La maza y la cantera

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La maza y la canteraJuventud vasca, represión y solidaridad


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la maza

y la cantera

Juventud vasca,

represión y solidaridad

Julen Arzuaga


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primera edición de txalaparta

Mayo de 2010

© de la edición: Txalaparta© del texto: Julen Arzuaga

editorial txalaparta s.l.l.

Navaz y Vides 1-2Apartado 7831300 Tafalla nafarroa

Tfno. 948 703 934Fax 948 704 [email protected]

diseño de colección y cubierta

Esteban Montorio

foto portada

© Argazki Press

maquetación

Arte4C

impresión

GRAFICAS LIZARRA, S.L.Carretera a Tafala, km. 131132 Villatuerta - Navarra

isbn

978-84-8136-582-5

depósito legal

na.1279-10

txalaparta


Si no creyera en cada herida,si no creyera en la que ronde,

si no creyera en lo que escondehacerse hermano de la vida.

Si no creyera en quien me escucha,si no creyera en lo que duele,

si no creyera en lo que quede,si no creyera en los que luchan.

¿Qué cosa fuera?¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?

Un amasijo hecho de cuerdas y tendones,un revoltijo de carne con maderas,

un instrumento sin mejores resplandoresque lucecitas montadas para escena.

La maza, silvio rodríguez

Ser joven es un delito.La realidad lo comete todos los días, a la hora del alba;y también la historia, que cada mañana nace de nuevo.

Por eso la realidad y la historia están prohibidas.

Días y noches de amor y de guerra,eduardo galeano


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prólogo

este documento hubiera sido simplemente imposible sin eltrabajo de campo desarrollado con encomiable dedicación ymimo por Aitziber Ezkerra. La información recabada, losdatos, cifras y testimonios recopilados por ella son el arma-zón de valor inestimable sobre el que descansan las valora-ciones, sobre el que se soportan las trayectorias y vivenciasnarradas en este libro. Toda la labor desarrollada por Aitziberobliga a reconocerla con categoría –como mínimo– de coau-tora. Con una precisión: suyos son los aciertos, solo mías lasposibles incorrecciones.

El trabajo que ahora, lector o lectora, tienes entre manostampoco hubiese visto la luz sin la iniciativa y el impulso deGurasoak y, más en concreto, de Jesús González, Marian Bil-batua, Iñaki Regueiro y Txusa Etxeandia, sin olvidar a MikelVázquez, que puso a nuestra entera disposición el materialque la asociación había ido archivando en Iruñea. La tareaque iniciamos tres años atrás cristaliza en este libro y en unabase de datos al alcance de todo aquel que se anime a desa-rrollar aún más una temática que, sin duda, no se agota conlo aquí dicho.


Vayan agradecimientos varios para Karmele por susbases documentales siempre dispuestas; para Fo, por echaruna mano aportando valiosos datos, y para María, Koté, JoséMari y Mikel por sus comentarios y correcciones.

julen arzuaga

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introducción

la juventud vasca se ha caracterizado por ser una de lasmás dinámicas y concienciadas de, al menos, nuestro espaciogeográfico más cercano. Las diferentes expresiones de activis-mo juvenil han sido numerosas y plurales, espontáneas uorganizadas, han transcurrido por los cauces ordinarios deacción política o por otros no tan convencionales. Con preo-cupaciones diversas, desde las más inmediatas y mundanas–relaciones humanas, problema de la vivienda o la precarie-dad laboral, el medio ambiente, tiempo libre, creatividad,etc.– hasta las aspiraciones más utópicas, los y las jóveneshan querido hacerse un hueco. Han pretendido hacerse oír enun mundo diseñado por y para los mayores. Un mundo a susojos anticuado, injusto, susceptible de ser mejorado. Perorápidamente han advertido que su capacidad de intervenciónen él es extremadamente reducida.

Es ahí donde se ha planteado una pugna entre «estar pre-sentes a la fuerza» versus «ser silenciados por la fuerza». Así,algunos jóvenes han recurrido a actos abiertamente enfrenta-dos a la legalidad, contrarios a las previsiones recogidas en elsistema penal. Sin posicionarnos ante esa decisión, constata-mos que está ahí. Comprobamos que ha existido un sector de

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jóvenes que ha recurrido en ocasiones a cierto grado de vio-lencia como método de expresión.

Kale borroka, guerrilla urbana, lucha callejera, herri borro-ka, acción directa, enfrentamientos entre manifestantes ypolicías, jóvenes proetarras, radicales, grupos «Y» de apoyo aETA, terrorismo de baja intensidad, los chicos de la gasolina,alborotadores, vandalismo, gamberrismo juvenil, disturbios,tumultos, algaradas, sabotajes, noches de cuchillos largos,terrorismo periférico, la cantera, el vivero, los cachorros deETA, los alevines de la serpiente, pistoleros de Jarrai, encapu-chados de Haika, terroristas de Segi... Muchos apelativos, noexentos de carga emocional y política, para referirse a unfenómeno complejo. Un fenómeno que a su vez ha recibidouna respuesta no siempre lineal, pero habitualmente exacer-bada, por parte del Estado.

Porque éste también ha echado mano de la violencia antelas aspiraciones de los jóvenes. Una violencia no siemprelegal, rara vez legítima. Ha ejecutado una respuesta despro-porcionada, que ha arramblado con los derechos de cientos ymiles de jóvenes. Y que ha destrozado sus vidas.

Dos agentes enfrentados en pugna desigual. El cantautorcubano Silvio Rodríguez nos inspira con una magnífica can-ción de la que extraer el título de este libro. La maza y la can-tera quiere sugerir ese enfrentamiento, ese conflicto asimétri-co: la maza, es el instrumento con que el juez imponecastigos, tal vez la porra con que golpea el policía. La cantera,si bien un término peyorativo empleado para criminalizar alos jóvenes vinculándolos con la organización armada ETA, nopodemos obviar por otra parte que, en sentido positivo, lasgeneraciones más jóvenes conforman la cantera de este país,son su futuro. El concepto puede identificarse también conun yacimiento inagotable de actividades, de impulsos, de ide-ales; con el conglomerado de reivindicaciones y utopías quemueve continuamente a los jóvenes. Esa cantera de anheloscontra la que el Estado descarga su maza. Dejémoslo ahí: una

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sugerencia ambigua, un título con cierta dosis de provoca-ción.

Cuando iniciamos la redacción de este documento mira-mos con vértigo la hoja en blanco, ante la cantidad de infor-mación que podíamos descargar sobre ella: miles de datosrecopilados, centenares de testimonios recabados, fechas,cifras... Un saldo «monstruoso». En dos sentidos: uno figura-do, por su cantidad, más aún teniendo en consideración quetodo acontece en un pueblo tan pequeño como es EuskalHerria. Material en estado caótico, desestructurado. Inacaba-do e insuficiente en algunos extremos, superfluo y repetitivoen otros. Hemos pretendido recuperar y sistematizar todoello para que nos sirva de base para elaborar este trabajo.Cierto, no han sido muchos los expertos, sociólogos, académi-cos que han trabajado sobre esta disciplina. Los que lo hanhecho tenían la misión de fabricar informes de parte en losque justificar nuevas medidas represivas, propagandísticas,penitenciarias, penales, reeducativas. Intentemos nosotros,sin ninguna pretensión académica, abordar ciertos hechos ydatos dispersos, para, traídos del caos de su inmensidad auna suerte de compendio, acercarnos a alguna conclusión.

Decíamos información «monstruosa», también en senti-do literal: vivencias escalofriantes de personas jóvenes quehan sufrido en sus propias carnes detenciones, torturas, jui-cios irregulares, decisiones judiciales arbitrarias, condenasdescomunales, penosas condiciones de encarcelamiento. Jóve-nes que, sin quererlo, se han visto protagonistas de montajespoliciales y linchamientos paralelos por parte de responsa-bles políticos y medios de comunicación.

Vaya por delante que es difícil establecer el equilibrio per-fecto, la distancia adecuada. Es imposible huir de toda subje-tividad. Porque una cosa es la descripción en abstracto deuna situación y otra vivirla, sentirla, verse afectado, afectadapor ella. En la acción coercitiva del Estado ¡se han conculcadotantos derechos!, ¡se han cometido tantas injusticias en nom-

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bre de la seguridad y el orden público! Como Dante de lamano de Eneas en la Divina comedia, solamente descender alos infiernos y encarar esas experiencias nos da la verdaderadimensión del problema. Y ello –prevenimos a quien se acer-que a estas líneas– toca la fibra, levanta ampollas, eriza lospelos.

Así pues, la primera decisión que debemos adoptar es demétodo ¿Cómo estructurar las vivencias de tantos y tantasjóvenes cuyo nombre apareció escrito en un dosier policial?¿Qué técnica aplicar para relatar los sentimientos en elmomento que le levantaron de la cama para llevárselo?¿Cómo cuantificar su angustia en comisaría, su desasistenciaen el juzgado, su soledad en la cárcel? ¿Cómo evaluar laextrema dimensión de la represión estatal, en consideracióna la habitualmente escasa gravedad de los hechos imputadosa los jóvenes? ¿En qué parámetros estimar si ha sido equili-brada, proporcional? Y en el caso de que lleguemos a la con-clusión de que no lo ha sido, ¿existe una metodología quepermita tasar el sentimiento de ultraje, de escándalo que haprovocado? Si en las siguientes líneas afloran, no ya contun-dentes respuestas a todas las preguntas planteadas, sino almenos una simple reflexión, el objetivo de este trabajo estarácumplido.

Pero falta todavía por mencionar una variable en la ecua-ción juventud-represión. Como si de una cadena se tratase, lareacción estatal exagerada ha producido otro efecto: el prove-niente de la agonía y la rabia de madres y padres que hanrevuelto el universo entero para conocer el paradero y el esta-do de sus hijas e hijos tras ser arrancados de sus familias. Laactivación de miles de personas anónimas en defensa deunos derechos que consideraban elementales y que veían undía sí y otro también pisoteados, negados a los suyos.

Precisamente, en esta experiencia de solidaridad es dondeentra en escena la aportación de Gurasoak, colectivo demadres y padres que se han visto obligados por las circuns-

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tancias a hacerse conscientes de lo que les estaba sucediendoa sus hijos. A ellos les ha tocado, a su vez, tomar partido, mos-trarse, alzar la voz en favor, siempre en favor de sus chavales.Porque han visto utilizar los mecanismos más severos delestado para resolver problemas que tienen, sin duda, unanotoria raíz social o política. Porque han conocido, golpe agolpe, el protagonismo que se ha dado a la policía, a la Admi-nistración de Justicia, al Sistema penitenciario, siempre entérminos extraordinarios, dotándoles de nuevas herramientascon las que enfrentarse a las aspiraciones y reclamaciones desus hijos. Porque estos han sido presentados como violentos,como alimañas, como drogadictos y marginales.

Y precisamente por el arraigo y la cercanía de estos jóve-nes a su ambiente familiar, transcienden sus problemas a eseentorno. Porque, como aseguran sus madres, «los volverían aparir, tal y como son». Inevitablemente, al verse sus progeni-tores implicados a la fuerza –nunca mejor dicho–, se haencendido una reacción de autodefensa. Un padre, años des-pués de la detención de su hijo, reconocía: «el primer senti-miento que tuve cuando le detuvieron fue hacerme la pre-gunta: ¿cómo me puede hacer esto a mí? Después me hicemás consciente y la pregunta cambió: ¿cómo le pueden haceresto a él? Al final comprendí la dimensión del problema:¿cómo les pueden estar haciendo esto a tantos chavales?».Un sentimiento auténtico, genuino, de agravio, madurado agolpes de realidad.

Con este libro se pretende, por último, hacer un pequeñotributo a todas y todos los jóvenes, verdaderos protagonistasde estas páginas que, por querer cambiar el mundo, sumundo, han sufrido la violencia exacerbada y la injusticia delestado en tantísimas ocasiones. Un desagravio para esos que,lamentablemente, nunca encontraran el reconocimiento delas altas instituciones políticas, la reparación en los tribunalesespañoles, la rehabilitación ante la sociedad por los grandesmedios de comunicación... para quienes, probablemente,

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nunca tendrán la seguridad de que lo que ellos padecieronjamás se repetirá con otros.

Desde el íntimo convencimiento de que si no alumbra-mos nosotras y nosotros el camino, esa garantía de no repeti-ción nunca llegará.

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desbrozando terreno

la juventud vasca ha sido protagonista recurrente de noti-cias, de declaraciones de responsables policiales o políticos,objeto de decisiones en tribunales de justicia o de dictámenesde distantes expertos. Sobre ella se vierten ríos de tinta: sehacen valoraciones, se adoptan medidas, se diseñan planes ypolíticas.

Cierto es que la juventud de este país es plural. No sere-mos nosotros quienes la etiqueten en rancios vectores socio-lógicos o en esquemas o categorías cerradas. Difícil trabajo,precisamente porque las vivencias juveniles están profunda-mente interrelacionadas, ligadas entre sí, con valores en con-tinua contradicción, cambio y evolución. Si hay algo trans-versal en nuestra sociedad, es esa experiencia vital, incipientepero rica, auténtica, compartida por un sector poblacionalcuya característica principal es, simplemente, que se encuen-tra entre los dieciséis –tal vez quince– y los veintitantos años.

Asimismo, sus inspiraciones y aspiraciones serán hetero-géneas. Su preocupación por el mundo que les rodea ocuparáun lugar predominante, a medida de que lo van descubrien-do, y se ven inexorablemente afectados por él. Y de quémanera. Esa proyección del mundo exterior sobre sus valores

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les obliga a posicionarse, a dar los primeros pasos en relacióncon otros jóvenes… y con los adultos. Pasos que inmediata-mente cogen velocidad, acumulan experiencia, adquierenescarmiento.

Son conocidas las preocupaciones en que pondrán elacento estos jóvenes, al menos los más conscientes: la educa-ción, la vivienda, un futuro laboral incierto y precario, elmedio ambiente, la forma de entender y cultivar las relacio-nes, la autogestión de sus expectativas sociales y de su tiem-po libre, la cuestión lingüística y cultural, el sistema social,político, económico altamente opresivo… En definitiva, lapolítica.

La política, sobre todo como fenómeno impuesto por susmayores. Política que visualizan cerrada, intransigente, gene-radora de dominaciones. Lejos de ser un vehículo, es concebi-da por la juventud más despierta como un límite a sus aspi-raciones.

Experimentan un sistema social que hace hincapié en lasatisfacción de necesidades fisiológicas, de raíz económica,que prioriza la seguridad personal, la propiedad privada, etc.,que tiende a resolver problemas individuales. Pero ellos yellas cultivan otra mentalidad que prioriza la satisfacción deinquietudes sociales y de autorrealización, con ambicionesintelectuales, creativas, idealistas, estéticas, de estima, de per-tenencia al grupo, etc.; es decir, problemas colectivos. Y esamentalidad requiere otro modelo de sociedad. Los jóvenesvascos se sienten relativamente seguros a la hora de cubrirsus necesidades materiales y tienen una mayor cantidad deenergía para intervenir en otras aspiraciones menos inmedia-tas. Quieren ser escuchados, participar en política. Pero cons-truyendo una nueva y propia cultura política.

Al mismo tiempo, se enfrentan a una situación que les hatocado vivir desde su identidad mayoritariamente abertzale:se deben posicionar ante un conflicto político de raíces histó-

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ricas, nacionales, en el que se ven sumergidos. En ello inver-tirán su arrojo juvenil.

El producto que surge es la amalgama de estas dos visio-nes, la ideológica y la nacional, siempre en continua evolu-ción, siempre inaprehensible. Un nuevo universo simbólicoque hace germinar la expectativa de ver descabalgar a un sis-tema concreto que se considera, sobre todo y ante todo,impuesto, injusto. No es, como algunos quieren ridiculizar,una actitud «antisistema». Es, más bien, una ideología «anti-este-sistema».

Las políticas institucionales de juventud no han buscadoacercarse a las reivindicaciones y necesidades de este sector.Más bien han pretendido manipularlas y redireccionarlashacia los parámetros en los que dichas políticas fueron dise-ñadas. INJUVE, el Instituto de la Juventud español consideraque los jóvenes «exigen soluciones ante las nuevas situacio-nes que les ha tocado vivir». Cierto. Igualmente cierto es queesas soluciones no son las ofertadas por sus flamantes planes,por sus resplandecientes iniciativas siempre bien subvencio-nadas.

Las instituciones han fracasado en su respuesta ante eluniverso de las demandas de los y las jóvenes vascas.

La violencia política juvenil

En su primera aproximación a la política se topan inmediata-mente con un elemento de frustración para todo su caudal deideales y anhelos: todos los caminos para participar en lapolítica convencional están cerrados. Esto les resta apego alorden social establecido, que no les deja margen de acción.No serán pocos los que vean con buenos ojos la rebeldía, lacontravención de las normas que rigen ese orden, la inter-vención «no convencional» en política.

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Surgen expresiones como la kale borroka. No es objetivode este trabajo hacer una lectura en profundidad de estefenómeno, pero sí debemos establecer ciertas característicasque nos ayuden a configurar esta forma de expresión juvenil.Constatamos, pues, que existe esta reacción violenta. Losdaños materiales que esta forma atípica de expresión políticapuedan producir no tienen un impacto especialmente negati-vo en la mentalidad del joven, en comparación con el agravioque siente y que le impulsa a cometer esos daños. Asume elquebranto, puesto que amenaza a cosas, a propiedades, a bie-nes, con los que no está vinculado y a los que da menos rele-vancia y prioridad que los adultos, más materialistas.

Pero la importancia no está en el hecho de violencia en sí,sino en el mensaje que transmite. Es un acto de comunica-ción por el que se quiere testimoniar algo. Una forma de inte-racción con una contraparte con la que se identifican en con-flicto y de la que esperan un resultado: un cambio de actitud,una acción o una omisión. Reclaman así una respuesta. Eneste sentido, nadie podrá negar que tenga una motivaciónsocial o política.

La violencia política juvenil, en su vertiente externa, con-siste básicamente en ataques a la propiedad –pública o priva-da–, huyendo de ataques que afecten a la integridad física delas personas. El objetivo de estos ataques serán el mobiliariourbano, los locales de administraciones públicas u organismosautónomos vinculados a ellas, las entidades financieras, losbienes de empresas de servicios, etc. Estas acciones serán habi-tualmente de escaso impacto destructivo y de efecto económi-co reducido. El único caso en que se puede considerar que sepersigue un daño deliberado en la persona se da en el marcodel enfrentamiento con miembros de cuerpos y fuerzas deseguridad del Estado en disturbios, frecuentemente generadostras movilizaciones populares. También de efecto reducido.

En su faceta interna, la espontaneidad y la falta de unaestructura sólida o de organización es su seña de identidad.

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Su cohesión simplemente parte de un catalizador de volunta-des al enarbolarse una causa compartida por los propios pro-tagonistas y otros sectores de la población. Ello deriva en laacción que se lleva a cabo de forma espontánea, habitual-mente por personas jóvenes que encuentran en su grupo deamigos o compañeros de otras actividades –incluida porsupuesto, la actividad política– el núcleo colectivo del queparte la motivación y la decisión de accionar, la elección delobjetivo y la forma en que llevarán a cabo el acto de protesta.De la misma manera que se unieron, se disolverán tras reali-zar la acción. El nexo improvisado no asegura la solución decontinuidad.

Los medios utilizados para conseguir el objetivo predefi-nido son también conocidos. Consisten en materiales incen-diarios de fácil obtención y de facturación casera. Sustanciasinflamables que pueden encontrarse en cualquier garaje,algún componente químico a su alcance en la farmacia o enel laboratorio del instituto, recipientes con gas que provocanuna deflagración, material pirotécnico de los que se empleanen las fiestas de cualquier pueblo, etc., suelen ser los ingre-dientes que conforman el mecanismo para llevar a cabo elsabotaje. No se puede denominar dispositivo, al carecer decomponentes electrónicos o mecánicos. No es explosivo, al noproducir un efecto más allá de una ignición. Es por ello tam-bién que sus efectos se limitan a escasos daños materiales, loque los sitúa a años luz de la capacidad operativa y los méto-dos empleados por organizaciones armadas.

En cuanto al elemento finalista, este se refiere al motivopolítico para la elección del objetivo y a la justificación delataque. Esta característica es de vital importancia, porquedelimita el hecho con referencia a otros de similar magnitudque simplemente tienen una justificación privada –un ajustede cuentas o reacción vengativa entre particulares– o a actosque, como no persiguen una reivindicación concreta o no tie-

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nen una motivación política reconocible, simplemente debenser catalogados como de gamberrismo o vandalismo.

Precisamente el objetivo del ataque y su legitimación últi-ma está en su carga simbólica: llamar la atención sobre lademanda política que impulsa al sabotaje. Motivaciones polí-ticas, sociales, de corte ecologista, de respuesta a una deter-minada actuación represiva de las fuerzas de seguridad delestado... La asunción de los hechos por medio del comunican-te anónimo, o por medio de pintadas, panfletos u otras seña-les visuales en el lugar donde ha acontecido dota de lógicacomunicativa a la acción. Es la propaganda por medio delacto de destrucción. El objetivo es simplemente comunicati-vo: dar publicidad a una reivindicación. Se plantea la recla-mación en un momento en que sectores de la población pue-dan ser receptivos. Principalmente porque se invoca unasituación de agravio, de persecución, de sometimiento que sepretende sea asumida por quien es el destinatario de la comu-nicación: la sociedad. Así, se adopta una estrategia que, cier-to, es ilegal y se enfrenta a la legislación penal vigente, peroque, precisamente por eso, dota de entidad al desafío que selanza contra el poder estatal. El mensaje no es otro que noreconocer su autoridad.

En esta reedición del mito de David y Goliat, no es nece-sario que aquel derrote a este. Es suficiente con que saque lahonda frente al gigante. El mensaje está implícito en estegesto.

La violencia política estatal

El sociólogo alemán de principios del siglo pasado MaxWeber dotó al estado de una herramienta poderosa: el mono-polio de la violencia. Lo definió como el ejercicio de la autori-dad de un estado sobre su territorio y sus ciudadanos, muyvinculado al proceso de legitimación, como respeto de las

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normas y valores sobre los que se asienta dicho estado. Este,que es la herramienta política más potente y eficaz, tiene lacapacidad de gestionar unidireccionalmente la violencia, laúnica que –en principio– es legítima.

Sin embargo, esa potestad para disponer de la violenciase topa con un fenómeno que la reta, la pretende desautori-zar. Por supuesto, la capacidad de infligir violencia de uno yde otro no se puede ni siquiera comparar. Es lo que se deno-mina conflicto asimétrico. «Ultraasimétrico», diríamos.

En el terreno de las aspiraciones, una de las partes anta-gónicas pretende introducir cambios de orden político ysocial mediante una estrategia efectiva de movilización sociallegal y conflictividad ilegal. La otra parte, el agente estatal, seenfrentará a la primera con todos los instrumentos a sualcance –asimismo legales e ilegales– para deslegitimar elcambio que proponen y proteger así el statu quo.

Se podría considerar que la represión de un fenómenotan complejo como la violencia política juvenil, la denomina-da kale borroka, es simple y llanamente la aplicación desapa-sionada de ciertas leyes penales, con las que se pretende res-tablecer el orden público. Se podría pensar que se puedereconducir a una mera cuestión «profiláctica», en la lógica deque el que comete un delito lo paga y ya está. Sin embargo,inmediatamente nos damos cuenta de que el Estado percibealgo más tras el mero hecho que califica de «vandálico», prin-cipalmente por la dimensión que da a la reacción policial, a larepresión penal. Empleará todos los métodos de que disponepara enfrentar un riesgo que, en principio, no tiene unadimensión notable, al menos si se toman en consideraciónotros delitos –que no tienen porqué ser de raíz política– deseria gravedad. No hay daños de trascendencia, no hay vícti-mas directas, no hay un coste económico considerable. Perola saña con que el Estado se emplea ante el fenómeno juvenille delata. Sí, hay algo más.

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El Estado desplegará todos los mecanismos coercitivos asu alcance. Debería tener cuidado a la hora de emplear manodura. Una democracia de Occidente debe guardar ciertas apa-riencias, al menos de fronteras para fuera. Debe evitar imáge-nes que la retina identifica fácilmente con regímenes de otrasépocas y/o hemisferios. Por ello, justificará públicamente sureacción exacerbada en la necesidad de restablecer el ordenpúblico, aliviar la alarma social, defender el estado de dere-cho. Son los argumentos de legitimación del Estado: invocará«criterios de necesidad social», vinculando los hechos al esta-do de ánimo, de miedo, de inseguridad con que, presunta-mente, la población los interioriza. Angustia que hay queapaciguar. Alegará «criterios ideológicos», reconociendo quelos objetivos que se persiguen con esos actos son políticos,pero los aderezará con adjetivos como fanáticos, totalitarios oantisistema, con lo que justificará la necesidad de combatir-los. Se apoyará en «criterios de adhesión a valores superio-res», la protección de la democracia, de la propiedad privada,la salvaguarda de la libertad, de los valores inmutables delsistema.

Esos son sus argumentos, o según cómo se mire, susexcusas. La estructura estatal entra en el juego porque, endefinitiva, también tiene algo que comunicar. Porque nopuede tolerar que se ponga en entredicho su autoridad. Nopuede admitir que la actitud disidente se difunda y que suahora encarnizado enemigo, la juventud rebelde, encuentre lacomplicidad de sectores de la sociedad y acabe desestabili-zando su proyecto político. Participa así en el juego simbóli-co, comunicativo, propagandístico.

¿Qué fue primero, el agravio del Estado o la reacciónjuvenil? ¿El sabotaje o la brutalidad policial? ¿El huevo o lagallina? La respuesta nos remontaría al principio de los tiem-pos, al Big Bang. Dejemos por ahora la filosofía y bajemos alas constataciones materiales.

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La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Donostia, en suMemoria de 1995, llegó a reconocer que la naturaleza y laimprevisibilidad de este fenómeno de la violencia antagonis-ta juvenil y la dificultad para enfrentarlo generan «una pro-funda desconfianza hacia todo el aparato represor con quedebe estar dotada cualquier sociedad». Con el criminólogoCrenshaw, podemos responderles que están en lo cierto: losexcesos cometidos por alguno de los resortes coercitivos delEstado no son un síntoma de su creciente poder y autonomía,sino una consecuencia de la propia frustración por su inepti-tud para combatir el problema.

Tal vez la puesta en marcha de otras medidas sociales ypolíticas, no únicamente las coercitivas, hubiera dado mejo-res resultados. Pero parece que el Estado solo tiene a manolos métodos coactivos más violentos. Lo que se conoce como«matar moscas a cañonazos». Encarar problemas de dimen-sión reducida con cada vez mayor capacidad de fuego.

Cristales rotos

Hace tiempo que en el mundo se da un discurso de exalta-ción de la seguridad para enfrentarse a problemas que, en sudimensión real, no suponían una grave amenaza para el esta-blishment. No nos referimos a las medidas pantagruélicasdiseñadas tras los atentados del 11S, o con la excusa de estos.No hablamos de la lamentable «guerra contra el terror» y losefectos devastadores que ha tenido, incluso para la legitimi-dad de los regímenes políticos que la auspiciaron. No nosreferimos a la reacción estatal «macro», sino a la «micro». Noa la de tanques y acorazados, sino a la que se dice ser de bis-turí... y que después ya veremos a dónde llega.

La crisis del modelo económico en los Estados Unidos,hace ya alguna década, derivó hacia una crisis del sistemapenal, una nueva modalidad de combatir a la también «nue-

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va» delincuencia. El alcalde de Nueva York en la década delos noventa, Rudolph Giuliani, materializó una estrategiarepresiva denominada broken windows, ventanas rotas, cris-tales rotos. La idea se podría formular así: hay que enfrentar-se contundentemente al delito en su primer estadio, cuandola gravedad es mínima –sabotajes menores, pequeños hurtos,mendicidad, okupación, prostitución, etc.–, antes de que lacosa cobre mayor dimensión. Es la idea del micropenalismo:detengamos al crío que ha roto con su balón un cristal, apli-quémosle la pena con todo su rigor, que aprenda antes deembarcarse en transgresiones mayores. Enviemos de paso ala población un mensaje de eficacia, de mano dura, de que latolerancia hacia la «delincuencia» ha terminado. Cierto, aco-tamos la libertad, pero, sin duda, ganamos en seguridad. Unpeaje sin importancia para un ultra como Rudolph.

Paralelamente, creemos una sociedad atemorizada, inse-gura, obsesionada con la incertidumbre de lo desconocido, delo distinto, cargada de ansiedades. Ofrezcamos protección alas clases acomodadas, aseguremos la perdurabilidad denuestro sistema y –de paso– nuestra primacía en él. Asícomenzaba una nueva guerra contra la disidencia, la pobreza,la inmigración. Esta estrategia, también denominada ZeroTolerance, embarcada en los mecanismos de globalización,cruza rápidamente el charco y encuentra acomodo en otraslatitudes, en el ámbito europeo y, por supuesto, en un estadoávido de herramientas coactivas, más aún si vienen bendeci-das por el imperio: el Estado español.

Así, esta teoría sirve para dotar de justificación racional ala acción estatal frente a un fenómeno que, si bien en EuskalHerria tiene una dimensión cuantitativa y cualitativa impor-tante, se repite, tal vez con un carácter más puntual, en otrasciudades europeas y del mundo. No nos olvidemos de losacontecimientos de Francia de 2005 en los denominados«conflictos de la banlieue», barrios que rodean las principalesurbes francesas y que fueron escenario de violentos enfrenta-

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mientos en los que ardieron más de 4.000 vehículos y sedetuvieron a unos 2.000 jóvenes, con una brutalidad policialdesmedida. El entonces ministro de Interior Nicolás Sarkozyno vaciló en calificar delante de las cámaras de televisión aaquella masa de jóvenes, de «racaille [chusma], de la que hayque deshacerse». No pasemos por alto que los disturbiostenían su origen en la guetización generalizada sufrida porestas áreas deliberadamente marginadas.

Tampoco olvidemos los conflictos de Grecia durante elinvierno de 2008, derivados de la penosa situación económi-ca de los sectores más populares y que colapsaron el país ydesbordaron a policías y políticos. En este caso, el Gobiernogriego reaccionaba asegurando que no toleraría «este atrope-llo de la democracia» y que recurriría «al estado de excep-ción» en caso de persistir «la ola de disturbios».

Motivos y experiencias históricas, políticas, sociales, eco-nómicas muy diferentes, pero una reacción gubernamentalmuy similar: tolerancia cero a la insubordinación.

También aquí y ahora, la continua reclamación de alzar el«listón ético contra la violencia» se interpreta fácilmentecomo la justificación para elevar continuamente el nivelrepresivo. Ofrecer un cheque en blanco a la arbitrariedad y ala injusticia de estado. Aquel Rudolph marca el camino a sutocayo, con responsabilidad en el tercio autonómico vascon-gado, que al momento de escribir estas líneas se hace apasio-nado valedor de esa filosofía: golpear al disidente, al presuntociudadano, ahora delincuente declarado, a mandobles con sumartillo de herejes.

Porque ya se dijo: cuando en tu caja de bricolaje solo tie-nes martillos, todos los problemas parecen ser clavos.

La adopción de medidas de excepción

Hemos dicho que el Gobierno de Grecia amenazaba con ladeclaración del estado de excepción si no cesaban los distur-bios. En efecto, a la hora de enfrentar ese fenómeno en nues-

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tro ámbito también se emplean términos tales como estadode excepción, a lo que algunos le añaden el adjetivo de «encu-bierto» ¿Qué queremos decir con ese término?

Fue Nicolás Maquiavelo, diplomático florentino de finalesdel siglo XV, quien formuló la idea: «si la observancia de laley nos conduce irremisiblemente a la ruina y pretendemosevitar esta, no hemos de observar la ley». La propuesta dequien convirtió en arte el consejo a las cloacas del poder norequiere apenas explicación. Cuando la letra de la ley seopone a los objetivos del estado, estos últimos deben prevale-cer. El poder puede asumir el quebrantamiento de la ley si lascircunstancias lo requieren. Así, aparecen en este enunciadolos ingredientes básicos –ruina e inobservancia de la ley–,que nos explican por qué el Estado español recurre a laexcepcionalidad para enfrentar conflictos.

La ruina, el desastre, el precipicio, es la metáfora con queMaquiavelo identifica la dificultad en la que se puede encon-trar un estado por conflictos internos o externos. Si bien esalgo absolutamente subjetivo, ya que cada estado puede defi-nir gratuitamente cuáles son sus propios fantasmas.

Y en cuanto a la inobservancia de la ley… En marzo de2000, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Manuel Huer-tas, anunció ante la Casa del Pueblo de Orereta –que habíasido objeto de un ataque días antes– que su partido estabadispuesto a recurrir a «nuestros medios y métodos de super-vivencia dando por desaparecido el estado de derecho, si con-tinúan los sabotajes contra el PSE». Apología de la justicia porsu mano, de revancha, de reacciones ilegales. Tal vez se refe-ría incluso al recurso a la guerra sucia... Ya lo hicieron antes.Invocaba la excepción de la norma que nos recomendabaMaquiavelo.

Pero el incontinente dirigente del PSE olvidaba que, a díade hoy, el propio estado de derecho pone a su disposiciónmedidas legales suficientes para resolver la situación. Ade-más de los mecanismos necesarios para encubrir otras medi-

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das que son ilegales. No tiene porqué salirse del guión legal sipretende elevar el listón represivo, si busca emplear métodoscomo la coacción policial o parapolicial, si quiere echar manode la tortura y los malos tratos, si pretende valerse de tribu-nales excepcionales. Todo eso es hoy «estado de derecho».

Es la propia Constitución española la que le aporta esasherramientas. En los artículos 1º y 14º recoge el principioabsoluto de «igualdad ante la ley». Sin embargo, más adelan-te, nos topamos con el capítulo V del título I, que recoge «lasuspensión de derechos y libertades». Dentro de este capítu-lo, el artículo 55.2 desarrolla una fórmula que no encuentraparangón en otras constituciones: permite que ciertos dere-chos relativos a la libertad y seguridad de la persona, asícomo a los derechos al honor e intimidad individual y fami-liar, «puedan ser suspendidos para personas determinadas»,puntualizando que «en relación con las investigacionescorrespondientes a la actuación de bandas armadas o ele-mentos terroristas». Duró poco aquel principio de igualdad.Todos iguales excepto cuando se ponen los derechos en sus-pensión de pago. La propia Constitución se corrige, se excep-cionaliza a sí misma, introduce la alteración de su propianorma. Y veremos después cómo esta excepción se extiendecomo una viscosa mancha de aceite a otras actividades quepoco tendrán que ver con «bandas armadas o elementosterroristas».

En ese contexto general se diseñan nuevas medidas legis-lativas, se otorgan mayores atribuciones a las policías, se dotade competencias más amplias a tribunales, medidas todasasentadas en aquellas justificaciones de alarma social y ordenpolítico. Esta razón de estado está presente desde el iniciomismo del régimen constitucional. Pero el fenómeno aparececon inusitada fuerza en la década de los noventa, cuando seproducen los grandes operativos contra grupos de jóvenes,no ya bajo la perspectiva de los actos que cometen –propor-cionalidad entre el hecho y la respuesta del estado–, sino con

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el empleo abusivo de la excepcionalidad, de la suspensión dederechos, de la arbitrariedad, de la injusticia. Desaparece eltratamiento ordinario al ciudadano, en este caso joven, paracomenzar a tratarlo como enemigo. Se sirve a los mecanis-mos coercitivos del estado una porción extra de pastel, enforma de más competencias y más impunidad. Se sacan de lacartuchera las prerrogativas excepcionales de la legislaciónantiterrorista –incomunicación, juzgados y tribunales espe-ciales, calificación más severa de los delitos, ejecución de lassentencias con medidas penitenciarias infrahumanas, etc.–para enfrentarse a hechos que, antes de la eclosión de esaparanoia colectiva inducida, habían sido considerados decarácter leve en cuanto a sus efectos y ordinario en cuanto asu calificación penal.

Esta dinámica dejará el viejo siglo –con la más absolutafalta de pudor a partir de 1998– incluyendo asociaciones,organismos populares, partidos políticos, medios de comuni-cación en esa órbita de reacción «antiterrorista». En relacióncon el tema que nos ocupa, el paso se da con la criminaliza-ción y estimación de «terroristas» de las organizacionesJarrai-Haika-Segi, que hasta aquel momento operaban deforma pública y transparente. La nueva interpretación permi-te el control abusivo de sus actividades, la intervención siste-mática de las comunicaciones de sus responsables, su deten-ción incomunicada, la prisión preventiva hasta el límite legalde cuatro años sin juicio, la suspensión de las actividades aso-ciativas, la inclusión nominal en las listas antiterroristas euro-peas, el enjuiciamiento en un tribunal especial y, por último,tras la revisión 50/2007 del Tribunal Supremo del 19 deenero de 2007, la consideración definitiva de las organizacio-nes juveniles y sus miembros como terroristas. Habiéndoseabierto la ventana de sopetón, la corriente arrambla con todo.

El Estado español irá maniobrando para encontrar elmecanismo idóneo que aplicar en cada momento: unas veceslo hará reformando la legislación, otras simplemente con una

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nueva interpretación judicial, sustituyendo las lentes habi-tuales de los magistrados que se ocupan de estos casos por uncaleidoscopio fantástico. Lo que, hasta ese momento, la justi-cia había considerado de una forma menos severa –valora-ción de los sabotajes como delitos ordinarios de incendios,estragos, etc.– o incluso había contemplado como abierta-mente legal –actividades culturales, sociales, políticas– se vaconvirtiendo en un accionar invariablemente terrorista.

Así pues, la excepcionalidad opera apretando tuercas,ofreciendo nuevas prerrogativas para la coerción y puniciónestatales… y dejando un reguero de violaciones de derechoshumanos contra cientos de ciudadanos y ciudadanas vascasrealmente grave. Unas violaciones que afectan particular-mente a los más jóvenes.

Estas medidas han precisado de su propia campaña delegitimación. Su propaganda. Durante los últimos años noshemos encontrado con una desaforada perversión del len-guaje en materia de derechos humanos. Se han erigido en susmáximos defensores quienes habitualmente los pisotean.Responsables políticos e institucionales se han apropiado deellos, invocándolos hasta la saciedad, hasta producir un vacia-miento absoluto de su contenido radical. Han utilizado el dis-curso de los derechos humanos como una poderosa maqui-naria de guerra, precisamente contra quienes más razonestienen para invocarlos: la ciudadanía, la sociedad, sus movi-mientos sociales y políticos. Todos ellos han visto cómo se losexpropiaba quien ha asegurado ante la comunidad interna-cional que los salvaguardaría: el Estado.

En conclusión, las responsables del sistema no han pues-to reparos en utilizar de forma sistemática prerrogativas ile-gales, la violencia ilegítima, la vulneración de los estándaresbásicos de los derechos humanos. Así, han traspasado gene-rosamente la línea de la proporcionalidad y de toda lógica.Han incrementado la presión hasta el punto de hacer reven-tar las calderas de la legalidad. Han empleado mecanismos

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abiertamente ilícitos para enfrentarse a todo un espectrosociopolítico de expresiones diversas que pone en cuestión elmarco político-jurídico y que aspira a otra forma de organizarla vida pública, la democracia, las relaciones entre personas,grupos y pueblos.

Nos lo advertía Maquiavelo, docto inspirador del terroris-mo de estado: esas aspiraciones populares representan la ver-dadera «ruina» del sistema sociopolítico actual. Y, ante el pre-cipicio, la bestia armada hasta los dientes responde con saña.

Los números de la(s) violencia(s)

Nos han presentado a la vasca como una sociedad peligrosa,en la que la violencia es una realidad presente y cotidiana. Encontra de esa percepción inducida, los fríos datos nos ofrecenotra visión. Los informes del fiscal general del Estado españoldemuestran que las tasas delictivas en Hego Euskal Herriason notoriamente inferiores a las que se dan en el Estado. Porponer un ejemplo de una época y en un territorio en el que lakale borroka era plenamente activa, la tasa de delitos duranteel año 1994 en Bizkaia fue de 2,48 –número de delitos come-tidos por mil habitantes al año–, mientras que en Barcelonafue de 7,60, en Valencia de 17,60 y en Sevilla de 20,21.

Sin embargo, hay que reconocer que las acciones pormotivación política sí que presentan una dimensión absolu-tamente distinta. Las estimaciones del ministerio fiscal, reco-gidas en la Memoria que anualmente publican sobre la evo-lución de acciones reconocidas como «terrorismo urbano» –sibien no se llega a explicar la dimensión del concepto–, nosindican que en el año 2000 ocurrieron 630 hechos de kaleborroka, en 2001 fueron 490, en 2002 se contabilizaron 190,en 2003 descendieron a 74, y en 2004 nuevamente ascendie-ron a 240. En 2005, serán 72 los computados por los fiscales,para aumentar en 2006 a 143 y nuevamente en 2007 a 243

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acciones. La última de las memorias publicadas indica que enel año 2008 «se han contabilizado 127 acciones de terrorismocallejero». El total en los últimos nueve años, siempre toman-do como fuente las memorias de quienes ejercen la acusaciónen estos sucesos, sería pues de 2.209 acciones de sabotaje.Como vemos, una cifra con constantes altibajos, que estable-cería en 245 la media de los ataques contabilizados desde el2000.

La Memoria de la fiscalía referente al año 2008 ofrece unavaloración de las cifras:

La disminución de las acciones de violencia callejera, unade las formas complementarias de lucha en la estrategia crimi-nal de ETA, se ha debido fundamentalmente a las operacionesllevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contralos más significados grupos impulsores de la «kale borroka», enlas tres provincias vascas y Navarra.

Sin embargo, la apología de la eficacia policial cae inme-diatamente al comprobar que las 127 acciones se encuentranen esa media de 121 sucesos recogidos en los últimos cincoaños. Menos que en 2007 pero el doble que en 2003. ¿Tene-mos que concluir que en el 2000, con 630 sabotajes, las fuer-zas de seguridad del Estado estaban de vacaciones? Esosdatos vendrían a dar la razón, más bien, a otros factorescomo el grado de conflictividad dependiente de vaivenes polí-ticos o, simplemente, a la raíz puramente espontánea de loshechos. En cualquier caso, tenían que justificar de algunamanera la beligerancia estatal con que se han enfrentado alfenómeno.

Para tener una visión más profunda de los datos que semanejan, la Memoria del ministerio fiscal referente al año2007, por poner un ejemplo, recoge en referencia a los cuatroterritorios de Hegoalde «243 acciones de terrorismo callejero,un incremento en 98 de estas acciones respecto del año ante-rior, consistentes en incendios, explosiones de artefactos y

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lanzamientos de "cócteles molotov", lo que supone un incre-mento del 65 por 100 frente al año 2006». Los datos se des-glosan de la siguiente manera: «69 se han producido en Viz-caya, 34 en Álava, 59 en Guipúzcoa y 81 en Navarra. Adestacar muy singularmente el enorme aumento de las accio-nes de violencia callejera en Navarra que se sitúa en torno al170 por 100».

Como decimos, los organismos estatales ponen el acentoen el impacto de la violencia política juvenil en términos cri-minológicos, con el objetivo de magnificar la acción represivapara enfrentar el fenómeno. ¿Cuál es la calidad de la laborpolicial? También el ministerio fiscal nos aporta el dato, reco-gido en su Memoria del año 2004: «han sido detenidas poractos de terrorismo callejero 126 personas», de las cuales«solo 5 fueron puestos en prisión por los Jueces, quedandolos restantes 121 en libertad». Este dato-confesión, que nuncamás volveremos a encontrar en sus siguientes informes anua-les, es muestra fehaciente y dolorosa de la poca calidad de laacción policial indiscriminada. Lo trataremos después, conmás detenimiento.

Pero, más allá de esos datos parciales, nos tropezamoscon un verdadero vacío de fuentes oficiales que ofrezcandatos globales sobre la dimensión de la represión contra lajuventud vasca, más aún, sobre los efectos que esa prácticaocasiona. Hemos intentado suplir esta falta. Acudiendo a laprensa, a informes elaborados por organismos no guberna-mentales, estadísticas, dosieres y bases de datos de los aboga-dos acreditados en los casos, indagando entre los afectados,hemos elaborado una base informática de la que extraer cier-tas conclusiones de carácter global.

Así pues, en el trabajo de campo realizado, tomando lahorquilla temporal de 1992 a 2007, ambos incluidos, se haconseguido recopilar un total de 1.663 fichas de jóvenes afec-tados por operativos que responden a lo que genéricamentepodríamos considerar «violencia política juvenil». De ellos,

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1.383 fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del esta-do, mientras que 207 se presentaron ante los órganos judicia-les –generalmente la Audiencia Nacional– al conocer queeran reclamados por estos, bien porque sus nombres apare-cían durante las investigaciones, bien en los interrogatorios aotros jóvenes. Otros 73 más fueron incluidos posteriormenteen los sumarios abiertos.

Reseñas sociológicas

Iniciemos el estudio de esos 1.663 asientos extrayendo deellos ciertos datos de carácter sociológico. En cuanto a lavariable de edad de los incluidos en estas diligencias, nosencontramos con que un 23% serían menores de edad, mien-tras que el grueso se encuentra entre los 18 y los 25 años (el68 %). Únicamente un 9 % supera esa última edad.

En cuanto al sexo, la gran mayoría son de sexo masculino(96%), al haberse registrado 59 casos en que serían mujeresjóvenes las implicadas.

De la investigación desarrollada se extrae además que larepresión contra los jóvenes se extiende a lo largo y ancho dela geografía de Euskal Herria, de forma más o menos unifor-

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Gráfico 1. Porcentajes de edad

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me. De ese espectro total de 1.663 jóvenes sometidos a estosoperativos o procedimientos judiciales, 145 resultan ser ciu-dadanos alaveses, 492 vizcaínos, 553 guipuzcoanos, 377 nava-rros y 62 de los tres territorios de Ipar Euskal Herria. Hay 34jóvenes cuya procedencia no hemos podido determinar. Porlo tanto, podemos concluir que, en relación con el factor dedensidad poblacional por herrialdes, se puede establecer unapauta homogénea de represión en todo el territorio.

Detenciones y sus resultados

En cuanto a los datos de carácter criminológico, analicemoslas detenciones efectuadas por los diversos cuerpos policiales,que hemos computado en un total de 1.383 casos individua-les al restar los que se presentaron directamente ante lasautoridades judiciales. Veamos también el resultado –prisióno libertad, con o sin cargos– tras la detención. Llegamos así alas cifras consignadas en la siguiente tabla:

Tabla 1. Detenciones por cuerpo policial

detenciones

totales 647 469 151 70 10

ingresados

prisión 247 151 67 21 1

libertad

condicional 297 241 58 24 8

libertad sin

pasar ante

el juez 36 36 14 15 0

libertad

sin cargos 6 14 8 10 0

no consta

la situación

tras la

detención 61 27 4 0 1

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ertzain-

tza

policía

nacional

cuerpo policial

guardia

civil

policía

francesa

policía

municipal

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Nuevamente, y debido a la falta de datos globales oficia-les, tenemos que reconocer que hay 36 casos individuales enlos que no hemos podido determinar qué cuerpo realizó elarresto. Dejando de lado esa cifra residual, valoremos losdatos recogidos en la tabla. La Ertzaintza habría llevado acabo la mayoría de las detenciones, elevando su porcentajehasta el 48% del total. La Policía Nacional computa el 35% yla Guardia Civil el 11% del total de arrestos. Los gendarmespracticaron un 5%.

En referencia a los datos sobre la situación en que que-dan los jóvenes tras la detención, estos nos indican que 489ingresaron en prisión una vez pasaron ante el juez. Por elcontrario, 634 quedaron en libertad provisional, siendo ade-más que 139 habrían sido puestos en libertad sin cargos unavez han pasado ante el juez. Nuevamente tenemos 93 casosque no hemos podido dilucidar.

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Gráfico 2. Porcentaje de detenciones por cuerpo policial

Gráfico 3. Situación tras la detención

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En cualquier caso, quede como referencia la tendencia ala detención gratuita y masiva que denota la inexistencia deindicios racionales de culpabilidad, avalada por el porcentajedel 61 % de jóvenes puestos inmediatamente en libertad trassu arresto, y más aún, el 11 %, que quedará además sin car-gos. De esta experiencia se llevan la propina de una detenciónarbitraria. Siendo anecdóticos los casos en los que se han rea-lizado las detenciones en el lugar de los hechos delictivos,este dato avalaría la idea de que las detenciones son en sugran mayoría exploratorias, para conseguir la informaciónnecesaria para inculpar al joven. La eficacia policial queda enentredicho.

En efecto, si comparamos estos resultados con los referi-dos a las personas que se presentan voluntariamente ante eljuez, ya que han tenido conocimiento de que eran requeridaspor la policía, vemos claramente como disminuye categórica-mente el número de personas que acaban en prisión provi-sional. En este caso, el anterior 39 % de personas que ingre-san en prisión desciende a un 22 %, correspondiendo el 78 %restante a quienes quedan en libertad tras comparecer libre-mente. Este dato muestra con claridad que, sin los datosautoinculpatorios, el juez de «investigación» carece de otroselementos en los que pueda sustentar la acusación.

Cruzando los porcentajes de detención de los cuerpospoliciales con el dato de su posterior ingreso en prisión, elresultado nos indicaría que a un 45,58 % de los arrestadospor la Guardia Civil se les decreta prisión preventiva, descen-diendo a un 42,15 % en el caso de la Ertzaintza y al 34,16 %para la Policía Nacional. La acción de la Policía francesa lleva-ría a prisión preventiva a solamente un 30 % de los arresta-dos por ella y la Policía Municipal al 11,11 %. Otra forma deinterpretar la «eficacia» policial, o, al menos, la habilidadpara arrancar un testimonio que justifique el posterior ingre-so en prisión.

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De todos estos datos, las conclusiones más visibles quepodemos extraer revelan que la mayoría de detenciones ter-minan con la libertad provisional, menos en el caso de laGuardia Civil, que consigue encarcelar a la mayoría de susdetenidos. Sin embargo, también hay un dato que indica queeste cuerpo tiene una tendencia importante a errar con lasdetenciones, ya que un 15 % de los arrestados son puestos enlibertad sin cargos. Y más grave aún: es el cuerpo policial quetiene el más alto porcentaje –un 9,52 %– de liberados sin nisiquiera ser puestos a disposición judicial. Evidencia tambiénde la autonomía con que funciona. Ese porcentaje solo essuperado por la Policía francesa, que en un 35,72 % de loscasos pone en libertad a sus detenidos sin presentarlos al juez,indicador igualmente de la tendencia a la detención gratuita.

Régimen de detención y trato al joven

Un elemento que venimos apuntando, y en el que despuéstendremos que profundizar en términos cualitativos, es el dela tortura. Este fenómeno aparece siempre vinculado al méto-

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Gráfico 4. Porcentajes de resultado de la detención por cuer-

po policial

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La elección de un régimen u otro de custodia del detenidono es un capricho. En efecto, mientras que la legislación anti-terrorista arranca declaraciones que facilitan el encierro delarrestado, la legislación ordinaria no consigue semejantescuotas de autoinculpaciones. Esto marca la efectividad de unafrente a la otra, a cuenta de aparcar molestas garantías de los

do de arresto que se aplique. Un 59,5 % de los casos (767detenciones) habría sido efectuado bajo incomunicación,auténtica fuente de malos tratos y tortura, frente a 522 deten-ciones que fueron gestionadas bajo la legislación ordinaria.Nuevamente tenemos un residuo de 94 casos en los que nopodemos determinar qué régimen les fue aplicado.

Es interesante detenerse a valorar el itinerario que elmétodo de detención ha dibujado en el tiempo. En la décadade los noventa, era mayoritariamente empleada la detencióncomunicada, bajo supervisión de las Audiencias Provinciales.En la década siguiente se invierte esa tendencia, generalizán-dose el arresto bajo el régimen antiterrorista, por orden de laAudiencia Nacional. El paso de una a otra ha supuesto unpunto de inflexión determinante que marca tanto la calidaddel tratamiento que dispensan las diferentes policías que loaplican, como la severidad del castigo penal que el tribunalantiterrorista impone al joven en forma de condenas.

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Gráfico 5. Tipos de detención por periodos

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derechos humanos. La desgraciada consecuencia práctica deldúo incomunicación + tribunal antiterrorista frente a la pare-ja detención comunicada + tribunales ordinarios se vislum-bra nítidamente en el siguiente gráfico, referente al efecto enla posterior prisión o liberación del arrestado.

El análisis de la predilección por el sistema de detenciónincomunicada nos ofrece conclusiones interesantes: la Guar-dia Civil es quien más utilización hace de este régimen, conun 82 % de las detenciones que practica. La Policía Nacionalseguirá a la zaga, con un 72 %, mientras que la Ertzaintza uti-lizará este sistema excepcional de arresto en un 47 % de supráctica. Si bien la incomunicación en la legislación francesano se prolonga por más de tres días, la Policía francesa utili-zará estas prerrogativas en el 74 % de los casos de arrestosjustificados en violencia política juvenil.

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Gráfico 6. Efectos según la legislación aplicada

Gráfico 7. Tipo de detención según el cuerpo policial

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Vinculado al régimen que se aplica en el arresto, podría-mos extraer de nuestro trabajo de campo que al menos 475de los jóvenes han denunciado públicamente haber sufridotorturas por los cuerpos policiales que se encargaron de sucustodia, lo cual arrojaría un porcentaje del 34,35 % del totalde detenidos: más de un tercio. Aunque sea de por sí impor-tante, este dato está lejos de ser real, ya que no hemos podidorecabar sino una reducida parte de las declaraciones persona-les del trato recibido en dependencias policiales.

Pero, en efecto, uno de los elementos que no deja lugar adudas es que las personas que han denunciado haber sufridotorturas, en su gran mayoría (81 %), habían sido detenidasbajo custodia incomunicada.

También nos consta que al menos 246 jóvenes interpusie-ron una denuncia judicial. Denuncia que acumula polvo enalgún cajón de la, para otras cosas tan diligente, Administra-ción de Justicia española.

Tribunal competente e imposición de condenas

Para analizar el comportamiento que ha tenido la Adminis-tración de Justicia en el enjuiciamiento del fenómeno de vio-lencia juvenil de raíz política, emplearemos aquella distribu-

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Gráfico 8. Denuncias de tortura por régimen de detención

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ción conforme a dos periodos de ocho años. Así, del año 1992hasta el 2000, un 49 % de los casos será conocido por los tri-bunales ordinarios –Audiencias Provinciales–, mientras queun 47 % será incoado ante la Audiencia Nacional. La predi-lección por el tribunal madrileño explota en los siguientesochos años, entre 2000 y 2008, con un 77 % de casos llevadospor la Sala de lo Penal del Tribunal de la madrileña calleGénova. Mientras, se reduce al 16 % los conocidos por lasAudiencias de las cuatro provincias vascas. Este dato nosmanifiesta la evolución de la interpretación sobre la naturale-za de los delitos imputados –ordinarios o terroristas– y queen un capítulo posterior trataremos en profundidad.

Baste decir, por ahora, que las cifras totales indican que laCorte excepcional madrileña ha investigado y enjuiciado almenos 897 casos (56,7 %), siendo 609 los conocidos por lasAudiencias Provinciales (38,5 %), además de esos otros 49casos (3,1 %) incoados por la 14ª Sección del Tribunal antite-rrorista de París. Por su parte, los juzgados de menores ordi-narios han conocido 13 casos (0,82 %), porcentaje similar alos 14 casos que se han llevado por el Juzgado Central deMenores de la Audiencia Nacional.

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Gráfico 9. Competencia judicial

En cuanto a las penas impuestas, hay que prevenir de queen muchos casos no se ha podido trazar con fiabilidad elresultado de todas las actuaciones judiciales abiertas. Los

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archivos de las causas y el desprocesamiento de jóvenes nosuelen aparecer reflejados en la prensa escrita, fuente princi-pal de nuestro trabajo, más atenta a la detención y el castigo.Reconociendo esa deficiencia, computamos un 40,64% decasos individuales de imputación que nunca desembocaronen juicio, otro importante indicador de la calidad de la acciónde los uniformados y del carácter aleatorio de las detencio-nes. A ese dato habría que añadir un 13,67% más de absolu-ciones tras la celebración de la vista pública. El resto, un45,82%, correspondería a los jóvenes que habrían sido con-denados.

En cuanto a las penas impuestas, del total de procedi-mientos que hemos recopilado con resultado condenatorio, aun 41,34 % de los jóvenes se les habrían decretado penas demenos de dos años de prisión, periodo que, de no existirotras causas pendientes, no habrían tenido que cumplir. Un50,43 % han debido cumplir condenas de entre 2 y 10 añosde cárcel, mientras que un 8,21% se encontraría en una fran-ja punitiva que ascendería al vector 10-20 años de prisión. Elescándalo se centra en los 7 casos individuales de jóvenes aquienes se les habrían decretado penas de prisión superioresa los 20 años, siempre hablando de este tipo de actos de sabo-taje.

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Gráfico 10. Resultado de los procedimientos judiciales

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La decisión condenatoria habría afectado a 348 jóvenes.Sumando todos los años impuestos acumularían más de dosmilenios de prisión. Una media de 5,7 años para cada uno deellos.

Las cifras hablan por sí solas.

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secuencia represiva

NO NOS EQUIVOCAMOS SI DECIMOS que el enfrentamiento entresectores de la ciudadanía vasca –jóvenes, trabajadores, estu-diantes, etc.– y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ennuestras calles es una imagen que se pierde en la memoria,en el subconsciente de las clases populares de Euskal Herria.¿Quién no ha participado, presenciado, sufrido las conse-cuencias colaterales de estos tumultos? ¿Quién no ha encon-trado en la policía los principales instigadores de disturbios,mientras se escucha el consejo de algún compañero de «nocaigáis en provocaciones»? Si simplemente no hubiesen apa-recido todo habría discurrido con normalidad. Una afirma-ción que se aferra a nuestro sistema intuitivo.

La represión contra la juventud vasca no ha sido lineal, niha representado idénticos elementos en todo momento.Puede decirse que, al igual que la reacción del Estado, la vio-lencia urbana por motivos políticos ha cambiado también ensus formas, variando en métodos, tácticas, estética, etc. Perono solo cambian las circunstancias del enfrentamiento, tam-bién la forma de interpretar estos hechos.

Juan Cotino, empresario, miembro del Opus Dei y direc-tor general de la Policía Nacional en la época en que Mayor

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Oreja era un recién llegado en el Ministerio de Interior, acla-raba la mentalidad que subyace en la dirección de la repre-sión: «las piedras las tiran cien, los cócteles, veinticinco y laspistolas igual las cogen solo cinco». Esa categorización noimpide que el tratamiento represivo haya resultado idénticocontra los cinco, los veinticinco, los cien… más algunos otroscientos que desarrollan actividades convencionales de cortejuvenil, más otros miles que simplemente simpatizan conellas, más las decenas de miles que son amigos de los que lohacen... El virus que contagia sin necesidad de contacto avan-za. El sector bajo sospecha y objeto de la acción policial seamplía hasta el infinito.

Analicemos en este apartado, pues, la secuencia de laactuación policial que, con el objetivo declarado de enfrentar-se a la kale borroka, a los sabotajes, pone en el punto de mirapotencial a toda la juventud vasca.

De la espontaneidad a los «grupos Y»

Como decíamos, hasta principios de la década de los noventa,la violencia urbana por razón de conflictividad política osocial era un hecho importante, pero considerado por todos,absolutamente todos, derivado de la reacción espontánea depersonas individuales, generalmente jóvenes. Era la época delplan de contrainsurgencia ZEN (Zona Especial Norte), diseña-do por el PSOE. Es el momento en que el término «sospecho-so» se generaliza para referirse a todos aquellos que adoptanciertas actitudes, que participan en ciertas actividades reivin-dicativas, o que, simplemente, tenían cierta estética en el ves-tir. Es la era de la reconversión industrial, del conocido como«conflicto del acero» y de las masivas y violentas movilizacio-nes obreras. Es el momento de las grandes manifestacionespor los presos, por la «disolución de los cuerpos represivos».Es la época de las protestas estudiantiles masivas. Reciente-

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mente habían fracasado las negociaciones de Argel y los pro-tagonistas volvían a la dinámica de conflicto violento contotal crudeza.

En la calle se suceden los disturbios que producen dece-nas de heridos. La reacción del Estado se circunscribe a larepresión cuerpo a cuerpo. Apenas hay arrestados por estoshechos. Todo termina tras la carrera, cuando se disipa elhumo, cuando sanan las heridas de los porrazos, cuandodesaparecen las contusiones de los pelotazos.

Sin embargo, a partir de 1992 estos conflictos urbanoscomienzan a cobrar otra magnitud. Se produce una especiali-zación de la policía en labores de «antidisturbios». Las técni-cas empleadas suponían consecuencias de orden físico cadavez más severas. Además, el material empleado presentabanuevas características, como ser cada vez más indiscrimina-do; en algunos casos, abiertamente ilegal. Pero el elementotrascendental fue la evolución de aquella primera orden quetenían los agentes de dispersar a los manifestantes, transitan-do hacia la práctica de la detención. Cada vez se producenmás arrestos en el curso de los choques entre manifestantes yuniformados.

El cambio de guión se experimenta en la calle, pero suorigen está en los despachos. Los enfrentamientos no revis-ten novedad, ni mayor gravedad, sino que se les dará unanueva dimensión por parte de estamentos políticos. Losmedios de comunicación colaboran amplificando las nuevasdirectrices. Las prioridades de orden social, la necesidad deofrecer una imagen de estabilidad, de desterrar ciertas expre-siones reivindicativas ante la apertura a Europa, ante el recla-mo a los turistas, etc., marcan un nuevo objetivo: hay quesacar el fenómeno contestatario de su terreno habitual, lacalle. Son los grandes fastos de las Olimpiadas de Barcelona,la Expo de Sevilla, las celebraciones por el V centenario del«descubrimiento». Aquí también, la nueva imagen, la campa-ña «Ven y cuéntalo» de la entonces consejera de Turismo

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Rosa Díez, requería que su compañero de Gobierno, JuanMaría Atutxa, barriera las avenidas de protestas.

Con la mayor severidad de las actuaciones antidisturbiosse produce un corrimiento en las formas de la protesta popu-lar: descienden los encuentros violentos con la policía pertre-chada hasta los dientes y con órdenes de detener, pero sepractican más sabotajes. La propia lógica del sabotaje permitea sus adversarios que lo puedan presentar no ya como la reac-ción espontánea de la manifestación, sino como un fenóme-no preparado, organizado y con determinada paternidad polí-tica. Así, se podrán encontrar responsables en el terreno de laautoría material y en el ámbito político. Esta campaña necesi-ta un elemento de enganche, una marca. Quienes tienen laresponsabilidad en atajar el fenómeno reivindicativo ponensobre el tapete un concepto que pretende englobar todas lasdinámicas de protesta y que, a su vez, desbroza el caminoque a partir de ahora ha de transitar la represión: se fabrica elconcepto «grupos Y».

Esta construcción tendrá importantes consecuencias en elámbito policial, pero también en el espacio comunicativo, enla pugna simbólica que comentábamos en el capítulo ante-rior. Desde los medios de comunicación se amplifican lasdeclaraciones de los responsables políticos e institucionales,que comienzan a establecer un paralelismo entre las accionesde violencia urbana y las llevadas a cabo por ETA. Esto llevaráa que se dote a las fuerzas de seguridad del estado de mayo-res herramientas operativas y presupuestarias. Se suspendenciertos derechos del detenido por estos motivos, recurriendoa la legislación antiterrorista y su medida estrella: el régimende incomunicación. Se aporta a la policía facultades extraor-dinarias para elaborar la instrucción del caso y, con ella, laacusación. Por último, se introducen ciertos ajustes en elpoder judicial, con una particular interpretación de loshechos que lleva a involucrar a la Audiencia Nacional en su

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instrucción y enjuiciamiento. Estos dos últimos peldaños losanalizaremos con detenimiento en los siguientes capítulos.

Centrémonos ahora en la actuación de los ejecutivos cen-tral y autonómico por medio de sus facultades de policía:cómo se involucran las fuerzas y cuerpos de seguridad delEstado en la represión de los cada vez más famosos «gruposY», con mención especial al despliegue que llevará a cabo laPolicía Autonómica. Su debut será en plena efervescencia deeste fenómeno.

Todo el mundo parece asumir que el origen de los «gru-pos Y» está en los papeles incautados a la dirección de ETA

tras su detención en Bidart, en los que presuntamente se esta-blecía una forma de organización de las violencias ajenas a laorganización armada. Una mentira mil veces repetida. Car-men Gurruchaga nos ofrece la explicación en su libro Losjefes de ETA. La periodista basa sus especulaciones en quelleva más de 20 años estudiando el fenómeno, si bien «toda-vía hoy me sigo sorprendiendo de lo extrañamente "norma-les" que parecen la mayoría cuando uno se sienta a hablarcon ellos». Sobre esta base deduce que «la guinda de laacción policial contra la banda la pone la operación llevada acabo en Bidart el 29 de marzo de 1992 en la que, de una solavez, es apresada la troica dirigente: Francisco Mujika Gar-mendia, "Paco"; José Arregi Erostarbe, "Fiti", y el propio "Txe-lis", José Luis Álvarez Santacristina». Ante esta situación, laperiodista, que prevé un corto futuro a ETA, intuye ademásque tiene que adoptar caminos alternativos: «en esas circuns-tancias, cuando la organización está a punto de sucumbir,porque tiene que reorganizar todas sus estructuras y no tienedirección que pueda hacerlo, aparece KAS, recientementereconvertido en una especie de partido que va a salvar la caraa ETA... y la kale borroka, "inventada" por Álvarez Santacristi-na con el nombre de grupos Y».

