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82/2014

La desigualdad de la renta en el modelo de crecimiento de la economía española.

Alternativas a las políticas de ajuste.

Ricardo Molero Simarro

RICARDO MOLERO SIMARRO

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Ricardo Molero Simarro Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre la relación entre distribución de la renta y crecimiento económico en China, es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo) de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado con Premio Extraordinario Fin de Carrera, en junio de 2013 recibió el accésit del VI Premio José Luis Sampedro por el trabajo “Distribución primaria, crecimiento económico e ingresos de los más ricos. Las causas subyacentes de la desigualdad de la renta en la economía mundial”, presentado en la XV Reunión de Economía Mundial. Autor y editor de diversos artículos, informes y libros, es miembro del Consejo de Redacción de la revista electrónica Economía Crítica y Crítica de la Economía (www.economiacritica.net). [email protected] Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas. © Fundación Alternativas © Ricardo Molero Simarro ISBN: 978-‐84-‐15860-‐36-‐5 Depósito legal M-‐32855-‐2014

LA DESIGUALDAD DE LA RENTA EN EL MODELO DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

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Listado de siglas y acrónimos

AMECO: Annual Macroeconomic Database (Base de datos macroeconómicos anuales) de la Comisión Europea.

BCE: Banco Central Europeo.

FROB: Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

GESTHA: Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

INE: Instituto Nacional de Estadísticas.

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

IPI: Índice de Producción Industrial.

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

PIB: Producto Interior Bruto.

SEEPROS: Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social.

SICAV: Sociedades de Inversión de Capital Variable.

SUCRE: Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos.

UE: Unión Europea.

UEM: Unión Económica y Monetaria europea.

UEP: Unión Europea de Pagos.

UGT: Unión General de Trabajadores.


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Índice

Resumen ejecutivo ................................................................................................. 5

Introducción ........................................................................................................... 7

1. Crecimiento económico y desigualdad de la renta en la economía

española (1992-‐2007) ........................................................................................... 8

2. El negativo impacto de las políticas de ajuste sobre la desigualdad y el

crecimiento (2007-‐2013) .................................................................................... 12

3. Propuestas alternativas para la transformación del patrón distributivo

y el modelo de crecimiento de la economía española ....................................... 21

3.1. Medidas redistributivas ................................................................................ 22

3.2. Medidas en el ámbito laboral ....................................................................... 26

3.3. Medidas sobre la inserción externa de la economía .................................. 29

Conclusiones ......................................................................................................... 33

Bibliografía ........................................................................................................... 35


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Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se analiza la relación existente entre el patrón de distribución de la renta y el modelo de crecimiento de la economía española y se plantean diversas propuestas para tratar de revertir el profundo incremento de la desigualdad y la pobreza que se ha producido desde el comienzo de la actual crisis económica, que, a su vez, permitan la transformación del aparato productivo español. Junto con las correspondientes secciones de Introducción y Conclusiones, son tres los principales apartados en los que se divide el documento: En el primero se analiza la citada relación entre desigualdad de la renta y crecimiento económico presente en la economía española durante la década y media anterior al estallido de la crisis. Como veremos, lo que caracterizó al crecimiento del periodo fue la formación de una burbuja inmobiliaria, sostenida sobre un importante proceso de endeudamiento privado. Dicha burbuja permitió que la economía española lograse tasas de crecimiento mayores que las de las economías de su entorno, así como una importante creación de empleo. Sin embargo, lo hizo a costa de una limitación del incremento de los salarios que impidió que la expansión económica redundase en una reducción de la desigualdad. No sólo eso, sino que esa contención salarial lastró la demanda interna y reforzó una especialización comercial y productiva en actividades de media-‐baja intensidad tecnológica, impidiendo la desaparición del déficit comercial estructural de la economía. En el segundo apartado se analiza el impacto sobre la desigualdad y el crecimiento de las medidas de ajuste fiscal y salarial puestas en marcha frente a la crisis. Como veremos, la insistencia en medidas de reducción de los costes laborales ha resultado en una profundización de la recesión. Por un lado, la denominada devaluación interna ha resultado inútil para asegurar el logro de un saldo externo positivo. Por el otro, la caída de los salarios, unida a las subidas de impuestos y los recortes de gasto público, ha deprimido aún más el consumo, tanto privado, como público. Todo ello, junto los negativos efectos que esas medidas han tenido sobre los niveles de actividad económica y, consecuentemente, sobre el empleo, han provocado un profundo empeoramiento de los niveles de desigualdad y pobreza, generando una situación de emergencia social. En contraste con la estrategia de ajuste, en el tercer apartado se presentan una serie de medidas con las que se trata, simultáneamente, de alterar el patrón de distribución de la renta y transformar el modelo de crecimiento de la economía española. Dichas medidas se dividen en tres dimensiones principales: uno,


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medidas de redistribución estatal con las que asegurar unos niveles mínimos de vida al conjunto de la población; dos, medidas en el ámbito laboral con las que invertir la tendencia a la caída de la participación de los salarios en la renta nacional, reimpulsando el crecimiento mediante una ampliación de la demanda interna; y, tres, medidas sobre el patrón de inserción externa, en concreto, una propuesta de modificación del proceso de integración económica que incluya mecanismos de reequilibrio de los patrones de especialización comercial y productiva de las economías y, con él, de las balanzas por cuenta corriente de los países.


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Introducción

Desde antes incluso del estallido de la actual crisis la reducción de los costes laborales se convirtió en uno de los principales objetivos de las políticas económicas nacionales. Según la argumentación habitual, en el contexto de unión monetaria, como la europea, en la que no es posible llevar a cabo devaluaciones cambiarias, esa reducción es la única vía para lograr una mejora de la competitividad externa de la economía y poder salir de la crisis. Sin embargo, después de casi un lustro desde que comenzó su puesta en marcha, las denominadas políticas de “devaluación interna” se encuentran lejos de haber alcanzado su objetivo de asegurar un crecimiento sostenido. Por el contrario, su principal consecuencia ha sido el sustancial empeoramiento de las cifras de desigualdad y pobreza y la profundización de la recesión. El presente trabajo tiene dos objetivos: En primer lugar, analizar la relación entre distribución de la renta y crecimiento económico existente en la economía española, tratando de explicar por qué la contracción de los salarios se ha convertido en el principal factor explicativo del profundo incremento de la desigualdad, al mismo tiempo que en un obstáculo para la recuperación económica. En segundo lugar, formular una serie de propuestas alternativas a las medidas de ajuste salarial que podrían permitir mejorar las condiciones de vida de la población y transformar, simultáneamente, los fundamentos del modelo de crecimiento español. Como veremos, esas propuestas no sólo abarcan las dimensiones habitualmente relacionadas con el ámbito distributivo (medidas de redistribución estatal y en el mercado de trabajo), sino también otra vinculada a la alteración del patrón comercial y productivo de la economía. Según argumentaremos, dicha alteración resulta fundamental, no sólo para asegurar una recuperación económica sostenible, sino también para mejorar simultánea e interrelacionadamente su patrón de distribución de la renta. En concreto, será el ámbito más novedoso en el que se centran las propuestas: las de su inserción externa y, en concreto, el proceso de integración. El documento se divide en tres apartados principales, además de la presente Introducción y las Conclusiones. En el próximo se analizan los fundamentos del modelo de crecimiento español antes de la actual crisis, poniendo especial énfasis en los límites que el regresivo patrón de distribución de la renta de la economía impuso sobre dicho crecimiento. En el siguiente apartado se evalúa el efecto que han tenido las medidas de ajuste, tanto fiscal, como salarial, impuestas desde el estallido de la crisis, señalando las principales diferencias en el impacto de la misma entre la economía española y otros países de la Zona Euro. En el último se presentan las principales medidas alternativas propuestas para lograr una transformación simultánea de los patrones distributivo y productivo españoles.


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1. Crecimiento económico y desigualdad de la renta en la economía española (1992-‐2007)

Por el lado de la oferta, el modelo de crecimiento español se caracteriza por una creciente importancia del sector servicios y, por el de la demanda, por la mayor relevancia del consumo privado. El relativamente menor grado de capitalización e incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo ha afectado tradicionalmente a los niveles de productividad, especialmente en la industria. Estos bajos rendimientos se han tratado compensar con reducciones de los costes laborales. Sin embargo, eso no ha permitido que la economía española mejorase posiciones en las cadenas globales de producción, por lo que la tendencia al mantenimiento de déficit comerciales externos, agravada por la dependencia energética, se ha mantenido. Además, la contención de los salarios se ha unido a la históricamente desigual distribución de la riqueza para alimentar una elevada desigualdad de la renta. Debido al negativo efecto de esta desigualdad sobre el consumo, eso ha pasado a ser, a su vez, un lastre para el crecimiento. Esas contradicciones históricas del modelo de crecimiento de la economía española no hicieron sino profundizarse en el periodo anterior a la actual crisis. En términos macroeconómicos ese periodo se caracterizó por la existencia de un continuo desequilibrio entre ahorro e inversión internos. Este desequilibrio se vio alimentado por la creciente entrada de flujos de financiación externa a bajos tipos de interés1 hecha posible por la incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria europea (UEM). La aprobación de toda una serie de normativas públicas que promovían la extensión del suelo urbanizable y la inversión en inmuebles (Rodríguez y López, 2011: 48-‐51; Puig, 2011: 70-‐71)2 promovió que buena parte de esos flujos de crédito externo se canalizasen hacia el sector inmobiliario (en forma de crédito promotor e hipotecario)3, generando una burbuja inmobiliaria4.

