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UNIVERSIDAD DE COLIMA

Facultad de Arquitectura y Diseño

LA INTEGRACION DE AREAS EJIDALES A LA EXPANSIÓN

URBANA: EL CASO DEL ÁREA METROPOLITANA DE COLIMA

1990 | 2006

Tesis que para obtener el grado de

Maestra en Arquitectura

Presenta:

Arq. Teresita de Jesús Alcántara Díaz

Directora de Tesis:

Dra. en Arq. Martha E. Chávez González

Asesores: Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez

Dra. en Arq. Reyna Valladares Anguiano

Dr. en Arq. Francisco Javier Cárdenas Munguía

Coquimatlán, Colima, noviembre de 2007.

IV

Agradecimientos

Aprovecho este breve espacio para agradecer a todos los que voluntaria e involuntariamente participaron para hacer posible el logro de esta gran meta que fue la realización de mi maestría y en específico el poder concretar dicho esfuerzo a través de la presente tesis:

Primeramente a DIOS por haberme dado la oportunidad de vivir, por la dicha de disfrutar los momentos felices y por la fortaleza para superar los difíciles;

A mis papas Adiel y Aleyda y mis hermanos Baruch y Farud por ser las personas tan especiales con las que he compartido desde que tengo uso de razón momentos especiales y me han impulsado a ser lo que soy;

A mi esposo Jaime y mi hijo V. Adiel por estar a mi lado, por el amor y amistad incondicional que me han brindado; por su apoyo para salir adelante y por ser el mejor regalo que Dios me ha dado;

A mi directora de tesis, la Dra. Martha Chávez por ser una buena asesora, consejera, maestra y amiga que me guió durante todo este tiempo para poder concretar mi proyecto de investigación en esta tesis;

A mi asesora externa, la Dra. María Soledad Cruz Rodríguez, ya que además de ser especialista en la materia, su asesoría fue clara, oportuna y de calidad para lograr un buen proyecto;

A la Dra. Reyna Valladares y al Dr. Francisco J. Cárdenas que como parte del cuerpo académico de la especialidad compartieron su tiempo, conocimientos y experiencias;

A mis compañeros de la especialidad y de la generación, por haber sido parte de esta etapa de mi vida y por haber compartido conmigo y con Jaime momentos memorables;

Al Registro Agrario Nacional (RAN) en especial al Ing. Carlos Anguiano Silva, jefe del área técnica de dicha delegación, cuyo apoyo, asesoría e información obtenida en el ámbito agrario, fueron claves para el adecuado desarrollo y conclusión de dicho proyecto;

A cada uno de los comisarios ejidales que participaron en la encuesta, cuyos comentarios y experiencias fueron de gran relevancia para comprender la dinámica que se vive al interior del ejido;

Al apoyo técnico proporcionado por Flor Santacruz y Karla González F., en la captura de información y por darme pertinentes observaciones como futuras lectoras; y finalmente

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo económico otorgado para cursar la maestría y generar un estudio en torno a la problemática urbano-rural dentro del Estado de Colima, dejando además un precedente para otras líneas de investigación que se deriven del mismo.

VI

LA INTEGRACIÓN DE ÁREAS EJIDALES A LA EXPANSIÓN URBANA

El caso del Área Metropolitana de Colima 1990-2006

Índice

Carta de terminación...……………………………………………………….............. II Agradecimientos………………………………………………………………............. IV Índice de cuadros Índice de tablas Índice de figuras Índice de gráficos Índice de mapas Índice de planos Índice de Siglas y Acrónimos………………………………………………………….

VI

X Resumen………………………………………………………………………………... XI Abstract………………………………………………………………………………….. XII Introducción 14

1. Revisión de los estudios de suelo...……………………………… 18

2. Configuración del territorio y el ámbito urbano……………….. 36

2.1 La ciudad y la expansión urbana………………………………………. 36 2.2 De lo urbano a la metropolización……………………………………... 52 2.3 Metropolización y ciudades medias…………………………………… 56 2.4 Suelo y procesos de urbanización……………………………………. 61

3. La propiedad territorial en México………………………………... 71

3.1 Antecedentes históricos……..………………………………………….. 71 3.2 Artículo 27: la estructura de la propiedad y sus características…… 75

3.3 Reformas al Art. 27 constitucional y su impacto en la propiedad de la tierra a partir de 1992…………………………………

82

3.4 La estructura de la propiedad en Colima……………………………... 91

4. La propiedad ejidal en el Área Metropolitana de Colima…… 96

4.1 Características de los municipios que integran el AMC……………. 99 4.2 Los ejidos del Área Metropolitana de Colima……………….............. 107

4.2.1 Ejidos en el municipio de Colima…………………………. 107 4.2.2 Ejidos en el municipio de Villa de Álvarez……………...... 113 4.2.3 Ejidos en el municipio de Comala……………………....... 116 4.2.4 Ejidos en el municipio de Coquimatlán…………………... 118 4.2.5 Ejidos en el municipio de Cuauhtémoc…………………... 120 4.3 Expropiaciones…………………………………………………………. 128 4.4 El PROCEDE en la zona de estudio…………………………………. 134 4.5 La adopción de dominio pleno………………………………………… 137

5. La expansión territorial del Área Metropolitana de Colima sobre tierra ejidal 1990-2006……………………………………...

153

5.1 Incorporación de tierra ejidal al proceso de urbanización…………. 153 5.2 Mecanismos utilizados para la transformación del régimen de propiedad………………………………………………………………...

155

VII

5.3 Proyectos surgidos en tierras de origen ejidal ………………………. 164

6. Caracterización y perspectivas de los ejidos del Área Metropolitana de Colima…………………………………………..

177

Bibliografía……………………………………………………………………………… 187 Anexos

Anexo I. Dominios plenos asignados por ejido …………………………….. 196 Anexo II. Asentamientos humanos y proyectos urbanos …………………. 214 Anexo III. Planos parcelados y dominios plenos registrados 1990-2006... 234

Índice de cuadros

Cuadro 1 | Indicadores para la investigación…………….................................. 70 Cuadro 2 | Reformas al artículo 27 (1917-1992)………………………………… 87

Índice de tablas

Tabla 1 | Características geográficas y demográficas del Estado de Colima por municipio al año 2005…………………………………………….

92

Tabla 2 | Estructura de la propiedad de la tierra en el Estado de Colima….. 93 Tabla 3 | Propiedad de la tierra en el Estado de Colima por municipio…….. 95 Tabla 4 | Origen de los ejidos del AMC………………………………………… 124 Tabla 5 | Superficies ejidales y beneficiados por concepto de dotación y

ampliación en el AMC………………………………………………….

126 Tabla 6 | Expropiaciones a los ejidos ubicados en el AMC, 1972-2001……. 130 Tabla 7 | Superficies después de las expropiaciones en los ejidos del

AMC……………………………………………………………………...

133 Tabla 8 | Núcleos agrarios pertenecientes al AMC con cartografía

entregada para su certificación y titulación por municipio…………

136 Tabla 9 | Núcleos agrarios y superficie según el destino de la tierra por

municipio………………………………………………………………...

136 Tabla 10 | Dominios plenos asignados por ejido 1993-2006. Municipio de

Colima……………………………………………………………………


Villa de Álvarez…………………………………………………………


Comala…………………………………………………………………..


Coquimatlán…………………………………………………………….


Cuauhtémoc…………………………………………………………….

146 Tabla 15 | Total de dominios plenos asignados por municipio 1993-

2006……………………………………………………………………...

147 Tabla 16 | Expropiaciones en ejidos del AMC y principales promoventes,

VIII



1972-2001………………………………………………………………. 159 Tabla 17 | Distribución de expropiaciones por causas de utilidad pública…… 160 Tabla 18 | La adopción de dominio pleno en los ejidos del AMC…………….. 161 Tabla 19 | Proyectos urbanos realizados en el AMC por municipio 1990-

2006……………………………………………………………………...

166 Tabla 20 | Proyectos urbanos realizados en suelo ejidal en el AMC por

municipio 1990-2006 ………………………………………………….

168 Tabla 21 | Proyectos urbanos de origen ejidal en el AMC por municipio

mayores a 10 Has. 1990-2006……………………………………….

168 Tabla 22 | Proyectos urbanos en el AMC por tipo de promotor, 1990-2006… 171 Tabla 23 | Proyectos urbanos en el AMC por uso de suelo autorizado, 1990-

2006……………………………………………………………………...

172 Tabla 24 | Superficie desincorporada del régimen ejidal en el AMC por tipo

de mecanismo…………………………………………………………..

175

Índice de figuras

Figura 1 | Modelo A. Modelo de círculos concéntricos …………………………. 41 Figura 2 | Modelo B. Modelo de de sectores radiantes………………………….. 43 Figura 3 | Modelo C. Modelo de núcleos múltiples ……………………………… 45 Figura 4 | Las tres dimensiones independientes del espacio social…………… 47 Figura 5 | El modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana… 50

Índice de gráficos

Gráfico 1 | Distribución porcentual de la propiedad de la tierra en el Estado de Colima……………………………………………………………...

94

Gráfico 2 | División del ejido Villa de Álvarez para la creación del núcleo agrario El Diezmo…………………………………………………….

109

Gráfico 3 | Ejido Villa de Álvarez………………………………………………... 115

Índice de mapas

Mapa 1 | Municipios del Estado de Colima y su localización geográfica……. 91 Mapa 2 | Modificación de los límites para la Zona Conurbada Colima-Villa

de Álvarez, 1997 ………………………………………………………..

98 Mapa 3 | Ubicación de los ejidos Acatitán, Cardona, El Diezmo, Francisco I.

IX

Madero, La Estancia, Lo de Villa y Piscila…………………………… 108 Mapa 4 | Ubicación de los ejidos Villa de Álvarez y Pastores………………… 114 Mapa 5 | Ubicación de los ejidos Comala, El Pedregal y Nogueras………… 116 Mapa 6 | Ubicación de los ejidos Coquimatlán y Los Limones……………….. 120 Mapa 7 | Ubicación de los ejidos El Trapiche y Buenavista………………….. 123 Mapa 8 | Núcleos agrarios ampliados en el AMC 1939-2000……………….. 127 Mapa 9 | Ubicación de los ejidos expropiados por grado de afectación en el

AMC, 1972-2001………………………………………………………..

133

Índice de planos

Plano 1 | Conurbación Colima-Villa de Álvarez en 1981………………………. 96

X



Índice de Siglas y Acrónimos

AEMA o EEA: Agencia Europea de Medio Ambiente AMC: Área Metropolitana de Colima ANDSA: Almacenes Nacionales de Depósito CFE: Comisión Federal de Electricidad CONAPO: Consejo Nacional de Población CORETT: Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática IVECOL: Instituto de Vivienda del Estado de Colima LA: Ley Agraria LGAH: Ley General de Asentamientos Humanos NCPE: Nuevo Centro de Población Ejidal o Agrícola PA: Procuraduría Agraria PEA: Población Económicamente Activa PROCEDE: Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad RAN: Registro Agrario Nacional SAM: Sistema Alimentario Mexicano SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca SJF: Suprema Corte de Justicia de la Nación TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte ZMCM: Zona Metropolitana de la Ciudad de México ZMCM: Zona Metropolitana del Valle de México

XI

Resumen

El trabajo que aquí se resume expone los efectos de los cambios en la

legislación agraria en el área metropolitana de Colima con una superficie total de 30 mil 33.20 Has., la cual comprende parte del territorio de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc, en los que se concentran 16 núcleos agrarios, de los cuales toda o parte de su superficie ejidal se está integrando y transformando.

Para ello, se hace una revisión de los antecedentes de la propiedad ejidal, la situación prevaleciente después del PROCEDE, los mecanismos de desincorporación del cambio de régimen de propiedad, y la incorporación de suelo ejidal al proceso de urbanización, de acuerdo al tipo de proyectos urbanos realizados y a los actores involucrados.

Palabras clave: suelo ejidal, expansión urbana, procesos de urbanización

XII



Abstract

The work that is here is summarized, exposes the effects of the changes in the

agrarian legislation in the metropolitan area of Colima with a total surface of 30 thousand 33.20 hectares, which includes part of the territory of the municipalities of Colima, Villa de Alvarez, Comala, Coquimatlán and Cuauhtémoc, territory in which are concentrated sixteen agrarian nuclei, of which everything or part of its ejidal surface is joining and transforming.

For it, a revision becomes of the antecedents of the ejidal property; the prevailing situation once concluded the PROCEDE program, the mechanisms of desincorporación of the change of property regime, and the ejidal ground incorporation to the urbanization process, according to the type of urban projects made and the involved actors.

Key words: common land, urban expansion, processes of urbanization

14



Introducción

El crecimiento de las ciudades de manera general, es un fenómeno en donde

intervienen diferentes dinámicas que repercuten en la configuración del territorio; una

de ellas es la incorporación de zonas rurales y zonas agrícolas a los centros de

población. Esta situación trae como resultado no sólo cambios en la estructura

urbana de la zona, sino también transformación de los modos de vida de los

habitantes que se van integrando al ámbito rural-urbano y la degradación de los

modos de producción agrícola que se han sacrificado por la presión económica y

social que ha generado la creciente urbanización a costa del desarrollo y la

modernización de las ciudades.

En este sentido, Colima no es la excepción. La conurbación generada con la

ciudad de Villa de Álvarez en las últimas décadas, ha dado la pauta para la

integración paulatina de las localidades más cercanas a ésta.

Para la explicación de este fenómeno en torno al suelo, se toman como

antecedente las investigaciones basadas en la recuperación de plusvalías,

tributación inmobiliaria, proyectos de redesarrollo urbano a gran escala, informalidad

y mercados de suelo urbano.

De manera particular, el estudio sobre la producción de suelo urbano en la

zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000, realizado por Martha E. Chávez

González (2005), relacionado a la temática de mercados de suelo, es el precedente

de la presente investigación y forma parte del proyecto del mismo nombre financiado

por el CONACYT y la CONAVI. Para tal efecto, se amplia, tanto el área de estudio de

dicha conurbación a un ámbito metropolitano, así como al período de referencia.

Se partió de los siguientes cuestionamientos: ¿de qué manera la legislación

agraria ha incidido en los mecanismos utilizados para la incorporación de la tierra

ejidal al proceso de expansión urbana de la AMC entre 1990 y 2006?; y ¿cuáles han

sido las repercusiones de las modificaciones al artículo. 27 Constitucional en la

Introducción

15

propiedad ejidal de la zona de estudio?; ¿qué agentes urbanos han intervenido en la

incorporación de la tierra ejidal en el proceso de metropolización? y finalmente,

¿cuáles son las características del proceso de urbanización generadas por la

expansión urbana en la AMC durante ese período?

Como respuesta a las interrogantes planteadas, podemos decir de manera

hipotética que en el Área Metropolitana de Colima entre 1990 y 2006, las reformas al

Art. 27 constitucional impulsaron parcialmente la desincorporación de la superficie

del ejido de aquéllos que han estado más cercanos a las zonas urbanas o con

conexión a las mismas por medio de vialidades a través del la construcción de

fraccionamientos, principalmente por la intervención de promotores inmobiliarios

locales, gobernantes en turno y organismos públicos de vivienda.

En este sentido el desarrollo urbano y el uso de suelo dedicado a actividades

rurales resultan incompatibles en términos territoriales cuando el crecimiento urbano

no esta planificado, causando problemas en los ejidos localizados en la periferia

intrametropolitana al ser absorbidos por este crecimiento, modificando su uso y

morfología como producto de los procesos de urbanización y modernización en la

zona.

La presentación del trabajo se estructura en cinco capítulos y un apartado final

de conclusiones. El primer capítulo titulado ―Revisión de los estudios de suelo‖

expone una síntesis de los estudios y enfoques realizados en torno al tema del suelo,

destacando los más recientes y aquellos relacionados con mercados de suelo urbano

y procesos de urbanización tanto de ciudades medias como de zonas

metropolitanas.

Aunado a ello, el conocimiento de las diferentes teorías y modelos que

explican la configuración del territorio y su estructura desde la escala de ciudades,

pasando por las ciudades medias y zonas o áreas metropolitanas es de crucial

importancia para el desarrollo de la presente investigación. En este sentido, el

capítulo 2 titulado ―Configuración del territorio y el ámbito urbano‖ aborda los

principales tópicos en la materia; lo que permitió por una parte demostrar la escala

16



sobre la cual se estudia el fenómeno de la expansión urbana y por la otra identificar

los factores inherentes al suelo dentro del contexto capitalista como un bien no

reproducible, escaso y sujeto al incremento de su valor por la plusvalía generada en

la zona y a la especulación por parte de los agentes urbanos o sociales que se

apropian de ella.

Estas formas de apropiación del suelo adquieren particular relevancia de

acuerdo a las distintas modalidades de la propiedad territorial, cuya conformación ha

pasado por un proceso histórico, principalmente en nuestro país, que ha determinado

la definición de diferentes tipos de tenencia: privada, federal, ejidal y comunal.

Es por ello que el capítulo 3, titulado ―La propiedad territorial en México‖

aborda las particularidades de cada uno de los regímenes de propiedad señalados

de acuerdo al artículo 27 constitucional, sus modificaciones a partir de 1992 y su

impacto en la propiedad de la tierra, para después llegar al caso concreto de Colima

y analizar cómo está estructurada la propiedad en la entidad; con la finalidad de

verificar si realmente la propiedad ejidal -como régimen predominante-, merece una

atención especial para fines de nuestro estudio.

Asimismo, el capítulo 4 titulado ―La propiedad ejidal en el Área Metropolitana

de Colima‖ procede a delimitar el área de estudio, se analizan las acciones agrarias

efectuadas en cada uno de los ejidos desde su fundación y ampliaciones realizadas,

así como otras acciones como expropiaciones y la obtención del dominio pleno, la

desincorporación de tierra de este régimen por causas de utilidad pública y su

certificación para, posteriormente, enajenar o destinar la tierra al uso que el

propietario considera más pertinente, llevadas a cabo a raíz de las modificaciones al

27 constitucional.

Posteriormente, el capítulo 5 cuyo título es ―La expansión territorial en el Área

Metropolitana de Colima sobre tierra ejidal 1990-2006‖, se identifican los

mecanismos -de tipo formal- de desincorporación de tierra ejidal a otros tipos de

propiedad previstos en la legislación agraria, así como las vías de incorporación de la

superficie de origen ejidal al desarrollo urbano, con el fin de determinar cuánta ha

Introducción

17

sido la tierra que ha cambiado de régimen y se ha mantenido probablemente a la

espera del mejor postor o ya han sido ocupados por diversos proyectos para fines

urbanos.

Finalmente, el capítulo sexto donde se exponen las conclusiones a manera de

perspectiva se titula ―La propiedad ejidal frente a la expansión urbana. Retos y

perspectivas de los ejidos del Área Metropolitana de Colima‖, se presenta como una

reflexión sobre la problemática que enfrenta hoy en día la propiedad social en

nuestro estado y en un contexto más general, nuestro país.

18



1. Revisión de los estudios de suelo

Actualmente, los estudios realizados con relación al tema del suelo en el

mundo se han enfocado principalmente a la investigación de temáticas tales como

recuperación de plusvalías, tributación inmobiliaria, proyectos de redesarrollo urbano

a gran escala, informalidad y mercados de suelo urbano.

De manera particular y respecto a la última temática, existen diversos estudios

de suelo (Calderón, 1984; Carrión, 1987; Clichevsky, 1993; Lungo, 1998) realizados

en ciudades metropolitanas de Latinoamérica como Río de Janeiro, Buenos Aires,

Lima, Quito y San Salvador, entre otras, los cuales han conservado un interés por

analizar el proceso de ocupación –o desocupación existente- al interior o en zonas

cercanas al área urbana de las grandes ciudades, con el fin de explicar el

funcionamiento del mercado de tierras.

En el caso de México, a partir del año 2000 se han generado foros que han

permitido conjuntar una serie de reflexiones derivadas del contexto mexicano y que

han resultado coincidentes con las de otros países latinoamericanos, desde

perspectivas políticas, jurídicas, económicas y sociales para entender el problema

del suelo. En estos foros, se han presentado estudios de caso enfocados, en su

mayoría, a las áreas ubicadas dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México

(ZMVM), así como en contextos de otras zonas metropolitanas y de ciudades

medias1 en proceso de metropolización como Acapulco, Colima, Oaxaca, Hermosillo.

Dichos estudios han sido realizados por investigadores como Beatriz García

(1988), Alfonso Iracheta (1984, 2000), Priscilla Conolly (1988), Soledad Cruz (1989,

2001), Javier Delgado (1989), Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (2001), y Martha

Schteingart (2003), entre otros, quienes a partir de la década de los ochenta iniciaron

1 Este concepto se explicará más adelante en el capítulo del marco teórico


19

una aproximación en el tema del suelo y sus problemáticas en el contexto de

grandes ciudades metropolitanas, como es el caso de la ZMVM. Este interés

obedeció a que las entidades que la conforman han presentado un crecimiento

mayor y desordenado con respecto a otras entidades del país, sin considerar las

leyes referidas al suelo urbano, ni la protección al medio ambiente.

Para Alfonso Iracheta, el crecimiento desordenado de la ZMVM está vinculado

a la presencia del mercado privado (legal e ilegal) -que por sus propias

características especulativas y la baja intervención estatal para la regulación de

precios, apropiaciones o usos- ha segregado a una masa de población pobre que

carece de recursos para la adquisición de suelo para vivienda de acuerdo a las

condiciones que impone el mercado (2000:13); afirma que debe aceptarse que el

suelo es al mismo tiempo un bien privado y un bien público, en donde el Estado y el

municipio, deben producir reglas de uso y ejercer una regulación de los mercados

inmobiliarios que aseguren la coordinación del desarrollo urbano y la producción de

bienes públicos (infraestructura, vivienda social, etc.) que nunca serán suministrados

por el mercado (Iracheta, 2000:57). Las variables utilizadas en la investigación fueron

el mercado del suelo, las intervenciones públicas y la formación del precarismo y la

informalidad; instrumentos fiscales y regulatorios de movilización de los incrementos

de valor del suelo para la provisión de infraestructura y servicios urbanos y,

finalmente, la política de suelo para pobres.

Jaime Linares (2005) estudió la evolución de los precios del suelo en la zona

oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), durante el período

de 1960-2005, el análisis le permitió identificar que entre los principales factores que

provocaron que su zona de estudio se convirtiera en una opción viable para la

edificación de vivienda estaba la abundancia de extensos terrenos planos y áridos,

no aptos para labores agropecuarias y en segundo lugar, el nivel de precios de los

terrenos que estaban relativamente al alcance del nivel promedio de ingresos de los

trabajadores, además de las facilidades que otorgaban los fraccionadores para la

20



compra de los lotes; y finalmente, la existencia de diversas vías de comunicación a lo

largo de los cuales se fue expandiendo el área urbana (Linares, 2005:18).

Linares incorporó indicadores como transformación de la estructura

económica del país, concentración económica y urbana -medida a través de otros

tres indicadores como valor de la producción, concentración industrial y personal

ocupado-, PEA ocupada por sector y municipio, población rural vs. urbana, densidad,

nivel socioeconómico y precios de suelo urbano. Los resultados obtenidos le

permitieron suponer que ―con el actual modelo neoliberal, las grandes empresas

inmobiliarias, no sólo influyen en forma determinante en el nivel de los precios de

suelo de la zona, sino además, se convierten en los principales promotores y

ejecutores de la planeación urbana, ante la ausencia y retraimiento del Estado en

materia urbana‖ (Linares, 2005:22).

Iracheta y Linares coinciden que ante el crecimiento tanto de la ZMVM como

de la ZMCM, el mercado de tierras y la presencia de diversos actores urbanos era

más evidente ante la baja o nula intervención del Estado. Plantean la importancia de

que sea éste último el que regule las disposiciones que impone el mercado

inmobiliario, para asegurar una mejor planeación de las ciudades y fomentar la

producción de obras y servicios prioritarios para la ciudad.

En contraparte, Eduardo Ramírez (2001) señaló que han existido

experiencias exitosas de grandes desarrollos inmobiliarios llevados a cabo en

reservas territoriales –de ciudades como Tijuana, Hermosillo, Culiacán y

Aguascalientes principalmente a partir de 1970-, denominados como

―macrodesarrollos inmobiliarios‖, los cuales están conduciendo a la planeación,

instrumentación y creación de espacios urbanos autosuficientes y sustentables. Todo

ello, a través de la participación de los propietarios de la tierra, financieros,

inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y el gobierno en sus tres niveles, para

que actúen coordinadamente en la incorporación de tierras, financien y realicen

obras e infraestructura prioritarias en materia de vivienda, industria, comercio,


21

equipamiento urbano y servicios para la ciudad, respetando la traza urbana y usos

de suelo y expidiendo oportunamente las licencias y permisos correspondientes.

Ramírez efectuó un análisis de los costos base y de transacción de las tierras

de vocación agrícola de propiedad ejidal o particular, en el momento de la

negociación con otros agentes económicos, para su incorporación a proyectos

urbanos, y consideró la captación de plusvalías como una estrategia para la

asignación de precios promedios globales de alta densidad económica para cubrir los

costos de la tierra en proyectos con usos de baja o nula densidad económica y con

ello satisfacer las necesidades de tierra para pobres y la protección al ambiente. Para

ello, utilizó indicadores como uso de suelo, propiedad de la tierra, costos de suelo

rural vs. urbano, topografía, ubicación del predio respecto a la mancha urbana y a la

infraestructura vial.

De lo anterior sobresale la importancia de conducir coordinadamente tanto la

regulación como la participación de los principales actores involucrados en el

proceso de incorporación y el adecuado manejo de la tierra de acuerdo a su vocación

y características físicas para ser utilizado con fines urbanos, ante ello surge la

pregunta ¿de qué manera está incidiendo el mercado inmobiliario sobre el suelo rural

cercano a las principales zonas urbanas en nuestra área de estudio?, ¿existe alguna

política de Estado que coadyuve o inhiba esta situación?

Víctor Palacio (2001) analizó la diferencia del valor del suelo rural y urbano

con la teoría del valor-trabajo aplicado a la renta del suelo con la finalidad de

comprender e interpretar la problemática agrícola en tierras altamente productivas y

de qué manera se enfrenta al mercado urbano, tomando como zona de estudio los

estados de San Luís Potosí, Coahuila, Sinaloa, y Guanajuato, en México, durante el

período 1930-1997. A partir de ello concluyó que las tierras agrícolas altamente

productivas, bien ubicadas y con niveles de rentabilidad aceptable, tienden a

desaparecer en la medida en que el mercado urbano ofrece mejores opciones de

ganancias a los dueños y/o inversionistas del campo. Pues los niveles de renta

urbana estuvieron muy por encima de las ganancias y rentas agrícolas, argumenta

22



que este crecimiento más o menos constante del precio del suelo tuvo explicación en

la atención al sector agrícola por parte del Estado hasta los años setenta y principio

de los ochenta, así como también por la liberalización de dicho sector a partir de

1983 y en las modificaciones al artículo 27 constitucional (Palacio, 2001: 67). Para su

análisis, Palacio utilizó indicadores como ubicación de los predios agrícolas y

urbanos -relacionándolos con proyectos inmobiliarios-, tasa de crecimiento del precio

de la tierra, productividad de la mano de obra e inversión de capital en el sector

agrícola, renta de suelo, precios de la tierra rural y urbana.

Por su parte, Ma. Soledad Cruz (2001) hizo un estudio para la ZMCM,

partiendo de la relación entre los procesos urbano y agrario en el ejido y el impacto

de la nueva Ley Agraria (LA) en los núcleos agrarios periféricos, como consecuencia

de las modificaciones al artículo 27 Constitucional; refiriéndolo a los cambios en la

definición jurídica de la propiedad social. A partir de eso, identificó la necesidad de

investigar las tendencias que han guiado el proceso de urbanización agraria, así

como determinar si existe un interés real del capital inmobiliario de asociarse con los

ejidatarios para generar desarrollos que coadyuven al crecimiento de la ciudad. Cruz

llegó a la conclusión de que la tenencia ejidal en la zona de estudio ha tenido la

fortaleza necesaria no sólo para sostener la producción agrícola de la periferia rural,

sino para resistir con eficacia la expansión urbana. No obstante, no ha sucedido lo

mismo con la propiedad privada, que en este caso sí se ha visto afectada de manera

importante por la urbanización, permitiéndole la identificación de la existencia de

―modalidades‖ en la propiedad privada y la presencia de diversos agentes sociales

propietarios, que tienen determinaciones impuestas por las características de su

propiedad y que se relacionan de manera diferenciada con el proceso de

urbanización.

Tanto Palacio como Cruz Rodríguez hicieron analizan las modificaciones al

artículo 27 constitucional, pero Palacio le dio un enfoque económico a su estudio

vinculándolo a liberalización del sector agrícola, lo que coadyuvó, según él, a que las

tierras ejidales tendieran a desaparecer en la medida en que el mercado urbano


23

ofrecía mejores ganancias; Cruz -con un enfoque sociológico-, lo relacionó a los

cambios en la definición jurídica de la propiedad ejidal.

A pesar de que esos dos autores abordan la problemática desde distintos

enfoques, ambos señalan que las tierras ubicadas en ―lugares estratégicos‖ o en la

periferia, independientemente del tipo y características de la propiedad, sí se han

visto afectadas o han tendido a desaparecer ante los procesos de expansión urbana.

En el caso particular de nuestra área de estudio, ¿de qué condicionantes dependen

las tierras para poder resistir al proceso de urbanización o simplemente están en

proceso de desaparición?

Con relación con lo anterior, lo más importante de las modificaciones al

artículo 27 es la privatización del ejido. Esto ha derivado en una serie de

implicaciones que tuvieron como objetivo facilitar la circulación mercantil de las

tierras ejidales, generando la transformación del ―cacicazgo‖ -que ha predominado en

la administración ejidal- y un cambio de funciones del Comisariado. A partir de este

momento, la participación del ejidatario en particular se plantea como fundamental y

se le reconoce la libertad para la disposición de sus parcelas y de contratar créditos y

financiamientos adecuados para la explotación económica de su tierra o en su

defecto, para decidir el uso económico que quisiera darle a la misma. Para ello, el

ejidatario tendría que contar con la titularidad de sus derechos agrarios y una amplia

libertad para asociarse económicamente con otros agentes sociales para la

producción de sus tierras (Cruz Rodríguez, 2001:79-80). Pero estas medidas ¿cómo

se han manifestado en el ámbito rural-urbano y particularmente en el mercado de

suelo en la zona de estudio?

En esta tónica, Rafael Vargas (2001) afirma que ―de los casi 200 millones de

hectáreas, un 51% correspondía a la propiedad social (ejidal y comunal) con cerca

de 30 mil núcleos agrarios de los cuales 23 mil han sido certificados a través del

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos

(PROCEDE), con lo cual los posesionarios de suelo pudieron tener certeza jurídica

sobre la tenencia y delimitación de sus parcelas‖ (2001:389). Vargas detectó que

24



este proceso tiene una vinculación directa con la población urbana y con los

requerimientos de suelo para el desarrollo urbano. Reveló, además, que en la

mayoría de los casos, quienes poseen actualmente los títulos no son los ejidatarios

originales, lo cual nos hace pensar si es la misma situación en el Estado de Colima.

En este sentido, en el mercado de suelo urbano -con la particularidad en nuestro país

de estar marcadamente influido por el suelo ejidal-, se podría esperar una reducción

en los precios del suelo urbanizado del mercado regular motivado por la facilidad

para utilizar el suelo ejidal; sin embargo, también es cierto que está expuesto a la

especulación y acaparamiento por grandes desarrolladores.

Al respecto, podemos señalar que hasta el momento, en muchos estados del

país no se han aplicado las políticas necesarias para hacer más atractiva la oferta en

el mercado regular; en el caso de Aguascalientes (Jiménez, 2000) a pesar de que el

mercado irregular contó con ventajas sobre su opuesto, sólo un reducido número de

habitantes de escasos recursos optó por adquirir suelo en él y la gran mayoría optó

por comprar suelo en el mercado regular que ofrece el sector público. Esto permite

demostrar que ―… al menos en algunos casos el Estado tiene la capacidad de frenar

el desarrollo del mercado informal de suelo a través de políticas públicas…‖

(Jiménez, 2000:204).

Los estudios de Vargas (2001) como el de Jiménez (2000) han mostrado las

diversas formas en que se ha presentado el fenómeno del crecimiento de las

ciudades relacionándolo con el mercado de tierras (regular o irregular) o en palabras

de Iracheta como ―legal o ilegal‖. De acuerdo a Vargas, a nivel nacional el régimen

de propiedad predominante es el ejidal, por ello pudiera esperarse que su

incorporación al desarrollo urbano no estuviera tan marcada por los precios de suelo

y que pudiera resultar más accesible su adquisición por la vía regular para sectores

de menores recursos. Sin embargo, todo esto sigue dependiendo de las políticas del

Estado en materia urbana, ya que a pesar de que las reformas al artículo 27 estaban

encaminadas ―en esencia‖ a mejorar las condiciones del campo y de los que de él

viven –dando libertad a sus dueños sobre el uso y destino de la tierra-, no es


25

justificable la postura del Estado de mantenerse al margen de la planeación urbana,

dejando a decisión de los diversos agentes o actores urbanos el cómo, cuándo, para

quién, a qué costo y hacia dónde crecer nuestras ciudades.

Además de los trabajos anteriores, existen algunos estudios enfocados a lo

que ha ocurrido con el proceso de urbanización de los municipios y pueblos

pertenecientes o cercanos a zonas metropolitanas. Es el caso de Armando González

(2005), quien analizó el pueblo de San Pablo de las Salinas del municipio de

Tultitlán, ubicado en la ZMCM, revisó las estrategias y procedimientos para organizar

la propiedad del suelo desde el momento en que inicia el proceso de dotación de

tierras hasta la instrumentación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal (1710-

2003), en un contexto de interacción de prácticas tradicionales y urbanas. Algunos

ejes de análisis planteados fueron la forma que adquiere la propiedad de la tierra, los

actores sociales que intervienen en la organización del suelo urbano, así como sus

prácticas de ocupación del suelo.

González concluyó que la relación urbano-rural sobre el territorio requiere de

un gobierno que vaya de acuerdo a las nuevas formas de vida de la población, en

donde se apoye el fomento y la permanencia de las prácticas tradicionales.

Asimismo, el hecho de que los habitantes originales reclamen la decisión sobre el

uso del suelo, constituyen para él, límites de gobernabilidad, ya que muchas

iniciativas de gobierno son vistas como provocadoras de la desaparición de la

tradición de los pueblos. En este sentido, los actores compiten por ganar posiciones

e influir al gobierno para acordar las reglas de construcción del espacio urbano

(González, 2005:22).

Un trabajo similar es el de Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (2001), quienes

analizaron el crecimiento del Valle de Chalco -ubicado en la ZMCM- durante el

período 1989-2001 asociado al proceso de construcción de gigantescos

fraccionamientos de interés social en lo que fueron tierras privadas, sobre todo

ranchos, así como con una nueva fase de fraccionamientos ilegales en ejidos.

Respecto a la ocupación del suelo periférico pudieron identificar la participación de

26



diversos actores, como los fraccionadores y ejidatarios, destacando que todos ellos

se han movido siempre en el marco más amplio de la oferta ilegal e informal de suelo

(Hiernaux, 1995; Hiernaux y Lindón, 1997). Los autores realizaron el análisis de la

periferia desde la micro escala, esto les permitió entender cuestiones como las

condiciones y estilos de vida de los núcleos familiares, la creación de un modo

particular de vida urbana por parte de los vallechalquenses, así como las estrategias

de inserción en la economía metropolitana que recrean constantemente los

habitantes locales. Además, el estudio intentó superar el esquema económico básico

de vendedor-comprador como victimario y víctima, rompiendo con el prejuicio de que

los compradores son ingenuos; indicando que éstos siguen una estrategia de

localización en función de aspectos laborales, ciclos familiares y posibilidad de

obtención de ventajas adicionales como un negocio o un predio más grande; razones

por las cuales pueden preferir trasladarse de un sitio consolidado a una nueva

periferia.

Por su parte, Alejandro Maceda y Cruz Rodríguez (2005) realizó un análisis

sobre el ejido Santa Cruz de Guadalupe, en la ciudad de Puebla, y enfatizó que esa

colonia ha tenido un proceso histórico por etapas, en la que aparece el período de

1970-1980 como el más relevante, ya que se construyó una vía principal de

comunicación –producto del impacto ecológico del ―Programa de Desarrollo Regional

Angelópolis‖- como una de las más importantes acciones de gobierno del estado de

Puebla en esa zona de estudio. Estos hechos generaron que esta zona se convirtiera

en un corredor urbano y comercial, lo cual generó una especulación del suelo urbano

y ejidal. Asimismo, señaló que ante la creciente expansión urbana, los terrenos

ejidales han proporcionado el suelo necesario para este crecimiento, modificando su

uso y provocando una descomposición gradual de la producción agrícola y formas de

vida tradicional -―algunos para bien y otros para mal‖-, ante una constante presión

económica y social producto de los procesos de urbanización y modernización de la

zona.


27

Esta situación nos lleva a reflexionar si en Colima, el Estado –lejos de ser un

agente regulador y planificador del crecimiento de la ciudad- está fomentando e

interviniendo con acciones encaminadas al ―desarrollo‖ económico de la entidad,

pero olvidando las implicaciones sociales y urbanas que generan estos procesos –

manifestados, generalmente, de manera heterogénea y contrastante- sobre el

territorio.

Por su parte, Alicia Moreno Aquino (2005) hizo una investigación a partir de la

evolución del poder en el ejido de San Pedro Atzompa (Estado de México), en el

período de 1993-2003, vinculándolo con los actores que hicieron posible la

generación de suelo urbano, así como a las relaciones sociales -específicamente de

poder- que se van estructurando en las tierras ejidales que son sometidas al uso

urbano. Encontró que para el caso de estudio el proceso de urbanización del ejido

evolucionó por etapas, con base en las relaciones de poder estructuradas por los

mismos ejidatarios utilizando las concepciones teóricas de Richard Adams (1978), y

señaló que los ejidatarios en la zona de estudio operaban como unidades, ya que

compartían sus tierras y su mismo sistema agrario como medio ambiente y la idea

por vender sus tierras (Moreno Aquino, 2005:3).

Para ello Moreno Aquino distinguió tres diferentes tipos de unidades

operantes: unidades socialmente fragmentadas, coordinadas y centralizadas (unidad

de consenso de mayoría incorporada). En los primeros polígonos que se vendieron

en San Pedro, el ejido operó como ―unidad fragmentada‖ (con poder independiente),

manteniendo una fisonomía amorfa en su estructura urbana; posteriormente, al llegar

a la ―unidad de consenso‖ (asignada), el ordenamiento urbano de las nuevas

colonias fue evidente; y finalmente, la ―unidad de mayoría‖ tomó fuerza en el

momento en que una constructora compró el ejido y planificó un fraccionamiento

habitacional.

De acuerdo a los últimos tres estudios marcados con enfoque sociológico, los

realizados en ejidos de la ZMCM como el de la ciudad de Puebla, analizaron el

crecimiento de la zona y la transformación en el comportamiento y formas de vida

28



tradicionales de los ejidatarios o comunidades cercanas. En general, Hiernaux,

Lindón y Aquino, pudieron identificar la aparición de diversos actores sociales -y sus

relaciones de poder que se van estructurando en las tierras ejidales que son

sometidas al uso urbano- tales como los fraccionadores e inclusive los mismos

ejidatarios. Maceda identificó, además, que la construcción de infraestructura vial

como producto de acciones de gobierno a una escala regional fue uno de los factores

clave que contribuyeron a que su zona de estudio se convirtiera en un corredor

urbano y comercial, fomentando la especulación del suelo urbano y ejidal y la

descomposición gradual de la producción agrícola y de formas de vida tradicional

basadas en estrategias de inserción en la economía metropolitana.

Otro de los factores que coadyuvaron al crecimiento de la zona metropolitana

de la ciudad de México, según Hiernaux y Lindón, estaban asociados al proceso de

construcción de gigantescos fraccionamientos de interés social de forma irregular en

tierras de tipo ejidal o en tierras privadas -que en su momento fueron ranchos- y la

estrategia de re-localización en función de ventajas adicionales hacia la periferia.

En lo que respecta al estudio de ciudades medias en vías de metropolización,

uno de los primeros estudios en nuestro país fue el de Beatriz García Peralta (1988),

que analizó la actividad inmobiliaria generada en la ciudad de Querétaro2 para el

período de 1960-1982, influida por el crecimiento urbano y el impulso causado en los

años cincuenta a raíz del inicio del mercado regular coincidiendo con el primer

establecimiento industrial dentro de la capital del Estado. Aunado a ello, estuvieron

asociados diversos hechos con este fenómeno: la construcción de la vía rápida

México-Querétaro, la creación de nuevos fraccionamientos industriales y la

proximidad al mercado más importante del país, es decir, la ZMCM.

En función del eje de análisis, García Peralta definió los diferentes agentes

que intervinieron en la transformación de la tierra rural en urbana y en la producción

inmobiliaria, aportó información general sobre la población, la actividad económica y

2 Cabe mencionar que cuando se empieza a dar el auge de la industrialización en la capital de

Querétaro, todavía era una ciudad media en vías de metropolización y próxima a establecer una estrecha relación con la capital del país.


29

la evolución urbana del Estado y de la ciudad de Querétaro. Finalmente, muestreó

datos globales sobre la actividad inmobiliaria y sus intervenciones en la ciudad con el

fin de analizar la forma en que se dio el mercado inmobiliario irregular y su diferencia

respecto al regular y del impacto que tuvieron dichas intervenciones en Querétaro.

García Peralta determinó que la actividad inmobiliaria fue realizada por grupos

muy particulares en su área de estudio, ya que los principales agentes que la

operaban se basaban principalmente en la facilidad para incorporar grandes

extensiones de tierra privada a usos urbanos. El impacto que tuvieron estas

operaciones fue de producir una expansión urbana superior a la requerida por el

grado de desarrollo industrial y el incremento de la población en la localidad; sin

embargo, los asentamientos en su mayoría se efectuaron en torno de

fraccionamientos residenciales campestres y sin ofrecerse ninguno de carácter

popular según en lo estudiado, es decir, este desarrollo inmobiliario en la zona no

incidió significativamente en la solución del déficit habitacional de sus habitantes

(1988: 56).

Estudios más completos para otras ciudades medias, son los hechos para el

caso de Aguascalientes en el período de 1975-1988 por Jiménez (2000) y para la

ciudad de Morelia en el período de 1927-1994 por Aguilar (2001) para analizar del

proceso del cambio de un entorno regido bajo la tenencia del suelo ejidal.

La investigación de Jiménez se basó fundamentalmente en el análisis del

mercado irregular y de manera tangencial hizo referencia al estudio del mercado

regular del suelo para vivienda como una manera de contextualizar las

características del primero, especialmente en lo que se refiere al precio del suelo; el

cual fue determinado por variables tales como los agentes y sus relaciones políticas,

sociales y económicas. En dicha investigación se combinaron técnicas cuantitativas3

para recopilar información de precios del mercado regular y también de tipo

3 Información obtenida del periódico durante el período 1975-1996, registrando los precios para lotes

baldíos lo cual permitió generar una clasificación de los tipos de precios de suelo en: residencial, campestre, medio alto, medio, popular, pueblo, ejidos periféricos a la ciudad, industria, barrio, zona centro y ciudad (sin ubicación precisa).

30



cualitativas4 para obtener información del mercado irregular con la finalidad de

determinar las variaciones anuales de los precios de suelo para vivienda en estos

dos tipos de mercados durante el mismo período.

Como parte de su estudio, Jiménez señaló que antes de los cambios al

artículo 27 constitucional había tres posibilidades o mecanismos para cambiar la

tenencia del suelo ejidal: expropiación gubernamental, permuta de tierras con

particulares y el establecimiento de una zona urbana ejidal. De igual manera, en la

zona de estudio analizó el por qué para las personas de bajos recursos resultó más

viable el hecho de adquirir suelo dentro del mercado irregular por los costos bajos,

pero sin ningún tipo de servicio; sin embargo, a la larga esto resultaba más caro o al

mismo costo que si lo adquirieran de manera regular por tener que invertir en los

servicios y en la vivienda. Los asentamientos se desarrollaron principalmente sobre

suelo ejidal, aunque también se dieron en propiedad privada. Las desventajas de

este mercado fueron la apropiación de terrenos donde el uso habitacional no es

permitido, por estar asentados sobre tierras productivas -que son los casos más

frecuentes- o en áreas que representaban un riesgo para la salud e incluso para la

propia vida, como pueden ser zonas inundables, bajo líneas de alta tensión o junto a

poliductos de Petróleos Mexicanos (Jiménez, 2000:54).

Respecto al trabajo sobre Morelia, Aguilar (2001) realizó un análisis

cartográfico con cortes de tiempo a los años de 1970 y 1990 con la traza urbana de

Morelia y se sobrepuso la información predial según la tenencia de la tierra (ejidal,

privada o federal). La información generada mostró evidencia para seleccionar 35

ejidos a estudiar. Adicionalmente y como complemento al estudio, extrajo de la

bibliografía una reflexión historiográfica sobre el tema, y su visión histórica del ejido y

la ciudad, la relación entre la ciudad y el campo y las condicionantes de la

incorporación de la tierra al medio urbano. Esto le permitió hacer una interpretación

4 Mediante cuestionarios en los cuales se incluyó información sobre la ubicación y características generales de todos los asentamientos irregulares. Asimismo, se completó la información cualitativa de ambos mercados a través de entrevistas con tomadores de decisiones, planificadores, promotores, desarrolladores de vivienda y académicos.


31

sobre el desarrollo de Morelia desde su fundación, sus transformaciones por etapas y

una caracterización del proceso de expansión territorial y de su estructura urbana a

través de datos estadísticos; vinculándola, a su vez, con la tenencia de la tierra en

términos agrarios, con la finalidad de situar dos escenarios de la ciudad: uno en el

que la ciudad estaba rodeada por haciendas y ranchos; y su cambio por un entorno

predominantemente ejidal. Finalmente estableció la relación entre el proceso de

desincorporación del ejido de acuerdo con los períodos de gobierno del estado

(1954-1992) y los principales agentes fraccionadores de la tierra. Los principales

indicadores empleados fueron dotación ejidal, expropiaciones, fraccionamientos

autorizados y agentes fraccionadores de la tierra.