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Reproduzcamos su teoría:

Otra de las convicciones de «Txelis» es que ETA no puedepermitirse el lujo de perder a un activista por haber realizadoacciones menores como quemar un coche o algún local relacio-nado con intereses franceses, por ejemplo. Así pues, diseña unentramado de grupos de apoyo a la estrategia terrorista, forma-do por jóvenes, menores de edad, que no puedan ser juzgadospor no tener edad penal. Además, como lo que realizan sondestrozos materiales menores, para lo que utilizan elementosmecánicos, si son detenidos, serán juzgados por un delito defaltas, lo que, en caso de ser condenados, se corresponde conuna pena que nunca será superior a dos años, y que en España,si es la primera condena, no se cumple. A estos grupos losdenomina comandos X, Y y Z. Los primeros estarían encargadosde labores de agitación política; los segundos, de los sabotajes aintereses públicos o privados y los terceros son los comandosde la propia organización ETA.

Acorralando al sentido común, especula sobre el diseñode toda la estructura, el «organigrama» que tanto gusta dibu-jar a los periodistas: responsables de cada «grupo Y», respon-sables de provincia, responsable regional «conocido solo porun miembro de la ejecutiva de KAS»... La periodista se atreveincluso a plantear el campo de entrenamiento para estos«grupos Y»: el conflicto en torno a la autovía de Leitzaran.

Ahora, pues, el fenómeno presenta nombre y tiene unorigen claro en el que se puede justificar el andamiaje repre-sivo. No entraremos ahora en profundidad en cómo losmedios de comunicación glosarán esta idea, pero baste comomuestra el editorial de ABC del 5 de octubre de 1995 titulada«La "Y" de ETA», en el que dan los puntos de sutura antes deque se produzca la herida:

A pesar de que algunos cabecillas de Herri Batasuna pre-tendan negar la existencia de estos «comandos» violentos orga-nizados y aseguren que se trata de un «montaje policial», pues

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temen que su conexión, junto a Jarrai, «huevo de la serpiente»etarra, con ETA quede aún más demostrada de lo que ya lo está,lo cierto es que existe documentación incautada a la bandamafiosa que demuestra esa siniestra vinculación. Estos «gruposY», que pueden calificarse sin exageración de pertenecientes aETA, forman parte esencial de la estrategia de «guerrilla urba-na» diseñada por el entorno proetarra, cuya misión consiste enla realización de actos de sabotaje, principalmente en aquellaszonas en las que ha descendido la actuación criminal de ETA,como consecuencia de la detención de sus «comandos».

Tienen el dibujo, a grandes brochazos, de la disculpa quenecesitan para tratar el fenómeno juvenil con mano de hie-rro. Ahora que los aprendices de Frankenstein han confeccio-nado el monstruo, solo necesitan la descarga eléctrica que loponga en marcha.

El chispazo

El 29 de mayo de 1994 explotan de forma indiscriminadasendos artefactos situados en la playa de Muskiz y en un des-campado en Artxanda. Tres personas resultan heridas de gra-vedad. Inmediatamente, Juan María Atutxa, ínclito titular deInterior del Gobierno autonómico, apunta sus baterías haciasu demonio particular: «KAS decía que había que dar fuerte yhabía que buscar notoriedad a través de la inestabilidad de lasociedad». Por eso deja caer que «pudiéramos inclinarnos apensar que pudieran ser los de siempre los que ejercieroneste hecho repugnante». Nótese la cautela con que adjudicaresponsabilidades tan sumamente graves: «pudiéramos incli-narnos a pensar que pudieran ser» dice. Tal vez conozca laautoría parapolicial de los hechos, pero lanza, sin excesivoconvencimiento, la acusación que políticamente le toca hacer.

Cuestionado por los periodistas sobre el hecho de que noexisten precedentes de la colocación de este tipo de artefactos

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de forma indiscriminada, Atutxa puso los ejemplos de Hiper-cor, y el niño Fabio Moreno, muerto al explotar una bombacuando viajaba con su padre, guardia civil. Al hacerle ver queen el primer caso hubo aviso y que en el segundo el objetivoeran militares, Atutxa admitió: «sí, hay que reconocer que enotros casos se han hecho avisos por teléfono». ¿La acusaciónpierde fuelle?

El entonces biministro de Justicia e Interior, Juan AlbertoBelloch, corre raudo en su ayuda. Parecía tenerlo más claro.Apoyado en el titubeante trampolín colocado por Atutxa, dael salto definitivo. Atribuye sin tapujos los hechos a los «gru-pos Y», recién salidos del horno mediático.

Portavoces de organismos de la izquierda abertzale nega-ron tajantemente esa interpretación, al igual que otras asocia-ciones como Elkarri o Gesto por la Paz, que atribuían lasexplosiones a la guerra sucia o a elementos parapoliciales.

Había que apuntalar la idea de la autoría de los pérfidos«grupos Y». La Ertzaintza descubre días más tarde un «zulo»–otro sustantivo poco neutro– en Barakaldo. En él se habríanencontrado bombonas de camping-gas, ácido sulfúrico, petar-dos de feria, un presunto «libro trampa» preparado paraexplotar, así como manuales, libros de explosivos e inclusoejemplares de las revistas Zutik y Punto y hora. No especula-remos sobre quién puso el material ahí, pero la realidad esque a Atutxa le faltó tiempo para atribuírselo sin duda algu-na a Jarrai, a quien denominó la «cachorrera de KAS». Así,aprovechó para apuntalar aquellas primeras y balbuceantesdeclaraciones sobre las acciones de Muskiz y Artxanda, alasegurar, ahora sin lugar a dudas, que corresponden al «vive-ro de futuros etarras que se van forjando en el alegal colecti-vo de Jarrai». Reitera, ahora sin ambages, que «la acción deldomingo –día en que reventaron los artefactos abandona-dos– corresponde a estos grupos».

En respuesta al linchamiento orquestado, Joseba Kamio,responsable de la organización juvenil aludida, manifestó

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públicamente su certeza de que los autores «han sido elemen-tos de los aparatos del estado». Se pregunta «si alguien en susano juicio, conociendo su trayectoria durante 15 años, puedepensar que Jarrai está detrás de estos atentados indiscrimina-dos contra la población vasca». La cruzada de criminalizacióncontra el movimiento juvenil, a través de la cual es vinculadono ya únicamente con la kale borroka, sino también con estasgraves acciones indiscriminadas contra personas, que requie-ren el manejo de sofisticados artefactos explosivos, está enmarcha. Para enfrentarse a ella, Jarrai lanza la campaña «Gaz-tea naiz, eta?», en cuya presentación el responsable de la aso-ciación juvenil, Mikel Zubimendi, hace declaraciones premo-nitorias: «tanto en los medios de comunicación como en elPacto de Ajuria Enea y en los propios servicios policiales estáganando la opción de plantear un modo de actuación brutal ysistemático en términos puramente policiales contra la juven-tud abertzale y su expresión organizada: Jarrai». En la compa-recencia denunció las expresiones utilizadas contra el organis-mo, tales como «jóvenes radicales de Jarrai», «encapuchadosde Jarrai», «pistoleros de Jarrai».

Quedaban así grabados en la retina social unos hechosperversos vinculados a unos siniestros grupos. Nunca fueronesclarecidos, lo cual contrasta con la diligencia que se hapuesto en otros sucesos que difícilmente generarán semejan-te conmoción social. La semilla de la duda estaba sembrada yla construcción de los fantasmagóricos «grupos Y» avanzabapor sí sola.

El monstruo de Frankenstein, que todo lo destruye, tienevida propia.

La guerra sucia contra la juventud

La Guardia Civil y la Policía española llevan acantonadas enterritorio vasco desde tiempo inmemorial. Por su parte, a

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principios de los años noventa la Ertzaintza acelera su des-pliegue en los pueblos y ciudades de la Comunidad Autóno-ma Vasca. Uno de los papeles que inmediatamente adopta laPolicía dependiente de Lakua es acallar toda expresión políti-ca o social de la juventud. Desde el primer momento, la utili-zación del cuerpo policial «integral» como ariete contra lajuventud traerá aparejado una conflictividad, una enemistadsubstancial entre sectores juveniles y agentes de este cuerpo.No es el objetivo de este trabajo realizar un análisis exhausti-vo del trato que este organismo policial ha dispensado a losjóvenes en sus múltiples facetas de actuación –desalojos degaztetxes, represión de reivindicaciones estudiantiles, hosti-gamiento en fiestas o actividades lúdicas, cargas contra movi-lizaciones, actitudes insultantes, prepotentes, reacciones deviolencia gratuita, etc.–. Dejemos constancia de que la ani-madversión entre sectores juveniles y este cuerpo policial haresultado una constante, en términos, además, viscerales.

Así, en el tercio autonómico será la Ertzaintza la que seemplee a fondo. Algunas veces, en un nivel público o notoriode brutalidad policial en detenciones violentas en plena calle,irrupción en espacios festivos o movilizaciones, en graves einnumerables cargas, algunas con resultado de muerte, comoen los casos de Imanol Lertxundi, Rosa Zarra y Kontxi San-chiz. Otras, su actuación será seminotoria o seudoclandestina,tales como actuaciones de información, control social, infil-tración en manifestaciones y actos políticos, actitudes provo-cativas, interrogatorios irregulares, etc. Y, por último, nosencontramos con la acción incontrolada, clandestina, parapo-licial. En ciertos casos, se ha llegado a la reacción perturbadade agentes del cuerpo autonómico, muy próximo a lo queotras policías han dado en llamar el «síndrome del norte»,término que en alguna ocasión ha sido empleado por fuentesde la propia Ertzaintza. Esta conducta policial configura elfenómeno represivo contra la juventud.

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A finales de la década de los ochenta, incontrolados, posi-blemente vinculados a aparatos policiales, ya habían desarro-llado acciones de guerra sucia contra jóvenes vascos. J. RamónIriarte, Edurne Sanpedro, Irantzu Mugeta, Aitor Latorre yPaul Asensio recibieron amenazas de desconocidos emboza-dos. Algunos de ellos fueron marcados a cuchillo con lassiglas del GAL o con cruces gamadas. Con ese precedente,fuentes internas de la propia Ertzaintza filtraron que en elseno del colectivo policial los agentes más exaltados habíancomenzado a barajar la posibilidad de ejecutar acciones deíndole parapolicial contra ciudadanos de la izquierda aber-tzale. Su amenaza se llevaría a la práctica en los lugaresdonde se produjeran ataques contra patrullas de la PolicíaAutonómica o sabotajes contra sus bienes privados.

El dirigente de la UGT-Ertzaintza Felipe Oria asegurabaque, ante la desasistencia en la que se encuentran los agentespor parte de los mandos de Interior, «se empezaban a escu-char voces en los momentos de acaloramiento que hablabande la creación de grupos paralelos de protección». Segúnalgunas fuentes, habría ya una intención de pasar de los «gru-pos de protección» a los «grupos de agresión». Casos deactuaciones intimidatorias, seguimientos irregulares, reten-ciones, secuestros, interrogatorios ilegales, peticiones de cola-boración bajo amenaza, agresiones directas de agentes de pai-sano, etc., serán en ese periodo desayuno de cada día.

Se pone en marcha una nueva táctica en la que los jóve-nes, como casi siempre en estos casos, se llevarán la peorparte. En diciembre de 1993, Ángel P. B. es narcotizado ysecuestrado en Arrasate y despierta horas después en unvehículo en las inmediaciones del pantano de Uribarri. Unode sus ocupantes le asegura que se han confundido de perso-na. Más tarde descubre que tiene la marca de un pinchazo enel brazo.

En enero de 1994, Agustín O. G., de Irun, denunció unaagresión por parte de dos individuos con un aparato desco-

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nocido que generaba fuertes descargas eléctricas que lo deja-ban semiinconsciente. En mayo se repite la agresión contra elmismo joven. Algo antes, otros dos vecinos de Irun habíansido secuestrados y conducidos a un descampado por perso-nal armado que les realizaba interrogatorios. En agosto, unjoven de Ortuella denuncia que le habían cortado los cablesdel freno de su moto… No podemos olvidar la quema de laherriko taberna del Casco Viejo de Bilbo o la de Balmaseda.Todos estos hechos, que salpican los titulares de prensa y quefueron denunciados ante los tribunales sin éxito, se vincula-ron a la Ertzaintza. Tal vez mejor puntualizar, a la para-Er-tzaintza.

El propio Atutxa detectó los movimientos y se vio obli-gado a enviar cartas personales a cada uno de sus agentes enlas que les solicitaba que no respondieran con «acciones ile-gales». En una entrevista en El Correo abundaba en la cues-tión, al tiempo que justificaba a sus uniformados: «antetanta locura, sobre todo si has sido víctima directa de susacciones, no es fácil mantener la cabeza fría y evitar el ner-viosismo». Típico arranque de condescendencia con la vio-lencia propia.

Gorka Lupiáñez presentó una denuncia judicial el 14 dediciembre de 2001, arropado por sus padres, por «amenazasy detención ilegal», refiriéndose a hechos sucedidos un parde días antes, cuando fue violentamente retenido durante doshoras por dos personas que se identificaron como ertzainas.En su denuncia relataba que le llevaron al monte Bitaño,donde «me amenazaron con hacer daño a mi familia si nocolaboraba con ellos». En declaraciones a los medios decomunicación, exigía que «termine la persecución que sufrenlos jóvenes».

Pero no solo se detectan acciones bajo la oscuridad de lanoche o en la impunidad de un descampado. Se produce unimportante salto cualitativo con la utilización de fuego realen el curso de operativos antidisturbios o la práctica de

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detenciones del cuerpo autonómico. En enero de 2002, la Er-tzaintza realizó dos intervenciones en Irun y Gernika con undenominador común: la utilización de armas de fuego. Uncomunicante anónimo, en una llamada a Gara, se refería ahechos producidos en la localidad vizcaína, asegurando que«cuando llegaron a la zona de los sabotajes, no se limitaron adispersarnos, sino que sacaron sus pistolas y comenzaron adispararnos indiscriminadamente».

En el caso de Irun, una nota de prensa del cuerpo policialse refería a que «un grupo organizado» había atacado entida-des bancarias y la comisaría de la Policía Nacional de Irun.Los hechos se desencadenaron la noche del sábado 5 deenero, cuando en la calle Artaleku varios jóvenes «extraíanbolsas con material que iba a ser presuntamente utilizado enactos de violencia callejera». Así, en su nota, la Policía Auto-nómica justificaba que se «tuviera que hacer uso de susarmas reglamentarias disparando varias veces al aire pararepeler el ataque de entre 25 y 30 encapuchados que comen-zaron a arrojar cócteles molotov contra los agentes». La notacon membrete del Departamento de Interior precisaba inclu-so que uno de los agentes había recibido el impacto de unode los cócteles, pero curiosamente no fue necesaria su eva-cuación.

Testigos contradijeron la versión policial. Aquellas «variasveces» que aseguraba la policía se convertían en «muchos dis-paros», y si bien la nota oficial aseguraba que se habían reali-zado «al aire», los testigos presenciales confirmaron que lasefectuaron «con la rodilla en el suelo». De hecho, los vecinosindicaron a los periodistas impactos de bala en paredes ypuertas de garajes, a menos de 1,80 metros del suelo, por loque no dudaban en concluir que habían «disparado a matar».Quienes habían presenciado los hechos añadieron que losagentes de la Ertzaintza «salieron de todas las esquinas deambas calles, de los portales, de los coches y comenzaron adisparar. ¿Esto no es una emboscada?», se preguntaban.

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La operación se saldó con la detención de siete jóvenes yel registro de varios domicilios de Irun. Tras cuatro meses enprisión preventiva y una impresionante campaña mediática,fueron puestos en libertad. En el juicio se les impuso unapena de dos años por desordenes públicos por el intento dequema de una sucursal bancaria, pero que no hubieron decumplir. Desaparece del relato de hechos el ataque con cócte-les que alegaban los agentes, y, con ello, la causa de atentadoa la autoridad. La sentencia de la Audiencia Nacional consi-deraba que los jóvenes, al identificarse los policías como talesy dar el alto al grupo, «fueron desprendiéndose de los arte-factos incendiarios, guantes y capuchas referidos, y dándosea la fuga». Al desecharse judicialmente el riesgo de ataque,solo quedan preguntas: ¿fue aquello una actuación derivadade los nervios, que decía El Correo?, ¿o se trató de un operati-vo programado? ¿No parece, más bien, una cacería de jóve-nes en desbandada?

Este tipo de hechos contribuyen a calentar un clima, yade por sí altamente enrarecido. Servirán para ir readecuandola estrategia policial hacia una suerte de barra libre en el tratohacia los jóvenes. Estos hechos configurarán también laforma y el fondo de las versiones oficiales como instrumentocomunicativo para justificar y dotar de impunidad a la acciónrepresiva.

El nuevo concepto de «seguridad ciudadana» en Nafa-

rroa

El que no la hayamos tratado en primer lugar no relega a unsegundo, en gravedad, la actuación policial en Nafarroa.Desde principios de la década de los noventa, en todo elherrialde, pero especialmente en las calles de Iruñea, lasacciones protagonizadas por la policía dejan un saldo escalo-friante. En cifras y en cicatrices.

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La exagerada dimensión que periodistas y responsablespolíticos dan a algunos enfrentamientos entre policías y jóve-nes llevan a la Delegación del Gobierno en la capital navarraa poner en marcha una fórmula para respaldar con legitimi-dad social la respuesta policial que, día a día, se hacía másviolenta. Y ante algunos sectores más cuestionada. Otra patade la represión: la implicación de la sociedad en la demandade «más madera» contra la acción juvenil.

Con esa ambición, se creó el Consejo de Seguridad Ciuda-dana, promovido directamente por el delegado del Gobierno,entonces César Milano, para «introducir el concepto de segu-ridad ciudadana en sustitución del tradicional de orden públi-co». Con el cambio de paradigma pretende traspasar la ini-ciativa a la ciudadanía, que colabore en tareas que hastaaquel momento se habían encomendado en exclusividad alas fuerzas de seguridad del Estado. Así, entidades pertene-cientes a ámbitos variopintos se sumaron a las reunionesexploratorias: Cruz Roja, Cáritas Diocesana, asociaciones decomerciantes, organismos vecinales, federaciones de padres eincluso la Asociación de Prensa de Navarra se sientan frentea frente con los dirigentes y responsables de las cuatro poli-cías con presencia en Iruñea: Guardia Civil, Policía Nacional,Foral y Municipal. A esa extraña ensalada también estabaninvitados representantes del ámbito judicial.

Y es que esta iniciativa viene en un momento en que laactuación policial se ve necesitada de legitimación, despuésde la oposición que esta encontró durante uno de los intentosde desalojo del Gaztetxe de Iruñea. En aquella ocasión, unjoven perdió un ojo de un pelotazo e incluso el ParlamentoForal manifestó su rechazo al comportamiento de las FSE.

La idea de la inclusión de los colectivos ciudadanos partede infundir un estado de ansiedad, de inseguridad, de excitarla preocupación social irracional ante la actuación –violenta ono– de la juventud. Se busca un consenso que legitime lamano dura. No se esconde el objetivo de ofrecer cobertura

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social a la acción policial, y se introduce el concepto de «cola-boración ciudadana», eufemismo de la delación y el chivateo.La Delegación aclaraba públicamente que la función de esteConsejo ciudadano sería la de ejercer como foro de debateconsultivo y servir de plataforma para profundizar en la coo-peración entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos ysus movimientos asociativos. Es tal la esperanza que tenía enel sistema que, el entonces delegado del Gobierno, poníacomo objetivo terminar con los incidentes «antes de que seproduzcan y de que la policía tenga que intervenir».

Su sucesor, el tristemente conocido F. J. Ansuátegui, seestrena en el cargo ensalzando las virtudes de la «acciónsocial contra la violencia». Esto dio motivo a ciudadanos afec-tos a la reacción represiva para tomar la justicia por su mano.En septiembre de 1996, Uharte celebraba sus fiestas patrona-les cuando varios vecinos de la localidad se enfrentaron a ungrupo reducido de jóvenes que intentaban cortar una calle yque, según fuentes policiales, ocasionaron desperfectos endos cajeros bancarios y en un vehículo. Un grupo de vecinosde la localidad navarra persiguió a los manifestantes y alcan-zó al menos a uno de ellos, al que propinaron una paliza.Para Ansuátegui, la actuación de los vecinos «no puede sermás que positiva y ciertamente muy interesante», y añadeque «la reacción popular es siempre favorable». Sí, cierta-mente favorable para los propósitos de quien alienta día trasdía el enfrentamiento civil.

Miguel Sanz, recién instituido presidente del Gobiernoforal, entra encarándose al fuego con un lanzallamas: «es unexponente de lo que está ocurriendo ya en el ámbito social,que está diciendo "basta ya"». Dos palabras malditas que des-pués servirán para justificar cualquier agresión contra secto-res abertzales. Mientras tanto, Herri Batasuna e IzquierdaUnida de Nafarroa criticaban estas valoraciones, por conside-rar que «animan a los sectores más reaccionarios de la socie-dad para que suplanten a sus fuerzas policiales en las tareas

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represivas», según los primeros, o que «avanzan en el ojo porojo o la ley de la selva», en el caso de IUN.

El remedio de la «colaboración ciudadana» ha sido peorque la enfermedad, en un territorio en el que las policías sehan acostumbrado a funcionar como la guardia del pretormás mezquino: el gobernador civil de antes, hoy delegado delGobierno español.

La dimensión de la cooperación de ciudadanos en la diná-mica policial podemos verla en los hechos que se registraronen Tafalla a partir de febrero de 1998. La tienda del alcalde deUPN, Luis Valero, había sufrido por aquel entonces un sabota-je fallido. La Guardia Civil detiene a Josu Arizmendi, MikelMakaia, Fernando Sota e Iker Gómez, mientras que GabinoHuizi consigue huir. Poco después, el propio primer tenientede alcalde tafallés, Luis Orduña, pone en conocimiento delpadre de uno de los arrestados que se había «elaborado unalista posteriormente facilitada a la Guardia Civil, en la que seincluía el nombre de una treintena de personas». Le anunciaademás que su hijo estaba entre los «sospechosos» de la lista.

Padres de los jóvenes detenidos comparecen públicamen-te para denunciar las detenciones de sus hijos practicadas porla Guardia Civil, tachándolas de «montaje policial», términoque tendrá largo recorrido. ¿Quién fue el autor del listado silas fuerzas policiales, como verdadero ejército de ocupación,no conocían a los jóvenes? Según la confidencia del tenientealcalde, el propio comité local de UPN había confeccionado lalista. El editor José Mari Esparza lo explicaba así en un artí-culo de opinión:

… la Guardia Civil presentó una lista de jóvenes al alcalde ya varios concejales. Entre todos pusieron las cruces, se preparóel montaje. Muy astuta la Benemérita, implicaba de esta formaa elementos civiles en el horror, resucitaba la antigua Junta deGuerra; enconaba el enfrentamiento entre vecinos. En un paísen el que todo le es hostil, el tricornio atrapaba a dos sectores

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indígenas a un tiempo: a unos los ataba al potro del tormento ya otros al tablado de títeres.

A las detenciones de los jóvenes, sostenidas en el finoolfato acusador de los concejales, siguió la ocupación de lascalles de Tafalla por la Guardia Civil para impedir cualquiermovilización de denuncia de los hechos y de apoyo a los dete-nidos. El ambiente se caldeaba: en un encendido pleno muni-cipal, el alcalde desalojaba a familiares y ediles de HB; en lacalle, la Guardia Civil apaleaba a los vecinos en una manifes-tación y apresaba al concejal abertzale Koldo Arriaga. Losmedios de comunicación apoyan una versión de los hechos,los jóvenes detenidos denuncian torturas y los servicios jurí-dicos de Interior llevan a los padres ante los tribunales porun delito de calumnias por sus denuncias. Mientras, estosaseguran públicamente que pueden mostrar la inocencia desus hijos. El caos. Un año más tarde el caso es sobreseído porla Audiencia Nacional.

La gravedad del caso no radica solamente en los hechos,sino en el poso que deja. Una forma de actuar, un método, elde señalar con el dedo al que después los uniformados ven-drán a llevarse. Sustituir la costosa investigación policial porla confianza en «la colaboración ciudadana». Operar condetenciones en masa, pescar jóvenes con redes pelágicas. Lassesiones de tortura harán el resto. La elaboración de «listasnegras» con este método tendrá continuidad en este herrial-de hasta hoy en día.

Un dato. Falló el último eslabón: la Audiencia Nacional.Como ya veremos después, en años posteriores se hará unafuerte inversión para engrasar mejor este mecanismo repre-sivo.

Ipar Euskal Herria

Las autoridades francesas también aportan su granito dearena en la represión de las expresiones juveniles en las tres

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provincias vascas bajo su administración. En mayo de 1995,Ellande Alfaro, Beñat Merle y Jokin Zaldunbide ingresaronen la prisión de Pau tras prestar declaración ante el fiscal deBaiona. Los tres jóvenes, detenidos en las localidades deAngelu y Miarritze, habrían sido sorprendidos con varioslitros de gasolina y un cóctel molotov en el coche en el queviajaban. El fenómeno de la kale borroka también tenía lugaren las, a primera vista, apacibles localidades de Ipar EuskalHerria. También habrá sitio para la acción policial contra lajuventud.

En diciembre de 1996, diez jóvenes más fueron arrestadosen Sara por su presunta relación con sabotajes, si bien la ini-ciativa provenía de la Audiencia Nacional española, por unacomisión rogatoria a petición de la Guardia Civil. El institutomilitar relacionaba a los jóvenes labortanos con acciones cuyainvestigación se había iniciado en Nafarroa. Las detencionesse desarrollaron bajo las órdenes de la juez antiterrorista Lau-rence Le Vert. Cinco fueron encarcelados acusados de haberparticipado o colaborado en sabotajes. Entre las acusacionesde alguno de ellos está la de «ofrecer ayuda a presuntosmiembros de ETA». Rápidamente teje las conexiones la juezaespecial francesa. Sin embargo, las diligencias no llegan másallá de la mera investigación. Las pretensiones españolas deextender la represión a Ipar Euskal Herria deberán respetarlos ritmos propios de la Administración francesa.

10 de marzo de 1997. La policía judicial de Baiona, apoya-da por efectivos de la VI División de París, apresó a cinco jóve-nes en Hendaia. Los arrestos se produjeron de nuevo siguien-do órdenes de Laurence Le Vert. La magistrada de la Sección14 antiterrorista investiga una serie de sabotajes, ocurridosmeses antes, que afectan a domicilios y vehículos personalesde policías franceses domiciliados en las provincias vascasbajo administración francesa. La Fiscalía solicitó cinco añosde prisión, así como la prohibición de residencia en el suro-este del territorio francés, para Jerónimo Prieto y Josemi

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Esparza. La investigación se había basado en el análisis de lallamada para la reivindicación de un sabotaje, atribuido alprimero de ellos. El presidente de la SFA, Sociedad Francesade Acústica, Claude Legros, confirmó la «imposibilidad técni-ca de reconocer en la grabación» la voz de alguno de los acu-sados. La debilidad de las pruebas aportadas lleva a la acusa-ción a desistir.

Sin embargo, en el caso de otro detenido en el mismoprocedimiento, Egoitz Urrutikoetxea, la solicitud de condenafue de seis años, pero no ya en relación a los sabotajes. Apro-vechando el viaje del arresto, la policía había incautado en elregistro de su domicilio un documento en el que figuraba un«criptograma utilizado por ETA». La acusación contra el jovendaría el salto a «colaboración con asociación de malhecho-res». Su abogada, Maritxu Paulus-Basurko, argumentó queesta acusación respondía a un cambio de táctica del ministe-rio público: «No se ha podido relacionar a mi cliente con lossabotajes que en un principio se le imputaban y ahora se leintenta condenar por otra cosa».

También la frontera deviene artificial ante la obsesión porencarcelar a jóvenes rebeldes, a bajo coste de garantías judi-ciales.

La cacería de «grupos Y»

Otro de los designios de esta construcción metafísica de los«grupos Y» consiste en ser la espina dorsal del discurso delos partidos políticos en referencia a la juventud desobedien-te. Esa etiqueta sirve como elemento de referencia para losintegrantes de la Mesa de Ajuria Enea, a pleno rendimientoen la última década del pasado milenio. En otras cuestionesclaves mantendrán un abierto enfrentamiento. Pero la prio-ridad común de golpear con total contundencia la accióndirecta juvenil serviría para volver a reconstruir una imagen

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de unidad, pasando de puntillas sobre otras cuestiones con-flictivas.

Si bien se amasa un mensaje común entre partidos, la efi-cacia frente al fenómeno que analizamos será elemento dedisputa entre cuerpos policiales. Los políticos que se poníanante un micrófono en Madrid para hablar de Euskal Herriaalentaban invariablemente la competición entre policías. Elobjetivo lo ponen en ser el mejor púgil contra la disidenciajuvenil.

El Gobierno de Aznar exige a la Ertzaintza eficacia. Mien-tras, Arzalluz denuncia la infiltración de miembros del CESID

y la Guardia Civil para «controlar lo que suceda en la Ertzain-tza y crear mecanismos de desprestigio sobre personas con-cretas que se hallan en los niveles de mando». También lospropios compañeros de Gobierno del PNV avivan esta polémi-ca. Fernando Buesa, consejero de Educación en el Gobiernode Ardanza, puso en duda las facultades reales de la Ertzain-tza para desarrollar esa función, al considerar que en esosmomentos «las algaradas desbordan la capacidad operativade la Policía Autonómica». Reclamó al PNV que se dedicara amejorar la práctica de este cuerpo y «deje de echar la culpa aagentes externos». El Mundo titulaba en enero de 1997:«Rajoy afirma que la Ertzaintza no garantiza el orden públicoen algunas zonas del País Vasco».

Una acusación así merece una respuesta. Es típico que elPNV finiquite la polémica dando una bofetada a quien le pre-siona... en la cara de la izquierda abertzale. En concreto en lade sus sectores más jóvenes. A principios de 1997, la Policíaespañola y la Ertzaintza competían entre sí en Bizkaia. LaPolicía Nacional captura a ocho jóvenes. La Ertzaintza, que nose quiere quedar atrás, detiene a nueve. Tal vez por una cues-tión de deportividad, los autonómicos entregaban a GotzonAmaro, detenido junto con su hermano y otros siete jóvenesmás, a los españoles. La acusación contra ellos es la de reu-nirse en un local para «planificar acciones violentas». Tras-

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ciende poco después que el local es una sede conocida de laorganización juvenil Jarrai, en la que seguro que se planifica-ban muchísimas otras cosas, pero tal vez no esas. Lo impor-tante no es la calidad en la detención, sino la cantidad. Aúnsin imputaciones concretas ni pruebas, el objetivo es ir pri-mero en el ranking.

En esas, el improvisado «Comité Olímpico» ofrece losresultados. Un informe interno de la Audiencia Nacional, fil-trado por la agencia de noticias EFE, destacaba que «la PolicíaNacional es más efectiva que la Ertzaintza» a la hora deactuar contra la kale borroka. Este documento incluso llegabaa señalar que el «origen de los escasos resultados en estecampo» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se debe a «las directri-ces políticas de los responsables políticos de esta fuerza poli-cial». Como contraposición, se aseguraba en dicho informeque en Nafarroa «la violencia callejera hace tiempo que alcan-zó su máxima expansión por las razones de efectividad antescitadas».

Asimismo, el autor del texto bajo membrete del tribunalespecial subraya que «la mayor parte de las desarticulacionesllevadas a cabo en el País Vasco estuvieron protagonizadaspor la Policía Nacional y no por la Policía Autónoma Vasca».Esto, como es lógico, generó un enconado cruce de reprochesentre responsables policiales de uno y otro cuerpo.

El objetivo seguía siendo acumular cuotas de enjaulados.La «eficacia» policial se mide contando cabelleras de jóvenesindios.

La confesión

Atutxa no podía permanecer quieto ni callado ante semejan-tes reproches. Se veía en la obligación de recuperar terreno,por lo que en los meses siguientes practicará un abultado

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número de detenciones. Y en el ámbito de los posiciona-mientos, reaccionará con una confesión airada.

El domingo 25 de mayo de 1997 se publica una entrevis-ta a Juan María Atutxa en El Mundo, que abre con el siguien-te titular: «Para satisfacer la apetencia de la prensa, decidi-mos llamar "grupos Y" a lo que antes no llamábamos "grupoY"». El entrevistador, Melchor Miralles, pregunta:

—Señor Atutxa, ¿por qué tras publicar El Mundo del PaísVasco que mientras las fuerzas de seguridad del estado habíandetenido en Navarra a un montón de «grupos Y» en un añoustedes solo habían capturado a uno, empezaron a desarticu-larlos de pronto a toda velocidad, a ritmo de varios por sema-na?

—No detenemos ahora más «grupos Y» que antes. Perohay una diferencia. Esa diferencia es que tomamos la determi-nación de empezar a llamar «grupo Y» a lo que antes no llamá-bamos «grupo Y». La diferencia está ahí.

—¡¿Pero qué me está usted diciendo?! ¿Para vender ima-gen?

—No, no. Para vender no, para satisfacer la apetencia delos medios de comunicación.

—¡…!—Estando en Bruselas, a principios de año, un periodista

me dice que nosotros no detenemos a los «grupos Y» y la Poli-cía Nacional y la Guardia Civil sí lo hacen. Yo creo que la genteno sabe de qué habla. Y entonces di instrucciones al Gabinetede Prensa para que a todos los detenidos relacionados con losdisturbios callejeros se les denominara «grupos Y». Y si nosentendemos entre nosotros y vosotros pues perfecto.

El periodista comenta, en cursiva, que le censuró su com-portamiento, ante lo que el consejero «se irrita. Lo disimula,tiene tablas más que suficientes, no incurre en ninguna sali-da de tono, pero le molesta la crítica». Precisamente por eso,porque no acepta la crítica, responde a quienes le habíanreprochado inactividad sirviendo en bandeja de plata la cabe-

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za de varios jóvenes. Porque no acepta la crítica, se cobra elprecio político de desvelar la construcción ideológica de los«grupos Y», la que tan positivos rendimientos había dado enuna década.

Un globo que, después de inflarlo, quien se sentía partede la feria, que no su dueño, lo pinchó cuando podía prescin-dir de él. ¿Motivo estratégico o simple arrogancia de quiensabe que maneja los hilos a su antojo?

Una vez amortizado el negocio de los «grupos Y», ya no leimportaba el balance de ingresos y gastos. O eso, o desveló eltruco porque sabía que se estaba preparando otro. Sí, se ges-taba otra estrategia...

De los «grupos Y» a Haika-Segi

La juventud independentista vasca se ha organizado parapromover sus reivindicaciones de diferentes maneras. Jarrainació en 1978 con una orientación independentista y socia-lista, y desarrolló dinámicas diversas en defensa de los dere-chos de la juventud y para la promoción de sus aspiraciones,actuando siempre en el ámbito público, notorio, transparen-te. En el año 1999, tras un proceso de debate, confluye con suequivalente en Ipar Euskal Herria, Gazteriak, de lo que surgeuna nueva estructura de implantación en todo el territorio.Su nombre es Haika, y se presenta en sociedad en el Topagu-ne de Kanbo, en Pascua de 2000, con una multitudinariaadhesión juvenil. Aglutinará centenas de militantes y milla-res de simpatizantes que coinciden en las reivindicacionessectoriales y en aquellos objetivos estratégicos de la asocia-ción: independencia y socialismo.

Anteriormente hemos apuntado la criminalización que seorquesta contra Jarrai, ahora extensible a Haika. Heredará laetiqueta gratuita de ser la estructura próxima a la kale borro-ka. Sus esfuerzos sectoriales en miles de iniciativas juveniles

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pierden visibilidad ante la acusación, que va paulatinamenteapoderándose del (poco) raciocinio público, de que está direc-tamente conectada con las acciones de violencia juvenil. Laverdad, negada mil veces, se desintegra en la adormilada con-ciencia social, que únicamente relaciona Jarrai o despuésHaika, y por último a Segi, con violencia. Ya no hace falta laapelación a aquellos «grupos Y», que como vimos no era sinouna etiqueta peyorativa, un distintivo publicitario para facili-tar la digestión de la detención y la acusación arbitraria. Seprescinde de los grupos que, según decían responsables poli-ciales, operaban en la sombra, y ahora lanzan piedras contrael escaparate cristalino que el movimiento juvenil tenía abier-to a todo el público.

En este estadio, será la Audiencia Nacional quien dirija labatalla, quitando la batuta a las policías. Ella controlará lostiempos, los recursos, los conceptos, incluso la comunicacióncon la sociedad por medio de sus autos y sentencias. Las fuer-zas de seguridad del estado solo deben servir en bandeja loque el tribunal especial les reclame, sea en esencia –pruebas,argumentos, documentación, dosieres de seguimientos, etc.–o en cuerpo –jóvenes cargados de cadenas–. Los medios decomunicación solo deben decir amén. Los políticos, esperarresultados. Ahora todos se aplicarán en responder a las nece-sidades del nuevo paladín de la lucha antiterrorista: BaltasarGarzón, leal a su obstinación por dar el trato más severo posi-ble al asociacionismo disidente vasco.

El titular del tristemente conocido Juzgado de Instrucciónnº 5 del tribunal especial antiterrorista desarrolla su teoríaque deriva en los macrosumarios conocidos como 18/98 ymás. Con ella revoluciona la perspectiva del sistema penalsobre todo el panorama político y social vasco y, por supues-to, sobre el panorama asociativo juvenil. El objetivo es, paso apaso pero inexorablemente, vincular la actividad de Jarrai,Haika y Segi a la organización armada ETA. Ya no será nece-saria la pasarela de los «grupos Y». De hecho, ya ni tan siquie-

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ra hay que recurrir a hechos delictivos para llegar a esa cone-xión. Con la perspectiva de que «todo es ETA», será suficienteplantear que las estructuras juveniles «fomentan la kaleborroka» como elemento para extender la acusación de terro-rista a esos organismos.

Aunque normalmente es la práctica la que lleva a susten-tar una teoría, ahora se invierte la lógica: la nueva teoría pre-cisa su experimentación en la práctica. A partir de 2001 se dainicio a la caza de jóvenes dedicados exclusivamente a la acti-vidad pública y transparente, por su única vinculación a lasasociaciones juveniles. Veremos más adelante en detalle eltratamiento que les da desde el tribunal especial antiterroris-ta. Sigamos con el recorrido ascendente de la represión,ahora, además de policial, judicial. Porque cualquier cosa seráaprovechada, con ese proceder obsesivo, para enredar a losjóvenes organizados con incidentes violentos.

Un buen ejemplo de ello son los hechos ocurridos en losSanfermines de 2001. Es 6 de julio, la plaza consistorial deIruñea aparece repleta de gente dispuesta a disfrutar de lasfiestas. Doble cordón policial. A los agentes municipales uni-formados les acompañan otros vestidos de mozos y armadosincluso con palos. Han conseguido que el recinto donde secelebrará el chupinazo aparezca limpio de ikurriñas y moti-vos reivindicativos. Llega una cuadrilla de jóvenes con laenseña nacional vasca y se produce un violento encontrona-zo con un grupo de policías de paisano que se encuentran yaen la plaza. Poco después, una ambulancia evacua a un heri-do que resulta ser agente de la Policía Nacional española.Mientras, estalla el cohete recibido por decenas de ikurriñas.

El enfrentamiento aparece convertido rápidamente enuna «acción orquestada por ETA». La Policía no tiene dudas alrespecto, y al día siguiente califica el incidente como «actoterrorista». El resto lleva la firma de Baltasar Garzón, con suinterpretación siempre flexible de la figura de «organizaciónarmada». Los golpes que había recibido el agente se convier-

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ten en «una estrategia perfectamente planificada por los jóve-nes», hasta el punto de que estos son capaces de «desarrollaruna serie de acciones concatenadas contra diversos agentesde paisano, previa su identificación y su marcaje». El juez vamás allá con su perorata: los encarcelados buscaban en reali-dad «alterar la paz pública y desarrollar el proyecto de ETA

"Alde Hemendik"».El magistrado autorizó la entrada y registro de la herriko

taberna Aitzina, ubicada en la céntrica calle Jarauta. Segúnexplica en su auto, «las investigaciones previas constatan quela noche del 5 al 6 de julio Aitzina permaneció cerrada, cosasorprendente al coincidir en viernes, por lo que el resto de losbares aledaños permanecían abiertos dada la gran afluenciade gente a Pamplona». Con este hecho, el juez trasnochadordeduce que el local «ha podido ser utilizado como almacén delogística para la emboscada así como sede para la planifica-ción de la misma». Añade que allí «se impartieron las opor-tunas instrucciones para el ataque, dada su idoneidad por suproximidad a la plaza consistorial y al lugar de la embosca-da». Y detrás de todo lo que está tan minuciosamente planifi-cado, concluye exultante, solo puede estar Jarrai-Haika-Segi.

Tres meses más tarde, cinco jóvenes iruindarras son dete-nidos por estos hechos, bajo la acusación de atentado terro-rista, tal y como reclamaba la Policía, e ingresados en prisiónpreventiva. La asociación de padres y madres de jóvenesrepresaliados, Gurasoak, denunció la redada como una «ven-detta» por no haber podido evitar la entrada de la ikurriña enla plaza consistorial. Koldo Begiristain recordó que los sindi-catos policiales ya habían adelantado que habría detencionesy acusaciones graves el día después del altercado. En su opi-nión, ya entonces «quedó en evidencia el fracaso policial ensu primer objetivo. El segundo, en cambio, lo han cumplido».

El padre de uno de los chavales, Miguel Ángel Iñigo,recordó que las detenciones se produjeron tres meses des-pués de los hechos, y dejó en el aire un interrogante: «¿Por

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qué ha ocurrido cuando está de guardia Garzón?». Porquenecesita acumular elementos que sostengan su nueva estrate-gia.

El estadio anterior

Pero no termina ahí el continuo alzamiento del listón represi-vo para enfrentar hechos de una dimensión reducida. Unavez que habían afianzado la idea de que la triada de organiza-ciones juveniles ostentaban la responsabilidad sobre la kaleborroka en seguimiento de las directrices de ETA –en aquelmomento todavía sin juicio, un simple detalle–, ya no bastarácon la intervención policial de las asociaciones y la detenciónde sus responsables. Siguiendo con «su» lógica de apisonado-ra, el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacionaldará inmediatamente el salto cualitativo y cuantitativo paraperseguir a cualquier joven que participe en su barrio, en suinstituto, en la universidad... en cualquier faceta del asocia-cionismo juvenil. Los miles de activos y simpatizantes que sesitúan en torno a los organismos juveniles son ya directa-mente sospechosos terroristas. En esta pendiente deslizantede criminalización el problema es de frenada: ¿dónde dete-nerse?, ¿dónde establecer el límite? Este dependerá de laobcecación y apetencia del juez siempre de guardia.

En febrero de 2002 se lleva a cabo la detención de seisjóvenes donostiarras: Jon Markel Ormazabal, Xabier Camino,Roberto Maiza, Aitzol Irazusta, Aitor Larrea y XangarinRekondo. La Policía inmediatamente los vincula con Segi. Yaapenas es necesario reseñar que presuntamente estarían vin-culados con actos de violencia callejera. El entonces ministrode Interior, Mariano Rajoy, hace un llamamiento para perse-guir «el planteamiento ideológico» lo cual es «absolutamentecoherente con lo que piensa cualquier ciudadano, ya quetodos sabemos que Segi es uno de los brazos de ETA». Si se

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castiga en función de lo que piensa cualquier ciudadano, yani tan siquiera es necesaria la Audiencia Nacional. Que con-denen por referéndum.

Pero esas declaraciones no son un desliz en una desafor-tunada comparecencia de prensa. Los responsables de Inte-rior y de la Policía española, Mariano Rajoy y Juan Cotino res-pectivamente, aseguraron meses después que varios jóvenesapresados en Elorrio y Durango y acusados de sabotajes, esta-ban «a punto de integrarse en un comando de ETA». Rajoysituó a Gorka Lupiañez, Zunbeltz Larrea, Arkaitz Tejerina,Antton Berrizbeitia, Oskar Oviedo, Agustín del Hierro y AsierIñigo en «un estado anterior a dar el salto a los comandosoperativos de ETA». Mientras, Cotino desgranaba los actos dekale borroka ocurridos en ese eskualde en los dos años ante-riores y que les serían imputados a los jóvenes.

De ser ciertas las acusaciones, si se aportaran pruebasfehacientes de la participación de los jóvenes en los ataques,la justicia tendría que decidir en consecuencia. Pero nueva-mente ese no era el interés: Rajoy sostuvo en el Senado espa-ñol que «algunos de los detenidos son miembros destacadosde Segi», lo que le sirvió para reiterar la tesis de que «Jarrai,Segi, Gestoras pro Amnistía o Ekin son exactamente lo mis-mo». Cierto, todas ellas son asociaciones vascas reconocidaspor su actividad política y social. Por otra parte, insistió enque «hay personas que además de desarrollar sus funcionesaquí, actúan como comandos operativos de ETA». Otra vez lamisma matraca: si un chaval además de cantar en el Orfeóndonostiarra participa en un comando operativo de ETA, lorazonable será la detención... del chaval, no del conjunto delOrfeón.

La operación se acompaña de filigranas y juegos florales:el ministro aseguró que en los registros realizados «se haencontrado documentación sobre posibles objetivos y abun-dante material para fabricar bombas». Cotino sostuvo que laactuación policial «es muy importante porque ha evitado que

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unos jóvenes se integraran en comandos de ETA y al final aca-baran poniendo coches bomba». Una especulación que con-duce a sus celdas a un puñado de jóvenes y abre las puertasde la cárcel a otros cientos.

Jesús González, en nombre de Gurasoak, denunció enrueda de prensa ofrecida en Bilbo que «hablan de incautararmas, artefactos explosivos, o artilugios pirotécnicos relacio-nados con la kale borroka, pero en nuestras casas no hay niexplosivos ni armas. Estos chavales conviven con nosotros».Sin embargo, la falta de evidencias no tiene porqué afear unateoría policial tan simple y a su vez práctica.

Los padres y madres concluían su intervención públicaponiendo el dedo en la llaga: «la persecución contra los jóve-nes es algo generalizado»

Un método transversal: «muntai polizialak»

Hay una técnica que está en el tuétano de la iniciativa repre-siva, una herramienta policial que se emplea desde que selanzó la primera piedra contra un guardia, hasta ayer mismo.Un procedimiento que todas las policías ejercerán magistral-mente y sin reparos. Un método transversal porque es uningrediente que en cierta dosis, como el perejil, está en todaslas salsas: el montaje policial.

Los podemos imaginar en torno a una mesa de operacio-nes, con la vista puesta en mapas, unos con sus uniformesmilitares, otros con sus flamantes trajes Armani. Hay un lis-tado de jóvenes a quienes adjudican chinchetas de colores:«Actúe contra los objetivos de esta lista, comisario»; «A susórdenes, señor consejero»; «Esta vez, secretario, no levanteacta»; «Bebamos pues, señores, por el éxito de la operación».

La idea es sencilla: consiste en adjudicar responsabilida-des sin ningún tipo de prueba o elemento de sospecha, másallá de que el joven a quien se reparten todos los boletos es

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conocido por su simpatía o militancia en la izquierda aber-tzale. Después se adecuan acusaciones a la medida, se impro-visan pruebas, se atribuyen al azar autorías y colaboracio-nes... hasta en condiciones imposibles. La predilección estáen las detenciones en masa, para después, con la inestimablecolaboración de la tortura, ir separando el grano de la paja enfunción de las autoinculpaciones que les arrancan.

En enero de 1997 se hizo público por parte de fuentespoliciales la existencia de seis «grupos Y» en Iruñerria. Esta-rían conformados por 53 chavales identificados con nombre,apellidos, domicilio y fotografía. De ellos, 20 fueron deteni-dos: 17 ingresaron en prisión, mientras que 3 fueron puestosen libertad bajo fianza.

El abogado de los jóvenes en aquel caso, Txemi Gorostiza,ya expresó que los grupos no eran sino «cuadrillas de amigos»,y concluía diciendo que las «tesis de la Delegación del Gobier-no de eficacia policial y colaboración ciudadana son falsas».

En este caso y en los sucesivos se reproduce un elementocomún: varias personas, teniendo conocimiento de que lapolicía les reclama –bien por haberse personado en sus casaso porque se interrogó sobre ellos a los ya apresados–, mani-fiestan su voluntad de ponerse a disposición de la AudienciaNacional. Los abogados gestionan los escritos oportunos antedicho tribunal. Con ello se pretende evitar el paso por manospoliciales, evadiéndose asimismo de los malos tratos, de latortura. La eficacia del sistema requiere precisamente lo con-trario, la detención para la extracción de autoinculpaciones oinculpaciones a terceros por mecanismos de presión. Presen-tarse ante el juez es, en este caso, un salvoconducto, un meca-nismo de prevención de la tortura. Sin embargo, la policíaimpide la comparecencia. Los jóvenes son detenidos, frente asus padres que les acompañan, en las escaleras del tribunalexcepcional madrileño.

Según sus progenitores, fueron «asaltados salvajemente»por unos treinta o cuarenta uniformados que les esperaban

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en la misma puerta del edificio. El asalto fue definido por unode los padres como «auténtica emboscada». ¿Cuál es la finali-dad de semejante actuación? ¿Por qué tanto empeño en evi-tar la declaración civilizada, garantizada por el letrado deconfianza, ante el juez? La respuesta resulta evidente, sedeclara más y mejor ante la policía, que ante el juez, con lapresencia de tu abogado.

Posteriormente todos quedaron en libertad, si bien relata-ron haber sufrido todo tipo de vejaciones y torturas. En lavista oral, la fiscalía hacía una petición de 401 años para untotal de doce imputados. Después se rebajó a 95. Finalmente,en un juicio que da por válido el montaje, tres encausadosson condenados a siete años de prisión, otros seis a penasque oscilan entre cuatro meses y tres años. Tres jóvenes másresultan absueltos. Estos últimos reseñan ante la prensa que«la sentencia viene a maquillar la farsa que necesitaba algúncabeza de turco para no dejar en evidencia el intento chapu-za de criminalizar a unos jóvenes comprometidos con lalibertad de este pueblo».

Es lo lamentable, que la técnica del montaje, bien quemal, funciona. Se inspira en el famoso teorema de «la navajade Ockham»: en igualdad de condiciones, la solución mássencilla es probablemente la correcta. Puede que no sirvapara mostrar la verdad, menos para hacer justicia. Peroresuelve, de manera dolorosamente elemental, la necesidadde adjudicar a alguien el castigo.

Pero cuando has dado con la fórmula más cómoda, esposible que te confíes, bajes la guardia y comiences a dejarpasar errores. Así, la penosa calidad del método policial seapreciará con especial nitidez en las acusaciones cursadascontra jóvenes que no podían estar en el lugar de los hechosque se les imputan. Y cuando este pequeño detalle salta a laluz, el concepto de «montaje» adquiere toda su dimensión.

En algunos casos se atestigua la imposibilidad física deque los acusados se encontraran en el lugar donde transcu-

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rren los hechos. Los padres de Jon Erro y Miguel Ángel Lla-mas presentaron ante la prensa informes que atestiguabanque se encontraban en su lugar de trabajo y de estudio res-pectivamente cuando se produjeron las acciones a las que lapolicía les vinculaba. Entonces ¿a qué se debía el error? Lospadres no tuvieron duda en señalar al «clima social creadopor los medios de comunicación» tras el ataque al domicilioparticular de un concejal de UPN en el Ayuntamiento deNoain.

Serán multitud de casos en los que padres, amigos uotros testigos pueden probar que los acusados, muy terrena-les, carecen del atributo de la ubicuidad, únicamente de titu-laridad celestial. No podían estar en dos sitios a la vez.

Pero los casos realmente apoteósicos son aquellos en losque la coartada exculpatoria es ofrecida por la propia policía.Es decir, casos en los que los acusados de participar enhechos violentos se encontraban en manos de sus acusadorescuando estos sucedían. Es la evidencia más plausible de laabsoluta desidia policial y la gratuidad con que se adjudicancargos.

Así sucedió en el caso de Iker Bea, detenido bajo la acusa-ción de cometer un sabotaje contra un tren en Alegia el 25 deenero de 1998. Sus abogados hicieron ver al juez CarlosDivar, responsable de la instrucción del caso, que el jovenhabía estado encarcelado preventivamente desde el 29 deagosto de 1997 hasta el 13 de marzo de 1998 por otroshechos. Este extremo había sido además reflejado en la pren-sa. Pero el juez prefirió negar credibilidad a los letrados deljoven y prestársela al informe policial, todo un dechado derigor y ciencia policial. El joven, junto a otros tres detenidos,realizó un exhaustivo relato de las torturas sufridas a manosde la Policía española, entre las que se incluían golpes, la asfi-xia por colocación de bolsas de plástico en la cabeza o ame-nazas de ejecución. En esas circunstancias, aunque fuera

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humanamente imposible, se puede entender que asumiera laautoría del sabotaje.

Pero, tal vez, uno de los casos más conocidos de biloca-ción es el de Andoni Beroiz. La Ertzaintza lo detuvo acusadode participar en el lanzamiento de 54 cócteles molotov contrael cuartel de la Guardia Civil de Galdakao, hecho ocurridosobre las 1.45 horas del 1 de enero del año 2000. Las imputa-ciones contra Beroiz se basan en las declaraciones de otrosdetenidos realizadas durante los días que permanecieronincomunicados en la base de Arkaute, tras los cuales denun-ciaron haber sido objeto de torturas. Había un problema: esemismo día y a esa misma hora, otra patrulla de la Ertzaintzahabía levantado un atestado del accidente de tráfico en el queBeroiz se había visto implicado, en el término municipal deZuia, en Araba. Rechazado el argumento del don divino de laomnipresencia, el tribunal reconoce que hay suficiente dis-tancia kilométrica entre un punto y otro –47 kilómetrossegún la web Michelín– como para decretar su desprocesa-miento.

Una chapuza que no se quiso reconocer a tiempo: JavierBalza, responsable último de la acción de la Policía Autonó-mica, tuvo que comparecer en la Comisión de Interior delParlamento de Gasteiz a petición de Aintzane Ezenarro. Laparlamentaria de Aralar le reclamaba una explicación por el«error» y por la tardanza en poner en conocimiento de laAudiencia Nacional el atestado que probaba la inocencia deljoven galdakaotarra, lo cual había alargado improcedente-mente su estancia en prisión. La cosa estaba tan fea, que elArarteko, Iñigo Lamarca, se vio obligado a tomar cartas en elasunto y criticó la actuación del Departamento de Interior.

El consejero utilizó la estrategia de enredarlo todo, paraver si, en el fragor del jaleo, se podía escaquear. Cuando vioque se le cerraba el camino, intentó zafarse de la acusaciónechando balones fuera: la culpa era de la Audiencia Nacional.La mediación de Lamarca era una «irresponsabilidad absolu-

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ta», ya que, según Balza, «es más fácil acusar a la Ertzaintzaque meterse en un "pollo" con la Audiencia Nacional». Solo lefaltó cargar contra los jóvenes incomunicados en Arkaute porhaber sido quienes habían mentido en sus declaracionessobre la presencia de Beroiz en los hechos… para despresti-giarle. Engañado, acusado, acosado, él es, lamentablemente,la verdadera víctima de un montaje.

Andoni Beroiz declaró a las puertas del Parlamento deGasteiz que, en efecto, las declaraciones inculpatorias leshabían sido arrancadas a sus amigos bajo torturas practicadaspor la Ertzaintza. Llamó la atención sobre el hecho de que élhabía podido demostrar su inocencia gracias al accidente,pero no por ello se había desestimado las declaraciones conque contaba la policía: seguían vigentes para el resto de suscompañeros, todavía detenidos. Estos, igualmente inocentes,no contaban con semejante coartada. Bendito accidente.

Decíamos que este caso tuvo repercusión pública. Nohubiera sido así de no ser por el incansable dinamismo deLuis Beroiz, un verdadero padre coraje. Luis recorrió el país,enarbolando la bandera de la verdad y el cariño hacia su hijo.Señaló con firme dedo acusador a periodistas, ertzainas, jue-ces, políticos y, sobre todo, a una élite que hacía mucho tiem-po había compartido aula con él en la Universidad de Deustoy que dirige el país. El eco de su denuncia perdura tras suúltimo aliento. Murió el 22 de mayo de 2009.

Si bien pudo destapar un apestoso montaje policial, no hapodido ver cómo, aún así, su hijo Andoni sufría el zarpazo deuna bestia rencorosa. El joven de Galdakao ingresó en prisiónmientras se redactaba este libro, en septiembre de 2009, paracumplir cinco años de condena. Los hechos se refieren a otrocaso en el que catorce jóvenes de Uribe Kosta y de HegoUribe se sentaron en el banquillo, acusados de participar enotros incidentes registrados también en Galdakao, esta vez enseptiembre de 2000.

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Nuevamente la Ertzaintza, como si fuera incapaz deaprender de los errores que más en evidencia le dejan, trope-zó con la misma piedra: Kepa Saratxaga, uno de los encausa-dos en este otro sumario, se encontraba encarcelado en la pri-sión de Alcalá-Meco cuando se registraron los incidentes quese le imputaban.

Andoni Beroiz había sido absuelto de siete procesos judi-ciales. Fue juzgado en enero de 2008 y condenado, junto aIker Lima, Ugaitz Pérez y Jon Crespo, a cinco años de prisión.La alimaña, satisfecha, disfruta hoy de su presa.

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así nos lo cuentan

EN UNA ENTREVISTA A PIE DE CALLE, el periodista pregunta a unaseñora por algo referente a la coyuntura política. Ella respon-de: «Es que vivimos tiempos convulsos». «¿Qué quiere decircon eso?». «No lo sé, lo han dicho por la tele».

Se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad.Aunque hablemos de una guerra pequeña, la forma en que seha violentado a la verdad en nuestro contexto es mayúscula.En este país, la experiencia nos ha obligado a desconfiar delas versiones oficiales. En sus pliegues siempre se ha escondi-do la falsedad. Pocos confían en el mensaje del Ministerio oConsejería de Interior, del Gobierno Civil o Delegación deGobierno. Poca credibilidad queda al político; menos aún, alresponsable policial.

Entre la emisión de la noticia por un oscuro gabinete deprensa hasta su recepción por el público hay un intermedia-rio, un filtro, que no resulta en absoluto neutral: el medio decomunicación. Con sus servidumbres políticas y sus propioslibros de estilo, interpretan, valoran, maquillan o manipulanla información. Con el temible latiguillo de «en base a fuen-tes policiales», o «según informaciones vinculadas a la inves-tigación», que lo justifica todo, el papel que ha desempeñado

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la prensa en la construcción ideológica y difusión de la efica-cia y oportunidad de la represión contra la juventud vasca hasido fabuloso. Que cada cual decida el sentido que quieradarle a ese adjetivo.

En efecto, la función por ellos asumida ha sido la de crearun determinado estado de opinión, provocando reacciones,activando pasiones y estimulando sentimientos que justifi-quen la posterior actuación policial. Decíamos que uno de losprincipales frentes en que se entabla batalla es el simbólico,el propagandístico. Este frente está copado por las redaccio-nes de la prensa audiovisual y escrita. Al menos, cierta pren-sa. Siempre hay excepciones que sería injusto olvidar y quehan supuesto un contrapunto crítico a la actitud de las pode-rosas y siempre generosamente subvencionadas empresas dela comunicación.

Ahora que es tan recurrente endosar «manuales» de obli-gado seguimiento, intentemos extraer los ejes principales queconfigurarían un hipotético «Repertorio de estilo del perio-dista afín a la estrategia del estado contra la juventud vasca».Plausible libro de cabecera de tantísimos plumillas. Imagine-mos sus posibles directrices.

La primera regla consistiría en aportar datos, materialfotográfico, perfiles de los acusados en términos de conflicti-vidad, desarraigo, marginalidad, delincuencia, historial rein-cidente, etc. Presentar asimismo sus conexiones familiares–parentesco con presos o miembros de ETA, con dirigentes deciertos partidos políticos u organismos sociales, etc.–, siem-pre en clave de descrédito. Alimentar un juicio paralelo queno solo destruya el principio más elemental de presunción deinocencia, sino que ensucie además la imagen de una juven-tud consciente y consecuente.

Segundo eje: se deberá magnificar la capacidad destructi-va de los hechos que se imputa a los jóvenes, se dará por sen-tado que son de una gravedad inusitada, que han supuestodaños astronómicos en términos económicos, así como que

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han supuesto un inminente riesgo físico para las personascercanas a los ataques. Harán ver que los autores realmentedespreciaban el peligro que pudieran correr las personas aquienes se dirige la información, o incluso apuntarán a queellas eran su objetivo real. El periodista bien dispuesto equi-parará la generalmente reducida gravedad de los sucesos a lacapacidad destructiva de las acciones de ETA. Sostendrá así unestado de alarma social, de escándalo público con una infor-mación dirigida hacia los sentidos y sentimientos del lector oespectador. Que se sienta implicado, que le haga removerseen su sillón… en la dirección oportuna.

La tercera consigna apuntaría a establecer conexionesentre la actividad de los grupos de jóvenes y la organizaciónarmada ETA. Las palabras clave son «jerarquía», «vincula-ción», «control», «seguir consignas», «cumplir directrices».Los profesionales de la comunicación deben esmerarse enpopularizar la construcción ideológica de los «grupos Y»–para entendernos con la prensa, que decía Atutxa– o, des-pués de destapado el fraude del concepto, en afianzar la res-ponsabilidad de Jarrai-Haika-Segi en la «dinamización» de lossabotajes, otra palabra básica junto con «complementarie-dad». Al principio será necesario recurrir a fuentes policialeso judiciales para sostener estos nexos de unión. Más adelan-te, la vinculación resultará ya notoria e irrebatible por el granpúblico, por lo que solo habrá que alimentarla. ¿Quién laestableció, repitiendo un millón de veces que todo era ETA?Ya no hace falta recordarlo.

No está de más que la noticia venga acompañada de foto-grafías o declaraciones de partidos o asociaciones que puedentener algún tipo de entendimiento o incluso patrocinio políti-co en la acción cometida, para propagar en todas direccionesel efecto contaminante.

El cuarto elemento de este manual –figurado– sugeriríaque se evite cualquier conexión con la realidad política, parahacer de las expresiones de violencia juvenil algo aislado, no

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vinculado a ningún motivo, causa o reivindicación que pudie-ra sugerir alguna forma de contextualización del hecho. No essino un cactus maldito en mitad del desierto, sorprendente-mente sin ninguna fuente de agua que lo alimente. Es violen-cia gratuita y como tal no hay nada, no ya que lo justifique,sino ni tan siquiera que lo motive. Esta cuestión no permitematices. Se cierran filas en torno a la idea de que este com-portamiento es única y exclusivamente un hecho antisocial.En cualquier caso, si es imposible ocultar la conexión política,por ser demasiado evidente, la acción se tildará de totalitariay fanática, tal y como son las razones que la inspiran.

Por último, y consecuencia de lo anterior, la «pluma afín»a las tesis de estado deberá defender la oportunidad de laactuación policial, la proporcionalidad de emplear todos losmedios a su alcance y hacerlo además bajo la lógica de laexcepción y la legislación antiterrorista. Minimizar la brutali-dad empleada en el momento de la detención, justificar elsometimiento al régimen de incomunicación y, por último,apuntar a la Audiencia Nacional como el órgano de enjuicia-miento competente, por ser lo normal y natural en estoscasos. Es la apología de la «barra libre» contra el, ahora ya sí,joven peligroso y terrorista.

Todo esto es aderezado con un importante componente:no existe otra versión de los hechos. Hay una práctica que,desde el punto de vista de la veracidad informativa y la éticaprofesional debería tener relevancia: la de contrastar loshechos con sus protagonistas o, si estos no pueden compare-cer por los motivos que imaginamos, con quienes tenganalgún contacto con ellos. Pero todo contrapunto, todo plantea-miento equilibrado, sopesado, desaparece de la agenda perio-dística. La prensa que otorga el parabién a la represión contrala juventud ignora sistemáticamente la visión y la vivencia delos propios jóvenes. No solo sus aspiraciones, sus problemas yel porqué de la forma en que se expresan, sino su propia ver-sión ante los hechos que se les imputan. En caso de ser impo-

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sible acceder a quien es actor principal a la fuerza, bastaríasimplemente dar la oportunidad a sus familiares para queexpliquen en qué condiciones se llevó a cabo la detención,cuál es su angustia por el desconocimiento del estado y para-dero de su hijo, de su amigo, si existe algún elemento que, enigualdad de condiciones con la acusación, le exculpe de loshechos que se le imputan... Entre otras cosas, porque, comociudadanos, nos interesa conocer estos extremos. En definiti-va, es preciso otorgar un trato de igualdad a la inculpación y ala exculpación en el acceso al escenario público.

Pero no, precisamente para evitar cualquier tentación debuena praxis periodística está este «anticódigo deontológico».

Todo lo dicho anteriormente, como hemos reconocido, esuna fábula. La existencia de dicho «manual» pertenece almundo de nuestra imaginación, de la especulación siempremalintencionada que ocupa a quienes rellenamos estas pági-nas... ¿o no?

Atribuir parte del merito en los éxitos policiales que seobtengan, a la colaboración ciudadana […], cuando sufra unatentado un miembro de la policía, personalizarle inmediata-mente y facilitar algunos datos de la esposa, madre e hijos pre-ferentemente, […] dar informaciones periódicas, a través de ter-ceros, que difundan enfrentamientos y discrepancias entreterroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus cos-tumbres criticables, etc. Basta que la información (falsa) seacreíble para explotarla.