1 Los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo se mantuvieron en niveles inferiores al 4% entre septiembre de 2001 y junio de 2007, un periodo de casi seis años. Más aún, desde la entrada en vigor del euro dichos tipos de interés no han alcanzado nunca el nivel del 5%. 2 Entre esas normativas se encuentran la Ley del Suelo de 1998, la progresiva desregulación del mercado hipotecario, la subvención fiscal a la compra de viviendas y una serie de legislaciones que provocaron la creciente dependencia de los ayuntamientos respecto a la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, incentivando las recalificaciones de suelo. 3 Según cálculos realizados sobre la base de los datos del Banco de España, el crédito al sector de la construcción se incrementó durante el periodo 1995-2007 a una tasa anual media del 15,7%, cuadruplicando a la tasa de crecimiento del PIB (3,5%). 4 Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, entre los años 1995 y 2007 se inició la construcción de prácticamente 6 millones de viviendas libres, alcanzando el parque de viviendas totales en el año 2007 la cifra de 24 millones de inmuebles para una población de 45 millones de personas, con un stock de vivienda nueva sin vender de más de 400.000 inmuebles. A pesar de ello, el precio del metro cuadrado de vivienda nueva se incrementó durante esos mismos años a una tasa media anual del 9,2%, lo que es equivalente a un incremento acumulado del 213%.


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La burbuja se convirtió en el principal motor de la expansión de la economía española5, haciendo posible que sus tasas de crecimiento superasen la media europea. Sin embargo, fue, al mismo tiempo, la fuente de los principales desequilibrios económicos del periodo. Por un lado, la concentración tanto de la acumulación de capital, como de la creación de empleo en la construcción lastró las mejoras de productividad laboral6. Por el otro, la expansión de la actividad inmobiliaria generó un importante incremento de las importaciones de insumos y maquinaria, convirtiéndose en uno de los principales factores explicativos de la sustancial ampliación del déficit externo de la economía española 7 . Este desequilibrio se vio guiado, en buena medida, por el incremento del desequilibrio entre exportaciones e importaciones realizadas con las restantes economías de la Zona Euro8. El déficit comercial no pudo ser compensado por el aumento de los ingresos externos logrados gracias al turismo, por lo que la balanza por cuenta corriente presentó un desequilibrio estructural durante el periodo anterior a la crisis. La brecha de productividad de la industria exportadora española con respecto a sus competidores europeos se había ampliado debido a cuatro factores principales: “un esfuerzo inversor relativamente escaso, un insuficiente nivel tecnológico, una débil penetración de las tecnologías de la información y la comunicación y una posición de gama en segmentos poco sofisticados” (Luengo et al., 2012: 87). No obstante, se hizo responsables a los costes laborales de los problemas de competitividad externa de la economía, promoviendo la puesta en marcha políticas de desregulación laboral con el supuesto objetivo de contenerlos. Las distintas reformas laborales aprobadas desde mediados de los años noventa incluyeron medidas como la aprobación de nuevas formas de contratación de carácter temporal y a tiempo parcial, la legalización de las empresas de trabajo temporal, la facilitación del despido, la reducción de las indemnizaciones por el mismo, la disminución de la cobertura por desempleo y el endurecimiento de los requisitos para acceder a ella (Murillo, 2011: 4 y 5). Estas medidas generaron la formación de un mercado de trabajo altamente precarizado, en el que la creación de empleo, concentrada en actividades de construcción y servicios, así como en ramas industriales de medio-‐bajo valor añadido, se llevó a cabo a costa de un

5 La inversión residencial llegó a suponer el 40% del total de la formación bruta de la economía española en el periodo 2003-2007 (Mateo y Montanyà, 2014: 8), de modo que, tomando en cuenta su propia actividad y los consumos intermedios que llevó a cabo, el sector de la construcción llegó a generar el 35% del valor añadido bruto de la economía (op.cit.: 12). 6 Aunque, según se deduce de los datos del INE, el stock de capital por unidad producida se incrementó a una tasa media del 4,1% entre 1996-2007, la productividad por empleado se mantuvo prácticamente estancada, mejorando a una tasa del 0,4% anual. 7 Según los datos del Banco de España el déficit comercial externo alcanzó el 8,6% del PIB en el año 2007. 8 Según cálculos realizados a partir de las estadísticas del INE, el déficit con dichas economías se incrementó desde un nivel equivalente al 2,5% del PIB en el año 2001 al 3,6% en el año 2007.


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sustancial incremento de la contratación temporal y a tiempo parcial (op.cit.: 6 y 7) y de la contención del salario real medio (op.cit.: 18). De este modo, la participación de los salarios en la renta nacional no hizo sino disminuir9. Sin embargo, esta contención de los costes laborales fue completamente insuficiente para revertir la tendencia a la ampliación del déficit exterior, como se deduce de los datos mostrados arriba. Al mismo tiempo que se ponían en marcha esas reformas laborales. inútiles para mejorar la posición externa de la economía española, también se aprobaron varias reformas fiscales de carácter marcadamente regresivo. Por un lado, se redujo el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, disminuyendo la progresividad de los tramos del impuesto y estableciendo un tipo impositivo único para los rendimientos del capital menor que el tipo máximo aplicado a las rentas del trabajo. Por el otro, se redujo el tipo impositivo general del Impuesto de Sociedades, aumentándose el número y la cuantía de las posibles deducciones a las que se podían acoger las empresas. Además, se introdujeron nuevos tipos de sociedades, como las SICAV, cuyas limitadas obligaciones tributarias han permitido reducir sustancialmente el pago de impuestos por distintos ingresos financieros. En conjunto, la creciente precarización del mercado de trabajo y el negativo efecto de las reformas impositivas provocaron que el periodo anterior a la crisis fuese de “crecimiento económico con escasa reducción de la desigualdad” (Ochando, 2010: 6) 10. La participación de los segmentos de renta más alta en el ingreso disponible se incrementó de manera significativa 11 al acaparar el aumento de los rendimientos del capital y, sobre todo, de las ganancias de patrimonio hechas posible por la burbuja12. A pesar de la habitual creencia al respecto, la dispersión salarial se redujo durante el periodo13. Sin embargo, la contención del salario real medio provocó que el porcentaje de trabajadores pobres apenas disminuyese14. La regresiva recaudación de impuestos también 9 Según los datos de AMECO la participación salarial ajustada a coste de los factores en la economía española se redujo desde el 69,6% de la renta nacional en 1992 al 61,6% en 2007. 10 En este sentido Ayala et al. (2013: 48) afirman que “[e]l crecimiento económico registrado desde mediados de los años noventa y la creación de empleo que lo acompañó no habrían dado lugar, por tanto, a reducciones significativas de la desigualdad, rompiendo así una cierta tendencia a la disminución de las diferencias de ingresos, característica de la evolución socioeconómica española al menos desde los primeros años setenta hasta el comienzo de los años noventa”. 11 Según los datos de la World Top Incomes Database, la participación del 10%, 5% y 1% de las personas más ricas en el ingreso bruto pasó del 33,6% en 1993 al 34,7% en 2007 (36,3% en 2006), del 22,1% al 24,2% (25,9% en 2006) y del 5,4% al 8,2% (9,6% en 2006), respectivamente. 12 En su punto más álgido (año 2006) las ganancias de patrimonio suponían el 19,1% de los ingresos del 10% más rico, el 25,3% de los del 5% más rico y hasta el 42,5% de los del 1% de personas con mayores ingresos (World Top income Database). 13 Según los datos de la OCDE, entre 2000 y 2007 la ratio 5/1 de ingresos laborales pasó de 1,69 a 1,68 puntos, la ratio 9/1 de 3,55 a 3,47 y la ratio 9/5 de 2,10 a 2,06. 14 Según las estadísticas elaboradas por Eurostat dicho porcentaje pasó de representar al


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obstaculizó la reducción de la pobreza15. Todo ello, generó un incremento de la desigualdad16, que no pudo ser compensado por unas transferencias sociales contenidas17, impidiendo una mejora generalizada de las condiciones de vida18 a pesar de la relativamente intensa creación de empleo. El aumento de la desigualdad afectó negativamente al consumo de los hogares, que redujo perceptiblemente su aportación al PIB español19. De modo que las tasas de crecimiento sólo pudieron sostenerse sobre la referida expansión de la inversión inmobiliaria. No obstante lo hicieron a costa de un incremento sin par del endeudamiento de la economía española y, en concreto, de las deudas contraídas con el exterior (fundamentalmente la Zona Euro) por parte del sector privado20, dando lugar a lo que algunos autores han llamado “una economía dirigida por el endeudamiento” (Garzón, 2013: 31-‐38). El pinchazo de la burbuja desde el mismo año 200721 tuvo un impacto directo en el PIB y puso en riesgo al sector bancario. Como vamos a ver a continuación, las políticas de socialización de pérdidas puestas en marcha desde el año 2008 ha degenerado en una crisis de deuda y la respuesta a la misma en forma de políticas de ajuste fiscal y salarial no ha hecho sino profundizar en la recesión, liberando el potencial regresivo en términos sociales que el modelo de crecimiento anterior a la crisis contenía.