De acuerdo a estos dos últimos estudios tanto Jiménez como Aguilar destacan

la presencia de agentes urbanos –privados, sociales o públicos-, y de los

mecanismos de incorporación utilizados, antes y después de las reformas al artículo

27 constitucional.

Por su parte, Eftychia Bournazou (2001)5 analizó la relación entre el mercado

del suelo y su papel en el proceso de urbanización haciendo un estudio comparativo

de cinco ciudades medias mexicanas (entre 100,000 y 1‘000,000 habitantes):

Orizaba, Aguascalientes, Querétaro, Veracruz y Puebla durante el período de 1970-

1990, en cuyas ciudades se ha presentado un incremento notable de población de

acuerdo al sistema mexicano de ciudades, surgiendo la necesidad de una

reformulación de la política nacional sobre el desarrollo de las mismas, desde una

perspectiva espacial y morfológica. La principal meta de la investigación fue la

determinación de un modelo de crecimiento para las ciudades medias en México. Se

utilizaron variables tales como la expansión territorial, densidad bruta y neta

poblacional, proceso de conurbación, propiedad de la tierra, uso habitacional,

infraestructura regional y local, baldíos urbanos, mercado y valores del suelo, centro

5 Este estudio tomó como base los resultados obtenidos en 1994 de la investigación titulada ―Ciudades en expansión‖, realizados por la misma autora.

32



urbano y subcentros comerciales, la traza urbana, red vial primaria y regional, flujos

de tránsito, abastecimiento de agua potable y drenaje, y aspectos ambientales.

De todas las variables urbanas estudiadas destaca el mercado del suelo, por

el impacto que genera como fuerza conductora del crecimiento espacial. La falta de

regulación de las instituciones oficiales deja la determinación de los precios del suelo

a las reglas del mercado libre que actúa como fuerza centrífuga en el territorio

urbano e incorpora de manera acelerada y descontrolada grandes áreas de suelo

periférico a la mancha urbana (Bournazou, 2001:340). Se ilustró, además, la

evolución de los valores del suelo divididos en seis rangos, un corte temporal para

las décadas de 1970, 80 y 90 y su distribución en el área urbana.

Este modelo de crecimiento es uno de los más completos para analizar la

dinámica de la expansión urbana en las ciudades medias, vinculándola desde la

temática de los mercados de suelo, pero con un panorama integral -abordándola

desde aspectos económicos, urbanos y ambientales-. Parte de estos indicadores

serán útiles para ser utilizados en el presente estudio con la finalidad de caracterizar

el crecimiento de la zona de estudio durante un período determinado y el impacto

que la presencia de tierra –de origen ejidal- en la periferia de la ciudad central que

está formada por la conurbación Colima-Villa de Álvarez.

Sobre los estudios de suelo realizados acerca del estado de Colima, Miguel A.

Ortega y Eduardo Gómez (1999) realizaron un estudio a fin de proponer la

incorporación de suelo para vivienda en las ciudades de Colima, Villa de Álvarez,

Tecomán y Manzanillo en el periodo de 1979-1997; en él mencionaron que a raíz del

crecimiento demográfico que ha presentado el estado de Colima en las últimas

décadas ha habido grandes transformaciones originadas por actividades comerciales

y de servicio, pero fue con el gobierno de Griselda Álvarez Ponce de León (1979-

1985) cuando se propuso la creación y ampliación de reservas territoriales

destinadas a la vivienda a través de la expropiación y su regularización con apoyo de

la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y lo hizo en

siete municipios.


33

Sin embargo, el propio instituto reconoció que a pesar de esos esfuerzos, las

reservas eran insuficientes en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa

de Álvarez. Al respecto, Ortega y Gómez, señalaron que algunos factores como falta

de control, especulación, ventas ilegales, fueron sólo algunos de los obstáculos que

frenaron la creación de reservas territoriales en el estado.

Un estudio posterior realizado por Martha E. Chávez (2005), analizó las

determinantes de la producción de suelo urbano para vivienda en la conurbación

Colima-Villa de Álvarez para el período de 1979-2000. Para ello, realizó una

diferenciación de las formas de acceder al suelo para vivienda (regular o irregular) a

través de los diferentes mercados o submercados. Posteriormente lo relacionó con la

propiedad de la tierra -con una visión historiográfica- y revisó las expropiaciones a

esos ejidos, las causas de utilidad pública y sus beneficiarios. Asimismo, señaló las

repercusiones de la modificación al artículo 27 constitucional, especialmente el

PROCEDE, en los ejidos inmediatos a la conurbación. Adicionalmente, identificó las

transformaciones urbanas por vivienda a través de proyectos urbanos que influyeron

en la expansión de la ciudad, los cuales, a su vez, obligaron a establecer políticas

públicas específicas para transformar el suelo e incorporarlo a la ciudad.

Finalmente la autora expuso una perspectiva general sobre los precios y el

acceso al suelo en la zona de estudio, analizó las colonias y fraccionamientos

producidos de manera regular e irregular en los últimos 30 años y los relacionó de

acuerdo al tipo de promotor o agente social. Los indicadores empleados fueron el

origen de la tierra, el origen de poblamiento habitacional, mercado al que se asocia,

formas de gestión del suelo, localización, superficie total, tipo de promotor de la

colonia o fraccionamiento y forma de producción de la vivienda.

Dicha metodología le permitió señalar que en tierras de propiedad privada se

han desarrollado fraccionamientos promovidos principalmente por la iniciativa

privada; y en terrenos ejidales han surgido sobre todo colonias populares a través de

asentamientos irregulares y desarrollos impulsados por organizaciones sociales o por

la iniciativa privada, situación que se ha facilitado por la modificación al artículo 27

34



Constitucional en la Zona Conurbada de Colima y Villa de Álvarez (Chávez,

2005:74). Respecto a la expansión de la ciudad, los datos obtenidos por la autora

manifestaron que los ejidatarios tuvieron una buena disposición para ceder su tierra

para usos urbanos y en algunos casos les sirvió para intercambiar tierra por obras

para seguir desarrollando sus actividades agrícolas; en otros casos, se adelantaron a

vender suelo para usos urbanos, aun cuando en su momento, la ley no les permitía

hacerlo (Chávez: 2005:17). En relación al interés del capital por el suelo social,

Chávez detectó un caso de un fraccionador privado en el que una de las vías para

obtener suelo barato fue a través de convertirse en ejidatario, evitando la

constitución de algún tipo de asociación mercantil prevista en la ley agraria, lo que

permitiría posteriormente introducir la tierra al mercado inmobiliario (Ibíd.:409).

Asimismo, Chávez detectó que las decisiones políticas de realizar obras de

infraestructura y vialidad en la conurbación han tenido un efecto determinante en el

crecimiento de la ciudad, el cual facilitaría (en el caso de Colima), la ocupación de

zonas ejidales colindantes a la capital estatal con asentamientos de tipo popular, no

necesariamente precarios (2005:406); ya que el estado de Colima tiene índices

elevados respecto a la introducción de infraestructura y dotación de servicios básicos

para la población. Sin embargo, sería pertinente analizar si esta situación se

presenta de igual manera en toda el área metropolitana de Colima.

En términos generales, se revisaron estudios de caso -desde 1984 al 2005-

realizados en ciudades metropolitanas de Latinoamérica como de ciudades medias

ubicadas en nuestro país. En todas ellas, de una u otra forma, se abordó la temática

del mercado de tierras desde distintos enfoques como el económico, político, social y

urbano. El Estado es uno de los actores que ha destacado en mayor medida sobre el

mercado de tierras; ya sea adecuadamente a través de la participación conjunta con

otros actores urbanos para la creación de grandes proyectos inmobiliarios

detonadores del desarrollo local y regional sin sacrificar las zonas con vocación

agrícola; o inadecuadamente, por su baja o nula intervención en materia regulación

y planeación, así como por la ejecución de políticas o acciones de gobierno


35

encaminadas a la creación de reservas territoriales insuficientes que no benefician a

los sectores populares de la población, y por desarrollar proyectos urbanos –

vivienda, infraestructura vial y equipamiento- que no obedecen a una estrategia de

consolidación del área urbana sino al costo de la tierra, lo cual ha generado una

desarticulación de la estructura urbana y la expansión desordenada en las zonas de

estudio.

Asimismo, la temática del mercado de tierras ha producido dos submercados

que de acuerdo a algunos autores lo denominan: el legal o ilegal; formal o informal;

regular o irregular. Estas formas de incorporar tierra a las ciudades han estado en

función del nivel de intervención del estado, costo, tenencia de la tierra, localización y

la participación de los actores o agentes urbanos involucrados en este proceso.

Estos actores -privados, sociales o públicos-, han establecido diversos mecanismos

o formas de incorporación de la tierra a usos urbanos, coadyuvados en la actualidad

por las reformas al artículo 27 constitucional que ha originado diversos fenómenos

urbanos, tales como la posibilidad que tiene el propietario de la tierra de enajenar o

asociarse con otros para decidir el destino de la misma y los beneficios que emanen

de ella, dejando la determinación de los precios a las reglas que impone el mercado,

provocando en consecuencia la expansión de la zona a través de la integración de

suelo de origen ejidal al área urbana ubicada en la periferia de las ciudades.

Como se puede observar, la complejidad del fenómeno urbano no sólo ha

generado cambios en la estructura urbana de la zona, sino el cambio de los modos

de vida de los habitantes que se van integrando al ámbito rural-urbano y la

degradación de los modos de producción agrícola que se han sacrificado por la

presión económica y social que ha generado la creciente urbanización a costa del

desarrollo y la modernización de las ciudades.

En el siguiente capitulo se planteará el marco teórico, con la finalidad de

explicar, posteriormente, el proceso de incorporación de tierras ejidales al área

urbana de la zona de estudio.

36



2. Configuración del territorio y el ámbito urbano

2.1 La ciudad y la expansión urbana

La concentración de la población humana en las ciudades constituye un proceso

que se incrementó desde mediados del siglo XIX, pero el concepto de ciudad en

realidad es un fenómeno milenario, aunque existen diversas formas de caracterizarla.

Una de ellas es la del arqueólogo inglés V. Gordon Childe (1954), quien definió

diez criterios para determinar la existencia de una ciudad antigua: la existencia de

especialistas no productivos a tiempo completo (sacerdotes, funcionarios o

trabajadores de servicio); población de talla y densidad suficientes; existencia de un

arte peculiar; escritura y números; actividad científica; sistema tributario que

concentra el excedente de producción; Estado; arquitectura pública monumental;

comercio a larga distancia y existencia de clases sociales.

Estas consideraciones demuestran que el surgimiento de las ciudades se debió

a la conjunción de diversos factores entre los que destacan los de índole geográfica y

tecnológica. Otro factor que contribuyó al desarrollo de las ciudades fue el de tipo

organizativo; es decir, se requirió de un orden social para recoger, almacenar y

distribuir el excedente agrícola. También se dispuso la fuerza de trabajo necesaria

para la construcción en gran escala de edificios públicos, murallas, fortificaciones o

sistemas de riego.

En la actualidad, el mundo ha enfrentado múltiples procesos de cambio, tanto

en el plano de las relaciones económicas como en los valores. En este sentido, se

habla del fenómeno de la globalización6 de los mercados, en el que se consolida un

6 Se entiende por globalización a la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse,

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales (Real Academia Española, 2004).


37

nuevo poder político en el ámbito internacional, apareciendo el dominio del mercado

como institución central; mientras que la población está aún muy lejos de satisfacer

las necesidades más elementales, con una tendencia al incremento de la pobreza y

la desigualdad.

Dentro de ese proceso, las ciudades en la actualidad son las grandes

protagonistas: sus escalas dinámicas de expansión y reestructuración funcional las

ubican como los ámbitos de los escenarios globales en espacios locales muy

complejos. Las funciones y mecanismos de política de crecimiento urbano –en las

sociedades de régimen capitalista de occidente– y los cambios principales han

sucedido en función de: a) las ciudades como lugares sujetos a la reestructuración

económica y promoción de la competitividad, b) las formas institucionales, c) las

estrategias de acumulación involucradas en el desarrollo económico en ciudades y d)

las regiones que sirven o las abastecen (Carrillo, 2006:7).

A cada fase económica le corresponde un tipo de ciudad, con características

particulares y diferenciadas, las cuales van ligadas de manera paulatina de acuerdo

al desarrollo económico lo que propicia su integración regional en forma de

conurbación, metropolización y/o megalopolización, las cuales están determinadas

por el componente geográfico y organizativo, ya que requieren de un espacio físico,

así como de criterios administrativos precisos.

En la ciudad contemporánea se dan otros fenómenos urbanos como el de la

metápolis o étapolis, en el que las nuevas tecnologías adquieren mayor relevancia,

mientras que los criterios geográficos y organizativos pasan a ser secundarios,

reestructurando de esta manera las relaciones y los nuevos espacios urbanos. De

acuerdo a lo mencionado anteriormente, las ciudades son un espacio físico en el cual

se han generado fenómenos de diversa índole, ubicándolas como las protagonistas

en las que sus escalas dinámicas de expansión y reestructuración funcional las

ubican como los ámbitos de los escenarios globales en espacios locales muy

complejos.

Asimismo, cuando se observa cómo se está desarrollando la ciudad

contemporánea, se aprecia una clara tendencia a la extensión en superficie,

38



ocupando cada vez más amplias periferias7, una tendencia a la metropolización y

megalopolización8 de las ciudades, así como un aumento en la congestión y en el

tráfico (Hall, 1996:147). Por lo que, a pesar de una postura opuesta a este

crecimiento en superficie, manifestada por planificadores y académicos, las ciudades

continúan esparciéndose por el territorio (Ducci, 2000:3).

El fenómeno de expansión urbana es en la actualidad un problema que aqueja

a la mayoría de las ciudades del mundo, sean éstas grandes metrópolis, ciudades

intermedias o pequeñas villas; pertenezcan o no a países subdesarrollados. El

fenómeno de expansión generalmente se conforma por dos variables: la baja

densidad de población con respecto al centro urbano consolidado y planificado; y un

diseño casual e informal, donde predomina la yuxtaposición de usos (Caporossi, et

al; 2004:1). Se puede decir que la expansión es producto de un limitado

planeamiento en cuanto a usos y ocupación del suelo, reglas de mercado, políticas

impositivas poco justas y la superposición de atribuciones en estructuras

gubernamentales.

De acuerdo a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), lo anterior es

el resultado de cambios en el estilo de vida y en las pautas de consumo más que de

un aumento de la población; es decir, una mayor demanda de vivienda, comida,

transporte y turismo supone un aumento en la demanda de suelo (AEMA, 2006:1).

Además, este fenómeno implica altos costos asociados, como llevar servicios a

áreas de expansión no planificadas, situación que se torna menos significativa si se

la plantea dentro de áreas que sí tienen servicios.

Expansión urbana es, para Caporossi, la transformación del territorio rural en

urbano, a través de subdivisiones tanto catastrales como físicas –sin la necesidad de

7 ―…el arrabal es lo que está ‗afuera‘ de la ciudad, mientras que el suburbio es lo que está ‗cerca‘ de la

ciudad. En tanto que la voz ‗periferia‘ tiene un sentido geométrico: es la circunferencia o el contorno de un círculo, en este caso el círculo es la ciudad‖ (Hiernaux y Lindón, 2004:5). 8De acuerdo a Ducci (2001), megalópoli proviene del griego y significa gran ciudad. Se forma por dos

o más ciudades, cuyo crecimiento ha sido tal, que se han unido para formar una gran aglomeración urbana; esto implica la unión física de dos o más zonas metropolitanas.


39

recurrir a trámites para su separación-. De hecho, el ―fraccionamiento‖9 sería el

primer acto en la generación de suelo urbano que, sin embargo, resulta insuficiente

para la reproducción de la complejidad que presupone la vida de la ciudad: se

requiere de ciertos niveles de consolidación tanto en términos físicos -estándares

mínimos de infraestructura de servicios y una red vial integrada- como de aquellos

aspectos relacionados con la construcción de significados sociales10 (2004:1).

Asimismo, se habla de expansión urbana descontrolada cuando la tasa de cambio

del uso del suelo de rústico a urbano es superior a la tasa de crecimiento

demográfico de una determinada zona durante un período determinado (AEMA,

2006:1).

Las distintas fases del proceso de crecimiento en las ciudades se han

caracterizado por la expansión de la ciudad hacia un entorno rural, en el que la

conformación periurbana -entendido como espacios plurifuncionales en los que

coexisten características y usos del suelo tanto rurales como urbanas-, muestra una

tendencia de ocupación del territorio, para posteriormente en las áreas más aptas,

optimizar el suelo urbano con edificaciones y una mayor cantidad de población. Estos

son los aspectos que diferencian los términos de expansión y crecimiento, ya que el

primero resulta de un proceso de una mayor generación de suelo urbano con bajas

densidades; mientras que el crecimiento, en realidad, puede considerarse como una

de las últimas fases del proceso urbano, en el que la cantidad de población y el

territorio ocupado por ésta, conservan una relación más directa entre sí.

En términos generales, el proceso de expansión y consolidación ha adquirido

relevancia en un contexto que ha cuestionado, por un lado, el límite físico de lo

urbano respecto a la forma de utilización de sus recursos y, por otro, el impacto

ambiental y agrícola y las consecuencias en los costos de urbanización, en el avance

9 Se define ―fraccionar‖ al acto de dividir algo en partes o fracciones; o a un núcleo residencial

urbanizado (Real Academia Española, 2004). 10

De acuerdo a los fines de la investigación, estos significados están relacionados principalmente en las formas en que actores y grupos sociales se apropian y configuran el territorio y de las tensiones o convergencias que en ese proceso se producen con la intervención del Estado.

40



sobre el territorio productivo y en la eficiencia del funcionamiento del sistema urbano

en conjunto.

Se puede observar que tanto Caporossi como la AEMA coinciden en que la

expansión urbana no es producto del aumento de la población -expresada en

términos de densidad-, sino que está regida en términos económicos por las reglas

del mercado, pautas de consumo y de tipo social, y a las dinámicas de apropiación

que generan los actores sociales o urbanos en torno a la tierra. En el caso de

Colima, estos cambios en el estilo de vida de la gente son utilizados como

estrategias de mercado para ofrecer a los clientes distintivos tales como status,

privacidad, seguridad, los cuales han dado origen a muchos fraccionamientos

cerrados de tipo residencial en la periferia de la ciudad, así como tipo de

fraccionamientos para otros niveles socioeconómicos en toda la zona de estudio

caracterizados por los bajos índices de ocupación, lo cual hace pensar que la

demanda no justifica la oferta. Es así que para la zona de estudio, la población no ha

sido determinante en el aumento del área urbana; entonces, ¿qué ha justificado la

oferta de suelo para vivienda y servicios?

De acuerdo a la morfología que genera el proceso de expansión en las

ciudades, ésta puede tener lugar a lo largo de corredores, resultar en una forma de

estrella, en una ciudad alargada, o en áreas más próximas al centro, generando más

o menos una ciudad circular. Puede hacerse ordenadamente -desarrollada en formas

geométricas simples- y puede hacerse desordenadamente (Borthagaray, 2006:2).

La teoría de los modelos clásicos socio-espaciales sobre la estructura

intraurbana y desarrollo urbano de la escuela de Chicago intentaron explicar el

crecimiento de las ciudades, de ese modo Ernest W. Burguess presentó, en 1925, el

modelo de círculos concéntricos como un modelo ideal de expansión urbana; el

modelo de Burgess es una abstracción estática de un proceso dinámico: el ascenso

de las clases más acomodadas ocupan los espacios más dignos, en detrimento del

desplazamiento que someten a los menos afortunados (Burgess, cit. por Hormigo,

2006: 91), así surgen ―una serie de círculos concéntricos numerables‖ (ver figura 1,


41

Modelo A), que definen tanto las zonas de expansión urbana como los tipos de

áreas diferenciadas generadas por dicho proceso.

De acuerdo al modelo A, la estructura de la ciudad se comprende a partir de

cinco anillos concéntricos: (1) distrito comercial central; (2) zona de transición; (3)

zona de residencia de obreros industriales o clases populares; (4) zona de alta

residencia para clases medias, (5) zona exterior destinada para residencias de las

clases burguesas y; (10) zona de emigraciones pendulares11. Esta estructura intra-

urbana, producto de un proceso ecológico de crecimiento, respondió a los conceptos

de: expansión-sucesión (tendencia de cada zona interior a extender su zona

mediante una invasión en la zona exterior inmediata), y de movimientos como

concentración-descentralización -los grupos y usos que pueden competir, optarán

por ocupar los lugares centrales, mientras que aquellos que no puedan hacerlo son

segregados hacia las zonas más exteriores- (Burgess, cit. por Hormigo, 2006: 92).

Figura 1 | Modelo A

Modelo de círculos concéntricos Fuente: Hormigo, J.P. (2006), La Evolución de los Factores de Localización de Actividades, p.91

Con relación a esto, Pedro Abramo afirma que el problema de estos modelos

es que no explican la realidad latinoamericana, ya que el orden residencial urbano

emerge de la competencia mercantil de las decisiones de localización. En ese

11

En el modelo de ―Núcleos múltiples‖, se contemplan otras zonas como (6) industria pesada, (7) centro de negocios secundario, (8) residencia suburbana e (9) industria suburbana.

42



ambiente, se encuentran personas que toman la decisión, en este caso las familias,

de acuerdo a los recursos que dispongan y que entre sí, buscan agruparse, por lo

tanto sus elecciones serán orientadas por el principio de la ―externalidad de la

vecindad‖12 (Abramo, 2005:18). Como todos los tipos de familias toman

simultáneamente decisiones, ninguna consigue saber de manera anticipada en qué

localización va a decidir vivir cada una de ellas. Esto contradice los esquemas rígidos

basados en la racionalidad de los individuos como el modelo de los círculos

concéntricos.

A pesar de que este modelo no es necesariamente aplicable para ciudades

latinoamericanas por la rigidez en su geometría, ya que focaliza las actividades más

productivas en un punto y dificulta el acceso a los sectores más alejados del centro;

en principio fue base para estudiosos como Negrete y Graizbord, quienes

desarrollaron diversos esquemas para explicar el crecimiento demográfico y espacial

en zonas metropolitanas como la de la ciudad de México. En este sentido, la

aportación que ha dejado Burgess con su modelo es la explicación del fenómeno

metropolitano con base en el desplazamiento paulatino de la población y de las

actividades del centro a la periferia, situación que apenas se empieza a evidenciar en

el área de estudio.

Por ello, el modelo de Burgess fue el punto de partida para otros

investigadores como Homer Hoyt, quien en 1939 propuso el modelo de sectores

radiantes, que complementa el modelo de Burgess, ya que propone un diagrama en

el que los límites impuestos por los círculos concéntricos de Burgess se interrumpen

y se amplían del centro a la periferia, adoptando formas irregulares (ver figura 2,

Modelo B).

12

De acuerdo a los argumentos que presenta Pedro Abramo al discutir los modelos de segregación, señala que Shelling (1978), observa que ―escoger un barrio es escoger a sus vecinos. Optar por un barrio que tenga buenas escuelas, es optar por la vecindad de personas que quieren buenas escuelas‖.


43

Figura 2 | Modelo B

Modelo de sectores radiantes Fuente: Hormigo, J.P. (2006), La Evolución de los Factores de Localización de Actividades, p.91

En este sentido, el cambio urbano según Hoyt obedeció a una teoría

relacionada con una diferenciación sectorizada, que no necesariamente estaba

expresada en términos de una expansión concéntrica uniforme; en el cual la

movilidad y el crecimiento, tuvieron como principal objetivo la ―atracción‖ ejercida por

las clases sociales con mayor poder adquisitivo. Son éstas las que, emplazadas

inicialmente en el centro de la ciudad -donde estaba ubicado el empleo-, se irían

desplazando a lo largo de las principales y más rápidas vías de comunicación, en

busca de mejores localizaciones respecto al área central. De acuerdo a la figura 2, se

puede observar que la forma del modelo obedeció a un movimiento centrípeto, del

centro a la periferia, en el que poco a poco, las zonas centrales serían ocupadas por

clases de populares o de menor poder adquisitivo. A pesar de esto, Hoyt argumentó

además que ―la tendencia natural de las áreas de renta elevada era la de

desplazarse hacia la periferia, pero sin abandonar el sector en el que primitivamente

se localizaba‖ (Hoyt cit. por Hormigo, 2006: 93).

En términos generales, los modelos de círculos concéntricos y el de sectores

radiantes planteados por Burgess y Hoyt coincidieron en que la población se

organizaba en torno a un centro dominante formado por el núcleo comercial a partir

del cual la ciudad se iba expandiendo y según se incrementaba la distancia respecto

a él, ésta tendía a disminuir. Esta distribución dio origen a diferentes sectores de tipo

44



habitacional diferenciados de acuerdo a las clases sociales de la población -de los

cuales los más cercanos al centro eran destinados para los obreros mientras hacía la

periferia se agrupaban los grupos de mayores ingresos-. Las variables utilizadas en

el modelo -en el que trataban de explicar la estructura y diferenciación urbana para

caracterizar las distintas zonas- fueron los niveles de renta y las posibilidades de

pago asociadas a ellos, cuya interpretación personal viene a reiterar que desde los

modelos clásicos de expansión urbana representados por la escuela de Chicago, se

han caracterizado por la baja densidad de población con respecto al centro urbano

consolidado y planificado, la cual ha sido producto, entre otras cosas por la

producción de suelo determinado por las reglas del mercado señalado anteriormente

por Caporossi.

Por último, dentro de los esquemas considerados como clásicos, el modelo de

los núcleos múltiples o modelos de desarrollo urbano polinuclear (ver Figura 3,

Modelo C) se integra a esta visión estructural aportada desde la ecología humana

clásica. Inicialmente desarrollado por Mackenzie (1933) fueron los geógrafos Harris y

Hullman los que lo desarrollaron retomando como punto de referencia, los conceptos

básicos de los modelos de círculos concéntricos y sectoriales.

El modelo sugirió que la expansión de la ciudad no se produce a partir de un

único distrito central, como señalaban las tesis de Burgess y Hoyt. Para Harris y

Ullman (1945) la estructura urbana se desarrolla a partir de núcleos múltiples e

identificaron cuatro factores, que combinados, motivan el desarrollo de núcleos

independientes: la existencia de actividades que requieren servicios y una

planificación específica; actividades semejantes se agrupan intentando beneficiarse

de las economías de aglomeración que generan; actividades incompatibles se

emplazarán guardando cierta distancia; y, que todas las actividades quedan

sometidas al proceso de selección espacial que el precio del suelo impone (Bailly,

cit. por Hormigo, 2006: 94).


45

Figura 3 | Modelo C

Modelo de núcleos múltiples Fuente: Hormigo, J.P. (2006), La Evolución de los Factores de Localización de Actividades, p.91

Por lo que se refiere al tercer modelo o patrón de expansión de la ciudad logró

incorporar –aunque sea en menor escala- otros tipos de usos tales como el industrial

pesado y suburbano, residencial suburbano y centros de negocios. Este patrón de

manera más extensiva, podría ser adecuado para la planeación de regiones de

acuerdo a la distribución y especialización de una zona por actividades comunes,

pero complementarias, con la finalidad de fomentar la integración y el intercambio de

bienes y servicios encaminados hacia un desarrollo económico sustentable.

Por otro lado, el modelo de círculos concéntricos contiene aspectos relevantes

que pueden ser retomados parcialmente para explicar el fenómeno de la expansión

urbana en zonas metropolitanas, lo cual parece complementarse con el modelo de

sectores múltiples, ya que a pesar de ser muy parecido al modelo concéntrico, tiene

la ventaja de no ser tan rígido y geométrico, lo cual permite una mejor distribución de

las actividades en torno a sectores. En principio, este podría ser un esquema

cercano a lo que se manifiesta en la zona de estudio, ya que la ciudad de Colima ha

crecido en torno a la configuración o conformación de anillos ―periféricos‖ un tanto

irregulares, comenzando en sus inicios con la consolidación de la zona centro,

generando el ―primer anillo‖, posteriormente el ―segundo anillo‖ y a partir del año

2000 se ha conformado un ―tercer anillo periférico‖ (inconcluso), el cual sería más

conveniente llamarlo como la vialidad periférica de la ciudad, ya que los dos anillos

46



anteriormente señalados, se encuentran ya incorporados a la traza de la ciudad,

consolidándose con una mixtura de usos habitacionales, mixtos y de comercio.

Asimismo, la distribución de los principales usos comerciales y habitacionales se

encuentran concentrados en corredores a lo largo de las principales vialidades, así

como en ciertas zonas muy características de los cinco municipios de estudio para

los sectores de la población altos, media, baja, campestres y populares.

Otras aportaciones como las de Eshref Shevky y sus colaboradores Wendel

Bell y Williams (1955) completaron el enfoque estructuralista: su interés se centraba

en el análisis y descripción de la estructura social de la ciudad denominada ―áreas

sociales‖. El modelo de áreas sociales relacionó la ecología urbana con los estudios

más generales del cambio sociocultural: diferenciación social es sinónimo del

proceso de modernización y de un amplio conjunto de características afines a la

sociedad, y no sólo un proceso exclusivamente urbano (Timms, 1976, cit. por

Hormigo, 2006:94). Sin embargo, ambas perspectivas, siguen compartiendo la idea

de proponer modelos descriptivos de diferenciación y estratificación social.

Los autores establecen de una forma lógica, un sistema de indicadores

estadísticos que les permiten analizar sus suposiciones. Los índices rango-social (o

nivel de vida), urbanización (o modo de vida) y, segregación (o grupo étnico), que

permitan ejemplificar y representar los cambios estructurales relacionados con el

estudio de la moderna estructura social.

La concepción de que el análisis de la diferenciación residencial debía

abordarse desde una perspectiva multidimensional, junto con las posibilidades de

análisis introducidas de la mano de los ordenadores, motivó a algunos autores a

abordar el tema desde un enfoque sistémico estructurando la idea, originaria de

Berry (1965), de que el espacio social se puede definir superponiendo las tres tramas

de estructura espacial definidas por Burgess, Hoyt, Harris y Ullman, y no sólo a partir

de alguna de ellas. El Modelo Compuesto de Berry fue sistematizado por Murdie

(1971), el cual relacionó los modelos clásicos de la estructura urbana con las

tipologías factoriales de las áreas sociales de la siguiente manera: el rango social se


47

distribuye de forma sectorial, el familismo o urbanización de forma concéntrica y el

factor de segregación de forma polinuclear. Esta relación compuesta la dejó

expresada de forma visual en la figura 4:

Figura 4 | Las tres dimensiones independientes del espacio social

Fuente: Hormigo, J. P. (2006). La Evolución de los Factores de Localización de Actividades, p. 96.

El modelo de áreas sociales y el ―compuesto‖, complementan la visión clásica

de la configuración de la ciudad, no sólo como resultado de una distribución de la

población en torno a clases sociales, regida por las leyes del mercado en torno a la

utilización del espacio, sino que complementa la perspectiva relacionándola con

aspectos sociales y culturales, permitiendo la integración del espacio físico con el

social. Sin embargo, el planteamiento realizado parece enfocar los aspectos sociales

más en función de la identificación de los grupos étnicos y a su estatus, como por

ejemplo los barrios chinos, latinos y de otros grupos y nacionalidades que

caracterizan a muchas de las ciudades norteamericanas e incluso otros países

europeos, donde el flujo de inmigrantes se va asociando, agrupando y consolidando

en zonas específicas de una ciudad que no es el caso de las ciudades mexicanas.

En los últimos años, la progresiva ampliación de las concentraciones urbanas

y la transformación de la ciudad compacta tradicional ha generado el modelo

48



conocido como ―ciudad dispersa o difusa13‖ la cual presenta una estructura

fragmentada como consecuencia de los procesos de suburbanización14 recientes, ha

dado lugar a un importante debate entre geógrafos, urbanistas y

medioambientalistas. Este crecimiento urbano al interior de estos sistemas genera

mayores demandas principalmente de infraestructura y servicios que superan la

capacidad de respuesta de los gobiernos locales, entre las cuales se encuentra una

que compromete de manera más directa el funcionamiento del sistema urbano y que

está relacionada con la movilidad (concepto asociado a las personas o mercancías

que se desplazan o desean desplazarse) y la accesibilidad (asociada a los lugares, a

la posibilidad de obtención del bien, del servicio o del contacto buscado desde un

determinado espacio): es decir, el transporte.

El modelo de ciudad dispersa -ampliamente generalizado en ciudades

anglosajonas-, se consolidó con la plena implantación del capitalismo y el desarrollo

de medios de transporte más eficaces, los cuales permitieron optimizar la movilidad

de personas y bienes a más lugares y en el menor tiempo, modelo que,

posteriormente, ha sido reproducido en las ciudades mexicanas.

Este tipo de ciudad se consolidó con la Carta de Atenas y la llamada

planificación funcionalista. La racionalización planificadora busca zonificar el espacio

asignándole una única función (en muchos casos) de modo que las distintas

13

Durante siglos el éxodo rural fue promovido por el desarrollo económico de las áreas urbanas que ofrecían buenas posibilidades de empleo a los excedentes de mano de obra rural, generados por la progresiva e imparable tecnificación del trabajo del campo (Berry, 1976; Aydalot, 1987, cit. por Ferrás, 2000:5). En la actualidad, la tendencia es a la inversa: el declive de las ciudades tradicionales de la sociedad industrial implica su despoblamiento en favor de un repoblamiento rural en relación directa con el cambio de sentido de los movimientos migratorios tradicionales campo-ciudad, que se transforman en ciudad-campo, y desde el punto de vista jerárquico desde los asentamientos mayores a los menores. 14

La suburbanización es un proceso clásico de las ciudades a través del cual se producen movimientos de desconcentración demográfica hacia su periferia rural inmediata, favorecido por el incremento de la capacidad de movilidad residencial y de los medios de transporte (Hervert, 1973; Clout, 1974, cit. por Ferrás, 2000: 4). Es frecuente asociar la suburbanización con fenómenos de segregación social y de especulación urbanística, por lo que las áreas suburbanas han recibido tradicionalmente una atención especial en las políticas planificadoras de las ciudades (Flowerdew y Boyle, 1992, cit. por Ferrás, 2000: 4); tales como la competencia sobre diferentes usos del suelo, urbano y rurales; y los agentes sociales pretenden rentabilizar al máximo sus intereses que resultan a veces contrapuestos.


49

funciones se encuentran separadas unas de otras: la universidad, la industria, la

residencia, las áreas comerciales, las oficinas, etcétera, se separan físicamente. La

conexión entre ellas sólo puede realizarse a través de una densa red de carreteras y

vías segregadas de transporte privado.

La dispersión del crecimiento urbano se puede relacionar con dos elementos

que son definitorios del modelo actual de expansión de la ciudad: a) el crecimiento de

las poblaciones de pequeño tamaño y b) el incremento de los núcleos situados a

mayor distancia de la ciudad central (Pujadas, 2005:4). Las ciudades que obedecen

a este modelo presentan una morfología caracterizada por una expansión sobre el

territorio en forma de mancha de tinta, una disminución de la densidad poblacional a

medida que se aleja del núcleo de la ciudad hasta concretarse en múltiples

desarrollos de baja densidad en las coronas periféricas de la ciudad, y un

protagonismo de la infraestructura vial que conecta las diferentes zonas segregadas

y espaciadas de la ciudad. En cuanto a su fisiología, la especialización de las

actividades urbanas tiene su máxima expresión espacial, es decir, la ciudad se

constituye de una serie de polígonos monofuncionales15 (González Guzmán,

2000:13).

En los modelos citados, los autores de la Escuela de Chicago trataron de

representar los principios de la estructuración urbana en las ciudades

estadounidenses con diferentes métodos y resultados dispares. Sin embargo, a

partir de 1976, dos geógrafos alemanes trataron de explicar el fenómeno de la

expansión urbana con modelos para la ciudad latinoamericana.

En este sentido, Meyer y Bähr (2001) modelaron estos nuevos elementos para

el caso de Santiago de Chile; Janoschka (2002) hizo otro tanto en su modelo de la

ciudad de Buenos Aires y Borsdorf (2002) remodeló su esquema basado en

observaciones y estudios en Santiago, Lima, Quito y Ciudad de México, dando como

resultado uno nuevo. Estudiando los diferentes diseños, Bähr, Borsdorf y Janoschka

llegaron a un modelo común (2002), el cual ha sido adaptado a las tendencias

15

Tales como vivienda, de comercio, de industria, de servicios, de recreación, etc.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612003008600002&lng=es&nrm=iso#42



50



urbanísticas de las últimas décadas, así como los factores de la transformación

económica y la globalización que han modificado en gran parte la estructura urbana.

La ciudad, en el contexto latinoamericano, se explica a partir de importantes

fases de la urbanización, como la época virreinal (1820), la primera fase de

urbanización influida fuertemente por la inmigración europea (1920), la segunda fase

de urbanización marcada por el éxodo rural y la migración interna (1970) y la ciudad

contemporánea (2000). En estas etapas, la ciudad cambió a partir de una estructura

compacta a un perímetro sectorial, y desde un organismo polarizado a una ciudad

fragmentada (ver Figura 5).

Figura 5 | El modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana

Fuente: Borsdorf, A. (2003), Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana, p. 3.

Actualmente, el proceso de globalización, que ha repercutido en los ámbitos

de la economía, la política, la cultura, la información y el conocimiento, ha influido en


51

las estructuras urbanas, pero no sólo en la dirección de una homogeneización, sino

también en la acentuación de particularidades locales o regionales.

Hoy en día solamente dos principios estructurales del pasado todavía

continúan vigentes: la tendencia sectorial-lineal y el crecimiento celular, pero en una

forma marcadamente diferente a las fases anteriores de desarrollo. El ferrocarril,

motor del crecimiento lineal en el siglo XIX, y las pocas autopistas centrífugas

perdieron importancia. Solamente la construcción de nuevas autopistas intraurbanas

modernizadas y ampliadas con capital privado facilitó la aceleración del tránsito, y las

zonas periféricas y periurbanas volvieron a ser atractivas para las clases medias y

altas (Meyer y Bähr, 2001, cit. por Borsdorf, 2003:7). Por una parte, la extensión de

las autopistas acentuó las estructuras lineales, y por otra, constituyó un antecedente

para la formación de estructuras de nodos fragmentados que hoy son las más

notables en el perímetro urbano. Un segundo elemento de la fragmentación de las

ciudades latinoamericanas lo constituyen las tendencias de localización de

elementos funcionales en el espacio urbano.

En el modelo, la fase de fragmentación está simbolizada por la libre

distribución de zonas industriales, por la localización de centros comerciales en toda

la ciudad, orientados a las autopistas intraurbanas y aeropuertos y por la presencia

de barrios cerrados en todo el perímetro urbano y en la periferia extramuros. El

modelo también se refiere al crecimiento del espacio urbano, que ya no es sólo

causado por la presión migratoria. La demanda y consumo de espacio constituyen

una última característica del desarrollo postmoderno de la ciudad latinoamericana

(Borsdorf, 2003:10).

Una vez vistos y analizados los modelos urbanos de acuerdo a las

características que ha presentado el fenómeno de la expansión urbana en la zona de

estudio, el modelo presentado por Borsdorf (2003) para la ciudad latinoamericana, se

tomará como parte del presente estudio, ya que reúne los elementos básicos para

explicar que la dinámica de crecimiento de Colima está relacionado a la presencia de

infraestructura vial que ha permitido conectar los diversos sectores de comercio,

vivienda y servicios distribuidos en toda la zona de estudio.


52



2.2 De lo urbano a la metropolización

Como antecedente de los procesos de transformación de las urbes y la nueva

configuración territorial, cabe mencionar que una vez que las ciudades lograron una

consolidación en términos urbanos y funcionales, aconteció un aumento de población

y la dinámica urbana generó conceptos nuevos para explicar esa transformación

territorial que a veces se llama conurbación y otras metropolización.

Metrópoli, proviene del griego mater que significa madre y polis que significa

ciudad, alude en conjunto a la ciudad principal de un país, estado o región. Una

metrópoli está formada por una ciudad que ha alcanzado un alto volumen de

población, así como una gran diversificación de los servicios que presta y de los

trabajos que ofrece (Ducci, 2001). Para la definición de sus componentes, Unikel

(1976) utilizó dos conceptos básicos para el análisis del crecimiento urbano, área

urbana y zona metropolitana.

El área urbana es:

La ciudad misma, más el área contigua edificada, habitada o urbanizada con usos del

suelo no agrícola…presenta una continuidad física en todas su direcciones hasta que

no sea interrumpida en forma notoria por terrenos no urbanos como bosques,

sembradíos o cuerpos de agua (Unikel, 1976: 116).

Zona metropolitana es para Unikel:

…la extensión territorial que incluye a la unidad política administrativa que contiene a la

ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a ésta que tienen características

urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades

no agrícolas, y que mantienen una relación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad

central, y viceversa (Unikel, 1976: 118).

Unikel (1976) identificó tres indicadores básicos para delimitar la zona

metropolitana. Que los municipios contiguos a la ciudad central manifiesten:


53

a) un carácter predominantemente urbano determinado a través de las

siguientes variables: densidad de población, tasa de crecimiento de la

población, la distancia entre el centro y la periferia (para lo cual consideró

los valores de las variables antes mencionadas y determinó de acuerdo a

los mismos una distancia entre el rango de los 20 y 50 kms.), la población

económicamente activa (PEA) no agrícola, el nivel de urbanización y el

valor agregado en la industria de la transformación.

b) La continuidad político y administrativa, y

c) Una interconexión entre el centro y la periferia, respecto a las relaciones

funcionales entre las zonas de trabajo, residencia y cultura; la

descentralización de tareas o por diferentes niveles de actividad

económica, etc.16

El concepto de zona metropolitana es distinto al de área metropolitana o área

urbana propiamente dicha, ya que el límite de la primera comprende delegaciones

y/o municipios completos, incluyendo a todas sus localidades, independientemente

de que éstas formen parte del área urbana continua de la ciudad. Al respecto

Graizbord y Salazar (1986) señalan que ―los límites de la zona metropolitana no son

tan irregulares como los de la continuidad física del área urbana, sino que están

demarcados por unidades político administrativas completas (...). Esta unidad

territorial es distinta al área urbana y constituye una unidad que la engloba‖ (cit. por

CONAPO, 2004: 11).

En este sentido, y para complementar este concepto, Castells (1986)

consideró que la zona metropolitana no sólo es el aumento en dimensión y densidad

de las aglomeraciones urbanas existentes sino que hay que tomar en cuenta los

cambios cualitativos. Para él, los rasgos distintivos de la nueva forma llamada

16 En la actualidad, la nueva revolución tecnológica y la globalización han dejado atrás el criterio de continuidad geográfica, ya que han posibilitado la generación de infraestructura sobre la cual se han articulado diversos procesos productivos, reduciendo las limitaciones impuestas por el tiempo y la distancia, desterritorializando las relaciones y creando condiciones propicias para aumentar la productividad del trabajo en todas las ramas económicas, modificando las formas de producir y, consecuentemente, los modos de vida con un nuevo esquema de ciudades llamadas ―tecnópolis‖ (Castells, 2001).

54



metrópolis son la difusión de las acciones y funciones en el espacio y la

interpenetración de las mismas según una dinámica independiente de la contigüidad

geográfica (1986:88-89).

Entonces, el fenómeno de metropolización es el proceso que se presenta

cuando el crecimiento de una ciudad rebasa su límite político administrativo territorial

para conformar un área urbana ubicada en dos o más municipios. Esta

conceptualización fue planteada por primera ocasión por Unikel y Garza (1978),

incorporándole tres componentes: el demográfico, el cual incluye los movimientos

intraurbanos del tipo centro-periferia; el económico, medido a través de la distribución

del empleo; y el territorial, determinado por el grado de fragmentación de las

entidades federativas en municipios.

Posteriormente, María Eugenia Negrete y Héctor Salazar (1986), identificaron

una serie de etapas por las que pasa el proceso metropolitano, en la que señalan

que ―en una primera etapa de la formación de una ciudad, tanto la población como la

actividad económica, la vivienda y los servicios urbanos tienden a concentrarse

físicamente en el centro de la misma (...). Sigue a ésta una segunda fase de

expansión física de la ciudad y de ampliación de su radio de influencia; se genera la

suburbanización y aparecen nuevos centros de trabajo y de concentración de

servicios dentro del área urbana. Si en este proceso la ciudad ‗absorbe‘ una o más

unidades político-administrativas a su alrededor, aparece una (...) zona

metropolitana, la cual consiste en una agregación de municipios que muestra más

precisamente la dimensión real de la ciudad a que se refiere‖ (Negrete y Salazar,

1986, cit. por CONAPO, 2004:11).

Al respecto, Unikel en su momento reconocía el desarrollo de la zona

metropolitana por etapas, sin embargo, a diferencia de Negrete y Salazar explicó la

evolución del proceso metropolitano de manera regular a través de tres etapas en

función del crecimiento y el posterior desplazamiento de la población del área central

a zonas periféricas cada vez más alejadas del centro, originando en consecuencia, el

desarrollo de nuevos centros productivos.


55

Con base en los criterios ya señalados, Unikel (1960) obtuvo resultados que le

permitieron realizar la primera clasificación sistemática de zonas metropolitanas en

México; en ella identificó 12 alrededor de otras tantas ciudades mayores de 100 mil

habitantes17 y actualizó la delimitación de la zona metropolitana de la ciudad de

México para 1970. Posteriormente, estos resultados les permitieron a Negrete y

Salazar establecer una clasificación de los municipios en: metropolitanos, no

metropolitanos y en transición, a partir de la cual definen la integración municipal de

las zonas metropolitanas del país.

Recientemente, algunas instituciones federales e investigadores han

propuesto criterios básicos para ampliar los indicadores de delimitación de zonas

metropolitanas en los que, además de los de tamaño y conurbación -definida ésta

última como la unión física entre localidades de dos o más municipios18-; incorporan

indicadores como el carácter urbano del municipio y criterios de integración funcional

relacionados con los desplazamientos de la población ocupada entre los municipios

de residencia y de trabajo (CONAPO, 2003: 28-31); así como otros complementarios

relacionados con la dinámica demográfica y la importancia económica del municipio

(Sobrino, 2003; cit. por CONAPO, 2004:12).

