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“La protección multinivel de los derechos económicos, sociales y
culturales: una mirada al derecho a la salud en el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”
Adriana Caballero Pérez
Estudiante de Derecho. Universidad Católica de Colombia.
RESUMEN
Este documento presenta algunos comentarios en torno a la teoría de la
protección multinivel de los derechos humanos, aplicada a la exigibilidad del
derecho a la salud ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos. Luego de presentar conceptualmente la protección multinivel, el
documento expone una clasificación de algunas posiciones teóricas con base en
los Modelos Analíticos para la Protección Multinivel y defiende la idea de que la
exigibilidad del derecho a la salud en América Latina, implica la articulación de
normas, procedimientos y estructuras, a partir del reconocimiento de los principios
y objetivos constitucionales comunes entre el derecho nacional y regional.
ABSTRACT
This document, exposes some remarks on the theory of multilevel protection of
human rights. This theory applies to the enforcement of the right to health in the
Inter-American Human Rights System. After presenting conceptually multilevel
protection, this paper discusses some theoretical positions regarding the
interaction between national legal systems and the Inter-American Human Rights
System. This relatinship is studied from analytical models for multilevel protection.
Once, this has been clarified, this article points out the idea that the enforceability
of the right to health in Latin America should be read from the articulation of
policies, procedures and structures, from the recognition of the common
constitutional principles and objectives among national and regional law.
PALABRAS CLAVE
Derecho humano a la salud, protección multinivel, constitucionalismo
interamericano, pluralismo interamericano y pluralismo constitucional.
KEY WORDS
Human right to health, multilevel protection, Inter-American constitutionalism,
interpluralism and constitutional pluralism.
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SUMARIO
Introducción; I. ¿Qué implica la protección multinivel de los derechos humanos?; II.
Justiciabilidad multinivel del derecho a la salud como derecho económico, social y
cultural; conclusiones y; referencias.
INTRODUCCIÓN
Este artículo explora los derechos económicos, sociales y culturales como
derechos exigibles y justiciables ante el Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos, particularmente el derecho a la salud, a partir de algunas
propuestas teóricas de reconocidos autores, que se han examinado desde los
modelos analíticos de la protección multinivel de los derechos humanos.
Sobre la pertinencia de este estudio, es importante señalar, según Lamprea, E.
(2011:12) que “dentro del voluminoso y diverso litigio de derechos fundamentales
en Colombia, la presencia de casos sobre el derecho a la salud es notoria”1.
Brewer Carías, A. (2014) ha señalado, con base en los datos conocidos sobre
otros países latinoamericanos diferentes a Colombia, que los mecanismos
judiciales para la protección del derecho a la salud son usados “pero no en una
escala comparable a la colombiana”. Lamprea, E. (2011:87) confirma que los
costos económicos del litigio en salud en Colombia, resultan asimismo
excepcionales en América Latina.
En la región, la protección del derecho a la salud, se fundamenta en la Convención
Americana de Derechos Humanos, la cual, si bien no establece el derecho a la
salud de manera expresa, extiende su protección mediante el derecho a la
integridad física y por el contenido del Protocolo Adicional a la Convención en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), el cual, si consagra expresamente el derecho a la salud (artículo 10).
Entre otros de los instrumentos de protección multinivel, cabe hacer referencia a
las consideraciones sobre la salud como una integralidad, en el artículo 2° de la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad [artículos III (2ª) y III (2b)] y
1 Defensoría del Pueblo (2015). De las 498.240 acciones de tutela presentadas en el 2014, 118.281 fueron
interpuestas para reclamar violaciones al derecho a la salud (24%).
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en el artículo 4 (b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), sobre el
derecho de la mujer a la integridad física, psíquica y moral.
Ahora bien, considerando que este desarrollo normativo amplía la base para la
justiciabilidad de los derechos, según Abramovich, V. (1997), los derechos
económicos, sociales y culturales no han sido materia habitual de denuncias ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que las graves
vulneraciones de derechos civiles y políticos en la región, han demandado que de
manera prioritaria se utilice para la protección y reparación de estas víctimas al
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
A fin de explorar la exigibilidad de un derecho económico, social y cultural, como el
derecho a la salud, ante las instancias judiciales de la región, siendo éste un tema
novedoso y poco explorado, es posible cuestionarse sobre ¿Cuáles son las
posiciones teóricas con respecto a las oportunidades de protección
multinivel del derecho a la salud en el Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos?
En busca de respuestas a este interrogante, se procura aquí analizar algunos
aspectos del debate teórico sobre la materia, examinando la protección multinivel
del segundo derecho más invocado en las acciones de tutela en Colombia, según
la Defensoría del Pueblo (2015).
La primera parte del documento da cuenta del desarrollo conceptual sobre la
protección multinivel de los derechos humanos, ubicándolo en América Latina; la
segunda presenta los resultados del análisis de propuestas teóricas en torno a la
protección multinivel de los derechos económicos, sociales y culturales, con
énfasis en el derecho a la salud ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y la tercera plantea unas conclusiones.
De este trabajo ha sido posible concluir que la protección multinivel del derecho a
la salud en América Latina, implica la articulación de normas, procedimientos y
estructuras que hacen posible la exigibilidad de los valores esenciales de este
derecho, a partir del reconocimiento de los principios y objetivos constitucionales
comunes entre el derecho nacional y regional.
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I. ¿Qué implica la protección multinivel de los derechos
humanos?
De acuerdo con Urueña, R. (2013), crítico de esta teoría, el concepto de
protección multinivel se relaciona con la gobernanza multinivel y tiene aplicación a
la protección de los derechos humanos.
En cuanto a la gobernanza multinivel, el citado autor establece que desde la
integración europea hacia los años 90s, sin que desapareciera el proyecto de
gobierno central de los Estados europeos, surgió la idea de contar con otros
actores en el nivel nacional, sub-nacional y supra-nacional2. De esta forma, el
gobierno europeo adoptó un modelo “multinivel”, por contar con gobiernos
nacionales e instituciones que existían más allá del tradicional Estado-Nación
(Weber, M. 1964:200/695).
