impuesto de Sociedades.
- La tributación indirecta (IVA).
- El ahorro en el coste de subsidios por desempleo.
- Los ingresos directos del IPRF de los trabajadores dados de
alta.
• Incentivar la demanda. La percepción de oportunidad por parte del
consumidor supondrá un claro incentivo a la demanda, aumentándose el
consumo. Esta percepción de oportunidad viene ligada fundamentalmente a:
a) la concreción en el tiempo, y b) la psicología de consumo (“Plan renove”).
• Generar confianza en la sociedad. La capacidad de generar expectativas
positivas en este sector supone un efecto contagio para el resto de
ciudadanos que redunda en mayor confianza y, como consecuencia, mayor
consumo, vector de la recuperación económica.
Atendidos los beneficios y ventajas que el Plan de choque expuesto reportaría,
sería conveniente que se procediera a una pronta puesta en marcha del
mismo, máxime cuando no se requieren modificaciones legislativas de calado.
A fin de lograr los resultados esperados, un ambicioso y adecuado plan de
comunicación debe ser diseñado, que presente las posibilidades al usuario final
y que incida en la sencillez de los trámites, a fin de estimular al consumidor para
la ejecución de las mejoras interiores antes referidas.
b) Un ejemplo práctico
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Un ejemplo práctico lo encontramos en la Comunidad Autónoma de Navarra
donde en materia de Rehabilitación y Reforma se han superado ampliamente
los límites recogidos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009 – 2012.
Así, para los supuestos de rehabilitación de edificios en la Comunidad
Autónoma de Navarra se establecen las siguientes subvenciones:
- Para unidades familiares con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM
(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples): la subvención será
del 25% del presupuesto protegible en edificios de más de 12 años y
menos de 50; del 30% en edificios de 50 años o más; del 40% en
edificios que se encuentren en Áreas de Rehabilitación Preferente o
cuando beneficien a personas con minusvalía motriz, eliminando
barreras arquitectónicas, o cuando el solicitante o el cónyuge tengan
65 años o más; y del 50% cuando se trate de proyectos de
intervención global en áreas de rehabilitación preferente.
- Para ingresos familiares de entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM: la
subvención será del 20% del presupuesto protegible en edificios de
más de 12 años y menos de 50; del 25% en edificios de 50 años o
más; del 40% en edificios que se encuentren en Áreas de
Rehabilitación Preferente o cuando beneficien a personas con
minusvalía motriz, eliminando barreras arquitectónicas, o cuando el
solicitante o el cónyuge tengan 65 años o más; y del 50% cuando se
trate de proyectos de intervención global en áreas de rehabilitación
preferente.
- Para ingresos familiares de entre 5,5 y 7,5 veces el IPREM: la
subvención será del 16% del presupuesto protegible en edificios de
más de 12 años y menos de 50; del 20% en edificios de 50 años o
más; del 30% en edificios que se encuentren en Áreas de
Rehabilitación Preferente o cuando beneficien a personas con
minusvalía motriz, eliminando barreras arquitectónicas, o cuando el
solicitante o el cónyuge tengan 65 años o más; y del 40% cuando se
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trate de proyectos de intervención global en áreas de rehabilitación
preferente.
Todos estos porcentajes se incrementan en 3 puntos en el caso de familias
numerosas de carácter general y en 6 puntos en las de categoría especial.
Cuando las obras de rehabilitación incluyan mejora de la eficiencia energética,
aumentando el aislamiento térmico, la subvención se incrementa en 5 puntos.
Pueden beneficiarse de estas subvenciones por rehabilitación los propietarios
de viviendas situadas en Navarra con una antigüedad de al menos 12 años, y
que constituyan el domicilio habitual. Todas las nuevas subvenciones son para
las obras de rehabilitación que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2011.
Para acogerse a estas ayudas, los interesados tienen que realizar un expediente
de rehabilitación en la Oficina de Rehabilitación de Vivienda que les
corresponda en función de la ubicación de la vivienda.
En cuanto a reforma de la vivienda, el Gobierno de Navarra ha creado una
nueva modalidad de ayudas para los ciudadanos que realicen pequeñas
reformas en el interior de sus domicilios. En concreto, las ayudas están
destinadas al cambio de puertas interiores y pavimentos o suelos, así como a las
obras de reforma de cocinas y baños, cuando comprendan alguna de las
siguientes actuaciones: albañilería, fontanería, electricidad, escayola y cambio
de pavimentos o revestimientos, el cambio de sanitarios, bañeras o duchas, y
mobiliario de cocina y baño que requiera instalación fija.