Desafortunadamente, de acuerdo a las investigaciones y estudios de caso

realizados, la creciente metropolización no ha correspondido con una adecuada

planificación del área y una solidaridad territorial, ocasionando una distribución

desordenada en el espacio que debe solucionarse articulando las políticas y

actuaciones necesarias para potenciar la coordinación de los municipios del área

metropolitana.

17

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Orizaba, Veracruz, Chihuahua, Tampico, León, Torreón, Mérida y San Luis Potosí. 18

Relacionado con esto, la definición de conurbación de la Ley General de Asentamientos Humanos incluye el criterio de temporalidad (presente o futura), y la define como ―la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población [subrayado nuestro]‖ (Art. 2º, Frac. IV).

56



2.3 Metropolización y ciudades medias

El desarrollo urbano se puede entender mediante la clasificación de las

ciudades en metrópolis, ciudades medias y ciudades pequeñas. Una vez definidos

los conceptos y fenómenos relativos a las zonas metropolitanas, se presenta una

explicación acerca del concepto de ―regiones‖ y ―ciudades medias‖, para analizar sus

características y tendencias con el objetivo de tener un panorama general de la

clasificación utilizada para diferenciar a las ciudades de nuestro país, y poder

clasificar a las del estado de Colima.

En los últimos años, el tema del desarrollo regional ha merecido un análisis

importante desde distintas perspectivas que intentan identificar los mecanismos a

través de los cuales las regiones pueden crecer en función de las actividades

económicas localizadas en ellas. Podría pensarse que con el proceso que ha

generado la globalización, la importancia de retomar este concepto y la de estudiar

las regiones ha disminuido. Lo anterior debido a que aspectos que antiguamente

fueron tan importantes para la toma de decisiones de localización de las empresas,

como el acceso a los recursos naturales y la cercanía a los grandes centros de

consumo, prácticamente han perdido parte de su importancia, ya que el avance en la

tecnología del transporte y de las comunicaciones permiten a las empresas ubicarse

en lugares alejados de donde se concentran los recursos físicos o el mercado, y aún

así ganar ventajas comparativas y competitivas. Sin embargo, las decisiones de

ubicación geográfica siguen siendo de gran relevancia para las empresas, por lo que

los estudios regionales mantienen su vigencia y son más pertinentes que antes, pues

es en las regiones donde hoy se ubican las principales ventajas competitivas y

también donde se manifiesta la gran disparidad que la globalización ha provocado.

Al respecto, es necesario señalar la relevancia e influencia de las instituciones

locales, así como los patrones culturales y sociales que prevalecen en una región

determinada, pues son elementos clave para entender la posibilidad de una región


57

para atraer inversiones y para promover su crecimiento y desarrollo socioeconómico

(Macías, 2004: 5).

Más allá de los criterios de población y relación funcional entre la ciudad

central y las localidades contiguas que dan origen a la delimitación de una zona y su

denominación como área metropolitana, es necesario visualizar el desarrollo de la

zona de estudio desde la perspectiva de una región, en el cual cada población pueda

crecer en función de las actividades económicas localizadas en ellas, y en lugar de

generar dependencia con la ciudad central, puedan en su conjunto complementarse.

En este sentido, los gobiernos locales, tal como lo mencionó Macías juegan un papel

importante, ya que en la medida en que ofrezcan las condiciones necesarias –

principalmente en términos de infraestructura y servicios-, y que la sociedad conviva

en un marco de respeto y seguridad para la conservación de la identidad social y

cultural, serán atractores de inversión para el desarrollo económico de sus

habitantes.

Por otro lado, de acuerdo con Estrada (cit. por Macías 2004:10), el concepto

de ciudad media se maneja como el ―conjunto de procesos sociales, económicos,

políticos y culturales que son específicos de las ciudades que, sin ser pequeñas

comunidades, tampoco son grandes metrópolis; lo cual en sí mismas, adquieren una

significación propia‖.

Sin embargo, para Gustavo Garza las ciudades medias que más han crecido

en los últimos años son aquellos núcleos que se encuentran asociados con las

grandes metrópolis19 (cit. por Macías, 2004:8-9). Por lo tanto, la definición de ciudad

media tendría que partir de la clasificación que el investigador haga para tipificar

también a las metrópolis y a las pequeñas ciudades, así las ciudades medias son las

que se ubican en el rango entre los 50 mil y 500 mil habitantes (Garza cit. por

Macías, 2004: 10). Otras clasificaciones son las que las ubican en el rango entre los

50 mil y los 100 mil habitantes, pero por lo que podemos observar, no existe una

clasificación de ciudad media completamente aceptada, ya que depende del universo

19

Cuernavaca, Querétaro y Toluca con la Ciudad de México; Aguascalientes y León con Guadalajara, y Saltillo con Monterrey.

58



que se está estudiando. En este sentido, las ciudades medias con proyección estatal

serían las que ―se estructuran como enlace entre varias microrregiones del estado y

otros estados. Su importancia radica por los servicios que proporcionan a todos los

núcleos poblacionales de varias microrregiones‖ (Macías, 2004: 11).

De acuerdo al Sistema Urbano Nacional, el concepto de ciudades medias en

nuestro país se utiliza para caracterizar aquellas ciudades que tienen una población

entre los cien mil y un millón de habitantes (SUN, 2000), su dinamismo se explica por

el ‖estancamiento económico nacional, la Ciudad de México pierde su capacidad de

recepción de nuevas grandes masas migratorias. Este fenómeno conduce a una

reorientación de esas masas hacia los centros regionales, o sea las ciudades

medias…‖ (Bournazou, 2005:339).

Bournazou realizó una clasificación de acuerdo al crecimiento de estas

ciudades y la transformación de su estructura urbana en: ciudades medias

tradicionales (con población entre 100,000 y 250,000 habitantes), ciudades medias

en expansión (desde 250,000 hasta 750,000) y metrópolis regionales (ciudades

medias que rebasan o se acercan al millón de habitantes). Y de todas las variables

urbanas estudiadas por ella destaca el mercado del suelo, por su gran impacto como

fuerza conductora del crecimiento espacial. La falta de injerencia de las instituciones

oficiales deja la determinación de los precios del suelo a las reglas del mercado libre

que actúa como fuerza centrífuga en el territorio urbano e incorpora de manera

acelerada y descontrolada grandes áreas de suelo periférico a la mancha urbana.

(Bournazou, 2005:340).

De acuerdo a este indicador, la autora determinó un patrón para poder

analizar la evolución del mercado y su papel en el proceso de urbanización. En el

caso de la ciudad media en expansión20, la caracteriza desde el punto de vista

espacial por una fuerte expansión de la periferia, y no en una redensificación del área

20 Se explicará y analizará con mayor detalle las características de las ciudades medias en expansión, ya que por su definición es la que mejor se adapta a nuestra zona de estudio para poder abordar el fenómeno.


59

urbana existente. En este sentido, esta expansión hacia la periferia rebasa por

mucho las necesidades de la población de esas ciudades.

Este proceso de fragmentación y dispersión del área urbana explica la baja en

las densidades brutas de las ciudades medias en proceso de expansión que se

explica por los siguientes fenómenos (Bournazou, 2005: 351):

a) La existencia de numerosos baldíos urbanos que se retiran de la oferta

existente de suelo.

b) El desarrollo del nuevo mercado sobre terrenos de menores precios

ubicados en la lejana periferia que generan mayor plusvalía, fragmentando de

esta manera el área urbana.

c) Las nuevas formas de vivienda con densidades mínimas: por un lado las

zonas habitacionales de alto nivel en la periferia con grandes áreas verdes e

infraestructura y servicios de lujo que ocupan grandes áreas y por el otro los

espacios periféricos escasamente poblados en donde proliferan los

asentamientos espontáneos con vivienda precaria.

Esa repentina ampliación territorial durante el primer período de expansión de

la ciudad media tradicional, dice Bournazou, se ha realizado sobre terrenos

periféricos de propiedad privada. En una segunda etapa, cuando esas reservas se

ven agotadas el crecimiento se lleva a cabo sobre tierras aledañas ejidales y/o

comunales. Sin embargo, en algunos casos se ha podido observar el proceso

inverso: la ocupación previa de tierras ejidales antes de la ocupación total de los

terrenos privados, fenómeno regido por la lógica de la mayor plusvalía generada en

el caso de la incorporación de terrenos de tenencia social.

Es necesario señalar que esta autora, realizó un estudio para explicar el

fenómeno de la expansión de las ciudades, estableciendo categorías -para fines de

su análisis-, de acuerdo a la cantidad de población. Esta metodología es diferente de

los otros autores señalados anteriormente (Unikel, Graizbord, Negrete, Salazar,

Garza y Castells) los cuales definieron principalmente el crecimiento de la ciudad

conforme a criterios de continuidad fisico-geografico e influencia entre las localidad

cercanas. Tanto el criterio de cantidad de población (número de habitantes) como el

60



de continuidad física y relación funcional son complementarios, ya que sin población

o su constante aumento, difícilmente una ciudad se convertiría en un área urbana y,

posteriormente, en una zona metropolitana, y así sucesivamente; aunque es

necesario matizar este criterio, ya que de acuerdo a la teoría, el aumento de

población no es proporcional al incremento de consumo del territorio destinado para

fines urbanos.

Por lo tanto, para definir el contexto en el que se ha estado desarrollando el

fenómeno en el área de estudio se utilizarán dos conceptos: el primero de ellos es el

de área metropolitana, ya que a pesar de haberse determinado por decreto hace una

década los límites que incluyen a la conurbación Colima-Villa de Álvarez junto con

sus localidades cercanas como una zona metropolitana, el hecho de no considerar

los municipios completos, permite redefinir dicho polígono como un Área

Metropolitana, de acuerdo a la conceptualización realizada por Graizbord y Salazar.

El segundo, es el de una ciudad media en expansión de acuerdo a Bournazou

-concebido desde una perspectiva de consolidación-, ya que por la cantidad de

población y cuyos procesos de crecimiento y dispersión de la urbanización hacia la

periferia de manera fragmentada, apenas están evidenciando la aparición de otros

fenómenos determinados por el mercado de suelo, el cual ha impuesto una lógica de

utilización y apropiación desmedida de este recurso natural dominado por la lógica

capitalista, rebasando por mucho, las necesidades de las ciudades de Colima, Villa

de Álvarez y de sus localidades cercanas.

Respecto a la región inmediata, la nueva ciudad en expansión tiene gran

impacto en los valores del suelo de las localidades vecinas (pequeñas ciudades o

núcleos rurales) las cuales se incorporan gradualmente al área principal y

experimentan gran revalorización en sus precios (conurbación). Además el sistema

vial de este tipo de ciudades sigue la nueva lógica del mercado del suelo que tiende

a la expansión masiva hacia fuera con la formación de una vasta periferia. En lugar

de una redensificación del área urbana existente y el mejoramiento correspondiente

de la vialidad local, se opta por el desarrollo de sistema vial primario de vías rápidas


61

que comunican de manera eficiente el centro con la nueva periferia y alientan aún

más la expansión de ésta última.

Al respecto, el encarecimiento del suelo urbano es uno de los factores más

importantes para la expansión acelerada, ya que los inversionistas públicos así como

privados se retiran cada vez más hacia la periferia lejana en búsqueda de precios

accesibles para la realización de sus proyectos (Bournazou, 2005:353).

Por ello, la dinámica a través de la cual este mercado inmobiliario de las

ciudades medias se expande, se diferencia y se segrega, reflejando la ausencia de la

planeación y la autora plantea cuál debería ser el papel de ésta última en el

desarrollo urbano expansivo de las ciudades medias.

Definidos los fenómenos generados en la ciudad, tanto en zonas como en

áreas metropolitanas (enfoque sobre el cual se explicará el fenómeno en la zona de

estudio) y la forma de apropiación del suelo urbano, el cual, de acuerdo a los

estudios realizados, se ha determinado hasta el momento por la ubicación, costo y

normatividad que el estado impone para su regulación de acuerdo al régimen de

propiedad (el cual se abordará en el capítulo 3); antes se hará una revisión del

concepto de suelo como recurso básico, su importancia en la dinámica urbana así

como de los fenómenos que acontecen en nuestras ciudades en la actualidad.

2.4 Suelo y procesos de urbanización

En ocasiones el término tierra y suelo son empleados de manera indistinta. Sin

embargo, físicamente la tierra consta de varios componentes, del cual el suelo es

sólo la parte superficial y es el que en términos urbanos se utiliza, es decir, el terreno

sólido donde se puede edificar. Todas las capas de la tierra, en su conjunto, forman

un recurso que pertenece a la naturaleza, y constituye por ende, un recurso natural

(Chávez, 2005:34). Asimismo, el ―suelo‖, cuya palabra se deriva del latín solum, que

significa suelo, tierra o parcela, es un recurso natural que implica diversas

posibilidades de aprovechamiento determinadas por el conocimiento de sus

cualidades para satisfacer necesidades específicas.

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml

62



El suelo cumple múltiples funciones naturales como la captación y el

almacenamiento del agua, energía y nutrientes; y coadyuva al proceso de

descomposición y reciclamiento natural, en donde se desarrolla la flora y la fauna.

Sin embargo, todos esos procesos internos carecen de valor para el mercado,

aunque la resultante de todos estos procesos naturales, permiten a los seres

humanos su aprovechamiento de acuerdo a diversas actividades agrícolas, mineras,

forestales, hídricas, etc., cuya explotación combinada con la utilización de productos

que alteran su composición por las demandas del mercado ha ido deteriorando, no

sólo el suelo, sino el conjunto de este sistema natural (Chávez, 2005:35).

Es por eso que el suelo puede considerársele como el elemento básico del

lugar (Molotch, 1976) y un recurso estratégico (Iracheta, 1984), sobre el cual se

producen subdivisiones y servicios que lo definen como "tierra urbana", que en su

conjunto -en términos urbanos- es el soporte de las edificaciones en el cual se

desarrollan y expanden nuestras ciudades, así como un bien transferible en el

mercado que permite obtener riqueza y poder.

La tierra tiene la capacidad de soportar edificios en los que se desenvuelve

una actividad productiva concreta; es decir, se adecua para la creación de algo

distinto. Este proceso implica capital, movilización de trabajo, de instrumentos y

materias para manipular el medio y transformarlo, para luego utilizarlo y consumirlo.

En las ciudades capitalistas, el producto de esta transformación asume el carácter de

una clase de mercancías específicas, las mercancías inmobiliarias, caracterizado por

la unión del espacio construido al suelo sobre el que se produce (Cernadas y Ostuni,

2005: 3).

El suelo, a diferencia de aquellas mercancías que operan como condiciones

de producción de otras, se caracteriza por no ser reproducible por el capital. "Esta

característica hace que la propiedad adquiera un papel adicional como requisito

inicial para que el producto tome el carácter de mercancía‖ 21 (Cernadas y Ostuni,

s.f.:5). Otra diferencia relevante es que el suelo, en el caso urbano -además de la

21

Es subrayado nuestro.


63

relación que establece con el proceso productivo de la construcción denominado por

Jaramillo (1994) ―articulación primaria‖- se relaciona con las actividades que se

desarrollan sobre el espacio construido, cada una de ellas con una dinámica propia.

Esta paradoja lleva a pensar que el suelo, a pesar de ser un recurso y bien

natural irreproducible, sus virtudes se determinan de acuerdo a la capacidad de

brindar un espacio urbano, es decir, un lugar físico para la edificación y el desarrollo

de actividades articuladas. De acuerdo a Topalov (1979) visualiza este recurso -

desde la perspectiva económica y capitalista- como resultado de un proceso de

producción, además de permitir formas de consumo material y simbólico que le son

propias. Esto lleva a la siguiente pregunta ¿por qué el suelo tiene un valor si nadie lo

produce? En esta lógica el valor del suelo va de acuerdo a lo que pueda hacerse

―encima‖ de él, así como otros factores tales como el uso destinado y la extensión

(superficie) del mismo, visto en conjunto como un producto del mercado el cual a

diferencia de otros bienes su valor no va en relación a la demanda sino con los

agentes que la poseen y usufructúan con ella para fines urbanos.

A partir de lo expuesto, se puede señalar que la tierra urbana adquiere

peculiaridades en lo que respecta a los agentes que aparecen en los procesos

económicos que se desarrollan, al tipo de transacciones sobre los terrenos que

predominan entre estos agentes, y al significado social que adquieren las distintas

modalidades de la propiedad territorial.

La transformación del suelo implica el poder asignar a determinadas áreas

usos específicos, y como señala Clichevsky (1989, cit. por Cernadas y Otsuni,

2006:4) según el tipo de agente que actúe en el mercado, cada uno tiene una

estrategia definida respecto de la porción de tierra que produce y/o comercializa. No

cuesta imaginar eventuales tensiones entre el estado, el sector privado y grupos de

la sociedad civil. Por ejemplo, el estado actúa como regulador del sector privado

interviniendo tanto en la producción del suelo como en su comercialización, en forma

directa o indirecta (implementando políticas sobre otros sectores que tengan

repercusiones sobre el mercado de tierras). Las intervenciones realizadas por el

estado (o la ausencia de ellas), pueden afectar intereses sectoriales, en lo

64



relacionado con las situaciones de legalidad e ilegalidad en la tenencia de la tierra en

las ciudades.

En América Latina, la aparición de los agentes en los distintos submercados -

formal o informal- 22 está en relación con el grado de concentración de la propiedad y

de la economía en su conjunto.

Esta problemática se ha caracterizado por la existencia de un amplio sector de

la población que no tiene la capacidad económica ni acceso a los mecanismos de

crédito para obtener una vivienda en los mercados formales, por lo que desde el

punto de vista de la demanda, existe un déficit habitacional permanente y

acumulativo, en donde las necesidades rebasan a la producción y el abastecimiento

de viviendas que afecta tanto a los sectores de bajos ingresos como también a los

sectores medios de la población (Mollá, 2006:84-85).

En este sentido, Chávez (2005) señaló que dentro de la zona conurbada

Colima-Villa de Álvarez, el crecimiento de la ciudad sí obedeció a la producción de

vivienda, pero no ha sido para atender las necesidades habitacionales, ya que se

han detectado la desocupación de lotes y de vivienda terminada. Esta situación, ha

generado una problemática respecto al uso irracional del suelo, especialmente en

tierras de origen ejidal ya que por su cercanía a las zonas urbanas, son las más

susceptibles a urbanizarse a costa de su productividad agrícola.

Hasta el momento se ha explicado que el suelo urbano como un bien no

reproducible y escaso, no sólo permite la generación de la edificación, sino que

además, al poseer un terreno se puede obtener un beneficio conocido como renta. El

propietario equipara la percepción de su renta periódica a la de un interés, y así

aparece la posesión de un derecho jurídico como equivalente a una magnitud de

capital. Sobre este principio se construye el precio del suelo, atributo fundamental

para que éste pueda volverse intercambiable. El precio entonces, ya no estará

determinado exclusivamente por el valor o por el precio de producción de la

22

A lo largo del presente estudio se hará referencia a los mercados formales e informales, a la legalidad e ilegalidad, a lo regular y lo irregular, y para los efectos de esta investigación las tres dualidades son intercambiables.


65

mercancía, sino que resultará del derecho que tiene el propietario de un inmueble de

apropiarse de una porción del valor adicional producido socialmente.

Dicho de otro modo, la renta inmobiliaria implica un aumento de precio del

inmueble, producto de los cambios en las condiciones de producción y la plusvalía

que genera su localización. Así, la renta se incluye en el precio que se paga por el

uso del suelo urbano para la producción de espacio construido, captando parte del

valor que dicho proceso implica. De esta manera, la renta del suelo urbano ―produce

una apropiación desigual en términos sociales de los beneficios que provienen de la

tierra" (Carrión, 1989; cit. por Cernadas y Otsuni, 2006:5).

Siguiendo la lógica capitalista, la renta está en función al posible valor que se

puede obtener con el inmueble y la plusvalía que genere tanto su uso y localización,

aunado a los servicios e infraestructura cercana disponible. En general, se maneja

una lógica de generar capital con lo inmobiliario, donde los agentes urbanos tales

como los promotores, conciben la tierra de acuerdo a su posible uso y a la edificación

de un proyecto determinado, calculando el valor total del proyecto o de manera

específica, la cantidad que podrían pagar los posibles compradores por el terreno.

Por eso, el actor que determina el valor del suelo dentro del mercado no es

precisamente el propietario, sino el promotor o desarrollador inmobiliario.

En México, Linares señaló que la renta del suelo urbano al representar una

parte significativa de las ganancias que obtiene el fraccionador como producto de su

carácter no renovable, irreproducible a voluntad, monopolizable y sujeto a

especulación23, buscará evidentemente incrementarla mediante las facilidades que la

nueva ley agraria le otorgue, por lo cual desplazará de sus medios de producción a

múltiples ejidatarios y pequeños propietarios, para poner al servicio de los

demandantes efectivos, el suelo urbano (Linares, 2005:4).

De acuerdo a la teoría del mercado capitalista, al aumentar la oferta de suelo

urbano se esperaría una reducción de costos, sin embargo, el mercado de suelo está

sujeto a la especulación por parte de los agentes urbanos que comercian con ella,

23

Se le conoce como especular o especulación a las operaciones comerciales y financieras que se practican con mercancías, valores o efectos públicos, con la esperanza de obtener beneficios o lucros basados en las variaciones de los precios o de los cambios (Real Academia Española, 2004).

66



generando expectativas en torno a su posible uso o a factores que puedan

incrementar plusvalía. La localización, la superficie, las características físicas del

terreno, así como la existencia de infraestructura y servicios disponibles y su

regulación de acuerdo al régimen de propiedad de la tierra son determinantes del

precio del suelo urbano.

En este contexto, cabe definir el concepto de propiedad de la tierra, para Cruz

Rodríguez (2001) ―la propiedad de la tierra ha sido el punto de partida para el análisis

de diferentes problemáticas que van desde la estructura agraria hasta el papel que

juega en la determinación de los procesos urbanos. Su conformación ha pasado por

un largo proceso histórico que ha determinado la definición de diferentes tipos de

tenencia: privada, federal y ejidal y comunal, que conllevan a la formación de

diversas relaciones sociales en torno a ella, y con esto, a la presencia también de

actores sociales disímiles‖ (Cruz Rodríguez, 2001:25).

La autora encontró que en documentos ejidales existen clasificaciones que

aluden a varios tipo de propiedad como ranchos, haciendas, pequeñas propiedades

particulares, pequeñas propiedades, terrenos de los pueblos, pequeñas propiedades

de los pueblos (ubicadas fuera del fundo legal), y pueblos (fundo legal); las cuales no

están reconocidas por la Constitución, la ley agraria y la ley de bienes nacionales.

Sin embargo, en México existen modos de propiedad que no están contemplados en

la legislación, por lo que esto parece dar a entender que el reparto agrario generó

efectos diferenciados (Chávez, 2005:93-96).

Beatriz García (1988), por su parte, sin ahondar en las particularidades de la

propiedad privada, clasificó de manera similar a Cruz Rodríguez a la propiedad

afirmando además que mucha de la tierra que pertenece a cualquiera de los

regímenes anteriormente mencionados, se encuentra próxima a las ciudades y está

siendo incorporada a usos urbanos. En el estado de Colima, los tipos de propiedad

existentes son la privada, ejidal y comunal, sin embargo, sólo el entorno inmediato a

Villa de Álvarez está rodeado de pequeñas propiedades, pero actualmente la

expansión de la ciudad ya está sobre sus áreas ejidales.


67

En términos generales se mostró un panorama para conocer las diferentes

teorías y modelos que tuvieron como finalidad explicar la configuración del territorio

y su estructuración dentro del ámbito urbano desde la escala de ciudades pasando

por las ciudades medias y finalmente a las zonas o áreas metropolitanas. Lo anterior

con la intención de dar a conocer al lector la escala sobre la cual se tratará de

estudiar el fenómeno de la expansión urbana, se detectaron factores inherentes al

suelo dentro del contexto capitalista como un bien no reproducible, escaso y sujeto al

incremento de su valor por la plusvalía generada en la zona y a la especulación por

parte de los agentes urbanos o sociales que se apropian de ella.

La forma de acceso a la tierra puede darse a través de dos submercados: el

formal y el informal, que en este caso la opción que termine eligiendo el comprador

final estará determinado por el precio y por la normatividad o estrategias que

impongan los gobiernos locales para desalentar la compra de lotes que carezcan de

certeza jurídica, sin infraestructura, servicios o en zonas que representen un peligro

para sus habitantes.

En este contexto el régimen de propiedad adquiere una importancia para fines

de nuestro estudio, ya que de manera específica el régimen de propiedad ejidal –

dedicado a actividades productivas para satisfacer de bienes de consumo para la

población es el más susceptible a modificar su uso original, por otro uso que genere

mayor beneficio económico para sus propietarios en función de la lógica capitalista,

proceso facilitado por las modificaciones al 27 constitucional, por ello es pertinente

analizar el caso de estudio.

La continuidad de los municipios en el área estudiada se presenta no sólo en

su tejido urbano, sino también en la interdependencia hacia el centro de generación

de oferta y demanda de empleo y de servicios básicos para el incremento o

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, creando así una ciudad-región

con un carácter de defensa de identidades locales al interior de sus células. La

conurbación es sólo física para dos municipios, pero virtual y sumamente intensa en

los aspectos económicos y sociales para las tres poblaciones continuas restantes.

68



Al respecto, el polígono que constituye el área de la futura expansión, el cual

fue redefinido por medio del decreto de modificación de los límites de la conurbación

Colima-Villa de Álvarez (1997), incluye solamente parte de la superficie de los

municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc, por lo

cual de acuerdo a la conceptualización dada por Graizbord y Salazar,

denominaremos el caso de estudio como el Área Metropolitana de Colima (AMC),

ya que el polígono no incluye la totalidad de los municipios antes mencionados, sin

embargo, este concepto no aplica en su totalidad, ya que ésta no presenta una

continuidad física del área edificada con el resto de las localidades contiguas; sin

embargo, tal como lo señala Manuel Castells (1986), adquiere mayor relevancia el

criterio funcional y la dinámica económica y social, entre la ciudad central y las

localidades cercanas que estén incluidas dentro del límite metropolitano.

En este sentido, el caso de estudio, hasta el momento se encuentra en un

proceso de consolidación urbana, el cual a mediano o largo plazo, ampliará sus

límites de crecimiento lo que seguramente lo convertirá en una zona metropolitana.

Es por ello que el suelo, como con potencial a ser urbanizado, principalmente es que

se encuentra bajo el régimen ejidal es el que ocupa especial atención para fines de

este estudio, para verificar si efectivamente la tierra de propiedad ejidal existente

puede tener la fortaleza a su interior para seguir subsistiendo o está en un proceso

de desaparición.

Bajo este régimen de propiedad, el suelo representa el recurso y patrimonio

del que disponen los ejidatarios para producir en ella y obtener los beneficios que de

ella emanan, y que además en conjunto representa el ambiente natural donde

persiste el modo de vida rural de los pueblos y comunidades que forman el AMC.

Para analizar la propiedad ejidal en función de su integración a la dinámica

urbana, la pregunta central y las que se derivan de ésta, que servirán como ejes de

análisis para esta investigación son: ¿de qué manera la legislación agraria ha

incidido en los mecanismos utilizados para la incorporación de la tierra ejidal al

proceso de expansión urbana de la AMC entre 1990 y 2006?; y ¿cuáles han sido


69

las repercusiones de las modificaciones al artículo. 27 Constitucional en la propiedad

ejidal de la zona de estudio?; ¿qué agentes urbanos han intervenido en la

incorporación de la tierra ejidal en el proceso de metropolización? y finalmente,

¿cuáles son las características del proceso de urbanización generadas por la

expansión urbana en la AMC durante ese período?

Nuestra hipótesis pretende probar que en el Área Metropolitana de Colima

entre 1990 y 2006, las reformas al Art. 27 constitucional impulsaron parcialmente la

desincorporación de la superficie del ejido de aquéllos que han estado más cercanos

a las zonas urbanas o con conexión a las mismas por medio de vialidades a través

del la construcción de fraccionamientos, principalmente por la intervención de

promotores inmobiliarios locales, gobernantes en turno y organismos públicos de

vivienda.

En este sentido el desarrollo urbano y el uso de suelo dedicado a actividades


no esta planificado, causando problemas en los ejidos localizados en la periferia



zona.

A partir de lo anterior, se determinaron las variables e indicadores básicos

para el estudio que permitieran corroborar la validez de la hipótesis planteada. Los

indicadores empleados fueron la propiedad de le tierra (privada, ejidal, comunal,

municipal, estatal y federal), origen del ejido (nombre, localización, año de

fundación o dotación, superficie, el número de beneficiarios; así como identificar los

predios o fincas que fueron afectadas para la dotación y quiénes fueron sus

propietarios); otras acciones agrarias como ampliaciones, expropiaciones, el

proceso de certificación a través del PROCEDE, y los dominios plenos registrados en

los núcleos agrarios de estudio. Con la información recabada a partir de los

indicadores anteriores, se requirió detectar los mecanismos de desincorporación

de suelo social al desarrollo urbano tales como las expropiaciones y ventas

(enajenaciones) utilizadas a través de la realización de proyectos urbanos o

70



inmobiliarias ejidales, y el tipo de mercado de suelo al que puede acceder, ya sea

regular o irregular (ver cuadro 1).

Cuadro 1 | Indicadores para la investigación

Variable Indicador Categoría

a) Tipo de propiedad Privada

Ejidal

Comunal

Municipal

Estatal

federal

b) Origen del ejido Nombre

Localización

Año de fundación

Superficie (Has.)

Beneficiados

Tierras o fincas afectadas para su dotación

propietarios

c) Otras acciones agrarias Ampliaciones

Expropiaciones

Certificación

Dominio Pleno

d) Mecanismos de desincorporación

Expropiaciones

Enajenaciones Inmobiliarias ejidales

Proyectos urbanos

e) Tipo de mercado de suelo Regular

irregular

El siguiente capítulo abordará las particularidades de cada uno de los

regímenes de propiedad señalados de acuerdo al artículo 27 constitucional, sus

modificaciones a partir de 1992 y su impacto en la propiedad de la tierra, para

después llegar al caso concreto de Colima y analizar cómo está estructurada la

propiedad en la entidad; con la finalidad de verificar si realmente la propiedad ejidal

-como régimen predominante-, merece una atención especial para fines de nuestro

estudio.

71

3. La propiedad territorial en México

3.1 Antecedentes históricos

La propiedad de la tierra ha sido, a través de los inicios de la humanidad,

motivo de conflictos. Los hombres luchan por poseer territorios; las guerras de finales

del siglo XX han tenido como finalidad, en esencia, la expansión. Tradicionalmente,

se ha considerado a la tierra como el bien más preciado; la riqueza va casi siempre

con relación directa a la cantidad de tierra que se posea.

Durante el siglo XIX, el campesinado mexicano desempeñó el papel de fuerza

principal en los procesos de cambio y consolidación del estado nacional. Este sector

de la población rural, propietario o no de la tierra, pero siempre explotado por otros

grupos sociales, tuvo una importancia fundamental en la vida política de la época.

Los distintos lugares en que las relaciones sociales de producción ocupaban

sus servicios, los convertían en una unidad heterogénea dividida en: peones

acasillados24, peones alquilados, medieros y aparceros; colonos, arrendatarios,

enganchadores, comuneros y rancheros. Las luchas de estos diferentes sectores a

los que se les denominó campesinado, desempeñaron también diversos roles según

las coyunturas políticas por las que atravesó el país durante el siglo pasado. Los

campesinos, sin constituir una clase social, llegaron a organizarse y a diferenciarse

como un sector específico de intereses sociales en momentos clave, que los llevó a

luchar y a enfrentarse a diferentes instancias y estructuras de poder.

Los movimientos campesinos representaron las diferentes manifestaciones de

descontento contra el sistema social que los oprimía. Este enfrentamiento se

expresó, fundamentalmente, a través de los diferentes intentos por recuperar sus

24

de acuerdo al Artículo 45 del Código Agrario (1934) consideraba como ―acasillados‖ a aquellos trabajadores de las fincas agrícolas que, ocupando casa en las mismas sin pagar renta, dependían económicamente del salario que perciben por sus servicios.

72



tierras. Al respecto, el diferente proceso y ritmo de despojo de tierras que sufrieron

los campesinos a lo largo del siglo XIX fue lo que dio lugar a la diversidad de

demandas y de formas que adoptaron las luchas por la tierra. Aquellos que fueron de

mayor trascendencia en la vida política del país, siempre tuvieron la participación de

las clases sociales ajenas a los campesinos que, al dirigirlos, los manipulaban y

utilizaban en empresas importantes a nivel nacional.

La lucha por la independencia no cambió las cosas; el latifundio resurgió y

hubo necesidad de leyes de Reforma, para desamortizar los bienes del clero pero,

lamentablemente, al subastarse dichos bienes, sólo pudieron comprarlos los que

tenían dinero, fue así como se incrementó notoriamente el latifundio civil, cuya

máxima expresión fue durante el gobierno de Porfirio Díaz y terminó con la

revolución de 1910 (García Ramírez, 1993:410), denominada por los historiadores

como Revolución Mexicana.

Ese movimiento revolucionario (1910-1940) fue uno de los episodios más

intensos y definitorios de esta lucha y representó un conjunto de revueltas agrarias

que promovió el reparto de tierras en plena insurrección armada, logrando la Ley

Agraria de 1915. Posteriormente, este conjunto de acciones se institucionalizaron a

través de la Constitución del 5 de febrero de 1917 promulgada en la ciudad de

Querétaro25, donde los principales postulados lo constituyeron el artículo 3º -

referente a la educación-, el 123 -que protege los derechos de los trabajadores-, y el

artículo 27 constitucional. Este artículo habría de establecer para el país una nueva

estructura de propiedad y en el cual se estableció que la propiedad es de la Nación,

misma que puede hacer con esos bienes lo más adecuado teniendo en cuenta el

interés público.

La Constitución de 1917 fue la materialización de los ideales revolucionarios

que fueron elevados a la categoría de normas constitucionales. En ella se incluían

avanzados principios de reformas sociales y derechos en favor de obreros y

25

la cual cambió las características liberales individualistas observadas en la de 1857 por un sistema

social humanista

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO

http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


73

campesinos, que crearon la posibilidad de un reparto agrario, primero a los pueblos y

luego a los individuos organizados, generando la llamada ―propiedad social‖

compuesta por ejidos y comunidades agrarias.

El artículo 27 constitucional dictó medidas para el fraccionamiento del

latifundio y fue hasta el régimen de Álvaro Obregón (1920-1924) cuando se dio un

mayor impulso a la distribución de la tierra. Durante el período de 1917-1934, la

consolidación del reparto de la tierra estaba lejos de resolverse. Las seis

administraciones presidenciales en dicho período redistribuyeron 10 millones de

hectáreas; mientras que el presidente Lázaro Cárdenas, en seis años (1934-1940),

entregó cerca de 19 millones de hectáreas a 729 mil ejidatarios. El Código Agrario

aprobado en la administración de Cárdenas (en 1934), estableció los medios legales

por los cuales los trabajadores de las haciendas (peones) podían convertirse en

dueños de las tierras. Otros puntos relevantes para fines de nuestro estudio fueron la

prohibición de la renta de las parcelas ejidales y la confirmación de las leyes de

parcelación de la tierra de labor, además se dejó en uso común los pastizales y

bosques, se declararon inafectables las haciendas bien organizadas que

constituyeran una unidad agrícola industrial, cuya eficiencia se rompería si fueran

fraccionadas (Cruz Rodríguez, 2001: 48). Con la rápida distribución de la propiedad,

finalmente el ejido se tornó en una forma permanente de tenencia en el interior.

El período de 1940-1952 marcó una ruptura importante con las características

de la política agraria del período precedente. En el panorama nacional, se

encontraban tres cuestiones claramente definidas: la primera, era el marco de la II

Guerra Mundial y la consecuente demanda de productos agrícolas. La segunda se

refería al nuevo proyecto económico del país, que privilegiaba el desarrollo industrial.

La tercera fue la ―irreversibilidad‖ de la presencia del ejido en la vida nacional.

Al finalizar la década de los 50, ya se sentían los efectos de las políticas

anteriores, la disminución del reparto agrario, la falta de créditos e infraestructura

para el sector ejidal y los escasos recursos del ejido para sobrevivir productivamente,

74



generaron un ascenso considerable de las luchas campesinas. Lo cual obligó a los

gobiernos posteriores, a poner nuevamente en marcha la distribución de tierras26.

En la década de los sesenta, los empresarios agrarios ya no sembraban

granos básicos, pero quienes lo hacían eran la mayoría de los campesinos y era sólo

para el autoconsumo. La sustitución de cultivos y la presencia de las agroindustrias -

procedimientos inadecuados de modernización tecnológica implantados por

organizaciones gubernamentales de investigación y desarrollo rural-, significaron la

caída de los precios de los productos agrarios y una marcada disminución del

empleo de mano de obra agrícola, lo cual propició la búsqueda de otras fuentes de

trabajo.

Por otra parte, las administraciones de José López Portillo (1976-1982) y

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), en varias ocasiones, hicieron

modificaciones similares a las de la llamada contrarreforma en los años cuarenta y

cincuenta, procurando sustituir la reforma agraria por políticas destinadas al aumento

de la productividad. Los pequeños productores fueron puestos de lado, en cuanto

que la agricultura de gran escala y los ganaderos recibieron la mayoría de los

subsidios, inversiones y ayudas financieras. Asimismo, se implementó una política

económica que apostaba a orientar la dinamización de la economía a partir de

priorizar las exportaciones, de integrar la economía nacional a la global, y de

modernizar los procesos productivos.

El gobierno salinista (1988-1994) hizo una crítica importante a las políticas

agrarias tradicionales con el objeto de plantear nuevos criterios con respecto al papel

de la intervención del estado en el agro y la creación de los mecanismos que

estimularan la modernización de los diferentes sectores agrarios. Se identificó que la

reforma agraria, después de más de seis décadas, presentó los siguientes resultados

y generó ventajas como: los pequeños productores intensificaron la producción y la

26 El período de 1940 a 1958, conocido como la Contrarreforma, las políticas agrarias fueron

modificadas destinando las mejores tierras para las medianas y grandes haciendas y el límite de la pequeña propiedad fue ampliado a 100 hectáreas de tierra fértil o su equivalente en áreas de calidad inferior.


75

comercialización, manteniendo sus ingresos a pesar de cultivar áreas menores; evitó

el éxodo de población rural, que de otro modo podría estar desempleada en las

ciudades; impidió las revueltas en el medio rural en cuanto la economía se

desarrollaba; y, convirtió a los beneficiarios en los principales productores de

alimento básicos del país.

Sin embargo, tuvo fallas tales como la poca preservación de los recursos

naturales existentes en las áreas integradas al proceso productivo agrícola; lenta

distribución de los títulos de tierra; suministro tardío e inadecuado de crédito y

asistencia técnica, dejando muchos beneficiarios sin atender y acarreando la

disminución de su potencial económico; algunos grandes propietarios rurales no

fueron afectados por la reforma agraria, generando una cierta injusticia en el

proceso; la distribución de tierras fue usada como una forma de apadrinamiento

político, frecuentemente usado para reprimir a los campesinos y mantenerlos en "su

lugar"; y se observó que muchos campesinos no se beneficiaron.

En este sentido, se consideró que las formas de propiedad surgidas de su

aplicación, como el ejido, las comunidades y los minifundios causaron una

ineficiencia económica, puesto que no respondieron a las necesidades productivas

del país (Cruz, 2001:77). Estas consideraciones, según algunos autores (Cruz, 2001;

García Ramírez, 1993), entre otros, constituyeron las principales justificaciones que

condujeron a la modificación al artículo 27 constitucional.

3.2 Artículo 27: la estructura de la propiedad y sus características

Antes de las reformas de 1992, el derecho de propiedad era una institución

clave y definitoria del modelo de organización económica y política existente de la

sociedad mexicana. Desde la perspectiva económica, el régimen de propiedad define

las reglas de apropiación de los bienes y la asignación de los recursos disponibles

para el aprovechamiento productivo; asimismo, determina los alcances y límites para

ejercer el control sobre los bienes apropiables, y las condiciones de circulación y

transferencia de los mismos de unas manos a otras, así como los incentivos o

76



inhibiciones para su explotación y, por tanto, las condiciones de existencia y

funcionamiento del mercado.

Desde la perspectiva política, el régimen de propiedad define quiénes y en qué

medida tienen el control sobre los bienes y los recursos disponibles, determinando el

margen de autonomía frente a otros actores y también su capacidad para influir y

orientar a la comunidad en su conjunto. En buena medida, el régimen de propiedad

existente en una sociedad determina el equilibrio de fuerzas que está en la base del

Estado.

El punto de partida para entender los alcances y límites del derecho de

propiedad en México se encuentra en el concepto de ―propiedad originaria‖ del

artículo 27 constitucional.

El concepto constituye una aportación original de la asamblea constituyente de

1917, que pareció tener relación con la tradición jurídica proveniente de la etapa

virreinal, en el sentido que de la misma forma en que el Rey español tenía el carácter

de ―señor‖ sobre los territorios de las llamadas Indias durante la época, la

Constitución de 1917 definió que la Nación tendría la propiedad originaria sobre las

tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJF) ha

reconocido que:

―Al independizarse la Colonia, la República Mexicana asumió todos los derechos de propiedad

que a los reyes de España correspondía, y, por lo mismo, este patrimonio ingresó a la nación

toda, y no a las partes que entonces constituían el territorio (provincias, intendencias,

capitanías, etcétera) y mucho menos, pudo pasar ese patrimonio a los Estados de la

República, cuya existencia ni siquiera estaba entonces bien definida‖ (SJF, cit. por Serna,

2005:6).

Una de las consecuencias más importantes de este concepto de propiedad

originaria, es que define el carácter derivado de las diversas formas de apropiación


77

de bienes permitida por el sistema jurídico mexicano. Es decir, la propiedad pública,

la privada y la social, derivan y están sujetas a la Nación propietaria originaria.

En el marco de las reglas constitucionales descritas relativas a las relaciones

patrimoniales en México, la propiedad privada fue regulada de forma distinta a como

la habían concebido los liberales del siglo XIX. En lugar de ser considerada como un

derecho natural que debía permanecer intocado e inalterado por el Estado, pasó a

ser un derecho relativo, derivado de un derecho superior (el de la propiedad

originaria de la Nación), y sujeto en razón de ello a la posibilidad de regulación por

parte del propio Estado, por medio de la imposición de las ―modalidades‖ que dicte el

interés público.

Dichas modalidades han implicado el establecimiento de ciertos límites al

ejercicio del derecho de propiedad privada. Dichos límites podrían resumirse de la

siguiente forma:

a) No todos los bienes pueden ser objeto de apropiación privada. Los bienes

definidos como del dominio directo o propiedad de la nación, no pueden ser objeto de

propiedad privada.

b) La propiedad privada agraria, en el ámbito rural, tiene límites precisos en cuanto a

su extensión, establecidos en el artículo 27 constitucional fracciones IV y XV.

c) Existen límites en cuanto a la capacidad legal de los extranjeros para ser

propietarios de bienes raíces dentro del territorio nacional.

d) También hay límites en cuanto a la capacidad de algunas personas para

tener en propiedad ciertos bienes. Por ejemplo, las asociaciones religiosas pueden

adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables

para su objeto, como los requisitos y limitaciones que fije la ley. Y lo propio sucede

respecto de las instituciones de beneficencia pública y privada en cuanto a su

capacidad legal para tener en propiedad bienes raíces (Art. 27 constitucional,

fracciones II y III).

e) El uso de la propiedad privada por parte de los propietarios puede ser

limitado por diversas leyes de carácter administrativo, como las leyes de

asentamientos humanos o desarrollo urbano y las leyes sobre equilibrio ecológico y

78



protección al medio ambiente, además de la ley sobre monumentos históricos y

zonas arqueológicas, entre otras.

f) La propiedad privada puede ser expropiada u ocupada, por causas de

utilidad pública y mediante indemnización.

Pero como se mencionó anteriormente, no todos los bienes son objeto de

apropiación bajo la forma de propiedad privada. De hecho, la Constitución de 1917

señala expresamente que hay cierto tipo de bienes que corresponden al ―dominio

directo‖ de la Nación o que son ―propiedad‖ de ésta, y que no son susceptibles de ser

apropiados por los particulares. Además, dispone que el dominio sobre estos bienes

es inalienable e imprescriptible, es decir, no se pueden vender a otras personas con

la petición de que salgan del patrimonio de la Nación. Todos estos conceptos, a su

vez, son la base constitucional de la propiedad pública en México.

Este tipo de propiedad, se encuentra clasificada en dos regímenes jurídicos

distintos: la que es propiedad de la nación y de la federación, y la de los estados o

municipios. La primera reconoce las tierras nacionales y denomina propiedad pública

a los bienes territoriales federales, esta ley divide en dos tipos el dominio del suelo

federal: ―terrenos de dominio público (o de uso común), en los cuales incluyen calles

y plazas (las cuales son para el servicio público), monumentos artísticos,

monumentos arqueológicos, terrenos ganados al mar, a corrientes (de ríos y

arroyos), a vasos de manera natural o artificial y a los terrenos de organismos

descentralizados federales‖ (Chávez, 2005:58), los cuales en conjunto son

inalienables, imprescriptibles e inembargables. La segunda clasificación está

conformada por tierras que el estado adquiere como reserva para usos urbanos

como la dotación de infraestructura, equipamiento, servicios básicos y para su

administración, a través de diversos institutos para la creación de vivienda de tipo

popular.

El estado, a través de la reforma de 1983 al artículo 25 constitucional, también

incluyó al sector privado como actor del desarrollo, esto significó, además, un

compromiso estatal de estímulo y protección al sector privado al establecer en el


79

último párrafo de dicho artículo que ―La ley alentará y protegerá la actividad

económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en

los términos que establece esta constitución‖ (Art. 25 constitucional).

La reforma también definió las reglas para que el Estado participara o se

asociara con los sectores social y privado en la ejecución de las áreas prioritarias.

