La Política Económica Bolivariana (PEB). Período 2003-2015.

Ec. MSc. Juan José Pérez S.

Introducción: Idea clave Dinámica de la Política Económica (PE):

El Estado venezolano exporta petróleo, recibe dólares, requiere, por lo tanto, una política cambiaria. Con el ingreso público (ingreso petrolero + recaudación del SENIAT + emisión

de deuda + utilidades contables por devaluación+ dinero inorgánico), procura financiar el gasto público (educación, salud, defensa, seguridad, misiones, etc.) en pos de ciertos

objetivos (política fiscal y política social). Con

el fin de fomentar las inversiones y el empleo (crecimiento económico), el BCV regula la tasa

de interés, las condiciones del crédito y la cantidad de dinero en circulación (política monetaria). El Ejecutivo, mediante decretos, regula salarios

mínimos y administra precios de algunos bienes y servicios básicos (política de precios). Todo tras un objetivo mayor: estimular el desarrollo

económico, corregir desequilibrios, abatir la inflación y erradicar la pobreza. En eso consiste la

política económica TRADICIONAL. Contrario a lo que se supone, precios altos del petróleo –suponiendo constante el volumen de producción- hacen marchar bien a la economía, por tanto, se deja la PE

intacta. Sólo en caso de declinación de precios o del bombeo, proceden “ajustes en la PE”, medidas que modifican tipo de cambio, tasas de interés, nivel de gasto, salarios, etc.

El prolongado lapso 1983-2003 con tendencia descendente de precios, aunque con fluctuaciones, marcó el carácter pro-cíclico de la PE: Expansiva al subir los precios y Contractiva al bajar. Déficits fiscales cubiertos con devaluación o endeudamiento. En 1996

se empieza a cobrar el IVA, en un intento de suplir el aporte petrolero. Esa dinámica se interrumpe en 2003. La PE adquiere otro carácter.

Con el barril en auge, coloca énfasis en: a) distribución de la Renta Petrolera (que supone ilimitada) en pos de la igualdad social; y b) eliminación del mercado como mecanismo de asignación de recursos, mientras expande la actuación económica del

Estado. La PE no persigue ahora restaurar equilibrios macroeconómicos perdidos. Apunta hacia la instauración de una estructura socio productiva llamada Socialismo del Siglo XXI y la consolidación de una hegemonía política que permita su implantación.

La crisis, visible desde de 2013, justo cuando el barril bate récord histórico (103$), evidencia contradicciones internas del modelo económico. Mayor acento en la distribución

que en la producción desemboca en desabastecimiento, recesión e inflación. El desplome brutal del precio del barril, al que se asiste desde el segundo semestre del año 2014, agrava los problemas, pero no es su causa. Frente a esta calamidad, el país se debate

entre retomar el tradicional papel de la PE en procura de restablecer los equilibrios o avanzar en el proyecto hegemónico trazado. Al comenzar 2016, no se avizoran medidas

que sugieran cómo superar el cuadro crítico.

Venezuela es un Petro-

Estado. El Gobierno es omnipotente, detenta el poder político, concentra el poder económico y para

funcionar puede prescindir de los contribuciones ciudadanas.

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La Política Económica Bolivariana (PEB). Período 2003-2014.

1. De las condiciones para el surgimiento de la PEB

Si se siguen textos de macroeconomía de uso corriente, la PEB es de una sencillez

aplastante, al punto de suplantar el sentido común. La política fiscal y la política monetaria

serán expansivas siempre, dejando anclado (sin modificaciones) el tipo de cambio para

contener la inflación. Sin embargo, el estudio aislado de la economía venezolana -dejando

al margen la diatriba política-, carece de sentido, al excluir las motivaciones ideológicas,

intereses políticos de actores involucrados y la cuestión central de quién y cómo se toman

las decisiones. Carece de sentido porque deja sin explicar medidas incomprensibles, por

ejemplo, el control de cambio con abundancia de divisas. Luce razonable, entonces, hablar

de la economía política del período bolivariano.

Desde esta perspectiva, la PEB se concibe como un proceso dual: distribución

discrecional (no sujeta a reglas) de la renta petrolera y manejo gubernamental del aparato

productivo para anular la influencia del mercado (sector privado) sobre la economía. El

lenguaje político disfrazará las cosas con términos grandilocuentes: lucha contra el

liberalismo salvaje y fomento de una economía basada en el trabajo, no en el capital.

La PEB define su perfil en 2003, cuando se tiene relativa certeza que los precios del

petróleo subirán y el equipo en funciones de mando acumula fortaleza suficiente para

imponer controles a la sociedad. Ya no se trata del programa de una circunstancial

mayoría electoral en función de gobierno. Al controlar PDVSA y varias ramas del poder

público, podrá el adoptar sus Tesis Programáticas, contenidas en un plan rector (Proyecto

Simón Bolívar). Se asume la confrontación como principio rector de la vida pública,

organizar a sus seguidores en torno a los conflictos y derrotar a los adversarios, para

emprender un nuevo conflicto. Así va extendiendo el dominio sobre la economía, la

educación, la cultura, la ideología, hasta llegar a la raíz última, cuestionamiento de la

propiedad privada. Accionar que se resume en la consigna: “Unidad y lucha, batalla y

victoria”.

La contienda nace a raíz de la siguiente circunstancia. El Estado venezolano recibe

una renta internacional, como un derecho adquirido por permitir la explotación de

yacimientos que son de su propiedad. Si bien el petróleo es propiedad social, “patrimonio

natural de los venezolanos”, es el Estado quien ejerce la representación política de la

nación. Se constituye entonces un Estado Patrimonial, con ingresos propios. Este rasgo,

que comparten los petro-Estados con otros países periféricos mono exportadores de

naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad en la

medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su

territorio nacional (Coronil, 2013). Es decir, no depende de los tributos de sus

ciudadanos. En lenguaje bastante laxo, no hay contrapesos, cesa la interdependencia

Estado-Sociedad civil. El Estado puede adoptar ciertas decisiones, disponer o implementar

medidas de carácter público sin necesidad de negociar, acordar o consultar; incluso

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pudiera ir más lejos, confrontar los demás actores para alcanzar sus propios objetivos o

imponer su dominio. “La amplia autonomía de la que goza el Estado venezolano en el siglo

XXI gracias a los ingentes flujos financieros permite desarrollar una agenda de gobierno

que ignora al resto de los actores, poniendo al servicio de su proyecto particular los

recursos de la nación” (Arenas, 2010: 83).

Por tradición y constitucionalmente (sin importar el gobierno de turno), la renta

petrolera internacional tiene dos destinos: una porción de divisas, que se transforma en

bolívares, se canaliza hacia al presupuesto nacional, bajo conducción del Ministerio de

Finanzas. Otra, en divisas o en oro, alimenta las reservas internacionales, administradas

por el BCV, ente autónomo encargado de poner dólares a disposición del público, sin más

restricción que pagar su precio. La revolución altera este esquema. La renta circulará

conforme a decisiones del Ejecutivo, de acuerdo a una acepción muy particular del

término soberanía. El gobierno fijará las condiciones, sin ataduras determinadas a priori,

pocas de las cuales coinciden con algún procedimiento aprobado constitucionalmente, o

consagrados en ley.

La primera medida importante, decisiva de la PEB apunta hacia un desiderátum: el

Presupuesto Nacional tradicional debe ampliar su base impositiva, “evasión cero”, de

modo que, a mediano plazo, pueda financiarse sólo con tributos. El aporte petrolero

quedará libre, a disposición del Ejecutivo, para alcanzar otros objetivos de la revolución.

La PEB despeja así una incógnita histórica, el destino de la renta. Este modo de

“sembrar el petróleo”, estipula que la renta vaya hacia fondos especiales no incluidos en el

Presupuesto; el remanente queda como reservas internacionales, en ese orden. Los

fondos especiales manejados por el Ejecutivo, en ejercicio de su soberanía, habrán de

convertirse en herramienta multipropósito: saldar la deuda social acumulada, organizar el

poder popular, adquirir pertrechos militares, financiar cooperativas, fundos zamoranos,

empresas de propiedad social, proyectos de inversión dentro y fuera del país, exportar la

revolución, fomentar el deporte o la educación, impulsar pequeñas o grandes misiones,

y/o otros fines por asignar o inventar pero, por sobre todo, arma estratégica para retener

y expandir el poder político. En un proceso gradual, no exento de reformas, enmiendas y

agregados, se conformará una estructura de gasto paralela al Presupuesto, con fondos

crecientes, en dólares. Esta estructura contradice la sección económica de la CRBV,

expresamente los artículos 314 y 321. A pesar de tal contravención, de reclamos y

protestas, se imponen los nuevos arreglos apelando a leyes habilitantes, con la

obsecuencia del TSJ y la Asamblea Nacional entre 2003 y 2012.

La “solución soberana” empezó discriminando administrativamente los ingresos

petroleros en ordinarios y extraordinarios. Al hacerlo, aprovechando que la CRBV, salvo

alusiones generales, no dispone qué hacer con ingresos extraordinarios, los calificó como

“excedentes petroleros”, que podía movilizar el Presidente, libres de engorrosos controles

y rendición de cuentas. Toda la administración pública se somete a un Presupuesto Anual

(ley) sobre el cual se ejerce contraloría (Gobernaciones, Alcaldías, AN, Ministerios, Fiscalía,

CNE, Poder Moral, TSJ, Universidades, etc.), a los que puede sancionar por mal manejo. El

gasto público se expandirá a pasos agigantados de manera global como nunca antes. Este

arreglo soberano dota de facultades excepcionales al Ejecutivo para imponerse sobre los

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demás poderes: además del presupuesto dispone de fondos especiales (en dólares y en

bolívares). Mediante leyes habilitantes, la AN delega en el líder presidente la potestad de

dictar leyes económicas. En un doble juego que se condiciona mutuamente, el líder

político extiende su poder hasta el ámbito económico, y el poder económico adquirido

permite expandir su fortaleza política, al convertirse de manera exclusiva en el repartidor

de la renta petrolera. En ejercicio de “su soberanía” la figura presidencial impone el uso y

destino de la renta, “sin contravenir la normativa”, pues el TSJ lo designa la AN.

El siguiente paso de la PEB consiste en establecer un límite anual a las reservas

internacionales, que pone a disposición de la sociedad. Las reservas que estén por encima

de un nivel considerado óptimo, reservas excedentarias, se traspasarán obligatoriamente a

fondos especiales, sin pago alguno como contrapartida (confiscación). “Los criterios

técnicos que el Ejecutivo y el BCV han usado para determinar el nivel óptimo se

desconocen” (Vera y Zambrano, 2005). Cabe resaltar que, con la “solución soberana", un

aumento del valor del barril no significa mayor disponibilidad de divisas para la sociedad,

pero sí para el gobierno. Adicionalmente, somete a racionamiento la entrega de divisas,

llamado de manera encubierta control de cambio. Se conceden autorizaciones de gasto en

el extranjero, expedidas por una comisión presidencial ad hoc (CADIVI), encargada de

establecer y verificar requisitos para importaciones, fijar cupos para asignación de dólares

a viajeros, remesas y compras electrónicas. En adelante, nadie –distinto al gobierno-

tendrá acceso a dólares en efectivo.

Como se mostrará más adelante, la PEB viene a ser una colección de controles y

regulaciones a los agentes del mercado fijados por la autoridad política, que se multiplican

en el tiempo. Acciones que cierran espacios a la inversión privada, que reserva para sí el

gobierno, abriendo paso a la provisión gratuita o a precios subsidiados de bienes y

servicios, cada vez más extensa. Mediante profusas providencias administrativas el

Ejecutivo tendrá potestad de fijar precios y salarios, regular tasas de ganancias, establecer

canales de distribución, tasas de interés bancarias y carteras obligatorias. El mercado,

sentenciado a muerte en documentos de planificación y argumento central en discursos

cotidianos, será reducido mediante expropiación y estatización de empresas privadas,

teniendo como complemento la eliminación del latifundio. Alegando perseguir justicia

social, los planificadores racionarán el consumo, tantos kilos por persona, tantos viajes al

extranjero, evitando la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. Cabe enfatizar que

nada de esto podría hacerse sin una renta petrolera abundante.

Adelantando elementos que se explicitarán luego, puede aseverarse que en doce

años transitando por el riel de los controles, el empeño en destruir el mercado exhibe

logros parciales, algunos lamentables. Se ha configurado un espacio mercantil imperfecto,

distorsionado, opaco, con información asimétrica, regulado, controlado y con múltiples

desequilibrios que propician el contrabando de extracción, arbitraje (bachaqueo),

especulación y corrupción. El modelo de reparto de la renta acusa serios e inocultables

problemas. El modelo productivo socialista no ha podido implantarse, a pesar de la

gigantesca inyección de recursos. La extinción de 200.000 cooperativas, creadas entre

2005 y 2008 y las pérdidas financieras de numerosas empresas del Estado constituyen

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pruebas irrefutables. "La lección fue clara: apostar a la desaparición de la economía

capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para

quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción (PIB), escasez,

acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social” (Álvarez,

2008). El equilibrio fundamental entre la oferta y la demanda de bienes y servicios está

roto, monstruosamente visible en las colas.

La crisis consiste en recesión (tasas de crecimiento negativas del PIB y de la

inversión), inflación, desabastecimiento, escasez de bienes y salarios que no alcanzan a

cubrir el valor de la canasta alimentaria normativa, que ya se está convirtiendo en

depresión. Se han tejido dos explicaciones para la crisis que atraviesa la economía

nacional a comienzos de 2016: a) “la guerra económica”; y b) “agotamiento del modelo”

implantado. Las líneas que siguen se inscriben en segunda opción, la crisis es

consecuencia directa de un diseño de política económica que limita la oferta de bienes y

servicios y que estimula la demanda interna. El hostigamiento al sector privado y la

merma de las importaciones reduce la disponibilidad de bienes (Oferta). Y, frente a una

oferta que se contrae, la PE ha respondido de la peor manera posible: incremento

desmesurado de la demanda mediante la impresión de dinero inorgánico. En el intento de

mejorar el poder adquisitivo de los menos favorecidos y apuntalar la popularidad del

gobierno, al repartir dinero sin contrapartida productiva, logra el efecto contrario: escasez

e inflación y surgimiento de mercados negros. Al regular la tasa de ganancia por debajo

de lo normal, se provoca salida de capitales (desinversión), los productos se llevan al

extranjero de manera ilegal (contrabando) o emigran las personas, en busca de mejor

remuneración. Para conseguir los productos internamente, se evaden las regulaciones, se

eluden controles y se burlan los guardianes de precios en diversos lugares de forma no

concertadas, pero alineadas en el vigoroso empeño por restituir la fórmula del mercado,

por la sencilla razón que el dinero es para gastarlo, para comprar cosas. La PEB llega a un

verdadero callejón sin salida: ¿cómo destruir el mercado, si cada vez hay más dinero?

