Indicadores de Coyuntura Nº 531, mayo de 201226 Indicadores de Coyuntura Nº 531, mayo de 201226

La expropiación de ypF y la crisis energéticaen esta nota presento un análisis de la reciente expropiación del 51% de las acciones de ypF en manos de repsol. en particular discuto diversos motivos por los cuales entiendo que se trata de una decisión equivocada, independientemente de cuáles sean las represalias directas o indirectas que de la misma se deriven.

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*Economista de FIEL

por Santiago Urbiztondo *

La historia dirá si el 16 de abril será declarado un nuevo feriado nacional. Ese día, pocos días atrás, el gobierno argentino anunció al mundo la decisión

de elevar al Congreso Nacional un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de YPF. Los argumen-tos utilizados hacen referencia al mal desempeño de la empresa durante los últimos años –señalándola entonces como responsable principal de la crisis energética que el gobierno ha negado desde 2004– y al objetivo de ase-gurar el autoabastecimiento energético. En el camino, también, se habría “recuperado soberanía” al retomar el control de una empresa estratégica y emblemática en la historia argentina.

Sin embargo, en mi opinión se trata de una pésima deci-sión, por varios motivos salientes:

a) Dudosa legalidad: por no ser jurista no conozco normas complementarias que pudieran esgrimirse en contrario, pero resulta claro que se invirtió el orden legal previsto en el art. 17 de la Constitución Nacional (indemnización previa a la expropiación), interviniendo automáticamente la empresa y tomando nuevas decisiones de producción que hacen a la medida “irreversible”, antes siquiera de su tratamiento en el Congreso. Más allá de la técnica ju-rídica, no importa que se descuente el apoyo mayoritario de la bancada oficialista y de buena parte de la oposición, el claro respeto al derecho de propiedad y a la Constitu-ción Nacional no debería depender de contar o no con las mayorías circunstanciales. El debate sobre la convenien-cia de las empresas públicas o privadas en el manejo de los recursos naturales no debería jamás omitir el punto

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ta el mes inmediato a la decisión del gobierno nacional. Construir un “caso creíble” doméstica e internacionalmen-te sobre el mal desempeño de YPF será complicado por estos antecedentes cercanos, y en todo caso debió haberse hecho antes y no después de tomar la decisión.2,3

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Gráfico 1.producción de gas natural (neta, por operador), en MMm3/día, 1996-2011

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Total YPF LLL Resto YPF sin LLL (eje derecho)

Gráfico 2. desempeño relativo de ypF en la producción de gas natural (producción neta, abierta por operador), 2001-2011 (base 2001=100)

de partida y las responsabilidades del Estado detrás de una declaración de interés público para avanzar en una expropiación. Más aún, incluso si en el futuro se pagara un valor justo por las acciones expropiadas, revirtiendo la confiscación que en este momento se ha producido y que los comenta-rios más exaltados parecen promover y vaticinar, hay una presunta ilegali-dad congénita que debería por sí sola cerrar la discusión en una democracia donde “el fin no justifique los me-dios”. 1

b) Imprevisibilidad y contradicciones: a fines de 2010 fue la propia Presiden-ta de la Nación quien, públicamente, se felicitó a sí misma y felicitó a YPF por el excelente desempeño que ésta tuvo luego de que en 2008 el Grupo Petersen se incorporó como accio-nista a cargo de la gestión de la em-presa, cambio resultante de una poco disimulada presión ejercida por el ex–presidente Néstor Kirchner, donde además el gobierno argentino aceptó y promovió que buena parte de las utilidades de YPF tendrían por destino central el pago de esta participación del Grupo Petersen a Repsol. Además, las acusaciones de mal desempeño, ocultamiento de activos y pasivos am-bientales que se habrían detectado el día posterior a la intervención según se expuso en la defensa del proyecto ante el Congreso Nacional resultan poco creíbles (y contradictorias) dado que el Estado Nacional tiene desde hace años un director en la empresa, que ésta cotiza en las Bolsas de Valo-res de Buenos Aires y de New York (de forma que la CNV y la SEC deben su-pervisar exhaustivamente sus balances auditados), que en años recientes le fueron extendidas diversas concesiones, y que la Secretaría de Energía y las provincias productoras (y dueñas de los recursos naturales extraídos y a extraer) no habían sancionado por incumplimientos a YPF salvo has-