Así lo explica el plan gubernamental de contrainsurgen-cia diseñado en 1983 bajo el Gobierno de Felipe González. Enel país del Plan ZEN, el papel de los media aparece… sobre elpapel. Directrices provenientes del despacho contiguo al quediseñó otras tramas igualmente sucias.

El papel de los medios en la construcción de una opiniónconcreta en lo respectivo al tema que analizamos es evidente.Configuran el imaginario de la sociedad. Además, con una

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pretensión de uniformización. No vale exculpar a los profe-sionales de la comunicación porque son víctimas de un climade opinión preexistente, que se limitan a repetir de formaautómata (sumisa) el discurso dominante, por constituir estesu única referencia. Para ofrecer información, se les presupo-ne informados; para generar opinión, se les imagina equili-brados. Pero no es así. El periodista en vez de hacerse cadavez más autónomo, se ha vuelto más dependiente. Como afir-ma Mariano Ferrer, «con el tiempo, las empresas de comuni-cación se han hecho grandes, pero sin hacerse mayores». Elgran negocio de la comunicación, la tendencia a dirigir la opi-nión, o, cuando menos, el objetivo de animar el espectáculoque concite audiencias, que reviente los índices de ventas,deja en segundo plano la veracidad de lo comunicado.

Veamos, aunque solo sea como botón de muestra, algu-nos ejemplos en la práctica, que nos ilustren el modo en quelas grandes empresas de comunicación se pliegan a las priori-dades del Estado. En algunas ocasiones salpicados hasta elempacho de recursos estilísticos y figuras metafóricas. Enotras mediante la más cruda y rastrera de las difamacionespolíticas o personales.

En la gran mayoría, el insulto no lo es únicamente aljoven aludido. También lo es a la inteligencia.

La prensa lo tiene claro: son ETA… a pesar de la Audiencia

Nacional

Tres menores manipulaban en mayo de 1995 material piro-técnico en un caserío de Soraluze. Este hace explosión y lesprovoca daños de distinta consideración. Llega la policía y,con ella, la escolta mediática. Aritz Irazabalbeitia es sobrinode Ángel Irazabalbeitia, militante de ETA muerto en enfrenta-miento con la Ertzaintza, mientras que Aidor y Suar Aizpuruson sobrinos de Lourdes Txurruka, compañera de Ángel y

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capturada en aquel operativo. Un detalle insistentementerecalcado por los medios de comunicación.

El Diario Vasco, citando fuentes de la Policía Autonómica,afirmaba que «se encontraban confeccionando un artefactoexplosivo con que tenían previsto cometer un atentado».Apoyaba sus afirmaciones, además de en los parentescos, enla credibilidad que otorgaban al origen policial de la noticia:«uno de ellos había recibido un manual de guerrilla urbanasolicitado a personas del entorno de ETA y era este el libro queestaban utilizando para confeccionar el artefacto explosivo».Sin embargo, las acusaciones pierden fuelle, el manual noaparece por ningún sitio y las declaraciones de los jóvenes deque los cohetes eran para la «feria de quintos de Eskoriatza»toma cuerpo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuz-koa les impone una multa por imprudencia temeraria. Enuna comparecencia pública, José Francisco Aizpuru, padre deAidor y Suar, denunció con dureza la actitud de los mediosde comunicación, y se mostró dolido por el modo con que sehabía tratado a sus hijos. Quiso transmitir esa queja en espe-cial a El Diario Vasco, pero fue imposible. No había ningúnperiodista de este medio en la rueda de prensa. La versión yopinión de la familia no interesa. Un ejemplo de utilizaciónde aquel «anticódigo periodístico» que habíamos propuesto.

Es oportuno ahora adelantar un elemento que desarrolla-remos más adelante cuando analicemos el papel de la justiciaen la represión de las actividades juveniles: a principios delos años noventa, los tribunales no tenían nada claro que lakale borroka tuviera algún tipo de vinculación con ETA y, porlo tanto, que debiera de ser tratada como un fenómeno«terrorista». Sin embargo, la prensa iniciaba su campaña con-fundiendo sus deseos con la realidad judicial.

El Mundo titulaba el 30 de abril de 1993: «Desarticuladoun grupo organizado de apoyo a ETA que operaba en Bilbao».Días antes, El Diario Vasco había abierto la noticia con un

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«Detenidas 10 personas en Vitoria por presuntas acciones deapoyo a ETA», concretando que estas se referían a «ataquescon cócteles molotov o artefactos caseros contra oficinas ban-carias y de seguros, vehículos de transporte y sedes empresa-riales». ABC lo tenía igualmente claro: en su editorial del 5 deoctubre de 1995 –ya citado anteriormente–, titulado «La "Y"de ETA», nos aclaraba que:

Uno de los objetivos preferentes de la lucha de las fuerzasde seguridad del estado contra el terrorismo de ETA consiste enla extinción de los «grupos Y» de apoyo, bandas de activistasque, ultimando las tácticas de la guerrilla urbana, siembran elcaos y la destrucción en las ciudades vascas, con el propósito,coincidente con la estrategia de sus mayores, en edad y desver-güenza criminal, de ETA, de crear un clima de inestabilidad polí-tica para derribar al legítimo estado democrático.

Si se permite el comentario, este estilo de redacción sepodría denominar la «bolsa»: lees la cita en alto y de corridoy, sin un punto seguido que te salve, te asfixias irremediable-mente. En cuanto a su contenido, cómo se tortura la realidadno es menos impactante.

El objetivo de esta más que sospechosa coincidencia edi-torial a la hora de vincular la violencia juvenil espontáneacon ETA es ir abriendo una brecha en el imaginario públicoque sirva de trampolín para una nueva visión de estoshechos. Visión que, al final, como todos sabemos, será tam-bién asumida por el tribunal especial madrileño. Tal vez en laépoca se interpretaba como un recurso de estilo en caliente,una exageración de redactores desmelenados, sin apenasrepercusiones prácticas. Pero hoy podemos apreciar nítida-mente todo lo lejos que ha podido llegar aquel disparate.

No adelantemos acontecimientos. La prensa sigue hacien-do campaña a favor de cierta valoración de estos hechos. Dia-rio de Navarra publicaba el 31 de marzo de 1996 un editorialtitulado «Entre el cóctel molotov y el amonal» en el que se

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refería al incendio provocado en un concesionario de laRenault en Burlata y que, según el periodista, «demostró queun simple cóctel molotov puede tener efectos tan devastado-res como los de un artefacto explosivo compuesto por amo-nal». No obstante, reconoce la dificultad para equiparar elempleo de un dispositivo u otro, ya que «revela una cualifica-ción distinta en las personas que los utilizan y modifica sus-tancialmente las consecuencia penales en un caso y otro. Contodo, esa frontera que separa el cóctel molotov del amonal, laque sirve para dividir los atentados en delitos de estragos o deterrorismo, tiene un recorrido tan complicado como difuso».Tienen sus dudas, pero inmediatamente propone la soluciónde la ecuación: «cada vez son más los militantes de Jarrai quedan un salto en el escalafón y se incorporan como activistas acomandos de ETA». La famosa cantera, que lo justificará todo.

Aún así, la Audiencia Nacional todavía en aquellas fechasinsiste en una de sus sentencias por kale borroka en que «noconsta que las acciones las hayan realizado para favorecer losfines de ETA o en connivencia con esa organización». No con-formes con el punto de vista, los medios de comunicaciónhacen su propio juicio paralelo. Debido a la abrumadora rei-teración del mensaje, se puede decir que asumen la misiónde apuntalar una interpretación de los hechos a la que toda-vía los jueces del tribunal especial se resisten a dar carta denaturaleza. Pero, claro, es que los de la toga y las puñetas nose enteran y hay que marcarles el camino.

En referencia a la sentencia que comentamos, El CorreoEspañol titulaba el 26 de abril de 1996 «Vándalos por ahora»,refiriendo que:

… quince jóvenes radicales, vinculados a los llamados «gru-pos Y» de apoyo a ETA, se han visto agraciados con una condenarelativamente benigna –65 años de prisión en total– al estimarla Audiencia Nacional que no ha quedado acreditada su vincula-ción con la organización terrorista. […] el tribunal ha aceptado latesis del fiscal en el sentido de que los estragos realizados se

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dirigen a ampliar o complementar la actividad de ETA y que fueesta quien ideó crear estos grupos violentos de baja intensidad.[…] Pero aun así, no considera probada la relación de los acusa-dos con ETA. Bien puede decirse que les ha salvado la campana.

Y por eso, aún habiéndose sentenciado a cada joven conmás de cuatro años años de prisión, el conservador vizcaínose duele. Su hermano El Diario Vasco iba más allá. Tambiénprotestaba porque esta sentencia no era de su gusto. Pero ade-más se atrevía a enmendar la plana al tribunal decano en larepresión judicial en Euskal Herria, con un editorial bajo eltítulo de «Fallo desconcertante»:

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la quecondena a quince jóvenes por daños y estragos y en la que fallaque los disturbios callejeros no son terrorismo. El fallo tieneuna lectura desconcertante. Es evidente que el vandalismo calle-jero forma parte de una estrategia planificada por el mundo vio-lento para desestabilizar, pero en un sistema basado en lasgarantías procesales también es lógico que las decisiones judi-ciales se fundamenten en pruebas sólidas y bien construidas.

Y a falta de ellas, en definitiva, las decisiones judicialesdeberían soportarse en las convicciones y la visión de loshechos del diario guipuzcoano.

Aún así y todo, la Audiencia Nacional mantenía el rumbo.Continuaba considerando que no estaba probada la vincula-ción entre ETA y la violencia urbana. En la sentencia 19/97 del14 de mayo, en pleno 1997, decidía «calificar los hechos deldelito de incendios, […] calificación que se estima más ade-cuada que la de delito de terrorismo porque no es posibleapreciar la concurrencia de todos los elementos de este tipodelictivo». Los políticos acogen airados esta interpretación.Rajoy: «lo sabe todo el mundo»; Iturgaiz: «lo sabe hasta unniño». Los periodistas siguen navegando con ese viento favo-rable que les insuflan los responsables políticos. Así, llegarán

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a buen puerto: el tribunal comienza a escorar su valoraciónhacia el lado que estos prefieren, al concederles que «se sus-citan dudas sobre la voluntad y consciencia de los acusadosde estar contribuyendo con su comportamiento a las activi-dades propias de dicha banda armada, elemento personal yfinalista trascendente al delito de terrorismo».

Las dudas se aclararán. El triple salto mortal llegará pocodespués. La prensa obtiene su presa.

Efectos colaterales

Pero los periodistas, tertulianos y expertos no solamente ali-mentarán la acción contra los jóvenes. Esta se extenderá a susfamiliares, a los grupos en los que participan, a los círculosasociativos o de amistades con que se relacionan. Todos sal-picados. Ya hemos comentado cómo la kale borroka es un ele-mento para la criminalización de las asociaciones juvenilesJarrai, Haika y Segi, y después analizaremos cómo la Audien-cia Nacional hace una lectura a partir de este fenómeno paraconsiderarlas ilegales primero y terroristas después.

Pero ahora fijémonos en la utilización mediática de cier-tos operativos contra jóvenes para estigmatizar también loslugares frecuentados por ellos. Gaztetxes, herriko tabernas,locales culturales, de cuadrillas o comparsas festivas, asícomo sociedades lúdicas o gastronómicas, serán objetivo detodo tipo de pesquisas e intervenciones. Buscarán o, en sudefecto, fabricarán elementos que pudieran establecer unaconexión entre estos espacios sociales con actuaciones vio-lentas atribuidas a algunos de sus usuarios más jóvenes. Eldesconocimiento para la gran masa social de la vitalidad deestos locales, la incógnita por sus actividades y, sobre todo, lasugestión teledirigida por la prensa en un sentido determina-do, colaboran a crear una imagen absolutamente distorsiona-da de estos espacios.

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En mayo de 1995, el Gobierno Civil de Gipuzkoa vinculóla sociedad Zulo Zahar de Donostia con la detención devarios jóvenes, relatando que «los efectos para llevar a caboactos de sabotaje incautados supuestamente a un grupo dejóvenes se encontraba en el interior de la sociedad, que acogela sede de HB». Los hechos sirvieron para que el entoncesbiministro de Justicia e Interior, Alberto Belloch, acusara aHerri Batasuna de «colaboración activa con ETA». Los respon-sables de la sociedad denunciaron que «se ha ofrecido unaversión que no se corresponde con la realidad», y ademáscentraron sus críticas en los medios de comunicación, a quie-nes acusaron de «falta de diligencia, por dar credibilidad a laversión oficial sin contrastar con los afectados».

Posteriormente, el juez Ismael Moreno, de la AudienciaNacional, se inhibía a favor de la Audiencia Provincial deGipuzkoa, al no encontrar en los presuntos hechos de los quese acusaba a los jóvenes ningún tipo de relación con delitosde organización armada. El Diario Vasco seguía con la canti-nela: «Acusan a los detenidos del grupo "Y" de 27 sabotajesen apoyo de ETA».

Años más tarde, El Mundo recogía otra información pro-veniente de la Subdelegación del Gobierno de Guipúzcoa, porla que la Policía Nacional requisó «diverso material relaciona-do con la kale borroka [violencia callejera] en el transcurso deun registro a la Herriko Taberna –sede social de HB–». Se rela-taba que la entrada en la sociedad Herria de la parte viejadonostiarra se saldó con la «incautación de dos cócteles molo-tov, dos botellas de gasolina, cinco cohetes, cinco capuchas,una pancarta con el anagrama de ETA y pegatinas que aludena la organización terrorista y a la violencia callejera». En unanueva pugna por la versión real de los hechos, Josetxo Ibaze-ta contradecía esta información, al enumerar que los objetosrequisados eran «diversos disquetes y un disco duro de orde-nador, facturas de la sociedad y "material político y cultural"».

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Se convierte así en un clásico que se aprovechen los ope-rativos contra la kale borroka para entrar en los locales juve-niles o gaztetxes del pueblo o barrio donde se desarrolla laredada. Antonio Basagoiti, portavoz del PP en el Ayuntamien-to de Bilbao en agosto de 2001, se felicitaba por la entrada dela Ertzaintza en el gaztetxe Kukutza de Rekalde, por ser «unfoco donde la violencia callejera se encuentra muy activa».En Markina, Hernani, Zizur, Atarrabia, Andoain y otrasmuchas localidades, los gaztetxes serán objetivo de la curiosi-dad policial. La inspección de estos locales ha derivado, en nopocos casos, en enfrentamientos entre jóvenes y policías,como ha sucedido recientemente en Barañain. En algunos,como en el gaztetxe de Barakaldo, las pesquisas policialeshan sido incluso disculpa para su clausura.

La sospecha deja en una aureola de tinieblas a los localesasaltados. La imagen distorsionada sobre estos lugares, estassociedades, induce al público más despistado, a pensar másen un almacén de explosivos que en un espacio para las acti-vidades culturales, gastronómicas, lúdicas y cómo no recono-cerlo, políticas, que en ellas se desarrollan habitualmente.

En cualquier caso, la campaña mediática contra estosespacios sociopolíticos hizo el trabajo de zapa para otra ope-ración que estaba en ciernes: el 29 de abril de 2002, agentesdel Cuerpo Nacional de Policía detienen a once personas pre-suntamente vinculadas a la gestión de las herriko tabernas y,por tanto, al partido político Batasuna. Aquellas actuaciones–Diligencias Previas 153/2000– desembocaron después en elsumario 35/02 contra esa formación política.

Delincuentes, drogadictos, desarraigados…

La tendencia crónica a la marginalidad y el gusto por la delin-cuencia gratuita de los jóvenes abertzales ha provocado elinterés de la prensa seria. Cuando los profesionales de la

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comunicación han intentado bucear en sus convicciones, ensus costumbres o en su estética, han llegado a conclusionesestrambóticas. Veamos algunas muestras de lo que creen quepiensan los chavales. Organicemos los relatos en orden deproximidad de la mancheta periodística al lugar donde ocu-rren los hechos, ya que esto exculparía al que más lejos está,de que su visión sea la más alucinante. Pero adelantamos queno siempre es así.

El Diario de Noticias, el 22 de mayo de 2000, titulaba«Una buena noticia» la filtración de un documento produci-do por la Audiencia Nacional en el que se consideraba que elfin de la kale borroka estaba próximo en la Comunidad Foral,gracias a la efectividad policial y a la modificación de losmecanismos legales. El editorial glosaba el fenómeno consi-derando que:

… tiene poco de político, puesto que no es la expresión deninguna realidad política, sino la de un sector minoritario deuna juventud desencantada, manipulada, de bajo nivel culturaly con problemas ambientales y sociales, que en lugar de pasarel fin de semana haciendo los cientos de cosas que se les ocu-rren a cualquier persona normal, los pasan destrozando bienespúblicos y privados y disfrutando con ello. Se trata, por tanto,de un problema de delincuencia común protagonizada porimberbes, a veces menores, criados en una cultura de la violen-cia gratuita que la sociedad debe reciclar.

Al menos propone su reciclaje. Con la carrerilla, parecíaque el redactor recomendaría ingresarlos en un gulag.

En octubre de 2000, El Mundo da a conocer un presuntoinforme de la Policía española. Según los datos que maneja laComisaría General de Información tras cotejar las declaracio-nes policiales de 207 detenidos «pertenecientes a grupos Y deapoyo a ETA», concluye que «el 14 % ha sufrido algún fracasoescolar. Un 47% cursan estudios de Formación Profesional ysolo un 2% son estudiantes universitarios. El 37% realizan

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trabajos escasamente cualificados». Claro, no todos puedenacceder a un puesto altamente remunerado consistente entranscribir informes policiales.

Los especialistas de información también aportan ele-mentos para conocer las costumbres lúdicas de los arrestadosbasándose en sus declaraciones ante la policía: «el 90% hanasegurado ser consumidores habituales de hachís y un 50%de ellos ha reconocido que también consume speed». Siem-pre según las fuentes de las que se empacha, El Mundo sostie-ne en referencia a los jóvenes apresados que «entre otrascaracterísticas sociales, destaca su nula formación política, laignorancia que tienen sobre la historia y los postulados de supropia organización». ¿Tal vez sea este último un elementoexculpatorio? Añaden que tienen una «mentalidad sectaria,por lo que es imposible mantener un diálogo constructivocon ellos». Sería interesante poder echar un vistazo al «diálo-go constructivo» que intentan mantener los nacionales consus presas durante la incomunicación. Todo un insulto a laconvicción general de lo que realmente sucede bajo ese régi-men de detención. Concluyen la pieza asegurando que tienenun «odio visceral a cualquier cosa que haga referencia a Espa-ña». En esas condiciones no resulta extraño. Aunque pareceinsólito que lo reconozcan, abiertamente, a la policía en supropia madriguera.

También El País disparataba el 8 de septiembre de 2002en su pieza «Lista de espera para entrar en ETA», con policíascomo protagonistas:

La mayoría tiene dificultades para escribir correctamente.A otro, el Guardia Civil que lo interrogaba le preguntó: «¿Quié-nes son tus compañeros? Dime los nombres de los que ibancontigo a quemar autobuses». El detenido delató sin aparentevergüenza a tres de sus amigos. La Guardia Civil fue a detener-los y registró sus domicilios. Los agentes se dieron cuenta ense-guida de que algo no cuadraba. Aun así, les pusieron las espo-sas y los interrogaron. Aquellos chavales les contaron que,

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efectivamente, un día fueron amigos del detenido, pero que, alsaber de sus coqueteos con la violencia, le dieron a elegir: «O lalucha callejera o nosotros». No le volvieron a ver el pelo, pero elotro día les mandó a los guardias. «Lo hizo», explica el agenteque lo interrogó, «para despistarnos y que sus verdaderos com-pinches tuvieran tiempo para huir». «Es una sangre fría […] queno he visto ni en etarras hechos y derechos». […] No les exage-ro: hay lista de espera para entrar en ETA.

Para concluir con la terna de la coalición periodístico-poli-cíaca, aportemos por último el testimonio de un agente de laErtzaintza también recogido por El País. La redactora entre-vistó a Teo Santos, que aseguraba:

… «las habitaciones de estos chicos suelen parecerse unas aotras como gotas de agua. Y resultan bastante evidentes». San-tos detalla los muebles austeros, el inevitable póster del CheGuevara, la cruz vasca y las pegatinas con la serpiente enrosca-da al hacha (el símbolo de ETA). Han creado un mundo aparte.Sus únicos periódicos son Gara y Egunkaria; sus emisoras deradio, Euskadi Gaztea y Hala Beri [sic], portavoces del entornode los anarcos en Álava, y el programa de Radio Euskadi Marde Fueguitos, donde se describen de forma amena algunos delos excesos más despiadados del capitalismo.

En cuanto al perfil de los jóvenes, así los presenta, no sesabe si el agente o la periodista:

… objetores de conciencia, insumisos, feministas radicales,defensores del euskera, ecologistas –las juventudes proetarrasdeben su mayor éxito a la oposición a la autovía de Leizarán–parados, okupas, excluidos sociales de cualquier tipo... Lospequeños amos de la kale borroka se erigieron como abandera-dos de todos estos colectivos y han obtenido a cambio simpa-tías y militantes.

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La imagen distorsionada de los jóvenes vascos tambiénllegó a La Razón, el 26 de marzo de 2003, de mano de AleixVidal Quadras, este sin recurrir a fuentes policiales. Le bastasu fino olfato para, además, regalarnos una apología del maltrato:

Pertenecen a la peor hez de la sociedad. Basta echar unaojeada a sus desastrados atuendos, a su suciedad, a sus expre-siones innobles, a la ferocidad animal de sus acciones, paraconcluir que se trata de estudiantes fracasados, de despedidospor incompetencia, de tarados mentales afectos de neurosisagresivas, de despechados con disfunción eréctil o de aqueja-dos de graves complejos de inferioridad con absoluto funda-mento. Si no se dedicasen a vandalizar las calles cobardementeemboscados entre los manifestantes civilizados, seguramenteacecharían a viandantes solitarios en callejones oscuros parapracticar con ellos las sanguinarias artes de Jack El Destripador,pegarían a sus abuelas artríticas para robarles el dinero de lacompra o torturarían lactantes, es más, es posible que terminenhaciendo estas cosas. [...] Y lo que resulta de aurora boreal es laceleridad con la que determinados partidos de la oposición selanzan a pedir dimisiones porque a un miembro de los GEO sele ha escapado la porra en medio del tumulto y le ha hecho unchichoncete a uno de estos bestias.

La prensa internacional que se acercó al fenómeno juve-nil lo hizo dispuesta a encontrar lo que sus prejuicios ya lehabían advertido. El Clarín –periódico conservador argenti-no– publicó el 27 de abril de 1996 un reportaje titulado«Viaje a los barrios donde late la guerrilla de ETA», que repro-ducimos como ejemplo del viaje lisérgico que se dio el perio-dista cuando pretendía acercarse a nuestra realidad:

En San Sebastián hay una especie de barrio del Bronx,como el neoyorquino, pero distribuido de un lado al otro, endistintos vecindarios y poblados pobres, donde no hay robos,pero sí enorme violencia. En estos sitios, de calles angostas,caseríos paupérrimos y gentes que miran sin mirar, vive el hor-

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miguero de la guerrilla etarra. […] Son barrios como Intxau-rrondo, Egia o el poblado de Renteria. Zonas donde en los últi-mos días se multiplican los incidentes entre la policía y las ban-das juveniles vascas, que protestan con la quema de ómnibus yla destrucción de vidrieras por el arresto de Jon Idígoras, unode los dirigentes de Herri Batasuna. Estos grupos son los«jarrais», los adolescentes de la rama juvenil de la coalición. Enestas tribus que coinciden en el mismo tono de la protesta,también se destacan los «kinua» [sic] unos comandos infanti-les, de unos 12 años de edad promedio, a cargo de actividadesculturales y de revolar la honda cuando cuadra. […] Uno de losjovencitos de pie, con una insignia de ETA garabateada conaerosol en una pared a sus espaldas parece más interesado enel reloj del periodista que en responder preguntas. «Hola, perio-dista de Argentina». «Argentina?: eh, argentino, bonito reloj»dice y ríe. Están vestidos con jeans, camperas, se los ve limpios,abrigados y parecen bien alimentados. Parecen normales.

Parecen normales. No comment.

El espectáculo mediático

Una vez soltado el freno de la moderación, la temática de lajuventud vasca será terreno abonado en el que florece cual-quier disparate. Hemos mostrado algunas perlas de losmedios de prensa escrita, al ser los más sencillos de rastrear abalón pasado y porque el soporte impreso deja constanciapara que generaciones venideras comprueben el nivel deintegridad o, por el contrario, el trastorno que presentan algu-nos profesionales del Microsoft Office.

Pero también los programas de analistas televisivos y lastertulias radiofónicas serán un aluvión continuo de dislates ydespropósitos. Una muestra diaria de la visión apriorística,simplista y alejada de la realidad que periodistas, expertos,

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sociólogos y charlatanes en general tienen sobre un fenóme-no tan complejo.

Hay un momento concreto especialmente codiciado porlos periodistas, esta vez cargados con sus cámaras de televi-sión: el instante en que se produce una detención. El jovenesposado y sacado de su casa a trompicones se ha convertidoya en figurante de ese espectáculo mediático. La policía invi-ta a la televisión para que grabe la captura. Así, la prensa seconvierte ahora en un miembro más del séquito de infames.

La Policía Nacional acudirá a detener a jóvenes de Getxo,Leioa y Berango acompañada de dos cadenas privadas espa-ñolas de televisión. Fuentes oficiales acusaban a los vizcaínosde quemar el comercio de la mujer de un guardia civil enAlgorta, suceso ocurrido el 17 de febrero de 1999. Mientrasse producía el registro del domicilio de uno de los jóvenes,Aitor Artetxe, sus familiares pudieron oír una voz que salíadel aparato de transmisión de uno de los agentes, avisandoque «han llegado las televisiones». El que dio el aviso se refe-ría a las cámaras de las cadenas Antena 3 y Tele 5, que toma-ron imágenes en directo del momento en que Artetxe erasacado de su casa para ser introducido en la furgoneta que letrasladó a las dependencias policiales. Ambas cadenas emitie-ron imágenes del operativo en sus noticiarios. Luego le tortu-raron. Entonces las cámaras permanecían apagadas.

Poco después, cuando los jóvenes fueron puestos en liber-tad, sus familiares denunciaron que «ya hay cuatro víctimasmás, una menor de edad, que han pasado por una situaciónque les ha dejado marcados». Sus padres señalaron que«Antena 3, Tele 5, Jaime Mayor Oreja y el parlamentario Car-los Urquijo son los responsables de este nuevo montaje poli-cial y mediático».

Unai Iturriaga hiló durante la Final del Campeonato deBertsolaris dos bertsos que no nos resistimos a reproduciraquí. El tema que le proponían era el siguiente: «los periodis-

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tas acechan bajo tu casa». Entre las múltiples posibilidades deencarar la escena, el bertsolari durangarra lo resolvió así:

Goizak izan behar zuen atsegina ta biziagosari eder batekin ederto neukan hasiahurrengo ohitura daukat beti leihora jauziaerrezela baztertu ta barrenean ze suziasegituan ikusi dut kazetarien hesiahemen badago zeozer ta nahikoa bereziasegituan sentitu dut antsietate krisiahauen ostetik beti hor etortzen da Polizia.

Ta ni mutu geratua naiz nere duintasuneanenoa hitzik egiten beste inoren izeneanaskori pasa zaiena pasa baitzait azkeneanhitzaren bidez aritu naizela hemen lanean«ya hablarás luego más tarde» diost batek joaneannahiz ta kraskada sentitu dudan nire barreneankazetariak txikitzen atzekaldean daude hanezetz hainbeste hurbildu ateratzen naizenean.

Pero, ¿existe un código deontológico?

Ya lo hemos apuntado. La clase periodística tiene como come-tido respaldar las actuaciones policiales que se están desarro-llando contra jóvenes en toda Euskal Herria; generar un esta-do de opinión que las justifiquen, que se vea en la detenciónla única salida ante ciertos hechos, evitando que se entre apensar en motivos, razones o incluso proporcionalidad entreel presunto ataque y el castigo que se le apareja. Ni hablar dela presunción de inocencia del recién encadenado. La noticiacontiene una interpelación al sentimiento de inseguridad delciudadano, que se ve afectado en primera persona y quedemandará más mano dura.

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En referencia a la situación de riesgo en que se encuentrael «sistema democrático del que todos los españoles noshemos dotado», son abundantes las baterías periodísticas queapuntan hacia la necesidad de su salvaguarda, que bramanante el riesgo de que desaparezca, que anuncian el Apocalip-sis social. ABC traspasaba todas las líneas:

… la creación de estos grupos criminales de apoyo al terro-rismo etarra fue idea de los cabecillas de la banda de ultraiz-quierda, concretamente de José Luis Álvarez Santacristina, conel fin de garantizar mejor su «acción desestabilizadora», expre-sión que en bocas etarras significa el asesinato generalizado,con especial preferencia por los niños. Nada «desestabiliza»tanto como la muerte violenta de niños.

El periodismo ultra sí que es inestable. Su recurso al exce-so, a la mentira, a la exaltación de los sentimientos, a mezclary confundir información con opinión, se opone al más básicotratamiento de la noticia desde un punto de vista ético, o almenos profesional. Principios que se estudian al entrar en laFacultad de Ciencias de la Comunicación.

Cumpliendo su papel de reclamar «eficacia», la prensapreparó el terreno para que, a principios de 1997, setentajóvenes fueran detenidos en operativos llevados a cabo enOrereta, Hernani, Goizueta y Atarrabia. Muchos medios nohabían tenido empacho en presentar a los jóvenes como cul-pables a pesar de carecer de cualquier clase de prueba. Todosellos fueron dejando la prisión. Pero de esto no se verterá niuna palabra. La rectificación sobre las acusaciones que gra-tuitamente se les endosaron nunca llegó. La liberación puedeindicar ineficacia, por lo que no es noticia. Nos encontramoscon un grave problema deontológico.

¿Es algo que nos ocurre solamente aquí? ¿O encontramosesta criminalización y manipulación descarada también enotras latitudes? ¿Disponen los periodistas también con laimpunidad para contar lo que quieran? Veámoslo.

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Las grandes empresas mediáticas han exportado la eti-queta de la kale borroka a otros ámbitos fuera de EuskalHerria, para apoyarse en su carga emotiva y presentar ciertossucesos como un duplicado de esta. Lo que ya está apestadose emplea para contaminar otras dinámicas en otros contex-tos. Sin duda, este recurso a la comparación no obedece a lanecesidad de desprestigiar la kale borroka en otros territorios,sino que responde, más bien, al interés de tener a raya a cual-quiera que se mueva allí, amenazándole con las mismas rece-tas que se prescriben aquí. Así, cuando ha surgido algúnacontecimiento que pueda tener algo en común con el fenó-meno de la protesta vasca, principalmente en los Països Cata-lans o en Galiza, inmediatamente los medios de comunica-ción se han apresurado a apuntar el patrocinio de jóvenesvascos: son «militantes de Jarrai», «expertos de la kale borro-ka», que se habrían desplazado a estos territorios para ense-ñar sus efectivas técnicas. Son las academias de guerrillaurbana extraterritoriales.

Una protesta en la Universidad de Santiago ante la presi-denta del PP de la Comunidad Autónoma Vasca, María SanGil, se vinculaba a la franquicia que «la rama estudiantil deBatasuna-ETA» tendría en Galiza. Libertad Digital asegurabaque AGIR, la organización estudiantil galega «hermanada conIkasle Abertzaleak, no oculta que su inspiración son los gru-pos juveniles proetarras como Segi o Jarrai, a quienes idola-tran y copian consignas y su modus operandi para este tipode actos violentos». Claro, los vascos han inventado la pólvo-ra y ahora son responsables cada vez que se prenda unamecha.

Las protestas del movimiento antiglobalización, de oposi-ción a las reuniones de jefes de estado, o de denuncia de laguerra de Irak o Afganistán han sido también escenario en elque la prensa ha querido dar un papel estelar al fenómenojuvenil vasco. Una pieza de ABC titulaba «Jóvenes desarraiga-dos, incultos y sobradamente violentos». Bien empezamos.

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Sectores conservadores preocupados por este tipo de movili-zaciones, algunas de las cuales derivan en cierto grado de vio-lencia, encuentran en la equiparación con la kale borroka laexcusa para estigmatizarlas: «grupos antisistema y del movi-miento okupa son los que han tomado la bandera de la vio-lencia en las manifestaciones contra la guerra». Ahora, antela falta de indicios, buscarán en el cubo de la basura: «lasfuerzas de seguridad, de momento, no cuentan con datos dela participación en estos altercados de elementos de la kaleborroka». Pero todo el mundo sabe que haberlos, los habrá: elMovimiento de Resistencia Global dinamiza estas protestas, y«según un informe de los servicios de Inteligencia, cuentacon "bases" en Cádiz, Sevilla, Madrid, Bilbao, Vitoria, SanSebastián, Pamplona, Irun». Claro, de ocho bases en el Esta-do, si cinco están en Euskal Herria, blanco y en cristal…

Trasponer como un calco la violencia política en EuskalHerria a otros contextos lleva en ocasiones al más absolutoridículo. Recientes actos gratuitos de gamberrismo, llevados acabo por jóvenes de clases acomodadas en el municipiomadrileño de Pozuelo, recibían el apelativo de «pijo borroka»por parte de medios serios y tertulianos juiciosos. Grotesco.

Pero será en los Països Catalans donde el hecho tiene unadimensión que supera lo anecdótico. En el año 1996 ya vin-culaban la respuesta al desalojo del okupado Cine Princesacon Jarrai. El mes de enero de 1999 Aznar visitó la Universi-tat Autònoma, y la protesta estudiantil fue reprimida brutal-mente. Medios de comunicación publicaron una lista de«estudiantes peligrosos relacionados con Jarrai». La paranoialleva a la detención de un chaval de 14 años en Sabadell, queponía pegatinas contra el alcalde de su pueblo con el texto:«Estilo Bustos? No, gràcies!». A la mañana siguiente, La Van-guardia publicaba que era de Jarrai. Claro, David C., el menor,había firmado el manifiesto de oposición al juicio contraHaika y Segi. La caza de brujas mediática a la búsqueda desapos.

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En 2000 se le impone a la ciudad de Barcelona un desfilemilitar. Cuando el tejido asociativo y antimilitarista sale a suscalles para rechazar la ocupación de sus calles por tanques ysoldados, el entonces ministro Josep Piqué, en declaracionespúblicas, ve «a ETA detrás de la protesta». La Razón publica el31 de mayo en primera página: «Autobuses con activistas deJarrai llegaron a Barcelona para reventar el desfile militar».

Es demasiado. Diez periodistas interponen una demandaante el Consell de la Informació de Catalunya, dependientedel Colegio de Periodistas, al considerar que se ha vulneradoel código deontológico de la prensa al publicar ese titular, asabiendas de que es falso. Este órgano es simbólico, no tienecapacidad de imponer sanciones, pero la autoridad de su dic-tamen incomoda más al medio denunciado que una senten-cia judicial. Al menos hay un sistema de vigilancia.

Tras analizar el caso, este Consejo emite un dictamen porel que considera que «el diario La Razón ha vulnerado losartículos 1 y 2 del Código Deontológico», que dicen textual-mente:

1) Observar siempre una clara distinción entre los hechos ylas opiniones o interpretaciones, evitando toda confusión o dis-torsión deliberada, así como la difusión de conjeturas y rumo-res como si se tratara de hechos.

2) Difundir únicamente informaciones fundamentadas,evitando en todo caso afirmaciones o datos imprecisos y sinbase suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidadde las personas y provocar daño o descrédito injustificado ainstituciones y entidades públicas y privadas, así como la utili-zación de expresiones o calificativos injuriosos.

Guardemos en el disco duro lo que estos apartados reco-gen, por si encontramos donde aplicarlos. Porque, ¿quién ibaa pensar que existía un código deontológico? ¿Quién imagi-naría que la profesión periodística se deba ajustar a normas

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éticas, aunque sean tan básicas? Tal vez en otras latitudes conmás sensibilidad. Aquí tienen buffet libre. Hasta hartarse.

Metiendo a los medios en cintura

Parece, pues, que la prensa en Euskal Herria es lo más pareci-do a los Intocables de Eliot Ness. Conforman una casta queante cualquier crítica agita la libertad de prensa y la «conti-nua amenaza» que pende sobre ellos. Ni una palabra delderecho de la sociedad a la información veraz. Parapetándosetras «su» derecho, obvian todo escrúpulo a la hora de tratarciertos temas. Si no se les puede pedir objetividad, reclamé-mosles al menos un poco de ética profesional. Al menos conlas materias más delicadas, esos casos en los que están invo-lucrados menores o en los que la presencia de graves viola-ciones de derechos, como es la tortura, la presunción de ino-cencia o el derecho de acceso a un juicio con todas lasgarantías, es incuestionable.

En varias ocasiones se ha tenido que llevar a medios decomunicación ante los tribunales por su tratamiento infor-mativo. En la gran mayoría de los casos con la despreocupadadesestimación del estrado por toda respuesta. Sin embargo,hay un acontecimiento que hace, por una vez, cambiar elguión.

El menor I. A .A. de Elgoibar había sido detenido acusadode participar en unos incidentes en marzo de 1997, y, pese aque había sido absuelto por los tribunales españoles, ABC seobstinaba en insistir en que era «terrorista». El rotativo ultraprotestaba por la absolución del menor en estos términos:

¿Qué impulso que no sea el provocado por el más pertinazsíndrome de Estocolmo puede obligar a la Audiencia de SanSebastián a absolver al terrorista Iraultza, que quemó a un ino-cente con un cóctel molotov?

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Si en el caso de los catalanes el título del artículo eraburda mentira, este diario se atreve en esta ocasión a atribuirfalsamente un grave delito a un menor. Los abogados de I. A.A. interpusieron denuncia. Un tribunal determinó que ABC

debía rectificar su comentario con el mismo tratamiento ydifusión «reponiendo al actor en el derecho violado» eindemnizándole con una multa de 500.000 de pesetas.

El diario decidió recurrir el fallo. En la apelación, el rota-tivo consideraba que en la colisión entre el derecho al honordel menor y «la libertad de expresión, debe prevalecer estaúltima», ya que la atribución al menor de edad del uso de cóc-teles molotov que se incluía en el artículo «era una figurameramente literaria». La Audiencia madrileña consideró porel contrario que el artículo de opinión contra I. A. A. era«objetivamente vejatorio» y que semejante alusión en ningúncaso puede considerarse «una mera licencia literaria», puestoque conlleva «la imputación de un delito notoriamentegrave». Desestima así el recurso de ABC y da la razón a lademanda interpuesta por el menor.

Aunque solo puede ser considerada una flor entre las zar-zas, demos la bienvenida a la decisión del tribunal madrileño.

Expertos y juventud

Los medios de comunicación no son los únicos que ofrecensu pluma al servicio de mejorar la represión contra la juven-tud vasca. Técnicos, sociólogos, académicos, «opiniones auto-rizadas», think tanks… han aportado su ciencia para dar unaimagen bien concreta de la juventud. Intervienen principal-mente en informes de parte, encargados por instituciones ypolicías para sustentar y justificar ciertas políticas, siempreen reclamo de la elevación, por unos centímetros más, del lis-tón represivo. En su vertiente más benigna, los informes son

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encomendados para sostener el diseño de medidas de reedu-cación y reprogramación de una juventud díscola.

Con el contrato bajo el brazo, estos expertos de las cien-cias sociológicas se han lanzado a las estadísticas. Han prefe-rido enfrentar el tema sin causas, sin ir a la raíz, sin pañoscalientes. El dato que codician es el grado de adhesión de lajuventud a la violencia política, dato que justificará despuéstodo lo que venga.

En un estudio de 1994 financiado por el Gobierno deLakua, se planteaba la siguiente pregunta a los jóvenesencuestados: «La violencia es una noticia cotidiana y haydiferentes opiniones sobre el tema. Expresa el nivel de acuer-do con la frase "puede suceder que en ciertas situaciones laviolencia esté justificada"».

Al menos está planteada objetivamente, no se dirige auna contestación predeterminada. Dadas varias franjas derespuesta –absolutamente de acuerdo, bastante de acuerdo,bastante en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo–, losresultados arrojaban un 32,1% entre las posiciones más afavor, mientras que el restante 67,9% se posicionaba por lasmás o menos matizadas en desacuerdo. El estudio reconocíaque el porcentaje favorable superaba la media europea y laespañola, siendo esta última la más baja.

A finales de 1995 se hace público un plan de actuacióndel Ejecutivo de Lakua sobre la kale borroka, coordinado porlos departamentos de Interior, Justicia y Trabajo, y Educa-ción, Cultura e Industria. Sus previsiones vienen avaladaspor el informe que Juan María Atutxa ha encargado al soció-logo Javier Elzo, titulado «Planteamientos para unas actuacio-nes sobre la subcultura de la violencia y sus repercusiones enla juventud vasca». Según los datos manejados en dichoinforme,

un 30% de los jóvenes vascos justifica el terrorismo, perosolo un 9% adopta un compromiso personal y activo. El perfil

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ideológico de los primeros se corresponde con las variablesperspectiva revolucionaria para el cambio de la sociedad, fuer-te identidad nacional y cultural vasca, rechazo de la autoridad ycercanía a asociaciones juveniles de carácter alternativo.

Las cifras y conclusiones servirían para que esta comisióninterdepartamental del Ejecutivo autonómico ultimase unplan que proponía un centenar de medidas de tipo educativo,social y cultural, pero sobre todo de corte policial y judicialcon las que enfrentarse al fenómeno.

Otro trabajo posterior, realizado a petición del Legislativoautonómico, aseguraba que un «3,7% del medio millón dejóvenes vascos –unos 18.500– practican o estarían dispuestosa practicar la violencia callejera». El catedrático de sociologíaJosé Ignacio Ruiz de Olabuenaga, responsable del trabajo,destacó que el 34% de los jóvenes reconocen como un hechonormal que «si los vascos no resolvemos nuestras diferenciashablando por las buenas, es normal que acabemos enfrentán-donos por las malas». Parece una reflexión bienintencionada,si sirviera para poner mecanismos que refuercen la primeraafirmación de la frase y no tener que recurrir a la segunda.Pero no es la línea.

Tal y como denunciaron los padres de jóvenes represalia-dos agrupados en Gurasoak, dicho informe «crea un estadode opinión contra cualquier joven». Y es que estos trabajos,presentados ante los parlamentos, no resultan ser estudiosneutrales sobre los que debatir el «estado de la nación» enrelación a las demandas juveniles. Sirven más bien para sata-nizar al sector de población objetivo de la represión enmomentos en que el guión exige avivar el fuego. Este infor-me viene a indicar al responsable de policía en concreto quedispone de un caladero de 18.500 jóvenes con tendencias vio-lentas. Este coge la red, se enfunda el impermeable y…¡empieza la pesca!

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El Ararteko de la Comunidad Autónoma Vasca, IñigoLamarca, presentó recientemente ante la Comisión de Dere-chos Humanos del Parlamento de Gasteiz el informe sobre«Atención Institucional a las Víctimas del Terrorismo en Eus-kadi». En su intervención, desglosó los puntos más relevantesde su análisis, y se refirió expresamente a un dato sobre elque parlamentarios y medios de comunicación pusieron elgrito en el cielo: la encuesta realizada entre escolares de laESO concluía que «un 15% de los menores consultados tienenun nivel de rechazo bajo o muy bajo a la violencia de ETA».Desciende pues la cifra. Pero claro, hay que armonizar los dosobjetivos del trabajo. El primero es hacer ver que la brutalrepresión de la acción directa juvenil ha dado sus frutos. Elsegundo es que todavía no se ha desterrado del disco duro dela juventud la opinión rebelde y, por ello, que queda todavíamucho por hacer.

Profundizando en el texto del informe, nos encontramosque la cifra se vuelve a acercar más a los números de infor-mes anteriores, al reconocerse que «un 24,1% de escolares(12,2+11,9) entiende que en ocasiones, los actos terroristaspueden estar justificados». Apréciese el hecho de que la pre-gunta incluye un concepto tan valorativo y denostado comoel de «terrorismo», que induce a cierta respuesta. Desde otropunto de vista, ante la pregunta absolutamente teledirigida«ETA es un grupo terrorista y como tal genera víctimas. Hayque acabar con ETA», se reconoce que «ciertamente sonmuchos más los escolares que se posicionan a favor del ítem,acercándose al 50%, pero el 24% se posiciona claramente encontra». Eso sin contar otras posiciones intermedias entre elmaniqueo a favor o en contra, que ocuparían el 26%.

En cualquier caso, los datos son clarificadores. Años demantener la máquina represiva del Estado a toda presión nohan conseguido erradicar lo que, se mire por donde se mire,es un problema con profundas raíces políticas. En cualquiercaso, no se puede dejar de tomar en consideración que, en

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este momento concreto, la estadística se elabora con el obje-tivo de pedirle otro esfuerzo al maquinista local de la repre-sión –ahora Rodolfo Ares– y justificar además la introduc-ción de ciertas políticas determinadas. Esta vez de corte«educativo».

En efecto, tras constatar que las principales vías de adqui-sición de valores son, por este orden, la familia, el grupo deamigos y la escuela, el Ararteko aconseja el diseño de un pro-yecto de educación en valores «desde un planteamiento glo-bal», no ceñido exclusivamente al ámbito escolar, para que«sea efectivo». ¿Se establecerán planes educativos de conte-nido global y obligatorio en el seno de las familias?; ¿pon-drán a un delegado del Gobierno en el grupo de amigos?;¿serán eficaces estas medidas?; ¿son útiles? Misterio.

En concordancia a la visión que pueden tener los todavíaadolescentes del fenómeno de la violencia, Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, daba una soluciónecuánime al dilema: «el terrorista de uno es el luchador porla libertad de otro». Porque, en cualquier caso, y nos ponga-mos como nos pongamos, las estadísticas hablan de unavisión arraigada entre los jóvenes vascos.

El ex diplomático nos ofrece una constatación. Un enfo-que real y presente del problema. Sirve para visualizar loerróneo de estas políticas, que son fletadas como majestuososportaviones, pero siempre encallan en el mismo puerto. El dela realidad política.

Los remedios policiales y las estrategias educativas dereprogramación quiebran ante el desinterés –o imposibili-dad– por buscar soluciones globales a un problema que estáinterconectado con el contexto político general. Los periodis-tas y expertos que se obstinan en dar cobertura a las respues-tas represivas cortoplacistas fracasan.

La solución no vendrá por ahí; lo hará por otro sitio. Sison expertos, deberían saberlo.

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y la justicia así lo interpreta

EN ABRIL DE 1999, EN PLENO BAILE de números sobre el costepenal que debe tener la quema de mobiliario urbano, Marga-rita Uria, del PNV, formuló una jugosa pregunta en el plenodel Congreso de los Diputados. Se refería a un agente de laPolicía española que unos días antes había sido detenido porlos municipales de Iruñea como responsable de la quema devarios contenedores de basura. Jaime Mayor Oreja, ministrodel Interior, consideró que la parlamentaria «saca de quiciola cuestión». Uria no se mostró conforme con las explicacio-nes y espetó al ministro que «podríamos decir que un servi-dor del orden público ha sido detenido realizando conductasque, desde la óptica del PP, se califican como terroristas, y esotiene valoración política». Bueno, esa óptica es tambiénampliamente compartida por el partido de la diputada jel-tzale.

En cualquier caso, plantea una cuestión que intentaremosdilucidar en este capítulo: ¿es la ley igual para todos?; ¿cómoopera ante los que además de jóvenes, son vascos?; ¿lleva a lamisma valoración según hechos objetivos, o existen otrosmotivos políticos que nublan el recto juicio de los intérpretestogados?

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Thomas Hobbes había dejado escrito en su Leviathan, enpleno siglo XVII, que el delincuente sigue siendo ciudadano.Pero cuando se enfrentaba al estatus político, se trata de unarebelión, por lo que «aquellos que incurren en tal delito noson castigados en cuanto a súbditos, sino como enemigos».Carl Schmitt, ideólogo del nacionalsocialismo, recuperó laidea para que, más recientemente, Günther Jakobs la pusieraal día con el conocido concepto de «derecho penal del enemi-go», haciendo una apología del tratamiento desigual, de ladiscriminación entre ciudadanos y enemigos. El académicoalemán se justifica en que mientras que «el Derecho penal delciudadano mantiene la vigencia de la norma, el Derechopenal del enemigo combate peligros».

Con esta construcción se da inicio a una batalla en la doc-trina penal, entre quienes defienden que se pueden retirarcaprichosamente derechos y garantías a algunos individuosque disienten con el sistema y quienes opinan que dichavisión es absolutamente inaceptable. Estos últimos esgrimentres motivos: primero, porque la negación del tratamiento dela persona como ciudadano es la negación de la persona,reventando el más mínimo ideal de tratamiento igualitario;segundo, porque deja en manos de quien ejerce el poder ladeterminación de quién es enemigo, imponiendo gratuita-mente esa etiqueta a quienes lo enfrentan o importunan, real,potencial o imaginariamente; tercero, porque cuando el Esta-do se desnuda para tratar al ciudadano como enemigo, en elsentido contrario, no puede evitar que el ciudadano reconoz-ca al Estado como su enemigo. Y esto afecta a su autoridad.En definitiva, invocar la idea del «no-ciudadano» revienta lalegitimidad del régimen que decide utilizarla.

No es novedad en este país la aplicación de la justicia entérminos políticos. No es novedad que esta se ponga en mar-cha recogiendo el guante lanzado por el gobierno de turno opor otros sectores próximos al poder: asociaciones autodeno-minadas pacifistas, grupos de «víctimas», organizaciones de

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empresarios, empresas de comunicación, etc. Si habitual-mente la acción de los tribunales que conforman la estructu-ra jurisdiccional española, en términos generales, se acopla alos intereses políticos del momento, la actuación de laAudiencia Nacional es ya ejemplo aberrante de politización yde injerencia del poder judicial en el ámbito político o social.Observamos cómo se adelanta a los acontecimientos y es ellamisma quien marca el sendero por donde deberá circular lasiempre prioritaria «lucha antiterrorista». Los abogados yjuristas que trabajan ante este órgano o que analizan suactuación, denuncian lo que denominan su «función creado-ra de derecho». Una acción invasiva de las atribuciones delpoder ejecutivo –dirigiendo la acción policial– y del poderlegislativo –produciendo derecho–, cuando su tarea consisteúnica y exclusivamente en aplicarlo. La quiebra de la separa-ción de poderes –requisito básico del estado de derecho–parece algo ya asumido por todos. En efecto, el punto quintodel Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, impulsa-do en 2002 por los dos partidos políticos con vocación desucederse en el gobierno español, subraya que «ha de asegu-rarse el más completo y severo castigo a los condenados poractos de terrorismo». Como si a ambos compitiera esta atri-bución. La confusión de poderes es algo habitual, endémico,en el Estado español de hoy. De aquellos polvos…

Así pues, vemos como el tribunal que asume las compe-tencias del TOP franquista se constituye en adalid y primeraespada de la lucha antiterrorista, haciendo la interpretaciónde la ley que sus magistrados consideren más convenga a laprioridad de «seguridad» y «orden público» frente a la «ame-naza del terrorismo», signifiquen estos conceptos lo que diosquiera.

Aquella jugosa entrevista de El Mundo, en que el conseje-ro de Interior de Lakua se desnudaba ante la opinión públicasobre su paternidad de los «grupos Y», nos dejó otra perla enreferencia al tema que ahora tratamos. El periodista interpe-

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laba a Atutxa: «¿En qué argumentos se basa para defenderque los delitos de terrorismo se juzguen en la AudienciaNacional?». El consejero respondía, dentro del guión: «Poruna especialización de los jueces que juzgan, que a mí meparece imprescindible, igual que para los delitos de narcotrá-fico». El entrevistador mantenía su criticismo hacia el tribu-nal: «Me sorprende que sea usted partidario de que existanjueces especiales. Le recuerdo que es contrario a lo estableci-do en la Constitución». Atutxa pasaba al contraataque: «Esolo dirá usted. Una cosa es que tú nombres un tribunal espe-cial y otra cosa es lo que yo digo, que es la necesidad de unaespecialización de los jueces. Y eso es la Audiencia Nacional.¿Es inconstitucional la Audiencia Nacional? ¿Eso es lo queusted sostiene?».

Que Margarita Uria se lo explique a Atutxa. Y el periodis-ta de El Mundo a su director. Si es que pueden.

La readecuación penal: el Código Penal de 1995

A mediados de los noventa se da un debate sobre cómo equi-par a la represión judicial de la kale borroka con la municióndel mayor calibre que el sistema permita. El tándem Atutxa-Belloch ya había llevado la respuesta policial a su máximogrado de operatividad, procurándose el ámbito más amplioposible de intervención y sacudiéndose engorrosos criteriosde proporcionalidad y otras molestas garantías. Ahora, nece-sitaban que la Administración de Justicia se pusiera a la altu-ra de las circunstancias y avalara su encomiable labor. Losresponsables de Interior querían asegurarse de que cada vezque su Policía presentara a un joven ante la justicia, la penaque esta le impusiera fuera la más severa posible. De lo con-trario, no servía de nada todo su esfuerzo y dedicación. Recla-maban castigos a la medida de sus obsesiones. Atutxa yahabía demandado que «la sociedad debe tomar sus medidas,

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entre las que está cambiar el Código Penal». Dicho y hecho: lareforma sería aprobada meses más tarde.

Así, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, refor-ma el Código Penal de 1973, por considerarse ya obsoleto. Elrecién nacido corpus penal será bautizado grandilocuente-mente como el «Código de la democracia», y se presentacomo la «racionalización» del sistema penal español, buscan-do la reducción de penas, así como la simplificación de su eje-cución. Si bien en la exposición de motivos de la Ley de refor-ma se hace hincapié en que «se ha procurado avanzar en elcamino de la igualdad real y efectiva», se siguen añadiendocalificaciones penales no por la cualidad del hecho cometido,sino en razón a quién lo comete y por los motivos o fines queeste persigue al perpetrarlo. En efecto, no todo son bondades:el nuevo Código Penal recoge otra vez, agazapada entre elarticulado común, la excepción en materia antiterrorista enun título dedicado a los «delitos de terrorismo». La técnica detipificación empleada consiste en una serie de remisiones adelitos ordinarios que, por cometerse en el ámbito de las acti-vidades de grupos armados, se castigan con una pena nota-blemente superior.

La novedad en la que más energías –y esperanzas paraAtutxa y compañía– se han volcado, la perita en dulce, la joyade la corona, será el tipo penal del artículo 577, el novedoso–pero controvertido– concepto de «terrorista individual».Hagamos un alto para analizarlo. Diseñado expresamentepara castigar con más facilidad el fenómeno de la lucha juve-nil en Euskal Herria, lo que en argot se llama ad hoc, se refie-re a la persona que cometa una serie de actos «con la finalidadde subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente lapaz pública», pero –y aquí está la novedad– «sin pertenecer abanda armada, organización o grupo terrorista». Con esteprecepto, el legislador de 1995 opta por incluir la kale borro-ka en el capítulo de los delitos de terrorismo. Pero se queda-ba en el peldaño anterior, al reconocer que las personas que

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la practicaban no tenían vinculación orgánica con ETA. Eso yavendría después.

No nos adelantemos. Lo más destacado de la redacciónreside en la definición negativa del sujeto activo, definiéndo-se este no por lo que es, sino por lo que no es. Será terroristaindividual el que «no pertenezca» a organización armada. Portanto, se deja fuera el requisito objetivo –existencia de ungrupo estructurado, estable, con vocación de permanencia yarmado– porque, evidentemente, no lo hay, pero consideran-do actos de terrorismo también los realizados espontánea-mente por personas que no pertenecen a ETA. Veíamos que síse integra el elemento subjetivo de alterar la paz pública:«atemorizando a los habitantes de una población o a losmiembros de un colectivo social, político o profesional».Pero, repetimos, no apreciaban la confluencia con ETA paraello. ¿Se equivocaban ahora o lo hicieron después, cuandoinvirtieron tantas energías en fabricar esa conexión?

Precisamente, al considerarlo terrorismo aunque no ETA,desde la doctrina se denominó «terrorismo periférico» alfenómeno que se quería sancionar. Sin embargo, aquella fla-mante construcción planteaba problemas, era de difícil apli-cación y, sobre todo, inmediatamente devino insuficientepara los apetitos insaciables de los nuevos torquemadas.

Solamente un año después de su aprobación, los fiscalesque trabajan en la Comunidad Autónoma Vasca considera-ban que esta calificación penal mostraba importantes lagu-nas. En concreto se quejaban de que «las leyes tienen penasmuy cortas o inexistentes». Cursan una petición a la entoncesministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, para que semodifiquen alguno de los artículos del todavía recién estre-nado Código de 1995 con el fin de aumentar su efectividad.Las gargantas profundas de la represión reclamaban nuevoscambios, porque la respuesta que ofrecía la nueva calificaciónespecial antiterrorista había quedado ya obsoleta, por dema-siado blanda.

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Siempre diligentes para estos menesteres, los legisladoresse ponen manos a la obra. El Congreso español propone nue-vos cambios en esta materia, que toman cuerpo en la Ley7/2000 del 12 de diciembre. En su exposición de motivos, lereprocha a aquel flamante artículo 577 del terrorista indivi-dual lo siguiente:

… estas previsiones no están cumpliendo el objetivo perse-guido. Por una parte, porque los sucesos de terrorismo urbanosolo vienen considerados como tales en el caso de que existariesgo para la vida o la integridad física de las personas. Porotra, porque la actual legislación no facilita que se condene aquienes, interviniendo en estas acciones porten, no ya los explo-sivos o armas que provocan incendios o destrozos, sino sola-mente los componentes necesarios para provocar la explosión.

Necesitan ahora de otro nuevo articulado que cubra esosdos flancos: que se castiguen los hechos cuando no haya peli-gro para las personas, así como el mero transporte de, ponga-mos, gasolina o cohetes de feria.

Hay otro argumento de orden subjetivo. Se considera quelos ataques contra contenedores de basuras o cajeros automá-ticos a principios de milenio y en la coyuntura vasca «no selimitan a dañar bienes materiales individuales o colectivos,sino que persiguen atemorizar a toda una población o colec-tivo para favorecer los fines terroristas». Es el terror telediri-gido, la intimidación por empatía, el temor por contagio,inducido en «toda» la población sin existencia ya de riesgoobjetivo. Proteger esa «sociedad angustiada» exige que sereformulen una serie de preceptos del Código Penal –artícu-los 266, 346 y 351 referidos a daños en la propiedad ajena,incendio o explosión–, hasta elevarlos al estatus de actosterroristas que han de ser castigados con penas de prisión deentre quince y veinte años.

Quienes impulsaron las reformas del Código de 1973 apo-daron al de 1995 el «Código de la democracia». Ahora se pue-

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den referir a él, orgullosos, como el «Código más duro que elde la dictadura».

La evolución de la interpretación en los estrados

Las defensas, los y las letradas, han desarrollado una labortitánica ante los tribunales. Con todo en su contra. En vez deser considerados como una garantía del trato correcto deljoven y de la vigencia de sus derechos procesales, los respon-sables antiterroristas españoles ven en la figura del abogadode confianza una amenaza para la investigación, para el desa-rrollo del juicio, para la imposición del castigo. Todo seríamás fácil sin ellos.

En la asistencia a sus jóvenes clientes se encontrarán contodo tipo de dificultades. La primera será la imposibilidad deentrevistarse confidencialmente con los detenidos, principal-mente por la prohibición que establece al respecto la deten-ción incomunicada. Pero incluso cuando el joven tiene dere-cho a comunicar, serán tónica general los impedimentos porparte de la policía, con excusas tales como que los arrestadosse han negado a declarar, que no consta que hayan solicitadoasistencia letrada o que quisieran nombrar precisamente aese letrado. Incluso, en ocasiones, ha sido la policía quien hadecidido que su presencia no era necesaria.

Más adelante, en la preparación del juicio, los y las abo-gadas se han encontrado con la dificultad añadida de que susjóvenes clientes se encuentran dispersados en las diferentescárceles del Estado español. Además de su pericia jurídica, seobliga al letrado a ser un conductor experimentado, para pre-parar correctamente la defensa de procesados que puedenestar separados miles de kilómetros.

Una de sus principales críticas se dirige hacia la practicaprocesal de la Audiencia Nacional, que en su forma de dirigirel proceso destripa el ejercicio de la tutela efectiva, obstaculi-

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za al acusado el acceso a la justicia con todas las garantías,impide la igualdad de armas entre defensa y acusación. Enefecto, en los procedimientos contra jóvenes, la imposiciónde restricciones y trabas al ejercicio de los abogados defenso-res será una constante. La utilización abusiva del secreto delsumario deja al abogado en las tinieblas sobre cómo enfocarla defensa, al desconocer los datos esenciales que, por otraparte, están a libre disposición de la acusación.

También la celebración de la vista pública se desarrollaráde forma sumarísima, sucediéndose las irregularidades. Lapráctica de la prueba se caracteriza por la absoluta inexisten-cia de garantías, reduciéndose en la gran mayoría de los casosa la validación automática de las declaraciones que el proce-sado o sus compañeros dieron en dependencias policiales,testimonios en muchas ocasiones arrancados en circunstan-cias espantosas. La contradicción en la vista oral se sustanciaentre la palabra del policía –majestuoso agente del orden,versado en la materia, objetivo– contra la de un muchacho enla pecera o cargado de grilletes. La prueba principal de cargola aportan, en la gran mayoría de los casos, agentes que com-parecen como testigos protegidos, escondidos tras biombos,disfrazados, con su voz distorsionada... La inexistencia deuna identificación nominal y la utilización, por contra, de lanumeración profesional se convierte en la regla. Incluso seproduce la toma de declaración al agente bajo doble numera-ción, siendo el número que se aporta a la causa otro distintodel profesional. Escudándose en la necesidad de preservar suidentidad personal, esta forma de actuar solo genera indefen-sión en la persona sometida –nunca mejor dicho– al procesoinquisitorio.

Cada encausado, cada uno de los familiares o amigos quehan seguido las sesiones de causas derivadas de actividadesjuveniles, puede relatar su propia vivencia, su testimonio elo-cuente de los incidentes que preñan el transcurso de la vistapública. Algunos divertidos, la mayoría exasperantes, dejan la

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legitimidad del juicio a la altura de una farsa de circo. Losabogados han protestado puntualmente de la forma de con-ducir el juicio por el estrado, la mayoría de las veces sin másrespuesta por parte del juez que el escueto «se haga constar»,más habitual aún «no ha lugar», quitándose la queja de enci-ma, como si un molesto mosquito fuera. De un manotazo.

Una vez establecidos ante la terna de magistrados loshechos, y sentada la evidencia de que existe suficiente pruebade cargo contra los procesados, la discusión se entablaba entorno a la naturaleza del delito: ¿ordinario o terrorista? Los ylas letradas defenderán que la lógica de interpretación sedebe circunscribir a daños ordinarios a la propiedad ajena,atentados contra la autoridad, desordenes públicos, o tenen-cia o depósito de sustancias o dispositivos inflamables, incen-diarios, poniéndose en tela de juicio la propia competencia dela Audiencia Nacional para entender de ellos.

En frente –física y figuradamente–, el ministerio fiscaltratará de caracterizar los hechos como terroristas; esto es,cometidos «al servicio de» o «en colaboración con» o, cuandomenos, tratando de impulsar los fines de organizacionesterroristas o bandas armadas. Buscan así la máxima sanción.Es preciso indicar que, a principios de la década de los noven-ta, ya se realizó una depuración en la Audiencia Nacionalcontra algunos fiscales que no entendían que se pretendieraver una connotación terrorista en este tipo de hechos. Tras lapurga, actuarán en bloque.

Pues bien, es el turno del tribunal. ¿Cómo reacciona laSala ante esta dicotomía ordinario-terrorista? ¿Se decanta porla posición de los abogados o por la pretensión de los fisca-les? La cosa tiene enjundia. No hace falta ser jurista para ima-ginar que un delito de «incendio», «desordenes públicos»,«atentado a la autoridad» o «estragos» tiene una dimensiónbastante más suavizada que un delito de «terrorismo».

Para visualizar la interpretación de los hechos que hanhecho los magistrados, y siendo conscientes de lo que cuesta

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transitar por entre los continuos baches de la documentaciónjurídica, no nos queda más remedio que analizar, aunque seasomeramente, las resoluciones que la Audiencia Nacional hadictado desde 1990. Hagamos un esfuerzo, sin caer en unaretórica abusivamente jurídica, porque las conclusiones a lasque llegaremos, sin duda, merecerán la pena. El material totalpara el análisis –que, por supuesto, solo repasaremos de pun-tillas– incluye 34 sentencias dictadas por las diferentes sec-ciones de la Sala de lo Penal del tribunal antiterrorista. Sen-tencias que tienen una conclusión condenatoria, ya queaquellos procesos que finalizaron con el archivo o la absolu-ción de los procesados nos resultan irrelevantes, en la medidaen que se han apoyado en la inexistencia de prueba de cargo.En sus «fundamentos jurídicos» no se han hecho considera-ciones acerca de la tipología de los delitos. Solo nos interesan,pues, las sentencias condenatorias que incluyen los criteriosde interpretación jurídica que se hace de los hechos probados.

Accedamos sin más preámbulos a los fallos de las seccio-nes de lo Penal del tribunal especial. Imaginémoslo en térmi-nos ajedrecísticos: sobre el tablero, piezas blancas contranegras se disputan una determinada concepción de loshechos.