Según el régimen constitucional respectivo, no es indispensable que el sector público

participe en todas las áreas prioritarias del desarrollo. En principio, su participación

es opcional y es posible que dichas áreas sean atendidas sólo por el sector privado o

social, o también con la concurrencia del sector público.

En cuanto a la tierra bajo el régimen ejidal, originalmente se trataba de las

tierras comunes que eran dedicadas a satisfacer las necesidades colectivas del

pueblo (como el pastoreo y la recolección de leña). Posteriormente, su formación fue

producto de la lucha campesina derivada del movimiento revolucionario de 1910 para

la entrega de tierras a los campesinos; por lo que su control, administración y

organización productiva estaba a cargo de los ejidatarios. Cabe señalar que esta

situación permitió mantener a las tierras de algunos núcleos ejidales fuera del

mercado de suelo, sin embargo, esto no constituyó un obstáculo para que fueran

incorporadas a otro tipo de usos. La expropiación por utilidad pública se planteó -

hasta antes de las modificaciones al artículo 27 constitucional en 1992- como la

única forma de desincorporar las tierras del régimen ejidal (Cruz, 2001:70).

El artículo 27 constitucional también contuvo, hasta 1992, las reglas relativas

al programa de reforma agraria, cuyo objetivo primordial fue fraccionar los grandes

latifundios existentes en el país mediante expropiaciones a efecto de redistribuir la

propiedad de la tierra. Por vía de la reforma agraria se repartieron alrededor de 100

millones de hectáreas a más de dos millones de campesinos. Dos fueron los tipos de

acciones mediante las cuales operó dicho programa de reforma: la acción de

restitución, para aquellos reclamantes de tierra (pueblos, rancherías,

congregaciones, tribus) que tuvieran títulos sobre la tierra de la cual habían sido

despojados por los grandes latifundios y las haciendas; y la acción de dotación

80



llamada ejido27, para aquellos grupos de campesinos sin ningún tipo de título sobre

tierra alguna.

El ejercicio de estos dos tipos de acción y el consiguiente reparto de tierras,

dio lugar a dos tipos de propiedad rural o social: la comunal y la ejidal, cuyos titulares

no son los individuos, sino el núcleo de población conformado por grupos de

campesinos. La cantidad de tierra sujeta a este tipo de propiedad equivalía alrededor

del 50% de la superficie del territorio mexicano.

Con la propiedad ejidal y comunal, se buscó dar respuesta al problema

agrario, cuya caracterización principal estaba en la dicotomía —producto de la

conquista y el virreinato— de individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo, por un

lado, y de grandes latifundistas, por otro, y se concretaría con la reforma agraria

cuyos objetivos fueron:

a) La distribución gratuita de tierra a poblaciones que carecían de ella, en la

forma de dotación llamada ejido.

b) Crear con ello una nueva estructura de tenencia que reemplazara el antiguo

sistema latifundista y permitiera un crecimiento agrícola acelerado.

c) Se destacó el respeto a la propiedad comunal de los pueblos,

especialmente las comunidades indígenas, a quienes se autorizó para disfrutar en

común las tierras, bosques y aguas que les pertenecieran.

El régimen de estos dos tipos de propiedad rural fue básicamente el mismo, el

cual hasta 1992 se caracterizó por lo siguiente:

27 Aunque en el Artículo 27 constitucional no se define lo que es un ejido, se menciona como tal y, en

la práctica, el concepto se ha aplicado a los núcleos de población dotándolos de tierras a través de los procedimientos señalados en la Ley. Sin embargo, la palabra ejido se refería, originalmente, a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo (para ganado y recolección de madera), y éste era el significado que tradicionalmente se le daba en México, antes de la reforma agraria. De hecho, en la terminología común, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras de esta forma (ejidatarios) y el conjunto de tierras que les corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo (área parcelada), otras para satisfacer necesidades colectivas (uso común) y otra más para urbanizar y poblar (fundo legal), principalmente.


81

a) Limitaciones en cuanto al derecho de disposición (es decir, en cuanto a la

circulación de la tierra en el mercado de suelo), es decir, la tierra comunal o ejidal no

podía ser vendida.

b) Prohibición de cambiar del régimen comunal o ejidal al régimen de

propiedad privada.

c) Prohibición de asociarse con inversionistas privados.

Esto, a grandes rasgos, fueron los objetivos en materia agraria delineados en

la Constitución de 1917, dejando muchos aspectos para reglamentos e

interpretaciones posteriores. En este sentido, el artículo 27 constitucional fue

tomando forma solo, paulatinamente -aunque siempre dentro del marco general

establecido en 1917- y cambió con frecuencia de dirección y de ritmo en la práctica.

La organización interna más apropiada para el ejido siguió un trayecto

paralelo, en función del papel que le tocó desempeñar dentro de la estructura

agrícola general del país y de las tendencias predominantes en cada época. Por lo

tanto, en este marco institucional debe situarse la creación de la mayoría de los

ejidos.

Ahora bien, no todos los ejidos de la República fueron dotados con la misma

cantidad y calidad de recursos. Muchos factores intervinieron en esta diferenciación

que, en parte, es responsable de las variaciones en la eficiencia económica y el

funcionamiento institucional de los mismos.

En primer lugar, juegan un papel los diferentes recursos naturales en las

diversas regiones del país (los ejidos del norte con promedios de dotación de 20

hectáreas); en segundo, la densidad demográfica de cada zona (los ejidos del centro

del país con promedio de dotación de entre tres y cuatro hectáreas) y su relación con

la estructura de tenencia en la época del reparto agrario; y en tercer lugar, el proceso

mismo de la distribución, caracterizado en sus distintas etapas por aspectos

particulares de tipo jurídico, técnico, político e ideológico, que se han manifestado en

la modificación paulatina de la unidad mínima de dotación ejidal.

Así, desde 1917 se han venido creando ejidos casi ininterrumpidamente, pero

la función económica atribuida a éstos ha cambiado de forma gradual; primero se les

82



consideró como fuentes de ingresos complementarios a los salarios ganados en las

grandes fincas (periodo comprendido por el modelo primario exportador

principalmente en los años veinte), luego como pequeñas fincas de subsistencia para

los grupos rurales más atrasados. Posteriormente se le asignó durante los años

cuarenta, un papel primordial en la producción agrícola y, con la reforma de 1992,

finalmente tiene objetivos productivos semejantes a los del sector agrícola privado

(Assenato y de León, cit. por Procuraduría Agraria, s.f.: 2-3).

3.3 Reformas al artículo 27 constitucional y su impacto en la propiedad de la tierra a partir de 1992

Después de la Revolución Mexicana, los movimientos sociales fueron

conducidos por los campesinos pobres de los ejidos. La lucha principal era por el

acceso a la tierra, pero en algunos momentos, la producción de insumos y alimentos

se tornó más importante. En los años sesenta, los movimientos estudiantiles y el

auge de la Teología de la Liberación tuvieron influencia en las transformaciones de

las organizaciones campesinas.

En 1980 el gobierno federal instrumentó el Sistema Alimentario Mexicano

(SAM), como un programa diseñado para incrementar la producción de alimentos

básicos, mediante estrategias y mecanismos como facilitar el acceso a crédito y el

establecimiento de precios de garantía a la producción, entre otros estímulos,

buscando aumentar la producción de alimentos hasta alcanzar la autosuficiencia; así

como establecer canales de distribución y acceso a estos alimentos entre los

sectores de menores recursos económicos.

La reestructuración en el campo inició desde la crisis de 1982 que obligó a una

reducción sustancial de los recursos canalizados al sector, pero fue hasta 1991 en

que se profundizó y definió claramente el proyecto modernizador del Estado. El

fracaso del SAM evidenció los enormes rezagos estructurales del agro mexicano y el

deterioro productivo en el que se encontraba inmersa la mayoría de los productores

rurales.


83

De ese modo, A partir de 1983 se inició una tendencia de producción agrícola

decreciente que no se revertiría durante toda la década. La producción de los

principales granos básicos disminuyó en los siguientes años, al tiempo que las

importaciones se incrementaron considerablemente, colocando en los signos

negativos la balanza comercial agropecuaria. Sólo ciertos cultivos como el sorgo, la

soya y el trigo aumentaron su volumen durante algunos años del periodo, en

detrimento del maíz y el frijol. El sector agrícola mantuvo su rezago relativo, a pesar

de que se desarrollaron procesos destinados a fincar los cimientos de una

reestructuración productiva basada en la modernización de las zonas de mayor

desarrollo capitalista y de los cultivos de punta ligados al mercado agroexportador,

así como en la desarticulación de la economía tradicional campesina (Medina et al.,

s.f.:70).

Todos los cambios en la estructura económica, implicaban cambios

jurídico-políticos, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

debía reformar algunos artículos, como es el 2728, que ha observado reformas

sustanciales, desde sus primeros 75 años de vida constitucional; sin embargo, nunca

había sufrido un cambio tan drástico como el propuesto por la administración

salinista29 (Medina Ciriaco, 2006:12-17).

En este sentido, en la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari

(1989-1994) se promovió la modificación de los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27

y 130. Se establecieron las nuevas bases para el desarrollo económico, mediante

reformas para replantear las relaciones entre Estado y sociedad, con la intención de

avanzar en la llamada modernización del país.

28

La última modificación fue realizada el 6 de enero de 1992 29 La introducción de las políticas de libre mercado y la retirada de los créditos al sector rural

provocaron un descontento general entre los productores. Es por ello que en septiembre de 1990, cerca de 10,000 campesinos del Noroeste, del Bajío y del Sur marcharon hacia la Ciudad de México exigiendo, entre otras medidas, la modificación de la política agraria. Para los campesinos, la principal propuesta de reformas al artículo 27 era dar continuidad al contrato social de 1917 y su expansión. Por tanto, exigían una política definida para estimular la agricultura, con garantías de intensificar la producción rural del país y la autosuficiencia alimentaria, para asegurar la participación de los campesinos en la administración y los procesos de decisión, así como, para estimular y preservar la autonomía de las organizaciones campesinas.

84



Algunos de los mecanismos implementados incluyeron: reestructuración del

sector privado (formación de los nuevos grupos financieros y su relación con la

industria, el comercio y el campo, fundado en las políticas de exportación y

comercialización internacional); negociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), con Canadá y los Estados Unidos; redefinición del papel

del agro y de los nuevos agrupamientos sociales rurales y su impacto en la economía

nacional (reformas al artículo 27 constitucional); elaboración de políticas urgentes de

bienestar social tales como el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL);

conformación de un nuevo estatuto jurídico para regular las relaciones entre el capital

y el trabajo, y reconocimiento legal del Estado a las Iglesias (reformas a los artículos

3, 5, 24 y 130 de la Constitución).

Durante la administración salinista se dieron tres cambios importantes en las

políticas sociales:

1. En el nuevo papel que se otorgaba al Estado como actor comprometido

con la justicia y el bienestar, la política social se colocó como el centro y eje de la

acción pública, prueba de ello fue el incremento significativo que se dio al gasto

público durante ese sexenio, pasando de 21 a 55 por ciento del presupuesto del

gasto federal.

2. Bajo los nuevos paradigmas del desarrollo, la política social se planteó

como objetivo primordial el acceso de toda la población a unos servicios mínimos, lo

que podía satisfacer en distintas modalidades y con la participación de actores

sociales y privados.

3. Un tercer cambio radicó en que la población se volvió corresponsable de la

política social, mediante una mayor participación (Ceja, 2004:15).

Algunos de los efectos de estas reformas provocaron en el sector

agropecuario, por un lado, la agudización del problema de la autosuficiencia

alimentaria y la incapacidad del sistema financiero rural en proveer al sector con

capital para inversiones de largo plazo en "tecnologías competitivas‖ y, por el otro,

los esquemas de asociación han contribuido a fortalecer el poder económico de los


85

grandes empresarios, industriales y comerciales, que operan en las cadenas de los

sistemas-producto del sector agropecuario y forestal. Así, el ingreso generado en

estas actividades ha tendido a concentrarse en pocas manos y la migración rural se

vio incrementada.

La inversión pública y el gasto público destinados al sector, se mantuvieron en

términos reales al mismo nivel de 1988, descendiendo su importancia relativa dentro

del presupuesto (Tapia, s.f.:7). La estrategia salinista, por su parte, lejos de buscar

nuevos caminos, profundizó el proceso de liberación de la agricultura mexicana y su

privatización avanzó decididamente30.

La apertura de las fronteras económicas repercutió de manera significativa, en

primer lugar, porque México redujo enormemente los aranceles para la importación

en un plazo muy corto y de manera unilateral, lo que colocó a los productores

exportadores estadounidense en condiciones ventajosas; en segundo, porque la

entrada masiva de productos agropecuarios sin ningún control afectó los precios

nacionales con tendencia a la baja.

En este sentido, las reformas realizadas al Artículo 27 constitucional, junto con

las políticas agrícolas promovidas por el gobierno federal de la época propiciaron el

proceso de reestructuración del campo.

Abelardo Rodríguez reformó el artículo 27 constitucional el 30 de diciembre de

1933, publicándose en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1934,

cambió la Ley Carranza que protegía el derecho de los propietarios afectados a

30 En un corto periodo se precisaron los principales ejes de la nueva política tendientes a la

disminución de la participación estatal en el sector a través de la privatización de empresas estatales; la desregulación de los mercados de productoras agrícolas, liberalización de precios, eliminación de subsidios y la anulación de los gravámenes a las importaciones. La eliminación de los subsidios y la privatización o extinción de muchas agencias públicas del sector rural, afectaron el acceso al crédito, seguros, a los mercados, a tecnologías modernas, semillas mejoradas, agua y riego, asistencia técnica e infraestructura básica y aumentaron los costos de insumos y servicios. El abandono de los campesinos por los programas del sistema financiero rural y el cierre de la Aseguradora Nacional Agrícola y Pecuaria S.A. fueron parte del desmantelamiento del sector rural. Recortes en los préstamos además de la redirección de los préstamos hacia los grandes productores, y el debilitamiento de las instituciones fue acompañado por la falta de establecimiento de agencias financieras privadas en las comunidades.

86



acudir al juicio de amparo cuando en los procedimientos agrarios se violaban sus

garantías individuales, mediante una reforma constitucional. A partir de esa

publicación, los propietarios afectados por resoluciones presidenciales que afectaran

sus tierras, estaban imposibilitados para acudir al juicio de amparo, por más

arbitrariedades que se cometieran en su contra.

La segunda reforma al artículo 27, fue la del 6 de diciembre de 1937, en ésta

se adicionaron aspectos agrarios de importancia, como el derecho de los núcleos de

población para el disfrute común de tierras, bosques y aguas que les hubiesen sido

restituidas; señalando que la federación es componente para resolver los conflictos

de las comunidades indígenas. Posteriormente, el 12 de febrero de 1947, estableció

la unidad individual de dotación fijando una extensión mínima de diez hectáreas de

riego, también establece el recurso de amparo en materia agraria a favor de los

pequeños propietarios. Años después, el 3 de febrero de 1983, se agregaron nuevos

conceptos, tales como la impartición de justicia agraria y desarrollo rural integral.

Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación del 10 de agosto de 1987, se elevó a rango constitucional los principios

de preservación y restauración del equilibrio ecológico así como la protección del

ambiente. Los preceptos constitucionales reformados fueron

a) el artículo 27 párrafo tercero, el cual concede a la nación:

El derecho para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el

interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los

elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de cuidar su

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia se dictarán las

medidas necesarias para prevenir y restaurar el equilibrio ecológico.

b) El artículo 73, fracción XXIX-G de la constitución, señala como facultad del H.

Congreso de la Unión: ―expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno

federal, los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus


87

respectivas competencias, en materia de protección y preservación y restauración el

equilibrio ecológico‖.

Finalmente, la reforma más contundente al artículo 27, fue la del 6 de enero de

1992, cuyo objetivo era liberar la tierra y ponerla a disposición del mercado, a efecto

de ―capitalizar el campo‖. En este sentido, las principales reformas al artículo fueron

dar certidumbre al campo y el fin del reparto agrario, capitalizar el campo por medio

de nuevas formas de asociación, proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal,

justicia agraria a través de la creación de Tribunales Agrarios31 dotados de

autonomía y plena jurisdicción y una Procuraduría Agraria (ver cuadro 2).

Cuadro 2 | Reformas al artículo 27 (1917-1992)

1934, enero 10

Ref o rm as en XVIII f racciones (elim in ación d e con t roversias,

red acción ; se com p let a la d oct r ina revo lucionar ia en m at er ia

agrar ia)

1937, d iciem b re

6

Fracción VII, ju r isd icción f ed eral en con f lict os com unales y

com un id ad es agrar ias.

1947, f eb rero 12 Fracción X, am p liación d e d o t ación a ejid o s en 10 hect áreas; XIV,

am p aro a in af ect ab les y XV, no af ect ación a p eq ueñ a p ro p ied ad en

exp lo t ación .

1983, f eb rero 3

Fracción XIX, garan t ía d el p r incip io d e segur id ad jur íd ica en la

t enencia d e t ier ra; XX, d esar ro llo r ural in t egral.

1987, agost o 10 Pár raf o t ercero , m o d alid ad es a la p rop ied ad p r ivad a p ara

p reservar y rest aurar el eq uilib r io eco lóg ico .

1992, enero 6

Se d eroga la d o t ación d e t ier ra y creación d e nuevos cen t ros d e

p ob lación agr íco la; socied ad es com erciales p od rán ser

p rop iet ar ias; se d ero ga p roh ib ición d e ad q uir ir b ienes raíces o

cap it ales so b re p ob laciones agr íco las; lib er t ad d e asociación a

ejid at ar ios y com unero s; se d eroga f racciones sob re o rgan ism o s d e

im p ar t ición d e just icia agrar ia y sus m ecan ism os; p roh ib ición d e

lat if und ios; creación d e Tr ib un ales Agrar ios.

Fuente: Sayeg, J. (1992), El Constitucionalismo social mexicano, en Medina et al. (s.f.), Estructura socioeconómica de México II, p. 73.

Los aspectos fundamentales que sustentaba el Artículo 27 en la versión

anterior eran:

a) Desaparición del latifundio.

31

la creación de los Tribunales Agrarios, como órganos jurisdiccionales plenos, pues antes el presidente de la República y la Secretaría de la Reforma Agraria, asumían en sí mismos, dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, en contradicción a lo establecido por el Artículo 49 Constitucional.

88



b) Establecimiento de la pequeña propiedad.

c) Dotación de tierras.

d) Señalamiento de autoridades agrarias.

e) Integración de la reforma agraria (dotación de los medios para explotar la

tierra).

En cambio, las reformas anunciadas en el III Informe de Gobierno de Carlos

Salinas de Gortari aprobadas en enero de 1992, esencialmente fueron:

a) Fin del reparto agrario.

b) Apertura del campo hacia sociedades mercantiles.

c) Libertad de asociación.

d) Creación de tribunales agrarios (Medina et al., s.f.:72).

Los objetivos de la nueva ley eran disminuir el crecimiento del minifundio,

promoviendo inversiones para aumentar la producción, con la promesa del

presidente Salinas de generar más empleos y crear organizaciones para los

trabajadores agrícolas. Sin embargo, las reformas rompieron con los mecanismos

básicos de defensa de la población rural mayoritaria y abrió las puertas al capital

privado hacia un esquema de mercado que no asegura la suficiencia alimentaria, ni

una efectiva modernización de los medios de producción, ni menos aún la elevación

del ingreso rural; su contenido destacaba incrementar la intervención del capital

privado en el agro mexicano, para que finalmente pudiera competir con las

importaciones de productos agropecuarios libres de aranceles.

Por su parte, para fines de nuestro estudio, uno de los principales cambios

consistió en la forma de tenencia de la tierra. Dichas modificaciones tendieron a

eliminar aspectos que podrían haber creado inseguridad en la tenencia de la tierra,

no sólo afirmando los límites y condiciones ya dadas a la ―pequeña propiedad‖, sino

disminuyendo la posibilidad de afectación agraria, incluso en los casos en que se

trataba de propiedades que no cumplían una función social productiva.

En este sentido, las nuevas reformas eliminaron todo lo relacionado con el

esquema de afectaciones, conservó los límites máximos a los que puede aspirar un


89

propietario y redefinió lo siguiente: ―Se considerará pequeña propiedad agrícola la

que no exceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes

en otras clases de tierra‖ (Medina et al., s.f.:74). Se suprimió la idea o el concepto de

tierras de explotación, lo que vuelve inafectable a los pequeños propietarios que por

causas diversas, decidieran retirar sus tierras de cultivo por uno o varios ciclos

productivos.

El fin de reparto agrario elevado a rango constitucional constituyó otro de los

elementos clave de la reforma. Dentro de este esquema, incluso ―los excedentes‖ de

la propiedad privada quedan liberados de la ilegalidad –dejan de ser objeto de

afectación agraria para convertirse en recursos que el propietario tendría la

posibilidad de vender, en su propio beneficio, en el límite de un año32. Otro punto de

importancia es la concesión del dominio pleno sobre el sistema parcelario de los

ejidos y la posibilidad de cambio de régimen de propiedad de ejidal a privado.

De esta manera las reformas constitucionales al Artículo 27 han dado

seguridad plena a las grandes extensiones de tierra y han posibilitado la

liberalización de las tierras ejidales y comunales. Sin embargo, algunos críticos han

considerado que las principales consecuencias han sido la ruptura del contrato social

rural, la privatización del ejido, la destrucción de las comunidades agrarias indígenas,

la creación de nuevas formas de concentración de la tierra y la expulsión de millones

de familias rurales para las ciudades.

Anteriormente, las formas más comunes de acceso a la tierra en México eran

por arrendamiento33, la subcontratación, la hipoteca, el préstamo y la aparcería34. De

32 Esta línea de apoyo a la propiedad privada en cualquiera de sus formas quedó reafirmada con una

propuesta adicional: que los ganaderos dedicaran una parte de sus tierras a uso agrícola, manteniendo –sin peligro de afectación- los límites determinados de extensión territorial. 33

Contrato mediante el cual una persona llamada arrendador transfiere temporalmente el uso o goce

de una cosa, a otra denominada arrendatario, quien paga por ello un precio cierto. La Ley Agraria (LA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992 -la cual derogó a la Ley Federal de la Reforma Agraria (LFRA)-, permite la celebración de este contrato a los núcleos respecto de sus tierras de uso común y a los ejidatarios y comuneros sobre sus parcelas (véase LA, artículos 45 y 79). 34

Explotación agrícola con base en un contrato entre el propietario de la tierra y el campesino que la

trabaja, por virtud del cual este último toma el nombre de aparcero y se compromete a pagar al titular, en concepto de arriendo, una parte de los productos de la explotación. En la LA los ejidatarios y

90



acuerdo con algunos estudiosos (Aguilar, 2001; Cruz, 2001; Vargas, 2001; Chávez,

2005; Hernández, 2005; Olivera, 2005; entre otros) después de la reforma y con el

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y solares urbanos (PROCEDE), el

mercado de tierra se ha movilizado en forma de compra y venta, arrendamiento y

otras formas de transacción de tierra entre los miembros de las comunidades rurales

y con terceras personas ajenas al campo.

En 1995, la población de México que vivía en áreas urbanas era el 73% y más

del 60% del crecimiento urbano ocurrió por medio de la apropiación ilegal de las

tierras del ejido, de ahí que el programa "100 ciudades" de la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL) anunció la urbanización de 120 mil hectáreas de tierra

de ejidos para la expansión de las principales ciudades mexicanas.

Pero el sistema de propiedad del ejido abarca mucho más que el México rural;

la mitad de las tierras comunales se encuentran cerca de las ciudades que más

crecen en el país35. La reforma de 1992 ha permitido que los dueños de las tierras

comunales se asocien con inversionistas privados o vendan sus tierras a empresas

de construcción civil o se conviertan en víctimas del desarrollo urbano que destituye

a la comunidad de su tierra e identidad.

Hasta aquí se ha realizado una revisión de los antecedentes que generaron

una estructura de la propiedad de la tierra en nuestro país y la importancia que tuvo

el artículo 27, en sus orígenes como una función social que coadyuvó a la dotación

de tierras para el campesinado mexicano. Sin embargo, las reformas realizadas en

1992 dentro de un marco de una economía neoliberal reestructuraron dicha función

social, facultando a los ejidatarios la certidumbre jurídica sobre las parcelas y la

posibilidad de asignarle un uso a las mismas que resultara más beneficioso. A

comuneros tienen el derecho de celebrar este tipo de contratos con integrantes del núcleo o con terceros (véase LA, artículos 45 y 79). 35 Tales como Cancún, Tijuana y otros núcleos tales como Ensenada, La Paz y Nogales (Noroeste),

Ciudad Juárez (Norte), Querétaro y Zamora (Centro-Norte), así como Cuernavaca y Tlaxcala en la zona centro. De igual manera en otras entidades impera la influencia de sus principales centros urbanos y zonas metropolitanas cercanas a ellas, tales como Baja California y Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche (Corona y Tuirán, s.f: 22).


91

continuación, se abordarán de manera preliminar, las características generales del

Estado de Colima y cómo está distribuida la tierra en términos de régimen de

propiedad, con la finalidad de revisar la importancia que tiene la tierra ejidal en el

desarrollo urbano del Estado y de manera más específica, el área de estudio.

3.4 La estructura de la propiedad en Colima

El Estado de Colima se encuentra en el occidente de la República Mexicana,

colinda al norte con Jalisco; al este con Jalisco y Michoacán; al sur con Michoacán y

el Océano Pacífico y; al oeste, con el Océano Pacífico y Jalisco. Ocupa el vigésimo

octavo lugar a nivel nacional en extensión territorial36, tiene una superficie de

5,490.27 km2 (INEGI, 2005), que representa el 0.3% de la superficie del territorio

nacional (ver mapa 1).

Mapa 1 | Municipios del Estado de Colima y su localización geográfica

36

y ocupa el 4° lugar entre los estados más pequeños después de Tlaxcala, Morelos y el Distrito

Federal

92



Se divide, para efectos políticos administrativos, en 10 municipios: Armería,

Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo,

Tecomán y Villa de Álvarez37 (ver mapa 1). De los 567,996 habitantes en la entidad,

Manzanillo (tiene 137,842), Colima -capital del estado- (132,273), Villa de Álvarez

(100,121) y Tecomán (98,150), ocupan los cuatro primeros lugares en cantidad y

densidad poblacional, los cuales en conjunto representan el 82% del total de

población en la entidad.

Además, los datos presentados reflejan que estas cuatro municipalidades

concentran en sus respectivas localidades urbanas más del 89% de dicha población

(tabla 1), lo cual refleja la actividad económica generada en las ciudades por la

vocación de la zona, la accesibilidad y ubicación geográfica que los ha señalado

como puntos estratégicos dentro de un escenario local, regional o global destacando

por su actividad económica y dinámica urbana.

Tabla 1 | Características geográficas y demográficas del Estado de Colima por municipio al año 2005

Municipio

Habitantes

Extensión territorial

(Km2)

% respecto a la sup. total de la

entidad

Densidad de

población

Población

urbana

Estatal

567,996

5,490.27*

Armería 24,939 341.60 6.22 73.01 21,098

Colima 132,273 668.20 12.17 197.95 121,427

Comala 19,495 254 4.63 76.75 8,519

Coquimatlán 17,363 328 5.97 52.94 11,373

Cuauhtémoc 25,576 373.20 6.80 68.53 18,952

Ixtlahuacán 4,759 468.70 8.54 10.15 2,123

Manzanillo 137,842 1,578.40 28.75 87.33 112,617

Minatitlán 7,478 215 3.92 34.78 3,515

Tecomán 98,150 834.77 15.20 117.58 87,550

Villa de Álvarez

100,121 428.40 7.80 233.71 97,718

* Otras fuentes señalan extensiones territoriales para la entidad de 5625 y 5142.56 Km2

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005; y Enciclopedia de los municipios de México

37

por decreto no. 119 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima de fecha 3 de junio de

1967


93

En cuanto a la superficie total del estado, se tenían contabilizadas hasta

septiembre de 2006, un total de 546,600 Has. de tierra, clasificada de acuerdo al

régimen de propiedad en ejidal, comunal, privada, federal –o terrenos nacionales-,

colonias agrícolas y otros (zonas urbanas, cuerpos de agua, zonas federales, entre

otros).

En este sentido, el régimen de propiedad predominante en la entidad es el

ejidal, con el 56.43% de la superficie total, es decir 308 mil 439 Has. distribuidas en

162 núcleos ejidales, la mayoría ejecutados38, beneficiando a 15 mil 157 ejidatarios

en todo el estado. En segundo lugar, le sigue la propiedad privada (35.10%), con un

total de 191 mil 838 Has. distribuidas en 4 mil 331 predios de pequeña propiedad a lo

largo de la superficie estatal.

A esa superficie le siguen otros tipos de propiedad39 con un 7.39%, repartida

en 278 predios que suman un total de 40 mil 396 Has., y finalmente, está la

propiedad comunal, con el 1.08% constituida por 2 núcleos agrarios en una superficie

de 5 mil 926.84 Has., para 318 comuneros o beneficiados (ver tablas 2 y gráfico 1).

Tabla 2 | Estructura de la propiedad de la tierra en el Estado de Colima

NUCLEOS

ARARIOS BENEFICIADOS PREDIOS

SUPERFICIE

(Has.) %

Ejecutados 162 15157 308,439.00 56.43

No ejecutados 1 83 361.00

Ejecutados 2 318 5,927.00 1.08

No ejecutados 0 0 1,287.18

0 0 0 0.00 -

4331 191,838.00 35.10

0 0.00 -

278 40,396.00 7.39

Ejecutados 164 15475 4740 546,600.00 100.00

No ejecutados 1 83 1,287.18

SUPERFICIE TOTAL: 546,600 HAS. NO. DE MUNICIPIOS: 10

TIPO DE TENENCIA

Ejidal

Comunal

Colonias

Privada

Terrenos Nacionales

Otros ( Zonas urbanas, Cuerpos de

agua, Zonas federales, etc.)

TOTAL

38

Significa dar cumplimiento de una obligación legal para la dotación y ampliación de tierras dispuesta a través de una resolución presidencial. 39

Cabe señalar que de acuerdo a la clasificación mencionada el estado no tiene terrenos de propiedad de la nación ni como colonias agrícolas

94



Fuente: Registro Agrario Nacional. Última actualización septiembre de 2006

estructura agraria

56.4335.10

7.39 1.08

Ejidal

Privada

Otros

Comunal

Gráfico 1 | Distribución porcentual de la propiedad de la tierra en el Estado de Colima

Fuente: tabla 2

Una vez identificado el régimen de propiedad predominante en la entidad, los

cinco municipios que más propiedad social tienen son: Manzanillo, con 101 mil 954

Has. distribuida en 41 núcleos agrarios, cuya superficie equivale al 33% respecto al

total del área ejidal y aproximadamente al 19% del total de superficie del estado.

En ese orden de importancia le sigue Tecomán con 34 mil 052 Has. en 24

ejidos; Colima con 33 mil 428 Has. repartidas en 21 ejidos; Coquimatlán con 31 mil

312 Has. en 13 núcleos agrarios y finalmente Armería con un total de 26 mil 368 Has.

organizadas en 10 núcleos agrarios. Cabe señalar que el municipio que menos suelo

ejidal tiene es el de Villa de Álvarez con únicamente 5 mil 662 Has., correspondientes

al 1.8% del total de superficie ejidal y al 1% de la totalidad de la superficie del estado.

Respecto a la propiedad privada, la mayoría de los municipios presentan

superficies relativamente similares con un promedio de alrededor de 19 mil

hectáreas. Finalmente, los municipios que más tierra en régimen de pequeña

propiedad tienen son Colima y el último lugar lo ocupa Armería, con un total de 36 mil

732 y 8 mil 367 Has. clasificadas en este régimen, respectivamente.

También, se identificaron dos comunidades ubicadas en el municipio de

Comala (Zacualpan) y la comunidad de Ixtlahuacán, en el municipio del mismo


95

nombre, con superficies de 5 mil 735 y 192 Has., de suelo bajo el régimen comunal,

respectivamente (ver tabla 3).

Tabla 3 | Propiedad de la tierra en el Estado de Colima por municipio

Manzanillo 101,954 19,044 - 13,254 134,252 41 3,260 657 - -

Tecomán 34,052 33,989 - 6,449 74,490 24 2,133 901 - -

Colima 33,428 36,732 - 3,849 74,009 21 1,633 768 - -

Coquimatlán 31,312 12,817 - 1,562 45,691 13 1,401 277 - -

Armería 26,368 8,367 - 5,591 40,326 10 2,006 207 - -

Cuauhtémoc 24,389 12,213 - 1,984 38,586 11 2,115 373 - -

Ixtlahuacán 23,496 10,478 192 1,221 35,387 11 749 139 1 19

Minatitlán 18,840 19,333 - 1,442 39,615 12 726 228 - -

Comala 8,938 17,975 5,735 3,982 36,630 12 721 450 1 299

Villa de Alvarez 5,662 20,890 - 1,062 27,614 7 413 331 - -

Total 308,439 191,838 5,927 40,396 546,600 162 15,157 4,331 2 318

Comuni

dades

Comun

eros

MPO.

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA

(Has.)NUMERO DE

Superficie

Ejidal

Pequeña

PropiedadComunal

Otros (zonas

Urbanas,

Federales,

Cuerpos de

agua, etc.)

Total EjidosEjidata

rios

Predios

Pequeña

Propiedad

Fuente: Tercer informe de gobierno 2006, período octubre 2005-septiembre 2006

Con esos datos respecto a la estructura de la propiedad en el estado de

Colima, se puede observar que de acuerdo a la superficie total, más del 56% de la

tierra disponible pertenece al régimen ejidal. En este sentido, se confirma la

pertinencia de este trabajo, de acuerdo a la magnitud del fenómeno en el área de

estudio, considerando los cambios ocurridos a partir de 1992 en la organización

interna de los núcleos agrarios que pertenecen al AMC.

En el siguiente capítulo se delimitará el área de estudio, se analizarán las

acciones agrarias efectuadas en cada uno de los ejidos desde su fundación y

ampliaciones realizadas, así como otras acciones como expropiaciones y la

obtención del dominio pleno, la desincorporación de tierra de este régimen por

causas de utilidad pública y su certificación para, posteriormente, enajenar o destinar

la tierra al uso que el propietario considera más pertinente, llevadas a cabo a raíz de

las modificaciones al 27 constitucional.

96



4. La propiedad ejidal en el Área Metropolitana de Colima

El proceso de metropolización en Colima tiene sus orígenes desde el siglo

XVII, cuando por decreto los asentamientos contiguos de Colima y Villa de

Almoloyan (hoy ciudad de Villa de Álvarez) se separaron para pertenecer a dos

territorios jurisdiccionales que, sin embargo, siguieron conservando la estrecha

relación de crecimiento que los llevaría a formar la primera conurbación del Estado

en 1881. Los instrumentos de planeación aparecieron hasta 1940, cuando se definió,

por primera vez, un plano regulador que definió la estructura urbana de los dos

asentamientos, pero declarándose de manera oficial por decreto la dinámica de

conurbación hasta 198040 (ver plano 1).

40

publicado el 12 de julio de 1980 en el Periódico Oficial El Estado de Colima


97

Plano 1 | Conurbación Colima-Villa de Álvarez en 1981

Fuente: Chávez, M. (2005), Producción de suelo urbano en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000, p. 253

Fue en el período de la administración estatal de la Licda. Griselda Álvarez

que se reconoció a Colima y Villa de Álvarez como una unidad geográfica,

económica y social, declarando el límite de la zona conurbada mediante un radio de

11 kilómetros, cuyo centro se localizaba en el punto de intersección entre los límites

municipales y una recta que unía los dos centros históricos.

En 1997 la redefinición de los límites de la zona conurbada empezaron a

considerar dinámicas urbanas contiguas, pertenecientes a los municipios de

Comala41 que concentra gran parte del territorio de reserva ambiental de la región,

así como un centro turístico-cultural de defensa de la identidad colimense;

Cuauhtémoc42 como un territorio afectado por su localización intermedia a lo largo

del corredor económico regional Guadalajara-Colima-Manzanillo; y Coquimatlán43

como el principal distrito de agricultura de riego de la región y en donde se encuentra

uno de los campus de la Universidad de Colima44, el cual genera un flujo continuo

diario de población estudiantil y población en general hacia el centro de Colima (ver

mapa 2).

La continuidad de los municipios se presenta no sólo en su tejido urbano, sino

también en la interdependencia hacia el centro de generación de oferta y demanda

de empleo y de servicios básicos para el incremento o mejoramiento de la calidad de

vida de sus habitantes, creando así una ciudad-región con un carácter de defensa de

identidades locales al interior de sus células. La conurbación es sólo física para dos

municipios, pero virtual y sumamente intensa en los aspectos económicos y sociales

para las tres poblaciones continuas restantes.

41

A una distancia de 6 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Colima. 42

Localizado a 15 kilómetros al Noreste de la conurbación. 43

Ubicado a 10 kilómetros al Suroeste de la ciudad capital. 44

En éste se encuentran las áreas relacionadas con las ingenierías, ahí tiene su sede la Facultad de Arquitectura y Diseño.

98



Mapa 2 | Modificación de los límites para la Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez, publicado

en el Periódico Oficial El Estado de Colima, el 15 de noviembre de 1997.

El polígono que constituye el área de la futura expansión fue redefinido por

medio del decreto de modificación de los límites de la conurbación Colima-Villa de

Álvarez de 1997, incluye solamente parte de la superficie de los municipios de

Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc, por lo cual, de

acuerdo a la definición de Graizbord y Salazar (1986), denominaremos Área

Metropolitana de Colima (AMC), ya que el polígono no incluye la totalidad de los

municipios antes mencionados, sin embargo, este concepto no aplica en su totalidad,

ya que ésta no presenta una continuidad física del área edificada con el resto de las

localidades contiguas, pero tal y como lo señala Castells (1986), hay mayor

relevancia en la dinámica económica y social, así como en la relación funcional entre

la ciudad central y las localidades cercanas que están contempladas dentro del límite

metropolitano. La zona de estudio, hasta el momento se encuentra en un proceso de


99

consolidación urbana, el cual a mediano o largo plazo ampliará sus límites de

crecimiento, lo que seguramente lo convertirá en una zona metropolitana.

4.1 Características de los municipios que integran el AMC

El municipio principal del Área Metropolitana de Colima se localiza en el Valle

de Colima tiene una altura promedio de 550 metros sobre el nivel del mar, limita al

norte con el municipio de Cuauhtémoc, al sur con los de Ixtlahuacán y Tecomán; al

sureste con municipio de Chinicuila, Michoacán; al este con el municipio de Pihuamo,

Jalisco; al oeste con el municipio de Coquimatlán y al noroeste con el de Villa de

Álvarez, tiene una extensión territorial de 668.2 km2.

Colima tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano y tiene terrenos

suaves y ricos en materia orgánica, los cuales son aptos para el uso agrícola y la

ganadería. La agricultura de riego más importante se encuentra en la parte oeste del

municipio, en el que cerca de 70 mil hectáreas se destinan a este uso con cultivos

como maíz, arroz, frijol y café, los cuales equivalen al 10.25% del área municipal.

De los 132 mil 273 habitantes del municipio contabilizados en el año 2005 e

integrados en 126 localidades (INEGI, Conteo de población y vivienda), más del 91%

vivía en la cabecera municipal, la cual ya integró en su área urbana a las

comunidades de El Diezmo y La Estancia. La población urbana se concentra

principalmente en la localidad de Colima -cabecera municipal y capital del estado45.

La ciudad de Colima tiene una superficie de aproximadamente 3 mil 200 Has.,

en las que se han construido, desde 1957 a la fecha, aproximadamente 110 colonias

y/o fraccionamientos; está perfectamente comunicada y a sólo 50 kilómetros de

algunas de las mejores playas del litoral colimense.

En el municipio de Colima la primera dotación fue otorgada en 1918 para

constituir el ejido Asmoles y la última en 1987 para el núcleo agrario El Astillero de

Arriba, con esas acciones se le asignaron un total de 33 mil 428 hectáreas de suelo

45

Tepames, Lo de Villa, Piscila, El Chanal, Estampilla, Las Guásimas, Los Ortices, Tinajas, Loma de Juárez, Puerta de Anzar, La Pradera y Los Asmoles, son algunas de sus principales poblaciones rurales.

100



social, de los cuales 5,442.25 Has. son de uso común, 29 mil 419.99 son de tierra

parcelada y 371.71 Has. son para el asentamiento humano; la propiedad ejidal es el

régimen de propiedad de la tierra predominante en este municipio, seguido por la

propiedad privada. Colima, con sus 21 ejidos46 es el municipio que más núcleos

agrarios tiene a nivel metropolitano y el tercero a nivel estatal, después de Manzanillo

y Tecomán.

El segundo municipio del AMC es el de Villa de Álvarez47, limita al norte con el

de Comala; al suroeste, con el de Colima; al noroeste con el de Minatitlán; al

suroeste con el de Coquimatlán y al este con el municipio de Cuauhtémoc. Tiene una

superficie total de 428.4 km2, esto es el 7.8% de la superficie estatal, y ocupa el

quinto lugar entre los diez municipios del estado.

Villa de Álvarez tiene una población de 100 mil 121 habitantes (INEGI: 2005),

de ésta, el 97.6% radica Villa de Álvarez -la principal localidad urbana del

municipio48-, tiene un clima cálido subhúmedo y semicálido subhúmedo con lluvias

en verano.

El uso del suelo está distribuido de la siguiente manera: el 60% del territorio

es de uso forestal; 35% es utilizado para la explotación agrícola y solamente un 5%

para la explotación pecuaria. Respecto a la calidad de los suelos, y en orden de

importancia, de las 27, 017 hectáreas de tierra que posee Villa de Álvarez, 8,996

Has. son de calidad agrícola (33.3%); 7,925 corresponden a tierras maderables, no

maderables e improductivas (29.33%); 6,484 son cerriles (25%); y, por último, 3,612

Has. son llanuras, esto es 13.37% de la superficie total.

47

Antes de la llegada de los españoles al estado de Colima, el poblado indígena existente se llamaba Almolonia. El municipio recibe su actual designación de dos fuentes distintas: El título de Villa lo hereda del pueblo de San Francisco de Almoloyan, fundado en 1553 y elevado a Villa de San Francisco de Almoloyan el 10 de Septiembre de 1824. Posteriormente, el 15 de septiembre de 1860 su nombre cambia a Villa de Álvarez, en honor al Gobernador de Colima, Manuel Álvarez, asesinado tres años antes. Mediante decreto No. 146 del gobierno del estado del 28 de junio de 1991, toma un nuevo nombre la cabecera municipal; Ciudad Villa de Álvarez. 48

El 2.4% restante, reside en localidades rurales como El Mixcoate, Pueblo Nuevo, Juluapan, Picachos, Joyitas, Nuevo Naranjal, La Lima, Pastores y El Chivato.

http://es.wikipedia.org/wiki/Colima


101

La superficie agrícola es de tres tipos: de temporal, que representa el 89.8%

del área total con 7,784.4 Has.; en segundo lugar están las tierras de riego con un

9.5% y 821.6 Has.; y finalmente de humedal, que constituye el 7% restante con un

total de 63.5 Has. En la agricultura se cultivan cítricos y cultivos perennes49; en la

piscicultura se tiene un estanque para la cría de peces en las localidades Pueblo

Nuevo y Agua Dulce; en el Nuevo Naranjal existen estanques para la acuacultura y

también tienen actividad ganadera.

La mayor parte del suelo del municipio de Villa de Álvarez pertenece al

régimen de propiedad privada, la parte restante es suelo ejidal, sobre esto último, en

el municipio la primera dotación le fue otorgada en 1935 y la última en 1979, para los

ejidos de Agua Dulce, así como para El Mixcuate y el Naranjal, respectivamente; con

esas acciones, se le asignaron por dotación a este municipio una superficie de 5 mil

578.71 hectáreas de suelo social, de las 6 mil 949.43 hectáreas que tiene50 (INEGI,

2006:15). En todo el estado, este municipio es el que menos suelo social tiene,

dividido en los ejidos Agua Dulce, Juluapan, El Mixcuate, Villa de Álvarez, El

Naranjal, Pastores y Pueblo Nuevo; el régimen de propiedad predominante es el

privado.

El tercer municipio de Comala51

, cuya cabecera forma parte del AMC, se encuentra

situado al norte del estado, a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar, por su

cercanía al volcán de Colima, parte de su territorio se localiza en una zona

montañosa caracterizada por un conjunto de lomeríos, cañadas y arroyos con clima

cálido subhúmedo.

La cabecera municipal de Comala se encuentra a una distancia de 6

kilómetros de la ciudad de Colima, el municipio limita al norte con el de Zapotitlán,

49

Cítricos como: Sandía, arroz, chile verde, jitomate, tomate verde y pepino. Perennes: Café, tamarindo, limón, papaya, aguacate, guanabana y ciruela. 50

En esta superficie ya están incluidas las superficies otorgadas por ampliación. 51

Estudios realizados por varios arqueólogos (ver Olay Barrientos 1997 y 2004) estiman que los pobladores más antiguos del territorio de Comala datan de hace más de 3,000 años, dando origen a la llamada fase Comala

51; a este lugar se le dio la categoría de municipio en 1964, con un área de 254

Km2 (5.20% de la superficie del estado), fue de los pocos asentamientos en el estado de Colima en

que la población campesina luchó por la tierra, derivado de ello, ahí se obtuvo la primera dotación (Zacualpan) en la entidad y al final de ese proceso se constituyeron 14 núcleos ejidales.

102



Jalisco; al este colinda con el de Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, ambos en el estado

de Colima; al sur limita con Villa de Álvarez y al oeste con éste último municipio y con

el de Minatitlán. En su territorio se desarrollan 100 localidades, el 81% menores de

50 habitantes, la mayor concentración está en la cabecera con una población, que en

el año 2000 tenía 8 mil 273 habitantes52, le sigue Suchitlán, por su número de

habitantes, que en el año de referencia eran 3 mil 802 y Nogueras, otro asentamiento

cercano a la cabecera municipal, el cual tenía 314 habitantes; de acuerdo al censo

más reciente, la municipalidad tiene una población aproximada de 19 mil 495

habitantes (INEGI, 2005).