10,8% de los trabajadores en el año 2005 al 10,2% en 2007, significativamente por encima de la media europea (7,9% en 2007). 15 Gracias al crecimiento del empleo, la pobreza antes de impuestos (medida según el umbral habitual del 60% de la mediana del ingreso) se redujo del 38,0% al 32,4% entre 2004 y 2007. Sin embargo, después de impuestos apenas lo hizo del 21,6% al 20,6% (Eurostat). 16 Entre 1995 y 2007 el índice de Gini medido después de transferencias se redujo de 35 a 31,9 puntos mientras que la ratio de ingresos 80/20 lo hizo de 5,9 a 5,5. Sin embargo, si se toma el periodo 2004-2007 dicho índice se incrementó desde 31 a los 31,9 puntos y la ratio de 5,2 a 5,5 y ello a pesar de que la expansión del empleo había permitido que el índice de Gini antes de transferencias se redujese de 47,7 a 45,4 puntos durante esos mismos años (Eurostat). 17 Según los datos del SEEPROS (el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social) el gasto en protección social se encontraba en 2007 en un nivel el 20,2% del PIB, muy por debajo de la media de la UE-15, que era del 25,6% del PIB comunitario en ese mismo año 2007 y había alcanzado el 26,6% en 2003. Un análisis del impacto distributivo diferenciado de las diferentes prestaciones e impuestos se puede encontrar en Cantó (2013) quien destaca el mayor efecto igualador de las pensiones contributivas. Por su parte, Calero y Gil (2013) analizan el impacto distributivo de los gastos públicos en educación y sanidad, encontrando un efecto ligeramente mayor del segundo frente al primero. 18 Los datos de Eurostat muestran que en 2007 aún el 3,5% de la población sufría una privación material severa. 19 Según los datos del INE dicha aportación pasó del 58,9% en 2000 al 56,5% en 2007. 20 Según los datos del Banco de España, a finales de 2007 la deuda externa de la economía española alcanzaba el 352,1% del PIB, siendo la de las empresas no-financieras un 131,8% y la de las financieras un 73,5%. 21 Entre 2006 y 2007 el número de viviendas nuevas sin vender se incrementó desde 273.000 a 414.000 inmuebles (Ministerio de Fomento).


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2. El negativo impacto de las políticas de ajuste sobre la desigualdad y el crecimiento (2007-‐2013)

En un primer momento, la política económica puesta en marcha frente a la crisis se orientó hacia el estímulo de la economía, tratando, supuestamente, de evitar que la factura de aquélla la pagasen los trabajadores. Por un lado, se llevó a cabo una rebaja de impuestos con el objetivo de incentivar el consumo y la inversión (deducción de 400 euros del IRPF y devolución rápida del IVA). Por el otro, se trató de reimpulsar al sector de la construcción con el objetivo de mantener el empleo (mediante el apoyo a la vivienda de protección oficial y de la obra pública canalizada a través del denominado Plan E). Posteriormente, se aprobaron también algunas ayudas sociales con el objetivo de paliar la pérdida de ingresos de las familias provocada por de la expansión del desempleo (subsidio de 420 euros para parados que agoten su prestación). Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria comenzó a afectar de manera directa a bancos y cajas de ahorro. Esto llevó a emprender, de manera paralela, medidas de rescate del sector financiero. En octubre de 2009 se aprobó “la creación de un fondo de 50.000 millones de euros para la adquisición de activos financieros y, tres días después, una línea de concesión de avales por un montante tota de 100.000 millones de euros para cubrir nuevas operaciones de financiación de las entidades de crédito” (Seminari Taifa, 2010: 68). Lo que es más importante, en junio de 2009 se amplió la capacidad de endeudamiento del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) hasta alcanzar los 99.000 millones de euros (op.cit.: 70). A estos fondos se unieron los hasta 100.000 millones de euros puestos a disposición por parte de la UE después de aprobarse el rescate financiero español en junio de 201222. Todo ese dinero, que ha sido utilizado para la capitalización y/o nacionalización de distintas cajas de ahorros (algunas de ellas convertidas en bancos durante el proceso), no ha hecho sino multiplicar el montante de la deuda pública. Según los datos de la Comisión Europea, las distintas ayudas estatales al sector financiero aprobadas entre 2008 y 2012 han llegado a alcanzar un montante equivalente al 53,6% del PIB. Esto, junto con la reducción de la recaudación de impuestos y la expansión de algunas de las transferencias sociales (fundamentalmente las prestaciones por desempleo) provocada por la crisis, ha llevado al indicador de deuda pública sobre el PIB desde un nivel del 36,3% en el que se encontraba en 2007 (muy bajo en términos comparativos) hasta el 93,9% al que llegó a finales del año 2013, habiendo alcanzado la cifra del 61,7% ya en 2010. Para hacer frente a este incremento de la deuda provocado, en buena medida, por el proceso de socialización de las pérdidas financieras, la política económica 22 Se puede encontrar un relato completo del rescate bancario español en Sanabria y Garzón (2013).


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sufrió una reorientación radical desde al menos mayo de 2010. En ese momento se aprobó un paquete de medidas que incluían la disminución del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, el recorte de las ayudas a la dependencia y a la maternidad/paternidad, la reducción de la ayuda al desarrollo y una sustancial contracción de la inversión pública. Estas medidas se unían a la subida del IVA y la supresión de la exención de 400 euros, que se habían aprobado en 2009 (año en el que podemos situar el inicio de las políticas de ajuste) y que en el caso de la del IVA se iba a repetir en 2012. Las medidas de ajuste fiscal se completaron con recortes de gasto público aprobados, simultáneamente, tanto en educación, salud, como en otras partidas del Estado de bienestar. “Considerando exclusivamente las principales partidas de gasto en servicios”, distintas estimaciones “sitúan este recorte en un mínimo de 15.000 millones de euros solamente entre 2010 y 2013, o lo que es lo mismo, una octava parte del dinero destinado rescatar a los bancos” (Buendía, 2013: 41). Según GESTHA (el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) (2014), estas medidas se han aprobado cuando el fraude fiscal se ha incrementado en 50.000 millones de euros durante los primeros cuatro años de la crisis, correspondiendo más de un 70% del mismo a grandes fortunas y empresas, las cuales, además, pagan un tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sustancialmente más reducido que el de las PYMES. Pero no sólo eso, sino que desde el mismo año 2010 las mal llamadas políticas de “austeridad fiscal” han ido acompañadas de una profunda reforma del mercado de trabajo. El objetivo declarado de esta reforma ha sido lograr el ajuste de las rentas salariales para incrementar la competitividad externa de la economía. Para ello las distintas legislaciones (Ley 35/2010; Real Decreto Ley 7/2011; y Real Decreto Ley 3/2012) han recortado los derechos laborales, han facilitado y abaratado el despido y han incrementado el poder negociador de las empresas, al extender la opción de descuelgue de los convenios colectivos y hacer desaparecer la prorrogación automática de los mismos23. A esto hay que añadir el incremento de la edad mínima de jubilación y de los años necesarios para poder obtener una pensión completa, que están redundando en un alargamiento de la vida laboral de los trabajadores y una reducción de los ingresos de los pensionistas. Todas estas medidas han sido completamente ineficaces para lograr los objetivos que perseguían. Por un lado, a pesar de las incrementos de impuestos y recortes del gasto público, según las últimas cifras hechas públicas por el Banco de España, correspondientes a finales del mes de mayo de 2014, la deuda pública ha seguido creciendo hasta estar a punto de alcanzar el billón de euros, con un porcentaje equivalente al PIB del 97,4%, un máximo histórico. Por otro lado, a pesar de las medidas de ajuste fiscal y salarial que al deprimir la demanda interna y, con ella,

23 Se puede encontrar un análisis del contenido y efectos de las reformas laborales en Álvarez (2014a).


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las importaciones, habían permitido reducir el déficit comercial español durante algunos años, éste ha vuelto a repuntar, habiendo llegando, según los datos del Ministerio de Economía, a los 10.400 millones de euros en mayo de 2014, frente a los 5.700 millones acumulados el mismo mes del año anterior. En el año 2011 las tasas de crecimiento se estaban recuperando, volviendo a ser ligeramente positivas. Sin embargo, la nueva ronda de medidas de ajuste fiscal y laboral puesta en marcha desde entonces generó una innecesaria recaída en la recesión durante los años 2012 y 201324. Desde finales de ese último año las tasas trimestrales han vuelto a ser positivas. Sin embargo, con un Índice de Producción Industrial (IPI) que se encuentra muy lejos de haber vuelto a sus niveles anteriores a la crisis25, ese crecimiento está siendo totalmente insuficiente para lograr una recuperación sostenida de las cifras de empleo y mucho menos aún de otros indicadores asociados como los salarios. En consecuencia, mientras tanto, el ajuste está teniendo un impacto fuertemente negativo en los indicadores de desigualdad y pobreza. Como no podía ser de otra manera, el estallido de la burbuja inmobiliaria desde el año 2007 afectó inicialmente a las ganancias patrimoniales. Según los datos de la World Top Incomes Database, en el año 2010 el porcentaje que dichas ganancias suponían en los ingresos del 1% de personas más ricas había caído al 9,8% desde un nivel del 42,5% al que llegó en 2006. Como consecuencia, la participación de ese 1% más rico en el ingreso disponible se redujo del 9% al 8,2% entre esos mismos años. Sin embargo, desde que comenzaron las medidas de incremento de impuestos, recortes de gasto público y desregulación laboral el reparto de la carga de la crisis ha pasado a recaer de manera prácticamente exclusiva sobre los trabajadores y familias de menores rentas. En efecto, tomando como fuente a Eurostat, en el periodo que se extiende desde 2007 a 201226 la participación del decil de personas con rentas más altas en el ingreso disponible ha aumentado del 23,6% al 24,8%. No en vano, sus ingresos se han incrementado a una tasa del 1,9% anual27 durante ese mismo periodo, es

24 Según los datos del INE, a pesar de la décima de crecimiento positivo logrado durante 2011, es decir, después de prácticamente tres años de crisis, en 2012 y 2013 el PIB volvió a caer, con unas tasas de variación del -1,6% y el -1,2%, respectivamente. 25 Según los datos del INE, el IPI se encontraba aún en un nivel del 95,6 en mayo de 2014, un 25% por debajo de los índices de enero de 2007 y 2008, cuyo valor, casualmente, coincide (127,4). 26 Para varias de las variables que se presentan a continuación existen datos disponibles en Eurostat hasta el año 2013 que muestran repentinas mejoras en algunos de los indicadores en tan sólo un año. Sin embargo, sorprendentemente, España es uno de los pocos países europeos en los que esos datos se encuentran disponibles a la fecha de finalización de este trabajo, lo cual no sólo dificulta la comparación que se va a realizar en varios de ellos, sino también genera dudas acerca de la fiabilidad de los cálculos realizados para conseguirlos.

