LA CUESTIÓN RURAL EN COLOMBIA: ENTRE LAS DINÁMICAS DE …
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vii LA CUESTIÓN RURAL EN COLOMBIA: ENTRE LAS DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL PABLO ALBERTO ORTEGA POVEDA Trabajo de grado DIRECTOR JUAN GUILLERMO FERRO MEDINA Magister en Ciencias Políticas y PhD en Estudios Latinoamericanos PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C. 2009
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LA CUESTIÓN RURAL EN COLOMBIA: ENTRE LAS DINÁMICAS DE LA
VIOLENCIA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
PABLO ALBERTO ORTEGA POVEDA
Trabajo de grado
DIRECTOR
JUAN GUILLERMO FERRO MEDINA
Magister en Ciencias Políticas y PhD en Estudios Latinoamericanos
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2009
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DEDICATORIA
Dedicado a mi Padre, el principal autor y destinatario de esta obra.
ix
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, quiero agradecer a Dios quien me dio la fuerza y me
acompañó en los cortos días y las largas noches que duró la elaboración de este
trabajo de grado.
Adicionalmente, quiero dar todo el reconocimiento a mi director, profesor y amigo
Juan Guillermo Ferro Medina, quien con su paciencia y entendimiento supo guiar a
este estudiante hacia la culminación exitosa de esta obra.
También es importante mencionar a aquellas personas que desde su compañía y
apoyo fueron fundamentales para el adelanto de esta empresa: a mi madre, mi
hermana, mis colegas del CERAC y a AMV.
x
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN……………………………...…………………………………………..1
LA CUESTIÓN RURAL…………………………………………………………..………5
1.1. Los problemas alrededor de la tierra y el territorio en el sector
rural………...…………………………………………………………………………….5
1.1.1. Introducción a la cuestión rural. .................................................. 5
1.1.2. Los conflictos por la tierra y el territorio. ................................... 6
1.2. La nueva ruralidad en Colombia y la cuestión rural. ......................... 10
LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN LOS ENTORNOS VIOLENTOS DEL SECTOR RURAL EN COLOMBIA. .......................................................................................... 15
2.1 Construcción de un modelo teórico para el análisis de la
movilización social en Colombia ....................................................................... 15
2.2 La construcción de órdenes locales por grupos armados y los
obstáculos a la movilización social ................................................................... 24
ANÁLISIS DE LOS CASOS. .................................................................................... 31
3.1. El movimiento indígena de los nasas del norte del Cauca ............... 31
3.1.1.De la lucha por la tierra a la construcción de un sujeto político
regional .................................................................................................... 31
3.1.2. El narcotráfico como cáncer de la organización social .......... 33
3.1.3. La resistencia activa frente a las dominaciones armadas ...... 36
3.1.4. El ‘ser indígena’ como factor de cohesión social. ................... 45
3.2. Los colonos campesinos del Caguán. ................................................. 48
3.2.1. Introducción: El proceso de colonización. ............................... 48
3.2.2. Las luchas por la tierra y la construcción de región. .............. 49
3.2.3. De la movilización cooptada al grado cero de la protesta
social. ....................................................................................................... 52
3.2.4. ‘Los cultivos ilícitos desordenaron todo’. ................................ 62
3.2.5. La comunidad dispersa del Caguán. ......................................... 64
xi
CONCLUSIONES ...................................................................................................... 68
ANEXOS…………………………………………………………………………..…...…74 Anexo 1. Hectáreas dedicadas al narcotráfico en la región del Caguán...............................................................................................................…74 Anexo 2. Desplazamiento en las regiones de estudio. .............................. 74
MAPAS………………………………………………………………………...………....75 Mapa 1. Región del Norte del Cauca………………………………….......……..75 Mapa 2. Región del Caguán…………………………………………...…….…….76 LISTA DE TABLAS……………………………………………………...………..…….77 LISTA DE ACRÓNIMOS .................................................................................. .……78
BIBLIOGRAFÍA…………...……………………………………………………...…......79
1
INTRODUCCIÓN
Un conflicto social surge cuando dos o más adversarios colectivos establecen o
mantienen una relación social que distribuye inequitativamente las cargas y los
beneficios entre las partes que en ella intervienen, y puede llegar al
reconocimiento de la situación como injusta por parte de un sector inconforme con
la relación social, generando una disputa entre las partes en torno a la
modificación o mantenimiento de las condiciones que permiten su desarrollo
(Reyes, 2009: 18). Colombia presenta la permanencia y profundización de algunos
conflictos sociales que dan cuenta de las difíciles condiciones materiales y
simbólicas en las que se encuentran inmersos amplios sectores de la sociedad,
situación que ha llevado a varios autores a definir a Colombia como un país
caracterizado por desigualdades extremas (García & Santos, 2004). Entre estos
conflictos vale la pena destacar tres que han tenido un impacto fundamental en la
historia reciente del país, a saber: los conflictos agrarios y relacionados con el
acceso y control a la tierra y el territorio; los conflictos laborales; y los conflictos
alrededor de los excedentes derivados de las economías de enclave, regalías,
inversión estatal y megaproyectos (PNUD, 2003).
Una línea importante de autores, entre los que se destacan Alain Touraine y
Alejandro Reyes, plantean que no son los conflictos sociales per se el principal
obstáculo y reto para las colectividades humanas sino la forma como se tramiten y
resuelvan en la sociedad, puesto que de ello depende que se promueva una
polarización e inestabilidad social tan intensa que amenace el orden social o que
se den procesos de transformación de la sociedad que den como resultado una
mayor integración y cohesión social (PNUD, 2003: 347). En parte esto obedece a
si se opta por la violencia o por el poder de las colectividades para el logro de esta
tarea. Para Alejandro Reyes (2009: 16), retomando a Hanna Arendt, la violencia
es entendida como la imposición de las ideas y los intereses de agentes sociales
(individuos y colectividades) por la vía de las armas y la fuerza física; mientras que
2
el poder es la capacidad de las colectividades para tomar decisiones concertadas
y actuar coordinadamente con base a las mismas; de ahí que para este autor cada
una de estas vías, en su orden, apunten a los escenarios presentados con
anterioridad.
Una de las expresiones colectivas más importantes de la inconformidad
provocada por quienes se ven afectados por los conflictos sociales es la
movilización social. Esta plantea un reto directo a los grupos sociales que se
encuentran representados o que ejercen el poder que da sustento al orden
excluyente que permite la existencia de estos conflictos, y, de esta forma, se dirige
al Estado en virtud de su papel de detentor oficial del poder político en la sociedad
(Reyes, 2009: 19). Pese a que la movilización social puede tomar una gran
variedad de modalidades de acción colectiva (huelgas, protestas, resistencia,
manifestaciones públicas, etc.) y que a su vez, estas pueden tener distintos tipos
de naturaleza (institucional, disruptiva o violenta); la movilización social tiene un
gran potencial democrático (García, 2005: 11). A fin de que esto sea posible es
necesario que se dé una confluencia de condiciones entre las comunidades y
grupos sociales que adelantan la movilización social; los grupos sociales que son
el objeto de estas acciones colectivas (y que posiblemente generarán una
respuesta a quienes les interpelan); y el Estado, a saber: primero, que los grupos
inmersos en el conflicto social renuncien al uso de la violencia y a la eliminación
del adversario social (Reyes, 2009: 21); y segundo, que exista un entorno
institucional garantizado por la fuerza y la participación del Estado (García, 2005).
Para Mauricio García (2005: 184) un entorno institucional se configura en la
medida que el Estado detente y ejerza dos tipos distintos y complementarios de
propiedades: por un lado, la capacidad de imponerse sobre todos los miembros de
la sociedad y en todos los lugares del territorio nacional (es decir, cuando el
Estado es el titular oficial del poder político en la sociedad y monopoliza el
ejercicio de la violencia en ella); y por otro, la capacidad de legitimación o la
aceptación del control social que ejerce por parte de los miembros de la sociedad.
El Estado desarrolla esta última capacidad, entre otras formas, mediante la
3
creación de espacios públicos y legales que permitan la resolución pacífica y
concertada de conflictos sociales por los grupos que son afectados por ellos, y a
través de la configuración de nuevas legalidades que sean acordes y den sustento
a las relaciones sociales que se establecieron para la solución de estos conflictos
(Reyes, 2009: 21).
A pesar del potencial democrático y pacífico de la movilización social como
forma de solución de los conflictos sociales, mediada por la participación de un
Estado fuerte en términos políticos y militares, en el país se ha privilegiado la
tramitación violenta de los mismos. Esto se explica en parte por la incapacidad del
Estado para ofrecer las garantías de un entorno institucional para la movilización
social, por la falta de espacios políticos para el encuentro concertado entre
adversarios sociales y por el aprovechamiento de estas circunstancias por
organizaciones armadas que han venido capitalizando los conflictos sociales para
el logro de sus intereses estratégicos (PNUD, 2003: 347), entre los que vale la
pena resaltar la justificación de su lucha armada y la expansión de su accionar
político y militar (García & Santos, 2004: 37).
La apropiación indebida de los conflictos sociales tiene como principal
consecuencia la destrucción del escenario social en donde éstos tienen lugar,
dado que: primero, los adversarios sociales empiezan a ser identificados y
tratados como enemigos militares por cada uno de los bandos convirtiendo a los
pobladores civiles en blancos de la violencia y las dinámicas de la guerra (Reyes,
2009: 22); segundo, se configuran conflictos políticos y armados que desplazan,
invisibilizan o deslegitiman los conflictos sociales que permanecen intactos, en el
mejor de los casos, o que se agudizan por el impacto de la guerra y la desatención
del Estado y la sociedad; y por último, se configura un entorno de confrontación
bélica que desinstitucionaliza el escenario en el que tiene lugar la movilización
social, que ahora es recibida con desconfianza o indiferencia por el Estado que
está embarcado en la tarea de ganar la guerra y derrotar a una parte de la
sociedad (García & Santos, 2004: 37).
4
Partiendo del contexto presentado anteriormente, este trabajo de grado
trata sobre un conflicto particular en Colombia, el conflicto agrario y rural, y se
pregunta por la capacidad que tienen las comunidades locales y los actores
sociales del ámbito rural para organizarse y movilizarse en pro de la tramitación de
este conflicto y de los demás conflictos que los aquejan en un escenario de
confrontación armada. En concreto, indaga por los alcances y limitaciones de las
comunidades indígenas y campesinas para la tramitación autónoma de la cuestión
rural. La autonomía es importante en este contexto debido a que se afirma que los
grupos armados manipulan, cooptan, dilatan o suprimen la movilización social
dependiendo de los intereses estratégicos que tienen en el marco de la disputa
bélica en la que se encuentran inmersos, por un lado; y por el otro, a que el
bloqueo de la movilización social se ha constituido en un impedimento para la
tramitación y resolución de los conflictos sociales en Colombia.
El presente documento está dividido en cuatro partes, a saber: primero, la
presentación de los conflictos que configuran la cuestión rural en Colombia y su
contextualización actual (1980-2005); segundo, la construcción de un marco
teórico que permite entender la aparición y el desarrollo de la movilización social
en el marco del conflicto armado en Colombia; tercero, el análisis de dos casos
paradigmáticos y antagónicos de la movilización social en el campo colombiano,
los indígenas Nasas del Norte del Cauca y los colonos campesinos del Caguán; y
finalmente, la presentación de las conclusiones y resultados de la investigación.
5
LA CUESTIÓN RURAL
1.1. LOS PROBLEMAS ALREDEDOR DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN
EL SECTOR RURAL.
1.1.1. Introducción a la cuestión rural.
Para Absalón Machado (1998) el sector rural en Colombia está marcado por la
permanencia, articulación y renovación de distintos conflictos, problemas y
necesidades insatisfechas que afectan gravemente a los habitantes del campo
colombiano y que dan cuenta de las relaciones sociales y de poder que se han
establecido al interior de las regiones del país, y entre éstas y el resto de la
sociedad nacional, apuntando a lo que Charles Brockett (1992) presentó como
inequidad rural1. A partir de un enfoque holístico, el autor recorre las distintas
dimensiones de la cuestión rural, que por espacio no pueden ser consideradas
aquí, en parte porque están implícitas en el recorrido y presentación de este
capítulo del marco teórico. Basta con presentar dos de los conflictos de más larga
duración e impacto en el campo colombiano: los que están marcados por el
acceso y control de la tierra y los que se desarrollan por la dominación del territorio
(Pérez, 2004).
Estos conflictos están íntimamente relacionados, así como están vinculados
los conceptos de tierra y territorio. La tierra puede ser entendida como un factor
productivo; como recurso de poder, es decir, como factor que permite el
empoderamiento de un grupo social frente al Estado y los demás grupos sociales;
y como parte material y simbólica del territorio, y por esta vía de la territorialidad
(Comisión de Memoria Histórica, 2009: 28). Por su parte, el territorio es entendido
como un conjunto de vínculos de dominio, poder, apropiación e identificación entre
1 La inequidad rural es una variable holística que permite comprender las diferentes problemáticas de las
sociedades rurales. Esta variable contempla, al menos, la falta de tierra, la insuficiencia de la tierra, la concentración de la tierra y la inequidad del ingreso y la seguridad en el mantenimiento de la propiedad (Brockett, 1992: 174).
6
sujetos individuales y colectivos y espacios geográficos determinados (Pérez,
2004: 63).
Las múltiples contradicciones que se han presentado en los procesos de
conformación territorial en Colombia dan cuenta de la articulación y el
complemento histórico entre los conflictos alrededor de la tierra y el territorio. Los
primeros, anclados al modelo económico que permite la concentración de la tierra
y las relaciones competitivas entre grupos sociales por este recurso. Los segundos
entendidos como las pugnas entre sujetos colectivos que detentan (o buscan
hacerlo) el control y dominio sobre espacios geográficos estratégicos para el
desarrollo de sus intereses económicos y políticos, frente a la fragmentación del
poder territorial del Estado (Pérez, 2003: 64-65). Es necesario ahondar en la
presentación de las principales problemáticas de estos conflictos.
1.1.2. Los conflictos por la tierra y el territorio.
La cuestión agraria en Colombia está configurada por distintas problemáticas que
se articulan a la forma inequitativa y antieconómica en que se presenta la
estructura de propiedad de la tierra en el territorio nacional2. En primer lugar, es
importante destacar que la distribución de la tierra ha sido el resultado de dos
procesos simultáneos que van en detrimento de la mediana propiedad de
tenencia de la tierra y del bienestar de los pobladores locales: en una mano, la
“latifundización” de la tierra, mediante la consolidación de tres formas distintas de
la gran propiedad rural, a saber: el latifundio tradicional, el latifundio moderno
(industrializado y orientado al sector exportador), y el neolatifundio, configurado
por los intereses y actividades de los narcotraficantes (Machado, 1998: 55). Y, en
la otra, la fragmentación de la mediana y pequeña propiedad de la tierra que ha
2 Hay, por lo menos, tres formas de tenencia de la tierra en un territorio nacional: minifundios, mediana
propiedad de la tierra, y latifundios. Aunque estas pueden presentarse simultáneamente, es o son las formas que más lo hagan las que determinan la estructura, así como los procesos productivos y las relaciones sociales del mundo rural; respondiendo a una visión de lo rural que persigue o al menos permite el Estado a través del modelo de desarrollo económico que traza y las políticas públicas que lo sustentan (Machado, 2002: 12).
7
permitido el avance de los microfundios como la expresión de la atomización de la
propiedad rural (Machado, 1998: 92; PNUD, 2003: 355).
Estos procesos han consolidado una estructura de tenencia de la tierra dual
y claramente bifurcada3 que está articulada a los problemas por el uso de las
tierras de mejor calidad, que han sido concentradas en su mayoría por los
sectores productivos del modelo latifundista, ya sea tradicional (hatos ganaderos)
o moderno (industrias agroindustriales, biocombustibles, etc.). De igual forma esta
problemática provoca en gran parte el aumento de la pobreza y la distribución
inequitativa de los ingresos en el campo colombiano4, como consecuencia del
mayor acceso a los mercados urbanos y formales de los productos relacionados al
sector latifundista, y a la incapacidad del modelo de propiedad rural pequeña y
fragmentada para aportar al desarrollo local y nacional mediante su producción
(Jaramillo, 2002: 42. Citado en ODECOFI, Inédito: 9).
Adicionalmente, hay unas condiciones económicas que profundizan los
conflictos alrededor de la tierra presentados con antelación. Estas dan cuenta de
las distorsiones de los tres mercados más importantes del sector rural, a saber: el
mercado de tierras, el mercado financiero y el mercado de capital y tecnología
(Bejarano, 1998). Para Jesús Bejarano (1989) dos condiciones, particularmente,
explican la concatenación de estas distorsiones: por un lado, la desigual
distribución de la tierra que permite la concentración de los beneficios económicos
y políticos en unos pocos propietarios del sector rural; y, sumado a esto, la
ineficacia del mercado financiero rural que no encuentra garantías para otorgar
igual acceso a crédito a los propietarios rurales, obligando a los más vulnerables
de estos a poner sus tierras como única forma de respaldo de los préstamos. Bajo
estas condiciones se genera un „círculo vicioso‟ en donde los grandes propietarios
rurales no solo monopolizan el importante recurso del capital tecnológico sino que
33
La bifurcación de los patrones de tenencia de la tierra da pie a lo que Manus Midlarsky denominó la inequidad pautada; a su parecer, la principal causa de la protesta social y la insurgencia en el campesinado (Muller, Selligson y Fu. 1989. pp. 578). 4 La distribución inequitativa del ingreso es para Muller y Selligson (1987) la principal causa de la protesta y la
movilización social en las sociedades agrarias. Los autores plantean que en la medida que la población rural tiene un peso importante en la totalidad de la población del país, mayor va a ser el impacto que tenga la distribución del ingreso rural en el ingreso nacional.
8
también aumentan su poder adquisitivo en la sociedad que, aunado a la situación
de inestabilidad de los pequeños y medianos propietarios, permite la
concentración de la tierra en la sociedad rural.
Este continuo retorno de las distorsiones del mercado en Colombia
(concentración de la tierra – acceso desigual al mercado financiero –
monopolización de la tecnología – acentuación de la situación inicial), es la médula
central de la cuestión agraria en su aspecto puramente económico. Se puede
resumir como: los conflictos por el acceso a los factores productivos que permiten
aprovechar la tierra, y que dependen de la propiedad y tamaño de la misma.
En resumen, gran parte del problema de la estructura agraria en Colombia
es el resultado de la adopción de un modelo económico inequitativo, excluyente y
polarizante que es respaldado por el Estado, mediante las políticas públicas que lo
sustentan y la timidez e incapacidad para resolver estas problemáticas. De esta
forma el Estado ha protegido y privilegiado los intereses de algunos grupos o
sectores sociales en detrimento del interés general, reflejando así la distribución
del poder político en la sociedad (Machado, 1998: 56; García & Santos, 2004: 37-
38).
De hecho el Estado no ha logrado establecer y garantizar unas relaciones
jurídicas y formales entre los habitantes y la tierra en amplios sectores del territorio
nacional constituyendo un escenario propicio para la participación activa de los
grupos armados en la configuración de la estructura de propiedad agraria en
Colombia (Reyes, 2009). En perspectiva histórica, la institucionalidad diseñada
para el campo colombiano ha presentado fallas técnicas muy serias que no han
sido resueltas y que se convierten en un impedimento adicional para la
redistribución de las tierras en el país (Gutiérrez, Inédito: 16). Algunas de estas
son: los inconvenientes y limitaciones en la regulación de los derechos de
propiedad del sistema catastral6; y la carencia de un poder burocrático autónomo
de las agencias encargadas de esta labor, que han venido siendo cooptadas,
6 Esta falla está relacionada con el bajo cubrimiento administrativo de las oficinas encargadas de esta labor a
lo largo del territorio nacional, y con los problemas tecnológicos y de infraestructura que éstas tienen en los territorios donde tienen presencia.
9
instrumentalizadas o amedrentadas por distintos actores ilegales. Estas fallas han
sostenido una condición de vulnerabilidad para los habitantes rurales (Comisión de
Memoria Histórica. 2009: 38-39), tanto los propietarios legales como los
poseedores ilegales, que además entran en un conflicto por la posesión legal de la
tierra.
Dado que la relación de la propiedad de la tierra para usuarios, poseedores
y propietarios no está mediada por una figura jurídica respaldada por un Estado
fuerte con presencia territorial, sino en cambio por la dominación basada en
fuerzas político militares; los grupos armados han venido adelantado una disputa
para apropiarse de la mayor cantidad de tierras que les sea posible, de modo que
logren el control de territorios estratégicos para el cumplimiento de sus intereses
económicos y políticos, en el desarrollo del enfrentamiento armado (Reyes, 2009:
113). Por causa de esto los „señores de la guerra‟ y los grupos narcotraficantes
han adelantado una contrarreforma agraria que ha expropiado y usurpado las
tierras de las víctimas de la guerra cuatro veces más de lo que ha logrado la
reforma agraria (Reyes, 2009; Machado, 1998; Kalmanovitz, 2006), situación que
permite explicar, en buena parte, el proceso de bifurcación de la propiedad de la
tierra presentado con anterioridad.
Este proceso está relacionado con el fenómeno del abandono y despojo de
tierras y territorios por parte de individuos, familias y comunidades; como resultado
de distintas dinámicas legales e ilegales de las cuales los grupos armados son los
principales actores materiales (MH. 2009; Reyes, 2009). El despojo de tierras y
territorios (y la posterior falta de la tierra en el campo –landless-7), es la
contraparte de la concentración de la tierra explicada anteriormente.