De acuerdo al convenio de modificación de límites de la zona conurbada de

Colima-Villa de Álvarez publicado en 1997, el centro de población Comala se incluyó

en la zona metropolitana de Colima, quedando los ejidos de Nogueras, El Pedregal y

Comala dentro de ella. Las localidades objeto de este documento se localizan muy

cerca de la cabecera municipal: El Pedregal53 a menos de un kilómetro, Nogueras a

1 Km. y Suchitlán a 10 Km.; de hecho, las dos primeras prácticamente se han

conurbado con la cabecera.

Desde el punto de vista geográfico, en la parte sur del municipio se presenta

un clima cálido subhúmedo; al norte es de clima más húmedo, y al suroeste hay un

clima intermedio entre los anteriores por el grado de humedad, la mayor parte de la

superficie es de uso forestal, y ocupa un área importante la agricultura, y en menor

cantidad la destinada a la actividad pecuaria.

Respecto a la flora, la superficie con vegetación natural está compuesta por

selva baja con especies caducifolias, bosque con especies latofoliadas y

52

El resto de sus poblaciones se distribuyen de la siguiente manera: cuatro son menores a los 100 habitantes, diez son menores a los 500, una localidad es menor a mil habitantes, dos menores a los dos mil y una menor a los cinco mil. 53

Su población está agregada a la de la cabecera municipal.


103

asociaciones especiales de vegetación con materiales subinermes54. La fauna de

este municipio la componen mamíferos55, roedores56 y aves57.

El municipio de Comala tiene un entorno natural donde la flora y la fauna se

integran junto con el paisaje del volcán de Colima, el cual sirve de base del desarrollo

de la región. El área de bosques es muy amplia, predominando los árboles de gran

follaje que forman un área verde en la que cerca del área urbana actual de la

cabecera sobresalen varias huertas, por lo anterior, esta municipalidad destaca en el

estado de Colima por sus áreas protegidas, éstas son el Parque Nacional "Volcán de

Colima"58; El Jabalí, área de protección forestal y refugio de la fauna silvestre59;

reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán60; y Las Huertas de Comala, área de

protección de los recursos naturales61. Además de las anteriores disposiciones, por

las características de la arquitectura, se declaró la protección del centro histórico

mediante el decreto presidencial del 30 de noviembre de 1988.

De acuerdo a los alcances de este trabajo, sólo mencionaremos que las áreas

protegidas manifiestan la riqueza natural de Comala y de ellas, sólo una se

encuentra en la cabecera municipal, la de las huertas62, esta zona abarca una

superficie de 167-01-00 Has., por sus cualidades, desde 1996 tiene un reglamento

interno consensuado y aprobado de manera interna por los propietarios de las

huertas. Esta zona es el punto de conexión entre Comala y Nogueras.

54

Compuesta por nogal, cóbano, parota, higuera, rosa morada, primavera, tepemezquite, huizache, guásima, ciprés, fresno, pino; en frutales, el mango, ciruelo, guamúchil, nance, chico zapote y mamey. 55

Como venados, zorras, coyotes, tejones, mapaches, tlacuaches y jabalíes. 56

Ardillas, tesmos y tuzas, entre otras especies. 57

Como palomas, torcazas, codornices, urracas, chachalacas, pájaros carpinteros, churíos, ticuces, zopilotes, tecolotes, gavilanes, queleles, pericos, tapa caminos y calandrias. 58

Por decreto presidencial del 3 de agosto de 1936, que abarca una superficie aproximada de 22 mil hectáreas, de la cual sólo el 12.25% está en la jurisdicción de Comala. 59

Mediante decreto presidencial del 14 de agosto de 1981, sobre una superficie de 5 mil 178.56 hectáreas. 60

Por decreto presidencial del 5 de marzo de 1987, que protege un área de 139 mil 577.12 hectáreas distribuidas en los municipios de Comala y Minatitlán en el estado de Colima y del estado de Jalisco. 61

decreto presidencial de 1988, con una superficie de aproximadamente 167.01 hectáreas. 62

En la zona de las huertas, convergen tres tipos de propiedad de la tierra: federal, ejidal, y la privada, pero la administración les corresponde al gobierno estatal y a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, no obstante, aun cuando tiene bien definido su plan de manejo, éste no opera.

104



El reparto agrario en el Estado de Colima inició en 1917 en el municipio de

Comala, la primera dotación le fue otorgada en 1918 y la última en 1966, con esas

acciones, se le asignaron un total de 11 mil 14.45 hectáreas de suelo social;

actualmente, el régimen de propiedad de la tierra predominante en el municipio es el

ejidal, después le sigue el comunal y en tercer lugar la propiedad privada.

El municipio de Comala está integrado por 12 ejidos: Campo Cuatro, Comala,

Laguna Seca, Los Colomos, San Antonio, Cofradía de Suchitlán, El Pedregal, La

Becerrera, La Caja, Nogueras, Suchitlán y El Remate; y por la comunidad de

Zacualpan63. El primer ejido fundado en la municipalidad fue el de Suchitlán (1918) y

la última resolución en ejecutarse fue la del ejido El Remate, en el año de 1987,

beneficiando a un total de 1618 personas.

Por otra parte, el municipio de Coquimatlán, donde se encuentran dos

localidades incluidas en el AMC, se encuentra a 10 km. de la ciudad de Colima,

ocupa el centro del territorio del estado, limita al norte con el municipio de Villa de

Álvarez, al sur con Armería y Tecomán, al este con el municipio de Colima, al oeste

con Manzanillo y al noroeste con Minatitlán. La superficie total del municipio es de

320.19 kilómetros cuadrados lo que representa 9.33 % con respecto a la superficie

total del estado.

La población global de la municipalidad es de 17 mil 363 habitantes, de los

cuales el 65.5% radica en la cabecera municipal –localidad urbana- y el 34.5%

restante radica en otras localidades rurales64.

Casi todo el municipio de Coquimatlán posee un clima cálido sub-húmedo

seco, la aptitud del suelo en el municipio se utiliza en 24.81% para la agricultura con

sembradíos de riego y de temporal; el 75.19% está cubierto por monte bajo, bosques

y pastizales encontrándose enclavadas en esta superficie las 3,746 viviendas de la

cabecera municipal y sus 12 poblados.

63

En estos núcleos ejidales estaba el ejido Lagunitas; sin embargo, por el hecho de pertenecer territorialmente al Estado de Jalisco, actualmente ese estado lo regula y administra, dejando de pertenecer el municipio de Comala, Col. 64

Siendo las más importantes: Pueblo Juárez, Agua Zarca, El Chical, La Esperanza, El Poblado, Los Limones, La Sidra y El Algodonal.


105

Entre las actividades económicas que se practican en Coquimatlán están la

agricultura, la cual es la base fundamental de la economía del municipio, el total de

hectáreas cultivables es de 10,744, de las cuales 6 mil 682 son de riego y 4 mil 62 de

temporal y como cultivos principales se encuentra el maíz, limón, y arroz, así como

frutales y hortalizas; la ganadería65, la pesca a nivel rudimentario66, y finalmente la

minería67.

En Coquimatlán, la primera dotación fue otorgada en 1918 para el ejido del

mismo nombre, primero fundado a nivel metropolitano, las últimas acciones agrarias

fueron registradas en 1981 en los ejidos Lic. Luis Echeverría Álvarez y Cruz de

Piedra. El municipio está integrado por 13 ejidos: Coquimatlán, Cruz de Piedra,

Agua Zarca, El Chical, El Ranchito, Lic. Luis Echeverría Álvarez, Pueblo Juárez, Jala,

La Esperanza, La Sidra, Los Limones, El Colomo y El Algodonal. En general, este

municipio es, después de Colima, el que más superficie social tiene en la zona de

estudio, con un total de 33 mil 600.28 hectáreas de suelo social distribuidas en todo

el territorio municipal.

Finalmente, el municipio de Cuauhtémoc68

aporta una localidad a la AMC,

limita con el municipio de Tonila, Jalisco; al este con el de Pihuamo, Jalisco.; al sur y

sureste con el de Colima y al oeste con los de Comala y Villa de Álvarez, presenta

una altitud máxima de 2,700 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 600. Este

municipio tiene una superficie de 3 mil 732 k2, la cabecera municipal se encuentra a

15 Km. de distancia de la capital del Estado.

65

Con la cría de ganado bovino, porcino, caprino, caballar y aves. 66

Capturándose principalmente langostinos y chacales, existiendo también estanques de siembra de tilapia. 67

Explotándose yacimientos ferríferos del cerro Náhuatl, yeso, mármol y calizas. 68

Después de la conquista de México (1521) se estableció el Virreinato siendo su primer virrey D. Antonio de Mendoza, quién dispuso la construcción de la brecha llamada desde sus orígenes Camino Real de Colima desde México hasta el Puerto de Manzanillo. Esta histórica vía pasa por el centro de lo que hoy es la cabecera y Municipio de Cuauhtémoc. Desde principios del siglo pasado a orillas de este Camino Real se establecieron rancherías cuyos asentamientos fueron creciendo al grado que para el año de 1850 era esta comunidad reconocida como los Ranchos de San Jerónimo. Ya en 1870 se le denominaba congregación. En 1979, por decreto número 176 del Congreso del Estado se elevó a la categoría del Pueblo llevando el nombre de Guatimozín. Posteriormente, correspondió al Gobernador Felipe Valle elevar esta jurisdicción a la categoría de Municipio Libre con el nombre de Cuauhtémoc, el 15 de Enero de 1919.

106



Hasta el 2005, el municipio tenía una población de 25 mil 576 habitantes

(INEGI), el 74.1% están concentrados en las localidades tales como la cabecera

municipal de Cuauhtémoc, Quesería, El Trapiche, Buenavista y Alcaraces. El 25.9%

restante radica en poblaciones rurales y rancherías con menos de 1,000 habitantes

y están a pocos kilómetros de la cabecera municipal69.

Los climas del municipio por su grado de humedad son subhúmedos y con

relación a su temperatura, cálidos. Entre otros aspectos, la riqueza natural

sobresaliente es la forestal, la parte norte del municipio posee maderas finas de alta

estima, como caoba, pino, nogal, encino, y en la parte media y baja se producen

parotas y primaveras, útiles en la industria y artesanías muebleras locales. Por lo que

se refiere a la fauna, pese a la destrucción del bosque, se encuentra un gran número

de mamíferos silvestres70 y aves71.

Cuauhtémoc tiene un amplio porcentaje de población económicamente activa

por sus fuentes propias y por su cercanía con la capital del Estado, el 50% del suelo

se destina a la actividad agrícola, un 30% al uso forestal, el resto es para el

desarrollo pecuario, vivienda, espacios y servicios públicos. Dentro del área agrícola

ocupa el primer lugar en el estado en el cultivo de la caña de azúcar abastecedora

del Ingenio Quesería, zona norte.

En los valles, concretamente en Buenavista, se cultiva arroz de calidad,

producción que destaca en primer sitio en el Estado de Colima, en menor escala se

produce maíz, frijol, sorgo grano, jícama, jamaica, camote, árboles frutales y

pastizales; además tienen cultivos cíclicos72 y también de tipo perenne73. En el área

de ganadería se produce en mayoría ganado bovino, y reviste singular importancia

69

Las localidades son Palmillas, Chiapa, Alzada, Ocotillo, Cerro Colorado, San Joaquín, Montitlán, El Parían, El Cóbano, Bajío de la Leona, La Parotita, así como diversos caseríos aislados. 70

Tales como jaguares, onzas, puma americano, coyotes, zorros, gatos montés, cacomixtles, tejones (coatí), mapaches, tlacuaches, venados, ardillas, conejos, serpientes diversas y roedores. 71

Como zopilotes, águilas, cuervos, gavilanes, lechuzas, tecolotes, jilgueros, tzentzontles, gorriones, mirlos, golondrinas, jardineros, tordos, palomas, codornices, torcacitas, zanates y peces en estanques y ríos. 72

Jitomate, sorgo, tomate verde, pepinos, jícama y camote. 73

Tamarindo, aguacate, cereza, guayaba, macadamia y nopales.


107

desde épocas de las haciendas, aprovechando el sistema de abrevaderos y pastos

inducidos.

Respecto a la tenencia de la tierra, predomina la de tipo ejidal y el resto es

propiedad privada. El municipio de Cuauhtémoc tiene una superficie de suelo social

en su territorio de 23 mil 989.49 hectáreas; de las cuales 1 mil 296.30 son de uso

común, 22 mil 510.23 Has. son de tierra parcelada y 182.96 son para el

asentamiento humano (INEGI, 2006:15). Esta superficie está integrada en 11 ejidos:

Alcaraces, Alzada, Buenavista, Cerro Colorado, Cuauhtémoc, Palmillas, Quesería,

Vicente Pinto, El Trapiche, Felipe Chávez y el ejido Fernández.

4.2 Los ejidos del Área Metropolitana de Colima

Los ejidos comprendidos dentro del Área Metropolitana de Colima y que forman

parte del presente estudio son los siguientes: en el municipio de Colima están

Cardona, El Diezmo, Francisco I. Madero, La Estancia, Lo de Villa, Acatitán y Piscila;

en el municipio de Villa de Álvarez, los núcleos agrarios de Villa de Álvarez y

Pastores; en el municipio de Comala los ejidos de Comala, Nogueras y El Pedregal;

en Coquimatlán los ejidos Coquimatlán y Los Limones; finalmente, en Cuauhtémoc

están ubicados los ejidos de El Trapiche y una fracción del ejido Buenavista (ver

plano 2).

En el presente apartado se hará un a revisión acerca del proceso de fundación

de los 16 núcleos agrarios incluidos en el área metropolitana de Colima, así como de

las ampliaciones solicitadas y, en algunos casos, concedidas; así como los

antecedentes se organizaron por municipio, para una mejor lectura.

4.2.1 Ejidos en el municipio de Colima

Como ya se mencionó, en el municipio de Colima, los ejidos a estudiar son

siete, de los cuales cinco se encuentran cercanos a la conurbación Colima-Villa de

108



Álvarez, éstos son: El Diezmo, Francisco I. Madero, La Estancia, Cardona, ubicados

en la parte norte y oriente y hacia el surponiente, del ejido Lo de Villa.

Los dos ejidos restantes de este municipio, es decir, los núcleos de Acatitán y

Piscila se encuentran hacia el suroriente, en los cuales sólo una fracción de éstos se

encuentra dentro de los límites del Área Metropolitana de Colima (ver mapa 3).

Mapa 3 | Ubicación de los ejidos Acatitán, Cardona, El Diezmo, Francisco I. Madero, La

Estancia, Lo de Villa y Piscila

En el caso de El Diezmo, los vecinos de la fracción del mismo nombre

solicitaron su segregación del poblado de Villa de Álvarez para formar un nuevo ejido

(ver gráfico 2). Originalmente, el núcleo de Villa de Álvarez estaba formado por

cuatro porciones separadas entre sí –provenientes de la afectación a la hacienda de

la Estancia-, siendo El Diezmo una de ellas, con una superficie de 987 Has.,

quedando constituido por 80 parcelas para los 79 ejidatarios que existían en el

mismo y la parcela escolar, cada una de 12 Has. y las 27 restantes se destinarían

para la formación de la zona urbana y para los servicios colectivos del mismo.


109

El resto del núcleo agrario de Villa de Álvarez quedaría como unidad ejidal

bajo la misma denominación que había tenido con una superficie total de 1245 Has.,

para usufructo de 90 ejidatarios residentes en ese lugar. Esta acción agraria en

definitiva se otorgó por resolución presidencial a los 26 días del mes de enero de

1949.

Gráfico 2 | División del ejido Villa de Álvarez para la creación del núcleo agrario El Diezmo Fuente: Chávez, M. (2005), Producción de suelo urbano en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000, p. 91.

El Moralete (Colonia Francisco I. Madero), se creó a raíz de la solicitud de

dotación de ejidos del 6 de noviembre de 1931, pero fue improcedente, aunque

posteriormente se revisó el caso, determinando que el núcleo solicitante estaba

formado por 45 individuos con derecho a dotación y se encontraba ubicado en

terrenos de la hacienda de La Estancia, propiedad del señor Luis Brizuela, esta finca

tenía terrenos suficientes para soportar la dotación, autorizando dicha acción agraria

en definitiva con una superficie total de 593 Has. de esta hacienda, con 368 Has. de

terrenos de temporal, para las necesidades agrícolas de los mencionados vecinos y

para formar la parcela escolar; y 225 Has. de terrenos de agostadero para las

110



necesidades colectivas de los mismos. La resolución presidencial se dio el 28 de

mayo de 1934.

El ejido La Estancia surgió por la petición, en 1936, de los vecinos del poblado

de La Estancia, se señaló como única finca afectable la hacienda del mismo nombre

como una sola unidad perteneciente a la sucesión de Luis Brizuela, y que a pesar de

haberse detectado un fraccionamiento en esta finca en 1935, se consideró

improcedente, ya que no existía en el terreno ningún amojonamiento que

determinara las porciones en que fue dividida, circunstancias que hicieron suponer

que el fraccionamiento aludido se hizo con el objeto de eludir la afectación a través

de la aplicación de las leyes agrarias.

Por ello, se concedió la posesión provisional y se dotó en definitiva al núcleo

solicitante con una superficie de 1325-30 Has., de las que 904 serían de temporal,

para beneficiar a 112 capacitados en materia agraria con la formación de 112

parcelas y una más para la parcela escolar y 421-30 Has. de agostadero para los

usos colectivos de los beneficiados. La resolución presidencial se dio tres años

después de la solicitud, a los 8 días del mes de febrero de 1939; publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre, y ejecutada el 1º de junio del

mismo año.

En el caso de Cardona, la solicitud fue realizada por los vecinos de la

ranchería de ese nombre en 1924, que resultó procedente y fue dotada con una

superficie de 210 Has. de terreno de temporal de primera, de segunda y de

agostadero tomados en su totalidad de la hacienda de La Estancia. Sin embargo,

posteriormente se consideró que los terrenos asignados no eran suficientes para

satisfacer sus necesidades, por lo que finalmente se asignó una dotación individual

de 8 Has. de tierras que eran de temporal y cerriles en su mayor parte con algo de

riego, sumando un total de 336 Has., autorizadas por resolución presidencial con

fecha de 25 de noviembre de 1925.


111

Posteriormente, este ejido fue beneficiado con dos ampliaciones74 con una

superficie de 321 Has., permitiéndole incrementar la superficie de dicho núcleo a un

total de 612 hectáreas.

Por su parte, el ejido Lo de Villa se originó cuando el 7 de julio de 1936 los

vecinos del poblado solicitaron la dotación de ejidos para satisfacer sus necesidades

económicas75, se les concedió, por resolución presidencial del 5 de julio de 1939, una

superficie total de 345 Has. de la fracción de la finca La Albarradita y anexas,

propiedad de María Teresa Irasábal, 70 Has. de agostadero con 60% laborable, de la

fracción de la finca La Albarradita y anexas, propiedad del señor Francisco de la

Macorra, 54 Has. de agostadero con 60% laborable; y de las fincas de El Pedregal y

El Espinal, pertenecientes a José María Ahumada, 281 Has. de agostadero con 75%

laborable; destinándose los terrenos laborables para formar 30 parcelas incluyendo

la escolar y los restantes para los usos colectivos de los solicitantes.

A este núcleo agrario le fue autorizada una ampliación por 125 Has. el 10 de

mayo de 1976, para 72 beneficiados, logrando incrementar su superficie a un total de

470 Has.

La fundación del ejido Acatitán fue promovida por los vecinos del poblado del

mismo nombre en el año de 193476 y aprobada con una superficie total de 770 Has.

74

Autorizadas con fecha de 5 de septiembre de 1939 y 5 de enero de 1976. 75

Se identificó que dichos vecinos eran esencialmente agricultores y que los predios afectables en el ese caso eran la fracción de la Albarradita y anexas, que aún cuando disponían de 179-50 Has. de agostadero, se le podían afectar solamente 70 Has.; en virtud de la cesión espontánea hecha por los propietarios sobre la fracción de la Albarradita, aun cuando disponía también de 179 Has. que la hacían esta propiedad inafectable conforme a la ley, solamente podrían tomarse 54 Has; así como otra fracción del predio El Pedregal y el Espinal, con una superficie total de 2 mil 582 Has. 76

La información recabada señaló que el núcleo solicitante se encontraba ubicado en terrenos de la hacienda de Acatitán y que por esta circunstancia sus vecinos que eran agricultores cultivaban principalmente maíz y frijol. Se determinó que la Hacienda de Acatitán y su anexo El Mezquite fueron planificadas con 3-20 has. de riego, 240 has. de temporal, 881-20 has. de agostadero de buena calidad y 484-60 has. de cerril. Se listaron a 110 habitantes agrupados en 29 familias, de los cuales 43 fueron considerados con derecho a dotación quienes fueron objetados por el propietario de la hacienda a afectar, quién argumentó que algunos de los individuos listados no eran vecinos del lugar, las viudas que figuraban en dicho padrón no tenían familia a quien sostener, o bien, que algunos de los solicitantes eran peones de la finca, testimonios que en su mayoría fueron rechazados por no contar con documentos oficiales que validaran dichos señalamientos.

112



de las cuales 352 son labor y 418 Has. son de agostadero, otorgando la posesión

provisional de la superficie dotada en el año de 1935.

Sin embargo, después de otra revisión censal, se detectó que finalmente eran

26 los vecinos del poblado que tenían derecho a parcela ejidal, procediendo a

conceder en dotación definitiva y modificando la resolución aprobada por el

gobernador del estado, una superficie total de 715 Has. tomadas de la hacienda de

Acatitán con 210 Has. de temporal y 3 de riego que se destinaron para formar 27

parcelas, incluida una parcela destinada para la escuela del lugar y 306 Has. de

agostadero y 142 Has. de terrenos cerriles para los usos comunales de los

solicitantes. Finalmente, la resolución presidencial para la dotación del ejido Acatitán

fue emitida el 1 de julio de 1936 y no ha tenido ampliación alguna.

El último ejido del municipio de Colima es el de Piscila, su fundación fue

promovida en septiembre del año 1935, dentro del radio de afectación legal que se

encontraba, en primer término, la hacienda de Piscila, con una extensión según el

levantamiento practicado, de 2 mil 684 Has. de las que 373 eran de temporal, 798

de agostadero con 10% laborable, 1502 Has. de cerriles y 11 Has. ocupadas por el

casco y caserío del poblado. En segundo término y como más inmediata al núcleo

gestor, se encontraba, además la hacienda del Alpuyeque, en la parte sur, propiedad

del Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano S.A., con una superficie de 900

Has. según datos del Registro Público de la Propiedad; sin embargo, el

levantamiento realizado señalaba para tal finca un total de 606.50 Has., de las que

508 eran de temporal y 98.50 de agostadero y cerriles.

Una vez realizados los trámites correspondientes, la Comisión Agraria Mixta

emitió su dictamen el 25 de abril de 1936, proponiendo una dotación de 848 Has. de

terrenos de temporal y agostadero, dictamen que el gobernador del Estado confirmó

en todas sus partes, habiéndose dado la posesión provisional el 1º. de mayo de

1936.

Sin embargo, se realizó una nueva revisión del padrón de beneficiados, con la

finalidad de emitir la sentencia definitiva, en ese momento se comprobó que existían


113

80 individuos con derecho a dotación y, por consiguiente, con derecho a una mayor

superficie que la previamente propuesta, por tal motivo se procedió a modificar el

fallo del gobernador del estado y a conceder al núcleo de referencia una dotación de

1759.80 Has. provenientes de la hacienda de Piscila, propiedad del Sr. Lic. Primo

Villa Michel, con 373 Has. de temporal, 530 de agostadero con 10% laborable y 596

Has. cerriles; y de la hacienda de Alpuyeque en la parte sur, perteneciente al Banco

Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, S.A., con 222.30 Has. de temporal y 38-

50 de agostadero; las tierras de labor sirvieron para formar 81 parcelas, incluyendo

una parcela escolar, y las de agostadero y cerriles para los usos comunales del

poblado beneficiado. La resolución presidencial fue emitida el día 8 de julio del año

1936.

Respecto a ampliaciones, este ejido fue beneficiado con una, publicada el 5 de

noviembre de 1941, otorgando una superficie de 1,380 Has. (casi igual a la que fue

dada para su fundación), sumando un total de 3,139.80 Has.

4.2.2 Ejidos en el municipio de Villa de Álvarez

Los ejidos del municipio de Villa de Álvarez, parte de este estudio, son el Villa

de Álvarez y Pastores, ubicados al poniente y norte de la conurbación,

respectivamente, pero solamente está incluida una fracción de cada ejido dentro del

límite metropolitano (ver mapa 4).

En el caso del ejido de Villa de Álvarez, el 7 de octubre de 1931 los vecinos de

ese poblado solicitaron la dotación de tierras, procediendo al censo general y

agropecuario, habiéndose listado a 1980 habitantes77.

Entre las fincas afectables, dentro del radio legal de 7 kilómetros, alrededor del

núcleo gestor, se encontraban la hacienda de La Estancia, la de La Capacha, los

predios denominados El Pedregal y El Espinal, la finca de El Torreón, así como los

predios de El Cortijo y Albarradita.

77

a partir de dicho censo se hizo de conocimiento que el fundo legal y la zona urbanizada comprendía una superficie de 129 Has., encontrándose rodeado de pequeñas propiedades con una superficie de 6067-80 Has. careciendo sus vecinos de terrenos comunales.

114



Mapa 4 | Ubicación de los ejidos Villa de Álvarez y Pastores

Posteriormente se determinó la dotación, considerando que las fincas

afectables eran La Estancia, El Torreón, El Cortijo, La Albarradita, La Capacha, El

Pedregal y El Espinal78 con un total de 2 mil 232 Has., que en total formarían 252

parcelas, incluyendo la parcela escolar. Esta resolución presidencial se emitió el 01

de octubre de 1935 (ver gráfico 3).

A pesar de que a este ejido le fueron desagregadas las 970 Has. por medio de

una división que sirvieron otorgarles a los pobladores de El Diezmo, el 10 de mayo

de 1976 le fue otorgada una ampliación por 214 Has., quedando finalmente con un

total de 1,459 Has. para este núcleo agrario.

78

La dotación fue de la siguiente manera: de La Estancia, 987 Has. de temporal; de el Torreón, 78-60 Has. de igual calidad; de El Cortijo, 89-60 Has. también de temporal; de la Albarradita 36 Has. igualmente de temporal; de la Capacha 403-63 Has. de la calidad últimamente dicha y de El Pedregal y el Espinal, 421-17 Has. de temporal y 216 Has. de agostadero.


115

Gráfico 3 | Ejido Villa de Álvarez

Fuente: Chávez, M. (2005), Producción de suelo urbano en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000, p. 90

En 1938, los vecinos del poblado de Pastores solicitaron la dotación de tierras

por carecer de ellas para satisfacer sus necesidades, los predios afectables eran la

fracción de la ex hacienda de Pastores, con superficie de 177-22-61 Has., propiedad

de la señora Ángela Virgen Vda. de Brizuela, dueña también del predio rústico ―El

Cuatán‖, ubicado en el municipio de Ixtlahuacán, donde se le señaló su pequeña

propiedad inafectable y la fracción de ―Joyitas‖, con superficie de 118 Has. propiedad

de José María Ahumada, dueño, además, de los ranchos ―El Espinal‖ y ―El Pedregal‖,

con superficie en conjunto de 1808 Has. de terrenos de temporal y agostadero.

La posesión provisional al ejido Pastores se otorgó el 12 de febrero de 1939 y

se dotó en definitiva a la población solicitante el 24 de enero de 1940, una

superficie79 total de 275-71-89 Has. Con las superficies de temporal se formaron 24

parcelas, inclusive la escolar, y los terrenos de agostadero destinados para los usos

comunales de los beneficiados.

79

Tomada de la fracción de Pastores, 177-22-61 Has. de temporal, y de la fracción de Joyitas, 14-77-39 Has. de temporal y 83-71-89 Has. de agostadero para cría de ganado.

116



4.2.3 Ejidos en el municipio de Comala

Los núcleos agrarios que se encuentran dentro del límite del AMC del

municipio de Comala son tres: Comala, Nogueras y El Pedregal (ver mapa 5).

Mapa 5 | Ubicación de los ejidos Comala, El Pedregal y Nogueras

El ejido Comala se localiza en la cabecera del municipio del mismo nombre,

surgió por la petición de sus vecinos y al cumplir con la categoría jurídica de

pueblo80, requisito establecido en los artículos 1º. y 2º. del reglamento agrario del

estado de Colima, pudieron solicitar tierras81.

La finca susceptible de afectar, para formar el núcleo agrario de Comala, era

la de los señores Vergara y Rangel, la Hacienda de Nogueras, pero los propietarios

expusieron su oposición para la dotación solicitada argumentando que de las 1811

has. de que disponía la finca eran las mínimas imprescindibles para el sostenimiento

80 Corroborada por el gobernador del estado de Colima mediante certificado expedido el 13 de mayo de 1925. 81

Petición hecha mediante escrito del 15 de marzo de 1925 dirigido al gobernador del estado.


117

de la industria de la caña de azúcar, y además que dicha finca ya había contribuido

para la dotación definitiva de Suchitlán82.

Según los planos presentados por Francisco Rangel, la hacienda de

Nogueras, antes de toda afectación tenía 3899 Has., de las que, habiéndose

expropiado 1,028 para dotar definitivamente al pueblo de Suchitlán, le quedaban

2,871 Has., superficie que aún afectándose, no se lesionaría la industrialización de la

caña.

Otras fincas con posibilidad de aprovechamiento se localizaban en los

terrenos de La Providencia y su anexo ―La Laguna‖, que estaban en jurisdicción de

Villa de Álvarez, con una superficie total de 405 Has., pertenecientes al Lic. Enrique

O. de Lamadrid y su esposa. Finalmente, se concedió a los vecinos del poblado de

Comala una dotación de 1,212 Has.83, de acuerdo a la resolución presidencial dada

el 28 de febrero de 1929, beneficiando a 355 personas.

El ejido Nogueras se fundó a raíz de la resolución del presidente Lázaro

Cárdenas en 1940, publicada como decreto presidencial dos años más tarde; quien

lo dotó de 354 Has.84; tierras que se tomarían de la ya mencionada Hacienda de

Nogueras (ver plano 3), en la resolución se dejaron a salvo los derechos de 64

capacitados para quienes no alcanzó a fijarse parcela por falta de tierras para cultivo,

para que en su oportunidad y ante las autoridades correspondientes, promovieran la

creación de un nuevo centro de población agrícola. Sin embargo, a pesar de que en

82

Sin embargo, la Comisión Local Agraria emitió el dictamen del 24 de noviembre de 1926, en el entendido de que el pueblo de Comala tenía derecho al disfrute de tierras, no era procedente dotarlo afectando las fincas circunvecinas, sino por medio de la aplicación al art. 3º. del reglamento agrario, es decir, concediéndole tierras nacionales donde las haya y para aquellos campesinos que las solicitaran; esto debido a que la hacienda de Nogueras constituía una unidad agrícola industrial. 83

La dotación estaba integrada por 405 Has., del rancho La Providencia, de pastal laborable, cuyos propietarios (Enrique O. de la Madrid y María Castro de De la Madrid), tenían grandes extensiones de tierra (además de Comala, tenían tierras en Tecomán, y en Manzanillo); la dotación se complementó con 807 Has., de la hacienda Nogueras, en este caso los propietarios defendieron su tierra bajo el argumento de que se trataba de una unidad industrial, cuya extensión real, según la subdelegación de la Comisión Agraria en Colima, sumaba 2,871 Has. 84

De esta superficie, 18 Has. eran de riego, 55 de agostadero laborable, 44 de temporal y 231 de agostadero y monte, con 20% de laborable, más otras 6 hectáreas de monte que se reserva para la zona urbanizada del núcleo solicitante, destinándose los terrenos de riego y laborables para formar 22 parcelas inclusive la escolar. Así como en el ejido de Suchitlán, la superficie registrada por el RAN como ejecutada en Nogueras, asciende a 265.80 Has.

118



su momento los avecindados de la localidad de Nogueras eran los que requerían de

tierras adicionales para satisfacer sus necesidades, los pobladores de Comala fueron

quienes solicitaron la creación del nuevo centro de población agrícola o ejidal

denominado El Pedregal.

En 1952 un grupo de avecindados impulsaron la creación de un nuevo centro

de población agrícola, El Pedregal, por carecer de las tierras indispensables para

satisfacer sus necesidades económicas, de acuerdo con los trabajos técnicos

practicados se comprobó que para su creación resultaban afectables varias

propiedades, entre ellas una superficie total de 310-17-66 Has. de diversas

calidades, que se tomaron de los predios Fracción IV de El Pedregal, de Ramón

Aguirre Valencia 168-40-00 Has., de las cuales 35 eran de riego; 133.40 eran de

temporal susceptible de cultivo y 83.60 de temporal del predio ―Tejería y

Camposanto‖ del mismo propietario y 58-17-66 Has. de las cuales 35 eran de riego y

humedad y 23-17-66 de temporal, propiedad del C. Severo Aguirre Fuentes en la

Fracción IV del predio El Pedregal; destinándose dentro de éstas 20 Has. de

temporal para la parcela escolar y 2-17-66 para la zona urbana del poblado,

decretándose para el efecto la expropiación correspondiente, quedando 288 Has.

para que se explotaran colectivamente por los capacitados85. La resolución

presidencial fue dada en 20 de septiembre de 1963 y publicada mediante decreto en

el mes de noviembre de ese mismo año.

4.2.4 Ejidos en el municipio de Coquimatlán

En el municipio de Coquimatlán, varios vecinos del pueblo solicitaron, en

1916, dotación de tierras. De conformidad con el gobernador del estado, en enero de

1917, se determinó procedente, con fundamento en el artículo 9º. de la ley de 6 de

enero de 1915 y 27 de la constitución general de la República el Ejecutivo de la

85

Los beneficiados tenían además como condicionante que si no se presentaran o se avecinaran en el nuevo poblado en un término de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación de dicho fallo, perderían sus derechos.


119

Unión resolvió reconstruir los ejidos al pueblo de Coquimatlán y la extensión que

debía dotarse al pueblo fue la que, en unión de los ejidos y fundo legal que ya tenía

hasta ese momento, integraron la extensión de 1755.61 Has. localizadas alrededor

del casco de la población (ver mapa 6), procediéndose a expropiar a los propietarios

colindantes con arreglo a la Ley.

Cabe señalar que este ejido ha sido beneficiado en cuatro ocasiones por

motivos de ampliación, la primera de ellas registrada en 1943 y la última en el año

2000, ya que en cada solicitud se comprobaba la existencia de capacitados que

carecían de tierras indispensables para satisfacer sus necesidades y las que les

fueron concedidas por dotación estaban totalmente aprovechadas, por lo que se

resolvió de manera favorable otorgar a sus pobladores un total de 3 mil 542.18 Has.,

para 444 beneficiados.

En cuanto a los vecinos del poblado Los Limones solicitaron dotación de

tierras el 8 de octubre de 1931, los datos recabados en la zona indicaban la

posibilidad de afectar varias propiedades86, finalmente se determinó que las fincas

afectables para la dotación de que se trataba eran las de La Albarrada, la de El

Balcón y los terrenos propiedad del Sr. Hilario G. Castañeda; atendiendo a la calidad

de las tierras de dichos predios y a otras circunstancias.

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 47, 49 del Código Agrario, se

procedió a conceder en dotación definitiva a los vecinos de Los Limones una

superficie total de 464 Has. de los terrenos propiedad del Sr. Hilario G. Castañeda,

64 de riego y 16 de temporal; de la hacienda de El Balcón, 58 Has. de temporal y de

la hacienda de La Albarrada, 326 Has. de agostadero para cría de ganado; en el

concepto de que los terrenos de riego y los de temporal se destinarán para formar 24

86 Entre otras fincas estaban ―El Balcón‖ colindante con el poblado peticionario, propiedad de los Sres.

Morrill, tenía una extensión superficial de 831-35 Has. consideradas, en general, como de temporal; que la hacienda de ―La Albarrada‖, propiedad del Sr. José de la Macorra, tenía una superficie de 939-81-35 Has. de las que 176 Has. eran de riego con plantaciones de coco de agua y otras clases de árboles frutales en explotación, estando 3 Has. de la superficie últimamente dicha ocupadas por el casco de la finca, 10 Has. de riego y el resto de temporal y agostadero para cría de ganado; y que los terrenos propiedad del Sr. Hilario G. Castañeda, constaban de una superficie aproximada de 4,000 Has. de los cuales 260 Has. son de riego, 600 Has. de temporal y el resto de agostadero, monte bajo y cerril.

120



parcelas, 25 de ellas para igual número de capacitados y la restante para la escuela

del lugar; y los terrenos de agostadero para la cría de ganado para los usos

colectivos de los solicitantes.

Por lo tanto, se emitió la resolución presidencial con fecha de 3 de junio de

1936, posteriormente a este ejido le fueron autorizadas dos ampliaciones, la primera

de ellas en 1943, con una superficie de 104 Has. y la última en el año 1976, con 125

Has., dando un total para este ejido de 693 hectáreas para 101 beneficiados (ver

mapa 6).

Mapa 6 | Ubicación de los ejidos Coquimatlán y Los Limones

4.2.5 Ejidos en el municipio de Cuauhtémoc

En el caso del municipio de Cuauhtémoc, el primer ejido fundado por decreto

presidencial fue en 1917 y la última dotación registrada fue para el ejido Cerro

Colorado, en el año de 1941, beneficiando a un total de 1473 personas. Para fines de


121

este estudio, los ejidos a analizar incluidos dentro del límite metropolitano son El

Trapiche y Buenavista.

Los vecinos del poblado de El Trapiche, municipio de Cuauhtémoc, con fecha

5 de marzo de 1935, solicitaron la dotación de tierras, por su parte, se detectó que el

poblado gestor se encontraba enclavado en terrenos del potrero La Cuadrilla,

propiedad de la Sra. Josefina Negrete, el cual formaba parte de la hacienda El

Trapiche, cuyo principal cultivo en la zona era el maíz, y en menor escala el del arroz

y frijol; como afectables dentro del radio de 7 kilómetros se localizaban los predios de

la hacienda El Trapiche en su fracción sur, propiedad de la sucesión de Salvador M.

Ochoa, con 256-04 Has., de las cuales 150 Has. estaban cultivadas con limoneros y

el resto de temporal.

Además de esas tierras estaban la hacienda La Capacha y sus anexos El

Chanal y Potrero Nuevo, propiedad de María Isabel Álvarez García, con 1739 Has.

de agostadero, con un 60% laborable; la hacienda La Estancia, perteneciente a Luis

Brizuela, con 2370 Has. de temporal y agostadero; y la Hacienda La Palma,

propiedad de los Sres. Salvador y Enrique Ochoa, con 668 Has. de agostadero, 70%

laborables, encontrándose tres cuartas partes del predio proindiviso y una cuarta

parte formada por dos potreros los cuales estaban escriturados por separado a favor

de los Sres. Salvador y Enrique Ochoa.

A pesar de que las fincas La Capacha, La Estancia y La Palma se

encontraban fraccionadas, se desconocieron estos fraccionamientos por haberlos

efectuado entre los días del 5 al 15 de marzo de 193587, de ese modo, se procedió a

conceder, por resolución presidencial del 9 de junio de 1937, al núcleo peticionario

una dotación de 1053 has, que se tomaron de la fracción sur de la hacienda El

Trapiche, 100 Has. eran de temporal; de La Estancia, 303 Has. de temporal y 177 de

87

Con la finalidad de eludir la aplicación del Código Agrario, existiendo la circunstancia de que las escrituras respectivas fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad, precisamente en el lapso comprendido entre la fecha real de la solicitud de ejidos y la que dolosamente fue alterada aparte y que por razones desconocidas, la publicación de la mencionada solicitud se hizo con mucha posterioridad a la fecha en que fue recibida por el Ejecutivo del Estado, dando lugar a que varias fincas que pudieran ser afectadas se fraccionaran y quedaran estas fracciones registradas con anterioridad a la citada publicación.

122



agostadero; de la hacienda La Capacha y sus anexos El Chanal y Potrero Nuevo,

373 Has. de agostadero con un 60% laborable y de la Palma 100 Has. de agostadero

con un 70% laborable.

Las tierras cultivables se destinaron a la formación de 87 parcelas, incluida la

escolar –para 86 beneficiados-, y las tierras de otras clases para los usos comunales

del poblado beneficiado; la fracción sur de El Trapiche quedó reducida a la pequeña

propiedad constituida por 150 Has. de riego ocupadas por huertas de limoneros y el

resto de los predios afectados les quedaba una extensión mayor a la pequeña

propiedad.

También los vecinos del núcleo de Buenavista solicitaron la constitución de un

ejido, el 8 de octubre de 1931, por lo que el gobernador del estado procedió en

definitiva a conceder a los vecinos del poblado de Buenavista una superficie total de

3,936 Has. de la hacienda del mismo nombre, propiedad del Sr. Roberto Mendoza,

con 1968 de labor y 1968 de agostadero y monte, superficies que se destinarían

tanto para las necesidades agrícolas como colectivas de los 245 beneficiados del

núcleo gestor y para la parcela escolar reglamentaria. Dichas disposiciones de

dotación se emitieron de manera oficial mediante resolución presidencial con fecha

de 9 de noviembre de 1938.

A este ejido, le fueron autorizadas un total de 367.52 Has. por concepto de

dos ampliaciones, en los años de 1994 y 1995, quedando una superficie global para

este ejido de 3 mil 763.52 Has., para sus beneficiados (ver mapa 7).


123

Mapa 7 | Ubicación de los ejidos El Trapiche y Buenavista

En resumen, sobre el origen de los ejidos es necesario mencionar que la

superficie de dotación autorizada por decreto presidencial para la constitución de un

ejido, no siempre es la misma que la superficie de dotación otorgada o ejecutada. De

manera particular, esta situación se observó en los núcleos de Coquimatlán, en el

cual se autorizaron 1755.61 hectáreas, de las cuales solamente se otorgaron 724; y

en el ejido Nogueras, en el cual, de las 354 Has. otorgadas, únicamente se ejecutó

una superficie de 265.80.

Asimismo podemos señalar que la primera acción agraria por concepto de

dotación en el área de estudio fue registrada para la creación del ejido Coquimatlán,

en el año de 1918, con una superficie ejecutada de 724 Has., beneficiando a 197

avecindados y la última en 1963, promovida como un nuevo centro de población

agrícola o ejidal (NCPE) para los solicitantes del poblado de Comala, denominado ―El

Pedregal‖, con un total de 310.18 Has. destinadas para crear 57 parcelas para igual

número de beneficiarios, así como para la ubicación de la parcela escolar y el nuevo

asentamiento humano.

124



De todos los ejidos, Buenavista fue el que, de acuerdo a su extensión, resultó

mayormente favorecido con un total de 3 mil 396 Has., que representa el 19.84% de

la superficie ejidal total de dotación en el área de estudio; mientras que para el caso

de Pastores, le fueron otorgadas únicamente 275.71 Has., es decir, el 1.61% del total

de esta misma superficie de dotación antes referida.

Respecto a la fecha en que fueron autorizados mediante decreto presidencial,

cuatro se registraron en el año 1936, y tres en 193988. En términos generales

podemos señalar que el origen de los ejidos del AMC procedió de la afectación de

predios, fincas o haciendas cercanas o dentro de un radio próximo al núcleo de

población solicitante, cuyas tierras, en su mayoría, estaban dedicadas a las

actividades agrícolas o ganaderas.

La superficie original autorizada para creación de los 16 ejidos que forman

parte de nuestro estudio es de de 16 mil 533.79 Has. repartidas entre 1757

beneficiados (ver tabla 4).

Tabla 4 | Origen de los ejidos del AMC

MUNICIPIO EJIDO

AÑO DE

DOTACION

*

SUP.

DOTADA

ORIGINAL

(has)

NO. DE

BENEFICI

ADOS

PREDIOS O FINCAS

AFECTADAS PARA

OTORGAR LA DOTACION PROPIETARIO(S)

Cardona 1926 336.00 127 Hacienda La Estancia Luis Brizuela

Francisco I.

Madero 1934 593.00 45 Hacienda La Estancia Luis Brizuela

Acatitán 1936 715.00 26 Hacienda de Acatitán Luis Brizuela

Hacienda de Piscila Primo Villa Michel

Hacienda del Alpuyeque

Banco Hipotecario de Crédito

Territorial Mexicano S.A.

fracción de Hacienda La

Albarradita y anexos José de la Macorra

Terrenos particulares Ma. Teresa Irazábal

Finca El PedregalFinca El Espinal

La Estancia 1939 1,325.30 112 Hacienda La Estancia Luis Brizuela

El Diezmo 1949 987.00 79

Ejido Villa de Alvarez

(provenientes de la Hacienda

La Estancia)

Ejidatarios de Villa de

Alvarez/ Luis Brizuela

ColimaPiscila 1936 1,759.80 80

Lo de Villa 1939 345.00 101 José María Ahumada

88

en 1936: Acatitán, Piscila, Villa de Álvarez y Los Limones; y en 1939: Lo de Villa, La Estancia y Buenavista.


125

MUNICIPIO EJIDO

AÑO DE

DOTACION

*

SUP.