1 Un elemento relacionado con este punto es la discriminación contra Repsol, único accionista expropiado. En efecto, un requisito formal y de fondo en una operación de esta naturaleza es evitar el trato desigual entre inversores con distintos orígenes (quienes, más allá de sus distintos roles en el gerenciamiento de la empresa, estuvieron de acuerdo en recibir los beneficios y cargar con los costos y riesgos de las distintas decisiones tomadas). Sin embargo, el impacto final del incumplimiento formal es incierto en este momento. Por un lado, el Grupo Petersen –accionista del 25% de la empresa– podría verse obligado a devolver las acciones que compró a Repsol desde 2008 por no contar con los recursos para pagar la deuda contraída a tal fin (y/o por otros motivos contractuales que aún deberán ser interpretados por las partes). Por otro lado, no resulta claro que el resto de los accionistas que no fueron formalmente expropiados –algunos fondos de inversión y ahorristas minoritarios que suman casi un 20% del paquete accionario– logren recuperar el valor de sus activos en mayor medida que Repsol, lo cual dependerá en definitiva de la gestión futura de YPF vs. la compensación que deba pagar el gobierno argentino por las acciones expropiadas.2 Un párrafo aparte merece la acusación a YPF por parte de distintos representantes del gobierno de comportarse con un comportamiento “rentís-tico”, en su afán por obtener “mayores ganancias”. Tal tipo de acusación podría recaer sobre toda empresa privada, pues lo natural es precisamente que éstas busquen maximizar sus ganancias. Aceptar el argumento oficial equivale a negar el sistema capitalista que rige en los países democráti-cos de Occidente. En efecto, la tarea regulatoria o de gestión estratégica de los recursos naturales no puede basarse en que las empresas privadas no tengan por objetivo maximizar sus ganancias, sino en estructurar los incentivos (premios, castigos, señales, prohibiciones, exigencias, etc.) para que tal búsqueda de ganancias lleve a la mejor explotación de dichos recursos, según lo entienda el poder concedente y los dueños del mismo. Funciona así en todas partes del mundo, con o sin empresas públicas, según sea la calidad institucional de cada país.3 La incorporación de YPF Gas SA, empresa controlada por Repsol que fracciona y comercializa el GLP producido por YPF, dentro del paquete de empresas a expropiar al iniciarse el debate parlamentario, no tiene una interpretación lógica dentro de la hipótesis del gobierno: ¿YPF Gas SA también es expropiada por no haber invertido en la exploración de hidrocarburos? ¿Cuáles son las inversiones que debió hacer YPF Gas pero que no hizo? ¿Ha habido desabastecimiento de GLP? ¿O acaso YPF Gas no vende el GLP según las crecientes restricciones que le ha impuesto el gobierno nacional? Cabe esperar que el fundamento para la expropiación no sea la identidad del dueño de la empresa, pero por el momento éste parece ser el caso.

Fuente: IAPG

Fuente: IAPG

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c) Gestión pública poco promisoria: ¿porqué creer que YPF será adminis-trada de forma eficiente (en cuanto a la defensa del valor de la empresa para todos sus accionistas por medio de una gestión profesionalizada que adopte las mejores prácticas de la in-dustria, según se indica en el proyec-to), al menos por parte de la admi-nistración actual, toda vez que ésta no ha podido demostrar transparen-cia, profesionalismo y prescindencia de criterios partidistas y políticos en la administración de otras empresas públicas y en general de los distintos organismos del Estado, y por el con-trario ha poblado la administración central y otras agencias descentrali-zadas de funcionarios políticos desig-nados sin concursos que desplazan las estructuras técnicas preexistentes? Pero además, aún si esto no fuera así, la multiplicidad de objetivos y de intereses a ser representados dentro de YPF atentarán contra su desarrollo como una empresa pública modelo; en efecto, según se desprende del proyecto elevado al Congreso, los principios de la política hidrocarbu-rífera pasan a ser el logro de mayor producción, mayor consumo, precios más bajos, aumento de reservas, mayores inversiones, incorporación de tecnología, incremento de valor agregado e industrialización, mayo-res exportaciones, etc., para cuyo cumplimiento YPF –en la cual estarán representados los Estados de las pro-vincias productoras de hidrocarburos, cada uno bregando por la inversión en su propia jurisdicción– será una herra-mienta estratégica. 4

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Total YPF LLL YPF sin LLL Resto

Gráfico 3. evolución de las reservas probadas de gas natural (por operador), 1990-2010, en MMm3

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Total YPF LLL YPF sin LLL Resto

Gráfico 4. desempeño relativo de ypF en desarrollo de reservas probadas de gas natural (por operador), 2001-2010 (base 2001=100)