7 Muller, Selligson y Fu, presentaron un importante debate con autores como Manus Midlarsky, y Prosterman
y Riedinger, acerca de cuál era el factor de mayor inestabilidad de las sociedades rurales. Estos últimos autores planteaban que no era la diferencia en la tenencia de la tierra sino la falta de ella, la principal causa de movilización en el campo (Muller, Selligson & Fu, 1989: 578).
10
1.2. LA NUEVA RURALIDAD EN COLOMBIA Y LA CUESTIÓN RURAL.
Es necesario contextualizar históricamente la problemática de la sociedad rural en
Colombia. A partir de comienzo de los años 80‟ y hasta la actualidad (final del
período de estudio, 2005) en el campo colombiano se han articulado (y por causa
de esto se han renovado) los problemas en torno a la tierra y el territorio a tres
fenómenos que están en mutua confluencia y que, a su vez, han tenido un gran
impacto a nivel nacional: la adopción de un modelo neoliberal para la economía y
la apertura al mercado internacional, la llegada y expansión de los cultivos ilícitos y
la incursión de Colombia a la economía mundial del narcotráfico, y la reactivación
del conflicto armado interno (Ortiz, 2003). Estos fenómenos (contando a los
problemas por la tierra y el territorio) tienen una intensa multicausalidad que hace
muy complejo el análisis de la cuestión rural y agraria en Colombia. Es necesario
destacar algunas de las interacciones entre estos fenómenos y su impacto en la
configuración de la nueva ruralidad en Colombia (Ortiz, 2003).
En primer lugar, el modelo de desarrollo neoliberal por el que se ha optado
en Colombia ha profundizado las problemáticas existentes en el sector rural
puesto que ha permitido la reducción del papel de un Estado ya por sí débil y el
aumento de la participación de un mercado con serias distorsiones (Gutiérrez,
Inédito). Es fácil explicar esta situación debido a que la institucionalidad diseñada
para el sector rural, principalmente desde los gobiernos Gaviria Trujillo (1990-
1994) y luego con los gobiernos Uribe Vélez (2002-2006, 2006-actualidad),
responde a una concepción negativa del papel del Estado en la intervención de la
economía y a una valorización del mercado como escenario para la tramitación de
las demandas sociales. Lo anterior, sumado a las necesidades de competitividad,
rentabilidad y productividad que impone el proceso de apertura económica,
permite entender la contracción de la institucionalidad rural que basado en el
principio de reducción de la burocracia estatal caracterizó este período de tiempo y
que sin ir más lejos tiene en la creación del INCODER, y la liquidación de las
demás instituciones para el sector rural (INCORA, PNR y DRI), el ejemplo más
claro de este nuevo enfoque.
11
Encima de esto, el objetivo trazado para el nuevo modelo institucional del
sector rural se orientó hacia el desarrollo económico del campo y el impulso al
renglón agroexportador y empresarial, por medio del cual, presuntamente, se
alcanzarían los beneficios esperados con el proceso de apertura. En medio de
este esfuerzo económico e institucional y como expresión de la subvaloración del
papel del Estado, la distribución de la tierra desapareció del repertorio de
alternativas políticas e institucionales viables a la solución del problema agrario; de
tal forma que se adoptó por un mercado de tierras (en el último tramo del gobierno
Gaviria Trujillo con la Ley 160 de 1994), apoyado por un programa de subsidios a
compradores, que en poco o nada ha permitido la solución de esta problemática y
que le ha restado importancia política a la reforma agraria (Gutiérrez, Inédito).
El cambio de orientación en las instituciones y el modelo de desarrollo para
el sector rural del país tiene mucho que ver con las denuncias de Absalón
Machado sobre la voluntad política de un gran sector de las élites políticas y
económicas colombianas de mantener y profundizar un modelo de desarrollo
inequitativo y generador de conflictos sociales para el campo colombiano (2006:
1). Además, este autor (2006: 22-23) y Francisco Gutiérrez (Inédito: 12) denuncian
cómo este modelo se ha acompañado, en los dos gobiernos de Uribe Vélez (2002-
actualidad), por una inercia institucional8.
Complementario a esta situación se aplicaron ciertas reformas económicas
que impactaron negativamente a un amplio sector de la sociedad rural. Carlos
Ortiz (2003) plantea que esta reformas generaron nuevas condiciones de
producción; que corresponden a la reducción de subsidios para el sector, la
7privatización de empresas estatales, el fomento de la participación del capital
privado y transnacional, y la revalorización de la tecnología; y cambios en la
8 Esto se debe entre otros problemas a: un mal diseño de las instituciones que, para Machado (2006: 23), no
gozan de una estructuración orgánica, y que sumado a su dispersión tienen un déficit de capital humano, financiero e infraestructural (Gutiérrez, Inédito: 14); un desequilibrio en la participación de los sectores sociales, debido a que se ha primado la alta participación y empoderamiento de las élites rurales paralelo a la desarticulación y represión de la protesta de los sectores campesinos y demás movimientos sociales; y la captura regional y municipal del Estado por agentes ilegales, especialmente por los paramilitares y narcotraficantes, que resta legitimidad y credibilidad en las instituciones y los procesos que adelantan por parte de los ciudadanos rurales (Gutiérrez, Inédito: 12; Machado, 2006: 23)
12
formación de los precios; debido a la liberación de los precios de garantía
internacional, la progresiva alineación con los precios internacionales, y la
competencia con otros países (146). Los dos principales rasgos de este nuevos
escenario económico (condiciones de producción y formación de los precios) han
dificultando la conducción de las actividades agropecuarias tradicionales por los
productores tradicionales y las regiones marginales del país, constituyéndose en
una talanquera para la generación de empleo e ingresos para la población más
vulnerable del sector rural (Ortiz, 2003: 147).
En suma, éstas nuevas condiciones institucionales impulsadas por el
modelo de desarrollo neoliberal han debilitado la participación del Estado y han
favorecido a un sector de la sociedad rural, permitiendo así que las comunidades y
grupos más vulnerables del campo sean expuestos a la dinámica de expropiación
y pérdida de tierras por parte de grupos armados y otros grupos de la sociedad,
por un lado; y al desarrollo del narcotráfico, que se plantea como la mejor
alternativa económica, por el otro.
En torno al narcotráfico se ha escrito bastante acerca del impacto que ha
tenido en la realidad nacional, en todo caso, es importante destacar su efecto en el
conflicto armado y la problemática agraria. Frente a lo primero, se puede afirmar
que se ha convertido en el principal motor para la reactivación y promoción de la
guerra interna, mediante el proveimiento de recursos que mantienen las finanzas
de los grupos armados en conflicto. Esta situación beneficia directamente a las
guerrillas y los paramilitares, y de manera indirecta al Estado (mediante la
recaudación de fondos para la lucha antidrogas) (Reyes, 2009: 6). Además, el
narcotráfico no sólo diversificó el número de enemigos en la guerra involucrando al
Estado en dos frentes de batalla, uno de ellos la guerra antidrogas; sino que
también reacomodó el orden de prioridades de los grupos armados ilegales, dando
paso a lo que Alejandro Reyes (2009:6) denominó la lucha por la cocaína, o el
correlato de la criminalización y descomposición de los grupos armados.
Por otra parte, el narcotráfico ahondó y mantuvo la problemática agraria por
lo menos de tres formas: primero, aumentó el número de grupos sociales
13
interesados en el sector rural del país, especialmente por la oportunidad de
combinar intereses y actividades legales e ilegales. Segundo, los narcotraficantes
mantuvieron el patrón de alta concentración de la tierra (Kalmanovitz, 2006: 334),
en parte, gracias a su capacidad adquisitiva que les permitió comprar las mejores
tierras y así bloquear el mercado a los demás interesados, y también, por los
recursos que tenían a su disposición para generar violencia, de tal forma que con
el uso de esta, lograron expulsar a campesinos y pobladores locales. Finalmente,
los narcotraficantes ahondaron el conflicto por los usos del suelo, tomando los
mejores predios para diversión o ganadería extensiva y poco productiva, y usando
los territorios de frontera agrícola y selva amazónica para la producción de cultivos
ilícitos, generando un grave daño ambiental y una amenaza a la seguridad
alimentaria del país (Kalmanovitz, 2006: 334).
Para finalizar, el último proceso que terminó de configurar el escenario de la
nueva ruralidad en Colombia (Ortiz, 2003: 164) fue la reactivación del conflicto
armado. El escalamiento del conflicto armado tiene lugar en un escenario de
expansión territorial de los grupos armados paramilitares y guerrilleros; una
competencia por el control de los cultivos ilícitos por estos grupos, que hace más
preciado el dominio de los territorios donde se desarrolla esta economía ilegal; y
un esfuerzo estatal en pro de la recuperación del territorio nacional como
respuesta, en parte, a la presión nacional e internacional para lograr este objetivo.
Como resultado de esta problemática, el campo colombiano para este período es
uno de los principales escenarios de la guerra y la población rural uno de los
sectores más golpeados por la violencia proveniente de todos los flancos, si se
tiene en cuenta no solo a la población civil, sino a la numerosa base social de
origen agrario y campesino de las organizaciones armadas (Comisión de Memoria
Histórica, 2009: 12). No obstante, el principal impacto de la confrontación bélica en
la profundización de las problemáticas del sector rural y agrario son los procesos
de reordenamiento territorial adelantados principalmente por los grupos armados
mediante el desplazamiento de poblaciones y el despojo de tierras y territorios
(Reyes, 2009: 18-19; Comisión de Memoria Histórica, 2009). Estos fenómenos
14
han ahondado la crisis humanitaria en el campo, la pobreza y marginalidad de los
pobladores rurales, el crecimiento de los cordones de miseria en los centros
urbanos, y la concentración de la tierra por grupos sociales poderosos.
Proceso que configura la nueva
ruralidad en Colombia
Impacto en la nueva ruralidad
Apertura económica < Reducción del papel del Estado en el sector Disminución de la institucionalidad para el campo Inercia estatal Cambio de orientación de las políticas agrarias enfocadas a resolver el
problema de la concentración de la tierra (Redistribución de la tierra / Mercado de tierras y subsidios)
< Incremento del liderazgo del mercado Distorsiones en los principales mercados del sector rural (tierras,
financiero, y de capital y tecnología) Nuevas condiciones de producción Cambios en la formación de los precios
Narcotráfico < Reactivación del conflicto armado interno Valoración del campo colombiano en los cálculos de los grupos
armados Criminalización de los grupos armados
< Profundización de la problemática agraria Mayor interés de sectores sociales criminales en el campo
Compra masiva de tierras para recreación, ganadería extensiva o producción de cultivos ilícitos
Conflicto armado < Campo como principal escenario de la guerra < Disputa territorial entre bloques de poder político militar <Dinámicas de reordenamiento territorial, desplazamiento forzado y concentración de la tierra
Tabla 1. Configuración de la nueva ruralidad en Colombia.
15
2. LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN LOS ENTORNOS VIOLENTOS DEL
SECTOR RURAL EN COLOMBIA.
2.1 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE
LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA
En este capítulo se va a construir un marco teórico que permita analizar la
movilización social en escenarios de entornos violentos. Para lograr este objetivo
se toma una de las escuelas presentadas por Mauricio García (2005) para el
estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales y se acepta la propuesta
de este autor de construir una teoría intermedia en la que se tenga en cuenta el
entorno social y político como factor estructurante de la movilización social. Esto
es posible como se ha presentado anteriormente, porque la mayoría de las
sociedades rurales del país cumplen con las principales características de lo que
este autor denomina los entornos violentos de la movilización social en Colombia
(García, 2005).
En primer lugar, es importante aclarar que García está interesado en
explicar la Acción Colectiva Contestaría (ACC) entendida como “la movilización
social de un grupo de personas en torno a una identidad común, un interés y una
situación de desigualdad, subordinación o carencia de condiciones –materiales o
simbólicas- determinadas por el momento histórico y social en el cual tienen lugar”
(2005: 11). De esta forma, pese a que hay distintos tipos de acción colectiva, el
autor quiere dar cuenta de un amplio número de ellas apelando a que los criterios
de distinción en esta materia tienen un carácter analítico lo que no impide que se
consideren como expresiones de las ACC (García, 2005: 11). Haciendo caso a
este llamado, en este documento se va a entender por movilización social un
sinónimo de la ACC, enfatizando en que se tienen en cuenta las acciones de
protesta, resistencia y movimientos sociales9 que se adelantan, principalmente, en
el marco de la sociedad rural o que responden a movimientos sociales con un
9 Para Sidney Tarrow, los movimientos sociales son un tipo particular de acciones colectivas, se definen cono
desafíos por parte de grupos que comparten objetivos comunes frente a los poderosos, y se caracterizan por su grado de organización, permanencia y por tener como destinatario común de sus acciones al Estado (responsables de las desigualdades generadas por formas de regulación y dominación estatal) (García, 2005: 11).
16
importante componente agrario y rural en contextos de conflicto armado interno, y
que pueden ser un medio para la tramitación de los conflictos concernientes a la
concentración de la tierra y a la dominación del territorio.
García (2005) retoma cinco escuelas teóricas para el análisis de la
movilización social, a saber; la teoría del comportamiento colectivo (collective
behavior), la teoría económica de la acción colectiva, la teoría de la movilización
de recursos (resource mobilization), la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales
(NMS) y el Modelo del Proceso Político (the political process model). Cada una de
ellas tiene limitaciones teóricas debido al énfasis que pone en un aspecto de la
movilización social. Empero, el modelo del proceso político propone un enfoque
dinámico que tiene una gran riqueza teórica, complementariedad entre las
variables que considera y, correspondencia con los intereses propuestos en la
investigación, razón por la cual se escoge como pieza angular de este marco
teórico.
Haciendo hincapié, la opción tomada se basa en el hecho de que el modelo
del proceso político, primero, tiene en cuenta variables que otras escuelas no
consideran en su conjunto; segundo, lo hace desde una propuesta en la que tales
variables se complementan e interrelacionan; y por último, responde a la
necesidad de estudiar las condiciones externas que facilitan o entorpecen el
adelanto de acciones colectivas así como las estrategias, recursos y demás
procesos internos a los grupos sociales que adelantan la movilización para sortear
o acomodarse a estos diferentes escenarios. Un recorrido a grosso modo por los
aspectos centrales de estas escuelas y la presentación a mayor profundidad de la
última permitirán esclarecer la validez teórica de esta decisión.
La primera escuela que presenta Mauricio García (2005) es la teoría del
comportamiento colectivo. Según este modelo, la movilización social, que hace
parte de un espectro más amplio de comportamientos colectivos, tiene como
principal característica ser un conjunto de reacciones de grupos sociales en contra
de un sistema de presiones negativas en la sociedad. Para este modelo son
fundamentales los procesos subjetivos de los individuos que componen una
17
colectividad frente al sistema de presiones y la búsqueda, por medio de la
movilización directa, de la superación del mismo y el logro de diversos objetivos
políticos (12). Su principal limitación teórica, según García, es que deja de lado la
discusión acerca del contexto político en el cual tiene lugar la movilización social
(13).
El autor (García, 2005: 13) retoma posteriormente la escuela económica de
la acción colectiva y reconoce en el sistema de incentivos selectivos un
mecanismo fundamental para la superación de los obstáculos que le imponen los
oportunistas –free riders- al adelanto de la movilización social, o, de una manera
más general, a las contradicciones entre la acción individual y la acción colectiva.
Pese a este avance, es importante destacar que el modelo del proceso político no
solo tiene en cuenta esta variable sino que además considera otros recursos,
mecanismos y procesos organizativos que también son centrales para el adelanto
de la movilización social.
Respecto a la teoría de la movilización de recursos, el autor (García, 2005:
13-14) destaca el papel central que ésta le da al contexto político, a la existencia
de agentes externos y a los recursos internos que en su conjunto determinan el
adelanto de la movilización social. Sin embargo, el autor critica los dos últimos
aspectos de esta propuesta, a saber: por un lado, el papel que le otorga a los
aliados o socios estratégicos externos a la comunidad, en tanto no se considera la
posibilidad de que estos busquen y adelanten diferentes estrategias para
obstaculizar, manipular o instrumentalizar la movilización social (García, 2005: 14).
Por otro lado, dado que esta escuela está basada en una lectura elitista del
sistema político subestima las capacidades autónomas y los recursos propios de
las colectividades y grupos sociales que adelantan este tipo de acciones colectivas
(García, 2005: 14). Puesto que la investigación se pregunta por la autonomía en el
adelanto de la movilización social, difícilmente se puede utilizar este enfoque en el
trabajo.
Por último, la escuela de los nuevos movimientos sociales (NMS) se basa
en una ideología posmaterialista que hace mayor énfasis en la construcción de
18
identidad colectiva que en la reivindicación de condiciones socioeconómicas.
Precisamente, frente a este rasgo distintivo, García (2005: 16) plantea que en
América Latina la mayoría de acciones colectiva siguen estando marcadas por la
búsqueda de mejores condiciones materiales en contextos de desigualdad
extrema. En relación con este punto, es importante destacar que en este trabajo
se hace hincapié tanto en la movilización en pro de la superación de condiciones
materiales insostenibles (en particular las que se establecen por la concentración
de la tierra y la expropiación de territorios) como en la construcción de identidades
colectivas, ya sea que esto último se logre como resultado de la movilización o
como un medio para la misma.
En otro orden de temas, el modelo del proceso político está orientado en la
explicación de los movimientos sociales, pero su planteamiento teórico y las
variables que propone permite que sea empleado para al análisis de distintas
formas de movilización social por lo que puede ser considerado en es este lugar.
Este explica el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales como un
proceso de interacción constante entre los aspectos internos y externos de las
colectividades y grupos sociales que adelantan este tipo de acción colectiva. En
concreto, tiene en cuenta tres variables: la estructura de oportunidad política, la
fuerza organizacional autóctona (del movimiento) y la liberación cognitiva (García,
2005: 18). La primera es entendida como los procesos de cambio y
transformaciones en el sistema político que son resultado de la interacción entre el
Estado y la sociedad, y que producen cambios en los lineamientos
gubernamentales permitiendo la conformación de escenarios propicios para la
movilización social (Tarrow, 1998).
La fuerza organizacional autóctona del movimiento da cuenta de los
recursos internos que tiene la comunidad, que son en últimas lo que permite el
aprovechamiento por parte de ésta de la ventana de oportunidad ofrecida por el
régimen político (García, 2005: 18) y, como se explicará más adelante, lo que en
parte define la capacidad de sortear los obstáculos que le imponen los grupos
armados y las dinámicas de la guerra irregular. Hay tres rasgos que dan cuenta de
19
los recursos de un movimiento social: primero, la cohesión interna de la
comunidad, entendida como el tipo de articulación entre los miembros de la
colectividad o el/los grupo/s social/es que adelantan esta acción colectiva. Esta
puede presentarse de tres formas según García (2005: 175): de tipo comunitaria,
cuando la cohesión interna es muy fuerte debido a la existencia de consistentes
referentes simbólicos compartidos y relaciones simples y rutinarias entre los
individuos, basadas en reglas transmitidas generacionalmente y ampliamente
compartidas; de tipo asociativa, cuando la cohesión interna está mediada por
múltiples y complejas relaciones entre individuos, determinadas por el mercado y
los vínculos contractuales; y de tipo dispersa o desarticulada, cuando hay poca
cohesión interna y una alta volatilidad e incertidumbre en torno al adelanto de
acciones colectivas (2005: 182). El autor plantea que entre “menos cohesionado
sea un grupo social, más difícil será el montaje de una protesta o movimiento
social” (19). Sumado a esto es posible afirmar que entre menos cohesionado sea
un grupo social más fácil podrá un grupo armado infiltrar, dirigir o boicotear una
movilización social. Esto podrá entenderse más adelante en la explicación de la
interacción entre comunidades y grupos armados.
El segundo recurso de las comunidades y grupos sociales que adelantan un
movimiento social son las redes asociativas y organizacionales que tiene;
conformadas por los miembros, líderes, redes de comunicación y la construcción
de una/s estructura/s de incentivos solidarios que ayude/n a tramitar el problema
de la cooperación por parte de los miembros de la sociedad (el dilema del free
rider) (García, 2005: 21-22). Este recurso se corresponde con el tipo de sistema
de autoridad presente en la comunidad (Arjona, 2008), debido a la importancia de
la existencia de normas y la capacidad que tiene la comunidad de hacerlas
cumplir, para la aplicación de estos incentivos selectivos y para el ejercicio del
control de los miembros de la comunidad.
Por último, es importante tener en cuenta la liberación cognitiva que se lleva
a cabo al interior de las comunidades y grupos sociales que adelantan un
movimiento social (u otra forma de ACC) (García, 2005: 23). La liberación
20
cognitiva da cuenta de la importancia del factor subjetivo que media la relación
entre los contextos objetivos y las capacidades organizativas de la comunidad.
Entre algunos aspectos fundamentales del factor subjetivo de las comunidades
vale la pena destacar: la cultura, el aprendizaje colectivo, los cálculos estratégicos
y las decisiones individuales y colectivas. Parte central de su papel es que le
permite a una comunidad y sus miembros definir, de manera colectiva, la situación
en que se encuentran como injusta y susceptible de ser modificada, dando inicio a
la movilización social (García, 2005: 23).
Dimensión de análisis Variables a considerar
Fuerza organizacional autóctona del movimiento
< Tipo de cohesión social (dispersa, asociativa, comunitaria) < Redes asociativas y organizacionales < Sistema de autoridad
Deliberación cognitiva < Rasgos culturales < Decisiones individuales y colectivas < Aprendizaje histórico < Estrategias políticas
Contexto social y político < Estructura de oportunidad política < Debilidad de la sociedad civil < Precariedad estatal
Guerra civil irregular Criminalidad (Narcotráfico)
Tabla 2. Resumen: Dimensiones y variables consideradas por el modelo del proceso político y su ajuste al contexto sociopolítico colombiano.
