La paz en la Europa oriental

Lo intentos que se han hecho para resolver los problemas políticos de la Europa oriental mediante la aplicación del principio de nacionalidad han fracasado rotundamente. En este rincón del mundo es imposible trazar límites claros y precisos de los diversos grupos lingüísticos. Gran parte del territorio está mezclada lingüísticamente, es decir, habitada por pueblos que hablan distintas lenguas. Las rivalidades y odios entre unas naciones y otras hacen que sean fácil presa del «dinamismo» de las tres grandes potencias vecinas: Alemania, Rusia e Italia. Si se las abandonara a sí mismas, pronto o tarde perderían su independencia a menos que cesen en sus discordias.

Ambas guerras mundiales se han originado en esta zona. Por dos veces las democracias occidentales desenvainaron la espada para defender la amenazada independencia de estas naciones. Y sin embargo Occidente no tiene ningún interés material real en preservar la integridad de estos pueblos. Si las democracias occidentales consiguieran establecer un orden que las salvaguarde de nuevas agresiones, importaría poco que Varsovia fuera capital de un Estado polaco independiente o una ciudad provincial de Rusia o de Alemania, o que Atenas fuera una ciudad griega o italiana. Ni el poder militar ni el económico de las democracias occidentales correrían peligro si Rusia, Alemania e Italia se dividieran esos territorios. Tampoco les importaría que la lengua y la literatura lituanas subsistieran o no.

El interés de las democracias occidentales en los asuntos de la Europa oriental es altruista, carece de egoísmo. Es fruto de una desinteresada simpatía, del entusiasmo por la libertad, del sentido de justicia, sentimientos que han explotado estas naciones. Sus amigos de Occidente no querían ayudarles a oprimir minorías, ni infiltrarse entre los más débiles. Cuando los demócratas occidentales aclamaban a Kossuth, no se les ocurría pensar que favorecían la implacable opresión de eslovacos, croatas, serbios, ucranianos y rumanos. Cuando expresaban sus simpatías por Polonia, no querían decir que aprobaban los métodos aplicados por los polacos contra los ucranianos, los lituanos y los alemanes. Lo que querían era difundir el liberalismo y la democracia, no la tiranía nacionalista.

Es probable que los dirigentes políticos de los grupos lingüísticos de la Europa oriental no se hayan dado todavía cuenta del cambio que están

experimentando las actitudes de las naciones occidentales. Tienen razón al esperar que a sus países se les devolverá la independencia política después del victorioso fin de la guerra. Pero se equivocan mucho si creen que las naciones occidentales van a ir a otra guerra por ellos. Son ellos mismos quienes tienen que establecer un orden político que les permita vivir en paz con sus vecinos más cercanos y defender su independencia contra futuras agresiones por parte de las grandes potencias que son Rusia, Alemania e Italia.

Todos los planes sugeridos en el pasado para la formación de una unión aduanera o de una federación de la Europa central o danubiana, o para una simple restauración del Imperio austrohúngaro, estaban condenadas al fracaso porque se basaban en presunciones erróneas. Sus autores no comprendían que, en esta época de intervención gubernamental en la economía, una unión aduanera es incompatible con el mantenimiento de la soberanía de las naciones que la forman. No comprendían que en las actuales circunstancias la federación significa que todos los poderes están virtualmente investidos en el gobierno federal supranacional, y que los gobiernos nacionales quedan reducidos a la condición de provincias. La única manera de sustituir por la paz y la colaboración la existente desunión en la Europa central, o en cualquier otra parte del mundo, consiste en establecer un gobierno unitario: a menos que las naciones quieran volver al laissez faire.

El gobierno unitario es el más adecuado e indispensable en la Europa oriental porque brinda además la única solución al peculiar problema de límites de las minorías lingüísticas. Una federación no daría nunca buen resultado en este aspecto. En un sistema federal la constitución asigna unas facultades gubernamentales al gobierno federal y otras a los gobiernos locales. Y mientras la constitución no sufra cambios, el gobierno federal carece de facultades para intervenir en asuntos que caen bajo la jurisdicción de los Estados. Un sistema así sólo puede funcionar en una unión de pueblos homogéneos, donde exista un fuerte sentimiento de unidad nacional y no dividan a la población diferencias lingüísticas, religiosas o raciales.

