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La No-Reforma del Sector Eléctrico español.

El pasado viernes 14 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el esperado

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética (sic). Tras

haber leído este título una y otra vez aún no alcanzo a comprender aún qué tienen que

ver “Medidas Fiscales” con “Sostenibilidad Energética” y en qué contribuyen los

impuestos a una energía más sostenible. ¿Será que a más impuestos este es más

sostenible? ¿sostenible…para quién?

Comencemos por tratar de clarificar algunos otros conceptos. El más importante y a la

vez incomprensible para la mayoría de nosotros es el de “déficit del sector eléctrico”.

Básicamente un “Déficit de X” es una situación en la que los ingresos de una institución

u organismo X son inferiores a sus gastos (p.ej. déficit de las Administraciones Públicas

o déficit de la balanza por cuenta corriente). Hasta la fecha sólo se conocían tres

posibles soluciones a un problema de esta índole: (1) aumentar ingresos; (2) reducir

gastos; o (3) una combinación de las anteriores. El Gobierno de España, sin embargo, en

un alarde de creatividad ha inventado una nueva solución. Cambiar el nombre del

Déficit de X (léase el sector eléctrico), y así hacerlo desparecer (o al menos, aparecer en

otro lado). La pregunta, como en el juego de los trileros es ¿dónde va a aparecer esa

bolita de déficit de más de 24.000 millones de euros a cierre de 2011? Vayamos por

partes.

¿Solucionan los nuevos impuestos el déficit del sector eléctrico? En la medida en la

que restan gastos al sistema para financiarlos vía los nuevos impuestos en lugar de

detraerlos de los ingresos del sector, sí. En efecto, el Déficit de X va a reducirse a raíz

de que algunos de los gastos que antes eran soportados por el sistema ya no lo serán más

y su importe (ya que por supuesto, esta bajada no se transmite al consumidor de

electricidad) está a partir de ahora disponible para hacer frente a otras partidas de gasto.

Adicionalmente se crea también vía algunos de esos nuevos impuestos un pool de

recursos adicionales para sufragar esos gastos. Hasta aquí más o menos vamos bien.

¿Es una medida eficaz para hacer frente al déficit existente? El Gobierno estima que

la recaudación a obtener de estos impuestos será de unos € 2.700 millones (anuales). A

partir de esta cifra y, suponiendo que,

(i) todo ello fuese a pagar el déficit histórico,

(ii) se mantuviese el coste de financiar esa deuda en niveles del 3% anual,

en lugar del 6% que tiene que pagar el Estado a 10 años; y

(iii) en ejercicios futuros no hubiese nuevos desfases,

se tardaría alrededor de 10 años en hacer frente a la posible deuda acumulada en

concepto de déficit del sector eléctrico a finales de este año. Largo (e incierto) me lo

fiais, pues. Empezamos a no ir tan bien.

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¿Significará esta lenta disminución del déficit que el sector es más eficiente y que

se ha conseguido hacer lo mismo con menos recursos? No. Como decíamos antes, el

consumidor eléctrico pagará lo mismo (como mínimo y posiblemente, como veremos,

acabe pagando más). Los nuevos recursos para atajar el déficit los deben poner las

compañías eléctricas que han de satisfacer los tributos, tanto eléctricas tradicionales

como renovables. Es decir, las compañías eléctricas convencionales (que son las que

tienen derecho al cobro del déficit) se quitan de sus ingresos unos importes en concepto

de los nuevos tributos y los destinan a cubrir los costes que no alcanza a pagarles el

sistema. Todo menos intuitivo ¿verdad? No se a Uds. pero a mi esto empieza a

chirriarme y hace un rato que he perdido de vista la “bolita” del problema. Por otro lado,

las renovables que mayoritariamente reciben del sector eléctrico unas tarifas reguladas

también deben aportar a esos impuestos y muy a su pesar contribuir al agujero del

déficit de tarifa en la misma proporción que las eléctricas convencionales (un 6% de su

producción), pero sin tener derecho a cobro alguno adicional. Esto, aunque discutible, es

más sencillo y directo como solución al problema del déficit. Aparentemente se elude el

problema de la discriminación impositiva con un tipo único a todas las fuentes de

generación, y se evita nominalmente el problema de la retroactividad (aunque no deje de

ser un cambio evidente de las condiciones de juego para todos).

Pero entonces ¿quién va a pagar el coste de esta creativa solución (tanto o más

como creativa fue la idea de generar y financiar un déficit)? ¿Van a asumir las

empresas eléctricas el coste de estos nuevos tributos directamente contra su cuenta de

resultados? ¿Se han acabado ya las subidas del precio de la electricidad para el

consumidor? Me temo que la respuesta es no en ambos casos. ¿Hay costes para otras

partidas de los presupuestos y para los contribuyentes en general? Sí. En definitiva,

todos los que estamos de este lado del PIB (el de las familias y las empresas privadas)

pagamos; por otro lado, cómo siempre ¡qué esperaban Uds.! ... ¿acaso hay alguien más

a quien exprimir? Veamos.

En primer lugar, hay que partir de la constatación de que diferir el pago de lo que

debemos en el tiempo nos supone a los españoles un coste financiero de muchos cientos

de millones de euros anuales. Nos estamos haciendo trampas al solitario. ¿No sería más

fácil haber afrontado el pago cuando se consumió esa energía –teóricamente barata,

pero que ahora pagamos cara- que transferir esa enorme deuda a la próxima generación?