DOTADA

ORIGINAL

(has)

NO. DE

BENEFICI

ADOS

PREDIOS O FINCAS

AFECTADAS PARA

OTORGAR LA DOTACION PROPIETARIO(S)

Hacienda La Estancia Luis Brizuela

Rancho El Torreón Isaura Vidriales de Dávalos

Rancho El Cortijo Daniel Inda

Hacienda La Albarradita José de la Macorra

Hacienda La Capacha María Isabel Àlvarez

Rancho El PedregalRancho El Espinal

fracción de la exhacienda de

Pastores

Angela Virgen Vda. de

Brizuelafracción de Joyitas José María Ahumada

Hacienda Nogueras Sociedad Vergara y Rangel

Rancho La Providencia

Enrique O. de Lamadrid y

esposa

Nogueras**** 1942 354.00 22 Hacienda Nogueras Sociedad Vergara y Rangel

Fracción IV de El Pedregal

Ramón Aguirre Valencia/

Severo Aguirre Fuentes

Predio Tejería y Camposanto Ramón Aguirre Valencia

Coquimatlán**

*** 1918 1,755.61 197

predios colindantes al casco

de la población SD

Hacienda La Albarradita José de la Macorra

Hacienda de El Balcón Sres. Morrillterrenos privados Hilario G. Castañeda

fracción sur de la Hacienda

El Trapiche Salvador M. Ochoa

Hacienda La Estancia Luis Brizuela

Hacienda la Capacha

Hacienda El Chanal

Potrero NuevoHacienda La Palma Salvador y Enrique Ochoa

Buenavista****

** 1939 3,936.00 245 Hacienda Buenavista Roberto Mendoza

17,653.60 1757Total

Villa de AlvarezVilla de

Álvarez** 1936 2,232.00 136 José María Ahumada

Pastores 1940 275.71 69

Comala

Comala*** 1930 1,212.00

1936 464.00

350

El Pedregal 1963 310.18 57

25

Cuauhtémoc

El Trapiche 1937 1,053.00 86

Ma. Isabel Álvarez García

Coquimatlán

Los Limones

Nota: en este cuadro están las superficies otorgadas por decreto, sin embargo, en lo subsecuente se hará referencia a la superficie real ejecutada por las autoridades agrarias. * Datos obtenidos de los decretos presidenciales que hacen oficial la dotación de los ejidos aprobados mediante Resolución Presidencial. **Ejido aprobado mediante resolución presidencial en 1929 ***De las 354.00 Has. autorizadas por decreto presidencial, fueron ejecutadas únicamente 265.80. ****Ejido aprobado mediante resolución presidencial en 1917. La superficie autorizada por decreto fue de 1755.61 Has., sin embargo, sólo fueron ejecutadas 724.00 hectáreas *****Ejido autorizado mediante resolución presidencial en 1938 SD= Sin Dato Fuente: elaboración propia con base en las resoluciones presidenciales, decretos de dotación publicados en el Diario Oficial de la Federación y bases de datos del RAN.

126



Por otra parte, de la totalidad de los ejidos, únicamente la mitad de ellos

resultaron beneficiados por ampliación89; mientras que la mitad restante, no

aumentaron su superficie original (ver tabla 5).

La primera acción agraria por este concepto fue registrada en 1939 para el

ejido Cardona con 276 Has., y la última en el año 2000 para Coquimatlán con una

superficie total de 65.75 Has. para 97 beneficiados. Por su parte, Piscila fue el ejido

al que con una sola ampliación incrementó su superficie en un 78% obteniendo 1380

Has. adicionales a las 1759.80 Has. que tenía originalmente.

En un caso similar se encuentra Coquimatlán con cuatro ampliaciones

autorizadas, la última solicitud fue resuelta por el Tribunal Superior Agrario,

obteniendo un total de 1786.57 Has., superficie, inclusive mayor, a la dotada

originalmente, incrementando su área más de tres veces.

La superficie autorizada y ejecutada por ampliación en los ejidos que lo

solicitaron, fue de 4 mil 578.38 Has. para 610 beneficiados, generando un total de 20

mil 125.17 Has. de superficie ejidal en el área de estudio, para 2366 beneficiados

aproximadamente (ver tabla 5 y mapa 8).

Tabla 5 | Superficies ejidales y beneficiados por concepto de dotación y ampliación en el AMC

EJIDO

AÑO DE

DOTACION*

SUP. DE

DOTACION

EJECUTADA

BENEF. POR

DOTACION

NO. DE

AMPLIACI

ONES

FECHA

PUBLICACION

DOF*

SUP.

EJECUTA

DA (HAS)

BENEF. POR

AMPLIACION

TOTAL

BENEF.

SUP.

TOTAL

(HAS.)

5-sep-39 276.00 SD

5-ene-76 45.00 58

Francisco I.

Madero 1934 593.00 45 0 - 0.00 0 45 593.00

Acatitán 1936 715.00 26 0 - 0.00 0 26 715.00

Piscila 1936 1,759.80 80 1 5-nov-41 1380.00 SD 80 3,139.80

Lo de Villa 1939 345.00 101 1 10-may-76 125.00 72 173 470.00

La Estancia 1939 1,325.30 112 0 - 0.00 0 112 1,325.30El Diezmo 1949 987.00 79 0 - 0.00 0 79 987.00

Villa de

Álvarez*** 1936 1,245.00 136 1 10-may-76 214.00 SD 136 1,459.00

Pastores**** 1940 275.71 69 1 10-nov-77 200.29 46 115 476.00

Comala 1930 1,212.00 350 0 - 0.00 0 350 1,212.00

Nogueras 1942 265.80 22 0 - 0.00 0 22 265.80El Pedregal 1963 310.18 57 0 - 0.00 0 57 310.18

Cardona** 1926 2127336.00 185 612.00

89

Cardona, Piscila, Lo de Villa, Villa de Álvarez, Pastores, Coquimatlán, Los Limones y Buenavista.


127

EJIDO

AÑO DE

DOTACION*

SUP. DE

DOTACION

EJECUTADA

BENEF. POR

DOTACION

NO. DE

AMPLIACI

ONES

FECHA

PUBLICACION

DOF*

SUP.

EJECUTA

DA (HAS)

BENEF. POR

AMPLIACION

TOTAL

BENEF.

SUP.

TOTAL

(HAS.)

28-may-43 1029.30 79

31-ago-64 391.52 17

18-sep-80 300.00 54

6-jul-94

1-ago-00

2-abr-43 104.00 SD

10-may-76 125.00 76

El Trapiche 1937 1,053.00 86 0 - 0.00 0 86 1,053.00

3-may-94 147.00 11118-jul-95 220.52 SD

15,546.79 1757 14 2367 20,125.17

65.75 97

Coquimatlán*

**** 1918 724.00 197 4

3,936.00

444 2,510.57

225

2 356

Los Limones 464.00 101

245Buenavista 1939

Total

693.00

4,303.52

1936

*Dato obtenido de los decretos presidenciales que hacen oficial la dotación y ampliación de los ejidos aprobados mediante Resolución Presidencial **Con la información obtenida, la segunda ampliación de este ejido se encuentra publicada en el Diario Oficial, sin embargo, no aparece en los registros del RAN como ejecutada. ***La superficie total de se redujo debido a que en 1949 se dividieron 987.00 Has. con las cuales se constituyó el ejido El Diezmo. ****De las 265.81 Has. autorizadas por decreto, solamente se ejecutaron 200.29 Has. *****En la segunda ampliación la superficie autorizada fue de 455.54 Has.; sin embargo, fueron ejecutadas únicamente 391.52 Has. Asimismo por concepto de la cuarta ampliación del ejido se tomó en cuenta la superficie de 65.75 Has. autorizada por el Tribunal Superior Agrario, dejando sin efecto el decreto de ampliación con fecha de 6 de julio de 1994 por una superficie de 559.63 Has. SD= Sin Dato Fuente: elaboración propia con base en decretos y Resoluciones presidenciales y bases de datos del Registro Agrario Nacional

128



Ampliados Sin ampliación

Mapa 8 | Núcleos agrarios ampliados en el AMC, 1939-2000

Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla 5

4.3 Expropiaciones

Una vez realizada la dotación de tierras para los vecinos de las localidades

pertenecientes al AMC y los ejidos analizados en este trabajo, así como muchos

otros en el municipio y el Estado han sido objeto de acciones agrarias tales como la

expropiación y certificación90, las cuales han propiciado la desincorporación de parte

de la superficie de tierra de origen ejidal.

En la zona de estudio, por el concepto de expropiación fueron

desincorporadas un total de 821.02 Has., en nueve ejidos ubicados en los cinco

90

Este tema se abordará en el siguiente apartado


129

municipios, mientras que los siete ejidos restantes no perdieron superficie por estas

acciones.

En los siete ejidos estudiados del municipio de Colima, al que más superficie le

han desincorporado es al ejido La Estancia, con un total de 317.98 Has. en ocho

autorizaciones; en el Francisco I. Madero se expropiaron un total de 147.57 Has. en

5 autorizaciones91, en el núcleo agrario de El Diezmo fue desincorporada una

superficie total de 53.05 Has. en 9 expropiaciones92.

Respecto al ejido Piscila, solamente le fueron expropiadas en una ocasión 3.50

Has.93; y en el ejido Acatitán otra expropiación por 0.42 Has.94, ambas a favor de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción de la

carretera Colima-Manzanillo en el tramo correspondiente a Colima-Tecomán, petición

solicitada con fecha de 24 de julio de 1986.

En el municipio de Villa de Álvarez solamente hubo dos expropiaciones

en el ejido del mismo nombre, por un total de 8.85 Has. para la construcción de

infraestructura. En el caso de los ejidos del municipio de Comala, solamente a El

Pedregal se le expropiaron 2.31 hectáreas por el paso del acueducto Zacualpan-

Colima a favor de la antes Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y

Pesca (SEMARNAP)95.

En Coquimatlán hubo tres expropiaciones en el ejido del mismo nombre por un

total de 18.60 Has.96, a favor de la CORETT con la finalidad de regularizar y vender los

terrenos a los avecindados.

Finalmente, en el municipio de Cuauhtémoc ocurrieron solamente tres

expropiaciones, todas autorizadas en el ejido Buenavista con un total de 268.70

Has., de las cuales dos de ellas fueron a favor del gobierno del estado de Colima y

91

Autorizadas todas ellas por decreto presidencial, con fechas de 25 de octubre de 1978, 28 de abril de 1994, 25 de octubre de 1976, 14 y 18 de julio de 1972, respectivamente. 92

Para revisar con detalle los beneficiarios de estas expropiaciones consultar Chávez, M. (2005). Producción de suelo urbano en Colima Villa de Álvarez, 1979-2000. 93

El 29 de enero de 1992. 94

Autorizada el 6 de diciembre de 1993. 95

Con fecha de 6 de febrero de 1997. 96

La primera registrada el 10 de diciembre de 1984 y la última el 16 de febrero de 2001.

130



para la SCT para la construcción del inmueble y acceso al Aeropuerto de Colima97.

La otra expropiación fue a favor de la CORETT con una superficie de 59.72 Has. con

la finalidad de regularizar y vender terrenos a los avecindados así como para la

construcción de viviendas de interés social98.

De los nueve ejidos afectados en 33 acciones agrarias registradas desde el año

1972 hasta el 2001, la superficie total expropiada fue de 834.05 Has. (ver tabla 6).

Los principales promoventes de éstas fueron, por orden de importancia, el gobierno

del estado y un ayuntamiento (el de Colima), con 468.64 Has. (56.19%); le sigue la

CORETT con una superficie total de 319.31 Has. (38.28%), después la SCT con 34.51

Has. (4.14%); y, otros promoventes99 con 11.59 Has. expropiadas (1.39%).

Tabla 6 | Expropiaciones a los ejidos ubicados en el AMC 1972-2001

Mpo. Ejido

Fecha de

decreto Superficie Has. Promovente Causa de utilidad pública

Acatitan 6-dic-93 0.42 SCT

Construcción carretera

Colima-Mzo (tramo Colima-

Tecoman) N$ 11,084.29

0.42

Francisco I. Madero 14-jul-72 1.17

Almacenes

Nacionales de

Depósito S.A.

Construcción de una

bodega 46,743.56

Francisco I. Madero 18-jul-72 1.01 CFE

Construcción de

subestación de distribución

de fluido eléctrico 50,720.00

Francisco I. Madero 25-oct-76 13.82 SOP/ SCT

Construcción del

libramiento Colima 207,310.75

Francisco I. Madero 25-oct-78 95.70 CORETT

Lotificar, titular y crear una

reserva territorial 5,742,162.00

Francisco I. Madero 28-abr-94 35.87 Gobierno del Estado

Destinar al ordenamiento

urbano y ecológico y crear

reservas territoriales para

el desarrollo urbano y

vivienda N$ 56,940.31

147.58

El Diezmo 1-sep-76 6.08 SOP/ SCT

Construcción del


El Diezmo 31-oct-78 12.06 CORETT

Regularizar y vender

terrenos 602,810.00

El Diezmo 17-dic-87 2.95

H. Ayuntamiento de

Colima

Construcción y operación

de unidad deportiva 487,573.35

Indemnización ($

precios corrientes)

Subtotal

Subtotal

Co

lim

a

97

Autorizadas el 5 de marzo de 1984 y el 22 de octubre de 1987, respectivamente. 98

Con fecha de 24 de diciembre de 1984. 99

CFE, SEMARNAP, SSyBS y la empresa Almacenes Centrales de Depósito S.A.(ANDSA).


131

Mpo. Ejido

Fecha de


El Diezmo 23-oct-89 13.21 SEDUE

Crear reservas de suelo

para la ciudad de Colima 14,198,414.00

El Diezmo 19-jun-91 11.22 CORETT


terrenos 115,977,617.00

El Diezmo 21-may-97 3.74 SEMARNAP

Construcción obra

hidáulica acueducto

Zacualpan-Colima 130,798.50

El Diezmo 1-ago-98 0.80 SSyBS

Construcción del Hospital

Universitario 5,485.50

El Diezmo 3-may-99 1.16 SEDUR

Prolongación libramiento

Colima-Guadalajara 26,632.61

El Diezmo 31-6-00 1.85 SEDUR

Prolongación anillo

periférico 5,518.29

53.06

La Estancia 5-dic-84 2.00 Gobierno del Estado

Construcción de un parque

recreativo 400,000.00

La Estancia 11-mar-85 47.97 CORETT


terrenos a los avecindados 1,918,853.52

La Estancia 7-nov-85 10.10

H. Ayuntamiento de

Colima

Construcción de una

unidad deportiva 1,525,425.26

La Estancia 19-dic-89 18.81 CORETT


terrenos a los avecindados 102,572,483.00

La Estancia 29-dic-93 41.23 CORETT


terrenos a los avecindados N$ 366,936.32

La Estancia 28-abr-94 188.46 Gobierno del Estado

Destinar al ordenamiento

urbano y ecológico y crear

reservas territoriales para

el desarrollo urbano y

vivienda N$ 297,956.52

La Estancia 26-may-94 8.44 SCT

Construcción del

libramiento Colima N$ 160,337.20

La Estancia 31-ago-99 0.97 CORETT


terrenos a los avecindados 20,642.28

317.98

Piscila 29-ene-92 3.51 SCT

Construcción carretera

Colima-Mzo (tramo Colima-

Tecoman) 42,104,400.00

3.51

Villa de Alvarez 2-dic-91 2.56 CFE

Construcción de la

subestación Colima IV 127,992,750.00

Villa de Alvarez 4-feb-93 6.30 Gobierno del Estado

Construcción del


8.86

El Pedregal 6-feb-97 2.31 SEMARNAP

Construcción de la obra

hidráulica del acueducto

Zacualpan-Colima 80,934.00

2.31

Coquimatlán 10-dic-84 18.61 CORETT



Coquimatlán 28-sep-98 8.51 CORETT



Coquimatlán 16-feb-01 4.51 CORETT



31.63

Co

lim

a

Subtotal

Co

ma

la

Subtotal

Indemnización ($

precios corrientes)

Subtotal

Subtotal

Vil

la d

e

Álv

are

z

Subtotal

Co

qu

ima

tla

n

Subtotal

132



Mpo. Ejido

Fecha de


Buenavista 5-mar-84 206.74 Gobierno del Estado

Construcción del

Aeropuerto de Colima

"Buenavista" 31,762,734.43

Buenavista 24-dic-84 59.72 CORETT


terrenos a los avecindados

y construcción de viviendas

de interes social 7,166,796.00

Buenavista 22-oct-87 2.24 SCT

Construcción de camino de

acceso al Aeropuerto de

Colima 672,646.80

268.70

834.05Superficie total expropiada

Cu

au

hté

mo

c

Subtotal

Indemnización ($

precios corrientes)

Fuente: elaboración propia con base en los decretos expropiatorios proporcionados por el Registro Agrario Nacional y al Cuadro 1 de Chávez, M. (2005). Producción de suelo urbano en Colima Villa de Álvarez, 1979-2000.

De acuerdo a lo anterior podemos clasificar los ejidos de acuerdo a su grado de

pérdida de tierra:

a) ejidos cuyas expropiaciones han desincorporado aproximadamente una cuarta

parte de su superficie, encontrándose primeramente el ejido Francisco I.

Madero con 24.88%, seguido del ejido La Estancia con un 23.99%; siendo los

principales promoventes la CORETT, el gobierno del estado de Colima y la

SCT.

b) ejidos en donde las acciones agrarias por concepto de expropiación sólo han

afectado en menos del diez por ciento la superficie ejidal, en el cual se ubican

los ejidos: Buenavista (6.24%), El Diezmo (5.38%), Coquimatlán (1.26%), El

Pedregal (0.75%), Villa de Álvarez (0.61%), Piscila (0.11%) y Acatitán

(0.06%).

c) ejidos que no han tenido expropiaciones, son los núcleos agrarios Lo de Villa,

Cardona, Pastores, Comala, Nogueras, Los Limones y El Trapiche, que el

total de su tierra (ver tabla 7 y mapa 9).


133

Tabla 7 | Superficies después de las expropiaciones en los ejidos ubicados en el AMC

Ejido

Fecha de

decreto de

fundación

Dotación total

Has.*

Superficie

expropiada

Has.

Superficie restante

Has.

Francisco I. 15-ago-34 593.00 147.58 445.42

La Estancia 1-jun-39 1325.30 317.98 1007.32Buenavista 11-jul-39 4303.52 268.70 4034.82

%

75.11

76.0193.76

El Diezmo 13-abr-49 987.00 53.06 933.94

Coquimatlán 14-ene-18 2510.57 31.63 2478.94

El Pedregal 11-nov-63 310.18 2.31 307.86

Villa de Álvarez 21-ene-36 1459.00 8.86 1450.14

Piscila 25-sep-36 3139.80 3.51 3136.29

Acatitan 29-jul-36 715.00 0.42 714.58

Lo de Villa 5-jul-39 470.00 0.00 470.00

Cardona 13-feb-26 612.00 0.00 612.00

Comala 28-feb-30 1212.00 0.00 1212.00

Nogueras 17-mar-42 265.80 0.00 265.80

Los Limones 3-jul-36 693.00 0.00 693.00

El Trapiche 5-jul-37 1053.00 0.00 1053.00Pastores 12-mar-40 476.00 0.00 476.00

98.74

94.62

99.39

100.00

100.00

100.00

99.89

100.00

100.00

99.94

99.25

Fuente: Cuadro Expropiaciones en los ejidos del AMC

100.00

100.00

* Se tomó en cuenta la superficie total ejecutada por concepto de dotación y ampliación. Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Tabla 6

134



Clasificación A: Clasificación B: Clasificación C:

ejidos afectados ejidos medianamente afectados

Sin afectación

Mapa 9 | Ubicación de los ejidos expropiados por grado de afectación en el AMC, 1972-2001

4.4 El PROCEDE en la zona de estudio

Las reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos consistieron en dar certidumbre jurídica en el campo, promover su

capitalización, proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal mediante el otorgamiento

del rango constitucional a las reformas de propiedad ejidal y comunal de la tierra.

La legislación agraria de 1992 reglamenta la propiedad de las tierras dedicadas a

las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de nuestro país; la vida de los

núcleos de población ejidales y comunales; y las formas de relación y asociación de

los productores rurales, las instituciones gubernamentales que tendrán relación con

el agro y la manera de impartir justicia agraria.

Algunas de las actividades derivadas de lo anterior se regulan dentro del

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos

(PROCEDE), el cual se creó en 1992 y comenzó a implementarse un año más tarde en

el Estado de Colima, como un programa del gobierno federal, en donde la

incorporación de los núcleos agrarios era voluntaria y gratuita para los beneficiarios,

tales como los ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios.

En dicho programa participan fundamentalmente tres instituciones:

Procuraduría Agraria (PA), que informa, asesora y promueve la ejecución del

PROCEDE en los núcleos agrarios, garantizando la observancia de los derechos de los

núcleos de población ejidal y comunal, así como a los beneficiarios; el Registro

Agrario Nacional (RAN) que participa en la delimitación, registro y emisión de

certificados y títulos, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

(INEGI) con la realización de los trabajos técnico-operativos de identificación,

ubicación geográfica precisa y medición de los linderos y superficies de las tierras


135

ejidales y comunales, así como los relativos a la generación de la cartografía

respectiva.

La importancia de este programa no sólo deriva de un criterio cuantitativo,

dado que potencialmente podrían ser certificadas las 103 millones de hectáreas, que

se encuentran bajo el régimen de tenencia ejidal o comunal, distribuidas a lo largo

del país, que corresponden al 53% del territorio nacional (INEGI, 2006: 4).

Además, según la versión oficial, se trata de una acción redistributiva que

implica la transferencia de tierra al patrimonio particular de ejidatarios y comuneros

que anteriormente sólo tenían derecho a usufructuarla. Es decir, este programa ha

definido y constituido los derechos de propiedad sobre la superficie de ejidos y

comunidades –por lo menos ese era uno de los objetivos que pretendían alcanzar

con dichas acciones-.

En agosto de 2003, a diez años de operación del PROCEDE, se realizó el pre-

cierre a nivel nacional de actividades interinstitucionales que permitieron consolidar la

seguridad jurídica del 95.70% de los núcleos agrarios100, los cuales se incorporaron

voluntaria y gratuitamente al programa en el estado de Colima, entidad que se

sumaba en esa etapa a Nuevo León, Aguascalientes, Baja California Sur, Tlaxcala y

Querétaro.

En el 2006, únicamente eran diez los estados que de acuerdo al último avance

presentado al 31 de octubre de ese año excedían del 90% de avance en la

certificación de sus ejidos101, siendo el estado de Colima, el que ocupó el tercer lugar

con un 94% con una superficie certificada de 297 mil 241 hectáreas de un total de

316 mil 609 hectáreas de suelo social existente en el estado, y un 99.39% respecto

al total de núcleos agrarios existentes en la entidad.

De los 10 municipios que integran el estado de Colima, con un total de 164

núcleos agrarios, 163 tienen cartografía entregada al INEGI, quedando únicamente el

núcleo agrario Francisco Villa, del municipio de Manzanillo, por certificarse. Esto

100

El programa permitió expedir un total de 43 mil 115 certificados parcelarios mediante la certificación de 270 mil 387 hectáreas. 101

Baja California Sur, Coahuila, Colima, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.

136



quiere decir que en los cinco municipios que forman parte del límite metropolitano,

los 16 ejidos estudiados a la fecha se encuentran certificados (ver tabla 8).

Tabla 8 | Núcleos agrarios pertenecientes al AMC con cartografía entregada para su

certificación y titulación por municipio

MUNICIPIO TOTAL

CON CARTOGRAFÍA

ENTREGADA

ESTATAL 164 163

COLIMA 21 21

VILLA DE ALVAREZ 7 7

COMALA 13 13

COQUIMATLAN 13 13

CUAUHTEMOC 11 11 Fuente: INEGI, (2006), Núcleos Agrarios. Tabulados Básicos por Municipio. Colima. Abril 1992-agosto 2006.

Respecto al suelo ejidal, la superficie parcelada, de uso común y para el

asentamiento humano, Colima es el municipio que con sus 21 núcleos agrarios tiene

un total de 35 mil 233.06 hectáreas de suelo social, de las cuales 29 mil 419.99 Has.

(83.50%), son de tierras ejidales. Por otro lado, el municipio que menos superficie

social tiene es el de Villa de Álvarez, con tan sólo 7 núcleos agrarios, con una

superficie de 6 mil 949.43 Has. y de éstas 4 mil 47.71 (58.24%) son de tipo ejidal

(tabla 9).

Tabla 9 | Núcleos agrarios y superficie según el destino de la tierra por municipio

MUNICIPIO NUCLEOS AGRARIOS

TOTAL

(Has.)

USO COMUN

(Has.)

PACELADA

(Has.)

ASENTAMIENTO

HUMANO

(Has.)

ESTATAL 163 319,938.60 72,858.49 243,366.68 3,713.42

COLIMA 21 35,233.96 5,442.25 29,419.99 371.71

VILLA DE ALVAREZ 7 6,949.43 2,799.26 4,047.71 102.47

COMALA 13 16,190.33 7,253.07 8,654.55 272.71

COQUIMATLAN 13 33,600.28 15,590.50 17,862.69 147.08

CUAUHTEMOC 11 23,989.49 1,296.30 22,510.23 182.96

Fuente: INEGI, (2006), Núcleos Agrarios. Tabulados Básicos por Municipio. Colima. Abril 1992-agosto 2006.


137

Con respecto a los avances del PROCEDE en los ejidos analizados, podemos

mencionar que la certificación empezó en 1993 en el ejido Francisco I. Madero y el

último fue el de Pastores, que lo hizo a partir de abril de 1995, permitiéndole rectificar

su superficie, la cual ligeramente menor a la que había sido inclusive ejecutada por

concepto de dotación y ampliación.

4.5 La adopción de dominio pleno

Una vez medida, delimitada y certificada la superficie ejidal en cada núcleo

agrario, la Ley Agraria permite la obtención del dominio pleno a cada ejidatario que lo

solicite.

La adopción del dominio pleno es aquella acción que ejercita el ejidatario con

autorización previa de la asamblea de formalidades especiales, por virtud de la cual

la parcela sobre la cual tiene derechos cambia de régimen a propiedad plena del

ejidatario titular y se sustrae del patrimonio del ejido (Ley Agraria, artículos 81-83);

para formalizar esta figura, el ejidatario deberá solicitar al RAN la expedición del título

de propiedad correspondiente y la cancelación de la inscripción de la parcela como

propiedad del ejido; dicho título deberá inscribirse en el Registro Público de la

Propiedad y a partir de ese momento se regirá por el derecho común.

Cabe mencionar que es requisito para la adopción del dominio pleno que la

asamblea autorice dicho dominio, que las parcelas objeto del acuerdo hayan sido

delimitadas y asignadas de conformidad con la normatividad. Una vez obtenido el

dominio pleno la tierra pasa a ser propiedad de cada ejidatario.

En nuestro período de estudio, de las 715 hectáreas integradas en 26 parcelas

que les fueron entregadas al ejido Acatitán por dotación, se han registrado 19

autorizaciones de dominio pleno con una superficie de 190 Has., es decir el 73% del

total de las parcelas y el 27% de la superficie total del ejido por este medio.

En lo que respecta al tipo de propietario, en el momento de realizar el trámite,

12 titulares (63%) conservaron sus derechos sobre la propiedad o lo cedieron a

familiares -aunque ya no pertenezcan al régimen ejidal-, mientras que los 7 restantes

138



(37%), cedieron directamente los derechos a particulares o realizaron las

enajenaciones de sus tierras en ese mismo año. Posteriormente, se realizaron 4

enajenaciones más entre los años 2004 y 2005; registrando en dos de ellas el trámite

de subdivisión.

En el ejido El Diezmo, de las 79 parcelas en una superficie total de 987 Has.

entregadas por dotación, mediante resolución presidencial, es el núcleo agrario que

tiene mayor cantidad de dominios plenos autorizados a la fecha: 52 autorizaciones, el

66% del total de las parcelas registradas; entre 1994 a 2005 se ha desincorporado

del régimen ejidal, por este medio, un total de 537 Has. correspondiente al 66% de la

superficie total.

En lo referente al tipo de propietario, de esas 52 autorizaciones, 45 de ellas

(87%) fueron otorgadas al titular original o a un familiar, mientras que las 7 restantes

(13%) cedieron sus derechos a particulares. Sin embargo, durante el periodo de

1996 a 2005, en el 54% de las autorizaciones que suman una superficie de 279.07

Has., se han registrado enajenaciones -ya sea por venta directa una vez obtenido el

dominio pleno o por ventas posteriores- principalmente al Instituto de Vivienda del

Estado de Colima (IVECOL), el gobierno del estado, instituciones universitarias

(Universidad de Colima), promotores inmobiliarios y a particulares.

Asimismo, en El Diezmo se registró en 20 parcelas el trámite de subdivisión,

logrando con ello el fraccionamiento de la tierra para su venta a diversos agentes o

actores urbanos en superficies, en promedio, menores a las diez hectáreas. Lo

anterior ha generado implicaciones tales como la diversidad de usos de suelo de

acuerdo a las necesidades o intereses de cada propietario, así como una alteración a

la calidad ambiental tanto de la tierra urbanizada como de la zona en su conjunto.

En el ejido Francisco I. Madero, en el período de 1996 a 2005, de las 45

parcelas en las 593 Has. otorgadas por dotación, en 27 de ellas han obtenido el

dominio pleno con una superficie de 317.82 Has.; es decir, se han desincorporado

del régimen ejidal el 60% del total de las parcelas y el 53.6% de la superficie total por

esta vía.


139

Por una parte, del total de autorizaciones, 15 de ellas fueron asignadas en su

momento al propietario original o familiar (56%) y las 12 restantes (44%) cedieron

automáticamente los derechos a particulares. Por la otra, este mecanismo ha

permitido a muchos propietarios realizar enajenaciones posteriores, es decir, 232

Has. en 21 acciones registradas entre 1997 y 2006 -exceptuando el año 2002-; ocho

de las cuales fueron registradas a favor de promotores inmobiliarios102, siete al

IVECOL, dos a organismos sociales103, una a favor del Ayuntamiento de Colima y las

tres restantes a particulares; adicionalmente se ha subdividido la tierra en siete

parcelas han realizado dicho trámite, coadyuvando al fraccionamiento de la tierra en

superficies menores a las 10 hectáreas.

En el núcleo agrario de La Estancia, entre 1996 y 2006, de las 1 mil 325.35

Has. (divididas en 112 parcelas) otorgadas por dotación, en 15 de ellas han obtenido

el dominio pleno, se trata de una superficie de 162.74 Has., que equivale al 13% del

total de las parcelas y al 12% de la superficie desincorporada del régimen ejidal por

esta vía.

En lo que se refiere al tipo de propietario, en 13 de los casos (87%) las

autorizaciones fueron asignadas a los propietarios originales o familiares directos,

quienes han conservado los derechos sobre su propiedad, aunque ya no

pertenezcan al régimen ejidal, mientras las dos autorizaciones restantes (13%)

fueron cedidas directamente a particulares. Sólo en tres parcelas se registraron

ventas posteriores a la adopción del dominio pleno, en partes proporcionales al

IVECOL, promotores privados y a particulares, acciones registradas entre los años

2002 y 2005. En este caso no se registró trámite alguno para la subdivisión.

En Lo de Villa, de las 470 hectáreas divididas en 173 parcelas otorgadas por

dotación y ampliación, sólo en 11 de ellas han obtenido el dominio pleno con una

superficie aproximada de 107.31 Has., por lo que a la fecha se ha desincorporado del

102

Siete enajenaciones registradas a favor de Inmobiliaria Hotelera de Occidente, S.A. de C.V., y una a favor de Desarrollos Inmobiliarios y Construcciones del Pacífico, S.A. de C.V. 103

Una enajenación a favor de Movimiento Popular Miguel Hidalgo y la otra para Unión de Colonos del Estado de Colima F.O.R.A.S.

140



citado núcleo agrario por esta vía, el 6% del total de las parcelas, lo cual representa

el 23% de la superficie total del ejido.

En lo que respecta al tipo de propietario, el 81% transfirieron los derechos a

particulares al momento de la autorización del trámite, mientras que el 19% de los

titulares conservaron los derechos sobre sus parcelas -o lo cedieron a familiares

directos- a pesar de que dejaron de pertenecer al régimen ejidal. Posteriormente,

entre los años 2000 y 2006, la propiedad ha sido transferida a favor de particulares.

Asimismo, se registraron dos parcelas subdivididas, de las cuales una fue enajenada

en el 2005 a un particular; y la otra fue adquirida en el 2003 por una industria

cervecera (Grupo Modelo), con la finalidad de construir en la entidad -de acuerdo a la

información proporcionada por la prensa-, la planta de procesamiento más grande de

Iberoamérica.

Finalmente, se desconoce si el titular particular que adquirió los derechos

sobre una superficie de 60.30 Has., correspondientes a 6 de las 11 parcelas

desincorporadas, sigue teniendo –por lo menos hasta el año de 2006- la propiedad

de las mismas, ya que esta información no fue encontrada en los registros de la

Dirección de Catastro del Estado de Colima.

En el ejido Piscila, entre 2000 y 2006, de las 3 mil 139.80 Has. que fueron

otorgadas por dotación y ampliación, en 12 de ellas han obtenido el dominio pleno

con una superficie de 86.93 Has., desincorporación correspondiente al 2.76% de la

superficie total a través de esta vía.

En lo que se refiere al tipo de propietario, el 50% conservó sus derechos sobre

la propiedad o lo cedieron a familiares directos, mientras que el 50% restante los

transfirió a particulares. Solamente se detectaron dos enajenaciones a favor de

particulares entre el 2002 y 2005, de las cuales en sólo una de ellas, se registró el

trámite de subdivisión, lo cual permitió fraccionar la tierra en siete porciones menores

a una hectárea, las cuales fueron repartidas entre miembros de la misma familia.

Finalmente, en el núcleo agrario de Cardona, en el periodo de estudio, no se

registraron adopciones de dominio pleno (ver tabla 10).


141

Tabla 10 | Dominios plenos asignados por ejido 1993-2006. Municipio de Colima

Asignación

de dominio

Superficie

(Has.)

Asignación

al mismo

propietario o

familiar

Cambios de

propietario

A terceros

realizadas

en el

mismo año

del trámite

Posteriores

al año del

trámite

Sin

venta

Sin

dato

El Diezmo 79 987.00 52 537.07 45 7 1 27 22 2 20Francisco I

Madero 45 593.00 27 317.83 15 12 3 18 5 1 7

Acatitán 26 715.00 19 190.01 12 7 4 4 10 1 2

La Estancia 112 1325.30 15 162.74 13 2 1 2 12 0 0

Lo de Villa 173 470.00 11 107.31 9 2 0 3 2 6 2

Piscilia* 80 3139.80 12 86.93 6 6 0 2 10 0 1

Cardona* 185 612.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Total 700 7842.10 136 1401.89 100 36 9 56 61 10 32

Parcelas con

trámite de

subdivisión

Dominios plenos registrados Enajenaciones

Núm.

Total de

parcelas

Sup. total

(Has.)Ejido

*en el caso de los ejidos de Piscila y Cardona, se desconoce el dato del número total de parcelas entregadas por ampliación, por lo cual se presenta como referencia, el número de parcelas conocidas. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del RAN y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Colima.

En el municipio de Villa de Álvarez, en el ejido Pastores en el período 1999-

2005, de las 476 Has. divididas en 115 parcelas que fueron otorgadas por dotación y

ampliación, solamente en 22 de ellas han obtenido el dominio pleno con una

superficie de 199.96 Has., lo cual equivale al 19.13% del total de las parcelas y a un

72.5% de la superficie total desincorporada del régimen ejidal por esta vía.

Además, con relación al tipo de propietario, de las 22 asignaciones de dominio

pleno, el 68% de los titulares originales solicitó para sí mismo o familiares directos la

asignación del dominio pleno, mientras que el 32% realizó directamente la

transferencia de los derechos a un particular. Posteriormente, se han registrado

enajenaciones en nueve de las 22 parcelas (41%) a favor de particulares entre los

años 2002 y 2005, y se registró el trámite de subdivisión en una parcela.

En el núcleo agrario de Villa de Álvarez, en el período de 1996 a 2006, de las

1 mil 459 Has. que le quedaron al ejido104, en 46 parcelas se ha autorizado la

asignación de dominio pleno de una superficie aproximada de 516 Has, lo cual

equivale a la desincorporación del régimen ejidal por esta vía del 35% de la

superficie total (ver tabla 11).

104

En esta superficie ya esta contemplada la división realizada a favor del ejido el Diezmo (1949), así como la ampliación que le fue autorizada más la ampliación que le fue autorizada en mayo de 1976.

142



Asimismo, en el 72% de las propiedades (33 parcelas) fueron autorizadas a

nombre del propietario original y parientes directos, mientras que el 28% restante –

correspondiente a 13 parcelas-, fueron transferidos los derechos directamente a un

particular.

De los datos disponibles, se tienen registradas enajenaciones realizadas a

favor de promotores inmobiliarios y particulares equivalentes al 11%; y en 22% de los

casos, la propiedad sigue estando a nombre de la persona que le fue autorizado el

dominio pleno. Se desconoce el dato del 67% restante debido a la falta de

información que no se encuentra registrada en la Dirección de Catastro del Estado.

Por otra parte, se tiene el dato de tres parcelas que realizaron el trámite de

subdivisión entre los años 1999 y 2006, en el que una de ellas, le permitió a su

propietario fraccionar el predio en cinco porciones para conservar una fracción de

éstas y las cuatro restantes para ser enajenadas a un promotor inmobiliario y a tres

particulares.

Tabla 11 | Dominios plenos asignados por ejido 1993-2006. Municipio de Villa de Álvarez

Asignación

de dominio

Superficie

(Has.)

Asignación

al mismo

propietario o

familiar

Cambios de

propietario

A terceros

realizadas

en el

mismo año

del trámite

Posteriores

al año del

trámite

Sin

venta

Sin

dato

Villa de

Alvarez* 136 1459.00 46 516.00 33 13 1 4 10 31 3

Pastores 115 476.00 22 199.97 15 7 2 7 13 0 1

Total 251 1935.00 68 715.97 48 20 3 11 23 31 4

Enajenaciones

Ejido

Núm.

Total de

parcelas

Sup. Total

(Has.)

Parcelas con

trámite de

subdivisión

Dominios plenos registrados

*en el caso de este núcleo agrario, se desconoce el dato del número total de parcelas entregadas por ampliación, por lo cual se presenta como referencia, el número de parcelas conocidas. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del RAN y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Colima.

En el municipio de Comala, en el ejido del mismo nombre, en el período de

1998 a 2005, de las 1 mil 212 Has. divididas en 350 parcelas que fueron otorgadas

por dotación, en 31 de ellas integradas en una superficie de 338.64 Has., han sido

desincorporadas del régimen ejidal a través de la vía de la otorgamiento del dominio


143

pleno. Lo anterior representa el 9% del total de las parcelas y a un 28% de la

superficie total.

Al momento de obtener la autorización, en 26 de los casos (84%) los titulares

originales o parientes cercanos conservaron los derechos sobre las parcelas,

mientras que en los cinco casos restantes (16%), cedieron automáticamente los

derechos a particulares. En este mismo sentido, a la fecha, en el 45% de los casos,

todavía siguen conservando la titularidad de las tierras, sin embargo, en el 55%

restante, se han registrado enajenaciones principalmente a particulares y en menor

escala a promotores inmobiliarios105. Dichas acciones fueron realizadas entre los

años 1998 y 2006. También, se registraron 4 parcelas con trámite de subdivisión.

En el núcleo agrario de El Pedregal en el período de 1999 a 2004, de las

310.18 Has. divididas en 57 parcelas que fueron otorgadas por dotación, sólo nueve

de ellas han obtenido el dominio pleno. Lo anterior equivale a una superficie de 91.85

Has., lo cual representa el 16% del total de las parcelas e indica que el 30% de la

superficie total fue desincorporado por este medio del régimen ejidal.

En lo que se refiere al tipo de propietario, siete parcelas (78%) realizaron el

trámite a favor de ellos mismos o de familiares cercanos a ellos, mientras que las dos

restantes (22%), cedieron directamente a particulares; posteriormente, se registraron

enajenaciones en seis de las once parcelas (67%), durante los años 2001 a 2006,

solamente a particulares. Asimismo, en dos parcelas se registró el trámite de

subdivisión, lo cual ha permitido enajenar la tierra a más de una persona, aunque

está acción no ha sido significativa hasta el momento.

En el ejido de Nogueras en el período de 1997 a 2004, de las 265.80 Has.

divididas en 22 parcelas que fueron otorgadas por dotación, sólo en 14 de ellas han

obtenido el dominio pleno con una superficie de 48.64 Has, equivalente en términos

generales al 64% del total de las parcelas e indica que el 18% de la superficie total

fue desincorporada del régimen ejidal por esta vía.

105

Las enajenaciones fueron a favor de Impulsora Comercial Colimense S.A. de C.V. en el año 1998, JCL Construcciones S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Ramar, S.A. de C.V. y Pueblo Mágico Desarrollo, S.A. de C.V., las tres en el año 2006.

144



En el momento de la autorización, el 64% conservaron sus derechos (9

parcelas), y el 36% restante (cinco parcelas) los transfirieron directamente a un

particular. Solamente en cuatro de los 14 dominios plenos -entre los años 2004 a

2006- los propietarios han recurrido a la enajenación de tierras a favor de particulares

(29%) y hasta el año 2006, no se han registrado parcelas subdivididas (ver tabla 12).

Tabla 12 | Dominios plenos asignados por ejido 1993-2006. Municipio de Comala

Asignación

de dominio

Superficie

(Has.)

Asignación

al mismo

propietario o

familiar

Cambios de

propietario*

A terceros

realizadas

en el

mismo año

del trámite

Posteriores

al año del

trámite

Sin

venta

Sin

dato

Comala 350 1212.00 31 338.64 26 5 2 15 14 0 4

El Pedregal 57 310.18 9 91.86 7 2 1 5 3 0 2

Nogueras 22 265.80 14 48.65 9 5 0 4 8 2 0

Total 429 1787.98 54 479.15 42 12 3 24 25 2 6

Ejido

Núm.

Total de

parcelas

Sup. total

(Has.)

Parcelas con

trámite de

subdivisión


Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del RAN y Dirección de Catastro Estatal y municipal.

En el municipio de Coquimatlán, para el caso de Los Limones, de las 693

Has. que se le certificaron, a partir de 2003 y hasta el 2005, 16 parcelas han obtenido

el dominio pleno con una superficie de 186.44 Has., lo cual equivale al 12% de la

superficie total, la cual dejó de pertenecer al régimen ejidal.

En lo referente al tipo de propietario, en el 31% de los casos (cinco parcelas),

los titulares originales o familiares que solicitaron la adopción del dominio pleno, a la

fecha siguen todavía conservando los derechos sobre el predio; y el 69% (11

parcelas) enajenaron en el 2005 a un particular en el mismo año en que les fue

autorizado el trámite.

Cabe señalar que en el 62% restante, se detectó que la Dirección de Catastro

del Estado no tiene los registros de un particular, el cual solicitó en el 2003, la

transferencia de derechos por una superficie total de 142.35 Has., es decir,

solamente se tienen registrados los nombres de los propietarios originales, los cuales

fueron obtenidos del RAN. En este sentido, se desconoce, si esta persona enajenó

las parcelas a sus titulares originales o los registros de la dependencia estatal no se


145

encuentran actualizados. Por otra parte no se registraron otro tipo de trámites tales

como la subdivisión realizados en los predios (ver tabla 13).

En el ejido Coquimatlán no se ha registrado asignaciones de dominio pleno

en las parcelas.

Tabla 13 | Dominios plenos asignados por ejido 1993-2006. Municipio de Coquimatlán

Asignación

de dominio

Superficie

(Has.)

Asignación

al mismo

propietario o

familiar

Cambios de

propietario*

A terceros

realizadas

en el

mismo año

del trámite

Posteriores

al año del

trámite

Sin

venta

Sin

dato

Los Limones* 101 693.00 16 186.44 5 11 1 0 15 0 0

Coquimatlán 0 2510.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Total 101 3203.57 16 186.44 5 11 1 0 15 0 0

Ejido

Núm.

Total de

parcelas

Sup. total

(Has.)

Parcelas con

trámite de

subdivisión


*en el caso de este núcleo agrario, se desconoce el dato del número total de parcelas entregadas por ampliación, por lo cual se presenta como referencia, el número de parcelas conocidas. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del Registro Agrario Nacional y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Colima.

Para el núcleo agrario de El Trapiche, ubicado en el municipio de

Cuauhtémoc, de las 1,053 Has. divididas en 86 parcelas que fueron otorgadas por

dotación, entre 1997 al 2006, en 52 de ellas han obtenido el dominio pleno con una

superficie de 428.21 Has., lo cual equivale al 61% del total de las parcelas y se

desincorporó del régimen ejidal por este medio un 41% de la superficie total.

En lo que se refiere al tipo de propietario, en 35 parcelas (67%) el trámite fue

autorizado a nombre del titular original o familiar directo; mientras que en 17 de las

mismas (33%) cedió directamente sus derechos a un particular. Se han registrado

además, enajenaciones entre los años 1998 y 2006 en el 54% de los casos, de los

cuales, el 27% se ha realizado a favor del IVECOL, de una superficie aproximada de

60 hectáreas y la superficie restante correspondiente a 367.68 Has. (73%) se ha

enajenado a favor particulares y se registraron 12 parcelas subdivididas.

Finalmente, en el ejido Buenavista, de las 4 mil 303.52 Has. otorgadas por

dotación y ampliaciones, solamente en tres de ellas han obtenido el dominio pleno en

el año 2002, con una superficie de 19.13 Has., lo cual equivale al 0.4% de la

superficie total, que ha dejado de pertenecer por este medio al régimen ejidal.

146



En lo que se refiere al tipo de propietario, en dos de las parcelas,

correspondientes al 67% siguen conservando a la fecha los derechos sobre su

propiedad, mientras que en la restante (33%), cedió sus derechos automáticamente

en el año 2002 y a su vez enajenó a un particular en ese mismo año. Al 2006, no se

han registrado trámites de otra índole en las parcelas (ver tabla 14).

Tabla 14 | Dominios plenos asignados por ejido 1993-2006. Municipio de Cuauhtémoc

Asignación

de dominio

Superficie

(Has.)

Asignación

al mismo

propietario o

familiar

Cambios de

propietario*

A terceros

realizadas

en el

mismo año

del trámite

Posteriores

al año del

trámite

Sin

venta

Sin

dato

El Trapiche 86 1053.00 52 428.21 35 17 14 14 24 0 12

Buenavista* 356 4303.52 3 19.13 2 1 1 0 2 0 0

Total 442 5356.52 55 447.34 37 18 15 14 26 0 12

Ejido

Núm.

Total de

parcelas

Sup. total

(Has.)

Parcelas con

trámite de

subdivisión


*en el caso de este núcleo agrario, se desconoce el dato del número total de parcelas entregadas por ampliación, por lo cual se presenta como referencia, el número de parcelas conocidas. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del Registro Agrario Nacional y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Colima.