La partida de ajedrez: ordinario versus terrorista

El joven de Egia, Mikel Aznar, colocó en julio de 1992 unartefacto casero compuesto de gasolina y dos petacas carga-das con pólvora en un vehículo de la organización del Tourde Francia, que comenzaba en la capital gipuzkoana. La defla-gración alcanzó al joven y le causó graves heridas. El ministe-rio fiscal –peón negro– exige que los hechos se califiquen deconstitutivos de un delito de terrorismo del artículo 174 delCódigo Penal de 1973, entonces vigente, y solicita la imposi-ción de una pena de diez años y un día de prisión mayor. Sin

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embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de laAudiencia Nacional –alfil blanco– desestima el criterio delministerio fiscal. ¿Dónde está el quid? En el plano subjetivode la intención del autor, que la Sala estima «que en el delitode terrorismo es la de causar alarma social mediante elempleo de medios destructores de personas y bienes conobjeto de crear un clima de terror generalizado». Los hechosno dan para tanto. Asimismo, dice no acreditarse «que el deli-to se cometa por un miembro de una banda armada o encolaboración con sus objetivos o fines». Es por ello que lacondena final lo será por un simple delito de estragos.

Inmediatamente entra en juego la torre negra, avanzandode frente. Baltasar Garzón incoa el procedimiento contraquince jóvenes detenidos en Oñati y Donostia. Entabla lapugna en el terreno interpretativo de aquella documentaciónintervenida en Bidart y que ya hemos comentado, presunta-mente alusiva a «grupos X e Y». Ante el tribunal de enjuicia-miento, el ministerio fiscal –siempre peón negro, en línea consu torre– reclama que los hechos se sancionen como delito deterrorismo. La prueba la aporta otra pieza del equipo negro:el guardia civil que había elaborado el informe sobre losdocumentos de ETA, perito experto y, como tal, objetivo, infa-lible. Prueba determinante, pues. La sentencia 19/96 de 24 deabril, emitida por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal,aborda la cuestión de manera precisa:

la existencia de los repetidos grupos se apoya tan solo en elcontenido de los estudios realizados por el Servicio de Infor-mación de la Guardia Civil, en base a cierta documentaciónincautada en Bidart en marzo de 1992, que no aparece incorpo-rada a las actuaciones y, por lo tanto, no ha podido ser exami-nada y contradecida por las partes ni analizada por este Tribu-nal.

Releamos el párrafo para salir de dudas: ¿no hay docu-mento de Bidart? El tribunal de las fichas blancas continúa:

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«consideramos que en modo alguno podemos inferir que los15 acusados sean miembros de esos hipotéticos grupos», por-que –y esto es lo más importante– este hecho «no ha sidoobjeto de prueba alguna». La Sala que enjuicia el caso con-cluye que «no podemos reputar probada vinculación estruc-tural de tipo alguno de los acusados con la organizaciónarmada ETA, por mucho que se haya insistido por el ministe-rio Público in voce». Considera que los acusados podrían par-ticipar en Jarrai, si bien «no se ha acreditado por el funciona-rio de la Guardia Civil que actuó como perito, que consiste enuna especie de "sucursal" de ETA». ¡Cómo nos sorprendenahora los términos en que se expresa! Estaban a años luz dela arbitrariedad que se ha consumado hoy en día.

La Sala optó por sancionar a los acusados únicamente pordiferentes delitos de estragos, incendios e incluso daños. Estacondena no satisfizo al ministerio fiscal, que interpuso recur-so de casación contra dicha sentencia, instando al TribunalSupremo a que modificara la calificación de los hechos y quelos mismos fuesen sancionados como delitos de terrorismo.¿Con quién juega el alto tribunal? ¿Es reina blanca o reinanegra? Dictó la sentencia 1116/1997 por la que, nuevamente,desestimó la pretensión del ministerio público en los siguien-tes términos: «Se dan como probados en el factum las ochofinalidades perseguidas por los acusados al realizar las accio-nes que perpetraron, sin que conste que se ejecutaron parafavorecer los fines de ETA». La Corte las enumera: entre ellas,protestar por la política del Gobierno francés, recordar a unapersona muerta en enfrentamiento con la policía, o actuar ensolidaridad con los presos. ¡Jaque al rey negro!

Esta será el criterio que se aplicará en otros muchoscasos. En relación a una redada en Tolosa, la Sección Segun-da de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional insiste enla sentencia 34/95 en el argumento, ya que «opta por el delitode estragos en lugar del delito de terrorismo […] por entenderque el elemento tendencial exigido en esta tipicidad, colabo-

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rar con los objetivos y fines de una banda armada u organiza-ción terrorista, no se da en la conducta del acusado».

La victoria sucesiva de las piezas blancas debería conlle-var en pura lógica que, más pronto que tarde, se renunciara aremitir estas diligencias a Madrid y que estas volvieran a diri-mirse en los tribunales ordinarios: los de las cuatro capitalesvascas. El caso del incendio del concesionario de la Renaultde Burlata en marzo de 1996 podía ser la prueba de fuego.Este ataque tuvo un serio impacto público, por la dimensiónque se le otorgó desde la Delegación del Gobierno –reciéntomado el mando por Javier Ansuátegi– y desde algunosmedios de comunicación. Las protestas por la «escandalosaimpunidad» de los sabotajes y la reclamación de los partidospolíticos de «la actuación más enérgica» precedieron a lasdeclaraciones del alcalde Javier Chorraut, que, haciendo dejuez y parte, precisó que «no considera estas acciones comoactos vandálicos, sino como acciones de tipo terrorista incar-dinadas en una estrategia premeditada de guerrilla urbana».Con la detención de ocho jóvenes, dos de ellos menores deedad, se dio traslado del expediente a la Audiencia Nacional.Sin embargo, siguen prevaleciendo las piezas blancas: el tri-bunal excepcional reenvía el caso a la Audiencia Provincialde Iruñea al considerar que «no ha podido confirmarse laexistencia del elemento tendencial y subjetivo que requiere eltipo de delito contemplado»; es decir, el «propósito por partede los sujetos activos del ilícito penal de colaborar con losfines de aquella banda y organización». La sentencia del Juz-gado de lo Penal nº 1 de Iruñea impone multas por delitos dedaños y desordenes públicos. ¿Se vislumbra el jaque mate?¿Los tribunales desoyen la línea que los políticos demandana voz en grito?

Lamentablemente, no había quórum en la corte especialmadrileña. La Sección Primera de la Sala de lo Penal era disi-dente con esta forma de interpretar los hechos y bregaba conel equipo de las piezas negras. Este tribunal prefería, en con-

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tradicción con sus homólogos y pionero de lo que vendrá des-pués, elevar la tipificación de los hechos a delitos de terroris-mo. El 19 de junio de 1995, emite una sentencia, en referen-cia a varios jóvenes de Ordizia, en la que considera que «loshechos descritos en la narración histórica referentes a losincendios del "Land Rover" de Iberduero, de la Oficina deCorreos de Villafranca de Ordicia y de la excavadora de"Construcciones Sobrino SA" son integrantes de sendos deli-tos de terrorismo». Y enumera los siguientes elementos con-currentes: un hecho delictivo –el incendio–, un elemento per-sonal que «estriba en la pertenencia a banda armada uorganización terrorista o rebelde, o ya, si no existe tal inte-gración, en el propósito de colaborar con los fines y objetivosde la banda o grupo terrorista», y un elemento instrumental,la «utilización de armas o sustancias explosivas, inflamableso incendiarias». De esos criterios se deriva la primera senten-cia condenatoria que califica hechos de kale borroka comoterrorismo. Se imponen diez años de prisión para José Aier-be, Jose Antonio Urrestarazu, Jose Miguel Arteaga y AsierIrastorza. Un gran movimiento para las negras, que hacetambalear la partida.

Se visualiza cómo la imposición de esta calificación de loshechos no es lineal –con continuos altibajos en la interpreta-ción–, aunque sí progresiva.

Pongamos un ejemplo de la volubilidad con que actúa eltribunal especial, esta vez, sin duda, de manera positiva paralos jóvenes inmersos en el procedimiento. La Sección Segun-da de la Sala de lo Penal dictó sentencia por la que considera-ba hechos probados que tres jóvenes habían quemado la esta-ción de tren de Areta el día de Nochevieja de 1996. Lacalificación penal de los hechos será de «desórdenes públi-cos». Decreta 18 meses de prisión para Aitor Goikoetxea,Zigor Gorostiaga e Igor Arzuaga. La Sala –sin duda del ladoblanco– consideró que los jóvenes alaveses habían realizado elataque «para que tuviera repercusión pública y dentro de un

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contexto de acciones reivindicativas de la independencia delPaís Vasco». La sentencia se dictó en octubre de 1999, enpleno proceso de Lizarra-Garazi, con las expectativas que esteescenario había abierto para la búsqueda de una solución alconflicto. Incluso Garzón en este contexto habría firmado sor-presivamente algún auto de libertad, indicando a los abogadosdefensores que esta era su contribución al proceso abierto.

Se dan otras resoluciones en esta línea, y en franca con-tradicción con aquella interpretación exacerbada de la Sec-ción Primera. También la Segunda, en el caso del joven dePortugalete Álvaro Romero, calificó ciertos actos de kaleborroka como simples desórdenes públicos, «al excluirse dela relación fáctica toda referencia a un ánimo de favoreci-miento de la organización ETA y actuación dirigida por lamisma». Le imponía un año de cárcel por cuatro acciones desabotaje ocurridas entre 1995 y 1997.

Son decisiones tomadas en la buena dirección, en unaépoca favorable en términos políticos. Pero, sin duda, es tam-bién la muestra de la opinión caprichosa de este tribunal enfunción de vaivenes coyunturales, de circunstancias cam-biantes. Los jóvenes sufren o se benefician del momento enque se señala la fecha del juicio o de la predisposición –sepuede decir del humor– de la Sala que los juzgue. Son sim-ples convidados de piedra; no participan del juego. Asisten ala partida que les marcará la vida para siempre: una ruletarusa con la que se adjudican condenas o absoluciones.

Los magistrados, de la misma manera que se relajaronante las maduras, nuevamente vestirán la coraza bajo la togacuando sean reclamados de nuevo. Esta vez a las duras.

El reajuste de la Audiencia Nacional

El año 2000 es un importante punto de inflexión. El procesode Lizarra-Garazi está estancado, no prosperan los contactos

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entre el Gobierno y ETA, se mantienen las detenciones y laconflictividad en las cárceles, con una durísima huelga dehambre. En diciembre de 1999, ETA anuncia el fin de la treguay un par de meses después, la explosión de un coche bombaen Madrid causa la muerte al teniente coronel Pedro AntonioBlanco. La nueva coyuntura de guerra requiere ciertas reade-cuaciones, nuevas tácticas. También en el ámbito jurisdiccio-nal. No es en vano recordar que la Audiencia Nacional noopera en términos jurídicos estrictos, aventurándose bienadentro en el terreno de la oportunidad política. Era momen-to de apretar tuercas, también en lo referente a la kale borro-ka, y ellos tenían la herramienta apropiada.

En marzo de 2000 se filtró a los medios de comunicaciónun documento que venía a corregir, reorientar, reajustar latrayectoria del tribunal especial, adecuando su práctica juris-diccional a las nuevas necesidades represivas. Era un informeinterno de la Audiencia Nacional en el que se postulaba a lacorte especial como única candidata para la investigación yenjuiciamiento en exclusiva de los casos referentes a jóvenesvascos. Porque era el único que aseguraba los resultados ade-cuados.

El documento ponía en valor los métodos que la Audien-cia Nacional tiene a su disposición, entre ellos «la suspensiónde varios derechos fundamentales como la incomunicación ola prórroga del plazo máximo de detención» a los detenidospor delitos de kale borroka. El motivo para desamparar a laspersonas de sus derechos de integridad física y de libertad sejustificaba en que «ha tenido un evidente efecto disuasorio,que hace que cuando se desarticula un grupo en una locali-dad determinada, pasen varios meses hasta la formación deotro». Sin pretender entrar en elucubraciones excesivamentetécnicas, tal vez se puede justificar la búsqueda de un efectodisuasorio para terceros en la condena impuesta por un deli-to, nunca en la suspensión de derechos. El recado que envíanes que si actúas de determinada manera –o si la justicia valo-

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ra que lo has hecho–, te quedas sin derechos. Esta coartadapara el régimen de incomunicación, la detención preventivao la desaparición de garantías procesales solo se puede enten-der como una apología de los espacios sin derechos, patologíade todo pelaje de autoridades españolas. Y más en concretode las que se guarecen en el tribunal especial.

El informe para la difusión interna despejaba dudas a lostodavía reticentes, al asegurar que la kale borroka es «unamanifestación más de la estructura criminal de ETA», y que,por lo tanto, a partir de ahora deberá ser tratada como tal.Añade que estas acciones «generan inquietud social al sabo-tear, por ejemplo, los medios de transporte y las redes decomunicación». El texto destaca asimismo que la llamada afilas no es nada del otro mundo, ya que desde que el CódigoPenal de 1995 «castiga como delitos de terrorismo» los actosde kale borroka, porque «los integrantes de los "grupos Y" yano disfrutan de la impunidad de que gozaban antes». Y esaes la línea que se ha de seguir.

Precisamente, el documento que analizamos asegura quela Audiencia Nacional es el órgano más adecuado para juzgarlas acciones de kale borroka, ya que «en otras sedes judiciales,como las Audiencias Provinciales correspondientes al lugardonde ocurren los hechos, no se puede garantizar que la ins-trucción de las causas y los juicios se lleven a cabo con lamisma independencia y seguridad». El comentario tiene suenjundia. Un principio básico de derecho es el del juez natu-ral; es decir, la atribución del caso al juzgado del lugar dondehan sucedido los hechos o, si este es imposible de concretar, eldel lugar donde habita el acusado o la persona contra quien seha delinquido. Es histórica la crítica que se le hace a laAudiencia Nacional por no cumplir este principio y priorizarel criterio material; es decir, conocer causas por sus motiva-ciones de intensa relevancia política, sea donde sea que estasocurran. Las autoridades españolas siempre han defendido laatribución de competencias especiales a este órgano jurisdic-

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cional, ante cualquier organismo –principalmente internacio-nal– que les ha cuestionado el tema, por considerarlo absolu-tamente legítimo. Una cosa es que intenten justificarse. Otraes que den la vuelta al argumento como un calcetín y consi-deren ahora que los tribunales naturales, los de la provinciadonde ocurrió el hecho, no son los idóneos para juzgar estoshechos por su presunta falta de «independencia y seguridad».¿Alguien piensa que quienes mejor conocen la idiosincrasia,la percepción social ante los hechos, las motivaciones de losperpetradores… son jueces ubicados a 500 kilómetros?¿Quién puede defender que, con sus catalejos deformados,sean ellos los realmente independientes? Estas preguntas nosllevan a otras: ¿es una cuestión de simple competencia, esuna cuestión técnica de delimitación de tareas?; o, por el con-trario, ¿se pretende controlar más fácilmente la acción de lajusticia en una cuestión tan delicada?, ¿es para mejor impar-tir justicia o, por contra, para asegurar la lectura correctadesde el punto de vista represivo? Quienes componen este tri-bunal no aportan independencia ni seguridad jurídica. Sí, porel contrario, serán los mejor adiestrados para castigar más ymejor a la juventud vasca.

El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger,negó categóricamente la existencia de informe alguno prove-niente de este estrado. La agencia EFE, responsable de su difu-sión, puntualizó que los papeles filtrados son un «borrador odocumento interno que no será divulgado de manera oficial,aunque sí es manejado en instancias relacionadas con larepresión penal de la violencia callejera». No hay duda de queel documento fue la fuente de inspiración de la AudienciaNacional en el cambio de milenio, momento en que el guiónpolítico contra el movimiento independentista vasco exigíauna readecuación, un esfuerzo, una «altura de miras», a estetribunal. Tarea que, una vez realizados todos los reajustesnecesarios, cumplirá como un reloj suizo.

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Jaque mate a los delitos ordinarios

Con el estreno del milenio y con el cambio de escenario polí-tico posterior a Lizarra-Garazi, vira también el sentido que laAdministración de Justicia da a sus decisiones frente a losmás jóvenes. Se abandonan las últimas reticencias y quedaexpedito el camino de lo que se llamaría después «la judicia-lización de la represión». A partir de 2000, va arraigando lapredilección por los tipos penales de terrorismo, con ese efec-to sancionador varias veces multiplicado. La Audiencia Nacio-nal se amolda a la reclamación de interpretaciones extensi-vas, exageradas. El conjunto de las condenas dictadas a partirde ahora se apoya abiertamente en los artículos 573, 574, 577,que se refieren a quienes se considera «perteneciendo,actuando al servicio o colaborando con bandas armadas».

El criterio en la dirección correcta todavía da algún últi-mo coletazo. Así fue la sentencia dictada por la Sección Ter-cera de la Sala de lo Penal con fecha de 26 de marzo de 2001,en la que se acusaba de delitos ordinarios, y por ello de pocaentidad, a Mario Ronco, lo cual parece dar juego todavía a laspiezas blancas. Pero la Sala es inmediatamente llamada a filaspor el conjunto negro. Con esa salvedad, se llega a la meta deunificar la interpretación de la Audiencia Nacional.

En junio de 2000 se dio a conocer la decisión del casoEneko Olza. Hechos: la quema de un cajero automático en Iru-ñea. Acusación fiscal: Incendio terrorista. Prueba única: teníauna cazadora del mismo color que la que aparecía en la cáma-ra de videovigilancia de la entidad bancaria. Condena final:diez años por incendio terrorista. ¡Jaque mate! El rey blancono resiste más el envite y da de bruces contra el tablero.

Ya absolutamente perdida la partida, se dictó meses mástarde otra condena de doce años contra Josu Guinea por laquema de un cajero automático en agosto de 1997 en Larra-betzu. El fallo resalta que Guinea realizó el sabotaje «con losfines terroristas de subvertir el orden constitucional» y le

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condena a tres años de cárcel por un delito de «desórdenespúblicos», con la circunstancia de «agravante de disfraz», y aotros nueve por un delito de «tenencia y empleo de artefactosincendiarios al servicio de los fines de organización terroris-ta». Las pruebas las aportó un vecino de Larrabetzu quehabía dado alcance al joven y lo había identificado tras qui-tarle la capucha. Sin embargo, otro vecino atestiguó que sehabía confundido. Por tanto, toda la base probatoria se sopor-taba en las declaraciones de policías que se personaron en ellugar de los hechos, a pesar de que para entonces ya no que-daba nadie. De hecho, Guinea ni tan siquiera fue detenido enel momento. Doce años de prisión.

Otra resolución elevó a dieciséis años la pena contra Kar-los García Preciado, por considerar probado que participó enla quema de una sucursal bancaria en Andoain. La testigoque le inculpaba se retractaba después. El portavoz de EH,Arnaldo Otegi, consideraba que «si la lectura que hacen esque con más crueldad van a lograr mejores resultados, estántotalmente equivocados». Gurasoak, por su parte, entendíaque «es un autentico escándalo», más aún considerando quela única prueba era una «testigo oculta que ha revocado dosveces su declaración inicial».

La quema de un autobús en Basauri en 1997 costó untotal de 85 años de prisión para seis jóvenes. En la sentenciadel Tribunal Supremo, que confirma el criterio de la Audien-cia Nacional, se establece que cuatro jóvenes de Basauri incu-rrieron en un delito de terrorismo en relación con un delitode incendios y de lesiones, por lo que condena a Iñigo Valle-jo, Zigor Orbe, Javier Sádaba y Jon López a diecisiete años deprisión por cabeza, mientras que Leire Etxebarria y MaríaRey cumplirán siete años de prisión cada una como cómpli-ces. Será la pena más alta impuesta a mujeres por estoshechos. Según la nueva interpretación, la kale borroka com-parte con ETA la finalidad y la capacidad de subvertir el orden

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constitucional o alterar gravemente la paz pública. El in cres-cendo presagia finales apoteósicos.

¿Cuál es la conclusión a la que se debe llegar a partir delitinerario judicial que hemos dibujado? En primer lugar, quese aprecian claramente dos fases. La primera de ellas com-prende el periodo que va desde principios de los noventahasta el año 2000, en la cual las secciones responsables delenjuiciamiento de los casos de kale borroka –con la excepciónde la Sección Primera de la Sala de lo Penal– optan por des-cartar la tipología terrorista de los hechos. Durante esta pri-mera fase, tan solo serán cuatro las sentencias que sancionanlos hechos como constitutivos de delito de terrorismo, siendopor contra catorce las que optan por criterios penales ordina-rios. Muchos otros casos se llevaron ante las Audiencias Pro-vinciales de las cuatro capitales vascas.

Es más, en la primera década objeto de estudio, se dictanal menos tres sentencias por la Sala Segunda del TribunalSupremo, en sendos recursos de casación presentados por lafiscalía que pretendía que se corrigiera el criterio de laAudiencia Nacional –por excesivamente flojo, claro–. El AltoTribunal rechaza las pretensiones del ministerio público yratifica el razonamiento de que los hechos enjuiciados no sonconstitutivos de delitos terroristas.

Hemos visto cómo en la fase posterior, a partir de 2000 yhasta la actualidad, se fuerza la interpretación para adecuarlaa las sanciones previstas en el capítulo del Código Penal de«delitos de terrorismo». ¿Qué nuevos elementos hacen des-plazar la línea del delito ordinario al terrorista?; ¿conforme aqué nuevas circunstancias se produce ese corrimiento delumbral de castigo? Algo ha tenido que cambiar desde laimposición de una multa y tal vez algunos meses de cárcelpor un tribunal local, hasta la calificación de pertenencia aorganización armada que conlleva una condena de decenasde años. Quien sostenga la tesis de que, efectivamente, nosencontramos ante un fenómeno –el de la «violencia calleje-

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ra»– en absoluto espontáneo, sino, por el contrario, organiza-do, dirigido y diseñado por ETA, querrá ver en el cambio deinterpretación una readecuación de las sentencias conformea los nuevos acontecimientos, a las nuevas evidencias quehan ido surgiendo. Sin embargo, para ello deberían darse,precisamente, nuevas circunstancias: o una novedad en elelemento instrumental –utilización de armamento, de explo-sivos, etc.–, o que se aporten nuevas evidencias fuera de todaduda que certifiquen la vinculación entre los jóvenes y ETA.Estas certezas podrían provenir bien de que los propios jóve-nes reconozcan estas relaciones en declaraciones libres o bienpor la incautación de nuevos documentos, tipo los de Bidart–pero que esta vez sean reales–, que se presenten ante los tri-bunales y que muestren sin vacilación el patrocinio y controldirecto de ETA sobre el fenómeno. Pero no hay nada de esto.

O claro, una tercera posibilidad: que deje de ser una cues-tión de interpretación y que haya una nueva ley que, sinambages ni ambigüedades, adjudique penas ultrasónicas atodas las actuaciones juveniles. Porque sí. Pero esto es delica-do, porque las leyes se las leen fuera, en Europa, mientrasque una interpretación descansa precisamente en eso… enelementos valorativos, especulativos. Un terreno cómodopara el dislate.

A falta de nuevos elementos o leyes, el razonamiento delos jueces es simple y llanamente un cambio de opinión, sos-tenido sobre acontecimientos gemelos y con idénticas reglasdel juego legal. También los maestros de esta ceremonia hansido siempre los mismos: idénticos magistrados que sehabían mantenido numantinamente durante una década enla posición de que eran delitos ordinarios, daban ahora elbeneplácito al criterio de terroristas. En conclusión, o antes odespués, habrían estado bochornosamente equivocados, locual sería grave de reconocer. Más grave aún sería que admi-tiesen haber cedido ante presiones políticas externas. Si seequivocaron, habría que concluir que son unos ineptos e

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irresponsables. Si se prestaron a las nuevas exigencias delapetito represivo del Estado, es igual que confesarse merostíteres.

Esta trayectoria, que para digerirla más fácilmente hemosvisualizado como una partida de ajedrez, es irrefutable. Y nosconduce a pensar, además, que el jaque mate verdadero hasido a la credibilidad que en este país se tiene de la (in)Justi-cia española.

¿Hay alguien detrás?

Pero volvamos atrás e intentemos trabajar en otra dirección.Veíamos que hasta el año 2000 los tribunales estaban conti-nuamente desestimando la existencia de algún tipo de rela-ción, directa o indirecta, entre personas protagonistas dehechos concretos de sabotaje y estructuras que presuntamen-te promoviesen o controlasen estos impulsos. No veían detrásni a ETA ni a ninguna otra. La acusación contraria, de queorganismos juveniles estaban detrás de los hechos, repetidahasta la extenuación por autoridades políticas y medios decomunicación, trató de hacerse un hueco en los estrados.Pero nunca triunfó: se aportaban declaraciones de detenidosarrancadas en sede policial bajo presiones o torturas; notasmanuscritas incautadas en extrañas circunstancias; sesudasinterpretaciones de documentos aportados a los tribunalespor policías «expertos»… Sin embargo, estas conexionesnunca habían superado en sede judicial la barrera de la meraespeculación.

Como la cuestión de vincular la kale borroka con ETA tar-daba en cuajar y las secciones de la Audiencia Nacional quese ocupan del enjuiciamiento de los casos no ven claro esemaridaje, el titular del Juzgado de Instrucción nº 5, BaltasarGarzón, intenta llegar a la misma conclusión dando un rodeo.Ya hemos visto el varapalo que recibió con los no-documentos

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de Bidart y la construcción «grupos Y». Pero dicen que quientropieza y no cae adelanta camino. Ahora decide cambiar deestrategia y apuntar hacia otro lado.

El magistrado está ya obsesionado con fabricar la teoríade que toda la actividad política de la izquierda abertzaleparte de la voluntad de ETA. También, ¡cómo no!, la kaleborroka. Aborda la existencia de un control o impulso de estefenómeno por parte de otras estructuras políticas o sociales,en quienes ETA delegaría dicha función: KAS-Ekin o Jarrai-Haika-Segi. Necesita una nueva tramoya en la que colocar alos figurantes, cargados de cadenas.

En octubre de 1996, decreta el procesamiento de cuatrojóvenes de Zaldibia, Argider Mugika, Iker Atxotegi, UrkoGalarraga y Oskarbi Jauregi, como integrantes de un grupode kale borroka. El juez de instrucción interpreta que los deli-tos de incendio y estragos de que se acusa a los jóvenes seperpetraron en apoyo a ETA, por lo que merecen la considera-ción de «terrorismo» y pide penas de quince a veinte años decárcel contra ellos. Para justificarlo, Garzón da marcha atrásen el camino hacia Bidart, como hemos visto ya cerrado porlas propias salas de la Audiencia Nacional. Insistente, razonaen un alarde de zafia poesía jurídica que la kale borroka «seiba a desarrollar con una estructura aparentemente deses-tructurada y desarticulada para dificultar su desarticulación».¡Olé! No es un trabalenguas: lo que tiene delante existe perono, es a la vez un espejismo. El razonamiento no es sino lamisma pastilla amarga de los «grupos Y», con una dulcecobertura, para probar de nuevo si los magistrados quedeben enjuiciar el sumario ahora se la tragan.

A «el juez que veía amanecer» no le engañan: tras esaapariencia de espontaneidad está Jarrai. Razona: como falléen vincular los «grupos Y» con ETA, intentémoslo delegandola responsabilidad de organizarlos en Jarrai. Es por ello queextendió la acusación de los jóvenes de Zaldibia a los porta-voces de la asociación juvenil en Gipuzkoa, Imanol Iparragi-

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rre y Jon Salaberria, en calidad de dirigentes de los grupos dekale borroka en este herrialde. Salaberria ya había sido mar-cado anteriormente por el gobernador de Gipuzkoa, JuanMaría Jáuregui, abundando en que están «organizados porcomarcas» y que se encuentran «perfectamente jerarquiza-dos». Según su versión, los jefes del grupo cumplen las ins-trucciones que les da el «coordinador de red», cargo queimputó al entonces juntero abertzale y miembro de la ejecu-tiva de Jarrai, quien «coordinaba a los jefes de los distintos"grupos Y" de apoyo a ETA de la provincia con quienes se reu-nía todos los sábados en la sede de HB de San Sebastián».

Iparragirre, por su parte, había denunciado que su deten-ción, practicada por la Guardia Civil, «es un montaje de lapolicía, con ayuda de los jueces y medios de comunicación»,y además había negado la existencia de estos grupos. Otrosportavoces de Jarrai insistían en que su actividad no teníanada que ver con los sabotajes y en que estos «son formas deexpresión espontáneas que representan una realidad concre-ta». El cerco a que se sometía a la organización juvenil eraasfixiante.

Durante la vista oral, el ministerio fiscal defendía que laactuación de estos grupos operados desde Jarrai está caracte-rizada por el uso de «artefactos y dispositivos de tipo incen-diario, explosivo o pirotécnico para lo que son adiestradospor personas vinculadas a la organización terrorista ETA».Nótese el término indefinido «vinculadas», sin aportar nin-guna prueba al respecto. Sus miembros, sostenía la fiscalía,son «plenamente conscientes de la ayuda que prestan a ETA».No es lo mismo, pero qué más da.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal dictó la senten-cia 27/98 por la que acordó condenar a los seis procesadoscomo autores de un delito de desórdenes públicos del artículo557 del vigente Código Penal –aquel flamante delito de«terrorista individual»–, imponiendo un año de prisión acada uno. La condena no satisfizo lo más mínimo las preten-

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siones del fiscal y del juez instructor, Garzón, que en su«investigación» había establecido una compleja tesis jerár-quica sobre la kale borroka y quería verla de una vez portodas avalada en los estrados. Recurrida la sentencia en víacasacional, el Tribunal Supremo dictó sentencia disponiendola absolución de Salaberria e Iparraguirre. No había talestructura ni dirección. Si bien los portavoces de la organiza-ción juvenil fueron absueltos de la acusación, la campaña deintoxicación y criminalización se mantuvo. El poso, como enun mal café, va acumulándose en el fondo.

Nos sorprende ahora, pero esta última decisión es conse-cuente con la línea seguida hasta entonces por el tribunalantiterrorista. La desestimación del carácter «terrorista» delos hechos de kale borroka que habían decretado diferentessalas se había apoyado, en la casi totalidad de las ocasiones,en la inexistencia de estructuración de dichos ataques. Enconsonancia, en los apartados de «hechos probados»de lassentencias estudiadas, el tribunal únicamente analizaba larelación de las personas procesadas única y exclusivamentecon los hechos ocurridos. No se evaluaban otras actividades,simplemente porque este extremo era irrelevante. Los tribu-nales buscaban hechos delictivos, no si además participabanen otros grupos u asociaciones, si organizaban conciertospunk, si ponían carteles contra la precariedad laboral enEzkerraldea o si se reunían con Salaberria en la sede de HB.Agrupaciones y actividades que, no se puede olvidar el dato,eran absolutamente públicas y transparentes y, mal que bien,toleradas por el Estado.

A pesar del fracaso, de la incomprensión que sufren sustesis por los órganos superiores, el juez estrella tiene una vir-tud según unos, una maldición para otros: no se dará porvencido. Garzón incide una y otra vez en la teoría de quedeterminadas organizaciones como KAS-Ekin, Jarrai-Haika-Segi son el puente que une la kale borroka con ETA. Sigue,ofuscado, buscando consignas que partiesen de estos organis-

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mos y por las que se determinaran objetivos, se impartieranconocimientos o adiestramientos técnicos e incluso se facili-tara financiación. Pero no las hay. Esta búsqueda ha salpicadoa varios procedimientos, que no tenían en principio nada quever con la kale borroka o con la actividad juvenil, pero en losque se pretendía encontrar algún asidero en el que apuntalarsu conjetura. En todos ellos se desestimó su pretensión.

Necesitaba una nueva teoría, revolucionaria pero sencilla,impactante e indiscutible. Tras mucha preparación, muchotrabajo de cocina para acomodar a su propio tribunal al papelque le tocaría cumplir, se decidió a dar el gran salto. Todosería ETA. Abrió el conocido sumario 18/98 contra empresas,medios de comunicación y asociaciones políticas, entre ellasla organización política Ekin, y allanó el camino para interve-nir las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi.

El acróbata salió al trampolín para el más difícil todavía:o, por fin, conseguía la ovación entusiasmada de su público ose rompía la crisma.

La nueva interpretación a partir de la sentencia contra

Jarrai-Haika-Segi

En marzo de 1999 salta a la prensa que Garzón ultima unaactuación contra Jarrai. Javier Madrazo (IU), Javier Balza (PNV)y Fernando Buesa (PSOE) habían pedido que se «desmantela-ra» la organización juvenil. Molesta demasiado. Mientras lospolíticos hacen públicas sus apetencias, alguien ya se habíapuesto manos a la obra.

El procedimiento contra los jóvenes organizados nacecomo una pieza separada –«pieza A.A»– dentro del sumario18/98. En buena lógica, meter ahí también, con calzador, losorganismos juveniles hubiese alimentado esa ambiciosa ideadel «todo es ETA», compactándolo en un solo «macrosuma-rio». Pero además de la dificultad de hacer manejable un pro-

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cedimiento ya de por sí caótico, Garzón ve el filón de desga-jarlo del bloque, darle entidad propia y convertirlo en unsumario diferente.

En marzo de 2001 se produce la detención de quincejóvenes con responsabilidades en Haika, operativo que recibeel número de registro D.P. 157/99. Les acusa de «integrarse», através de su pertenencia a Haika, en la organización armadaETA. La operación es saludada por sectores políticos y mediá-ticos. Un año después se redactan autos de detención contraotros doce jóvenes más, ahora acusados de pertenecer a Segi,asociación considerada sucesora de la anterior. Todas lasactuaciones cristalizan en el sumario 18/01. La toma del bas-tión de la juventud vasca estructurada, esta vez con esa víainterpretativa abierta con el sumario 18/98 –y a la tercera–,será la vencida.

Decíamos que presentarlo así es un filón. Al darse pesoespecífico en los estrados a la idea de que la plana mayor deestas asociaciones está vinculada –si bien metafísicamente enausencia de pruebas que lo corroboren– con la gestión de lakale borroka, se aviva la criminalización de toda la estructura.La conexión entre asociacionismo político y social vasco y ETA

se facilita con el escalón intermedio de la kale borroka, algoque los sectores más adormilados de la sociedad ya están pre-parados para tragar, con el arrullo de los medios de comuni-cación. Y de ahí, una vez despejado el camino, se pasará algrueso del 18/98, para proseguir como una apisonadoraimparable, con Gestoras-Askatasuna y el largo etcétera que apartir de aquí iremos viendo. Tiene lógica. «Su» lógica.

Con esas perspectivas tan halagüeñas, se abre juicio oralcontra los organismos juveniles. Durante la práctica de laprueba no se hizo ni tan siquiera el esfuerzo de alegarhechos concretos ni actividades individualizadas que permi-tieran sugerir una implicación de los imputados en sabota-jes. Ni un solo indicio que pudiera apoyar no ya controlsobre, sino connivencia o simpatía hacia la kale borroka.

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Aportar este tipo de evidencias no constaba entre las preten-siones del ministerio fiscal y la Asociación Víctimas delTerrorismo (AVT), que ejercían la acusación. Les bastaba conacreditar la participación de los jóvenes en las organizacio-nes intervenidas. Lo cual era público, palmario y reconocidopor los sentados en el banquillo. Más difícil era vincular lasasociaciones juveniles a ETA, en absoluta ausencia de prue-bas. Pero esta se aderezaría con especulaciones etéreas, consupuestas funciones compartidas y directrices ambiguas queno se aportaban en la vista. Sin una conducta criminal clara,concretizada, la construcción de una conexión estructuralentre Jarrai, Haika y Segi con la organización armada era uncastillo en el aire.

Aún así, el fiscal Enrique Molina solicitó un total de 654años de cárcel para un total de 42 imputados a los que acusa-ba de «colaboración» o «integración» en ETA. Además, lasorganizaciones juveniles serían parte del «frente de masas»de ETA, organización con la que mantienen «identidad deobjetivos, sumisión jerárquica y unidad financiera». Porqueél lo dice. Añadía una petición de 111 años y 10 meses paraAsier Tapia, que en rueda de prensa había denunciado lasdetenciones de sus compañeros y el registro de sus sedes einstaba genéricamente a «responder a los ataques». Se leimputa la comisión de todos los actos violentos de protestaque acontecieron los días siguientes, imponiéndole además elabono de los daños causados. En caso de no ser satisfechos,«responderá solidariamente el patrimonio de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna-Sozialista Abertzaleak». No esanecdótico que el sistema judicial español permita concate-nar responsabilidades de esta índole.

Siguiendo con la juerga, la acusación popular ejercidapor la AVT añade a la petición fiscal 336 años más, al estimarla comisión de un delito de genocidio. Como ellos mismoreconocen en su página web, esto se debe al presunto propó-sito de las asociaciones juveniles de «destruir total o parcial-

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mente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Hanpretendido acosar y expulsar del territorio vasco a cuantosno siguiesen los dictados nacionalistas-terroristas». Y bueno,como aseguraban, «este tipo penal jamás se ha aplicado pornuestros tribunales» y había que probar suerte. Asegurabanque su reclamación «no se debe a la sed de venganza». Cier-to, satisfecha la sed, la reclamación se debe a su contumazresaca.

En su informe de conclusiones, el fiscal Enrique Molinaconstata la debilidad del armazón en que soporta su preten-sión, por lo que debe sentir vértigo: ningún magistrado en susano juicio puede llegar tan lejos. Puesta la esperanza en queentiendan que esta fiesta no tiene nada que ver con la justi-cia, hace un último esfuerzo. Hace dos solicitudes a la troicade togados: la primera será que pase por alto que no se hayaaportado prueba alguna. Recurre al argumento de que no esnecesario hacerlo ya que los cargos que se les imputan son«notorios», sumándose a la presunción de culpabilidad queya habían apuntado Rajoy o Iturgaiz. La segunda peticiónque cursa a la corte es que se aparte de la jurisprudencia clá-sica que propugna una interpretación restringida del concep-to de banda armada y se invente una nueva. La amplíe a laparticipación de organizaciones que, sin ser armadas, coinci-dan en sus objetivos. Como afirma ante el tribunal, les tocahacer una lectura «a la altura de los tiempos».

No se atrevieron. La Sección Cuarta de lo Penal en su sen-tencia 27/05 del 20 de junio de 2005 no pudo llegar hastasemejantes extremos. Era demasiado. Buscó amparo en lasdefiniciones de terrorismo de Naciones Unidas, en la ju-risprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitu-cional español, para admitir que era imposible asumir seme-jantes peticiones. No al menos tras un juicio infame marcadopor la sospecha. No en el primer bote. En sus fundamentos,la Sala reconoce imposible aceptar la concurrencia de ele-mentos necesarios para considerar a las y los jóvenes estruc-

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turados una «organización terrorista». En concreto, dice que«si bien dichas organizaciones podrían tener una finalidadideológicamente próxima a la que, con su actividad armada,persigue la organización terrorista ETA, desplegaban actuacio-nes –además de las legítimas– que nunca se enmarcaban enla utilización de armas, en los términos recogidos por la yareseñada jurisprudencia». Esta reflexión no es de lo peor quese ha podido oír en los estrados madrileños.

Pero el tribunal no podía cerrar todas las puertas a unalectura de los hechos a la que se había ya dado rango de deci-sión de Estado. Si bien llega a las conclusiones apuntadas, enuna peligrosa contradicción la sentencia dedica gran parte desus 118 páginas a especular sobre relaciones y vínculos entrelas asociaciones juveniles y ETA. Hacen equilibrios sobre«pruebas periciales de inteligencia de la Guardia Civil y de laUCI de la Policía» que acreditarían su «vinculación a la Koor-dinadora Abertzale Sozialista KAS –luego Ekin– y, a través deambas indudablemente vinculadas pero siempre ajenas a laorganización terrorista armada ETA». Así, arriesgando encoherencia, les adjudica el «control para la realización deactos que atentan a bienes patrimoniales (daños) o a bieneseminentemente personales, como la libertad y la seguridad,por medio de actuaciones delictivas». Aunque la Sala niega elcarácter terrorista, dicta su ilicitud y adjudica las penas máxi-mas –tres años y medio– por ese delito para los acusados. Eracierto que muchos de ellos y ellas habían cumplido ya, en elmomento de dictarse sentencia, más tiempo en prisión delque la propia sentencia les imponía. Una sentencia dubitati-va, vacilante, que pretendía huir del mal trago. No es terroris-ta, pero es ilegal. Se establecen efímeros vínculos con ETA,pero no los suficientes.

Es peligroso dejar la puerta mal cerrada. Tal vez alguienmás decidido venga por detrás y saque, de una patada, el qui-cio de esa lógica.

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Subvertir el orden constitucional

Cuando analizábamos la reforma del Código Penal que seprodujo por la Ley Orgánica 10/1995, además de ampliar laextensión de los delitos relativos a la guerrilla urbana y dehacer las penas más severas, decíamos que introduce unnuevo bien jurídico que se ha de proteger: la paz pública o,más ambiguamente aún, evitar la «subversión del ordenconstitucional».

¿En qué consiste esto? Supone un nuevo golpe de torni-llo, por el que se pasa de preservar conceptos concretos ydeterminados afectados por el hecho delictivo –la propiedadprivada, la integridad de las personas, la libertad de movi-miento, etc.– a proteger nociones ambiguas, indefinidas,como es el régimen jurídico-político, la paz social. Seemplean conceptos filosóficos, etéreos, tal vez apropiadospara el acalorado debate político; pero no es de recibo quesirvan de base de enjuiciamiento sancionador. El derechopenal es precisamente lo contrario: concreto, estricto, taxati-vo. Ahora, el ordenamiento represivo pretende calcular elimpacto que un ataque de la naturaleza que analizamospueda causar en el orden constitucional. Un impacto que, ensu indeterminación, puede querer decir mucho… o puede nodecir absolutamente nada.

Durante el juicio de Haika-Segi veíamos como las acusa-ciones se habían empleado a fondo para situar el listón decastigo en la estratosfera. No podían estar satisfechas con lainterpretación que había hecho la Sala de la Audiencia Nacio-nal. No les bastaba la consideración únicamente de ilicitud delas organizaciones juveniles, y los jóvenes habían regresado asus casas. Por ello, la recurrieron ante el Tribunal Supremo.Este resolvió la apelación en enero de 2007 con una decisióncogida por los pelos. Tres de cinco magistrados –el votomayoritario de la Sala– corrigen la tesis del tribunal especial

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y elevan el travesaño punitivo a las expectativas de la fiscalía,de la acusación popular y, por supuesto, del Estado. Conside-ran que:

… es fácil concluir que Jarrai-Haika-Segi es una asociacióno una serie de asociaciones que se han sucedido en el tiempo,no solo ilícita/s por tener como objeto la comisión de algúndelito (común) –como entendió la sala de instancia– sino tam-bién una organización terrorista que, incidiendo en la seguri-dad ciudadana persigue producir profundo temor, atacando alconjunto de la sociedad democrática y constitucional del estadode Derecho, […] o en otros términos atentando contra la pazpública, como aspecto de la paz social, que se funda –según elart. 10 de la CE– en el respeto a la ley y a los derechos de losdemás.

O sea que: ¿cualquier forma de irrespeto a la ley y a losderechos de los demás es susceptible de subvertir la pazpública y el orden constitucional? ¿Cuál es la escala de medi-ción? ¿Cuántos ataques a cajeros hacen caer el orden jurídi-co-político? ¿Cuántas piedras hay que lanzar para desestabili-zar sin remedio la paz social? Pero, además, ¿si no se hapodido probar que se haya lanzado tan solo una?

Muestra de la indeterminación de los conceptos y delterreno pantanoso en que se mueve la decisión es que dos delos cinco magistrados que componían la Sala del TribunalSupremo no quieran saber nada de este criterio. El apego a suley, a su orden, no les permite digerir esa conclusión. El pri-mero porque no encuentra probada la integración real de lasorganizaciones juveniles en una estructura armada. Sensato.Porque los hechos enjuiciados no son «idóneos para subvertirel orden constitucional» el segundo. Lógico, lo que decíamos.Los dos magistrados dejan constancia de estas argumentacio-nes en su voto disidente. Pero la mayoría pasa a rodillo sobreel sentido común.

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Los otros tres-contra-dos magistrados ponían vaselina asu interpretación: reconocían una identidad propia y distintaa las organizaciones juveniles respecto de la organizaciónarmada, pero basaban su decisión en un concepto nuevo: lasupuesta «complementariedad» entre las acciones de unos yotros. No precisa comentarios. Con esta fórmula de nuevocuño y de contenido indefinido como una nube de vapor, lasposiciones más recalcitrantes del Estado veían avalada sumáxima aspiración.

Pero ni siquiera ese concepto de «complementariedad»,que en aquel momento fue usado como la liana de Tarzán,para ayudar a dar el gran salto, tendrá un recorrido demasia-do largo. Pocos años más tarde, la sentencia de la SecciónTercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, enreferencia al sumario 18/98, no necesita recurrir a esta cons-trucción sin contornos. Constata por primera vez y sin palia-tivos que «todo es ETA». En definitiva, con kale borroka o sinella, con «complementariedad» o sin ella, se llega a la meta:todos son uno y uno es todo. Se demuestra (¿?) la ansiadaunidad estructural, y por fin se puede aplicar a quienes solohan desarrollado una actividad social o política en ejerciciolegítimo de los derechos políticos más elementales el mismorigor penal que a los miembros de una organización armada.

El orden constitucional se protege así de ser subvertido.Subvirtiéndose.

La resistencia a la judicialización de la represión

Siempre queda la duda de si este recorrido en continuoascenso que hemos dibujado sobre la actuación judicial con-tra los jóvenes vascos, se ha impuesto de forma más o menosimprovisada, según circunstancias variables, imprevistas. Osi más bien obedece a una estrategia absolutamente planifi-cada, de principio a fin. A un diseño que, cierto, con altibajos,

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reticencias, avances y retrocesos, se ha ido al fin imponiendo.Tercamente. Quedará la sospecha de si, mientras unos hacíantoda la escenificación en el teatro de los estrados, alguien veíadesarrollarse el espectáculo tranquilamente desde su sofá,con una copa en una mano y el guión maldito en la otra.

En cualquier caso, la imposición de ese programa ha deja-do un reguero de crítica y oposición. No les ha resultado sen-cillo. Semejante operación de deconstrucción de las garantíasprocesales, tamaño esfuerzo por derribar la última brizna decredibilidad de la Administración de Justicia, no podía serfácil. Hubo una importante resistencia a semejante utiliza-ción arbitraria de los tribunales. No podían esperar que todosfueran a decir amén.

Esa interpretación fabulosa, que poco a poco va afectandocomo el glaucoma a la visión de la tribuna excepcional, no hapodido ser avalada por todos los operadores del derecho.Incluso desde la propia judicatura han surgido voces críticassobre la utilización retorcida que se está haciendo del dere-cho penal, una de las ramas del derecho que, decíamos, alafectar a esferas tan elementales de la persona –su integridadfísica, su libertad–, más debe estar sometida a la proporcio-nalidad, la mesura, la taxatividad, la seguridad jurídica. Y esque la reacción penal se excita con demasiada facilidad eneste Estado.

Juristas con un criterio garantista del derecho penal hanconsiderado inapropiado el género de la fantasía para enfren-tarse al fenómeno juvenil. Se han dolido por ver cómo hantratado a un sistema en el que, sinceramente, creían. El juezJoaquín Galve, titular del Juzgado de Instrucción de laAudiencia de Iruñea, en una entrevista a Diario de Navarraen marzo de 1996, manifestaba que «la consideración siste-mática de autores de sabotajes y estragos como miembros ocolaboradores de una banda armada podría crear una mecá-nica preocupante. Habría que incluir en este delito a todoslos alborotadores. Y creo que sería exagerado mandar a la

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Audiencia Nacional al que tira cócteles contra la Comisaríacualquier viernes». ¿Qué pensará ahora, después de tanto tra-jín?

También el juez Joaquín Navarro, desafortunadamentefallecido, fue un incansable luchador contra esta visión dis-torsionada de los hechos. Intentando restablecer la cordura,aseguraba públicamente que «el juez Garzón es un juez quese inventa casi de todo». Añadía que «está actuando respal-dado por el poder político y por el Ministerio del interior»,por lo que «se permite el lujo de dictar autos de procesa-miento o de prisión absolutamente fabulados, dando pordemostradas vinculaciones orgánicas y funcionales de diver-sos sectores con ETA». Tener esta opinión no le iba a resultargratuito: la Comisión Disciplinaria del Consejo General delPoder Judicial abrió expediente contra él y la Fiscalía de laAudiencia Nacional interpuso una querella por dos delitos deinjurias.

Pero dentro de la sede judicial de la madrileña calle Géno-va las cosas tampoco estaban tan claras. Decíamos que Gar-zón sentaba cátedra al concatenar ETA con la kale borroka yesta, a su vez, con Jarrai-Haika-Segi, para después tirar de ahíhacia todo el movimiento asociativo vasco. El primer escolloque se encontró el juez estrella estaba en su propia casa. LaSección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, su órga-no superior y que supervisaba las decisiones que iba adop-tando, si bien no rechazaba su patente de «todo es ETA», síconsideraba que el magistrado no estaba aportando las prue-bas necesarias para soportarla. La Sala dejó en libertad a algu-nos de los procesados del sumario 18/98. Por supuesto, estaactuación disidente no gustó al Gobierno, que le reprochó sudecisión: «es muy difícil de entenderla por parte de la socie-dad española». Claro, esta entiende mucho mejor el mensajedel palo y tentetieso. El tribunal se había olvidado momentá-neamente de que su labor había dejado de ser cuestión dejusticia para ser cuestión de estado. Es conocido que se apro-

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vechó un traspié que dio en un hecho insignificante y que notiene nada que ver con la materia de nuestro estudio –lapuesta en libertad provisional de un narco que después se dioa la fuga– para abrirles expediente, suspenderles del empleoy rellenar de nuevo la Sección con magistrados afectos. Ytanto. La nueva Sección Cuarta dirigió más tarde con totalsolvencia de estado la vista contra Gestoras-Askatasuna yredactó la sentencia que se esperaba de ella.

Otros profesionales del derecho han mostrado su preocu-pación por el papel que juega la justicia española en la repre-sión de movimientos sociales y políticos vascos. Abogadosdel ámbito internacional participaron como observadores enel juicio contra Jarrai-Haika-Segi. En una conferencia organi-zada en el Colegio de Abogados de Bizkaia por Eskubideak,sección vasca de la Asociación Europea de Abogados Demó-cratas (AED), y con la participación de un centenar de aboga-dos de Europa y América, se concluía que «la excepción y conella la suspensión de derechos y libertades, tiene rango cons-titucional y se expande a todos aquellos que ambiguamentese pueden considerar enemigos del estado». Los juristas pre-sentes señalaban que «paradigma de la politización de la Jus-ticia y de la judicialización de la política es la actuación de laAudiencia Nacional. Su acción, que se puede calificar de crea-dora de derecho, genera la expansión de tipos penales». Lodicho.

Esta interpretación extensiva del término «terrorismo»ha llegado también a conocimiento de los organismos inter-nacionales de supervisión de los derechos humanos. El Comi-té de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicabaun informe en octubre de 2008 en el que «expresa su preocu-pación por el alcance potencialmente excesivo de las defini-ciones de terrorismo en el derecho interno», lo cual «podríadar lugar a la violación de varios derechos enunciados en elPacto». En cuanto al papel concreto del tribunal capitalino enreferencia a estos casos, para el Comité, «las acciones judicia-

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les ante la Audiencia Nacional por delitos de asociación ocolaboración con grupos terroristas podrían restringir demodo injustificado la libertad de expresión y de asociación».Touché!

A esta preocupación se unía más recientemente el relatorpara la Promoción de Derechos Humanos en la Lucha Antite-rrorista, Martin Scheinin. En su informe tras la visita quecursó al Estado español y a Euskal Herria en mayo de 2008,consideraba que «la vaguedad de algunas disposiciones delCódigo Penal español sobre los delitos de terrorismo conllevael riesgo de adentrarse en una pendiente resbaladiza». Elexperto finlandés explicaba la figura estilística de la siguientemanera: «la clasificación de delitos como terrorismo desenca-dena la aplicación de la detención en régimen de incomuni-cación; sustituye a la jurisdicción de los tribunales por la dela Audiencia Nacional, un órgano especializado con jurisdic-ción sobre todo el territorio nacional, y desencadena penasagravadas y cambios en las normas que rigen el cumplimien-to de las sentencias». Otra diana de los organismos interna-cionales.

En concreto, y sobre lo que nos ocupa y preocupa, eldiplomático del Sistema de Naciones Unidas considera «pro-blemático que un único tribunal central especializado tengacompetencia exclusiva sobre la aplicación e interpretaciónmaterial de delitos de terrorismo, cuyo ámbito se ha hechoproblemáticamente amplio, de lo que da fe el ejemplo de lakale borroka». Su informe se presentó en Naciones Unidas,ante todas las delegaciones del mundo. La reacción españolafue furibunda.

Recapitulando, lo que fue la teoría de Garzón –no sin obs-táculos– se convirtió en la teoría de la Audiencia Nacional,para ser, a la postre, la teoría del Estado. Sin embargo, se veque este tortuoso recorrido no encuentra el aplauso de buenaparte de los operadores jurídicos ni de los organismos inter-nacionales. El ariete ha topado con el muro. Hasta aquí

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hemos llegado. La interpretación que, supuestamente sobre laley, se hace de la violencia juvenil con motivos políticos y delas actividades pacíficas juveniles, ha traspasado todos loslímites que se pueden esperar de un estado sito en el hemis-ferio occidental. No parece posible alzar más el listón represi-vo. Los chirridos de la manivela han llamado la atención delos organismos de supervisión internacional. No cabe elevar-lo más, al menos sin retrotraerse al derecho penal medieval yaislarse irremisiblemente de la opinión internacional.

Mencionábamos al comienzo de este capítulo la utiliza-ción de las categorías del «derecho penal del enemigo», el tra-tamiento aplicado a algunos ciudadanos previamente despro-vistos de su condición de tales. También denominado «dere-cho de autor», por poner el acento en quien comete el hechoy sus motivos, en vez de considerar el hecho en sí. El sistemapenal español prescinde de garantías, pisotea sus principiosmás básicos como es la taxatividad y la proporcionalidad,para convertirse en una mera maquinaria de guerra.

Luigi Ferrajoli, una eminencia internacional, jurista dereferencia en derecho penal, desbloquea esta percepción: «lapena no es el mejor modo de satisfacer el deseo de venganza;por el contrario, solo se puede justificar con el fin de ponerremedio y de prevenir las manifestaciones de venganza». Elacadémico italiano propone alejarse de esa visión del derechopenal que desprovee al ciudadano de sus derechos más ele-mentales, y concluye que «la seguridad y la libertad de losciudadanos no son amenazadas únicamente por los delitos,sino también, y habitualmente en mayor medida, por laspenas excesivas y despóticas, por los arrestos y los procesossumarios, por los controles de policía arbitrarios e invasores».

Nos aferramos a esa perspectiva.

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brutalidad policial

ACOSO, AMENAZAS, INSULTOS, violentas cargas en manifestacio-nes pacíficas, provocaciones en convocatorias y actos públi-cos, hostigamiento en controles de carretera, peticiones decolaboración con amenazas, retenciones ilegales en zonasapartadas o descampados, agresiones físicas, detencionesarbitrarias… El método policial es suficientemente conocido.El cheque en blanco a la acción policial se denomina oficial-mente «discrecionalidad». Nos encontramos con esta defini-ción sobre el término: «1. adj. Que se hace libremente, que sedeja al criterio de la persona o autoridad que puede regular-lo». Exacto.

Hay un escalón que media entre la plena libertad demovimiento de la persona y la detención reglada justificadaen la comisión de un hecho delictivo. Es el peldaño interme-dio entre el derecho a la intangibilidad física y la tortura bajoincomunicación en un calabozo aislado. Nos referimos a loque ocurrirá en los segundos siguientes a la señal de cargaordenada por un mando policial o tras el grito de «¡quedadetenido!», mientras su presa es señalada por una porra. Dis-crecionalidad policial. Desde que has entrado en contacto conella, dependes de su libre criterio.

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En unos segundos ha decaído inmediatamente el com-promiso insoslayable que todos los estados, también el espa-ñol, han asumido ante organismos internacionales de garan-tizar la integridad física de sus ciudadanos, incluidos los quehan decidido hacerle frente. La violencia que ahora acontece,a diferencia de otra que se desarrolla en la oscuridad del cala-bozo o de una celda, ocurre frente a compañeros de protesta,sucede ante los amigos, familiares o vecinos, en el ámbitopúblico, en calles, plazas, bares, gaztetxes o cualquier otroespacio, pero a la vista de todo el mundo.

Aunque la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridaddel estado será justificada en el buen juicio, siempre propor-cional y sopesado, de los agentes, su actuación no siempreestá sometida a norma. El recurso a la fuerza desmedidacobra habitualidad. Esta conducta policial, al ser silenciadapor los grandes medios de comunicación, no llegará al granpúblico o lo hará de forma sesgada. La gran mayoría de lasveces únicamente aprehensible por el que ha sufrido su vio-lencia o por el testigo directo. Esa tierra de nadie, esos brevesmomentos que se desvanecen en una nebulosa de gritos, gol-pes, insultos, esa actuación que no engrosa cifras oficiales niencuentra espacio mediático, es lo que se podría denominarbrutalidad policial.

El trato expeditivo que la policía otorga a sus disidentesse evidencia en el número de actividades y movilizacionesarrolladas, en el saldo imposible de contabilizar de heridosderivados de la acción policial. Es la violencia gratuita, des-medida, injustificada más allá de una presunta voluntad dedisolver manifestantes en su derecho de reunión, lo quedesde la barricada policial se interpreta como una concentra-ción ilegal o tumultuosa. Emplearán sus armas reglamenta-rias. Algunas veces de manera ilegal. Otras veces harán usode materiales antidisturbios abiertamente ilegales. Tienen asu disposición, en la santabárbara de sus comisarías, balas deplástico, porras extensibles, el peligroso kubotán –una especie

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de barra metálica empleada para la defensa personal–, lasporras eléctricas o las armas «taser», los botes de humo encapsulas, que se abren en racimo desplegando gases tóxicos,etc. Algunas de estas armas han debido ser retiradas, almenos oficialmente, por su efecto incontrolable e indiscrimi-nado. Pero quedan tantas otras…

Parece, pues, imposible documentar con cierto grado defiabilidad los cientos de casos en los que la utilización dematerial antidisturbios utilizado por la policía ha generadoheridas, secuelas irreparables e incluso ha causado la muertea personas que simplemente compartían el escenario de loshechos, verdaderas víctimas colaterales de ellos. De críos senos prevenía que las piedras no tenían ojos. Las pelotas,igualmente miopes, se han cobrado vidas.

La brutalidad policial, por contra, sí ha tenido ojos sobreel signo de quien se situaba enfrente. En abril de 1999, elultraderechista Ricardo Sáez de Ynestrillas se manifestaba enBilbo, en un acto convocado por Alianza por la Unidad Nacio-nal. La Ertzaintza practicaba cargas… contra los antifascistasque protestaban por su presencia. No sería la última vez. Laactitud de la Ertzaintza fue lamentable. Mientras escoltaba aun personaje como Ynestrillas, en su día juzgado por el asesi-nato de Josu Muguruza en el Hotel Alcalá, para que puedacampar a sus anchas por las calles de Bilbo, se empleaba afondo hasta apresar y encarcelar a seis jóvenes vascos. El titu-lar del Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbo, el juez José LuisGonzález Armengol, procesó a cinco chicos y una chica pordelitos de «desordenes públicos» y «atentado contra la segu-ridad en el tráfico», ya que consideraba probado que algunode ellos lanzó piedras al autobús en el que viajaban los fascis-tas. La petición por los hechos ascendía a penas de entre 18 y23 años de prisión. El propio González Armengol es muestraevidente de parcialidad hacia los ultras, ya que mientrasdecretaba la prisión provisional de los jóvenes por hechos de

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una entidad mínima, había puesto todo tipo de obstáculos ala investigación por el asesinato de Santi Brouard.

En circunstancias similares, tres jóvenes de Iruñea eranjuzgados por «atentado a la autoridad» en el transcurso deotros incidentes provocados, también, por la presencia deYnestrillas en la capital navarra. Francisco Javier Ansuátegui,delegado del Gobierno de triste recuerdo, le había autorizadocelebrar un mitin de carácter fascista. En este caso sin tapu-jos: el responsable de la policía en Nafarroa había sido falan-gista y delegado provincial de Sindicatos bajo el régimenfranquista. Al menos a él no se le puede achacar hipocresía.

¡Queda detenido! Tiene derecho a...

Desde el momento uno del arresto, en esa primera toma decontacto entre el policía y el, a partir de ahora, «presunto» o«sospechoso», la violencia policial hace acto de presencia entodo su esplendor, arrollando los últimos ápices de dignidadque puedan quedar a su víctima. Este momento tan delicado,aunque lo hemos interiorizado como un espacio de libre ejer-cicio del agente actuante, en el que nos sentimos a su com-pleta disposición, en el que vemos cómo se deja llevar por sucapacidad de improvisación, no escapa de las reglamentacio-nes. La detención –dicen– debe conducirse con determinadasprevisiones.

La Secretaría de Estado de Seguridad emitió una Instruc-ción policial, con número de registro 12/2007, en la que pre-tendía establecer ciertas «reglas de conducta ética profesionalaplicables a la labor policial, a fin de evitar la aparición decomportamientos arbitrarios». Es curiosa la redacción «evitarla aparición». El Secretario de Estado de Seguridad, AntonioCamacho, el que mandaba apagar una cámara de la televisiónpública australiana que le entrevistaba sobre la tortura, es elfirmante del documento. Como en aquel documental del

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periodista David O’Shea –con miles de entradas en Youtube–,el jefe político de los uniformados no permite tan siquieraque se ponga en duda que en el pasado se hayan podido pro-ducir comportamientos violentos o arbitrarios por parte delas fuerzas y cuerpos que él, número dos en el Ministerio,controla. Simplemente emite una recomendación preventivapara que en el futuro la actuación de su policía siga siendocomo es. Una tirita con la que pretende ocultar una herida deun palmo que, desde hace años, supura gangrena.

Apelando a «la absoluta necesidad de mantener un respe-to estricto a los derechos de las personas durante sus inter-venciones de detención y custodia», la Instrucción policialindica al agente que «en la práctica de la detención, actuarácon decisión y autocontrol, a fin de evitar, en la medida de loposible, el uso de técnicas o instrumentos de coacción direc-ta, y si esto no fuera posible, propiciar la mínima lesividadtanto para el detenido como para los agentes intervinientes».Continúa sugiriendo que «cuando el detenido se oponga a ladetención, el agente deberá valorar la intensidad y agresivi-dad de la reacción, adecuando el empleo proporcionado de lafuerza». Ahí está el asidero. Después se pierde en cuestionesde protocolo, de tan poco efecto práctico como es la informa-ción de los derechos al arrestado. O su derecho a «solicitar el"habeas corpus" si considera que su detención no está justifi-cada legalmente». No está mal la declaración de principios...no si careciéramos de ojos en la cara.

Pero hemos podido atestiguar la actuación policial extre-ma. Hemos visto las largas filas de jóvenes contra la pared, alestilo de las dictaduras de otras épocas o latitudes, mientrasson identificados. Permanece en nuestra retina el policía queretiene presionando con su rodilla en la espalda o el cuello aldetenido postrado, que no ofrece ninguna resistencia mien-tras es encadenado. Hemos presenciado las imágenes de unherido de un porrazo, atendido por sus compañeros en elsuelo, mientras de su cabeza surge un hilillo de sangre que va

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tiñendo el suelo. Se mantiene fresca en la memoria la foto fijadel joven indefenso, esposado, conducido a trompicones poruna muralla inexpugnable de policías encapuchados.

En el contacto directo con ciertos agentes, al intentarnegociar las condiciones de una marcha, al pretender conocerlas razones por las que esposan a un colega, al querer razonarcómo evitar la carga, hemos dudado de si la forma de dirigir-se a nosotros no responde más bien a la capacidad de discer-nir de un cromañón. Hemos comprobado en su mirada elefecto de sustancias estupefacientes o excitantes. Y la exten-sión sin límites de su odio.

Es la forma de actuación que hemos conocido y a la queno podemos acostumbrarnos, digan lo que digan las instruc-ciones ministeriales de distracción.

¿Quién vigila al vigilante?

Haritz Elosegi alternaba con sus colegas en el Bar Kitto deTolosa, cuando el ertzaina Antonio Agirre, fuera de horas deservicio, entró en el establecimiento. La diversión de los jóve-nes debió importunarle, por lo que, en evidente estado deembriaguez, se dirigió hacia ellos. Intentó arrestar a Haritz, alo que este se resistió. El agente desenfundó su pistola y efec-tuó un disparo a quemarropa. Le alcanzó en el cuello. LaAudiencia Provincial de Donostia condenó al agente a la penade seis meses de arresto por un delito de lesiones. La Saladesestimó el delito de tentativa de asesinato solicitado por laacusación particular, al negar que el agente pretendiera mataral joven, ya que, debido al entrenamiento que había recibidoen la utilización de armas de fuego, «de haber querido matarlo hubiese conseguido de un único disparo». Menuda lógica.Lo realmente extraordinario es que no lo consiguiera, con untiro en el cuello. Y borracho. Cierto, un verdadero artista en elmanejo de la pistola.

