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La mermelada de fresas

De todas las mermeladas, la que más me gusta es la de fresas.

Y a los funcionarios públicos, los fondos en vísperas de campaña electoral.

Una de dos; el jefe de “este gobierno” perdió completamente el juicio, o cree que los colombianos somos güevones del todo, y nos vamos a creer el cuento de que soltar 5,8 billones de pesos a alcaldes y gobernadores, faltando 9 meses para las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales no es para empujar las elecciones en favor de los candidatos de la coalición mayoritaria gobernante.

¿O será que la coalición mayoritaria, denominada Unidad Nacional, no existe, y lo que hay es una caterva de oportunistas viendo cuanto pueden cobrar por su apoyo a quien maneja la plata?

Hace cuatro años, aprovechando las desventuras que el invierno causó a numerosos compatriotas, “este gobierno” dio un zarpazo y se apoderó de las regalías, que hasta ese momento eran controladas por alcaldes y gobernadores. Una de las razones argumentadas era que las administraciones locales eran corruptas y se robaban las regalías.

En forma súbita las administraciones regionales se volvieron prístinos estanques de honorabilidad que podrán administrar sabiamente y sin control central esos recursos que les mantuvieron retenidos por cuatro años, por no haber presentado proyectos creíbles o por no haber rendido cuentas sobre los dineros entregados.

Curioso, dos o tres semanas antes, se anuncia que a 19 municipios del departamento cuna de la oposición más fuerte, se le congelan todos los giros por regalías por no haber presuntamente rendido cuentas aceptables.

No más en el día de ayer al Ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, con su seriedad y sapiencia, invocando la ley con número y todo, pero erróneamente citada (dijo Ley 966 y no Ley 996 – La primera ley es de honores al Instituto Caro & Cuervo), se le salió un eructo cuando afirmó que no entendía porque el escándalo por la propuesta de derogación de la ley de garantías, puesto que sin ella, todos los alcaldes y gobernadores, no solo los de la Unidad Nacional iban a tener acceso a los fondos y por lo tanto no habría desequilibrio electoral. ¡Ahhhh! Disponer de fondos en vísperas electorales si da ventaja. Es decir, a juicio del ministro, esa platica si va a ser utilizada para las elecciones.

Además, la plata se suelta para proyectos concretos presentados creíbles. Les aseguro que los únicos proyectos creíbles presentados, por pura coincidencia, serán aquellos de las administraciones locales amigas del gobierno. ¿O no fue eso lo que anunció públicamente hace poco Roy Barreras en Cartagena? No hay plata sino para administraciones amigas.

Otro eructo se produjo cuando, en la misma explicación, el ministró aportó otro argumento en favor de la derogación de la ley de garantías. Según ese político, la ley es inútil, pues la contratación pública por medio de licitaciones no es afectada por dicha ley y solo la contratación directa está prohibida (la de los fondos de cofinanciación, según el funcionario). ¿Entonces en que estamos? ¿No disque la ley paraliza las administraciones locales? ¿Si se puede licitar, entonces que se paraliza? ¡La contratación a dedo! Y esa es la que sirve en época electoral. Adjudicar un contrato de 20 mil millones tal vez asegura

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los votos de 3 o 4 personas y como máximo, una buena tajada por cuenta de la coima en la cuenta personal de los funcionarios responsables de adjudicar, pero poder celebrar unos 10.000 contratos directos adjudicados a dedo de prestación de servicios y complementarios si financia toda una organización electorera. En cuanto a paralizar la administración, llevamos 10 años con la ley vigente y lo único que hay que hacer es continuar haciendo lo que se venía haciendo con la ley en vigencia, planear bien la contratación, para que no se vea perjudicada por la ley de garantías. ¿O acaso surgieron imprevistos de última hora que hacen necesario adjudicar contratos no planeados en estos meses prelectorales en todos los municipios? ¿Será que el imprevisto es que no hay voluntad de voto progubernamental?

También eructó de nuevo cuando dijo que lo de la ley solo era para la elección presidencial. ¿Y entonces porque los sabios legisladores también incluyeron abstención contractual en época de elecciones regionales? El cuento de que la ley de garantías era para hacer transparente la relección de un presidente que ya estaba prácticamente relegido, es eso, un cuento y chimbo por añadidura.

El argumento presidencial de que puesto que no lo van a reelegir a él, la ley de garantías es inútil es peregrino, hipócrita y falaz. ¿O es que el señor presidente confiesa que él es el único que está en capacidad de beneficiarse, electoralmente hablando, de los fondos públicos en toda la administración pública colombiana?

En primer lugar la relección presidencial no ha sido derogada, todavía. Y aprobar una reforma constitucional va más despacito que aprobar una ley presentada con mensaje de urgencia para soltarles 5,8 billones de pesos sin control central a los políticos regionales en vísperas de elecciones.

En segundo lugar, el que una persona no sea relegible no quiere decir que su partido o grupo político no quiera que su sucesor provenga de su colectividad, y por lo tanto, la no reelección no es una garantía electoral de transparencia.

En mi muy particular opinión este episodio es fruto de un pánico cerval acompañado de una reacción histérica, el cual casi con seguridad se debe haber desatado porque en alguna encuesta secreta se encontró que la Unidad Nacional no solo estaba débil para las próximas elecciones, sino que sus integrantes iban a perder por “goliada”, frente a los diferentes grupos y partidos de oposición (de derecha y de izquierda). No hay otra razón racional que pueda explicar esta jugada de riesgo, para continuar con las analogías deportivas.

Como según los politólogos y expertos en elecciones, el número de votos es proporcional al capital invertido multiplicado por la participación en la intención de voto, expresada como fracción (y no estoy hablando de compra de votos) debido a las leyes del mercadeo y la publicidad, parece que el gobierno está avizorando que la plata permitida en la campaña no va a ser suficiente para subir la intención de voto favorable a su coalición a niveles competitivos, y se requiere aceitar la maquinaria con más dinero de lo permitido para que la inversión genere suficiente redito electoral. Que mejor forma que contratación oficial, que al fin y al cabo no puede ser contrarrestada por los bandidos de la oposición, a menos que cometan un delito, sobrepasando los topes de gasto de sus campañas.

No olvidemos la hoy en día considerada casi leyenda del Proceso 8000, cuando se acudió a ciertas fuentes no muy católicas para impulsar una campaña que estaba perdida y sin recursos. Ahora por lo menos se va a recurrir a dinero limpio: las regalías.

A mí me sigue gustando más la mermelada de fresas.