De esta forma, las entidades sub-nacionales de los Estados miembros en Europa
pudieron entablar diálogos con las instituciones supra-nacionales, sin tener que
adelantar consultas previas con los respectivos gobiernos nacionales, y cada nivel
consagró en sus órdenes jurídicos derechos humanos que podían ser protegidos
en ese nivel.
Castellá Andreu (2007) afirma que la discusión de la protección multinivel de los
derechos humanos se confunde con el estudio del derecho constitucional nacional
del respectivo Estado, dado que cada ordenamiento jurídico puede consagrar
ciertos derechos humanos, que son protegidos en un nivel sub-nacional, el cual,
no obstante sus posibles implicaciones internacionales, termina teniendo una
relación jerárquica con el orden constitucional nacional.
Esta protección multinivel de los derechos humanos ofrece una mayor y más
completa protección de los mismos, dado que no solo permite contar con las
garantías constitucionales nacionales, sino también con las del sistema
internacional.
2 De acuerdo con Urueña, R. (2013) en Europa los derechos humanos se encuentran protegidos por cuatro
niveles diferentes: (i) Nivel sub-nacional: cada unidad sub-nacional puede consagrar derechos en su orden jurídico; (ii) Nivel nacional: las constituciones de cada Estado incluyen derechos para los ciudadanos del respectivo Estado-Nación; (iii) Nivel supranacional: los derechos humanos se protegen por el derecho de la Unión y; (iv) Nivel internacional: los derechos humanos son protegidos mediante el sistema europeo de derechos humanos (páginas 19-20).
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Según Urueña, R. (2013) en América Latina, existe protección al nivel nacional de
los derechos humanos, por cuanto cada Estado de la región cuenta con su
respectiva Constitución Nacional y, también, puede hablarse de protección
multinivel de los derechos humanos, otorgada por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y por la interacción entre los sistemas jurídicos nacionales y el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para el autor en comento, esta interacción entre la protección nacional e
internacional de los derechos humanos puede entenderse desde dos modelos
analíticos: (i) el constitucionalismo interamericano y (ii) el pluralismo
interamericano.
En el modelo del constitucionalismo interamericano, la Convención Americana de
Derechos Humanos es vista como un documento constitucional básico y, por
ende, se estima que las cortes nacionales deben funcionar como agentes de la
comunidad internacional, que aplican y hacen cumplir los estándares jurídicos
internacionales, lo que configura el llamado “constitucionalismo global”.
El constitucionalismo global es definido por Urueña, R. (2013:35) como un modelo
de interacción entre el nivel nacional e internacional de protección de los derechos
humanos que permite ante autoridades nacionales abusivas o negligentes, que
exista la posibilidad de hacer cumplir las normas de la “Carta de Derechos
Interamericana”, lo cual, en la práctica, termina asumiendo que las cortes
nacionales son la primera línea de protección de los derechos humanos.
En este escenario, según Acosta, P. (2013), el derecho internacional de los
derechos humanos presumiría de superioridad jerárquica frente al derecho
nacional.
En relación con el modelo del pluralismo interamericano, los órdenes nacionales y
el derecho internacional conviven e interactúan en condiciones de igualdad,
mediante un ejercicio de “derecho internacional comparado”, sustentado en el
diálogo interjudicial. Es decir que según este modelo, para Urueña, R., los
tribunales internacionales interactúan con los derechos nacionales de manera
continua: “se inspiran en las decisiones de cortes nacionales, dialogan
constantemente con ellas…” (p. 33).
Esta idea de la protección multinivel de los derechos humanos, con fundamento en
la gobernanza multinivel, es posible dada la coexistencia e interacción de las
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jurisdicciones nacionales y el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos.
No obstante, otra de las autoras sobre la protección multinivel, Acosta, P. (2013),
señala que la articulación de los diversos niveles de protección “da lugar a algo
más que a un mero sistema de gobernanza multinivel, en nuestra opinión el
constitucionalismo interamericano y el pluralismo jurídico no son las únicas
opciones a la hora de pensar las relaciones entre los diversos niveles” (p.349).
Para Acosta, P., existe una tercera alternativa a los modelos propuestos por
Urueña y es la del pluralismo constitucional, que hace parte de un proceso más
amplio: el de la constitucionalización del derecho internacional (ver Figura No. 1).
Desde este pluralismo constitucional, los jueces nacionales se sirven del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) como norma supralegal o
constitucional si su ordenamiento se los permite (Sentencia T-1319-01. M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes. El bloque de constitucionalidad en Colombia está conformado por todos
los tratados humanos ratificados por el país. El artículo 93 de la Constitución Política).
En caso de que no puedan usar el DIDH, los funcionarios judiciales pueden alegar,
según Acosta, P., que dicha instrumentalización se justifica “en el cumplimiento de
un compromiso internacional de garantía o adaptación y/o en la interpretación pro
persona que están obligados a perseguir3” (p.352).
Esta idea de pluralismo permite que las cortes nacionales no sean solo seguidoras
de la jurisprudencia internacional, sino que participen como iguales en un diálogo
transnacional en el que exista una visión debatida y compartida del régimen de los
derechos humanos y de los principios y objetivos constitucionales comunes.
El diálogo interjudicial crea así, una estructura de protección que permite la
progresiva armonización de los ordenamientos constitucionales con el derecho
interamericano a través de la consolidación de un ius commune interamericano
(Acosta, P.) [En sus trabajos, Acosta, P., señala que la idea de ius commune surge en el
campo de los derechos humanos, para dar cuenta de la existencia de un estándar mínimo
de protección, construido desde los estrados judiciales, cuya salvaguarda resulta
3 El principio pro homine o pro persona, es parte de la serie de principios generales del derecho internacional
y de los principios propios del derecho internacional de los derechos humanos que brinda pautas de interpretación cuando en un mismo ámbito coexisten normas internacionales de distinto alcance e implica buscar siempre el mayor beneficio para el ser humano. Por ende, el operador judicial debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva de los derechos.