Supongamos que la constitución de una federación de la Europa oriental concediera a cada grupo lingüístico el derecho a establecer escuelas donde se enseñase su propio idioma. En este caso sería ilegal que uno de los Estados miembros de la federación pusiera trabas, directa o abiertamente, al establecimiento de una de esas escuelas. Pero si la normativa urbanística, la administración de los servicios de salud pública o el servicio de incendios fueran

de la exclusiva jurisdicción de los Estados, un gobierno local podría usar sus facultades para cerrar la escuela basándose en que el edificio no reúne los requisitos establecidos por los reglamentos. Las autoridades federales serían impotentes. No tendrían derecho a intervenir ni siquiera si se probara que los motivos aducirlos son un pretexto. Los gobiernos locales podrían abusar de toda clase de prerrogativas concedidas a los Estados.

Si queremos abolir todas las discriminaciones contra los grupos minoritarios, si queremos conceder a todos los ciudadanos una libertad y una igualdad verdaderas, y no simple y puramente formalistas, debemos conferir todos los poderes al gobierno central, lo que no limitaría el derecho de un leal gobierno local a ejercer equitativamente sus facultades, pero impediría la vuelta a métodos en que todo el aparato gubernamental se usa para dañar a las minorías.

Una federación en la Europa oriental no podría nunca abolir las implicaciones políticas de las fronteras. En cada Estado miembro subsistiría el problema de las minorías. Habría opresión de las minorías, odio e irredentismo. El gobierno de cada Estado seguiría considerando enemigos a sus vecinos. Los agentes diplomáticos y consulares de las tres grandes potencias vecinas intentarían aprovecharse de las disputas y rivalidades y tal vez conseguirían disgregar todo el sistema.

Los principales objetivos del nuevo orden político que hay que establecer en la Europa oriental deben ser:

Conceder a todo ciudadano la oportunidad de vivir y trabajar libremente dentro de los límites de la Europa oriental sin que le moleste ningún grupo lingüístico. A nadie se le debería perseguir ni descalificar a causa de su lengua madre ni de su credo. Los grupos lingüísticos tendrían derecho a usar su propio idioma. No se debería tolerar ninguna discriminación contra grupos minoritarios ni sus miembros. Todo ciudadano debería ser tratado de tal manera que pudiera llamar al país, sin reserva, «mi país» y al gobierno «nuestro gobierno».

Hacer que ningún grupo lingüístico espere mejorar de condición política mediante cambios en la organización territorial. Debe desaparecer la diferencia entre un grupo lingüístico dirigente y las minorías lingüísticas oprimidas. No debe haber «irredentismo».

Organizar un sistema lo bastante fuerte para que pueda defender su independencia contra la agresión de sus vecinos. Sus fuerzas armadas deben

poder repeler, sin ayuda extranjera, agresiones aisladas por parte de Alemania, Italia o Rusia. El sistema no debería descansar en la ayuda de las democracias occidentales más que en caso de agresión de dos o más vecinos.

Todo el territorio de la Europa oriental debe, pues, ser organizado como una unidad política bajo un gobierno democrático estrictamente unitario. Dentro de este territorio cada individuo tendrá derecho a elegir dónde quiere vivir y trabajar. Las leyes y las autoridades deberían tratar a todos los indígenas, es decir, a todos los ciudadanos de la Europa oriental, sin privilegios ni discriminaciones en favor o en contra de individuos o de grupos.

Llamemos a esta nueva estructura política «Unión Democrática del Este» (UDE). Las antiguas unidades políticas pueden seguir funcionando dentro de este marco. No es necesaria una dislocación de entidades históricamente desarrolladas. Una vez que el problema de las fronteras deje de tener sus desastrosas consecuencias políticas, la mayoría de los organismos nacionales existentes pueden permanecer intactos, pues, habiendo perdido fuerza para perjudicar a sus vecinos, pueden resultar muy útiles para el progreso de la civilización y del bienestar de la humanidad. Claro está que dentro de la UDE, esos Estados, antes independientes, no serán más que provincias que, conservando todas sus formas honorarias, sus reyes o presidentes, sus banderas, himnos, fiestas oficiales y desfiles, tendrán que cumplir estrictamente las leyes y las disposiciones administrativas de la UDE. Pero mientras no traten de violarlas, seguirán siendo libres. El gobierno central no sólo no pondrá trabas, sino que apoyará fuertemente a los gobiernos leales y cumplidores de la ley.