2. Supuestos de la Política Económica Bolivariana, PEB

La visión de conjunto de la PEB parte una premisa mayor: la inestabilidad de la

economía es ocasionada por la volatilidad de la renta petrolera, asociada a los vaivenes

del precio en el mercado internacional. Al cesar la fuente de inestabilidad, o mejor, al

zafarse de esa dependencia, se sientan las bases para un crecimiento “armónico,

sostenido y equilibrado”.

Premisa que se sostiene a partir de los siguientes supuestos:

2.1. Precios del barril en continuo ascenso

Los precios crecerán indefinidamente, a partir de 2003. No se trata de una

elaboración caprichosa de la élite dirigente para captar votos. Se apoya en la Teoría del

Pico de Hubbert, llamada así en honor al geólogo que la propuso, que se acomoda

bastante bien a la ideología anti-imperialista convertida en doctrina oficial. Esta hipótesis

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parte de dos afirmaciones: 1) la cantidad de petróleo existente en la tierra, cualquiera que

sea, es una magnitud finita; 2) llegará un punto en el tiempo, el Pico de Hubbert, en el

cual la humanidad habrá consumido la mitad del recurso, la otra mitad queda en el

“tanque”, constituyen las reservas. El “pico” ocurriría en 2006 ± 6 años. Las consecuencias

de esta especie de profecía apocalíptica son obvias. Se inicia un período de escasez

(Demanda mayor que la oferta) con la consecuente alza permanente de los precios.

2.2. Demanda garantizada

La producción mundial declina por agotamiento de los pozos, mientras el

consumo se expande a una tasa mayor, debido al progreso económico y al aumento de la

población. Todo barril extraído tendrá compradores. Los entusiastas seguidores de la

hipótesis de Hubbert estiman que el tanque petrolero del planeta alcanza para unos 40

años. Venezuela destaca por excepción, sus reservas alcanzan para tres siglos aun

duplicando la tasa de extracción actual. La posibilidad de exceso de barriles, la temida

sobreoferta de mercado, queda excluida del análisis.

2.3. Venezuela, país inmensamente rico

Venezuela posee enormes riquezas mal distribuidas. Sobre una lectura moral de

la economía, argumento esencial de la visión ideológica, la PEB, además de vislumbrar un

probable curso, condena un pasado ominoso. El empobrecimiento de las mayorías es

culpa de las cúpulas corruptas que se apoderaron de la renta, saquearon al país. En el

lapso 1981-1998 los precios del petróleo no descendieron, se llegó a ese nivel como

resultado de acciones u omisiones de irresponsables gobiernos apátridas que propiciaron

su declive, al actuar en favor de intereses extranjeros. Se introduce la idea distorsionada

que los precios se manipulan, “antes se regalaba el petróleo” Hay que impedir que vuelva

esa calamidad. “No volverán”, es norte y consigna del nuevo tiempo. El gobierno asume la

misión de repartir la riqueza atrapada en el subsuelo, incluso sin el concurso del esfuerzo

productivo. Es un derecho que cada quien reciba su gota de petróleo. Hasta el extranjero

ha de llegar el goteo, conforme a la visión integracionista del Libertador Simón Bolívar; el

calificativo “bolivariano” calza a la perfección. La solidaridad internacional es beneficiosa

en sí misma, y no menguará nuestra inmensa riqueza.

2.4. Caída de barril no amenaza continuidad del proyecto

Los descensos de precios, serán transitorios, accidentales, infrecuentes. En caso de

ocurrir, la OPEP reducirá sensatamente la oferta hasta recobrar la normalidad, es decir, la

tendencia alcista. Es más, un derrumbe de precios, lejos de representar una tragedia,

pudiera constituir una bendición para Venezuela, -no así para los demás países-, de

cumplirse el supuesto de alza permanente del barril. Los dólares que el petróleo deje de

proporcionar se compensarán con endeudamiento externo. Al subir el precio a un ritmo

superior a la tasa de interés, se obtiene una ganancia, al cancelar préstamos con menos

barriles equivalentes. Quizás sea innecesario, muchos países querrán efectuar compras

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pre-pagadas, con el fin de asegurar suministros. En ese escenario, la fortaleza económica

vendrá dada no por la cotización del barril sino por la cuantía de las reservas.

Una temporal insuficiencia de ingresos, puede ser suplida también con emisión de

deuda interna, un fabuloso negocio en las condiciones que surgen. En situación de

apremio, los pasivos contraídos en moneda nacional pueden cancelarse con ganancia,

recurriendo previamente a una devaluación. Se “licúa” la deuda, al honrar el compromiso

con menos dólares. En cualquier caso, Venezuela, el mayor reservorio del planeta, ante

una caída momentánea del precio, dispone de otra carta: incrementar la extracción sin

romper la disciplina en el seno de la OPEP, ya que el criterio para la asignación de cuotas

es precisamente la magnitud de las reservas.

2.5. Venezuela, Potencia Energética mundial

Altos precios permitirán explotar costosos crudos pesados de la Faja Petrolífera del

Orinoco (FPO), que de otro modo quedarían atrapados en el subsuelo. Más temprano que

tarde, Venezuela, inevitablemente, designio divino o azar geológico, ha de convertirse en

potencia. Elevadas reservas y precios altos prefiguran dólares en abundancia y riqueza

creciente. El Plan Siembra Petrolera, lanzado en 2005, recoge en líneas gruesas la profecía

de la Potencia Energética. Los precios crecerán al menos a una tasa del 15% anual. La

producción comenzará con 3 millones de barriles diarios, se duplicará en un lapso de 6

años para volverse a duplicar más adelante.

Fuente: MENPET, PDVSA

Se usa el término profecía en el sentido de ocurrencia inevitable de un suceso

anticipado, sin definición del conjunto de pasos secuencialmente ordenados, articulados,

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para acercarse a una imagen-objetivo, en cuyo caso sería planificación. La PEB, en

adelante, actuará alineada y alienada con esta perspectiva, tomando como dato cierto la

incógnita mayor de la ecuación económica: el precio futuro del recurso. La Epifanía de la

Potencia Energética además de prometer suprema felicidad, corre aparejada con un

mensaje persistente, difundido por todos los medios en todo momento: llegar al final de

trayecto, la conquista de la utopía, es posible, sí y sólo sí, se acatan reverencialmente las

sabias instrucciones del líder y los revolucionarios repelen sin tregua ni descanso

eventuales agresiones de opositores reales e imaginarios.

El gráfico insertado muestra las ambiciosas proyecciones de precios y producción.

Puede apreciarse que el vaticinio de precios altos se cumple de modo general, aunque

falla estrepitosamente en cuanto a producción. Los precios caen en tres ocasiones. A cada

desplome le sigue una recuperación con ímpetu mayor. Esta ha sido la pauta. Está por

verse si en la presente encrucijada sale del foso a comienzos de 2016, pero esa materia

pertenece a otras páginas, cuando se efectúe el balance de lo acontecido. Subráyese por

ahora la extrema fragilidad del argumento cuyos elementos básicos se explican en la

siguiente sección.

3. Las directrices generales de la PEB

En la Venezuela Potencia, la política económica operativa tradicional (cambiaria,

fiscal, monetaria y de precios) pierde relevancia y espacio, existe como complemento

insustancial, subordinada y alineada con objetivos políticos y sociales mayores. La

necesidad de expandir la revolución fuera del marco nacional requiere la construcción de

cuidadosas alianzas, por encima de las conveniencias comerciales, según afinidad política

o ideológica, que impidan bloqueos y sanciones: la ALBA, PETROCARIBE, PETROSUR,

UNASUR, CELAC, convenios con Cuba, Rusia y China, forman parte de esa estrategia. La

PEB cumple la parte que le toca desarrollar de un programa a largo plazo, 20 años,

delineado en el “Proyecto Simón Bolívar”. Apunta al logro de dos objetivos supremos:

reparto Ejecutivo de la renta petrolera (no sujeta a reglas) para mantenerse en el poder al

paso que va erradicando la pobreza y “la destrucción de los viejos elementos de la

sociedad capitalista”, entendido como hostigamiento a la empresa mercantil. Objetivos

interrelacionados que tienen como prelación un requisito jurídico-político que pasamos a

dar cuenta.

2.1. Apropiación de los excedentes

Luego de convertir a PDVSA en empresa “roja-rojita” en 2003, el primer paso de la

PEB es, por fuerza, la apropiación de la renta petrolera por parte el Poder Ejecutivo, tomar

para sí las divisas que constitucionalmente pertenecen a los venezolanos. De acuerdo a lo

dispuesto en la Constitución y las leyes, si el gobierno, como cualquier agente económico,

necesita dólares, debe comprarlos al BCV, como siempre fue. Disposiciones a ser

removidas por decretos-leyes especiales, de manera unilateral (leyes habilitantes) o por

simples providencias administrativas. Se facultar al Poder Ejecutivo, más precisamente al

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Presidente de la República, para disponer sumas crecientes de dólares sin contrapartida,

que de manera obligatoria suministran el BCV y PDVSA, depositados en fondos especiales.

La estrategia del Ejecutivo diseñada para apropiarse de la Renta, avanza en cuatro

direcciones con ritmos diferentes, vías que se entrecruzan y afectan mutuamente pero se

ejecutan por separado, ocultando el verdadero propósito,: a) creación de “excedentes” en

el presupuesto nacional al subestimar el precio del petróleo; b) aplicación de gastos

directos de PDVSA en Desarrollo Social, no enterados en el Presupuesto; c) constitución

de Fondos Especiales del Ejecutivo, con aportes del BCV y PDVSA; d) apropiación de la

Contribución especial por precios extraordinarios de los hidrocarburos.

En la medida que disminuyan los aportes petroleros al Presupuesto, vía sustracción

de excedentes, aumenta el músculo financiero paralelo. Es difícil anticipar el curso de la

política a seguir en el manejo de los fondos, debido a su carácter discrecional y porque

involucra secretas adquisiciones de pertrechos militares. Se tendrá una gran alcancía, y

una autorización presidencial para movilizar recursos. La oposición política y las otras

ramas y niveles del poder público quedan excluidos de consulta.

2.2. Reparto discrecional (no sujeto a reglas) de la renta

La renta petrolera se divide en tres toletes: la que va a los fondos especiales, la

contribución al presupuesto y la que se dirige a las reservas internacionales, que

constitucionalmente corresponde administrar al BCV, pero que pasó a ser controlada por

una comisión presidencial.

La distribución popular de la renta, financiada en lo esencial con fondos especiales,

atendería a tres objetivos: a) saldar la deuda social acumulada con los sectores menos

favorecidos, impulsar el gasto social (alimentación, educación, salud y asignaciones

monetarias directas) para resolver el problema de la pobreza; b) una política anti-

mercado, que avanzaría en dos direcciones. Por un lado, promoción de un Nuevo Modelo

Productivo, empresas del Estado, cooperativas y empresas de propiedad social; que

sustituirían a la empresa privada y por el otro, un programa de nacionalizaciones y

expropiaciones, acompañado de regulaciones, controles y restricciones a la libertad de

empresa que impidiesen la reproducción del modelo capitalista, basado en iniciativa

privada y en la obtención de lucro; y c) desplegar una portentosa campaña de propaganda

y de promoción del líder, que lo hicieran imbatible en las contiendas electorales, para

garantizar la permanencia en el poder.

Se dijo que la política económica instrumental pasa a segundo plano. Desde 2003,

la PEB se limita al destino de la renta petrolera y la destrucción del mercado. Este cambio

de orientación se entendería después, entretanto, lo que se presentó al gran público,

siguiendo los manuales en uso, fue que, luego de la turbulencia del paro golpista de 2002,

se requería una orientación de política económica diferente.

En ese orden de ideas, la propuesta del gobierno fue:

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La Política Económica Operativa o instrumental

3.1. Política Cambiaria

A la par de un control de precios –a productos de consumo masivo, médicos, de

aseo y servicios- el 6-02-2003 se instaura un Control de Cambio, según se dijo, para

contrarrestar nocivos efectos derivados de: a) la reducción del ingreso petrolero y b) del

paro empresarial y petrolero. Así nace la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),

dependiente de la Presidencia de la República. Ya no será el mercado, ni el BCV; será el

Ejecutivo, oferente único, quien dirá a quiénes, cuántos y a qué tasa se entregan los

dólares. (Entre 1996 y 2002 las empresas y las personas podían comprar dólares

libremente y el valor fluctuaba en una banda, con un piso y un techo).

La economía tendría un tipo de cambio fijo, controlado políticamente, por decreto.

Se contendría la inflación asignando un precio al dólar (tipo de cambio) por debajo del

valor de mercado (bolívar sobrevaluado). Los insumos y productos importados resultarían

baratos, permitiendo estabilizar lo economía, mientras se iban gestando las bases del

“despegue” económico endógeno.

Se pensó que eran medidas transitorias. Su permanencia, hizo patente la intención

de obviar el mecanismo de mercado y restringir el sistema de libertades económicas. El

gobierno “rompió” paulatinamente con los postulados del libre comercio, que sirvieron de

fundamento doctrinario a los dos mandatarios anteriores (CAP y Caldera) y a sus primeros

5 años. Se hizo claro que emprendía el camino opuesto, el intervencionismo estatal, el

enfrentamiento con el sector privado y la colectivización de la economía.

