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LA INFANCIA EN ARAGÓN 2017:desigualdad, la cara oculta de la crisis

2UNICEF LA INFANCIA EN ARAGÓN 2017

La infancia en Aragón 2017:desigualdad, la cara oculta de la crisis

Edita: UNICEF Comité AragónPº Independencia 24, local 63.50004 Zaragoza

Autor: David Baringo Ezquerra

Coordinación y edición: Equipo de incidencia política UNICEF Comité AragónEquipo de incidencia política UNICEF Comité Español

Diseño y maquetación: XCAR Malavida

Fotografías: UNICEF Comité Español/2017/ Ajay HiraniUNICEF Comité Español/2017/Carolina Sainz Depósito legal: Z1546-2017

Noviembre, 2017

ÍNDICE1. Introducción. (pag #3)2. Metodología. (pag #5)3. Rasgos definitorios de la infancia aragonesa. (pag #7)4. El sistema educativo de Aragón en la enseñanza obligatoria. Configuración y recursos. (pag #11)5. Variables de seguridad y salud en la infancia aragonesa. (pag #19)6. El sistema de protección a la infancia. (pag #23)7. La infancia en riesgo de exclusión. (pag #27)8. Bienestar subjetivo. (pag #41)9. Propuestas para mejorar la situación de la infancia en Aragón. (pag #49)10. Propuestas complementarias. (pag #54)ANEXO. Marco institucional. (pag #54)Notas. (pag #58)


Introducción.1

La situación de vulnerabilidad infantil es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los países en estos momentos de crisis. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2016 el 24,3 % de los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión (conforme a la medición Arope)1. Esto supone que uno de cada cuatro niños o niñas en Aragón se halla en una situación de especial vulnerabilidad, en el seno de familias cuyos ingresos mensuales están por debajo del 60 % de la media, en familias con baja intensidad laboral o que sufren una privación material severa.

Esta cifra, aunque alarmante, no supone una realidad distinta a la que UNICEF lleva denunciando ya varios años en distintos Informes2, determinando el mayor impacto de la crisis en la infancia, o proponiendo la adopción de medidas que permitan paliar la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentra un número creciente de niños y niñas en nuestro país.

La situación no es diferente en nuestra comunidad autónoma: conforme a datos desagregados de los diferentes informes publicados a nivel nacional, las cifras en las que se encontraba la infancia aragonesa resultaban, cuanto menos, preocupantes, y exigían la necesidad de adoptar medidas que permitiesen paliar los efectos que la crisis estaba teniendo en muchas, cada vez más, familias. Esa fue la razón por la que todos los grupos políticos con representación parlamentaria firmaron en 2014 el Pacto Aragonés por la Infancia, comprometiéndose todos ellos a priorizar los recursos necesarios para garantizar el bienestar de nuestra infancia. Como garantía del cumplimiento de los compromisos que engloba este Pacto se constituyó una Comisión de Seguimiento del mismo.

Uno de cada cuatro niños o niñas en Aragón se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.


Es esta Comisión la que, ante la ausencia de datos propios y por consiguiente sin la información necesaria para establecer un diagnóstico de la realidad de los niños y niñas aragonesas; como punto de partida imprescindible para la adopción de las medidas adecuadas para la infancia en nuestra comunidad, encargó a UNICEF la redacción de este informe, a fin de identificar la existencia o no de desigualdades en la infancia aragonesa, de cuantificar adecuadamente, con datos propios, las situaciones de riesgo o exclusión, así como las principales prioridades a tener en cuenta en un futuro a corto, medio y largo plazo.

El Informe se realiza en un momento complejo, al que no se puede ser ajeno. En primer lugar, se inscribe en un contexto socioeconómico complicado, tras una larga crisis económica que ha tenido un serio impacto en muchas familias3. En segundo lugar, si bien es cierto que este contexto ha afectado a toda la población, también lo es el hecho de que el impacto ha sido mayor en las familias con hijos. En concreto, conforme a mediciones de Eurostat, que utiliza los indicadores de Arope, la tasa de pobreza es un 11 % más elevada en hogares con niños (mientras que hay un 27,7 % de hogares con hijos en riesgo de pobreza, este dato se reduce a un 16,8 % en aquellos hogares en los que no hay niños). Esta diferencia supera los 25 puntos porcentuales en caso de familias numerosas y hogares monoparentales. Además, la brecha existente en niveles de población en riesgo de pobreza entre España y la UE se evidencia y pone de relieve en la población infantil: cuando se trata de hogares sin niños, la diferencia entre la media de la UE y España no llega al 1,5 %, mientras que en el caso de hogares con niños, la diferencia supera los 8 y 17 puntos en caso de familias numerosas.

En este Informe abordamos los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra comunidad si pretende garantizar la igualdad de oportunidades para su infancia. La situación de esta en torno a la educación, la salud, la seguridad y protección. Por otro lado, analizamos con una mayor profundidad qué significa y qué supone ser un niño o niña en Aragón en una situación de riesgo de exclusión. Por último, y partiendo de un análisis previo de los presupuestos, la evolución en la inversión de los mismos, y la efectividad que estos han tenido en la reducción de la pobreza infantil, proponemos una serie de medidas para intentar lo más posible la brecha que supone para los niños de nuestra comunidad haber nacido en una u otra familia, tratando con ellas, de acercarnos a una realidad en la que la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y niñas sea posible.

La tasa de pobreza es un 11 % más elevada en hogares con niños.


Metodología.2

En una comunidad tan poco poblada como la aragonesa, supone todo un reto obtener información fiable que permita afinar qué grupos han sido los más impactados por la crisis, más allá de la mera cuantificación económica. Para conseguirlo, se ha optado por la realización de encuestas propias a niños y a padres a lo largo de toda la geografía aragonesa, tratando de profundizar en diferentes aspectos clave en la vida de los niños y sus familias. Desde el punto de vista metodológico es importante resaltar el apoyo del Instituto Aragonés de Estadística, el Instituto de Infancia y Mundo Urbano de Barcelona, el Servicio de Vigilancia en Salud Pública del Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y cuantos profesionales participaron en las diversas mesas de expertos organizadas por UNICEF Comité Aragón.

El documento que aquí se presenta ha sido realizado siguiendo el Sistema de Indicadores de Bienestar Infantil (SIBI), utilizado por UNICEF desde la publicación de su primer informe de infancia en España en 2010, si bien algunos indicadores se han adaptado ligeramente y se han combinado con otros de impacto que resultan muy adecuados para medir la desigualdad.

El SIBI se detiene principalmente en el análisis de indicadores relativos a educación, salud y seguridad, protección, infancia en riesgo de exclusión y bienestar subjetivo. Para cada uno de estos epígrafes, existen unos datos que han sido obtenidos a partir de diferentes estudios a escala nacional y autonómica (por ejemplo, datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Evaluación PISA, etc.). Estos han sido complementados en nuestro trabajo con otros procedentes de las encuestas realizadas a niños y padres, así como con información cualitativa obtenida en los grupos de discusión con expertos.


La población aragonesa representa únicamente el 2,8 % de la población española y el 0,26 % de la Unión Europea. Esto supone que la gran mayoría los estudios realizados a escala nacional o europea pueden ser útiles para entender tendencias generales, pero no contienen detalles significativos que ayuden a comprender algunas especificidades que muestra el caso aragonés. En consecuencia, UNICEF Comité Aragón ha optado por elaborar este Informe a partir de la obtención de información propia, básicamente mediante la realización de:

• 1511 encuestas a jóvenes entre 12 a 16 años de edad, preguntándoles sobre cuestiones relativas a su vivienda, el dinero y las cosas que tienen, sus amigos, la zona donde viven, el centro educativo donde estudian, el uso que hacen del tiempo o la autopercepción de sí mismos,

• 1294 encuestas a padres y madres de alumnos de educación primaria, preguntándoles sobre cuestiones relativas a la vivienda familiar, condiciones materiales de existencia y privación material de la familia o condiciones de los menores de 18 años en el hogar,

• Numerosas entrevistas individuales con expertos e instituciones aragonesas especializadas en diferentes aspectos relacionados con la infancia. También se realizaron varios grupos de discusión con especialistas en los ámbitos de la educación, protección de la infancia, sanidad y medio rural.

Las encuestas cuentan en su conjunto y en cada uno de los ámbitos testeados con representatividad estadística suficiente, al haberse realizado una escrupulosa selección de los centros educativos en los que se realizaron, tanto desde el punto de vista socioeconómico como territorial, diferenciando entre capitales y núcleos rurales y provincias.


Rasgos definitorios de la infancia aragonesa.3

Aragón es un territorio muy extenso (47 719 km², el 9,4 % de la superficie española), en el que conviven dos realidades demográficas y sociológicas dispares: por un lado un medio rural extenso con una baja densidad de población y, por otro, la ciudad de Zaragoza y su entorno más inmediato, que concentra el 53 % de la población total, con una gran diversidad en sus barrios. El nivel de renta promedio de la población se puede considerar en el contexto español como medio, aunque con notables diferencias por zonas: de los más de 18 000 euros de renta disponible bruta per cápita en la comarca Jacetania, a los aproximadamente 12 500 en las Cuencas Mineras, un 30 % menos.

En la comunidad aparecen censados 230 484 niños y niñas, el 17,6 % de la población total, lo que representa un porcentaje de población infantil notablemente más bajo que la media española. Su distribución en el territorio es desigual ya que alrededor del 59 % vive en Zaragoza y su entorno. En el medio rural las poblaciones suelen estar muy envejecidas (tan solo las comarcas Bajo Aragón y Valdejalón se acercan a la media española), aunque se dan notables diferencias entre comarcas.

La Comunidad no es ajena a las dinámicas demográficas de la fecundidad en España, que muestran una fuerte caída, hasta casi reducirse a la mitad en las últimas cuatro décadas. De hecho, nuestro país ha pasado en dicho periodo de tiempo de ser uno de los estados europeos con mayor número medio de hijos por mujer, a uno de los más bajos.

Cuando se compara la evolución de la tasa entre la media nacional y la autonómica en el periodo señalado, se observa que la tasa global de fecundidad aragonesa se mantenía notablemente por debajo de la media española. Con el tiempo esta diferencia se ha ido reduciendo paulatinamente hasta, a partir del año 2014, revertirse la situación. Como muestra de ello, en el año 2015 en Aragón nacieron 39,5 niños por cada 1000 mujeres, frente a los 39,0 de España.

Evolución de la tasa de fecundidad en España y Aragón. 1975-2015.Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.

En la comunidad aparecen censados 230 484 niños y niñas, el 17,6 % de la población total.

Los hogares con hijos en Aragón, suponen tan solo un 33 % del total. De estos, un 7,6 % lo constituyen hogares monoparentales, y en el resto conviven dos adultos con uno o más hijos.


En síntesis, y desde un punto de vista socio-demográfico, los niños y niñas aragoneses de hoy responden a este perfil:

• El número total de niños y niñas ha aumentado ligeramente en las dos últimas décadas, pero su peso demográfico total se ha reducido debido, principalmente, al aumento en el número de personas mayores,

• La proporción por géneros es casi paritaria: 51,5 % de niños por el 48,5 % de niñas,

• En torno al 12,3 % de los niños y niñas aragoneses tiene origen extranjero, frente al 8,6 % que supone en el conjunto de España.

Comparativa de la evolución en la composición de los hogares españoles y aragoneses.Periodo 2005-2015. Dato en %Fuente: Elaborado por IAEST a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

Pirámide población de Aragón. Año 2016Fuente: IAEST.

Nota: se considera niño dependiente económicamente a todos los menores de 16 años y a los que tienen de 16 a 25 años y son económicamente inactivos.

En torno al 12,3 % de los niños y niñas aragoneses tienen origen extranjero; en España es el 8,6 %.


La infancia aragonesa es, por tanto, un colectivo que ha ido evolucionando conforme lo hacía la sociedad en su conjunto. Tiene un peso demográfico menor respecto al conjunto del país, si bien en lo últimos años la fecundidad ha aumentado por encima de la media española, lo que en un futuro a medio plazo podría conducir a cierta reversión de esta tendencia. Los niños y niñas aragoneses forman parte de familias de reducido tamaño, siendo frecuente que tengan uno o ningún hermano. El 59 % reside en Zaragoza y su entorno más inmediato, y son de origen cada vez más diverso.


El Sistema educativo de Aragón en la enseñanza obligatoria. Configuración y recursos.4

Anteriormente ya se ha resaltado el reciente y ligero aumento en la población infantil en Aragón, que ha coincidido con un proceso general de extensión media en los años de escolarización, lo que contribuye a que más alumnos se matriculen en edades tempranas y prosigan sus estudios más allá del máximo obligatorio de los 16 años.

A pesar de su progresivo aumento a lo largo de los últimos años, la escolarización temprana es todavía una asignatura pendiente en Aragón. Tal y como destaca el Estado Mundial de la Infancia 2016, publicado por UNICEF, “los cuidados, la nutrición y la estimulación en la primera infancia pueden impulsar el desarrollo cerebral, fortalecer la capacidad de aprendizaje de los niños y fomentar su resistencia psicológica y su flexibilidad para adaptarse a los cambios. Las intervenciones en los primeros años pueden incluso afectar al nivel de ingresos en el futuro. Hay investigaciones que demuestran, por ejemplo, que prevenir la subnutrición en la primera infancia deriva más adelante en la vida del niño en un aumento de sus ingresos por hora del 20 % como mínimo”.5 La educación temprana es especialmente importante entre los niños que crecen en un entorno social y familiar más complicado, que son además quienes muchas veces no se lo pueden permitir. Según datos del Ministerio de Educación, en Aragón sólo el 34,6 % de los niños de 1 año, y el 54,5 % de los de 2 años se encontraba escolarizados. En la encuesta realizada para este informe a una muestra de hogares aragoneses, el 21,2 % de los entrevistados señalaba que no llevaba su hijo de 0 a 3 años a la escuela porque no se lo podía permitir.

La inexistencia de una red universal y gratuita de educación en este tramo de edad obliga a recurrir a guarderías y escuelas privadas cuyo coste no pueden asumir algunas familias. Pese al crecimiento en los últimos años de la escolarización en educación infantil, el porcentaje en nuestra comunidad autónoma sigue siendo bajo en comparación con las comunidades autónomas más avanzadas en este ámbito. En ocasiones, el coste de la guardería, unido a empleos de escasa cualificación y bajos salarios, pueden suponer que para uno de los progenitores no compense el gasto y prefiera dedicarse al cuidado y educación en el hogar.5 Por eso no debe extrañarnos que entre los encuestados con hijos menores de 3 años que no llevaban sus hijos a la guardería, el 65 % lo cuidaba “padre o madre que no trabaja”, el 19,4 % “abuelos o familia”, el 2,4 % un “cuidador contratado” y el 11,7 % “otros”.

