LA OBJECION DE CONCIENCIA UN PASO MAS HACIA LA PAZ

Buenos días para todos y todas.

El colectivo de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio

del Caquetá (COCOS CONCIENCIA) es una iniciativa juvenil que se ha

venido construyendo desde espacios asamblearios, pluralistas e

incluyentes donde los jóvenes que no quieren hacer parte de esta guerra

de los poderosos contra el pueblo, se organizan para decir no al servicio

militar obligatorio, no a la militarización de la sociedad colombiana y no a

la intervención militar, económica y políticas de las potencias capitalistas.

El colectivo Cocos Conciencia ha venido desarrollando e impulsando

procesos para fortalecer las bases sociales en el departamento y las

redes del trabajo juvenil tanto del sector urbano como rural, con el fin de

cohesionar propuestas de movilización y exigencia por el respeto a la

libertad de conciencia y el derecho que tienen los jóvenes y la sociedad

en general, a rehusarse a hacer parte o financiar mediante sus impuestos

la guerra. Que no es una guerra ni por la soberanía ni por la libertad, si

no que es una guerra por lo que ostenta el poder en nuestro país.

Nos definimos como un movimiento de objeción de conciencia al servicio

militar obligatorio, autogestionario, asambleario que desarrolla

alternativas desde la organización, movilización y la confrontación, con el

objetivo del desmonte del servicio militar obligatorio como mecanismo del

control social, en este punto nos encontramos en confluencia con todas

las diferentes luchas de emancipación social y políticas que adelantan los

sectores sociales y populares en el país.

Como grupo nos declaramos en desobediencia civil, desobediencia que

busca intervenir a través de los hechos y explicar una situación de

injusticia, interrumpiendo un proceso o situación que consideramos

ilegitimo, para ganar espacios de libertad y respeto. Así nuestra

desobediencia como acción política radical, colectiva, organizada y

pública es una forma de expresar nuestro desacuerdo con las

imposiciones del estado a nuestra conciencia, la acción directa, el boicot

y la no colaboración, junto con una educación para la paz son

herramientas imprescindibles en nuestro accionar como grupo e

individuos.

En este sentido es debido iniciar precisando que el estado colombiano se

ha caracterizado por su actitud militarista y pungitiva, donde ha

prevalecido el uso de la fuerza militar como forma de solucionar los

conflictos existentes dentro de la sociedad.

En un estado que se rige bajo el principio según el cual la fuerza militar

es la fuente de toda seguridad no es extraño ver como las FFMM

pasaron de tener 148 mil hombres en el año 2000 a tener hoy 450 mil

hombres y un gasto superior a los 26,5 billones de pesos sin mencionar

la inversión extranjera con apoyo tecnológico y militar, mientras el gasto

en educación no supera los 24,8 billones de pesos , siendo este

presupuesto dividido en educación primaria, secundaria, universitaria,

estudios técnicos y tecnológicos.

El publicitado aumento de cobertura para la educación superior solo ha

sido posible por el efecto estadístico de clasificar la formación del SENA

como educación superior siendo que la educación oficial en formación

técnica y tecnológica equivale al 73% de la educación superior en el país.

Con el monto del presupuesto en defensa y seguridad, Colombia es el

país de Latinoamérica que más dinero destina al gasto militar con

respecto al producto interno bruto (PIB), y que de 2009 a 2012 oscilo

entre el 3,7 y el 3,5 por ciento, según el instituto Internacional de

Estudios por la paz (SIPRI), de Estocolmo.