Ahora bien, como se ha venido adelantando es importante considerar el
contexto social y político en que tiene lugar la movilización social en Colombia,
debido a que los principales rasgos que éste presenta se constituyen en factores
estructurantes para la acción colectiva. Para García (2005) la mayoría de ACC (en
este caso movilización social) se desarrollan en un escenario en particular, que
además es muy marcado en las sociedades rurales, a saber: el entorno social
violento, como resultado de la precariedad o ausencia del Estado en amplias
regiones del país y la debilidad de la sociedad civil en estos territorios afectados
por la violencia.
Respecto a lo primero, es posible partir de una noción teórica acerca del
Estado moderno que permita comparar su distancia con la realidad nacional. El
Estado puede ser entendido como un proyecto histórico y social adelantado por
una comunidad política en un territorio determinado, que en su fase de
21
consolidación contempla el ejercicio de varias funciones o atributos, tales como: el
control administrativo, institucional y militar sobre un territorio; el monopolio del uso
de la violencia física; el dominio directo sobre sus súbditos o ciudadanos; y la
articulación de las distintas comunidades y pueblos presentes en la sociedad a un
constructo simbólico y material entendido como comunidad nacional (García,
2008). Históricamente, en Colombia el Estado no ha logrado detentar estos
atributos, pero tampoco carece completamente de ellos.
Según Mauricio García (2008: 20), Colombia se puede enmarcar dentro de
un grupo de Estados que son relativamente fuertes, relativamente débiles, según
el grado de concentración de su poder en distintos lugares del territorio nacional.
Para Fernán González (2002: 222-225), esta situación se puede explicar no por el
colapso del Estado en algunas regiones del país11, sino por la problemática
relación que ha mantenido con la sociedad nacional y las sociedades regionales y
locales, lo cual se expresa en su presencia diferenciada en el territorio nacional,
evidenciando una precariedad estatal en Colombia y como corolario de ello, la
expresión de una soberanía estatal fragmentada.
Una de las principales consecuencias de la soberanía fragmentada en el
país es el desarrollo de un conflicto armado interno12 que tiene un carácter de
guerra irregular; en donde se involucra a tres adversarios distintos; Estado, grupos
paramilitares y grupos guerrilleros; en dos frentes de batalla: una guerra
antinarcóticos y una guerra antisubversiva. Esto le da una connotación de alta
complejidad a la confrontación armada en Colombia, que adicionalmente presenta
una diferenciación regional y local (González, 2002: 197)13. Los grupos armados
que están enfrentados contra el Estado le han disputado el control territorial y el
11
El principal obstáculo para la aprobación teórica de la célebre y clásica explicación de la violencia en Colombia, defendida por Paul Oquist, es que supone implícitamente la existencia de una “época dorada” en que el Estado colombiano controlaba todo el territorio nacional y a la población que lo conformaba, situación que no ha sucedido nunca en el país, ni siquiera en la época colonial. 12
Para algunos autores, como Stathis Kalyvas (2006), el requisito fundamental para que se pueda desatar un escenario de guerra civil o de conflicto armado interno es la existencia de una soberanía estatal fragmentada territorialmente. 13
La geografía de la violencia en Colombia no tiene un grado igual de intensidad, ni una homogeneidad territorial (González: 197).
22
monopolio de la violencia física, no sólo mediante el desarrollo de acciones
ofensivas directas contra miembros de sus instituciones, sino también por medio
de la creación de órdenes alternativos o protestados, de naturaleza contra o para
estatal, en donde se ejercen las funciones que son, en principio, exclusivas del
Estado. Algunas de estas son: la administración de justicia, tanto en la creación de
nuevas normas de comportamiento como en la sanción y el castigo a quienes las
incumplen, y además en la solución de los altercados entre pobladores, que les
permiten el ejercicio del control poblacional; la captación de rentas o el cobro de
impuestos; y la prestación de servicios de seguridad (González, 2002).
Esto representa una ofensiva contra el Estado debido a que se dispersa el
monopolio del control poblacional y territorial, situación que lo lleva a competir
como un actor armado más por el control de estas dos dimensiones. En estas
circunstancias el Estado ha establecido alianzas inestables con intermediarios de
su poder a nivel local y regional. Estos intermediarios son liderados por distintos
grupos sociales que rompen las líneas fronterizas entre la legalidad y la ilegalidad;
y que han sido conformados históricamente por gamonales y élites rurales y
regionales en alianza con los partidos políticos tradicionales, y recientemente por
grupos armados que han entrado a sustituir estas alianzas de la vieja usanza
(como el caso de los grupos guerrilleros) o a renovarlas y fortalecerlas (como en el
caso de los grupos paramilitares y narcotraficantes) (Pécaut, 2001: 264; González,
2002: 229 – 232).
Por otra parte, como resultado del proceso de victimización de la población
civil por parte de todos los bandos del conflicto armado y por la suspensión de la
ciudadanía y los derechos constitucionales bajo los órdenes y las redes de poder
impuestas por los intermediarios del poder estatal; la sociedad civil en amplios
territorios del país se ha caracterizado por su debilidad14, fragmentación y
condición híbrida, en donde las relaciones entre las personas se rigen por normas
formales e informales que oscilan entre el respeto a la normalidad jurídica, y el uso
privado de la fuerza y las estrategias de supervivencia (García, 2005: 165).
14
Esta es una de las características de la sociedad civil rural que resalta Absalón Machado (1998).
23
En definitiva, en estos entornos violentos toman protagonismo los grupos
armados y las dinámicas de la guerra irregular, que en su conjunto despliegan una
serie de obstáculos para la movilización social autónoma de las comunidades
agrarias y rurales.
24
2.2 LA CONSTRUCCIÓN DE ÓRDENES LOCALES POR GRUPOS
ARMADOS Y LOS OBSTÁCULOS A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
El rasgo fundamental de las guerras irregulares es su carácter asimétrico, razón
por la cual los bandos inmersos en la confrontación bélica no se disputan la toma
del poder central de manera directa, sino por el contrario, el dominio de territorios
y poblaciones. Por esta razón los grupos armados, tanto legales (las fuerzas
armadas cuando siguen estrategias de la guerra antisubversiva) como ilegales
(paramilitares y guerrilleros), despliegan un repertorio amplio de estrategias para
lograr: de un lado, colaboración (obediencia y apoyo)15 por parte de los civiles para
suplir algunas necesidades estratégicas en la guerra (Arjona, 2008: 117-118;
Kalyvas, 2006)16, y de otro, la consolidación de un dominio territorial. En suma, la
construcción de un orden local.
Para Ana Arjona (2008), los grupos sociales no pierden la capacidad de
agencia en las guerras civiles irregulares, en medio del esfuerzo de los grupos
armados de construir órdenes locales. Esto quiere decir que a pesar de estar
inmersos en estos difíciles contextos los grupos sociales tienen la posibilidad de
tomar decisiones y de adelantar acciones colectivas con distintas finalidades. Sin
embargo, la posibilidad de hacerlo está condicionada por distintas situaciones
impuestas por las lógicas de este tipo de guerra y por las capacidades
organizativas de las comunidades locales a las que pertenecen. Entre las
15
Según Arjona (2008: 113) la colaboración, desde la perspectiva del grupo armado, se entiende como todos aquellos actos de los civiles que causan algún beneficio para el grupo, sin importar las motivaciones que llevaron a los civiles a comportarse de esta manera. La colaboración se da en términos de obediencia y apoyo; la primera, entendida como las acciones que responden a una orden expresa o tácita impuesta por el grupo armado, y la segunda, definida como las acciones de los civiles que benefician a un grupo, sin que hayan sido precedidas por alguna norma de regulación social (Arjona, 2008: 119). El grupo armado espera cinco niveles distintos de colaboración civil dependiendo de su expectativa y ejercicio efectivo de control social y político en un territorio, a saber: cooperación nula, cuando la comunidad logra oponerse a la presencia del grupo armado y niega brindarle su obediencia y apoyo; cooperación mínima, cuando la comunidad trata de oponerse a la presencia del grupo armado pero es obligada a obedecer por el ejercicio de la violencia física; cooperación baja, cuando la comunidad se acomoda y obedece en un ámbito restringido de la vida local; cooperación media, cuando la comunidad brinda obediencia y apoyo en un ámbito restringido de la vida local; y cooperación alta, cuando la comunidad brinda obediencia y apoyo en múltiples ámbitos de la vida local (Arjona, 2008: 120). 16
Tales como la supervivencia de los miembros del grupo armado (ya sea alimento, ropa o refugio); las necesidades económicas y financieras; la posibilidad de mostrar una imagen de poderío militar y legitimidad a nivel nacional e internacional; información sobre los colaboradores del bando enemigo, entre otras. Esto convierte a la población civil en un recurso muy valioso en la estrategia militar de los grupos armados en la búsqueda de dominio territorial (Arjona, 2008: 117-118).
25
primeras, vale la pena resaltar el incentivo que tienen los grupos armados de
impedir la movilización social que es considerada como un reto o una competencia
más en medio de la disputa por el control territorial, así como el interés de cooptar
la movilización social con la cual puede dar una apariencia de legitimidad a sus
demandas y continuar la guerra por otros medios.
Regresando a la propuesta de Arjona (2009), es posible analizar la
construcción de órdenes locales y los obstáculos que esto genera en la
movilización social, mediante la interacción de tres variables: primero, el interés de
un grupo armado de construir un orden local en un territorio determinado
previendo los beneficios que esto puede traerle (descritos anteriormente);
segundo, la fortaleza del sistema de autoridad de la comunidad local que habita en
el territorio; y por último, las condiciones impuestas por el curso de la guerra,
específicamente la importancia relativa que suscita un territorio para un/os grupo/s
armado/s determinado/s, y la disputa del control poblacional y territorial por parte
de dos o más grupos.
En primer lugar, el tipo de orden local por el que opta un grupo armado
depende también de una decisión “subjetiva” que este toma, basada en su
aprendizaje histórico (por medio del ensayo y error), la imitación de modelos
exitosos de otros grupos armados (juego de los espejos) (Arjona, 2008: 126-127) y
en un trabajo previo de recolección de información sobre la comunidad y de primer
acercamiento con la comunidad (Arjona, 2008) y orientada al cumplimiento de sus
intereses estratégicos o tácticos en la guerra interna.
Por otro lado, la fortaleza del sistema de autoridad de la comunidad
depende del reconocimiento, eficacia y arraigo en la población civil, del conjunto
de normas que regulan la interacción humana en la localidad dada. Con base a lo
anterior, se pueden clasificar los sistemas de autoridad comunitarios en altos,
bajos e intermedios (o relativamente consolidados). Es importante destacar que el
nivel de consolidación de este sistema está en una mutua correspondencia con el
grado de cohesión social y capacidad organizativa de la comunidad, dos factores
que son centrales en la solución de los problemas internos en el inicio y
26
sostenimiento de la movilización social, y en la capacidad de respuesta de la
comunidad a las acciones de los grupos armados (Arjona, 2008: 128).
Por último, el valor relativo de un territorio para los intereses estratégicos de
un grupo armado, así como la competencia por el control de una población o un
territorio por dos o más grupos, pueden determinar el tipo de orden local que trata
de construir una organización armada debido a que modifican la percepción del
tiempo que ésta tiene. Es decir, se altera el escenario de largo plazo en el que el
grupo considera hacer una alta inversión de recursos y estrategias diferentes a las
militares y al uso de la violencia; por un escenario de corto plazo en el que de
manera casi exclusiva se utiliza la violencia contra la población civil. Esto para
conseguir un rápido apoyo y obediencia de ésta que impida la entrada de un grupo
rival, o para expulsar o eliminar a una comunidad que se considera indeseable o
de la que no se espera el grado de colaboración necesitado (Arjona, 2008: 130).
Gracias a la interacción entre estas tres variables Arjona (2008) distingue
cuatro tipos ideales de órdenes locales que pueden llegar a construir los grupos
armados, a saber: el orden coercitivo (OLC), el orden de control social (OLCS), el
orden de infiltración (OLI) y el orden de ocupación militar (OLOM).
El primer modelo de orden local que identifica Arjona (2008) es el OLC.
Este puede ser la respuesta a distintos escenarios, tales como: primero, que un
territorio tenga un valor estratégico muy alto para un grupo armado; segundo, que
haya una disputa por el control poblacional o territorial entre dos o más grupos
armados; y tercero, que en la estructura organizativa de un grupo armado que
trata de construir un orden local prime la violencia como única estrategia para el
logro de sus objetivos (154-155). Entonces, el grupo opta por expulsar, eliminar o
“reemplazar” a la población civil por cooperantes externos; o instaura un orden
basado en el terror y el uso desmedido de la violencia (156). En este escenario, es
muy difícil identificar algún tipo de movilización social adelantada por los miembros
de la comunidad debido a que la victimización de la que han sido objeto mina
cualquier tipo de organización social y atomiza las solidaridades (156).
27
El segundo modelo es el OLCS, que para Arjona (2008) es el escenario
ideal para un grupo armado. Esto se debe a que una vez consolidado este modelo
el grupo logra instaurarse como el gobernante del territorio y concentrar todo el
poder de la comunidad. Este tipo de orden es el resultado del aprovechamiento
por parte de una organización armada de la debilidad del sistema de autoridad
comunitario, y el vacío dejado por el Estado en el ejercicio de las funciones de
organización y mantenimiento del orden local. Por causa de esto el grupo ocupa
rápidamente el lugar de autoridad sobre el territorio (135-138). En este escenario
es muy difícil que se logre llevar a cabo acciones colectivas autónomas
provenientes de la comunidad, dado que la organización armada puede o ha
logrado imponer un conjunto de normas que regulan un amplio segmento de la
vida privada y pública de sus miembros, de tal forma que el adelanto de acciones
colectivas posiblemente esté subordinado a la aprobación y supervisión de la
autoridad local.
Es necesario explicar con mayor detenimiento las implicaciones que la
posición de autoridad del grupo armado impone sobre la movilización social,
especialmente la de carácter autónomo. Se pueden dar dos escenarios
hipotéticos: por un lado, que todo intento de movilización que no esté sujeto a los
intereses prioritarios del grupo armado y que responda a una agenda autónoma de
un sector de la comunidad, vaya a ser leído como un desafío a la autoridad del
gobernante de facto y sea suprimido por el grupo armado. En un escenario de
disputa bélica el grupo armado no tiene incentivos para permitir que existan otros
sectores sociales que le disputen el control y dominio sobre territorios. Esto,
sumado al hecho de que en este tipo de orden el grupo armado espera el mayor
nivel de colaboración por parte de los miembros de la comunidad, explica las
dificultades que van a encontrar los segmentos de la población que busquen
adelantar un tipo de movilización social de alguna manera autónoma.
Por otra parte, el segundo escenario posible es que el grupo armado actúe
como un socio estratégico para la movilización social, ya sea por medio del
liderazgo de algunos de sus cuadros políticos o militares, mediante el
28
abastecimiento de los recursos necesarios para la puesta en marcha o el
mantenimiento de las acciones colectivas, a través del apoyo en la logística de la
organización y movilización, etc. Para este punto es posible que un gran segmento
de la población y el grupo armado converjan en los objetivos de la movilización,
sacando algún provecho del trabajo mutuo adelantado. Sin embargo, la agenda
que se impone a mediano plazo es la del grupo armado, dado que es quien
autoriza finalmente el adelanto de la movilización. Adicionalmente, y en tanto se
mantenga este tipo de configuración de orden local, la movilización va a quedar
sujeta y en sumo grado dependiente al grupo armado y, por ende, a las dinámicas
bélicas y políticas en las que éste se encuentra inmerso.
El orden de infiltración (OLI) es el resultado de un escenario más complejo
para un grupo armado que trata de construir un orden local, afirma Arjona (2008).
Esto se debe a que la comunidad a la que llega tiene un sistema de autoridad
relativamente fuerte pero aún no consolidado. Por ende, dicho grupo despliega un
número amplio de estrategias, tales como inteligencia militar y persuasión política,
que le permita aprovechar las fracturas en la organización comunitaria para, de
esta forma, ir infiltrando los espacios de poder, y por medio de ello, ser el
gobernante “bajo la sombra” del territorio y, con el tiempo tener la posibilidad de
construir un OLCS (149-150). Dado que esta comunidad tiene un nivel de
organización y cohesión social relativamente fuerte, hay grupos sociales en su
interior que pueden adelantar una movilización social. Sin embargo, los grupos
armados que infiltran el poder de la comunidad van a tratar de instrumentalizar
estas acciones y a los mismos movimientos sociales y organizaciones para su
propia conveniencia (152)
El último tipo de orden local que identifica Arjona (2008) es el orden de
ocupación militar (OLOM). Este responde a un escenario en el que el grupo
armado ha reducido sus expectativas de control poblacional y colaboración
esperada por parte de la comunidad a la que llega. Esto se debe al fuerte sistema
de autoridad presente en la comunidad, que, por un lado, lleva a sus miembros a
no tolerar ningún actor externo que trate de liderar la organización y movilización
29
de la comunidad; y por otro, les permite a estos adelantar movilización social como
respuesta a la presencia y accionar del grupo armado en su territorio (145). La
comunidad puede tomar tres caminos: negocia con los grupos armados su
permanencia en el territorio a cambio del respeto al gobierno de la comunidad; se
declara neutral y a su territorio libre de la presencia de cualquier grupo armado; o
se resiste a la presencia del grupo armado por la vía de la violencia, la
movilización pacífica o mediante el uso de “las armas de los débiles”, es decir,
mediante el uso de la resistencia en los espacios de la vida cotidiana (145-146).
Cabe destacar que en este tipo de orden local la comunidad y las distintas
organizaciones o movimientos sociales en su interior, tienen mayor probabilidad
de adelantar una movilización social que no solo responda a la presencia de los
grupos armados, sino que también esté orientada a la tramitación de sus
demandas y conflictos contra otros grupos sociales.
Tipo de orden local Nivel de cooperación esperado Obstáculos a la movilización social
Orden local coercitivo (OLC) Cooperación nula
Destrucción de las redes sociales Incertidumbre política Alto nivel de victimización Atomización
Orden local de control social (OLCS) Cooperación alta Dependencia al „socio estratégico‟ Sujeción a las dinámicas del conflicto armado Supresión de la movilización autónoma
Orden local de infiltración (OLI) Cooperación baja (llegada del grupo armado) Cooperación media (dependiendo del curso de la infiltración del grupo armado = gobernante bajo la sombra)
Aumento de la división interna de las autoridades y líderes comunitarios Disgregación social Victimización de los adversarios del grupo armado
Orden local de ocupación militar (OLOM)
Cooperación nula Cooperación mínima
Imposición de un ordenamiento militar que restringe algunos aspectos de la vida pública de las comunidades
Tabla 3. Impacto de la configuración de órdenes locales sobre la movilización social
En resumen, la posibilidad que tienen los pobladores locales o grupos
sociales en estas comunidades de adelantar una movilización social aumenta en
la medida que se avanza de un OLC a un OLOM, al igual que la autonomía de
estas acciones y su dirección hacia la solución de otras problemáticas o asuntos
(distintos a la ocupación armada de su territorio). Adicional a esto, los grupos
armados tienen distintos niveles de incidencia, manipulación y reorientación de
este tipo de acciones en la medida que logren consolidar un gobierno más estable
30
en el territorio y que logren concentrar en un mayor grado el poder político en la
comunidad.
Finalmente, es importante destacar otra dinámica de control poblacional
ejercido por los grupos armados que se constituye en un obstáculo para la
autonomía de la movilización social y que puede ser leída en clave con los
órdenes locales presentados más atrás, ya sea como estrategia para la infiltración
y consolidación de un OLCS o para la configuración de un OLC por la disputa de
territorios. Esta estrategia es el control de la principal actividad económica de la
que depende la comunidad. Con relación a esto, y teniendo en cuenta la
importancia de los cultivos ilícitos durante esta etapa del conflicto armado, los
grupos armados han promovido y permitido el desarrollo del control del
narcotráfico; situación que se ha facilitado en comunidades rurales marginales
muy afectadas por las condiciones económicas e institucionales de la nueva
ruralidad en Colombia.
Por medio de esta vía los grupos armados han logrado control político,
económico y militar sobre territorios y poblaciones, (Comisión de Memoria
Histórica, 2009: 72) siempre y cuando hayan podido consolidar un monopolio del
ejercicio fiscal y policivo sobre este negocio. En este contexto las comunidades
son muy vulnerables a la inestabilidad de una economía ilegal, y por ende, quedan
en una situación de alta dependencia a quienes permiten el desarrollo del negocio
(entre ellos a los grupos armados). En caso contrario, en que los grupos armados
no logran el control exclusivo sobre esta economía, se pueden presentar
dinámicas de disputa territorial que se traducen en el aumento del valor
estratégico de los territorios y la configuración de OLC.
31
3. ANÁLISIS DE LOS CASOS.
3.1. EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE LOS NASAS DEL NORTE DEL CAUCA
3.1.1. De la lucha por la tierra a la construcción de un sujeto político
regional
La región del Norte del Cauca está conformada por los municipios de Buenos
Aires, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada,
Santander de Quilichao, Silvia y Toribío; según la propuesta de regionalización de
ODECOFI (Ver Mapa 1). Esta región tiene un valor estratégico por ser el punto de
encuentro directo entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca; por
permitir la comunicación entre la Amazonía y el Pacífico; por su topografía
quebrada que es adecuada para el desarrollo de una guerra de larga duración
como la que vive el país; y por ser el lugar de expansión económica de la industria
vallecaucana (Hernández, 2004: 183).