La escolarización temprana es todavía una asignatura pendiente en Aragón.

La inexistencia de una red universal y gratuita de educación en este tramo de edad obliga a recurrir a guarderías y escuelas privadas cuyo coste no pueden asumir algunas familias.


Aunque Aragón cuenta con un número de guarderías, públicas o privadas, por cada mil niños de 0 a 3 años superior a la media española, la falta de plazas en las primeras y el precio de las segundas pueden suponer un freno para conseguir niveles de escolarización temprana alcanzados en otras naciones desarrolladas.6

A fin de situar en su correcta dimensión las políticas que afectan a la infancia, es necesario conocer las grandes cifras que concretan el sistema educativo aragonés de la enseñanza obligatoria.

Tasas netas de escolaridad en 0, 1 y 2 años en España. Curso 2014-15.Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las cifras de la educación en España. Curso 2014-2015 (Edición 2017)


Para atender debidamente las crecientes demandas del sistema se necesitan unos presupuestos consolidados, generosos. En este contexto, los considerables recortes en los presupuestos de educación durante estos años de crisis económica han puesto en tensión al sistema educativo aragonés y han supuesto un retroceso en algunas actuaciones comprometidas. Según el Consejo Escolar de Aragón, el gasto medio por alumno en Aragón ha caído en más de 500 euros en sólo cuatro años: de los 4096 en el curso 2010/2011 a los 3544 en el 2014/2015.7

Evolución de los presupuestos destinados a educación no universitaria en Aragón. Periodo 2007-2015.Fuente: Consejo Escolar de Aragón

Enseñanza por nivel de estudios en Aragón. Curso 2015/2016.Fuente: IAEST Los

considerables recortes en los presupuestos de educación durante estos años de crisis económica han puesto en tensión al sistema educativo aragonés

El gasto medio por alumno en Aragón ha caído en más de 500 euros en sólo cuatro años.

La disminución del gasto en educación se refleja en el descenso en el número de profesores, pero también en los recursos destinados a garantizar la inclusividad del sistema educativo. De los algo más de 17 millones de euros destinados en 2007 al gasto en comedor, transporte y material escolar (incluyendo el programa de gratuidad de libros), se ha pasado a los 10,2 millones de 2016, casi exclusivamente dedicados a las becas de comedor. No obstante, se observa una recuperación respecto a los años en los que estas cantidades descendieron de una manera más alarmante (6,9 millones en 2013), pero las ayudas todavía no son capaces de paliar determinadas situaciones que requerirían una mayor inversión.


Aunque tan solo un 7 % de los padres encuestados afirma no poder dejar a sus hijos en el comedor por motivos económicos, esta cifra encubre que algunos sectores sociales experimentan verdaderas dificultades en este ámbito pese a las becas de comedor proporcionadas por el Gobierno de Aragón. De esta manera, un 19,2 % de los padres de origen extranjero, un 15 % de los que tienen 3 hijos o más, y el 17,8 % de los que declaran ingresos por debajo de los 600 euros al mes, declaraban no poder pagar este servicio, quedando inexplicablemente excluidos del sistema de becas.

Acceso al servicio de comedor por parámetros sociales (nacionalidad, número de hijos, ingresos mensuales y trabajadores retribuidos en el núcleo familiar). Aragón. Año 2017.Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Porcentaje de hogares en los que no se puede costear el importe de actividades extraescolares en función de nacionalidad, número de hijos e ingresos mensuales.Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Una parte importante de la educación escolar la constituye la realización de actividades extraescolares y complementarias, pues favorecen la socialización y el contacto de los grupos en escenarios diferentes. Pero no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades, pues buena parte de estas actividades originan desembolsos económicos a las familias.8 Si bien únicamente el 4,3 % de las encuestadas respondió negativamente a la pregunta de si se podían costear estas actividades, este dato casi se triplicaba entre las familias de origen extranjero, se dobla en caso de familias que tienen más niños (9,7 %) y se cuadriplicaba entre los hogares con menores ingresos (22,6 %).


Evolución de los puntajes medios de los alumnos de 15 años por diferentes competencias (ciencias, lectura, matemáticas). Periodo 2009-2015.Fuente: OCDE. Programme for International Student Assessment (PISA). 2017

En materia de calidad educativa Aragón obtiene, en general, buenos resultados en las diferentes evaluaciones del sistema que se realizan periódicamente en el ámbito estatal. Los resultados recientes muestran en Aragón una evolución positiva, algo por encima de la media española y de los países de la OCDE en ciencias, competencia lectora y matemáticas en alumnos de 15 años. Estos datos demuestran que la comunidad educativa aragonesa está siendo capaz de obtener buenos resultados con un redoblado esfuerzo e implicación personal, a pesar del complicado contexto expuesto anteriormente. Aun así, cabe resaltar también que estos resultados medios de PISA en Aragón están todavía a cierta distancia de los obtenidos en otras comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid y Navarra, por lo que existe todavía un amplio margen para la mejora.

La percepción subjetiva del alumnado proporciona datos complementarios sobre el sistema educativo en su conjunto, que permiten llevar a cabo una valoración cualitativa más completa. En la encuesta realizada para este informe a alumnos aragoneses entre 12 y 16 años de edad, la mayoría se mostraban satisfechos con el profesorado y los compañeros, aunque hay que resaltar la significativa proporción de niños que afirman que no les gusta ir a clase (28,7 %). Interrogados sobre esta cuestión, algunos expertos participantes en el panel organizado por UNICEF con motivo de la elaboración de este informe,


Porcentaje de alumnos totales y de alumnos de origen extranjero en Aragón por tipo de centro.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST. 2017

señalaron que podría estar relacionado tanto con problemas del curriculum actual (demasiado largo, teórico, lleno de diferentes pequeñas asignaturas y poco abierto a la innovación) como con la abundancia de necesidades especiales en muchos alumnos que no han sido convenientemente detectadas a tiempo, que se van arrastrando e impiden que parte de los alumnos encuentren suficientes alicientes para asistir a clase y rendir de forma sostenida en las asignaturas a medida que transcurren los años en la escuela. Quizás esto explica en parte el alto porcentaje fracaso escolar en Aragón.

Los propios expertos consultados plantean cuestiones generales que a su juicio pueden favorecer o perjudicar la inclusividad y la igualdad de oportunidades. Según se recogió en estas sesiones, pueden haber coincidido varias circunstancias que han impedido la mejora educativa por todos deseada, entre las cuales habría que citar que la ratio de alumnos por profesor ha empeorado en muchos centros. Además, se ha producido una reducción en los medios para atender a niños de origen diverso y con necesidades especiales, y en particular en determinadas áreas de la ciudad de Zaragoza, donde se concentran los hijos de la población más vulnerable. Estos expertos coinciden también en señalar que en muchos centros educativos han tenido que tratar de proporcionar una urgente asistencia, muchas veces sin estar suficientemente preparados ni dotados de medios, que respondiese al progresivo aumento de las desigualdades sociales. La duración de la crisis ha agravado la problemática de alumnos y familias que demandan una atención especial que los centros no siempre pueden cubrir. Por otra parte, se constata en la actualidad una excesiva rotación del personal docente, sobre todo en la escuela pública, lo cual dificulta la puesta en marcha de proyectos colectivos de cara a la reducción de las desigualdades en los aprendizajes y en el desarrollo personal.

La duración de la crisis ha agravado la problemática de alumnos y familias que demandan una atención especial que los centros no siempre pueden cubrir.


Tasa de idoneidad en los niños entre 8 a 15 años en Aragón. Curso 2015/2016.Fuente: IAEST. 2017

Respuesta a la pregunta a niños entre 12 y 16 años: “¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas frases?”. Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Pero hay otros aspectos que es necesario tener en cuenta para analizar el sistema educativo en su conjunto. La tasa de idoneidad es un indicador que analiza el porcentaje de alumnos que se encuentra matriculado en el curso que por su edad le corresponde. Los últimos datos para Aragón muestran que únicamente el 52,7 % de los alumnos de 15 años cursan el nivel de estudios que les correspondería por edad. Se trata de una cifra alarmante, que está muy por debajo de la media española (63,9 %), una clara tendencia a la baja durante la última década.

A pesar estos problemas todavía no resueltos, entre los aspectos positivos cabe destacar en términos generales el esfuerzo realizado por mantener la calidad de la educación en el medio rural. En las zonas de Aragón con menor densidad de población hace años se crearon los denominados Centros Rurales Agrupados (CRA), en los que se unen alumnos de varias localidades cercanas. En el curso 2014-15 funcionaron 74 de estos centros, que atendieron a un total de 8989 alumnos. Aun cuando solo representan el 6,3 % de la población escolar total en centros públicos, han demostrado ser positivos para el mantenimiento de la demografía rural, pues facilitan que más niños puedan estudiar cerca de sus casas y así retienen a más familias en los pueblos.

Únicamente el 52,7 % de los alumnos de 15 años cursan el nivel de estudios que les correspondería por edad.


Otro aspecto importante que fue incorporado al cuestionario presentado a los niños hacía alusión a la convivencia escolar. Un 9,5 % de los niños consultados reconoció haber sido víctima de algún tipo de maltrato o acoso escolar a lo largo del curso. Se trata de un porcentaje significativo, que es mayor entre las niñas: 10,9 % por 8,2 % entre los niños. También llama la atención la alta proporción de respuesta “No lo sé”, el 13,1 % del total, lo que muestra que todavía hay mucha desinformación sobre este tema en las aulas, y muchos niños todavía no saber discernir si son o no víctimas de maltrato o acoso.

Como conclusión de este apartado cabe destacar que la crisis ha puesto en fuerte tensión al sistema educativo aragonés. La coincidencia en el tiempo de menores recursos humanos y económicos en las escuelas con una mayor demanda por parte de los alumnos y sus familias (cada vez más diversas y más vulnerables) ha repercutido especialmente en los centros donde acuden los hijos de estas familias, lo que dificulta la salida de la situación de pobreza y hace más difícil garantizar la igualdad de oportunidades. En ocasiones, los centros educativos no se han sentido lo suficientemente apoyados por los Servicios Sociales, según se manifestó en las reuniones de expertos.

Existen algunos ámbitos muy específicos en el sistema que sería necesario reforzar, tanto desde el punto de vista presupuestario como de la concepción general de la educación obligatoria, a fin sobre todo de asegurar su equidad. La extensión de la educación de 0 a 3 es, como ya hemos visto, esencial para mejorar las vidas de los niños y niñas, y toda una apuesta de futuro para reducir las desigualdades de mañana. Por otro lado, se ha detectado una excesiva carga de alumnos con necesidades educativas especiales en centros concretos, y muy especialmente en la ciudad de Zaragoza. Convertir determinadas escuelas o institutos en guetos con un mayor porcentaje de este tipo de alumnado resulta un error que debería ser atendido cuanto antes por la administración educativa aragonesa. Y por último, parece necesario incidir en el conocimiento, dentro de los centros, de los casos de acoso y maltrato escolar, previniéndolos y atendiendo de inmediato aquellos que se presenten, facilitando para ello una mayor coordinación entre todas las instancias implicadas: administración, familias, equipos docentes, fiscalía de menores y policía.

Un 9,5 % de los niños consultados reconoció haber sido víctima de algún tipo de maltrato o acoso escolar a lo largo del curso.


Variables de salud y seguridad en la infancia aragonesa.5

La alimentación juega un papel fundamental en la consolidación de unos hábitos saludables. Los resultados de la encuesta realizada para este informe muestran que la infancia aragonesa no tiene en términos generales problemas alimenticios graves: el 97,7 % afirma desayunar todos los días y el 92,9 % de los padres dice que puede permitirse dar a sus hijos una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. La nota media que los niños asignan a su salud fue de 9 sobre 10. Los especialistas en salud confirman que, a grandes rasgos, nos encontramos ante una infancia aragonesa saludable y bien alimentada, corroborado por indicadores como la baja mortalidad infantil, la alta esperanza de vida o la elevada talla media de los niños.9 Sin embargo hay dos retos pendientes a los que se debe buscar respuestas: por un lado, las dificultades de algunos niños para acceder a una dieta equilibrada debido a las dificultades económicas que atraviesan sus familias, y por otro que crecen los malos hábitos en el tipo de alimentos que ingieren cotidianamente y el sedentarismo, que está generando problemas de mala calidad de la nutrición y obesidad infantil.10

En la encuesta realizada para este informe a padres aragoneses, el 5,5 % declaró que a lo largo del último año ha tenido que reducir el gasto en alimentos para sus hijos. Analizando los resultados en términos de desigualdad, la proporción de estas respuestas es más elevada en la ciudad de Zaragoza (6,2 %) y, sobre todo entre las familias que encajan de una manera más clara en el riesgo de exclusión: padres de origen extranjero (16,1 %), familias con más de 3 hijos (13,4 %) y con menos de 600 euros mensuales de ingresos en el hogar (27,7 %). Estos datos manifiestan que, a pesar de que la alimentación adecuada y la sensibilización por la importancia de la alimentación equilibrada no es un problema en Aragón, sí que afecta a familias en situación de riesgo de exclusión: en estos casos 1 de cada 3 niños no está bien alimentado, teniendo que reducir el gasto en alimentos adecuados debido a su situación económica.

Pero la salud se construye con otros hábitos. El consumo de tabaco entre los jóvenes aragoneses entre 14 a 18 años parece encontrarse ligeramente a la baja, aunque, según los datos para Aragón de la Encuesta Estudes (2015), un 28,7 % declaraba haber fumado en algún momento del último mes, mientras que un 11,8 % reconoce hacerlo todos los días. Al mismo tiempo, el 18,9 % de los jóvenes aragoneses encuestados reconoció haber consumido cannabis en el último mes. Esta misma encuesta señalaba que el 69,7 % había consumido bebidas alcohólicas a lo largo de los últimos treinta días. El 57,7 % señalaba haberse emborrachado alguna vez, situándose la media de edad de la primera vez en los 14,3 años.

En relación a la calidad del sistema de salud, los niños encuestados para este informe ponen una nota de 8,7 cuando se les pregunta sobre el trato recibido en las visitas al médico, el más alto entre todos los servicios públicos que utilizan.

Los malos hábitos en el tipo de alimentos que ingieren cotidianamente y el sedentarismo, generando problemas de mala calidad de la nutrición y obesidad infantil.

El consumo de tabaco entre los jóvenes aragoneses entre 14 a 18 años parece encontrarse ligeramente a la baja.