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obligatoria a la luz de los mandatos constitucionales e internacionales que vinculan a los
Estados. (p.355)].
Lo anterior significa, con base en la idea del pluralismo constitucional, que un juez
local está facultado para fundamentar sus decisiones judiciales en las normas
regionales, por cuanto no se trataría de una mera “deferencia” o de un simple
ejercicio de derecho comparado, sino del estricto cumplimiento de un deber
jurídico.
II. Justiciabilidad multinivel del derecho a la salud como
derecho económico, social y cultural
A modo introductorio, es importante señalar que los derechos económicos,
sociales y culturales (en adelante DESC), señala Uribe, A. (2009), así como los
derechos civiles y políticos, son una parte indisoluble de los derechos humanos y
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), y su fuente es la
dignidad humana.
Los derechos humanos son asumidos hoy como un imperativo jurídico
internacional:
Figura No. 1.
Modelos Analíticos de la Protección Multinivel de los
Derechos Humanos.
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“Hasta el momento se han analizado los derechos humanos como parte de una específica rama del derecho internacional. Sin embargo, su papel al interior de este orden jurídico va mucho más allá, hasta el punto de integrarse en el ius cogens. Es decir, hacen parte del grupo de normas imperativas e ineludibles para todo miembro de la comunidad internacional, que conforman la estructura básica del derecho internacional” (Sánchez, B. En Universidad de los Andes, 2015. Pág. 231).
Según Sánchez, B (2015), existe un interés legítimo en la garantía de los mismos
por parte de toda la comunidad internacional: “Los derechos humanos han
transformado de forma profunda e irreversible el derecho internacional” (p.12).
De acuerdo con David Kennedy (2002) el movimiento internacional por los
derechos humanos ha cambiado muchos aspectos de las sociedades, liberando a
los individuos de graves ultrajes y elevando los estándares a partir de los cuales
los Estados son juzgados, al punto de poderse afirmar que los derechos humanos
se han convertido en una práctica de gobernanza, entendida esta como una
cualidad del sistema político-social (Jiménez, W. 2008:4).
Sobre la gobernanza, Aguilar, L. (2007) & Jiménez, W (2008) han señalado: “Es
un concepto analítico (intenta comprender y describir una realidad) antes que
normativo o prescriptivo (como en el caso de la “good governance”)” (p.7).
Los DESC fijan los límites mínimos que debe atender el Estado en materia
económica y social, señala Uribe, A. (2009), para garantizar el funcionamiento de
las sociedades “justas” y para legitimar su propia existencia (p.3) y los Estados
son responsables por omitir su deber de protegerlos.
Las obligaciones de los Estados con respecto a los DESC comprenden las
siguientes: (i) respetar; (ii) proteger; (iii) satisfacer y (iv) sancionar las prácticas
que los vulneren.
Para la Organización de las Naciones Unidas, según Uribe Muñoz, A. (2009:4), la
obligación de respetar hace referencia a la no interferencia del Estado en la
libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada individuo o de grupos o
colectividades, en aras de autosatisfacer sus necesidades económicos y sociales.
La obligación de protección, se refiere al resguardo del goce de estos derechos
ante afectaciones provenientes de terceros. La obligación de satisfacer es la de
asegurar el pleno disfrute de estos derechos y la obligación de sancionar los
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delitos cometidos por servidores públicos, así como por personas físicas o
jurídicas en casos de corrupción que violen o atenten contra los DESC.
Para la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo -PIDHDD- (2010), los derechos económicos, sociales y culturales son
exigibles a través de diversas vías: judicial, administrativa, política y legislativa.
En relación con la vía judicial, Ferrajoli, L. (1995) señala que la justiciabialidad de
un derecho es un principio garantista de carácter general:
“[…] para que las lesiones de los derechos fundamentales, tanto liberales
como sociales, sean sancionadas y eliminadas, es necesario que tales
derechos sean todos justiciables, es decir, accionables en juicio frente a los
sujetos responsables de su violación, sea por comisión o por
omisión”(p.11).
Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC),
es preciso diferenciar entre justiciabilidad, entendida como las cuestiones que
pueden o deben resolver los tribunales, y, las normas de aplicación inmediata, que
permiten su aplicación por los tribunales sin mayores consideraciones. Para este
Comité no hay ningún derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) “que no se pueda considerar que
posee en la gran mayoría de los sistemas algunas dimensiones significativas, por
lo menos, de justiciabilidad” (p.4)4.
En consecuencia, en la Observación General No. 9, el Comité DESC retomó la
cuestión de la provisión de recursos judiciales para todos los derechos, incluyendo
aquellos de aplicación inmediata y otros que requieren desarrollo normativo, así:
“10. En lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por
supuesto que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a
las violaciones de esos derechos. Lamentablemente, en lo relativo a los
derechos económicos, sociales y culturales, con demasiada frecuencia se
4 Para Courtis, C. (2005), el Comité DESC (Observación General No. 3) ha identificado una serie de derechos
contenidos en el PIDESC que se consideran de aplicación inmediata y, por ende, que pueden ser directamente invocables ante los tribunales de justicia, como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en materia de derechos económicos, sociales y culturales; el derecho a un salario equitativo; los derecho sindicales; el derecho a la educación y; el derecho de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza.
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parte del supuesto contrario. Esta discrepancia no está justificada ni por la
naturaleza de los derechos, ni por las disposiciones pertinentes del Pacto”.