Con el control de cambio se perseguía, según se esgrimió: 1) contener la fuga de

divisas o salida de capitales, 2) democratizar su uso estableciendo límites por persona

(cupos para viajeros y compras electrónicas) y 3) canalizar las importaciones hacia bienes

necesarios para el desarrollo nacional (que lograría el abastecimiento y contendría la

inflación). Tal disposición vendría acompañada de beneficios adicionales: a) las empresas

que solicitaran dólares a CADIVI estaban obligadas a demostrar Solvencia Laboral (con

los trabajadores, SSO, política habitacional, INCE, etc.) y Solvencia Fiscal (estar al día con

el SENIAT); b) incremento de los ingresos públicos; c) disminución de la informalidad

laboral, y d) el más importante -si se cumplía la secuencia de eventos descrita- se

incrementaría notablemente el empleo en el sector privado de la economía. Resumiendo:

asignación racional de las divisas, freno a la inflación, formalidad laboral, mejoras en la

recaudación y pleno empleo.

El sistema cambiario controlado ha sido reformado muchas veces en los 13 años

de vigencia, manteniendo sobrevaluada la moneda. Mediante resoluciones, llamadas

Providencias, se fue configurando un entramado engorroso, confuso y poco entendible

para los usuarios, por la cantidad de aspectos que regula. Pero de una sencillez

apabullante, si se mira desde la óptica gubernamental. Es al Ejecutivo, sólo a él, quien

compete determinar el destino de los dólares. Aunque en ocasiones el sistema cambiario

se use como instrumento de política fiscal para cubrir déficits, o como parte de la política

monetaria para absorber los excesos de liquidez, esa no es su función primordial. Su

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propósito es poner a su disposición del Ejecutivo mayores porciones de renta petrolera al

margen del presupuesto nacional. Luego se retomará este punto. Por ahora, se muestran

las modificaciones formales efectuadas.

Cuadro N° 2 (a): Evolución del Tipo de Cambio. (BsF x US$). Período 2003-2010

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tipo de cambio (Bs) 1,68 1,92 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,60

CADIVI (Bs)

4,30

SITME (Bs) 5,30

Dólar permuta (Bs) 1.92 2,70 3,40 4,40 5,15 5,97 9,14

Devaluación % 38,6 19,4 12 0 0 0 0 72,8

BCV y cálculos propios.

La primera fila refleja que en el tramo 2003-2005 continuaron las devaluaciones;

cesan durante el quinquenio 2005-2009, en el cual se adopta un tipo de cambio fijo y

único, 2150 Bs x dólar. Patrón que no pudo prolongarse por la crisis financiera mundial, la

caída del ingreso petrolero trajo de nuevo las devaluaciones. En 2008 se quitan 3 ceros a

la moneda y se implanta el bolívar fuerte.

El cuadro también pone de relieve otro asunto importante. Desmiente la idea que

“se estableció un estricto y severo control de cambio”. Sencillamente, no es verdad.

Siempre dispuso de formas alternativas para acceder a dólares, cerradas y reabiertas con

otros nombres, pero con la misma función, distintas a la CADIVI. De hecho, mediante el

llamado dólar permuta y acciones de la CANTV, entre 2000 y 2009, se conseguían dólares

de manera legal, con las casas de cambio y casas de bolsa. En 2010, se establece un tipo

de cambio dual (2,60 Bs. para sectores prioritarios y Bs. 4,30 para el resto), lo que antes

hacía el sector privado, será encomendado al SITME, Sistema de Transacciones con

Títulos en Moneda Extranjera, con una tasa de Bs. 5,30, quien controlará las asignaciones

dirigido por un ente distinto: el BCV.

El dólar negro (paralelo), que siempre fue recurso alterno de poca significación,

agarra vuelo en 2010, cuando empiezan a ser insuficientes los dólares oficiales. La crisis

bursátil 2008, como es conocido, provocó recesión en muchos países. Al contraerse la

demanda de hidrocarburos bajaron los precios, ocasionando diversos problemas: caída de

las exportaciones, merma de las importaciones, déficit fiscal y desabastecimiento. Luego

de esperar un año “a ver qué pasaba con el precio del barril”, las autoridades comprenden

que la tasa de 2,15 no puede sostenerse en este escenario de restricciones. Había que

devaluar, y así se hizo.

Cuadro N° 2 (b): Evolución del Tipo de Cambio. (Bs. por US$). Período 2010-2015

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tipo de cambio 2,60 4,30 4,30 6,30

CADIVI-CENCOEX 4,30 4,30 4,30 6,30 6,30 6,30

12

SITME 5,30 5,30 5,30 ---- ---- ----

SICAD 6,30 ----- Flota

12 SICAD I 10,8

SICAD II 49,9

SIMADI libre

Dólar paralelo 9,14 15-17 17-24 25-72 72-163 188

Devaluación % 72,8 27,1 6,2 38,2 ¿? ¿?

BCV y cálculos propios.

El Cuadro N° 2(b), muestra la unificación cambiaria (4,30 Bs F) decretada en 2011,

y el valor asignado a la tasa SITME hasta febrero de 2103. Este mecanismo se elimina

ante escandalosas denuncias de irregularidades. Con funciones similares, lo reemplazará el

Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, un régimen de cambios

múltiples. En 2014 se sustituye CADIVI por el Centro Nacional de Comercio Exterior,

CENCOEX, adscrito esta vez a la Vice-Presidencia de la República. En Febrero de 2015, se

anuncia un sistema cambiario de “tres mercados”, con una tasa de cambio preferencial

de Bs. 6,30 por dólar, un “sistema de subastas” que unifica los SICAD con una tasa “piso”

de 12 Bs x $, y un tercer mercado libre, Sistema Marginal de Divisas, SIMADI, “donde

podrán participar los sectores privados”, y se venderán bonos de deuda y dólares en

efectivo, a una tasa que irá dictando el juego de la oferta y la demanda, para “torcerle

el pescuezo al paralelo”. Arrancó con una tasa de 170 Bs x dólar.

El “paralelo” desde entonces emprendió una carrera indetenible, ante la insuficiencia

de la provisión oficial de divisas, la especulación y la necesidad de insumos y bienes

extranjeros.

Conviene aclarar que el gobierno puede poner los dólares que recibe del resto del

mundo, y que no precisan de esfuerzo productivo (no le cuestan nada), a disposición de

los particulares a través del mercado a cualquier tasa de cambio. El límite inferior de esta

última, en todo caso, viene determinado por requerimientos de fondos fiscales (Baptista,

2010). Pero también puede restringir la entrega de dólares al sector privado, o utilizarlos

directamente para cumplir sus propios fines de estatización de la economía, como de

hecho ha ocurrido. Debido a que la estrategia fiscal es financiar el presupuesto con

impuestos internos deslastrándose del aporte petrolero, excepcionalmente recurrirá a la

devaluación. Como el propósito es abastecer el mercado local con productos foráneos, lo

aconsejable es tener una moneda con gran poder de compra en el extranjero, esto es

sobrevaluar el bolívar (630 Bs. es una cifra insignificante en el país, que no compra medio

kg de cebolla; pero al cambio preferencial de 6,30 Bs. son 100 dólares, que pueden

comprar un celular en EEUU). Es así como el gobierno, sea cual sea el procedimiento para

la entrega de dólares a cambio de bolívares, pone en manos privadas parte de la renta

propiedad del Estado, mediante la entrega de más poder de compra del que recibe a

cambio. Obviamente, como no hay libertad cambiaria, no todos tienen acceso a la golilla.

El control selecciona quiénes pueden cambiar el medio Kg de cebolla por el celular,

pasando por el puente de CADIVI. Por ese intercambio desigual, en el pasadizo del

control, puede hacer ricos en un santiamén a unos cuantos.

13

La sobrevaluación permite la importación ventajosa de bienes de todo tipo.

Impide los estragos de la inflación importada y aumenta el poder adquisitivo de la

población, al poner a su disposición bienes baratos. De ella se aprovechan tanto

importadores privados y gubernamentales, viajeros, y toda suerte de especuladores. La

bonanza petrolera y la sobrevaluación nos convirtieron en país importador desenfrenado

(60% de los bienes provienen del extranjero). La sobrevaluación se convierte en el nervio

central de la PEB, llevada al extremo del desquicio.

Por diversas razones, Venezuela no ha podido controlar la inflación. Al mantener la

tasa de cambio fija, los productos importados se hacen más baratos. Cabe inquirir que si

la comida es más barata en la calle, nadie cocina en su casa. Por el mismo motivo,

empresarios devienen en importadores, productores en comerciantes y profesionales en

revendedores. La PEB anula en la práctica la aspiración del desarrollo endógeno. La

pretendida industrialización por sustitución de importaciones, termina transfigurada en un

esquema al revés, sustitución de producción nacional por bienes importados.

En cuanto a la llamada “democratización del uso de las divisas”, uno de los

objetivos perseguidos, cabe precisar que sólo han tenido acceso al sistema los titulares de

tarjetas de crédito (clase media y alta), unos 2 millones de usuarios; las asignaciones por

persona han ido reduciéndose con el fin de cumplir la promesa “dólares sólo para el

pueblo”. Un análisis detenido del sistema cambiario, revela un racionamiento de las

divisas, que se deriva no de administrar un flujo de divisas en declinación, sino que, por

diseño, el Ejecutivo cada vez aparta para sí una mayor porción de petrodólares, con el fin

de abastecer sus programas de distribución de alimentos, de consolidar la revolución y

reducir la participación del sector privado, tal como se indica en el Plan de la Patria.

Cuadro N° 4. Límite máximo de Asignaciones de dólares por Tarjetahabiente. Venezuela. Período: 2003-2014

Asignaciones 2003 2007 2008 2010 2014 2015

Cupo Viajero $ anual 5000 5000 3000 2500 2500 2500

Remesas exterior $/mes 500 1800 900 500 ¿?

Cupo Internet $ anual 3000 400 400 300 300

Efectivo $ anual 600 600 500 400 ¿?

FUENTE: CADIVI, CENCOEX (2014)

La información vertida se explica por sí sola, a los viajeros se les hace cada vez

más difícil salir del país; se les “da” cada vez menos. Se intensifican los requisitos para

acceder a divisas en 2010, y se diversifican los montos por destino. En 2014, las

asignaciones, que se hacían a dólar preferencial, se trasladan a Tasa SICAD I, incluido el

precio de los boletos aéreos. Aun así, persiste el diferencial y sigue siendo atractivo

adquirir dólares, para reventa. Cierto es que se restringe la movilidad de viajeros; pero no

la de mercancías y capitales, dando lugar a negocios semi-clandestinos, algunos

descaradamente ilícitos. El cupo internet, recortado paulatinamente, desde junio 2015 se

14

encuentra inactivo “hasta nuevo aviso” y se ha obligado a los tarjetahabientes a migrar

hacia la banca pública, al parecer murió.

La fiebre de importaciones y salida de capitales con

sus nefastos efectos se tratará más adelante, aquí

consígnese que las distorsiones cambiarias prohijaron

una verdadera legión de avispados en torno a la

CADIVI: “carpeta-habientes, “raspa cupos”, “viajeros

ficticios”, importadores de maletín, remesas

fraudulentas, sobre facturadores de envíos,

aprovechadores todos del diferencial cambiario (dólar

negro-valor dólar oficial). En 2012 por ejemplo, un

viajero con gasto autorizado en sus Tarjetas por

2500$ en el Perú, consumía 1000$ y “raspaba” 1500$

en efectivo, para vender en el mercado negro, por

seis veces su precio de compra. Al transitar por la

“cámara secreta”, le quedaba el equivalente al salario

mínimo devengado en un año.

El diferencial cambiario y la política sistemática de subsidios a los alimentos de la

dieta básica del venezolano implementada por el gobierno bolivariano, constituye quizás

los principales incentivos al contrabando de extracción, estimado por algunos ministros en

15% de la producción nacional (la mitad del índice de escasez reportado por el BCV) y a

más de 150 mil barriles/día en fuga de combustibles. Un producto regulado cuesta, en

promedio, 8 veces más en Colombia; vendiéndolo con rebaja, deja una ganancia

astronómica. Un litro de gasolina cuesta 700 veces más. La fabulosa “fuga” de mercancías

es similar al negocio del “raspado” en cuanto a las ganancias, pero comporta riesgos de

decomiso, vacunas y otras desventuras.

Esos desajustes incubaron una creciente “ninfomanía por los dólares y una brutal

dependencia de las importaciones”, en palabras del ministro Giordani. En esas

circunstancias, los dólares fueron escaseando. Escasez acentuada por la estrategia oficial

de estimular la salida de divisas, poco divulgada pero de gran poder corrosivo.

Operaciones legales en las cuales el BCV depositaba en cuentas en el exterior los dólares

que “los seleccionados” compraron en bolívares, a una tasa ligeramente superior a la

oficial, pero muy lejos del valor de mercado, generando una “utilidad cambiaria” al banco

y una cucharada grande para el tenedor. Por esta razón en Venezuela no puede hablarse

en estricto sentido de “fuga de divisas”.

Un balance preliminar de la política cambiaria llevada a cabo, revela que mientras

el precio del petróleo estuvo al alza no hubo mayores problemas ni escasez. Tras la crisis

financiera mundial del 2008, la situación se complica. Los gastos de divisas del gobierno y

PDVSA superan las entradas petroleras. La solución circunstancial fue endeudar a PDVSA

para alimentar el Sistema Integral de Transacciones en Moneda Extranjera, SITME, para

combatir el alza en el precio del paralelo, se procedió a quemar reservas para estabilizar el

mercado cambiario (Guerra, 2013). Contener la inflación sin devaluar era y es crucial.

El tipo de cambio, el

nivel de importaciones, el monto asignado para cupos de viajeros, más que de la disponibilidad de divisas del país, valga decir del ingreso

petrolero, dependen del objetivo consolidar el proyecto político donde el Estado controla todo.

15

Levantar los controles, que es lo aconsejable, implica que el mismo Ejecutivo de disminuya

el poder económico.

En 2010, presionado por recurrentes déficits públicos, el gobierno se ve en la

necesidad emitir más deuda y devaluar drásticamente la moneda. Acompaña las medidas

con el cierre de las casas de bolsa, para detener la sangría de divisas. A estas alturas, era

patente que el anhelado desarrollo endógeno no se avizoraba por ningún lado, promo-

viéndose, más bien, todo lo contrario: importaciones masivas, con el fin de evitar el

desabastecimiento. En 2013, se evidencia la crisis, las divisas no alcanzan, ni con un barril

a 103,2$US, en la llamada potencia energética mundial. Punto se aborda de manera crítica

en la parte final del documento.