Esta percepción general positiva precisa ser analizada en un contexto de serios recortes presupuestarios en el sistema sanitario público aragonés, lo que, sin duda, se ha dejado notar en la atención a la población infantil. Así, podemos ver cómo los recortes en el Presupuesto del Gobierno de Aragón en materia de sanidad supusieron la pérdida de casi un 20 % entre 2012 y 2013, lo que sin duda se tradujo en un menor gasto en sanidad por niño. Esta tendencia se ha invertido ya desde los presupuestos de 2016, momento en el que se recuperaron las cifras de inversión en sanidad de 2010.

Gasto sanitario en infancia en Aragón. Periodo 2007-16.Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón a partir de datos del Gobierno de Aragón. Año 2017

Según datos del Servicio Aragonés de Salud, hay 186 pediatras formando parte de los equipos de atención primaria, lo que supone una tasa de 1 por cada 1000 niños. Siempre según la misma fuente, el número medio de usuarios asignados por cada pediatra es 996, una media que se ha mantenido con el tiempo ajustando el número de estos profesionales al aumento de la población infantil en Aragón de los últimos años.


A pesar de todo lo anterior, quedan algunos aspectos importantes para la salud de los niños que no están cubiertos por el sistema público y que deben ser asumidos por las familias, lo que supone un reto (a veces insalvable) en especial para las más vulnerables. Según la encuesta, el 11,6 % de los padres aragoneses que lo necesitaron no pudieron hacer frente total o parcialmente a la compra de gafas, audífonos, aparatos dentales u ortopedia que sus hijos necesitaban en el último año. La proporción de padres con estos problemas se doblaba entre los extranjeros (21,2 %), los que tienen 3 o más niños (20,3 %) y aquellas familias que no tienen en casa ningún miembro con trabajo retribuido (31 %).

Por otro lado, existe una clara vinculación entre las dolencias leves experimentadas por los niños y su situación económica. Preguntados sobre los síntomas experimentados por sus hijos en los últimos seis meses, el 18 % declaraba haber detectado dolores de cabeza, el 10 % problemas de estómago, y el 7 % nervios o dificultad para dormir. Sin embargo, si nos atenemos a las respuestas dadas por las familias que se encuentran en una situación socioeconómica peor, estos porcentajes se elevan hasta el 47 %, el 27 % y el 17 % respectivamente, lo que sin duda demuestra hasta qué forma la percepción de estas dificultades pueden afectar al correcto desarrollo físico y mental de los menores.

Porcentaje de padres que han tenido que renunciar o reducir en el gasto en gafas, audífonos, aparato dental u ortopedia para sus hijos? (en función de municipio de residencia, nacionalidad, número de hijos e ingresos mensuales)”. Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Existe una clara vinculación entre las dolencias leves experimentadas por los niños y su situación económica.


Considerando que también la percepción de seguridad es un tema de salud, en las encuestas realizadas, el 81,5 % de los niños afirma sentirse seguro en su instituto/colegio, frente al 5,2 % que declaraba que no. Cuando se les pregunta sobre su seguridad a la hora de caminar por la zona en la que viven, el 73,7 % afirmaba que sí que lo está. Esta percepción es algo menor entre las niñas (68,7%) y entre los niños de Zaragoza capital (el 68 % manifiesta sentirse seguro caminando por la calle frente al 81,9 % de los niños de los municipios de menos de cinco mil habitantes). La nota media que le asignan los niños encuestados a la policía en la zona en la que viven es de un 7,1 (en una escala de 0 a 10).

Como conclusión de este apartado es importante resaltar el buen estado de salud general de la infancia aragonesa, a pesar del indudable impacto que han tenido los fuertes recortes en el sistema público de salud. La crisis económica ha supuesto que más familias tengan problemas para alimentar adecuadamente y con una dieta equilibrada a sus hijos, lo que puede ocasionar en el futuro en problemas derivados de esta situación, como el sobrepeso o la obesidad de estos niños. Respecto al consumo de tabaco, cannabis y, sobre todo alcohol, de la población entre 14 y 18 años, pese a haberse estabilizado, continúa en tasas elevadas, siendo el principal riesgo para la salud entre los adolescentes aragoneses.

A pesar de la práctica universalidad del sistema público de salud aragonés, hay algunos importantes aspectos que todavía no están cubiertos por el sistema y que son difíciles (a veces imposible) de atender por las familias, en especial las más pobres: el 11,6 % de los padres aragoneses consultados por UNICEF manifestaron que en el último año no pudieron hacer frente total o parcialmente a la compra de gafas, audífonos, aparatos dentales u ortopedia que sus hijos necesitaban. En relación a la percepción de seguridad, en general es alta, tanto dentro de la escuela como la calle, aunque con algunas diferencias según género y lugar de residencia.

Dolencias detectadas en menores en función de su estatus económico. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017


El sistema de protección a la infancia.6

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños tienen derecho a ser cuidados por sus padres o su familia. El Estado (en este caso, la comunidad autónoma) es responsable de su cuidado cuando no tengan familia, hayan quedado separados de ellos o en los casos en que sus propias familias representen un daño grave para su crecimiento y desarrollo. Las administraciones dan prioridad a la permanencia de los menores en sus familias de origen por lo que, ante este tipo de casos, se encargan de realizar acciones para mejorar la situación del menor y darle seguimiento, sin separarlos de sus familias. Sólo en los casos más graves (abandono, riesgo para su integridad física o mental, agresión sexual, ausencia de escolarización, inducción a la mendicidad, etc.), y tras agotar otras alternativas o vías de solución, se establece la declaración de riesgo. En estos casos, previa resolución de un juez, es la comunidad autónoma quien asume su tutela, hasta que se decide a quien se le otorga su guarda. Así, en el año 2016 el Gobierno de Aragón tenía 430 niños con declaración de riesgo, 44 en guarda y 381 en tutela.

Este mismo año, el Sistema Aragonés de Atención a la Infancia y a la Adolescencia asumía 1138 expedientes individualizados activos tras la realización de un estudio interdisciplinar del menor y de su entorno, que determina si es necesaria la adopción de alguna medida de protección.

Evolución del número de niños con declaración de riesgo, guardas y tutelas por parte del Gobierno de Aragón. Periodo 2011-2016Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 2017


La gestión de los niños en situación de desamparo es compleja, y está personalizada según las particularidades de cada caso. No es sencillo contar con estructuras ágiles y eficaces en este ámbito, con presupuestos bajos y con unas necesidades tan cambiantes provenientes de los niños y las familias. En primera instancia la administración trata de no alejar al niño de su entorno más inmediato, por lo que se le busca la alternativa más adecuada dentro de su familia extensa (abuelos, tíos, etc.) o en su defecto, dentro de la red de familias de acogida. Como última instancia, el niño pasa al acogimiento residencial en alguno de los centros existentes en las ciudades de Zaragoza o Huesca, gestionados con fondos públicos por entidades sociales. En el año 2016 había en Aragón 468 menores tutelados en régimen de familia propia, 86 con familias acogedoras, 56 con familias pre-adoptivas y 268 en acogimiento residencial11.

Los expertos invitados al panel de protección convocado para la elaboración de este informe coincidieron en la necesidad de reforzar en Aragón las redes de colaboración para que esta sea más estable. También apuntaron que había que encontrar una corresponsabilidad entre familias, instituciones y entidades del sector para que trabajen de manera más colaborativa en los ámbitos de la atención a la infancia y a la adolescencia, tanto en el medio urbano como en el rural, con un trabajo todavía mejor coordinado en materia de menores entre el Gobierno de Aragón, las comarcas y el Ayuntamiento de Zaragoza12.

Actualmente, Aragón es una de las comunidades autónomas con menos conflictos en materia de delincuencia infantil y juvenil. De hecho, tiene la segunda tasa más baja per cápita del Estado de notificaciones judiciales del artículo 7 (Ley Penal del Menor) a niños de 14 a 17 años del Estado, tan sólo por detrás de la Comunidad de Madrid13. Según los expertos consultados esto es debido seguramente a varios factores, entre los que habría que destacar el apoyo de las familias, las actuaciones que se llevan a cabo en materia de prevención, o el buen trabajo que se viene realizando desde hace años en este ámbito por las administraciones, entidades del sector social, los jueces y fiscales de menores, así como Policía Nacional y la Guardia Civil. En este sentido la Unidad de Menores de la Policía Nacional en la Ciudad de Zaragoza informa que en el año 2016 hubo 913 detenciones a niños entre 14 a 18 años por diferentes delitos. Fueron relativamente poco frecuentes los delitos de lesiones, pero se ha detectado que en los últimos años se ha producido un cierto aumento de la violencia filio-parental.

Aragón es una de las comunidades autónomas con menos conflictos en materia de delincuencia infantil y juvenil.


Ese mismo año fueron 875 los menores con responsabilidad penal (niños entre 14 y 17 años) que recibieron alguna de las 1167 denuncias criminales referidas a casos como robos, violencia doméstica o acoso escolar14, entre otros. Son cifras que van descendiendo ligeramente durante los últimos años. Cabe destacar que muchas de ellas se resolvieron a través de medidas extrajudiciales, reparaciones y conciliaciones (504 casos, algo menos de la mitad), actividades a beneficio de la comunidad (135) o tareas socioeducativas (34). Según datos del Instituto Aragonés de los Servicios Sociales para el año 201615, únicamente 4 casos acabaron en internamiento cerrado y 56 en internamiento semiabierto16. Otros 316 se encontraban en régimen de libertad vigilada. El perfil de estos menores con denuncias criminales es muy diverso, tanto en origen como en el nivel socio-económico de sus familias.

Cabe destacar también que Aragón fue en su día pionero en trabajar a través de medidas socio-educativas con los menores de 14 años infractores, aplicando uno de los programas previstos en el Plan Integral de la Infancia y de la Adolescencia de Aragón 2010-2014. Su funcionamiento está siendo bastante satisfactorio, habiendo trabajado con 172 menores en el año 2016.

Como conclusión se puede decir que el Sistema aragonés de Atención a la Infancia y a la Adolescencia ha demostrado hasta la fecha su eficacia a pesar de los problemas de escasos recursos, y de una todavía mejorable coordinación entre administraciones. El cambio en la gestión de los niños y niñas en situación de desamparo en Aragón está transitando de un modelo basado principalmente en el acogimiento residencial a otro en acogimiento familiar. Se trata de un cambio positivo, pero que merece de un compromiso firme por parte de todos los actores implicados: familias, Administración, entidades sociales, justicia, policía y, por supuesto, los propios niños afectados.

Por lo que se refiere a la tasa de delincuencia infantil y juvenil en Aragón, se puede considerar como baja, con una aplicación muy frecuente de medias socio-educativas como pauta de redención frente a los delitos. En todo caso es necesario trabajar más y mejor en medidas preventivas socio-educativas, además de prepararse con mejor formación y herramientas más adecuadas a problemas crecientes como son la violencia intra-familiar, el acoso escolar o el ciberacoso.

Aragón está transitando de un modelo basado principalmente en el acogimiento residencial a otro en acogimiento familiar.

Aragón es una de las comunidades autónomas con menos conflictos en materia de delincuencia infantil y juvenil.


La infancia en riesgo de exclusión.7

La larga crisis económica que ha afectado a Aragón, sobre todo a partir del año 2008, ha puesto en dificultades tanto a las familias como a las instituciones. Los ajustes presupuestarios realizados a lo largo de los últimos años en los ámbitos privado y público, se han traducido en recortes en las partidas sociales y una caída del empleo. La coincidencia de ambas en algunas familias ha acabado generando un aumento de la pobreza, la vulnerabilidad, y la desigualdad dentro de nuestra comunidad autónoma, que se ha reflejado en un elevado índice de niños y niñas aragoneses en riesgo de exclusión.

Conviene recordar que la pobreza infantil genera a la larga una sociedad más pobre y desigual. Puede ser la antesala a la cronificación de la pobreza. Cuando hablamos de “infancia en riesgo de exclusión” no significa necesariamente pasar hambre, pero sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrida; no significa no poder acceder a la educación, pero sí tener más dificultades para afrontar los gastos derivados de ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios y que sea mucho más difícil acceder a la educación media o superior. Ser pobre no significa no poder tener dónde guarecerse, pero sí habitar una infravivienda en la que no existen espacios adecuados para el estudio o la intimidad. Estar en riesgo de exclusión no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la sanidad pública.

Como hemos señalado en la introducción metodológica de este informe, no es sencillo profundizar en la medición y el análisis del bienestar material de los niños aragoneses. Se pueden obtener grandes cifras a escala general de España que se desdibujan para Aragón debido a nuestro escaso peso demográfico. Hay una carencia de datos desagregados fiables que nos permita extraer conclusiones validas, que afinen algunos temas particulares que preocupan especialmente en nuestra comunidad. Por ello, en este capítulo, tras realizar descripciones generales de la situación basados en los resultados de estudios y encuestas nacionales e

En el periodo 2010-2013 los ajustes presupuestarios han acabado generando un aumento de la pobreza, la vulnerabilidad, y la desigualdad dentro de nuestra comunidad autónoma, que se ha reflejado en un elevado índice de niños y niñas aragoneses en riesgo de exclusión.


internacionales (principalmente de los datos procedentes de la Encuesta de Condiciones de Vida), se presentan los principales resultados de las encuestas propias realizadas por UNICEF Aragón a una muestra de 1511 niños y 1294 padres entrevistados a lo largo de toda la geografía aragonesa durante el curso académico 2016/2017.

Para situarse debidamente en el contexto social, es necesario recordar que en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2017, el PIB real per cápita aragonés se redujo en torno a un 6% y la tasa de ocupación algo menos del 15%17. El cierre o los ajustes en las empresas sumado a la pérdida y/o precarización de muchos empleos, acompañado de los recortes en materia como la salud, la educación o los servicios sociales, ha puesto en una situación complicada a muchas familias y, por lo tanto, a los niños. Aragón, tradicionalmente una de las comunidades españolas con menos desigualdad promedio, ha sufrido recientemente un notable incremento de las desigualdades sociales. Muestra de ello es el incremento medio de sus índices de Gini18 de 30,4 en el periodo 2003-2007, a 33,7 entre los años 2008 y 201319, siendo Aragón la sexta comunidad autónoma en la que más ha crecido la desigualdad en este período, solo superada por la Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Murcia y Castilla la Mancha. Este dato puede resultar sorprendente teniendo en cuenta que Aragón se sitúa entre las comunidades en las que menos se redujo el PIB per cápita en el período de referencia y una de las comunidades en que menos se redujo la tasa de ocupación. Supone, por tanto, un aumento desproporcional y muy marcado de la desigualdad en nuestra comunidad. Es decir, la crisis y sus efectos impactaron de manera especial en determinados colectivos, se produjo una especial falta de protección social por parte del gobierno ante las situaciones de mayor vulnerabilidad, o ambas circunstancias se dieron al mismo tiempo.

Aragón es la segunda comunidad autónoma más desigual en relación a los ingresos percibidos en los hogares.