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Hechos similares acontecieron años después, esta vez enIbarra. Iñigo Guridi fue ingresado en la clínica de la Asun-ción de Tolosa con un disparo en la pierna. Una vez recibidaatención médica fue trasladado a la Audiencia Nacional paradeclarar en referencia a una acusación que le relaciona conincidentes ocurridos esa noche. La denuncia policial asegura-ba que había intentado lanzar un cóctel molotov a un ertzai-na. Por su parte, el joven declaró que se encontraba en un barjunto a sus amigos cuando notó un dolor en la pierna y seapercibió de que estaba sangrando. Vecinos que se encontra-ban en el lugar de los hechos ofrecieron esa misma versión: alas 03.30 se escuchó una ráfaga de disparos que sembró elpánico en la plaza. Era en las cercanías del Bar Ainara, dondeal parecer fue herido el joven. Su abogado, Álvaro Reizabal,denunció que no se produjo su detención hasta que la Ertzain-tza descubrió el origen de las heridas del joven. Mundo alrevés: la juez decretó la prisión provisional... de Guridi bajo laacusación de atentado. Posteriormente se le impuso condena,junto con otros tres jóvenes más, en calidad de autores de undelito de «atentado a agentes de la autoridad» en relación conun «delito de terrorismo». Sorprendentemente, la pena solici-tada era relativamente baja para semejante calificación: unaño y seis meses de prisión. No es descabellado concluir queprefirieron cerrar en falso un caso en el que, de haberse inves-tigado correctamente, las responsabilidades habrían ido, sinduda, en otra dirección. En términos penales y políticos. Paratapar una actuación policial desaforada, Iñigo Guridi, ademásde tiroteado, fue condenado.

Serán miles los ejemplos en que la discrecionalidad poli-cial lleve a agresiones gratuitas e impunes a jóvenes contraquienes tienen una fijación especial. Uno de los casos másconocidos será el de Jon Ander Couceiro. Eran fiestas delbarrio de San Vicente de Barakaldo, en enero de 1998. Trasasistir a un concierto de música, junto con tres amigos más,una dotación de la Ertzaintza da el alto a los jóvenes. Recibie-

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ron la del pulpo, tras lo cual les dejaron marchar. Un año mástarde fue apaleado otra vez por agentes del mismo cuerpoque irrumpieron en una fiesta a favor del euskera en Santu-txu. Como él mismo narraba:

… llegaron una o varias furgonetas de la Policía Autonómi-ca y con rapidez y nerviosismo salieron de dichas furgonetas yse dirigieron a un grupo de gente, en el que yo me encontraba.Para cuando quise darme cuenta estaba en el suelo sangrandoabundantemente. En estado de semiinconsciencia sentí queestaba rodeado de ertzainas que entre gritos e insultos medaban patadas y me movían la cabeza.

Le habían descerrajado un pelotazo en el cuello, a un parde metros. Su madre y su hermana, que se acercaron parapreocuparse por el estado del joven, fueron recibidas a golpesde culata. Posteriormente, el 5 de enero de 2001, los objetivosde los golpes de la Ertzaintza serían el propio Jon Ander y supadre. La persecución contra este joven, la fijación que estecuerpo ha tenido con él y su entorno familiar, ha sido tanbrutal como la impunidad con que han operado.

Oskar Pérez, amigo de Couceiro, recibió una paliza porparte de incontrolados de uniforme: «le das a Jon Ander esterecado: la próxima va para él».

El vigía que vigile al vigilante, buen vigilador será.

Embozados

Juan María Atutxa hace declaraciones por las que ve necesa-rio establecer alguna medida para que «cuando exista unasituación de algarada callejera quienes tuvieran el rostrocubierto de forma intencionada pudieran incurrir también endelito». Levantarte la capucha de la chaqueta es, en el país dela inquisición y de la lluvia, un crimen de primer orden.

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Es la época –finales de 1995– cuando se redacta la Ley deVideovigilancia, que pretende dar cobertura a toda una redde control social que supondría la instalación de cámaras devídeo en cualquier punto de Euskal Herria. El objetivo eshacer más eficaz la acción policial en tareas de «prevenciónde disturbios». Y es que la utilización de capuchas se habíaconvertido en un grave hándicap para la profusa grabaciónvideográfica a la que sometía la Ertzaintza a cualquier tipo deconcentración ciudadana. Todos tenemos en mente la apari-ción, entre escudos y bocachas, de un agente-cameramanhaciendo un artístico travelling con el objetivo de su pequeñoaparato de grabación audiovisual, apuntando a quienes sesitúan tras la pancarta. El proyecto que permitía la grabaciónpolicial de todo tipo de actos había sido aprobado por el Con-sejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, para satisfac-ción de Atutxa, orgulloso de que «los iniciadores de este pro-yecto fueron el Gobierno vasco». Se frotaba las manos por supresunta efectividad: «nuestra labor –dice– será más fácil».Aunque para ello, el derecho de intimidad y privacidad saltepor los aires. Eso sí, con rango de ley.

Por contra, el consejero de Interior defiende que la policíatiene derecho a camuflar su identidad tras un pasamontañas:

… cuando un ertzaina lleva la cara tapada, tras él siemprehay alguien para responder, para hacerse responsable ante eljuez o ante quien haga falta. Cuando un policía no cubre su ros-tro, al día siguiente, todos los que se mueven en el ambiente dela violencia intentan amenazarlo y, si pueden, obligarle a dejarsu pueblo o, peor, quemarlo vivo.

Con su típico carácter arrebatado, el consejero instituíauna vez más el doble rasero, las dos varas de medir: largapara mí, corta para ti. Así, el glorioso cuerpo de agentes bajosu mando, aquel que tenía como modelo los bobbys británi-cos y pretendían hacer de la amabilidad y la proximidad alciudadano sus señas de identidad, comienza a embozarse tras

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una capucha. Casi de continuo. Sin duda, la justificación es ladefensiva, ante la posibilidad de que vecinos o conocidospuedan identificar al agente. Es lo que sucede con una policíaque, efectivamente, comparte vivienda, servicios y activida-des lúdicas con el resto de sus vecinos. Vecinos a los que,Atutxa no llega a explicar porqué, tienen airados.

No será la única policía que recurra a taparse la cara paradificultar su reconocimiento. También la Policía española y laGuardia Civil recurrirán a esta prenda para ocultar su identi-dad, aunque un mayor distanciamiento con la población essu primer elemento de salvaguarda. La capucha tendrá en sucaso otro objetivo: el intimidatorio.

El embozo cumple una función que no se reconoce públi-camente: tiene el cometido principal de dotar de impunidada una actuación policial cada vez más violenta, más ilegítima.Así pues, esta prenda será el obstáculo principal para deter-minar la autoría de hechos ilegales por parte de la policía,para evitar la acción judicial ante la más que frecuente comi-sión de delitos por parte de los uniformados enmascarados.En no pocas denuncias presentadas ante los excesos policia-les, el juzgado se ha inhibido por la imposibilidad de recono-cer quién era el responsable de la actuación delictiva. Enaquellos casos en que se pudo identificar la dotación presen-te en la escena, la dificultad de individualizar qué agente con-creto perpetró los hechos era el motivo que impedía la deduc-ción de responsabilidades penales.

Izaskun González y uno de los autores de este trabajo,Julen Arzuaga, sufrieron una agresión por parte de la Ertzain-tza en Donostia, al término de una concentración en denun-cia de la aparición en una fosa de Bussot, Alicante, de loscuerpos de Lasa y Zabala. Cuando se retiraban de los enfren-tamientos generados tras el acto, se vieron sorprendidos poruna dotación de la brigada móvil que, sin mediar provoca-ción alguna, les atacó con el lanzamiento de un pelotazo aquemarropa, porrazos y golpes con las culatas de sus boca-

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chas, y les produjo graves heridas: fractura de muñeca ella,rotura del tabique nasal él, contusiones por todo el cuerpo,etc. La agresión resultó tan aparatosa que varios vecinos delbarrio de Amara salieron a los balcones, recriminando a losagentes la contundencia con la que se empleaban. El juzgadode Donostia que instruyó la denuncia de lesiones presentadaspor los jóvenes decidió archivarla, a pesar de los partes deheridas y la existencia de toda una comunidad de vecinoscomo testigos. Esta decisión se tomó ante la imposibilidad deidentificar indubitadamente a los agentes delincuentes, opor-tunamente embozados.

En la misma jornada murió Rosa Zarra, de 58 años deedad y madre de seis hijos, de un pelotazo lanzado a bocaja-rro en el abdomen. El ertzaina que disparó también ocultabasu identidad. El mal entendido corporativismo del cuerpopara tapar a su compañero y la buena labor de ocultación desus representantes políticos hicieron el resto en esta historiade impunidad.

«Cuando un ertzaina lleva la cara tapada, tras él siemprehay alguien para responder», decía Atutxa.

La actuación policial ante Estrasburgo

El caso más conocido, tal vez por la dimensión de los daños ylas secuelas que le dejaron de por vida, así como por el largorecorrido que hizo su denuncia, es el de Mikel Iribarren, des-figurado por un bote de humo lanzado a bocajarro por la Poli-cía española la noche del 15 de diciembre de 1991. Contabaentonces con 18 años. Aquel bote le puso al borde de la muer-te. Incluso en algunos medios se dio por hecho que habíafallecido. Iribarren ingresaba en la UCI del Hospital de Nava-rra en coma. El parte médico hablaba de un edema cerebral,hemiplejia-hemiparesia izquierda, quemadura de tercergrado en hemicara derecha, pronóstico grave... Permaneció

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un mes en coma, y tuvo que recibir asistencia sanitariadurante año y medio. Quedó en situación de invalidez y consecuelas para toda la vida. Las intervenciones quirúrgicas einjertos a que se debe someter continúan a día de hoy. Su ros-tro deformado por el impacto y las quemaduras es la vivaimagen de la brutalidad policial en este pueblo. Y de la deter-minación por reparar los efectos de la barbarie.

La investigación judicial de los hechos en los juzgadosnavarros se prolonga hasta septiembre de 1995. La Audienciadeja hacer: la defensa propone una prueba en la que se expe-rimenta el impacto que puede tener un bote de humo sobrecabezas de cerdo. Según un testigo, el disparo se produjo ape-nas a dos metros de distancia. Se demuestra que al joven se lehabía denegado todo auxilio por parte de los agentes: quedótendido, inconsciente, sobre el bote de humo que expelía lamortífera carga, la que le abrasó el rostro. El tribunal no dudaen determinar que se ha perpetrado un delito de lesiones yhomicidio en grado de tentativa. Sin embargo, decretó elarchivo de las investigaciones dado que la Policía española senegaba a precisar quién había sido el agente autor del dispa-ro. Ante la imposibilidad de concretar el causante del crimen,los abogados de Iribarren, José Luis y Mari Jose Beaumontincoan el procedimiento administrativo para reclamar unaindemnización económica por responsabilidad subsidiariadel Estado ante el Ministerio del Interior. No hay duda de queellos tienen la llave que abre y cierra el cerrojo de la impuni-dad.

El entonces ministro, Jaime Mayor Oreja, rechaza el pagode la indemnización, lo cual se recurre ante la AudienciaNacional, que finalmente condena a la Administración cen-tral a resarcir al afectado con 60.101,21 euros. Nuevamente esel Tribunal Supremo el que, en un razonamiento absoluta-mente indignante, anula la indemnización porque entiendeque el afectado se había puesto «voluntariamente en la situa-ción del riesgo padecido», por lo que el disparo del bote de

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humo a bocajarro «había sido proporcionado». Como en tan-tos otros casos, el objetivo de que los uniformados salganindemnes de su brutalidad delincuente, se razona en queestán obligados a responder ante los jóvenes con toda sucapacidad de fuego. Como en otras latitudes, piedras contratanques.

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucio-nal en octubre de 2003. Al igual que en otros casos en los quelos tribunales españoles cierran las puertas a toda justicia, Iri-barren pone toda la esperanza en el Tribunal Europeo deDerechos Humanos. Esta vez se cumplirán las expectativas: el8 de enero de 2009, el Tribunal sito en Estrasburgo vino a darreconocimiento y reparación jurídica al joven iruindarra,aquella que la justicia española le había negado durante die-cisiete años desde aquel aciago día. En enero de 2009, el Tri-bunal Europeo de Derechos Humanos hace pública la senten-cia en la que estima que el Estado español había violado losartículos 3 y 6 de la Convención Europea, al dispensar aljoven un «trato inhumano y degradante» y por la dilación delproceso judicial. Condena por unanimidad al Reino de Espa-ña a indemnizar a Mikel Iribarren con 170.000 euros, descali-ficando así la interpretación del Tribunal Supremo y delConstitucional, señalando que el disparo de un bote de humodirectamente y a bocajarro contra una persona no puede deninguna manera justificarse como proporcionado.

En una nota conjunta de valoración, los abogados JoséLuis y Mari Jose Beaumont subrayaron este extremo:

… para poder obtener una respuesta judicial razonable ymínimamente coherente con los derechos humanos fundamen-tales de cualquier persona, Mikel Iribarren ha tenido quedefenderlos durante 17 largos años, lo que ya resulta en símismo simplemente vergonzante para cualquier estado deDerecho que se precie. Ante la falta total de garantías en el pro-ceso judicial español, ha tenido que finalizar sus reivindicacio-nes fuera, ante organismos supranacionales.

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Un fallo con tintes históricos ante la dolorosa falta de pre-cedentes.

No se identifica el causante de los daños, pero, sin embar-go, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que,más allá del agente, es el Estado el que fracasa en su «diligen-cia» para «determinar las circunstancias en que el ataquetuvo lugar, así como los fallos en la aplicación del reglamen-to; y, por otra parte, identificar a los agentes u órganos delEstado que estén implicados, de la manera que sea, en estascircunstancias». Nada de ello ocurrió. Aquella teoría de Atu-txa de que el Estado está detrás para responder por estasactuaciones rueda por los suelos.

Estrasburgo constata que «el procedimiento penal termi-nó con un sobreseimiento parcial y no se produjo ningún jui-cio sobre el fondo del asunto». Con esta línea argumental seinstituye que, cuando el Estado pretende cerrar filas sobre unagente, la omertá, la obstinación del silencio, el esfuerzo por laimpunidad, arrastra consigo la propia legitimidad del Estado.

El dictamen de los jueces fue unánime excepto en unpunto: la cuantía de la indemnización correspondiente por elconcepto de «daños morales». Tres de los siete jueces califica-ron de excesivo el montante económico impuesto al Estadoespañol por los otros cuatro magistrados, e introducen aquíde nuevo el argumento rastrero de que Iribarren «contribuyóa crear una situación de peligro de la que finalmente fue víc-tima». Entre estos tres jueces discrepantes se encuentra elúnico magistrado español de la sala, Alejandro Saiz Arnaiz.Algunos querían todavía echarle la culpa al joven.

Mikel Iribarren ha reconstruido su vida al igual que surostro, con paciencia y con tesón. En una entrevista recono-cía: «me cambió todo. A veces me viene una señora mayor yme dice: "¿Cómo te has hecho esto, majo? ¿Con la moto ocon el coche?". "Pues no, señora, esto me lo ha hecho la Poli-cía"». De hecho, el que se lo hizo pasea por ahí –en moto o encoche– con el salvoconducto del Estado.

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Otros no han encontrado, aunque se deba buscar tanlejos, reparación. Txuma Olaberri, vecino de Atarrabia, quedómalherido, en coma y con efectos de por vida tras habersufrido el impacto en la cabeza de una pelota de goma dispa-rada a poca distancia por agentes del Cuerpo Nacional dePolicía en el transcurso de una manifestación. La AudienciaProvincial de Pamplona esta vez se negó a la práctica de laspruebas más elementales –la toma de declaración a unsubinspector policial o al propio Olaberri, la elaboración deun nuevo reconocimiento médico– solicitadas por la acciónpopular, sostenida por sus familiares y amigos. El tribunalconfirmaba el archivo de la causa al considerar que no habíaquedado «debidamente justificada la perpetración del delito».También fue esta la respuesta para Iker Balda, que con 18años sufrió el impacto de una pelota de goma en el ojo «alsalir del Bar Viana, en la calle Jarauta, con la intención de vol-ver a casa», según declararon sus padres. La versión oficialaseguraba que las heridas sufridas habían tenido su origen almanipular cohetes pirotécnicos durante incidentes con laPolicía Nacional en Iruñea.

En aquel tiempo un bote de humo entró en una casa deAlde Zaharra y provocó la muerte de Alejandro Gorraiz, de77 años, tras un mes de dolorosa convalecencia.

Era la época en que la Policía española, como si se tratasede Belfast, patrullaba Iruñea desde un helicóptero. Todavíamuchos otros esperan a que se haga justicia.

El derecho a la intimidad

Al igual que en la guerra la primera víctima es la verdad, enel estado policial la intimidad es la primera barrera que selevanta. El derecho al honor y la propia imagen, así como elderecho a la privacidad en la vida personal aparece en unlugar prominente en cualquier constitución o carta de dere-

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chos que se precie. Queda bonito, enmarcado, sobre la mesade un despacho.

Bajemos a buscar esos derechos en la calle. Hemos men-cionado anteriormente cómo maniobró la dirección de laErtzaintza en su obsesión por recogerlo todo en sus diminu-tas cámaras digitales de última generación, ante los jóvenesque querían ocultar su identidad cubriéndose el rostro. No esuna cuestión de vouyerismo gratuito. La Policía Autonómicase ha provisto de sistemas de reconocimiento facial que per-miten identificar a miles de personas a partir de imágenesrecogidas en cualquier momento en la vía pública. El sistemaSIGMA-AFIS analiza las imágenes capturadas en video y con-vierte en datos alfanuméricos los tres planos faciales –frontal,perfil 90º y perfil 45º–, así como otros referentes a la altura,complexión, características especiales, etc. Al cotejarse lascoincidencias con la ficha descriptiva de la base de datos, elsistema proporciona automáticamente la identidad de la per-sona, así como sus datos más relevantes. Información entiempo real y servida a todos los centros policiales.

Por su parte, el software Face Explorer V3.1, más desarro-llado, es capaz de realizar un reconocimiento de los asistentesa un evento con una resolución fotográfica de altísima preci-sión, para compararlo después en pocos segundos con losdatos almacenados en una potente base. El programa permi-te controlar ochenta rasgos característicos del rostro humano.Cuando veinte de estas características coinciden entre uno delos rostros grabados y uno de los que consta en el fichero dedatos, el programa establece una identificación. El sistemainformático se presenta capaz de realizar las comparacionespese a que haya cambios de peinado, barba, gafas... Paraentender la capacidad del sistema, nos podemos remitir a unejemplo casero: recientemente circulaba por internet unafoto con una resolución altísima, tomada en un mitin deBarack Obama en el que participaban decenas de miles depersonas. Se podía hacer el ejercicio de acercar el zoom a

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cualquiera de los asistentes, para ver con absoluta nitidez sucara, su ropa, sus gestos... hasta los más insignificantes deta-lles o complementos. Imaginemos esta tecnología al serviciode cuerpos policiales ávidos de herramientas para exacerbarel control y la vigilancia. En este caso, la Ertzaintza, que dis-pone de este sistema a cambio de un desembolso impresio-nante, reconoce que «se han detectado un amplio número decasos en los que el detenido se negaba a ser reseñado dacti-larmente, con el fin de ocultar su identidad, pero que ha sidoresuelto satisfactoriamente mediante este sistema». O seaque no solo se emplea a nuestras espaldas, sino que se utili-zará frontalmente y en contra de nuestra voluntad cuandonos esforcemos en preservar nuestra identidad.

Otro sistema es un clásico. Nos referimos a la tecnologíade tratamiento de huellas dactilares y palmares. Es de supo-ner que la base de datos se abastece por medio de la toma dehuellas en el momento de elaborar la ficha policial durante ladetención. Sin embargo, en los últimos tiempos estos archi-vos se completan con el registro de miles de muestras de ADN

de cualquier ciudadano o ciudadana. El método es supuesta-mente una revolución en el sector. Así nos lo han trasmitidoseries policíacas líderes de audiencia. Tal vez lo revoluciona-rio sea su gestión absolutamente descontrolada y las dudosasconclusiones a las que conduce. Dudosas, pero inapelables.

Con la fascinación de un niño que comienza una nuevacolección de cromos, la policía se lanza a la calle para la reco-gida de colillas, kleenex, vasos de plástico utilizados... Todoservirá, incluso las boquillas de plástico de las máquinas uti-lizadas en los controles de alcoholemia, tras hacer soplar nosolo al conductor, sino a todos los componentes del coche.Uno de ellos reclamó la boquilla, recibiendo a cambio unarespuesta airada del agente: «mira, un listillo». Txusa Etxean-dia, portavoz de Gurasoak, denunciaba que padres que hanpresenciado el arresto de sus hijos en los domicilios familia-res, se extrañaban por la recogida de cepillos de dientes,

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pelos de peines, ropa y otros objetos personales, «hasta queempezamos a ver que lo que hacían era recoger pruebas deADN que se aportaban luego para inculpar a los chavales».

El instituto Genómica está habilitado para llevar a cabolos análisis para los cuerpos policiales españoles. Según susempleados, el método es infalible en un «100 %», ya que «esmuy difícil que se cometa un error humano, porque hay con-troles en cada paso que se da». Sin embargo, expertos ponenen duda la infalibilidad del sistema, al considerar que nuncase soporta sobre un análisis completo de la cadena de ADN

–16.500 marcadores–, sino sobre perfiles parciales. Además,las muestras biológicas pueden ser de mayor o menor calidady cantidad, y pueden estar dañadas o degradadas, así comomezcladas con otros perfiles genéticos. En definitiva, se basaen un modelo estadístico que puede llevar a concordanciasincorrectas. Concediéndoles a los gestores del sistema queeste fuera infalible técnicamente, es innegable el alto margende error en el momento de la recogida, sobre todo si se reali-za en la calle, sin garantías, sin ningún control judicial.

En el caso de la Ertzaintza, la situación empeora porqueson ellos mismos quienes realizan el análisis, por medio desu laboratorio de la Unidad de Policía Científica. Sin supervi-sión, parecen preocuparse más porque coincidan los resulta-dos con la línea de investigación predeterminada que por suprecisión. En el caso de Zigor Blanco aportan un jersey delque se obtienen cuatro pelos. Solo se aporta el análisis deuno… el que coincide con el ADN del sospechoso. ¿Por qué nose aportan todos? ¿Qué esconden? Un ertzaina decía a ElCorreo que la cadena de custodia de la prueba biológica«debe ser sagrada». Sin embargo, las irregularidades en larecogida, almacenamiento y cifrado son continuas. Un agen-te autonómico declara en juicio haber recogido una colilla yhaberla metido en un sobre al que puso el nombre de JonSebastian Gurtubai. Los peritos de genética, también ertzai-nas, dicen, por contra, analizar una colilla anónima con un

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número de referencia guardada en una bolsa de plástico.¿Quién asegura que la colilla primera y la última es lamisma? ¿Por qué cambian las identificaciones? ¿Por qué dis-tintos sobres? ¿Por qué no consta el acta de entrada? ¿Cuál esla fiabilidad de la cadena de custodia? Preguntas que se hacela defensa, sin respuesta.

Por último, la valoración que en tribunales se hace de larelevancia de esta prueba es altamente dudosa. Las muestrasde ADN no solo servirán como prueba indiciaria para poner enmarcha una investigación, sino que serán prueba única ydeterminante para establecer una condena, ejemplo de ladevoción que se tiene por sistema tan novedoso. Nuevamen-te reconociendo que sea válido el método de obtención, otor-gando el beneficio de la duda a la concordancia que estableceel laboratorio, la única conclusión a la que el tribunal puedellegar es que, en efecto, tal persona estuvo en cierto lugar.¿Y? ¿Es suficiente en ausencia de otras pruebas? No echenun kleenex en un contenedor de basuras que horas despuéspueda ser atacado. No abandonen un vaso de plástico en unrecinto festivo donde, tras una inoportuna visita policial, sedesencadenen disturbios. El método de inferencia de su cul-pabilidad lo dicen infalible.

Deia titulaba en su edición de 3 de enero de 2008: «ElADN, el mejor confidente policial», saludando que la investi-gación contra la kale borroka «ha encontrado un gran aliadoen el análisis genético». A pesar de la profunda seducciónque sentía el redactor por el método, inmediatamente reco-nocía que «el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional hanemitido sentencias contra la validez como prueba del ADN siesta estaba recogida sin autorización judicial». Mostraba dosejemplos, uno referido a Gorka Lupiáñez, que, desafortuna-damente para el apologista de la prueba genética, fue«absuelto en tres ocasiones de diferentes acusaciones de vio-lencia callejera». Una de ellas porque la Audiencia Nacionalanuló como prueba el análisis de ADN que «acreditaba» la par-

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ticipación de Lupiáñez en un ataque contra un cajero deDurango, ya que esta se obtuvo sin permiso judicial. El otroejemplo, subtitulado «La capucha habla», se refiere al caso deOrkatz Gallastegi. El diario vizcaíno relata cómo varios enca-puchados quemaron un autobús en Berango en noviembrede 2001, uno de los cuales abandonó la máscara en la huida.Esta fue hallada por la Ertzaintza, que la sometió a un análi-sis de ADN. La Policía Autonómica arrestó a Orkatz Gallastegi,que fue conducido a una celda. Allí, un agente recogió unescupitajo del detenido que sirvió a la Unidad de Policía Cien-tífica para realizar un análisis y descubrir que el ADN corres-pondía con el hallado en la prenda abandonada tras el incen-dio del autobús. Esta evidencia bastó a la Audiencia Nacionalpara condenar al acusado. Nuevamente la frustración espera-ba agazapada para el rotativo jelkide, reconociendo que «sinembargo, en mayo de 2005, el Tribunal Supremo anuló lacondena que había dictado la Audiencia Nacional». Y es queeste estableció que las normas procesales imponían al juez laobligación de vigilar personalmente el proceso de recogida demuestras si quería que tuviesen valor probatorio. Parece unabuena cautela.

Por fin, la ruleta de la fortuna judicial dio otra vuelta, estavez en el sentido adecuado para el redactor y su policía,amantes de la actuación sin garantías: «se conoció otra sen-tencia del Tribunal Supremo en la que se dio validez a unanálisis de ADN que se recogió directamente por la policía sincontrol judicial». Y esto es motivo de euforia. En este caso sejuzgó a una joven acusada de haber enviado dos cartas pre-suntamente amenazadoras a dos concejales socialistas deGipuzkoa. La Ertzaintza analizó la saliva con la que se pega-ron los sellos de las cartas y la comparó con el ADN obtenidode una colilla de tabaco perteneciente a la sospechosa. Coin-cidieron. El tribunal especial madrileño le impuso, en abril de2006, la pena de dos años de cárcel. Tras sostener tres veceslo contrario, el Alto Tribunal estimaba ahora que la policía

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judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicasabandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorizaciónjudicial. ¿Qué había cambiado? Se abría paso, nuevamente, laecuación antiterrorista: más efectividad y menos garantías.Esa prueba sería suficiente para condenar a la joven al tratar-se de un indicio «sólido, vigoroso y solvente». El ADN, comoconfidente, parece bastante lamentable. El que un tribunalespañol cambie de opinión sin ningún nuevo elemento nodota de infalibilidad al sistema. Evidencia más bien con quéfacilidad se levantan garantías engorrosas para allanar elobjetivo de golpear a algún joven vasco.

Recapitulando: recogida de imágenes grabadas por lapropia policía o por todo tipo de cámaras de seguridad encalles, comercios o lugares públicos; aprovisionamiento des-mandado de muestras de ADN; cámaras de control biométrico,lectores del iris; rastreo con dispositivos GPS o más reciente-mente por el sistema Sitel para «posicionar» a titulares deteléfonos móviles; control de llamadas telefónicas, de lascomunicaciones por Internet, almacenamiento sine die de losmensajes electrónicos; seguimiento y registro de relacionesafectivas y contactos íntimos; recopilación de conversaciones,sonidos, timbres y modulaciones de voz en edificios oficialese instituciones; procesamiento de datos referentes a acciden-tes de tráfico, a la utilización de tarjetas de crédito o transfe-rencias bancarias; perfiles sobre gustos, afinidades, ocio, con-sumo; seguimiento de todo lo publicado en prensa en torno alas actuaciones policiales; registro de la participación en pro-cesos electorales en calidad de elegible, revisor, apoderado osimplemente la firma en apoyo a una candidatura electoralen notarías o ayuntamientos... Mientras se redacta este infor-me, se nos previene de la creación de un nuevo archivo de«sospechosos» denominado «Sistema Estadístico de Crimina-lidad». ¿Alguien se atreve a negar que el Gran Hermano seaalgo más que un programa basura de televisión? El controlsocial del estado totalitario que imaginó el maestro Orwell

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para 1984 se quedó acumulando polvo en antiguas bibliote-cas.

Eduardo González Calleja, en su libro La violencia en lapolítica, nos indica que «en los sistemas no autoritarios estetipo de violencia resulta de un abuso de los instrumentosestatales de control social, que gracias a los adelantos técni-cos han alcanzado mayor complejidad y eficacia, pero que sehan transformado en entes autónomos cada vez más difícilesde controlar a través de los poderes garantes del estado dederecho».

Eso en los sistemas no autoritarios. ¿Y en los que cadavez con más facilidad resbala la máscara de demócrata y apa-rece, bajo ella, el rictus del tirano?

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el tormento

EN LA REPRESION DE LA JUVENTUD no todas las medidas aplica-das han permanecido dentro de los márgenes de la ley, pormuy manoseada que esta se encuentre, siempre en beneficiode las prerrogativas policiales. En el capítulo anterior nosreferíamos a hechos de violencia policial que sucedían en lavía pública, a la vista de todos. ¿Qué sucede cuando no mira-mos? ¿Cómo actúan las policías en los espacios opacos eintangibles, en la oscuridad de sus calabozos? No han tenidoningún reparo en emplear el método más repugnante que,todavía hoy, medra en los recovecos de las alcantarillas delEstado: la tortura.

Habilitada por el régimen especial de incomunicación, ysostenida sobre la suspensión de los derechos más elementa-les de la persona detenida, la tortura es una práctica actual yhabitual.

Analicemos el tratamiento que se dispensa a quien, trasel primer contacto con las fuerzas de seguridad del Estado–Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza–, es apercibido deque «queda detenido» y oficialmente le son leídos sus dere-chos. La experiencia acabará con su puesta a disposición judi-cial, tal vez recuperando la libertad sin pasar ante el juez. Un

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tracto temporal que se extiende por 5 días, 120 horas, sinderechos. Él o ella frente a sus captores.

En marzo de 1992, los hermanos Julen y Gaizka Larrinaga,junto con David García, son detenidos por la Policía Nacionalen relación a enfrentamientos ocurridos en Bilbo tras unamanifestación. Denunciaron ante Carlos Bueren, juez del Juz-gado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, haber sidotorturados en la comisaría de Indautxu y negaron tajantemen-te los hechos recogidos en la declaración policial. Según losjóvenes, las manifestaciones allí vertidas habían sido «apren-didas» durante los brutales cinco días de arresto incomunica-do. Les habían machacado. Era, acaso, la primera vez en la his-toria más reciente que saltaba a los medios de comunicaciónel testimonio de jóvenes que habían sufrido el tormento comorepresalia por daños producidos en el mobiliario público.Botón de muestra de hasta dónde podía llegar la obsesión porponer coto, a cualquier precio, a la rebeldía juvenil.

Este cuerpo se cebará principalmente en Nafarroa y, másen concreto, en Iruñerria, donde hasta hace poco explotabasin rival sus amplias competencias contra los movimientossociales. Y en especial, contra la juventud. En este herrialde,será la Guardia Civil quien lleve a cabo una operación enBerriozar en la que detiene a seis jóvenes, allá por 1994.Según el delegado del Gobierno, Pedro Ruíz de Alegría, se lesimputa el incendio de una caseta de RENFE y operar como«comando de apoyo de ETA». Desde su primera declaracióncalificó el trato recibido por los jóvenes de «exquisito», tal vezpor tener línea directa con el calabozo y anteponiéndose a loque vendría. Uno de los apresados era Jaime Iribarren, presi-dente de la Federación de Consejos de la Juventud de EuskalHerria. Antes de su detención había denunciado ser objeto dellamadas telefónicas intimidatorias, vigilancia constante yretenciones en la calle con peticiones de que colaborase con lapolicía en la delación de otros jóvenes. Ahora, había sido tras-ladado de comisaría al hospital con un cuadro médico de sín-

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tomas de ansiedad y crisis nerviosas. A los fuertes tembloresque sufría se le añadía la casi imposibilidad de comunicarse.Una vez puesto en libertad, relató ante los medios el trata-miento recibido. Su narración fue dramática: había sufridoasfixia con los métodos de la «bañera» y la «bolsa», puñetazosen la cabeza, llegó a defecarse y orinarse encima, y cayó alsuelo, tras lo que fue golpeado hasta perder varias veces laconsciencia. Su testimonio ante las cámaras, emotivo, entre-cortado, transmitía toda la angustia vivida. Los otros cincojóvenes, tras ser puestos en libertad, denunciaron asimismolos malos tratos recibidos por el instituto militar. El juez Bue-ren sobreseía la acusación de kale borroka poco después.

En Vascongadas, será la Ertzaintza quien asuma el reto.Nada más comenzar su despliegue en las tres capitales, entraa participar en el juego de la tortura contra la juventud rebel-de de su país. Así lo denuncian cientos de jóvenes que hanpasado por las manos de agentes especialmente entrenadospara estos menesteres, principalmente en el acuartelamientode la localidad alavesa de Arkaute. El primer caso que hemospodido documentar, en el verano de 1992, es el referido porAitor González, que denunció ante el juez haber sido maltra-tado tras una detención ordinaria, derivada de los enfrenta-mientos de la conocida como «guerra de las banderas» enfiestas de la capital de Bizkaia. Relató que en comisaría habíarecibido golpes, amenazas e insultos, a lo que se acompañóun simulacro de ejecución.

El acontecimiento de estos hechos se favorecerá aún máspor la decisión de la policía dirigida por Retolaza, Atutxa yBalza, hoy por Ares, de aplicar el régimen de incomunicación.

El pasaje hacia el infierno

Dejando al lado las detenciones ocurridas al calor de mani-festaciones y actos públicos, que comentábamos en el capítu-

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lo anterior, en los actos de sabotaje son prácticamente desco-nocidas las detenciones in fraganti, en el momento de loshechos. Tal vez la excepción que confirma la regla fue queunos agentes de paisano y fuera de servicio se toparan, porcoincidencia, con varios jóvenes que, armados de hachas ygasolina, atacaban un concesionario de Renault en Orereta.

En general, habrá que ir a buscar a los jóvenes a su lugarde residencia. El grito de «¡abran, policía!», desde el otro ladode la puerta da inicio a la enloquecida entrada en el domicilioparticular, habitualmente el familiar. La irrupción en casaajena está sometida a ciertas cautelas. En efecto, la Constitu-ción establece en su artículo 18.2 la inviolabilidad del domi-cilio, solamente alterable en caso de resolución judicial o encaso de delito flagrante. Aún en esas circunstancias, esta debepracticarse con ciertas previsiones, evitando entrar de noche,con la aplicación de la violencia mínima... Es la famosa defi-nición de la democracia de W. Churchill: tener la seguridadde que cuando alguien llama a la puerta a las cinco de lamañana, sea el lechero.

Los lecheros actuales, armados hasta los dientes, prepara-rán la cacería sobre la más insignificante sospecha de que elobjetivo se pueda relacionar con acciones de kale borroka. Uncriterio absolutamente relativo en la España dibujada sobre elPlan ZEN. Es la mentalidad policial «conspiranoica»: vestir dedeterminada manera, frecuentar ciertos lugares, tener amigosde otros amigos, ser activo en determinadas asociacionespopulares, tener familiares en la cárcel... Lo decíamos antes,tiran de lista. Será suficiente con que la policía argumente aljuez que «atesora indicios» –sin concretar en qué se apoyanpara llegar a ellos– sobre la presunta actividad criminal de unchaval, para que aquel autorice la entrada y registro en sudomicilio y la detención incomunicada. No siempre habráorden judicial que permita la irrupción en la residencia fami-liar. Lo recogía así El País en octubre de 2001: «el futuro Cen-tro Nacional de Inteligencia (CNI) podrá intervenir comunica-

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ciones y entrar en domicilios sin permiso judicial previo,siempre que se trate de casos urgentes e investigacionessobre terrorismo». No todas las investigaciones sobre terro-rismo presentan esa emergencia. Las que no se derivan deuna persecución ab origine y en caliente, sino que por contrase suponen fruto de una paciente investigación científica, nodeberían después sustanciarse en una irrupción policial sinorden judicial y con la tarjeta de presentación de la nocturni-dad, la alevosía y la violencia extrema. Pero así resulta ser.

La Instrucción policial que indica la forma en que se debellevar a cabo la entrada y registro de un domicilio privadoespecifica que el agente debe operar con «serenidad emocio-nal y el autocontrol, aún en situaciones de riesgo». Es másque improbable que en la detención de un joven que, en lamayoría de los casos, convive con sus padres y que toda surelación con armamento y explosivos se reduce como muchoa las sustancias que ha podido encontrar en la bajera de sucasa, justifique el grado de fuerza y contundencia con que elarresto se despliega. La entrada cuando todos duermen, la uti-lización de explosivos para la voladura de la puerta, la inva-sión del domicilio entre gritos, amenazas e insultos, elempleo de armamento de guerra con que se encañona atodos los miembros de la familia, así como las técnicas para«neutralizar al sospechoso» recién arrancado de su sueño,con la aplicación del mayor grado posible de violencia contraél, son los criterios que configuran el protocolo de entrada yregistro policial. El riesgo no es, como se ve, para los agentes.

A raíz de la quema de un autobús urbano en Igeldo, el 31de agosto de 2002, se llevaba a cabo un operativo que se saldócon un total de 18 detenciones. Doce de los jóvenes donostia-rras denunciaron haber sido víctimas de tortura a manos dela Guardia Civil. En el caso de uno, Iker Beristain, el institutomilitar irrumpió en su domicilio en el barrio de Puio sobre la01.00 de la madrugada. En ese momento, el joven intentó

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escapar saltando por la ventana. Vecinos confirmaban que«debajo de su casa hay rastros de sangre».

Los hechos recuerdan a otro joven, este de Orereta a fina-les de los años ochenta. Para escapar de la detención violentay la tortura, se lanzó por la ventana. Mikel Arrastia encontróasí la muerte.

R–azyah

La ejecución de la detención en redadas, procediendo lasfuerzas de seguridad del Estado a aprehender a un grannúmero de personas al mismo tiempo y en el marco de unmismo operativo, es algo habitual. Estos arrestos «en masa»se han venido a denominar gráficamente razia, palabra deri-vada del término argelino R –azyah, que se refería a un ataquesorpresa contra un asentamiento enemigo. Con este método,las incursiones policiales ponen patas arriba todo un puebloo una comarca, desde el convencimiento de que cuadrillasenteras tienen algo que ver, en un grado o en otro, con loshechos que se pretende castigar.

La batida policial es exigida antes y justificada despuéspor medios de comunicación o representantes políticos. Alser el objetivo demostrar la eficacia policial inmediata, laprisa por sacar músculo lleva a que la operación se haga a cie-gas. La captura del grupo no es el producto lógico de pacien-tes y concienzudas investigaciones científicas sobre los he-chos y sus hipotéticos autores. Se impone el método deentrar a saco en una operación de reconocimiento. Pero, antela inexistencia de indicios racionales y objetivos de culpabili-dad, hará falta un asidero para sostener la acusación: una vezen comisaría se interroga al grupo de apresados y con lasdeclaraciones que se arrancan se construyen las inculpacio-nes a quien las pronuncia o a su amigo. En definitiva, con laspiezas obtenidas se va completando el puzle. Cuando se

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busca tan insistentemente eficacia, no queda margen parabuscar la veracidad. Pero ¿a quién importa? Ahora tienen elcorral lleno de chivos expiatorios.

Recientemente, delegados españoles ante el Comité Con-tra la Tortura de la ONU mostraban sus cartas al pretender jus-tificar por qué no impulsan la abolición de la incomunica-ción. Confesaron a los expertos internacionales que consi-deraban el régimen especial «un primer momento en lainvestigación de vital importancia». ¿Un primer momento?Ellos mismos se han delatado, ¿y las investigaciones previasque justifiquen la detención?, ¿y el paciente aprovisiona-miento de información, datos, verificación de pruebas, segui-mientos...? Traicionados por su subconsciente, reconocen queel sistema español es exactamente lo opuesto del modelodemocrático de la «policía científica». Se pervierte la formade conducir una investigación criminal, se pretende con elinterrogatorio bajo presión y tormento sustituir las laboriosaspesquisas policiales de inteligencia. Aunque parece cada vezmás evidente que emplear inteligencia y policía en la mismafrase es un insulto a la primera.

Lo más destacable, por tanto, es el incumplimiento delespíritu de la legalidad por parte de las fuerzas de seguridaddel Estado, ya que se trata de detenciones prospectivas.Tomando como sustento las declaraciones de los primerosarrestados, se practican nuevas detenciones. Así, se enlazauna operación con otra. Es el método de la detención en cade-na, apoyada en el anuncio temible de que «la operación per-manece abierta».

Así sucede en las grandes redadas de Iruñerria en 1994 yen 1996, las de Ezkerraldea de 1997 o las de Getxo y Leioa en1999. Al arresto de nueve jóvenes que practicó la Ertzaintzaen Hernani a mediados de abril de 2000, se le se sumaronotras doce detenciones más diez días después. En UribeKosta, durante 2002 se realizarán operativos concatenadoscon decenas de detenidos. A finales del mismo año se inició

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otra operación en Ezkerraldea con una docena de jóvenesarrestados, para propagarse a Bilbo y, al fin, a Hego Uribe yDurangaldea, en una operación que se cierra diez días des-pués con otros siete capturados. En 2003 la detención encadena será en Donostia... Un verdadero rosario de detencio-nes exploratorias, siempre alimentadas por el aplauso a la efi-ciencia de los cuerpos de seguridad del Estado, con el inesti-mable parabién mediático.

Por tanto, otro componente del traumático paso porcomisaría será la carga de conciencia por la delación del cole-ga, del compañero de barrio o de militancia, de tu amigo. Sibien te han obligado a ello, si bien queda la intuición de queno podías resistir más, se hace insoportable la sensación dehaber cedido ante la soledad, el miedo, la presión, el tormen-to. Un método de conducir la acción policial doblemente infa-me.

La gravedad de esta forma de actuar no reside única yexclusivamente en el carácter aleatorio e indiscriminado y,por lo tanto, injusto del método de la detención. El desenlacede esta ruleta rusa ha sido la posterior liberación, por la puer-ta de atrás y ya con las cámaras apagadas, de la gran mayoríade los detenidos.

Eso sí, marcados por el tratamiento recibido bajo custodiapolicial. Nadie es igual en el antes y el después.

Tras el muro

Detengámonos un momento en el tratamiento dispensado aljoven. Este ha sido trasladado a la comisaría o acuartelamien-to donde estará sometido a custodia. Desde su reciente consi-deración de terrorista, la detención incomunicada que se leaplica permite un aislamiento absoluto del mundo exterior.

El muro tiene dos caras. A un lado se han quedado fami-liares y amigos. Con el desconocimiento sobre el estado y el

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paradero de su ser querido, comienza, también para ellos, uncalvario: tocando puertas de comisarías y responsables poli-ciales y políticos, descolgando teléfonos con el alma en vilo yvolviéndolos a colgar con la rabia de recibir un «no sé de quéme habla» por respuesta. La suposición sobre el trato que sele dispensa al arrestado y la sospecha basada en testimoniosanteriores de lo que sucede intramuros de comisaría, suscitanun cuadro de estremecedora desprotección.

Sus abogados no tienen acceso a más información. Losmédicos a quienes la familia pueda recurrir para que se inte-resen por el estado de salud del chaval, en ocasiones con afec-ciones de salud o sometidos a terapias, se muestran incapacesde superar el muro de silencio.

Es una detención secreta, ya que está desaparecido para elmundo, sometido a los designios de un captor que los fami-liares solo imaginan rayano al sadismo. Las Naciones Unidastrabajan con la hipótesis de que una detención secreta deestas características entraría en la categoría de desapariciónforzada si fallan los mecanismos para conocer el paradero y lasituación del detenido. Palabras mayores, pero bien traídas.

En el otro lado, la imposibilidad de comunicar con la rea-lidad extramuros, asfixia a quien más necesita esa bocanadade oxigeno: el o la joven bajo custodia policial. Privada decontacto con el resto del mundo y con los demás arrestados,a quienes tal vez oye por los pasillos al ser trasladados, gri-tando en las salas de interrogatorios, llorando en la celda con-tigua. Solitaria, indefensa, desasistida, desprotegida en unascircunstancias a las que, ni en su peor sueño, había pensadoque se acercaría. También la Organización universal de salva-guarda de derechos humanos maneja una presunción: unadetención sin comunicación con el exterior por más de dosdías se puede considerar un trato cruel o degradante sin nece-sidad de que concurra ningún otro elemento. La angustia, laansiedad a que se somete a la persona arrancada del mundoes, en sí, una medida inhumana.

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Pero es que, además, en cinco días de opacidad puedenpasar muchas cosas. Y es que, esta modalidad de cheque enblanco en la custodia ofrece a la policía el tiempo necesariopara arrancar las declaraciones que estime necesarias, paraconocer los elementos que nunca necesitó conseguir pormedio de una paciente investigación. Cinco días para destro-zar al detenido como activo político, para machacarle comoser humano. La experiencia traumática le dejará marcadopara el resto de la vida.

En referencia a los métodos de tortura que habitualmen-te utilizan las fuerzas de seguridad en el Estado español,habría que hacer una serie de precisiones. Se ha pretendidodibujar una raya imaginaria que diferenciaría el tratamientoque se dispensa a los sospechosos de ser miembros de ETA,por ser este más riguroso que el que se otorga a jóvenes dete-nidos por actos menores de kale borroka. Pero esa estima-ción no siempre es real. Tampoco es cierto que los métodosmás físicos que practica la Guardia Civil dejen una huellamás profunda que los empleados por la Policía española o laErtzaintza, métodos más sicológicos, más sutiles, tildados de«científicos»... pero que han destrozado a decenas de jóve-nes.

Cierto es que el instituto militar fundado por el duque deAhumada gestiona el «prestigio» que le precede. Será maes-tro en la violencia más desenfrenada y depravada, con golpespor todo el cuerpo, empujones sin descanso y sin mesura. Alos métodos más clásicos –la bolsa, electrodos, el simulacrode ejecución, la vejación sexual e incluso la violación–, inten-tan aportar nuevas innovaciones masoquistas, como son, porejemplo, «el sándwich» o «la momia», envolviendo al jovenen colchones –en el primer caso– o mantas –en el segundo– einmovilizado con precinto, para después recibir toda clase degolpes, o aplicarles en esta situación otros métodos, como labolsa, los electrodos. Un trato aderezado con humillaciones,insultos, amenazas de todo tipo de perversiones… Nadie cons-

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ciente de la dilatada reputación que arrastra este cuerpo dudade que sean capaces de llevarlas a la práctica.

En cuanto a la Policía española, con competencias en losnúcleos urbanos, destaca su actuación en Iruñerria, dondemás evidente constancia ha dejado de su hacer. Los golpes,tirones de pelo, empujones y técnicas de asfixia se entremez-clan también con insultos y amenazas contra el joven o sucírculo más inmediato. Este cuerpo ha demostrado en dema-siadas ocasiones conocer al dedillo los hábitos, gustos y amis-tades de las personas a quienes someten al tormento. Kristi-na Montoia denunciaba en su testimonio que le «amena-zaban con temas sexuales», mientras que escenificaban simu-lacros de ejecución con una pistola: «¿Dónde quieres que tedisparemos, en la cara, en la boca, en la cabeza, en el cora-zón?», preguntaban dirigiendo el arma hacia esas partes. Leaplicaron la bolsa en dos ocasiones. «Uno me agarró por elpecho y levantándome del suelo empezó a golpearme contrala pared. Ya no podía más». Tenía diecinueve años cuando seprodujeron los hechos.

Similar es la actitud, en el ámbito de sus funciones terri-toriales, de la Ertzaintza. El conocimiento de la esfera de rela-ciones del joven, de su cotidianeidad, el manejo de su formade expresarse, incluso de su lengua, facilita la confusión deldetenido. Entonces, se entra en un juego demoledor de con-trastes: la condescendencia junto con los métodos más agre-sivos, como son los golpes o la bolsa; la asistencia despuésdel insulto y la amenaza; el apoyo y comprensión tras elengaño. La desorientación, al recrear magistralmente el méto-do del policía bueno-policía malo, es arrolladora. La policía deLakua se ha especializado en aquellos métodos que no dejanmarcas, en particular en la tortura sicológica y en un sistemabasado en la extenuación física: obligación de permanecer enpie durante horas, con las piernas abiertas o flexionadas, conlos brazos en cruz, levantados por encima de la cabeza oextendidos hasta el límite hacia atrás, con el torso doblado, la

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cabeza agachada o entre las piernas, de rodillas, en cuclillas oa la pata coja... Las variables son infinitas. Los ertzainas cola-borarán cargando su peso en piernas o brazos del detenidopara incrementar la sensación de mala postura y el dolormuscular. La supresión de los estímulos del exterior –luz,aire, olores, etc.–, así como la privación de sueño, de comida,de bebida, de aseo y de referencias temporales, llevan a lacapitulación de la persona sometida a estos métodos. Sobreellos planea la sospecha de la utilización de sustancias aluci-nógenas o narcóticas con sus víctimas, los temibles «suerosde la verdad».

Y sin embargo, ¿quién sabe lo que ahí sucede? Al ser loque transcurre en la oscuridad de las mazmorras feudo de lointangible, siempre hay una pugna entre la credibilidad deltestimonio del joven y la versión policial. Esta versión siem-pre ha contado con el verbo airado de los políticos que se hanrasgado las vestiduras para negar absoluta y categóricamentela existencia del fenómeno. Este punto de vista nunca encon-trará mejor aliado que la apatía y pasividad de ciertos otrosresponsables políticos, medios de comunicación y organis-mos sociales para que lo sucedido se mantenga en la incógni-ta, en un interrogante pasajero.

Negación y apatía, esencias de las que se alimenta el pará-sito de la tortura.

La negación de la tortura

En un estado de derecho, la tortura es delito, y solo existenlos delitos que son detectados por la justicia. Y ante la inexis-tencia de condenas, este fenómeno no existe sino en el reinode lo imaginario. Con ese fácil silogismo, el guión «democrá-tico» niega lo evidente.

En la pugna por la credibilidad entre los denunciantesfrente a los denunciados, estos últimos echan mano de un

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latiguillo recurrente: siguen el «manual de ETA», la presuntadirectriz a sus militantes para la denuncia sistemática dehaber sufrido tortura. Si los «grupos Y» son parte de ETA, estostambién tiran de «manual». Otra jugada de lógica básica.

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno deLakua hizo público in extremis el «Informe sobre Víctimas deVulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violen-cia de motivación política», que fue presentado ante la Comi-sión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz el 24de junio de 2008, justo antes de que se hiciera efectivo el rele-vo de gobierno. El director saliente, Jon Mirena Landa, dejaun regalo envenenado a quien le releve, ya que el informetoma como objetivo «aportar evidencias contrastadas» queayuden a soportar que las denuncias de tortura no estánsometidas a directrices, sino que, al contrario, estas respon-den a vivencias personales reales. Aporta dos datos: el 70%de los casos en que no se encontró vinculación del detenidocon ETA este ha denunciado torturas. En contraste, un 29% delos que fueron condenados por pertenencia –y por lo tantodeberían asumir las directrices de ETA– no la denunciaron.Esto puede interpretarse de tres maneras: que, por un lado,cumplen con esa directriz hasta quienes los tribunales consi-deran que no son miembros de la organización armada. Deotro, que los miembros de ETA son unos indisciplinados, por-que no todos los condenados por serlo la cumplen. O lo quesería más lógico: que tal directriz no existe y simplementequien denuncia la tortura es porque la ha sufrido en sus pro-pias carnes. Es interesante ver cómo el trabajo viene a des-montar uno de los principales ejes por los que se ha intenta-do desprestigiar la vivencia más intima de miles de personas.Y alarmante ver la poca difusión que se ha querido dar a lasconclusiones de este importante informe.

Decíamos que las autoridades españolas consideran que lakale borroka responde a los impulsos de la organización arma-da, por lo que quienes participan en ella también deberían res-

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petar el manoseado manual. Tomando en consideración nues-tras propias fuentes, de las 1.383 entradas referentes a jóvenesdetenidos entre los años 1992 y 2007, un total de 475 habríandenunciado haber sufrido algún tipo de mal trato o tortura, loque supone más de un tercio –concretamente, el 34,34 %– deltotal de detenciones. Y este dato es absolutamente a la baja.

Si alguien tendría la tentación de buscar alguna conexiónentre la denuncia de tortura y la autoría con los hechos impu-tados, calcando el razonamiento del informe del ex directorde Derechos Humanos de Lakua, encontramos que quienesdenuncian haber sufrido este trato inhumano –recordamos:475 personas– superan con mucho los 348 que confirmába-mos habían sido condenados por kale borroka. Chavales quese complican la vida denunciando mentiras. Se constata asíque el fenómeno del mal trato a la juventud vasca apareceabsolutamente ajeno a la eventual participación de los jóve-nes en los hechos imputados. Ni todos quienes fueron conde-nados por sabotajes denunciaron tortura ni todos los que ladenunciaron tenían algo que ver con sabotajes. No son todoslos que están, ni todos los que están lo son.

El dato nos ayuda a mantenemos fieles a la posición departida de que, sean cuales fueren las acusaciones o respon-sabilidades penales que se les exijan, los jóvenes que denun-cian tortura no siguen ningún tipo de directrices de nadie.También el Relator para la Tortura de Naciones Unidas, Theovan Boven, es de esta opinión. En su contundente informe enfebrero de 2004, tras su visita al Estado español, entraba delleno en la cuestión de la credibilidad:

… a la luz de la coherencia interna de la información recibi-da y de la precisión de los detalles de hecho, el Relator Especialha llegado a la meditada consideración de que esas denunciasde torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabu-laciones.

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Indiscutible. No lo decimos nosotros. ¿Qué mueve enton-ces a denunciar torturas a un joven? Tal vez la razón esté enque la experiencia irrepetible e infame que ha vivido le dejauna deuda que saldar con su torturador, con la sociedad y conla verdad. Y consigo mismo.

La delegación española presente en el Consejo de Dere-chos humanos donde van Boven hizo público el informetomaba la palabra, insultaba al experto y abandonaba la sala.Quienes, desde su más absoluta ceguera o indolencia, nieganla existencia de la tortura tienen la partida perdida.

Protocolos

La tortura germina en la humedad de las mazmorras, en laoscuridad de los calabozos, abonada por las evasivas de res-ponsables gubernamentales. En esa atmósfera se hace vigoro-sa, fuerte, eficaz. Pero también la lucha contra ella ha evolu-cionado y se ha hecho más afilada. Hace apenas unos añosera necesario sacar este fenómeno de las sombras a la luz.Hoy nadie con ojos en la cara y un mínimo sentido del ruborpone en duda su existencia. La denuncia de la impunidad y lareivindicación de justicia –reconocimiento y reparación a susvíctimas– ha calado en la sociedad, si bien todavía apenas sehan dado pasos prácticos en esa dirección.

Pero hay una reclamación que se abre poco a poco espa-cio entre lo que es y lo que debería ser. La necesidad urgentede evitar por todos los medios que una persona sea sometidaa tortura: esta lucha contrarreloj, a la desesperada, es la luchapor la prevención. Ya que la posibilidad de que los malos tra-tos aparezcan bajo el régimen de incomunicación supera elrango de la mera sospecha, buscar rendijas por las que colar-se y, poco a poco, horadar con la luz ese espacio opaco es unobjetivo en sí mismo.

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Se puede objetar que la lucha contra la tortura debe ten-der hacia su erradicación. Cierto. Pero mientras, la angustiadel detenido y de las propias familias ante el riesgo real, pre-sente, actual de la tortura precisa respuesta urgente. La preo-cupación hecha pública por las asociaciones contra la torturay por centenares de recomendaciones de expertos, ha obliga-do a las autoridades a mover ficha y a ensayar algunos meca-nismos para la prevención de la tortura.

La Ertzaintza fue la primera en hacerlo. Tal vez más preo-cupada por el impacto que los testimonios de torturas teníaen el espectro social del partido que hasta hace poco la diri-gía, que por remilgos ante este trato. En cualquier caso, susresponsables políticos se vieron obligados a poner en marchael denominado Protocolo para la Asistencia a Personas Dete-nidas en Régimen de Incomunicación, que preveía ciertasmedidas que deberían prevenir la tortura –y la «falsa acusa-ción contra los agentes», se apresuraban a añadir–. Estasmedidas consistían principalmente en dar noticia a la familiadel estado y localización de la persona detenida, así como lagrabación audiovisual de los interrogatorios. A los primeros aquienes dijeron habérselo aplicado fueron Oskar Pérez, Ain-geru Cardaño, Aner Gómez, Aitor Fernández y Naiara Malla-bia. Mientras, sufrían golpes, empujones y eran obligados arealizar todo tipo de ejercicios extenuantes. Se constató quelas previsiones del resplandeciente Protocolo no dieron resul-tado. Hasta el propio Ararteko denunció que no se practica-ban las medidas prometidas, en especial, la que parecía lamás eficaz: la grabación.

La importancia del hecho residía en que los responsablesdel departamento que dirigía Balza se veían en la obligaciónde maniobrar para evitar que el escándalo de la tortura lessiguiera acechando en cada esquina. Así, hasta que paulatina-mente dejaron de utilizar el régimen de incomunicación. Enefecto, en el año 2004, y tras casi un año de la campaña dedistracción que supuso el Protocolo, se desiste de emplear ese

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régimen, y, por ende, de torturar. Había otra razón prácticapara desestimar el tormento: la confianza –casi adoración–que sentían por las pruebas biológicas de ADN. La asociaciónGurasoak constataba en las épocas inmediatamente anterio-res a que se desestimara la incomunicación que estaba en-trando en desuso. Ya habían detectado que cuando no poníana sus hijos bajo este régimen era porque en la investigaciónaparecía la difusa sombra de los perfiles genéticos. No muchomás veraz, pero habían encontrado un sustituto.

La Consejería que entonces dirigía Javier Balza se atuvodurante cuatro años a aquella declaración parlamentaria apo-yada por su partido que aseguraba que «la tortura se practicacon mayor frecuencia durante la incomunicación». Sin em-bargo, en marzo de 2009, rescatan las antiguas artes cuandoagentes de Arkaute reciben a Manex Castro, joven de Villabo-na detenido bajo incomunicación, con un «te hemos cazado.Ahora nos vas a cantar todo. Te vamos a meter una manguerapor el culo. Vamos a detener a tu madre, la vamos a follar».Aparentemente habían cambiado las circunstancias. Sepuede especular sobre por qué en aquel momento preciso deelecciones autonómicas, en que se preveía que la Ley de Par-tidos trucaría las mayorías, el PNV todavía quería aparecercomo un buen socio del que fuera, dispuesto a lo que sea contal de mantener la butaca.

Lo que realmente se puede constatar es que, sin voluntadpolítica, estos protocolos devienen una simple cortina dehumo. Si no se acompaña de la abolición de este régimenespecial de custodia, la tortura permanece agazapada, latente.Su aparición dependerá de ciertas variables, intereses, que eneste caso concreto parecían haber mutado. La familia de Cas-tro no tuvo constancia de la llamada para recibir explicacio-nes sobre el estado del joven; sus abogados, como siempre,no tuvieron acceso a las imágenes audiovisuales presunta-mente avaladas por organismos varios. Gentes de Villabonaexigían que si existían las grabaciones tomadas a Manex

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durante su cautiverio, estas fueran emitidas en la plaza delpueblo. Pero en estos pulsos públicos, la Administraciónrecula.

Así, sin voluntad real de acabar con la tortura, podemosentender el recorrido tan limitado que tienen este y otroscompendios de medidas. Como las instauradas por el Proto-colo Facultativo para la Prevención de la Tortura de las Nacio-nes Unidas. Cierto que es interesante: establece un sistemaindependiente de visitas a los centros de detención, pormedio del cual se puede tener conocimiento in situ de posi-bles prácticas de malos tratos. Podría servir. Pero el Estadoespañol ha maniobrado durante tres años para que estemecanismo se deje al fin en manos del Defensor del Pueblo,Múgica Herzog. Se le restan, así, sus tres pilares básicos: lasupervisión de la sociedad civil, la independencia y la efica-cia. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en laque participa junto con otras 44 más la asociación que firmaeste documento, ha rechazado como una piña dicha atribu-ción, al considerar que prestar a Múgica la gestión de dichomecanismo es sencillamente llevarlo a la vía muerta, mofán-dose además del organismo universal que lo impulsa. Unaherramienta que podía haber dado importantes instrumentosa la sociedad civil para saber qué pasa tras los muros de lascomisarías es fusilada, antes de nacer, contra esos mismosmuros.

Una última mención: la presión popular ha obligado tam-bién a los jueces a ser receptivos a las demandas contrarias ala tortura, enviándoles el mensaje de que no les queda másremedio que moverse. Fue Garzón quien decidió rebajar ten-sión –y ganar cierta notoriedad en plan garantista–, permi-tiendo tres medidas: poner en conocimiento de los familiaresla situación de las personas sujetas a incomunicación; permi-tir que un médico externo y de confianza del joven puedavisitarlo; y la promesa de que se dará grabación a la estanciaen incomunicación, algo que todavía no hemos llegado a ver.

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Cuatro jóvenes, Gorka Belasko, Koldo Moreno, XabierFernández de Gamarra y Urko Arroio, a los que el ministrode Interior atribuía la autoría de 40 sabotajes, fueron arresta-dos en julio de 2007 en Gasteiz y Agurain. Las detencionesfueron realizadas por la Policía española, que, según relata-ron los padres de los jóvenes, actuó con gran violencia. Eljuez Baltasar Garzón accedió a aplicarles el protocolo que lle-vaba su nombre y que, aseguraba, ayudaría a prevenir la tor-tura. Se permitió la entrada del médico de confianza y secomunicó a sus familiares el paradero y estado de los mis-mos. Los facultativos que pudieron entrar denunciaron todotipo de trabas, falta de confidencialidad en la asistencia conlos detenidos, incluso trato humillante por parte de los poli-cías. Estimaban, empero, que el contacto con el incomunica-do era un valor en sí mismo, que al menos le aportaba ciertoapoyo emocional en un momento de máxima soledad y deso-rientación. La llamada telefónica a la familia sirvió para queestos sobrellevaran mejor el calvario de la falta absoluta denoticias. De la grabación, nuevamente, nadie sabe nada.

Pese a todo, los jóvenes alaveses denunciaron insultos,amenazas y golpes durante el trayecto a Madrid, que, comoen tantísimos otros casos, no obtendrán reflejo penal o disci-plinario contra los agentes que los propinaron. Como meca-nismo para prevenir la tortura no funcionó.

Nuevamente, esas presuntas medidas del «protocolo Gar-zón», que no aparecen acreditadas en ningún texto legal oreglamentario, vienen a aplicarse de forma aleatoria, volunta-rista, sin ningún tipo de obligatoriedad ni de rigor. Hoy sí,mañana no. Esto hiere de muerte a su efectividad. De hecho,de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional,tres se posicionan a favor y tres en contra de aplicarlo. Losmedios de comunicación aprietan las tuercas al trío favora-ble: El Confidencial publica en su página web un artículo,citando fuentes policiales, en el que censura que «Garzón seha puesto garantista, hasta el punto de hacer observar ciertas

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recomendaciones de la ONU […] que otorgan a los sospechososde actividades terroristas unas prerrogativas que hacen real-mente difícil la investigación policial a la hora de obtenerinformación de los detenidos». Tal prerrogativa no es otraque el derecho insoslayable a no ser sometido a tortura.

Esa actitud de apología de la tortura y la alabanza a su efi-cacia para el propósito de mejorar la cuota represiva es, sinduda, el mayor de los obstáculos con los que nos encontra-mos quienes denunciamos la existencia de esta lacra.

Debemos deducir, pues, que el Estado español no tieneninguna voluntad de adoptar medidas eficaces contra la prác-tica de la tortura, porque le es rentable. Así, mantienen antela opinión pública la justificación de la incomunicación, ycon ella del tormento, insuflando la vena irracional de laemergencia antiterrorista que lo justifica todo. Paralelamente,al no tener más argumentos frente a aquellos organismosinternacionales que les repiten una y otra vez sus recomen-daciones, las autoridades asumen a regañadientes abrir espa-cios de debate sobre medidas de prevención.

Hay que rebajar tensión ante dichos organismos. Des-pués, de vuelta a casa, ya llevarán esas medidas a un callejónsin salida.

La tortura ante la Audiencia Nacional

Lo anteriormente dicho nos deja una cuestión abierta sobreel porqué del empleo de la tortura: ¿es eficaz?

Los expertos nos recuerdan que su práctica es unanorma de ius cogens, una prohibición imperativa y no sujetaa ningún tipo de modulación o justificación. Los estados delmundo han decidido que la tortura está vedada en toda cir-cunstancia. Además, según la legislación española, es undelito.

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Contradictoriamente, vemos que la tortura, conducida deforma experta, como lo hacen al menos las policías queactúan en los cuatro territorios del sur de Euskal Herria, darendimientos en términos de investigación, aporta elementospara el enjuiciamiento de los delitos que analizamos. Ciertoque no es eficaz en términos de búsqueda de la verdad, pero,¿a quién importa? Ayuda a cumplir el cupo, siempre enascenso, de procesamientos por los delitos que, casualidad,confrontan al Estado. Al mismo tiempo, destruye a quien sela aplican y genera parálisis en los que pueden estar implica-dos en estos hechos o en otros. Tiene un efecto disuasorio,envía un mensaje de contundencia, ejemplarizante, un avisoa navegantes. Sí, parece eficaz.

Pero para que un hecho delictivo sea utilizado con efi-ciencia, debe tener un importante aval, una cobertura igual-mente eficaz. Esa será la función de la Audiencia Nacional.