27 Cálculos propios a partir de los datos de Eurostat tomando la renta superior de corte del


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decir, en plena crisis. Por el contrario, los deciles de personas con rentas más bajas han visto reducido sus ingresos anuales en un 1,9% y un 0,5% cada año28, sufriendo un severo empeoramiento de su nivel de vida. En consecuencia, la ratio 80/20 de distribución del ingreso personal ha aumentado de 5,5 a 7,2 puntos en el periodo 2007-‐2012. Mientras que el índice de Gini lo ha hecho de 31,9 a 35 puntos, pasando España a convertirse en el segundo país de la UE con una desigualdad más alta, sólo por detrás de Letonia29. Esto ha redundado de manera directa en un incremento de la exclusión social y la privación material sufridas en la sociedad española. El porcentaje de personas en riesgo de exclusión se ha incrementado hasta el 28,2% en 2012 desde un nivel del 23,3% en 200730. La privación material severa, es decir la medida según la carencia constatada en cuatro o más de las distintas dimensiones contempladas por Eurostat, lo ha hecho desde el 3,5% al 5,8%. Si se mide dicha privación según una definición menos restrictiva, que incluya sólo dos de las distintas dimensiones observadas, la carencia alcanza al 21,7% de la población en 2012, habiéndose incrementado desde un nivel del 16,6% en el que se encontraba en 200731 (pasando en el indicador facilitado por el INE de 29,3% al 38,4% de la población). Aunque la reducción de la progresividad del sistema impositivo y los recortes en las prestaciones sociales han alimentado este empeoramiento generalizado de las condiciones de vida, los datos muestras que el mayor impacto sobre los indicadores de desigualdad y la pobreza lo ha tenido lo ocurrido en el mercado de trabajo32 . Según los datos de la OCDE la pobreza antes de impuestos ha decil como renta de referencia. Desgraciadamente Eurostat no ofrece las estadísticas de renta media de cada uno de los deciles, pero si se tomase esta como referencia probablemente el incremento evidenciado sería aún mayor.

28 En contraste, en la media de los países de la Zona euro los ingresos de esos deciles se incrementaron un 1,6% y un 1,8% anual, respectivamente.

29 En efecto, en comparación, en el conjunto de la Zona euro la ratio 80/20 apenas se ha incrementado de 4,8 a 5,0 puntos, mientras que el índice de Gini lo ha hecho de 30,0 a 30,5 puntos.

30 Mientras tanto, el porcentaje de personas en riesgo de exclusión en el conjunto de la Zona euro se ha incrementado en menor medida, del 21,8% al 23,4%, ampliándose la brecha existente desde antes de la crisis entre las cifras españolas y la media europea.

31 En comparación, el indicador de privación material considerando dos dimensiones para el conjunto de la Zona euro apenas se ha incrementado del 14,3% al 15,0%, aunque el que considera cuatro o más dimensiones lo ha hecho más que en el caso español, pasando del 5,5% al 7,7% de la población. 32 En este sentido, al analizar los datos de los dos primeros años de la crisis Ayala et al. (2013: 52) destacan al “vertiginoso aumento del desempleo y los cambios en la distribución salarial” entre los factores que explican el profundo aumento de la desigualdad que se ha producido en España.


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aumentado del 32,4% en 2007 al 39,4% en 2010, un incremento proporcionalmente mayor que el sufrido por la pobreza después de impuestos, que lo ha hecho del 20,2% al 22,0%. Del mismo modo, mientras que el índice de Gini general de la economía española se ha incrementado de 31,9 a 35 puntos, tal como hemos visto más arriba que mostraban los datos de Eurostat, medido antes de transferencias públicas lo ha hecho en una mayor medida: desde 45,4 a 52,8 puntos en ese mismo periodo 2007-‐2012. Tal y como ocurrió antes del estallido de la crisis, la dispersión salarial no ha hecho sino reducirse durante los últimos años 33 . Por lo que ese mayor incremento de la desigualdad personal de la renta antes de transferencias se encuentra, en concreto, relacionado con el impacto de la crisis económica y las medidas de ajuste salarial sobre el reparto de la renta nacional entre salarios y beneficios. Como es bien conocido, el efecto más importante que la crisis ha tenido en la economía española ha sido el incremento del desempleo. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la tasa de paro se ha multiplicado por tres, pasando del 8,3% en 2007 al 26,1% en 2013, la segunda tasa más alta, sólo por detrás de Grecia. Esa tasa es mayor aún en el caso de las mujeres (26,7%34) y de los jóvenes (en personas menores de 25 años: 55,5%35)36. Al muy sustancial incremento del desempleo se ha unido la presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores generada por las distintas reformas laborales aprobadas durante los últimos años. Medidos en términos brutos, los ingresos laborales medios apenas se incrementaron un 0,4% entre 2010 y 2011 (primer año en el que podemos considerar que comenzó el referido ajuste salarial y último año para el que Eurostat ofrece estadísticas, respectivamente)37. De este modo, las medidas de ajuste salarial han revertido el efecto composición de carácter estadístico provocado por la mayor destrucción de los empleos de bajos salarios que, al inicio de la crisis, había dado lugar a un incremento del salario medio nominal, según las mismas estadísticas oficiales38. La evolución seguida por los salarios desde entonces ha provocado que el porcentaje de los denominados trabajadores pobres se haya incrementado hasta el 12,3% del total de los trabajadores en 2012 (15,5% según la medición

33 Según los datos de la OCDE la ratio 5/1 de ingresos laborales pasó de 1,68 a 1,65 puntos entre los años 2007 y 2010, la ratio 9/1 de 3,47 a 3,33 y la ratio 9/5 de 2,06 a 1,99. 34 12,1% en el caso de la Zona Euro. 35 24,0% en el caso de la Zona Euro. 36 Sobre la problemática específica de desempleo de los colectivos más vulnerables del mercado de trabajo (inmigrantes, mujeres y jóvenes) se puede ver Gradín y Del Río (2013). 37 En este caso no existen estadísticas agregadas a nivel de la Zona euro, ni tampoco de la UE en su conjunto. 38 En relación con los ingresos laborales, no hay que dejar de resaltar que la brecha de género, observable en términos diferentes tasas de paro, se amplía cuando se comparan, entre otros indicadores, los salarios entre hombres y mujeres: en términos medios, en 2011 el de las segundas sólo representa un 77% del de los primeros.


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realizada en 2013 con una nueva metodología)39. Pero no sólo eso, sino que ha dado también lugar a una intensa caída de la participación de los salarios en la renta nacional. Dicha caída es una tendencia que se remonta hasta al menos mediados de los noventa. Más aún, desde 1999, año de la fijación irrevocable de las monedas nacionales respecto al euro, ha sido más profunda que en el conjunto de la Zona euro. Pero desde el estallido de la actual crisis el contraste con lo ocurrido en otras economías europeas, donde el salario relativo se ha incrementado, es aún más llamativo (Gráfico 1).

Gráfico 1: Participación salarial ajustada (% sobre la renta nacional) (1995-‐2013)

Fuente: AMECO

Las razones de esta brecha en la evolución de la participación salarial de la economía española respecto al conjunto de la Zona euro (la cual, en realidad, también la sufren otras economías del sur de Europa, como Grecia, Irlanda o Portugal) tiene múltiples y complejas razones. No sólo eso, sino que su incremento en las economías centrales de la Unión no es, en sí misma, garantía de que sus trabajadores hayan eludido el impacto de la crisis. No obstante, su constatación permite rebatir los argumentos habitualmente dados para justificar las políticas de devaluación salarial como única vía de salida de la crisis en el contexto de la UEM, donde, desde que se cedió la soberanía monetaria al Banco Central Europeo (BCE), los gobiernos nacionales no pueden llevar a cabo 39 Se puede encontrar un análisis más detallado de la evolución del fenómeno de la pobreza laboral en España en Fundación 1º de Mayo (2012) y en Davia (2013) quien vincula su extensión a la generalización del empleo de bajos salarios.

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1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Zona Euro

España


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devaluaciones del tipo de cambio con las que mejorar la competitividad externa de la economía. Tal y como comentamos más arriba, ya en el periodo de crecimiento se había hecho responsables a los salarios de los problemas de competitividad de la economía española. Ciertamente, durante ese periodo los costes laborales de nuestra economía se incrementaron en mayor medida que los del resto de la Zona Euro y la cuota exportadora española comenzó a reducirse. La estrategia de devaluación salarial puesta en marcha ha provocado que, durante los últimos años, los costes laborales de la economía española hayan pasado a crecer por debajo de los de la Zona euro (su principal mercado de exportación)40. Sin embargo, esto no ha permitido revertir la tendencia a la caída de la cuota. No en vano, el valor alcanzado en 2012 supone el mínimo histórico de la serie: sólo un 1,62% de las exportaciones mundiales de ese año tuvieron como origen a la economía española

Gráfico 2: Costes laborales y cuota exportadora (1996-‐2013)

Fuente: Diferencial costes laborales: Cálculos propios a partir de los datos de AMECO;

Cuota exportadora: Eurostat Esta insensibilidad de la cuota exportadora a la reducción de los costes laborales apunta a la necesidad de considerar otros factores para explicar la evolución de la competitividad externa de la economía. Por un lado, la competitividad de las exportaciones de una economía depende de otros costes, más allá de los laborales, que influyen decisivamente en los precios. Los salarios pagados a los trabajadores 40 Como se explica en el documento elaborado por la Unión General de Trabajadores (UGT) (203), en esa reducción de los costes laborales han influido, además de la propia contracción salarial, la evolución contracíclica vivida por la productividad, debido a la destrucción de empleo, y el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo real de los trabajadores.