Crecimiento del PIB real per cápita y de la ocupación por comunidades autónomas. Periodo 2007-2012. Datos en %Fuente: INE y Fernández de Guevara et alt. (2015)


Como resulta difícil medir con certeza un fenómeno multidimensional como es la pobreza, se elaboran estándares de medición universales. El denominado Arope, válido en la Unión Europea, utiliza una metodología común, que sitúa mejor cada país dentro del marco del Objetivo de Pobreza e Inclusión Social de la Estrategia Europa 2020. El índice Arope mide la proporción de población que está en riesgo de pobreza o exclusión. Se establece con referencia de las personas que viven en hogares en las que se da al menos una de estas tres posibles situaciones:

Evolución del Índice de Gini por comunidades autónomas. Periodos 2003-2013. Fuente: INE y Goerlich (2016)

• RIESGO DE POBREZA. El hogar se encuentra en situaciónde pobreza monetaria por bajos ingresos20, y/o

• HOGARES CON BAJA INTENSIDAD EN EL EMPLEO.Personas que viven en un hogar donde en el últimoaño el total de sus miembros activos hayan trabajadomenos de un 20 % de su tiempo potencial de trabajo,y/o

• PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA. Hogares que no puedenpermitirse 4 o más de estos 9 ítems definidos a escalaeuropea: poder pagar el alquiler o una mensualidad dela hipoteca; mantener la casa adecuadamente caliente;poder afrontar gastos imprevistos; una comida decarne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetales) almenos tres veces por semana; pagarse unas vacacionesal menos una semana al año; disponer de un coche;disfrutar de una lavadora en el domicilio familiar; tenerun televisor en color; disponer de un teléfono fijo omóvil.


Los últimos datos disponibles del Arope para Aragón son del año 2015, y figuran recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Gracias a la entidad estadística europea Eurostat, podemos además comparar estos datos a escala nacional y continental. Así, observamos que en el año 2014 los índices de infancia en riesgo de exclusión en Aragón, por primera vez según la serie de datos registrados, superarían la media comunitaria (UE-27): el 28,8 % de la población aragonesa menor de 18 años estaría en una situación de riesgo de pobreza o exclusión, por el 27,7 % europeo.

En comparación con España, sin embargo, la diferencia en la proporción de niños en riesgo se habría ampliado al haberse producido para el conjunto del país un muy pronunciado incremento del índice Arope entre los niños: en España aumentó del 30,1 % en el año 2008 al 34,4 % en 2015, mientras que en Aragón el alza es sólo del 25,3 % al 25,5 % durante ese mismo periodo, si bien es cierto que en ese periodo se produjeron subidas notables en el índice (en 2011 y 2012) que comenzaron a revertirse en 2013.

Teniendo en cuenta el umbral de renta autonómico, Aragón se encuentra entre las comunidades autónomas con una mayor pobreza infantil.

Evolución de la población menor de 18 años en riesgo de pobreza y exclusión (según el índice Arope) en Aragón, España y la UE-27. Periodo 2008-2015.Fuente: Elaborado por INE y Eurostat a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida

Si se realiza una comparativa adicional de este indicador, esta vez a escala autonómica para el año 2015, se deduce que en términos generales nuestra comunidad autónoma se encuentra mejor posicionada en las tres tasas que considera Arope: en relación a la tasa de riesgo de pobreza, 23,9 % en Aragón por el 29,6 % del conjunto de España; tasa de baja intensidad del trabajo: 5 % en Aragón por el 12 % español; tasa de carencia material severa, 1,7 % en Aragón frente al 9,1 % estatal.


Hay que hacer notar que estos datos se consideran en relación con la renta media en España, y es por ello que Aragón resulta mejor posicionada con respecto al resto de comunidades autónomas. Sin embargo, si tomamos como referencia la renta media en Aragón (superior a la de España), comprobaremos que Aragón arroja unos datos sensiblemente peores, colocándose entre las comunidades con una mayor pobreza infantil.

Para el caso aragonés es significativo observar los bajos valores de las tasas de carencia material severa (sólo el 1,7 %21) y de baja intensidad del trabajo (5 %), existiendo una fuerte correlación con la tasa de riesgo de pobreza (vinculada directamente con la pobreza monetaria).22 El desempleo o subempleo de alguno de los padres podría relacionarse con el aumento del denominado colectivo de los trabajadores pobres (precariado), relacionado con el deterioro salarial y contractual del trabajo por cuenta ajena, así como la progresiva precarización de autónomos y pequeños empresarios.

Riesgo de pobreza y exclusión social infantil por comunidades autónomas (2015).Fuente: UNICEF Comité Español


Conviene contrastar los datos de grandes encuestas con la lectura concreta de sectores determinados. Las respuestas de las familias a nuestra encuesta nos dice que el 55,2 % de ellas superaron los 1500 euros mensuales en su hogar, el 21,2 % entre 1000 y 1500 euros y 16,4 % entre los 600 y 1000 euros mensuales. El 7,3 % declararon que ingresaban menos de 600 euros mensuales. La tasa de familias con hijos con menos ingresos supone en la ciudad de Zaragoza un porcentaje (8,1 %) que casi dobla el de los municipios más pequeños, de menos de 5000 habitantes (4,7 %). La diferencia es todavía mayor entre los padres de origen español y extranjeros: mientras que en los hogares con padres de origen español que declararon tener ingresos menores de 1000 euros alcanza el 15,6 % de los hogares, llega al 59,8 % en el caso de los padres de origen extranjero. De todo ello se deduce que en estos momentos se produce un importante sesgo en los hogares pobres con niños en Aragón, con unas tasas bastante más altas en la ciudad de Zaragoza en comparación con el resto y con una notable incidencia en las familias de origen inmigrante.

Un 44’8 % de los encuestados ingresan menos de 1500 € mensuales en sus hogares.


Del análisis de los datos recogidos también se deduce que existe una fuerte correlación entre menores ingresos familiares y el número de niños que hay en el hogar. Mientras que el 25,6 % de las familias con un hijo en casa ingresan menos de 1000 euros netos al mes, la tasa sube al 46,1 % en los hogares con 3 o más niños. De esto se puede concluir que las familias con más niños se están viendo, en términos generales, más afectadas por el problema de bajos ingresos en el hogar.

Igualmente, la formación de los padres parece ser un elemento importante en los ingresos familiares, de manera que, a mayor formación, más posibilidad de que el hogar perciba unos ingresos que permiten asegurar mejores medios para garantizar la crianza de los hijos.

Las familias con más niños se están viendo, en términos generales, más afectadas por el problema de bajos ingresos en el hogar.

Ingresos netos mensuales en el hogar. Aragón, 2017.23

Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017


Qué duda cabe que los niños no suelen ser ajenos a los problemas económicos de sus padres. Cuando se les preguntó si se preocupan por el dinero de su familia, el 18,7 % respondió que “nunca”, el 36,2 % “a veces”, el 21,8 % “a menudo” y el 23,2 % “siempre”. La preocupación prevalece en niñas frente a niños, y aumenta en relación a la edad.

Hay otros factores que pueden incrementar o reducir el riesgo de pobreza o vulnerabilidad de la infancia, como puede ser el número de hijos, que en la muestra nos da una media de 2. La proporción es ligeramente superior entre los extranjeros, los que tienen menor nivel de estudios medios y los hogares con menores ingresos mensuales. Es significativo resaltar también que la media de hijos en las familias donde ningún miembro tiene trabajo retribuido es de 2,7, mientras en los que tienen dos miembros trabajando fuera de casa la media se reduce a 1,9. Este dato muestra la existencia de un colectivo de familias con bastantes hijos y pocos ingresos que sin duda es el que más penurias padece para escapar de la pobreza.

Percepción de la riqueza familiar respecto al entorno entre niños de 12 a 16 años. Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017


También las condiciones de la vivienda tienen su importancia de cara a colocar en riesgo a la infancia, o si se quiere son un indicativo de situación, favorable o desfavorable. Las cuestiones de propiedad, pago de hipotecas o alquileres, características de la vivienda, grado de confortabilidad de las mismas y otros aspectos condicionan el desarrollo de niños y niñas. El 29,5 % del total de los padres y madres encuestados declararon que residían en una vivienda en propiedad totalmente pagada. El 45,1 % estaba todavía pagando la hipoteca, mientras que el 20,9 % alquilaba a precio de mercado. Es significativo también comprobar cómo los padres de origen español únicamente alquilan en un 11,7%, frente al 61,9% de los extranjeros. La proporción también es mucho más alta en los hogares con menos ingresos: 13,8 % de alquilados entre los que cuentan con ingresos de menos de 600 euros mensuales, por sólo 0,2 % entre los que ingresan más de 1500 euros.

Con el 66 % de los hogares todavía terminando de pagar la hipoteca o pagando un alquiler, costear en plazo las letras mensuales se ha convertido en todo un reto para un significativo número de hogares. Por término medio, las familias pagan 506,4 euros mensuales por hipoteca o alquiler. La desviación estándar es muy alta, de 250,1 euros, lo que muestra una fuerte variabilidad en los casos.

Por eso no debe sorprendernos que el 6,1 % respondiese “sí, una vez”, o que el 14 % dijese “sí, más de una vez” a la pregunta sobre si durante el último año no habían podido pagar algún recibo de hipoteca/alquiler. Acumuladas ambas respuestas, la proporción fue muy superior en los hogares de padres extranjeros (43,9 %) frente a los de nacionalidad española (13,1 %). También en los hogares con 3 niños o más (40 %), frente a los que tienen sólo

Los precios de la vivienda suponen un importante peso para muchas familias, sobre todo para las más vulnerables, con más hijos y con padres extranjeros.

Hogares en los que ha habido retrasos en el pago mensual de hipoteca o alquiler. Aragón. Año 2017. Fuente: elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

uno (17,3 %).

Lógicamente los ingresos familiares están estrechamente relacionados con los impagos, de forma especial entre las familias con ingresos de menos de 600 euros netos mensuales: el 68,4 % declaró que durante el último año no había podido pagar al menos un plazo. Este porcentaje fue de tan sólo el 6,1 % entre los hogares que ingresaban 1500 euros o más. De todo lo anterior se deduce que los precios de la vivienda suponen un importante peso para muchas familias, sobre todo para las más vulnerables, con más hijos y con padres extranjeros.

El gasto medio en el alquiler o la hipoteca de la vivienda en Aragón es de 506,4 € mensuales.


Parece conveniente volver a hacer hincapié en que las características de la vivienda familiar también pueden condicionar la situación de vulnerabilidad o no de la infancia. El número medio de dormitorios en el hogar entre los padres encuestados es de 2,9, siendo la cifra promedio más elevada en los municipios de menos de cinco mil habitantes (3), que en la ciudad de Zaragoza (2,8). Existe correlación entre el número medio de hijos y el de dormitorios: 2,5 de media en los hogares donde sólo hay un niño, a los 3,1 para los que tienen 3 o más. La superficie media de las viviendas de las familias entrevistadas es de 91,7 metros cuadrados. De nuevo son significativas las diferencias entre los valores medios de la ciudad de Zaragoza (80,1 m²) y los municipios más pequeños (116,4 m²). Hay un fuerte contraste entre el tamaño medio de las viviendas de los padres de nacionalidad española (94,5 m²) y extranjeros (76,8 m²), casi veinte metros cuadrados menos en promedio.

En general, los niños aragoneses están satisfechos con las características de la vivienda de su familia. Le dan una nota media de 8,8 (escala de 0 a 10), al responder sobre si están satisfechos con el espacio a su disposición en el hogar. A su vez, el 92,6 % de los niños consultados afirmaban contar con su propio espacio en la vivienda familiar. Encontramos cierto sesgo negativo entre los niños de la ciudad de Zaragoza y los hijos de familias con menos ingresos, pero sin grandes diferencias.

En relación a la calidad del equipamiento y servicios de las viviendas donde residen niños, la situación en Aragón se puede considerar, en términos generales, como buena. Aun así, se ha detectado que las condiciones de habitabilidad disminuyen de forma notable entre las familias con menos ingresos y de origen extranjero.


Es conveniente también conocer otras características de las viviendas como la disposición de agua calient, con la que cuenta el 91,7 % de los entrevistados , si bien el 7,9 % dice que no la puede utilizar siempre que la necesita, circunstancia que es mucho más frecuente entre los padres de origen extranjero (19,9 %), frente a los de origen español (5,2 %). También hay que subrayar que no puede hacerlo el 22,5 % de las familias que declaran ingresos menores a 1.000 euros al mes; tampoco el 9,8 % entre de los que superan esa cantidad mensualmente. Por otra parte, solamente el 13,8 % de los padres manifestaron que su vivienda tenía algún problema de goteras, humedades o podredumbre. Sin embargo, la tasa de respuestas afirmativas era más del doble entre las familias de origen extranjero (36,1 %), y quienes ingresaban menos de 600 euros netos mensuales (35,6 %).

Como hemos comentado antes en este apartado, en términos generales Aragón aparece bien posicionada en las clasificaciones nacionales relacionadas con la denominada “privación material severa”, que recoge el número de familias que no pueden permitirse al menos 4 o más de una lista de 9 ítems de consumo. Sin embargo, podemos matizar esta percepción con algunos datos que nos proporciona nuestra encuesta. Así sucede con la denominada “pobreza energética”, es decir, la proporción de familias con niños en casa que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada de su vivienda (en especial durante los meses de invierno) y que asciende al 9,1 % para el conjunto de los padres entrevistados. Sin embargo, la proporción es mucho más alta entre los hogares con padres de nacionalidad extranjera (28 %), los que tienen 3 niños o más (23,7 %), o los que declaran ingresos mensuales netos por debajo de 600 euros (un altísimo 40,4 %). Con las vacaciones se da una tendencia similar: mientras que el dato general para todo Aragón es que el 26 % de las familias no puede permitirse realizar

Viviendas con goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos o bien podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017


vacaciones, la proporción se eleva al 46,6 % en las familias con padres extranjeros, 42,7 % entre quienes tienen 3 o más niños, el 66 % quienes ganan menos de 600, y el 61,8 % en los que ganan entre 600 y 1000 euros mensuales. Estas nuevas evidencias nos ayudan a perfilar cada vez mejor las características que tiene en la actualidad la infancia en riesgo de exclusión en Aragón y a nivel general, la desigualdad identificada entre la infancia aragonesa.

Cuando cruzamos las respuestas a las encuestas realizadas a los padres con las de los hijos sobre los mismos temas, es significativo resaltar los llamativos contrastes entre ambos: por ejemplo, el 97,6 % de los niños considera que su casa sí tiene una temperatura adecuada durante los meses fríos. También la proporción de niños que declaran que no pueden ir de vacaciones fuera de casa al menos una vez al año, es de tan sólo el 8,9 %.