En primer lugar, no se puede obviar la nula intervenciónjudicial para que se garanticen los derechos fundamentalesde las personas detenidas. No olvidemos que estas dependendel juez, ya que están en esas circunstancias de arresto por suautorización y bajo su responsabilidad. Para el juez, incomu-nicar a un joven supone rellenar un simple formulario. Parael joven es la diferencia entre tener derechos o no tenerlos.

Hay tres momentos en que un detenido puede declarar:ante la policía, ante el juez de instrucción –quien realiza lainvestigación– o ante el tribunal que conduce el juicio –losdos últimos con idéntica sede–. Se deduce fácilmente que lacalidad de lo confesado será más dudosa en tanto en cuantoel arrestado tenga menos espacio para declarar en libertad. Yviceversa. Simple lógica.

La declaración policial es, pues, de calidad ínfima, y aun-que cada vez le están dando mayor valor en el juicio, hastaahora así lo reconocían los magistrados. Entonces, se des-prende que no basta con arrancar la declaración autoinculpa-toria o que inculpa a terceros en el interrogatorio policial.

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También tiene que llegar a su último destino: el juez. Se bus-cará que, tras poner la declaración del detenido negro sobreblanco en el atestado policial, esta sea también ratificada anteel juez que instruye el sumario, ya que así su validez comoprueba aumenta. ¿Cómo se asegura que el detenido hagasuya la declaración más allá de la verja de la comisaría? Apu-rando al límite el estado de shock en que este se encuentra;por medio del engaño de que, de no repetir la declaraciónadecuada ante quien la tiene que escuchar de la propia vozdel joven, este será devuelto a comisaría; con la amenaza deque, si no lo hace, volverán a encontrarse en la calle.

Avalado por el informe forense de que «está en condicio-nes de declarar», asistido por una maceta con carné de abo-gado de oficio, el detenido se enfrenta en solitario al juez. Elinstructor, que redactará el sumario de acusación conforme alos «elementos» que se muestran ante él, prefiere tomardeclaración en estas condiciones. Aprovechando las circuns-tancias de agotamiento, desorientación y miedo, tiene másoportunidades de conseguir jugosas confesiones. Con su acti-tud apática, el juez cierra así el círculo del tratamiento inhu-mano en aras de la investigación. Ha pasado el infierno. Lasuerte está echada.

Se puede decir que todos los jueces titulares de los seisJuzgados de Instrucción del tribunal especial han tenido con-tacto con jóvenes que les han relatado la práctica de la tortu-ra, probablemente por docenas. Sin duda, todos ellos hantenido constancia de primera mano de estados de ansiedad,derrumbamiento de las personas que se sientan frente a suescritorio. Probablemente habrán podido constatar la exis-tencia en sus cuerpos de hematomas y heridas de recientefactura. Tal vez han visto los restos de sangre que ensuciabansu ropa.

Ninguna de sus ilustrísimas ha abierto expediente por loshechos delictivos que se les han manifestado, acompañadosde las constataciones que han podido efectuar con sus pro-

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pios ojos. Ninguno de ellos ha considerado que estas actua-ciones deben ser investigadas, tal y como por algún motivo seven en la obligación de reclamar organismos internacionalesa las autoridades españolas. De haber considerado que loshechos delictivos no eran de su competencia, deberían haberdeducido testimonio al tribunal que consideren competente,para que realice la investigación y los enjuicie. Ninguno lohabía hecho… hasta que recientemente el juez SantiagoPedraz no ha podido más y ha abierto un expediente. ¿Uncaso entre miles? Más agraviante, si cabe.

En marzo de 1998, se procedió durante una intensa sema-na a la detención de trece jóvenes en lugares tan distantescomo Barakaldo, Donostia, Atarrabia e Itsasondo. El artíficepara estas operaciones espectaculares y aparatosas era nueva-mente el inefable juez de la Audiencia Nacional Baltasar Gar-zón. Todos coincidieron en negar ante el juez los hechos porlos que se les acusaba y en denunciar el trato recibido por laPolicía Nacional. Esta les había obligado, entre presiones ymalos tratos, a firmar un relato de hechos. Pusieron en cono-cimiento del juez haber recibido golpes en la cabeza, en lostestículos, uno de ellos sufrió la rotura de un diente y otromostraba marcas en su espalda. Síntomas de pánico, relatosde amenazas e insultos, presiones sicológicas… Garzón lo viocon sus propios ojos. Pero el campeón de la denuncia de latortura en otros hemisferios, se mantiene impertérrito, inmu-table ante estas declaraciones. Ya había sido culpado por elTribunal de Estrasburgo por no investigar torturas corres-pondientes a otros jóvenes, esta vez independentistas catala-nes, cuando tuvo conocimiento de los hechos. Es oportunomencionar la tacha en el currículum de un juez que se sientepor encima de lo humano y lo divino.

Entra dentro de la lógica de los guardianes del castillo denaipes de la «justicia excepcional», conscientes de su papel,que no exijan que se dilucide si medió tortura para arrancarla declaración inculpatoria. De reconocerse que la hubo, el

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sumario estaría viciado de raíz. Y los naipes caerían sobre lamesa. Cara arriba.

«No quiero morir», fueron las palabras de Jaime Iriba-rren, destrozado, ante el juez Bueren. El caso de torturanunca avanzó en una justicia que, ante ciertos hechos, semuestra autista.

Impunidad

Una vez que los jueces de la Audiencia Nacional miran paraotro lado, será el propio joven, asistido habitualmente por lasabogadas de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), quien debeinterponer denuncia por el delito de torturas del artículo 174del Código Penal. Los tribunales, esta vez las Audiencia Pro-vinciales ordinarias, las del lugar donde estuvo detenido, ini-cian una carrera contrarreloj ante la denuncia… para desen-tenderse de ella. Desatienden cualquier petición de losabogados, ahora instituidos en acusación particular, para quese practiquen investigaciones, se tome declaración al deman-dante, a testigos y a posibles torturadores, se incorporen losinformes forenses, etc. No es que los tribunales competentessimplemente fallen en el principio de diligencia, sino que suactitud militante impone todo tipo de trabas a la acción delos demandantes.

El caso de Gorka Gómez tuvo cierto interés en este senti-do. Según denunció ante el magistrado del Juzgado de Ins-trucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Carlos Divar, cuatropolicías encapuchados le habían torturado poco después deser arrestado por su presunta relación con acciones de luchaurbana. Golpes en la detención, golpes en el coche, golpes enun descampado cercano a Iruñea. Un policía le colocó unapistola en la cabeza y le dijo que lo iban a matar «como aLasa y Zabala», mientras otros cavaban una fosa. A continua-ción, los agentes le bajaron los pantalones y le pusieron de

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rodillas en el suelo para acercarle a los testículos un aparatoque el joven describió como un instrumento que proyectabarayos azules y producía fuertes descargar eléctricas. Uno delos policías le acercó el pene al ano. Le mearon encima.

Pese a que negó los cargos presentados contra él, el juezCarlos Divar decretó su ingreso en prisión. Tras la consabidainacción del juez del Tribunal antiterrorista, sus abogadosinterpusieron denuncia ante el juzgado competente parainvestigar el caso.

Un informe realizado en el Hospital de Navarra habíadiagnosticado una policontusión en cabeza, cara, piernas ybrazos, por lo que la Audiencia de Iruñea se interesó por elcaso. Celebró una vista en la que los agentes reconocieron eluso de la violencia, pero la justificaron en la resistencia queopuso el joven. Ante la imposibilidad de negar los hechos, elministerio fiscal solicitó un mes de arresto y una multa demil pesetas por día para dos policías y la absolución de untercero incluido en la causa. Pero la juez María José ZuecoMelero lo tenía más claro: archivó el caso al no encontrar evi-dencias de delito. Ahí termina el recorrido judicial.

También tuvo visos de excepción el recorrido judicial delcaso de Asier Arriola, detenido en noviembre de 2005 juntocon otras 14 personas que asimismo denunciaron malos tra-tos. Se incoaron diligencias contra cuatro guardias civilesimputados por torturar al joven vizcaíno. La peculiaridad delcaso residía en que el primer informe médico redactado en elHospital de Basurto no había constancia de heridas, mientrasque en los informes diarios del médico forense de la Audien-cia Nacional sí se daba cuenta de ellas. Ya no se podía justifi-car en la violencia necesaria en la detención. Aún así, faltosde otro argumento y acostumbrados a que este cuele, en elinicio de las diligencias de instrucción en un juzgado de Bilbolos agentes indicaron que las marcas eran derivadas de unintento de fuga y de lesiones infligidas por el propio joven.Cabe destacar que Arriola había relatado en su testimonio

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que se golpeó en la cabeza para que de esa forma los guardiascesaran en su proceder. Ahí encontró asidero el tribunal.Autolesión. El caso no progresó más.

En esta operación también se encontraba la joven bilbaí-na Amaia Urizar, en cuyo testimonio se narraban hechoscomo la introducción de una pistola por la vagina. Su caso,dependiente de los juzgados de Madrid, ni siquiera inició elrecorrido judicial. El desinterés o desidia, o, más a menudo, la«inactividad activista» de los juzgados sitos fuera de EuskalHerria está más en entredicho que los de aquí. Alguna vez,estos todavía dan sustos a la policía. Este es el motivo por elque los cuerpos que tienen competencia en todo el Estadoprefieren conducir inmediatamente a otras comisarías a losjóvenes vascos detenidos. Por eso la Ertzaintza, que no tienealternativa, está obligada a operar con más cautela.

Cierto que en los juzgados sitos en Euskal Herria se hanproducido más diligencias que en otros para la investigaciónde los hechos, singularmente que los juzgados madrileños,ante quienes se ha presentado toda una batería de denunciaspor haberse producido en aquella ciudad los malos tratos.Aun así, ni allí ni aquí las denuncias han sido suficientes paracondenar a los torturadores, evidenciar judicialmente la exis-tencia de la tortura y ofrecer reparación y rehabilitación aquien la ha sufrido.

Decíamos que los intitulados «demócratas» aseguran solotener en cuenta los delitos que son detectados por la justicia.Y la inexistencia de condenas nos conduce, según ellos, a laúnica conclusión de que la tortura no existe sino en el reinode lo imaginario. Así funciona el estado de derecho. Esa es sugrandeza... y su simpleza.

Pero hay otra visión alternativa. Que todo el sistema,incluida la Administración de Justicia, esté diseñado paraavalar la tortura. Con distintas responsabilidades, pero todosestán en el ajo. Unos para darle eficacia. Otros, utilidad. Losde más allá, para dotarle de impunidad.

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Los jueces guardan en su bolsillo la llave que cierra eltrastero del sistema. Este solo será realmente democráticocuando alguien, de una patada, eche el portón y deje a la vistade todo el mundo la inmundicia que, durante tantos años, seha ido acumulando.

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la tortura blanca

CON EL TÉRMINO «TORTURA BLANCA» se ha querido expresar laaplicación de un trato cruel o degradante, que se pretendemás sutil, que no siempre va vinculado a la violencia física,tangible, y que está más bien enfocado a atacar las resisten-cias sicológicas de la persona a la que se aplica. Por otro lado,con este término se pretende hacer un deslinde de ese otrotratamiento que acontece durante la detención incomunicadaa mano de torturadores profesionales y cuyo efecto es severa-mente inhumano. Para los organismos internacionales, cual-quier violencia ilegítima ejercida por un agente del estado estortura. No obstante, acostumbrados como estamos a todoslos matices de la violencia estatal, aquí tendemos a establecerciertas categorías. Lo que llamamos «tortura blanca» no ocu-rre en cuarteles y comisarías, sino que se sustancia en losestablecimientos penitenciarios, en las cárceles. Es el destinoen el que, una y mil veces repiten todo pelaje de responsablespolíticos, acabarán los terroristas. Sin distinciones ni matices.

Tras haber pasado ya por esos museos de trofeos arranca-dos en cientos de operativos que son los despachos de los jue-ces de la Audiencia Nacional, ¿qué tratamiento ofrece el sis-tema al joven ahora preso?

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Los recluidos en prisión –presos preventivos antes del jui-cio, en cumplimiento de condena tal vez después– sufren untratamiento diferenciado y especializado con respecto al restode los otros internos de Instituciones Penitenciarias. Se debea que las imputaciones que han llevado al joven a prisión, apesar de los intentos de criminalización, tienen un insoslaya-ble perfil político. Como tantos otros entran como «vascos».Continuará siendo «terrorista» durante su estancia en pri-sión. El tratamiento a que les someten así lo atestigua.

Pero ¿cuál es el objetivo de la prisión? El actual ministrode Justicia, Francisco Caamaño, indicaba recientemente:

en 1978, los españoles decidimos dotarnos de un marcojurídico político que expresamente proscribe la pena como unfin en sí mismo y que ordena la configuración de un sistemapunitivo necesariamente orientado a la reeducación y a la rein-serción social, como así proclama el art. 25.2 de nuestra normasuprema.

Habla de reeducación y reinserción del preso. Por el con-trario, Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior, se jactabahace poco de que «tenemos un sistema penal durísimo: nohay ningún país en Europa que tenga 40 años de prisión efec-tiva». ¿Cómo casan estas dos manifestaciones? El derechopenal ¿debe servir para resocializar o para machacar alpreso?, ¿tras 40 años de pena se favorece su vuelta a la socie-dad?, ¿está ya reprogramado? Se plantea, en definitiva, lapregunta sobre el fin que debe tener la pena: ¿para qué seimpone un castigo? Detengámonos en esta cuestión.

Siempre ha habido una tensión entre dos maneras de verel sistema penitenciario. Las doctrinas llamadas «retribucio-nistas» del siglo XVIII consideraban que el delito es un mal,por lo que se castiga con otro mal –la pena– para equilibrar lainjusticia que se ha cometido. Intentan justificar desde unaposición de superioridad ética que la pena, como fin en símismo, compensa el mal que el trasgresor ha generado, apli-

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cando una dosis igual de represión. No importa su regenera-ción, simplemente hay que darle a probar su misma medicina.

Frente a ellos, desde una perspectiva más humana, otroscuestionan esta teoría y dicen que la pena debe tener un fin,una utilidad: prevenir delitos futuros, proteger la mayoría nodesviada, pero también procurar el mínimo malestar necesa-rio a los delincuentes. Para estos «utilitaristas», las penas sedeberían orientar a la reeducación y a la reinserción social delpreso.

Pues bien, hoy en día, la experiencia práctica nos diceque esa pretensión de que el castigo tenga alguna utilidadpositiva ha fallado estrepitosamente. La aplicación de lapena, tal y como se aplica al colectivo que estudiamos no ree-duca, sino que humilla; no rehabilita, sino que busca el arre-pentimiento; no reinserta, porque ahora, incluso cumplida lacondena, se ponen todos los impedimentos posibles para elacceso a la libertad. Se han abandonado, pues, aquellos prin-cipios humanistas, utilitaristas, que pretendían encontrar unfin en la pena. La teoría que sostiene Caamaño ha fracasadoestrepitosamente. Y por su parte, la teoría de Rubalcaba sepasa de frenada. No es de aquellos «retribucionistas», porqueno se sitúa en una posición de superioridad moral que le per-mite, como juez sublime ajeno a las partes, buscar el equili-brio perfecto. Rubalcaba es parte, se complace con penas des-proporcionadas, propone condiciones de vida inhumanas y,en definitiva, hace bandera de la pena como venganza políti-ca. Ha retrocedido al periodo neandertal punitivo.

Se vuelve al estado salvaje en el que el preso es el enemi-go y debe ser castigado para satisfacer los instintos másbajos: desagravio exigido por las «víctimas», represalia invo-cada por sus afines organizados en masa, sentimiento derevancha insuflado por los medios de comunicación, quienesairean y amplifican la petición de mano de hierro.

En el caso concreto de los jóvenes sentenciados a largaspenas por sabotajes de poca entidad, si alguien piensa que un

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castigo en estas condiciones va a redimir al preso, que va ahacerle renegar de las motivaciones que le impulsaron, queva a «reprogramarle», está equivocado por completo. Másaún, como veremos en el capítulo siguiente, cuando estosjóvenes son, además, menores. Opinar que el joven estarámás integrado y resocializado por haber cumplido la condenamás larga y en las peores condiciones, es desconocer absolu-tamente el ámbito social en que esta persona se ha movido.

Con el actual diseño penitenciario, la única sensación quequedará, tanto en el sometido al sistema penitenciario comoen sus familiares y amigos, será la de agravio. La de que se leha utilizado como cabeza de turco para conjurar un problemaque, en los actuales parámetros represivos, no tiene solución.Una venganza cruel por medio de un sistema plenamentearbitrario.

Sensación de infamia que se traslada también al entornosocial y familiar del reo político, que se siente también agre-dido por la prisión exacerbada. La liberación será el momen-to de eclosión de sentimientos de injusticia y de adhesión conla persona que ha sufrido ese trato. Este no precisará de rein-serción, porque estaba insertado. No precisa resocialización,porque sus relaciones sociales están intactas. Solo queda elregusto a injusticia perpetrada por un sistema rencoroso.

Piotr Kropotkin, el príncipe anarquista, protestaba elsiglo pasado: «la actitud regular de la sociedad y de la prensarespecto a los detenidos es de indiferencia completa, cuandono de odio: Nunca serán tratados tan mal como se merecen,se leía en periódicos que se las echaban de avanzados». En elcaso del preso vasco por motivos políticos, reconocido yacomo enemigo del sistema, también se le niega cualquier atis-bo de calidad humana.

Nos preguntábamos: ¿para qué se impone una pena?Hoy, para la aflicción, para generar dolor en las filas de ciuda-danos-enemigos, por venganza política, para hacer sufrir aljoven, a su familia, a su entorno y a su pueblo. Ni siquiera su

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recuerdo puede ocupar espacio público. La iniciativa deRodolfo Ares en la Comunidad Autónoma Vasca, inmediata-mente importada a la Comunidad Foral Navarra, es imple-mentada con total saña para que la memoria de los prisione-ros se circunscriba únicamente al ámbito privado de susseres queridos. ¿O, en un futuro próximo, también este seráun «espacio de impunidad», sometido a represión?

Las condiciones de vida

Establecer un paquete de medidas penitenciarias que afecte alas condiciones de vida del preso en atención a criterios polí-ticos atenta directamente al derecho de igualdad de todas laspersonas presas. Es además contrario a la filosofía de la LeyOrgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciariay al Conjunto de Principios para la Protección de todas lasPersonas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Pri-sión de Naciones Unidas. Es una práctica absolutamente dis-criminatoria, ya se aplique como un beneficio, en atención alos servicios prestados al Estado –se nos ocurrirán varioscasos–, ya sea un gravamen por haberse enfrentado a él.

Pero en la arbitrariedad, como en un muro de piedra conuna tiza, es difícil dibujar una línea recta. El sistema peniten-ciario español funciona como verdaderos reinos de Taifas.Cada prisión es un ente autónomo donde su director imponela ley del día a día, siendo el ejecutor e intérprete máximo delespíritu del Reglamento Penitenciario.

Hecha esa precisión, veamos las actuaciones lesivas de losderechos de los presos políticos vascos, entre ellos los jóvenesacusados por estos hechos que analizamos, en las que centra-remos nuestra atención. Hay que mencionar las agresiones ala integridad física de la persona detenida, ataques y palizas,por parte de funcionarios o de presos comunes con la actituddisplicente de aquellos. Estos asaltos al preso, tal vez tienen

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un carácter puntual, pero se soportan en estado de indefen-sión del preso deslocalizado. Porque sin duda, las condicionesde vida vienen derivadas de la medida estrella, marco de refe-rencia y que da soporte a todas las vulneraciones de derechosde la persona presa: la política de dispersión.

Esta se reconoce por ser el alejamiento premeditado delos presos de sus lugares de origen y de sus espacios natura-les afectivos. Pero es además la que facilita otra serie de casti-gos arbitrarios, tales como el aislamiento prolongado en cel-das y módulos especiales. Es la que imposibilita las comuni-caciones fluidas con familiares y amigos, además de por ladistancia a recorrer para realizar una visita, por las dificulta-des impuestas por cada centro: cacheos y controles invasivosa preso y familiares antes de entrar en los locutorios, condi-ciones nefastas de audición, recortes de visitas con los lista-dos reducidos a diez amigos, restricciones de llamadas telefó-nicas, grabación de todas las conversaciones, imposibilidadde comunicarse en euskera... La política de dispersión entor-pece una asistencia médica digna y, por el contrario, favorecela aparición de enfermedades graves y crónicas que, con unseguimiento médico elemental, podrían haber sido preveni-das o diagnosticadas y tratadas oportunamente. Ese bloquede medidas es el que prohibe cursar estudios en la Universi-dad del País Vasco, incluso para aquellos que ya estabanmatriculados antes de ser detenidos. Dicen que esta Universi-dad tiene abiertas las puertas a estudiantes de todo elmundo… menos a los vascos encarcelados. Por último, disgre-gar al colectivo de presos políticos por toda la geografía deambos estados impide el derecho a una tutela judicial efecti-va, al obstaculizar a los abogados el preparar la defensa decoimputados que pueden estar a cientos de kilómetros. Ladispersión ha servido además para designar un Juzgado Cen-tral de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, conjueces debidamente amaestrados para conocer las condicio-

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nes de vida y las incidencias dentro de las cárceles para lospresos políticos... y decidir en consecuencia.

La política de dispersión, aquella que apuntó el PNV y queapuntaló el actual Defensor del Pueblo, Múgica Herzog–aquel que a partir de octubre de 2009 gestiona el Mecanis-mo para la Prevención de la Tortura–, es la base sobre la quese asienta y desarrolla el tratamiento especializado a las pre-sas y presos políticos vascos, colectivo en el que se integranlos jóvenes acusados de practicar la kale borroka.

La dispersión o el alejamiento de los presos vascos de suslugares de origen han provocado que quien entrara y quiensalió sea una persona absolutamente distinta… y habitual ylamentablemente no en sentido positivo. El Relator para laTortura, Theo van Boven, se dio cuenta de esta circunstancia,por lo que recomendaba que «al determinar el lugar de reclu-sión de los presos del País Vasco, se debería prestar la consi-deración debida al mantenimiento de las relaciones socialesentre los presos y sus familias, en interés de la familia y de larehabilitación social del preso». Aquí, la resocialización seapareja con hacer pasar todas las penurias posibles al preso.

El EPPK

Los jóvenes detenidos, independientemente de la calificaciónde los hechos que haga el tribunal que los juzga y de la fic-ción que establezca sobre su «acción terrorista», son sin nin-gún lugar a dudas presos por motivación política. Considera-dos así por sí mismos, por el resto de los presos políticos, porsus familiares y por amplios sectores de la sociedad vasca.Tratados desde esa perspectiva por la Administración de Jus-ticia y penitenciaria en el día a día, si bien les niega dichoestatus. No se puede establecer una lectura parcial o particu-lar sobre el tratamiento concreto a estos jóvenes, ya que estapolítica afecta de igual manera a todos los presos políticos

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vascos, hayan pertenecido a ETA, a Segi, a la dirección del dia-rio Egin, hayan participado en la kale borroka o no hayanestado nunca encuadrados en ninguna estructura.

Se justificará el tratamiento especializado a este colectivoen razones de seguridad. Se dice que hay que actuar así paraevitar la presión del colectivo en la decisión del preso. Esdecir, se establece un marco de acción para el tratamientoindividualizado. Desde luego que este se ha hecho, pero no enbeneficio del recluso. El Estado se ha esforzado para conocerla evolución de la persona encarcelada, con todas las herra-mientas a su alcance como es la supervisión de la correspon-dencia, la grabación de las comunicaciones con amigos, confamiliares, con abogados. Recientemente se conocía, precisa-mente por la denuncia hecha por un funcionario de prisiones,la designación de carceleros para conformar unos denomina-dos «Grupos de Control y Seguimiento de Información». Unaespecie de inteligencia parapolicial que, al margen del régi-men y del tratamiento penitenciarios legalmente establecidos,ha de obtener de los internos, con métodos fuera de norma ysin la supervisión judicial que los legitime, «información rele-vante para la seguridad de la Institución y del Estado». Depen-diendo de esa información, se impondrán premios o castigosque afectan a las condiciones de vida del preso.

Así, se orquesta una manipulación absoluta sobre lo quepiensa o dice este colectivo, como gusta presentar la EITB, de«presos de ETA». Solamente reconocido como un solo cuerpopara hablar de quienes lo abandonan, para sacar a relucir suscontradicciones internas, cuando algún preso hace declara-ciones discrepantes. Situaciones bien aireadas en los mediosde comunicación tomando como fuentes las siempre intere-sadas filtraciones de Instituciones Penitenciarias.

Para romper con el aislamiento político y con la manipula-ción informativa, el Colectivo de Presos y Presas Políticas Vas-cas (EPPK) hizo un llamamiento en junio de 2003 a la ciudada-nía vasca para participar en un acto multitudinario bajo el

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título «Duintasun testigantzak». Con ello reclamaba ser reco-nocido un agente sociopolítico más, y ponía en marcha unadinámica de interpelación con asociaciones y partidos políticosvascos por medio de sus interlocutores designados para ello.Miles de personas abarrotaron el velódromo de Donostia en unacto intenso y conmovedor. Varias decenas de ex presos subie-ron al escenario bajo el lema «Euskal Preso Politikoen Kolekti-boa osatzen dugu, zein antolakundean borrokan ari ginen kon-tutan hartu gabe». Toda una proclama de pluralidad, pero a lavez de sentimiento unitario: «Conformamos el Colectivo dePresos Políticos Vascos sin tener en consideración la organiza-ción en la que militábamos». Si alguno de los grandes mediosde comunicación tendría la mínima decencia periodística, res-petaría en sus emisiones la naturaleza con que un colectivo seha querido presentar públicamente, en vez de utilizar sobre-nombres o subterfugios con el objetivo de despistar a la reali-dad. Denominar al PSOE socialista y obrero es un insulto a quie-nes todavía tienen respeto por esos apelativos, y ningún mediode comunicación que se considere serio se atreve a cambiarleel nombre en sus titulares. O a añadirle la coletilla de «autode-nominado» al PNV. No, el respeto a esta agrupación no es unode los activos de los que la prensa pueda estar orgullosa.

En este sentido, decíamos que no seremos nosotros quie-nes hagamos una lectura fragmentaria de ese colectivo. Sim-plemente, porque las condiciones en las cárceles españolas ofrancesas a las que se enfrentan sus miembros son idénticas.La solución para todos ellos, será incluyente y definitiva,nunca excluyente o parcial.

Los familiares

Queremos recordar desde estas páginas el sufrimiento queesta política penitenciaria ha supuesto, junto a todos losdemás familiares de presos, para los padres y madres de los

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más jóvenes. Apoyémonos en un caso que podríamos califi-car de verdadera tragedia en el universo de los familiares:Karmele Solaguren falleció el 6 de diciembre de 2004 en unaccidente de tráfico cuando viajaba a la cárcel de Alcalá-Mecopara visitar a su hijo Ekain Gerra. El colectivo de familiaresEtxerat recordó que entonces era la número 16 de una listamaldita que posteriormente ha contado con nuevos asientosy que, «al ser consecuencia de un política calculada y diseña-da, esta muerte también es calculada».

La asociación censuró en rueda de prensa «el mutismo»de las instituciones y la clase política.

Aquí estamos para denunciar un nuevo asesinato de estadoque no merece titulares en los medios de comunicación másimportantes. En esta ocasión la muerte ha tocado a la familiaGerra Solaguren: la madre muerta, el padre en una habitaciónde la UCI en un hospital de Soria y el hijo en un oscuro agujerode Alcalá-Meco. ¿Cómo tenemos que llamarlo? Lo llamamosterrorismo de estado.

Las palabras de los familiares surgen de lo más hondo delcorazón:

No vamos a resignarnos. Amamos la vida, pero no vamos adejar solos a nuestros hijos. Seguiremos siendo el nexo de uniónentre Euskal Herria y nuestros amigos y familiares presos.

Ekain Gerra fue trasladado de la cárcel al cementerio deIruñea, en medio de un amplio dispositivo policial, dondepudo despedirse de su madre. El preso de Barañain, visible-mente emocionado, recibió las muestras de solidaridad yánimo de las más de mil personas que se acercaron aquelmediodía al cementerio. Unas muestras de apoyo que fueronrespondidas por la Policía española con una carga contra lamultitud. Con posterioridad, se produjeron enfrentamientosen el barrio de Donibane entre antidisturbios y decenas de

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personas que protestaban ante lo ocurrido. «Ni siquiera nosdejan despedirnos de nuestros familiares muertos. La Policíaha venido a provocar», denunciaban. Dos días después sedesarrollaba un día de luto en Barañain, con un paro amplia-mente respondido.

La tragedia familiar no acababa. Poco después de serpuesto en libertad provisional, Ekain Gerra moría en un desa-fortunado accidente de tráfico. Los representantes de Etxerathabían puesto el dedo en la llaga con un argumento que sin-tetiza el objetivo de este trabajo: «para ellos, nuestras muer-tes merecen menos que la quema de un cajero».

La piel curtida de los familiares por las penurias de losviajes y los gastos económicos que tienen que afrontar, preci-samente para evitar a toda costa que su hijo o hija se quedensin la dosis de ternura que supone la visita, siempre efímera,es fiel reflejo de que la política de dispersión, si bien cruel einhumana, no ha resultado eficaz en ningún extremo. Muy alcontrario, esta experiencia tan dura ha tejido miles de lazos ycomplicidades inquebrantables en las largas horas de viaje ode espera en el recinto penitenciario. Contradictoriamente,este esquema diseñado para generar frustración y dolor, estapráctica criminal que ha arrancado vidas, hace aflorar lasvivencias más íntimas y enternecedoras entre los sentimien-tos más negativos.

Alguna vez, cuando este sistema penitenciario se superedefinitivamente y sea pasto de las llamas del pasado, simple-mente quedarán en la memoria los momentos intensos vivi-dos entre personas íntegras. Será ese recuerdo el que quedegrabado, a fuego, en nuestros corazones.

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menores «terroristas»

UN JOVEN FUE CONDENADO por el Juzgado de Menores de Donos-tia por incidentes producidos en Debabarrena en 1996. Losdatos referentes a esa sentencia debían ser confidenciales,atendiendo a que I. A. A era menor de edad. Sin embargo,meses más tarde salta la polémica cuando el redactor deinvestigación del periódico Egin, Pepe Rei, denuncia que abo-gados de la Consejería de Interior del gobierno de Gasteizestaban intentando acceder a estos datos, conculcando lalegislación de protección de menores. Los letrados se justifi-caban en que en la sentencia se recogen «sucesos de induda-ble trascendencia y repercusión social». Más allá de la fla-grante ilegalidad, el interés de Interior reside en que se acusaa cuatro ertzainas de malos tratos y lesiones contra el menory el objetivo de su indagación es encontrar elementos que lle-ven al archivo de las diligencias previas 537/96 que, por esosmotivos, se incoan en el Juzgado de Eibar. Viéndose intercep-tados, se justifican diciendo que «estos hechos son de obliga-da intervención para las fuerzas policiales, de tal manera queconocer la valoración fáctica y jurídica en torno a taleshechos es de primerísimo orden». Y anterior a ese primerísi-mo orden es que la policía no torture a un menor.

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Varios elementos sobre la mesa: kale borroka, policía,actuaciones extralegales de los servicios jurídicos del Departa-mento de Interior, malos tratos y lesiones, y menores de edad.Un verdadero cóctel molotov, si se permite la expresión.

Paralelamente en esas fechas, Ramón Jáuregui, consejerode Justicia, plantea reacondicionar el caserío Mendixola enAramaio para hacer frente a la demanda de su gobierno PNV-PSE de disponer de lugares para el internamiento de menores,marcándose además el reto de que sea uno de los «puntoscapitales en la lucha contra la violencia callejera». El Departa-mento prevé abrir otro centro más para chicas en Andollu,cerca de Gasteiz. Hay una situación de indeterminación sobresi la tramitación de la Ley Vasca del Menor invade las compe-tencias de las diputaciones, cuestión que se pospondrá, yaque el Congreso español todavía no ha discutido la Ley delMenor. Hasta aquel momento, la Ley Penal del Menor pre-veía que los delitos relacionados con la kale borroka cometi-dos por jóvenes de 14 a 21 años entrarían en la competenciade los juzgados ordinarios de menores y las penas impuestasse cumplirían en centros especiales, diferentes de las cárceles.Es en seguimiento de esa idea que Jáuregui plantea la necesi-dad de centros de internamiento, dentro de su ámbito territo-rial de gestión.

Esta situación de incertidumbre legal se resolverá con laLey Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, reguladora de laResponsabilidad Penal de los Menores en relación con losdelitos de terrorismo. Aquella precedida por las declaracionesde José María Aznar: «antes que como menores, hay que tra-tarlos como terroristas».

Ley Orgánica 7/2000: una ley antiterrorista para menores

El Parlamento español aprueba la Ley Orgánica 5/2000, de 12de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los

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Menores. Sus objetivos estarán siempre «orientados hacia lareeducación de los menores de edad infractores». Sin embar-go, se habían dejado en el tintero una cuestión que, segúnparece, necesitaba ser la excepción a ese principio: la repre-sión contra adolescentes a quienes se imputarán hechos dekale borroka.

En efecto, apenas diez meses más tarde de aquella apro-bación, se introduce una reforma al albur del continuo endu-recimiento de las penas relativas a este fenómeno. La nuevaley tiene un nombre de carrera de fondo: Ley Orgánica7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgá-nica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabili-dad Penal de los Menores en relación con los delitos de terro-rismo. Se mentó la bicha. La justificación en su exposición demotivos es que «los comportamientos terroristas evolucionany buscan evadir la aplicación de las normas aprovechando losresquicios y las complejidades interpretativas de las mismascambian»... ¿En un plazo de diez meses? Concretan, para losmalpensados, que «no se trata de excepcionar la aplicaciónde la Ley 5/2000», sino de establecer ciertas «mínimas espe-cialidades». Vale.

Debe apuntarse que, al contrario que la precedente, laprioridad de la nueva ley ya no será el interés del menor o lareeducación de este, sino que se juzgue a «los menores res-ponsables de delitos terroristas en las condiciones más ade-cuadas a la naturaleza de los supuestos que se enjuician y a latrascendencia de los mismos para el conjunto de la socie-dad». Lo había dicho Aznar con otras palabras.

Así, la nueva ley especial antiterrorista para menoresintroduce principalmente tres diferencias con respecto a laordinaria: la dureza de los castigos para hechos que, en otroslugares y contextos diferentes, no excitarían siquiera la reac-ción penal; la puesta en marcha de un juzgado especial den-tro de la Audiencia Nacional para conocer de estos casos; y laaplicación a los jóvenes de 18 a 21 años de las previsiones

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antiterroristas para adultos. Si alguna vez Jáuregui había creí-do que le iban a dejar gestionar en casa una cuestión que erade Estado, había quedado como un verdadero incauto.

Los hechos pasan a ser conocidos por el recién instauradoJuzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Sinembargo, en no pocas ocasiones, los casos de menores seráninstruidos por los juzgados habituales del tribunal antiterro-rista, quienes decretarán además las medidas cautelares queconsideren oportunas. Entre ellas, el ingreso en centros espe-ciales de los que hablaremos después. Un hecho que, sinduda, determinará la vida del adolescente.

Decíamos que las penas serán más graves con este sistemaque con el ordinario. La parrilla penal será de uno a diez añosde internamiento en régimen cerrado para los mayores de die-ciséis años y de uno a cinco años de duración para los menoresde esa edad. Además, se puede complementar sucesivamentepor otra medida de libertad vigilada con asistencia educativahasta un máximo de otros cinco años. Otra de las previsionesserá la de inhabilitación absoluta entre cuatro y quince añospor un tiempo superior al de la duración de la medida de inter-namiento. En definitiva, un joven de 16 años que haya quema-do contenedores de basura en el triangulo Tutera-Zalla-Isabapermanecerá en prisión durante 10 años, otros 5 bajo vigilan-cia e inhabilitado por otros 15. Cuando todo pase, aquel queera un adolescente tendrá 41 años y probablemente no seacuerde ni de lo que hizo. Un padre de Badajoz, Granada o Jacaque haya visto a su hijo envuelto en un hecho de esta índole nopuede ni siquiera imaginar que la ley reaccione así.

Sombras de inconstitucionalidad

Como veíamos, la Ley de Responsabilidad Penal delMenor debería ocupar un lugar destacado en los anales legis-lativos españoles, entre otros motivos porque fue reformada

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antes de que entrara en vigor. Esta ley fue diseñada ad hocpara cubrir las expectativas de la alarma encendida por elgobierno del PP en torno a la kale borroka, inscrita en aquelladinámica general de reformas, siempre a más, que fueron losprimeros años de este milenio. Y así continúan.

El Gobierno insistía en que sus propuestas no se debíanentender como «leyes especiales o medidas excepcionales»,sino que simplemente se circunscribían a «mejorar la accióndel gobierno ante el fenómeno del terrorismo callejero». Efec-tivamente, no es nada especial, todo entra dentro de lo habi-tual.

En un primer momento fueron muchos los dirigentespolíticos y los portavoces judiciales que advirtieron del riesgode caer en «sombras de inconstitucionalidad». Así se indicódesde el PSOE, que finalmente hizo causa común con el ejecu-tivo de José María Aznar para que la reforma saliera adelantecon un «gran consenso político». Es notoria la diligencia ypasión con que en esta época el PSOE colabora con el PP en lacreación de este estado de excepción, en este caso para losjóvenes, reclamando durante su posterior gobierno la mismaactitud del PP, ahora en la oposición. Y en efecto, la apisona-dora del gobierno de José María Aznar consiguió ampliar la«legislación antiterrorista» en un plazo de apenas cuatromeses, ya que el ministro de Justicia, Ángel Acebes, presentóla propuesta en septiembre y la reforma estaba aprobada endiciembre. De esta forma, con una plusmarca mundial envelocidad legislativa, entraba en vigor la Ley de Responsabili-dad Penal de los Menores.

Lo que en sede parlamentaria madrileña se ve fácilmentecon buenos ojos, en Euskal Herria se mira con desconfianza.Los efectos que puede tener la ley inquietan a una parteimportante del arco político. El 10 de noviembre 2001, Garaeditorializaba que «las reformas legales efectuadas en unmomento de excitación política y de calentamiento de la opi-nión pública suelen tener como fin en demasiadas ocasiones

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la satisfacción de necesidades políticas y propagandísticas yno la búsqueda de un mayor acercamiento a la equidad y lajusticia de una norma que se considera perfeccionable». Pre-venía así de que la ley, además de desproporcionada en cuan-to a las penas que se han aplicar, es profundamente discrimi-natoria contra quienes, a partir de este momento, adquiríanla categoría de «menores terroristas».

El rechazo desde instancias jurídicas a la reforma fueimportante. El órgano de gobierno de los jueces –el ConsejoGeneral del Poder Judicial, que debe emitir su opinión anteuna reforma legislativa– había dado su visto bueno al textoinicial, aquel de la Ley 5/2000. Habían destacado su «talanteprogresista» y su adecuación a los convenios internacionalesque protegen los derechos de los menores. De todos. Ahora elnuevo texto, metido con calzador diez meses más tarde, cam-biaba aquel espíritu de pleno a pleno. Ese rechazo no pasó deser un malestar indisimulado, ya que, tras el llamamiento afilas a los miembros de ese órgano, se mitigan sus críticas a lasupuesta inconstitucionalidad de las «medidas excepciona-les» incluidas por el legislativo.

Pero varios jueces, a título personal, mostrarán su perple-jidad con la ley que acaban de aprobar. El magistrado de laAudiencia Nacional, José Ricardo de Podal, advierte visos de«inconstitucionalidad» en la ofensiva jurídica planteada porel gobierno del PP. En opinión del magistrado, la «manipula-ción del concepto de terrorismo» que se introduce en lanueva ley resulta «peligrosa», ya que se plantea una «inter-pretación más extensiva y desmesurada» de la definición.Para este juez, criminalizar como conducta terrorista hechoscomo la lucha urbana o las contramanifestaciones –términode moda en la época– «es excesivo, más que nada por llevarla competencia de estos delitos a la Audiencia Nacional». Almismo tiempo, señalaba como «injustificable» la pretensiónde reducir la edad penal de 18 a 16 años. Esta opinión fuesecundada por José Antonio Martín Pallín, magistrado del

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Tribunal Supremo para quien la propuesta del Gobierno es«incompatible» con el principio de igualdad y «no puedeprosperar en nuestro sistema constitucional». Este juez real-mente garantista, al menos para lo que estamos acostumbra-dos a ver y escuchar de los togados de este tribunal, no sepodía imaginar todo lo que acabaría prosperando en su siste-ma constitucional los años siguientes. Explicó:

… lo que no se puede establecer son discriminaciones porrazón o por la naturaleza de los hechos delictivos cometidosporque atentaría al principio de igualdad de la ley y llevaría asituaciones tan absurdas y paradójicas como que una personade 16 años que mate a su padre sea irresponsable porque seamenor de edad y si comete una acción terrorista es responsablepenalmente.

Y más aún si la presunta «acción terrorista» tiene la enti-dad de ennegrecer de humo una fachada.

El juez de la Audiencia Provincial de Madrid, JoaquínNavarro, eleva la crítica a la incapacidad de los responsablespolíticos. Alza la voz ante aquellas declaraciones de Aznarque hemos apuntado:

La afirmación de que hay que tratar a un menor comoterrorista es propia de un terrorista, y además, es convertir alEstado en terrorista. Es una gran barbaridad y propio de unseñor que no tiene ni idea de lo que es derecho. Para eso, nomerece la pena perder el tiempo haciendo una Ley del Menor.Un menor es siempre un menor, cometa el delito que cometa.Si no, estaríamos atentando contra el principio de igualdad yde racionalidad penal.

Pero el paso del dicho al hecho lo da el magistrado juezJosé María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado Central deMenores de la Audiencia Nacional, creado precisamente conesta reforma legal. Interpuso una cuestión de inconstitucio-

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nalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que laley vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el precep-to que establece que las penas privativas de libertad y lasmedidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeduca-ción y reinserción social. Es la primera vez que un juez de laAudiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitu-cionalidad contra una norma penal vinculada a la excepcio-nalidad con la que se abordan en la legislación española loscasos de «terrorismo». Analicemos el caso.

Esta iniciativa del juez tenía su origen en el juicio contraI. R. R., menor de edad detenido por la Ertzaintza el 8 demarzo de 2001 acusado de un intento de sabotaje contra unaoficina de seguros ubicada en Donostia. Desde que esta leyentrara en vigor, se habían seguido dos causas ya en el Juzga-do Central de Menores, ambas resueltas por conformidadentre las partes. Era la primera vez que se presentaba contra-dicción entre la acusación y la defensa en la vista pública,ejerciendo esta el abogado Iñigo Iruin. En el momento de dic-tar sentencia, el juez considera que los hechos se han proba-do, por lo que el joven es culpable de los cargos de «terroris-mo». El problema está en la estimación de la pena: la ley quese está recién estrenando establece taxativamente que, encaso de comisión de estos delitos tipificados como terrorismoy cuando el menor tenga más de dieciséis años, «el juezimpondrá una medida de internamiento en régimen cerradode uno a ocho años». No puede modular o matizar la conde-na mas que dentro de esos límites, por lo que se ve obligadoa decretar como mínimo un año de prisión contra el menor.Solo podrá suspender la sanción «cuando haya transcurridoal menos la mitad de la duración de la medida de interna-miento impuesta». Es decir, con muy buena voluntad, el juezpodía rebajar a seis meses. No menos.

Sin embargo, el joven imputado había pasado más de unmes en el centro madrileño del Madroño, previo al juicio,donde fue examinado por los equipos técnicos de la propia

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fiscalía que informaron «tajante y unánimemente lo radical-mente negativo de un nuevo internamiento» para el jovendonostiarra. Hay un principio en la ley ordinaria del menor:las medidas punitivas «no pueden ser represivas, sino pre-ventivo-especiales orientadas a la reinserción» y se deberánestablecer teniendo en consideración el «interés superior delmenor».

Por lo tanto, se le presenta a Vázquez Honrubia un impor-tante dilema: los hechos apuntan a una sentencia condenato-ria, pero en caso de dictar esta debe imponer una medida deinternamiento que se contradice con el informe de los técni-cos y con el principio de «velar por el interés superior delmenor». Pero la ley no le permite suspender la ejecución:¿cómo operar? Callejón sin salida.

Resumiendo, el problema presenta tres elementos discri-minatorios: la ley obliga en los casos de «terrorismo» al inter-namiento, lo cual en otros casos se puede sustituir por otraspenas (libertad bajo vigilancia, servicios a la comunidad, etc.).En segundo término, la legislación permite que se suspenda«excepcionalmente» la aplicación de las medidas de interna-miento, incluso en los supuestos también calificados de«extrema gravedad» –como matar a su propio padre, quedecía el magistrado–, pero no para casos de terrorismo. Porúltimo, de haber sido mayor de edad, no hubiera ingresadoen prisión por una pena inferior a dos años. La injusticiaviene por partida triple.

El magistrado interpone un cuestión de inconstitucionali-dad ante el Tribunal Constitucional por considerar que esadisposición de la Ley del Menor vulnera dos artículos de laConstitución española: el artículo 14 que fija la igualdad delos ciudadanos ante la ley y el 25.2 referente a que «las penasprivativas de libertad y las medidas de seguridad estaránorientadas hacia la reeducación y la reinserción social».

Generalmente, cuando se inicia una historia, el narradordebe llegar a un final. Triste o feliz. Sin embargo, más de

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nueve años más tarde, el caso no ha sido evacuado por el Tri-bunal Constitucional. Tal vez tengan el mismo dilema que elmagistrado. Tal vez está en el fondo del último cajón, traspa-pelada como una factura del móvil. Ello no quiere decir quela aplicación de esta ley se deje en suspenso.

La presencia de la tortura, por encima de la ley del menor

Todo lo que la legislación del menor no toca, se entienderemitido a la legislación de adultos. Incluso la parte del Códi-go Penal que se refiere a la tipificación de delitos derivadosde bandas armadas u organizaciones terroristas, o lo referen-te a la actuación procesal. En efecto, se emplea la incomuni-cación a los menores detenidos, se les niega la asistencialetrada, se recorta el contacto con sus familias… ¿Supondrá laLey del Menor un antes y un después en la práctica de la tor-tura a los jóvenes menores de 18 años? ¿La existencia de unJuzgado propio supone una garantía, una prevención especialpara mejorar el trato? Comparemos un caso ocurrido antes yotro después de su entrada en vigor para responder a la pre-gunta.

Iñaki Gurrutxaga, Imanol Gorrotxategi y Urtzi Aira, todosellos de 17 años, y Aritz Aiestaran e Iker Iñigo, de 16 años deedad, son detenidos en abril de 2000, unos meses antes de lapuesta en vigor de la Ley Orgánica 7/2000. A todos se les apli-có el mismo régimen que habilita la legislación antiterroristaa los adultos y relataron torturas escalofriantes a manos de laErtzaintza. Además, los testimonios de los hernaniarras fue-ron recogidos en el informe del Relator contra la Tortura,Theo van Boven. El experto de Naciones Unidas recogía quea Gurrutxaga «le habrían dado golpes en la cabeza, en laespalda y empujones contra la pared». En el caso de Gorro-txategi, además de hechos similares, el relator de la ONU indi-ca que el abogado designado de oficio había estado durante la

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declaración judicial «de acuerdo con el fiscal cuando estehabía pedido su ingreso en prisión». Aira sufrió golpes en lacabeza, alguno de ellos de tal magnitud que «habría provoca-do que se golpeara contra la pared». En la declaración judicialratificó lo que le habrían hecho declarar en la policial «pormiedo a represalias». En cuanto al último caso recogido, el deAritz Aiestaran, se denuncia en el informe del diplomático lautilización «como escudo» del joven debido a disturbios quese generaron en la calle en el momento de su arresto. En lacomisaría le obligaron a desnudarse para cachearle, le obliga-ban a mirar al suelo y le golpeaban si levantaba la cabeza. Elexperto holandés concluía su relato indicando que «su solici-tud de ser examinado por un médico forense habría sidodenegada».

Poco después, y una vez entrada en vigor la flamantereforma de la Ley Orgánica 7/2000, son detenidos por laGuardia Civil cuatro jóvenes en Gasteiz, tres de los cualeseran menores. Una vez incomunicados son conducidos a lacomisaría del cuerpo policial en Gasteiz. Permanecerán allídos días, que es el tiempo que transcurre hasta que pasan adisposición judicial. Mientras, no tienen opción de comuni-carse con su abogado de confianza, sí por el contrario con suspadres. Sin embargo, esta medida no será suficiente, ya quesufrirán malos tratos por parte del instituto militar desde elmomento del arresto tal y como denunciaron ante Juan delOlmo, que actuó como instructor. Presentaban marcas queademás precisaron tratamiento médico. La Fiscalía de Meno-res de la Audiencia Nacional les toma declaración –denomi-nada por la nueva ley «exploración»– en presencia de lospadres. El juez de guardia, tras la solicitud del fiscal, les impo-ne como medida cautelar el internamiento en régimen cerra-do –comparable a la prisión preventiva– por tiempo de tresmeses. Dos de los jóvenes son inmediatamente ingresados enel centro de Internamiento de Primera Acogida del Madroño,

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situado en Madrid, a más de 400 kilómetros de su lugar deorigen. Eran Urko Arroio y Oier Gómez, de 17 años.

Tortura, tribunal especial, prisión preventiva y disper-sión, el cuarteto infame para todas las edades. Ante estas cir-cunstancias, organismos antirrepresivos y la asociación Gura-soak no dudaron en considerar que «la filosofía que envuelvela ley del menor no es más que papel mojado». Reprocharona los diseñadores de esta ley que «ni ampara ni protege a losjóvenes» de la realidad de la tortura.

El agravio no termina aquí. Tras ser juzgados en el Juzga-do Central de Menores, de los cuatro gasteiztarras, tres soncondenados a dos años de internamiento en régimen cerradoy a tres años de libertad vigilada por haber producido dañoscon un artefacto incendiario de fabricación casera en un vehí-culo particular. Muy ecuánimemente, se impone la mismapena para todos. Entre ellos está Ibai Martínez de Treviño, alque, al ser mayor de edad, le es conmutada la pena por liber-tad bajo fianza, en coherente aplicación del artículo 80.1 delCódigo Penal, por lo que no debió ingresar en prisión. Mien-tras, Urko y Oier, todavía menores, vuelven al Madroño. Unadiferencia de apenas un año va en detrimento de los derechosde los más jóvenes. Botón de muestra de que el régimen deresponsabilidad penal que impone la Ley del Menor es másgravoso para ellos que para los adultos.

Algo similar sucede con cuatro jóvenes de Oiartzun, dete-nidos en Errenteria en mayo de 2002, bajo la acusación deterrorismo. Mikel Novoa, Eneko Lasaga, Iban Pikabea e Ima-nol Sagarzazu fueron acusados por tenencia de sustanciasque «son susceptibles de convertirse en artefactos incendia-rios» y relataron que se practicó contra ellos diversos malostratos. Agentes de la Ertzaintza les encañonaban con la pisto-la mientras les proferían todo tipo de insultos y amenazas.Además, les obligaron a desnudarse por completo y a hacerflexiones. Mikel Novoa, mayor de edad, fue puesto en liber-tad bajo fianza de 12.000 euros tras comparecer ante el juez

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Baltasar Garzón. No obstante, el resto de los arrestados ingre-saron en Reiñesco y Madroño por orden del magistrado Juandel Olmo. En aplicación de la legislación especial del menor,irónicamente diseñada en su interés, son privados de libertadal considerar el juez que «reintegrarlos ahora y sin más alentorno social y educacional de origen podría producir efec-tos nefastos para su futuro». No eran de la misma opinión lossicólogos del Juzgado y de los centros de internamiento, queopinaban que se trataba de jóvenes perfectamente integradosen su entorno y que sería suficiente una libertad vigilada. Esigual: mejor llevarlos al reformatorio a cientos de kilómetros.

Pero ¿es que alguien realmente se preocupa a estas altu-ras por el interés del menor?

La reprogramación del menor

A partir de la puesta en marcha de esta ley, será un continuogoteo de menores que conocen sus rigores y de los centrosdonde se ejecutan sus sentencias. Los de Oiartzun y de Gas-teiz probarán el régimen de vida del centro del Madroño;Zunbeltz Larrea, Iban Pikabea, Altzibar Valderrama y AdurFernández conocerán el orden seudomilitar del centro de losRosales. Los denominan «Centros de Protección Terapéuti-cos».

Las férreas medidas disciplinarias que regulan estos cen-tros, la estigmatización que supone para el menor la etiquetade «terrorista», el ambiente conflictivo, el choque cultural, laatmósfera de degradación social se respira en estas institu-ciones. Algo radicalmente opuesto a lo que está acostumbra-do el adolescente menor. Añadido a la separación física, a 400ó 500 kilómetros de su domicilio, hace imposible mantenercon argumentos sólidos que este régimen interno obedezca aalgo que no sea la pura venganza contra el joven y la funciónejemplarizante que el castigo pueda tener en otros. Pero este

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es, supuestamente, el contexto en el que se pretende resocia-lizar al menor vasco.

De hecho, es práctica habitual de este sistema el controlpermanente del interno, designándose un tutor que supervi-se su desarrollo. Estos «vigilantes» realizan evaluacionesconstantes de la actitud que mantienen los prisioneros y, enfunción de esas valoraciones, deciden el régimen de vida alque serán sometidos. Los exámenes frecuentes que les reali-zan resultan completamente subjetivos, siempre en funcióndel estado de ánimo que tenga el vigilante de turno. Losmenores ingresados en estos centros denuncian que se lesimponen continuos registros y cacheos, muchas veces desnu-dos, momento en el que se producen vejaciones y humillacio-nes. Los responsables de estos centros elaboran listas, clasifi-caciones con los chavales, de tal manera que aquellos quecumplen con las normas y órdenes acceden a una serie deventajas de las que otros no disponen. Buscan de esta mane-ra el sometimiento y sumisión de los internos.

Oier Gómez relataba así su experiencia personal: «existeuna situación de chantaje, te clasifican en una lista y depen-diendo de esa clasificación, tienes unos derechos o no». Poníacomo ejemplo que «cuando entras no puedes tener un walk-man, pero si te portas bien, te permiten utilizarlo. Con estejuego de castigos y premios intentan tenerte controlado». Sudía a día está programado hasta la asfixia, sin que esté permi-tido saltarse el guión ni un milímetro: «Te despiertan por lamañana, muy pronto, tienes que hacer la habitación, duchar-te obligatoriamente, comer algo, porque si no comes tambiénte castigan, y luego hacer las actividades que te asignan».

Con la explicación del joven gasteiztarra inevitablementete asalta la imagen del entrenamiento en el campo de mari-nes de la famosa película de Stanley Kubrick Full metaljacket: «es tal la arbitrariedad de su actuación y el poder quetienen, que te pueden mandar que hagas un número deter-

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minado de flexiones, o dar no sé cuántas vueltas al patio, y sino lo consigues, te castigan».

Los profesionales que controlan a los internos preventi-vos son otro aspecto que se ha de valorar, y un punto que lospadres han subrayado en más de una ocasión. Los informesde los sicólogos y la opinión de los educadores sociales tienenun gran impacto en la idea que se vaya a formar el juez a lahora de enjuiciar los hechos y decidir el castigo que impone.Y estos profesionales funcionan con una idea preconcebida yun absoluto desconocimiento sobre la realidad social y cultu-ral en que viven los jóvenes y sus familias. Los padres nosaben a qué atenerse, deben andar con pies de plomo. Protes-tan por «los interrogatorios a que nos someten, tanto a nues-tros hijos como a nosotros. Pueden durar varias horas y sonmuy peligrosos, porque lo que para ti son valores positivospara ellos pueden resultar todo lo contrario». Y de su infor-me se desprenderán las condiciones de vida de su hijo en elcentro o la decisión que pueda adoptar el juez sobre su futu-ro. Es la miseria de pretender evaluar una cultura, una reali-dad social, unos valores con ojos extranjeros y llenos de pre-juicios... y perjuicios, para los menores.

Hizkuntz Eskubideen Behatokia y Abokatu EuskaldunenSindikatua enfrentaron también la aplicación de esta leyespecial desde otra vertiente: su artículo 17 contempla que«las autoridades y funcionarios que intervengan en la deten-ción de un menor deberán practicarla en la forma que menosperjudique a este, y estarán obligados a informarle en un len-guaje claro y comprensible». Esta situación no se correspon-de con aquellos menores que tienen el euskara como lenguaprincipal. Qué decir de quienes son encerrados a cientos dekilómetros de Euskal Herria entre profesionales cuya opiniónsobre la cultura y el sistema de educación vasco se ha forma-do, exclusivamente, sobre los improperios que han leído ensu prensa local. En un estudio de ambos organismos, consta-taban que los derechos lingüísticos de los menores de edad

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–un segmento de población que requiere especial protec-ción– no son respetados.

En lo referido al régimen de visitas, los familiares queacuden a comunicar con el menor denuncian que es másduro incluso que una prisión normal. A cada visita solo pue-den acudir dos personas como máximo, y uno de ellos siem-pre ha de ser el padre o la madre del preso. Al estar fundadoen la prioridad de apartar al menor de su «entorno» afectivo,familiar, social y cultural, el establecimiento está diseñadopara ser impermeable al menor soplo de aire fresco que pro-venga del exterior. Una madre denunciaba: «es un régimende cárcel de alta seguridad».

Traigamos aquí el suceso, anecdótico si se toma indivi-dualmente, pero botón de muestra de la filosofía que inspirael régimen de vida de estos centros. Oier y Urko, los dos jóve-nes gasteiztarras encarcelados en el Madroño, no queríancomerse el membrillo de postre. No les gustaba y preferíanofrecérselo a sus compañeros. Ante semejante acto de rebel-día, la educadora abre un procedimiento administrativo san-cionador porque «su actitud es de clara oposición a acatar lanormativa», lo que se considera punible. Los sancionados, enese momento ya mayores de edad, recurren el expediente ale-gando que son suficientemente maduros y con capacidad dediscernimiento suficiente como para decidir lo que quieren ono comer. El asunto pasa al Juzgado Central de Menores de laAudiencia Nacional, incoándose procedimiento ante el tribu-nal excepcional. Surrealista. La fiscalía emitió un informeconsiderando que «lo que pretenden es plantar cara al centrosin la más mínima justificación… como elemento de confron-tación y rebeldía frente a las reglas establecidas». El expe-diente acaba en manos del juez, que reconoce que «el hechomotivador de la sanción y aún esta misma, merece la catego-ría de insólito teniendo en cuenta la edad ya no infantil de losrecurrentes presuntamente implicados en un delito de terro-

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rismo». A pesar de todo, mantiene la sanción porque tienenque cumplir las normas del centro.

Disciplina democrática versus membrillo terrorista. Lagran pugna, el estado de derecho se tambalea. Llegaron a acu-mular 44 «sanciones graves» por hechos tan subversivoscomo «comer la carne en bocadillo» o «hablar sobre sexo enel comedor». Todo el mundo sabe que, en la España eterna,de sexo solo se habla en la intimidad de la alcoba. Debido aesas sanciones se les prohibieron visitas.

También para Zunbeltz Larrea, Altzibar Valderrama yAdur Fernández la presión se hacía insoportable. Enviaronuna carta al juez de vigilancia penitenciaria denunciando queen los últimos meses se les estaba requisando prendas de ves-tir como camisetas, pantalones e incluso calzoncillos, por elsimple hecho de que mostraban lemas como «independen-tzia», «askatasuna», «euskal presoak euskal herrira». Paraello, solicitaban al juez que interviniera ante la dirección, por-que el centro no tenía «ninguna intención de resolver el pro-blema». Los vizcaínos preguntaban en su escrito «si, acaso esdelito vestir prendas que reivindiquen algo tan legítimo», a loque añadían: «no sabemos si es que simplemente nos quie-ren fastidiar, pero está claro que derechos tan básicos como lalibertad de expresión o de libre pensamiento se nos están vul-nerando». En un auto fechado el 16 de septiembre de 2003, eltitular del Juzgado Central de Menores –el juez Vázquez Hon-rubia, aquel que veíamos que no tenía ninguna prisa porconocer si la ley que aplica se ajusta a la Constitución– deses-timó la reclamación de los tres prisioneros vascos argumen-tando que esas ropas «suponen implícitamente una apologíade la violencia y de la organización terrorista ETA», conside-rando que la actitud de la dirección de los Rosales era ade-cuada. Un preso no puede reclamar libertad en sus ropas. Deaquí al uniforme naranja, va un paso.

Con este ambiente, no es de extrañar que, tiempo mástarde, Oier Gómez compareciera ante los medios de comuni-

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cación en Gasteiz para declarar que había decidido quebran-tar la medida de internamiento en el Centro de Menores deMadroño, adonde tenía que haber regresado tras un permisode fin de semana. El joven justificaba su decisión en que «hanjugado con nosotros». Durante el juicio, las partes habíanalcanzado un acuerdo: los inculpados reconocían su partici-pación en los hechos y el ministerio fiscal reduciría su peti-ción desde los tres años de internamiento solicitados inicial-mente por «delito de terrorismo» hasta una pena final de dosaños, además de otros tres en situación de «libertad vigilada»y cuatro años de inhabilitación: nueve años de sambenito. Elabogado del joven, Txema Matanzas, explicó que «el fiscal secomprometió a que, transcurrido un año, si el comporta-miento de los chavales evolucionaba, estaba dispuesto a sus-tituir la medida de internamiento por una de libertad vigila-da». Ya hemos hablado antes de la posibilidad de establecermedidas alternativas una vez transcurrida la mitad del ingre-so en el centro. El equipo técnico del Madroño se mostró afavor de la sustitución de la medida de internamiento por lalibertad vigilada. Pero el fiscal, variando su planteamientoinicial, consideró que no era oportuna su aplicación inmedia-ta, sino que debía estar precedida por un «período de aclima-tación» durante el cual podría disfrutar de permisos de fin desemana.

El joven trasgresor fue detenido. Tras ser ingresado devuelta en el centro fue castigado a cumplir íntegramente losdos años impuestos. En una entrevista realizada a Gara trassu liberación, en octubre del 2004, Oier explicaba los porquésde evitar, a cualquier precio, volver a aquel agujero: «nos qui-tan completamente la intimidad, nos controlan con cámaras,nos evalúan constantemente... por decirlo de alguna manera,pretenden reprogramarnos».

Recientemente Amnistía Internacional ha hecho públicoun informe con un título sugerente: «Si vuelvo, ¡me mato!».En dicho informe, la organización humanitaria denuncia que

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en estos establecimientos los menores pueden ser «víctimasde abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degra-dante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amor-dazados, medicados sin diligencia y en contra de su volun-tad». Todo, con «total impunidad», porque su existencia y surealidad son «invisibles».

Los que además son internados por sus conviccionesdenuncian que «pretenden reprogramarnos». Todo vale parareformatear el disco duro de jóvenes que no son compatiblescon el software impuesto desde Madrid.

Las Naciones Unidas también opinan

UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas que tiene como objeti-vo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia,ya se había posicionado contra la legislación del menor, recla-mando «una eventual modificación de la Ley de Responsabi-lidad Penal del Menor para garantizar la naturaleza educativay no sancionadora». Ponía en duda, pues, los verdaderos obje-tivos de la ley, contradiciendo los fundamentos en la que esta,presuntamente, se inspiraba.

El juez de Menores de Gasteiz, Jaime Tapia, declaraba quela nueva legislación de menores «no se ajusta a los tratadosinternacionales, como la Convención de los Derechos delNiño, ya que contempla unas medidas especiales para estosjóvenes». Habría que acudir a las Naciones Unidas para com-probar si realmente la ley está en contradicción con esta Con-vención.

Gurasoak y Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiaprepararon un informe para pulsar la opinión del organismoque vela por el cumplimiento de los compromisos que losestados, entre ellos el español, han ratificado en materia demenores: el Comité de Derechos del Niño. En el informe seexponían, por supuesto en un tono más técnico, los extremos

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aquí apuntados. Los expertos que conforman el Comité cele-braron una sesión en junio de 2002 en la que evaluaban elgrado de concordancia entre la práctica española con los con-tenidos de la Convención de los Derechos del Niño. Sentadafrente a ellos una delegación del Gobierno español, el examense alargó por dos días.

En su informe final, con número de registro CRC/C/15/Add.185, y publicado para el conocimiento de todos los esta-dos y organismos que componen el sistema de Naciones Uni-das, el Comité exigía al Reino de España que derogara las pre-visiones antiterroristas de la legislación del menor. Textual-mente, recomendaba que se «adecue el periodo de custodiapolicial para menores acusados de terrorismo a las disposi-ciones establecidas en la ley 5/2000 sobre responsabilidadpenal, y revise la duración de las condenas a menores acusa-dos de terrorismo». ¡Diana! El alto comité pide en definitivaque se retire la Ley especial antiterrorista 7/2000 que parasi-ta el régimen ordinario de responsabilidad penal del menor.

Además, en cuanto a las condiciones de internamiento, elComité expresaba su preocupación «por el hecho de que laprivación de libertad no se use como último recurso –comoestablece la legislación internacional– y, en algunos casos, loscentros de detención estén saturados». Segundo dardo en elobjetivo.

Sin embargo, el Estado español no aplicará ni una sola delas recomendaciones apuntadas. Pasados ocho años desde laentrada en vigor de la ley reformada, habría que preguntar aquienes la impulsaron si han observado alguna incidenciapositiva en el tratamiento de los jóvenes. Parece difícil soste-ner que así haya sido. Nuevamente, la todopoderosa estrate-gia antiterrorista deja a España otra asignatura pendiente conla comunidad internacional. En este caso, en una cuestión tansensible como el tratamiento que dispensa a los menores.