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Total YPF Resto

Gráfico 5. número de pozos de exploración perforados, petróleo y gas natural, por operador 1990-2010

4 Los comentarios acerca de la irrazonabili-dad de Repsol por aspirar a mayores precios de los hidrocarburos (esto es, por aliviar la in-tervención del Estado Nacional para permitir que los precios que percibe por sus productos se acerquen a los internacionales), muestran un razonamiento muy peculiar: no es admis-ible pagar más a los productores domésticos (que en el caso del gas natural reciben en pro-medio US$ 2,5 por MMBTU) pero sí es cor-recto pagar entre 10 y 15 US$/MMBTU el gas importado desde Bolivia o por medio de los barcos re-gasificadores de GNL. Así, tampo-co debería admitirse que cualquier producto industrial tuviera un precio igual (o superior) al de igual producto importado, pero parece que esto no es un problema. En el fondo, no se trata de lo razonable o no de la aspiración de Repsol, sino de no poder o no querer re-conocer que sólo pueden confiscarse rentas y cuasi-rentas por medio de precios políticos durante un tiempo, mientras alcanza la pro-ducción con los recursos existentes o hay suficientes recursos fiscales para ser dilapida-dos por medio de subsidios, no mucho más... La industria cárnica –con el agotamiento del stock vacuno ante la creciente intervención de precios entre 2005 y 2010, y el posterior aumento abrupto de éste– ha ilustrado clara-mente este punto.

Fuente: Secretaría de Energía e IAPG

Fuente: Secretaría de Energía e IAPG

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d) Negación del verdadero problema energético: la crisis energética –carac-terizada por la caída en la producción y reservas de hidrocarburos durante la última década, el crecimiento ex-plosivo de los subsidios energéticos, y la reversión del saldo comercial de la balanza energética en 2011–, que fue alertada por la abrumadora mayoría de los analistas,5 y reconocida sólo tácitamente por el gobierno cuando intentó avanzar en distintas medidas (eliminación parcial de subsidios, creación de cargos específicos, incor-poración de programas de incentivos –Gas y Petróleo Plus– aplicables a nuevas reservas, etc.), no es atribui-ble a YPF ni a ninguna empresa indi-vidual. En consecuencia, incluso si el gobierno pudiera mejorar drástica-mente la vocación inversora y la efi-ciencia operativa de la empresa bajo la nueva gestión pública, resulta más importante cambiar los incentivos y conductas del resto de las empresas del sector (que suman dos tercios del mercado, aproximadamente), lo cual resultará imposible hasta tanto se co-rrijan los motivos de fondo de la crisis observada: la pésima política energé-tica del gobierno nacional desde 2003 hasta la fecha, tendiente a exacerbar el consumo doméstico y a desalen-tar las inversiones y el desarrollo de nuevas reservas de hidrocarburos en el país.

Seguramente hay varios ángulos adi-cionales para examinar la expropia-ción de YPF (en particular, que la propia existencia de ENARSA y las “negociaciones” avanzadas con Rep-sol en el mes previo hubieran permi-tido al Estado asociarse a YPF en la exploración y explotación de recursos no convencionales, concentrando allí los mayores incentivos para obtener recursos y tecnología imprescindi-bles para el autoabastecimiento en la próxima década), pero prefiero con-centrar el análisis brevemente sobre

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Gráfico 6. Metros de exploración perforados, petróleo y gas natural, en miles, por operador, 1990-2010

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Total YPF Resto

Gráfico 6a. Metros de exploración perforados, petróleo y gas natural, por operador, 2001-2010 (base 2001=100)

5 Ver por ejemplo, Navajas, F. y S. Urbiztondo: “Crisis energética y responsabilidades: ¿Qué dicen los números?, Indicadores de Coyuntu-ra, FIEL, Mayo 2004, donde se concluye que “... la crisis obedece a que existe un marcado exceso de demanda de gas natural producto de su precio artificialmente bajo, y no un nivel insuficiente de oferta por no haber realizado inversiones que se sabía debían anticiparse al normal crecimiento de la economía. Hacia delante, continuar con un diagnóstico equivo-cado nos mantendrá lejos de la solución o bien significará una asistencia económica vía subsidios públicos para desarrollar una indus-tria más allá del nivel eficiente (con el prob-lema distributivo adicional que ello implica).

Fuente: Secretaría de Energía e IAPG

Fuente: Secretaría de Energía e IAPG

Fuente: IAPG