Privación material: hogares en los que se carece de los siguientes ítems de consumo (familias de origen español y extranjero). Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Porcentaje de hogares con menos de 50 libros en función de variables de trabajo, ingresos, número de hijos y tamaño de población. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017


En la educación y en el desarrollo de los niños hasta los 18 años juegan un papel importante los medios tecnológicos e informáticos; su acceso en el hogar casi siempre es positivo. En este caso las carencias detectadas anteriormente se repiten: únicamente el 14,4 % de los padres con niños afirma no tener ordenador en casa, pero el porcentaje se eleva al 38,1 % en las familias con padres de origen extranjero, el 30,2 % en los hogares donde hay 3 hijos o más, y el 57,4 % en las familias con menos de 600 ingresos al mes. Por otro parte, sólo el 10,4 % de los padres aragoneses declara no tener conexión a Internet en casa, pero esta proporción sube al 22,9 % en las familias de padres origen extranjero, el 21,6 % en los hogares con 3 niños o más y el 42,6 % para las familias de menos ingresos, lo que debe entenderse como preocupante en un mundo donde cada vez más contenidos educativos se basan en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y evidencia la existencia en nuestra comunidad de una marcada brecha digital.

La generalización del uso de las TIC trae consigo nuevos riesgos de exclusión social para aquellas personas que no puedan aprovechar, por razones geográficas, económicas, sociales o de formación esas tecnologías. La OCDE ya ha alertado acerca de los diversos factores que son determinantes en la generación de esta brecha, tales como la facilidad de acceso a los ordenadores y a Internet, dependiendo de la situación socioeconómica y/o étnica, así como de la edad y educación24. Las diferencias geográficas entre pueblos, regiones y países, son también variables que alimentan la brecha digital, como queda demostrado en los datos que arroja la encuesta realizada para este informe. La desigualdad en este ámbito puede suponer una marcada diferencia de oportunidades entre los niños y niñas con y sin acceso a las TIC: acceso a herramientas de aprendizaje, de contenidos educativos, etc, que pueden afectar a su desarrollo posterior y que limitarán notablemente su capacidad de acceso al mercado laboral.

Por otro lado, los niños son bien conscientes de que lo necesitan: un 94,9 % de los niños que carecen de conexión a Internet en casa le gustaría tenerla, así como el 75,6 % un ordenador personal.

La generalización del uso de las TIC trae consigo nuevos riesgos de exclusión social.


Porcentaje de hogares en los que se percibe algún tipo de prestación pública al margen del subisidio de desempleo. Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Finalmente, en este apartado en el que tanto se ha hablado de la infancia en riesgo de exclusión, debemos subrayar que el 12,8 % de los 1294 padres y madres aragoneses entrevistados afirmaron percibir algún tipo de prestación pública al margen del subsidio del desempleo: un 3,8 % (55 casos) el Ingreso Aragonés de Inserción; 1,3 % (19 casos) ayudas de urgencia u otras prestaciones de ámbito municipal; 1,5 % (22 casos) ayudas económicas de algún familiar; y el 5,5 % (80 casos), más de una de estas de estas ayudas, incluyendo IAI, becas de comedor, dependencia, ayudas familiares, etcétera. Un análisis desagregado de la información nos confirma, de nuevo, la mayor prevalencia de familias residentes en la ciudad de Zaragoza (en contraste con los municipios aragoneses más pequeños).

Como conclusión de este apartado se puede decir que, en Aragón, a pesar de contar en promedio con mejores datos que el conjunto de España, la crisis arrastrada desde el año 2008 ha incrementado el porcentaje de familias con niños en situación de exclusión. Los diferentes colectivos de niños potencialmente vulnerables se han diversificado. A los grupos ya pre-existentes antes de la crisis (hijos de familias de bajos ingresos con discapacidad, niños de etnia gitana, niños dentro del sistema de reforma, etc.), se han sumado otros provenientes de un espectro sociológico más amplio de población.

De los análisis realizados concluimos que el retrato medio actual de niños aragoneses en riesgo de pobreza y, por lo tanto, en situación de especial vulnerabilidad social son, principalmente, aquellos que tienen padres inactivos o parados, afectados por el subempleo, la precariedad laboral y/o la deuda hipotecaria. También los hijos de padres de origen extranjero, así como las familias numerosas (hogares con tres niños o más). En términos generales se puede decir que el medio rural aragonés ha soportado mejor la crisis que el urbano, con una mayor proporción de familias con niños en riesgo de exclusión en la ciudad de Zaragoza en comparación con el resto de Aragón.

Los resultados de la encuesta realizada por UNICEF para este informe muestran que las familias con niños más vulnerables tienen, por término medio, viviendas más pequeñas y con malas condiciones de habitabilidad (dificultad para usar agua caliente, humedades, goteras etc.). También se ha detectado entre las familias con menos recursos unas elevadas tasas de pobreza energética. Estas familias muestran también más dificultades que el resto para poder irse de vacaciones al menos una semana al año o, por ejemplo, adquirir un ordenador personal y contar con conexión de Internet para sus hijos.

El 12,8 % de los 1294 padres y madres aragoneses entrevistados afirmaron percibir algún tipo de prestación pública al margen del subsidio del desempleo.


Bienestar subjetivo.8

Dado que los niños y jóvenes son, y así lo recoge el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, sujetos activos de derechos, sus opiniones adquieren especial relevancia, aunque se formulen en torno a componentes no materiales de su vida. Conocer cómo perciben estos, los evalúan y a qué aspiran en algunos de ellos fue el objetivo del cuestionario al que se ha aludido varias veces en este informe. Trataba de asuntos tan relevantes para su vida como la satisfacción personal, salud, hogar, escuela, organización del tiempo, relaciones interpersonales, zona de residencia, bienes materiales y participación. Sabemos, otros informes de UNICEF así lo recogen, que, en el conjunto de España25, la visión de los niños entre 12 a 16 años con respecto de su entorno y de su vida suele ser muy positiva, por lo que queríamos matizar si era así en Aragón.

De varias cuestiones se ha dado cuenta en los apartados anteriores, cuando se ha comparado respuestas de niños y familias; servirían para darnos una idea cómo perciben su bienestar. Sin embargo, quedaron respuestas no reflejadas hasta ahora. Entre estas, hay que señalar en primer lugar que los entrevistados se sentían en su mayoría felices (un 82,1 % está muy de acuerdo o acuerdo con esa afirmación26), y con notable optimismo hacia el futuro (64,3 %). Un 13 % declararó sentirse solo. En todas estas preguntas llama la atención cómo Aragón sigue la tendencia general detectada en otros países del Mundo27, con niveles algo más bajos de satisfacción ante la vida y optimismo hacia el futuro entre las niñas que los niños, e hijos/as de inmigrantes. En Aragón, además, en términos generales los datos nos muestran que los niños del medio rural y los que perciben que su familia es más rica que su entorno, se consideran más felices y optimistas con respecto al futuro.

Los niños del medio rural se consideran más felices y optimistas con respecto al futuro.


Es posible que su optimismo esté relacionado con la libertad de la que disfrutan en su vida cotidiana. Así, un 92,4 % puede ir solo de casa a la escuela, mientras que el 69,8 % expresaba que tiene libertad para estar fuera de casa. Para esta última pregunta existe un importante sesgo de género que merecería un análisis más profundo: mientras que el 74,3 % de los chicos afirman tener libertad de movimientos, se reduce al 65,1 % entre las chicas.

Autopercepción en niños entre 12 y 16 años. Aragón. Año 2017.Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Pero esa satisfacción general seguro que admite matices. Cuando preguntamos a los niños con qué aspectos de su vida se encuentran más satisfechos (en una escala de 0 a 10), destaca la salud (9), seguido de lo que hacen en su tiempo libre (8,6), “toda la vida, en general” (8,4) y la libertad que tienen (8,4). Aquí también nos encontramos con un significativo sesgo por género en las respuestas. Por ejemplo, la valoración media que los niños hacen de su vida en general es de 8,7, por el 8,1 de las niñas. Las oportunidades ante la vida, los niños la puntúan con un 8,5 por el 8,1 de las niñas. La seguridad auto-percibida con uno mismo presenta un valor medio de 8,8 entre los niños, por el 7,8 entre las niñas. Estas respuestas, que merecerían estudios cualitativos de detalle, podrían estar relacionados con los modelos en los que se sigue socializando a muchos niños y a las niñas, de los que resultarían que una parte de ellas se sientan a menudo más insatisfechas con su vida, e inseguras ante las oportunidades que se les presentan. También con respecto a su propia apariencia: 7,4 de nota media entre las niñas, por 8,2 entre los niños. En cualquier caso, requerirían un esfuerzo social de cara a incorporar modelos de igualdad de género que favoreciesen la autopercepción de las niñas.


También se interrogaba en el cuestionario sobre el uso del tiempo, acerca de las actividades que realizan a menudo, al menos una vez por semana. Los niños aragoneses señalaban que mirar la televisión o escuchar música (92,7 %), hacer deberes (88,9 %) o hacer deporte (82,9 %) son las actividades que realizan más a menudo, al menos una vez a la semana. También destacan los altos valores que presentan otras respuestas como ayudar con las tareas de la casa (82,3 %), salir con los amigos (76,9 %) o realizar actividades extraescolares elegidas por ellos mismos (71,4 %). En contraste, llama la atención los relativamente bajos valores de lectura de libros (31,9 %) y de práctica de actividades musicales o teatrales en grupo (18,7 %), lo que evidencia y cuestiona los modelos de ocio y de uso del tiempo que se han consolidado entre una buena parte de los niños aragoneses.

Nivel de satisfacción en niños de 12 a 16 años. Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Actividades de ocio y tiempo libre en niños de 12 a 16 años. Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

Finalmente, el cuestionario recogía una pregunta sobre cuestiones globales de mejora de vida para los demás. No podía faltar pues el bienestar del colectivo acompaña, por razones de afectividad o de deseo, a la propia vida aunque esta siempre se mire de una forma más subjetiva. Sobre esta circunstancia, las aspiraciones de nuestros niños -están muy satisfechos (8,8 sobre 10) con las cosas materiales que poseen- muestran una generalizada tendencia hacia el altruismo obviando cuestiones materiales como la posesión de objetos de consumo, manifestación contraria de lo que se puede pensar de antemano. En concreto, cuando se les preguntó qué cinco cosas elegirían de una lista 16 acciones posibles28, la primera opción para la mayoría es asegurarse de “que todo el mundo tenga un hogar” (14,8 %), seguido por “que todo el mundo tenga algo que comer” (14,2 %) y “sea tratado con igualdad” (13,8 %). También “que todos los padres tengan trabajo” (13,1 %). A la inversa, entre las opciones menos elegidas se encontraban el tener su propia consola (1,1 %) o comprarse un televisor propio (1,5 %). Estos valores de justicia social


Prioridades seleccionadas por niños entre 12 y 16 años (eligen 5 de entre todas las opciones). Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

y demanda de igualdad de oportunidad parecen ser compartidos por la gran mayoría de los niños aragoneses, independientemente de su género, edad, municipio de residencia u origen de sus padres.

A la hora de configurar lo que una persona entiende por su bienestar cuenta mucho la percepción que se tiene del entorno más próximo. Produce satisfacción conocer que la práctica totalidad de los niños a los que encuestamos declararon sentirse seguros en casa (97,4 %) y que sus padres los tratan bien (95,9 %). El 82,8 % respondieron que lo pasan bien todos juntos en familia. A su vez, las familias deben organizar con un significativo grado de democracia interna ya que el 72,4 % de los niños dicen estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” cuando se les pregunta si pueden participar en las decisiones que se toman en casa. También muestran una altísima satisfacción tanto con la familia de casa (9,1 sobre 10) como con otros parientes (8,8). Para los niños aragoneses hablar con sus padres es una práctica que realizan todos los días (84,5 %) o, al menos, durante la mayoría de ellos (11,6 %).

La convivencia familiar se fortalece si se comparten tareas o momentos de ocio. Cuando se les preguntaba a los niños si durante la semana anterior a la entrevista lo habían pasado bien con su familia o habían aprendido juntos, se producía un significativo sesgo según el origen, nivel educativo y socio-económico de las familias. Así, mientras que en término medio el 68 % de los niños nacidos en España contestaban que sí había aprendido en familia, la proporción se reducía al 58 % entre los niños nacidos fuera, así como entre los padres que no terminaron la educación primaria (el 58,3 % frente al 67,4 % entre los padres con estudios universitarios). Como ya se ha

Valores de justicia social y demanda de igualdad de oportunidad parecen ser compartidos por la gran mayoría de los niños aragoneses.


Frecuencia de actividades desarrolladas por niños entre 12 y 16 años con su familia durante la última semana. Aragón. Año 2017. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

argumentado en el apartado de este informe relativo a educación, este hecho podría relacionarse con que la falta de apoyo provoque carencias educativas de base en algunos niños procedentes de familias más vulnerables. Parece fundamental una detección precoz de estos casos en la escuela y el refuerzo mediante estrategias de apoyo.

La percepción subjetiva del bienestar refleja muchas veces situaciones en donde la afectividad y los sentimientos se expresan de forma cotidiana. Además del entorno familiar, influyen considerablemente el centro escolar a donde se acude y el círculo de amigos con quien se convive. Las respuestas a estas cuestiones aportan sensaciones diversas. Solamente el 38,5 % de los niños aragoneses declaran que les gusta ir al instituto o al colegio, a pesar de que el 81,5 % declara que allí se siente seguro, y que los compañeros (85,4 %) y los profesores (79 %) les tratan bien. A su centro educativo le dan una alta nota media (8 sobre un máximo de 10) así como a sus compañeros (8,4). Quizás merezca una reflexión el relativamente bajo porcentaje de niños encuestados (64,2 %) que declaran sentirse escuchados y tenidos en cuenta por sus profesores. De ello se deduce que una proporción significativa de estudiantes de enseñanza secundaria consideran que sus profesores les tratan bien, pero que se les podría escuchar más y tener más en cuenta sus opiniones.

Sobre sus relaciones interpersonales, congratula saber que la gran mayoría de los niños afirmaba tener bastantes amigos (86,4 %), y que estos normalmente suelen ser amables (91,5 %). Aunque en menor medida (75,1 %), también es muy habitual que los niños aragoneses se relacionen con otras personas de la zona donde viven (por ejemplo, los vecinos del barrio o del pueblo). Como parece

Una proporción significativa de estudiantes de enseñanza secundaria consideran que sus profesores les tratan bien, pero que se les podría escuchar más y tener más en cuenta sus opiniones.