Comisionados especiales de la UDE deberán inspeccionar el funcionamiento de los gobiernos locales. Las partes perjudicadas por decisiones administrativas de las autoridades locales tendrán derecho, siempre que esas decisiones no caigan bajo la jurisdicción de los tribunales de justicia, a apelar ante el comisionado y el gobierno central. Las desavenencias entre gobiernos locales o entre el comisionado y el gobierno local serán definitivamente zanjadas por el gobierno central, que sólo es responsable ante el parlamento central. La supremacía del gobierno central no debería estar limitada por prerrogativas constitucionales de las autoridades locales. Las desavenencias deberían ser zanjadas por el gobierno central y por el parlamento central, que deberían juzgar todos los problemas a la luz de sus implicaciones para un suave funcionamiento de todo el sistema. Si se suscita, por ejemplo, una disputa respecto a la ciudad de Wilna —uno de los innumerables puntos neurálgicos del Este—, la solución no la

buscarán solamente los gobiernos locales polaco y lituano, ni los miembros polacos y lituanos del gobierno central. El gobierno central —y el parlamento central— intentarán encontrar una solución que pueda también ser aplicada en justicia a casos semejantes que se susciten en Budweis, en Temesvar o en Salónica. De este modo será posible tener un gobierno unitario con un grado de descentralización administrativa prácticamente satisfactorio.

La UDE debería incluir todos los territorios comprendidos entre los límites orientales de Alemania, Suiza e Italia y los occidentales de Rusia, incluyendo los países balcánicos. Debería comprender el área que en 1933 comprendía los Estados soberanos de Albania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Danzig, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Yugoslavia. Debería también comprender el territorio que en 1913 ocupaban las provincias de Prusia Oriental, Prusia Occidental, Posen y Silesia. La primera de ellas no pertenecía al Sacro Imperio ni a la Confederación Germánica. Silesia no formaba parte del Sacro Imperio más que como anexa al reino de Bohemia, y en los siglos XVI y XVII estuvo gobernada por duques que pertenecían a la rama de los Piast, antigua familia real polaca. Cuando Federico el Grande se lanzó a su conquista intentó justificar sus títulos diciendo que era el legítimo heredero de la familia Piast. Las cuatro provincias están habitadas por una población lingüísticamente mixta.

Italia debe ceder a la UDE las regiones europeas que ha ocupado desde 1913, incluso las islas del Dodecaneso, y además la parte oriental de la provincia de Venecia, Friuli, distrito habitado por un pueblo que habla un idioma retorrománico.

La UDE tendrá así una extensión de 700 000 millas cuadradas y unos 120 000 000 de habitantes que hablan 17 idiomas distintos. Un país así debería ser, estando unido, lo bastante fuerte para defender su independencia contra cualquiera de los tres fuertes vecinos.

El problema más delicado de la UDE será el lingüístico. Los diecisiete idiomas deberán ser, claro está, tratados con igualdad. En cada distrito, región o comunidad, los tribunales, las entidades gubernamentales y las municipalidades deberían usar los idiomas hablados por más del 20 por ciento de la población.

Como idioma internacional subsidiario entre los miembros de los diferentes grupos lingüísticos se debería usar el inglés. Las leyes deberían ser publicadas en inglés y en los diecisiete idiomas nacionales. El sistema podrá parecer extraño y

complicado, pero debemos recordar que funcionó satisfactoriamente en la antigua Austria con sus ocho idiomas. En contra de una errónea opinión muy difundida, el idioma alemán no tenía preeminencia constitucional en la Austria imperial.

Los gobiernos de la Europa oriental abusaron del sistema de enseñanza obligatoria para forzar a las minorías a renunciar a sus propios idiomas y adoptar el de la mayoría. La UDE debería ser estrictamente neutral en este asunto. Sólo habría escuelas privadas. Todo ciudadano o grupo de ciudadanos tendría derecho a abrir un establecimiento de enseñanza. Si las escuelas cumplieran los requisitos establecidos por el gobierno central, gozarían de una pequeña subvención por alumno. Los gobiernos locales tendrían derecho a hacerse cargo de la administración de algunas escuelas, pero aun entonces los presupuestos escolares se mantendrían aparte del presupuesto general del gobierno local, y no se podrían emplear más fondos públicos que los asignados por el gobierno central en forma de subvención.