Finalmente, a nivel global, en los cinco municipios que integran nuestra área

de estudio, se han efectuado un total de 204 asignaciones de dominio pleno en una

superficie de 3 mil 230.67 Has., correspondiente al 16% del total de la superficie

ejidal.

El primer lugar en asignaciones de dominio pleno lo ocupa Colima, seguido

por Villa de Álvarez, luego Comala, después Cuauhtémoc y al final Coquimatlán.

Del total de parcelas desincorporadas, el 46% aún siguen sin cambio de

propietario, el 41% ya enajenaron desde la asignación del dominio pleno o

posteriormente, y el 13% se desconoce la situación actual, ya que no se tenían los

datos disponibles en los registros en la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado

de Colima.

Por otra parte, en el 16% de los casos, se ha recurrido a la subdivisión como

trámite adicional para fraccionar la tierra y distribuirlo entre varios propietarios (tabla

15).


147

Tabla 15 | Total de dominios plenos asignados por Municipio 1993-2006

Asignación

de dominio

Superficie

(Has.)

Asignación

al mismo

propietario o

familiar

Cambios de

propietario*

A terceros

realizadas

en el

mismo año

del trámite

Posteriores

al año del

trámite

Sin

venta

Sin

dato

Colima 576 7842.10 136 1401.89 100 36 9 56 61 10 32Villa de

Alvarez 251 1935.00 68 715.97 48 20 3 11 23 31 4

Comala 429 1787.98 54 479.15 42 12 3 24 25 2 6

Cuauhtémoc 442 5356.52 55 447.34 37 18 15 14 26 0 12

Coquimatlán 545 3203.57 16 186.44 5 11 1 0 15 0 0Total 2,243 20125.17 329 3230.79 232 97 31 105 150 43 54

Ejido

Núm.

Total de

parcelas

Sup. total

(Has.)

Parcelas con

trámite de

subdivisión


Fuente: Tablas 10 a 14

En síntesis, los aspectos más importantes en este capítulo, es que una vez

que se reconoció la capacidad de los avecindados y sujetos con derecho a dotación

para obtener tierras por ese medio, con la finalidad de satisfacer sus necesidades

económicas, se dotaron de tierras a los solicitantes, provenientes de las haciendas y

grandes predios cercanos que no pudieron comprobar su inafectabilidad.

A los 16 núcleos agrarios se les otorgó una superficie de 16 mil 533.79 Has.

de tierra social ejecutada en cada una de las localidades, sólo la mitad de dichos

ejidos aumentaron su superficie a través de la ampliación en un 18%, con un total de

20 mil 125.17 Has. ejecutadas por medio de esas dos acciones agrarias; los cinco

ejidos más beneficiados fueron Buenavista (4303.52 Has.), Piscila (3139.80 Has.),

Coquimatlán (2510.57 Has.), Villa de Álvarez106 (1459 Has.) y La Estancia con

1325.30 Has., respectivamente.

Como ya se mencionó, a pesar de que la dotación y la ampliación tenían como

objetivo cumplir una función social a favor del campo y sus habitantes; la

expropiación, en contraparte, fue utilizada bajo el concepto de ―causa de utilidad

pública‖, de acuerdo al artículo 27, las cuales, han sido encaminadas para la

regularización, ordenamiento y la provisión de infraestructura y servicios para el

desarrollo de áreas urbanas o de una región.

106

A pesar de que se dividieron 987 Has. para la constitución el ejido el Diezmo, fue una de las localidades más beneficiadas por concepto de dotación y ampliación.

148



De manera particular, los ejidos estudiados resultaron afectados en 33

ocasiones por concepto de las expropiaciones entre los años 1972 y 2001, el total de

las expropiaciones ocasionó la desincorporación de suelo ejidal correspondiente al

4% de la superficie total, y en el caso de La Estancia y Francisco I. Madero,

perdieron por este medio aproximadamente el 24 y el 15% de su superficie total,

respectivamente.

Las causas de utilidad pública fueron principalmente, la creación de reservas

territoriales adquiridas en su mayoría por Gobierno de Estado y administradas por el

antecedente del IVECOL, para promover la regularización de terrenos que habían sido

ocupados por asentamientos irregulares, la creación de equipamiento en el que

destaca la construcción del aeropuerto ―Buenavista‖ y la generación del tramo

carretero Colima-Manzanillo y el libramiento Colima con la finalidad de conectar la

zona con otros puntos estratégicos de la entidad y del país. Posteriormente, veremos

cómo estas acciones en su conjunto influyeron y determinaron el proceso de

desincorporación tierra ejidal de los núcleos agrarios más cercanos a la conurbación.

Por otra parte, el Programa Federal de Certificación (PROCEDE) en su pre-

cierre en la entidad en el año 2003, tuvo un avance del 99%, y al año 2006, de los

164 núcleos agrarios existentes en el Estado, 163 se encuentran ya certificados y en

el caso de los ejidos del área de estudio todos se acogieron al programa. Las

repercusiones ―implícitas‖ de estas iniciativas han coadyuvado a la desincorporación

del ejido, al otorgarles certificados parcelarios que avalan la superficie real de la

tierra y los derechos de propiedad sobre la misma, el cual constituye un requisito

indispensable para la adopción del dominio pleno, es decir, trámite por el cual la

tierra cambia de régimen de propiedad, sustrayéndose del patrimonio del ejido. Con

ello, el propietario tiene la posibilidad de enajenar y cambiarle su uso de acuerdo a

sus intereses cuando así lo crea necesario.

Los principales beneficios detectados por los ejidatarios respecto al PROCEDE

son la certidumbre jurídica por la definición de las parcelas, con el fin de dejar un

patrimonio a su familia en fracciones o para tener la posibilidad de vender y hacer


149

negocio. Se detectó que el programa de certificación, además de tener resultados

positivos en los ejidos y sus beneficiarios, también ha sido motivo de conflictos de

otra índole.

En el caso particular de La Estancia, antes de la certificación, los aguajes se

aprovechaban en común para el mantenimiento del ganado y una vez que las

parcelas fueron delimitadas quedaron en propiedades de algunas personas, las

cuales han mostrado renuencia para permitir el acceso al resto de los ejidatarios a

estas tomas de agua, situación que hasta el momento no se ha podido resolver.

Asimismo, los ejidatarios manifiestan que algunas de las repercusiones del

PROCEDE ha sido en los cambios de uso de suelo, que ha promovido que haya más

beneficiados por la plusvalía que adquieren los terrenos cercanos a las zonas

urbanas y da la posibilidad a los campesinos de dedicarse a otra actividad que no

sea el campo y puedan vivir de otra manera, quizás para ellos mejor que como hasta

hoy.

Por lo que respecta al dominio pleno, el total asignaciones otorgadas en los

ejidos de estudio fueron 329 con una superficie de 3 mil 230.79 hectáreas. Los

únicos ejidos que durante el período de estudio no lo solicitaron fueron Cardona y

Coquimatlán.

En lo particular, las primeras asignaciones de dominio pleno fueron realizadas

en 1994 en el ejido El Diezmo y otros más le han seguido hasta la fecha. Este ejido,

con un total de 52 solicitudes y una superficie de 533.34 hectáreas, junto con el de

Buenavista con 3 solicitudes que amparan 19.13 Has., son los que ocupan el primer

y último lugar en superficie con dominio pleno107. La primera situación se puede

explicar, ya que el Diezmo es un área ubicada al norponiente de la conurbación,

actualmente en proceso de urbanización y es donde se están ubicando los

desarrollos inmobiliarios destinados a las clases sociales económicamente más

pudientes, actualmente es la zona con mayor dinamismo económico de toda la

conurbación.

107 En ese orden de importancia están los ejidos Villa de Álvarez, El Trapiche, Comala, Francisco I. Madero, Pastores, Acatitán, Los Limones, La Estancia, Lo de Villa, El Pedregal y Piscila.

150



Una situación observada108 es que cuando aparecen personas diferentes a los

propietarios originales o familiares, quiere decir, efectivamente, que "enajenaron" o

vendieron, ya sea a otro ejidatario o un avecindado del núcleo de población al que

pertenezca. Esta venta pudo ser antes que se solicitara el dominio pleno o al mismo

tiempo de la realización del trámite, tal como la normatividad lo prevé, de

conformidad a los artículos 80 a 82 de la Ley Agraria.

También se detectó que las personas que figuran como titulares de esas

asignaciones de dominio pleno, ya vendieron, pero ahora sí, a particulares no

pertenecientes al poblado, ni ejidatarios sino a promotores inmobiliarios, gobierno del

estado, IVECOL, etc.

Además, existen ejidatarios que han solicitado el dominio pleno con el fin de

tener certeza jurídica sobre su parcela y no necesariamente para su venta, los

cuales, en su mayoría, han solicitado trámites de subdivisión, con la finalidad de

dividir la tierra para conservar una fracción para sí mismos y la(s) restante(s),

venderlas al mejor postor(es).

En algunos casos de Colima y Comala, las personas que solicitaron el dominio

pleno de sus parcelas, ya han vendido, y los compradores, en su mayoría, son

grupos de 3 a 5 personas que construyen alguna cabaña o ranchito, bajo la

modalidad de copropietarios; clandestinamente introducen luz y muchas veces

también agua, lo que hace de esto una situación de irregularidad y que cambien de

un uso agrícola a habitacional campestre (AG a H1), aunque legalmente son

copropietarios y de manera individual no tienen ninguna certeza jurídica.

En otros de los casos, solicitan el dominio pleno con la finalidad de enajenar a

desarrolladores particulares o empresas para la realización de proyectos en la

entidad. Tal es el caso de la cervecera del Grupo Modelo, que adquirió más de 300

hectáreas de terreno, de las cuales el ejido los Limones y Lo de Villa enajenaron,

108

A través de una entrevista realizada a un ex funcionario del área de obras públicas y desarrollo urbano del municipio de Comala


151

mediante la asignación del dominio pleno, un aproximado de 130 y 50 Has.; para

esta importante empresa109, respectivamente.

Por el contrario, de la misma manera existe una acción agraria llamada

Incorporación de Tierras al Régimen Ejidal (ITRE), en la cual las tierras de dominio

pleno pasan a ser ejidales. En la legislación anterior se determinaba que cuando el

núcleo adquiriera terrenos con recursos propios, créditos o por cualquier medio legal,

podría, por acuerdo de asamblea, solicitar su incorporación al régimen ejidal,

siguiendo el procedimiento establecido para la acción de ampliación de ejido, por lo

que dicha incorporación culminaba con la resolución presidencial correspondiente.

Un ejemplo de lo anterior dentro del área de estudio se dio en el ejido

Pastores, en el municipio de Villa de Álvarez. Por decreto presidencial publicado con

fecha del 2 de junio de 1999, se señaló que 228 grupos de campesinos venían

ocupando y explotando de manera continua desde hacía ya más de cinco años en

actividades agropecuarias, 783 predios rústicos de propiedad privada sin contar con

los títulos correspondientes, cuyas superficies sumaban 82,120-64-20 Has. ubicadas

en diversos Estados de la República. Por mandato del presidente en turno, el Lic.

Ernesto Zedillo Ponce de León, procedió a decretar la expropiación a favor del

gobierno federal de la superficie anteriormente señalada, cubriendo la indemnización

a las personas que acreditaran tener derecho a la misma.

De esa superficie total, el ejido Pastores resultó beneficiado mediante esa

acción agraria, con una superficie de 28-86-48 hectáreas para el grupo campesino de

Pastores (los cuales fueron incorporados al ejido del mismo nombre), tomadas de la

fracción del predio denominado ―La Montrica‖, en el municipio de Villa de Álvarez.

109

Información obtenida de manera verbal por el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria,

Delegación Colima; así como entrevistas realizadas a los comisarios de cada núcleo agrario. Sin embargo, en la información presentada en la Tabla 10, se desconoce el por qué la Dirección de Catastro Municipal no tiene el registro de cuáles parcelas y la superficie que pasaron -en su momento- a ser propiedad del Grupo Modelo.

152



El siguiente capítulo se verán los mecanismos –de tipo formal- de

desincorporación de tierra ejidal a otros tipos de propiedad previstos en la legislación

agraria, así como las vías de incorporación de la superficie de origen ejidal al

desarrollo urbano, con el fin de determinar cuánta ha sido la tierra que ha cambiado

de régimen y se ha mantenido probablemente a la espera del mejor postor o ya han

sido ocupados por diversos proyectos para fines urbanos.

153

5. La expansión territorial en el Área Metropolitana de Colima sobre tierra ejidal 1990-2006

5.1 Incorporación de tierra ejidal al proceso de urbanización

En México, desde la época posrevolucionaria y especialmente en las últimas

décadas, la incorporación al desarrollo urbano de tierra de propiedad social -ejidos y

comunidades- ha presentado grandes problemas para el desarrollo urbano en

México, ya que a partir de la situación general de la tenencia de la tierra en el país,

se establece que de los casi 200 millones de hectáreas, un 51% corresponde a la

propiedad social (ejidal y comunal) con cerca de 30 mil núcleos agrarios distribuidos

e incluidos en las áreas de crecimiento de los principales centros urbanos.

Aun cuando en el marco legal ha existido la figura de la expropiación como

medio para desincorporar las tierras del régimen de propiedad social, para

incorporarlas al desarrollo urbano, hace falta una política pública clara y dinámica en

la materia, dirigida a generar una mayor participación de los estados y municipios en

los procesos de desincorporación del suelo de origen social para la creación de

reservas territoriales en nuestro país110.

Esta situación ha provocado que más de la mitad del desarrollo urbano en

México sea consecuencia de los procesos de ocupación irregular, seguidos por la

regularización, lo cual constituye en la actualidad un círculo vicioso que se ha venido

desarrollando con un dinamismo superior al de la ocupación formal de terrenos en

algunas ciudades, especialmente en sectores de menores ingresos, pero que no son

los únicos. Esta incorporación se ha dado por dos vías: la formal y la informal

110

En el caso de los procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra o la expedición de títulos de propiedad privada en tierra de propiedad social, se requiere de un proceso de desincorporación, con la finalidad de que la tierra cambie a un marco jurídico donde la titularidad de la tierra pueda ser transferida a un particular.

154



(Hernández: 2005:3), aunque la irregularidad en la ciudad de Colima y el resto del

área de estudio no ha generado problemas evidentes en tierras de origen social.

Sin embargo no es un solo elemento el que define las formas de acceso al

suelo en las diferentes ciudades mexicanas, pero sí hay por lo menos un elemento

en común en todo el país, con relación a la apertura del suelo de propiedad social al

mercado legal y éste es el de la reforma hecha al artículo 27 constitucional en el año

de 1992, cuyo efecto principal en el área de estudio fue diversificar los mecanismos

de incorporación de suelo de propiedad social al mercado inmobiliario urbano y

provocar un auge del libre mercado del suelo de origen ejidal.

Con la reforma de 1992 al artículo 27, por primera vez se permite la venta del

suelo ejidal y comunal, lo cual facilitaría reemplazar la venta ilegal por su

incorporación ordenada al desarrollo urbano. De los resultados obtenidos en el área

de estudio, entre el reparto agrario y los cambios al 27 constitucional, se incorporaron

al Área Metropolitana de Colima tres mil 595.28 hectáreas de suelo ejidal, a partir de

diversos mecanismos.

Desde que se concluyó el Proceso de Certificación111, se ha contenido la

irregularidad –referida a la venta de lotes en suelo ejidal sin escrituras– en la zona,

por lo menos hasta el año 2006. Pero tal y como lo afirma Chávez, los programas de

desarrollo urbano, sobre todo los vigentes, se han ido ajustando a las necesidades

de los promotores urbanos, que junto con el gobierno del Estado de Colima –a través

de su instituto de vivienda-, son los que han aprovechado mayormente las

disposiciones de la nueva ley agraria (Chávez, 2005:1). Al respecto, la adquisición de

111

Con base en los lineamientos de la Ley Agraria y de la Ley General de Asentamiento Humanos, y de que el PROCEDE avanzaba en el proceso de certificación de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, se pusieron en marcha nuevos mecanismos para incorporar legalmente suelo al desarrollo urbano. Estos procedimientos de incorporación de suelo eran equivalentes a la conformación de reservas territoriales, aunque sólo son considerados así hasta 1996 cuando se creó un programa a nivel nacional en donde quedaron incluidos todos, el cual fue conocido como el Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO). Dicho programa fue el resultado de una de las líneas de acción del Programa 100 Ciudades ya actualizado, el cual se deriva a su vez del Plan Nacional de desarrollo Urbano 1995-2000. El programa PISO tiene como objetivo lograr la disponibilidad del suelo necesario en las ciudades para satisfacer los requerimientos de vivienda, de equipamiento urbano y de la propia expansión.

5. La expansión territorial en el AMC sobre tierra ejidal 1990-2006

155

tierra por parte de ambos agentes urbanos entre 1990 y 2006 ha sido de 407.85 y

232.80 Has., lo cual en conjunto equivale al 80% de los proyectos urbanos en tierras

de origen ejidal, respectivamente.

En el AMC dicha situación se sigue reflejando en ese mismo grado de

importancia, y hay que destacar que a pesar de que el gobierno del Estado ha

intervenido a través de su instituto de vivienda con un total de 18 mil 346 lotes

urbanizados en toda el área de estudio, de los cuales 12 mil 085 lotes (66%) se han

desarrollado en tierras de origen ejidal, en realidad no ha resuelto el problema de la

vivienda para los sectores populares, debido a las reducidas características del

inmueble, la distante y desarticulada ubicación de dichos conjuntos habitacionales,

deficiente urbanización y la falta de equipamientos, infraestructura y servicios

básicos para satisfacer las necesidades de la población112.

Por otro lado, el auge del mercado inmobiliario como resultado de los nuevos

mecanismos de incorporación de suelo ejidal al desarrollo urbano, pone de

manifiesto la participación de los sectores no populares de la población, una escasa

participación de las instituciones públicas de vivienda en el desarrollo urbano y un

predominio del mercado libre de suelo en el cual los gobiernos municipales fungen

como facilitadores.

5.2 Mecanismos utilizados para la transformación del cambio del régimen de propiedad

De acuerdo a la literatura consultada, tanto Hernández como Olivera (2005)

coinciden en que las actuales disposiciones en materia agraria para realizar la

desincorporación de la tierra de origen social, para su posterior incorporación al

desarrollo urbano por el mercado formal, se basan en los siguientes mecanismos: a)

expropiación, b) compra-venta –a través de la adopción de dominio pleno en

parcelas– y c) aportación de tierras de uso común a inmobiliarias ejidales. Estos

mecanismos son los que se han presentado en la zona de estudio.

112

Esto lo confirma en su análisis Juan Antonio Calderón Mafud (2007), en su trabajo Vivienda progresiva en la zona metropolitana de Colima.

156



Hernández (2005:19) menciona, además de los anteriores mecanismos, la

titulación de solares urbanos y Olivera (2005:4) la enajenación de bienes federales

para la incorporación de suelo de origen social al desarrollo urbano. Estas

modalidades se han empleado para los casos en los que la tierra de origen social

sea incorporada tanto por la vía formal o regular –sin ocupación previa de la tierra–,

como informal o irregular, por la vía de regularización, es decir, cuando la tierra ya ha

sido ocupada por asentamientos irregulares.

A continuación, se presentan los principales mecanismos que están

contemplados en la actual legislación en materia agraria para la desincorporación de

tierra de origen ejidal para su posterior incorporación al desarrollo urbano.

a.1) Expropiación

La expropiación es una acción del estado que se puede realizar, incluso en

contra de la voluntad de los afectados, siempre y cuando se justifique por una de las

causas de utilidad pública y se realice mediante el pago de una indemnización.

Dichas disposiciones están contenidas en el Art. 93 de la Ley Agraria, la cual dispone

que:

Art. 93. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o

algunas de las siguientes causas de utilidad pública:

I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función

públicos;

II. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así

como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el

desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo;

III. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la

conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros;

IV. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación

de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación

de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones;


157

V. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural;

VI. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes

o servicios de indudable beneficio para la comunidad;

VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de

aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas

sujetas a la ley de vías generales de comunicación y líneas de

conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás

obras relacionadas; y

Las demás previstas en la ley de expropiación y otras leyes.

En el caso de expropiación con fines de regularizar, este mecanismo implica

trabajos técnicos, la cual se puede dividir en las siguientes etapas:

1) Etapa de desincorporación: es el acto agrario por medio del cual la tierra

deja de ser propiedad social y se incorpora a otro régimen de propiedad.

Aquí solamente intervienen los sujetos agrarios, las autoridades agrarias

y el promovente. Dicho acto se fundamenta en el artículo 93 fracción V

de la citada Ley Agraria.

2) Etapa de incorporación al desarrollo urbano: consiste en obtener las

autorizaciones locales en materia de desarrollo urbano para lo cual

intervienen el promovente y las autoridades competentes en la materia.

Cabe señalar que en algunos casos, las autorizaciones para regularizar

asentamientos irregulares no pueden llevarse a cabo en aquéllos predios

que por alguna causa no hayan sido autorizados para su urbanización,

tales como las zonas de protección, de alto riesgo o fuera de los límites

de regulación de los programas de desarrollo urbano (LGAH, Artículo 9

fracción XI).

3) Etapa de contratación y escrituración: una vez definida la propiedad de la

tierra mediante la desincorporación y obtenidas las autorizaciones

correspondientes, el promotor notifica a los posesionarios que ya están

dadas las condiciones para que mediante pago de una contraprestación

158



al promovente o de forma gratuita, el posesionario pueda obtener un

título de propiedad inscrito en el registro público de la propiedad.

Por lo que se refiere al monto de la contraprestación, ésta será a un

precio que pueda ser cubierto por los beneficiarios y el necesario para

cubrir los gastos de los trabajos de regularización y el pago de

indemnización al núcleo agrario realizado por el promoverte. (LA, Artículo

94).

a.2) Expropiación concertada

Dentro de la expropiación, existe otra modalidad denominada ―expropiación

concertada‖, en el cual la concertación es el elemento que la distingue de las otras

expropiaciones. Es aplicable a las tierras parceladas del ejido, a las tierras de uso

común y a las superficies para el asentamiento humano, en el cual además de estar

fundamentada en una causa de utilidad pública es el esquema que ha utilizado la

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para la

regularización de los asentamientos humanos irregulares -otorgándole a la tierra una

nueva situación jurídica que permite su incorporación al desarrollo urbano- o

inclusive para incorporar superficies de terreno libres de ocupación, en las que se

puede planear un desarrollo urbano ordenado.

En el caso de las expropiaciones promovidas por la CORETT es conveniente

que se hagan de manera concertada, ya que esta política ha permitido la solución

pacífica de conflictos de intereses muy complejos, y fomenta la comunicación con los

sujetos agrarios y avecindados con la finalidad de evitar su oposición y así acelerar

su conclusión.

Como se mencionó en el capítulo anterior, en la zona de estudio se han

efectuado 33 acciones agrarias a través de este mecanismo para la construcción de

infraestructura, vialidades, equipamiento, así como creación de reservas territoriales

y la regularización de asentamientos irregulares, esto ha permitido incorporar una

superficie de 834.5 hectáreas de suelo social a la zona, correspondiente al 4.15% de


159

la superficie total de los ejidos de estudio, y de los cuales, el 63.19% corresponden

solamente a tierras ubicadas en la conurbación Colima-Villa de Álvarez.

En este sentido, el gobierno del Estado de Colima y la CORETT han sido los

principales promoventes de expropiaciones en varios ejidos de la zona de estudio113,

correspondiente al 91.32% de la superficie total expropiada (ver tabla 16).

Tabla 16 | Expropiaciones en ejidos del AMC y principales promoventes, 1972-2001

Promoverte

Superficie expropiada

(Has.)

%

CORETT 319.31 38.28

Gobierno del Estado 442.38 53.04

Gobiernos Locales (ayuntamientos) 13.05 1.57

Dependencias federales (SCT, SEDUE, CFE, SEMARNAP y SSyBS)

58.14 6.97

Otros 1.17 0.14

Total 834.05 100

Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 6

Las primeras acciones en esta materia se registraron en el año 1978, en los

ejidos Francisco I. Madero y El Diezmo y la última en el 2001, del ejido Coquimatlán.

Una de las principales causas de utilidad pública fue la adquisición de reservas de

suelo para el desarrollo urbano y vivienda, con 333.24 Has., correspondientes al

39.95% de la superficie total expropiada. En segundo lugar, correspondió a la

regularización de los asentamientos humanos con 223.61 Has. (26.81%), le sigue la

adquisición de terrenos para la construcción de equipamientos de carácter regional

como el aeropuerto de Buenavista, cercano a la ciudad de Colima, así como otros de

tipo recreativo y deportivo; la construcción de infraestructura vial con 43.82 Has.

(5.25%); obras de infraestructura hidráulica y eléctrica con una superficie de 9.62

Has. (1.15%) y; finalmente la utilización del suelo para otros usos con un total de

1.17 Has., correspondiente al 0.15% del total de tierra de origen ejidal expropiado, en

total suman 834.05 Has. expropiadas (ver tabla 17).

113

Francisco I. Madero, El Diezmo, La Estancia, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Buenavista

160



Tabla 17 | Distribución de expropiaciones por causas de utilidad pública

Causa de utilidad pública

Superficie expropiada

(Has.)

%

Reservas de suelo para el desarrollo urbano y vivienda 333.24 39.95

Regularización de asentamientos humanos 223.61 26.81

Equipamientos 222.59 26.69

Vías de comunicación 43.82 5.25

Obras de infraestructura 9.62 1.15

Otro 1.17 0.15

Total 834.05 100

Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 6

b) Adopción de dominio pleno

Es el único mecanismo mediante el cual la tierra de propiedad social se

privatiza, pero la adopción del dominio pleno solamente aplica a las tierras

parceladas del ejido y no a las tierras de uso común ni a las tierras para

asentamiento humano. Es una decisión que toman lo ejidatarios en lo individual,

aunque ya una vez concluido el PROCEDE, es una disposición de la Asamblea ejidal.

Cuando se ha adoptado el dominio pleno los titulares del suelo pueden comerciarlo y

enajenarlo de manera directa.

Esto último es precisamente una de las razones por las que los propietarios de

tierras ejidales no se han asociado para realizar proyectos urbanos o productivos en

sus parcelas, de acuerdo a lo estipulado por la normatividad agraria, han preferido

vender. En el caso de La Estancia, anteriormente se les vendía a los llamados

―coyotes‖, los cuales lotificaban de manera ilegal, sin introducir servicios ni otorgar

escrituras para sus futuros ocupantes, situación que ha dejado de presentarse por lo

menos hasta el año en el que fue realizado este estudio.

De acuerdo a los datos presentados en el capítulo anterior, la adopción del

dominio pleno ha sido el mecanismo más recurrente por el que han optado los

ejidatarios; es decir, de las 329 asignaciones de dominio pleno en 14 de los 16

ejidos, solamente en los núcleos agrarios de Colima y Villa de Álvarez representan


161

en conjunto el 62% del total de las autorizaciones; seguidos por Cuauhtémoc (17%),

Comala (16%) y finalmente Coquimatlán con un 5% (ver tabla 18).

Tabla 18 | La adopción de dominio pleno en los ejidos del AMC

Municipio Total de ejidos con dominio pleno*

Total de dominios plenos

%

Colima 6 136 41

V. de Álvarez 2 68 21

Cuauhtémoc 2 55 17

Comala 3 54 16

Coquimatlán 1 16 5

Total 14 329 100

* Total de ejidos de estudio por municipio donde se registraron asignaciones de dominio pleno

Fuente: Tabla 15

En el caso de los ejidos Los Limones y Lo de Villa, una de las enajenaciones

de tierra más importantes fue vendida al Grupo Modelo, de la cual, el ejido Los

Limones vendió aproximadamente 130 Has. y Lo de Villa poco más de 50 Has. para

un megaproyecto, que aunque a la fecha no se ha llevado a cabo, actualmente se ha

estado sembrando caña en el predio ―por parte de un político asociado, con el ex

gobernador Fernando Moreno Peña"; sin embargo, se desconoce el manejo legal de

los mismos.

En el caso de los ejidos Francisco I. Madero y El Diezmo han efectuado

ventas de contado, tanto a particulares como a desarrolladores inmobiliarios,

principalmente, con el fin de fraccionar. De igual manera, en los núcleos agrarios de

Villa de Álvarez y El Trapiche, grupos de ejidatarios han enajenado principalmente en

la zona cercana a El Chanal y La Capacha, para proyectos de tipo habitacional

campestre.

En el caso del núcleo agrario de Comala, el comisario señaló que las ventas,

en su mayoría, han sido destinadas para fraccionar o en algunos casos, para

mantenerla como reserva y con ello aumentar el valor de la tierra. En el 2006, se

162



concretó la enajenación de una superficie 34 Has.114 a la empresa Pueblo Mágico

Desarrollo S.A. de C.V., para la realización de un fraccionamiento habitacional

campestre y un campo de golf en la zona115. Una de las causas que han coadyuvado

a la venta de tierra en Comala y de manera específica en el ejido son las

colindancias con las localidades de El Chanal y El Chivato, así como el atractivo que

tiene este municipio por su clima, vegetación, paisaje y por la cercanía a la

conurbación, como se mencionó en el capítulo 4.

En el ejido Cardona, ya se mencionó que a pesar de no tener asignación de

dominios plenos, se han realizado enajenaciones únicamente entre los mismos

ejidatarios o parientes de los mismos, por asamblea. En este caso, los nuevos

propietarios han adquirido la calidad de posesionarios con la finalidad de no tener los

mismos derechos y obligaciones que los ejidatarios.

b) Aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles

Esta modalidad de incorporación es producto de una decisión de la Asamblea

ejidal aplicable a las tierras de uso común y consisten en la posibilidad de asociación

de los miembros del núcleo agrario en lo individual o como persona moral. La

asociación se puede dar con los sectores público, social y privado116.

Respecto a este último punto, el 67% de los comisarios entrevistados

considera positiva la posibilidad de asociarse con sectores privados o sociales, el

22% lo considera negativo y al 11% restante no les interesa. Los ejidatarios

mantienen esta perspectiva porque el campo ya no les resulta rentable, sin embargo,

114

de las cuales 9.5 Has. eran originalmente de uso común y en el 2005 fueron asignadas con dominio pleno al Sr. Carlos Valencia Cabrera 115

Se señaló además, que los costos de transacción variaron entre $680,000 y $1‘000,000 por Ha., dependiendo del agua disponible en el terreno 116 Los primeros esquemas para constituir lo que en un principio se llamaron compañías ejidales de

desarrollo urbano se dieron entre 1992 y 1994 como pruebas piloto; también se les ha denominado joint-ventures. La participación del sector privado en el ejido, sin embargo, no es nueva, ya que la modalidad de permuta que hasta 1971 permitía adquirir tierra ejidal en una ciudad a cambio de otra de características parecidas en otro lugar, sirvió para que desarrolladores privados construyeran complejos turísticos, parques industriales y vivienda no popular.


163

su decisión está en función del tipo de proyecto, aunque mantienen sus reservas

porque existen dos factores principales: el primero es porque en muchos de los

casos, al interior del ejido no existe organización ni la cultura de agruparse y trabajar

en equipo para realizar algún proyecto en conjunto; y en segundo, muestran

renuencia o desconfianza para llevar a cabo algún proyecto principalmente con el

sector empresarial, argumentando que pierden control de decisión porque sienten

―que los quieren perjudicar‖, por no conocer adecuadamente los esquemas de

asociación, así como sus desventajas o posibles desventajas.

De ahí que sobre la asociación, el 67% de los ejidatarios en el área de estudio

considera beneficioso este tipo de mecanismo porque consideran que lo que requiere

el núcleo agrario y sus integrantes es capital, y con estas acciones mejoraría la

economía tanto de la zona como de muchos ejidatarios y, en consecuencia, les

generaría plusvalía al resto de las parcelas. Asimismo, de acuerdo a la perspectiva

del núcleo agrario Francisco I. Madero, se puede obtener más dinero por esta vía

que venderlo a particulares y, además, se tiene el apoyo tanto del Registro Agrario

Nacional como de la Procuraduría Agraria.

Por otra parte, el 33% que dijo que no les conviene la asociación es por la falta

del conocimiento de todos los trámites requeridos y, sobre todo, por los costos

―implícitos‖ derivados de la generación de este tipo de proyectos bajo este esquema

asociativo, tales como el destinar una parte de la tierra para la creación de vialidades

y la dotación de equipamiento o infraestructura al mismo, lo cual va por cuenta del

ejidatario.

En el caso particular de Cardona, su líder defiende la idea de ver la tierra

como un patrimonio y señaló que fue uno de los ejidos que nació en 1926 a raíz del

movimiento cristero.

De los ejidos estudiados, sólo el Francisco I. Madero (o Moralete) ha

gestionado un proyecto inmobiliario. Para su realización, requirieron cambiar el

destino de una parcela a uso común, para lo cual se asignaron 5.55% de las tierras,

en lo individual a 16 ejidatarios con la finalidad de aportarla, e inscribir en el Registro

Agrario Nacional, la constitución de una sociedad mercantil inmobiliaria, denominada

164



―El Moralete S.A. de C.V.‖, cuyo proyecto fue tratado en la asamblea el 13 de mayo

de 2002. Las acciones de la aportación fueron a partes iguales de 15 ejidatarios

beneficiados con los derechos de uso común del ejido117; la experiencia fue

analizada por Chávez (2005) y hasta la fecha sigue siendo la única en el estado de

Colima.

Por otra parte, a los ejidatarios se les cuestionó si ellos mismos o alguien de

su ejido había participado o realizado proyecto urbano y/o productivo en sus

parcelas, el 78% no lo ha hecho porque consideran que hay poca participación para

trabajar y para solicitar apoyos a nivel grupal, mientras que del 22% restante, la

mitad dijo que fue realizado un solo proyecto con fines urbanos en el ejido Francisco

I. Madero -fraccionamiento Francisco Villa III que ya se mencionó - y la otra mitad

mencionó que en el núcleo de Villa de Álvarez se realizó un proyecto de tipo

productivo destinado a la siembra de árboles de exportación, así como una granja de

pescado tilapia; adicionalmente, en Los Limones apenas está en proceso la gestión

de recursos para realizar un proyecto de corrales de manejo.

En el ejido El Diezmo, ya no se consideraba como una opción la generación

de proyectos productivos y la gestión de recursos, ya que -según lo mencionaron-, el

gobierno les retiró los apoyos para realizarlos debido a que no resultaba factible,

porque ―ya los absorbió la mancha urbana‖.

A continuación, se presentan aquellos proyectos desarrollados en tierras de

origen ejidal realizados con la participación de los diversos actores urbanos, quienes

poseen o en muchos de los casos han promovido la tierra de origen social para fines

urbanos.

5.3 Proyectos surgidos en tierra de origen ejidal

De acuerdo con la fracción V del artículo 115 Constitucional, corresponde a los

municipios controlar el desarrollo urbano, para lo cual le es reconocido un conjunto

117

La parcela objeto de la aportación está legalizada con el certificado parcelario número 000000007353 a favor del ejido Francisco I. Madero, de acuerdo al acta de asamblea del 26 de diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Agrario Nacional bajo el folio 06FD00007353.


165

de atribuciones, entre las que se incluyen formular, aprobar y administrar la

zonificación y planes de desarrollo urbano municipales; participar en la creación y

administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización

del suelo en el ámbito de su competencia; intervenir en la regularización de la

tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; y

participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

La autorización de fraccionamientos es una actividad del Estado que tiene

impacto directo en las políticas de crecimiento y ordenamiento urbano, en el

aprovechamiento de las reservas territoriales y en la utilización racional del suelo

urbano para orientar el desarrollo sustentable de las ciudades de nuestro estado y el

general del país. En la mayor parte de los países se reconoce como una función

propia de la autoridad más cercana a la sociedad, la relativa al desarrollo urbano,

incluyendo la regulación y autorización de fraccionamientos, parques industriales y

centros comerciales y de servicios, considerando, además, que son las autoridades

locales las responsables de la provisión de servicios básicos como agua potable,

alcantarillado, áreas verdes, vialidades, alumbrado público y seguridad ciudadana.

En el estado de Colima, cada municipio tiene las facultades que le confiere el

artículo 21 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, entre ellas la regulación

del suelo a través de los programas de desarrollo municipales y de centros de

población.

En el Área Metropolitana de Colima, los municipios de Colima, seguido por

Villa de Álvarez, son los que han autorizado el mayor número de proyectos urbanos y

desarrollos habitacionales en el periodo 1990-2006, algunos de origen regular o

irregular, en propiedad privada o en propiedad que en su momento fue de tipo ejidal,

ocupación hecha con diversos tipos de usos de suelo e intensidades de edificación.

166



Específicamente, en el Área Metropolitana de Colima se han identificado un

total de 269 proyectos urbanos118 -realizados principalmente por la vía regular y muy

pocos por la irregular -distribuidos en parte de los territorios de los cinco municipios.

De los proyectos realizados, independientemente del régimen de propiedad

del suelo, en el municipio de Colima se han hecho 120 proyectos, con una superficie

total de 1,110.17 Has., siguiéndole en ese orden Villa de Álvarez con 109 proyectos

(en 1,154.32 Has.), Comala con 24 (desarrollados en 167.04 Has.), Cuauhtémoc con

11 (en una superficie de 47.26 Has.) y, finalmente, Coquimatlán con 5 proyectos (en

18.47 Has.), en suma se produjo una superficie urbanizada de 2 mil 497.25

hectáreas. Cabe señalar que de acuerdo a los datos disponibles, Colima y Villa de

Álvarez tienen, hasta el momento, una cantidad similar de proyectos y superficie

urbanizada, pues en conjunto representan el 85% del total de proyectos realizados

en el AMC (ver tabla 19).

Tabla 19 | Proyectos urbanos realizados en el AMC por municipio, 1990-2006

Municipio

Total de proyectos

urbanos

Superficie

(Has.)

Colima 120 1110.17

V. de Alvarez 109 1154.32

Comala 24 167.04

Cuauhtémoc* 11 47.26

Coquimatlán 5 18.47Total 269 2497.25

* Solamente se consideraron los proyectos urbanos realizados en la localidad de El Trapiche.

Fuente: Elaboración propia con base en el Periódico Oficial El Estado de Colima; Chávez (2005), Producción de suelo urbano para vivienda en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000, y Plano urbano de Colima y Villa de Álvarez, versión 2006.

118

La mayoría de ellos detectados a través de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima y el plano urbano de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, versión 2006. Asimismo, en este estudio no se contemplan proyectos de tipo condominal, para ello ver el trabajo de Juárez Martínez (2007), Fraccionamientos cerrados entre la segregación y la integración urbana en una ciudad media. El caso Colima-Villa de Álvarez 1980-2005


167

De los 269 proyectos realizados, 86 han sido construidos en tierras de origen

ejidal, con una superficie total urbanizada de 804.82 Has., correspondientes al 32%

de los proyectos realizados en la zona.

En el municipio de Colima se han llevado a cabo 68 proyectos, con una

superficie de 689.92 Has., seguido por Comala con siete proyectos en 47.41 Has.,

Villa de Álvarez con seis proyectos realizados en 39.75 Has. y, finalmente,

Cuauhtémoc con cinco proyectos en una superficie total de 27.74 Has. de suelo

ejidal.

En el área de estudio Colima tiene un mayor número de proyectos en tierras

de origen ejidal porque siete de los 16 ejidos se encuentran en este municipio.

Por otra parte y aunque Comala tenga, en general, menos proyectos

autorizados que Villa de Álvarez, ocupa el segundo lugar de suelo urbanizado en

tierras de origen ejidal, con 47.41 Has., lo cual representa el 5.89% del suelo

urbanizado en la zona.

En los casos de Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, la poca cantidad de proyectos

de este tipo se debe a que en ambos casos cada uno tiene solamente dos ejidos

dentro del área de estudio y, en el caso de Villa de Álvarez muy poca superficie de

origen social está cercana a la conurbación, y en el segundo, solamente se han

considerado los proyectos realizados en la localidad de El Trapiche,

respectivamente. Finalmente, en Coquimatlán en el período analizado, no se han

registrado proyectos en tierras de origen social (ver tabla 20).

Tabla 20 | Proyectos urbanos realizados en suelo ejidal en el AMC por municipio, 1990-2006

168



Municipio

Proyectos en suelo

de origen ejidal

Superficie

(Has.) %*

Colima 68 689.92 85.78%

V. de Alvarez 6 39.75 4.94%

Comala 7 47.41 5.89%

Cuauhtémoc** 5 27.74 3.45%

Coquimatlán 0 0 0.00%

Total 86 804.82 100% * Porcentaje respecto a la totalidad de la superficie urbanizada ** Solamente se consideran los proyectos urbanos realizados en la localidad de El Trapiche Fuente: elaboración propia con base en el Periódico Oficial El Estado de Colima; Chávez (2005), Producción de suelo urbano para vivienda en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000, y Plano urbano de Colima y Villa de Álvarez, versión 2006.

Una de las características de los proyectos desarrollados en suelo de origen

ejidal es la urbanización de amplias extensiones de tierra. En el AMC, de los 86

proyectos en suelo de origen social, 35 se han efectuado en superficies mayores a

10 Has., con una superficie total de 555.45 Has. De igual manera que en el caso

anterior, Colima sigue ocupando el primer lugar en la lista, con 31 proyectos urbanos

en una superficie de 486.30 Has.

Los lugares restantes los ocupan Comala con un proyecto en una superficie

de 34 Has., Villa de Álvarez con dos proyectos en 23.61 Has., y Cuauhtémoc con un

proyecto en una superficie de 11.54 de suelo social ubicado en la localidad de El

Trapiche (ver tabla 21).

Tabla 21 | Proyectos urbanos de origen ejidal en el AMC por municipio mayores a 10 Has.,

1990-2006

Municipio

Total de

proyectos

urbanos

Superficie

(Has.)

Proyectos

mayores a 10

Has.

Superficie

(Has.)

Colima 68 689.92 31 486.30

Comala 7 47.41 1 34.00

V. de Alvarez 6 39.75 2 23.61

Cuauhtémoc* 5 27.74 1 11.54

Coquimatlán 0 0 0 0

Total 86 804.82 35 555.45


169

* Solamente se consideran los proyectos urbanos realizados en la localidad de El Trapiche.

Fuente: Tabla 20

Por otra parte, es necesario hacer una consideración sobre los proyectos, con

base al tipo de agente o promotor que se apropia la tierra para fines urbanos, de

acuerdo a los datos recabados, los principales agentes identificados son: el

inmobiliario –que en muchos casos realiza la función de desarrollador y no siempre

es el mismo propietario de la tierra-, el promotor particular –que casi siempre son los

mismos propietarios del terreno, quienes en su mayoría son grupos de personas

identificadas como condueños, copropietarios y socios-; gobierno –representado

principalmente por el Instituto de Vivienda del Estado, así como los gobiernos

locales, estatal y federal, además de algunas asociaciones civiles y sindicatos.

En este análisis, de acuerdo a los proyectos identificados en toda el AMC,

destaca en primer lugar el agente público o gobierno, es decir, el Gobierno del

Estado a través del IVECOL, organismo descentralizado, con un total de 36 proyectos

en una superficie de 407.85 Has., realizados entre 1990 y el 2006, realizados en los

municipios de Colima y Comala. Los ejidos en los que se han concentrado estas

acciones o proyectos son La Estancia, Francisco I. Madero, El Diezmo, Villa de

Álvarez y finalmente El Pedregal, respectivamente.

De manera particular, en el ejido La Estancia, de los 22 asentamientos

humanos irregulares detectados en la zona, 20 fueron regularizados por IVECOL119

como parte de un programa con ese fin en la zona; uno de los proyectos nuevos fue

promovido por el Ayuntamiento de Colima, a raíz de una expropiación en 1995 con

una superficie aproximada de 10.10 has., pertenecientes al mismo ejido, en el cual

se construyó la unidad deportiva "5 de Mayo", como estaba subutilizada, las

autoridades decidieron construir en una fracción, vivienda tipo progresiva.

119

Las colonias son San Rafael, Moctezuma, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, San José Norte y San José Sur, Jardines de la Estancia, El Pedregal, Oriental Norte y Oriental Sur, Virgencita Norte, Revolución, Camino Real 1a. y 2a. sección, Lázaro Cárdenas, Burócratas, Luis Donaldo Colosio, Francisco I. Madero, El Paraíso, Jardines del Sol y La Guadalupe, para mayores datos sobre el tema ver los trabajos de Chávez (2005) y el de Flores Mendoza (2006).

170



En segundo lugar, destaca la participación de los promotores inmobiliarios o

desarrolladores, quienes han llevado a cabo 20 proyectos en una superficie de

232.80 Has. Este tipo de agentes han construido sus proyectos -habitacionales en su

mayoría-, principalmente en los municipios de Colima (16), Villa de Álvarez (3) y

Comala con uno. Los núcleos agrarios en los que han desarrollado los proyectos son

El Diezmo, Francisco I. Madero, La Estancia, Villa de Álvarez y Comala,

respectivamente.

Las empresas identificadas son representativas de la localidad tales como:

Diseño y Edificaciones de Colima (DECSA)120, S.A. de C.V., Ardica Construcciones

S.A. de C.V.121, SEAL Bienes Raíces S.A. de C.V.122, Geométrica S.A. de C.V. y

Casa Colima S.A. de C.V., así como otras con menor participación como

Construcciones Ochoa Llamas S.A. de C.V., Desarrolladora Carman S.A. de C.V.,

Concenter S.A. de C.V., Impulsora Comercial Colimense, S.A. de C.V., Inmobiliaria

Villa Magna S.A. de C.V., Inmobiliaria Brun S.A. de C.V., Grupo Aro Constructores

S.A. de C.V., Pueblo Mágico Desarrollo S.A. de C.V., y Sociedad Civil Guillermo

Francisco Brun Sucesores.

En el tercer lugar de participación por tipo de agentes involucrados en la

incorporación de tierras ejidales a la expansión urbana son los particulares, con 24

proyectos distribuidos en casi todos los municipios –con excepción de Coquimatlán-

en una extensión de 114.42 hectáreas (ver tabla 20). Los ejidos donde han surgido

estos proyectos son El Diezmo, Francisco I. Madero, La Estancia, Pastores, El

Pedregal, Comala, Villa de Álvarez y El Trapiche.