Frecuencia de actividades desarrolladas por niños de entre 12 y 16 años con sus amigos durante la última semana. Aragón. Año 2017.Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

lógico, valoran como más satisfactoria la relación con sus amigos (8,9 de media sobre un máximo de 10) que con sus vecinos (un alto 7,8). La relación de los niños con sus amigos es muy estrecha, ya que el 85 % declaran hablar con ellos todos los días, y el 93,8 % se juntan para pasarlo bien todos o la mayoría de los días. El 62,1 % confiesa que no queda nunca con sus amigos para estudiar.

En relación a la zona en la que viven, el 66,2 % de los niños afirma tener a su disposición bastantes espacios para jugar y divertirse en el entorno de su casa. Los niños más pequeños (13 años o menos) están más satisfechos (72,4 %), en contraste con los mayores de 14 años (un 63,5 %). Se da también un significativo sesgo entre la ciudad de Zaragoza, donde los niños encuestados consideran que hay más espacios de juego (66,2 %) que en los municipios de menor tamaño (en torno al 60 %). El transporte público y la dotación de bibliotecas también es mejor valorada por término medio entre los niños zaragozanos que los del resto de Aragón. Si bien habría que conocer si existen diferencias entre los diferentes barrios.

A pesar de la mayor dificultad por acceder a algunos servicios públicos, los niños del medio rural aragonés se declaran en término medio más satisfechos por el lugar en el que viven (8,5 sobre un máximo de 10), que los de la ciudad de Zaragoza (también un elevado 7,8).

Los niños del medio rural aragonés se declaran en término medio más satisfechos por el lugar en el que viven.

Valor medio (escala de 0 a 10) que le atribuyen niños entre 12 y 16 años al nivel de satisfacción sobre diferentes servicios de su zona de residencia. Fuente: Elaboración propia UNICEF Aragón. Año 2017

En capítulos anteriores ya se ha explicado cuál es el punto de vista de los niños sobre el dinero y las posesiones materiales, tanto suyas como de su familia. Por término medio, los niños aragoneses muestran un muy alto grado de satisfacción (8,8) sobre las cosas materiales que tienen.


En relación al conocimiento sobre sus propios derechos, más específicamente a si habían oído hablar de la Convención de los Derechos del Niño, solo el 33,6 % expresó que sí; el 42,0 % decía que no había oído hablar, mientras que otro 22,1 % no estaba seguro. En este asunto del reconocimiento de unos derechos y la participación como uno de ellos, el ámbito municipal es una excelente escuela de democracia y un escenario privilegiado para poner en práctica su derecho a ser tenidos en cuenta. Habría que conocer las razones para que tan sólo el 39,4 % de ellos considera que el ayuntamiento de su pueblo o ciudad pide su opinión para las cosas que les importan a ellos. Cabe suponer que existe todavía un importante margen de mejora en los ámbitos pedagógicos, divulgativos y de desarrollo de iniciativas de debate y participación infantil.

Como conclusión del capítulo, hay que señalar que los niños aragoneses se sienten, en general, felices y confiados en el futuro. Muestran también un alto nivel medio de satisfacción ante la vida y respecto al grado de libertad de movimientos que tienen, aunque también se ha detectado un sesgo significativo de género.

Por sus respuestas, los niños aragoneses muestran una generalizada tendencia hacia el altruismo, con un fuerte apoyo a los valores de justicia social y demanda de igualdad de oportunidades independientemente de su género, edad, municipio de residencia u origen de sus padres.

Nuestros niños evidencian también una altísima satisfacción media con la familia con la que conviven en casa, e igualmente con su familia extensa, amigos y vecinos. Ello, sin duda, es propio de una sociedad con un denso y diversificado capital social. Sin embargo, estos datos generales positivos tienen una importante carencia: hay bastantes familias (en mayor proporción de origen inmigrante o con estudios básicos) que no tienen la costumbre de “aprender juntos” con sus hijos en casa; realizan pocas actividades relacionadas con la adquisición de conocimientos y el aprendizaje. En relación al ámbito educativo, a la mayoría de los niños les gustan sus centros y profesores. Sin embargo, se ha detectado también que una parte considerable de ellos considera que sus profesores les tratan bien, pero que se les podría escuchar más y tener más en cuenta sus opiniones.

Finalmente, señalar que los niños zaragozanos muestran por término medio un mayor grado de satisfacción sobre sus espacios de juego, la calidad del transporte público y la dotación de bibliotecas, y servicios públicos que los del resto de Aragón. A pesar de ello, estos últimos se declaran por lo general más satisfechos con la zona en la que viven. Los niños aragoneses muestran un bajo conocimiento de sus derechos, y tan sólo el 39,4 % de los niños consideraba que su ayuntamiento pide su opinión para las cosas que les importan a ellos.


El objetivo prioritario de este Informe es analizar, valorar e incluso cuantificar las posibles situaciones de riesgo de exclusión, o que ponen en peligro el bienestar de la infancia en Aragón para que, una vez expuestos los datos con la mayor precisión y rigor posible, puedan adoptarse las medidas necesarias para mitigar o atenuar los efectos negativos que la situación socioeconómica actual ha podido tener en nuestros niños y niñas.

A lo largo de este documento se evidencia la diferencia de oportunidades y de posibilidades de desarrollo futuro, lo que nos coloca a todos, como sociedad, ante el debate de si es esa la realidad que queremos mantener. Desde UNICEF tenemos una clara respuesta: la infancia debe ser, más que ningún otro periodo en la vida, una época de igualdad de oportunidades en la que los ingresos o las capacidades de los padres no influyan negativamente en el correcto desarrollo de los individuos. Crecer en la pobreza, hacerlo sin las mismas oportunidades de acceso a la salud, o a una educación de calidad que otros niños, o tener menos oportunidades de desarrollar al máximo las propias capacidades, implica un elevado riesgo de tener peores resultados en los estudios, peor salud, menos ingresos, y de trasladar esas desventajas a la siguiente generación.

Además de recabar los datos necesarios para conocer con precisión la situación de nuestra infancia, asumimos la obligación de realizar una serie de propuestas encaminadas a mejorar la situación de la infancia aragonesa, basándonos en dos premisas básicas: en primer lugar, evidenciar que uno de los rasgos más distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobreza de los hogares con niños. Como ya hemos expuesto en la introducción, la tasa de pobreza en España es un 11 % más elevada en los hogares con niños (en concreto, se eleva a un 27’7 % frente al 16’8 % en hogares sin hijos). Cuando trasladamos esta comparación a escala europea, todavía se constata más esta diferencia: mientras que en los hogares sin niños, la diferencia del indicador de pobreza entre la media europea y la media española no llega a 1’5 puntos porcentuales, cuando comparamos los hogares con niños, esta diferencia supera los 8 puntos porcentuales, llegando a 17 en el caso de familias numerosas.

En segundo lugar, y como ya se puso de relieve en diversos informes publicados con anterioridad por UNICEF, es necesario destacar la baja capacidad del Estado para reducir la pobreza infantil: España es el segundo país de la Unión Europea menos eficiente, tras Grecia, en la reducción de la pobreza infantil mediante transferencias sociales. Así lo afirman Olga Cantó y Luis Ayala, autores de una reciente investigación promovida por UNICEF Comité Español, tras un sistemático análisis de la políticas públicas de carácter monetario en España, quienes aseveran que “el sistema español de impuestos y prestaciones ha sido tradicionalmente uno de los menos efectivos en redistribuir las rentas familiares de toda la Unión Europea” y que “una de

La tasa de pobreza en España es un 11 % más elevada en los hogares con niños.

Propuestas para mejorar la situación de la infancia en Aragón9


sus principales características es la práctica inexistencia de prestaciones de carácter familiar”. A esta afirmación se une otro dato también llamativo: mientras que el efecto reductor de la pobreza en los hogares con niños en España es de los más bajos de Europa, en el caso de hogares sin niños no es muy distinto al del resto de países. Es decir, el efecto reductor de las transferencias sobre la pobreza en adultos es muy efectivo en nuestro país en comparación con la media de la UE (España reduce un 28 % la pobreza en adultos mediante las prestaciones y transferencias previstas para ello, frente al 32 de media de la UE), sin embargocarece de capacidad para reducir la pobreza infantil (lo hace en un 21 % mientras que la media de la UE se sitúa en un 39 %).

La razón para esa falta de eficacia tiene que ver fundamentalmente con los bajos niveles de inversión de España en protección social de la infancia. Así, pese a tener unos de los niveles de pobreza infantil más altos de toda Europa, su inversión en infancia es prácticamente la mitad de la media de europea (en 2014 el gasto del Estado español en familia e hijos representaba un 1’3 % de nuestro PIB, frente al 2’4 % de la media europea). Esta baja inversión coloca a España a la cola en cuanto a protección de su infancia, en el puesto 22º de los 28 países de la UE.

Por otra parte, teniendo en cuenta la estructura administrativa y competencial de España, dada nuestra particular distribución y asunción de competencias, una buena parte de los servicios y prestaciones que afectan al bienestar de la infancia, así como la efectividad y garantía de sus derechos se encuentra encomendada a las comunidades autónomas. De hecho, el 88 % del presupuesto destinado a la población de 0 a 18 años corresponde a estas. En consecuencia, el bienestar y posible situación de riesgo o exclusión de la infancia aragonesa dependen directamente de la gestión e implementación de las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma, por lo que la falta de eficacia de las políticas existentes a favor de la infancia en el ámbito nacional no deberían servir para eludir la responsabilidad de la comunidad respecto a la creciente situación de desigualdad que viven los niños y niñas en Aragón en referencia a los niveles de ingresos de sus padres, de su origen, del lugar de residencia y de los niveles de educación que alcanzaron. A este respecto, conviene aquí recordar que Aragón es la segunda comunidad autónoma más desigual en cuanto a niveles de ingreso, donde existen unas mayores diferencias entre la renta e ingresos de las familias. Es decir, pese a no ser la comunidad con mayores índices de pobreza infantil, y contar con buenos niveles de renta media y desempleo, redistribuye de forma menos eficiente esta renta entre sus ciudadanos, afectando este hecho especialmente a la infancia, uno de los colectivos que cuenta con una menor protección social, lo que determina la posición de desventaja con la que parten uno de cada 4 niños y niñas aragoneses.

En este sentido, para UNICEF, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, de alcance global, supone el reto a conseguir durante los próximos años desde todos los ámbitos administrativos, con una especial atención a todas las acciones encaminadas a promover la lucha contra la desigualad. A falta del establecimiento de unos indicadores que permitan dar seguimiento al proceso de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la reciente puesta en marcha de una comisión supra-ministerial del

La razón para esa falta de eficacia tiene que ver fundamentalmente con los bajos niveles de inversión de España en protección social de la infancia.

El 88 % del presupuesto destinado a la población de 0 a 18 años corresponde a las comunidades autónomas.


Gobierno de España, encargada de coordinar esta tarea, supone un paso adelante en el camino que ha de culminar en 2030 con el cumplimiento de los objetivos de equidad y sostenibilidad que impulsa la Agenda. Queda por definir, en el caso aragonés, el organismo u organismos que supervisarán igualmente el cumplimiento de los ODS en nuestra comunidad autónoma. En este sentido, la creación en mayo de 2017 del Observatorio de la Desigualdad en Aragón, con representación en el mismo de los Departamentos de Presidencia, Educación, Sanidad y Ciudadanía y Derechos Sociales, e igualmente de algunas entidades sociales, permite apreciar el compromiso del Ejecutivo aragonés con la Agenda 2030 y en concreto en la lucha contra la desigualdad29, y con especial atención a la infancia de la comunidad autónoma.

Con estas premisas, y teniendo en cuenta que los diversos programas de asistencia puestos en marcha por las administraciones aragonesas parecen incapaces de reducir la pobreza infantil, es necesario realizar nuevas propuestas que atiendan de forma más directa el núcleo del problema.

Habitualmente, las ayudas que disfrutan las familias con hijos en situación de exclusión se centran en proporcionarles determinados servicios encaminados a solventar algunas de las carencias de la que padecen estos hogares. Dentro de estos servicios encontramos todo tipo de programas de asistencia social, desde las becas de comedor provistas por la administración autonómica o los ayuntamientos, hasta los comedores sociales o los bancos de alimentos organizados por entidades sociales o las ONG. Aunque las ayudas tienen como destinatario a las familias, y a través de estas, a los niños y niñas, no existe una concienciación acerca de la importancia de convertir a la infancia en verdadero destino final de los programas que se ponen en marcha.

Los servicios existentes permiten tan solo paliar temporalmente un problema de índole muy profunda, y en muchas ocasiones la dispersión administrativa y la burocracia por la que es necesario pasar para lograr el disfrute de los mismos, motiva que haya familias que no puedan acceder a ellos. Lo hemos visto, por ejemplo, con el comedor escolar: pese al creciente número de becas, hay un porcentaje todavía importante de niños que no accede a ellas a pesar de que sus familias se encuentran dentro de los perfiles reconocidos de la exclusión. Las barreras idiomáticas y culturales, o directamente el desconocimiento, provocan que demasiados niños y niñas queden fuera de las redes de asistencia del sistema.

En este sentido, desde UNICEF Comité Aragón creemos que ha llegado el momento de poner a la infancia en el foco de atención y de plantear programas de asistencia que incidan directamente en la raíz del problema, y que esté basado en las prestaciones económicas por hijo a cargo. La OCDE, en su último informe sobre la economía española en 2017 destacaba la necesidad de desarrollar la cobertura de atención a las familias en nuestro país mediante las ayudas económicas, e incluso anticipaba que éstas fueran puestas en marcha por los gobiernos autonómicos.30

UNICEF PROPONE IMPLANTAR UNA PRESTACIÓN UNIVERSAL POR HIJO A CARGO.

El 88 % del presupuesto destinado a la población de 0 a 18 años corresponde a las comunidades autónomas.

Ha llegado el momento de poner a la infancia en el foco de atención.

Actualmente no existen prestaciones públicas dedicadas directamente a la infancia.


La concesión de ayudas directas a las familias con hijos ya ha demostrado su eficacia en diversas experiencias. Desde los programas de transferencias monetarias condicionadas en América Latina y el Caribe impulsadas por el Banco Interamericano de Desarrollo31, hasta el National Child Benefit canadiense32, ambos de largo recorrido y con alcance nacional, hasta otras más reducidas en cuanto a extensión geográfica y población beneficiaria, como las llevados a cabo en lugares tan diferentes como Carolina del Norte (EE.UU.) o Kenia. En la mayor parte de países miembros de la UE existen ayudas por cada hijo que además no están condicionadas por los ingresos familiares. En todas ellas la evidencia demuestra que las familias beneficiadas por este tipo de ayudas tienen mayor capacidad para salir de las situaciones de exclusión, mientras que sus hijos aumentan considerablemente sus años de escolarización, tienen menos probabilidades de sufrir problemas asociados a una mala alimentación e incluso mejoran sus expectativas de ingresos al introducirse en el mercado laboral.