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Diferencial costes laborales España-‐Zona Euro (eje izquierdo)

Cuota exportadora española (eje derecho)


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no representan más que una relativamente pequeña proporción de los costes empresariales41. De hecho, como explica en detalle Sanabria (2013: 4), en la economía española “los incrementos de precios no han ido tanto a salarios, sino a los márgenes [de beneficio]”. Según sus cálculos (ibid.), la expansión de los beneficios habría provocado una inflación equivalente del 20% entre 2000 y 2011, impidiendo que la reducción de costes laborales generase una caída de los precios. Por otro lado, como explican Gracia y Paz (2013: 6), “la competitividad de las exportaciones de una economía en términos de costes viene determinada por su ventaja absoluta y no comparativa”, por lo que una disminución de costes que no los lleve hasta niveles más bajos en términos absolutos que los de sus principales competidores “no permitirá recuperar la ventaja absoluta”. Pero no sólo eso, sino que “la variación de los costes laborales unitarios no depende solo de la de los costes laborales sino también de la de la productividad” (ibid.) y, como vimos en el primer apartado, la de la economía española se ha visto lastrada por su patrón de especialización comercial en productos de media y baja intensidad tecnológica. De hecho, dado el sustancialmente menor nivel absoluto de los salarios de los principales competidores presentes en esas ramas, la apuesta por la devaluación salarial se ha convertido en una estrategia suicida para la economía española42. No se trata sólo de que, tal y como hemos visto, la contracción salarial no ha servido para frenar la caída de la cuota exportadora española. Sino que, más aún, el incremento absoluto de las exportaciones hecho posible por esa reducción de costes laborales también ha sido completamente ineficaz para lograr revertir el déficit comercial estructural de la economía española. Dicho déficit se había reducido del 9,5% al 3,1% del PIB entre 2007 y 201243, pero lo hizo, en buena medida, gracias a la caída de las importaciones (de un 10% entre esos dos mismos años) 44 provocada por el descenso del consumo de las familias, el gasto público y las importaciones de las empresas generado por las políticas de ajuste y la recesión. De hecho, en cuanto las tasas de crecimiento han vuelto a valores ligeramente positivos, el déficit comercial se ha ampliado de nuevo, tal y como también muestran los datos expuestos con anterioridad.

41 Según los cálculos de Gutiérrez (2011: 23), los costes laborales sólo representaban de media un 13,1% del total de costes de producción en el año 2007. 42 En este sentido coincidimos con Sanabria (2013: 6) cuando afirma que “el problema de los desequilibrios en la balanza por cuenta corriente [de la economía española] está más en la estructura de su modelo productivo que en los costes laborales. Y más bien cabría preguntarse si no será que precisamente la presión a la baja sobre éstos ahonde las deficiencias, pues incentiva el crecimiento actividades con menor valor añadido”. 43 Cálculos propios a partir de los datos del INE. 44 Según cálculos realizados a partir de los datos del INE, esa caída habría sido del 26,5% en el caso de las importaciones de mercancías provenientes de la Zona euro.


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Incluso aunque esto no hubiese sido así, “las exportaciones netas tendrían que multiplicarse por tres en un solo año”, algo “altamente improbable” (Gracia y Paz: 7), para lograr compensar el efecto depresivo de las medidas de ajuste sobre la demanda interna y el crecimiento. Por el contrario, dado el sustancialmente menor peso relativo de las exportaciones en la estructura de demanda de la economía española en comparación con el consumo, el único camino para lograr una recuperación sustancial de las tasas de crecimiento y el empleo pasa por revertir el hondo empeoramiento de las cifras de desigualdad, actuando no sólo pero sí especialmente para asegurar que los ingresos laborales recuperen posiciones en el reparto de la renta nacional. A largo plazo hace necesario llevar a cabo una transformación simultánea del patrón de especialización comercial y, con él, del modelo productivo de la economía española. Tal y como vamos a ver a continuación, para lograr esos objetivos sería necesario actuar en al menos tres ámbitos: uno, el de la redistribución estatal, con el objetivo principal de dar respuesta a la actual situación de emergencia social, proveyendo, al mismo tiempo, de independencia financiera al Estado para poner también en marcha actuaciones en el ámbito productivo; dos, el del mercado de trabajo, con el objetivo principal de incidir sobre la fuente original de la desigualdad y la pobreza, promoviendo, gracias a ello, una “recuperación económica impulsada por los salarios”; y, tres, el de la inserción externa de la economía, con el objetivo principal de alterar su patrón de especialización comercial hacia sectores de mayor intensidad tecnológica, ayudando, de esta manera, a transformar el modelo productivo. En este sentido, no hay que dejar de destacar que tal y como afirman Álvarez et al. (2013: 89) “la construcción europea y la dinámica de las economías comunitarias han consolidado una geografía productiva atravesada de importantes fracturas entre países”, promoviendo “la aparición de divergencias crecientes entre el centro y la periferia en términos de crecimiento, inflación y saldo exterior y la acumulación de elevados niveles de deuda en algunos países” (op.cit.: 107). En concreto, en el caso de la economía española, aunque antes de la crisis ésta ganó relevancia en el total de la producción industrial europea lo hizo en sectores de baja o media intensidad tecnológica, con una menor productividad, provocando que, desde el comienzo del proceso de integración monetaria, el déficit comercial con el resto de la Zona euro no hiciese sino ampliarse45. Es por esta razón que las medidas relacionadas con la alteración de la inserción externa de la economía española van a transformarse en la modificación del proceso de integración.

45 Según cálculos propios a partir de los datos del INE el déficit comercial con las economías de la Zona euro pasó de suponer un 2,5% en 2001 a un 3,6% en 2007.


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3. Propuestas alternativas para la transformación del patrón distributivo y el modelo de crecimiento de la economía española

Como hemos visto, el patrón de distribución de la renta y el modelo de crecimiento de la economía española se encuentran fuertemente interrelacionados. La puesta en marcha de una estrategia de devaluación salarial es uno de los principales factores responsables del incremento de la desigualdad y la pobreza que se ha producido durante los últimos años en España. Dado el efecto depresivo de ese empeoramiento de la desigualdad sobre la demanda interna, la citada estrategia ha fracasado en su objetivo declarado de convertir al sector exportador en el motor de la economía española. Por el contrario, el ajuste sobre el salario se ha convertido en un obstáculo para la recuperación de las tasas de crecimiento y la apuesta por una especialización comercial de bajos costes ha provocado una mayor degradación aún del aparato productivo nacional. En este contexto, cualquier estrategia alternativa cuyo objetivo sea alterar el patrón distributivo español pasa obligatoriamente por transformar de manera simultánea el modelo de crecimiento y a la inversa. En concreto, el conjunto de medidas necesarias para lograr ambos objetivos tiene que abarcar, en primer lugar, las diferentes dimensiones en las que se dirime la distribución de la renta, tanto las que actúan sobre la distribución del ingreso personal, como las que lo hacen sobre la distribución de la renta a nivel agregado entre salarios y beneficios. Esta alteración del patrón distributivo puede reorientar las fuentes del crecimiento por el lado de la demanda. No obstante, para que esa reorientación permita modificar el patrón productivo es necesario, en segundo lugar, actuar también sobre la inserción externa de la economía. De hecho, las medidas tomadas en este ámbito serán las garantes últimas de la sostenibilidad los cambios que lleven a cabo en los patrones distributivos y productivos de la economía. En el presente documento hemos dividido dichas diferentes dimensiones en tres grupos de medidas: uno, medidas de redistribución estatal que pueden mejorar de manera directa los condiciones materiales de vida de la población; dos, medidas sobre el ámbito laboral que pueden alterar la distribución primaria de la renta, favoreciendo el incremento de las rentas salariales, principal determinante de los niveles de ingreso de la mayoría de la población y, por ello, principal motor del consumo privado; y, tres, medidas, o más bien una propuesta, de redefinición de la arquitectura del proceso de integración, con la que creemos que sería posible fomentar la alteración del patrón de especialización comercial de la economía poniendo las bases que hagan posible una transformación productiva de calado.


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En el corto plazo, el objetivo último de este conjunto de políticas sería asegurar la reversión del profundo empeoramiento de las condiciones de vida producida por las políticas de ajuste, permitiendo, al mismo tiempo, la reactivación económica gracias al impulso que generaría sobre la demanda interna. Esta sería la base sobre la que, en el medio plazo, se podría abordar una transformación más profunda del funcionamiento de la economía española basada en una integración externa alternativa. A continuación presentamos esos diferentes grupos de medidas en sus tres apartados correspondientes, tratando de profundizar en cada uno de ellos en las razones que las hacen necesarias.