La población indígena de esta región ha afrontado un conflicto histórico
alrededor del acceso y uso de la tierra. Es posible identificar, en su historia
reciente, las siguientes problemáticas: inicialmente, la falta de tierra debido al
modelo latifundista de propiedad dominante en la década de los 60‟, que dejaba a
la población indígena en una situación de marginalidad, exclusión y dependencia
frente al terrateniente, quien había instaurado la figura del terraje e imponía otras
limitaciones como el veto a la producción de cultivos permanentes en el territorio y
la negación de la cultura (Hernández, 2004: 139). A esta primera etapa de
conflictos, que coincide con el resurgimiento del movimiento indígena (heredero de
la lucha de Quintín Lame en los años 30‟), se le suma el proceso de
modernización impulsado por el Incora, que amenaza con parcelar y suprimir los
cabildos indígenas puesto que son considerados figuras improductivas para la
tenencia de la tierra (Hernández, 2004: 79).
Un segundo problema que afrontan los pueblos indígenas de esta región,
aun en la actualidad, es que gran parte de los territorios que habitan no poseen
32
títulos de propiedad (alrededor de 40 territorios ancestrales). Este problema no es
menor, debido a que tan sólo 77 resguardos tienen legalmente establecido la
propiedad colectiva sobre la tierra, de tal forma que solo una porción (considerable
pero todavía insuficiente) de comunidades indígenas disfrutan del carácter
otorgado por la Constitución de 1991 a sus territorios (tierras imprescriptibles,
inembargables e inalienables) (Hernández, 2004: 51).
Finalmente, los pueblos indígenas enfrentan un problema adicional respecto
a la vocación de la tierra que está bajo su dominio, dado que la mayor parte de
éstas están ubicadas en áreas montañosas, reservas forestales, y tierras de
ladera. Esta situación contrasta claramente con las tierras ocupadas por las
haciendas agroindustriales, azucareras o dedicadas a la producción de
biocombustibles, que tienen las regiones planas, de carácter fértil y mejor calidad.
Esta problemática tiene una larga tradición en la región, comienza en los años 60‟
con la expansión de la caña de azúcar y otros cultivos agroindustriales (ODECOFI,
Inédito), y toma nuevo impulso con la Ley Páez (1994)17 que promovió la actividad
de estas industrias convirtiéndose en un impedimento para la redistribución de las
tierras a las comunidades indígenas debido a los fuertes intereses económicos
promovidos en la región (Hernández, 2004: 183)18.
Al mismo tiempo, la región ha sido el epicentro de un conflicto por la
competencia e imposición de distintos modelos de poder territorial que buscan
dominar o someter a las comunidades indígenas. Estos modelos son: por un lado,
el de carácter insurgente que busca la anexión y conquista de territorios como
parte de su estrategia de toma del poder político en la sociedad, y por otro, el
modelo de la burguesía agraria que se fundamenta en el poder tradicional de la
gran propiedad de la tierra y en el modelo neoliberal (respaldado por el Estado).
17
Esta ley buscaba la recuperación económica de las comunidades afectadas por la catástrofe ambiental de la avalancha del río Páez en ese mismo año, pero gracias a los cómodos créditos y a los beneficios que proveyó atrajo a las grandes industrias vallecaucanas. 18
Este sigue siendo un problema vigente para las comunidades indígenas según el testimonio de éste comunero (noviembre de 2005): “También lo que pienso es lo más pronto una Reforma Agraria donde todos tengamos donde trabajar. Así el gobierno diga que nosotros tenemos tierra, nosotros prácticamente sí tenemos tierra, pero vivimos en las partes de reserva natural… Entonces así no se puede trabajar… por lo tanto nosotros reclamamos es más tierras para seguir trabajando” (“Pa‟ poder que nos den tierra”, (2005), [película]).
33
Para las comunidades indígenas estos conflictos alrededor del acceso a la tierra y
la construcción de un modelo de dominación territorial por actores sociales
externos, es entendido como el momento reciente de una historia de despojo que
data desde la misma Conquista (en el siglo XVI) y que tendrá como resultado final,
dado caso que gane alguno de estos bandos, la profundización del proceso de
apropiación de tierras y territorios que se adelanta en la actualidad (Viila &
Houghton, 2005: 112-115).
En medio de la confrontación bélica entre estos dos modelos, articulada a
las dinámicas del conflicto armado interno, el movimiento indígena ha venido
luchando, primero, por la recuperación de tierras y territorios, desde la década de
los 70‟ hasta la actualidad; y de la mano de esto, por la construcción de un modelo
de orden territorial ajustado a sus propias necesidades e intereses. Esta etapa de
lucha y resistencia ha estado marcada por la búsqueda de autonomía frente a los
demás actores sociales presentes en la región, debido a que la “conformación
como sujeto político – ha implicado un proceso gradual y arduo- para reconocerse
como un sector diferenciado y no representable por otros actores” (Viila &
Houghton, 2005: 116). Esto quiere decir que la forma como los indígenas Nasas
identifican y viven los conflictos sociales que los aquejan, les ha impuesto la
necesidad (posteriormente adoptada como estrategia) de construir mecanismos
para alcanzar la autonomía frente a los demás actores sociales, dado que la lucha
entre dominaciones territoriales no los alcanza a ellos como espectadores pasivos
sino como sujetos activos que proponen un modelo autóctono y alternativo de
orden local y regional (defendido y adelantado inicialmente desde la resistencia
armada, posteriormente desde la no violencia).
3.1.2. El narcotráfico como cáncer de la organización social
La llegada del narcotráfico a la región está relacionada a las problemáticas
agrarias que afrontaban los pobladores indígenas en la década de los 80‟ y
principios de los 90‟ (Ferro, Inédito: 191), de igual modo, este negocio se
constituye en un factor multiplicador de los conflictos sociales al interior de las
34
comunidades, amenazando con romper sus procesos organizativos y con afectar
la propiedad colectiva por causa de una posible extinción de dominio; así como
frente a otros grupos sociales, principalmente los grupos armados ilegales y las
fuerzas armadas del Estado. Por un lado, los grupos armados llegan a la región ya
sea como aliados estratégicos de los narcotraficantes (especialmente los
paramilitares), patrocinando la siembra, procesamiento y comercialización de los
cultivos ilícitos (Hernández, 2004: 48); o simplemente aprovechando los recursos
financieros que pueden obtener mediante el cobro de impuestos a este negocio
(principalmente las guerrillas) (Ferro, Inédito: 192). Esto no sólo hace más valioso
el control territorial de la región por las partes en conflicto, sino que además
termina de configurar uno de los bloques de poder (narcotraficante-paramilitar-
terrateniente) (Viila & Houghton, 2005: 93), y también le da la oportunidad a los
grupos estatales de castigar la “complicidad” de la comunidad a esta economía
ilegal descalificando la autoridad indígena y haciendo uso de las fumigaciones
aéreas, generando de ese modo un grave daño económico y ambiental (Ferro,
Inédito: 192).
Para las autoridades indígenas el narcotráfico se convirtió en un problema
de gran magnitud, „un cáncer para el cuerpo de la vida comunitaria‟ (Hernández,
2004: 149), inclusive „una ofensa a la madre tierra que sería eventualmente
castigada‟ (Rodríguez & Silva, 1994-1998); en fin fue reconocida como una
actividad contraria y nociva para los intereses organizativos y comunitarios. Frente
a esto, la comunidad ha venido desarrollando distintas acciones entre las que
cabe resaltar: autonomía frente a los cultivos ilícitos tanto en el discurso
(Resolución 003 / 28 de mayo de 2001), como en la práctica. Esta última lograda
mediante la recuperación de la economía autóctona de las comunidades,
especialmente gracias al huerto familiar tull, que se convierte en una garnatía para
la seguridad alimentaria; y también a través de la diversificación de la economía
que va desde la agricultura (en donde se destaca el café) hasta la ganadería y la
minería (Hernández, 2004: 90-91, 181). No obstante estas estrategias de
superación de la dependencia económica a los cultivos ilícitos, algunos comuneros
35
han cultivado coca y amapola en los resguardos, de tal forma que pequeños
pedazos de tierra han generado graves problemas a las comunidades (Ferro,
Inédito: 191).
Al respecto, las comunidades bajo la dirección de sus líderes y autoridades
han asumido otras actitudes más activas, inclusive hostiles, frente a la presencia
del narcotráfico en la región. Por ejemplo, han propuesto (desde el año de 1992)
un acuerdo con el gobierno para sustituir los cultivos ilícitos; han avanzado en la
educación y formación política de los comuneros en la concientización de los
impactos negativos de este negocio contra el proyecto comunitario (Ferro, Inédito:
192); han generado sanciones individuales y colectivas para los comuneros y
sectores que incurran en el arriendo o cultivo de coca y amapola, mediante la
desaprobación y presión social, y el ejercicio pleno de la autoridad de los cabildos
que tiene su más clara demostración en la expropiación de tierras y la expulsión
de los resguardos (Ferro, Inédito: 193); y como muestra final, han llegado a
expulsar a los narcotraficantes y destruir los laboratorios mediante el poder de la
minga comunitaria y la presión de la movilización social19.
Estas estrategias dan cuenta de dos características que están íntimamente
relacionadas en el caso del movimiento Nasa: por un lado, la identificación de los
problemas y dinámicas que atentan contra el proyecto de las comunidades, contra
su autonomía y su gobierno, contra su bienestar colectivo; y por otro, la forma de
afrontar estos obstáculos mediante el fortalecimiento de las autoridades
comunitarias, mediante la sanción de normas sociales ampliamente respaldadas y
arraigadas, y mediante la capacitación y formación política de sus comuneros. Las
comunidades indígenas han venido avanzando en la lucha contra los cultivos
ilícitos en sus territorios y han demostrado una actitud hostil y un esfuerzo por
evitar la dependencia frente a los mismos, puesto que reconocen su impacto
negativo en la construcción de su autonomía y el logro de sus diferentes objetivos.
19
El 15 de julio del año 2000 indígenas Nasa del municipio de Caldono entraron en el corregimiento de La Mina, en el resguardo de Jambaló, y obligaron a las FARC a desmontar los laboratorios de procesamiento de coca, „cocinas‟, y a marcharse del territorio (“La Lección de los Paeces”, 2001).
36
3.1.3. La resistencia activa frente a las dominaciones armadas
Por el carácter estretégico del territorio y la rápida incursión del narcotráfico en el
Norte del Cauca, en esta región han hecho presencia distintas organizaciones
armadas de corte insurgente (M19, FARC, ELN, entre otras), paramilitar (desde
los pájaros y grupos de autodefensa encargados de proteger las fincas
azucareras, hasta algunos frentes pertenecientes a las AUC) y de fuerza pública
estatal. En relación con los grupos insurgentes presentes en el territorio del pueblo
Nasa, las comunidades han tenido distintas actitudes frente a los mismos. Por
ejemplo, en la década de los 70‟ el M19 operaba en estos territorios y no era
reconocido como un enemigo para las comunidades, al contrario se les
consideraba como „gente que respaldaba al pueblo„ o „gente que ayudaba‟, en lo
que tiene que ver con la recuperación de tierras. Esto no quiere decir que hubiera
un apoyo o adhesión ideológica generalizado en las comunidades frente a este
grupo armado, pese al contenido marxista agrario del Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC), máximo organismo representativo del Movimiento indígena
desde ese entonces (Viila & Houghton, 2005: 98).
Más adelante, la relación con los grupos guerrilleros se fue haciendo cada
vez más distante y posteriormente irreconciliable. Esto sucede particularmante con
las FARC, pero también con el ELN, debido en parte al proyecto autoritario
trazado por este grupo armado, y por causa de varios hechos violentos que fueron
previniendo a la comunidad del carácter impositivo de su accionar en el territorio
que abiertamente violaba la autoridad y autonomía indígena (Hernández, 2004:
71)20. Entre estos caben destacar los numerosos asesinatos a líderes indígenas21,
la presión para cooptar al movimiento social Nasa, y el bloqueo a las campañas de
20
Acerca de los intereses de los grupos armados en la región, especialmente las FARC, un comunero afirma: “Pues allí todos los actores armados han tratado de irrespetar esa autoridad indígena pero en el Cauca los que más fuerte lo hicieron fueron el sexto frente de las FARC… es que las FARC también aplican esa lógica que se aplica en todo el país. Mientras ellos ganan territorios, pues ellos tienen la autoridad total, para ellos no hay término medio, no les es funcional que hayan otros tipos de autoridad que eventualmente compitan con ellos”. (Hernández, 2004: 93). 21
Dos eventos tuvieron un impacto muy profundo en la comunidad; el primero en febrero de 1981 con la masacre de 7 comuneros, y el segundo en octubre de 1982 con la muerte de un comunero y su hijo, los dos hechos perpetuados por el frente VI de las FARC.
37
recuperación de tierras, especialmente en la década de los 80‟ (Peñaranda, 2006:
563). Esto último marcó el inicio de la ruptura de las relaciones entre la
organización armada y las comunidades y autoridades indígenas, así como la
puesta en marcha de una resistencia primero armada y luego civil contra el
proyecto insurgente (que tiene comienzo a mediados de la década de los 80‟), así
como frente a los otros modelos (el paramilitar y el neolberal impulsado
actualmente por el Estado) (Ferro, Inédito).
Por su parte, los grupos estatales han tenido un papel muy variable en el
territorio. Históricamente el Estado colombiano ha hecho mayor presencia en el
Valle del Cauca, por el carácter estratégico de su economía, dejando rezagado el
Norte del Cauca en lo que refiere a su presencia incluso en términos de Fuerza
Pública. Posteriormente, como respuesta a la presencia del M19 y durante el
gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se aplicó el Estatuto de Seguridad y se
efectuó una recuperación del territorio enfocada en la lucha antisubversiva que
aumentó el nivel de violencia en la región afectando directamente a las
comunidades indígenas (ODECOFI, Inédito). A partir de la década de los 90‟ la
presencia de los grupos estatales se ha visto reforzada, y desde el 2002 se ha
iniciado una campaña muy fuerte por la recuperación del territorio en el marco de
la política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe Vélez (ODECOFI,
Inédito). Esto ha generado un grave problema humanitario y de seguridad, dado
que algunos municipios de la región se han convertido en escenarios de la guerra
interna del país, lo cual amenaza el proceso organizativo y el bienestar del pueblo
Nasa.
En último término, los grupos paramilitares han hecho presencia temprana
en la región; primero, como bandas de sicarios (pájaros) al servicio de los
terratenientes para bloquear la recuperación de tierras adelantada en los 70‟, y
luego como autodefensas que prestaban seguridad a las haciendas azucareras y
a las tierras y negocios de los narcotraficantes. De esta segunda oleada, los
grupos paramilitares hacen su primera incursión a la región con la masacre de El
Nilo, realizada en el municipio de Caloto en 1991, en complicidad con los grupos
38
estatales22; y a partir de este momento realizan incursiones ocasionales en
defensa del bloque de poder terrateniente – narcotraficante, señalado
anteriormente (Viila & Houghton, 2005: 93). Luego, a finales de los 90‟ los grupos
paramilitares aparecen ya constituidos como el Bloque Calima, Bloque Farallones
y Libertad, pertenecientes a las AUC. En esta última etapa de violencia paramilitar
tiene cabida la la masacre del Naya. Con este evento, realizado en abril de 2001,
los paramilitares buscaban medir la capacidad de respuesta de la comunidad a
una eventual expansión de su dominio territorial al Norte del Cauca (Viila &
Houghton, 2005: 93)23.
En los términos planteados por Ana Arjona (2009), la región ha transitado
por distintos órdenes locales debido a la confluencia de los tres grupos armados
en el territorio, a las dinámicas y niveles del conflicto armado interno, y sobre todo,
por el esfuerzo de la comunidad para mantener su autonomía y gobierno mediante
el fortalecimiento del sistema de autoridad y el proceso organizativo. Los órdenes
que han predominado han sido el OLOM, a cargo de las FARC, desde la
desmovilización del MAQL y el M19, a finales de la década de los 80‟; y
posteriormente el OLC por la incursión de los grupos paramilitares articulados a
las AUC (1997) y por el despliegue de fuerza militar de los grupos estatales desde
el 2002 hasta el final del período de estudio (2005 para este caso) (Ver Tabla 4.1).
En el primer período las FARC trataron de constituirse como el actor
hegemónico en la región y adicionalmente buscaron cooptar el movimiento social
(Peñaranda, 2006: 553-554). La comunidad demostró su rechazo a la infiltración
de este grupo armado desde la declaración de Vitoncó (1985)24; por medio de la
22
Esta masacre tiene lugar en el marco de una recuperación de tierras adelantada por comuneros del municipio de Caloto, quienes se toman la finca de El Nilo. Como respuesta grupos paramilitares, en presunta complicidad con la Fuerza Pública asesinan 21 indígenas (“La masacre de El Nilo”, 2009). 23
Más de 15000 indígenas (y negros) de la región del norte del Cauca salieron a marchar el 15 de mayo de 2001, dirigiéndose por la vía Panamericana hasta Cali para protestar en contra de la masacre cometida por los grupos paramilitares en El Naya, y exigir la salida de los grupos ilegales de su territorio. “Ya no esperaremos que la justicia, la Fiscalía y otras autoridades nos cuiden el derecho a la vida. No vamos a usar armas para ello. Los únicos instrumentos de defensa serán los bastones de mando…” (Testimonio del ex senador y consejero del CRIC, Anatolio Quirá) (“Indígenas prohibirán paso a actores armados”, 2001). 24
Posteriormente reitera esta afirmación frente a todos los grupos del conflicto armado con la resolución de Jambaló expedida en el año de 1999 (Peñaranda, 2006: 559).
39
cual dejó claro que las comunidades indígenas se declaraban neutrales frente al
conflicto armado, que el movimiento era autónomo para dirigirse a los objetivos
que la comunidad estableciera según sus necesidades e intereses y que dejaban
abierta la posibilidad de diálogo con esta organización armada siempre y cuando
el diálogo estuviera basado en el reconocimiento de la autoridad indígena
tradicional (Viila & Houghton, 2005: 102). Debido a la desatención de estas
medidas por parte de las FARC y al incremento de la violencia paramilitar y
terrateniente, surge un movimiento guerrillero, Movimiento Armado Quintín Lame
(MAQL) (1984-1988), enfocado a las tareas de autodefensa de la comunidad y las
autoridades y líderes indígenas, dando paso al período de la movilización social
que Ricardo Peñaranda (2006) denomina resistencia armada, que culmina con la
desmovilización del MAQL y la Constitución de 1991.
Una vez capitalizada la oportunidad de participar en la Constituyente de
1991 se desarrolla el período de resistencia civil a partir del cual el movimiento
indígena ha logrado los mayores logros en la construción de su modelo de orden
territorial económico, político y social; aunque a su vez le haya significado el más
alto costo en términos humanitarios, y de amenazas y obstáculos a su proyecto
comunitario (Ferro, Inédito: 190). Este período coincide con la imposición de un
modelo de OLC, desde 1997, debido a la permanencia de las guerrillas en la
región, la aparición de las AUC25 y la búsqueda de recuperación territorial de los
grupos estatales. Adicionalmente, para esta época la incursión del narcotráfico
hace más complejo el panorama26. Ante esta seria amenaza las comunidades
Dos puntos centrales de la declaración son: “Primero: Recalcar y hacer valer por todos los medios que están al alcance de los Resguardos el derecho a la autonomía, es decir, el derecho que los Cabildos y las comunidades tienen de controlar, vigilar y organizar su vida social y política al interior de los Resguardos y de rechazar las políticas impuestas venidas de afuera. -Y,- Segundo: Exigir también que todas las organizaciones respeten las recuperaciones de tierra y no se utilicen las posibilidades contradicciones que surgen dentro de la lucha para penetrar en los Resguardos y ahondar divisiones. Es al Cabildo al que le concierne dirimir los posibles conflictos que surjan de la lucha por la tierra”. (Declaración de Vitoncó, 24 de febrero de 1985) (“Textos del Cauca”, 2002). 25
La incursión paramilitar en la zona responde al mismo tiempo al intento de las AUC de bloquear el corredor estratégico que comunica la Amazonía con el Pacífico usado por las guerrillas y se caracterizó por un uso excesivo de violencia indiscriminada (ODECOFI, Inédito). 26
“Se está realizando una neocolonización con los grupos armados, militares, guerrilla, paramilitares (Convivir), delincuencia común, y narcotráfico al interior de nuestras comunidades indígenas… Por ellos hay debilidad, confusión y desunión al interior de las comunidades indígenas lo cual es aprovechado por los
40
optaron, y lo siguen haciendo, por el fortalecimiento de las autoridades
tradicionales.
Empero, pese a la fuerza organizativa del movimiento y al sistema de
autoridad indígena consolidado en la región, el período 2002- 2005 ha sido el más
álgido en materia de conflicto armado, dado que tanto los grupos estatales como
las FARC se han empeñado en mantenerse en el territorio de tal forma que el
número de desplazamientos internos, víctimas y daños a bienes materiales se ha
multiplicado27. Esta situación es especialmente cierta por los ataques e
incursiones de las FARC a los cascos municipales, en particular en los municipios
de Jambaló y Toribío (Ferro, Inédito:190), y también por la permanencia de la
Fuerza Pública y su repuesta mediante ametrallamientos y bombardeos en
algunas ocasiones indiscriminados. Adicionalmente, estos grupos han puesto en
una encrucijada a la comunidad, „comigo o contra mí‟, que de una u otra forma es
un esfuerzo para cooptar al movimiento (Viila & Houghton, 2005; Ferro, Inédito:
190)28. Bajo estas circunstancias, que para el período de estudio contempla
también la participación secundaria pero constante de los paramilitares29, se ha
puesto a prueba la capacidad de resistencia y movilización de la comunidad en
contra del conflicto armado, ahora tal vez el mayor problema que deben afrontar.