Cabe señalar que la diferencia entre la participación de los promotores y los

particulares123 está en la superficie desarrollada en los proyectos, ya que a pesar de

120

Con la participación del Arq. Enrique Cárdenas Longoria 121

Con la participación de Sergio y Claudio Jacobo Arias Díaz 122

Representada por Sergio Bayardo Velasco y con la participación de Juan Antonio Bayardo Osorio 123

Se detectaron los siguientes promotores particulares: Ana Sofía Vargas Villaseñor, Clemencia Vázquez Ramos y Cond.; Griselda Llamas López, Guillermo Valencia Mendoza, Héctor Rodrigo Vergara Pérez, Javier Navarro Bautista y Cond., Jesús Avalos Pérez, José Ma. Solano F. y socios, Leonor García Collaz, Luis Salazar Rincón, Luz del Carmen Díaz Villanueva, Manuel Mendoza Mesina, Napoleón Gómez Herrera, Norberto, Delia y Pedro Antonio Pérez Rebolledo, Pablo Radillo


171

que éstos últimos realizaron 4 proyectos más que los primeros, la diferencia en

hectáreas es de casi el doble.

Las asociaciones sólo han participado con tres desarrollos realizados en el

período antes descrito en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, con una

superficie total de 29.81 Has. de tierras de origen ejidal urbanizadas, en los ejidos de

Francisco I. Madero, El Diezmo y Villa de Álvarez. Finalmente, se encuentran los

proyectos en tres casos sin una definición respecto al tipo de promotor; uno ubicado

en el ejido La Estancia (Prados de la Estancia), otra en Comala (Automotel Los

Portales) y la última en El Trapiche (Frac. La Lagunilla del Camino Real) distribuidos

en una superficie de 19.94 Has., (ver tabla 22).

Tabla 22 | Proyectos urbanos en el AMC por tipo de promotor, 1990-2006

PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.)

Colima 68 689.92 35 402.85 16 172.19 14 84.57 2 21.28 1 9.03

Comala 7 47.41 1 5.00 1 34.00 4 7.41 - - 1 1.00

V. de Alvarez 6 39.75 - - 3 26.61 2 4.61 1 8.53 - -

Cuauhtémoc 5 27.74 - - - - 4 17.83 - - 1 9.90

Coquimatlán 0 0.00 - - - - - - - - - -Total 86 804.82 36 407.85 20 232.80 24 114.42 3 29.81 3 19.94

MUNICIPIO Total Inmobiliario ParticularGobierno Asociaciones Sin Dato

TIPO DE PROMOTOR

PU: Proyectos Urbanos Fuente: Elaboración propia con base en el Periódico Oficial El Estado de Colima; Chávez (2005), Producción de suelo urbano para vivienda en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000 y registros de fraccionamientos obtenidos de la Dirección de Desarrollo Urbano municipales.

Respecto a los usos de suelo derivados de los 86 proyectos urbanos

realizados en tierras de origen ejidal en el AMC, puede señalarse que en 55 de estos

proyectos han sido para desarrollos habitacionales de mediana (H3) y alta densidad

(H4) predominantemente; de los cuales 50 proyectos, se han realizado en el

municipio de Colima en una superficie de 556.81 Has., seguido por Villa de Álvarez

con tres desarrollos (en una superficie de 32.14 Has.) y finalmente Comala con dos

proyectos y una superficie de 5.62 Has.

Carrillo, Roberto Elizondo Jáuregui, Salvador Cobián Castro, Sergio de la Madrid Ceballos y Cond., Sergio Humberto López García y Cond.; Sergio Humberto López Romero, Tomás Cárdenas Torres, Vicente Villaseñor Salas y Virginia Pacheco Lizama.

172



En segundo lugar se encuentra la categoría habitacional densidad baja124 con

un total de 23 desarrollos destinados a vivienda ubicados en cuatro de los cinco

municipios de estudio, con una superficie total de 162.94 Has., predominando la

municipalidad de Colima, Comala y Cuauhtémoc en este tipo de desarrollos, con

superficies de 86.80, 40.80 y 27.74 Has., respectivamente. Le siguen a este registro,

los usos comerciales con un total de cinco proyectos, los cuales en conjunto, se

encuentran en el municipio de Colima, en una superficie de 10.22 Has.

En contraparte, se detectó que de los 86 proyectos urbanos en comento,

solamente tres se distribuyen entre usos de servicios, industriales y equipamiento –

áreas verdes, equipamiento institucional y especial-, con tan sólo un proyecto urbano

por cada uso, con una superficie total de 37.09 Has., en total125 (ver tabla 23).

Tabla 23 | Proyectos urbanos en el AMC por uso de suelo autorizado, 1990-2006

PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.) PU

Sup.

(Has.)

Colima 68 689.92 50 556.81 11 86.80 5 10.22 - - 1 9.05 1 27.04

Comala 7 47.41 2 5.62 4 40.80 - - 1 1.00 - - - -

V. de Alvarez 6 39.75 3 32.14 3 7.61 - - - - - - - -

Cuauhtémoc 5 27.74 - - 5 27.74 - - - - - - - -

Coquimatlán 0 0.00 - - - - - - - - - - - -Total 86 804.82 55 594.56 23 162.94 5 10.22 1 1.00 1 9.05 1 27.04

Total

MUNICIPIO

Habitacional

Densidad

Baja (GH, H1

y H2) Comercial

Habitacional

Densidad

Alta (H3 y H4)

Equipamiento

(EI, EV, EE)Servicios Industrial

USO DE SUELO

PU: Proyectos Urbanos Fuente: elaboración propia con base en el Periódico Oficial El Estado de Colima y Plano de Zonificación de PDU de Colima vigente.

124

Para fines de este estudio esta denominación agrupó a los usos GH (granjas y huertos), H1 (habitacional campestre) y H2 (habitacional densidad baja) 125

El proyecto en servicios es el Automotel Los Portales, ubicado en el municipio y ejido de Comala, en una superficie aproximada de una hectárea; el industrial es el proyecto registrado como Circuitos Mexicanos, ubicado en el municipio de Colima en el ejido El Diezmo, con una superficie de 9.05 Has.; y finalmente, en el municipio de Colima, el proyecto del Hospital General y Complejo Administrativo de Colima, promovido por Gobierno del Estado sobre una superficie de 27.04 Has. en tierras pertenecientes al ejido El Diezmo.


173

Con respecto al mercado irregular del suelo, de acuerdo a la información

proporcionada por los ejidatarios, el 56% de los entrevistados señaló que no existen

asentamientos irregulares, mientras el 44% restante mencionó que sí los hay y

corresponden a los ejidos de La Estancia, Francisco I. Madero, El Diezmo y Cardona.

En el caso del núcleo agrario de La Estancia, se identificaron asentamientos al sur de

la cancha deportiva ―5 de Mayo‖ y en los límites de este ejido con el de Cardona,

cercano a las vías del ferrocarril, que en ambos casos, al 2006 sólo se han registrado

ventas irregulares y la lotificación sin la introducción de servicios ni permisos

correspondientes para su urbanización y escrituración; se desconoce la persona o

grupo que promueve dichas ventas.

En el caso del ejido Francisco I. Madero, dichos asentamientos se ubican en el

Libramiento Oriente, cercano al cruce de dicha vialidad con la vía del ferrocarril que

va hacia Manzanillo con la propiedad conocida como ―Granja Jorge Fernández‖. En

el tercer caso, se detectó la existencia de asentamientos irregulares en 3 parcelas

ubicadas en la zona de Las Américas, más una parcela de aproximadamente 12 Has.

cercana a la colonia El Diezmo.

Finalmente, una situación muy particular se detectó en el ejido Cardona, ya

que el líder de este núcleo reveló que se ha dado una apropiación de una superficie

de 45 Has. correspondiente a tierras de uso común, que en su momento quedaron

intestados y están en la necesidad de hacer un testamento para regularizar la

tenencia de la tierra para sus beneficiados.

Hasta aquí, se puede mencionar, en términos generales, que de las 179 mil

780 hectáreas que constituyen el territorio de los cinco municipios de estudio, 20 mil

125.17 Has. pertenecen al régimen ejidal, y de éstas, se han desincorporado un total

de 4 mil 76.74 Has. correspondientes al 20% de la superficie global de dichas

municipalidades.

Respecto a la superficie desincorporada por tipo de mecanismo, podemos

señalar que de acuerdo a los datos presentados, las expropiaciones realizadas en el

período comprendido entre 1972 y el 2001, suman un total de 834.05 hectáreas

174



desincorporadas por esta vía, destacando los ejidos La Estancia, Francisco I. Madero

en el municipio de Colima y El Trapiche, en el municipio de Cuauhtémoc; cuyos

núcleos representan en conjunto, el 88% de la superficie total expropiada.

En este sentido, la tierra ha sido utilizada para la realización de proyectos

urbanos con un área de 792.92 Has., correspondientes al 4% de la superficie total

ejidal, principalmente para usos habitacionales. Sin embargo, resulta importante

señalar que existe una superficie de tierra desincorporada restante de 2 mil 437.87

Has., las cuales a la fecha todavía no han sido urbanizadas para la realización de

algún proyecto urbano.

Se desconoce a ciencia cierta el motivo o fin de la desincorporación, pero

resulta claro que esas tierras, que en muchos de los casos están cercanas a las

cabeceras municipales o a la conurbación, resultan las más susceptibles de utilizarse

en el momento más conveniente para fines urbanos, esto es, se está especulando

con ella.

Finalmente, está el caso de la inmobiliaria ejidal, que de acuerdo al estudio

efectuado por Chávez (2005), solamente ha habido una inmobiliaria ejidal de tipo

mixta en la que surgió el fraccionamiento denominado ―Francisco Villa III‖, en una

superficie de 11.90 Has. Esta acción representó a nivel global el 0.06% de tierra de

origen social desincorporada por este mecanismo (ver tabla 24).


175

Tabla 24 | Superficie desincorporada del régimen ejidal en el AMC por tipo de mecanismo

Suelo sin

urbanizar*

Proyectos

urbanos por

municipio Total

Colima 66,820.00 7,842.10 1,936.34 522.55 723.87 678.02 1401.89 11.90

Acatitán 715.00 190.43 0.42 0.00 190.01 0

Cardona 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

El Diezmo 987.00 590.13 53.06 205.97 537.07 0

Francisco I.

Madero 593.00 477.31 147.58 159.70 317.83 11.9

La Estancia 1325.30 480.72 317.98 232.09 162.74 0

Lo de Villa 470.00 107.31 0.00 0.00 107.31 0

Piscila 3139.80 90.44 3.51 0.00 86.93 0

Villa de Álvarez* 80.27

V. de Alvarez 42,840.00 1,935.00 724.83 8.86 676.22 39.75 715.97 0.00

Villa de Álvarez 1459.00 524.86 8.86 35.07 516.00 0

Pastores 476.00 199.97 0.00 1.68 199.97 0

Comala** 3.00

Comala 25,400.00 1,787.98 481.46 2.31 431.74 47.41 479.15 0.00

Comala 1212.00 338.64 0.00 41.80 338.64 0

El Pedregal 310.18 94.17 2.31 5.62 91.86 0

Nogueras 265.80 48.65 0.00 0.00 48.65 0

Cuauhtémoc 37,320.00 5,356.52 716.04 268.70 419.60 27.74 447.34 0.00

El Trapiche 1053.00 428.21 0.00 27.74 428.21 0

Buenavista 4303.52 287.83 268.70 0.00 19.13 0

Coquimatlán 32,800.00 3,203.57 218.07 31.63 186.44 0.00 186.44 0.00

Coquimatlán 2510.57 31.63 31.63 0.00 0.00 0

Los Limones 693.00 186.44 0.00 0.00 186.44 0

Total 179,780.00 20,125.17 4,076.74 834.05 2,437.87 792.92 3230.79 11.90

Superficie desincorporada por mecanismo (Has.)

Dominios Plenos

1993-2006

Inmob.

Ejidales

Expropiaci

ones

1972-2001

Municipio/

Ejido

Superficie

total del

municipio

(Has.)

Superficie

ejidal zona

de estudio

Superficie

desincorpora

da del

régimen ejidal

* Se incluyen en esta categoría las parcelas que siguen perteneciendo a la persona a la que se le asignó el dominio pleno, así como las compra-ventas realizadas a terceros. Fuente: Títulos de Propiedad por la asignación de dominio pleno en los 16 ejidos de estudio, decretos expropiatorios, publicaciones del Periódico Oficial El Estado de Colima y Chávez (2005), Producción de suelo urbano en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez 1979-2000

Los datos hasta ahora expuestos, permiten demostrar que el mecanismo más

empleado para incorporar tierras al desarrollo urbano por la vía formal ha sido la

adopción del dominio pleno para la realización de fraccionamientos, que en su

mayoría han sido para sectores medios y bajos de la población. Sin embargo, estas

acciones no han sido determinantes para la desaparición de la tierra ejidal en la

zona, pero sí representan una presión constante para los ejidatarios, que de manera

176



paulatina, se están viendo absorbidos por el área urbana, modificando sus formas y

estilos de vida rural.

En el siguiente capítulo se presentará una reflexión sobre la problemática que

enfrenta hoy en día la propiedad social en nuestro estado y en un contexto más

general, nuestro país.

177

6. La propiedad ejidal frente a la expansión urbana. Retos y perspectivas de los ejidos del Área Metropolitana de Colima

A partir de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, la política

neoliberal se pronunció por la certidumbre jurídica y darles la posibilidad de decidir a

los ejidatarios, cuál era el mejor destino para la tierra de acuerdo a los beneficios que

podrían obtener de la misma. En este sentido, la propiedad ejidal, la cual –con o sin

aptitud para producir bienes de consumo para la sociedad-, es hoy por hoy, la más

susceptible de cambiar su uso y aptitud para fines del desarrollo urbano.

En ese sentido, al principio nos preguntábamos ¿de qué manera la

legislación agraria ha incidido en la diversificación de los mecanismos

utilizados para la incorporación de la tierra ejidal al proceso de expansión

urbana de la AMC entre 1990 y 2006?; y ¿cuáles han sido las repercusiones de las

modificaciones al artículo 27 Constitucional en la propiedad ejidal de la zona de

estudio?; ¿qué agentes urbanos han intervenido en la incorporación de la tierra ejidal

en el proceso de metropolización? y finalmente, ¿cuáles son las características del

proceso de urbanización generadas por la expansión urbana en el AMC durante ese

período?

De acuerdo a lo anterior, se pretendía probar que en el Área Metropolitana de

Colima entre 1990 y 2006, las reformas al Art. 27 constitucional impulsaron

parcialmente la desincorporación de la superficie del ejido de aquéllos que han

estado más cercanos a las zonas urbanas o con conexión a las mismas por medio de

vialidades a través de la construcción de fraccionamientos principalmente por la

intervención de promotores inmobiliarios locales, gobernantes en turno y organismos

públicos de vivienda.

Por otro lado, el desarrollo urbano y el uso de suelo dedicado a actividades


no está planificado, causando problemas en los ejidos localizados en la periferia

178





zona.

Es por ello que al final de esta investigación en el área y período de estudio se

corroboró que las reformas al artículo 27 constitucional realizadas en 1992

otorgaron libertad a los campesinos para decidir el destino o beneficio que

quisieran obtener de la tierra (venderla, hipotecarla, transferirla). Una de las

principales consecuencias de dichas modificaciones al 27 en nuestro país, de

acuerdo con Cruz Rodríguez (2001), ha sido la privatización del ejido; sin embargo,

esto se comprobó parcialmente, ya que sólo han coadyuvado a la desincorporación

menor al veinte por ciento de la superficie de origen social en los núcleos agrarios

estudiados. Además, el hecho de desincorporar la tierra del régimen ejidal no

significó que se destinara a usos urbanos, ya que eso ha dependido de la ubicación

de la parcela con respecto al centro urbano más cercano.

La concentración urbana en la entidad más dinámica es la ciudad y cabecera

municipal de Villa de Álvarez, la cual a pesar de tener en su mayoría tierra en

régimen de pequeña propiedad, su conurbación con la ciudad de Colima, la coloca

en un punto estratégico para el desarrollo y expansión del área urbana hacia ahí.

Respecto a los mecanismos legales e ilegales de desincorporación de tierra

ejidal identificados en el área de estudio por la vía formal fueron tres: las

expropiaciones, la adopción del dominio pleno sobre las parcelas y la

conformación de inmobiliarias ejidales-; y por la informal son dos: la generación de

asentamientos irregulares vía compra-ventas ilegales -a través de la lotificación de

la parcela sin la introducción de servicios básicos ni permisos para su ocupación-, y

la invasión de tierras en suelo de uso común del ejido Cardona.

Sobre los mecanismos utilizados por la vía formal, podemos señalar que se

consideró un acierto por parte del Gobierno del Estado de Colima la expropiación de

las áreas donde se ubicaban los asentamientos irregulares en la zona oriente para

regularizarlas, ya que estas acciones fueron hasta cierto punto determinantes para

6. La propiedad ejidal frente a la expansión urbana. Retos y perspectivas de los ejidos del AMC

179

frenar la irregularidad en la zona de estudio; sin embargo, la expropiación pudo

haber sido en su momento, un mecanismo encaminado principalmente para la

creación de reservas territoriales cercanas a la conurbación. Desafortunadamente,

estas acciones no fueron aprovechadas por los gobiernos locales para la planeación

y el ordenamiento de las zonas de influencia y el apoyo a los sectores populares a

través de políticas habitacionales que generaran vivienda a bajo costo con la

infraestructura, equipamiento y servicios básicos ya disponibles, así como de

condiciones adecuadas en superficie que les permitieran a sus habitantes la

ocupación de sus viviendas a largo plazo y vivir de una manera más digna.

En lo referente a la creación de inmobiliarias ejidales, a pesar de ser en sí

mismo un mecanismo viable, los ejidatarios todavía no tienen la confianza de realizar

asociaciones en las que pongan en juego su único recurso: la tierra. Sin embargo, en

junio de 2007 -antes de haber finalizado el estudio-, se detectó que el Gobierno del

Estado de Colima, a través de la Procuraduría Agraria, ha promovido la conjunción

de todos los ejidatarios de la entidad para plantearles la posibilidad de crear

proyectos a través de asociaciones o inmobiliarias ejidales para la incorporación de

tierra de origen social al desarrollo urbano.

En lo concerniente a los dominios plenos, éstos son un mecanismo que

originalmente se plantearon como un instrumento que permitiera dar certidumbre

jurídica a sus posesionarios a través de la entrega de títulos de propiedad, con la

respectiva delimitación de sus parcelas, así como de los títulos de solares en favor

de los individuos que integraban los núcleos agrarios que así lo aprobaran y

solicitaran, con la posibilidad de enajenar y cambiarle su uso de acuerdo a sus

intereses cuando así lo consideraran necesario.

Del total de los ejidos estudiados, a partir de 1994 y hasta a la fecha, el 87.5%

han recurrido al trámite de adopción de dominio pleno, a excepción de los núcleos de

Coquimatlán y Cardona, que por su ubicación relativamente alejada de la

conurbación, no se ha hecho atractiva la venta de parcelas a un buen precio, o

simplemente, los ejidatarios no se han visto en la necesidad de vender.

180



De los 14 ejidos restantes, El Diezmo, Villa de Álvarez, El Trapiche, Comala y

Francisco Madero son los que ocupan las primeras cinco posiciones de acuerdo a la

mayor cantidad de superficie desincorporada del régimen ejidal. Como conclusión, se

ha identificado para el municipio de Colima que los dominios plenos registrados en

los ejidos de El Diezmo, Francisco I. Madero y La Estancia, se encuentran

principalmente distribuidos sobre las vialidades Camino Real, 3er Anillo Periférico,

Marcelino García Barragán mejor conocido como el libramiento carretero Manzanillo-

Guadalajara y las vías del ferrocarril (ver mapa 10).

Mapa 10 | Ubicación de las parcelas asignadas con dominio pleno en los ejidos de El Diezmo,

Francisco I. Madero y La Estancia, vinculados con la infraestructura vial de la zona

Blvd. Camino Real

Línea FFCC

Marcelino García

Barragán

3 Anillo Periférico


181

En este sentido, esta situación ha sido posible debido a las modificaciones al

artículo 27 en materia de certidumbre jurídica, generando beneficios adicionales para

los ejidatarios al delimitar la superficie de las parcelas y designarles un titular -a

través de un certificado parcelario-, cuyo propietario decidirá en el momento más

conveniente, si conserva la tierra, la escriturará a favor de un familiar o familiares, si

se asociará con algún particular o promotor inmobiliario -para destinarlo al desarrollo

urbano o con un uso diferente al original-, o simplemente la enajenará al mejor postor

o postores en una o varias fracciones. En su momento, Vargas (2001) detectó que

este proceso tiene una vinculación directa con la población urbana y con los

requerimientos de suelo para el desarrollo urbano. Reveló, además, que en la

mayoría de los casos (situación observada en el área de estudio), ya que del total de

asignaciones de dominio pleno, más del cuarenta y dos por ciento ya no pertenecen

a los titulares originales.

A pesar de ello, cabe señalar que no todos los ejidatarios que adoptan el

dominio pleno deciden inmediatamente enajenar, ni tampoco una vez que se ha

enajenado la tierra los nuevos propietarios deciden urbanizar; pero es un hecho que

por este mecanismo, la tierra ha sido desincorporada del régimen ejidal y tarde o

temprano, las zonas urbanas más cercanas a estas tierras generarán una mayor

plusvalía en ellas y ejercerán una mayor presión por incorporarla al desarrollo

urbano.

Esta presión a la que se enfrentan muchos ejidatarios, por su cercanía al área

urbana, ha generado otro tipo de conflictos, en el 56% de los casos se han

detectado problemas tales como tiraderos de basura en las parcelas y caminos saca

cosechas; robo constante de leña, cosecha y ganado; así como el tránsito e invasión

de lienzos por terrenos de uso agrícola. En el 44% restante, aún no se han visto

afectados por la expansión de la ciudad, debido a que hasta el momento se

encuentran alejados del área urbana.

En síntesis, la adopción de dominio pleno ha sido el mecanismo formal

más utilizado para la desincorporación de tierras ejidales en la zona de estudio.

182



Cabe señalar, que por sí mismo, dicho mecanismo no constituye una vía de

incorporación de suelo de origen ejidal a la ciudad, sino a través de la creación de

fraccionamientos y obras públicas tales como infraestructura, vialidades y

equipamiento para el desarrollo de la ciudad.

Respecto a los principales agentes involucrados en apropiación de la tierra

para fines urbanos en tierras de origen ejidal son los públicos, representados por el

gobierno del Estado de Colima a través del IVECOL. Dicho instituto ha intervenido

en el desarrollo urbano promoviendo proyectos habitacionales de alta densidad y

regularizaciones en el 38% de los casos con una superficie total de 383.20 Has.,

ubicadas al oriente del municipio de Colima y al poniente de Comala.

Asimismo, vale la pena hacer mención de la importancia del papel que juegan

los gobiernos estatales y locales, ya que pueden determinar estrategias con la

intención de propiciar o fomentar el desarrollo urbano hacia ciertas zonas.

Respecto a los agentes privados, identificados como los promotores

inmobiliarios locales, fungen en muchos de los casos como urbanizadores y

constructores. Asimismo, los promotores no son siempre los propietarios, es decir,

establecen contratos en participación para urbanizar la tierra y el propietario pone la

tierra y recibe finalmente a cambio su ganancia en términos de lotes urbanizados.

Se identificó también que las inmobiliarias están adquiriendo suelo de manera

estratégica más allá de sus expectativas de producción, apropiándose de la tierra en

pocas manos con el fin de crear reservas territoriales, anticipándose a la expansión

de la ciudad incrementando las expectativas sobre el aumento de renta con el

posible cambio de uso o la introducción de servicios, infraestructura y equipamiento

en la zona.

En ese orden le siguen los promotores particulares, destacando que a pesar

de que ellos no son en muchos de los casos los propietarios de la tierra, negocian

con éstos a través de un ―contrato en participación‖ para que como socios y

propietarios aporten la tierra y los promotores –con capital, conocimiento, mano de

obra y equipo-, realicen los trámites necesarios, urbanicen la tierra y vendan como


183

producto final vivienda terminada. Cabe señalar que se identificó que sólo en algunos

casos, los propietarios también fungieron como promotores, los cuales han realizado

los trámites requeridos para la autorización y urbanización de sus proyectos.

En el último lugar de intervención se encuentran las asociaciones y los

proyectos sin referencia al promotor de la tierra con el 7% del total de proyectos y

una superficie urbanizada de 49.74 Has.

Así como el IVECOL, los promotores inmobiliarios y particulares han centrado

sus esfuerzos en la construcción de fraccionamientos de alta densidad, también han

realizado otros proyectos que van desde los campestres y proyectos con densidades

medias, hasta giros comerciales y de servicios. En este sentido, concluimos además

que el grado de intervención de dichos agentes está ligado a la posibilidad

económica de adquirir tierra en grandes extensiones.

Es importante señalar que en el AMC la tierra ha sido parcialmente

desincorporada y ninguno de los ejidos en su interior ha desaparecido

completamente. La tierra ejidal que ha sido absorbida territorialmente por la

urbanización, se ha vuelto improductiva, ya que problemas como el robo de ganado y

cosecha, tira de basura e invasión de linderos; ha generado que los ejidatarios les

cueste trabajo seguir con sus formas de producción y de vida que antes tenían.

También existe presión para los ejidatarios sobre el qué hacer y en qué

momento. Se encuentran a la expectativa y son susceptibles de que sus tierras se

sometan a especulación, lo cual los hace vulnerables. Desconocen la ley en muchos

de los casos -o saben lo necesario solamente en cuestiones referentes a la

certificación, enajenaciones, dominios plenos y derechos de preferencia-, pero

desconocen la legislación urbana. Muchos ejidatarios se encuentran con la

necesidad de vender y a veces se ven influidos por posibles compradores debido a

su cercanía con el área urbana o, por el contrario, tienen miedo a ser expropiados

por el pago de la indemnización en valor catastral, de acuerdo a como se contempla

en la legislación, que paga la tierra a un precio bajo, beneficiando más los intereses

particulares que la ―causa de utilidad pública‖.

184



Ante esta situación muchos ejidatarios han preferido reubicarse, es decir,

vender y comprar en otro lugar, aunque sea pequeña propiedad. En el caso del ejido

El Diezmo, su líder agrario funge como asesor y promueve la venta de sus parcelas

al mejor costo posible bajo la consigna de ―vender, pero bien vendido‖. Esta paradoja

lleva a pensar sobre la posibilidad de vender o de conservar un patrimonio que fue

creado con un fin social. Por ello, surgen las siguientes preguntas en el agro

colimense, ¿vendo o me rezago?, ¿vendo y me reubico? o ¿ya no se necesita que el

suelo produzca?

Esta problemática va más allá de vender o reubicarse, y en la medida que

exista una estrategia clara del gobierno hacia el agro para crear infraestructura como

caminos, agua y luz, traerá como consecuencia una mejora en la productividad de

las tierras y evitaría con esto la invasión de la urbanización hacia esas zonas y la

pérdida de la calidad productiva de las tierras.

En otro orden de ideas, en las tierras que han sido invadidas por la

urbanización, el tipo de proyectos desarrollados en el área de estudio han sido

principalmente de tipo habitacional, a través de fraccionamientos, en mayor

proporción que otros usos. El gobierno ha adquirido tierra para destinarla a

vivienda de alta densidad bajo el esquema de ―vivienda progresiva‖, sin embargo,

cabe cuestionar las condiciones de habitabilidad de dichos conjuntos, ya que en

muchos de los casos se miden las políticas de vivienda a nivel federal, en términos

de cantidad de acuerdo a las metas planteadas, en vez de la calidad de los conjuntos

y de sus ocupantes que ahí habitarán quizás toda su vida.

Los promotores, por su parte, consideran que la vivienda de alta densidad se

ha vuelvo un esquema que al parecer les ha convenido seguir haciendo, porque

existe una población demandante que puede acceder a ella (vivienda económica),

respecto a otros tipos de vivienda como la de tipo medio o residencial, de acuerdo a

lo que se cotiza ante el INFONAVIT. Sin embargo, el estudio realizado por García

González (2005), demuestra la problemática que ha traído la producción de vivienda

de interés social en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, donde un gran


185

sector de la población, a pesar de ser vivienda tipo económica, no pueden acceder a

ella por no cumplir con los requisitos mínimos que impone este instituto.

En este sentido, se evidencia la importancia no solamente de proyectar los

programas de desarrollo urbano sino de adquirir reservas territoriales por parte de los

gobiernos locales o estatales para ofertar suelo por la vía formal a bajo costo. En el

caso de estudio, el gobierno del estado de Colima sí lo hizo mientras que los

municipios no. Desafortunadamente, los programas de desarrollo urbano no se han

utilizado para plasmar estrategias relativas a la adquisición de tierra con la finalidad

de consolidar, contener o coadyuvar el crecimiento hacia ciertas zonas.

En este sentido, los proyectos realizados por el IVECOL por su ubicación no

han seguido una lógica de ubicación con respecto a la traza urbana, sino más bien a

la disponibilidad de tierra, ya que no se concentran en una misma zona. Esto ha

generado una fragmentación de la estructura urbana y corrobora lo señalado por

Chávez (2005) y Calderón Mafud (2007), respecto a las intenciones del IVECOL: no

les interesa si hay equipamiento o infraestructura disponible, lo cual ha provocado

que se desarticule el crecimiento.

Por su parte, la lógica capitalista de los promotores inmobiliarios ha hecho que

ofrezcan al mercado proyectos de acuerdo a su accesibilidad, porque es parte de lo

que le ofrecen al cliente, pero no con la intención de consolidar el área urbana, sino

más bien han propiciado una dispersión por el territorio.

Con esto podemos ver que tanto el IVECOL como algunos promotores

inmobiliarios de origen local, han sido los principales agentes urbanos que han

detentado la tierra para usos urbanos, los cuales, todavía tienen ―reservas‖ para

seguir produciendo suelo urbano para la expansión de la ciudad, la cual ha estado en

función de las acciones de gobierno en materia de infraestructura y servicios, y

nuevos proyectos –como el caso del cuarto anillo periférico- que le han otorgado una

plusvalía, muchas veces intangible, pero real a los terrenos que se encuentran a su

paso, inclusive si son de origen ejidal.

186



Finalmente, una posible consecuencia de los efectos de la Ley Agraria vigente

es que podría fomentar nuevamente el latifundio, ya que entre varias personas

podrían adquirir la totalidad del ejido (sabiendo que cada uno no puede adquirir mas

del 5% de las tierras totales de un mismo ejido), pero realizan la misma estrategia y

compran en los demás ejidos. ¿Y que pasa cuando ese grupo en su mayoría son

prestanombres y sólo uno es el que en realidad detenta la tierra en la zona? Esa

situación se podría estar dando con los gobernantes o líderes de partidos. Sin

embargo, y a pesar de que fue un comentario realizado por un ejidatario, valdría la

pena verificar en futuras investigaciones si en realidad esta situación se ha estado

presentando.

En este sentido, se deja sobre la mesa algunos de los posibles nichos de

investigación relacionados con el presente proyecto tales como:

Analizar aspectos relacionados con la calidad ambiental en los ejidos,

principalmente con la pérdida de productividad de las parcelas agrícolas.

Profundizar en la contextualización del proceso productivo y de renta de suelo

con referencias a contextos macroeconómicos

Determinar qué está pasando con la tierra que ha sido desincorporada del

régimen ejidal, pero que actualmente no está siendo utilizada ni para fines

urbanos ni para producir. ¿Qué beneficios directos e indirectos les trae

consigo esta situación a sus propietarios?

Determinar los costos de la tierra y costos de transacción de compra-venta de

las parcelas, haciendo una comparación entre los precios de tierras de origen

ejidal y de pequeña propiedad; y

Analizar las nuevas dinámicas de las tierras de pequeña propiedad donde se

han empezado a reubicar los ex ejidatarios.

187

Bibliografía

ABRAMO, P. (2005). La ciudad Caleidoscópica: mercados de suelo y segmentación

socioespacial. Dinámica de los mercados de suelo (formal e informal) y forma híbrida

de las ciudades latinoamericanas, presentado en el Primer Congreso Nacional de

Suelo Urbano, México.

AGUILAR, F. (2001). Morelia. Urbanización en tierra ejidal. Universidad Autónoma

Metropolitana, Edo. de México.

ASSENNATTO, S. y de León, P. (s.f.). La democracia interna en el ejido en

publicaciones de la Procuraduría Agraria en línea disponible en

http://www.pa.gob.mx/publica/pa070408.htm

BORSDORF, A. (2003), Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad

latinoamericana, revista EURE, vol. 29 no. 86, mayo; disponible en

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612003008600002&script=sci_arttext

BORTHAGARAY, A. (2006). Propuestas para ciudades latinoamericanas: cambio de

proyectos de capital intensivos a proyectos de inteligencia intensiva. Efectos

económicos, sociales y de medio ambiente en la asignación de recursos públicos.

XXXIII Seminario Internacional de Presupuesto Público. Obtenido en

www.apapp.org.py/files/seminario-2006/miercoles-26/Andres%20Borthagaray.doc

BOURNAZOU, E. (2001). El mercado del suelo y su papel en el proceso de

urbanización. Compendio del Primer Seminario Internacional de Mercados de Suelo

Urbano, (pp. 339-355).

CAPOROSSI, C.; Díaz, F. y Romo, C. (2004). Consideraciones sobre el Crecimiento

Periurbano: Procesos de expansión y consolidación urbana en la periferia de

Córdoba. Temas de Ciencia y Tecnología, 2, Universidad Nacional de Córdoba,

Argentina. Obtenido en secyt.unc.edu.ar/Temas/Temas5/Caporossi.htm

http://www.pa.gob.mx/publica/pa070408.htm

188



CARRILLO, J. (2006). Planeación de la movilidad urbana sustentable, Universidad

Veracruzana, 1-11. Obtenido de la Red Mundial el 17 de mayo de 2006 en:

http://www.sedesol.gob.mx/sitiosdeinteres/PonenciaVer/Documentos/Presentaciones

CASTELLS, M. (1986). Problemas de investigación en sociología urbana. 11a. ed.,

trad. de Enrique Grilló, México, Siglo Veintiuno Editores.

CEJA, C. (2004). La política social mexicana de cara a la pobreza. Scripta Nova

Revista Electrónica de geografía y ciencias sociales, VIII. Obtenido en la Red

Mundial el 15 de diciembre de 2005: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-176.htm

CERNADAS, V. y Otsuni, F. (2006). Algunas reflexiones sobre las transformaciones

en el precio del suelo en un contexto de renovación urbana: el caso de la Boca.

Revista Electrónica Mundo Urbano, (pp.1-16). Obtenido en la Red Mundial el 31 de

marzo de 2006: http://www.mundourbano.unq.edu.ar

CHÁVEZ, M. (2005). Producción de suelo urbano en la Zona Conurbada Colima-Villa

de Álvarez 1979-2000. Tesis doctoral. Universidad de Colima, Facultad de

Arquitectura y Diseño, Coquimatlán.

CHILDE, V.G. (1954). Los orígenes de la civilización, Fondo de cultura económica,

México.

CLICHEVSKY, N. (2002). Tierra vacante en ciudades latinoamericanas (comp.).

Lincoln Institute of Land Policy, Ontario.

SEDESOL, CONAPO e INEGI. (2004). Delimitación de las Zonas Metropolitanas en

México. 1ª. Ed. México.

CONOLLY, P. (1988). Crecimiento urbano, densidad de población y mercado

inmobiliario, Revista A, IX, núm. 25, 1-29.

CRUZ, M.S. (2001). Propiedad, poblamiento y periferia rural en la Zona Metropolitana

de la ciudad de México, Red de Investigación Urbana y Universidad Autónoma

Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, D.F.

-------- y Azuela, A. (1989). La institucionalización de las colonias populares y la

política urbana en la ciudad de México (1940-1946), Revista Sociológica, UAM

Azcapotzalco, año 4, núm. 9, 1-17.

Bibliografía

189

DELGADO, J. (1989). De los anillos a la segregación. La ciudad de México, 1959-

1987, Estudios Demográficos y Urbanos. 4, 241-245.

DUCCI, M.E. (2001). Introducción al urbanismo. Conceptos Básicos. Ed. Trillas,

México.

--------- (2000), Santiago: territorios y anhelos y temores. Efectos sociales y

espaciales de la expansión urbana, Revista EURE, vol. 26, no. 79, diciembre de

2000, disponible en http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/196/19607901.pdf

FERRÁS, C. (2000), Ciudad dispersa, aldea virtual y revolución tecnológica.

Reflexión acerca de sus relaciones y significado social en Scripta Nova, Revista

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, no. 69(68), 1 de agosto de 2000, p. 1-

12

GARCÍA, B. (1988). La actividad inmobiliaria en la ciudad de Querétaro 1960-1982.

Instituto de investigaciones sociales, Universidad Nacional Autónoma de México,

México, D.F.

GARCÍA R., S. (1993). Elementos de Derecho Procesal Agrario, Porrúa, México.

GONZALEZ, A. (2005). Las estrategias y procedimientos en torno a la organización

del suelo, en espacios de interacción ubano-rural en la periferia de la Zona

Metropolitana de la Ciudad de México. El caso del pueblo de San Pablo de las

Salinas, Municipio de Tultitlán. Actas del I Congreso Nacional de Suelo Urbano (pp.

1-25).

GONZÁLEZ, C. (2004), El transporte y la ciudad, en el contexto de la sostenibilidad

urbana. Universidad del Valle, Cali-Colombia, disponible en

azimuth.univalle.edu.co/tranyciu.htm

GRAIZBORD, B. y Salazar, H. (1986); en Delimitación de las zonas metropolitanas

de México (2004), documento digital generado por SEDESOL, CONAPO e INEGI,

disponible en http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/ZMdelimita/01.pdf

HALL, P. (1996), The Global City, en International Science Journal, p. 147

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/196/19607901.pdf

190



HIERNAUX, D. y Lindón A. (2001). Vida urbana y ocupación del suelo en el Valle de

Chalco. Compendio del Primer Seminario Internacional de Mercados de Suelo

Urbano (pp. 199-216).

HERNÁNDEZ, A. (2005), Mecánicas de incorporación de suelo de origen social al

desarrollo urbano. Actas del I Congreso Nacional de Suelo Urbano (pp. 1-27).

HORMIGO, J.P. (2006). La Evolución de los Factores de Localización de Actividades,

Universidad Politécnica de Cataluña. Disponible en:

bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/54987-8.pdf

IRACHETA, A. y Smolka, M. (2000). Los pobres de la ciudad y la tierra. El Colegio

Mexiquense A.C. y Lincoln Institute of Land Policy, Zinacantepec, Edo. de México.

----- (1984). El suelo, recurso estratégico para el desarrollo urbano. Universidad

Autónoma del Estado de México, Toluca, Edo. de México.

JIMENEZ, E. (2000). El principio de la irregularidad. Mercado de suelo para vivienda

en Aguascalientes, 1975-1998. Universidad de Guadalajara y Centro de

Investigaciones y estudios multidisciplinarios de Aguascalientes, México, D.F.

LINARES, J. (2005). Evolución de los precios del suelo urbano en el oriente de la

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 1960-2005, Actas del I

Congreso Nacional de Suelo Urbano (pp. 1-23).

MACEDA, A. (2005). La integración de las áreas ejidales al crecimiento urbano de la

Ciudad de Puebla. El caso de Santa Cruz de Guadalupe. Actas del I Congreso

Nacional de Suelo Urbano (pp. 1-9).

MACIAS, A. (2004). Crecimiento económico y competitividad en las regiones. Las

ciudades medias de Jalisco: el caso de Zapotlán El Grande. Revista Región y

Sociedad, XVI, 39-82

MEDINA, M.; Martínez, C.; Romero, H. y Sosa, I. (s.f.). Estructura Socioeconómica

de México II, El nuevo modelo de desarrollo y los cambios en la estructura

socioeconómica de México de 1980 hasta nuestros días, Colegio de Bachilleres,

México, p.1-122. Obtenido en la Red Mundial el 18 de noviembre de 2006:

Bibliografía

191

www.conevyt.org.mx/bachilleres/material_bachilleres/cb6/6sempdf/esemiipdf/eseme2

_fas.pdf

MEDINA C., S. (2006). La reforma al artículo 27 constitucional y el fin de la propiedad

social de la tierra en México. Colegio de México. pp.1-21. Obtenido de la Red

Mundial el 23 de junio de 2006: www.cmq.edu.mx/docinvest/document/DI121407.pdf

MOLLÁ, M. (2006). El crecimiento de los asentamientos irregulares en áreas

protegidas. La delegación Tlalpan. Revista en Investigaciones geográficas, 60, p.83-

109. Obtenido en la Red Mundial el 23 de noviembre de 2006:

http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/boletin/bol60/b60art5.pdf

MORENO, A. (2005). Relaciones de poder en el proceso de urbanización. Evolución

de poder en el ejido de San Pedro Atzompa, municipio de Tecámac, Estado de

México, de 1993 a 2003. Actas del I Congreso Nacional de Suelo Urbano (pp. 1-16).

NEGRETE, M. y Salazar, H. (1986) en Delimitación de las zonas metropolitanas de

México (2004).

OLAY, M. (2004). Arqueología de Colima en Braniff Cornejo Beatriz (coord.).

Introducción a la arqueología del Occidente de México (colección orígenes).

Universidad de Colima- CONANULTA-INAH, México.

OLAY, M. (1997). Memoria del tiempo. La arqueología de Colima. Universidad de

Colima-Gobierno del Estado de Colima-CNCA, México (Historia General de Colima,

Tomo 1).

OLIVERA, G. (2005). La reforma al artículo 27 y la incorporación de las tierras

ejidales al mercado legal de suelo urbano en México, Scripta Nova, Revista

electrónica de geografía y ciencias sociales, IX, p.1-11. Obtenido en la Red Mundial

el 18 de octubre de 2006: www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-33.htm

ORTEGA, M. y Gómez, E. (1999). Propuesta para la incorporación de suelo para

vivienda en las ciudades de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo en el

Estado de Colima (1979-1997), Universidad de Colima. Coquimatlán.

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-33.htm

192



PALACIO, V. (2001). Las tierras de alta productividad frente al mercado de tierra

urbano. Compendio del Primer Seminario Internacional de Mercados de Suelo (pp.

60-80).

PUJADAS, I. (2005), De la ciudad compacta a la ciudad dispersa: movilidad

residencial en la Región Metropolitana de Barcelona, 1982-2000; presentado en la

XXV Conferencia Internacional de Población, versión digital disponible en

iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=50809

RAMIREZ, E. (2001). Formación de precios y plusvalías en la expansión urbana

sobre terrenos rurales. Compendio del Primer Seminario Internacional de Mercados

de Suelo Urbano (pp. 27-36).

SCHTEINGART, M. y Salazar, C. (2003). Expansión urbana, protección ambiental y

actores sociales en la Ciudad de México, Revista de Estudios Demográficos y

Desarrollo Urbano, México, 18, 433-460.

SOBRINO, J. (2003) en Delimitación de las zonas metropolitanas de México (2004).

TAPIA Castañeda, Víctor M. (s.f.). Seguridad Alimentaria, una visión contemporánea,

Obtenido de la Red Mundial el 8 de mayo de 2006:

http://www.edomexico.gob.mx/cemapem/paramo/param3/htm/p3Seguridad%20alime

ntaria%20una%20vision%20contemporanea.htm

UNIKEL, L. (1976), El desarrollo urbano de México. El Colegio de México. México.

VARGAS, R. (2001). Impacto del suelo de origen social en los mercados de suelo

urbano. Compendio del Primer Seminario Internacional de Mercados de Suelo

Urbano (pp. 389-413).

Otras fuentes:

Agencia Europa del Medio Ambiente (2006) en EEA Briefing, La expansión urbana

descontrolada en Europa. Obtenida en la Red Mundial el 26 de julio de 2006:

http://reports.eea.europa.eu/briefing_2006_4/es/eea_briefing_4_2006-ES.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

http://www.edomexico.gob.mx/cemapem/paramo/param3/htm/p3Seguridad%20alimentaria%20una%20vision%20contemporanea.htm

http://www.edomexico.gob.mx/cemapem/paramo/param3/htm/p3Seguridad%20alimentaria%20una%20vision%20contemporanea.htm

Bibliografía

193

Diarios Oficiales de la Federación. Publicación de Decretos de ampliación. Obtenidos

en la Red Mundial: www.dof.gob.mx

Diarios Oficiales de la Federación. Publicación de Decretos expropiatorios. Obtenidos

en la Red Mundial: www.dof.gob.mx

Enciclopedia de los municipios de México. Obtenido en la Red Mundial: www.e-

local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia

Ley Agraria

III Informe de gobierno del Estado de Colima, período octubre 2005-septiembre 2006

INEGI, (2006), Núcleos Agrarios. Tabulados Básicos por Municipio. Colima. Abril

1992-Agosto 2006.

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Periódico Oficial El Estado de Colima, publicaciones del período 1990-2006.

Consulta de documentos en Archivo de Gobierno del Estado y en la Red Mundial:

http://148.235.70.104/periodico/peri/indexp.php

RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Acatitán, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Cardona, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido El Diezmo, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Francisco I. Madero, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido La Estancia, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Lo de Villa, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Piscila, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Buenavista, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido El Trapiche, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Villa de Álvarez, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Pastores, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Coquimatlán, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Los Limones, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Comala, consulta en archivo RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido Nogueras, fotocopias RAN. Resolución presidencial de dotación del ejido El Pedregal, fotocopias RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Acatitán, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Cardona, consulta en archivo

http://www.dof.gob.mx/

194



RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido El Diezmo, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Francisco I. Madero, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido La Estancia, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Lo de Villa, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Piscila, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Buenavista, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido El Trapiche, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Villa de Álvarez, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Pastores, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Coquimatlán, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Los Limones, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Comala, consulta en archivo RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido Nogueras, fotocopias RAN. Asignaciones de dominios plenos del ejido El Pedregal, fotocopias

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