3.1. Medidas redistributivas

El objetivo de las medidas de redistribución de la renta por parte del Estado es triple: uno, asegurar el aprovisionamiento de una serie de servicios básicos e ingresos suficientes para el conjunto de la población; dos, asegurar la financiación completa de dichos servicios e ingresos sin tener que recurrir a fuentes externas; y, tres, lograr un reparto equitativo tanto de la provisión de servicios y transferencia de rentas estatales, como de la carga de su financiación. Aunque en una economía capitalista el papel redistribuidor del Estado no basta por sí sólo para asegurar un reparto igualitario de la renta, sí que puede permitir lograr una mejora suficientemente sustancial de la distribución de la renta (directa y en especie) como para llegar a asegurar unas condiciones mínimas de vida al conjunto de la población. Con el objetivo de que llegue a cumplir de manera eficaz ese papel, a continuación se enumeran algunas de las que deberían ser medidas principales. Se dividen en varios ámbitos: medidas de generación extraordinaria de recursos que hagan posible hacer frente a las necesidades más urgentes de ingresos públicos en el contexto de la actual crisis; medidas de alteración del sistema impositivo que permitan la financiación equitativa a largo plazo de los transferencias sociales y la prestación de servicios públicos; y medidas de extensión de la cobertura de dichas transferencias y servicios que aseguren unos mínimos niveles de renta y el acceso a prestaciones básicas a la población. Aunque se presenten por separado, las medidas tienen que ser tomadas como un conjunto interrelacionado y complementario que debería ser puesto en marcha al mismo tiempo para asegurar su eficacia. A) Generación extraordinaria de recursos: ⎯ Incremento medios para la lucha contra la evasión y la elusión fiscales.

Según los datos de GESTHA (2014), “España es el país de la Unión Europea con menos recursos para luchar contra el fraude fiscal, ya que


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dispone de un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia, 740 de Alemania y los 574 de Luxemburgo”. El incremento de los medios y el amparo lugar contra el fraude tiene que ser el primer ámbito de actuación de las políticas estatales, no sólo con el objetivo de aumentar de manera directa los recursos disponibles para el Estado, sino también para incrementar la eficacia del resto de medidas impositivas que se pongan en marcha.

⎯ Reducción de la carga de intereses de los intereses de la deuda pública

mediante la alteración del Estatuto del BCE con el objetivo de que permita el préstamo directo a los Estados.

Mediante la facilidad financiera puesta en marcha desde el inicio de la crisis el BCE ha puesto a disposición de la banca privada una línea de crédito a tipos de interés de entorno al 1% mientras que los Estados han tenido que financiarse en los mercados financieros pagando altas primas de riesgo. En el caso español este encarecimiento de la financiación privada ha supuesto la multiplicación de la carga financiera en los presupuestos públicos que de hecho la ha convertido en la partida de mayor gasto, superando en 2013 el pago de intereses al pago por las nóminas de todos los funcionarios públicos. Alterar esta situación, permitiendo que la factura de la deuda deje de suponer un drenaje de recursos que obstaculiza la financiación de la imprescindible provisión de servicios públicos y la puesta en marcha de las políticas sociales necesarias para tratar de compensar el negativo impacto de la crisis sobre las condiciones de vida sólo se puede lograr a través de esa alteración del rol del BCE. ⎯ Auditoria de la deuda pública para determinar la proporción ilegítima de

la misma. El rescate a la banca privada ha drenado cantidad de recursos de las arcas públicas, no sólo de manera directa, sino también al provocar un mayor incremento aún de los tipos de interés pagados por una deuda pública que, como explicamos, antes de la crisis se encontraba en niveles muy por debajo de los europeos. Determinar cuál es el montante exacto de la carga que ha supuesto esa socialización de pérdidas financieras sobre las cuentas públicas debe ser el primer paso para repudiarla46.

B) Sistema impositivo: En general el objetivo de las medidas en este ámbito es el incremento de la presión fiscal para asegurar la provisión de servicios básicos por parte del Estado (alcanzando al menos la presión fiscal media existente en la UE, respecto a la cual España se encuentra muy por debajo), recuperando, al mismo tiempo, la

46Para una justificación de la viabilidad y potencialidades de un proceso de auditoría de la deuda pública, en contraste con experiencias internacionales de procesos de reestructuración de deuda dirigidos por los acreedores ver Medialdea (2013).


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progresividad del sistema impositivo. Este objetivo se debería alcanzar fundamentalmente con medidas de reequilibrio de las fuentes de la recaudación impositiva. En este sentido habría que centrar la actuación principalmente, aunque no sólo en el ámbito de los impuestos directos, por naturaleza más progresivos que los indirectos. Antes de detallar las medidas propuestas, no hay que dejar de insistir en la necesidad de incrementar la lucha contra la evasión y la elusión fiscales para evitar que pierdan su eficacia. Aunque son cuestiones demasiado extensas para tratarlas aquí con profundidad, la persecución del fraude fiscal se debe acompañar de una prohibición de la transferencia de ingresos a paraísos fiscales, así como de iniciativas para equiparar la presión impositiva a nivel internacional. Las principales medidas a tomar en este ámbito serían las siguientes: ⎯ Aumento de la progresividad del IRPF. Además de incrementar el

diferencial de tipos impositivos pagados por los tramos de renta más altos y más bajos, una medida tradicionalmente propuesta, sería, sobre todo, necesario, equiparar los tipos impositivos pagados por la obtención de rendimientos del capital a los pagados por la obtención de rendimientos del trabajo. No hay que olvidar que las rentas del capital se encuentran desigualmente distribuidas entre los distintos deciles de ingresos, por lo que esa equiparación resultaría en un reparto más equitativo de la carga impositiva. Aunque, como mencionábamos más arriba, esta medida debe de ir acompañada de una prohibición a los contribuyentes españoles de actuar en paraísos fiscales.

⎯ Desaparición de las distintas deducciones del Impuesto de Sociedades de

las que se benefician las grandes empresas con el objetivo de igualar los tipos impositivos efectivos pagados por ellas a los de las medianas y pequeñas empresas.

⎯ Incremento de la tributación de las SICAV, cuyos beneficios sólo tributan

al 1% actualmente. ⎯ Reversión de los incrementos de los tipos de los impositivos en el IVA,

medida de carácter especialmente regresivo, dada su independencia del nivel de renta de los contribuyentes.

C) Transferencias sociales y servicios públicos: De manera general, el incremento del gasto social hasta, al menos, los niveles medios de la UE-‐15 debería ser una prioridad. En concreto, varias son las dimensiones a priorizar a la hora de incrementarlo.


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En primer lugar, es necesario recuperar el poder adquisitivo de las prestaciones contributivas, especialmente de las pensiones, dado el ya citado mayor efecto igualador que presenten en el conjunto de las transferencias públicas, así como de las prestaciones por desempleo. En segundo lugar, también sería necesario llevar a cabo un esfuerzo sustantivo a la hora de incrementar las rentas mínimas, al mismo tiempo que se reduce de manera trascendental su condicionalidad. Sólo así se puede asegurar la eliminación de la privación material, una situación que, como hemos visto, afecta a cada mayor número de personas y que una sociedad, como la nuestra, no debería tolerar. A corto plazo, se puede tomar como referencia las comunidades autónomas, como la del País Vasco, en las que mayor número de personas y con mayor cobertura acceden a dichas rentas. En el largo plazo, sería necesario estudiar la posibilidad de establecer una renta universal generalizada. En tercer lugar, en el ámbito de la prestación de servicios públicos, sería necesario incrementar la inversión pública en salud y educación hasta, al menos, los niveles comunitarios medios. Aunque dados los límites de extensión de este documento, no es posible profundizar en la cuestión son multitud los trabajos que demuestran, por un lado, la mayor eficacia de los sistemas públicos de sanidad frente a los privados y, por el otro, lo fundamental que resulta un adecuado sistema de educación pública para evitar la reproducción intergeneracional de las desigualdades. En este sentido, junto con las medidas de mejora de la progresividad y capacidad recaudatoria del sistema impositivo, el incremento del gasto público en educación y salud debería financiarse, de manera complementaria, con la eliminación de la financiación a la educación concertada y de la prestación de servicios por parte de la sanidad privada a la pública. Al mismo tiempo que se refuerzan los servicios públicos tradicionales frente a las tendencias impuestas por los recortes, se debería también avanzar en asegurar otra serie de servicios básicos cuya prestación no se ha logrado imponer de manera universal hasta el momento. En este sentido, la prioridad debe ser instaurar un sistema completo de protección frente a las diferentes formas de dependencia, que incluya tanto la generalización de las prestaciones por el trabajo de cuidados de personas a cargo, como la extensión de la red pública de centros de asistencia, especialmente guarderías y residencias. Estas serían medidas clave para tratar de revertir el actualmente muy desigual reparto en términos de género de la carga del trabajo de cuidados existente en nuestra sociedad, al mismo tiempo que también contribuiría a luchar contra la brecha de género existente en el mercado de trabajo.


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Las distintas medidas propuestas aquí arriba permitirían que el Estado recuperase su rol redistributivo básico, siendo capaz de reducir la desigualdad de la renta después de impuestos y asegurar el disfrute de unas rentas mínimas y servicios básicos para el conjunto de la población. No obstante, para lograr una alteración más profunda del patrón distributivo de la economía española es necesario también poner en marcha medidas en otros ámbitos, en primer lugar, en el mercado de trabajo.