Al respecto, cabe señalar que se ha asumido que los derechos humanos que
requieren para su realización un desarrollo normativo son los DESC, como el
derecho a la salud, a diferencia de los derechos civiles y políticos que son de
aplicación inmediata.
Esta distinción se ha establecido por la idea referida a que la garantía de los
DESC es costosa porque el Estado debe hacer grandes erogaciones para poder
satisfacerlos, en cambio, para proteger el derecho a la vida, a la integridad
personal o la libertad de expresión, por ejemplo, el Estado solo debe abstenerse
de cometer ciertas acciones que los vulneren, las cuales no requieren,
supuestamente, inversión económica.
Al respecto, el Comité DESC ha reiterado que los derechos humanos implican
para los Estados las mismas obligaciones, incluyendo el deber de abstenerse de
realizar ciertas conductas o acciones y el deber de adoptar las medidas positivas
para su realización.
Otras razones para la diferenciación entre DESC y Derechos Civiles y Políticos,
son que a diferencia de estos últimos, el contenido de los DESC es ambiguo e
impreciso, lo que hace imposible traducirlos en obligaciones jurídicas concretas, y
que los DESC son derechos programáticos, es decir objetivos o fines de la política
social, por lo que una autoridad judicial no podría obligar al Estado a cumplir con
ellos, es decir que reafirman la supuesta no justiciabilidad de los DESC. [PIDHDD-
(2010) (p. 15)].
Estas consagraciones de los órganos internacionales de derechos humanos y de
los órganos jurisdiccionales nacionales ha permitido superar la idea errónea sobre
la supuesta no justiciabilidad de los DESC, que obedece a una mirada restrictiva y
sesgada sobre los DESC, debido a que todos los derechos humanos tienen al
menos un elemento o dimensión cuyo cumplimiento puede ser exigido por vía
judicial, sin que exista una superioridad de unos derechos sobre otros.
Al respecto, Bobbio, N. (1982), señaló que los derechos humanos no son
absolutos y que el status privilegiado de algunos, como históricamente ha sido el
de los derechos civiles y políticos, surge solo de la condena universal de su
violación, en consideracón a contextos específicos.
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Cercanos a este reconocimiento del carácter de exigibles y justiciables de los
DESC, los siguientes teóricos han generado importantes argumentos, que serán
expuestos y comentados desde la posición que puedan ocupar en el mapa de los
modelos analíticos de protección multinivel de los derechos humanos.
Víctor Abramovich propone una visión integradora de los derechos humanos5, a
partir de la cual, existen obligaciones comunes a todos los derechos por parte de
los Estados. Este autor señala que el artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos que consagra el desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales, ha sido “notoriamente subutilizado en el
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos” (p.59).
Los derechos económicos, sociales y culturales no han sido materia habitual de
denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido, según
Abramovich, a que las graves vulneraciones de derechos fundamentales en el
mundo, han demandado que de manera prioritaria se utilice el sistema de petición
individual para los casos vinculados con la violación de derechos civiles y políticos.
Al respecto, me permitiré hacer en este escrito, una referencia breve sobre el
mecanismo de petición individual para la exigibilidad de los DESC, señalando en
un primer momento, conforme lo afirman Arias, F. & Galindo, J. (2013), que el
trámite de peticiones individuales parte de un postulado esencial del Sistema
Interamericano, consagrado en el Preámbulo de la Convención Americana, que es
el principio de complementariedad.
Por el principio de complementariedad, según Uprimny, R. (2008), cuando no se
obtiene respuesta para la protección de los derechos consagrados en la
Convención Americana, por parte de las autoridades del orden jurídico nacional,
los ciudadanos de los Estados Partes de la Convención están facultados para
acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Para tal efecto, la Convención Americana en su artículo 44 consagró:
5 En sus trabajos Abramovich, V., señala que la noción de interdependencia entre los derechos civiles y
políticos y los derechos económicos, sociales y culturales ha sido siempre parte de la doctrina de la
Organización de las Naciones Unidas. Ver. Steiner, H., Goodman, R. y Alston, P. pág. 263). Según
Abramovich, la propuesta teórica sobre las “obligaciones comunes a todos los derechos humanos”, es una
visión integradora, que ha tenido interesantes efectos, tanto en la interpretación realizada por el Comité de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, como por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, flexibilizando “la tradicional barrera que superaba a estos derechos”.
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“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o
quejas de violación de esta Convención por un Estado parte” (art.44).
Por su parte, el Protocolo de San Salvador, establece en su artículo 19, numeral 6:
“En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el
artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado
parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la
participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando
proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del
sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Ahora bien, para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión
Interamericana, se requiere, según el artículo 46 de la Convención, que: (i) se
hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna; (ii) sea
presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; (iii) la
materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de
arreglo internacional y; (iv) en el caso del artículo 44 la petición contenga el
nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o
personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.
Para Cancado Trindade (2007):
“[…] mediante el ejercicio del derecho de peticiones individuales, se dio
finalmente expresión concreta al reconocimiento de que los derechos
humanos al ser protegidos, son inherentes a la persona humana y no
derivan del Estado. Por consiguiente, la acción de su protección no se
agota –no puede agotarse- en la acción del Estado” (Cancado Trindade,
2007).
En suma, el ejercicio del derecho de peticiones individuales evidencia la
superación de la dimensión puramente interestatal del Derecho Internacional
contemporáneo, señala Cancado Trindade, como evolución del jus gentium, y
concretiza el acceso de los individuos a la justicia a nivel internacional.
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Retomando a Abramovich, V., esta escasa utilización del mecanismo de peticiones
individuales para la exigibilidad de los DESC, según él, se debe a la tradicional
“subordinación” o al “condicionante económico” que ha relativizado la
justiciabilidad de los DESC, como el derecho a la salud, por depender, desde una
noción programática de la disponibildad de recursos por parte del Estado, como
fue señalado en la parte introductoria de este acápite.