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gurasoak lanean, organizando la solidaridad

EN OTRAS LATITUDES Y CONTEXTOS, salvando las distancias y lagravedad de los hechos, madres y padres se han lanzado a lacalle para reclamar los derechos de sus hijas e hijos.

En Argentina, las madres de los desaparecidos durante ladictadura de Videla comenzaron a darse cita en la plaza deMayo, primero para encontrar cobijo y protección en otrasque estaban pasando el mismo calvario. Después, comenza-ron a marchar para reclamar noticias de sus hijos. Más tarde,justicia para sus asesinos. Por último, armadas con sus pañue-los blancos y reivindicando la militancia pacífica, decían quese identificaban sin hipocresías con la lucha, muchas vecescon las armas en la mano, que habían emprendido sus hijos ehijas. Ellas y ellos les habían mostrado el camino. Las Madresde la Plaza de Mayo reconocían haber sido «paridas por sushijos». Su corazón solidario es tan, pero tan grande, que locreen capaz de atravesar los gruesos muros de una cárcel.

En la parte opuesta del mundo, las Madres del Sábado enTurquía, organizan también sus vigilias ese día, cada semana,para reclamar a las autoridades respeto a sus hijos presos. EnIrlanda los familiares de presos republicanos eran pilar bási-co de apoyo a los huelguistas. En otras decenas de conflictos,

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padres, madres, familiares, amigos han tenido que alzar suvoz.

Solidaridad. Acción de mostrarse conforme con la actitudo acción de otros y estar dispuesto a participar en las conse-cuencias. Relacionado con el término «sólido» en el sentidode contraer compromisos in solidum. Solidarizarse y solidifi-carse sugieren equivalencias.

Los primeros encuentros, informales, se habían producidoen el año 1995. Madres y padres vascos, preocupados por eltratamiento que se dispensaba a sus vástagos a quienes se vin-culaban a acciones de kale borroka, buscaban complicidadunos con otros. Les unía, además del cariño a sus chavales, laimpotencia, la sensación de ser relegados por autoridades ymedios de comunicación a simples convidados de piedra,mientras se llevaban a sus hijos y pisoteaban sus derechos. Dehecho, llevaban ya unos años sufriendo en silencio, indivi-dualmente, el calvario de ser ignorados, apartados, ningunea-dos. Apestados por ponerse del lado de quienes se ha decididoya que pagarán cara la osadía de retar la autoridad del Estado.

El primer paso lo dieron a principios de 1996 progenito-res de ocho jóvenes que se vieron envueltos en la oleada dedetenciones que siguió al incendio de un concesionario de laRenault en Burlata. Llovía sobre mojado: la reacción policialrecordaba a las detenciones de 1994 en Berriozar, en aquelcaso con el componente de la tortura a manos de la GuardiaCivil denunciada por los arrestados. Un precedente aterrador.Ahora, padres y madres angustiados por la campaña orques-tada contra sus hijos por la presunta «alarma social» quegeneraban los hechos, ven la necesidad de reaccionar. Protes-taban porque «las agresiones llegan de muchos frentes» yreclamaban «un poco de sensibilidad».

Aquellos primeros padres pronto encontraron compañe-ros de viaje al ser arrestados otros nueve jóvenes más en lasfiestas de la Txantrea, bajo la acusación de desórdenes públi-cos y atentado a la autoridad.

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Y es que las fiestas de 1996 de la Txantrea se convertiríanen la pesadilla siniestra que cantaba Barricada. Según lacomisión de fiestas, «fue la más brutal intervención policialque recordamos desde la triste ocupación de 1978». La histo-ria se repetía. Los organizadores protestaban: «no es de reci-bo entrar a saco en un recinto donde miles de personas seestaban divirtiendo, entrar por las calles disparando a todo loque se movía o utilizar un helicóptero una vez acabados losincidentes. Parece ser que tenían ganas y se explayaron». Alos hechos sigue el baile de números: mientras la Comisiónde Fiestas y la Asamblea de Colectivos del barrio iruindarracalculaban que los jóvenes que habían participado en losenfrentamientos habían sido 50, la Delegación del Gobiernoaseguraba que habían sido 500. Semejante bancada de sospe-chosos abría las puertas de la comisaría de par en par pararellenarla con los chavales de la comarca. La Asamblea consi-deró que esta afirmación «intenta quitar la responsabilidadde donde está: la cabeza de la Delegación del Gobierno».

Txantrea, según el mítico grupo de rock, «eres la culpablede querer vivir en paz».

Empezando a marchar

Había que hacer algo. El 13 de noviembre de 1996 es remiti-do a diferentes medios de comunicación un artículo de opi-nión en castellano y euskera firmado por Javier García Chare-la en nombre de un colectivo que se define como «Familiaresde jóvenes detenidos y represaliados - Gurasoak». El artículolleva por título «Poterea izan eta erabili egiten dutelako, ezdute lotsarik / Porque tienen el poder y abusan de él, no tie-nen vergüenza».

Han convocado ya una primera asamblea informativa«para tratar de la problemática que genera en las familias larepresión policial en su vertiente de acoso o agresión sobre

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nuestros hijos e hijas». Por ello, se cita a «los padres y madresque de una u otra forma puedan verse inmersos en este tipode hechos».

Algún día más tarde, en una nota de prensa se denunciael caso de los jóvenes Alberto Pío y Jesús María del Ollo enestos términos:

… ha servido para que el ministro de Interior, Mayor Oreja, sal-tándose toda presunción de inocencia y haciendo gala de lamanipulación más descarada, dé cobertura a su acción represi-va, causando daño físico y moral a estos jóvenes y sus familia-res y que debemos denunciar, más si cabe, cuando han queda-do en libertad sin cargos.

Apuntan uno de los elementos que será su bandera enestos primeros pasos: la presunción de inocencia, el derechobásico de toda persona a ser tratado como inocente hastaque, en un juicio con todas las garantías, se demuestre lo con-trario. La facilidad con que responsables políticos y mediosde comunicación adjudican culpabilidades gratuitas a sushijos, sin duda, solivianta el ánimo de los progenitores.

Cargados de razones, lanzan su primera convocatoriapública: un llamamiento a «todos los padres y madres queven en el caso el reflejo de la represión que se ejerce día a díaen sus hijos e hijas» a participar en una concentración frenteal Gobierno Civil de Iruñea. Gurasoak se ha puesto en mar-cha.

Los padres y madres de otros herrialdes, por contagio ysimpatía con una fórmula que está dando resultados en Nafa-rroa, se organizan incipientemente para hacer frente a situa-ciones similares en sus propios territorios.

En Gasteiz había surgido una Plataforma de Apoyo a laJuventud con motivo del juicio que se celebró en julio de1996 en la Audiencia Nacional contra nueve gasteiztarras. Sibien el grupo no estaba conformado únicamente por padres,su objetivo coincidía en «dar a conocer a la sociedad alavesa

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el verdadero sentido de estos juicios» contra los jóvenes, enlos que el fiscal lanzaba una durísima acusación por perte-nencia a «grupos Y». La plataforma consideraba a los imputa-dos «cabezas de turco de una política criminalizadora de lajuventud más combativa de Gasteiz».

Unos meses más tarde, una asociación similar a la que sehabía gestado en Nafarroa aparecía en Bizkaia bajo el nom-bre de «Gurasoak Kalean», centrando su trabajo en la «defen-sa de los derechos de los jóvenes, contra las agresiones, deten-ciones indiscriminadas y encarcelamientos que vienen su-friendo». En un comunicado hecho público el 11 de diciem-bre de 1996, la nueva agrupación afirma que «la soluciónpolicial lo único que hace es alargar el dolor y sufrimiento aeste pueblo». Más tarde, una treintena de representantes defamilias de Bilbo, Basauri y Barakaldo se presentan en prensacon el fin de denunciar la criminalización de los jóvenes acu-sados de delitos de kale borroka «antes de ser juzgados y con-denados» y para defender sus derechos.

En junio de 1998 se presenta en Oiartzun en rueda deprensa la asociación «Gurasoak Saiatzen», denunciando el«acoso a que son sometidos muchos de los jóvenes despuésde haber sido detenidos, encarcelados y puestos en libertad,mediante la obligación de personarse en comisaría para fir-mar, identificaciones callejeras, amenazas, cacheos y deten-ciones arbitrarias».

Jose Antonio Goiena es entrevistado en Egin el 8 de abrilde 1997 en referencia a la captura de su hijo Koldo Goienajunto con otros siete jóvenes de Iruñerria. El título de la piezaes esclarecedor: «Queremos enraizar Gurasoak en toda Eus-kal Herria».

La espiral que policías, políticos y medios de comunicación hanideado en torno a las detenciones de jóvenes vascos se traduceen un círculo cerrado de acusación, encarcelamiento, coberturay aval. Y es necesario luchar contra todo esto de una manera

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global, teniendo en cuenta que la problemática es la misma entodos los sitios.

Sobre el tapete, un importante reto: extender lo que alprincipio no era sino un pañuelo, a todos los rincones de Eus-kal Herria.

Para entonces, la asociación «Gurasoak Lanean» ya sehabía constituido oficialmente en Nafarroa. El acta de consti-tución está firmada por Javier Garcia, Soledad Vales, PetraVales, Elvira Romero, Ana Urtasun, Jose Miguel Olza, JoseAntonio Goiena, Javier Ayensa, Javier Vilares, Koldo Begiris-tain y Mikel Vázquez. Poco después, el Director General deInterior del Gobierno de Navarra inscribía la organización enel Registro Foral de asociaciones. La presencia de estospadres y madres en las calles, en los medios de comunica-ción, en intervenciones e interpelaciones a instituciones yorganismos políticos se estaba convirtiendo en algo habitual.La represión empezaba a encontrar un muro de respuesta ysolidaridad. Habían empezado a marchar.

Las madres argentinas daban vueltas a la plaza de Mayo;los ajenos lo denominaban rondar. A ellas no les gustaba eltérmino. Preferían considerar que marchaban. Pensaban que,en su caminar, iban hacia algún sitio.

Las inquietudes de Gurasoak

Al registrar los estatutos, se consignan también los fines quepersigue la asociación.

1. La denuncia de cualquier vulneración de los derechoshumanos de la juventud.

2. La defensa de un tratamiento digno e igualitario para lajuventud en los aspectos policiales, judiciales, políticos, infor-mativos, sociales, etc.

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3. La ayuda tanto a jóvenes detenidos, encarcelados, juzga-dos, etc., como a sus familiares en lo que respecta a la supera-ción de las secuelas sicológicas, sociales y económicas quearrastra este tipo de situaciones.

4. La propagación en instituciones, partidos políticos, sin-dicatos, centros de enseñanza, organismos, etc., de la proble-mática de la juventud y de las consecuencias que esta proble-mática está generando en nuestros jóvenes.

5. El apoyo e impulso a cuantas iniciativas surjan para laapertura de vías de diálogo con la juventud en la búsqueda desoluciones a los conflictos generados.

En su catálogo no reclaman nada que no sea un tratoescrupulosamente legal y basado en las garantías de un siste-ma democrático. Sin duda, tienen más apego por el estado dederecho que quienes lo gestionan. En ese primer momento, lalínea de trabajo que quieren transmitir a la sociedad tienedos direcciones: mostrar el doble rasero en la reacción estatalante hechos que, ciertamente, son delictivos y el tratamientodeshumanizado que se dispensa a los jóvenes.

En referencia a ese primer eje, los padres y madres tirande los ejemplos que tienen más a mano. Comparan el trata-miento que reciben políticos o miembros de las fuerzas deseguridad del Estado implicados en hechos delictivos de otrocarácter, pero que tienen un importante impacto en la socie-dad, y el de sus hijos. Subrayan la doble vara de medir en laacusación y denuncian la manipulación mediática a que sesomete a sus chavales y el juicio paralelo resultante. Mientrasque a los que se deben al Estado son protegidos por la másescrupulosa «presunción de inocencia», quienes se oponen aél reciben invariablemente la «certeza de culpabilidad».

Era la época en que se estaba destapando el GAL, cuandoaparecían las tramas oscuras del CESID, era tiempo de malver-saciones de fondos, de señores X, de implicaciones de minis-tros de Interior en la guerra sucia y terrorismo de estado.Recordemos los famosos –y bochornosos– sumarios de co-

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rrupción en Nafarroa. En el «Caso Urralburu», también cono-cido como la «trama navarra del Caso Roldan», se destaparondelitos de malversación de fondos y cobro de comisionesmillonarias a empresas constructoras en la adjudicación deobras públicas. Gabriel Urralburu, ex presidente navarro,quien llamaba a «increpar, insultar y escupir por la calle» alas gentes de la izquierda abertzale, y paradójicamente licen-ciado en Ciencias Teológicas y Morales, fue condenado pordelitos de corrupción, junto a Antonio Aragón, su consejerode Obras Públicas. Poco después era detenido el ex directorde la Guardia Civil Luis Roldán en el aeropuerto de Bangkok(Tailandia) y condenado a 31 años de cárcel por varios delitosde corrupción. El entonces presidente navarro, Javier Otano,también fue implicado y juzgado, aunque finalmente absuel-to ¡por prescripción del delito!

En esa época de ladrones de guante blanco y terroristasde estado de capucha negra, el PSOE clamaba por el respeto ala presunción de inocencia y hacía llamamientos a respetar eltrabajo de los tribunales. Mientras, en referencia a los másjóvenes, reclamaban a los tribunales contundencia, toda vezque había quórum en que todos los detenidos eran culpables.

Ciertamente, la comparación en el trato de unos y deotros, la dimensión del agujero en las arcas públicas quesuponía el desfalco de unos y los nimios daños a la propiedadde otros, el desequilibrio entre las responsabilidades asumi-das ante la sociedad por cargos institucionales y jóvenes anó-nimos, el cotejo de la ética política... hacía daño en los ojos.Ojos que se posaban sobre los periódicos y se irritaban por elagravio comparativo en un Estado que proclama la igualdadde trato.

Para los padres y madres era la forma más clara y directade poner en evidencia a un sistema que, prescindiendo deinoportunas garantías formales, mostraba su faz más cínica.En estos términos se expresaba la recién establecida asocia-ción:

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Nota de prensa, 31 de mayo de 1996

Familiares de los jóvenes detenidos estos últimos meses enNafarroa queremos denunciar la represión y manipulación aque viene sometida una gran parte de la juventud e invitar apolíticos, sociólogos y medios de comunicación del poder a queanalicen, no el fenómeno de la violencia juvenil, sino ese otroFENOMENO DE VIOLENCIA (con mayúsculas) que se organiza en losdespachos y se nos aplica al pueblo. Casos como los de Roldán,Urralburu, Aragón, Vera, Corcuera, Barrionuevo, MarianoRubio, Mario Conde, De la Rosa, FILESA, PSV, Comisiones AVE,Huarte, Prado y Colón de Carvajal, ex delegados de Gobiernoen Nafarroa, caso BOE, pago a empresarios en la lucha anti ETA

en Navarra, Manglano, Perote, CESID, casos máquinas tragape-rras, Pascual Estevil, etc., etc.; lejos de ser casos aislados comose nos quiere hacer ver, forman parte de un entramado quedice muy poco del estado de Derecho al que se quiere sometera gentes jóvenes y no tan jóvenes de este pueblo.

El segundo eje de trabajo que se marca Gurasoak se refe-rirá a la «terapia» que estos jóvenes están recibiendo de lasfuerzas policiales. Saldrán a la palestra para denunciar segui-mientos, persecuciones, propuestas irregulares de colabora-ción o intimidaciones. Interpondrán cientos de denunciaspor acoso, coacciones, amenazas, detenciones ilegales. Lostestimonios de torturas y malos tratos que ellos, amas y aitas,habían conocido de boca de sus chavales, se convertirán enariete de Gurasoak. Con él golpean la puerta de quienes converbo hipócrita condenan una violencia. Se enfrentan a ellos,cara a cara, en el terreno del respeto de los derechos más bási-cos de la persona. Así, apuntan hacia la legislación especialantiterrorista como crisol de todas las desgracias. Señalan laaplicación de la detención incomunicada, la que cercena losderechos más elementales del detenido. En lo que a ellos afec-ta, el derecho a saber de su hijo, dónde y en qué estado seencuentra. No puede ser de otra manera: hacen bandera desu propio calvario.

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Si bien al principio los jóvenes pasaban un par de díasbajo incomunicación, los progenitores constatan que el perio-do autorizado desde la Audiencia Nacional se estaba apuran-do hasta el límite legal de los cinco días. ¿Es necesario tantotiempo para organizar la investigación policial y ponerla enmanos de los jueces de instrucción? ¿O se pretende algo másen ese período y en esas circunstancias? Ya lo sabemos.

Denuncian la actuación, asimismo, de los abogados de ofi-cio, que se presentan en el último instante ante el policía queapunta la declaración que previamente ha obligado a apren-der al chaval. Saben que su consejo jurídico vale cero, su asis-tencia en términos garantistas es nula y que, por el contrario,su presencia solo sirve para legitimar la pantomima que es latoma de declaración. En algunos casos se ha conocido que elabogado designado por el Estado se opone a ser identificadopor el detenido, o prefiere situarse tras él para salvaguardarsu identidad. Este frente de indefensión y desamparo tendráespacio en las denuncias públicas de los padres.

También subrayarán la deficiencia en la actuación de losmédicos forenses dependientes de la Administración de Jus-ticia: actitud prepotente, desidia profesional, calidad nefastade sus informes. Organismos internacionales denunciaban lafalta de un formulario estándar que ayude a redactar estosinformes para, al menos, evitar que los despachen con tresgarabatos apresurados. Pero es que las conclusiones de estosprofesionales de la salud han puesto en jaque, no pocasveces, al sentido común: en el primer informe de Egoitz Cotono se había encontrado ninguna lesión, todo era normal en lasegunda revisión. A la tercera, el médico acreditado por elEstado indicaba por fin que «mejora de sus heridas». ¿Decuáles, si no las había detectado antes?

Incluso en los casos en que se ha dado traslado al deteni-do para ser asistido en algún centro hospitalario, los padresharán lo imposible por estar allí. Estos casos no son rutina.Algo grave ha pasado. Entonces se topan con la tozudez con

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que la policía impide ningún contacto con el detenido. Ellos síque estarán presentes, uniformados, en el momento de la asis-tencia del médico. Los padres saben que esta actitud coarta lalibertad del joven sometido a custodia policial, ahora paciente,para explicar a su médico el motivo real de las heridas ohematomas, ataques de ansiedad, dolor en el pecho, imposibi-lidad de tomar aire… que obligó su traslado al hospital.

Así, con la denuncia de lo que consideran más evidente,de lo que se muestra ante sus ojos sin entrar en otras consi-deraciones, comienzan de forma improvisada pero efectiva ahacerse un hueco en el espacio asociativo y comunicativo.

Su mensaje será directo, fácilmente comprendido y com-partido por la sociedad a la que dirigen sus reclamaciones. Oal menos por la parte de la sociedad que conserva todavía unápice de humanidad.

Ante la manipulación comunicativa

Inmediatamente, Gurasoak se encuentra frente a esa pasare-la custodiada por víboras, que debe traspasar para llegar a laopinión pública: los mass media. Los medios de comunica-ción muestran una imagen de sus hijos e hijas que nada tieneque ver con la realidad, y que ellos conocen de buena tinta.

En una agria polémica con Diario de Navarra, el periódi-co es calificado por la asociación de «fiel defensor de todas lasbarbaridades cometidas bajo la dictadura franquista y hoyreciclado para la “democracia”». Denuncian «el silenciamien-to, cuando no la manipulación y la mentira sistemática deque hacen gala» en el tratamiento que reciben sus chavales,vinculados alegremente a la violencia callejera. Concluyeninvitando a los medios de comunicación a que «actúen comoverdaderos profesionales de la información y dejen de servoceros del poder económico y político».

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Gurasoak considerará que además de este periódico, Dia-rio de Noticias y Telenavarra también dan cobertura a lasoperaciones policiales catalogando el contexto en el que seproducen las detenciones como de «alarma social» y publi-cando «todo tipo de rumores, acusaciones, informaciones sincontrastar lo más mínimo, criminalizando a los jóvenes, exa-gerándolo todo e implicando al resto de la familia, venga o noa cuento». Esta actitud ha provocado que muchos «a todasluces inocentes, se vean hoy enfrentados a graves acusacio-nes y que pesen sobre ellos peticiones de condenas totalmen-te desorbitadas». Ante ello, exigen que rectifiquen pública-mente su postura y «traten a nuestros hijos y sus familiarescon absoluto respeto y equidad, teniendo siempre presentesu presunción de inocencia». Además de esa reclamación enderecho, plantean métodos de superación de semejanteclima: «que propicien desde sus medios la apertura de víasde diálogo entre la juventud y el resto de la sociedad, comosolución de los conflictos existentes, en lugar de potenciaractuaciones policiales como única alternativa». Denuncia,defensa y solución. Tres en uno.

En marzo de 1998, padres y madres de Basauri salen alpaso de informaciones periodísticas por las que se criminali-zaba a jóvenes del pueblo, detenidos por entonces, pero pues-tos en libertad. Los padres agrupados en Gurasoak habíanencontrado solo trabas por parte del Ayuntamiento, regidoentonces por el PNV, para realizar la rueda de prensa en loslocales públicos. Comenzaban a conocer la censura no ya con-tra sus hijos, sino contra ellos. Por fin, pudieron denunciar lasinformaciones incriminatorias publicadas por El País, ElCorreo Español y Deia que iban en contra del derecho a lapresunción de inocencia de cuatro jóvenes y en contra de lalibertad de sus padres y amigos de expresar públicamente sualegría por las excarcelaciones.

Meses más tarde, un grupo de padres y madres de jóve-nes represaliados se concentró en el Buen Pastor de Donostia,

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para protestar por el tratamiento que de estas informacionesrealiza la mayor parte de los medios de comunicación. Gura-soak acusaba a estos medios de «juzgar a nuestros hijos». Enopinión de la asociación, estos medios ejercen de «linchado-res mediáticos y dan automáticamente por buenas las acusa-ciones de la policía, sin rectificar posteriormente cuandoestos jóvenes salen en libertad».

Así, desde sus primeros comunicados de prensa y artícu-los, intentarán romper el muro comunicativo, ofreciendo laotra versión de los hechos. La de quienes saben algo de losucedido, principalmente porque están ahí. Pueden constatarque los medios de comunicación colocan el micrófono a lafamilia cuando su testimonio acompaña a la visión que quie-ren dar de los hechos y como se lo retiran en caso contrario.Por medio de los remitidos enviados a prensa pretendenequilibrar tanta desinformación. En ellos, Gurasoak señala ala discrecionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado enel acoso y persecución de los jóvenes, así como a las irregula-ridades y arbitrariedades que aparecen en la instrucción yenjuiciamiento judicial, primero ordinario. Después les toca-rá el turno de hacer lo mismo, con una nueva batería de argu-mentos, sobre la acción de la Audiencia Nacional. Transmiti-rán asimismo a la prensa el impacto que el proceso judicialtendrá en los jóvenes, en sus familias y en sus círculos máspróximos.

En abril de 1997 hacen públicos los datos que manejanen referencia a Nafarroa: contabilizan 143 detenciones en elaño 1996, así como 137 en los tres primeros meses de 1997.Más de 25 de los jóvenes habrían sido ingresados en prisiónpreventiva, y además se les aplica inmediatamente la políticade dispersión, distribuyéndolos en diversas cárceles del Esta-do español. Son datos, en un principio muy rudimentarios,pero ilustrativos del acoso llevado a cabo por los cuerpos poli-ciales, informando de retenciones ilegales, identificacionesarbitrarias, cargas policiales desproporcionadas e injustifica-

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das, agresiones policiales en recintos festivos, razias masivas,etc. A esto suman las cifras referentes a medidas cautelaresque se decretan contra decenas de jóvenes, principalmente laimposibilidad de dejar el territorio del Estado y la obligaciónde presentarse a firmar con periodicidad incluso diaria endependencias policiales.

Alzan la voz, asimismo, contra las disparatadas fianzas aque tienen que hacer frente para impedir que sus hijos ingre-sen o permanezcan por más tiempo en prisión, lo cual supo-ne para la familia un desembolso millonario. Con respecto ala asfixia económica que supondrán las fianzas y demás gas-tos de asistencia jurídica, reclamarán solidaridad económicapara sufragarlos. Comienzan a cubrirse ciertos flancos que,hasta hacía poco tiempo, permanecían desatendidos. Condificultades, pero se comunican con la sociedad.

Entre organismos e instituciones

En estos inicios de intenso dinamismo, Gurasoak encuentrabuena acogida en organismos del ámbito sectorial de losderechos humanos: Gestoras pro Amnistía, Senideak, Elkarri,Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, Herria 2000Eliza, Comunidades Cristianas de base, Salhaketa, Kakitzat,Torturaren Aurkako Taldea, Amnistía Internacional, Gestopor la Paz. Con estos últimos las relaciones no siempre seríanfáciles. En una nota de mayo de 1995, Gurasoak se quejabade la actitud de la asociación pacifista: «le falta la más míni-ma sensibilidad. No ha tenido ni un solo gesto ante las deten-ciones indiscriminadas. Os invitamos a que analicéis el por-qué de vuestro silencio».

También se pusieron en contacto con organizaciones quetrabajan en el ámbito juvenil para contrastar sus posiciones.El Consejo de la Juventud de ambas comunidades autóno-

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mas, Jarrai, Haika, Segi, Hautsi o las secciones juveniles departidos políticos pudieron conocer sus propuestas.

Ser padre o madre de un joven represaliado no es unadecisión personal. Es algo sobrevenido. Precisamente, ladiversa procedencia política de los padres integrados enGurasoak permitía que sus delegaciones se nutrieran de sim-patizantes de los partidos políticos que, con mayor o menorgana, les abrieron sus puertas. Herri Batasuna, Batasuna,Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida, Batzarre, Zutik, PNV osindicatos como LAB, ELA o Comisiones Obreras escucharonsus reivindicaciones. «Queremos que este tema esté sobrevuestra mesa de trabajo», les reclamaban. Incluso pidieronaudiencia a las más altas autoridades eclesiásticas como elarzobispado de Iruñea y Tutera o el obispado de Gipuzkoa.

Sus interpelaciones han superado las mugas de EuskalHerria. Tal es así que han labrado buena relación con lasMadres contra la Droga de Madrid y con los sacerdotes disi-dentes de la parroquia San Carlos Borromeo, Enrique de Cas-tro y Javi Baeza, del barrio madrileño de Vallecas. La asocia-ción participa en la Coordinadora para la Prevención de laTortura. También intercambian comunicados de solidaridadcon la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina.Estas, en una nota de prensa, se dirigían al delegado delGobierno en Nafarroa, señor Ansuátegui, «a fin de manifestarnuestra solidaridad con los familiares de los jóvenes detenidos,perseguidos y torturados por la Policía y la Guardia Civil».Tras comprometerse a «llevar estas denuncias a todas las orga-nizaciones internacionales y especialmente a las Comisionesde Derechos Humanos del Parlamento Europeo y las NacionesUnidas», las luchadoras argentinas proclamaban que «nopuede existir paz mientras exista impunidad y los torturado-res y asesinos reciban el apoyo de las autoridades de turno».

Las madres vascas también plantearán una intensa inter-locución a nivel institucional, si bien las relaciones con losgestores del sistema serán de tirantez y con escasa eficacia a

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la hora de llegar a puntos en común. Cumplieron sus citascon el Gobierno y Parlamento Foral. Un portavoz de Gura-soak reconocía que la posición que llevaban no era del gustode sus interlocutores, entre otras cosas porque lo planteabansin paños calientes: «lo que decíamos en las charlas se lodecíamos a ellos», aseguran. Interpelarán al Parlamentovasco en su Comisión de Derechos Humanos y al Gobiernode Lakua. Mantendrán reuniones con el equipo de direcciónde la Ertzaintza compuesto por Natxo Ormaetxe –director dela Policía de lo Criminal–, Mikel Legarda –viceconsejero deSeguridad– y el jefe de los anteriores, Javier Balza. Lo recuer-dan como uno de los encuentros más tensos. «Nos estáisechando a los hijos al monte», les espetaron los padres. Tantolos responsables de Interior como Txema Urkijo, entoncesDirector de Derechos Humanos, dependiente de Justicia, pro-metieron con la boca pequeña interesarse por los casos rela-tados, elaborar protocolos de garantía, cursar investigacionesen caso de que se hubiesen trasgredido derechos… palabrasque se llevó el viento. El Ararteko Iñigo Lamarca se vio obli-gado a reconocer algunas de sus reivindicaciones, reaccio-nando únicamente ante las insistentes demandas de LuisBeroiz.

Buscaron implicación en los colegios de abogados. Inclu-so asistieron a encuentros concertados con jueces a cargo delos tribunales de justicia provinciales y de la propia Audien-cia Nacional. Se reunieron con fiscales de rancio abolengo endicha institución, como Fungairiño. O su entonces superior,fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que les lanzó unaextraña recomendación: «preparen bien los juicios». HastaMayor Oreja, en calidad de ministro del Interior, tuvo querecibir a una delegación ante la insistencia de la asociación.Bien es cierto que, de estas reuniones, más se consigue fijarposiciones que tejer complicidades para revertir la situaciónde persecución de los jóvenes.

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En definitiva, no dejarán un solo cauce sin atravesar, niuna poza sin remover. Los padres y madres entraron en cár-celes, en parroquias, en enmoquetadas oficinas de organis-mos oficiales... Su actividad les llevó desde los gaztetxes hastaal Alto Comisionado de Derechos Humanos de las NacionesUnidas, en Ginebra.

Un nuevo paso

A partir de 1998, la asociación plantea que «ha llegado elmomento de sentarse, analizar, debatir y prepararnos para loque va a ser el trabajo de los próximos meses». En efecto, suactivismo les ha llevado a un sinfín de lugares. Los casos soncada vez más numerosos, los juicios han dado el salto de lasAudiencias Provinciales a la Audiencia Nacional, y nuevosgrupos de padres ven la necesidad de organizarse y participaren la asociación. Esto plantea la necesidad de construir unamínima estructuración interna, dado que tiene la voluntad derecibir a personas que «no pertenecen a organización alguna,ni a ningún partido político. Entre nuestros miembros haytodo tipo de ideologías dado que para pertenecer a Gurasoaksolo hace falta estar de acuerdo con sus estatutos». Ya decía-mos que la condición de padre o madre de un chaval atrapa-do en la represión no es algo elegido por ellos. Si lo es, porcontra, cerrar filas en torno a los derechos de sus hijos, para loque se tienen que organizar de la manera más eficaz posible.

De sus valoraciones internas se extraen algunas autocríti-cas, necesarias para afrontar los retos que se marcan. Estas seorientan al diferente nivel de implicación entre sus miem-bros, la falta de planificación e improvisación, «quedandotemas inacabados y trabajando a salto de mata». La asocia-ción ya se ha dado a conocer públicamente y ve la necesidadde intensificar los contactos a nivel nacional, entre todos losherrialdes. Convertirse en un referente también tiene su

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parte negativa, en la medida de que se constata que a los jóve-nes detenidos se les interroga sobre Gurasoak, qué padres semueven, dónde se reúnen, etc. Ellos también empezarán aestar en el punto de mira, como cualquier testigo incómodode la represión estatal.

Ante estos desafíos, ven la necesidad de que la agrupa-ción se dote de los medios oportunos para funcionar correc-tamente, como estructura nacional, comisiones de trabajo ylocales propios.

Paralelamente preparan un salto para visualizar la dimen-sión del problema, pero también para mostrar el apoyo yarropamiento social que tiene la asociación, y de paso ensa-yar sobre el terreno su capacidad de convocatoria. En esas, seconvoca una importante manifestación en abril de 1998 enIruñea bajo el lema «Por los derechos de nuestros hijos/as»,que cuenta con el apoyo de un importante número de orga-nismos y, lo que es más importante, la participación de 3.500personas que generan «un gran impacto en Iruñea», segúnvalora la asociación convocante. En esa situación, los mediosno pueden silenciar el hecho de que un organismo comoGurasoak pueda tener esa importante capacidad de concitarla adhesión popular, y algunos de ellos «tratan de minimizarla asistencia», según lamenta Gurasoak. Valoran por su parteque «lo que hasta ahora era un organismo de “cuatro padres”con una presencia testimonial, se les ha convertido en algoque tiene poder de convocatoria».

Una de las prioridades que se marcará la asociación a par-tir de septiembre de 1998 será la de «ganar credibilidadsocial». Esto impulsa la voluntad de que Gurasoak sea cono-cida en todo Euskal Herria, para lo que tratarán de estar pre-sentes en cualquier foro. Intentarán «que las exigencias y rei-vindicaciones de Gurasoak se conviertan en exigencias yreivindicaciones de los movimientos sociales». Para ello, sesienten obligados a mantener contactos periódicos con quie-nes consideran más próximos a sus postulados.

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En un informe de debate interno, Gurasoak enfrenta eltipo de estructura que necesita: «no deben de ser comparti-mentos estancos, deben de ser totalmente flexibles a cual-quier modificación y a su vez estas deben de estar abiertas alresto de la sociedad». En cuanto al ámbito territorial, consi-deran que la organización interna se debe distribuir en dosáreas, «una que abarque cada herrialde y otra que aglutine ycoordine a nivel nacional». Además rechazan una visión de laestructura rígida y burocrática, considerando que «debe deser una estructura ágil, en la que no nos eternicemos conpapeles y reuniones».

Tal vez una de las características que más refleja la filoso-fía de Gurasoak es la de evitar grandes esfuerzos internospara, eligiendo un mínimo común en el que sus miembros seencuentren cómodos, poder lanzarse a la confrontación direc-ta de sus reivindicaciones con la opinión pública. Será másfácil encontrar a Gurasoak en la calle que en oficinas.

¡A la calle!

Gurasoak se brega a pie de calle. Ellos han visto ante sus ojoscómo actúa la policía con sus hijos. Se han enfrentado tam-bién, en caliente, a la violencia policial. Han sido escudohumano cuando el orangután venía a buscar a su presa. Lospadres y madres han salido a la calle a caminar. También sehan plantado en la plaza, en la concentración ante un edificiooficial, ante un juzgado, ante la comisaría. Codo con codo,para sacar la cara a quienes se la estaban partiendo.

Los primeros mensajes de la asociación son leídos en fies-tas de barrios de Iruñea (Sanduzelai, Txantrea, etc.). Se reali-zan concentraciones ante el Diario de Navarra, el Diario deNoticias y Telenavarra por el tratamiento informativo que seda a los jóvenes. Organizan encerronas, parones y manifesta-ciones que, con la irrupción de nuevas operaciones policiales,

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atraen a más padres y madres. Los casos de tortura que seempiezan a conocer hacen que se tengan que redoblar esfuer-zos y se dé un nuevo impulso al esfuerzo organizativo. Supresencia en la calle obliga a que los medios de comunicaciónno puedan arrinconarlos como si no existieran.

Una de las principales evidencias de la eclosión de Gura-soak en todo el territorio será la multitudinaria manifesta-ción que celebraron en navidades de 1998 y que servirá detarjeta de presentación ante el conjunto de Euskal Herria.Miles de personas secundaron la marcha encabezada por lasmadres de algunos de los últimos arrestados con una pancar-ta que mostraba el lema de «Gure seme-alaben eskubideenalde/Por los derechos de nuestros hijos». Un grupo de zan-pantzar precedía a la manifestación, en la que muchos de losparticipantes portaban banderolas con el logotipo de Gura-soak e ikurriñas. A lo largo del recorrido se escucharon diver-sas proclamas como «no a los montajes policiales y judicia-les», «no a la aplicación de leyes especiales», «no a los juiciosfarsa», «por los derechos y libertades de nuestros hijos».

La marcha recorrió las calles de Donostia bajo una persis-tente lluvia. En un escenario colocado en el Boulevard, dosmujeres tomaron la palabra, presentando datos del conjuntode Euskal Herria: desde 1992 hasta aquel momento, 541 jóve-nes habían sido detenidos por participación en actos de kaleborroka, de los cuales 156 habían ingresado en prisión. Asi-mismo realizaron una lectura crítica con la actuación de lasfuerzas policiales, jueces, partidos políticos y medios decomunicación.

La valoración de la manifestación no podía ser más posi-tiva, y fue considerada por sus promotores como un «espal-darazo a la actividad de Gurasoak», en la que era su primerainiciativa de ámbito nacional. El espacio donde desarrollan suacción no da lugar a dudas: «se presenta en Donostia Gura-soak de Euskal Herria, formado por madres y padres de Vas-congadas y Navarra, manteniendo contactos con Iparralde» y

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valorando como un gran impulso el apoyo de las aproxima-damente 10.000 personas que llenaron las calles de la capitalguipuzcoana.

Una de las mujeres que había tomado la palabra al finali-zar la marcha era Mari Carmen Mañas. Se dirigió al públicocon palabras que años después tienen una dosis de dolorosaprofecía: «estamos asistiendo a una intensificación de deten-ciones de jóvenes que amenaza con añadir nuevos sufrimien-tos a personas de su entorno familiar. Ante ello, en lugar debuscar soluciones políticas, la única propuesta que se impul-sa es el incremento de la represión». Años más tarde, un poli-cía nacional y su hijo asesinaron a su marido, Ángel Berrueta,en su panadería del barrio de Donibane en Iruñea. Dejaronviuda a Mari Carmen y huérfanos a Aitziber, Imanol, Ene-koitz y Aitor.

Nuevos problemas y nuevas soluciones

Pero no son sólo los progenitores los que dan pasos. Sehabían empezado a derivar sistemáticamente todos los proce-dimientos a la Audiencia Nacional, lo que provocó las prime-ras calificaciones de delitos de terrorismo. Esto obligó a laasociación a posicionarse rápidamente ante la nueva vueltade tornillo que agravaba sustancialmente las peticiones con-tra sus hijos. Se hicieron también presentes en la AudienciaNacional, con sus pancartas, camisetas, dentro y fuera de lasala. Censuran la competencia de este tribunal especial,situándola como una de las principales preocupaciones de laasociación: si ya habían mantenido una actitud crítica con lasAudiencias Provinciales, ahora el problema se disparaba.

En cuanto al tratamiento penitenciario que se reservapara las personas detenidas, Gurasoak apuntará al aleja-miento y dispersión como un factor negativo de graveimpacto tanto para el joven como para su familia. El ser cata-

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logado como presos FIES –Fichero de Internos de EspecialSeguimiento– también será un elemento de denuncia por lasrestricciones que imponen en las condiciones de vida delpreso: régimen de vida, horas de patio, condiciones de aisla-miento, etc. Asimismo, consideran que esta situación espe-cial, además de ser discriminatoria con respecto al resto dela población reclusa, genera un espacio de impunidad anteagresiones por parte de funcionarios u otros presos belige-rantes.

En enero de 2001, pocas horas después de la entrada envigor de la nueva Ley del Menor, Gurasoak sacó a la calle sudenuncia, con la adhesión de cerca de un millar de personas.Las pancartas que abrían la marcha llevaban el lema «Leydel Menor = Ley del terror». En otra pancarta se pregunta-ban: «¿Qué vais a hacer con nuestros hijos?». Ya lo sospe-chaban.

Se sumaron a la manifestación diversos representantesde organismos, entre ellos partidos políticos y sindicatos.Begoña Aranibar y Mari Carmen Mañas leyeron un comuni-cado en el que se acusa de «poner en manos de unos pocosjueces y fiscales, directamente vinculados con el poder ejecu-tivo, la posibilidad de destruir la vida y el futuro de cientosde jóvenes vascos, permitiéndoles la aplicación de penasexcepcionales, sin relación con el daño causado». Tras denun-ciar el apoyo dado a la nueva ley por «sectores sociales, inte-lectuales, partidos políticos, organismos pacifistas, Iglesia,juristas y otras organizaciones», a las que echaron en cara«quedarse mudos ante las escalofriantes condenas» de laAudiencia Nacional, reclamaron una solución definitiva parala situación de conflicto. «La utilización de la Ley en los tér-minos expuestos solo acarreará más odio y más enfrenta-miento».

Pero no sólo harán una lectura antirrepresiva en torno ala situación que viven los jóvenes. Gurasoak tiene bien claroque la coerción policial y penal contra este sector no es la

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solución, sino el problema. Indagan en la raíz de las causasde la situación que enfrenta la juventud y que le hacen reac-cionar de determinada manera. En un informe reconocenque «la tensión es muy grande y hoy la política que se sigueante cualquier reacción juvenil es la de la pura represión.Basta comprobar que lo único que se propone es encarcelar yrebajar la edad penal». Por ello, conscientes del paquete deproblemas que tiene enfrente la juventud, constatan que«estos se rebelan». Concretamente mencionan:

La exclusión social, el agravamiento del desempleo que obligaal joven a la aceptación de empleos absolutamente precarios,que tiene que ver con una experiencia vital y cultural que origi-na un grave desequilibrio en la inserción en la sociedad y en suanimadversión. Otro problema es el autoritarismo que se ejer-ce sobre los jóvenes, el cual se les impone con mano de hierroy sin escuchar sus opiniones ni sus necesidades.

El fracaso de toda la sociedad. Para entender mejor elalcance de esas carencias, abren un debate sobre el modeloeducativo y su impacto en el ámbito social. Enfrentan la cues-tión de las drogas, la adicción entre la juventud, y se pregun-tan a quién beneficia este fenómeno. Asimismo, pondrán enmarcha mecanismos asistenciales para contribuir entre todosa solventar acuciantes necesidades de los jóvenes. Esto gene-ra una mayor sintonía entre padres e hijos, lo cual llevará asu vez a facilitar la acción, la movilización, la protesta. Sinduda, este será uno de los aportes más importantes que ate-sora esta asociación, frente a la caterva de expertos, técnicosy sociólogos que solo se han acercado a la juventud para vercómo los podían machacar mejor.

Precisamente, una de las cosas que más escuece de laacción de Gurasoak es que sus integrantes decidiesen poner-se frente a frente con el problema y hayan podido llegar aentender las razones de sus hijos.

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Gurasoak en su entorno

Las madres y padres que engloban la asociación no vivenrecogidos en sus sufrimientos. Intimar con otros en similarsituación, por los problemas que la condición de padres dehijos represaliados les hace compartir, tiene un profundo sig-nificado terapéutico. Pero esto no los aísla, sino que les animaa comunicar a otros lo que sienten. El hecho de salir a la callepara reclamar respuestas a sus reclamaciones más urgentesha obligado a Gurasoak a estar en contacto con su entornosocial y político. En dos direcciones, preocupándose recípro-camente también por lo que otros pasan. En sus informesinternos se recoge que la asociación «ha apoyado todas lasiniciativas que, convocadas por otros organismos, han estadoa favor de los derechos humanos».

Eso los lleva a tomar una posición que, como es conocidoen Euskal Herria, no es una retórica declaración de princi-pios:

Gurasoak buscará y apoyará cualquier salida dialogada y/onegociada al conflicto que actualmente se vive entre EuskalHerria y el Estado español. La solución policial lo único quehace es alargar el dolor y sufrimiento de este pueblo, y eso loconocemos muy bien todos los componentes de Gurasoak.

En lógico seguimiento de esa declaración, y tal vez en loque se podría considerar un salto discursivo y de actuacióncon referencia a sus primeros años, la agrupación interven-drá en dinámicas de corte más política. Si bien se podríaachacar que supera los objetivos humanitarios que se acota-ron en un principio, deviene de la sucesiva toma de concien-cia de los padres y madres organizados en torno al organis-mo: la adopción de medidas políticas es necesaria pararevertir la situación de violencia y, en concreto en su caso, larepresión contra sus hijos. Simplemente llegan al convenci-

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miento de que una mejora de las circunstancias políticasgenerales desembocará asimismo en mejoras en la línea sec-torial que ellos y ellas impulsan.

Así, se habían posicionado contra otras vulneraciones dederechos básicos llevados a cabo por el Estado. Se habíanmostrado extremadamente críticos con el encarcelamiento dela Mesa Nacional de Herri Batasuna, así como con el cierredel diario Egin, por considerar que esta iniciativa del gobier-no del PP colisionaba directamente con los derechos políticosy las libertades públicas más elementales. Y porque sonnubarrones que hacen empeorar aún más el clima político.

Pero también hay destellos de sol. El 12 de septiembre de1998 añade su firma a la de decenas de asociaciones, organi-zaciones políticas y sindicales del conjunto de Euskal Herriaen la declaración de Lizarra-Garazi. En una nota que dirigena la opinión pública, remarcan que ante «esta esperanzadorasituación, los padres y madres de jóvenes vascos represalia-dos queremos recordar a nuestros conciudadanos que nues-tros hijos e hijas continúan siendo perseguidos y detenidosbajo el peso de la Ley antiterrorista». Y prosiguen:

Esta situación la están viviendo, en general, jóvenes quepor su edad se encuentran ante la difícil misión de buscar res-puesta a sus más inmediatas necesidades –estudios, profesión,relaciones personales y un largo etc.–, resumidas en el objetivo,al que tienen derecho, de ser personas con una identidad pro-pia en una sociedad que, como la vasca, está luchando paraabrir camino a sus propias señas de identidad, en unas condi-ciones realmente difíciles.

En ese momento, sentimos con indignación cómo estánsiendo sometidos a la aplicación, por parte de los poderespúblicos, de una estrategia de aniquilamiento indiscriminado,con la impagable ayuda de ciertos medios de comunicación,utilizando como cobertura la acusación, no demostrada, de supertenencia a «grupos Y» de apoyo a ETA, de cuya existenciaparece estar al corriente solamente la policía y los fiscales.

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Por tanto, subrayan los motivos que persiguen al apoyarel proceso abierto:

… desde Gurasoak, pensamos que solamente con el diálogoentre las distintas fuerzas políticas y sociales, con el fin de abrircaminos a la voluntad de los ciudadanos, para que esta puedaexpresarse pública y democráticamente, es la única salida aesta situación.

Recalcan su posición con tres reclamaciones: «ningúnjoven en prisión preventiva, no a la aplicación de leyes espe-ciales, los sumarios a las Audiencias Provinciales».

Dos meses más tarde, tras la reunión de la CoordinadoraNacional de Gurasoak, comparecieron en rueda de prensaJesús González, Mikel Vázquez y Koldo Begiristain paraexpresar su «preocupación por la situación que viven cientosde jóvenes vascos y sus familiares», recordando casos concre-tos de Santurtzi, Gasteiz o la situación especial de Nafarroa.En esta rueda de prensa, y teniendo en cuenta el momentopolítico marcado por la firma de Lizarra Garazi, declararonque su apuesta «pasa por buscar fórmulas de diálogo y dis-tensión» que pongan fin al sufrimiento y acaben con el con-flicto político que sufre Euskal Herria. «Creemos que las con-diciones no pueden ser más favorables y deben ser aprove-chadas», aseguraron.

La firma del acuerdo y la posterior tregua declarada porETA no generan sin embargo un momento de absoluta disten-sión. Rosa Díez, Joaquín Almunia, Iturgaiz y Mayor Orejahacían continuas referencias a la persistencia de la «violenciacallejera», que vinculaban a una «estrategia ligada al espíritude fondo de Estella», en palabras de aquel último. Era la «tre-gua trampa» de la kale borroka.

Las detenciones se suceden, si bien se unen a su denunciaotros miembros de partidos nacionalistas, como Joseba Egi-bar o Sabin Intxaurraga. El entonces consejero de Justicia cri-

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ticó los arrestos ocurridos en Getxo y Leioa en marzo del1999 por la Policía española, entendiendo que «mientras sepretende impulsar un proceso de paz algunos quieren sacarrendimiento electoral con estas detenciones». Enrique Villar,delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca,consideró las declaraciones de Intxaurraga de «ultranaciona-listas».

La situación nuevamente se tensaba, por lo que, en estascircunstancias, veinte padres y madres participantes en laasociación organizan un encierro en la basílica de Begoña, enBilbo. Varios más quedaron fuera de la dinámica por falta deespacio, si bien mostraron su disponibilidad para sumarse algrupo. Además de un intenso debate con quienes se aproxi-maban a la iniciativa, pudieron encontrarse con medios deprensa, con agentes sociales y con partidos políticos.

Sin duda, no se les puede reprochar que no hicieran loque estuvo en sus manos para la búsqueda sincera de otroescenario político. En él, solo podían haber salido ganando.

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tras los hijos, a por los padres

LA GRIPE ESPAÑOLA, TAMBIÉN CONOCIDA como la Pesadilla o laMadre Patria –nombres sugerentes–, asoló medio mundo aprincipios del siglo pasado. Una pandemia letal que, a dife-rencia de otras que tomaban sus víctimas entre personas desalud debilitada, arrolló a jóvenes y adultos sanos.

La represión de la kale borroka actuará de forma seme-jante, cobrándose piezas entre los jóvenes primero, paraluego dar el salto a sus padres, que habían hecho bandera dela defensa de sus hijos.

Y es que, desde el primer momento en que levantan lavoz, ya no conocerán la tranquilidad. El Mundo titula unreportaje «Los padres amparan la kale borroka». Antes deentrar en el meollo del artículo, parece investigación de lafina. Pero inmediatamente se ve de qué alcantarilla procede:«según un informe de la policía, al que se ha tenido acceso, el50 % de los detenidos ha declarado que sus familias amparansu implicación en los comandos Y de apoyo a ETA».

Sería interesante que aclararan en qué condiciones seconsigue las declaraciones para sacar semejantes estadísticas.Pero se aprecia rápidamente la calidad de los datos:

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El 95 % de los padres militan en partidos de carácter abertzale.Pero también hay un 4 % de padres de esos detenidos que per-tenecen al Partido Popular, formación política que sufre elacoso constante de ETA y de los grupos afines.

Habíamos dicho que los padres pueden elegir partido,pero no tener un hijo en comisaría. No parece extraño que lamayoría sean abertzales –la noticia hubiese sido lo contra-rio–. Pero recurriendo a conocimientos matemáticos senci-llos: 95 + 4 = 99 nos dice que el otro restante 1 % de lospadres son del PSOE, de IU... o se abstienen. Porque concreta-mente hablan de «militar» en los partidos. No cuadra, perobueno, qué sabe la policía de estadística e intención de voto...y El Mundo de ética periodística.

Pero ese es el nivel general al tratar a las familias. El Paíspublicaba una entrevista con un policía que «trataba» conjóvenes: «unos proceden de familias radicales que los alien-tan, pero otros muchos son hijos de maquetos que quierenhacer méritos».

Alucinante. En la línea, La Razón abría una noticia refe-rente a Gurasoak definiéndola como «organización proeta-rra». ABC ya lo tenía como coletilla habitual.

En esa línea de ser el saco de acusaciones infundadas,protagonizaron forcejeos verbales con dirigentes políticos einstitucionales. Se engancharon con Santiago Cervera, enton-ces portavoz del Gobierno foral de Nafarroa, que les acusó de«corrupción de menores». Gurasoak respondían: «ocupa unanueva poltrona gracias al acuerdo tácito con el partido que hagenerado personajes como Roldán, Urralburu, Villoslada,Otano, etc., individuos estos que han sido alabados por éldurante muchos años en su política de "paz y tolerancia"». Laacusación de aquel no se sostiene. Ante la respuesta, chitón.

Apenas sin duda, uno de los huesos más duros que lestoca roer será la posición de Francisco Javier Ansuátegui, elazote de disidentes en Nafarroa. El representante del Gobier-

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no español en el territorio foral vertía el 3 de junio de 1997declaraciones en las que negaba la existencia de malos tratosen la detención de Gorka Gómez y acusaba a quienes lasdenunciaban de estar «adoctrinados y aleccionados paraello». El manual de denuncias de tortura de ETA, tambiénentre los documentos de Gurasoak. La asociación respondíaque «no dudamos en absoluto de que lo dicho por el joven seacierto, máxime cuando estamos asistiendo a diario en barrios,casco viejo de nuestra ciudad y pueblos a verdaderas raziaspoliciales de acoso y agresiones a cientos de jóvenes. Y si estoocurre a plena luz del día, ¿qué puede ocurrir en comisaría ycuartelillos donde todo queda entre cuatro paredes y "exper-tos en interrogatorios"?». El delegado famoso por su buenpulso al dirigir a los uniformados españoles pretendía deni-grar la actuación de la asociación de padres y madres, endeclaraciones a la agencia EFE, acusándole de estar «dirigidapolíticamente». Ante ello, los padres y madres se defendíanafirmando ser «un colectivo formado por gentes de muydiversa índole, tanto política como social, que se sienten uni-dos simplemente por la denuncia y la defensa posterior de losderechos y libertades de la juventud y por tanto de nuestroshijos/as». Pero tampoco dan puntada sin hilo: «tendría máscredibilidad si investigase las denuncias presentadas por jóve-nes, en lugar de achicar balones fuera». Por supuesto, nuncalo haría. Le reclamaron en Madrid para hacer allí lo que habíaaprendido en Nafarroa: apalear a los movimientos sociales.

Ya hemos comentado cómo sociólogos y técnicos en edu-cación han querido denostar sus habilidades como progenito-res, acusándoles primero de no hacerse cargo de la educaciónde sus hijos, de mostrar actitudes antisociales, de padecertodo tipo de defectos y vicios, para además presentarloscomo inspiradores de las actuaciones violentas de sus hijos.Son el germen del odio que contagia todas las aspiracionesjuveniles. En concreto, el informe «Padres de la kale borro-

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ka», atribuido a Javier Elzo, consideraba a estos como «irasci-bles, violentos y alcohólicos».

El tratamiento despectivo que reciben los padres llega a laAdministración de Justicia. Lo explicaba Gurasoak en unreportaje que publicaba Gara:

Para los jueces españoles la responsabilidad de que nuestroschavales sean como son es nuestra, es de su entorno más cerca-no, ya seamos padres, amigos o compañeros, y por lo tanto pre-tenden aislarles de nosotros. Opinan que nuestras hijas e hijosviven en un ambiente de delincuencia.

Y lo grave es que esta opinión tendrá efectos en el trata-miento que después dispensarán a los hijos: «es en esta ideapreconcebida en la que justifican que nuestros jóvenes seantrasladados a Madrid y tratados en estas condiciones tanduras». Ante esta actitud, los padres y madres, «también nossentimos injustamente valorados y castigados».

El portavoz del colectivo, Javier Ayesa, tuvo que salir a lapalestra para defenderse de acusaciones que se hacían contralos padres de los jóvenes detenidos:

… somos completamente normales, nuestro único delito eshaber parido, criado y educado a unos hijos que probablementeno estén muy conformes con el tipo de sociedad que les hatocado vivir. No son hijos de familias rotas ni marginales.

Es realmente triste que, en un Estado que pasea su ban-dera por organismos internacionales de defensa de los Dere-chos Humanos, se tenga que hacer, todavía, este tipo de pun-tualizaciones. Pero seguirá habiendo ciudadanos de primeray terroristas todos los demás.

En diciembre de 1997, Gurasoak organizó un acto en Al-tsasu bajo el lema «Por los derechos de nuestros hijos». Sinembargo, tuvieron que aprovechar la convocatoria para cla-mar también por sus propios derechos:

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… algunos políticos y medios de comunicación quieren conven-cer a la opinión pública de que son jóvenes marginales, inma-duros, sin educación, fanáticos. Les niegan la capacidad de pen-sar, de comprometerse, de tener ideas propias. Llegan hasta aculpabilizarnos a nosotros, sus madres padres, a responsabili-zar a los profesores, a cualquiera que tenga contacto con ellos.

Las madres y padres no sufren por sus hijos, sufren consus hijos. Repiten una y otra vez que «los volverían a paririguales, tal y como son». No se duelen por lo que son, por loque piensan, sino por la injusticia con que son tratados.

No en vano han elegido como logotipo de su asociaciónun retazo del cuadro más famoso de Picasso, el Guernica. Enél aparece una madre desconsolada, en un estallido de dolor,con su hijo muerto en el regazo. Dolor junto con su criatura.

Responsables de sus hijos

Vemos cómo han dado la cara por sus hijos. Se han hechoresponsables de ellos y han defendido su integridad y suhonor. Por ello, a padres y madres también les ha afectadocolateralmente la batalla desatada contra la juventud. Hansufrido la ansiedad y la carga sicológica derivada de la pro-funda preocupación por cómo se encontrará en manos de lapolicía. Si estará en Euskal Herria o en un cuartel perdido enMadrid. Si su cabeza reposa en una almohada sobre un catrede calabozo o está dentro de una bolsa de plástico, boquean-do para coger una brizna de aire.

Los tribunales también les han convocado, les ha requeri-do como testigos, les han sometido a interrogatorios pararedactar informes sobre la estabilidad familiar y sobre suprole, les han mareado a viajes, a citaciones, les han obligadoa realizar largas estancias en la capital de la represión. Lapolítica penitenciaria de dispersión les ha obligado a apren-

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der a dirigirse a cárceles remotas, enfrentándose al cansancio,a la paliza del viaje, afrontando los innumerables gastos deri-vados de esta situación de encarcelamiento y el riesgo de acci-dente que se agazapa tras cada curva… Se han angustiadoante la posibilidad de llegar tarde a la visita, que tal vez no sepodrá celebrar porque falta un documento o una llamada, unpermiso... «Pensará que hemos tenido un accidente», se ator-mentan.

Pero no son únicamente responsables indirectos, pasivos,gregarios. Económicamente han asumido cifras cósmicas enfianzas. Han tenido que hipotecar pertenencias, que firmarcréditos en entidades bancarias, que pedir apoyo económicoa otros familiares o a almas siempre solidarias. Pagan intere-ses por fianzas que se acumulan en las cuentas estatales porlustros. Más aún, les han hecho acreedores inmediatos de lasmultas impuestas a sus hijos cuando estos no podían hacerlesfrente. Se han visto obligados a pagar sus sanciones en cali-dad de responsables subsidiarios.

En febrero de 1996, el consejero de Justicia Ramón Jáure-gui, uno de los principales inductores del agravamiento de lareacción del Estado contra la kale borroka, compareció ante laComisión Parlamentaria de Interior, a petición de Pablo Mos-quera, para informar sobre «el nivel de coordinación de sudepartamento con la judicatura en el proceso de prevencióny lucha contra la violencia juvenil». En dicho marco, el conse-jero socialista amenazó con la adjudicación de las indemniza-ciones por responsabilidad civil a los padres de los menorescondenados: «Que se sepa que quemar un autobús, un cochede la Ertzaintza o un cajero, o romper un escaparate nopuede ser gratis». Jáuregui pretendía que los padres pagaranpor sus hijos. Peor aún, que hicieran de policías con ellos.Esta fue una polémica que se extendió en el tiempo y que,como es habitual, tuvo su derivación a la práctica.

Como tantas otras veces, la pronta reacción de un tribu-nal a la llamada de un político no tarda en llegar. El Juzgado

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Central de Menores de la Audiencia Nacional sentenció a lospadres del menor J.L.E. a pagar la cantidad de 3.005 euros a laconcejala del PP en Getxo María Luisa Arrue, por haber reci-bido de su hijo cartas relativas a la situación de los presospolíticos vascos. En ellas aparecía la expresión «lo vas a pagarcaro». Según el fallo, pretendía con este acto «coadyuvar a losobjetivos y fines perseguidos por la organización terroristaETA contra cargos políticos no nacionalistas». La sentencia sejustifica así:

que en Getxo o en cualquier lugar de España, se deba conside-rar el amedrentamiento del rival político como una situaciónnormal es tal aberración del Estado democrático de derechoque no merece más crítica ni consideraciones.

Tal vez no en Getxo, pero en cualquier lugar del mundoun cargo político debería poder ser recriminado por sus con-ciudadanos si estos consideran que es criticable su posiciónpolítica.

Lo curioso es que el fallo, para justificar la implicación delos progenitores, hace referencia a un informe técnico queseñala que el autor de las misivas pertenece a «una familiaestructurada en cuanto a relaciones interpersonales, con esta-blecimiento adecuado de pautas educativas». Esto lleva al juz-gado a interpretar que es una «grave negligencia» que losprogenitores no hayan adoptado las prevenciones mínimaspara evitar que su hijo «persistiera en sus actividades delicti-vas, máxime cuando no fue una, sino varias, las cartas envia-das». Por ello, les impone el pago de la indemnización a laedil del PP.

Este argumento es una peligrosa arma de doble filo. Si esuna familia estructurada, el cabeza de familia es responsablesubsidiario del hijo. Si no lo es, estará expuesto al escarniopúblico en los medios de comunicación. Si has educado a tuhijo con pautas adecuadas, debes pagar una multa. Si no son

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correctas las pautas, ¿debería ir el padre a prisión? ¿Y el hijoa galeras? ¿O viceversa?

María Luisa Arrue se mostró exultante con la sentencia,ya que «es un ejemplo de escarmiento para los jóvenes quedudan si meterse o no en ese horrible mundo de la violen-cia». Un escarmiento para los jóvenes... y para sus padres.«Lo vas a pagar caro», se le amenazó supuestamente. No es aella a quien le sale tan caro. Los padres del adolescente, reco-nocidos por la propia Audiencia Nacional como buenos pro-genitores, todavía no entienden qué han hecho mal.

En sus propias carnes

Han pagado por sus hijos, pero no solo con frío dinero. Elatrevimiento de enfrentar la autoridad del Estado también hahecho a los padres y madres sufrir en sus propias carnes larepresión policial, las amenazas, las querellas, los golpes detodos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que ope-ran en Euskal Herria. Clamando por la integridad de sushijos, han puesto la suya a los pies de los caballos.

El vecino de Iruñea Txuma Gómez de la Merced denun-ció ante los tribunales a la Policía Nacional por torturar yagredir a su hijo Gorka durante su detención, de la que fuetestigo presencial en noviembre de 2000. Hemos relatado enpáginas anteriores las torturas que sufrió Gorka. Año y mediodespués, fue llamado a declarar a la Audiencia de Iruñea ¡encalidad de imputado! Al llegar, descubría con estupor que laPolicía había interpuesto contra él una querella criminal por«acusación o denuncia falsa», por la que se le reclamaban12.000 euros. Dos de los agentes que intervinieron en elarresto estimaban que el querellante, después querellado, era«absolutamente consciente de la falsedad de lo que allídecía». Y añadían:

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Conviene significar que el delito cometido por el señor Gómezde la Merced se encuentra dentro de la estrategia seguida por labanda terrorista ETA y sus grupos de apoyo. El señor Gómez dela Merced, perteneciente al colectivo Gurasoak, afín al entra-mado de esa organización asesina, utiliza como elementomediático o de presión la acusación o denuncia falsa, con el finde perturbar también en los juzgados la paz social.

¿La paz social se perturba interponiendo querellas? Otroelemento a tener en cuenta. No es novedosa la defensa porelevación de la brutalidad policial. El ahora acusado siguedirectrices de ETA. El caso se archiva. Pero, de haberse encon-trado al tribunal con más apetito, hecho que siempre depen-de de momentos e intereses imprevistos, el resultado podíahaber sido fatal.

Pero no todo corresponde a una escalada verbal o depen-de del humor de los estrados. Los padres también han proba-do directamente una ración de violencia de los uniformados.El día 5 de enero de 2001, Andrés Couceiro acompañaba a suhijo Jon Ander a la prisión de Basauri para cumplir una con-dena de cuatro años. Agentes de la Ertzaintza interceptaronsu coche. Tras una memorable demostración de brutalidadgratuita, se llevaron detenido al padre, dejando tras el inci-dente un importante saldo de contusiones.

Andrés Couceiro era cabo de la Policía Municipal deBilbo, y, pocos días después, compañeros suyos salieron en sudefensa, denunciando que la actuación –de la que responsa-bilizaron a un grupo de ertzainas conocidos como «los Palan-ca»– fue «injustificada y desmedida». Pidieron a Interior y alalcalde de Bilbo que abrieran una investigación. Conscientede su profesión, Andrés Cruceiro denunció que «si en vez deser yo es otro chaval, estoy seguro de que nos acusan de aten-tado y nos meten en la cárcel, como hicieron antes con mihijo».

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Ángel eta Kontxi gogoan

Sin duda, el caso de mayor impacto, el punto álgido del climade calentamiento global contra los padres y muestra dolorosade que su intervención pública es insoportable para los esta-mentos del Estado, la constituyó el asesinato de Ángel Be-rrueta, miembro de la asociación, a manos del policía nacio-nal Valeriano de la Peña y su hijo.

Pilar Rubio, esposa y madre de los anteriores, habíaintentado colocar un cartel con la leyenda «ETA-no» en el esca-parate de la panadería de Ángel, en el barrio Donibane deIruñea, dos días después del fatídico 11-M en el que variasbombas habían explotado en diversos trenes en Madrid, pro-vocando una verdadera masacre. Los medios de comunica-ción amplificaron la versión oficial de que había sido ETA laautora de los hechos, generando un clima asfixiante. Ángel,panadero y propietario de la tienda, se opuso a que PilarRubio colocara el cartel en su escaparate, lo que generó unareacción histérica de la mujer: «etarra», «asesino» e «hijo deputa» fueron los insultos que testigos escucharon mientrasesta se retiraba a su casa. Minutos después del altercado,Miguel José de la Peña, hijo de Pilar, le clavó a Ángel uncuchillo enorme produciéndole, según los forenses, una heri-da mortal. Valeriano de la Peña, policía español asignadocomo escolta al entonces presidente de UPN, Jaime Ignacio delBurgo, descerrajó cuatro tiros sobre Ángel con su arma regla-mentaria. No medió ningún tipo de discusión entre el pana-dero y sus asesinos.