En medio de esta presentación, es importante indagar ¿por qué en ningún
momento los grupos armados han logrado consolidar un tipo de orden local que
les sea conveniente para la cooptación o instrumentalización del movimiento, así
como tampoco han podido detentar un mayor dominio en la región, como por
ejemplo ocurre en un OLCS o un OLI?, y más allá, ¿cómo logra el movimiento
grupos armados e instituciones que no respetan nuestra propia vida… Algunos cabildos han debilitado su autonomía…” (Testimonio de comunero) (Viila & Houghton, 2005: 97). 27
Del año 2000 al 2001 hay un salto en los niveles de desplazamiento en el total de la región de 530 a 1800 personas desplazadas. Estos niveles se mantienen por encima de las 1000 personas desplazadas (1093) para el final del período de estudio (Consultar Anexo 2.1). 28
Este intento de cooptación va desde la presión para que la comunidad se convierta en la base social que respalde la lucha de uno de los bandos contra su respectivo enemigo, hasta el reclutamiento forzado o legal (de parte del Estado) de los jóvenes, el principal franco de este objetivo. 29
Los paramilitares en el período de 2000-2001 cometieron dos masacres más, menos reconocidas: la masacre de San Pedro en Santander de Quilichao en diciembre de 2000 (8 personas muertas) y la masacre de Gualanday en Corinto en noviembre de 2001 (13 personas muertas) (“Tejidos de vida: En defensa de la vida”, 2009).
41
indígena Nasa movilizarse y mantener su autonomía y campaña de resistencia en
medio de un contexto tan complejo como el OLC que configuraron las
organizaciones armadas en el segundo período presentado? Es posible adelantar
dos respuestas plausibles a estas preguntas: por un lado, el movimiento indígena
ha sido muy acertado en el aprovechamiento de las estructuras de oportunidad
(Tarrow, 1998) que le ha ofrecido el sistema político colombiano y, por otro, las
comunidades se han empeñado, con bastante éxito, en consolidar su sistema de
autoridad y capacidad organizativa con base al fortalecimiento de la jurisdicción
indígena, el reconocimiento de sí mismos como sujeto de poder regional y
mediante la recuperación de su identidad étnica.
Tipo de orden local Ejercicio de control
OLOM (1991-1997) (FARC) Militar: Imposición de un ordenamiento militar por parte
de las FARC Ausencia de adversarios armados en la región
OLC (1997-2005) (FARC, fuerzas estatales y paramilitares)
Militar: Entrada de paramilitares y fuerzas estatales Disputa bloques de poder político y militar Aumento de los índices de desplazamiento y
violaciones a los DD.HH. Económico:
Entrada y expansión del narcotráfico (en un primer momento) / neutralidad y actitud hostil frente a esta economía ilegal por parte de las comunidades (posteriormente)
Disputa por el control de este negocio entre grupos ilegales
Tabla 4.1. Configuración de órdenes locales en la región del Norte del Cauca
Respecto a lo primero, el sistema político colombiano, pese a su carácter
semirepresivo (aun con la Constitución de 1991), ha abierto varias ventanas de
oportunidad que han sido capitalizadas por el movimiento indígena Nasa con tanto
éxito que el proceso ha ensanchando la estructura de oportunidad (Tarrow, 1998:
88) a las demás comunidades indígenas del país. Algunas de estas oportunidades
políticas favorables han sido, a saber: primero, el apoyo desde el gobierno de
Lleras Restrepo (1964-1970) a las organizaciones sociales y gremiales para que le
dieran fuerza al proceso de Reforma Agraria que culminó con la creación del CRIC
(1971), que a su vez dio inicio a la movilización indígena en la historia reciente del
país; segundo, la propuesta de desmovilización durante el gobierno Barco Vargas
42
(1986-1990) al MAQL30 que fue aprovechada en 1991, y que tuvo como
consecuencia la participación de las comunidades indígenas en la Constituyente
que diseñó la nueva constitución política ese mismo año. Esta participación, así
como el clima general que se veía en esos años, dio paso a una Carta Política que
reconoció y estipuló los derechos culturales, sociales, económicos y políticos de
las minorías étnicas, particularmente de las comunidades indígenas. Por último, la
sanción del Decreto 1088 de 1994 que promulgó la creación de las asociaciones
de cabildos indígenas, que dio pie a la creación de la Asociación de Cabildos
Indígenas Norte del Cauca (ACIN), articulador regional de las experiencias locales
y zonales con el CRIC (Hernández, 2004: 182-183).
Por otra parte, en el período más álgido de la victimización adelantada por
los grupos armados, las comunidades han optado por fortalecer aun más su
sistema de autoridad partiendo de la base del reconocimiento del papel
fundamental que éstas tienen para el logro de los proyectos comunitarios. Esto
quiere decir que las comunidades han entendido que ningún actor diferente a ellos
mismos puede o va a cambiar sus condiciones desfavorables, ya sean estos
Estado, grupos ilegales, narcotraficantes, organizaciones no gubernamentales,
etc; y que por ende, tan solo ellos pueden trabajar en pro de su bienestar
mediante “la educación que la madre tierra –les- ofrece, unidos y organizados
como pueblos indígenas” (Viila & Houghton, 2005: 106). Es decir, mediante la
recuperación de su identidad y por medio del afianzamiento de los procesos
organizativos.
Una de las formas de hacerlo ha sido mediante el fortalecimiento de la
jurisdicción indígena que mediante la creación de distintas normas individuales y
colectivas ha contribuido a la construcción de autonomía de las autoridades
tradicionales sobre los territorios en que se asientan las comunidades. La más
30
Es importante señalar que pese a las dificultades que el MAQL trajo a las comunidades indígenas, al atraer las dinámicas de la guerra en sus territorios, este movimiento armado logró completar tres objetivos de alguna manera exitosos: primero, monopolizar la violencia que se ejercía, supuestamente, en nombre de las comunidades indígenas; segundo, defender a la comunidad y sus autoridades de los demás grupos armados; y por último, mantener una relación con su base social que no significó el rompimiento del movimiento social (Peñaranda, 2006: 554-555).
43
importante de estas normas ha sido la prohibición para los comuneros de acudir a
los grupos armados para la resolución de conflictos o la satisfacción de
necesidades, so pena de ser castigado y de anularse por la autoridad indígena
competente cualquier acuerdo de este tipo (Viila & Houghton, 2005: 105). Sumado
a esto, las autoridades indígenas, basadas en los atributos otorgados por la
Constitución de 1991, han venido juzgando (en ocasiones simbólicamente) a los
miembros de las organizaciones armadas tanto legales como ilegales que han
cometido crímenes en sus territorios (Viila & Houghton, 2005: 113-114). A esto hay
que añadirle las constantes peticiones que hacen a los grupos ilegales para que
no juzguen a sus comuneros, derecho que solo se le reconoce a las autoridades.
Para finalizar, es importante destacar la gran capacidad organizativa de las
comunidades indígenas, característica que se ha convertido en la fuerza de su
movimiento. Antes que todo, las organizaciones que hay en la comunidad gozan
de una articulación tanto en su nivel territorial como en las distintas dimensiones
de la vida de la comunidad. Lo anterior quiere decir que, por una parte, hay una
articulación de las organizaciones de tipo político administrativo locales, como son
los cabildos indígenas, con experiencias zonales, tales como los proyectos de vida
de Toribío, Jambaló, etc. Estos a su vez se enlazan con el consejo mayor, el
CRIC, (por medio de la ACIN31) que a su vez se anexa a la Organización Indígena
Nacional (ONIC).
Por otra parte, los proyectos de vida de las comunidades cubren la
dimensión política, en donde cabe destacar las autoridades tradicionales, la
Asamblea, el Cabildo, la Minga Comunitaria, los Consejeros y los movimientos
cívicos (de gran importancia para el trabajo desde los espacios institucionales para
el bienestar de la comunidad) (Ferro, Inédito: 178-182); la dimensión económica,
gracias al desarrollo de importantes organizaciones de economía comunitaria
(desde la tull hasta las cooperativas), vitales para el proceso de movilización social
y, como se mencionó anteriormente, para la superación de la dependencia a la
31
La ACIN contempla actualmente 7 experiencias zonales, entre las que se destaca: El Proyecto Nasa de Toribío (1980), El Proyecto Global de Jambaló (1987), El Proyecto Unidad Páez de Miranda (1990), El Proyecto Integral de Caloto (1990) y El Proyecto Cxa Cxa Wala en Corinto (1990) (Hernández, 2004).
44
economía ilegal de la coca y la amapola; la dimensión social para la cual se han
contemplado planes de salud, educación y comunicación interna y externa a la
comunidad; y, la dimensión de seguridad frente al conflicto armado. Todas estas
dimensiones hacen parte de los Planes de vida de las comunidades, que pueden
ser definidos en otras palabras como los planes de desarrollo integrales de la
comunidad indígena (Hernández, 2004).
De esta última dimensión es central destacar los Planes de emergencia,
que le han dado una ventaja enorme a las comunidades indígenas y al movimiento
Nasa en comparación con otras comunidades que viven el rigor de las
arbitrariedades y las dinámicas del conflicto armado. Para comenzar, es necesario
indicar que estos planes surgen de la toma de conciencia de las comunidades en
torno a su incapacidad para evitar el desarrollo de la guerra en sus territorios, así
como de la necesidad de buscar estrategias para mitigar sus efectos contrarios en
la comunidad (Hernández, 2004). Frente a esto se han desarrollado dos
estrategias que gozan de visibilidad y reconocimiento nacional: la Guardia
Indígena y los Sitios de Guardia Permanente (SAP).
El primero se orienta en la defensa de la vida de los comuneros y
autoridades expuestas en las mingas y movilizaciones sociales, así como en las
incursiones armadas en su territorio. Esto ha permitido conjuntamente adelantar
un control social frente a la población joven, a través del relevo generacional y la
vinculación afectiva y simbólica (por estatus) al movimiento, que se convierte en
una alternativa al reclutamiento promovido por los bandos en guerra (Viila &
Houghton, 2005: 108). Por otra parte, las comunidades también han diseñado los
SAP como lugares en donde la población se refugia (se desplaza internamente en
el territorio) en los períodos de confrontación bélica de mayor intensidad. Esta
estrategia parte de una lectura acerca del gran costo que impone el
desplazamiento forzado a las comunidades que salen de su territorio en términos
45
de pérdida de los procesos organizativos, de tierras y de identidad (Hernández,
2004: 154)32.
3.1.4. El ‘ser indígena’ como factor de cohesión social.
Las relaciones sociales en las comunidades indígenas están basadas, en una gran
proporción de sus fundamentos, en la identidad de origen étnico. Una
presentación de la cosmovisión del pueblo Nasa superaría los esfuerzos
investigativos de este trabajo, sin embargo es necesario introducir algunas
nociones que permitan comprender el peso de la cultura y de la identidad en la
construcción de cohesión social y en los procesos subjetivos que están en la base
de la deliberación cognitiva.
Para empezar, la identidad está íntimamente relacionada al ejercicio
autónomo de la movilización social, ya que parte del principio de reconocerse y
expresarse como indígena y de la diferenciación con lo no indígena; entiéndase
por lo primero el actuar de acuerdo a lo propio, lo autóctono, desde el ejercicio de
la autonomía y la auto determinación (Hernández, 2004: 56). Esto contrasta con el
actuar como no indígena, que para el comunero no es más que desconocer su
cultura y hacer parte de la exclusión y marginación histórica a la que se ha
expuesto al indígena al reproducir las prácticas y favorecer los intereses de los
grupos dominantes externos a la comunidad (Hernández, 2004: 56). Como
consecuencia de esto, para ser indígena y comportarse como tal el comunero se
apropia de su cultura y la hace „símbolo de su identidad‟ (Hernández, 2004: 56). A
partir de esta concepción mediada por la cultura Nasa, el indígena concibe la tierra
como „la madre de todo ser vivo‟, razón por la cual su defensa de la vida comienza
con la defensa y búsqueda de liberación de la tierra; el territorio (kiwe) como un
ser incompleto que se concreta con quienes lo habitan, es decir con él mismo („es
imposible considerar al indígena sin su territorio‟) (Hernández, 2004: 57); y a su
comunidad como una unidad, que tiende hacia el complemento y a la integración
de sus miembros (Hernández, 2004: 59).
32
“De aquí somos, esta tierra la recuperamos y aquí nos quedamos” (Hernández, 2004)
46
Esta forma de relacionarse con el mundo y con los demás miembros de la
comunidad a partir de la cultura del pueblo Nasa es uno de los componentes
fundamentales para la puesta en marcha de los procesos organizativos y la
movilización social; ya que garantiza el control social, da cohesión a la comunidad,
le da identidad y arraigo con sus territorios, y da fuerza a la movilización y a la
resistencia comunitaria (Hernández, 2004: 57). Así también, e igual de importante,
el carácter identitario y cultural ha permitido que estas acciones (movilización y
resistencia) se orienten hacia la misma comunidad. Esta última es entendida como
“la vida en relación, el principal proyecto político, el deber ciudadano, la
solidaridad, la producción y la propiedad colectiva, los sueños comunes y la
construcción colectiva de los planes de vida” (Hernández, 2004: 59), en una
palabra, el objetivo primordial de la movilización social.
A proósito de este tema, algunos autores (Viila & Houghton, 2005) destacan
que la recuperación de la identidad étnica no ha sido el fin de la movilización
indígena, sino un medio y, luego, una de las metas impuestas, en parte, por las
dinámicas de la disputa territorial entre bloques de poder en donde, como se
mencionó anteriormente, el movimiento se va reconociendo y planteando como
una alternativa más (a nivel regional). Esto apunta al carácter estructurante del
conflicto armado en la cultura del pueblo Nasa (Viila & Houghton, 2005: 117), pero
también al aprovechamiento de esta ventaja organizativa por parte del movimiento
para el logro de sus diferentes objetivos. Más allá de este interesante debate, es
claro que la recuperación de la cultura e identidad Nasa ha sido uno de los
principales logros alcanzados por el movimiento indígena, tanto por su importancia
simbólica y cultural per se, como por su centralidad en la búsqueda de autonomía
del movimiento.
En torno a esto último, es importante resaltar la forma como las
comunidades indígenas y sus líderes han leído los conflictos sociales alrededor de
la tierra y el territorio que, como se mencionó más atrás, sitúa estas problemáticas
como parte de una historia muy larga de dominación, expropiación y despojo de
actores sociales externos a la comunidad. De ello resulta una reinterpretación de
47
la historia que permite un reconocimiento de sí mismos como aquellos que han
resistido valientemente a un ejercicio de dominación permanente (Viila &
Houghton, 2005: 119). Esta forma de emplear la memoria histórica tiene una
eficacia política indiscutible, afirma Peñaranda (2006: 562), y traza una estrategia
particular, la diferenciación y la no representación por ningún otro actor social
(Viila & Houghton, 2005: 117), es decir, la construcción de la autonomía territorial y
cultural.
La recuperación del carácter identitario en las comunidades indígenas de
los Nasas, y su apropiación por el movimiento social, definen la vía de acción
optada últimamente por el movimiento indígena. Frente a la presión de los grupos
armados y demás actores externos a la comunidad, el movimiento se define desde
la resistencia como un pueblo guerrero, pero para diferenciarse de todos ellos se
presenta como un pueblo guerrero en paz (Viila & Houghton, 2005: 121)33. Estos
rasgos culturales explican la apuesta reciente del movimiento indígena por la
resistencia civil, que en gran parte explica sus “éxitos” en la recuperación de
tierras y territorios, en la presión frente al Estado y a otros sectores sociales que
se ven forzados a negociar con un actor legítimo y con poder regional, y en el
sostenimiento de su autonomía y autoridad.
33
Esta imagen de sí mismos tiene relación con el tipo de estrategia que buscan adelantar para lograr sus objetivos políticos: “Nosotros queremos un cambio radical o revolución, porque Colombia es un país estructuralmente injusto, y desde siempre las primeras víctimas de estructuras injustas e inhumanas somos nosotros los indígenas en conjunto con los negros, los campesinos y los sectores urbanos empobrecidos” (Ferro, Inédito: 171). Pese a esta concepción radical del cambio social, el movimiento plantea una manera distinta de llevarlo a cabo: “Pero nosotros planteamos una revolución civil, sin armas y sin derramamientos de sangre, que parta de la base popular… La experiencia nos dice que otro camino para la revolución es un camino ineficaz y mentiroso” (Ferro, Inédito: 170).
48
3.2. LOS COLONOS CAMPESINOS DEL CAGUÁN.
3.2.1. Introducción: El proceso de colonización.
Es necesario enmarcar el análisis del sector colono campesino y de la región del
Caguán desde el proceso colonizador que ha tenido lugar en este territorio. La
colonización del Caquetá no ha sido un proceso uniforme temporal ni
geográficamente; se han dado tres grandes etapas históricas y, así mismo, tres
frentes de colonización, a saber: primera etapa, migración del interior del país
(1870-1975), en relación con la economía extractiva de la quina, el caucho, la
madera, etc; y el proceso de concentración de tierras de la región andina; segunda
etapa, relativa consolidación de la colonización (1960-1980), a partir de la cual se
abren las principales vías de penetración a la región, se fundan pueblos, se
constituye Caquetá como departamento (1981), y comienza la conformación
sociocultural de la región; y tercera etapa, desestabilización de la colonización
(1980-actualidad) comienza con la “Guerra del Caquetá”, es decir, la incursión
militar de las Fuerzas Militares buscando recuperar el territorio de la influencia de
la insurgencia (principalmente el M19), y se ahonda con la llegada de los cultivos
ilícitos a la región amazónica (Ferro, Osorio, Uribe, & Castillo, 1999: 52-53).
Por otra parte, se dieron tres frentes distintos de colonización en el
departamento: el norte, con San Vicente del Caguán y Puerto Rico como ejes
colonizadores; el centro, con Florencia como eje; y el sur, con Belén de los
Andaquíes como eje (Ferro, Osorio, Uribe, & Castillo, 1999: 52). El norte del
departamento corresponde a la región del Caguán, conformada por los municipios
de Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Ver Mapa 2).
En esta región, a su vez, se dieron dos procesos de colonización distintos
durante la segunda etapa histórica presentada anteriormente: por un lado, la
“colonización armada” 34 adelantada por las FARC en la subregión del Alto
Caguán, y su asentamiento definitivo en este territorio desde el año 1966, a partir
34
La colonización armada comienza con la migración de las comunidades campesinas de la región del Sumapaz por la violencia bipartidista durante La Violencia y su llegada a la región de El Pato que tras ser considerada un territorio a recuperar por el Estado, durante el gobierno de Rojas Pinilla, daría pie a los grupos de autodefensa campesina que conformarían las FARC.
49
del cual se da una expansión territorial al resto de la región y del departamento, en
un proceso que duraría más de 30 años (Uribe, 2001: 205). Por otro lado, los
procesos de poblamiento espontáneos e impulsados por el Estado en las regiones
del Medio y Bajo Caguán (conformada principalmente por el municipio de
Cartagena del Chairá) como respuesta a la violencia bipartidista de mitad de siglo
y a la escasez de oportunidades de vida en los centros económicos y políticos del
país (Uribe, 2001: 204). A partir de esta presentación se puede entender la
importancia e influencia temprana que tienen los grupos armados, en este caso las
FARC, en el proceso colonizador adelantado por comunidades campesinas
provenientes del interior del país. Sin embargo, también es importante enfatizar la
relativa independencia que tienen las comunidades en parte del proceso y, por
ende, los límites del control de las FARC a la colonización del Caguán.
3.2.2. Las luchas por la tierra y la construcción de región.
Pese a que algunos autores (Molano, 1987) destacaban la relativa equidad en la
distribución de la tierra en la región a inicios de la segunda etapa del proceso
colonizador, en el Caguán se han configurado varios problemas y conflictos
alrededor de la tenencia y uso de la tierra.
El primero de ellos, y que ha tenido lugar desde finales de la década de los
70‟, es la bifurcación de los patrones de tenencia de la tierra dado el avance de la
economía ganadera35. Este modelo fue impulsado por el Estado, a través del
Incora y la Caja Agraria, y dejó como principales afectados a los campesinos
colonos que no pudieron acceder a los créditos o que no alcanzaron a pagarlos, y
que como forma de pago fueron dejando sus fincas, abriendo paso a nuevos
frentes de colonización, no sin antes haber tumbado selva y arreglado las tierras
mediante su potrerización (Ferro & Uribe, 2004: 122). Con el paso del tiempo, la
ganadería fue convirtiéndose en el renglón más importante de la economía de la
35
Para 1980 se daba un contraste entre fincas campesinas de 10 a 15 hectáreas de extensión frente a hatos ganaderos con más de 2000 hectáreas (Jaramillo, 1989). Esto quiere decir que paralelo al modelo latifundista de los potreros y hatos ganaderos, se ha ha dado una fragmentación de la estructura de los fundios hasta su mínima expresión.
50
región (después de los cultivos ilícitos), y aun en la actualidad presenta una
problemática de concentración de tierras para su uso tradicional, según un estudio
adelantado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (2007).