Los políticos y estadistas de las naciones de la Europa oriental están unidos, hoy, sólo por una cosa: el rechazo de este plan. No ven que la única alternativa es la intranquilidad permanente y la guerra entre ellas. Y tal vez la partición de sus territorios entre Alemania, Rusia e Italia. Y no lo ven porque confían en la invencibilidad de las fuerzas inglesas y norteamericanas. No se les ocurre que los norteamericanos y los ingleses tengan en este mundo otra tarea que la de luchar por ellos en una serie interminable de guerras.

Sería eludir la realidad si los refugiados representantes de estos países intentaran convencemos de que en el futuro se proponen zanjar pacíficamente estas cuestiones. Cierto que los refugiados polacos y checos concertaron, antes de que Alemania invadiera Rusia, un convenio de delimitación de fronteras y de futura colaboración política. Pero el plan no dará resultado cuando sea llevado a la práctica. Tenemos abundante experiencia de que los convenios de esta clase fracasan porque los nacionalistas extremistas no los aceptan. Todos los esfuerzos que se hicieron para llegar a una comprensión entre alemanes y checos en la antigua Austria fueron desastrosos porque la juventud fanática rechazó lo propuesto por los viejos dirigentes, que eran más realistas. Claro está que los refugiados están más dispuestos que los gobernantes a transigir. Durante la Primera Guerra Mundial los checos y los eslovacos, así como los serbios, los croatas y los eslovenos, llegaron en el destierro a un acuerdo. Pero acontecimientos posteriores demostraron la inutilidad de esos acuerdos.

Además debemos tener en cuenta que el territorio reclamado por los checos y por los polacos es relativamente pequeño y de poca importancia para cada grupo. No hay esperanza de que se podría llegar a un acuerdo semejante entre los polacos, por una parte, y los alemanes, los lituanos, los rusos o los ucranios por otra; o entre Grecia y los alemanes, los húngaros y los eslovacos. Lo que se necesita no es una específica delimitación de fronteras entre dos grupos, sino un sistema en que el trazado de fronteras no cree enemistades, intranquilidades e irredentismos entre las minorías. La democracia sólo puede subsistir en la Europa oriental mediante un gobierno imparcial. En la propuesta UDE ningún grupo lingüístico sería suficientemente numeroso para dominar al resto. Los más numerosos serían los polacos, que formarían más o menos el 20 por ciento de toda la población.

Se podría objetar que el territorio asignado a la UDE es demasiado grande y que los diferentes grupos lingüísticos interesados no tienen nada en común. Podrá realmente parecer extraño que los lituanos colaborarían con los griegos aunque nunca han tenido entre ellos más relaciones que las diplomáticas corrientes. Pero debemos comprender que la verdadera función de la UDE consistiría en crear la paz en una parte del mundo roída por luchas seculares entre grupos lingüísticos. En todo el territorio asignado a la UDE es imposible encontrar una sola frontera que no sea discutida. Si la UDE ha de incluir a los lituanos y a los polacos porque hay un extenso territorio en que los polacos y los lituanos están inextricablemente mezclados y las dos naciones lo reclaman vigorosamente, debe incluir también a los checos, porque entre los polacos y los checos prevalecen las mismas condiciones que entre los polacos y los lituanos. Por la misma razón deben ser incluidos los húngaros, los serbios y, en consecuencia, las demás naciones que reclaman parte del territorio conocido por Macedonia, es decir, los búlgaros, los albaneses y los griegos.

Para que la UDE funcione suavemente no es necesario que los griegos consideren amigos y hermanos a los lituanos (aunque parece probable que entre unos y otros haya sentimientos más amistosos que entre cualquiera de ellos y sus vecinos más cercanos). Lo único que se necesita es que los políticos de todos esos países lleguen a la convicción de que no es posible oprimir a hombres que hablan otro idioma. No tienen que quererse unos a otros. Basta con que dejen de hacerse daño mutuamente.

La UDE comprendería muchos millones de personas de habla alemana y más de cien mil ciudadanos de habla italiana. Y no se puede negar que los odios

engendrados por los métodos empleados en la presente guerra por los nazis y los fascistas no desaparecerán en seguida. A los polacos y a los checos les será difícil colaborar con los alemanes, y a los serbios y a los eslovenos les será difícil colaborar con los italianos.

Pero ninguna de esas objeciones puede considerarse válida. El problema de la Europa oriental no tiene otra solución. No hay otra solución que pueda dar a estos países la paz y la independencia política.