De vuelta a la tema del control cambiario iniciado en 2003 y su relación con la PEB,

al represar la salida de divisas –siguiendo el argumento oficial-, tal como se confirmó

posteriormente, aumentaría el dinero en circulación, (fundamentalmente en los bancos)

obligando a la adopción de medidas estabilizadoras en otros ámbitos. Es decir, había que

definir ¿qué hacer con tanta masa monetaria en circulación? con el fin de ser coherentes

en el diseño de una política de crecimiento sin inflación.

3.2. La Política Monetaria expansiva

Una mayor cantidad de dinero en circulación, provocaría una caída en las tasas de

interés, estimulando la inversión privada y, desde luego, la producción nacional no

petrolera. Eso se dijo. Tasas de interés bajas posibilitaría que pequeños empresarios y

emprendedores accedieran al crédito, se animaran a invertir y, bajo estas condiciones

favorables, se estimularía la creación de microempresas, la proliferación de cooperativas y

nuevas formas de organización productiva, previstas en el Plan de Desarrollo de la Nación.

Apoyados desde diversos organismos y ministerios, y respaldados por un conjunto de

leyes especiales que establecían carteras obligatorias y tasas preferenciales para

actividades consideradas prioritarias decretadas ejecutivamente. De esta forma, la política

monetaria serviría a la promoción del crecimiento y desarrollo endógeno.

La trayectoria de la liquidez monetaria en los últimos años muestra una expansión

descomunal. Leve expansión hasta 2005, crecimiento moderado entre 2006 y 2010,

expansión violenta después de 2011, tal como se aprecia en el Gráfico 1. Este

comportamiento estrambótico encuentra explicación en la constante inyección de bolívares

como resultado de contratación de deuda pública, devaluación de la moneda y emisión de

dinero inorgánico, acentuada en los últimos 4 años con el fin de cubrir déficits fiscales.

Las reservas internacionales en poder del Banco Central de Venezuela, se ubicaron

a comienzos de noviembre 2015 en 14.486 millones de dólares. Cifra que representa una

contracción de 45,7% en los últimos siete años, pero en paralelo se produjo un

crecimiento de 921% en el monto de la liquidez monetaria (M2). Eso significa que existen

en circulación más bolívares respaldados por menos dólares.

16

Gráfico 1. Liquidez Monetaria en Venezuela. 1996-2014

Fuente: BCV.

El carácter expansivo de la política monetaria no descarta ocasionales operaciones

de absorción, ni incrementos en el tope de los encajes, creando cierta confusión. Se

emiten bonos con la excusa “recoger exceso de liquidez”, que van dejando, “de pasada”,

jugosas ganancias a la banca comercial, que encuentran un pasadizo cómodo para colocar

dinero ocioso. En realidad, se trata de operaciones para que el Ejecutivo disponga de

recursos adicionales para extender la cobertura de sus programas sociales y aumentar la

nómina improductiva del sector público: militares, milicias, becas, transferencias en

metálico, aumento del salario mínimo. Transferencias directas de dinero a través de las

misiones para mejorar el consumo del venezolano, rompiendo todo vínculo con la

actividad productiva. Lo importante es que la gente, antes excluida, tenga que agradecer

por el dinero entregado para mitigar sus necesidades. Esto proporciona rédito político,

cualquier mejora en el nivel de vida de gruesos sectores de la población se acredita a las

misiones del gobierno-redentor y no a mecanismos remunerativos de naturaleza laboral, ni

a la preparación o competencia del trabajador.

La magnitud de la liquidez monetaria ha crecido de manera sustancial frente al

tamaño real de la economía: mientras que para el primer trimestre de 1999 circulaban BsF

1,05 por cada unidad de producto interno bruto (PIB), para el cierre de 2014 circulaban

BsF 124,2 por cada unidad de PIB.

Para julio de 2015, en Venezuela circula BsF 89.608 por ciudadano, lo que

representa un aumento significativo frente a los BsF 5.520 per cápita que circulaban en

enero de 2008, momento en que entra en vigencia el bolívar fuerte.

La ideología “oficial” pregona que la inflación no es el resultado de un exceso de

dinero, sino de la voracidad sin límite de los capitalistas. Las empresas especulan, por eso

se crean organismos en defensa del consumidor, del pueblo, de los derechos económicos,

encargados de ejercer contraloría.

En conclusión, la PE monetaria es altamente Expansiva, bien porque buena parte

de los petro-dólares se convierte en bolívares, o bien porque aumenta el gasto público vía

2010

17

endeudamiento o devaluación o porque sencillamente emite dinero sin respaldo. En

consecuencia, “le toca al BCV ir a limpiar el reguero” (política contractiva), absorber

excesos de liquidez. Este “secado” es insignificante en comparación con la magnitud y

efectos de las emisiones. Con frecuencia se aplica en secuencia para que no choque con

los “regueros”. El saldo es netamente expansivo debido a la gigantesca creación de

dinero hace la política monetaria y las inyecciones monetarias que hace la política fiscal,

que se examina en la siguiente sección.

La expansión “enloquecida” de la liquidez monetaria, tasa interanual del 55% en

promedio para el período 2010-2015, que viene a constituir la demanda interna, frente al

nimio crecimiento de la oferta nacional (TCR PIB promedio 2,44% anual), induce por un

lado a niveles crecientes de importación, con el consabido sacrificio de divisas. Por el otro,

alimenta las llamas de la inflación. Cabe destacar que la inusitada expansión no es para

“estabilizar la economía y preservar el valor de la moneda”, como pudiera creerse, sino

para financiar el tren de gasto de la revolución (Oliveros, 2015). Violando, de paso, lo

dispuesto en el art. 320 de la CRBV, que prohíbe financiar o convalidar políticas fiscales

deficitarias. En 2010, se procedió a modificar la ley del Instituto emisor, desde entonces

el BCV puede “otorgar créditos con garantía de títulos de créditos emitidos por la

República o por sus entes descentralizados, así como de instrumentos relacionados”.

Adicionalmente, elimina el lapso máximo de duración de dichos créditos, que era de dos

años y ahora queda sujeto a la discreción del Directorio.

Tal expansión del circulante tendrá otros efectos indeseados. Mucho dinero en

manos del público, en ausencia de incrementos en la producción, conduciría, como se ha

insistido, a mayores niveles de importación pero, al contraerse el flujo de divisas (por

caída del barril y fuga de capitales) se desemboca con el paso del tiempo en escasez,

desabastecimiento, especulación, inflación. Las colas para comprar que se observan en la

Venezuela actual son fiel testimonio de un desequilibrio categórico entre la demanda y la

oferta. En el país, hay mucho dinero y poca producción. Si bien provoca un daño

económico colateral grave, tiene la extraña virtud política que los sectores populares,

antes excluidos, reciben dinero “sin ser explotados” por los capitalistas.

Aún cuando suene absurdo y cueste creerlo el BCV financia a PDVSA, al revés de lo

que supone la gente, desde 2010. La emisión inorgánica opera del modo siguiente. La

estatal petrolera cancela sus obligaciones al BCV con promesas de pago en dólares,

(recibe bolívares para efectuar gastos de desarrollo social) que luego pospone con otra

promesa de pago (bono). El FONDEN, el BANDES, el Banco del Tesoro, hacen otro tanto,

sobre la base de estos papeles, -elementales asientos contables-, el instituto emisor

imprime dinero (llamado inorgánico porque no tiene respaldo en dólares), que entra en

circulación alimentando vorazmente la inflación.

Se desconoce el monto exacto de las emisiones inorgánicas en los dos últimos

años, pero en 2013, alcanzó los 280 millardos de Bs.F., cuyo peso puede calibrarse al

saber que el presupuesto nacional ejecutado ascendió a 680 millardos de Bs.F.

18

3.3. La política Fiscal expansiva

Se dejó dicho que a partir de 2003 la PEB adquiere perfil y rumbo definidos,

estatización de la economía. Gira en torno al petróleo y se expresa en crecimiento

irrefrenable del gasto público. La transitoria reducción de la producción petrolera

venezolana provocada por el paro (recorte inducido de la oferta en 2002), por muy

paradójico que parezca, contribuyó a elevar el precio del barril en el mercado mundial, y

con ello el ingreso fiscal venezolano, una vez superada la contingencia y amainada la

conflictividad política.

La invasión norteamericana a Irak un

mes después del paro, (19 de marzo 2003) que

redujo aún más la oferta mundial, dispara el

precio, aumentando las divisas venezolanas. El

Gasto Público crece de manera desaforada e

imprevista, a un ritmo mayor que los ingresos;

entonces el fisco se inunda de bolívares. Se

gasta sin ahorrar, este es un rasgo constante de

la política económica de la administración de

Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.

Los ingresos fiscales crecen tanto por

incremento de la contribución petrolera como por aumento de recaudación interna, al

poner en vigor el SENIAT el plan “Evasión Cero” en 2005. Este último constituye logro

impresionante, al tomar en cuenta que antes de 1996 ni siquiera se cobraba el IVA.

El gasto se canalizaría hacia la inversión pública, dirigida a la construcción de

grandes obras de infraestructura (metros, ferrocarriles, carreteras, etc.) fomentaría el

empleo, el ingreso familiar, el consumo, resolviendo el grave problema del desempleo.

Avanzado el tiempo se tiene la certeza que los buenos deseos no se cumplieron. La

inversión, tanto pública como privada han seguido el curso del ciclo petrolero, al

desplomarse los precios se paralizan las inversiones, dejando la economía expuesta a

shocks. Así, luego de la crisis financiera 2008 se desploma el gasto de capital y el gasto

corriente, a pesar del endeudamiento creciente contratado. La evolución del gasto

contemplado en el Presupuesto Nacional, se registra en siguiente cuadro.

Cuadro N° 5: Discriminación del Gasto Público, como % del PIB. Venezuela.

Período 2003-2011

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gasto Corriente 20,8 19,6 19,0 22,0 19,7 19,8 20,5 19,0 21,7

Gasto de Capital 5,5 5,0 5,8 6,7 5,9 5,8 5,5 2,9 3,1

Fuente: Weisbrot (2012); Nota: No incluye los gastos de Desarrollo social efectuados por PDVSA.

Política fiscal expansiva, es el rasgo más sobresaliente de la PEB, sobretodo el correspondiente al denominado gasto social, posible gracias a los generosos precios del petróleo.

19

La información revela que el gasto corriente, con leves parpadeos, se mantiene. Su

comportamiento es independiente de los altibajos del precio del barril, aun cuando ésta

sea la fuente que permite su expansión. Detrás de esta conducta está la terca vocación

del gobierno de continuar expandiendo el gasto social, así tenga que recortar Gasto de

Capital o recurrir a endeudamiento.

La política fiscal, expansiva por diseño, se encargará de dispensar bienes y

servicios gratuitos o a precios simbólicos, exhibición fastuosa de bondades del socialismo,

muy superior al capitalismo, a pesar de que precios del petróleo circunstancialmente

caigan. Una vez se recuperen, se saldarán las deudas y sobrevendrá la abundancia de

dólares en la potencia energética, tal como aconteció en 2003 y en 2010, de acuerdo al

supuesto de precios petroleros ascendentes a largo plazo. Que el Gasto Público tenga que

financiarse con endeudamiento, devaluación o emisión inorgánica de dinero, no constituye

problema alguno, en esta visión de las cosas, tal como se explica.

La deuda interna lejos de ser una carga, se ha

convertido en negocio fabuloso. Al cancelar pasivos

contraídos en moneda nacional luego de una

devaluación, se están entregando menos dólares. Por

Ejemplo, un préstamo por 2150 Bs. Contratado en

2004, (en dólares y a cambio oficial eran 1000 dólares

ese año, cuando 1$ = 2,15 Bs.); al momento de

cancelar, en 2010, sin contar los intereses, se están

cediendo apenas 500 dólares, puesto que el 1$ = 4,30 Bs. A esto se le llama “licuar la

deuda”. Se deja a la libre imaginación del lector conjeturar lo que pasará si el precio del

dólar se ubica en 300 Bs., que se presume ocurrirá pronto. Con una tasa así la deuda

interna será insignificante.

Estas medidas si bien benefician al gobierno, lesionan fatalmente al sector privado,

al quedar expuesto a descapitalización, pérdida de valor de sus activos. Para protegerse,

los banqueros optan por buscar refugio, proteger sus activos manteniendo su patrimonio

en dólares. Otra razón más para sacar los capitales del país.

Otro tanto ocurre con la deuda externa.

A pesar de proclamas en contrario, la tentación de endeudamiento externo en

épocas de bonanza, no ha podido contenerse, ni antes ni ahora. ¿Cómo no dejarse seducir

por tan fantástico negocio?, sabiendo que a la final, la deuda externa se cancelará con

barriles. Curiosamente, una deuda pagadera al vencimiento, contraída por ejemplo en

1998 por 1000 dólares, (100 barriles de petróleo ese año, Precio = 10 $USA), verá reducir

su valor. En el año de vencimiento, 2012, el precio del barril es 100$, entonces se está

cancelando con 10 barriles apenas, sin contar los intereses. Mejor, imposible. El drama

impensable, de terror, es que si se desploman los precios a la mitad, se revierten las

condiciones: hay que entregar el doble de barriles, por la misma deuda + los intereses.

Construir una serie estadística que dé cuenta de la trayectoria del Gasto ejecutado,

sin que importe saber la fuente de financiamiento en el período, es difícil, si no imposible,

ya que desde 2004 se discrimina en 3 porciones: a) Gasto Programado incluido en

El gasto público creciente, dispensando bienes y servicios gratuitos, servirá para

mostrar las bondades del socialismo

20

Presupuesto; b) Aportes de PDVSA al desarrollo social y c) Fondos Especiales que se

crean, amparados en lo que dio en llamarse “distribución popular de la renta petrolera”.