Adicional a esto, señala Abramovich, no existen mecanismos adecuados de
implementación de los DESC en el Sistema Interamericano:
“Convertirlos en materia de una queja o petición individual ante la CIDH
requiere agudizar el ingenio, pues el sistema no parece pensado para
admitirlos […]” (p. 10).
Para Abramovich, los principales argumentos de quienes se oponen a la
justiciabilidad de los DESC se fundamentan en diferencias entre la naturaleza de
estos derechos con los derechos civiles y políticos, aun cuando los derechos
humanos no deberían ser “más o menos justiciables”.
Lo anterior, por cuanto existe un supuesto carácter de obligaciones negativas con
respecto a los derechos civiles y políticos –de “no hacer”- por parte del Estado,
mientras que con respecto a los DESC existen obligaciones positivas –de “hacer”-.
No obstante, este autor, señala que estas son diferencias de grado y no
sustanciales, y, en lo fundamental, cada derecho puede caracterizarse por un
complejo conjunto de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado.
Esta propuesta teórica de Abramovich, sobre “las obligaciones comunes a todos
los derechos humanos”, a partir de la noción de interdependencia de los derechos,
es la que ha permitido dinamizar los instrumentos internacionales de derechos
humanos del Sistema Interamericano.
En especial, con respecto al derecho a la salud, Abramovich, señala que su
exigibilidad se ha surtido apelando a la protección del derecho a la vida (artículo 4
de la Convención Americana). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha interpretado la obligación de los Estados de “eliminar las amenazas reales en
contra de este derecho” –derecho a la vida- (p. 62. Abramovich, 1997), por lo que
ha vinculado a su garantía obligaciones del Estado como el disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental para las víctimas.
No obstante, para Abramovich, dada la consagración expresa de cada derecho en
los instrumentos internacionales, debe existir en el Sistema Interamericano y en
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los ordenamientos jurídicos nacionales, para todos los derechos, una vía para su
protección judicial, como consagra el artículo 25 de la Convención Americana:
“El incumplimiento de la obligación positiva del Estado de garantizar la
existencia de recursos efectivos en relación a los derechos económicos,
sociales y culturales, es una materia de evidente justiciabilidad” (p.24).
De esta forma, es posible considerar que la postura teórica de Abramovich, resulta
más cercana a un Modelo Analítico de Protección Multinivel sobre el
constitucionalismo interamericano, en virtud del cual, resalta a la Convención
Americana como una declaración de derechos –una especie de constitución- (en
palabras de Urueña, R), siendo el derecho internacional una guía para el
establecimiento de la protección judicial nacional de los DESC, como el derecho a
la salud.
Para Christian Courtis, uno de los principios de interpretación aplicable al
alcance de la remisión consagrada en el artículo 26 de la Convención Americana,
es el principio pro homine, a partir del cual, en caso de duda, debe acogerse la
interpretación más favorable a la vigencia de un derecho humano o a su mayor
extensión:
“Esto implica, como veremos, emplear otros instrumentos internacionales y
normas relevantes (como las constitucionales) y el trabajo desarrollado por
órganos internacionales de supervisión” Courtis, C. (2005:3).
En todo caso, la falta de individualización de derechos por parte del artículo 26 de
la Convención, impone recurrir a textos que sean auxiliares, a otras normas de
derechos económicos, sociales y culturales, para clarificar su contenido y su
justiciabilidad.
Con esta posición, Courtis se aproxima al pluralismo constitucional, como Modelo
Analítico de Protección Multinivel de los Derechos Humanos, al considerar que por
la no individualización de derechos en el artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, a través de la norma de remisión normativa, deben
emplearse otros instrumentos como las Constituciones Nacionales y demás
instrumentos de derecho.
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De esta forma, el objeto de las obligaciones de respeto y garantía de los Estados
con respecto a los DESC, se identifican por remisión, siendo éste un deber jurídico
del operador judicial, con base en el principio pro homine.
Para Courtis, es importante la inclusión de los recursos judiciales dentro de las
medidas adecuadas para hacer efectivos los DESC, es decir una aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana –sobre protección judicial-
al artículo 26 –sobre remisión-.
Señala este autor, que un DESC puede invocarse de manera directa ante las
instancias nacionales e internacionales, por el solo hecho de estar consagrado en
un instrumento internacional, sin que sea necesario la intermediación legislativa,
sin perjuicio de que el desarrollo normativo de un derecho amplíe la base de su
justiciabilidad.
Bajo estas consideraciones, Courtis ha adelantado estudios sobre las perspectivas
de utilización del artículo 26 de la Convención Americana, en algunos casos ante
el Sistema Interamericano6, concluyendo:
“Pese a este rico panorama, el empleo que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha hecho del artículo 26 de la Convención Americana
es más bien frustrante” (p. 35).
Para Courtis, C., la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al
analizar que los DESC tienen una dimensión tanto individual como colectiva, y al
considerar que su competencia contenciosa la obliga únicamente a evaluar
reclamos individuales o pluri-individuales, es decir, individualizando víctimas
concretas, y no situaciones que involucren al conjunto de la población, anula las
posibilidades de justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana
De sus estudios, ha concluido que si bien la satisfacción de los DESC requiere
que el Estado diseñe e implemente políticas de alcance colectivo, esto no significa
que el contenido del derecho no pueda individualizarse. La CorteIDH ha
confundido, según el autor, la dimensión colectiva y la escala nacional, puesto que
no resulta suficiente asignar el control de la efectividad de los DESC a los
mecanismos de evaluación de las políticas globales del Estado en materia social.
6 De acuerdo con Courtis, la aplicabilidad del artículo 26 de la Convención Americana solo se ha analizado
con algún detalle en el caso “Cinco Pensionistas contra Perú”. En los demás casos, de los revisados por el
autor, en los cuales se alegaron violaciones al artículo 26, la Corte se negó a considerar estos agravios.