Las universidades no han sido la excepción a la militarización, estos años

hemos visto como han sido objeto de toda clase de transformaciones y

adecuaciones. Los campus universitarios hoy día no son simplemente

espacios para la confrontación de ideas sino que se han tornado

espacios inseguros para el ejercicio de la libertad de pensamiento, la

libertad de culto y el libre desarrollo de la personalidad. Los organismos

policiales y parapoliciales en acuerdos con directivas de las

universidades las han estado atestando con cámaras e informantes. ¿No

pueden los jóvenes expresar libremente sus desacuerdos con el

sistema?, ¿ni organizar grupos de estudio o manifestarse mediante

movilizaciones?, lamentablemente no, pues inmediatamente la

institucionalidad los señala, estigmatiza y acude al ejercicio de la fuerza

desmedida como ha pasado y sigue pasando en la mayoría de las

universidades del país. El ESMAD es una vergüenza para cualquier

sociedad que se denomine democrática y respetuosa de los derechos

civiles y políticos.

El aparato militarista ha venido acompañado de una campaña ideológica

de adiestramiento de la sociedad colombiana, con los medios de

comunicación como principales actores de esta estrategia guerrerista

impuestas desde países extranjeros sobre nuestros pueblos, con una

intención que traspasa el modelo militarista como ideología y aparato,

donde se desvela los intereses de un modelo económico, el

neoliberalismo que necesita de los países no desarrollados para sostener

el modelo capitalista.

Se debe precisar que el proceso de militarización es anterior al modelo

de producción capitalista, ha existido desde que las comunidades o

sociedades se dividieron en clases y se establecieron comunidades

jerárquicas, con relaciones de poder desiguales, de imposición y de

pertenecía.

En un proceso de paz como el que se está adelantando entre el

Gobierno nacional y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

que tiene como propósito ese fin tan anhelado por la sociedad

colombiana, se debe poner sobre la mesa, la discusión sobre el

desmonte del servicio militar obligatorio, el cambio de la doctrina militar,

la reducción del gasto en defensa y seguridad y el pleno reconocimiento

del derecho a la objeción de conciencia como un paso más hacia la paz.

1. La Objeción de Conciencia se entiende como la posibilidad que tiene

todo ser humano de negarse por razones éticas, políticas, étnicas,

religiosas y humanitarias, a colaborar con toda forma de dominación

económica, social, política, cultural, religiosa y militar.

La objeción de conciencia ha sido definida como la resistencia a

obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen

de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo

que la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia

entre la norma jurídica y alguna norma moral, siendo reconocido por la

Corte que es posible objetar por razones de conciencia deberes

laborales, educativos y profesionales, y con referentes normativos del

bloque de constitucionalidad como el que se desprende de la Resolución

1989/59 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las

Naciones Unidas, sobre objeción de conciencia al servicio militar, la cual

se da, entre otras, “reconociendo el derecho de toda persona a tener

objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del

derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos”.

De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución política de Colombia,

se “garantiza la libertad conciencia” y “nadie será molestado por razón de

sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

En general, la Corte Constitucional ha señalado en la sentencia C-728 de

2009 que la objeción de conciencia se presenta cuando el cumplimiento

de la normatividad vigente exige por parte de las personas obligadas a

acatarla un comportamiento que su conciencia prohíbe. En otras

palabras, ha dicho la Corte, la objeción de conciencia supone la

presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma

moral. La Corporación a definido la objeción de conciencia, como “la

resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de

un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento

prescrito”

En su sentencia la corte constitucional reconoció la objeción de

conciencia al servicio militar obligatorio, por razones religiosas, filosóficas

y morales, como un derecho fundamental derivado del derecho a la

libertad de conciencia. Y precisa que el goce de este derecho se puede

exigir mediante la tutela.

Pero las fuerzas militares no reconocen el derecho de los objetores y

siguen incorporado a jóvenes en contra de su voluntad en contra de su

conciencia, por eso es una necesidad inmediata que las fuerzas militares

y las instituciones responsables de salvaguardar los derechos de los

individuos protejan este derecho.