Resulta imprescindible que la administración autonómica reconozca la necesidad de que todas las familias con hijos de Aragón cuenten con los medios mínimos para asegurar su correcto cuidado y su crecimiento, al margen de las desigualdades que el nacimiento provocará en su futura educación, salud y desempeño laboral.

La propuesta de UNICEF Comité Aragón se concretaría en el reconocimiento de las necesidades específicas de la infancia, y en la concesión de prestaciones por hijo a cargo en función de las distintas necesidades de los hogares34. Así, se establecerían tramos de ingresos familiares por debajo de los umbrales del 30, 40 y 60 % de la renta mediana aragonesa. En consecuencia, y tomando los datos del Instituto Aragonés de Estadística, nos encontraríamos con la siguiente realidad para 2017:

- un 2,85 % de hogares con ingresos por debajo del 30 % de la renta mediana aragonesa, en los que residen 7241 niños y niñas (el 3,22 % de la población infantil).

- un 2,48 % de hogares con ingresos por debajo del 40 % de la renta mediana; es decir, 6453 menores de 18 años (el 2,8 del total)

- un 17,23 % de hogares por debajo del 60 % de la renta mediana, lo que equivale a 44 944 niños (un 19,5 % del total).

En la mayor parte de países miembros de la UE existen ayudas por cada hijo que además no están condicionadas por los ingresos familiares.


Así, las familias en pobreza severa (con ingresos por debajo del 30 % de la renta mediana aragonesa) percibirían una prestación mensual por hijo de 150 €; las familias en pobreza alta (con ingresos por debajo del 40 % de la renta mediana aragonesa), 100 € mensuales por hijo a cargo; y las familias en pobreza moderada o riesgo de exclusión (con ingresos por debajo del 60 % de la renta mediana aragonesa), 50 € mensuales por hijo. Para el resto de familias, y con el fin de promover la necesidad de universalizar las ayudas a la infancia, las prestaciones serían de 10 € mensuales por hijo, que serían abonadas en un solo pago anual, o bien ser objeto de desgravaciones fiscales en la declaración de IRPF.

De esta manera la inversión necesaria para la puesta en marcha de la prestación por hijo a cargo en cada tramo sería la siguiente:

- niños por debajo del 30 % de la renta mediana: 13 357 800 €



El importe total de lo anterior sería igual a 48 067 800 €, cantidad a la que habría que sumar la prestación concedida a los hijos que quedan fuera de los umbrales más bajos, y que ascendería a 20 602 080 €, que sumados a la anterior supondría una cantidad total de 68 669 880 €.

Indudablemente, una cifra como la anterior (supondría aumentar el presupuesto anual del Gobierno de Aragón en torno a un 1,2 %) puede parecer inalcanzable en una coyuntura como la actual, en la que los recortes económicos en políticas públicas todavía están dejándose sentir en nuestra sociedad. Sin embargo, si nos atenemos al gasto que la administración autonómica dedicaba a todas los servicios públicos antes de la crisis, veremos que incluso aumentando esos casi 67 millones de euros, todavía estaríamos lejos de las cifras anteriores a 2010. Por otro lado, teniendo en cuenta la recuperación en la inversión en políticas públicas a la que estamos asistiendo en los últimos dos años, no parece un objetivo inalcanzable. Un compromiso público del Gobierno, así como de todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Aragón, para revertir la escasa atención que históricamente se ha dedicado a la infancia, y aunque fuera mediante una implantación progresiva de esta medida, empezando por la infancia con mayor riesgo de exclusión, colocaría a Aragón como comunidad pionera en este una ámbito. Permitiría la adopción a corto o medio plazo de una iniciativa que, sin lugar a dudas, supondría que miles de niños aragoneses abandonaran la pobreza y el riesgo de exclusión, y afrontaran unas vidas en las que la desigualdad ya no fuera determinante para su futuro desarrollo.


Además de lo anterior, la consideración de los datos y referencias encontradas en las distintas actuaciones desarrolladas para la investigación que aquí hemos detallado, nos permite proponer a las instituciones públicas una serie de actuaciones de cara a mejorar el riesgo de exclusión en el que se encuentra una parte de la infancia aragonesa. Queremos invitar a que se fomente una coordinación continuada y progresiva entre ayuntamientos, comarcas y Gobierno de Aragón, para que se concierten planes de intervención y se optimicen esfuerzos y recursos. Aunque los ámbitos principales sobre los que trata este informe están interrelacionados y tienen un indudable sentido de globalidad, las propuestas que hace UNICEF se presentan diferenciadas con la intención de situarlas mejor de cara a las respectivas acciones y decisiones políticas.

Es por ello que de forma complementaria a las actuaciones en materia de lucha contra la desigualdad antes expuestas, proponemos que se acometan las siguientes actuaciones en materia de educación y protección social.

- Asegurar los recursos necesarios para mantener y mejorar el sistema: aumentar el gasto público en educación, con el horizonte inmediato de los porcentajes de gasto previos a la crisis, y con el objetivo a medio plazo de los niveles de inversión media de la OCDE.

- Establecer medidas encaminadas a la reducción del fracaso escolar: fortalecer las medidas destinadas a la mejora de los resultados del alumnado mediante un adecuado sistema de apoyos y refuerzos educativos. Igualmente, revisar los criterios de repetición a fin de mejorar los datos de idoneidad por curso.

- Establecer políticas de planificación educativa y de la oferta escolar orientadas por principios de equidad educativa: ampliar la dotación de recursos para aquellos centros con mayores necesidades, equilibrar la composición de los centros, garantizar la distribución proporcionada de alumnado con necesidades educativas especiales, etc.

- Implementar planes de lucha contra la segregación escolar para garantizar que todos los centros sostenidos con recursos públicos, con independencia de su titularidad, participan del sistema educativo en las mismas condiciones y aseguran las mismas oportunidades a todos sus alumnos, efectivos y potenciales.

- Fomentar una mayor coordinación entre los equipos directivos de los centros de enseñanza y los diferentes ámbitos de la administración autonómica aragonesa, a fin de resolver con una mayor celeridad y eficacia aquellos casos en los que sea necesaria la colaboración entre dos o más departamentos de la Administración.

- Reforzar el carácter inclusivo del sistema, lo que implica observar los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal. Para conseguirlo habrá que realizar la suficiente provisión de recursos que aseguren el cumplimiento de la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: garantizar apoyo escolar y refuerzos al alumnado que lo necesite; eliminar cualquier barrera que obstaculice la igualdad de condiciones en el acceso a estos servicios (uniformes, material comedor, extraescolares, etc.).

- Asegurar un enfoque de equidad, igualdad de oportunidades y calidad en todos los niveles, orientando la estructura de la inversión para atender a la diversidad. Para lograrlo es necesario establecer criterios rigurosos que permitan llevar a cabo una adecuada distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales (alumnado de origen extranjero, recién llegados al sistema, con escasa integración social, en desprotección, o con alguna discapacidad) entre los centros sostenidos con fondos públicos, que evite la excesiva concentración en unos pocos sobre todo en la ciudad de Zaragoza.

- Promocionar la educación universal de 0 a 3 años, garantizando en todo caso el acceso de niños/as en desventaja por su situación económica, administrativa, social o por alguna discapacidad.

- Prevenir que ningún itinerario personal quede sin salida: desarrollar las medidas de adaptación y refuerzo necesarias para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos generales de la educación y la obtención de la titulación básica necesaria para desarrollarse intelectual y profesionalmente en la vida adulta.

Propuestas complementarias10

EDUCACIÓN


- Establecer itinerarios claros de atención a los niños en riesgo de desprotección, con un enfoque más integral, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la salud, educación, servicios sociales y justicia. Poner en marcha una adecuada dotación en fondos y personal que favorezca la transición del modelo de acogimiento residencial a otro basado eminentemente en el acogimiento familiar, como dictan las leyes.

- Reforzar los mecanismos de prevención mediante programas socio-educativos (centros de tiempo libre, educación de calle, etc.), que favorezcan tanto el refuerzo de la educación en valores de los niños como la ocupación positiva de su tiempo libre. También resulta necesario mejorar la formación y coordinación de los actores implicados en el sistema educativo para hacer frente de una manera más eficaz a la violencia intrafamiliar, el acoso escolar y a nuevos fenómenos, cada vez más frecuentes, como el ciberacoso, relacionado con el uso de internet y de los teléfonos móviles.

- Crear una estructura institucional que permita la colaboración fluida entre las diversas instituciones implicadas en la protección de los menores residentes en Aragón, con la finalidad de agilizar y coordinar las actuaciones que afectan a los diversos departamentos y organismos que se ven envueltos en la resolución de cualquier expediente.

- Mejorar el sistema de atención sanitaria en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil, a fin de asegu rar la detección temprana y acelerar la atención en aquellos casos que resulten prioritarios.

- Aumentar y mejorar los recursos a disposición de las familias a fin de prevenir comportamientos que puedan provocar la apertura de expedientes de protección: aumentar la red de educadores y los programas de orientación familiar.

PROTECCIÓN


ANEXO. MARCO INSTITUCIONAL.

La CDN (Convención sobre los Derechos del Niño) contempla el reconocimiento, por parte de todos los Estados que la han ratificado, del derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”(artículo 27.1), al mismo tiempo que compromete a los estados que han ratificado este tratado Internacional , de acuerdo con sus condiciones nacionales y sus medios, a adoptar las medidas necesarias para ayudar a los padres y aquellos que tengan atribuida la guardia y custodia de los menores, a dar efectividad a este derecho, y en caso necesario a proporcionar asistencia material y medidas de apoyo (artículo 27.3 CDN), concretando el artículo 4 de esta Convención la obligación de los estados de adoptar estas medidas “hasta el máximo posible de los recursos que se dispongan”. Queda recogida de esta manera la obligación de España, como estado que ha ratificado la CDN, de elaborar políticas públicas que garanticen, respeten y promuevan los derechos de las niñas y los niños.

La garantía de estos derechos internacionalmente reconocidos tiene su reflejo en el ámbito estatal en nuestra Constitución. El artículo 39 reconoce la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de la familia y de los hijos, estableciendo, asimismo, que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Debido a la estructura administrativa y competencial de España, dada la distribución y asunción de competencias buena parte de los servicios y prestaciones que afectan al bienestar de la infancia, así como la efectividad y garantía de sus derechos se encuentra encomendada a las Comunidades Autónomas. De hecho, el 88 % del presupuesto destinado a infancia se ejecuta y corresponde a estas. En consecuencia, el bienestar y la posible situación de riesgo o exclusión de la infancia aragonesa dependen directamente de la gestión e implementación de las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, en su texto reformado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye en su artículo 71 como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su apartado 34, la relativa a “Acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de servicios sociales que atienda a las diferentes modalidades de la familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección social”, y en el apartado 39 la referida a “Menores, que incluyen la regulación del régimen de protección de los menores desamparados o en situación de riesgo”. Corresponde por tanto a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia plena en materia de protección de menores en situación de desamparo.

A este respecto, la legislación específica en materia de menores a nivel autonómico viene contenida en la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón, ley que constituye la piedra angular en el desarrollo de las políticas del Gobierno de Aragón dirigidas a asegurar la promoción y protección del ejercicio de los derechos reconocidos a los niños y adolescentes, así como para establecer mecanismos de coordinación de las actuaciones de las instituciones públicas y privadas dirigidas a la atención y desarrollo integral de los mismos (art. 1º de la Ley). La ley parte, como expone en su Preámbulo, de un sistema escalonado de responsabilidad compartida entre los padres de un menor y los poderes públicos, de forma que padres y tutores representan el contexto normal de desarrollo del niño o niña y son el primer nivel de responsabilidad que debe cubrir sus necesidades. Un segundo nivel, de apoyo inmediato, lo constituye su entorno familiar, mientras que los sistemas públicos de salud, educación, acción social y justicia conformarían un tercer nivel de protección. Finalmente, en caso de que los anteriores niveles no fueran suficientes para garantizar los derechos del menor, actuarían los servicios especializados de protección de menores, todo ello con la garantía y la superior vigilancia del sistema judicial y partiendo de la consideración de los menores como sujetos de derechos y deberes, y partícipes fundamentales de su desarrollo.


Esta regulación autonómica, sin embargo, debe ser revisada al amparo de la L.O. 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (conforme a su disposición final sexta, 2. “El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta ley” ), y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ambas suponen un importante cambio de paradigma y una profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, entre ellas la fijación de unos principios rectores del sistema, conforme a los cuales que se dará prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas, el establecimiento de “deberes del menor” , en los ámbitos familiar, escolar y social en particular, así como de medidas para facilitar el ejercicio de los derechos por parte de estos y se establece un marco regulador adecuado de los derechos relativos a los menores extranjeros. En definitiva, se busca con esta regulación la mejora de los instrumentos de protección, a los efectos de continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el Estado, que sirva de marco a las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores, con independencia de su situación administrativa, en el caso de los menores extranjeros.

Además, gran parte de las actuaciones de los distintos departamentos de la administración de la comunidad autónoma inciden en mayor o menor grado en el bienestar de la infancia. Resulta imprescindible por tanto, y con el fin de asegurar el desarrollo y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, la colaboración y cooperación de las diferentes administraciones y departamentos que ostentan competencias en materias que inciden directamente en la infancia, especialmente de los Departamentos de Salud y Consumo, de Educación, Cultura y Deporte y de Servicios Sociales y Familia. Ello es así, puesto que diferentes normas jurídicas sectoriales, tanto a nivel estatal como autonómico, contienen referencias a los derechos de los menores. En consecuencia, es necesario precisar la regulación competente en cada uno de estos ámbitos:

En la actualidad, la normativa general de desarrollo de la Ley 12/2001, de 2 de julio, en materia de protección de menores en ámbito autonómico, está constituida por el Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo, y por el Decreto 188/2005 del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores.

Respecto al sistema público de servicios sociales, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, en su Disposición Adicional 5ª, prevé que la protección de la infancia y la adolescencia ha de regirse por su legislación específica, es decir, la mencionada Ley 12/2001, de 2 de julio., siendo la ley de servicios sociales de aplicación subsidiaria. Sin embargo, las actuaciones que se realicen en esta materia deben sustentarse en los mismos principios que informan la Ley de Servicios Sociales de Aragón, ya que la protección de menores constituye una de las responsabilidades del Sistema Público de Servicios Sociales configurado por dicha ley y las concretas prestaciones que tengan tal finalidad, figuran en el Catálogo de Servicios Sociales aprobado por el Gobierno de Aragón, 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón.