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De hecho, esta fórmula desconoce que una parte fundamental del litigio en
materia de derechos sociales está referida a la situación de grupos o colectivos de
personas, y no a individuos aislados, ni a toda la población. Por tanto, analizar una
política pública en su totalidad, en sede contenciosa, implicaría vincular temas de
diseño de política y disposición de recursos, en la sede judicial, algo que la
CorteIDH rechaza de plano, para evitar generar juicios sin información suficiente.
En suma, Courtis ha expuesto cómo los peticionarios ante la CIDH, que planteen
casos de violación de DESC, como el derecho a la salud, tienen una carga
argumentativa adicional, que es la de “demostrar la relevancia colectiva del
planteo” (Courtis, C. 2005: 22).
Por tanto, para la protección multinivel de estos derechos, no solo se tiene que
demostrar que la violación haya afectado de manera particular a las víctimas, sino
también evidenciar que la violación tiene proyecciones colectivas y, por tanto, que
no se trata de una cuestión aislada.
Esta tarea es por demás compleja, ante la dificultad de articular una acción
colectiva o grupal ante el Sistema Interamericano, que implicaría que las víctimas
tengan la carga de probar la representatividad de las violaciones que se alegan,
en función de un contexto colectivo y grupal, lo cual, en el caso del derecho a la
salud resultaría abiertamente complejo.
Desde el pluralismo constitucional, entendiendo a Courtis, deben definirse los
valores fundamentales cuya protección por todos los niveles se garantice a través
del diálogo interjudicial entre los operadores judiciales nacionales y la CorteIDH.
Por su parte, para Emilio García Méndez, la concepción de los derechos
humanos como inherentes a la persona humana: “ha contribuido, decisivamente, a
una visión idolátrica y ahistórica de derechos, que, de forma evidente, resultan
históricos y contingentes” (García, E. 2004:8).
Para este autor, la efectiva vigencia de los derechos humanos depende de
recuperar el sentido político original que está presente en su origen histórico y, es
esta, su fundamentación positiva, para concebirlos como un instrumento político
de la igualdad.
Con respecto a la supuesta prioridad de los derechos civiles y políticos sobre los
DESC, señala que la justiciabilidad es una facultad compartida por todos los
18
derechos en todos los Estados, teniendo como fuente desarrollos importantes en
los ordenamientos jurídicos tanto del orden nacional como del internacional.
Tales consideraciones acercan a García Méndez al pluralismo interamericano, a
partir de la cual ambos ordenamientos el interno y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, conviven e interactúan en condiciones de igualdad, mediante
lo que Urueña, R., ha denominado un “diálogo interjudicial”.
Para Mikel Berraondo López, la evolución de los derechos humanos ha
conllevado a un extenso cuerpo normativo para proteger el ejercicio y disfrute de
los derechos humanos en todo el mundo (Berraondo, M. 2004:1) y a la
implementación de una serie de mecanismos internacionales para garantizar la
protección de los derechos humanos.
El objetivo de estos mecanismos, según Berraondo, M., es proteger a las
personas de los abusos de los Estados, facilitando una serie de herramientas para
la denuncia de las violaciones y el control de la efectiva implementación de los
diferentes tratados internacionales en cada Estado.
Considerando la importancia y supremacía asignada por Berraondo a los
instrumentos del derecho internacional para la protección de los DESC, es posible
situar al autor en una posición relacionada con el constitucionalismo
interamericano.
En efecto, el autor señala que los mecanismos internacionales de protección de
derechos han sido creados para mejorar el sistema nacional de protección y de
garantías, por lo que “resulta imprescindible poseer un grado mínimo de
conocimiento que pueda permitir a la sociedad civil su aplicación en los casos o
situaciones que así lo requiera” (p. 2).
Berraondo señala que no solo los operadores de justicia, sino también la sociedad
civil, deben actuar como agentes de la comunidad internacional, para hacer
cumplir los estándares internacionales y activar los mecanismos de protección, los
cuales, pueden surgir a partir de la creación de algún Tratado Internacional o
mediante instrumentos jurídicos distintos a los Tratados, que pueden ser
disposiciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por
ejemplo.
Por otra parte, desde una perspectiva nacional, entre otro de los autores
revisados, se encuentra Alirio Uribe Muñoz, para quien no existe en Colombia, ni
en ningún país de América Latina, un sistema jurídico de protección de los DESC,
19
por cuanto no existen recursos eficaces, ni jueces especializados que permitan
hacer justiciables los DESC.
La exigibilidad jurídica o la llamada justiciabilidad de los DESC, según Uribe, A.
(2009), es un proceso no solo judicial, sino también social, político y legal, por
cuanto la forma y la evaluación sobre cómo el Estado cumple con sus obligaciones
con respecto a los DESC, debe abarcar la participación activa de la sociedad civil,
como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía.
Para Uribe, A., los DESC son derechos subjetivos cuya exigibilidad puede
ejercerse individual o colectivamente ante instancias judiciales en el plano
nacional y ante los órganos de supervisión internacional.
Los instrumentos internacionales y constitucionales de protección de los DESC
son “operativos y establecen derechos exigibles directamente por las personas,
incluso ante su omisión en la reglamentación legal” (Uribe, A. 2009:3).
Para este autor, cercano al pluralismo constitucional para la protección multinivel
de los DESC, los jueces están obligados a aplicar directamente los instrumentos
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y “a reconocer en los casos
concretos sometidos a su jurisdicción los derechos que éstos consagran” (p. 3).
En sus estudios sobre el derecho a la salud en Colombia, Evelardo Lamprea,
señala que a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, la salud se asumió
como un servicio público abierto a la participación del capital privado, siempre
estando garantizado por el Estado descentralizado, de acuerdo con los principios
de universalidad, calidad, eficiencia y solidaridad (Lamprea, E. 2011).