En relación con lo anterior, los pobladores de la región han afrontado un
conflicto por el acceso a las mejores tierras. Esto se ha dado en diferentes etapas,
a saber: primero, con el avance del modelo ganadero presentado anteriormente;
luego, con la llegada de nuevos colonos y actores sociales interesados por la
economía cocalera (Jaramillo, 1989: 120); y por último, con la compra o
apropiación violenta por parte de narcotraficantes y señores de la guerra (grupos
paramilitares y guerrilleros). Los primeros se hicieron con las mejores tierras y las
más cercanas a los centros urbanos, mientras que los segundos, se apropiaron de
grandes territorios con intereses político militares (Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas, 2007: 37)36.
Sumado a esto, los colonos campesinos de la región del Caguán han
enfrentado un grave problema por la escasa titulación de los predios, de tal forma
que ha predominado la ocupación de hecho, “basada en los títulos que confiere la
primacía en la ocupación del territorio, sin existir resolución jurídica del problema”
(Jaramillo, 1989: 121). Tal situación se mantiene en la actualidad, según un
estudio realizado por Alejandro Reyes (2009: 289), como expresión del atraso en
la legalización de los predios para el departamento del Caquetá en su totalidad, de
ahí que se haga urgente la intervención del Estado para que adelante un proceso
de aclaración de dominio sobre la propiedad de la tierra en la región37.
Finalmente, la colonización como un proceso constante, no acabado y
como respuesta continua a los conflictos agrarios y los enfrentamientos entre
Estado y grupos subversivos y narcotraficantes, es una forma de mantener vigente
estos mismos problemas. El ciclo conflicto-colonización-conflicto que se presenta
36
De esto no se escapan los grupos insurgentes. De manera reciente se dio a conocer a los medios de comunicación la forma como las FARC compraban predios a través de veredas y corregimientos para mantener el control sobre corredores de movilidad estratégicos (“Masiva compra de tierras hizo la columna „Teofilo Forero‟ de las FARC en Caquetá”, 2008). Es claro que esta estrategia responde a un escenario de escalamiento del conflicto y presión de la Fuerza Pública en la región del Caguán. 37
Este último problema se convirtió en una de las banderas de lucha, junto al acceso a créditos, del movimiento campesino de los años 70‟ presente en la región.
51
en la región del Caguán y el resto del departamento, ha generado un daño
ecológico irreparable sobre la Amazonía, y un distanciamiento improductivo de los
nuevos núcleos de colonización a los centros económicos y administrativos del
país, empeorando la calidad de vida de los pobladores que se empeñan en esta
empresa y reproduciendo la estructura de tenencia de la tierra presente en el
interior (Ferro & Uribe, 2004: 125).
En otro orden de temas, hay un conflicto en torno a dos modelos distintos
de territorio propuestos por los actores sociales que tienen presencia en el
Caguán. Por un lado, una parte del sector organizado de los colonos campesinos
(cada vez menos numeroso) se ha esforzado por construir región y lograr su
articulación al ordenamiento institucional colombiano, así como a los centros
económicos del departamento y del país. De esta forma, estos sectores buscan
que mediante la construcción de un territorio regional, reconocido oficialmente por
el Estado y por el resto de la sociedad mayor, los habitantes del Caguán logren
acceder a la ciudadanía y al pleno reconocimiento de sus derechos38.
Por otro lado, los grupos armados (legales e ilegales) han convertido la
región en un campo de medición de fuerzas político militares, que ha
obstaculizado el logro de los objetivos planteados por el sector organizado de la
región. Respecto a esto último, es claro que los grupos inmersos en el conflicto,
particularmente las FARC y el Estado, han subordinado las demandas de la
población del Caguán a sus intereses estratégicos en el marco de la disputa
territorial que adelantan, frustrando los objetivos planteados por la organización
social. Como muestra, las FARC han convertido el territorio en su retaguardia
estratégica y han combinado el trabajo político que adelantan con la población con
sus intereses militares, de modo que no han permitido que se diferencien los
procesos organizativos legales de la comunidad del control e influencia de los
frentes militares, restándole legitimidad a los primeros. Por su parte, el Estado no
ha dado un verdadero reconocimiento a la región del Caguán, y al contrario, la ha
38
Para Ferro y Uribe (2004) este proyecto fue representado por un sector minoritario de los participantes en las Marchas Campesinas de 1996, los colonos campesinos organizados que habían hecho parte de la segunda etapa de la colonización. Los autores denominan a este proyecto ciudadanía (127).
52
dejado en una situación de marginalización que explica parte del declive del
proceso organizativo (Jaramillo, 1989: 112; Ferro & Uribe, 2004: 127)39. Por el
contrario, sus esfuerzos se han concentrado en buscar alternativas de paz o en
adelantar acciones de guerra que den solución al problema de la insurgencia.
3.2.3. De la movilización cooptada al grado cero de la protesta social.
Hacia la década de los 70‟ se desarrolló un fuerte movimiento social campesino en
el departamento del Caquetá, anclado en la lucha por la tierra, específicamente
por la titulación de los predios adquiridos en el proceso colonizador, y la obtención
de un mayor número de créditos con mejores condiciones de pago; y en la
construcción de región (Uribe, Inédito). Este movimiento logró importantes
objetivos frente al Estado y las instituciones agrarias como el Incora y la Caja
Agraria, tales como la condonación de deudas, la adjudicación de baldíos y el
cambio de promotores de la Acción Comunal, mediante el adelanto de paros,
acciones de protesta, entre otras modalidades de acción colectiva (Uribe, 2001:
214)40.
El movimiento campesino del Caquetá tenía su base en una serie de
procesos de organización social y de construcción de autoridad adelantado en la
región, que tenía en la organización comunitaria su primera forma de expresión.
La vereda se convirtió en la unidad social básica, en términos de Jaramillo (1989:
81), y su organización se logró por medio de las Juntas de Acción Comunal (JAC),
organismos a través de los cuales se canalizaron todas las actividades dirigidas a
la satisfacción de las necesidades básicas e inmediatas como la educación,
caminos, créditos para el comercio, fundación de caseríos, salud, etc; (Uribe,
2001: 221). El peso de esta organización fue cada vez más importante,
39
“La no ciudadanía: es el proyecto de la clase dirigente nacional, que estaría definido por la carencia de programas y proyectos gubernamentales y de voluntad política que permita la inclusión ciudadana, el acceso a oportunidades sociales básicas y el desarrollo rural de la gran mayoría de los pobladores del Caquetá” (127). 40
Esta etapa de la organización social es motivo de orgullo para la población colona que hizo parte de ella, “Se puede decir que la organización campesina nació acá con el Paro del 72‟” (Uribe, 1992: 111).
53
convirtiéndose en un sistema de autoridad embrionario en la región, sin embargo
nunca logró consolidarse.
Por otro lado, la organización social contó con la participación de sectores
importantes como la Iglesia41, los gremios y los sindicatos de maestros. Respecto
al sector gremial, fueron muy importantes Federación Agraria Nacional (FANAL),
una línea radical de la organización campesina nacional con gran importancia y
acogida en la región, y la ANUC (Uribe, 1992: 106-107). Esta última organización
tuvo su mayor auge durante la década de los 70‟ cuando se convirtió en el
principal aglutinador del movimiento campesino, bajo la cobertura de la política de
Reforma Agraria adelantada en el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) y con
el lema “Tierra para el que la trabaja”. Llegó al Caquetá en 1972 y ayudó a la
creación de los Comités Veredales de Organización Campesina, lideró el
recordado Paro agrario del 72‟, promovió la obtención de créditos y afilió a los
campesinos a la Cooperativa Agraria que la misma organización comenzó a
administrar (Uribe, 1992: 111). Así mismo, fue importante el papel adelantado por
el AICA, sindicato de educadores del Caquetá, dada la cercanía entre las
organizaciones de maestros y de campesinos, y por su participación en la
organización campesina y en la formación educativa (y política) de los colonos
(Uribe, 1992: 113).
Con el paso del tiempo, este proceso organizativo fue perdiendo peso e
importancia, y el movimiento campesino de la región del Caguán, y en general del
Caquetá, prácticamente desapareció en las décadas siguientes, pese a las
Marchas Campesinas de 1996 en donde participaron cerca de 75.000 personas
durante 45 días paralizando la totalidad del departamento del Caquetá (“75.000
campesinos se toman a Caquetá”, 1996). Esta movilización no tuvo la
participación mayoritaria del sector organizado del Caguán y respondió más a la
41
La Iglesia católica tuvo un papel central en la defensa de los intereses de los colonos y la organización campesina. Sus principales gestores fueron los Padres Misioneros de la Consolata y las Hermanas de la Fraternidad Bethlemita, quienes por medio de la OPC lograron capacitar un número importante de campesinos laicos, denominados Animadores Cristianos de la comunidad, en talleres sobre organización, alfabetización, cooperativismo, salud comunitaria y formación bíblica. Además, fundaron varios Botiquines Veredales, la OPS y Cooperativas Campesinas con sucursales en varias veredas (Uribe, 2001: 221).
54
presión armada de las FARC que a la autodeterminación de la comunidad colona
de la región, pese a que el móvil de la protesta ante el Estado y la sociedad mayor
era reconocido y de alguna manera compartido por la totalidad de los sectores de
la comunidad. Este giraba en torno al rechazo a las políticas de fumigación masiva
e indiscriminada de cultivos ilícitos en la región42 (Ferro & Uribe, 2004: 129-130)43.
Teniendo en cuenta la presentación anterior, vale la pena preguntarse ¿a qué se
debe este bloqueo y pérdida de la movilización social?, y ¿cómo logran las FARC
cooptar el movimiento campesino de la región y el departamento?
Hay tres razones de peso que permiten responder a estas preguntas:
primero, las fracturas internas en la ANUC a nivel nacional por el desencuentro
entre posiciones ideológicas de izquierda, que dividió la organización en dos
líneas (oficial –Armenia- y radical –Sincelejo-) y puso en contra a los líderes y
activistas campesinos, generando decepción y desconfianza en el sector colono
del Caguán frente a las organizaciones sociales y agrarias (Uribe, 2001: 216)44.
Segundo, la llegada de la coca a la región, que trajo descontrol y desorganización
a la comunidad (tema explicado más adelante). Y, por último, la incursión de
distintos grupos armados a la región, la inserción de esta al conflicto armado
interno y los tipos de órdenes locales que se fueron configurando por la
confluencia de estos factores.
Como se mencionó anteriormente, los grupos insurgentes llegaron al
Caguán desde el inicio de la segunda etapa de la colonización del Caquetá,
especialmente las FARC. Este grupo ha hecho presencia en la región a través de
42
El pliegue de peticiones hacía referencia a dos paquetes de demandas; por un lado, las relacionadas con los cultivos ilícitos y la petición de cese a la fumigación aérea, que no fue atendida por el Estado; y por otro lado, la petición de ampliación de la cobertura educativa y de salud, y de inversión en infraestructura vial. Sobre este punto se logró llegar a un acuerdo entre los marchantes y el gobierno nacional (“Hoy se firma el acuerdo en el Caquetá”, 1996). 43
Las Marchas Campesinas de 1996 (31 de julio-15 de septiembre) son una respuesta, impulsada férreamente por las FARC, al desarrollo de la Operación Conquista del gobierno Samper Pizano (1994-1998) y al inicio de la fumigación aérea de los cultivos de coca en el departamento del Caquetá. (Pontin & Uribe, 2006). 44
En este primer quiebre estratégico del movimiento campesino vale la pena destacar el impacto negativo de la aplicación del Estatuto de Seguridad (1978-1982) con el que se buscaba preservar las instituciones frente a la amenaza insurgente, pero que terminó criminalizando, persiguiendo y ahogando la protesta social en gran parte del país, y especialmente en el departamento del Caquetá (Uribe, Inédito), en donde se causaron graves violaciones a los Derechos Humanos y se desarticularon las tiendas comunitarias, los botiquines veredales y las organizaciones agrícolas (Uribe, 1989: 167).
55
los frentes 3, 13, 14, 15, 32 y 49, y mediante la Columna Móvil Teófilo Forero
(Uribe, 2001: 208). Su „presentación oficial‟ en el departamento tuvo lugar el año
de 1978, con la toma al municipio de Cartagena del Chairá, de manera que
permaneció en el Alto Caguán por más de 12 años, sin tener una incidencia militar
y política importante en el resto de la región. También hacen presencia los grupos
insurgentes del M19, con gran acogida e importancia en el centro y sur del
departamento; y el EPL, ubicado, hacia finales de los 70‟, en Paujil, Cartagena del
Chairá y el Alto Orteguaza (Uribe, 2001: 222). De estos grupos tan solo las FARC
permanecen en la región, debido al ataque militar en contra del M19 por parte de
los grupos estatales, que los obliga a retirarse de la región, y a su posterior
desmovilización a comienzos de los 90‟; así como a la derrota militar del EPL a
manos de las FARC.
En cuanto a los paramilitares hacen su entrada en la región en el año de
1997, tanto para disputarle a las FARC el negocio del narcotráfico como para
tenderle un cerco a su retaguardia estratégica y quitarle la salida de la Amazonía
al Pacífico (Uribe, 2001: 235). Su estrategia consistía en asentarse y fortalecerse
en el sur del departamento y desde allí atacar el bastión militar de las FARC, el
Caguán. No obstante, los paramilitares no lograron derrotar a las FARC en la
región del Caguán, ni tener una inserción importante en las poblaciones, aunque sí
pudieron consolidarse en el sur del departamento.
Los grupos estatales, por su parte, han hecho presencia en la región desde
la “Guerra del Caquetá”, es decir, la ofensiva militar contra el M19 en el centro y
sur del departamento, sin lograr un control definitivo del territorio. El Estado ha
asumido una posición variable frente al Caguán. El territorio ha sido escenario de
negociaciones de paz en dos oportunidades, y el teatro de las más grandes
ofensivas militares, principalmente desde el cese de la zona de distensión en el
2002 y la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática y el Plan
Patriota.
Durante el período de 1970 a 2006 se han configurado distintos tipos de
órdenes locales (Arjona, 2008), manteniendo la hegemonía predominante de las
56
FARC (Ver Tabla 4.2). A finales de la década de los 70‟ las FARC comenzaron su
expansión territorial por la región (y el resto del departamento) y hallaron unas
organizaciones y autoridades locales seriamente fragmentadas por la división del
movimiento campesino nacional. Sumado a esto las FARC asumieron el papel de
decisores en torno a la propuesta de prohibir o aceptar el narcotráfico como
alternativa económica en la región. Además se embarcaron en una disputa
territorial con el EPL. Dado su interés de posicionarse en la región, esta guerrilla
creó unas autodefensas para controlar el negocio del narcotráfico (recién
aceptado) y a su vez, evitar la posible infiltración del EPL en la región (Uribe,
2001: 222). Estas autodefensas, que actuaban de manera independiente pero bajo
el nombre de las FARC, cometieron graves delitos, crímenes y asesinatos que
socavaron aun más la organización social colona, y fueron reconocidas como un
error estratégico por la misma organización guerrillera que terminó por
desmantelarlas (Uribe, 2001: 222).
Posterior a esta primera etapa de terror, y debido, en parte, a la
reorganización ideológica y programática de las FARC durante la VII Conferencia
(1982), esta organización guerrillera a partir de los años 80‟ le da una mayor
importancia al trabajo político y social con la comunidad que la llevaría a
convertirse en cogestora del proceso organizativo (Jaramillo, 1989: 175-176) y en
coparticipante (cada vez menos irremplazable) del sistema de autoridad local.
Desde esta posición de liderazgo, las FARC se encargaron de la reorganización
de la comunidad, el sostenimiento del orden público y el control de la economía
ilícita del narcotráfico.
Crearon los Comités de Colonos, encargados de la adjudicación de baldíos
y del control a la concentración de la tierra; cooperaron con la comunidad en la
derogación de la reserva forestal impuesta para este sector de la Amazonía; y
participaron activamente en coordinación interinstitucional con las autoridades
comunitarias (JAC) y las instituciones del Estado (como el Incora, ICBF, Sena,
Idema e Inderena), para la creación del Comité de Investigación y Transformación
de Tecnología que se encargaría de manejar la titulación de tierras liberadas por el
57
levantamiento de la reserva forestal (Uribe, 2001: 224-225). Por causa de estas
acciones, las FARC lograron una amplia aceptación en la comunidad y un mayor
control militar, policivo, económico y político en la región45; de tal forma que
pudieron dar un salto cualitativo en la construcción de un OLI a un OLCS.
El OLCS constituido por las FARC culminó en el año de 1988, cuando se
rompe el Acuerdo de paz de La Uribe (1984-1987) entre el gobierno y las FARC.
Un nuevo escenario de escalamiento del conflicto tenfría lugar con el rompimiento
de los diálogos entre el gobierno de Gaviria Trujillo y la CGSB (de la cual hacía
parte las FARC), que marcaría el inicio de la recuperación del territorio del Caguán
por parte del Estado con base a la declaración de „guerra integral‟ contra los
grupos subversivos por parte del gobierno Gaviria Trujillo (1991). En términos de
Arjona (2008) se configuraría un OLC caracterizado por el repliegue político de las
FARC (Uribe, 2001: 227).
Esto tiene un impacto perjudicial en el proceso organizativo de las
comunidades del Caguán si se tiene en cuenta que para esta época el sistema de
autoridad en las comunidades, encabezado principalmente por las JAC, está
debilitado y fragmentado de tal forma que requiere de la participación de las FARC
para poder adelantar sus propuestas y hacer respetar sus normas46. De igual
forma, los Comités de Colonos, a partir de la retirada de las FARC van perdiendo
fuerza y liderazgo, que no van a recuperar más adelante47. Las FARC, por el
contrario, desconocen las demandas de organización social y política exigida por
la comunidad y se limitan a mantener el recaudo de impuestos al negocio de la
coca y el control militar de la región.
En la segunda mitad de los años 90‟, las FARC recuperan gran parte de su
presencia militar y política en la región del Caguán, al tiempo que avanzan a un
45
Las FARC lanzan en 1985 el movimiento político de la UP y de esta forma hacen una mayor presencia política en la región (Uribe, 2001: 226). 46
“Nosotros necesitábamos como comunidad organizada, que ellos tuvieran mayor presencia para que ellos apoyaran algunas decisiones de la misma organización” (Testimonio de colono sobre la retirada de las FARC de la región, y la difícil situación de orden público tras el descontrol del narcotráfico) (Ferro, 2004: 424). 47
“Cuando las FARC estaban eran una comunidad muy respetada, pero después eso se cayó y no volvió a funcionar… se ha tratado de reactivar varias veces, pero eso ya no se levanta” (Uribe, 2001: 228).
58
relativo equilibrio de fuerzas frente el Estado en el sur del país. Esta posición
favorable les permite orientar sus acciones y estrategias hacia una guerra de
movimientos (ODECOFI, Inédito: 25)48 y, paralelo a ello, a la construcción de un
orden político paraestatal (Pataquiva, 2007). La región del Caguán se convierte en
el territorio estratégico para adelantar estas dos empresas, una vez el gobierno de
Pastrana Ayala (1998-2002) permite la retirada de la Fuerza Pública (y luego que
las FARC expulsan a las autoridades civiles) de cuatro municipios del
departamento del Meta y del San Vicente del Caguán por un período de tiempo de
casi cuatro años (octubre 1998 - febrero 2002). Esta zona de distensión permitió
que una parte de la fuerza político militar de las FARC estuviera a salvo y alejada
del recrudecimiento del conflicto armado propio de este período de tiempo
(ODECOFI, Inédito: 24-30). Adicionalmente, las FARC pudieron aprovechar este
espacio para retomar el control total sobre la región del Caguán, principalmente
del municipio de San Vicente, aumentando su poder local, su control sobre la
economía ilegal y el ejercicio policivo sobre la población civil (Uribe, 2001: 248).
Con el rompimiento de los acuerdos de paz y la derogación de la zona de
despeje, el relativo equilibrio alcanzado por las FARC se rompe e inicia un nuevo
capítulo en el recrudecimiento de la guerra en la región del Caguán. En este
escenario toman protagonismo los grupos estatales, fortalecidos por la
reestructuración de las Fuerzas Armadas y por la ayuda financiera otorgada al
Plan Colombia (programa creado originalmente para combatir el narcotráfico) y
luego con la puesta en marcha del Plan Patriota (2004) en el marco de la Política
de Seguridad Democrática del gobierno Uribe Vélez (2002-2006); los paramilitares
incursionan a la región mediante la presencia de los Frentes Héroes de los
Andaquíes y Próceres del Caguán; mientras que las FARC trata de mantener su
dominio sobre este territorio estratégico. A pesar de este interés, las dinámicas del
48
Al comienzo de la segunda mitad de la década de los 90‟ las FARC lograron concretar varios ataques importantes a las Fuerzas Militares en el sur del país. En lo que respecta a la región del Caguán, el 23 de mayo de 1997 el gobierno decide aceptar la petición de despeje de Cartagena del Chairá para que las FARC entreguen los 60 soldados retenidos tras el ataque a la base de Las Delicias (30 de agosto de 1996) ubicada entre el Caquetá y el Putumayo. Luego, al siguiente año (3 de marzo), las FARC realizan una emboscada a tropas del ejército en la zona selvática conocida como El Billar aniquilando un grupo contrainsurgente del Batallón 52 de la Brigada Móvil No. 3, y tomando retenidos 40 soldados más.
59
conflicto fuerzan a un nuevo repliegue político de las FARC, de tal forma que se
configura un escenario de OLC por la interacción violenta de los grupos armados,
trayendo como consecuencia el aumento de los niveles de desplazamiento49, y la
violación a los Derechos Humanos, principalmente en los municipios de San
Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá50.