Al día siguiente la geografía de Euskal Herria se llenó deactos de rabia, dolor y protesta. Como en tantos otros pue-blos, una nutrida manifestación recorrió Hernani. La Ertzain-tza se hace presente con una violenta carga, con golpes ypelotazos. Kontxi Sanchiz cae al suelo y pierde el conoci-miento. Los participantes en la movilización, ante la grave-dad de los hechos, llaman rápidamente a una ambulancia,

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pero, viendo que esta no llegaba, reclaman a los policías quetrasladen a la mujer a un hospital. «A nosotros no nos impor-ta», es toda respuesta. Tras minutos de tensa espera, llega unaambulancia demasiado tarde: Kontxi Sanchiz ha muerto.

No hay espacio para condenas de las autoridades. Las ins-tituciones, desnudas ante el pueblo, no tienen vestiduras querasgarse.

El juicio por el asesinato de Ángel Berrueta se celebrarámeses después en la Audiencia de Iruñea. La tesis de Gura-soak, que participaba en calidad de acusación particular, esque Ángel fue la víctima de una acción de carácter políticocomo efecto directo de la obsesiva campaña del PP para ocul-tar la autoría de al-Qaeda de los atentados de Madrid. Estrate-gia que le costó sus últimas dosis de credibilidad y el Gobier-no. Uno de los que mantuvo la mentira hasta el final fueprecisamente Jaime Ignacio del Burgo, el que recibía los ser-vicios del policía en el banquillo.

El abogado de la acusación particular, Jokin Elarre, pre-senta una petición de 25 años de privación de libertad porasesinato, y solicita que Pilar Rubio sea considerada inducto-ra del mismo. Desde la asociación Gurasoak anuncian que«queremos dejar bien claro que lo único que pedimos es jus-ticia, no queremos venganza». Elemento que los diferencia dequienes ejercen la acusación contra sus hijos. Pero reclamanjusticia, conscientes de que algo tan simple les ha sido nega-do compulsivamente. Un objetivo lejano, que no les pondránfácil alcanzar.

Las defensas del policía, su mujer y su hijo consideranque los tres deben de ser absueltos, argumentando defensapropia y enajenación mental. Por su parte, Javier Muñoz, fis-cal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, calificalos hechos como asesinato, homicidio consciente y volunta-rio, por lo que solicita 18 años de cárcel para padre e hijo. Entanto insiste en exculpar a Pilar Rubio como inductora, yaque «solo creó una situación de excitación». En cuanto al

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motivo, el fiscal también lo ve claro: «una riña de vecinos».En efecto, obviando las circunstancias, descontextualizandolos hechos de marcado cariz político, el asesinato apareceante la tribuna como un delito ordinario, una disputa comúnentre vecinos con un final luctuoso.

No suficiente con haberles sido arrancado un marido yun padre, la familia de Ángel denunció sufrir el hostigamien-to de «desconocidos» durante todo el periodo de celebracióndel juicio. Gurasoak se aprestó a denunciar «el acoso sufridopor su mujer y sus hijos, con llamadas telefónicas amenazán-doles de muerte, destrozos en la tienda, en los coches e inclu-so la pérdida del puesto de trabajo por parte de dos hijos».

La asociación también criticó el modo en que se estabadesarrollando el juicio y la actitud de la fiscalía y de otros res-ponsables políticos:

Por desgracia, tenemos mucha experiencia tanto en la Audien-cia de Pamplona como en la Audiencia Nacional, de cómo sedesarrollan ciertos juicios contra nuestros hijos e hijas, dondelo principal no son las pruebas o testimonios de los testigos,sino la coyuntura mediática, política y social.

Pero nadie expondría con tanta claridad los sentimientosdel momento como los seres más próximos y queridos deÁngel.

Carta de la familia de Ángel Berrueta Legaz

En estos momentos tan amargos y duros para nuestrafamilia, quiero hacer llegar a todos los que habéis estado anuestro lado, con vuestra presencia o con el corazón, nuestromás sentido agradecimiento. Sin vuestro apoyo, no hubiése-mos podido soportarlo.

Hemos recibido todas vuestras muestras de apoyo sinmirar la condición política o religiosa de nadie. Todos sabéisque no es nuestro estilo, solamente percibíamos el dolor taninmenso que a todos os embargaba. Queremos agradeceros a

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todas las personas oriundas de otros países y que vivís en nues-tra tierra el cariño que le habéis profesado siempre, y que erarecíproco.

Mi marido ha sido asesinado por un miembro de los Cuer-pos de Seguridad en un acto brutal de terrorismo. Hemos reci-bido la condena del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobiernode Navarra, pero en ningún caso lo han tratado como terroris-mo. No se han manifestado a las puertas de sus edificios oficia-les para hacer patente la repulsa de toda la sociedad, ¿o es queÁngel era un ciudadano de segunda clase? Ciudadano de a pie,sí, pero de segunda clase, jamás.

¿Dónde están las manifestaciones, abrazos, saludos y con-dolencias que se dan entre la clase política y el arzobispo paracondenar otros actos de terrorismo? ¿Dónde está la condena deVíctimas del Terrorismo? ¿Se van a personar como acusaciónparticular para defender los derechos vulnerados de mi marido?

Quiero hacer constar mi repulsa a todos los medios decomunicación, tanto audiovisuales como escritos, por tratar dejustificar o relacionar la muerte de mi marido con la detenciónde mis dos hijos en 1997, pero ninguno ha revelado que sufrie-ron tortura, encarcelamiento y dispersión, y no han sido juzga-dos ni condenados.

Desde entonces pertenecemos a la asociación GurasoakLanean, una asociación que no mira la afinidad política de laspersonas ni sus creencias religiosas, solamente defiende losderechos de sus hijos.

El policía y su familia que lo han asesinado dicen que no lehablaban porque, según ellos, era de HB. Creemos que, comociudadanos libres que debemos ser, cada uno puede optar ypertenecer al partido o grupo que desee, sin que por ello debaser excluido.

Mi marido no pertenecía a ningún partido político, y sihubiese pertenecido no hay ninguna justificación para el asesi-nato. En ningún momento le habrán oído hablar mal de otraspersonas por su ideología política. Si por algo destacaba eraprecisamente por su moderación.

El Agente del Orden y su familia fueron directamente a porél, ya que no tenía sentido querer poner un cartel, solamente

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uno, cuando el día anterior todos los comercios habíamoscerrado en solidaridad con las víctimas del atentado en Madrid.

Todos sabíamos que era policía y él nunca se escondía. Alcontrario, pasaba mil veces por delante de nuestro estableci-miento y jamás habrá visto un mal gesto por nuestra parte.Ahora, que no digan que se sentía vigilado él o su familia.

Dejar constancia de que este asesinato es debido a la sinra-zón y al odio que se ha ido cultivando en mucha gente haciaesta nuestra tierra y hacia muchos de los que viven en ella.

Desde aquí instamos a todos los partidos políticos, asocia-ciones, sindicatos, etcétera, a que se sienten a dialogar sinexcepción alguna, que se olviden de sus siglas y que defiendanlos derechos y libertades de todas las personas. Que piensenque si se logra la paz no habrá ni vencedores ni vencidos.

Ojala que la muerte de Ángel sea la última de esta locura ysinrazón, y que allí donde esté nos ayude a todos a trabajar porla democracia en su justa palabra.

No queremos olvidarnos de todas las víctimas del atentadoen Madrid. Mi marido sufrió mucho por lo ocurrido, y con eseatentado se fue un trozo de su corazón y del nuestro.

Esperamos que se haga justicia. Recordar también a lafamilia de Kontxi, fallecida en Hernani al día siguiente duranteuna manifestación de homenaje a mi marido. Un abrazo espe-cial para toda su familia.

Nuevamente os agradezco de todo corazón todas las mues-tras de apoyo que nos habéis dado. Gracias a ellas, podemosseguir adelante.

Desgraciadamente, cuando esta carta estaba terminadahemos recibido por medio del teléfono serias amenazas demuerte para mí y para mis hijos. Parece mentira que estopueda llegar a ocurrir, que haya tanta maldad y crueldad en lacabeza de algunas personas.

Solo pedimos paz y justicia para todos.22 de marzo de 2004

Mari Carmen Mañas e hijos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Nava-rra condenó por sentencia del 14 de julio de 2005 al policía

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español y a su hijo a penas de veinte y quince años de prisiónrespectivamente como autores del asesinato de Ángel Berrue-ta, con la agravante de haber cometido el crimen por «moti-vos ideológicos». Con esa agravante también, y por el delitode provocación, conspiración y proposición del crimen, esti-maba que Pilar Rubio debía cumplir diez años de prisión. Eltribunal tomaba así en consideración lo decidido por el Jura-do popular, imponiendo a los acusados además el pago deuna indemnización de 150.000 euros a la mujer de Ángel y22.000 euros a cada uno de sus hijos. Declaraba además laresponsabilidad civil subsidiaria del Estado, dado que Vale-riano Peña cometió el crimen con su arma reglamentaria.

Esta será la única responsabilidad directa que se impongaal Estado. Apenas tendrá mayores connotaciones políticas,más allá de reforzar esa sensación de continuo agravio y frus-tración a que están sometidos sectores populares de EuskalHerria. Una cosa nos ha quedado de nuevo clara: la tensiónprovocada por los políticos –no solo madrileños– y la laborde amplificación de los medios de comunicación, en este casoconcreto por presuntas autorías y responsabilidades de losatentados del 11-M, tienen un efecto fatal. Quienes especula-ron y quienes airearon la especulación, por interés o pornegligencia, fueron en última instancia quienes pusieron unapistola en la mano de Valeriano y un cuchillo en la de MiguelJosé. Sin minimizar ni por un solo segundo su responsabili-dad en el crimen. Uno empujó su arma contra el cuerpo deÁngel. El otro pulsó cuatro veces el gatillo.

La infamia no terminó aquí. La defensa y el fiscal JavierMuñoz recurrieron la decisión. El Tribunal Superior de Justi-cia de Navarra decretaba la absolución de Pilar Rubio del deli-to de «proposición de asesinato», al tiempo que ordenaba queabandonara la cárcel de Logroño en la que estaba ingresada.Consideraba que la mujer que, según testigos presenciales,había entrado en la panadería acompañando a los asesinos al

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grito de «vamos a matar a ese hijo de puta» solo creó unasituación de «sobreexcitación».

Según las últimas noticias, recién cumplidos seis años delos hechos, Valeriano y Miguel José ya han disfrutado de per-misos penitenciarios. Se les ha visto ya en la calle, concreta-mente en Donibane, donde consumaron la fechoría. Acari-cian además el indulto. Esa es la noción de justicia en esteEstado. Estado que cumple con los suyos.

Agravio. Indignación. Rabia. La acción de los padres ymadres en torno a Gurasoak, el ejercicio de la denuncia y dela solidaridad, nunca ha sido del gusto del poder. El poder.Esa bestia, armada hasta los dientes, inicua, impune… que enocasiones cruza el umbral de tu casa.

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recapitulando, a día de hoy

DECIAMOS AL INICIAR ESTE TRABAJO que haríamos un repasosobre información monstruosa, por su cantidad y por la pro-fundidad del dolor que ha dejado la represión del Estado.Represión que, bajo la excusa de enfrentar la kale borroka, habuscado ahogar las aspiraciones de miles de jóvenes vascos.

Decíamos que de los testimonios aportados, de los núme-ros, de la constatación de la trayectoria de la reacción estatal–siempre ascendente– contra este fenómeno, saltarían delpapel las conclusiones por sí mismas. Cierto, en su granmayoría, ahí están.

Pero, si bien hemos tratado de hacer una lectura de losacontecimientos ocurridos los últimos veinte años, la hemoshecho en marcha. No podíamos hacer una abstracción de laactualidad, considerarnos meros espectadores, obviando quelos efectos de la estrategia de Estado nos afectan hoy en día.Porque las implicaciones de la represión de la juventud, lejosde ser algo del pasado, siguen ahí, en dolorosa actualidad.

Hagamos un repaso, una recapitulación de lo anterior-mente dicho, tal y como lo vemos y sentimos a día de hoy.

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Si los «grupos Y» son un invento, ¿quién los inventó?

Hemos podido comprobar cómo la satanización de la juven-tud basándose en los «grupos Y» ha devenido en una auténti-ca farsa. El «modelo de Bidart», sostenido en papeles presun-tamente incautados en la ciudad labortana a la dirección deETA, se precipita al vacío en cuanto no aparecen en los proce-dimientos legales. Sin papeles, no hay contenido, no hayvoluntad de integrar nada, no hay instrumento, no hay auto-ría terrorista. Es una fabricación que, simplemente, buscabaun objetivo muy terrenal: abrir las compuertas de la coercióninfinita contra la juventud.

Veíamos cómo esta construcción irrumpe en prensa, de lamano de Carmen Gurruchaga, una de las periodistas más pró-xima a las cloacas de Estado. ¿Podía ser suya la maternidaddel término? Dudoso. El papel de los medios no ha sido sinoairear lo que se apuntaba desde otros despachos, acicalar lasideas de otros. Más o menos elegante, más o menos crudo,pasar a limpio el guión que otros marcan. Si bien la sombrade los medios de comunicación en la demonización de lajuventud es alargada, y lejos de dar opinión la construyen, noson sino meros maquilladores de la realidad.

Entonces, ¿dónde buscar al inventor de estos grupos?,¿tal vez los ideó la policía que dijo descubrir los papeles?Cierto que la única manera que han tenido de acercar lamarca «Y» a los juzgados es por medio de los informes poli-ciales que presuntamente analizaban los papeles de Bidart ylas declaraciones directas de los agentes, ahora peritos, quedecían conocerlos. Ya sabemos que un policía en el estradomuda inmediatamente en experto, científico, independiente...y, precisamente por ello, incuestionable e infalible. Sinembargo, la irrupción «de parte» de la policía en los juiciosno pretende sino suplantar lo que serían pruebas irrefutables,que siguen sin aparecer. No, ellos no han fabricado ni losdocumentos de Bidart ni la idea de los «grupos Y».

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Pero hay un personaje político que deslumbra sobretodos y que se dijo padre de la idea: Juan María Atutxa. Reco-noció que él se había inventado el término para satisfacer a laprensa. Entre sus virtudes al servicio de la España inmortal,está la de ser un deslenguado. Podría casar con el papel. Peronadie le considera suficientemente astuto como para haberfabricado la gran mascarada él solito. Otra cosa es que luego,cuando la fabulación decaía, cuando el recorrido del engañohabía llegado a su fin porque no cuela en los tribunales, sequisiera apuntar el tanto a su favor.

Y es que todo señala, nuevamente, a que la idea parte delJuzgado de Instrucción nº 5 regentado por el juez BaltasarGarzón Leal. O de él o del que, desde la sombra del rincón desu despacho, le marca el camino.

Hemos visto cómo el juez que no descansa para brillarcon luz propia introduce la historia de los «grupos Y» en sussumarios. Vemos cómo aprieta para que sea aceptada por lassalas de enjuiciamiento de la Audiencia Nacional. Amigo deacusaciones metafóricas y conceptos gráficos, el término«grupos Y» se ajusta como un guante para elevar el listón delcastigo contra el fenómeno ahora también denominado«terrorismo de baja intensidad». Vemos, sin embargo, quefracasa. No porque los magistrados superiores que debíanjuzgar no estuvieran de acuerdo con la etiqueta, sino porque,como tantas veces le han reprochado, no sostenía con prue-bas irrefutables su vinculación a ETA. En aquella época, toda-vía los magistrados, aunque conscientes del servicio quetenían que prestar a la patria, se cubrían las espaldas antes deemitir sentencias con triple salto mortal sin red. Al menos, seresistían a validar la conexión sin ningún soporte fáctico, pormucho que se sostuviera en el profundo convencimiento deun juez de instrucción. Pragmático desde el punto de vistarepresivo, pero sin pruebas.

La cuestión es que no cuaja la marca de los «grupos Y» y,a mediados de la década de los noventa, el juez estrella la

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abandona para atacar desde otro flanco: endilgarle la respon-sabilidad a Jarrai. Vemos cómo con la desestimación de lasacusaciones contra Jon Salaberria e Imanol Iparragirre, por-tavoces de la asociación juvenil, la nueva maniobra tampocoresulta. Ni responsables de herrialde, ni coordinación en lasherrikos, ni nada. Cae otro castillo de naipes.

Como ave fénix para algunos, con una obsesión enfermi-za para otros, el titular del Juzgado de la madrileña calleGénova salta más alto. La jugada ahora se llama «todo esETA», incluida cómo no, la kale borroka, y tras ella todo jovenrebelde. Como es muy engorroso aportar documentos, segui-mientos, investigaciones que avalen la conexión, se evita eltrámite. Ahora bastará con hacer filosofía. E hilar nuevasmetáforas que faciliten la comprensión pública de la visiona-ria teoría: ETA es la cúpula de la pirámide que constituye elconjunto de la izquierda abertzale, es la cabeza del pulpo ysus tentáculos las diferentes expresiones públicas, son lossatélites que orbitan en torno a la nave nodriza... De todo seha oído en sus sentencias y en sus conferencias, ya que lapelea no es ya en los estrados, sino ante la opinión pública.

Garzón –o quien le escribe el guión– idea pues un nuevorecorrido, no ya penal, sino político: el objetivo no es la cús-pide, sino toda la pirámide. Destrozar «el entorno», quitaragua al pez. Tendrá nuevos deberes que hacer de cara a den-tro –reformar la Audiencia Nacional para que no vuelva asuceder que le cortocircuiten su planteamiento– y hacia fuera–convencer de esa teoría a operadores jurídicos, elaborar unajustificación que, al menos, tenga apariencia de veracidad–.Su teoría se convertirá en la teoría del Estado. «Todo es Gar-zón», podríamos copiarle.

Nos preguntábamos por el inventor de los «grupos Y».Desechada ya la idea para ir más lejos, Garzón nunca recono-cería que fueron una invención. Es un corredor de fondo,ideará otra. Pero Atutxa, que veía la meta a los 100 metros, noperdía nada en apoderarse de la idea y fanfarronear un rato,

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para mostrar su calidad humana. No es descabellado pensarque a mediados de 1997, cuando lo confiesa, conocía el saltoque el juez ya proponía. Garzón estaba haciendo lobby paraencontrar la connivencia de los jefes policiales en su nuevateoría del entorno.

La novedosa iniciativa represiva se puso en escena con laclausura del diario Egin, que el consejero de Interior ya habíaseñalado poco antes como «los 50 gramos de amosal queexplotan todas las mañanas». Para la represión de la izquier-da abertzale, no hay duda de que con Atutxa había que con-tar. Está siempre a plena disposición.

Decíamos que el consejero no parecía lo suficientementesagaz como para inventarse los «grupos Y», pero sí lo sufi-cientemente incontinente como para atribuirse su paterni-dad. Se jacta, así, de una construcción que, fuera parte de ladimensión política que quiera dársele, ha arruinado la vidade miles de jóvenes.

Pero entonces, ¿la cantera?

Se ha repetido hasta la extenuación que la kale borroka es,entre otras muchas cosas, la cantera de ETA. Y es que hay quereconocer que, como reclamo propagandístico que justifiquetodo tipo de medidas preventivas, para anteponerse a que seconsume el salto, suena bien. El director general de la Policíaespañola, Juan Cotino, lo explicaba así:

… ves que la inmensa mayoría de gente que estás deteniendoen comandos son jóvenes que conocimos hace cuatro añoscuando comenzamos a diseñar un plan determinado y a dete-ner grupos Y.

De eso sí podemos estar seguros. La policía se ha aburri-do de diseñar planes para llevar a sus máximos límites el con-

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trol social y la persecución de sus ciudadanos, hasta dar todosu contenido al concepto de «Estado policial».

Pero cuando se habla tanto y desde tan diversos ángulos,se corre un gran riesgo de contradecirse, de perder el rumbo.Es lo que sucede con semejante afirmación. Cierto que hayuna conexión política e ideológica entre ETA y quienes parti-cipan en actos de kale borroka. Cierto que muchos activistasde esta organización han iniciado su recorrido militante par-ticipando en sabotajes... incluso en Jarrai. O en EGI, en la aso-ciación mendizale de su pueblo o en Cáritas. Cierto es tam-bién que otros que comenzaron ahí su andadura, o quecoquetearon con este fenómeno, hoy se encuentran militan-do en partidos regionalistas o, quién sabe, dirigiendo multi-nacionales. Porque cierto es, a su vez, que haber estado pre-sente en la lucha de calle o participado en las reivindicacionessectoriales de las organizaciones juveniles, sin otro tipo deevidencias, no es pasaporte directo hacia ETA.

El mismo jefe de Policía ilustraba la poca consistencia desu argumento al decir que «las piedras las tiran cien, los cóc-teles, 25 y las pistolas igual las cogen solo cinco». Dando lavuelta a la argumentación de Cotino, de 100 que tiran pie-dras, 95 no se integran en ETA. Otra cosa es que nos quieramostrar la extensión del coto donde la policía caza sus presas.Esa conclusión sería suficiente para rebatir la lógica policial.Pero ya hemos visto como lógica y policial son términos anti-téticos.

El sistema penal no debería entender de estadísticas, sinode hechos. Alusiones a «muchos», a «la gran mayoría» o a«un importante número» no podrían justificar la apertura deuna actuación penal. Pero cuando estas se plantean como unsondeo de reconocimiento y la compuerta se abre de par enpar, el derecho penal se prostituye hasta los niveles quevisualizamos. La Memoria de la Fiscalía lo tenía claro en suúltimo informe publicado, referente a 2008:

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La puesta en marcha de una acción policial y judicial contun-dente y rigurosa contra el terrorismo callejero ha permitidoabordar de forma más efectiva la lucha contra la actividad dereclutamiento de la organización terrorista, en cuanto que ladetención e ingreso en prisión de un importante número deindividuos vinculados con estos grupos, al afectar directamen-te a lo que se conoce como «la cantera de ETA», reduce el «quan-tum» de los efectivos humanos con riesgo potencial de integrarla banda e incrementa las dificultades para el ingreso de nue-vos miembros en la organización terrorista, la cual se encuen-tra en los niveles más bajos de captación y reclutamiento detoda su historia.

Dando la razón a que la acción penal y judicial ha sidotodo lo contundente que ha podido, lo demás no son sinoespeculaciones. Por supuesto, no tenemos ni la más remotaidea de la capacidad de reclutamiento de ETA, pero pongamosestas previsiones en contraste con otra información que apa-recía en el diario El País. En una pieza publicada el 30 dediciembre de 2002, titulaba que «Balza revela que han huidomás de 300 jóvenes vinculados a la kale borroka». El redactorreconocía que los jóvenes «huyen de su ambiente a raíz de lasintervenciones policiales contra la kale borroka». Tras afirmarque su futuro será ETA, dice que no entrarán «automática-mente» en la organización armada, ya que ésta «no tienemedios para acoger y mantener a tantos activistas». De estamanera se daba por «asegurada la renovación generacional».

De este texto y otros similares, se desprende que, al con-trario de lo que opina el ministerio fiscal, no es la kale borro-ka la que alimenta a ETA, sino precisamente su represión.Según la interpretación del intitulado «periódico global denoticias en español», la alta cotización penal de una acción deprotesta es la que hace que un joven valore el riesgo y, por elmismo precio, prefiera integrarse en ETA.

Esta idea permanece en el tiempo. El Correo del 1 de abrilde 2009, refiriéndose a detenciones practicadas en Hernani y

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que tendrían que ver con la participación en Segi de variosjóvenes, aseguraba que «la estrategia policial aspira a acabarcon la violencia callejera, en el convencimiento de que la orga-nización terrorista nutre a sus comandos de los huidos de lakale borroka». ¿La represión genera comandos y esto, a su vez,se combate con más represión? Nuevo suspenso en lógica.

Ya hemos comentado cómo los medios de comunicaciónhan identificado a Álvarez Santacristina, Txelis, como «padre dela kale borroka». Sin embargo, la explicación que dan de supaternidad también está podrida de incongruencias. Se diceque Txelis está convencido de que ETA no puede permitirse ellujo de perder a un activista por haber realizado acciones meno-res como quemar un coche o algún local relacionado con inte-reses franceses, por ejemplo. Así pues, según un reportaje publi-cado por El Mundo, «diseña un entramado de grupos de apoyoa la estrategia terrorista, formado por jóvenes». Bueno, no pare-ce muy acorde con las preocupaciones del ex dirigente políticode ETA, pero sigamos con el razonamiento que emplean:

… si estos son arrestados serán juzgados por un delito de faltas,lo que, en caso de ser condenados, se corresponde con unapena que nunca será superior a dos años, y que en España, si esla primera condena, no se cumple. Si además son menores deedad, no podrán ser juzgados por no tener edad penal.

Esta tesis serviría si el listón penal para estas acciones sehubiera mantenido fijo en su sitio. Una vez elevado hasta per-derlo de vista, inmediatamente hubiera obligado a ETA adesistir de la idea. Al empezar a decretarse penas de decenasde años por estos hechos, se tendría que haber corregido laestrategia. A menos que, como hemos visto en otros casos, unargumento valga lo mismo para un roto que para un descosi-do. Precisamente, la represión elevada al cubo destroza elrazonamiento: ETA estaba perdiendo activistas, lo que preten-día evitar. Entonces, ¿por qué proseguir con esta estrategia?;

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¿acaso Txelis quería arruinar a la organización en la que mili-taba? ¿No será más bien que este era uno de los argumentosclaves para enervar al máximo la reacción represiva del Esta-do? Sí, parece que la idea va por ahí.

Por ello, la construcción de la idea de la «cantera» no esmás que una nueva cortina de humo para justificar el chequeen blanco para capturar preventivamente a jóvenes rebeldes,cortando por lo sano. La técnica de establecer «estadios ante-riores», justificarse en que «estaban a punto de integrarse»,las detenciones preventivas basadas en los listados aprehen-didos a Fernández Iradi, Susper, no son más que diferentesfacetas de la obsesión de los responsables «antiterroristas».La pregunta que deberían hacerse es la siguiente: ¿qué hagenerado más cantera para ETA, la kale borroka o su repre-sión? Que respondan con honestidad.

Parece que hay quien lo tiene más claro. A Martin Schei-nin, relator de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-nos en la Lucha Antiterrorista, le preocupa que «el estableci-miento de un vínculo general entre kale borroka y terrorismopuede tener un efecto contraproducente en la lucha contraeste último». El experto reconocía en su informe presentadoen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante todos losestados del mundo, que «la imposición de severas penas dehasta diez años de prisión, incluso a menores, podría desem-bocar en una escalada de la violencia y empujar a algunohacia las filas de ETA». Las cosas se ven más claras desde fueradel bunker.

«Nos estáis echando los hijos al monte», decía Gurasoak.

Y mientras tanto... (I)

… continúan sacando jugo a aquella interpretación arraigadaen los estrados madrileños de que la kale borroka es ETA: sedisparan las condenas.

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Jon Crespo se enfrentaba en sucesivos procesos judicialesa todo el abanico de delitos a los que se le pueda agregar elapelativo «terrorista»: amenazas, incendios, desordenes pú-blicos, depósito y tenencia de sustancias inflamables y explo-sivos, lesiones, colaboración… Un total de 96 años de peticiónfiscal. Tras un puñado de juicios y sus recursos, será conde-nado a la friolera de 52 años y medio por sabotajes. En elcaso de Ugaitz Pérez las condenas por hechos similares ascen-derán hasta los 42 años.

También Egoitz Coto se enfrentaba a una petición de 53años de prisión en calidad de tentativa de asesinato terroristapor un ataque con cócteles contra la Ertzaintza, y otro más de40 años por dos incendios terroristas. Tras los oportunosrecursos, le imponen 22+8+8, un total de 38 años. Similar esel caso de Bittor Franco, al que imputaban un solo incendioterrorista, por lo que la operación matemática hace que se lerebajara a un total de 30 (22+8) años de prisión.

En el mismo bloque están Iker Lima (27 años), EndikaLejarzegi (15), Orkatz Gallastegi (15), Ander Arrillaga (15)…Buen ejemplo de cómo funcionan estos procesos, es el casode Xabier Arriluzea. El joven de Galdakao llegó a tener hasta20 sumarios abiertos. La mayoría se archivaron. Fue juzgadoen nueve de ellos y finalmente absuelto. Como sus compañe-ros, denunció torturas a manos de la Ertzaintza, pero la únicadiferencia con respecto a los otros es que no consiguieronarrancarle una declaración autoinculpatoria. Al no existir nin-gún otro dato objetivo en su contra, tuvo que ser liberado.Pero a Arriluzea nadie le ha dado explicaciones por los tresaños que estuvo en prisión provisional, esperando a queencontraran un elemento de inculpación con el que poderponerle al nivel de sus compañeros de sumario.

A Hodei Ijurko, joven de Iruñea que fue detenido lanoche del 8 al 9 de marzo del pasado año bajo la acusación dehaber lanzado cócteles molotov contra una patrulla de la Poli-cía Foral en la parte vieja de la capital navarra, se le reclama-

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ban 38 años de prisión. Por ese único hecho se le han impues-to finalmente 16 años de prisión.

El último juicio del que podemos dar cuenta es el que haquedado recién visto para sentencia contra cuatro jóvenesde Barakaldo a quienes acusan de quemar una entidad ban-caria. Sendoa Jurado, Unai Frías, Jon Villanueva y AsierGómez de Salazar se enfrentan a una petición de 33 años deprisión.

La lista es larga, como sus años de condena. Por hechos,recordemos, que no tienen más entidad que la destrucción demobiliario público. Rebusquemos en nuestra memoria el tra-tamiento penal que se ha dado a condenados por asesinatos,violaciones, pederastia, etc., que han conmocionado la opi-nión pública. Nos lo ponen demasiado fácil: pongámoslo allado –ya que comparar no se puede– de los años de penaimpuestos a los asesinos de Ángel Berrueta. Eneko Olza, delmismo barrio, está a punto de consumir íntegramente losdiez años impuestos en su condena por quemar un cajero.Los asesinos de Ángel salen a la calle antes de haber cubiertoseis años. Cotejaremos y no encontraremos parangón.

A estos jóvenes se les aplicará además el paquete comple-to de dispersión, restricción de comunicaciones y aislamien-to. «El lugar del terrorista es la cárcel», se empeñan en decir.¿En qué extensión y en qué condiciones? ¿Cuáles son loslímites del castigo? En el siglo XV se sentencia a Tomás Moropor disentir con el monarca inglés: «El reo será arrastradopor la ciudad de Londres camino directo de las horcas deTyburn, para ser colgado de ellas y caer a tierra con vida.Todavía en vivo, se le arrancarán las entrañas para ser que-madas. Se le decapitará y se descuartizará el cuerpo. La cabe-za y las cuatro extremidades se pondrán donde el rey quisiereseñalar».

Cambian los modos, no la lógica… aunque las sentenciassiguen dictándose en nombre del Rey.

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Y mientras tanto… (II)

… continúan las redadas. Tras la consideración de Segi comogrupo terrorista, ahora apenas es necesaria la existencia deactos de kale borroka para justificar una detención. Simple-mente, la supuesta militancia en el organismo juvenil, másaún, la tenencia de camisetas, documentos de difusión públi-ca o adhesivos es suficiente para la detención incomunicaday la puesta a disposición de la Audiencia Nacional. Se ha sus-tituído la gasolina y los camping gas por pegatinas o panfle-tos. Se mantiene el nivel de respuesta represiva, pero loshechos presuntamente delictivos se hacen cada vez más difu-sos, más etéreos. Los últimos años hemos asistido con másclaridad que nunca a esta nueva modalidad de persecuciónjuvenil.

En enero de 2008, la Policía española aseguraba haber«desarticulado» un grupo de violencia callejera en la comarcavizcaína de Lea Artibai. Ocho jóvenes fueron apresados enMarkina y Ondarroa, bajo la supervisión del titular del Juzga-do nº 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska,que también registró el gaztetxe y una sociedad de Markina.Entre los materiales incautados, además del siempre recu-rrente «material susceptible de ser utilizado para elaborarexplosivos», se encuentra «propaganda contra el Tren de AltaVelocidad (TAV), bonos para financiar a la organización ilegalSegi y manuales de sabotajes», así como «material informáti-co». Se comienza a recurrir a misteriosas incautaciones, queen su indeterminación, evocan lo aprehendido en otras ope-raciones llevadas a cabo contra ETA. El símil es el mensaje.

Meses más tarde, en abril del mismo año, se arrestó endos operaciones concatenadas a diez personas en Guipúzcoa,por su presunta relación con más de 20 sabotajes en el trián-gulo que une las localidades de Errenteria, Oiartzun y Lezo.Se practicaron 18 registros en domicilios y en distintos loca-les presuntamente utilizados por los detenidos para ocultar

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material y celebrar sus reuniones. Las fuentes policiales recu-rren a «la estructura de la organización juvenil ilegalizadaSegi» para incriminarles. De hecho, en la lista de efectos con-fiscados solo se especifica «diverso material informático,ordenadores, propaganda, pegatinas, DVDs de la organizaciónilegalizada Segi, teléfonos móviles y abundante documenta-ción». ¿Ya ni se acuerdan de incluir el genérico «materialincendiario»? No es necesario.

Y mientras tanto… (III)

… se suceden los episodios de tortura y brutalidad policial. EnNafarroa, la Guardia Civil y la Policía Nacional detienen, gotaa gota, a un total de 20 personas, 18 de las cuales serán some-tidas a incomunicación. Los primeros serán Xabier Sagardoiy Luis Goñi, de Barañain. Ambos relataron que en los calabo-zos habían sufrido golpes constantes, que se les impuso la«bolsa» hasta el punto de que uno de ellos perdió el conoci-miento, que sufrieron amenazas constantes incluso con simu-lacros de la colocación de electrodos, y que se les obligó amemorizar una declaración policial determinada. Después sepractica la detención de Maider Caminos, Amaia Legarra yMaitane Intxaurraga, conocidas militantes de la izquierdaabertzale en Sakana, que asimismo denuncian agresiones porparte de los agentes. Maider Caminos relataba: «me poníanuna bolsa de plástico sobre la cabeza y si no les gustaba loque les respondía, me la apretaban». Para que no rompiera labolsa, «me sujetaban los brazos y para aumentar la sensaciónde ahogo, me tapaban la cara con la mano». Intxaurraga, porsu parte, testimoniaba que las amenazas fueron constantes,proponiéndole «que colaborara a cambio de inmunidad, paraque me librara del juicio». Otro más, Noé López, tuvo que serconducido en dos ocasiones a un centro hospitalario de Iru-ñea.

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En contradicción con lo sucedido en otros casos, el mutis-mo oficial sobre las circunstancias de las detenciones fueabsoluto. De hecho, hasta que fue puesto a disposición judi-cial, nadie sabía que Alberto López Iborra había sido apresa-do por la Guardia Civil. También se desconocía que, parapracticar su detención, había sido embestido por un Patrol. Eljoven iruindarra sufrió diversas lesiones a consecuencia de lacolisión, por lo que fue ingresado de urgencia en el HospitalVirgen del Camino de la capital navarra. López Iborra, quepermaneció cinco días en manos de los guardias civiles,denunció haber sido objeto de «brutales torturas».

Todos los detenidos son acusados de «integración enorganización terrorista». Sus familiares denunciaban: «en elfranquismo los detenían diciendo que eran comunistas.Ahora lo hacen diciendo que son de Segi o de Ekin».

Y mientras tanto… (IV)

… se sigue tirando de lista. Porque la cosa no termina en lassucesivas operaciones policiales. A finales de 2008 se denun-cia en una rueda de prensa multitudinaria en Iruñea la exis-tencia de una «lista negra» en la que figuran 24 personas.Ante el riesgo de ser «arrestadas, incomunicadas y tortura-das», los jóvenes han mostrado su disposición para acudir aljuzgado. Sin embargo, el juez Marlaska, responsable de lasdiligencias llevadas a cabo en Nafarroa, no quiere tomarlesdeclaración. Evidentemente, su método de hacerles pasar porel aro de la incomunicación, prescindiendo de engorrososderechos, presenta mayores beneficios de cara a construir elsumario.

Amaia Elkano tomó la palabra en nombre de las 24 per-sonas que aparecen en la denominada «lista negra», para afir-mar que es precisamente el trabajo público que desarrollanen sus pueblos y barrios lo que les ha llevado a esa lista. «La

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gente ya conoce el trabajo que desarrollamos en diferentesámbitos para cambiar esta sociedad. Construir un proyectode sociedad nuevo diferente al actual, este está siendo nues-tro trabajo, y por eso nos quieren quitar del medio». Es preci-samente ahí donde escuece. La joven aseguró que «si nosdetienen y nos incomunican será para torturarnos», ya que«no tienen otros métodos» para lograr información y pruebascontra ellos y ellas. Cuando funcionan las herramientasrepresivas, ahora sin tapujos legales, ¿por qué no emplearlas?

Y mientras tanto… (V)

… continúa extendiéndose la peste de la acusación gratuita,infectando todo lo que se le acerca. A finales de marzo del2009, El Correo titula «Golpe a la kale borroka en Hernani».En el cuerpo de la noticia se especifica que han sido arresta-dos «ocho presuntos miembros de Segi». La información salede una coctelera: mezcla la detención de un comando de ETA

que «tenía su escondite en la localidad y había buscado suscolaboradores entre los vecinos», la «detención reciente decinco personas en el transcurso de una manifestación prohi-bida a favor de los presos de la banda», y que su alcaldesa,Marian Beitialarrangoitia, de ANV, está procesada en la Au-diencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Pararematar el combinado, bien cargado, añadía que «una de laviviendas inspeccionadas fue la de la ex parlamentaria y por-tavoz de EHAK, Nekane Erauskin. Su hijo, Aitzol ArrietaErauskin, fue uno de los detenidos».

Alfredo Pérez Rubalcaba, exultante, se felicitaba de looportuno de la detención, porque ya estaban «preparandonuevos ataques contra el Tren de Alta Velocidad». Detenciónen previsión de acciones, como en la película Minority Reporty con el Tren de Alta Velocidad de telón de fondo ¡No faltaningún ingrediente! Con ese cóctel explosivo, no era de extra-

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ñar que hubiera nuevas cacerías en ciernes. En el foro digitalde El Correo, los ultras más madrugadores aplauden a rabiar,con faltas de ortografía.

En los registros de los domicilios y de los locales de losdetenidos, la Policía se llevó documentación en diversossoportes, tanto papel como en memorias informáticas. Losperiódicos recogen que, según fuentes de Interior, varios deestos escritos se refieren a las actividades de Segi, Batasuna,ANV y AuB. En los registros también se dijo haber localizadoteléfonos móviles, pegatinas con la simbología de ETA, asícomo carteles y propaganda contra el Tren de Alta Velocidad.¿Ni explosivos, ni pasamontañas, ni nada? Ya vimos que nolos necesitan.

Y mientras tanto… (VI)

… los juicios por simples actividades políticas y sociales delos jóvenes prosiguen. También, en continuo goteo. A media-dos de octubre de 2009, arranca en la Audiencia Nacional eljuicio contra los ocho de Lea Artibai por su militancia en laorganización juvenil Segi. El desarrollo de la vista es un bucleodioso: el juez no permite explicar a los jóvenes por qué noquieren responder a las preguntas de las acusaciones, uncomisario de la Brigada de Información actúa como perito,las declaraciones que se aportan habían sido arrancadas bajotortura, no aparecen pruebas sustanciales que vinculen a losacusados con los hechos que se les imputan. Y el fiscal pedíaocho años de cárcel.

Mientras tanto, en un suma y sigue macabro, se da aconocer la sentencia contra Araitz Zubimendi, Zigor Ruiz,Asier Tapia, Garikoitz Mujika y Eneko Aizpurua por su acti-vidad política en Haika y Segi. Por diferentes motivos nohabían entrado en aquella vista matriz contra las organiza-ciones juveniles celebrada cuatro años antes y que sentó en el

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banquillo a 42 jóvenes. Ahora, y tras un juicio relámpago, seles impusieron también condenas de seis años. Araitz Zubi-mendi, la única que permanecía en libertad tras la vista,ingresaba en Dueñas en diciembre de 2009, con su hija reciénnacida.

La Administración de (in)justicia mantiene impasible elademán. Piensan tal vez los jueces que con su acción en Espa-ña empieza a amanecer.

Pero, aún así, la solidaridad no decae

Más padres y madres se ven obligados a organizarse y poneren común qué actitud deben tomar en el futuro para denun-ciar los hechos que afectan a sus hijos y aparecer de nuevo,codo con codo, en su defensa. En un momento, además, en elque la solidaridad está penalizada. Mientras finalizamos estetrabajo, escuchamos las peticiones de ilegalización contraEtxerat, para lo que Rodolfo Ares ya elabora informes. Pareceque entra dentro de la legalidad protestar por la política dedispersión, pero no así reclamar el estatus político de los dis-persados. No podemos prever qué impresión le causará alcensor mayor las conclusiones a las que llegamos en estaslíneas.

En un momento en que se quiere poner en horas bajas ala solidaridad antirrepresiva, en el juicio que se seguía contra27 miembros del movimiento pro amnistía en la AudienciaNacional en primavera de 2008 se presentaron trece testigospor parte de la defensa. Estos trasladaron su testimonio deviolencia estatal ante el tribunal presidido por Teresa Pala-cios, lo cual explicaría la existencia de organismos quedenuncien la represión y acompañen a los que la sufren.

Entre los trece testimonios, uno destaca con luz propia:Mari Carmen Mañas relató la detención de sus hijos y lasituación de «indefensión» en la que se encontró su familia

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en ese momento. Es por eso que dijo haber entrado en con-tacto con Gestoras Pro Amnistía para «saber qué hacer ycómo enfrentarse a dicha situación». En esa brecha habíaencontrado, en concreto, a los tres imputados de su herrialde,Josu Beaumont, Jorge Txokarro «Txibi» y Alex Belasko. Mañasexplicó como, debido a la represión contra los jóvenes y paradenunciar los «montajes policiales» que se preparaban contraellos, padres y madres se organizaron en torno a la asociaciónGurasoak. En un momento de alta emotividad, incluso paralos magistrados que impertérritos habían seguido las declara-ciones, finalizó su testimonio remarcando las consecuenciastrágicas de alzar la voz contra la violencia estatal: el 13 demarzo de 2004, un policía español mató a su marido, ÁngelBerrueta, por identificarlo con Gurasoak, hecho que la mujer,afectada pero firme, consideró «un asesinato político» y«terrorismo de estado».

Puede que el testimonio de Mari Carmen no sirviera paraablandar al tribunal en su decisión, ajeno a cualquier razónque no sea la obediencia debida a los designios de su anhela-da una, grande y libre. Pero sus palabras fueron un soplo deaire, un hálito de dignidad y de compromiso con la verdad yla justicia. Expresadas además en un espacio, el de la Audien-cia Nacional, en el que ella y tantas otras madres, enteras,han podido constatar que están vacunados contra esos valo-res.

«No permitir la intimidación»

El prestigioso Tim Robbins explicaba recientemente en unaentrevista en Bilbo, en la que presentaba una obra de teatroalegórica de 1984, de George Orwell, que «para mantener estasociedad, es necesario vivir en un estado constante demiedo». Habla del estado autoritario, cuya subsistencia seimpone por medio de la intimidación y la censura del más

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mínimo comportamiento o pensamiento que ponga en cues-tión esa mal entendida autoridad. Concluía el actor-activistapolítico norteamericano que «la forma de ser libre es no per-mitir la intimidación».

Pero hay quien todavía cree ver en este sistema, en losmétodos policiales y en la práctica judicial un ejercicio ordi-nario, normalizado, del estado de derecho. Hay quien aseguraque los testimonios aquí vertidos, las vivencias aquí relata-das, o no existen, o son mentiras que buscan desestabilizar elorden democrático español, ese vergel de virtudes. Simplespatrañas para dar aire y argumentos a quienes injustamentese ensañan con él.

Así, se ha magnificado la reacción estatal ante las diversasexpresiones de la protesta juvenil por ser necesaria y propor-cional. Las altas cifras de hechos de sabotaje han pretendidoverificar la adecuación de la respuesta violenta por parte delEstado, animada y enaltecida por políticos y medios de comu-nicación. Paralelamente, se obvian las motivaciones o las cau-sas que mueven a los jóvenes a actuar así. Se hace una lecturasimplista, viendo la razón del aumento de los sabotajes en elimpulso de ETA y su decrecimiento en la eficaz actuación poli-cial.

Los datos que hemos aportado a lo largo de este trabajodesmienten esta visión. 2.500 sabotajes en los últimos diezaños, más de 1.700 detenidos en los últimos veinte, de untotal de 18.500 jóvenes que los expertos presumen partici-pan, o estarían dispuestos a participar, en la kale borroka.Estos datos, lejos de hablarnos de directrices de una organi-zación concreta o de una realidad puntual que se puedereconducir con la acción policial, a pesar de la fiereza con quese ha empleado, nos muestran un fenómeno complejo. Yenquistado. Otra cosa es que no se quiera visualizar así paramantener la ficción de que se puede resolver a palos, o que seprefiera establecer una realidad virtual, paralela a la real, quejustifique conexiones metafísicas, vinculaciones alegóricas. Y

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que se facilite, así, la demonización de todas las expresionesjuveniles, ya sean violentas o pacíficas, tanto da. Como diceDavid Fernández, periodista catalán que ha analizado brillan-temente la acción policial contra la disidencia en su país, «apalos hasta con la zanahoria».

Cierto es que la comunidad internacional reconoce a losestados el deber y el derecho de enfrentarse a las actividadesdelictivas. Lo deben hacer con el respeto a los derechos ylibertades más fundamentales. Pero también les impone que,cuando estas medidas represivas devienen insuficientes, utili-cen otros mecanismos políticos, sociales, culturales. Aquíreside la incapacidad del Estado español de solucionar pro-blemas de orden social y político en términos sociales y polí-ticos. Aquí se aprecia la más absoluta impermeabilidad de losresponsables gubernamentales, sean del partido que sean, atomar en consideración las recomendaciones de los organis-mos internacionales. Su obsesiva cerrazón a distender lasituación y a enfrentar un diálogo que resuelva el problemaen parámetros única y exclusivamente democráticos.

Porque, precisamente lo que se reclama desde este otrolado es la vigencia de los derechos frente a las agencias esta-tales que, invariablemente, los vulneran con escarnio. Se rei-vindican esos atributos fundamentales de titularidad popu-lar: derechos civiles, dirigidos a garantizar la integridad de lapersona como ser humano, y derechos políticos, que le ata-ñen en la medida en que es ciudadano y se relaciona con elresto por medio de la política. Derechos que se reclaman paradefenderse de las herramientas del Estado –policía, incomu-nicación, Audiencia Nacional–, derechos que se pisotean y seconvierten en papel mojado. Es prioritaria, pues, una rever-sión del sistema, un cambio. Un cambio que nos traiga unaverdadera democracia, una verdadera solución a la situaciónactual, una verdadera paz en justicia.

En estas páginas que ahora concluyen, hemos queridoexpresar una realidad cruda, que es tratada en ámbitos aca-

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démicos, mediáticos, políticos con profusión pero no con pro-fundidad. No se reflexiona sobre ella porque se prioriza pasara la ciega carga. Siempre es más fácil utilizar un cliché y doscoletillas para referirse a un problema que indagar en sus orí-genes, en sus motivos y en la forma más eficaz de superarlos.Es más fácil el insulto y el improperio que proponer unareflexión. No, pretender apagar el fuego con más gasolina noparece la solución más lúcida.

Decíamos al hincar el diente a este trabajo que, si con élhemos conseguido poner sobre la mesa un par de cuestionesy otras dos reflexiones, nos damos por satisfechos. Parcial-mente.

La satisfacción total llegará cuando en este país se puedahablar de los derechos y aspiraciones de la gente más jovensin que ello sea un tabú, sin demonizarlos, sin satanizarlos.Sin enviarlos a la hoguera. La satisfacción plena llegará cuan-do se reconozca el tratamiento injusto y arbitrario que se hadado a las personas cuyas vivencias aparecen, directa o indi-rectamente, reflejadas en este trabajo. Cuando se les reparepor los sufrimientos, por la infamia a que se han visto some-tidos.

Pero, sobre todo, sólo nos veremos complacidos definiti-vamente cuando se garantice que, en este país, la persecucióny el hostigamiento contra la juventud más consciente y activano se volverán a repetir.

Ellos instauran el autoritarismo, globalizan la represión.Siguiendo las palabras de Tim Robbins, no permitamos laintimidación. Instauremos nosotros la esperanza, globalice-mos nosotras la solidaridad.

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la academia terrorista versus el futuro de un pueblo

JUVENTUD VASCA, REPRESION Y SOLIDARIDAD, DECIAMOS. Resultacasi imposible cerrar el análisis de este fenómeno tan com-plejo, pero sobre todo tan vivo y actual. A las puertas deponer el punto final a este trabajo, salta la noticia de que untotal de 36 jóvenes han sido apresados bajo las órdenes deljuez Grande Marlaska.

En la operación aparecen, uno a uno, todos los elementosdenunciados en este trabajo: en la detención, desarrolladapor la Guardia Civil y la Policía española, se ha levantado dela cama a punta de metralleta a jóvenes de los cuatro territo-rios de Hegoalde. Son conducidos inmediatamente a Madridbajo incomunicación, una semana después de que el Comitécontra la Tortura de Naciones Unidas denuncie este régimen.El juez actuante, bien dispuesto para la trasfusión de sangrenueva en el viejo tribunal, desestima aplicar alguna medidade prevención del mal trato. Necesita autoinculpaciones para,al menos, tener algo. Poco después, los testimonios de tortu-ras y las denuncias de presiones para arrancar declaracionesen determinado sentido afloran como la mala hierba. Losmedios de comunicación airean que en el glorioso operativo

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antiterrorista se ha arrestado a la cúpula de la organización.De Segi, vaya.

La parte que toca al juez no es menos surrealista y fabu-losa. Eran el «tentáculo de ETA», conformaban una «auténticaacademia terrorista», desarrollaban oscuras directrices, sibien no se les pueden imputar hechos concretos e individua-lizados de kale borroka. Pero es que, portaban un «manual».Para rematar la jugada. Si no hay elementos de incrimina-ción, se los inventan. Eso sí que es de manual. En el susodi-cho se anima a que «a los ladrones electos de Aralar les tira-remos piedras pero a los ladrones electos del PP, "cóctelesmolotov"». Sin duda, una novedosa actuación. Ni idea si ladirectriz es metafórica o literal, porque el hipotético docu-mento no ha llegado a ojos de nadie. Probablemente ni de losmedios que lo glosaban con mucho fervor, pero no con tantaconvicción.

Asimismo, la Audiencia Nacional considera que la vincu-lación de la estrategia del movimiento juvenil a la de ETA esnotoria, aunque en el presunto breviario se prevenga que «esnecesario establecer una diferenciación muy nítida entre losmodos de lucha callejera y lucha armada». No parece unaprueba de que se unifiquen las actuaciones, sino precisamen-te de todo lo contrario. Pero los jueces no están para minuciasinterpretativas. Todo da igual en el país donde todo es lomismo.

Medios, togados y políticos, fascinados con el discutiblehallazgo, encuentran que la presunta función de cantera delmovimiento juvenil se desprende de este, igualmente, dudo-so párrafo: «más allá del sabotaje y de la dinámica de enfren-tamiento, para el que quiera hacerse con un mayor compro-miso en la lucha a favor de Euskal Herria, ya hay unaorganización que practica la lucha armada, Euskadi Ta Aska-tasuna». Parece una simple pero nítida constatación de dondese está y donde no. Aun así, la visión caleidoscópica de los

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jueces de Madrid encuentra en ese comentario el nexo nece-sario: es la «academia de terroristas».

Cae la maza: se ordena el ingreso en prisión preventivade 29 jóvenes, procesados por delitos de pertenencia a orga-nización terrorista. Inmediatamente son dispersados en dife-rentes cárceles. Sus familiares tienen que indagar, prisión porprisión, donde se encuentran sus chavales.

La solidaridad no abandona: 20.000 jóvenes y no tanjóvenes, de un amplio arco político, se manifiestan cinco díasdespués de la redada en las calles de Bilbo. Reclaman «Proiek-tu guztiak, eskubide guztiak». Del texto que leyeron dos fami-liares en el acto que cerró la multitudinaria movilización sepodría destacar la siguiente interpelación: «¿Cuál es el futurode un pueblo a cuya juventud se le niegan los derechos másbásicos?». Quienes tomaron la palabra no quisieron esconderque «les queremos y nos llenan de orgullo». Un acto de auto-afirmación. Ha habido otros recientemente. Habrá más en elfuturo. Es la reedición de la consigna «no pasarán», el cierrede filas por lo que somos y por lo que queremos ser. Llenosde utopías, preñados de anhelos. Esa es la verdadera canterade cuya rica veta se extrae el futuro.

A punto de cerrar la tapa del ordenador, conocemos quese ha presentado la iniciativa juvenil «GaztEHerria». Ongietorria! De todo lo que se mueve en Euskal Herria, algo, sinduda, va en la dirección correcta.

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índice onomástico

Agirre, Antonio , 160.Ahumada, Conde, 186.Aierbe, José, 129. Aiestaran, Aritz, 226, 227.Aira, Urtzi, 226, 227. Aizpuru, José Francisco, 89Aizpurua, Aidor, 88.Aizpurua, Eneko, 296.Aizpuru, Suar, 88. Alfaro, Ellande, 65. Alighieri, Dante, 14.Almunia, Joaquín, 262. Alvarez Santacristina, José Luis,

51, 103, 288. Ansuátegui, Francisco Javier,

62, 128, 158, 251, 266.Aragón, Antonio, 245, 266.Aranibar, Begoña, 258.Ardanza, José Antonio, 67. Ares, Rodolfo, 112, 179, 209,

297.Arizmendi, Josu, 63. Arrastia, Mikel, 182.Arregi Erostarbe, Jose, 51. Arriaga, Koldo, 64.

Arrieta, Aitzol , 295.Arrillaga, Ander, 290.Arriluzea, Xabier, 290.Arriola, Asier, 201.Arroio, Urko, 195, 228.Arrue, María Luisa, 271, 272.Arteaga, José Miguel, 129.Artetxe, Aitor, 101Arzalluz, Xabier, 67.Arzuaga, Igor, 129.Arzuaga, Julen, 164.Asensio, Paul, 57Atutxa, Juan María, 50, 53, 54,

58, 68, 69, 85, 109, 118,119, 162, 163, 164, 165,168, 179, 268, 283, 284,285.

Atxotegi, Iker, 138. Ayensa, Javier, 242, 268.Aznar, José María, 67, 105, 218,

219, 221, 223.Aznar, Mikel, 125. Baeza, Javi, 251.Balda, Iker, 169.

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Balza, Javier, 80, 81, 142, 179,192, 193, 252, 287.

Barrionuevo, José, 245.Basagoiti, Antonio, 95.Bea, Iker, 79.Beaumont, José Luis, 166, 167. Beaumont, Mari Jose, 166, 167.Beaumont, Josu, 298.Begiristain, Koldo, 73, 242, 262.Beitialarrangoitia, Marian, 295.Belasko, Alex, 298.Belasko, Gorka, 195.Belloch, Alberto, 54, 94, 118.Beristain, Iker, 181.Beroiz, Andoni, 80, 81, 82, 252.Beroiz, Luis, 81.Berrizbeitia, Antton, 75. Berrueta, Aitor, 257.Berrueta, Áitziber, 257.Berrueta, Ángel, 257, 254, 275,

276, 279, 291, 298.Berrueta, Enekoitz, 257. Berrueta, Imanol, 257.Blanco, Zigor, 172.Brouard, Santi, 158.Bueren, Carlos, 178, 179, 200.Buesa, Fernando, 67, 142.Burgo, Jaime Ignacio del, 275.C. David, 106.Caamaño, Francisco, 206, 207. Camacho, Antonio, 158.Camino, Xabier, 74.Caminos, Maider, 293.Cardaño, Aingeru, 192.Cardenal, Jesús, 252.Castro. Manex, 193.Cervera, Santiago, 266.Chorraut, Jose Javier, 128.Conde, Mario, 245.Corcuera, José Luis, 245. Cotino, Juan, 47, 75, 285, 286.Coto, Egoitz, 246, 290.

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Couceiro, Andrés, 273.Couceiro, Jon Ander, 161, 162,

273.Crespo, Jon,82, 290.de Castro, Enrique, 251.de la Peña, Miguel José, 273, 274,

279, 280.de la Peña, Valeriano, 273, 274,

279, 280. De la Rosa, Javier, 245.del Hierro, Agustín, 75. del Ollo, Jesús María, 240. Díez, Rosa, 50, 262.Divar, Carlos, 200, 201. Egibar, Joseba, 263. Elarre, Jokin, 275.Elkano, Amaia, 294.Elosegi, Haritz, 160. Elzo, Javier, 106, 109, 267. Erauskin, Nekane, 295.Erro, Jon, 79.Esparza, José Mari, 63. Esparza, Josemi, 66.Etxeandia, Txusa, 171.Ezenarro, Aintzane, 80.Fernández de Gamarra, Xabier,

195.Fernández Iradi, Ibon, 289. Fernández, Adur, 229, 233. Fernández, Aitor, 192.Fernández, David, 300.Ferraioli, Luigi, 154.Ferrer, Mariano, 88.Frías, Unai, 291.Fungairiño, Eduardo, 252. Galarraga, Urko, 139.Galeano, Eduardo, 7.Gallastegi, Orkatz, 174, 290. Galve, Joaquín, 150.García Charela, Javier, 239. García Preciado, Karlos, 135.García Villoslada, Jesús, 266.

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García, David, 178.García, Javier, 245.Garzón, Baltasar, 71, 72, 74,

126, 130, 138, 139, 140,141, 151, 152, 153, 194,195, 199, 229, 283, 284,285.

Gerra, Ekain, 214, 215. Giuliani, Rudolph, 26.Goiena, José Antonio, 241, 242.Goiena, Koldo, 241. Goikoetxea, Aitor, 129. Gómez de Salazar, Asier, 291.Gómez, Aner, 192.Gómez, Gorka, 200.Gómez, Iker, 63.Gómez, Oier, 228, 230, 233.Gómez, Txuma, 273.González Armengol, José Luis,

157. González Calleja, Eduardo, 176. González, Aitor, 179.González, Felipe, 87.González, Izaskun, 164.González, Jesús, 76, 262.Goñi, Luis, 293.Gorostiaga, Zigor, 129. Gorostiza, Txemi, 77.Gorraiz, Alejandro, 169.Gorrotxategi, Imanol, 226, 227.Grande Marlaska, Fernando, 292,

294, 303.Guinea, Josu, 134, 135.Guridi, Iñigo, 161.Gurruchaga, Carmen, 51, 282. Gurrutxaga, Iñaki, 226.Gurtubai, Jon Sebastian, 172. Hobbes, Thomas, 116.Huertas, Manuel, 28.Huizi, Gabino, 63.Ibazeta, Josetxo, 95.Idigoras, Jon, 100.

307

Ijurko, Hodei, 290.Intxaurraga, Maitane, 293. Intxaurraga, Sabin, 263.Íñigo, Asier, 75.Íñigo, Iker, 226.Íñigo, Miguel Ángel, 73. Iparragirre, Imanol, 139, 140,

141, 284.Irastorza, Asier, 129. Irazabalbeitia, Ángel, 88. Irazabalbeitia, Aritz, 88.Irazusta, Aitzol, 74.Iriarte, Jose Ramón, 57. Iribarren, Jaime, 178, 200.Iribarren, Mikel, 165, 166, 167,

168. Iruin, Iñigo, 224. Iturriaga, Unai, 102.Jakobs, Günther, 116.Jauregi, Oskarbi, 139.Jáuregui, Juan María, 140.Jáuregui, Ramón, 218, 220, 270.Jurado, Sendoa, 291Kamio, Joseba, 54.Kropotkin, Piotr, 208.Lamarca, Íñigo, 80, 111, 252. Landa, Jon Mirena, 189.Larrea, Aitor, 74.Larrea, Zunbeltz, 75, 229, 233.Larrinaga, Gaiza, 178.Larrinaga, Julen, 178.Lasa, Joxean, 164.Lasaga, Eneko, 228.Latorre, Aitor, 57.Le Vert, Laurence, 65. Legarda, Mikel, 252.Legarra, Amaia, 293.Lejarzegi, Endika, 290. Lertxundi, Imanol, 56.Lima, Iker, 82, 290.Llamas, Miguel Ángel, 79.López Iborra, Alberto, 294.

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López, Jon, 135.López, Noé, 293.Lupiañez, Gorka, 58, 75, 173,

174. Madrazo, Javier, 142. Maiza, Roberto, 74.Makaia, Mikel, 63.Mallabia, Naiara, 192.Manglano, Emilio Alonso, 245. Mañas, Mari Carmen, 257, 258,

278, 297, 298.Maquiavelo, Nicolás, 28, 32. Mariscal de Gante, Margarita,

120.Martín Pallín, José Antonio, 223.Martínez de Treviño, Ibai, 228. Mayor Oreja, Jaime, 48, 101,

115, 166, 240, 252, 262. Merle, Beñat, 65.Milano, César, 61.Miralles, Melchor, 67. Molina, Enrique, 144, 145Montoia, Kristina, 187.Moreno, Fabio, 53. Moreno, Ismael, 94.Moreno, Koldo, 195.Moro, Thomas, 291.Mosquera, Pablo, 270.Mugeta, Irantzu, 57.Mugika, Argider, 139.Muguruza, Josu, 157.Mujika Garmendia, Francisco,

51.Mujika, Garikoitz, 196. Muñoz, Javier, 275, 279.Navarro, Joaquín, 151, 223.Novoa, Mikel, 228.O’Shea, David, 159.Obama, Barack, 170. Olaberri, Txuma, 169.Olmo del, Juan, 229.Olza, Eneko, 134, 291.

Olza, José Miguel, 242.Orbe, Zigor, 135.Orduña, Luis, 63.Oria, Felipe, 57.Ormaetxe, Natxo, 252. Ormazabal, Jon Markel, 74. Orwell, George, 298.Otano, Javier, 245.Otegi, Arnaldo, 135.Oviedo, Oskar, 75.Palacios, Teresa, 297.Paulus-Basurko, Maritxu, 66. Peña, Miguel José, 273, 274,

279, 280.Peña, Valeriano, 273, 274, 279,

280.Pérez Rubalcaba, Alfredo, 206,

207, 295.Pérez, Oskar, 162, 192.Pérez, Ugaitz, 82, 290. Perote, Juan Alberto, 245.Pikabea, Iban, 228, 229. Pío, Alberto, 240.Piqué, Josep, 106. Podal de, José Ricardo, 222. Prado y Colón de Carvajal, Ma-

nuel, 245.Prieto, Jerónimo, 65.Rajoy, Mariano, 67, 74, 75, 93,

145. Reizabal, Álvaro, 161. Rekondo, Xangarin, 74.Retolaza, Luis María, 179.Rey, José Benigno, 215.Rey, María, 135.Robbins, Tim, 298, 301.Rodríguez, Silvio, 12.Roldán, Luis, 244, 245, 266. Romero, Álvaro, 130.Romero, Elvira, 242. Ronco, Mario, 134. Rubio, Mariano, 245.

308

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Rubio, Pilar, 273, 274, 275, 276,279, 280.

Ruíz de Alegria, Pedro, 178. Ruiz, Zigor, 196. Sádaba, Javier, 135.Sáez de Ynestrillas, Ricardo, 157,

158.Sagardoi, Xabier, 293.Sagarzazu, Imanol, 228.Sáiz Arnáiz, Alejandro, 187. Salaberria, Jon, 139, 140, 141,

284. San Gil, María,104. Sanchiz, Kontxi, 56, 274, 275,

278. Sanpedro, Edurne, 57. Santos, Teo, 98. Sanz, Miguel, 62. Saratxaga, Kepa, 81. Sarkozy, Nicolás, 27. Scheinin, Martín, 153, 289. Schmitt, Carl, 116.Solaguren, Karmele, 214, 215. Sota, Fernando, 63. Tapia, Asier, 144, 296. Tapia, Jaime, 235. Tejerina, Arkaitz, 75. Txebarria, Leire, 135.Txokarro, Jorge "Txibi" , 298.Txurruka, Lourdes, 89.

309

Uria, Margarita, 115, 118. Urkijo, Txema, 252. Urquijo, Carlos, 102. Urralburu, Gabriel, 244, 245,

266. Urrestarazu, José Antonio, 129.Urrutikoetxea, Egoitz, 66. Urtasun, Ana, 242. Valderrama, Altzibar, 229, 233. Valero, Luis, 63. Vales, Petra, 242. Vales, Soledad, 242. Vallejo, Iñigo, 135. Van Boven, Theo, 190, 191, 211,

226. Vázquez Honrubia, José María,

223, 225, 233. Vázquez, Mikel, 242. Vera, Rafael, 245. Vidal Quadras, Aleix, 99. Vilares, Javier, 242. Villanueva, Jon, 291 Villar, Enrique, 263. Weber, Max, 22. Zabala, Joxi, 164. Zaldunbide, Jokin, 65 Zarra, Rosa, 56, 165. Zubimendi, Araitz, 296. Zubimendi, Mikel, 55. Zueco Melero, María José, 201.

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índice

prólogo 9

introducción 11

desbrozando terreno 17

secuencia represiva 47

así nos lo cuentan 83

y la justicia así lo interpreta 113

brutalidad policial 153

el tormento 175

la tortura blanca 203

menores «terroristas» 215

gurasoak lanean, organizando la solidaridad 235

tras los hijos, a por los padres 263

recapitulando, a día de hoy 279

posdata: la academia terrorista

versus el futuro de un pueblo 301

índice onomástico 305

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Juan Ramón GaraiCelestino Uriarte.

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Iker Casanova-Paul AsensioArgala

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Este libro,la maza y la cantera

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en Arte 4C el 20 de abril de 2010, utilizándose para ello lafamilia tipográfica Celeste creada digitalmente

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otros muchos y muchas.

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