Al respecto, señala Lamprea, E. (2011:24):
“La Administración Pública ya no tenía la obligación de prestar directamente servicios
públicos como el de salud o aquellos de carácter domiciliario como el de luz, agua y
alcantarillado.
Contrario a lo sostenido por la noción subjetiva o clásica de los servicios públicos
introducida por la escuela de Bordeux, el nuevo concepto de servicio público resaltaba
que los actores privados podían competir con el Estado en igualdad de condiciones para
prestar tales servicios públicos.
No obstante, el Estado debía garantizar por medio de sus facultades de regulación,
control y vigilancia que la búsqueda de maximización del interés individual propia de la
iniciativa privada cumpliera con la finalidad de promover el interés general”.
20
En Colombia, el derecho a la salud, fue consagrado por la Constitución Política de
1991, en el capítulo II sobre los derechos DESC:
“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad […] (Artículo 48).
Por su parte, el artículo 49 de la Constitución, señala: “La atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud […]”.
Conforme a estas disposiciones, el Constituyente precisó la responsabilidad del
Estado para organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a
los colombianos, en el marco de su reconocimiento como servicio público, de
prestación progresiva y descentralizada.
Ahora bien, esta noción de servicio público que adoptó Colombia, era asumida
como cualquier actividad de interés general de gran importancia para la
colectividad (Duguit, L. 1922:425), cuya prestación eficiente y continua justificaba
el ejercicio del poder estatal (Lamprea, E. 2011:20). En efecto, a principios del
siglo XX se incorporó una noción de Estado como un “conjunto de servicios
públicos”.
No obstante, esta consagración en la “legislación social” colombiana, la prestación
de los servicios de aseguramiento social ha sido “profunda y limitada”:
“Profunda porque los beneficios que recaían sobre los grupos de beneficiarios eran
generosos y limitada porque la malla de prestación de servicios públicos cubría a
menos de una quinta parte de la población colombiana” (Lamprea, E. 2011:23).
En este contexto, según Lamprea, E., para la exigibilidad judicial del derecho a la
salud, la Honorable Corte Constitucional, por primera vez, en el año 1992,
mediante la Sentencia T-484-92, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez y Jaime Sanín
Greffenstein, consideró que la naturaleza jurídica del derecho a la salud
correspondía a un conjunto de elementos, dividios en dos bloques:
Predicado inmediato del derecho a la vida por lo cual, vulnerar el
derecho a la salud, equivalía a vulnerar el derecho a la vida.
21
Al respecto la Corte aseguró: “Por estos aspectos, el derecho a la salud
resulta un derecho fundamental”.
De carácter asistencial incorporado a las funciones del Estado Social de
Derecho.
Para esta Corporación:
“La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como
asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias
de cada caso, pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud
es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida”.
Bajo esta misma lógica, mediante la Sentencia T-760-08, la Corte Constitucional,
reafirmó el contenido de la citada sentencia del año 1992, al abordar varios casos
en los que se invocaba la protección judicial del derecho a la salud, porque el
acceso a los servicios de salud había sido negado, consagrando:
“El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental”.
En efecto, la jurisprudencia ha garantizado la protección del derecho a la salud,
así:
Estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho
a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana Identificando
los aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitiendo su
tutelabilidad.
Reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante
es un sujeto de especial protección Un cierto ámbito de servicios de
salud que se requieran, debe ser efectivamente garantizado.
Afirmando en general la fundamentabilidad del derecho a la salud
Aspecto que coincide con la Constitución Política, el bloque de
constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las
extensiones que sean necesarias para proteger la vida digna.
Subraya Lamprea, E., que la salud es un derecho fundamental, que debe ser
garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, para lo cual, los jueces
nacionales deben adoptar decisiones que guarden correspondencia con el
denominado ius commune interamericano, por cuanto, éste es una herramienta
para reivindicar la salvaguarda de los intereses de la comunidad.
22
Invocar el contenido de los instrumentos internacionales de derechos humanos,
reafirma el reconocimiento de los valores comunes, así como la necesidad de
protegerlos en todos los niveles, una posición teórica que permite relacionar a
Lamprea, E., con el pluralismo constitucional para la protección multinivel de los
derechos humanos como la salud.
Por su parte, Carlos Ivan Fuentes Alcedo, planteó en sus investigaciones sobre
la justiciabilidad del derecho a la salud en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, que existe una escasa protección judicial de los DESC, dado que no se
cuenta con procedimientos judiciales para reivindicar estos derechos y porque la
satisfacción de los mismos depende de los recursos del Estado.
Para Fuentes Alcedo, C. (2006), el derecho a la salud permanece entre los
derechos que no pueden ser exigidos a través del sistema de petición individual
que consagra el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, aun cuando:
“No existen elementos intrínsecos en el derecho a la salud que lo hagan
naturalmente injusticiable (…). Al contrario, dada su importancia, se hace
necesario contar con su reconocimiento dentro del sistema de peticiones
individuales del Sistema Interamericano”.
Para el autor, el Sistema Interamericano debe considerar la posibilidad de
incorporar el Protocolo de San Salvador “en todo o en parte, al mecanismo de
comunicaciones individuales”.
Para Fuentes Alcedo, C., estas dificultades para consolidar la noción de
exigibilidad social, política y judicial de los DESC, están arraigadas en la
interpretración que se realiza del artículo 2 del PIDESC, relativo al carácter
“progresivo” del cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados,
conforme a la disponibilidad de recursos económicos (artículo 2°).
No obstante, para Fuentes Alcedo, C., los Estados tienen la obligación de
permitirle a cada persona gozar de sus DESC, tanto como de sus derechos civiles
y políticos, teniendo presente el reconocimiento de los DESC en los instrumentos
internacionales, tanto de ámbito universal como regional.