Tal modo de proceder, comenzó con la solicitud presidencial de un “millardito” para

la agricultura, al BCV en un Aló Presidente. Ante la negativa del instituto, se modifica la

ley que lo rige y se crean fondos especiales como FONDESPA, FONDO MIRANDA Y

FONDEN, que, entre 2005-2013 “ha manejado 115 millardos de dólares”, según reporte

oficial del Ministerio de Finanzas; cifra respetable si se compara con 15 millardos $USA, el

monto de las reservas internacionales a comienzos de 2016. Fondos Especiales (18 en

total) que se alimentan con aportes obligatorios del BCV y PDVSA, manejados

discrecionalmente, violando leyes y reglamentos de la administración financiera del sector

público, incluyendo a la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que

dispone en su Artículo 314: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en

la Ley de Presupuesto”.

Otro expediente utilizado para desviar recursos hacia fondos especiales, es la

subestimación del precio del petróleo en las cuentas del presupuesto. La diferencia entre

el precio de realización y el estimado contable queda a disposición del Ejecutivo para

actividades no programadas. Públicamente, la PEB asume la distribución discrecional como

rasgo visible y sin rendición de cuentas a la Asamblea Nacional.

A manera de síntesis, la política fiscal ha sido claramente expansiva, sin importar

que los gastos sean mayores que los ingresos públicos, ocasionado déficits recurrentes.

No hay ahorro público de manera previsiva para enfrentar eventuales caídas del ingreso

petrolero. Esa contingencia está excluida del análisis. Dado que endeudarse no trae

problemas, ni hay restricciones para la impresión de dinero sin respaldo, el gasto social

seguirá expandiéndose, hasta el colapso total del sistema. Ya sea pensando en intereses

políticos y electorales, o en atención a la justicia social, o por una especie de derecho

natural sobre gotas de petróleo, tarde o temprano, es fácil vislumbrar el colapso de este

modelo improductivo. Se hará insostenible en la medida que el ingreso petrolero crezca a

un ritmo menor que el gasto público. De hecho, ya ocurrió. Sus estragos están en pleno

desarrollo.

3.4. La Política Social y la Distribución del ingreso

Una parte del gasto público, desde el inicio de la gestión de Chávez, venía

dirigiéndose a la promoción de un “Nuevo Modelo de Producción Social”, NMP, del cual se

hablaba sin especificar su naturaleza y viabilidad, excepto la promoción de cooperativas.

Será en diciembre de 2007 con la propuesta de Reforma Constitucional, fallida pero

echada a andar de todos modos, que se imprima dirección precisa a los objetivos de la

revolución, cuando se anuncia el Socialismo del siglo XXI, (Empresas del Estado, Empresas

Mixtas, Empresas Comunales, Empresas Socialistas, Cooperativas, Empresas de

Producción Social), y enfrentamiento feroz al sector privado (controles, regulaciones,

acusación de explotadores, acaparadores y sujetos de expropiación).

Según el diseño, se expandiría la oferta de bienes y servicios con el concurso de un

NMP cada vez más vigoroso en alianza con empresas del Estado. Por el lado de la

21

demanda, se incrementarían los montos de las pensiones y los pensionados, se pagaría la

“enorme deuda social acumulada”, se otorgarían becas, ayudas, subvenciones

(transferencias directas en dinero) y se dispensarían gratuitamente o con subsidio bienes y

servicios: educación salud, seguridad, alimentación y vivienda, a los sectores populares.

En relación a esto, una precisión es menester.

La versión ideológica que intenta vender a las misiones –sin éxito, por cierto-,

como extensión o desarrollo de ciertas previsiones programáticas del Proyecto Simón

Bolívar, encontrará como adversario al propio presidente Chávez quien asume el encargo

de desmentir tales falsificaciones. Al respecto cuenta la siguiente anécdota:

“Presidente, si el referéndum fuera ahorita (SIC) usted lo perdería”. Yo recuerdo que aquella noche para mí fue una bomba aquello. . . Entonces fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel. Le dije: “Mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza”, y me dijo: “Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo.” Ver texto completo en Chávez (2004; p. 48).

A partir de 2003, las misiones se convierten en el centro de lo que será la política

distributiva-social del gobierno. Se abandonan programas previos y con ellos las

instituciones que los impulsan –por ejemplo el FUS y el Plan Bolívar 2000, ruta de la

empanada, gallineros verticales-; dándole el gobierno prioridad a las acciones organizadas

alrededor de aquellas.

Ya para el quinto año de gobierno, el Ingreso Público (Petróleo y Tributos + deuda

+ devaluación) había crecido tanto que se pudo financiar cualquier actividad por extraña,

improvisada o descabellada que pareciera. Un año después de creadas las cuatro

primeras misiones, apoyadas por personal cubano, en Venezuela no se habla sino de

misiones, ahora sí todas con acento nacional. Desde el ángulo económico, esto viene a

constituirse en la expansión sin precedentes del gasto corriente, llamado Gasto Social (que

no se dirige a la inversión sino a la satisfacción de las necesidades inmediatas),

fortaleciendo el consumo (demanda).

Más allá de estas consideraciones, es necesario reconocer que las mismas apuntan

más a tratar de resolver el problema de la exclusión, básicamente las relacionadas con los

aspectos educativos, de empleo y salud, alimentación, sin saber a ciencia cierta qué son

en realidad, ¿programas permanentes o proyectos transitorios? (D´Elia, 2006).

Cabe mencionar por separado la Misión “Vuelvan Caras”, por lo promisorio de los

resultados esperados y la importancia económica atribuida. En el diseño, en breve tiempo

se prepararía la mano de obra necesaria para gestionar cooperativas y otras formas de

organización que incrementarían la oferta nacional de bienes y servicios. Más tarde, 2007,

se transformaría en la Misión Che Guevara, reconfigurándose en Gran Misión Saber y

Trabajo, año 2012, sin que se sepa a la fecha cuántas cooperativas o empresas socialistas

se han incubado desde esta plataforma.

No hay información clara y precisa sobre la situación actual de las misiones. Sí se

sabe que desde la contabilidad nacional califican como transferencias sin contrapartida y

constituyen un incremento sustancial de la demanda efectiva. En el año 2011 unas

22

desaparecen, otras se absorben en programas más amplios y se transforman en Grandes

Misiones, así como grande es el precio del petróleo que permite su financiamiento.

Constituye un logro indiscutible de la actual administración no sólo porque hace crecer el

PIB (el consumo es un componente de este indicador), sino porque contribuye a la

satisfacción de las necesidades más urgentes de la población y reduce el porcentaje de

hogares venezolanos en condiciones de pobreza (ver Cuadro N° 6). Aun cuando a este

logro contribuye el descenso en el promedio de hijos por mujer observado, y el número de

empleados por hogar, por donde quiera que se mire es un logro espectacular; durante los

20 años previos a Chávez, la asistencia y ayuda del Estado a los sectores desfavorecidos

retrocedió considerablemente, sin que importen los elevados niveles de inflación

reportados.

Cuadro N° 6 Principales indicadores sociales. Venezuela. Período 2004-2013

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TCR PIB % 18,29 10,33 10,33 8,43 4,80 -3,30 -1,90 4,2 5.6 1,3

TCR Consumo % 14,2 9,4 14,9 16,1 6,3 -5,0 -2,2 3,1 3,1 Nd

Pobreza (% personas) 53,9 43,7 36,3 33,6 31,5 26,4 26,8 27,1 26,5 32,3

Desocupación (% PEA) 14,1 11,4 9 7,9 7,2 8,1 8 7,1 7,2 7,1

Coeficiente de Gini 0,45 0,47 0,44 0,42 0,41 0,39 0,42 0,39 0,40 0,39

Inflación 19,2 14,4 17 22,5 30,9 25,1 27,2 27,6 20,1 56,2

Fuente: BCV, INE (2014)

En el cuadro puede observarse que el porcentaje de personas en condiciones de

pobreza registra un gran descenso, de 53,9 a 26,5 por ciento entre 2004 y 2012, pero se

deteriora en el último año de la serie cuando se dispara la inflación y retrocede el PIB.

Reportes de la UCAB colocan el porcentaje en 52 en 2015. Estas cifras no incluyen el

programa más reciente, introducido en diciembre de 2011, bajo el cual las familias en

extrema pobreza reciben 430 bolívares fuertes al mes por cada niño y embarazo en el

hogar (Misión Madres del Barrio). Tampoco la misión Amor mayor, dirigida a ancianos.

Alineado con el logro de La suprema felicidad social, contemplado en el Plan de la

Nación y respaldado por la Ley de Emolumentos para funcionarios públicos (enero 2011),

se ha ido cerrando la brecha entre los sueldos y salarios de la población trabajadora, tal

como refleja el Coeficiente de Gini (Cuadro N° 5). Un valor cercano a cero habla de mayor

igualdad en los ingresos. Cercano a 1 registra una distribución desigual. Arribar a un 0,39

después de estar en 0,45 es logro notable no exento de controversia. La “homologación”

de los salarios atiende a lo dispuesto en el art. 91 de la CRBV, que impone al Estado la

obligación de efectuar ajustes anuales del salario mínimo en proporción con el valor de la

canasta básica. Detrás de la medida está el interés político de “nivelar”, igualar.

Consecuente con tal propósito, para el resto de los trabajadores las revisiones salariales

proceden cada dos, tres y hasta 5 años, concediendo ajustes inferiores a la tasa

23

inflacionaria. De persistir en el empeño, dentro de poco “todos tendrán igual salario”,

habrá SALARIO ÚNICO, sin importar si se trata de trabajadores activos calificados, obreros

rasos, jubilados, pensionados, o perceptores de ayudas sociales a través de misiones o

programas similares. Tal como aconteció en países que adoptaron el llamado socialismo

real. (NOTA: el coeficiente de Gini sólo mide diferencias entre las escalas salariales; no da

cuenta de la brecha entre los ingresos de los más ricos (comerciantes, empresarios) y los

más pobres (trabajadores y beneficiarios de asistencia social).

Lo anotado en párrafo anterior ha sido fuente de conflictividad laboral a lo largo y

ancho del país. Ha encontrado enérgica resistencia, sobre todo en profesionales y técnicos

de alta calificación, estudiantes, que no se resignan a la proletarización generalizada. La

emigración del talento y la fuga de cerebros, son otras secuelas del igualitarismo.

La mejora en la distribución del ingreso, cabe indicar, no es posible en la PEB sin el

concurso de importaciones baratas subsidiadas por el Estado, que abastecen los

programas de alimentación MERCAL, PDVAL y productos regulados, de modo que la

política cambiaria, fiscal, monetaria y social, están entrelazadas. Es decir la sobrevaluación

permite “estirar el ingreso” de los sectores populares, a los cuales llegan preferentemente

las importaciones con dólares preferenciales.

El reparto popular de la renta, diseñado con el fin de garantizar el acceso a bienes

y servicios a amplios sectores de la población mientras exalta la figura del líder supremo,

sin que nadie pueda descifrar qué va primero, la exaltación o el reparto, ha sido exitoso en

lo político -ahí están los resultados electorales- , pero un verdadero fracaso en lo

económico, -ahí están los indicadores- que corroboran lo afirmado. Genuinamente, se

incubó un modelo improductivo, que con el tiempo se convirtió en el atasco fundamental

de la dinámica económica, al estimular progresivamente la demanda sin provocar una

correlativa expansión de la oferta. El modelo empezó a inficionar desde el año 2008, pero

sus deficiencias, hoy palmarias, en aquel entonces se solaparon con los efectos de la crisis

financiera mundial. Los signos de agotamiento del modelo se harían visibles en 2011,

cuando con un barril todavía en auge se recurre al endeudamiento y a la devaluación,

prácticas neoliberales calificadas como satánicas en el discurso oficial del pasado, sin que

mejore la situación económica de vastos sectores de la población.

No hay espacio para entrar en detalles, pero conviene saber que a partir del 2010

se empieza a transferir directamente recursos a los Consejos Comunales, nueva forma de

participación popular, los cuales se agrupan para formar el Estado Comunal, no previsto

en la CBRV, pero al cual debe asignársele recursos, ocasionando más gasto.

Aun así, con todos los reproches que puedan hacerse, la Revolución Bolivariana

tiene el gran mérito de haber creado el escenario idóneo para descifrar tres interrogantes

históricos claves: ¿cuál debía ser la nueva relación entre el Estado venezolano y su

industria petrolera?; ¿cómo distribuir los ingresos de la nueva PDVSA?; y ¿qué hacer con

la Renta? Independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus planteamientos.

Que sea reprochable el reparto clientelar de los recursos, y se dirijan masivamente al

consumo y no a la inversión reproductiva, es harina de otro costal.

24

3.5. Política de (control) Precios

Junto al control de cambios, en febrero de 2003, se implantó un control de precios

(25 productos de la dieta básica, ampliado posteriormente) y un plan masivo de

importaciones y subsidios para garantizar el abastecimiento con el fin de impedir el

deterioro del salario real y controlar la inflación (CADIVI, 2003). El INDECU, y más tarde

INDEPABIS, se erigieron en organismos emblemáticos de vigilancia y control contra la

especulación, escasez y acaparamiento, que, según la maniquea explicación oficial, serían

las causas de la inflación. Obviando la explicación científica del desequilibrio que resulta

del aumento desaforado del dinero en circulación (provocado a su vez por un gasto

público descomunal) frente a una producción nacional restringida o de crecimiento lento.

En 2011 recrudece el acoso sobre el sector privado, mediante la Ley de Costos y Precios

Justos, LCPJ. En 2014 mediante reforma de la ley se establece que el órgano regulador es

la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos

(SUNDDE), órgano que, mediante providencias administrativas, pretende “asegurar el

desarrollo armonioso, justo equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a

través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de

las estructuras de costos, fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización

efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de garantizar los ingresos de todas

las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los

trabajadores; el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus

necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los

delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la

consolidación del orden económico socialista productivo” (art. 1).

Cabe traer a colación que para que la política económica tuviera sentido y se

engarzara con el objetivo político rector, se planteó desde el comienzo incrementar el

salario mínimo por encima de la inflación. Bajo esta directriz el gobierno estaba

“autorizado” para implantar cualquier medida a fin de contener los precios. Hazaña que se

logró entre 2003 y 2007. En los años sucesivos se revirtió el fenómeno, gana la carrera la

inflación, se insiste en más y agresivos controles, culpabilizando al sector privado, pues se

ajusta bien a la fuerza motriz de lucha de clases que nutre su ideología.