A pesar de los distintos tipos de orden local configurados en la región
durante este período de tiempo (1970-2006), las FARC lograron mantener una
hegemonía y liderazgo en la región cooptando los espacios organizativos y
ocupando las instancias de autoridad. Esto explica en gran parte el hecho de que
la protesta social en el Caguán, como germen de movilización social, fuera
supeditada a los intereses estratégicos de este grupo armado, siendo bloqueada
en los períodos de mayor intensidad del conflicto. Hay que destacar que desde las
Marchas Campesinas de 1996, no se han adelantado expresiones de movilización
o protesta social de igual o cercana intensidad. Sin embargo, puede haber otras
explicaciones complementarias a este déficit de protesta y movilización social. La
primera de ellas apunta, precisamente, a que la última experiencia de movilización
social masiva en la región (las Marchas Campesinas y Cocaleras), dejó un saldo
negativo en la comunidad en términos humanitarios, económicos y sociales (Uribe,
Inédito), que se tradujo en un renovado escepticismo y rechazo a la movilización
social .
49
A partir del 2002 el número de desplazados en la región del Caguán sube de 2269, el año anterior, a 5954 personas desplazadas. Esta cifra se mantiene en niveles altos (por encima de 3000 personas) y se incrementa aún más para el final del período de estudio (6311 personas el 2005) (Consultar Anexo 2.2). 50
Entre las acciones del conflicto que mayor incidencia tienen en el desplazamiento masivo o individual en la región están: los allanamientos y detenciones masivas de pobladores por parte de la Fuerza Pública con el objetivo de capturar militantes y colaboradores de las FARC camuflados en la población civil, el riguroso control sobre los alimentos y medicinas a la región; las fumigaciones masivas e indiscriminadas; el reclutamiento forzado del ejército y las FARC que pone en riesgo a las familias de los reclutados; y los combates en las zonas del Medio y Bajo Caguán (Pontin & Uribe, 2006).
60
Tipo de orden local Ejercicio de control
OLI (1979-1983) (FARC)
Militar: Aparición militar y política de las FARC en la región Competencia con otros grupos guerrilleros, especialmente EPL Retirada del M19 y derrota a manos de las FARC del EPL
Político: Infiltración en las instancias de autoridad en la región Capitalización de las fracturas internas en la comunidad
Económico: Autorización del narcotráfico
OLCS (1982-1988) (FARC)
Militar: Ausencia de adversarios armados en la región Control policivo y militar de las FARC
Político: Copación del lugar de autoridad en la comunidad
Económico: Control de los cultivos ilícitos Recaudación de impuestos del narcotráfico
Social: Organización de la comunidad Liderazgo en el proceso movilizatorio y en las reivindicaciones sociales frente al
Estado
OLC (1988-1994) (FARC, Fuerzas estatales)
Militar: Rompimiento de los pactos entre gobierno y grupos guerrilleros Disputa bélica entre fuerzas estatales y las FARC Control policivo de las FARC en la región
Político: Repliegue político de las FARC
Económico: Control de las FARC de la economía de los cultivos ilícitos Recaudación de impuestos por las FARC
OLCS (1995-2002) (FARC)
Militar: Control militar y policivo de las FARC Protección frente a la escalada del conflicto (zona de distensión) Acumulación de fuerzas militares
Político: Autoridad de las FARC en la región Avance hacia el proceso de construcción de un orden contraestatal
Económico: Control de las FARC sobre los cultivos ilícitos Recaudación de impuestos por las FARC
OLC (2002-2005) (FARC, Fuerzas estatales, grupos paramilitares)
Militar: Reestructuración de las Fuerzas Militares Entrada de los grupos paramilitares Escalamiento conflicto armado
Político: Repliegue político de las FARC Influencia bajo la sombra de las FARC
Económico: Disputa de la economía del narcotráfico entre grupos ilegales
Tabla 4.2. Configuración de órdenes locales en la región del Caguán.
Por otra parte, las organizaciones sociales que aún permanecen en la
región enfrentan graves problemas que deben ser tomados en consideración:
primero, en términos generales sufren la carencia de organizaciones o instancias
regionales que articulen las experiencias locales en las que tienen impacto (Uribe,
Inédito); segundo, la mayoría de ellas dan mayor énfasis a la creación de
alternativas económicas a los cultivos ilícitos que a la construcción de procesos
61
reivindicativos, teniendo como principal ejemplo de este tipo de organizaciones a
la reconocida experiencia de Chocaguán51; y por último, los sectores organizados
que permanecen desde la experiencia de movilización campesina de finales de los
70‟ y comienzos de los 80‟, entre los que se encuentran algunos colonos
campesinos que mantuvieron sus fincas, tienden a ser blanco de la presión
económica y militar de las FARC, situación que los ha llevado a estar en
contradicción y distanciamiento frente a este grupo armado (Uribe, 2001: 217). Por
estas razones, en su conjunto, es posible explicar la disminución de la protesta
social en el Caguán y la desmantelación del movimiento campesino del Caquetá.
Pese a esto, es importante destacar las distintas formas de resistencia que
han puesto en marcha los pobladores locales frente a las acciones y la presencia
de los actores hegemónicos (incluyendo los grupos armados) en la región. De
entrada sobresale el ejercicio de “desobediencia civil” que hacen algunos civiles
frente a los mandatos de los grupos armados. Jaramillo (1989: 77) en la obra
clásica de la región del Caguán, Colonización, coca y guerrilla, definía este rasgo
distintivo de las comunidades campesinas y colonas (reactivado en esta etapa)
como el contrapoder de no acatar las decisiones e iniciativas que vienen “desde
arriba”, para dar a entender a los actores hegemónicos que no tienen un control
total sobre ellos52. Otra estrategia, más pragmática, ha consisitido en obedecer las
órdenes de los actores hegemónicos, partiendo del reconocimiento de su
condición vulnerable en una correlación de fuerzas abismalmente desigual y bajo
la premisa de preservar sus vidas, pero sin comprometerse con alguno de ellos
(Uribe, Inédito). Por último, en el contexto de escalamiento de las acciones
armadas del conflicto, algunos pobladores han optado por dejar los lugares de
51
La fábrica Chocaguán fue fundada en 1993 en un intento del padre Jacinto Franzoi por ofrecer una alternativa de desarrollo económico a los pobladores de la región de Remolinos del Caguán, al interior del municipio de Cartagena del Chairá. La experiencia dejó una semilla de organización en el Comité de Cocoateros del Caguán, pero difícilmente ha logrado consolidarse como alternativa viable a la producción de coca, dada la rentabilidad de este negocio ilegal (“En el Remolino de la coca y el cacao”). 52
Un claro ejemplo de ello, todavía en el período de hegemonía de las FARC, fue la reacción de algunos campesinos participantes de las marchas cocaleras, que para el año 2000 y frente a la presión de la guerrilla para que se adelantara un nuevo paro cocalero, respondieron con un rotundo: ¡no!, aun a costa de perder sus vidas. “Vengo representando al Amazonas. Ustedes dicen que el que no salga al paro va a ser muerto, pues entonces aquí está la primera cabeza" (Testimonio Jesús Hernán Román Fajardo Pejendino, líder campesino participante de las marchas de 1996) (“En la República de los excocaleros”, 2004).
62
mayor riesgo y desplazarse, pero retornar cuando el peligro ha cesado, haciéndole
frente al desplazamiento forzado (Uribe, Inédito); aunque se actúe bajo una lógica
de incertidumbre y espontaneidad, que no permite dar un salto cualitativo a la
planeación de estrategias formales de defensa del territorio.
3.2.4. ‘Los cultivos ilícitos desordenaron todo’.
Los cultivos ilícitos llegan a la región del Caguán hacia finales de la década de los
70‟, y tienen una rápida expansión debido a los problemas agrarios que afrontaban
los pobladores locales, quienes no encontraron una alternativa de producción más
rentable que este tipo de economía ilegal (Jaramillo, 1989)53. Específicamente, la
coca hace su arribo en una coyuntura de crisis ambiental y económica, causado
circunstancialmente por el incendio forestal de 1979 y el período de sequía y
hambruna presenciado ese mismo año (Ferro, 2004: 416). En este contexto las
autoridades locales se enfrentaron al dilema de permitir o prohibir el desarrollo de
este negocio. Las FARC tomaron parte de ese proceso, y fueron quienes
finalmente dieron la aprobación, justificados en la idea de que podía llegar a ser
una alternativa económica para remediar los problemas y necesidades de la
población, y también como respuesta a la presión social adelantada por quienes
se encontraban en una condición humanitaria insostenible (Ferro, 2004: 414).
Desde entonces las FARC han tenido distintos tipos de acercamientos
frente al asunto de la coca, a saber: a partir de propuestas políticas, mediante
acciones policivas, a través de la organización económica, por medio del recaudo
fiscal, entre otras. Estas acciones le permitieron un mayor grado de control y
autoridad sobre la población colona y campesina de la región (Ferro, 2004). Es
importante aclarar que parte de esas acciones y estrategias respondían a una
convergencia de intereses entre la guerrilla y los sectores organizados de la
sociedad. Por un lado, las FARC hallaron en la coca la forma de financiar sus
53
La coca es el cultivo permanente que mayores oportunidades le ofrece a los colonos de recibir un ingreso constante, situación que contrasta con la producción de cultivos tradicionales que le generan pocos rendimientos debido a los bajos niveles de los precios de estos productos y a su difícil transporte (Ferro, Osorio, Uribe, & Castillo, 1999: 62)
63
actividades como organización y la clave para controlar la economía de la región
en donde buscaban consolidar un control hegemónico. Por otro lado, las
comunidades requerían una autoridad que fuera lo suficientemente fuerte como
para imponer un orden a un negocio que estaba totalmente fuera de control54.
Mediante el sostenimiento del orden público, la regulación de los precios y
actividades económicas, las propuestas políticas de sustitución de cultivos, incluso
con la compra directa de la pasta básica de coca; las FARC lograron dar orden a
esta economía ilegal y por esta vía alcanzaron un nivel de injerencia casi total
sobre la población del Caguán, dado que en su mayoría dependían (y aun
dependen) de esta economía55, ya sea directamente (como sustento económico),
o indirectamente (por causa de la seguridad).
De esta forma, el narcotráfico no solo debilitó la autoridad comunitaria al
requerir la presencia de un agente externo que pudiera controlar el negocio,
permitiendo que las FARC construyera un OLCS en el territorio56; sino que
además bloqueó y desestabilizó los procesos organizativos adelantados por los
campesinos y los colonos, que buscaban reivindicar los derechos sobre la tierra
conquistada y construir región y sociedad.
En primer lugar, el narcotráfico se convirtió en el principal polo de desarrollo
de la región, de tal forma que los demás sectores de la economía (ganadería,
comercio, finanzas, mercado de tierras, etc.) comenzaron a depender
directamente de esta actividad57. Esto llevó a que la mayoría de habitantes del
Caguán quedaran sujetos exclusivamente a una actividad proscrita por el Estado y
54
“Mire que la solicitud inicialmente fue directamente de la comunidad, como le decía inicialmente, se solicitó que ellos (la guerrilla) regularan y pusieran condiciones de vida, llamemos „humanas‟ en la región” (Ferro, 2004: 424). 55
Es importante anotar que el control sobre el narcotráfico le trae beneficios a la guerrilla incluso en las épocas de guerra o de crisis de precios, dado que frente a la escasez de alternativas económicas en la región los pobladores, jóvenes sobre todo, se convierten en blanco fácil para el reclutamiento guerrillero (Ferro, 2004: 437). Esta situación socava aun más el control de las autoridades comunitarias sobre este segmento importante de la población, y plantea nuevos retos para las estrategias del Estado que apuntan a aminorar la “base social” de las FARC. 56
“Ese espacio de tierra de nadie es el que aprovechan las FARC en ese momento y empiezan a hacer un ordenamiento social, de empezar a dictar algunas normas de comportamiento… Ellos empezaron a establecer un régimen político y digamos un régimen llamémoslo social, autóctono, allá en esa zona” (Ferro, 2004: 419) 57
“Durante la etapa de bonanza, el que no vivía de la coca no podía vivir. Toda la plata que se movía era de la coca, los restaurantes, las residencias, la gasolina, las limosnas, las cantinas...” (Uribe, 1992).
64
rechazada por la sociedad nacional y mundial, quedando en una condición no solo
de vulnerabilidad económica frente a este negocio y de subordinación a quienes lo
controlan y permiten su desarrollo, sino también de incapacidad para adelantar un
movimiento reivindicativo sobre la base de una actividad ilegal. Por otra parte, la
coca rompió los espacios de socialización necesarios para adelantar procesos
organizativos, debido a que es un cultivo de carácter permanente que requiere
todo el esfuerzo de quienes participan en su producción, y a que responde casi a
toda la oferta de trabajo en la región, incluyendo todo el núcleo familiar (Ferro,
Osorio, Uribe, & Castillo, 1999: 111). Por último, la dependencia generalizada
sobre el narcotráfico erosionó la autoridad de los líderes que no han logrado
desvincularse del todo de esta actividad, o que son presionados para participar en
la misma, bloqueando el adelanto de acciones en contra del narcotráfico (y de
quienes lo controlan) que vayan más allá de la neutralidad de unos sectores
reducidos de la sociedad (Ferro, Osorio, Uribe, & Castillo, 1999: 112).
3.2.5. La comunidad dispersa del Caguán.
Con base a la presentación de los apartados anteriores, es posible identificar una
comunidad dispersa en la región del Caguán, que se expresa en los distintos
intereses presentes en la movilización de las Marchas Campesinas. Este tipo de
entretejido humano explica en parte la incapacidad posterior de los marchantes en
las manifestaciones de 1996 para crear una organización colona o cocalera de la
región. Así también, la cohesión social de las comunidades de la región es la
causa de los ejercicios aislados e individuales (si acaso locales) de resistencia civil
frente a la hegemonía de los poderosos y en el poco generalizado ejercicio de
neutralidad frente a los cultivos ilícitos (que no va más allá de uno algunos lideres
comunitarios). Esta situación no ha sido una constante en la región y puede
terminar de entenderse desde una presentación, no exhaustiva, de los rasgos
culturales más importantes de los colonos campesinos del Caguán, teniendo como
referente la presentación de los apartados anteriores, en relación con la forma
65
como estos rasgos culturales han sido moldeados por el arribo de los grupos
armados y las dinámicas del narcotráfico.
A manera de introducción, es importante comprender la actitud pragmática
que media la relación del colono con el mundo que lo rodea (la tierra, el territorio,
la selva, etc.) y con los demás actores sociales (actores hegemónicos, y sus
pares), dado que es una pieza fundamental del proceso de deliberación cognitiva
para este caso y una de las razones que explica las dificultades en el proceso de
cohesión social y construcción de identidad regional. Este rasgo cultural ha sido
constitutivo en la experiencia de los colonos dado el sentido de sobrevivencia, la
superación de las necesidades y la búsqueda de mayor bienestar que acompañó y
caracterizó a estos hombres y mujeres que decidieron dejar sus lugares de orígen
y sumergirse en la selva para crear una nueva vida, escapando al peligro de la
guerra o a la condición de miseria en que vivían.
En la segunda etapa de la colonización, reseñada anteriormente, la
superación de las necesidades comunes es la base de todo el proceso
organizativo; de la constitución de las JAC, de la construcción de escuelas,
caminos, etc.; así como de la movilización social, la búsqueda de solución a sus
necesidades frente a la tierra y la producción económica, el reconocimiento de la
importancia de hacer parte de la comunidad nacional y de traer los bienes y
servicios del Estado a su territorio. En un primer momento este tipo de cohesión
social comienza a tener éxito, y las comunidades se caracterizaron por su
organización embrionaria pero importante en condiciones totalmente inhóspitas,
por su solidaridad y mutuo apoyo (Uribe, 1992)58.
El modelo de comunidad que se fue configurando permitió la construcción
de una identidad regional; que fue el fruto de la conciencia de la participación
directa del colono en esta empresa, del anhelo por cambiar sus condiciones de
vida y del rompimiento (no definitivo) con sus comunidades originarias (Jaramillo,
1989: 80-81). No obstante, en la tercera etapa de la colonización del Caquetá,
58
“Antes éramos más comunitarios, porque mientras hay necesidad, hay organización” (testimonio de colono) (Uribe, 1992: 99).
66
este proceso termina por romperse con la llegada de la coca, y con el simultáneo
arribo de los grupos armados y el desarrollo de la guerra en esta región del país.
En primer lugar, el narcotráfico comienza a suplir las necesidades que eran
mediadas por la organización comunitaria, de tal forma que afirma el
individualismo, la desconfianza y el deseo de autosuficiencia también presente en
el colono (Ferro, Osorio, Uribe & Castillo, 1999: 111)59. Adicionalmente, la
dinámica del conflicto armado en la que se empieza a insertar la región impone
una nueva necesidad que premia sobre todas las demás: la sobrevivencia, que es
mediada por una actitud de “sálvese quien pueda” propia de las comunidades no
consolidadas en su organización social y sus sistemas de autoridad (Jaramillo,
1989: 77). Por último, el narcotráfico atrae a una gran cantidad de población
externa a la región, caracterizada por la búsqueda de su propio beneficio, sin
ningún tipo de identidad con el Caguán, ni claridad sobre su futuro. Situación que
rompe con el proyecto común y que además impone nuevos valores y costumbres,
en algunas ocasiones perjudiciales para el frágil orden social de las comunidades
del Caguán, como la avaricia, el deseo de venganza, la vida fácil, entre otras
(Ferro, Osorio, Uribe & Castillo, 1999: 111).
Todo esto refuerza uno de los rasgos culturales más sobresalientes del
colono: la movilidad60 e itinerancia. Esta última entendida como la actitud del
colono a dejar todo lo que ha conseguido mediante un gran esfuerzo (en términos
de tiempo, recursos, etc.) ya sea por la búsqueda de mejores oportunidades,
“nuevas aventuras” o como procedimiento para escapar a un conflicto en una
condición de correlación de fuerzas muy desigual (Uribe, Inédito: 13). La
itinerancia se manifiesta en movilidad, en posibilidad de retomar su camino
colonizador, pero sobre todo en falta de identidad con el territorio y la tierra, en
desarraigo (Uribe, Inédito: 14)61.
59
“La coca lo resuelve todo, la coca es dios” (testimonio de colono) (Ferro, Osorio, Uribe & Castillo, 1999: 111). 60
Uribe (1992: 93-94) describe a los colonos como andariegos por naturaleza o por la fuerza, que de buscar la forma de conservar la tierra, prefieren seguir abriendo caminos y trochas. 61
“Aquí hay desarraigo, así como la gente se afana por tener tierra, cultivarla, cuidarla, fácilmente la vende, la cambia o se va para el pueblo y la deja por un tiempo” (testimonio de colono) (Uribe, Inédito: 14).
67
Tanto el desarraigo como la dispersión social son un obstáculo para la
organización y movilización de la comunidad, dado que si no hay identidad frente a
la tierra, al territorio u otra condición social de la que hagan parte, y además si no
hay posibilidad de unir fuerzas, de articular experiencias, de trazar planes
comunes; difícilmente se tenga un motivo porqué luchar, y, dado caso que lo halla,
es muy improbable que la comunidad cuente con recursos endógenos para poder
hacerlo.
“No los siento tan campesinos con amor a la tierra… sino que estar en el campo es un modo de vida, que les permite conseguir lo necesario para la comida, pero si encuentran otra forma de subsistir se van inmediatamente” (Uribe, Inédito: 14).
68
CONCLUSIONES
En este último capítulo se realizarán algunos comentarios generales en torno a los
resultados, limitaciones y logros del trabajo de grado. A manera de síntesis, en
este documento se utilizó como marco teórico el modelo del proceso político
debido a la capacidad que tiene de considerar distintas variables complementarias
que son centrales para la comprensión de los movimientos sociales y la acción
colectiva en el marco de la sociedad rural. Adicionalmente, se situó este modelo
en medio de los entornos violentos en los que se lleva a cabo la movilización
social en el país, y para esto se tuvo en cuenta la importancia e incidencia de los
grupos armados y las dinámicas de la violencia del conflicto armado interno como
factores estructurantes. Finalmente, se compararon dos casos a la luz de este
marco teórico, a saber: el movimiento indígena de los Nasas del norte del Cauca,
y el sector campesino y colono de la región del Caguán.
Cada uno de ellos da cuenta de una situación muy disímil de la movilización
social, no solo por sus alcances y vigencia, sino por el tipo de relación que tienen
con los grupos armados del país, en torno a la capacidad de mantenerse
autónomos o no en el adelanto de sus demandas y objetivos. Por un lado, el
movimiento indígena ha logrado mantener la autonomía de su lucha y, en parte
gracias a ello, proyectarse como sujeto de poder regional mediante el
fortalecimiento de su autoridad en el territorio y la tramitación de algunos aspectos
relevantes de la problemática rural que afrontan como la recuperación de tierras y
territorios ancestrales, la prevención de algunos efectos del desplazamiento
forzado y la disminución de los cultivos ilícitos y la dependencia a esta economía
ilegal62. Por su parte, el sector colono y campesino del Caguán, que tuvo fuerza en
la década de los 70‟ junto al resto del movimiento campesino del país, terminó
debiitándose permitiendo la infiltración de grupos armados en las comunidades.
62
Es importante destacar que el proyecto Simci para Colombia reporta únicamente en dos ocasiones, 2001 y 2005, a un municipio de la región del norte del Cauca entre los que tienen mayor nivel de producción de cultivos ilícitos en el departamento. El municipio es Morales, que pasó de una producción de 102 hectáreas de cultivos ilícitos aproximadamente a no reportar producción en los años posteriores hasta el 2005 en que reportó un nivel de 9 hectáreas. (SIMCI, 2006: 12; SIMCI, 2002).