Este reconocimiento de la importancia que tiene el cumplimiento de los estándares
internacionales en materia de derechos humanos al interior de los Estados,
acercaría a Fuentes Alcedo a una posición dentro del constitucionalismo
interamericano, en especial porque resalta el potencial de los instrumentos
23
internacionales, los cuales, señala, han consagrado el derecho a la salud para
transformar las injustas estructuras económicas y sociales que caracterizan la
prestación de los servicios de salud en Colombia.
Conclusiones
Como se observa, existe un importante reconocimiento por parte de diversos
autores en el mundo, y en Colombia, de la importancia que tiene la coexistencia
de los ordenamientos jurídicos nacionales y el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, cuya articulación e interacción materializa la
protección multinivel de los derechos humanos.
La razón de la protección multinivel es asegurar que las y los ciudadanos del
mundo cuenten con las garantías constitucionales propias de sus Estados y,
además, con aquellas del sistema internacional, con fundamento en el principio
pro homine, por el cual, en el marco de la justiciabilidad de cualquier derecho debe
adoptarse la interpretación de las normas vigentes del orden interno e
internacional que sea más favorable a la protección de los derechos de las
personas.
Esta dimensión de la gobernanza multinivel aplicada a los derechos humanos,
asegura su protección en todos los niveles: sub-nacional, nacional e internacional,
lo que significa que es posible contar con posibilidades más amplias y completas
para su protección, es decir que la protección nacional se ve complementada.
Para el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, como ha sido
expuesto, se ha limitado su exigibilidad ante las autoridades del Sistema
Interamericano, así como ante las autoridades de los mismos Estados, por ideas
equivocadas asociadas a su supuesta no justiciabilidad, dado su carácter
programático, los recursos económicos requeridos para su realización y su
contenido ambiguo e impreciso que imposibilita su traducción en obligaciones
jurídicas concretas para los Estados.
Para contrarrestar tales argumentos y reconocer a los derechos económicos,
sociales y culturales como derechos exigibles y justiciables, los órganos
internacionales de derechos humanos y algunos órganos jurisdiccionales
nacionales han definido con toda precisión el contenido y alcance de la mayoría de
estos derechos, que como se señaló ha sido el caso de la Corte Constitucional de
Colombia con respecto al derecho a la salud.
24
Este avance frente a la visión restrictiva y sesgada, se da por el reconocimiento de
que todos los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, tienen
elementos o dimensiones cuyo cumplimiento puede ser exigido por vía judicial,
siendo necesario que desde los ámbitos nacionales se desarrollen recursos que
sean realmente efectivos para su garantía, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir
a la instancia internacional en búsqueda de justicia.
Para la protección multinivel de un derecho como la salud en la región de América
Latina, como fue comentado, la alternativa sugerida por varios de los autores, es
la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, relativas a la protección judicial, al artículo
26 de la misma Convención, sobre desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales y remisión para la definición de su contenido y
alcance a todos los instrumentos internacionales que constituyen el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos en la región.
Este es, sin lugar a dudas, uno de los principales retos que plantea la protección
multinivel del derecho a la salud en la región. Para lo cual, los autores aquí
analizados sugieren diversas formas e instrumentos que pueden asociarse a cada
uno de los Modelos Analíticos para la Protección Multinivel de los Derechos
Humanos expuestos, sin poderse afirmar que alguno de estos modelos pueda
estar subordinado a otro, dado que de manera individual plantean retos y
oportunidades diferentes para el logro del mismo propósito: la protección de los
derechos humanos.
Los autores que se han relacionado con el constitucionalismo interamericano,
como Abramovich; Berraondo y; Fuentes Alcedo, plantean en sus posiciones la
relevancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como
declaración de derechos, y lo que podría entenderse “una especie de constitución
regional”. Para estos autores, la posibilidad de la exigibilidad judicial de los
derechos económicos, sociales y culturales en el nivel nacional implica que el juez
nacional actúe como un agente del derecho internacional, facilitando el
cumplimiento de los estándares internacionales que definen el contenido de estos
derechos.
Esta posición conceptual de la protección multinivel implica, según la literatura,
una presunta superioridad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
25
frente a los derechos nacionales, que deberá ser objeto de análisis e investigación
por otros estudios en este campo.
Por su parte, autores como Courtis; Uribe y; Lamprea, centran sus posiciones en
la novedosa propuesta conceptual sobre el pluralismo constitucional. En este
escenario los ordenamientos jurídicos interno e internacional, inmersos en un
constitucionalismo multinivel, interactúan y cooperan entre sí, reivindicando el rol
del operador judicial nacional y el papel subsidiario o de complementariedad del
juez regional.
Las propuestas de estos autores reconocen que el principio pro homine debe ser
parte fundante de las decisiones judiciales dirigidas a la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la salud, para hacer
posible la interpretación de las normas vigentes desde una perspectiva garantista
para la persona, como deber jurídico del operador judicial.
Por su parte, siendo próximo al pluralismo interamericano, García, E., hace
referencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos asumiéndolo no
como un superior jerárquico de los tribunales nacionales, sino como un
ordenamiento que interactúa con el derecho nacional en condiciones de igualdad,
y cuya articulación se hace posible a través de lo que René Urueña denomina “un
ejercicio internacional comparado”.
Vistos así, desde el enfoque de la protección multinivel, los derechos económicos,
sociales y culturales son herramientas jurídicas útiles, cuyo reconocimiento
multinivel en las constituciones nacionales y en los instrumentos internacionales
de derechos humanos del Sistema Interamericano, amplía la base para su
justiciabilidad.
Este reconocimiento del carácter exigible y justiciable del derecho a la salud, como
derecho económico, social y cultural, desde los modelos analíticos presentados,
debe continuar animando el diálogo interjudicial con base en el cual este derecho
se ha dotado de contenido, permitiendo crear una estructura para su protección
que armonice progresivamente el ordenamiento constitucional de Colombia con el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
26
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