El presupuesto de las obras deberá ser como mínimo de 4.000 euros, sin IVA, y
la subvención ascenderá a un 20% del presupuesto, con un máximo de 3.000
euros por vivienda. Pueden beneficiarse de esta ayuda extraordinaria los
propietarios de viviendas situadas en Navarra con una antigüedad de al menos
12 años, y que constituyan el domicilio habitual. Las ayudas se conceden con
independencia del nivel de renta de los solicitantes, y sin exigir la tasa de
licencia municipal.
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Las ayudas se conceden a las reformas que se realicen hasta el 31 de diciembre
de 2011.
En síntesis, a los seis meses de entrar en funcionamiento las medidas en
materia de Rehabilitación y Reforma (tres de ellos -julio, agosto y septiembre-
de mínima actividad en un mercado de marcada estacionalidad), se ha
facturado dentro del programa extraordinario de ayudas para pequeñas obras
de reforma por valor de 22 millones de euros, lo que prevé estimar una
facturación anual próxima en torno a 45.000.000.
Esta medida, además ha estimulado un crecimiento notable en la solicitud de
ayudas de rehabilitación en un 30%, con facturación superior a los 100 millones
de euros, que podrá situarse en los 200 millones anuales.
Extrapolar estas cifras al conjunto del país (la actividad generada en un
entorno de 600.000 habitantes frente a 45.000.000) situaría una actividad
próxima a los 4.000 millones de euros, que con un modelo de comunicación y
simplicidad administrativa podría incrementarse de forma notoria.
El Departamento de Vivienda establece un procedimiento abreviado de
concesión de estas subvenciones. Los ciudadanos deben acudir a la Oficina de
Rehabilitación de Vivienda que les corresponda en función de la ubicación de la
vivienda y comunican el tipo de obra que van a realizar para obtener la
conformidad, tanto de las características de las obras como del presupuesto.
Una vez realizada la obra, deberán presentar las facturas en una Oficina de
Rehabilitación de Vivienda para percibir la ayuda, cuyo pago se realiza en
aproximadamente 3 meses.
c) Resultado del Plan
Según pone de manifiesto el informe elaborado por el Departamento de
Economía y Hacienda del Gobierno navarro, que analiza la eficacia de las
medidas anticrisis aplicadas durante el ejercicio 2009, el Plan del Gobierno de
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Navarra ha generado en 2009 una inversión de 797,8 millones de euros, ha
creado 12.088 puestos de trabajo, ha incrementado el consumo en
250.462.528 euros y ha inyectado una liquidez a las empresas por valor de
466.860.283 euros.
El Plan Anticrisis del Gobierno de Navarra contiene un total de 43 medidas, 5 de
las cuales son para familias, 21 de apoyo a empresas, 4 medidas directas
destinadas a la creación de empleo, 10 a la mejora de la vivienda y 3 que
afectan la Administración.
En materia de vivienda el Plan Renove Hogar, ha logrado en 2009 la venta de
45.354 aparatos, ha concedido subvenciones por valor de 3,2 millones de euros
y ha producido ventas de 16,6 millones de euros. A las ayudas de hasta 3.000
euros para reformas de cocinas, baños, suelos y puertas se han acogido 1.660
personas, y las subvenciones para la rehabilitación de edificios han supuesto
3.538 expedientes aprobados en 2009, lo que supone un 30% de incremento.
d) Apuesta por los Planes Renove
La CEOE considera que los diferentes Planes “Renove” aprobados por las
Administraciones constituyen un importante elemento de impulso a las
actuaciones de reforma.
Dichos Planes “Renove” no sólo generan actividad empresarial y empleo, sino
que sirven para concienciar al consumidor acerca de la eficiencia energética,
dotando además a sus viviendas de un mayor confort y habitabilidad.
Por ello, la CEOE apuesta firmemente por la continuación y desarrollo de los
Planes Renove (de ventanas, calderas, ascensores, fachadas, Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, etc), siendo en todo caso fundamental, la
agilidad y sencillez de su tramitación, y el diseño de adecuadas campañas de
difusión de los mismos.