En cuanto al reparto de esas cargas, lo cierto es que todavía no está todo el pescado

vendido. A corto plazo, cabe esperar un aluvión de medidas de presión por parte de las

patronales tanto de las eléctricas tradicionales como de las renovables hasta que este

Proyecto de Ley sea aprobado por el Parlamento. Y ya veremos qué queda al final.

En segundo lugar, a buen seguro habrá también recursos contra la nueva Ley, tanto ante

los Tribunales españoles como ante Organismos internacionales como los que ya se han

planteado a raíz de las modificaciones a la retribución de los huertos fotovoltaicos desde

2010. Aunque no suele mencionarse, todo ello supondrá costes para todos los españoles

en términos de utilización de recursos (p.ej. de un sistema judicial que se encuentra ya

de por sí embotellado –por no hablar de “instrumentalizado” y “politizado” o de los

costosos bufetes de abogados que asesoran a la Abogacía del Estado en los pleitos

internacionales) y, más importante aún, en términos de seguridad jurídica y de la prima

de riesgo que habrá que pagar para atraer inversiones extranjeras a largo plazo al país.

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Adicionalmente, la reforma contribuye a reducir aún más la escasa transparencia de un

sector en el que convive ya una compleja mezcla de actividades reguladas y

liberalizadas en las que es difícil vislumbrar el reparto de beneficios y riesgos. Aunque

ese coste de los nuevos tributos energéticos será inicialmente soportado por las

empresas, estas a buen seguro buscarán vías para compensarlo en el laberinto de la

regulación del sector, bien a través de mayores ingresos, bien a través de menores

costes. La primera vía supondrá que los consumidores acaben siendo los “paganos” de

estos nuevos impuestos, que serán trasladados de forma directa o indirecta a los precios

energéticos, mientras que la segunda redundaría en una mejora de la eficiencia, quizás a

coste de reducción de empleo, endurecimiento de condiciones a proveedores (con el

consiguiente efecto contractivo a lo largo de la cadena de valor) o menor calidad en el

nivel de servicio. Evidentemente, no todas las empresas tienen igual capacidad de

aumentar sus ingresos o reducir sus costes. Las renovables, cuyos ingresos vienen

mayoritariamente establecidos por una tarifa fija (indiciada al IPC) y cuyo coste

principal es la retribución del capital ya invertido en las instalaciones tienen menor

margen de maniobra que las eléctricas tradicionales que cuentan con un mix de ingresos

y costes mucho más diversificado y flexible.

Finalmente, en aquella parte que las empresas no sean capaces de trasladar este nuevo

coste, bien por la vía de mayores ingresos, bien por la de menores costes, se producirá

una caída del beneficio, y lógicamente de la recaudación por impuesto de sociedades.

Este efecto se extenderá a proveedores que vean renegociados sus productos y servicios,

por lo que Hacienda bien podría perder por esta vía un 20%-25% de lo recaudado con

los nuevos impuestos energéticos. Algunas de estas empresas podrían entrar en

concurso al no poder hacer frente a sus compromisos, con el coste económico y social

añadido que ello supone.

¿Suponen por tanto estas medidas la solución definitiva a los problemas del sector?

A la vista de todo lo anterior, parece evidente que no. Se trata del enésimo parche

legislativo en un sector que lo que necesita es un marco claro en el que afrontar las

cuantiosas inversiones necesarias para tener un sistema energético limpio, seguro y

eficiente, en el que se eviten errores como la burbuja fotovoltaica o la de los ciclos

combinados y los onerosos contratos take-or-pay de gas natural ligados a un precio del

petróleo que no deja de subir.

Una vez más se está poniendo el carro (problema a corto plazo del déficit) delante de los

bueyes (la reforma estructural del sector que lleve a un abaratamiento a medio y largo

plazo de nuestra electricidad). En vez de fijar y aumentar costes con nuevos impuestos

se debería revisar el grueso de los costes del sector (energía “de mercado” y costes

regulados aparte de régimen especial) con reformas estructurales para abaratar el coste

final de la electricidad. La solución al déficit sería consecuencia de ello, y no al revés.

Y la mejor forma para lograrlo sería introducir más mercado (y no menos que es lo que

al final resulta de estas medidas); pero un mercado de verdad, con competencia real en

generación y comercialización (p.ej. mediante subastas de capacidad) y en el que

beneficios y pérdidas no acaben soportados por empresas (los primeros) y consumidores

(las segundas). Y que se revisen los costes de las actividades reguladas de electricidad y

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gas (contratos internacionales incluidos), para los que no debe caber un cheque en

blanco que siempre acaba pagando el consumidor.

Y que los Gobiernos de uno y otro signo, que también han tenido su cuota importante de

responsabilidad en los errores del pasado, reduzcan su presencia directa e indirecta en

un sector que debiendo liderar y ser catalizador del crecimiento económico cada vez

refleja más la hipertrofia y la ineficiencia de la Administración, para permitir en su

lugar el juego real de las leyes del mercado. Seguro que les iría mejor. Y con ellos a

todos los españoles.

Septiembre 2012

José Espinosa

Managing Partner

Green Capital Advisors

jespinosa@greencapitaladvisors.es

Twitter:JESpinosa_GCA