69
Este hecho fue convirténdose en un obstáculo cada vez más difícil de superar,
debido a que la movilización social comenzó a perder fuerza sin la presencia o el
apoyo del grupo armado (FARC) y pronto quedó sujeta a las dinámicas de la
guerra en las que éste se encontraba inmerso. Como consecuencia de lo anterior,
dificilmente se ha tramitado la cuestión agraria mientras que sí se ha recrudecido
el conflicto por el territorio, así como se han profundizado distintos problemas
como la reproducción de la estructura de tenencia de la tierra presente en el
interior del país, el alto índice de desplazamiento63 y la dependencia a los cultivos
ilícitos (revisar Anexo C).
Frente a estos resultados, es importante destacar que la propuesta teórica
de Ana Arjona (2009) fue pertinente para el análisis de los casos estudiados,
debido a que la conformación y transformación de distintos tipos de órdenes
locales propuestos por esta autora se ajustaron en gran parte a la interacción
entre grupos armados y comunidades locales estudiadas, y a las dificultades que
este tipo de relacionamiento le impuso a la movilización social de indígenas y
colonos. Pese a esto, el tipo de OLC presentó serias dificultades para explicar
algunas situaciones en las que el modelo no se ajustaba a la realidad pese a que
se conformaban efectivamente escenarios de OLC, haciendo una invitación a la
sofisticación de la teoría propuesta por la autora.
En primer lugar, en dado caso que se hubiera empleado sólo esta teoría
para el análisis del caso de los Nasas, no hubiera sido posible explicar cómo en un
contexto de escalamiento del conflicto armado y de victimización de los civiles a
cargo de todos los bandos involucrados en la guerra, una comunidad mantenga
niveles tan altos de movilización social, aunque la teoría afirme una destrucción de
los lazos sociales y de referentes simbólicos y políticos. Por otra parte, respecto al
caso de los colonos el modelo no alcanza a abarcar la complejidad de una
63
La región del Caguán supera a la región del norte del Cauca en el número de desplazamientos durante el período que va de 1997 al 2005, según la información registrada en el Sistema Integrado de Información Humanitaria de OCHA. Esta situación se hace más evidente en los últimos años del período de estudio, especialmente el 2004 (norte del Cauca, 1085, Caguán, 5559) y el 2005 (norte del Cauca, 1093, Caguán, 6311), y apunta al incremento de la violencia con el desarrollo del Plan Patriota en la región del Caguán (Ver Anexo 2).
70
situación en la que se configura un escenario de OLC (2002-2005), pero un grupo
armado continúa siendo hegemónico (como en el caso de las FARC), y de qué
forma esto se constituye en un bloqueo o una oportunidad para la movilización
social. Y finalmente, es posible plantear el interrogante de si el alto nivel de
victimización que se ejerce sobre la población civil en este tipo de orden local y la
ruptura con todos los grupos que se disputan el control de un territorio no se
puede convertir en un nuevo referente de cohesión y movilización social que
apunte hacia la autonomía y la resistencia de la comunidad frente al conflicto
armado y sus protagonistas.
Respecto al narcotráfico se evidenció que esta actividad económica se
convierte en un impedimiento para que las comunidades logren movilizarse
autónomamente, toda vez que un grupo armado imponga orden y control sobre
este negocio en su territorio. Adicional a esto, la aceptación de la comunidad, los
titubeos de los líderes, la falta de fuerza de estos para prohibir esta economía
ilegal, incluso una actitud pasiva frente al mismo; son condiciones que se
convierten en una ventana de oportunidad que les permite a los grupos armados
afianzarse como autoridad en un territorio.
Por otra parte, en un escenario de escalamiento del conflicto armado y de
configuración de OLC para los casos de estudio en el período de la segunda mitad
de los 90‟ hasta el 2005, cobran gran importancia las variables presentadas en el
marco teórico que permiten analizar los rasgos internos de las comunidades, tales
como los recursos organizacionales, el tipo de cohesión social, los aspectos
subjetivos, entre otros. En especial la posibilidad de la comunidad de fortalecer su
sistema de autoridad, rasgo que está íntimamente relacionado con el tipo de
cohesión social que se presenta.
En torno a esto, y dado que la mayoría de comunidades no tienen el capital
cultural e identitario de los indígenas Nasas de esta zona del país (que es el
resultado de un gran esfuerzo de recuperación por parte de las comunidades), y
que la cohesión social basada en relaciones pragmáticas de solidaridad puede ser
importante pero es claramente vulnerable; es importante: primero, destacar el tipo
71
de cohesión social asociativa, que no se encontró en el estudio de los casos;
segundo, destacar el papel que puede tener el Estado en la institucionalización del
contexto en donde tiene lugar la movilización social; y por último, presentar las
limitaciones halladas en este trabajo. En torno a lo primero, el tipo de
relacionamiento que permite la cohesión social asociativa está basado en vínculos
formales, contratos y relaciones de mercado, que pueden llegar a ser estables en
el tiempo y constituirse en un fuerte adhesivo de los miembros de la sociedad,
siempre y cuando cuente con la presencia del Estado que garantice el
cumplimiento de los acuerdos formales, el fortalecimiento de la sociedad civil y la
confianza en sus instituciones por parte de los miembros de la comunidad.
A propósito del Estado, éste tiene un papel central en el fortalecimiento y
empoderamiento de la movilización social. Esto depende de la capacidad que
tenga de apostarle a una recuperación “integral” del territorio en donde la Fuerza
Pública sea acompañada por las demás instituciones estatales para que no se
configuren escenarios en donde el ejército o demás fuerzas estatales se
comporten como un grupo armado más en disputa. La recuperación “integral” del
territorio permite la institucionalización de los entornos sociales en donde tiene
lugar la movilización social.
Por último, en este documento se afirma que la cohesión social y los
procesos subjetivos son fundamentales para lograr tanto la movilización como el
desarrollo de experiencias de autonomía frente a las organizaciones armadas, y
también se sostiene que los Nasas tienen en la identidad étnica y la cultura un
capital fundamental para lograr estos objetivos. Pese a esto no se puede asumir:
primero, que la cohesión social sea el único elemento que determine y explique el
adelanto del tipo de acciones colectivas por las que se ha indagado en este
trabajo; y segundo, que otras comunidades no puedan adelantar una movilización
autónoma sin la existencia de fuertes lazos étnicos. Prueba de lo anterior es que,
por una parte, en los casos estudiados la estructura de oportunidades políticas
juega un papel fundamental para explicar la distancia entre el caso de los Nasas
frente a los colonos del Caguán. Por otra parte, en Colombia hay otros referentes
72
notables de movilización social en directa resistencia y autonomía frente al
conflicto armado, tales como la Asociación de Trabajadores Campesinos del
Carare (ATCC) y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en donde sus
poblaciones no ostentan el capital étnico de los Nasas, y pese a que comparten
las características de los asentamientos humanos en regiones de colonización
reciente como en el caso de los colonos del Caguán.
Lo anterior evidencia las restricciones de la propuesta empírica, dado que
se limita a dos casos que además son emblemáticos de los polos opuestos de la
autonomía de la acción colectiva en escenarios violentos. Por lo tanto se afirma
que la ampliación de los casos permitiría el alcance de resultados más robustos
basados en otros colores y matices que permitan corroborar o refutar lo
encontrado acá. En el caso en que se abordaran los dos casos citados
anteriormente, algunas de las preguntas que tendría que responderse son: ¿qué
elementos permitieron la construcción de fuertes referentes de cohesión social?,
¿qué papel jugaron los discursos, liderazgos externos e internos a la comunidad?,
¿se presentaron contextos políticos favorables para la movilización?, ¿qué tipo de
órdenes locales se configuraron en sus territorios?, entre otras.
Para terminar, la movilización social autónoma, es decir, aquella en la que
una comunidad o un grupo social logra iniciar y sostener acciones colectivas a
partir de su propia agenda y objetivos políticos, pese al interés y el esfuerzo de
uno o más grupos armados por imponer sus intereses sobre la misma (ya sean
estos la suspensión de la movilización social o la orientación de sus fines y
medios), puede implicar un alto costo a quienes las adelantan, especialmente en
términos humanitarios. Empero, al mismo tiempo, puede ser un importante capital
para generar apoyo y solidaridad de otros sectores de la sociedad nacional e
internacional, que les permita empoderarse y exigir al Estado la resolución o el
tratamiento de los conflictos sociales que enfrentan, en este caso la cuestión rural
y agraria.
73
ANEXOS
Anexo 1. Hectáreas dedicadas al narcotráfico en la región del Caguán.
Nota: Dado que el proyecto Simci para Colombia durante este mismo período
reporta únicamente un municipio de la región del norte del Cauca en dos años no
consecutivos, se consideró innecesario la construcción de la tabla para esta región
2001 2002 2003 2004 2005
Cartagena del Chairá 1836 3989 1990 1203 1194
Puerto Rico 91 246 384 279 91
San Vicente del Caguán 231 606 407 603 231
Total 2158 4841 2781 2085 1516
Número de hectáreas de producción de cultivos ilícitos
Fuente: Estadísticas municipales de cultivos de coca del proyecto Simci Colombia
(2002; 2003; 2004; 2005; 2006)
74
Anexo 2. Desplazamiento en las regiones de estudio.
Región norte del Cauca.
Región del Caguán.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Buenos Aires 9 15 21 251 640 267 222 248 161
Caloto 15 0 21 40 199 187 65 32 126
Corinto 18 5 20 43 137 235 208 183 206
Jambaló 6 0 0 8 8 28 12 16 120
Miranda 6 13 9 18 271 140 99 112 83
Morales 5 0 11 64 158 124 62 77 46
Padilla 0 0 0 0 9 10 0 6 14
Puerto Tejada 1 0 0 7 47 31 32 55 87
Santander de Quilichao 15 1 12 89 255 216 184 116 193
Silvia 4 0 10 5 22 65 50 28 57
Toribío 11 0 0 5 54 37 46 212 472
Total 90 34 104 530 1800 1340 980 1085 1093
Cifras del desplazamiento forzado en la región del norte del Cauca.
Fuente: Sistema de información de desplazamiento de OCHA.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cartagena del Chairá 290 241 923 619 632 1088 1111 3319 2966
Puerto Rico 45 41 88 171 685 1341 1030 767 1483
San Vicente del Caguán 256 248 305 448 952 3525 997 1473 1862
Total 591 530 1316 1238 2269 5954 3138 5559 6311
Cifras del desplazamiento forzado en la región del Caguán.
Fuente: Sistema de información de desplazamiento de OCHA.
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MAPAS.
Mapa 1. Región del Norte del Cauca.
Fuente: Global Administrative Areas. Municipios: Buenos Aires, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Silvia y Toribío.
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Mapa 2. Región del Caguán.
Fuente: Global Administrative Areas. Municipios: Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.
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LISTA DE TABLAS.
Tabla 1. Configuración de la nueva ruralidad en Colombia.
Tabla 2. Resumen: Dimensiones y variables consideradas por el modelo del
proceso político y su ajuste al contexto sociopolítico colombiano.
Tabla 3. Impacto de la configuración de órdenes locales sobre la movilización
social.
Tabla 4.1. Configuración de órdenes locales en la región del Norte del Cauca
Tabla 4.2. Configuración de órdenes locales en la región del Caguán
78
LISTA DE ACRÓNIMOS
ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas Norte del Cauca)
AICA (Asociación de Institutores del Caquetá)
ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)
CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca)
DRI (Desarrollo Rural Integral)
ELN (Ejército de Liberación Nacional)
EPL (Ejército Popular de Liberación)
FANAL (Federación Agraria Nacional)
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
IDEMA (Ingenieria del Medio Ambiente)
INCODER (Instituto Colombiano Para El Desarrollo Rural)
INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria)
INDERENA ( Instituto nacional de los Recursos Naturales Renovables)
M19 (Movimiento 19 de Abril – M19)
MAQL (Movimiento Armado Quintín Lame)
OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas Colombia)
OLC (Orden local de coerción)
OLCS (Orden local de control social)
OLI (Orden local de infiltración)
OLOM (Orden local de ocupación militar)
PNUD (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo)
PNR (Plan Nacional de Rehabilitación)
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilicitos)
79
BIBLIOGRAFÍA ARJONA, Ana. (2008). Grupos armados, comunidades y órdenes locales: Interacciones complejas. En ODECOFI, Hacia la reconstrucción del país (105-167). CINEP – ODECOFI BEJARANO, Jesús. (dir.) (1997) Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales. Bogotá: Univ. Externado de Colombia; FONADE BROCKETT, Charles. (1992). Measuring Political Violence and Land Inequality in Central America. Vol. 86, No. 1, (Mar., 1992). The American Political Science Review, 169-176. COMISIÓN de Memoria Histórica. (2009). El despojo de tierras y territorios: Aproximación conceptual. Editorial Kimpres Ltda. FERRO, Juan Guillermo. (Inédito). La autonomía: Contra el Estado y la guerrilla. En J. Ferro, Tesis de doctorado (págs. 170-194). FERRO, Juan Guillermo, & Uribe, G. (2004). Las marchas de los cocaleros del departamento de Caquetá, Colombia: Contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social. En B. d. Santos, Emancipación social y violencia en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. FERRO, Juan Guillermo, Osorio, F., Uribe, G., & Castillo, O. (1999). Jóvenes, coca y amapola: Un estudio sobre las transformaciones socioculturales en zonas de cultivos ilícitos. Bogotá: JAVEGRAF. GARCÍA, Mauricio. (2008) Jueces sin Estado: La justicia colombiana en zonas de conflicto armado. Siglo del Hombre Editores. GARCÍA, Mauricio. (Dir). (2005). Sociedad de emergencia: Acción colectiva y violencia en Colombia. Defensoría del pueblo. GONZÁLEZ, Fernán; Bolívar, I; Vásquez, T. (2003) Violencia política en Colombia de la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá; CINEP. GUTIÉRREZ, Francisco. (Inédito). An extreme inequality: a political consideration (2002-2006). HERNÁNDEZ, Esperanza. (2004). Resistencia civil artesana de paz: Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
80
INSTITUTO Amazónico de Investigaciones Científicas. (2007). Construyendo agenda 21 para el departamento del Caquetá. Bogotá: SINCHI. IEPRI. (2006). Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. JARAMILLO, Jaime. (1989). Colonización, coca y guerrilla. Bogotá: Editorial Alianza (Tercera Edición). KALMANOVITZ, Salomón, (2006) La agricultura colombiana en el siglo XX / Bogotá: Banco de la República; Fondo de Cultura Económica. KALYVAS, Stathis. (2006) The logic of violence in civil war. Cambridge University Press. KEMAN, Hans. (2006). Meaning and use of comparative method: Research design. En Paul Pennings, Doing research in political science (págs. 30-51). London: Sage. MACHADO, Absalón. (1998) La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio. Santa Fe de Bogotá: El Áncora ---------------. (2002) De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia MOLANO, Alfredo. (1987). Selva Adentro. Una historia oral de la colonización del Guaviare. Bogotá: El Ancora Ediciones. MULLER, Edgard; Selligson, M; Fu, Hung-der; Midlarsky, M. (1989). Land inequality and political violence. Vol. 83, No. 2, (Jun., 1989). The American Political Science Review, 577-596 MULLER, Edgard; Selligson, M. (1987). Inequality and insurgency. Vol. 81, No. 2, (Jun., 1987). The American Political Science Review, 425-451 ODECOFI. (2008). Hacia la reconstrucción del país. CINEP – ODECOFI ---------------. (Inédito). Norte del Cauca: Acción colectiva, tierra y conflicto. ---------------. (Inédito). Macrorregión Sur. ORTÍZ, César. (2003). Cultivos ilícitos y nueva ruralidad en Colombia. Vol. 50 Bogotá. Cuadernos de Desarrollo Rural, 143-166.
81
PATAQUIVA, Germán. (2007). ¿Pretendieron las FARC ser un Estado en la zona del Caguán? [tesis de maestría], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Estudios Políticos. PÉCAUT, Daniel. (2001). Guerra contra la sociedad. Bogotá: Editorial Espasa. PENNINGS, Paul. (2006). Doing research in political science. London: Sage. (Segunda edición). PNUD. (2003). El conflicto, callejón con salida: Informe nacional de Desarrollo Humano para Colombia - 2003. Bogotá: PNUD. PNUD. (2003). Gestión de conflictos sociales: un Estado activo e imparcial. En PNUD, El conflicto, callejón con salida: Informe nacional de Desarrollo Humano para Colombia - 2003 (págs. 347-369). Bogotá: PNUD. PEÑARANDA, Ricardo. (2006). Resistencia civil y tradiciones de resistencia en el suroccidente colombiano. En IEPRI, Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia (págs. 543-567). Bogotá: Norma. PEREZ, Manuel. (2004). La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y el destierro. Vol. 51 Bogotá. Cuadernos de desarrollo rural, 63-90. REYES, Alejandro. (2009). Guerreros y campesinos: El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. SANTOS, Boaventura de Sousa. (2004). Emancipación social y violencia en Colombia. Bogotá. Grupo Editorial Norma. TARROW, Sidney. (1998). Power in movement: social movements and contentious politics Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press. URIBE, Graciela. (1992). Veníamos con una manotada de ambiciones: Un aporte a la historia de la colonización del Caquetá. Editorial Presencia. ---------------. (2001). Las FARC: Organización, política y región: Presencia de las FARC en el Caquetá. Informe Investigación Colciencias. ---------------. (Inédito). Imaginarios religiosos y resistencia contrahegemónica en el departamento del Caquetá. VIILA, W., & Houghton, J. (2005). Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia. 1974-2004. Bogotá D.C.: CECOIN. OIA. IWGIA.
82
Material audiovisual. ACOSTA, Mauricio. (Dirección). (2005). Pa' poder que nos den tierra [Película].Duración. 22 mins. RODRÍGUEZ, Martha., & Silva, L. (Dirección). (1994-1998). Los hijos del trueno [Película]. Medios electrónicos. El Tiempo (1996, 11 de septiembre), “Hoy se firmaría el acuerdo en el Caquetá”, [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-496890, recuperado: 28 de septiembre de 2009. El Tiempo (1996, 10 de septiembre), “Heridos 22 soldados y ocho campesinos en Morelia”, [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-495773, recuperado: 22 de octubre de 2009. El Tiempo (1997, 10 de enero), “Matan a vocero de campesinos cocaleros”, [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-539067, recuperado: 23 de septiembre de 2009. El Tiempo (1996, 18 de agosto), “Vinculan con FARC a dos líderes de las marchas”, [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-473067 , recuperado: 15 de octubre de 2009. El Tiempo (1996, 8 de diciembre), “Tras las marchas, el negocio se dañó”, [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-629190, recuperado: 30 de octubre de 2009. El Tiempo (2008, 22 de marzo), “Masiva compra de tierras hizo la columna „Teófilo Forero‟ de las FARC en Caquetá”, [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4023072, recuperado: 10 de octubre de 2009. GOMEZ, Marisol. (2004, 11 de abril), “En la República de los excocaleros”, [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1566934, recuperado: 30 de octubre de 2009.
83
“La masacre de El Nilo” (2009) [en línea], disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones-seccion/893-la-masacre-de-el-nilo, recuperado : 26 de octubre de 2009. MURILLO, María. (1996, 15 de agosto), „75.000 campesinos se toman a Caquetá‟, en El Tiempo [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-470101, recuperado: 22 agosto de 2009. NASA Acin. (10 de Noviembre de 2009). Tejidos de vida: En defensa de la vida. Recuperado el 10 de Noviembre de 2009, de Nasa Acin: http://nasaacin.org/tejido_defensa_vida.htm
OCAMPO, Sergio. (2001, 25 de noviembre), “La Lección de los Paeces”, en El Tiempo [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-693900 OCHA Colombia. (2009). Sistema Integrado de Información Humanitaria OCHA Colombia. Recuperado el 5 de Noviembre de 2009, de http://190.144.128.6/sissh/login.php?m_g=consulta PONTIN, Maurizio, & Uribe, F. (Mayo de 2006). Rut Informa Sobre Desplazamiento Forzado en Colombia: Boletín Especial: Estudio de caso 13 (Cartagena del Chairá: Una esperanza que sobrevive entre balas y coca). Recuperado el 18 de Septiembre de 2009, de http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/rut/estudio13/estudio13_cartagena_del_chaira.pdf VALENCIA, Luís. (2001, 16 de mayo), “Indígenas prohibirán paso a actores armados”, en El Tiempo [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-512218 “Textos del Cauca” (2002) [en línea], disponible en: http://74.125.47.132/search?q=cache:fSue-qTxz4YJ:www.etniasdecolombia.org/actualidad/legislacion/textos_del_cauca.doc+declaraci%C3%B3n+de+vitonc%C3%B3&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=co&client=firefox-a
84
Informes de distintas organizaciones. SIMCI. (2002). Cultivos ilícitos de coca: Estadísticas municipales, censo 31 de diciembre de 2001. Bogotá: Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito. SIMCI. (2003). Cultivos ilícitos de coca: Estadísticas municipales, censo 31 de diciembre de 2002. Bogotá: Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito. SIMCI. (2004). Cultivos ilícitos de coca: Estadísticas municipales, censo 31 de diciembre de 2003. Bogotá: Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito. SIMCI. (2005). Cultivos ilícitos de coca: Estadísticas municipales, censo 31 de diciembre de 2004. Bogotá: Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito. SIMCI. (2006). Cultivos ilícitos de coca: Estadísticas municipales, censo 31 de diciembre de 2005. Bogotá: Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito.