No hay espacio para mayores comentarios sobre los efectos de aumentos salariales

compulsivos sin incrementos en la productividad, pero por experiencia de muchos países

terminan promoviendo inflación, desatando una dinámica perversa: aumento de costos de

mano de obra, aumento de precios, aumento de salarios, etc. De modo que a la par,

contradicciones internas que no ha podido resolver la PEB, por un lado se incrementa los

salarios y por otro se estimula la inflación. Pero hay más inconsistencias, que van

desbaratando los arreglos de política económica.

En 2012, se opta por "dar rienda suelta a las importaciones”, sin que aumentara el

ingreso nacional de divisas, por tratarse de un año electoral. El fracaso de las medidas

adoptadas era evidente, aunque nunca se reconoció públicamente. Se hizo a un lado el

pregón ideológico Soberanía agroalimentaria en aras de una supuesta estabilización. El

efecto palpable es que disminuye temporalmente la inflación, aumenta la dependencia del

25

petróleo, fluye el suministro de divisas y se incrementan las importaciones. Sin embargo,

la inflación, represada durante 2012, se dispara en 2013, record en el período, 56,2%, y

64,2% (nuevo récord, 2014), acompañada esta vez de un aliado desconocido, que parece

llegó para quedarse: desabastecimiento.

El novedoso instrumento de regulación, la

LCPJ, más que regular el precio, pretende controlar

la ganancia máxima (fijada en 30%), estableciendo

penas y sanciones a los infractores. Funcionarios

gubernamentales se encargan de revisar la

contabilidad empresarial, y fijar los precios y las

remuneraciones. Tarea difícil en un ambiente

inflacionario. Los productores ineficientes, pequeños

empresarios que no disponen de economías de

escala ni automatización de procesos, son víctimas

de tal política. Impedidos de competir con

importaciones baratas, al no lograr niveles

razonables de ganancias optan por retirarse del

mercado, convertirse en comerciantes o migrar sus

capitales al exterior. Las cooperativas y empresas de

producción social, son las más golpeadas, ni con

dólares preferenciales levantan cabeza, víctimas de

la PEB. Ese es el costo indeseado de la estabilización relativa de los precios, por vía

jurídica y policial.

El ascenso sostenido de los precios petroleros ha favorecido a la economía

venezolana, impulsado el crecimiento, posibilitado una distribución clientelar de la renta

(reparto), financiado expropiaciones y ampliado el poder de la élite en funciones de

gobierno. Eso no significa una economía exenta de problemas. Estancamiento de la

producción doméstica, fuga-salida de capitales, negocios fraudulentos con divisas,

inflación, desabastecimiento, empleos improductivos son espesas nubes negras en el

horizonte. Se quiere asentar la idea que aún en circunstancias de bonanza, la presencia de

una Renta Petrolera abundante provoca desarreglos en la dinámica económica del país, de

complejo discernimiento. A continuación se aborda brevemente esa problemática.

4. El crecimiento económico y los precios del petróleo

A la luz de cifras oficiales para el período, con la limitación de suponer constante el

volumen de producción petrolera, se encuentra un resultado paradójico: entre los años

2004 y 2008 cuando los precios exhiben alzas vigorosas, el crecimiento del PIB es

decepcionante. El récord histórico, 18,3% en 2004, después de dos años de recesión

profunda, va menguando año tras año hasta aterrizar en cifras negativas en 2009-2010,

Desde que se instauró el control de precios la inflación no ha dejado de reinar. Desde la implantación de la la ley de Costos y Precios Justos, LCPJ, en 2011, la inflación aceleró su marcha, hasta batir récord mundial en el año 2014. Lo que quiere decir que en otros países ese fenómeno ha sido dominado.

26

mientras que correlativamente el valor del barril sube de 32,8$ a 86,5$. La línea continua

representa los precios y las barras las tasas de crecimiento.

Gráfico 2: Precios del petróleo ($USA) y TCR PIB (%), período 1998-2014.

Fuente: BCV, PDVSA

Las fluctuaciones erráticas del crecimiento, ascensos y caídas, bastante alejado del

“crecimiento sostenido”, a primera vista pudieran atribuirse al vaivén de los precios. Pero

no es así. Este comportamiento divergente, esta marcha en contrario, es un rasgo peculiar

de la estructura llamada “capitalismo rentístico”, estudiada por Baptista (2010) que

descansa sobre la relación entre el mercado mundial y la propiedad estatal del petróleo, la

cual alterna períodos de crecimiento y maduración seguidos por un aprovechamiento cada

vez menor de la renta captada, hasta alcanzar una situación en que los circuitos de

acumulación se entraban impidiendo su desarrollo. En síntesis, esta estructura lleva

implícita una tendencia al estancamiento, aún con precios petroleros muy por encima de

los costos de producción. La condición rentista lleva en su seno las crisis, tarde o

temprano habrá de bajar el telón.

Lo anotado en el párrafo anterior invalida creencias muy arraigadas. Calificar de

brutos o ignorantes que no saben nada de economía, o gente de mala fe puesta al frente

de los ministerios, en nada contribuye a la comprensión del fenómeno. Estas explicaciones

obvian fuerzas objetivas que limitan las posibilidades de expansión de las cuales es difícil

zafarse. Una avalancha de dólares convierte al país en importador, quiéralo o no. Los

esfuerzos y recursos destinados por formar el talento nacional, caen en el vacío, pues el

$ US

27

mercado interno sólo absorbe vendedores y revendedores. La acumulación de dinero se

lleva a cabo en actividades ligadas al comercio y la prestación de servicios. ¿Dónde más

pueden gastarse las divisas?

Pueden identificarse en el gráfico cuatro recesiones, áreas sombreadas: 1ra) 1999;

2da) 2001-2002; 3ra) 2008-2009 y 4ta) 2014-20?? Estas crisis han sido despachadas en

el discurso oficial a su turno así: la primera, herencia de la IV República; la segunda,

sabotaje petrolero, la tercera, provocada por la crisis financiera mundial, y la del

momento, atribuida a guerra económica de la burguesía, el imperio, la derecha, Uribe, los

medios de comunicación. La debilidad de esta argumentación radica en que desconoce el

carácter petrolero y rentista de la economía venezolana.

Un escrutinio meticuloso y científico de la serie cronológica trimestral que provee el

BCV (Cuadro 5_4_2 (1), 2014) encuentra que los efectos del desplome de los precios se

manifiestan en caídas del PIB con un rezago de 3 o 4 meses, y las fases recesivas tienen

una longitud de 6 trimestres consecutivos. En la primera recesión del período, en 1999, el

PIB cae en 5,9% consecuencia del derrumbe de precios en el último año del presidente

Caldera. En la segunda, en 2001, tras la recesión en el sudeste asiático y el ataque

terrorista del 11-S en Estados Unidos, caen los precios trasladando sus efectos negativos

sobre el PIB. En la recesión 2001-2002 en Venezuela, se añade una novedad: los efectos

del shock de precios se solapan, mezclan o confunden con los del paro obrero-patronal

acaecido entre diciembre 2002-enero 2003, alargando el período recesivo a 7 trimestres,

ahondando las caídas del PIB, a niveles históricos 8,9% y 7,8%.

El hundimiento 2002-2003 precisa una calificación adicional. Sería una insensatez

mayúscula desconocer el impacto del paro general de 62 días sobre el crecimiento. Pero

se incurriría en grave distorsión omitir la influencia del colapso previo de los precios, que

indujo a las autoridades a devaluar y emitir bonos de la deuda, exacerbando la inflación.

La superposición de eventos permitió culpabilizar audazmente a la oposición política

venezolana, ocultando que, justo cuando el mercado petrolero se desanimó de manera

abrupta la conflictividad se agudizó. El recorte forzoso de la oferta petrolera venezolana

durante el paro, hizo recuperar paulatinamente el precio del petróleo. Un mes después, en

marzo 2003, alzará vuelo, en la víspera de la Guerra de Irak-USA.

En el lapso febrero 2003-julio 2008 la tendencia ascendente de los precios es clara.

Se quiebra a la baja, en el segundo semestre de 2008. El crecimiento sostenido durante

22 trimestres llega a su fin, consecuencia del desplome brutal de los precios de los

hidrocarburos (126$ en julio, y 31$ en diciembre), secuela a su vez de la crisis financiera

mundial. El portentoso crecimiento registrado, 10,5% en promedio anual, se exhibe

ideológicamente como un extraordinario logro de la política de soberanía plena, que obligó

a los convenios operativos a migrar hacia empresas mixtas y se expropiaron 76 empresas

que proporcionaban servicios en el sector primario, mediante decreto-ley. Tal aserto no

resiste un análisis serio, pues los precios del barril los fija el mercado mundial.

En 2009 llega otra recesión, la tercera (-3,3% TCR PIB). Persiste durante el año

2010 (-1,4%), a pesar de la recuperación de los precios registrada desde enero. A tal

28

adversidad se respondió con devaluaciones en los años 2010 y 2011, con niveles

importantes de endeudamiento procurando estimular la producción nacional. Este

proceder de la PEB, similar al de gobiernos anteriores, revela su esterilidad; su carencia de

dinámica propia, la economía no mejora hasta que no lo hacen los precios. Denota la

necesidad de precios petroleros crecientes para funcionar, sin importar que ya sean altos.

En 2011 la TCR del PIB alcanzó un 4,2 %, recuperándose de la tradicional caída de

dos años que siguen al desplome de los precios. En 2012 fue 5,6% pero en 2013 registra

un insignificante 1,3%. Cifras que deben interpretarse con cautela, son cifras engañosas.

Para lograr tal avance en 2011-2012 hubo de recurrirse al endeudamiento: del equivalente

a un 20% del PIB en 2010, se ha pasado a un 52% del PIB a comienzos del 2013.

Dos conclusiones pueden extraerse del comportamiento del precio del barril y el

crecimiento: i) a medida que ascienden los precios la economía crece, pero de manera

desacelerada, y ii) cuando éstos caen, la economía empieza a deprimirse hasta

desembocar en recesión al año siguiente (TCR negativas). Tal regularidad perfila un sector

no petrolero de la economía desprovisto de impulso propio para recuperarse y la inanidad

de las políticas aplicadas, incapaz de revertir los estragos del ciclo negativo de precios.

La cuarta recesión en curso, que atraviesa 2014-2015, es mucho más compleja,

más larga y más profunda que las anteriores. Categóricamente hay que decir, que no es

provocada por un shock externo. Cuando los precios se desploman en agosto 2014, ya se

tenían 2 trimestres de recesión (PIB ˂ 0); la crisis se gesta justo cuando los precios están

en la cúspide. Aunque, desde luego, el desplome dificulta salir del atolladero, las causa del

hundimiento han de buscarse en las debilidades del modelo rentista: 1) pérdida de

incentivos para la inversión productiva; 2) imposibilidad de empresas públicas y privadas

de competir con productos importados, motivado a la combinación de inflación y

sobrevaluación; 3) salida o fuga de capitales; 4) elementos asociados a la política

distributiva de corte socialista: a) creación de fuentes de empleos redundantes en la

administración pública; b) fuga indirecta de divisas en programas de solidaridad energética

con países a los cuales se vende combustible por debajo del precio de mercado; c) cierre y

expropiación de empresas; d) incomprensibles compromisos de ventas de petróleo a

futuro, (fondo chino) en la cual ya se recibieron los dólares pero no se ha entregado la

mercancía; e) fracaso productivo de las empresas expropiadas, pérdidas sufragadas con

renta. Y por último, degradación ética que desemboca en importaciones ficticias o

fraudulentas, sobornos a funcionarios, corrupción, acaparamiento, contrabando. Como

puede apreciarse, todas las variables están asociadas o conectadas con el destino de la

renta petrolera.

5. Balance de la Política Económica Bolivariana, PEB

La PEB se planteó entre otras cosas: instaurar un Nuevo Modelo Productivo,

distribuir la renta petrolera para erradicar la pobreza, derrotar la inflación, y borrar del

mapa las devaluaciones y el endeudamiento sistemático, “diabólicas prácticas

neoliberales”. Razonablemente, los logros deben ser juzgados en concordancia con los

29

recursos que tuvo a disposición, recordando que las políticas se evalúan por sus resultados

y no por las buenas intenciones. Si se suma el ingreso petrolero, la recaudación del

SENIAT y la deuda consolidada (interna y externa), se llega a astronómica cifra de $USA

1.391.824.800.000, magnitud gestionada en un país de 29 millones de habitantes

(Zamora, 2012: 469) en un lapso de 15 años, para dejar como saldo una economía con

dificultades. Se reconocen méritos indudables en el área social, combate a la pobreza y en

mejoras en la distribución del ingreso, pero los indicadores fundamentales, muestran

signos de deterioro alarmante, evidencian una crisis que, de no ponerse correctivos

eficientes a corto plazo, pudiese colapsar toda la estructura económica. Algunos signos

preocupantes son los siguientes:

- El crecimiento promedio del PIB en 15 años de gestión es 2,44%, inferior al 3%

considerado como aceptable. Han ocurrido 4 recesiones sin que la PEB muestre eficacia en

superarlas.

- La lucha contra la inflación ha sido estéril. Un “estricto control de precios” y “una

guerra declarada a la especulación”, cohabita con la inflación más alta del continente y la

segunda mundial. Bate record en 2014 (68,3%) superando el 56,2% del año anterior y en

2015 supera esta cota con creces (200-260%), sin que valgan controles, ley de costos y

precios justos, guerras a las colas y el BCV deje de suministrar cifras oficiales. La inflación

en alimentos fue cercana a 300%.

- El salario real, luego de una sostenida expansión hasta 2008, sufre un deterioro

importante. El porcentaje de hogares en situación de pobreza aumentó en los últimos 2

años, medido por el método de la línea de ingreso.

- En materia laboral, las tasas de desocupación han disminuido de manera sensible

desde 2004, abultando la nómina en empleos redundantes, improductivos.

- El consumo nacional, luego de mejorar durante 5 años, muestra un revés del 2008

en adelante.