La citada Ley de Servicios Sociales de Aragón, recoge en su artículo 37 las prestaciones económicas a las que se tendrá derecho siempre que concurran las circunstancias y requisitos que sus normas de desarrollo correspondientes enumeren. Se refiere la ley a las siguientes, Art.37.2 “En particular, son prestaciones económicas: a) Prestaciones económicas para situaciones de urgencia. b) Prestaciones económicas para facilitar la integración social. […]f) Renta básica social”. Por otra parte, al amparo de la legislación de ámbito nacional, citada anteriormente, se reconocen los derechos de los menores en esta materia refiriéndose su artículo 10, relativo a las medidas que se reconocen a los menores para hacer efectivos sus derechos, que estos podrán “[…] d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones públicas”.

Además de esta regulación, ha sido aprobada recientemente la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, atendiendo a la delicada situación de emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa, que tal y como su propio preámbulo expone, ha derivado en la consecuente disminución de los ingresos de las familias, impidiendo la satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar otros gastos necesarios, lo que ha conducido a estas personas a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y una mínima calidad de vida.

Respecto a la regulación de prestaciones no contributivas que afectan a la infancia, establecidas como medidas para la inclusión social en Aragón, la

PROTECCIÓN Y BIENESTAR MATERIAL


medida establecida tradicionalmente en Aragón es el Ingreso Aragonés de Inserción, recogido actualmente en el Decreto 125/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 57/1994, de 23 de marzo, por el que se regula el Ingreso Aragonés de Inserción en desarrollo de la Ley 1/1993, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social (IAI), y cuya cuantía se recoge anualmente en la Ley de Presupuestos. A partir de la Ley de Presupuestos de 2016, la regulación del IAI ha reconocido el número de hijos a cargo y el diferente impacto que representa en la economía de la “unidad de convivencia” (así referida en la Ley), así como la mayor situación de vulnerabilidad de familias con dos o más hijos, y se incluye ahora en su regulación que “En todo caso se garantizará que, a partir de una unidad familiar compuesta por dos miembros con coeficiente corrector de alojamiento o de una unidad familiar de tres miembros, la cuantía establecida será setecientos siete euros (707 euros)”, que se corresponde con el Salario Mínimo Interprofesional- Ley de Presupuestos 2017, habiéndose fijado para este año la cuantía del IAI en 472 euros.

El Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón está configurado como una organización fuertemente descentralizada en el ámbito local, por lo que en materia de promoción y protección de los derechos de los menores, inciden de una manera directa las competencias contenidas en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón y en la Ley de Comarcalización, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de manera que, a la hora de definir el ámbito de responsabilidad de las diferentes administraciones implicadas, ha de asegurarse la debida cooperación y coordinación de municipios y comarcas con la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La prestación de los servicios sociales en materia de menores, conforme al principio de proximidad de actuación que exige la ley, corresponderá siempre que sea posible a los niveles administrativos o elementos del sistema público más cercanos al ámbito socio familiar del menor, máxime cuando éste se encuentre en una situación de riesgo o de posible desamparo. Así, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, en su artículo 47 establece las competencias de las comarcas especificando, entre otras, “la creación, mantenimiento y gestión del Centro Comarcal de Servicios Sociales correspondiente al área básica respectiva, la gestión de los servicios sociales generales, la gestión de programas de atención integral o sectorial, entre otros, los de atención a personas mayores, preservación familiar, cooperación social y voluntariado social, la cobertura de las necesidades sociales básicas en situaciones de emergencia y la gestión de las ayudas de urgente necesidad”. Y el artículo 48 enuncia las competencias

de los municipios, concretando que los que tengan más de veinte mil habitantes, que constituyan área básica de servicios sociales, ejercerán en dicho ámbito territorial iguales competencias que las asignadas a las comarcas.

Así, en materia de protección de menores, las Comarcas han asumido determinadas funciones englobadas en un programa específico de atención a menores, el cual tiene por objeto priorizar las actuaciones en familias con indicadores de maltrato.

Igualmente, los municipios aragoneses tienen atribuidas funciones en materia de protección de menores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2.k) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. En desarrollo de estas competencias y para la adecuada dotación, asignación de recursos y cumplimiento de sus funciones se aprobó recientemente el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón.

Otra de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón es la del reconocimiento de la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título correspondiente, así como el ejercicio de la potestad sancionadora en la parte y cuantía establecidas en la legislación vigente. Por otra parte, la mayoría de las materias en las que cabe reconocer beneficios para las familias numerosas están dentro del ámbito de competencias de las comunidades autónomas e, incluso, del de las corporaciones locales. A este respecto, además de las diversas órdenes aprobadas a nivel autonómico que recogen el procedimiento correspondiente, es necesario tener en cuenta la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, establece en su artículo primero que todos los españoles tienen derecho a una educación básica de carácter obligatorio y gratuito, que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad.

A su vez, el Estatuto de Autonomía de Aragón, establece en sus artículos 21 y 73 que “los poderes públicos aragoneses desarrollarán un modelo educativo de calidad y de interés público que garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos, en el marco del respeto a los principios constitucionales y estatutarios y a las singularidades de Aragón, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la competencia compartida

EDUCACIÓN


en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección, evaluación y la promoción y apoyo al estudio.”

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 80.1 que, “con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones Públicas desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.”

La evolución de las condiciones socioeconómicas de las familias en los últimos años y de las propias necesidades de la sociedad actual precisa la regulación tanto del desarrollo del servicio de comedor que prestan los centros educativos como de la prestación de ayudas económicas para aquellas familias que no dispongan de suficientes recursos económicos para hacer uso del citado servicio. Mediante Orden de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, se dictaron instrucciones para la organización y el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los Centros Docentes Públicos no universitarios, que tienen por objeto garantizar el derecho a la educación de los alumnos/as que se encuentran en desventaja para acceder a los siguientes niveles del sistema educativo en condiciones de igualdad, mediante la prestación del servicio complementario de comedor escolar por los centros docentes. Al amparo de dicha regulación, y manteniendo su vigencia en todo lo que no la contradiga, entra en vigor la Orden ECD/620/2017, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos y las becas que complementen las becas de comedor escolar durante el periodo estival no lectivo. En desarrollo de estas bases, se publica la convocatoria anual de becas de comedor. Para el curso 2016/17 determina el precio único por parte de los usuarios del servicio de comedor en 860 € anuales (86 € /mes) para todos los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios (Orden ECD/728/2017, de 29 de mayo). Según los requisitos fijados en la Orden, para resultar beneficiario de las becas será requisito indispensable que la renta familiar referida al año 2015 no supere en valor al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), creado por Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, determinado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado y fijado actualmente en 6390,13 euros anuales multiplicado por dos, estableciéndose el límite de renta en 12 780,26 euros anuales. Ninguna de las regulaciones referidas a la percepción, cuantía o fijación de límite de renta para resultar beneficiario tiene en consideración el número de hijos a cargo, sino que se establece el límite común referido para resultar beneficiario.

El estatuto jurídico de los niños de origen extranjero en España está definido, igual que el de los adultos, en la L.O. 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Las menciones a la situación y derechos de los niños extranjeros en la Ley se realizan de forma dispersa, apareciendo citados expresamente los siguientes derechos de los niños y niñas de origen extranjero: derecho a la educación básica, gratuita y obligatoria para los menores de 16 años, así como el acceso al sistema de becas titulaciones correspondientes (artículo 9), derecho a la asistencia sanitaria (artículo 12), que anteriormente reconocía el acceso en “las mismas condiciones que los españoles”, pero que actualmente ha sido reformado por R.D.-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y actualmente se refiere a que tendrán ese acceso “en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria”. A partir de esta regulación restrictiva, para garantizar esta asistencia sanitaria de menores la referida Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en su artículo 10.3, recoge expresamente que: “Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.”

EXTRANJERÍA

60 UNICEF LA INFANCIA EN ARAGÓN 2017

1 Acrónimo de At Risk of Poverty or Exclusion (En riesgo de pobreza o exclusión). Es el indicador de medición del riesgo de pobreza definido por la Unión Europea dentro de la estrategia Europa 2020. Más información en: https://goo.gl/XzcE3i

2 Desde 2022, UNICEF Comité Español publica diferentes Informes de situación de la infancia en España, que a su vez se han traducido en informes autonómicos como el presente para el caso de Aragón.

3 La infancia en España 2012-2013: El impacto de la crisis en los niños: https://www.unicef.es/publicacion/la-infancia-en-espana-2012-2013-el-impacto-de-la-crisis-en-los-ninos

4 UNICEF (2016). Estado mundial de la infancia 2016. Una oportunidad para cada niño. Informe, extraído de https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish.pdf

5 Hein, C., Cassirer, N. (2010). Soluciones para el cuidado infantil en el lugar de trabajo. Colección Informes OIT, nº 85. Madrid. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

6 EUROSTAT, con datos de febrero de 2017, colocaba a España por encima de la media de la UE27, con un 21 % de niños de 0-3 años matriculados en guarderías, pero muy alejados del 65 % de Dinamarca, el 45 % de Noruega, o el 43 % de nuestra vecina Portugal.

7 Consejo Escolar de Aragón. Informe 2016 sobre la situación del Sistema Educativo en Aragón.

8 Para ello utilizamos las dimensiones para medir la pobreza infantil según la herramienta MODA (Análisis de privaciones Múltiples Simultáneas), que estudia las carencias de los niños desde un enfoque multidimensional).

9 Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística, la esperanza de vida de un niño aragonés nacido en 2015 es de 82 años, mientras que la tasa de mortalidad infantil en ese mismo año era del 2,73 ‰, un dato que se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2002.

10 Report Card 12 de Innocenti (2014), Centro de Investigaciones de UNICEF: Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos.

11 Cuando llegan a la mayoría de edad se produce un momento especialmente crítico con las personas en alojamiento residencial. Un total de 139 se beneficiaron en 2016 del Programa de Transición a la Vida Adulta, que incluye actuaciones conducentes a apoyar y preparar para la autonomía personal a jóvenes tutelados por el Gobierno de Aragón, y a aquellos que al alcanzar la mayoría de edad precisen continuar con un periodo de acompañamiento transitorio. Otro paso crítico es la obtención de permisos de trabajo para internos de origen extracomunitario, tema todavía no resuelto.

12 Los expertos confirman que la falta de una Ley de Capitalidad dificulta mejorar la eficiencia del trabajo conjunto de los servicios sociales autonómicos y municipales en la ciudad de Zaragoza.

13 En concreto, 597,1 por cada 100 000 habitantes (la media nacional es 872,4), según datos del 2015 procedentes del “Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores” Missi (2017).

14 Desde el año 2016 el Gobierno de Aragón habilitó un teléfono gratuito 24 horas de ayuda contra el acoso escolar (900100456). Entre mayo de 2016 y enero de 2017 ha recibido 335 llamadas.

15 Mesa Técnica SAIA (2017) Mesa Técnica del Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia en Aragón. Documento base para el debate.

16 El Centro de Internamiento de Menores por Medida Judicial “San Jorge”, único ubicado en Aragón, se inauguró en el año 2006. A pesar de disponer de 72 plazas, tan sólo en algún momento puntual ha llegado a superar el 50 % de su capacidad.

17 Fernández de Guevara et alt. (2015) Crisis económica, confianza y capital social. Fundación BBVA.

NO

TAS

LA INFANCIA EN ARAGÓN 2017:desigualdad, la cara oculta de la crisis


18 El índice de Gini toma el valor 0 cuando la distribución de la renta es igualitaria y todos tienen el mismo nivel de ingresos, y el valor 1 (o 100 si lo expresamos en tanto por ciento), cuando la renta se concentra en un solo individuo y la desigualdad es máxima.

19 Goerlich, F.J. (2016) Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas. Fundación BBVA.

20 Se calcula tomando como base los ingresos de los hogares, definiéndose el umbral de la pobreza en el 60 % de la mediana de los ingresos de los hogares del país. Así un niño en riesgo de pobreza es aquel que vive en un hogar en el que los ingresos (incluidas las pensiones y otras transferencias sociales, y descontados los impuestos) están por debajo del mencionado umbral de pobreza. La tasa sería el porcentaje de población que está bajo ese umbral.

21 La más baja de todas las comunidades autónomas españolas en 2015, aunque tomando el dato con cautela por el posible sesgo estadístico causado por el bajo valor de la muestra utilizada.

22 De las familias con hijos con ingresos más bajos (por debajo de 1000 euros mensuales), el 66 % declaró que uno o ambos progenitores estaban trabajando.

23 Se incluyen todas las fuentes de ingresos.

24 OCDE (2001). Understanding the digital divide. Extraído de: https://www.oecd.org/sti/1888451.pdf

25 Entre los estudiantes de 15-16 años, España aparecía entre los países con mejores índices medios de satisfacción con la vida auto-percibidos por los niños. Ministerio de Educación (2017) PISA 2015. El bienestar de los estudiantes.

26 UNICEF (2012) señala que estos valores tan elevados podrían deberse en parte al efecto del denominado “sesgo del optimismo vital”, por el que las poblaciones infantiles y adolescentes tenderían a responder a cualquier pregunta sobre satisfacción de sus vidas con porcentajes mucho más altos de satisfechos que de insatisfechos.

27 Pauta común a los 35 países analizados en UNICEF (2016), Equidad para los niños. El caso de España.

28 Estos resultados obtenidos en Aragón para el curso académico 2016/2017, coinciden en gran medida con los resultados a nivel nacional procedentes del estudio UNICEF (2012).

29 DECRETO 69/2017, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión interdepartamental “Observatorio de la Desigualdad en Aragón”, y se aprueba su reglamento.

30 OCDE (2017). Estudio económico de España. Reformas para un crecimiento inclusivo. Recuperado de http://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf.

31 Ibarrarán, P.; Medellín, N.; Regalia, F.; Stampini, M.; Parodi, S.; Tejerina, L.; Cueva, P.; Vásquez, M. (2017). Así funcionan las transferencias condicionadas. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: https://publications.iadb.org/handle/11319/8159

32 Jones, L., Milligan, K., Stabile, M. (2015). Child Cash Benefits and Family Expenditures: Evidence from the National Child Benefit. NBER Working Paper No. 21101. Recuperado de:https://www.nber.org/papers/w21101

33 En el caso de España, las familias reciben una ayuda por hijo condicionada a las rentas percibidas en el hogar y su importe (24,25 € por hijo), es la más baja de la UE15, tan solo por debajo de Grecia. La media europea (UE28) se encuentra en estos momentos en 91 € por hijo al mes.

34 Las prestaciones por hijo a cargo tendrían como destinatarias a las familias con hijos de entre 0 y 18 años, umbrales entre los que UNICEF considera la infancia.

LA INFANCIA EN ARAGÓN 2017 - unicef.es · a UNICEF la redacción de este informe, a fin de...

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