3.2. Medidas en el ámbito laboral

El objetivo inicial de las medidas a tomar en el funcionamiento del mercado de trabajo de la economía española es el de revertir de manera inmediata la profunda caída que están sufriendo los salarios, tanto en términos reales absolutos, como en relación al conjunto de la renta nacional, la cual lejos de permitir la mejora de la competitividad externa de la economía lo único que ha permitido es hinchar los beneficios empresariales. Alterar esta situación permitiría lograr dos metas de gran relevancia. Por un lado, actuar de manera directa sobre la que, como hemos visto, es la fuente principal del incremento de la desigualdad y la pobreza que se ha producido desde el estallido de la crisis. Por el otro, el incremento de las rentas salariales haría posible la puesta en marcha de una recuperación económica impulsada por los salarios47. De este modo se actuaría de manera simultánea sobre las dos dimensiones principales afectadas por la crisis: la distribución de la renta y el crecimiento económico. Para lograr esos objetivos sería necesario, como medidas más urgentes, dejar sin efecto las reformas laborales aprobadas desde el estallido de la actual crisis, en especial, las que tienen que ver con las facilidades de despido y el debilitamiento de la negociación colectiva. A su vez también debería ser revocado buena parte del ordenamiento laboral surgido de reformas anteriores, las cuales, como vimos en el primer apartado, fueron el origen de la precarización de las condiciones laborales e iniciaron la pérdida de posiciones de las rentas salariales. No obstante, junto con estas medidas defensivas, que en la práctica supondrían una recuperación inmediata de derechos laborales y, con ellos, una mejora del poder negociador de los trabajadores, también deberían ser puestas en marcha otra serie de medidas que supondrían un avance en dichos derechos en nuevas dimensiones, permitiendo afrontar varios de los problemas más acuciantes actualmente en el mercado de trabajo español.

47 Para una justificación general de esta estrategia se puede ver Álvarez (2014b), quien la propone ilustrándola a partir del caso islandés. Este autor hace hincapié en que las políticas salariales que permitirían la recuperación económica deberían “coordinarse en el marco de la UEM, de forma que se sustituya la actual estrategia neomercantilista –que se esfuerza por trasladar la crisis a otros socios comerciales mediante reducciones salariales– por un aumento diferenciado de la demanda interna según los países”. No obstante, a continuación vamos a restringir nuestras propuestas al ámbito más reducido de la economía española.


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No hay que dejar de explicitar que durante los últimos años las medidas con las que se ha tratado de lograr mejoras en la situación del mercado de trabajo han consistido en su mayoría en incentivos a las empresas (en buena medida, reducciones de los costes por despido y rebajas a las cotizaciones a la Seguridad Social) para favorecer determinados tipos de contratación. Sin embargo, la eficacia de estos incentivos ha sido muy limitada: las empresas se han aprovechado de ellos pero lo han hecho a costa de cercenar los derechos laborales, no logrando acabar con los problemas estructurales a los que se enfrentan los trabajadores. Además, al afectar negativamente a los salarios, esas medidas han redundado en una reducción del consumo, convirtiéndose en el principal lastre para la creación de empleo de unas empresas españolas cuya producción se encuentra volcada hacia el mercado interno: la falta de demanda suficiente. Cualquier alternativa propuesta en el ámbito laboral tiene, por tanto, que abandonar el enfoque de incentivos y centrarse en reconfigurar de manera profunda el marco de las relaciones laborales de la economía con el objetivo de mejorar de manera sustancial la posición de los trabajadores. El previsible aumento de las rentas salariales que esto provocaría permitiría ampliar la demanda interna, contribuyendo a la recuperación económica a corto plazo. No obstante, para que los avances en el ámbito laboral contribuyan a una transformación del aparato productivo de la economía, las medidas de carácter distributivo deben completarse con otras que hagan posible avanzar hacia una nueva organización del trabajo al interior de las empresas. En concreto, sería necesario alterar las formas de propiedad y gestión de éstas modo que los criterios de rentabilidad a corto plazo que lastran a nuestra economía sean sustituidos por otros que prioricen el desarrollo productivo y el trabajo digno. Son muchas las medidas que sería necesario poner en marcha para lograr una transformación de tal calado. Dadas las limitaciones de espacio, a continuación nos centramos en explicitar cuáles serían los ámbitos clave sobre los que creemos que sería necesario actuar. En el ámbito de la contratación la principal medida a tomar sería la estricta limitación de porcentaje de contratos laborales que puedan firmar las empresas, en especial en subcontratas, al mismo tiempo que se disminuye el tiempo máximo permitido de vigencia de un contrato de duración determinada. Sólo esto puede asegurar la priorización del empleo estable frente a la precariedad que se ha instalado. Dichas medidas se podría completar con un incremento de los tipos de cotización aplicados a los contratos temporales a ellos de tal manera que su uso suponga un encarecimiento sustancial de este tipo de contratación. Para ello se podría una escala descendente según se incremente la duración del contrato, fijando, incluso


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para su duración máxima, un tipo de cotización por encima de los aplicados a los contratos de duración indefinida. ⎯ Asimismo sería necesario actuar para acabar con la proliferación del

fenómeno de los falsos autónomos. La situación del denominado “trabajador autónomo económicamente dependiente” debería ser equiparada por la legislación a la de un trabajador por cuenta ajena después de un periodo limitado de tiempo. Ese periodo debería fijarse en un rango de uno a dos años en los que se mantenga la condición de dependencia del autónomo respecto a la empresa (o grupo de empresas) de la que recibe el 75% de sus ingresos.

⎯ En el ámbito de la negociación colectiva, una nueva regulación del mercado laboral debería asegurar, de nuevo, la preeminencia de los convenios de rango más alto, entre ellos los sectoriales. Pero no sólo eso, sino que para evitar la presión a la baja de las condiciones laborales pactadas en convenio como consecuencia de la competencia provenientes de otras economías con menores derechos laborales, desde las instancias gubernamentales se debería fomentar la generalización de la firma de convenios sectoriales a nivel supranacional, así como la instauración de un Estatuto del Trabajador a nivel europeo que iguale por arriba dichos derechos, incluyendo los salarios mínimos.

⎯ En el ámbito de la desigualdad de género existente en el mercado de

trabajo, sería necesario instaurar permisos de paternidad similares a los de maternidad, de carácter obligatorio e intransferible. Esta medida no sólo es clave para lograr un reparto más igualitario del trabajo de cuidados de los recién nacidos (o adoptados), sino que también es imprescindible para hacer desaparecer la brecha de género existente en el mercado de trabajo.

⎯ En el ámbito de la gestión y propiedad de las empresas, en primer lugar,

sería necesario poner en marcha medidas de apoyo a la creación de empresas cooperativas. Las cooperativas presentan “una menor tasa de cierre de empresas y una menor destrucción de puestos de trabajo” (Sabín et al., 2012), por lo que lograr que se conviertan en el tipo empresa mayoritaria sería fundamental para alterar el modelo productivo de la economía.

Muchas son las medidas de apoyo que deberían ser tomadas para lograr esa generalización del cooperativismo (ver, por ejemplo, op. cit.: 15-‐19). No obstante, una medida de gran apoyo para su expansión sería priorizar a las empresas cooperativas y las sociedades laborales frente a las sociedades anónimas y limitadas en los procesos de licitación pública.


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En segundo lugar, en las sociedades anónimas y limitadas sería necesario implantar de manera paulatina mecanismos de cogestión y autogestión48. Para ello se podría utilizar un sistema de reparto de beneficios a favor de los trabajadores cuyos réditos anuales sean canalizados hacia la ampliación del capital de las empresas a favor de ellos hasta permitirles lograr el control sobre la propiedad de la empresa49. En tercer lugar, sería necesario recuperar el control sobre los recursos naturales, empresas y servicios públicos cuya propiedad o gestión ha sido privatizada, pasando a introducir nuevas formas de gestión de las mismas, compatibilizando la gestión estatal con la comunitaria. Asimismo debería incrementarse la inversión estatal en sectores de servicios básicos en los que actualmente no tiene presencia o que han nacido privatizados, como la asistencia frente a la dependencia o las actividades de conservación medioambiental, entre otras. Todas estas medidas deberían ser complementadas a medio plazo con otras que adapten la organización general de la economía a este nuevo marco de relaciones laborales y organización empresarial. En todo caso, antes de eso la reconfiguración del mercado de trabajo que permitirían, haría posible una recuperación de las rentas salariales que, por un lado, incrementase los ingresos de las familias y personas de ingresos medios y bajos y, por otro, fomentase la demanda interna, permitiendo la recuperación económica en el corto plazo. Además, las medidas de modificación de la propiedad de las empresas pondrían las bases para la generalización de otros principios de gestión empresarial que prioricen la inversión productiva y el empleo estable. No obstante, para que estas medidas no se vean limitadas por la pobre especialización comercial española, sería necesario modificar el proceso de integración externa de la economía.

3.3. Medidas sobre la inserción externa de la economía

El objetivo final de las medidas de alteración de la inserción externa es promover una alteración del patrón de especialización comercial y, con él, del modelo productivo de la economía española. Como hemos visto en el segundo apartado del texto, la estrategia de devaluación salarial no ha logrado ni incrementar su 48 Sobre los conceptos de cogestión y autogestión ver Buendía (2003). 49 En línea con esta propuesta, Estrada et al. (2013) proponen la creación de “fondos de reinversión de beneficios”, con el objetivo de fomentar la recuperación de la inversión productiva por parte de las empresas y con ello el empleo. En su propuesta, muy a tener en cuenta, los representantes de los trabajadores participarían en el control de dichos fondos. Tal y como explican esto tendría consecuencias positivas sobre la productividad y la competitividad de las empresas.