- La PEB exhibe logros ampliamente publicitados en cuanto a número de

pensionados y monto de pensiones, contingente de militares y milicianos, beneficiarios de

misiones y atendidos por programas de alimentación, matrícula en todos los niveles

educativos. Realidad inocultable en la cual se resuelve el problema del día a día, pero no

los saca de la pobreza. - El fracaso mayor se acusa en la política cambiaria. En realidad, sostiene Víctor

Álvarez (2013), la tragedia de la economía venezolana no es la devaluación sino la

sobrevaluación. Al dejar congelado el precio de la divisa en un contexto inflacionario muy

superior al de los principales socios comerciales, se hace inevitable la sobrevaluación, la

cual se traduce en un subsidio al dólar y, por lo tanto, a las masivas importaciones que

barren con la producción nacional.

- En la misma línea expositiva Weisbrot (2014) señala que:

“Un tipo de cambio fijo y sobrevaluado, con devaluaciones periódicas, es uno

de los regímenes cambiarios más inestables que pueda haber. Invita a la

especulación, promueve la dolarización de la economía y puede conducir a la

fuga de capitales. (…) Cuando la diferencia respecto del mercado negro es

30

suficientemente grande, se producen más incentivos para la corrupción que

en el caso de la propia cocaína. Ni siquiera tienes que arriesgarte a

despedirte de este mundo en una balacera si puedes obtener dólares oficiales

a Bs 6,3 para luego venderlos a Bs 72”.

- La Inversión, variable básica de la economía, muestra altibajos extremos en su

variación interanual (%) como puede apreciarse en el Cuadro N° 7. Sobresale la

recuperación del indicador durante 2012, como parte del ambicioso programa Gran

Vivienda Venezuela, del cual no se disponen cifras para fechas recientes.

- La política anti-mercado, basada en exceso de controles, regulaciones y la

inseguridad jurídica a que están sometidos productores y empresarios desembocó con el

tiempo en una parálisis de las inversiones (Cuadro N° 7) y estancamiento productivo,

(ningún ente privado está obligado, ni puede hacerlo, a producir con pérdidas). Ganancias

del 30% con inflación de 60 ó 200% conlleva a descapitalización de las firmas

comerciales. Bajas tasas de inversión se traducen en bajos niveles de producción, lo que

refuerza la propensión a importar (Penfold y Corrales, 2012). De manera que, en el país

simultáneamente coexisten elevados ingresos petroleros con menguante producción

interna, pues los productores devienen en comerciantes de productos importados, con lo

cual los dólares se devuelven al exterior. Ese es el drama. Cuadro N° 7 Indicadores importantes de Venezuela, período 2006-2013

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TCR Inversión 33,5 25,4 -2,1 -7,8 -6,3 4,4 15,8 nd

Deuda externa $ 26598 38942 46652 61626 79812 83047 136430 158766

Exportaciones $ 65210 69165 99923 57603 64243 93896 97340 66881*

Importaciones $ 32498 44463 49482 38442 38062 45615 53693 41151*

Valor del dólar 2,15 2,15 2,15 2,15 3,60 4,30 4,30 6,30

Precio barril $ 56,45 64,74 86,49 57,02 72,4 101,5 103,42 99,7

Deuda Interna Bs F 36221 35991 30515 49072 83047 154110 249300 373590

Fuente: BCV (2013). BCV Cuadro 2_4_2 (1). Cuadro 2_5_2; Cuadro Datos de Importaciones y Exportaciones 2013, hasta Trimestre III

- La pesquisa acerca de las causas de la crisis (escasez, desabastecimiento e

inflación) en 2013-2015, debe emprenderse preguntando por el uso de las divisas que

ingresaron al país, es decir el destino de la renta petrolera en los últimos años. Mientras

las Importaciones crecen 35% en 2011-2012, el precio del petróleo sólo lo hace en 2%.

Para financiarlas había que quemar reservas internacionales o apelar al endeudamiento

externo, o combinación de ambas estrategias, para cubrir la demanda. Así se hizo, o

patrocinó, si cabe el término, tal como documenta el Cuadro N° 7. La expansión de la

deuda externa es impresionante. Sin embargo, las divisas no alcanzaron y se entró en

mora. Las divisas autorizadas por CADIVI no pudieron ser liquidadas a tiempo.

Empezaron a retrasarse los pagos, y las casas matrices interrumpen los flujos de

mercancías tanto al sector público como privado, ocasionando escasez de productos

31

importados, es decir desabastecimiento. Aerolíneas amenazan o efectivamente cumplen la

promesa de irse del país, por falta de pago. Obviamente, no pagar es síntoma de escasez

de dólares; y ahí está la fuente del problema, las divisas salieron del país; punto que se

explaya más adelante.

Un balance crítico a grandes trazos de lo acontecido conduce a afirmar que los

resultados obtenidos no se compadecen con los objetivos trazados ni los recursos que

tuvo a disposición, pone de relieve serias inconsistencias y contradicciones en la política

económica bolivariana.

- El nuevo modelo productivo, NMP, basado en la propiedad social de los medios de

producción no ha podido implantarse, a pesar de una gigantesca inyección de recursos al

decir de sus promotores.

- Se gasta lo que no se tiene. En los últimos 15 años el gasto público se ha

expandido anualmente 35% y pasó de representar 26,1% del PIB a finales de la década

de los 90 a 40,0% del PIB a finales del año antepasado. El crecimiento del gasto, más allá

de las importantes posibilidades brindadas por un aumento en los ingresos, ha llevado a

déficits promedio de 5% del PIB –y más de 15% en los últimos tres años- y ha hecho que

la deuda crezca 304,5% en el mismo periodo.

- La disponibilidad de recursos generados en el mismo ejercicio fiscal y no

contemplados en el presupuesto, es inmensa. Los excedentes constituidos en fondos

especiales sirven para financiar gastos nacionales e internacionales, desde expropiaciones

de empresas hasta compra de pertrechos militares, sin que la contabilidad esté clara

(Guerra, 2011).

- En Venezuela menos de la mitad (25,7%) del monto total de deuda contratada en

los últimos diez años por el Gobierno Central se ha destinado a proyectos de inversión,

mientras que los servicios y la restructuración de la deuda han ocupado el 63,1% del

nuevo financiamiento.

- La emisión de dinero inorgánico ha disparado la inflación a niveles sin precedentes,

hasta alcanzar récord mundial 2014 y 2015.

- Precios petroleros en declive ha hecho retroceder el precio de los bonos de la

deuda externa venezolana. Aumenta el riesgo y las tasas a cobrar por dinero fresco muy

altas. Se comenta la posibilidad de cesación de pagos.

6. La salida de capitales y el crack de 2013-201?

Según la vocería oficial, el modelo económico se encuentra “en transición al

socialismo”. Amparado en esta consigna, restringe paulatinamente la entrega de dólares al

sector privado a la vez que aumenta las importaciones del sector gubernamental, proceso

llamado propagandísticamente socialización de la renta. Tal socialización no ha ocurrido,

hay evidencias en contrario. En el período 2003-2011, se ha asistido un proceso de

privatización creciente de la renta petrolera, al punto que ya parece formar parte de la

vida cotidiana los negocios con el Estado. El Ejecutivo, discrecionalmente, ha transferido a

manos particulares una porción considerable de renta petrolera, en principio patrimonio

32

social de los venezolanos. Proceso llevado a plena luz del día, con los consecuentes daños

a la nación, sobre todo en restricción en el acceso a medicinas y alimentos.

Transcurre un proceso de acumulación privado de base rentística en un sector

empresarial políticamente protegido y conectado, al cual el gobierno beneficia asignando

dólares a favorecidos, testaferros, intermediarios, “empresarios socialistas”. (Urbaneja,

2013). Aunque es posible, es difícil admitir que se haya favorecido a opositores políticos,

“por plata el mono baila”. El CENCOEX se ha negado en redondo a mostrar la lista de

empresarios y firmas que han recibido dólares preferenciales.

Esta sección del documento sostiene la tesis que la crisis económica en curso

encuentra su génesis en una política cambiaria perversa, que propició la privatización

creciente de la renta petrolera, la exportación de capitales para los cuales utilizó

mecanismos legales tortuosos, opacos, que permitieron el enriquecimiento fácil y rápido

de un grupo privilegiado con acceso comedido a los dólares y a otras operaciones

revestidas de manto legal. La economía se quedó sin los dólares necesarios para importar

los bienes que “normalmente” servían para abastecer el mercado interno, y sin que el

aparato productivo doméstico pueda suplir esta carencia, al menos en el corto plazo. La

oferta de bienes es insuficiente, ello se aprecia en los anaqueles vacíos. De ahí las colas

para comprar. Pero ¿por qué no hay dólares, en la potencia energética mundial? A

responder esta inquietud se dedica el resto del documento, se toma como base la

siguiente información.

Cuadro N° 8 La salida de capitales en Venezuela, período 2006-2013 Posición de Inversión Internacional (Saldos al cierre del período) mm$ US

Años 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variación posición 12815 23257 28877 32407 11527 14180 43178 16131 581

Salidas Sector Público 9656 16501 10499 20.110 -6311 -1202 27769 7137 -5998

Salidas Sector privado 3159 6756

18378 22596 17838 15382 15409 8994 6579

Fuente: BCV (2013). BCV Cuadro 2_4_2 (2). Cálculos propios Salida de Capitales: Variación interanual de Posición de Inversión Internacional Variación de posición = salidas sector público + salidas del sector privado Nota: Datos de 2013, sólo hasta Trimestre III.

El control de cambio, se mantuvo en medio de abundancia de dólares, revela la

existencia de objetivos políticos no declarados pero de fácil conjetura: restringir las divisas

a ciertos sectores y favorecer otros. Tal control no logró

abatir la inflación ni detuvo la fuga de divisas. Propició por

el contrario, la salida (ahorro externo) de 203 mil millones

de $USA, desglosados en 117 millardos sector privado y

86 millardos sector público, acumulados entre 2003 y

2013, mostrado en Cuadro N° 8. Debido a la relevancia

del tema, para explicar la génesis y el desarrollo de la

crisis en ciernes, se sugiere consultar en la web dos

Los dólares que salieron del país NO

VOLVERÁN. A menos que cambien las reglas de juego.

económicas.

33

explicaciones contrapuestas: http://www.aporrea.org/tiburon/a178809.html y también “La

salida de capitales en Venezuela” http://prodavinci.com/2011/05/17.

El Cuadro N° 8 acopia las gigantescas cifras “registradas oficialmente” desde que

se puso en vigor el control. Salidas estimuladas o patrocinadas por el Ejecutivo Nacional,

bajo diversas modalidades: acciones de la CANTV, Notas Estructuradas, SITME, SICAD,

comentadas. Sobresalen la acaecida durante 2007-2008, en la cual el sector privado,

luego del anuncio del Socialismo del siglo XXI, procedió a migrar 18.378 y 22.596 mm

$USA respectivamente. La migración durante 2011 alcanza su cúspide, 43.178 mm $USA,

de los cuales de 27.769 mm $USA corresponden al sector público, sobre los cuales no hay

explicación. Cálculos efectuados sobre datos del BCV (2014), arrojan que en el período

bolivariano las salidas acumulan 242.396 mm $USA. Una idea de la magnitud colosal en

consideración aflora al saber que equivale a 12 veces las reservas internacionales a finales

de 2014. Aquí se incluyen las “divisas del éxodo”, fuga de jóvenes talentosos que

abandonan el país y de empresarios que ven truncadas sus aspiraciones.

Hay que insistir que el sector privado,-la burguesía parasitaria en el discurso

oficial-, no sacó a escondidas su capital. Muy por el contrario, contó con protección y

diligente apoyo institucional, mecanismos expeditos y puentes tendidos, personeros y

funcionarios que pusieron los semáforos en verde y dejaron hacer.

Participaron tanto el sector privado como el público. En esta segunda vertiente

cabe incluir recursos del FONDEN, Fondo Chino, BIV, BANDES, dólares que se depositan a

favor del Ejecutivo en cuentas en el extranjero. (No confundir con los más de US$ 20.000

millones “perdidos” denunciados por Giordani como importaciones ficticias. Saqueo a las

finanzas que permanece sin castigo, aunque el daño ocasionado sea 17 veces superior al

del paro petrolero 2002-2003).

Cabe comentar que la publicitada persecución a raspa cupos es una estratagema

para hacer recaer sobre los ciudadanos la responsabilidad de la crisis. Una pequeña trocha

del desaguadero mayor.

Erróneamente se dice que la economía venezolana tiene una ninfomanía por los

dólares. El término apropiado para describir la situación patológica es adicción a la renta,

en el sentido que depende del consumo previo y cada vez requiere mayores dosis para

lograr los mismos efectos. Patología que se extiende sobre la parte sana de la economía,

debido al requisito contraproducente exigido para acceder a dólares preferenciales:

certificado de no producción nacional. Ni cortos ni perezosos, los empresarios, de maletín

o verdaderos, siguen la corriente. Frenan la producción interna para acceder a dólares.

Dólares que permiten ganancias extraordinarias y pueden ser expatriadas.

La escasez de dólares se hace patente porque la gallina de los huevos de oro,

PDVSA, cada vez produce menos. Aunado a que el Ejecutivo, mediante decretos y

manipulaciones contables obliga a PDVSA y al BCV a entregarle dólares que de otro modo

estarían disponibles como parte de reservas internacionales. A la subestimación del precio

del barril en el presupuesto como mecanismo para desviar recursos hacia los fondos

paralelos, ya comentada, hay que agregar la Ley que Crea la Contribución Especial por

Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de

34

Hidrocarburos, (aprobada en 2008 y reformada en 2011, 2012 y 2013) que puso un tope a

las reservas. Dispuso que, si el precio supera los 70 dólares, el remanente se traslada al

FONDEN. De modo que, si la economía crece y con ello los requerimientos de divisas, está

previsiblemente condenada a trabajar con capacidad ociosa, por insuficiencia de insumos

importados. Pero además, y ese es el punto neurálgico de la crisis, las divisas que una vez

llegaron al país, se marcharon sin boleto de regreso.

Los capitales que se van, no retornan, “ni que estuvieran locos los agentes

económicos”, comenta Urbaneja (2013). Varias son las razones. Las tasas de interés

negativas (por debajo de la inflación), convierten el ahorro interno en una penalización.