2. Las detenciones arbitrarias por parte del ejército, es decir las mal

llamadas Batidas o redadas que en temporada de reclutamiento son el

terror de la juventud, son una extralimitación en las facultades dadas al

ejército mediante la ley 48 del 93. Pues en esta nunca se le da facultades

a las fuerzas militares para retener a los jóvenes por no haber definido su

situación militar, esta práctica es una forma de secuestro a lo cual al

corte se refirió en la sentencia C-879 de 2011.

Dice la corporación: “las autoridades sólo podrán retener

momentáneamente (en el mismo lugar) a los jóvenes para verificar su

situación militar y de ser el caso inscribirlo, en consecuencia no podrán

conducir jóvenes hasta instalaciones militares ni retenerlos por largos

períodos de tiempo para allá verificar su situación militar y posteriormente

inscribirlos, realizarle exámenes y mucho menos incorporarlos a filas”

“El único caso en el que es posible conducir a jóvenes por la fuerza hasta

las guarniciones militares es cuando se trata de remisos, pero en éste

caso previamente se deben haber agotado las etapas de inscripción y

exámenes, y se debe haber expedido una orden que individualice al

remiso y ordene su traslado a la guarnición militar.”

“De no cumplir con el procedimiento aquí aclarado por la Corte

Constitucional, las autoridades militares que realicen batidas para

identificar remisos y conducirlos a lugares de concentración, o conduzcan

a jóvenes hasta instalaciones militares para inscribirlos, incurrirán en

detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 de la Constitución

Política”

Artículo 28: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su

persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su

domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad

judicial competente, con las formalidades legales y por motivo

previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del

juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que

éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la

ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni

penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”

Pero el ejército continua realizando batidas, es decir secuestrando

jóvenes para la guerra, ¿qué diferencia hay entonces entre estos y los

asaltantes que paran un bus en la mitad de la carretera?, ¿qué van a

decir? que el ejercito es legal y los otros no. ¿Y entonces como es legal

puede ser arbitrario y violar las leyes? Las batidas deben para

inmediatamente se deben respectar los derechos si se quiere avanzar

hacia la construcción de la paz.

3.El desmonte del servicio militar obligatorio y reducción de las fuerzas militares es una necesidad, se debe desmilitarizar la vida e la sociedad

colombiana, nuestros impuestos no pueden seguir sosteniendo a medio

millón de hombres que solo sirven para la guerra, si se disminuyera

significativamente el gasto en lo militar toda esa inversión podría

destinarse a satisfacer necesidades concretas de los ciudadanos

colombianos, una hora de guerra consume al menos 2.396 millones de

pesos y un día 57.500 millones de pesos a lo anterior hay que sumarle el

costo en vidas humanas, sociales y ambientales, entre otros. Con el

gasto militar de 195 días de guerra se pudo haber construido un hospital

de segundo nivel en cada uno de los 1.123 municipios que tiene Colombia. ¿Cuántos colegios se pudieron haber construido en todo el

país? ¿Cuántas universidades? o ¿Cuántos kilómetros de carretera se

pudieron haber construido con lo que consume la guerra en apenas unos

meses?

El cambio de la doctrina militar hacia una doctrina basada en el respecto por los derechos humanos, el desarrollo social del pueblo con un

verdadero sentimiento latinoamericano y humanista

4. Se deben dar cambios radicales en la instituciones del estado, los

principios militaristas y pungitivos deben ser cambiados por relaciones de

equidad, igualdad y justicia social aplicando sanciones que no sean

venganzas contra los individuos que vulneran las normas , sino llamados

a la conciencia donde la norma no sea impuesta sino que sean

verdaderos acuerdos sociales.

Compañeros y compañeras el colectivo cocos conciencia agradece su

participación en este conversatorio, esperamos que sea de su agrado,

que podamos en el trascurso de la jornada resolver y solucionar todas las

dudas que hayan quedado. Los invitamos a participar y a vincularse al

proceso que el colectivo viene y seguirá realizando en la lucha por el

derecho a la objeción de conciencia como un paso más hacia la paz.