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cuota exportadora, ni revertir su déficit comercial estructural. Históricamente ese déficit crónico se ha concentrado, en buena medida, en las restantes economías europeas. No obstante, desde el comienzo del proceso de integración monetaria europea la economía española ha visto cómo su aparato productivo se degradaba, provocando una ampliación de dicho déficit. Esto, junto con el grado de integración en las cadenas de producción europeas y la importancia del mercado común como destino de sus exportaciones, explica por qué cualquier alteración del patrón de especialización comercial y productivo español pasa por modificar las bases del proceso de integración europeo. En este sentido, la propuesta alternativa a tomar como referencia es el denominado “Plan Keynes”. Dicho propuesta fue presentada por el economista inglés John Maynard Keynes en la Conferencia de Bretton Woods de 1944 como alternativa al Plan White cuyas líneas fueron las finalmente adoptadas a la hora de reconstruir la arquitectura monetaria y financiera internacional de postguerra. Lejos de lo que se convirtió ésta, la propuesta de Keynes tenía como objetivo establecer un sistema monetario, comercial y financiero internacional que, a diferencia de lo que había ocurrido en el periodo de entreguerras y lo que ocurrió durante toda la segunda mitad del siglo XX, evitase los desequilibrios entre las balanzas de pagos de las distintas economías y contribuyese a la prosperidad económica mundial. Para ello los principales elementos de la propuesta de Keynes (1943) eran: uno, la creación de una moneda internacional cuya liquidez se adaptase a las necesidades del comercio internacional y cuyo tipo de cambio con las monedas nacionales (que seguirían existiendo) se determinase según un sistema pre-‐establecido; dos, una cámara de compensación multilateral de pagos donde se anotasen todas las operaciones de importación y exportación de cada economía y que se encargase de liquidar el saldo acumulado, positivo o negativo, cada cierto periodo de tiempo; y, tres, un mecanismo interno para presionar al equilibrio las balanzas de pago tanto de los países superavitarios, como de los deficitarios. Keynes consideraba que "los balances excesivos de crédito necesariamente crean balances decisivos de deuda para algún otro país" (Keynes, 1943: 473). Es decir, según el economista inglés, tanto los países deudores, como los acreedores eran responsables de los desequilibrios financieros internacionales, por lo que para lograr equilibrar las balanzas de pago a nivel internacional el mecanismo de reequilibrio a aplicar debía ser adoptado tanto por los países que tuviesen una balanza por cuenta corriente deficitaria, como por los que tuviesen una balanza deficitaria. En concreto, el mecanismo propuesto por Keynes consistía en el establecimiento de una tarifa del 1% que gravase tanto los superávit, como los déficit que superasen un límite pre-‐establecido. Este reparto de la carga del reequilibrio de las posiciones comerciales, junto con una gestión de la liquidez monetaria hubiese permitido eludir los efectos negativos sobre el crecimiento de los ajustes implementados a finales del siglo XX sobre los países endeudados.


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En efecto, no hay que dejar de resaltar que la concepción manejada por el economista inglés se encontraba completamente alejada de la ha predominado en la actuación de los organismos internacionales a la hora de tratar de resolver las crisis de la deuda externa sufridas por distintos países africanos, asiáticos y latinoamericanos durante las últimas décadas del siglo XX y de la que también ha acabado adoptado la UE en su gestión de la actuales crisis de las deudas soberanas de distintos países de la periferia de la Zona euro. Como es bien conocido, la solución planteada por esas distintas instituciones ha sido la imposición de unos planes de ajuste estructural sobre los países endeudados externamente que no han hecho sino ahondar las crisis al deprimir la demanda interna, resultando, al mismo tiempo, inútiles para reducir el montante de la deuda externa, tal y como está ocurriendo ahora mismo en España. Aunque fue rechazada en Bretton Woods, la propuesta de Keynes ha sido recuperada en el contexto de la actual crisis (ver, por ejemplo, Costabile, 2007 y Piffaretti, 2009), como guía para una propuesta de reforma del sistema monetario y financiero internacional. Pero no sólo eso, también existen dos experiencias de aplicación a un ámbito regional de varios elementos del sistema ideado por el economista inglés. En primer lugar, la denominada Unión Europea de Pagos (UEP) que reguló las relaciones comerciales y financieras de los 16 países europeos entre 1950 y 1959. En segundo lugar, el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) creado en 2009 por varios 6 países latinoamericanos (Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela). La UEP permitió el aumento sustancial de los intercambios comerciales entre sus países miembros en un contexto, el de la postguerra, de escasez de divisas, allanando el camino para lograr la convertibilidad de sus monedas. El SUCRE también ha logrado la expansión del comercio entre sus miembros promoviendo su integración productiva. Aunque ambas experiencias también presentan diversas limitaciones50, los aprendizajes que se pueden sacar de ellas muestran que es posible la aplicación de los principios enunciados por Keynes a un proceso de integración comercial, financiero y monetario de carácter regional. En concreto, su aplicación al proceso de integración europeo permitiría resolver algunos de los problemas que ha generado, en especial, el ya referido desequilibrio de carácter estructural que se ha generado entre las economías centrales y las economías periféricas de la Unión. En concreto, una de las principales novedades que introdujo el SUCRE respecto a la propuesta original de Keynes es el establecimiento de la obligatoriedad de reinversión de una proporción del saldo acreedor de las economías superavitarias en proyectos de inversión productiva en las economías deficitarias.

50 Un análisis más detallado de la experiencia de la UEP se puede encontrar en Varela (1965) y uno de la del SUCRE se puede encontrar en Rosales et al. (2011).


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Técnicamente sería posible aplicar un mecanismo similar reteniendo los saldos liquidados a través del denominado TARGET-‐2 que de facto funciona como una cámara de compensación relativamente similar a la propuesta por Keynes, aunque con liquidaciones bilaterales, no multilaterales, de saldos. El establecimiento de un tipo de compensación multilateral, en el que cada país compense sus exportaciones e importaciones al resto de economías de manera conjunta, facilitaría la imposición de ese límite a los superávit y la canalización del montante que supere dicho límite a un fondo comunitario que se encargase de su reinversión en los países deficitarios. El establecimiento de un mecanismo como ese tendría varias ventajas. La primera es que permitiría repartir la carga del ajuste frente a los desequilibrios macroeconómicos existentes entre todas las economías, tanto superavitarios, como deficitarios. La segunda es que lo haría fomentando una solución expansiva (la reinversión de los superávits excesivos), evitando entrar en el círculo vicioso desequilibrios-‐ajuste-‐recesión-‐mantenimiento de los desequilibrios que las medidas impuestas hasta el momento frente a las crisis de deuda externa están actualmente generando. La tercera es que la canalización de los fondos generados a proyectos de inversión productiva ayudaría también a reducir los desequilibrios productivos entre economías, que, como hemos visto, se encuentran en el origen de la divergencia comercial existente al interior de la UE y, más en concreto, de la ampliación del déficit comercial estructural sufrido por la economía española.


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Conclusiones

El patrón de distribución de la renta de la economía española se caracteriza por tres rasgos principales: uno, la existencia de un alto grado de concentración de la riqueza, que redundó en un desigual reparto de los réditos generados por la burbuja inmobiliaria con anterioridad a 2007; dos, una cada vez menor participación de los salarios en la renta nacional, que se ha agudizado desde el estallido de la crisis en 2008; y, tres, un sistema impositivo regresivo y unas transferencias sociales insuficientes, que están haciendo perder cada vez más capacidad al Estado de compensar la desigualdad generada en el mercado. A pesar de que en el resto de la Zona euro (incluidas sus economías centrales) se han generalizado también los problemas de desigualdad y pobreza, la gravedad de la emergencia social que se está produciendo en nuestro país resalta aún más si los indicadores que las miden son comparados con los de otros países del entorno. La relación entre el patrón distributivo y el modelo de crecimiento español al que se está asociado se encuentra mediada, principalmente, por la generalización de las políticas de ajuste salarial que se ha producido, sino antes, desde el estallido de la actual crisis. La recuperación de las tasas de crecimiento que se vislumbra en el horizonte se va a llevar a cabo en un contexto de lenta reducción de las tasas de paro, extensión de la precariedad laboral, hondas desigualdades de renta y riqueza y, en concreto, extensión de la pobreza en el trabajo y la privación material y falta de acceso a servicios básicos para muchas familias. Por ello, es necesario tomar medidas alternativas a dicho ajuste para lograr, al mismo tiempo, revertir el proceso de incremento de la desigualdad y la pobreza y fomentar una recuperación sostenida tanto de las tasas de crecimiento, como del empleo. Para ello en este documento hemos presentado medidas en tres ámbitos simultáneos: el de la redistribución estatal, las centradas en el ámbito laboral y las de alteración del patrón de inserción externa de la economía. Según hemos tratado de argumentar este conjunto de medidas son complementarias entre sí. Por un lado, tal y como afirmábamos más arriba, las medidas redistributivas permitirían asegurar unas condiciones de vida mínimas para el conjunto de la población. Sin embargo, si al mismo tiempo no se altera el patrón de distribución primaria de la renta entre salarios y beneficios, la caída de la participación salarial puede llegar a empeorar hasta tal punto la desigualdad de la renta que haga excesivamente costosa la labor estatal. Por otro lado, las medidas sobre el mercado de trabajo permitirían impulsar el crecimiento por el lado de la demanda gracias al incremento de la citada participación. No obstante, si la recuperación de los salarios no se acompaña de una alteración de la organización empresarial y del patrón de inserción externa de la economía, la presión de las exigencias de rentabilidad de empresas compitiendo en ramas de bajos costes puede llegar a imposibilitar las mejoras laborales. Por ello, esas medidas directamente distributivas tienen que venir acompañadas, primero, de un


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fomento de la participación de los trabajadores en la gestión y propiedad colectiva de las empresas y, segundo, de una alteración de los fundamentos del proceso de integración que permita modificar el patrón de especialización comercial y productiva externo. Por supuesto, las propuestas realizadas deben ser discutidas en mayor profundidad, concretadas, en especial en lo que respecta a su puesta en marcha, y complementadas con otras aportaciones. No obstante, más allá del desarrollo que se haga de ellas, la actuación frente a los perversos efectos que el ajuste ha provocado en la economía y la sociedad españolas son urgentes. No se trata sólo de que, en el actual contexto, la segunda se enfrente a un claro peligro de dislocación social, sino también de que existe un riesgo cierto de que la degradación del aparato productivo que está sufriendo la primera acabe siendo prácticamente irreversible.


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