Para proteger el patrimonio de la inflación y la devaluación, y de eventuales

expropiaciones, la alternativa adecuada para cualquier agente económico es la posesión

de activos financieros en el extranjero. Cosa que todo el mundo hizo y desea hacer para

no descapitalizarse. Para las firmas que permanecen en el país, las importaciones de

bienes o de insumos se hacen con dólares de CADIVI o CENCOEX, que se solicitan al

gobierno a tasas preferenciales. Nadie es tan tonto para usar sus dólares. Cierto es que se

han dispuesto medidas en procura de retorno de los capitales, tales como apertura de

cuentas en dólares en el país y el Sistema Marginal de Divisas, SIMADI, de reciente

aprobación. Pero no luce atractivo, porque el paralelo ofrece mejor precio y todos los

tenedores esperan mejor ocasión ante inminentes rumores de devaluación o piensan que

allá el dinero está más seguro. Nadie gasta los suyos, ni los trae para venderlos en el

mercado negro, por lo tanto recrudece la escasez. Y prosigue la salida de capitales, por la

brecha entre el valor de mercado y el tipo oficial sobrevaluado.

7. La Guerra económica de Nicolás Maduro

En 2012, la cotización del barril promedió el máximo histórico en un siglo,

103,4$USA. Nicolás Maduro asume la presidencia en abril de 2013. Justo con la partida de

Hugo Chávez, por coincidencia prestada a toda suerte de suposiciones, finaliza una etapa

de precios en alza. Contra todo pronóstico, comienza un lapso de declinación leve hasta

mediados de 2014, para emprender una caída de vértigo. El precio baja de 96$ por barril

en Julio, a 40,3$ en Enero 2015, ennegreciendo las expectativas. Aun así, en 2013-2014,

en promedio los precios siguen siendo elevados: 98 y 88 dólares/b respectivamente.

Endeudamientos del Estado y PDVSA no pueden revertir la recesión a lo largo de 2014, ni

detener el avance de la inflación.

Los problemas venían desde antes. El panorama económico difícil que recibe

Nicolás Maduro fue ocultado convenientemente por la campaña electoral presidencial en la

cual se invirtieron cuantiosos recursos destinados a mostrar que todo marchaba sobre

ruedas. Las dificultades no tardaron en aflorar. Escasez, inflación y colas, una trilogía

indeseable. Impedido de acusar debilidades del modelo socialista en curso, incompetencia

de sus colaboradores o culpa del gobierno anterior, recurre al ardid de la guerra

económica. No hay fallas en el modelo, nada que rectificar.

35

Sus asesores intentan poner a funcionar un modelo desvencijado. Modelo que

dejó al descubierto sus fisuras: la crisis adviene justo en pleno auge de precios, y no en su

fase de desplome. La potencia energética mundial sin divisas, luego de un prolongado

boom petrolero. Incomprensible, pero realidad cruda. El atasco resucita una explicación

trillada en los países socialistas hasta el cansancio. Se trata de agresiones imperiales,

sabotajes conspiraciones, boicots.

Contrariando el pensamiento académico nacional, que ha reclamado en no pocas

ocasiones un cambio de orientación de la política económica, a favor de permitir mayores

libertades, levantar controles y restricciones, el gobierno se empeña en explicaciones

rebuscadas de difícil asidero. Desde noviembre 2013 ha declarado tres ofensivas para

contrarrestar la “guerra económica”. Esta declaración sostiene que la oferta nacional

agregada de bienes y servicios es suficiente (Producción Interna + Importaciones), pero

que la oposición política (sic) esconde los productos, los acapara o los saca de

contrabando, con propósitos desestabilizadores con la malévola intención de derrocar al

Presidente. Cifras oficiales del BCV, sin embargo, desmienten tan artificiosa fantasía con

la cual se pretende eludir la responsabilidad oficial sobre el desabastecimiento. Sin entrar

en mayores detalles, véase la evidente correlación entre descenso del PIB e índice de

escasez, según información disponible.

Cuadro N° 9. Índice de escasez, TCR PIB (%). Trimestres año 2013-2014

Tri-IV-2013 Tri-I-2014 Tri-II-2014 Tri-III-2014

TCR PIB % 1 -4,8 -4,9 -2,3

Índice Escasez 20% 22% 28% 32%

Fuente: BCV

Pero hay algo más, las cifras oficiales reportan pleno empleo. Obviamente, menos PIB y mayor consumo tienden a agudizar la escasez. Agréguese otro dato: las

importaciones fueron 7.564 millardos dólares menos (22%) que el año anterior (hasta trimestre III). Lógicamente, menos importaciones son menos productos en los estantes.

Hay que hacer algo. La situación se torna insostenible.

Las medidas que deban tomarse tienen sus aristas petroleras e ideológicas

(solidaridad internacional, el petróleo es de todos, la revolución, el legado de Chávez),

restringen las opciones que pueden conjurar la crisis. Somos más dependientes del

petrolero (96% de las divisas), y el ingreso por exportaciones está menguando.

Es oportuno recordar que entrando febrero 2013, en ejercicio interino de la

presidencia, Nicolás Maduro decreta una devaluación del 45%, con lo cual el gobierno

obtuvo 80.000 millones de Bs. F. en ingresos adicionales que sirvió para aliviar el déficit

fiscal. Fue acusado de neoliberal. Un año después, con otro ropaje, insiste: cambia el

SITME por el SICAD, sin que pueda decirse que tales maniobras mejoren la situación.

Devaluaciones encubiertas que proporcionan más bolívares sin resolver la escasez de

dólares, la escasez de bienes, ni las colas.

El 21 de enero 2015 anuncian un nuevo esquema cambiario “transitorio” de tres

mercados, sin que se sepa de dónde saldrán los dólares para abastecerlos. Venezuela se

36

encuentra inmersa en un proceso de revisión completa de su sistema cambiario, más

ahora que el precio del barril ronda por los 25$, el dólar paralelo que en enero 2015 se

cotizó en 184 Bs, de momento se ubica en Bs. 830 por dólar y la tasa del SIMADI arribó

a 199 Bs.

Se han conseguido créditos con Rusia y con China, para destrabar el mercado y

resolver el desabastecimiento pero, frente al tamaño de las deudas del gobierno, tales

aportes lucen insuficientes. Por eso toma fuerza la hipótesis de la venta de activos de la

nación (privatización), caso CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos o emisión masiva de

bonos. También se menciona como probable la entrega de lotes importantes de la Faja del

Orinoco a las transnacionales, en procura de dólares que permitan estabilizar la economía

y relanzar el modelo, sin abandonar el legado socialista.

El presidente Maduro mediante Ley Habilitante aprueba a comienzos de 2015 una

reforma tributaria (IVA, ISLR y COT), para incrementar los ingresos públicos y convertirse

en un gobierno de eficiencia, cuyos efectos no se han visto. Se intensifica la lucha contra

el contrabando, se cierra la frontera, se habla de aumentar el precio la gasolina, la

electricidad y otros servicios, pero no hay certeza de que ello ocurra. Para recuperar el

poder adquisitivo el salario mínimo se ajustó en 4 ocasiones, no aplicable a las restantes

escalas salariales. El gobierno se obstina en políticas fiscal y monetaria expansivas, cuando

los expertos recomiendan lo contrario.

El 31 de diciembre de 2015 venció la última Ley Habilitante otorgada por la

anterior Asamblea Nacional (AN) al Presidente Maduro y bajo su aplicación se publicaron

más de una decena de Decretos-Leyes, muchos con el objeto de ampliar el control del

Poder Ejecutivo sobre la economía, y para su vez reducir el ámbito de control de la AN

electa el pasado 6 de diciembre. Según Abadí (2016) con la reforma a ley del BCV y a la

ley de Administración Financiera del Sector Público se pretende disminuir el control de la

AN sobre el Fisco y da carta blanca al Gobierno Central para seguir promoviendo un

marcado desorden fiscal y continuar financiando el déficit vía emisión inorgánica

monetaria. Esto, en suma, generará aún mayores presiones inflacionarias.

En medio de las restricciones, el Presidente Maduro reafirma la “directriz socialista”

de avanzar hacia el establecimiento del salario único nacional por decreto, la

homologación entre salarios y pensiones. En la primera semana de febrero 2015 se

publica en Gaceta Oficial el nuevo tabulador para el sector público, en el cual se aprecia

diferencias mínimas entre los diversos tipos de trabajo y calificación personal. Mejoran las

remuneraciones de nivel inferior, mientras que los demás reciben incrementos menores a

la inflación.

A comienzos de 2016 la economía venezolana exhibe diversos problemas. La senda

del endeudamiento, por su magnitud, parece acercarse fatalmente a su fin, cierre de las

líneas de crédito (se deben cerca de 200.000 millones $USA). Las reservas disminuyen por

la caída del barril. La devaluación no luce viable por temor a una escalada de precios y

porque contradice el argumento que echa la culpa de la inflación a los capitalistas. Igual

pasa con la gasolina. A fin de cuentas la emisión inorgánica de dinero es una medida

expedita, silenciosa, pacífica, de efectos inmediatos, que puede justificarse diciendo que

hay que mantener las misiones.

37

Existe un innegable malestar en la población, que se manifiesta, entre otras cosas,

en voto castigo que acusa al gobierno y recrimina la inmovilidad que exhibe frente a la

crisis. La vocería oficial reconoce algunos desarreglos, pero -sostiene- éstos son causados

por la guerra económica tramada por la maléfica alianza entre empresarios y opositores,

que pronto serán derrotados. Argumenta que tales acciones de sabotaje no podrán torcer

el curso de la revolución, ni alterar los postulados básicos del socialismo. Insiste en

apretar controles y acosar al sector privado porque –según supone la PEB-, los

desarreglos en la Potencia Energética son pasajeros, pronto se verá repuntar el barril, por

tanto, corresponde prudentemente esperar. Mientras tanto sigue el legado de Chávez

contenido en el Plan de la Patria, pero con un detalle: aumento de la conflictividad.

En la presente encrucijada es previsible un aumento de la conflictividad social ya

que, como quedó dicho, al asumir la confrontación como principio rector de la vida

pública, ¡qué mejor ocasión para organizar a sus seguidores y recuperar fuerzas que la

crisis! Exacerbar los conflictos y resistir hasta que los precios del petróleo vengan en

auxilio de la revolución; se podrá infligir una nueva derrota a los adversarios, para

emprender un nuevo conflicto. Fieles a la consigna: “Unidad y lucha, batalla y victoria”.

Según esta línea, el gobierno dispone de recursos suficientes para mantener el gasto

social, surfear sobre la crisis y meter en cintura a especuladores.

Cualquiera sea el desenlace, la producción petrolera, el tanque de las divisas, está

mermando, ello crea enormes dificultades. No se vislumbra en el horizonte cercano

aumento de precios del barril, ni hay indicios que hagan suponer que el mercado

internacional pueda absorber más crudo, en el caso que se tuvieran los recursos para

invertir y aumentar la producción.

CONCLUSIONES

Los argumentos elaborados en páginas precedentes parecen tener peso suficiente

para respaldar las siguientes afirmaciones:

- El gobierno bolivariano avanza hacia la Estatización general de la Economía. Propicia

acciones tendientes a suprimir el mercado y la iniciativa privada.

- La política monetaria y fiscal son perceptiblemente expansivas. La PEB renuncia a

fórmulas restrictivas, pues Venezuela es Potencia Energética Mundial, dispone de

petróleo por 300 años, aún duplicando la producción.

- La PEB cabalga sobre el supuesto que los precios del petróleo crecerán a largo plazo.

Cualquier descenso en los precios petroleros, de ocurrir, constituye un desajuste

temporal superable con devaluaciones, endeudamiento, incluso con emisión

inorgánica de dinero.

- El objetivo rector de la PEB, perpetuación de la élite política en funciones de gobierno,

se apoya en la distribución “popular de la renta” y un gasto público de naturaleza

clientelar.

- El gasto crece a un ritmo mayor que el ingreso público, (ingreso petrolero, SENIAT,

Deudas + devaluación) ante la apremiante necesidad del modelo de exhibir una

supuesta superioridad sobre el sistema que desea sustituir.

38

- La política social impulsa mejora en la distribución del ingreso hasta nivelar las

remuneraciones, sin importar calificación o capacidad de cada trabajador.

- Las llamadas misiones sociales atienden a la población excluida y reciben parte la

renta petrolera al paso que promocionan al líder.

- La política cambiaria procura estirar al máximo las compras internacionales, intenta

sostener un tipo de cambio fijo, con descarada sobrevaluación del bolívar,

destruyendo la producción nacional, imposibilitada de competir.

- Se restringe el acceso a las divisas al resto de la economía y se avanza hacia el

desiderátum de divisas sólo para el gobierno.

- Se han ensayado 6 sistemas cambiarios, todos conviviendo con un dólar paralelo,

corrupción y distorsiones.

- La PEB estableció severos controles de precios y acentuó las regulaciones al sector

empresarial, para desembocar en la inflación más alta del mundo.

- La PEB provocó una dependencia aberrante de las importaciones y estimuló la salida

de capitales, hasta aterrizar en una escasez sin precedentes.

- La vocería oficial sostiene que la crisis económica caracterizada por creciente inflación,

escasez, desabastecimiento y pérdida del poder adquisitivo de la población es

resultado de la “guerra económica” promovida por la derecha golpista.

- En defensa de la PEB hay que decir que durante varios años llevó comida barata a

amplios sectores de la población y financió programas de asistencia social.

- El mayor error de la PEB, o de sus diseñadores, estuvo y está en suponer

ingenuamente que los precios petroleros crecerán indefinidamente.

- El desequilibrio entre la oferta y la demanda tiende a ensancharse debido a la emisión

inorgánica de dinero y la falta de incentivos a los productores.

- El país continúa expuesto a una circunstancia que la política económica interna no

puede controlar: el azaroso destino del precio de los combustibles. Más allá de esta

incertidumbre, hay evidencias contundentes que el destino asignado a la renta

petrolera no ha sido el más adecuado.

- Las medidas que se implantan a comienzos de 2016, amenazan con profundizar el

sistema de regulaciones y controles. La PEB avanza hacia un callejón sin salida, donde

solo puede retrasar lo inevitable, el relanzamiento del mercado.

- Todos los agentes económicos esperan medidas para conjurar la crisis, en medio de

una conflictividad social.

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